La alcaldesa de Boca del Río lamentó los hechos y condenó los hechos, afirmando que en su gobierno no se permitirá la violencia en eventos deportivos
La sanción se impuso tras detectar una reserva turística gestionada a través de una plataforma digital en un edificio donde la normativa municipal prohíbe expresamente este tipo de actividad
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó recientemente dos medidas que protegen a los migrantes y debilitan el alcance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado. A partir de estas decisiones, se finalizaron los acuerdos 287(g) que las agencias estatales mantenían con la entidad migratoria.Abigail Spanberger cancela los acuerdos 287(g) del ICE en VirginiaAl asumir el cargo, la gobernadora tomó una serie de medidas que apuntan a retirar la colaboración con la entidad para la aplicación de leyes migratorias. El 4 de febrero, publicó dos normativas en ese sentido.En primer lugar, la Directriz Ejecutiva 1 fue la medida más relevante en términos de acciones concretas:La gobernadora ordenó la finalización inmediata de todos los acuerdos 287(g) con entidades de Virginia.La iniciativa alcanzó a la policía estatal y también al Departamento de Correccionales.Spanberger sostuvo que estas alianzas afectan de manera impropia la responsabilidad y discreción de la policía de Virginia al gobierno federal.Cada entidad debe informar en un plazo de cinco días hábiles los detalles de los acuerdos realizados con el ICE y cuándo se finalizaron de manera efectiva.Por su parte, la Orden Ejecutiva 12 acompañó a esa medida y reafirmó las bases con las que las fuerzas de seguridad estatales deben actuar, según la gobernadora. Estos fueron los puntos clave:Destaca la confianza pública como un requisito esencial para una labor policial efectiva y sostiene que las fuerzas de seguridad deben respetar la Constitución nacional y estatal.Establece explícitamente que la policía de Virginia no debe participar en la "vigilancia basada en el miedo".Remarca que los esfuerzos deben centrarse en defender el estado de derecho e investigar delitos.La orden insta a todas las agencias de seguridad de Virginia a revisar sus manuales y acciones para corregir malas prácticas.Republicanos critican la cancelación de acuerdos del ICE en VirginiaLuego de que se conoció la medida de Spanberger que finaliza los acuerdos 287(g) con el ICE, el representante republicano John McGuire respondió con un comunicado."Esta directiva pondrá en peligro a más residentes de Virginia y a las fuerzas del orden. "Sienta un precedente peligroso", remarcó el legislador. Además, aseguró que "la cooperación" de los oficiales "con las agencias locales, estatales y federales es vital para la seguridad" del estado.La orden previa con la que Spanberger anuló la política migratoria de YoungkinAdemás de las medidas recientes que tomó a comienzos de este mes, la gobernadora ya había tomado una decisión contra los alcances de la agencia migratoria el 17 de enero, durante sus primeras horas en el cargo.En la Orden Ejecutiva 10, Spanberger rescindió la Orden Ejecutiva 47 de 2025, firmada por el anterior mandatario, Glenn Youngkin. La iniciativa establecía la obligación de que las agencias estatales participaran en acuerdos 287(g).Luego de quitar ese requisito, la nueva mandataria procedió a cancelar los convenios vigentes y dejar en claro que las fuerzas de seguridad de Virginia no están encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
Todo empezó con una mentira sin aires de grandeza. En una cena con conocidos, cuando alguien habló de un libro. Un clásico de esos que "no podías no haber leído". Pero, en realidad, sí podías y, de hecho, Manuel era una de esas personas que se lo había salteado. Así y todo, cuando le preguntaron qué le había parecido, dijo con un entusiasmo moderado que los personajes le habían parecido interesantes. Sus amigos no solo no se percataron de la mentira, sino que, a partir de ese comentario, lo incluyeron más en la charla. Manuel se sintió más aceptado, también más apreciado y hasta respetado. Al mes siguiente, un episodio similar tuvo lugar. En un almuerzo con compañeros del trabajo, habló con soltura sobre una serie con la que todos estaban fanatizados y que él no había tenido tiempo de ver. Días después, la historia se repitió cuando afirmó que