Algunas organizaciones afirman que existe una estrategia deliberada en la industria para condicionar el mercado, mientras otras voces del sector achacan gran parte de la caída a la competencia externa
A través de un comunicado, la casa editorial anunció la activación de sus protocolos internos tras el pronunciamiento de su editora de Género, quien acudió a la Fiscalía a partir de testimonios de colegas y excolaboradoras del diario y de CityTV
La Comisión de Acusación lo convocó para que se presente a declarar el 17 de junio a ejercer su derecho a la defensa ante las graves denuncias en su contra. Se trata del mismo magistrado que prohibió la difusión de audios que supuestamente contenían conversaciones de Karina Milei
BRASILIA.â?? El ciudadano argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido en una cárcel de Minas Gerais por un caso de racismo, fue víctima de ataques físicos dentro de su celda y su vida corre un "riesgo inminente", según denunció su defensa en las últimas horas. El vuelco humanitario consta en un recurso judicial de urgencia obtenido en exclusiva por LA NACION -que tramita bajo secreto de sumario-, en el que los abogados del santiagueño, de 63 años, afirman que la hostilidad es tal que las propias autoridades carcelarias admitieron ser incapaces de garantizar la integridad de Murias durante su reclusión allí. El documento fue presentado ante el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei. En la argumentación enviada al tribunal, el bufete de penalistas Ciro Chagas solicita la revocación de la prisión preventiva o su sustitución por medidas cautelares alternativas, debido al "inminente riesgo para la vida del solicitante (Murias)".Según pudo saber este diario, la asesoría del magistrado de primera instancia ya analiza el reclamo de urgencia. Murias, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, permanece detenido de forma preventiva desde el pasado lunes 25 de mayo, tras un tenso episodio ocurrido el domingo previo a bordo del tren turístico María Fumaça, que conecta las localidades históricas de São João del-Rei y Tiradentes.De acuerdo con la investigación de la Policía Civil, pasajeros del vagón denunciaron que el argentino, que se encontraba como turista en Brasil y preveía regresar a la Argentina este viernes, captaba imágenes de un niño de siete años sin autorización.En la revisión posterior de su teléfono celular se detectaron mensajes de WhatsApp escritos en español con alusiones despectivas al color de la piel del menor y referencias a la esclavitud, un cuadro que la querella -liderada por el abogado especialista en asuntos raciales Gilberto Silva- califica como un delito ya consumado de racismo.En paralelo, los abogados que defienden a Murias mantuvieron este viernes una audiencia con el camarista a cargo de juzgar un habeas corpus que pide la liberación de Murias, interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Minas Gerais. El juez Danton Soares Martins, de la 5ta. Cámara Criminal de Minas Gerais, evitó pronunciarse sobre los plazos de resolución o reaccionar ante los relatos de violencia denunciados por los letrados, que hicieron foco en exponer la presunta gravedad de las condiciones de detención de Murias.En una muestra de extrema cautela, el juez rechazó recibir formalmente al cónsul argentino en Belo Horizonte, Santiago Muñoz Martínez, quien acudió a la sede judicial junto con la defensa del argentino para presentar notas institucionales que acreditan la falta de antecedentes de Murias en la Argentina.En el documento judicial presentado ante el tribunal de primera instancia, obtenido por LA NACION, los representantes legales de Murias afirman haber constatado las supuestas lesiones durante una atención presencial en el penal. Según los letrados, fue la propia autoridad del presidio quien los orientó a recurrir al Poder Judicial, justificando que el establecimiento penitenciario no posee estructura adecuada para garantizar la integridad física y la vida de Murias en este momento.El escrito judicial advierte que la continuidad del encarcelamiento preventivo en ese recinto ya no cumple una función procesal, sino que "se materializa en una verdadera pena cruel y anticipada".Para los defensores del santiagueño, las circunstancias de su encierro se transformaron en un peligro de fatalidad o de lesiones corporales irreversibles. En Brasil, donde del 70% de la población carcelaria es negra, el presunto delito que llevó al argentino a la cárcel estaría alimentando la animosidad de otros internos. El caso de Murias se suma a una preocupante saga de incidentes de discriminación que involucran a ciudadanos argentinos en territorio brasileño y que han generado una alta sensibilidad local.Entre los antecedentes recientes figuran los de la abogada también oriunda de Santiago del Estero Agostina Páez, quien debió esperar tres meses en Río de Janeiro tras ser imputada por injuria racial, y el del platense José Luis Haile, quien profirió insultos racistas en una fila de supermercado y fue detenido semanas atrás en Copacabana. La reiteración de estos casos, según evalúa el entorno técnico del imputado, ejerce una enorme presión social sobre las resoluciones de los tribunales brasileños.Además del pedido de excarcelación inmediata, el escrito de la defensa solicita al juzgado criminal que ordene a la dirección del penal la aplicación de medidas de aislamiento y protección interna para Murias mientras se define su situación legal. Tras los incidentes informados por los letrados, ya habría sido reubicado de forma preventiva en una celda individual para extremar los resguardos. Paralelamente, los abogados requirieron que el argentino pase por un examen médico forense para certificar las lesiones denunciadas.
