Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este sábado 21 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, tras una semana con condiciones variadas, este sábado 21 de febrero no se prevén fenómenos atípicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y calor extremo para distintos puntos del país.Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta naranja por tormentas regirá en San Luis, al igual que durante la jornada del viernes. Se trata de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".La provincia será afectada por tormentas fuertes -algunas severas- que podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y principalmente lluvias abundantes en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros.Por otra parte, el SMN publicó una advertencia de nivel amarillo -que indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas- para Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. En estos casos, se anticipan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y una precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros."En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo", aclaró el organismo.En este contexto, el Servicio Meteorológico compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida y resguardada:Seguir las instrucciones de las autoridades locales.Salir solo si es necesario.Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio pilas y linterna.Alerta por altas temperaturasEn paralelo, emitió una alerta amarilla por calor extremo para Chubut, Río Negro, y zonas de Neuquén y Misiones. Según el SMN , las temperaturas pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.El organismo detalló que, en las provincias patagónicas, la temperatura podría llegar a los 36°C -y la mínima mantenerse en 17°C-, mientras que en Misiones podría alcanzar los 30°C.Frente a estos casos, aconsejó:Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.Ingerí frutas y verduras.Reducí la actividad física.Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.El tiempo en el AMBAEl Servicio Meteorológico informó que para este sábado se espera un día estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura se mantendrá con un leve descenso, con una media de 24°C, mínimas de 20°C y máximas de 28°C.El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 67%.En el resto del país, el SMN prevé para este viernes una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 19°C en Córdoba; 26°C y 20°C en Tucumán; 29°C y 19°C en Santa Fe; 29°C y 18°C en Entre Ríos; 25°C y 16°C en Jujuy; 25°C y 18°C en Salta; 32°C y 23°C en Misiones; 36°C y 24°C en Corrientes; 36°C y 24°C en Formosa; 27°C y 21°C en La Rioja; 30°C y 22°C en Santiago del Estero; 25°C y 17°C en San Luis; 27°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 18°C en La Pampa; 36°C y 23°C en Chaco; 27°C y 20°C en Catamarca; y 29°C de máxima con una mínima de 19°C en San Juan.

Milei avanza en medio de la incertidumbre

Parece que la democracia argentina va camino de conseguir lo que empezó a intentarse sin éxito hace poco más de cuarenta años. Imposible no recordar que, tras asumir la presidencia y después de denunciar en campaña un pacto militar-sindical, Raúl Alfonsín impulsó una ley para democratizar a los sindicatos que el peronismo, con los gremios en la primera línea de fuego, resistió como si en ello le fuera la vida. Quizá algo de eso había. Los sindicatos y sus jerarcas han cifrado lo que podría llamarse "la identidad peronista", en medio de las volteretas ideológicas a las que el ala política del "movimiento" se entregó según pasaban los años, solo con el fin de acomodarse a los vientos de cambio y conservar la cercanía del poder. De la confrontación contra la ley Mucci, que naufragó en el Senado por un voto, surgió el liderazgo de Saúl Ubaldini, y el sindicalismo se convirtió en el bastión en el que se refugió un peronismo golpeado por la derrota de 1983. Desde allí inició la carga contra el gobierno radical: difíciles de olvidar, también, los trece paros nacionales que sufriría Alfonsín durante su mandato.Hoy los tiempos son otros y la reforma laboral avanza en el Congreso. Parecen estar dadas las condiciones para conseguir lo que antes era imposible. La energía destructiva de