fue a un bar que nunca pisó y, en ese mismo intercambio, casi sin pensarlo, se encontró agregando detalles ficticios a una anécdota de cuando tenía 15 años. Alejandra Da Silva Minas, médica, explica qué es el estrés oxidativo en la sangre y cómo corregirloMentiras inofensivas e intrascendentes, pensó. Que de alguna manera mejoraban sus interacciones sociales. Al poco tiempo, Manuel hablaba por default de cosas que no le habían pasado, de recuerdos que había formulado a partir de la imaginación. Lo que empezó como una salida fácil y efectiva para acolchonar una conversación se convirtió en un hábito cotidiano. La deshonestidad, discreta y sin fines de lucro, se volvió un patrón automático. Contrario a ciertas creencias populares, mentir no es un rasgo biológico ni una condición de personalidad fija, sino una conducta que se aprende y refuerza en contextos específicos. Entre las investigaciones que se propusieron estudiar los distintos mecanismos que se activan con la mentira, se destaca uno de la University College London (2016) mediante el cual se demostró que decir pequeñas mentiras desensibiliza a nuestro cerebro frente a las emociones negativas asociadas, incentivándonos a decir más mentiras y más grandes, haciendo que el hábito escale rápidamente. "Cuando mentimos por beneficio personal, nuestra amígdala produce una sensación negativa que limita el grado en que estamos dispuestos a mentir", dice Tali Sharot, doctora especializada en Psicología Experimental de la UCL y autora principal del estudio. "Sin embargo, esta respuesta se desvanece a medida que seguimos mintiendo, y cuanto más disminuye, más grandes se vuelven nuestras mentiras. Esto puede llevar a una 'pendiente resbaladiza', donde pequeños actos de deshonestidad escalan hacia mentiras más significativas".Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), lo explica de la siguiente manera: "La deshonestidad aumenta gradualmente con la repetición. Al principio, mentir genera más aversión (por asociarse a un riesgo o algo moralmente mal). Con repeticiones, esa señal se atenúa, y la conducta se vuelve más fácil de escalar. En lenguaje llano: cuanto menos te mueve la aguja emocionalmente mentir hoy, más probable es que mañana te animes a mentir un poco más".Alta demanda cognitivaAl mentir, explica Andersson, se activa una red distribuida de áreas cerebrales. Particularmente:La corteza prefrontal lateral: sostiene el control cognitivo necesario para inhibir la respuesta verdadera, mantener la versión falsa en memoria de trabajo y sostener coherenciaLa corteza cingulada anterior: detecta el conflicto entre lo que se piensa y lo que se dice.laLa ínsula anterior, asociada a la interocepción: el sentido interno que permite al cerebro recibir, procesar e interpretar señales provenientes de los órganos, músculos y piel, informando sobre el estado corporal y fisiológico.La corteza parietal inferior: según el tipo de mentira, puede engancharse con procesos de representación mental, relacionados con teorías sobre qué sabe el otro.Desde el campo de la psicología, Macarena Gavric Berrios, psicóloga especializada en trastornos del desarrollo, expone que sostener una mentira implica una elevada carga cognitiva, ya que la persona debe inhibir información verdadera, monitorear constantemente su discurso y anticipar posibles inconsistencias."Ese esfuerzo continuo se asocia a una mayor activación del eje del estrés, lo que puede traducirse en síntomas como fatiga mental, dificultad para concentrarse e irritabilidad. Al mismo tiempo, la incongruencia persistente entre lo que se piensa, se siente y se comunica genera una brecha entre la experiencia interna y la conducta externa, afectando la autoestima, favoreciendo la culpa crónica y produciendo una sensación de falta de coherencia interna que impacta negativamente en el bienestar psicológico", plantea la experta.Desgaste emocional y vincular"El costo de una mentira es lo que llamamos contradicción", pondera Klaus Boueke, psicólogo. "La verdad como tal es algo relativo; el que miente lo hace en relación a lo que él o ella reconoce como verdad. Sostener algo que no cierra, algo que no es auténtico, algo que no se sostiene solo, supone un gasto emocional, energético e intelectual muy alto".En la misma línea, Gavric Berrios explica que vivir en un patrón de mentira