El Consejo Nacional Electoral requirió a Caracol Radio para que remita un informe sobre el registro temporal de la pauta que es objeto de análisis
La organización pidió a las autoridades investigar el caso de Juan Manuel Partida Valdez y garantizar su protección
"Negar el acceso completo plantea serias preguntas sobre qué intenta ocultar ICE". Con esa frase, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, volvió a cruzar públicamente a las autoridades migratorias federales después de una revisión "limitada" del centro de detención migratorio Delaney Hall.Qué pasó durante la inspección del gobierno de Nueva Jersey en Delaney HallEl caso volvió a poner el foco sobre uno de los centros migratorios más cuestionados del estado por organizaciones civiles y dirigentes demócratas, que desde hace meses reclaman mayores controles sobre las condiciones de detención.Según explicó la oficina de la gobernadora en un comunicado oficial, el incidente ocurrió el 28 de mayo en una revisión oficial. "Hoy el Departamento de Salud de Nueva Jersey se presentó en Delaney Hall para realizar una inspección sanitaria y se les negó el acceso completo. Solo se les permitió inspeccionar una pequeña parte de las instalaciones", afirmó Sherrill.La gobernadora agregó que el Estado publicará la información relevada durante la visita parcial y aseguró que presionará para obtener acceso completo al sitio."Seguiremos agotando todos los recursos disponibles para exigir total transparencia y garantizar condiciones dignas para cada persona detenida en dicha instalación", sostuvo.La acusación de Mikie Sherrill contra el ICETras denunciar las restricciones impuestas durante la inspección, Sherrill endureció el tono contra las autoridades federales y volvió a reclamar el cierre definitivo de Delaney Hall.La dirigente demócrata insistió en que el estado no aceptará excepciones relacionadas con el cumplimiento de normas sanitarias y derechos civiles. "Nueva Jersey defiende el estado de derecho y la Constitución, sin excepción alguna. Delaney Hall tiene que cerrar", afirmó en el comunicado oficial.Además, Sherrill pidió que las autoridades migratorias reduzcan la tensión generada alrededor del centro de detención. "Hago un llamado al ICE para que baje la tensión de inmediato, mientras continúo haciendo todo lo que esté en mis manos para proteger a los residentes de Nueva Jersey", señaló.El debate por Delaney Hall y los controles estatalesDe acuerdo con CNN, la situación alrededor de Delaney Hall se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el gobierno estatal y las agencias migratorias federales.Mientras el ICE mantiene el control operativo del centro de detención, funcionarios de Nueva Jersey reclaman mayor capacidad de supervisión sobre las condiciones sanitarias y de habitabilidad dentro de las instalaciones.La gobernación confirmó que publicará los hallazgos preliminares que los inspectores lograron documentar durante la visita parcial realizada esta semana. Esos resultados podrían ser utilizados por el Estado en futuras acciones administrativas y judiciales relacionadas con el funcionamiento del centro migratorio.
El actor reveló que estafadores emplean videos manipulados para promocionar remedios sin respaldo científico y advierte sobre el riesgo de abandonar tratamientos médicos legítimos
Denuncian olores a drenaje y alta contaminación
Una mujer denunció la sustracción masiva de hacienda en su campo de Santo Tomé, pero la Policía Rural e inspectores judiciales descubrieron con drones que no había rastros de abigeato. Leer más
El diseñador cuestionó el uso del nombre y advirtió por una posible confusión comercial con su firma registrada.