Javier Milei, simbolizada en la motosierra, no tiene enfrente una fuerza equivalente capaz de detenerla. Esa energía opera, punto importante, sobre un terreno que el kirchnerismo destruyó antes. La aventura de los santacruceños dejó un páramo desolador, ante el cual una mayoría de la sociedad se convenció de que el país necesitaba un giro de 180 grados. No olvidemos que Milei pertenece a la ola global de líderes exitosos que, en medio de severas crisis económicas y de sentido, apuntaron sus cañones contra las elites para erigirse en fundadores de un nuevo orden. Aquí la elite en cuestión -la casta, término del que con astucia se apropiaron los libertarios- no es otra que la patria corporativa, conformada básicamente por sindicalistas vitalicios y ricos, un ramillete de empresarios e industriales cercanos al poder que siempre ganan, y políticos que llegan a la cima para, desde allí, administrar el asalto a las arcas públicas y llevarse su parte del botín. Son el producto, macerado durante décadas, de la matriz que fraguó Perón a imagen y semejanza del fascismo italiano. Llevado por la ambición desmedida de un amante de las cajas fuertes, el kirchnerismo forzó el mecanismo de saqueo hasta extremos inimaginables, en un festival de corrupción que no tiene parangón en la historia nacional, y la matriz estalló. Hoy Milei avanza en medio de la confusión que el humo de ese derrumbe dejó en la escena. Milei ha probado ser un destructor eficaz. Construir es más difícil, y ahora necesarioLa aprobación de la ley en el Senado parece un paso positivo. Alfonsín se desgastó en el primer año de gobierno cuando su ley no prosperó. Y, a fin de cuentas, la sociedad argentina apostó por este proyecto. Hay que darle pista, aun con las dudas que despierta, como las concesiones al poder de los sindicatos y el impacto inmediato de la nueva regulación -parte de un paquete mayor- sobre los trabajadores. El cierre de Fate le puso rostros concretos a la crisis. Se escucharon relatos de operarios que, al perder su trabajo, no saben cómo seguirán sosteniendo a la familia y pagando la educación de sus hijos. Hasta el FMI pidió al Gobierno "mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas". Así como corta subsidios injustificables, la motosierra, ya lo hemos visto, también puede cercenar nervios sensibles. Muchos kirchneristas, inhabilitados para la autocrítica, responsabilizaron al Gobierno del cierre de Fate. Desconocerán eternamente, a pesar de tener a su líder presa, haber sido la máxima expresión de un corporativismo extractivo que vació al país. Su paso por el poder, precisamente, dejó en claro que hay que desmantelar ese Estado en el que unos pocos se dan la gran vida a costa del resto. Sin embargo, acaso haya que prevenirse de reincidir en viejas recetas que suenan bien en la teoría pero que, en este suelo, no parecen funcionar como dicen los manuales. Recetas fallidas que, con las particularidades de cada caso, impulsaron la apertura más o menos indiscriminada de la economía y el retiro del Estado para que el mercado ordenara las cosas, y que, en lugar de sacarnos adelante, nos precipitaron en la siguiente crisis. Nadie quiere acabar en el otro extremo del péndulo en el que oscilamos desde hace tanto.Pero toda política se despliega en un contexto determinado. Cambió el mundo y cambió el país. Quizá no todavía en su estructura profunda, pero sí en su sociedad, que dijo basta a lo que había y le puso fichas a algo nuevo. Milei ha probado ser un destructor eficaz. Construir es más difícil. La apertura deja a las industrias nacionales en desventaja, ahogadas por una presión tributaria excesiva y sin reflejos entrenados para competir. El Presidente necesita demostrar pronto que casos como el de Fate representan inevitables dolores de parto y no una recaída en viejas pesadillas. También, encontrar algún alivio que morigere esos dolores. Mientras, la incertidumbre sigue latente. No sabemos todavía si a la primera oportunidad el peronismo se reconstituirá desde los escombros, si a partir de ellos los Milei establecerán su propia forma de hegemonía o si, por el contrario, estamos ante el alumbramiento de algo nuevo. Es todo muy incipiente y el camino es largo. Lo único seguro es que el país no puede seguir como venía.

Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas

Promesas a los gobernadores de obra pública, financiamiento de deuda y el reparto discrecional de fondos en conceptos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de apoyo legislativo. La inclusión furtiva de un artículo que disponía descuentos salariales ante licencias por lesiones o enfermedades que casi hace tambalear la ley. Un pacto con la "casta sindical" para que los jefes gremiales conserven intactas sus cajas. El lobby de políticos, empresarios y gremialistas para sacar tajada de una negociación farragosa. La desinformación oficial de manera intencional, y el surgimiento de un fondo millonario cuyo fin sería el financiamiento de las indemnizaciones a costa de los aportes al sistema previsional. La enumeración sirve de epítome de una ley de reforma laboral que Javier Milei ordenó acelerar en sesiones extraordinarias tras su fallida maniobra de hacerlo por decreto, al filo del fin de año de 2023, cuando llevaba apenas una semana en el poder y lo anunció por cadena nacional. El apoyo de los gobernadoresDespués de haber logrado que la Casa Rosada desistiera del capítulo fiscal, que afectaba a los recursos que se distribuyen en concepto de coparticipación, los jefes provinciales decidieron darle los votos a Milei en el Congreso para avanzar con la reforma laboral. Seis mandatarios, en su mayoría de raíz peronista, fueron decisivos para lograr el quorum el jueves en Diputados y abrir la sesión. Se trata de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). Con sugestivas ausencias, también aportó su cuota al triunfo libertario el cordobés Martín Llaryora, como el santafecino Maximiliano Pullaro. Los acuerdos anudados con cada mandatario son diferentes. En todos los casos fueron negociaciones en las que la ideología quedó de lado y se impuso el intercambio. Una suerte de mercantilización del voto que siembra sospechas sobre la transparencia legislativa. Al catamarqueño Jalil, por ejemplo, le aseguraron futuras inversiones mineras condicionadas a la sanción de la Ley de Glaciares. A Orrego lo tentaron con la misma manzana, según fuentes del Ministerio del Interior. Al tucumano Jaldo, le depositaron para la Navidad $20.000 millones en concepto de ATN y el jueves hasta criticó el paro de la CGT pese a haber cerrado su campaña electoral del año pasado con el referente camionero que tiene Hugo Moyano en su provincia. Curioso lo del delfín de Alperovich y Manzur: desafió el año pasado con cortarle la melena al león y ahora hasta parece dispuesto a peinarlo. Con el misionero Passalacqua, el peón de Carlos Rovira, además del reparto de recursos, se conversa sobre un supuesto pacto de no agresión electoral rumbo a 2027, una estrategia que podría repetirse en otros distritos. Al exsindicalista petrolero Vidal parece que bastó con la cesión de tierras que YPF le transfirió a Santa Cruz. Con Llaryora y Pullaro la negociación habría pasado por las trasferencias de las cajas jubilatorias. Sus diputados jugaron a favor de la reforma laboral y evitaron obstaculizar al oficialismo en las votaciones más complicadas, como el fondo para las indemnizaciones o la derogación de estatutos profesionales. El artículo "invisible" de las licenciasCuando vio que peligraba realmente la sesión en Diputados, el Gobierno decidió retirar de la ley el artículo 44, que disponía descuentos salariales del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes.Una revisión del derrotero del artículo 44 demuestra que se incorporó al dictamen de mayoría del Senado 24 horas antes del debate. El gran misterio que persiste es quién pidió la incorporación del artículo, un secreto que Patricia Bullrich mantiene guardado. ¿Fue Federico Sturzenegger el que intervino vía Milei, a través de la Secretaría Legal y Técnica? "Ya está. Lo hizo el bloque de La Libertad Avanza, con el apoyo de 41 senadores", dijo Bullrich, seca y tajante."Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%", explicó con naturalidad Sturzenegger en una entrevista en la que puso el problema en escena. Tal vez si el ministro de Desregulación callaba, el artículo hubiera quedado tal cual como se votó en el Senado. Un homenaje a Karina Milei, que bajó línea a los legisladores oficialistas para que voten los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sin la necesidad de ser leídos previamente. Muchos libertarios siguieron la indicación al pie de la letra. El pacto con la CGTNi siquiera estaba en la versión del final del último borrador que circuló antes del comienzo de la sesión del 11 de febrero en el Senado. Con el debate arrancado, la idea oficialista era limitar los "aportes solidarios" a los gremios al 2% y autorizarlos hasta enero de 2028. Con este acuerdo, los jefes sindicales se aseguraban su caja por lo menos hasta su retiro, ya que muchos de ellos rozan los 80 años y al problema financiero se lo dejarían a sus eventuales herederos. Pero con el debate en curso comenzó a tomar fuerza lo que finalmente se votó: el Gobierno dio marcha atrás con la poda de recursos a las obras sociales sindicales, sostuvo las cuotas solidarias y mantuvo a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical.La negociación tuvo como interlocutores a Santiago Caputo, Diego Santilli y Lule Menem, por parte del oficialismo, y a Gerardo Martínez, Jorge Sola y Cristian Jerónimo en representación de la CGT, según confirmaron desde ambas orillas. "Bullrich acataba lo que le bajaban desde Casa Rosada", dijo uno de los sindicalistas que el 11 de febrero digitó los cambios del proyecto final hasta último momento.En la CGT lo celebraron como un triunfo: salvaron la caja. Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE, sintetizó el pacto: "Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores". Aguiar tiene una cruzada contra los jefes cegetistas: los desafió a presentar sus declaraciones juradas, algo que él se tomó como costumbre desde sus inicios sindicales en Río Negro. La polémica por las licencias que abrió Sturzenegger sumado a la presión de la izquierda y otros gremios díscolos terminó de empujar a la CGT a activar su cuarto paro general contra Milei. La estrategia que se debate ahora internamente es seguir con los paros a repetición o judicializar la reforma laboral. Irán primero a los tribunales, con la intención de que el reclamo colectivo paralice la aplicación de la ley, como ya sucedió, por ejemplo, con el capítulo laboral del DNU 70/23. "Vamos a judicializar toda la ley, es inconstitucional", anticipó Sola. LobbyEn su afán de forzar cierta autonomía de La Libertad Avanza, el Pro cuestionó que se haya quitado del proyecto la posibilidad de cobrar el sueldo a través de billeteras virtuales. La vehemencia del reclamo del bloque macrista en favor de las fintech fue algo sugestiva y se interpretó como un pedido para que se tenga en cuenta a empresas como Mercado Pago, de Marcos Galperin. Se impuso finalmente el lobby de los bancos, que conservan el monopolio. Pasó algo similar con las empresas de plataformas, que lograron a través de sus nexos con el Gobierno que se mantenga en el proyecto la inexistencia de vínculo laboral con los repartidores o choferes que trabajen para sus apps. Es decir, siguen sin ser considerados trabajadores. El fondo para las indemnizacionesEl Gobierno presenta al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un instrumento para financiar las indemnizaciones por despido del sector privado, pero los opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional. Lo compararon con lo que fueron los AFJP. Se estima que recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). En la oposición sospechan que estos fondos terminen teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana. En ninguno de los dos ministerios dieron precisiones sobre qué entidades creen que serán las que manejen el FAL. DesinformaciónEn el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero sostuvo que "la ley va a aplicar a los nuevos trabajos y que las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente". Reforzó el concepto en una entrevista con LA NACION, en la que lo ejempificó con la derogación del estatuto del periodista. "Los periodistas que ya están [en actividad] continúan con todos sus derechos. La derogación no es por el refuerzo de la indemnización [que contempla] sino porque no hay incorporaciones nuevas", argumentó. La ley, sin embargo, se aplicará a todos los trabajadores en actividad al momento de su promulgación. Será así porque el oficialismo no aceptó bajar en tinta en la ley lo que Cordero expuso ante los senadores. Pregunta de Mariano Recalde en el Plenario de Trabajo y Presupuesto en el SenadoLa oposición lo intentó modificar sin éxito tanto en el Senado como en Diputados. Durante su intervención en la sesión del 11 de febrero, el senador Mariano Recalde (PJ) pidió agregar un artículo 57 bis, que diga textualmente: "Las disposiciones del presente Título -el I- serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley". El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante de La Libertad Avanza, rechazó las modificaciones y el proyecto quedó tal cual como estaba redactado. Sucedió algo similar en Diputados. Sergio Palazzo (PJ) pidió un agregado que especifique que la aplicación de la ley era para los empleos que se generen a partir de su promulgación. El diputado libertario Lisandro Almirón también rechazó la propuesta con una mueca de ironía. La sucesión de triunfos en el Congreso, el encogimiento de la oposición y el veranito cambiario en la Argentina del dólar barato dan la apariencia de un Gobierno blindado. Sin embargo, se renuevan viejas señales de alerta con secuelas en el empleo y en la economía doméstica. En julio de 2025, dos de las tres fábricas de neumáticos del país activaron Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y redujeron plantilla. En Bridgestone hubo 452 despidos más decenas de salidas de manera acordada. En Fate hubo 97 despidos. El miércoles, siete meses después, Fate anunció su cierre definitivo.