crónica implica mantener el sistema nervioso en un estado de vigilancia permanente, con una hiperactivación sostenida del sistema de alerta. "Este funcionamiento genera una desconfianza constante que, a largo plazo, se traduce en agotamiento y una menor capacidad de regulación emocional". Además, agrega que la discrepancia entre la identidad pública y la experiencia interna favorece sentimientos de aislamiento. "La persona no puede apoyarse de manera genuina en los vínculos cuando teme ser descubierta, aumentando el riesgo de ansiedad y de síntomas depresivos".En este sentido, uno de los mitos más frecuentes alrededor de la mentira es que esta es "inofensiva" siempre y cuando no se descubra. Los especialistas consultados, sin embargo, coinciden en que -al operar en niveles mucho más sutiles que el dato concreto- los vínculos humanos siempre se van a ver afectados cuando haya mentiras de por medio. "Aunque no sea revelada, la mentira interfiere tanto con los sistemas neurobiológicos de confianza y apego, como con la confianza implícita y la intimidad emocional, componentes centrales en la interacción", argumenta Gavric Berrios. "La autenticidad percibida es clave para la cercanía emocional y la sintonía afectiva. Al ocultar información relevante, se debilita la sensación de seguridad relacional y la conexión emocional, generando una distancia afectiva que empobrece el vínculo, aunque el quiebre no sea explícito".Para Boueke, por su parte, los vínculos son un arte donde dos personas que hablan idiomas distintos intentan crear uno conjunto y mentir, inevitablemente, rompe ese intento de diálogo. "El impacto dependerá de quienes habiten ese vínculo. Hay personas que no logran tolerar una mentira, hay quienes pueden interpretarla en el contexto, y hay quienes no la descubren, pero de alguna manera eso habla de la profundidad de ese vínculo. El sentido común: mentir no fortalece ningún vínculo".Origen y disparadoresAntes de ser una falta moral, mentir suele ser una respuesta aprendida: una forma â??a veces torpe, otras eficazâ?? de adaptarse al contexto. La respuesta a por qué alguien miente, señalan los psicólogos, no está en un gen ni un rasgo fijo de personalidad, sino en la historia personal de cada uno, y en los contextos que nos enseñaron explícita o implícitamente cuándo decir la verdad era seguro y cuándo no."Desde la psicología social, mentir no se interpreta como un rasgo moral ni una característica de ser mala persona, sino como una conducta compleja que cumple funciones adaptativas en determinados contextos", dice Gavric Berrios. "Las intenciones detrás de una mentira reflejan tanto necesidades internas como presiones externas; varían y pueden estar interrelacionadas: protegerse del rechazo o la vergüenza, evitar un castigo, mantener un vínculo afectivo, cuidar la autoestima propia o la de otra persona o procurar un beneficio social o emocional momentáneo". Entre las razones más frecuentes, la psicóloga identifica las siguientes:Evitar consecuencias negativas o protegerse de críticas, castigos o conflictos.Preservar la imagen y autoestima, mostrando competencias o logros que pueden no ser reales.Obtener beneficios, ventajas o atención.Encajar en un grupo o no herir los sentimientos de otros mediante mentiras piadosas.Mecanismo de evasión frente a la realidad o emociones incómodas.Manipulación o control, influir en la percepción y decisiones de los demás. Tener una mayor reactividad emocional, impulsividad, búsqueda de novedad, baja tolerancia al malestar o menor sensibilidad a la amenaza social, por ejemplo, son aspectos que podrían facilitar su uso frecuente, explica la experta en trastornos del desarrollo. "Son diferencias individuales que influyen en cómo se procesan las consecuencias emocionales de mentir y en cuán reforzante resulta la conducta para el sistema nervioso". Por otro lado, Gavric Berrios habla de que las experiencias relacionales tempranas y los estilos de apego moldean significativamente los circuitos cerebrales relacionados con la regulación emocional, de modo que crecer en entornos impredecibles, críticos, punitivos o poco empáticos podría favorecer el desarrollo de estrategias defensivas como la mentira. "En estilos de apego inseguro, por ejemplo, el cerebro aprende que decir la verdad puede poner en riesgo la cercanía, por lo que