La entidad anunció que las EPS deberán responder en máximo ocho horas los casos de menores en riesgo vital y confirmó inspecciones en todo el país para investigar posibles fallas y demoras en la entrega de tratamientos médicos
El excanciller radicó un documento en el que plantea que la vicepresidenta asuma temporalmente la Presidencia del país mientras una comisión internacional revisa el escrutinio en caso de que el mandatario cuestione los resultados
Un proceso judicial expuso cómo decenas de personas retenidas en un edificio del centro de Manhattan pasaron días sin acceso suficiente a comida, agua ni productos de higiene, en un contexto de sobrepoblación y maltrato
Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables del programa de viviendas Sueños Compartidos, instrumentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos, intentó despegarse de las acusaciones sobre desvíos millonarios. Cuando amplió ayer su indagatoria en el juicio oral de la causa, habló de una presunta "usina de denuncias contra Pro" vinculada al abogado Eduardo Barcesat."Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a [Eduardo] Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto", sostuvo Schoklender durante el juicio oral en el que se investiga un presunto fraude al Estado. En diálogo con LA NACION, Barcesat respondió: "Todo eso es una fantasía de este hombre [por Schoklender]". El abogado reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero no sobre la fabricación de denuncias contra opositores. "Me pidió que formara un centro de estudios, pero Madres de Plazas de Mayo no tenía nada que ver con eso". Según dijo, se trata del "Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad".Barcesat, que tiene 86 años, mencionó que su vínculo con Madres de Plaza de Mayo fue solo como "asesor ad honorem", miembro del equipo de abogados de Hebe de Bonafini y como parte de su "compromiso ideológico" con los derechos humanos. Su vínculo con la extitular de la organización no es el único punto de conexión con el kirchnerismo. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner lo propuso como conjuez para la Cámara de Casación.. COMODORO PY . En el juicio Sueños Compartidos, Schoklender reveló que la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo recibía un "subsidio de Aníbal Fernández" para financiar "denuncias" contra "el PRO": las presentaba el "conocido abogado" Barcesat.ð??¹ @CoronelGonorrea https://t.co/4VrVqfASWG pic.twitter.com/oNanJbfZyl— boga.ar (@boga_ar_) May 27, 2026Años más tarde, y con el avance de causas sobre presunta corrupción contra la expresidenta, entre otros acusados, encabezó un proyecto que proponía crear un "tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare". En aquel momento, cuando trancurría 2020, fuentes de la administración de Alberto Fernández sostvieron que la iniciativa de Barcesat era a título personal. "Siempre fue un desafiante. Esto es una locura de él, que nosotros no impulsamos", había dicho a LA NACION una alta fuente del entonces gobierno en referencia al plan de crear un tribunal de ética que juzgue a jueces y periodistas por su actuación en causas contra exfuncionarios políticos. Un dirigente cercano a Cristina Kirchner sostuvo lo mismo. Sin embargo, nadie quiso ponerse al frente de las críticas a la iniciativa.Más allá de eso, sus inicios lo encuentran como afiliado al Partido Comunista (PC), hace cinco décadas.En su currículum publicado en la página de Common Action Forum, Barcesat se presentaba como asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En el kirchnerismo destacan el vínculo que cosechó con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara. En 2012, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expuso sobre la necesidad de una reforma constitucional, en tiempos en que el ultrakirchnerismo postulaba que se habilitara la posibilidad de otro mandato de Cristina Kirchner. Él decía que eso no era "lo importante", que lo importante era la integración latinoamericana, la tutela de los recursos naturales y los derechos humanos. Pero que habilitar otro mandato no era tampoco "una llamada a las puertas del infierno". Su plan no prosperó.Barcesat había participado de la redacción de la última reforma constitucional, en 1994. Fue convencional constituyente en representación del PC, por entonces en alianza con el Frente Grande, antecesor del Frepaso. Graciela Fernández Meijide era una de las principales dirigentes de ese movimiento. Ella y Barcesat se conocían desde hacía años."Lo conocí durante la dictadura. Barcesat era abogado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue abogado mío en una querella que llevamos a la Corte contra la Obediencia Debida", relató Fernández Meijide a LA NACION en tiempos en los que el abogado impulsaba la idea del tribunal de ética. "Como abogado era muy bueno, tenía un profundo conocimiento de la ley. Por eso, toda su derivación posterior me llamó la atención -dijo entonces-. Por la calidad intelectual que yo le conocí, es un contrasentido total esta aventura de ser jueces éticos".Barcesat se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, de la que fue también docente desde que era estudiante. Su carrera como profesor se interrumpió durante la dictadura militar. En ese momento, Barcesat era adjunto de Filosofía del Derecho en la cátedra de Jorge Rébori. Con el regreso de la democracia volvió a las aulas.Siempre ejerció como abogado. Su primer estudio lo tuvo en Uruguay al 600 junto con Beinusz Szmukler, exconsejero de la Magistratura y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. "Trabajamos hasta que la dictadura nos obligó a separarnos como una medida de protección. Compartimos varios años de militancia común", recordó hace unos años Szmukler, que militaba en el PC desde antes que Barcesat.Muchos años más tarde, Barcesat encabezó otra aventura de voltaje político: fue abogado de Marta Holgado en su reclamo fracasado para ser reconocida como hija de Juan Domingo Perón.