Cosas de perros

La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, planteaba en agosto pasado que el crecimiento de la población de perros en la ciudad "es un problema de Estado", una realidad compartida en las grandes ciudades del mundo. Sus observaciones surgieron luego de un informe oficial sobre fecundidad en la ciudad de Buenos Aires realizado por el Instituto de Estadística y Censos local (Idecba) que confirmaba una tendencia: menos hijos a edades más tardías, traducido en el aumento de animales de compañía y un auge de la "humanización" de las mascotas.En el último tiempo, varios colectivos juveniles han adoptado disfraces y conductas para asimilarse a animales, en una suerte de "animalización" de los humanos que plantea una corriente inversa. De no haber tenido la posibilidad de verlos en vivo, en las redes hay videos mostrándolos reunidos en plazas y espacios al aire libre, en cuatro patas, con máscaras y colas, ladrando, maullando, imitando a gatos, zorros y perros, jugueteando entre ellos o con animales verdaderos. Incluso, a modo de espectáculo, estos denominados therians participan de absurdos desafíos como el de tomar carrera para saltar obstáculos en sus cuatro patas, rodeados de gente que aplaude y celebra los insólitos espectáculos. Dentro de estas nuevas tribus urbanas -aunque reniegan de serlo- hay también poli therians, aquellos que se identifican con más de un animal y "furris" (pelajes), un hobby más relacionado con disfraces o personajes antropomórficos. Su identidad puede no interferir con su vida escolar o sus rutinas; muchos incluso temen mostrarse caracterizados por temor al rechazo.En esta época atravesada por el contacto digital, comunidades enteras comparten sus "vivencias identitarias", testimonios, reflexiones y consejos, además de promover conocerse en encuentros en distintos lugares del país que refuerzan su sentido de pertenencia. Incluso, ha surgido una escuela de therian para aprender a serlo. La "teriantropia" nació online en Los Estados Unidos, en 1990 como una experiencia de usuarios deseosos de expresar "identidades no humanas", un fenómeno que se extiende por el mundo. Escuchar las motivaciones de los protagonistas de estas tendencias podría ser hilarante si no fuera también un llamado de atención para los adultos. Tamaño nivel de confusión respecto de la propia identidad responde sin duda a años de discursos sobre el valor de la autopercepción más allá de la realidad biológica, a la falta de referentes reales o simbólicos y a algún nivel de vacío a la hora de buscar pertenecer a un grupo en una necesidad propia de la edad.En los 2000 fueron los floggers y los emos. Hoy la experiencia de adolescentes y jóvenes se reorganiza en plataformas digitales y se traduce en movimientos inspirados en animales. Diferenciar entre lo lúdico y lo conductual es importante, tanto como asumir que estamos ante modalidades que deberían ser transitorias.

Santa Cruz apela a la Corte Suprema

La salud de las instituciones en la República Argentina se ve nuevamente sometida a otra prueba de fuego, esta vez en el extremo sur del país. La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis institucional de una magnitud alarmante, producto de lo que solo puede describirse como un colapso del servicio de justicia y una fractura expuesta en la división de poderes. La crisis no podría ser mayor y es, en verdad, el reflejo de una justicia aún dominada por quienes han personificado históricamente un poder político que ha quedado en minoría, pero que se resiste a perder sus privilegios. Para ello, se vale de "sentencias" que vienen siendo dictadas por jueces que no hacen honor a su investidura y que solo buscan la continuidad del régimen político que precedió al actual, bajo cuyo paraguas mantienen, a su vez, su propio poder decisor. El recurso extraordinario federal interpuesto recientemente por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Oscar Leguizamón, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marca un intento necesario por restaurar un orden constitucional que hoy parece haber claudicado ante la arbitrariedad judicial.El conflicto tiene su origen en la sanción de una ley que buscaba modernizar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) elevando el número de sus vocales de cinco a nueve. La sanción de la ley fue precedida del trámite legislativo que marca la Constitución local y, como tal, no debió jamás haber sido sometido a examen por los jueces, salvo ante una comprobada violación a normas de naturaleza superior, mediante una acción ejercida por quien tuviera y demostrara un interés legítimo en provocar ese control judicial. Forzar una ley para evitar perder privilegios es más que un acto ilegal: es herir de muerte al sistema republicano que impone la Constitución nacionalSin embargo, lo que debió ser un ejercicio regular de las facultades legislativas para organizar la justicia provincial terminó convirtiéndose en un campo de batalla con inéditas situaciones sucedidas en los últimos meses.Para empezar, jueces de primera instancia de Santa Cruz aceptaron intervenir en una demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales que, en ningún momento, pudo justificar qué interés concreto defendía ni qué perjuicio les significaría a los trabajadores que