mentir para agradar se consolida como un recurso para mantener el vínculo, reducir la ansiedad relacional o evitar el abandono, estableciéndose con el tiempo como un patrón habitual de comportamiento", profundiza. "Llegamos a este mundo y aquellos que estaban antes nos muestran cómo se hacen las cosas. Si mentir está mal, y cuán mal, dependerá de qué nos hayan enseñado, de qué hayamos cultivado y reforzado", agrega Boueke. "Esos aprendizajes se hacen al mismo tiempo que se desarrolla la personalidad".Cómo cortar con el ciclo"Quien se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que ya no distingue la verdad ni dentro de sí ni a su alrededor, y así pierde el respeto por sí mismo y por los demás", dijo Fiódor Dostoyevski en Los hermanos Karamázov (1880).Cuando la mentira deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en una forma de existir, el daño ya no se juega en el plano moral, sino en el identitario. La pregunta deja de ser si está bien o mal, sino qué se está sosteniendo y a qué costo. "Creo que el que se miente, se daña a sí mismo mucho más y mucho antes que a los otros", reflexiona Boueke.Desde un enfoque clínico, salir de la mentira implica, primero, reconocer que esta conducta pudo cumplir una función adaptativa en el pasado, pero que actualmente genera más malestar que alivio, comparte Gavric Berrios. "El proceso requiere entrenar al sistema nervioso para tolerar la ansiedad y el malestar que provoca decir verdades parciales o progresivas, aceptando que no se puede controlar la reacción del otro".El cambio, reconoce la psicóloga, suele darse de manera gradual y necesita apoyo terapéutico."El objetivo es reemplazar el patrón de mentira por estrategias más saludables de regulación emocional, como fortalecer la identidad personal y construir vínculos basados en la coherencia, la confianza y la autenticidad, de modo que la expresión verdadera deje de percibirse como amenazante", profundiza Gavric Berrios.Boueke sugiere empezar por hacerse una pregunta simple, directa y potencialmente incómoda, que apunta a explorar las motivaciones detrás: ¿qué gano con esta mentira? "Porque, en algún sentido desfigurado, algo se gana mintiendo", dice. La segunda pregunta que recomienda es: ¿qué pierdo con esta mentira? "Después de tener una respuesta, tendrás que decidir qué es más importante para vos".Ahora bien, si la pretensión es ayudar a alguien que miente constantemente a superar el hábito, el consejo profesional es correr la confrontación del centro de la escena, puesto que señalar o moralizar la mentira suele reforzar la defensa y profundizar el patrón. El reproche moral suele, señala Gavric Berrios, tiende a ser poco efectivo.En cambio, la psicóloga propone generar un clima relacional lo suficientemente seguro como para que esa persona pueda explorar la verdad sin sentirse atacada. Lejos de adoptar una postura ingénua o sumisa, este abordaje implica marcar con claridad el impacto que la mentira tiene en el vínculo, establecer límites claros y, al mismo tiempo, habilitar espacios de reflexión donde se trabaje la función emocional de dicha conducta. "El cambio es más probable cuando la persona comprende el propósito emocional de su conducta. Porque a partir de eso puede desarrollar alternativas más saludables para gestionar sus emociones y relacionarse con los demás", concluye.Aunque no siempre haga ruido o genere conflicto, el hábito de la mentira moldea la forma en la que una persona piensa, se comunica y, en definitiva, habita su existencia. Mientras más se practica, más protagonismo toma en un campo antes destinado a la autenticidad; ocupando el lugar de lo espontáneo, condicionando la manera de vincularse y exigiendo una vigilancia constante que, a largo plazo, agota y drena relaciones con los otros, pero sobre todo con uno mismo. Salir de ese automatismo no supone giros épicos ni grandes revelaciones, sino cambiar el mindset para permitirse ser sin alteraciones ni aditivos. Esto quizás implique tolerar la incomodidad de no siempre encajar, en pos de recuperar una coherencia que no necesita defensa y que habilita libertad. Como plantea Vaclav Havel, el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa, en su obra El poder de los sin poder (1978): vivir en la verdad es un modo de recuperar la dignidad, la libertad y la integridad personal.