Felipe Caballero respondió a través de su cuenta de X al señalamiento contra el congresista electo y dirigió un pedido al director nacional del Centro Democrático para que elimine una publicación en la que replicó las denuncias en contra del parlamentario
El ministro de Transportes defiende la inocencia de Zapatero y recuerda que "no es un cargo público" y se dedica a hacer "más o menos" lo que hace el resto de expresidentes
Denuncian que el grupo delictivo ha ocupado poblaciones de manera progresiva
La denuncia se basa en unas declaraciones del propio Torres, que en una reciente entrevista televisada señaló que el Congreso controlado por la derecha, la fiscalía y la prensa complotaron para destituir a Castillo
El presidente aseguró en un evento público que entre los candidatos presidenciales hay quienes representan la vida y la muerte. Se abstuvo de incluir nombres en sus declaraciones
Nicolás Arosemena, residente en Europa, negó haber denunciado al sacerdote y afirmó que la imagen difundida ya había estado en sus redes sociales
La defensa legal del fujimorismo afirmó que las acusaciones impulsadas por el partido de Roberto Sánchez carecen de sustento penal y anunció que evaluarán tomar acciones por presunta difamación
Un ambiente de malestar se profundiza en hospitales con elevada demanda de pacientes, mientras representantes gremiales sostienen que las mesas de negociación están paralizadas y advierten sobre afectaciones a derechos laborales
En el Decreto 188 de 2026, el Ministerio del Interior se establece que, "a partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados"
La madre de la modelo sostiene que el conflicto comenzó tras un préstamo de dinero no devuelto y apunta contra la pareja de un empresario como responsable de la denuncia presentada en Bélgica
CÓRDOBA.- El sacerdote Patricio Cruz Viale, detenido desde noviembre del 2024 -desde hace cinco meses, con prisión domiciliaria- por un abuso sexual ultrajante, recibió ahora otra denuncia en su contra. Una familiar suya afirmó que la abusó cuando ella tenía 7 años y él, 16. La novedad llega a pocos días de que comience el juicio por la otra causa contra quien fuera un referente del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Córdoba. La nueva denuncia es investigada por el fiscal Juan Ávila Echenique, el mismo que llevó adelante la causa anterior. Según su denunciante, en diciembre de 1983, Cruz Viale se acercó a su familiar, quien dormía, y la abusó sexualmente. Según publicó La Voz, en el mismo relato, la mujer denunció que también otro integrante de su grupo familiar violó a otra niña de la familia. La primera denuncia contra el cura la realizó una mujer de 46 años que asistía con frecuencia al Santuario de Schoenstatt del Cerro de las Rosas, ubicado al noroeste de la ciudad de Córdoba. Afirmó que el sacerdote abusó en su despacho, después de una misa, a comienzos del 2024. Cruz Viale llegó al Santuario de Schöenstatt de Córdoba cuando ya tenía una larga trayectoria y formación como religioso. Es doctor en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, adonde vivió. Cuenta con tres libros publicados: Guía de Meditaciones Espirituales sobre el Evangelio, Misericordia y La luz de la palabra: luz en la pandemia.La mujer que realizó la nueva denuncia contra el cura resolvió ir a la Justicia después de que se enterara de la otra causa. Su objetivo era dar cuenta del antecedente para que se investigara la historia completa. Por el tiempo transcurrido, el delito de abuso sexual estaría prescripto. Una reforma legal abre una posibilidad ya que estableció la necesidad de "respeto por los tiempos de silencio de las víctimas".En oportunidad de la primera denuncia en Córdoba, el Movimiento Apostólico de Schöenstatt emitió en 2024 un comunicado. "Con profundo pesar informamos que en diversos medios públicos se ha reportado la detención de un sacerdote de nuestra comunidad. En un ejercicio de transparencia y compromiso con la verdad, la