La presentadora y periodista señaló a otra colega que, según su relato, habría influido para su salida del canal
Padres acusaron omisión por parte de autoridades escolares de la primaria "José María Morales y Pavón"
El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que la Fiscalía lo investigó durante once años pese a haber entregado miles de documentos y cuestionó que siga siendo el único procesado por lavado de activos en el caso Cócteles
El informe abarca resultados de fiscalización, instauración de innovaciones tecnológicas y registros electrónicos, así como recomendaciones respecto a la administración de fondos y la supervisión de bienes y servicios estatales
El mandatario habría utilizado medios oficiales, entrevistas y redes sociales para afectar su campaña y favorecer la candidatura de Iván Cepeda durante el proceso electoral
La gobernadora de Chihuahua acusa el uso de "todo el aparato del poder" en su contra
El líder priista afirmó que México enfrenta una crisis de "narcopolítica" y anunció demandas formales en próximos días
La dirigencia morenista en Nuevo León acusó una supuesta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados al gobernador
Pacientes que fueron intervenidas en este sitio aseguran tener secuelas producto de una mala práctica médica
A su salida de Medicina Legal, la exmodelo aseguró que es inocente y responsabilizó al empresario Jefferson Rubiños Olaya.
La Policía de Misiones detuvo al hermano de la mujer tras descubrir que desvió fondos cruciales para la salud de su sobrina desde su propio teléfono.La justicia investiga si el receptor de los 330 mil pesos transferidos por el hermano de Carolina Sosa participó en la estafa o fue un receptor inadvertido.
En una carta, el excanciller de Colombia aseguró que el candidato Abelardo de la Espriella "puede ganar las elecciones en primera vuelta"
En medio del debate por las falsas denuncias, que se reactivó luego de que el proyecto de Carolina Losada consiguiera dictamen en el Senado, el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que el delito es un "fenómeno marginal".Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante tres años (2023-2025), las falsas denuncias representan el 0,09% del total. "Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas", considera el informe, que buscó aportar estadísticas que no existían hasta ahora en la Argentina. Señala que, aunque los datos no representan la totalidad del país, se establece la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad. La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada 1000 en el sistema penal y el falso testimonio, aproximadamente una causa cada 4000. Los datos sí muestran un crecimiento en el número absoluto de casos de falsa denuncia registrados en el período mencionado: pasaron de 1845 a 3142. Incluso con el aumento, representan menos del 0,1% del total. "El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema", apunta el informe. "La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas", ya habían alertado a principios de abril el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal a través de un comunicado elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que funciona bajo su órbita. El proyecto que impulsa Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) busca aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, más aún cuando se trate de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. "El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial", dijo a LA NACION la senadora, quien suele repetir que "la mentira no tiene género".En la Argentina, el Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. Actualmente, el delito de falsa denuncia prevé una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. La iniciativa propone modificar múltiples artículos del Código Penal para aumentar las penas a prisión de uno a tres años y, en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, de tres a seis años. El cambio alcanza tanto a los autores como a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial. La lógica también se traslada al delito de falso testimonio, en la iniciativa de Losada podría tener una pena de hasta ocho años de cárcel, mientras que hoy la ley considera de un mes a cuatro años de prisión. Así, en ambos casos las condenas serían no excarcelables."Muchas estadísticas difundidas sobre falsas denuncias no miden el fenómeno total, sino las condenas firmes por el delito específico de denuncia falsa. Y hablamos de un delito que hoy no se persigue", dijo Losada ante la consulta de LA NACION frente a la difusión del informe. El informe aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales: se solicitó a cada jurisdicción que informen la totalidad de los anoticiamientos que ingresan en los Ministerios Públicos y luego se tomó en consideración cuántos de ellos corresponden a investigaciones por hechos que se enmarcan en el delito de falsa denuncia.Y marca entre los puntos pendientes que "no se relevó el resultado procesal de las causas" por lo que no es posible saber "cuántas falsas denuncias registradas son efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial".Las ocho jurisdicciones que no respondieron fueron Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. CuestionamientosEl principal cuestionamiento a la iniciativa que debate el Senado es que desalentaría la denuncia, cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. En el caso de las mujeres, casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight. A la vez, al extenderse a testigos que pudieran declarar en el proceso, señalan que desalentaría el compromiso de peritos que resultan clave especialmente en este tipo de delitos difíciles de probar. "Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan", concluye el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.El relevamiento también buscó establecer qué proporción de las falsas denuncias corresponde a los supuestos que el proyecto pretende agravar, pero no todas las jurisdicciones pudieron desagregar por tipo de conflicto porque el sistema de gestión no lo permitía y, en algunas de lo que lo hicieron, la desagregación es parcial. "Esto evidencia un déficit de información -no un fenómeno de escala- y refuerza la necesidad de invertir en registro, no en penas", consideraron. No incluyó tampoco desagregación por sexo del denunciante ni del denunciado, un dato central para analizar esta problemática, porque no está disponible a nivel sistémico. Tampoco pudo verificarse con los datos disponibles la hipotésis de la litigación estratégica, utilizar las falas denuncias como una táctica defensiva en disputas familiares, ni el impacto en otros procesos, si modificaron o suspendieron medidas cautelares en los casos en que se realizaron. Son puntos que suelen esbozar quienes están a favor de aumentar las penas. Por promover este proyecto, Losada fue denunciada por un grupo de referentes de Derechos Humanos encabezado por el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski. Se la acusa de los delitos de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen. También por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. "No hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra infancias. Lo que hizo fue mostrar pedófilos que fueron sobreseídos porque las pruebas no alcanzaron. Son dos cosas completamente distintas", dijo Rozanski en declaraciones periodísticas. "Buscan callarme, amedrentarme a mí y al resto de los legisladores. Es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por legislar. Los proyectos te gustan, o no, pero eso se dirime en el Congreso. Inédito en democracia", señaló Losada.