Roce político, dos hijos en la Justicia y algunas polémicas que empañan un recorrido de más de medio siglo en los tribunales. Son algunas de las notas que marcan la figura de Carlos Mahiques, uno de los tres jueces en situación de definir el rumbo de la causa que investiga a la suntuosa quinta en Pilar, atribuida a las autoridades de la AFA. Desde 2017, es miembro de la Cámara Federal de Casación, un órgano clave en el organigrama judicial, adonde trepan los expedientes más sensibles para la política. La Sala que ahora integra, de hecho, debe pronunciarse acerca de una disputa enredada y decidir si trata un pedido para que el expediente sobre la quinta regrese al fuero Penal Económico desde la Justicia de Campana, adonde las personas investigadas prefieren que tramite.A principio de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que este pueda seguir ejerciendo como magistrado de la Casación después de los 75 años, edad que cumple en noviembre y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Mahiques llegó allí en 2017, como parte de los traslados de jueces que promovió Mauricio Macri durante su Gobierno. Pasó de tratar delitos comunes en la Casación porteña, al máximo tribunal penal del país, aunque no sin resistencias. Su traslado fue aprobado con voto dividido en el Consejo de la Magistratura, con el kirchnerismo votando en su contra y subrayando su condición de juez nacional, no federal. Por ese entonces, Juan Mahiques, uno de sus hijos, ocupaba el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación y, como representante del Ejecutivo en el Consejo, oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y los tribunales. El "clan" Mahiques se completa con Ignacio, el otro hijo de Carlos: fue designado fiscal porteño en 2015 y se desempeñó como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa "Vialidad", por la que Cristina Kirchner acabó condenada a 6 años de prisión. La vocalía en la Casación de Carlos Mahiques entró en pausa en 2015, cuando se convirtió en el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La aventura política duraría apenas 5 meses. Al filo del vencimiento de su licencia en los tribunales, Mahiques optó por regresar a lo que había hecho "por más de 40 años", según dejó plasmado en su carta de renuncia. PolémicasSu biografía judicial encierra algunas controversias. La más sonora tomó lugar en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido. De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo "justificar" el viaje.Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. En sintonía con dos colegas suyos, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia, que fue luego revertido, aunque por mayoría, puesto que Mahiques, en soledad, mantuvo su postura inicial.
La Cámara Federal de Casación, donde actúa Carlos Mahiques, tiene la llave para decidir si la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue en la justicia federal de Campana, como quieren los acusados, o regresa a los tribunales en lo penal económico de la Capital. Serán los jueces de la Sala I de la Casación, Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo los que definan si abren el recurso de queja que planteó un fiscal federal de San Martín para que el caso regrese a la Capital o si dejan todo en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.Quien empuja que la causa regrese al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación había avanzado, es el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras.Mientras se define este asunto, González Charvay tomó una medida sorpresiva y decidió levantar la custodia policial de la quinta de cinco hecátereas de Villa Rosa en Pilar, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.Argumentó que no era necesaria dado que los bienes ya habían sido embargados. Pero el fiscal federal Sebastián Bringas, de Campana, se opuso y apeló ante la Cámara Federal de San Martín.La idea es proteger los autos de alta gama y los bienes costosos que hay allí y que no desaparezcan, como ocurrió con los caballos de carrera que estaban en el lugar. Cearras apeló también el fallo que derivó al juzgado de González Charvay la causa en la que se investiga quiénes son los dueños de la mansión en Pilar.El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado de Aguinsky.Aguinsky había avanzado con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (que resultó en unos 20 millones de dólares).Aguinsky -antes de dejar el caso- terminó con la convicción de que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron ser los dueños de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.Además, en los operativos encontró un bolso con el nombre de Toviggino y una placa conmemorativa, también en "honor" al tesorero de la AFA. Pero la defensa de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscó sacar el caso de esa jurisdicción y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, donde está situada la quinta.Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados. Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.El recurso del fiscal de Cámara, Cearras, fue analizado por la Cámara Federal de San Martín, que lo rechazó.Por lo tanto, Cearras recurrió a la Cámara de Casación con un recurso de queja.Ahora, los camaristas Petrone, Mahiques y Carbajo deben decidir si la abren y hacen una audiencia para que todos argumenten antes de decidir o si rechazan la queja por no tratarse de una sentencia definitiva. Esta podría ser la salida más rápida que dejaría el caso en Campana.Si así se decide, el fiscal ante la Casación Mario Villar debería recurrir a la Corte en busca de que decida sobre la competencia, en una jugada de improbable éxito. El fiscal Cearras argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado. Dijo además que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.El fiscal Claudio Navas Rial, como su colega Bringas, tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico. El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros â??el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conteâ?? presentaron ante el juez de Campana González Charvay.González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del "juez natural".Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba "a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km de distancia del Juzgado Federal de Campana", marcó.Sin embargo, el camarista Lugones le dio la razón a Charvay. Además, afirmó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar. Sin embargo, la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.En estas horas, la causa avanza sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar. Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte.La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
La muerte de Quentin Deranque, militante identitario y monárquico, reavivó en los últimos días el debate sobre la violencia política en Francia y el tratamiento que reciben sus víctimas. En ese contexto, el nombre de Federico Martín Aramburú volvió al centro de la escena pública. El rugbier argentino, asesinado en pleno París en 2022, fue citado por distintos diputados y retomado por varios medios franceses, tras los homenajes al joven Deranque. Los dos militantes del Grupo Unión Defensa (GUD), agrupación de extrema derecha acusados del asesinato del deportista argentino, serán juzgados ante un tribunal penal con jurado entre el 7 y el 25 de septiembre próximo.El jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 18, militantes del grupo de extrema derecha Némesis se reunieron frente a Sciences Po Lyon para protestar contra la visita de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan. Deranque, de 23 años, estaba allí porque formaba parte del dispositivo de seguridad del colectivo.Tras desplegar una bandera, se produjo un primer enfrentamiento con integrantes del movimiento de ultrazquierda Joven Guardia (Jeune Garde). Los disturbios se desplazaron luego unos cientos de metros, al otro lado de las vías del tren, a la salida de un túnel, donde la situación derivó en una pelea generalizada. Fue ahí que Deranque recibió los golpes mortales.Desde entonces, sectores de la izquierda francesa fueron objeto de fuertes críticas y señalados como responsables, dado que los nueve principales sospechosos identificados por la policía serían exmiembros de Jeune Garde. Entre ellos figura Jacques-Élie Favrot, colaborador parlamentario del diputado insumiso Raphaël Arnault, quien estuvo presente frente a Sciences Po Lyon la noche de los hechos."Existe, evidentemente, una distinción fundamental en la manera de abordar los actos delictivos atribuidos a militantes de extrema derecha y a militantes de extrema izquierda. Solo puedo hablar de la particularidad de la situación en Lyon, aunque pueden encontrarse rasgos comunes en todo el territorio francés. Es evidente que los militantes de extrema izquierda están mucho más criminalizados que los de extrema derecha", explicó Oliver Forray, abogado francés que defiende a víctimas de la extrema derecha en Lyon a LA NACION. Y añadió: "Esta diferencia puede tener varios motores: la voluntad política expresada por los gobiernos, que buscan dar señales a la extrema derecha para captar votos; la realidad del terreno, donde la policía francesa está fuertemente politizada y con una proximidad mayoritaria hacia la extrema derecha; y quizás también la voluntad de los militantes de extrema izquierda de llevar adelante acciones reivindicadas