Comunidad de los Padres de Schöenstatt confirma que hemos recibido una denuncia contra el padre Cruz Viale, realizada por una mujer mayor de edad. Esta denuncia se ha presentado tanto en la Justicia penal ordinaria como en el ámbito canónico".En noviembre pasado, el vocal de la Cámara Cuarta del Crimen, Luis Miguel Nassiz, en una resolución unipersonal, fijó el inicio del juicio oral contra el sacerdote para el 1° de junio. En ese momento cumplía su detención la cárcel de Bouwer, en los módulos donde se alojan empresarios, profesionales y otros representantes de cultos con causas penales. En diciembre pasado, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. LA NACION intentó comunicarse con la sede local del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, pero no obtuvo respuestas.
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo amplió su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 5. Leer más
Marcela De Jesús Natalia, indígena desplazada, acusó que los actores políticos son cómplices de los ataques armados contra las comunidades
El presidente solicitó garantías sobre sondeos y procesos de información electoral luego de que en redes sociales se denunciaran supuestas granjas de bots para alterar algoritmos
La Comisión propuso a las autoridades realizar tres acciones para solucionar el paro laboral
El formulario busca recoger información de periodistas y comunicadores sobre agresiones, riesgos y efectos en su salud y entorno laboral, con el fin de fortalecer diagnósticos y estrategias de protección para el ejercicio del oficio en Colombia
Sergio Schoklender declaró este miércoles en la causa Sueños Compartidos, que investiga irregularidades en la construcción de viviendas sociales.El abogado involucrado es el cordobés Eduardo Barcesat, especializado en Derechos Humanos.
Sofía Jaramillo Otoya, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, se pronunció luego de las denuncias en contra del periodista y presentador
El testimonio de la madre y videos de vigilancia permitieron ubicar al presunto agresor, mientras los vecinos exigen que se mantenga la custodia policial
Fabio Ríos Garro fue condenado por el doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, provincia de San José
La presentadora y periodista señaló a otra colega que, según su relato, habría influido para su salida del canal
Padres acusaron omisión por parte de autoridades escolares de la primaria "José María Morales y Pavón"
El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que la Fiscalía lo investigó durante once años pese a haber entregado miles de documentos y cuestionó que siga siendo el único procesado por lavado de activos en el caso Cócteles
El informe abarca resultados de fiscalización, instauración de innovaciones tecnológicas y registros electrónicos, así como recomendaciones respecto a la administración de fondos y la supervisión de bienes y servicios estatales
El mandatario habría utilizado medios oficiales, entrevistas y redes sociales para afectar su campaña y favorecer la candidatura de Iván Cepeda durante el proceso electoral
La gobernadora de Chihuahua acusa el uso de "todo el aparato del poder" en su contra
El líder priista afirmó que México enfrenta una crisis de "narcopolítica" y anunció demandas formales en próximos días
La dirigencia morenista en Nuevo León acusó una supuesta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados al gobernador
Pacientes que fueron intervenidas en este sitio aseguran tener secuelas producto de una mala práctica médica
A su salida de Medicina Legal, la exmodelo aseguró que es inocente y responsabilizó al empresario Jefferson Rubiños Olaya.
La Policía de Misiones detuvo al hermano de la mujer tras descubrir que desvió fondos cruciales para la salud de su sobrina desde su propio teléfono.La justicia investiga si el receptor de los 330 mil pesos transferidos por el hermano de Carolina Sosa participó en la estafa o fue un receptor inadvertido.