representa la correcta sanción de una ley de reorganización de la justicia provincial. La evidente falta de un caso judicial para intervenir no les impidió a esos jueces inferiores dictar exorbitadas medidas cautelares que buscaron frenar el trámite legislativo, primero, y el proceso de designación de los nuevos miembros del Superior Tribunal provincial, después.Este despropósito jurídico se cristalizó cuando una minoría de cuatro magistrados del propio TSJ y un jueza subrogante se arrogaron facultades más bien propias de una convención constituyente, declarando la inconstitucionalidad de la ley y resucitando un régimen legal ya derogado para mantener su propio control sobre el cuerpo.Los insólitos argumentos utilizados por una parte del TSJ para declarar la inconstitucionalidad de la ley que elevaba de cinco a nueve el número de magistrados aludieron a que la reforma fue acelerada, que invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluyó la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidos los relativos a la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya estaban en funciones.La intervención federal a la justicia santacruceña es el único remedio para evitar que un sector del Poder Judicial provincial se convierta en un soberano por encima de la leyLos jueces no se conformaron con anular la ley, sino que dispusieron incluso la "reviviscencia" del régimen anterior de cinco miembros, y aquí es imperativo diferenciar los hechos de las interpretaciones en juego.En su presentación ante la Corte por la que apeló el fallo que declaró la inconstitucionalidad de una ley dictada durante una sesión que él mismo presidía, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados explicó convincentemente que ha existido una intromisión intolerable en facultades exclusivas del legislador, vulnerando la división de poderes y la soberanía popular.La apelación argumenta con firmeza que los jueces no se limitaron a interpretar la ley, sino que la "reformaron por sentencia" al exigir una mayoría de dos tercios para el nombramiento de jueces, a pesar de que la Carta Magna provincial establece claramente la mayoría simple. En opinión de Leguizamón, los jueces abandonaron su rol de intérpretes para erigirse en censores de la deliberación política, violando la autonomía provincial.Desde este espacio editorial, ya habíamos advertido acerca de la importancia de solicitar que la Corte Suprema nacional intervenga en el descalabro generado en el poder judicial de Santa Cruz porque consideramos que la crisis hiere profundamente la autonomía de ese distrito.La Constitución nacional asegura a cada provincia el ejercicio de sus instituciones, lo que implica distinguir entre el poder constituyente y los poderes constituidos. La apelación destaca que, al elevar arbitrariamente el umbral de votos para renovar el tribunal, la minoría judicial bloqueó la facultad de la Legislatura para ejercer sus competencias, arrebatando a los ciudadanos el derecho de gobernarse por sus propias leyes.Otro de los aspectos que observamos con mayor preocupación es la pérdida de la seguridad jurídica. La provincia enfrenta hoy la anomalía de tener "dos tribunales superiores" coexistentes: uno de nueve miembros según la ley, y otro de cinco según el fallo minoritario. En este escenario de desorden, cada sentencia dictada por el TSJ nace en un estado de precariedad legal constante. Como bien advierte la realidad santacruceña, cualquier fallo puede ser cuestionado por las partes bajo el argumento de que la integración del cuerpo es nula, violando la garantía del "juez natural". Esta incertidumbre constituye en verdad un caso de enorme gravedad institucional que afecta a toda la comunidad.Para avalar su postura, el vicegobernador se apoya en una sólida doctrina de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso cita el caso Thomas, donde se estableció que una decisión judicial que neutraliza una ley formal del Poder Legislativo compromete el sistema de control de constitucionalidad. Asimismo, la apelación recurre a la doctrina de "Intercargo SA" y "Chiara Díaz", que habilitan la vía extraordinaria cuando la validez de una norma local está íntimamente vinculada con la interpretación de cláusulas de la Constitución nacional. En esta área, debe recordarse que es obligación de las provincias adherir a la forma republicana de gobierno, y es notorio que cuando jueces sin jurisdicción aceptan "casos" que no son otra cosa que el análisis en abstracto del contenido de una ley adoptada mediante el procedimiento regular, todo ello para perpetrar su propio poder y el de autoridades pretéritas que los designaron, el esquema republicano que la Constitución federal impone queda herido de muerte.La Corte Suprema de la Nación tiene ahora la responsabilidad de intervenir. Mientras que el apelante asistido por la razón y el derecho busca que se revoque una decisión que tilda de "manifiestamente arbitraria" y dictada sin que exista un "caso judicial" real, desde estas columnas consideramos que la intervención es el único remedio para evitar que un sector del Poder Judicial se convierta en un soberano por encima de la ley. Sin una definición firme, el daño a las instituciones básicas de la República será irreparable.

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