públicamente, lo que los vuelve más visibles e identificables". Sin embargo, según el abogado francés, hay que hacer una distinción importante. "Los delitos atribuidos a la extrema izquierda suelen referirse a daños contra bienes, lo que permite asumir políticamente ese combate con mayor facilidad. En cambio, las acciones de la extrema derecha suelen consistir en ataques contra personas, con escenas de violencia extrema. El diagnóstico es evidente: sigue existiendo una forma de impunidad respecto de la extrema derecha que resulta extremadamente preocupante, mientras que los militantes de extrema izquierda viven una represión creciente, desproporcionada e inadmisible", afirmóEl martes 17 de febrero, en la Asamblea Nacional, la presidenta Yaël Braun-Pivet abrió la sesión en el hemiciclo con un minuto de silencio en homenaje a Deranque. En ese marco, la diputada Mathilde Panot, de LFI, tomó la palabra y puso en evidencia lo que definió como un esquema de "dos pesos, dos medidas" y una instrumentalización política destinada a cargar responsabilidades sobre la izquierda."Señora presidenta, mis primeras palabras, en nombre del grupo insumiso, son para la familia de Quentin Deranque, asesinado en plena calle en Lyon. No aceptamos que la violencia física, venga de donde venga, se utilice para resolver conflictos. Nunca lo hemos aceptado. Nunca lo aceptaremos", expresó.Y añadió: "Quienes instrumentalizan este drama para ensuciarnos deben detenerse. Sus maniobras son indignas. Ningún insumiso está implicado, ni de cerca ni de lejos, en esas violencias. Y si combatimos a la extrema derecha y a los grupúsculos fascistas que la rodean es precisamente porque glorifican la muerte y la brutalidad, erigen el racismo como principio y no hay nada más antirrepublicano que eso". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathilde Panot (@mathildepanot) A su vez, la diputada sostuvo que sería desconocer la historia aceptar la victimización de la extrema derecha y pretender que las violencias estarían de este lado del hemiciclo. "Hizo falta este drama para que ustedes salieran del silencio. No los escuchamos cuando fue asesinado el rugbier Federico Aramburú, a apenas dos kilómetros de nuestra Asamblea, por militantes del GUD, ni respecto de las doce personas asesinadas por la extrema derecha desde 2022".El exjugador platense vistió las camisetas de Biarritz Olympique y USA Perpignan, además de la de Los Pumas. Integró la selección argentina que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 2007, la mejor actuación histórica del equipo.Tenía 42 años y era padre de tres hijos. Vivía en la costa vasca francesa tras su retiro deportivo y trabajaba en el sector turístico cuando fue asesinado.El fin de semana de los hechos había viajado a París para presenciar el partido entre Francia e Inglaterra del Torneo de las Seis Naciones, junto a su amigo y también rugbier Shaun Hegarty. Tras un altercado en el bar Mabillon, en el VI arrondissement, con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos hombres vinculados al GUD, ambos deportistas abandonaron el lugar a pie. Sin embargo, fueron perseguidos por los militantes, uno de ellos a bordo de un Jeep. Dispararon diez veces antes de huir. Federico Martín Aramburú murió en el lugar a causa de las heridas.Por su parte, Alma Dufour, también diputada de LFI, sostuvo al día siguiente en declaraciones a BFMTV: "Volviendo al joven Quentin, lo que me conmueve enormemente, como a muchas personas, es su edad: 23 años es demasiado joven para morir por sus ideas. Pero era militante de Acción Francesa, agrupación de extrema derecha nacionalista. Participó en desfiles neonazis donde se coreaban consignas de nostalgia del Tercer Reich. Noventa años después del linchamiento de Léon Blum por Acción Francesa, hoy hacemos un minuto de silencio por este joven".Y añadió: "Lo que hay que preguntarse es por qué hay personas víctimas de crímenes racistas que no tienen derecho a ese minuto de silencio. El Rassemblement National (RN) tiene vínculos con el GUD, que asesinó al señor Aramburú, y nadie les inicia un proceso por ello".Para Forray, el asesinato de Federico Aramburú tuvo una cobertura mediática relevante. No obstante, señaló la cobertura política no estuvo a la altura del drama, especialmente en comparación con la muerte de Quentin Deranque. "La palabra política, hoy monopolizada por la extrema derecha o por los temas que ella impone, permitió apagar la mediatización del caso de Federico Aramburú y evitar una politización de su muerte", sostuvo. Y aseguró: "Su asesinato es una muestra evidente de la peligrosidad de la extrema derecha y de sus ideas. Como la batalla mediática ha sido ganada por la extrema derecha, las muertes no reciben el mismo