En una carta, el excanciller de Colombia aseguró que el candidato Abelardo de la Espriella "puede ganar las elecciones en primera vuelta"
En medio del debate por las falsas denuncias, que se reactivó luego de que el proyecto de Carolina Losada consiguiera dictamen en el Senado, el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que el delito es un "fenómeno marginal".Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante tres años (2023-2025), las falsas denuncias representan el 0,09% del total. "Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas", considera el informe, que buscó aportar estadísticas que no existían hasta ahora en la Argentina. Señala que, aunque los datos no representan la totalidad del país, se establece la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad. La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada 1000 en el sistema penal y el falso testimonio, aproximadamente una causa cada 4000. Los datos sí muestran un crecimiento en el número absoluto de casos de falsa denuncia registrados en el período mencionado: pasaron de 1845 a 3142. Incluso con el aumento, representan menos del 0,1% del total. "El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema", apunta el informe. "La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas", ya habían alertado a principios de abril el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal a través de un comunicado elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que funciona bajo su órbita. El proyecto que impulsa Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) busca aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, más aún cuando se trate de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. "El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial", dijo a LA NACION la senadora, quien suele repetir que "la mentira no tiene género".En la Argentina, el Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. Actualmente, el delito de falsa denuncia prevé una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. La iniciativa propone modificar múltiples artículos del Código Penal para aumentar las penas a prisión de uno a tres años y, en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, de tres a seis años. El cambio alcanza tanto a los autores como a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial. La lógica también se traslada al delito de falso testimonio, en la iniciativa de Losada podría tener una pena de hasta ocho años de cárcel, mientras que hoy la ley considera de un mes a cuatro años de prisión. Así, en ambos casos las condenas serían no excarcelables."Muchas estadísticas difundidas sobre falsas denuncias no miden el fenómeno total, sino las condenas firmes por el delito específico de denuncia falsa. Y hablamos de un delito que hoy no se persigue", dijo Losada ante la consulta de LA NACION frente a la difusión del informe. El informe aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales: se solicitó a cada jurisdicción que informen la totalidad de los anoticiamientos que ingresan en los Ministerios Públicos y luego se tomó en consideración cuántos de ellos corresponden a investigaciones por hechos que se enmarcan en el delito de falsa denuncia.Y marca entre los puntos pendientes que "no se relevó el resultado procesal de las causas" por lo que no es posible saber "cuántas falsas denuncias registradas son efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial".Las ocho jurisdicciones que no respondieron fueron Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. CuestionamientosEl principal cuestionamiento a la iniciativa que debate el Senado es que desalentaría la denuncia, cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. En el caso de las mujeres, casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight. A la vez, al extenderse a testigos que pudieran declarar en el proceso, señalan que desalentaría el compromiso de peritos que resultan clave especialmente en este tipo de delitos difíciles de probar. "Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan", concluye el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.El relevamiento también buscó establecer qué proporción de las falsas denuncias corresponde a los supuestos que el proyecto pretende agravar, pero no todas las jurisdicciones pudieron desagregar por tipo de conflicto porque el sistema de gestión no lo permitía y, en algunas de lo que lo hicieron, la desagregación es parcial. "Esto evidencia un déficit de información -no un fenómeno de escala- y refuerza la necesidad de invertir en registro, no en penas", consideraron. No incluyó tampoco desagregación por sexo del denunciante ni del denunciado, un dato central para analizar esta problemática, porque no está disponible a nivel sistémico. Tampoco pudo verificarse con los datos disponibles la hipotésis de la litigación estratégica, utilizar las falas denuncias como una táctica defensiva en disputas familiares, ni el impacto en otros procesos, si modificaron o suspendieron medidas cautelares en los casos en que se realizaron. Son puntos que suelen esbozar quienes están a favor de aumentar las penas. Por promover este proyecto, Losada fue denunciada por un grupo de referentes de Derechos Humanos encabezado por el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski. Se la acusa de los delitos de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen. También por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. "No hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra infancias. Lo que hizo fue mostrar pedófilos que fueron sobreseídos porque las pruebas no alcanzaron. Son dos cosas completamente distintas", dijo Rozanski en declaraciones periodísticas. "Buscan callarme, amedrentarme a mí y al resto de los legisladores. Es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por legislar. Los proyectos te gustan, o no, pero eso se dirime en el Congreso. Inédito en democracia", señaló Losada.