tratamiento. Esto también se refleja en el minuto de silencio que la Asamblea Nacional observó el pasado 17 de febrero: el homenaje de la nación fue rendido así a un militante neofascista, miembro activo de grupos violentos, entre ellos Acción Francesa. Simbólicamente, vale recordar que Acción Francesa intentó tomar la Asamblea Nacional el 6 de febrero de 1934 para derrocar al poder".El caso también fue retomado por varios medio franceses en especial por el independiente Mediapart, que publicó varios artículos en los últimos meses. Además, el pasado 17 de noviembre ese medio difundió una entrevista con Cecilia Aramburú, madre del exPuma. Allí sostuvo que la muerte de su hijo "podría haberse evitado" y apuntó a la responsabilidad de las autoridades francesas, ya que ambos sospechosos eran conocidos por los servicios policiales por antecedentes de violencia y se encontraban bajo control judicial en otra causa por hechos agravados.La experiodista, que perdió familiares durante la dictadura militar argentina en los años setenta y ochenta, afirmó que Loïk Le Priol y Romain Bouvier "también son consecuencia de disfuncionamientos profundos".Y agregó en esa entrevista: "Que los asesinos de 'Fede' sean terroristas de extrema derecha, de extrema izquierda o terroristas religiosos, para sus familiares el dolor es el mismo. Lo que cambia es saber que ya estaban imputados, liberados bajo control judicial y que deberían haber estado vigilados. Todo esto podría haberse evitado. Si hubo errores, negligencias o protecciones indebidas, hay responsables. No se puede responsabilizar únicamente a los autores materiales".El caso de Federico se inscribe en un fenómeno más amplio. Según un estudio realizado por Isabelle Sommier, profesora universitaria de Sociología Política, titulado Violencias políticas en Francia de 1986 a 2016, el trabajo registró 53 víctimas por motivos ideológicos en ese período, de las cuales 48 fueron atribuidas a la extrema derecha.La investigación subraya que la amenaza de la extrema derecha fue durante mucho tiempo subestimada en su virulencia. Según el estudio, sus formas de acción son variadas, pero la especialidad de estos colectivos o individuos han sido las agresiones físicas. En efecto, dos tercios de los ataques les son imputables, principalmente a grupos identitarios, skinheads y neonazis. En el 67,2% de los casos, el móvil fue alterofóbico, es decir, dirigido contra el "otro", mientras que en un 30,8% respondió a una lógica de venganza contra militantes de izquierda o antirracistas.De violencia dispersa a organizadaEstas cifras, advierte la investigación, plantean hacia adelante la pregunta sobre el posible pasaje de una violencia social dispersa a una violencia política organizada: si esa frustración o esa rabia encontrarán una traducción política más amplia, ya sea a través del voto o mediante nuevas formas de violencia."La violencia contra las personas es, indiscutiblemente, patrimonio de la extrema derecha. Practican acciones violentas sin complejos y se organizan, se estructuran y se entrenan para eso. Hemos comprobado que estos militantes han organizado campamentos de entrenamiento en combate sin que eso haya provocado una reacción por parte de las autoridades, que los dejan actuar pese a que esas actividades anuncian futuras violencias" explicó Forray.Y agregó: "El militante antifascista existe únicamente para combatir el ascenso del fascismo. Su único enemigo es el fascista. En cambio, el militante fascista puede enumerar decenas de enemigos identificados por su pertenencia a un grupo social, étnico, religioso o político. Ser gay, musulmán, comunista, árabe o incluso sudamericano puede bastar para ser designado como enemigo y potencial víctima de la extrema derecha". El juicio por el asesinato de Aramburú sucederá entre el 7 y el 25 de septiembre próximo. Los dos militantes de extrema derecha acusados serán juzgados ante un tribunal penal con jurado. Sin embargo, la acusación no incorporó una motivación política."La muerte de Federico Aramburú fue calificada como asesinato con premeditación, pero sin considerar una motivación política. Su muerte es presentada por algunos como una simple pelea de bar que terminó mal. La motivación política no fue incorporada por el juez de instrucción que investigó el caso y lo remitió al tribunal penal con jurado", explicó.Y concluyó: "No obstante, debe subrayarse que la pena máxima puede aplicarse con circunstancias más fáciles de objetivar, lo que tal vez llevó al juez a evitar un debate jurídico más complejo sobre la motivación política del crimen. Aun así, el tribunal conserva la libertad de considerar el aspecto político del delito y calificarlo como tal".
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