La candidata presidencial acudió a la Comisión de Acusaciones y a la CIDH tras señalar que el mandatario ha utilizado espacios institucionales y redes sociales para atacarla en plena campaña electoral
El hermano de Carlos III protagonizó en 2002 un altercado con una mujer en el evento real más famoso de Reino Unido
La organización internacional solicita que se investigue el papel de empresas y autoridades emiratíes en el suministro de apoyo militar en África, advierte sobre posibles violaciones a embargos internacionales y reclama sanciones globales por el impacto humanitario documentado en el terreno
La cubana reveló en 'Magaly TV, La Firme' que su hijo adolescente habría sido asfixiado por John Kelvin mientras intentaba defenderla
El funcionario judicial de San Jorge podría ser destituido por estafa, uso indebido de sistemas judiciales y amenazas.
El medio decidió apartar a quien encabezaba la conducción del noticiero tras la aparición de señalamientos por conductas de acoso, acción que busca preservar la investigación y enfatizar su compromiso con un entorno seguro
Emiliano Rojas y el diputado morenista marcaron distancia de las acciones legales emprendidas por Mariana Gutiérrez tras la difusión de un video en donde la servidora ejerce maltrato animall
El Partido Justicialista repudió la intervención judicial de la UOM y acusó al Gobierno y a la Justicia de avanzar contra los sindicatos. Leer más
Acusó a la compañía de engañar a millones de usuarios.
El partido gobernante presentará este martes una denuncia penal por presunta triangulación de recursos públicos, conflictos de interés y promoción personalizada
El requerimiento oficial incluyó una petición de datos específicos sobre expedientes abiertos por presunta intervención del jefe de Estado en asuntos electorales
Las denuncias y disputas internas aceleraron una serie de reformas, mientras padres y autoridades francesas exigen transparencia
Las imputaciones atribuyen a diversos exfuncionarios y particulares la realización de actos que, según el escrito, incluyeron la manipulación de pruebas y la restricción de garantías para el periodista guatemalteco desde el año 2022
Más de mil inmuebles ya fueron regresados a sus legítimos dueños
La acusación involucra la sustracción de una billetera durante una actividad de campaña en el mercado Moshoqueque de Chiclayo. El incidente ocurrió horas antes del debate entre equipos técnicos
El sacerdote dominico exiliado en Costa Rica alerta sobre el plan de la vicepresidenta nicaragüense para desplazar el papel moral y social de las instituciones católicas tradicionales en su país
Exige que las niñas esperen a la pubertad si buscan divorciarse. Otro retroceso del régimen de Kabul.
El expresidente destacó que su propósito en la región es dialogar sobre la formalización minera y defender que la venta de la mina se realizó para garantizar las pensiones y el empleo, asegurando que todo el proceso fue transparente
La lideresa fujimorista también rechazó las críticas que responsabilizan a su partido por la actual situación de inseguridad en el país
El caso, ocurrido en el CAI del Parque Centenario y difundido a través de videos en redes sociales, provocó reacciones de colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen claridad sobre lo sucedido
La Fundación para Libertad de Prensa (Flip) también se refirió a los casos que denunciaron los periodistas Melquisedec Torres y Julián Martínez, y que tienen en común al candidato a la Presidencia por parte del Movimiento de Salvación Nacional
La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que las amenazas son para evitar una nueva jornada de búsqueda en Guadalajara
La familia presentó una denuncia ante EsSalud y pidió que se investigue la atención brindada en el hospital Luis Heysen Inchausti
Un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales permitió localizar a la víctima en una zona serrana de difícil acceso entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío
Lo reveló antes de la sentencia judicial que recibió su expareja por violencia de género.La contundente respuesta del odontólogo.
Acusan que la comunicadora ha sido víctima de hostigamiento político
La funcionaria reportó que recibió disparos desde una motocicleta. Los agresores abandonaron un arma en el lugar, mientras la policía intervino tras una persecución, quedando los hechos bajo investigación oficial
Una crisis histórica agudiza la tensión social y expone la fractura territorial en Silvia, mientras la respuesta del Estado sigue sin llegar
La Jefa de Gobierno negó que su gobierno viole las normas de señalética institucional al utilizar el color violeta en la capital
El Frente Institucional Militar vincula la represión política con la crisis humanitaria, reclama justicia por las víctimas y plantea como salida un gobierno de transición, un nuevo CNE y comicios con garantías plenas