La candidata presidencial acudió a la Comisión de Acusaciones y a la CIDH tras señalar que el mandatario ha utilizado espacios institucionales y redes sociales para atacarla en plena campaña electoral
El hermano de Carlos III protagonizó en 2002 un altercado con una mujer en el evento real más famoso de Reino Unido
La organización internacional solicita que se investigue el papel de empresas y autoridades emiratíes en el suministro de apoyo militar en África, advierte sobre posibles violaciones a embargos internacionales y reclama sanciones globales por el impacto humanitario documentado en el terreno
La cubana reveló en 'Magaly TV, La Firme' que su hijo adolescente habría sido asfixiado por John Kelvin mientras intentaba defenderla
El funcionario judicial de San Jorge podría ser destituido por estafa, uso indebido de sistemas judiciales y amenazas.
El medio decidió apartar a quien encabezaba la conducción del noticiero tras la aparición de señalamientos por conductas de acoso, acción que busca preservar la investigación y enfatizar su compromiso con un entorno seguro
Emiliano Rojas y el diputado morenista marcaron distancia de las acciones legales emprendidas por Mariana Gutiérrez tras la difusión de un video en donde la servidora ejerce maltrato animall
El Partido Justicialista repudió la intervención judicial de la UOM y acusó al Gobierno y a la Justicia de avanzar contra los sindicatos. Leer más
Acusó a la compañía de engañar a millones de usuarios.
El partido gobernante presentará este martes una denuncia penal por presunta triangulación de recursos públicos, conflictos de interés y promoción personalizada
El requerimiento oficial incluyó una petición de datos específicos sobre expedientes abiertos por presunta intervención del jefe de Estado en asuntos electorales
Las denuncias y disputas internas aceleraron una serie de reformas, mientras padres y autoridades francesas exigen transparencia
Las imputaciones atribuyen a diversos exfuncionarios y particulares la realización de actos que, según el escrito, incluyeron la manipulación de pruebas y la restricción de garantías para el periodista guatemalteco desde el año 2022
Más de mil inmuebles ya fueron regresados a sus legítimos dueños
La acusación involucra la sustracción de una billetera durante una actividad de campaña en el mercado Moshoqueque de Chiclayo. El incidente ocurrió horas antes del debate entre equipos técnicos
El sacerdote dominico exiliado en Costa Rica alerta sobre el plan de la vicepresidenta nicaragüense para desplazar el papel moral y social de las instituciones católicas tradicionales en su país
Exige que las niñas esperen a la pubertad si buscan divorciarse. Otro retroceso del régimen de Kabul.
El expresidente destacó que su propósito en la región es dialogar sobre la formalización minera y defender que la venta de la mina se realizó para garantizar las pensiones y el empleo, asegurando que todo el proceso fue transparente
La lideresa fujimorista también rechazó las críticas que responsabilizan a su partido por la actual situación de inseguridad en el país
El caso, ocurrido en el CAI del Parque Centenario y difundido a través de videos en redes sociales, provocó reacciones de colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen claridad sobre lo sucedido
La Fundación para Libertad de Prensa (Flip) también se refirió a los casos que denunciaron los periodistas Melquisedec Torres y Julián Martínez, y que tienen en común al candidato a la Presidencia por parte del Movimiento de Salvación Nacional
La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que las amenazas son para evitar una nueva jornada de búsqueda en Guadalajara
La familia presentó una denuncia ante EsSalud y pidió que se investigue la atención brindada en el hospital Luis Heysen Inchausti
Un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales permitió localizar a la víctima en una zona serrana de difícil acceso entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío
Lo reveló antes de la sentencia judicial que recibió su expareja por violencia de género.La contundente respuesta del odontólogo.
Acusan que la comunicadora ha sido víctima de hostigamiento político
La funcionaria reportó que recibió disparos desde una motocicleta. Los agresores abandonaron un arma en el lugar, mientras la policía intervino tras una persecución, quedando los hechos bajo investigación oficial
Una crisis histórica agudiza la tensión social y expone la fractura territorial en Silvia, mientras la respuesta del Estado sigue sin llegar
La Jefa de Gobierno negó que su gobierno viole las normas de señalética institucional al utilizar el color violeta en la capital
El Frente Institucional Militar vincula la represión política con la crisis humanitaria, reclama justicia por las víctimas y plantea como salida un gobierno de transición, un nuevo CNE y comicios con garantías plenas
Marisol Gallegos difundió un video viral donde expone desabasto de recursos en una institución pública mexicana
El esposo de la víctima fue encontrado agonizando debajo de la cama y permanece internado en estado de coma en un centro médico
El reporte trimestral señala que las sanciones de tránsito y las inconsistencias en los procedimientos representan el principal motivo de inconformidad para los residentes, seguidos por quejas en temas sociales y ambientales
La institución aseguró que el jardín cumplió con los protocolos vigentes y afirmó que hasta el momento no recibió notificaciones judiciales sobre personas imputadas. El comunicado se difundió tras la unificación de cuatro denuncias por presuntos abusos en "Niño Dios" . Leer más
La Justicia se negó a suspender el proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Rechazó un pedido de la diputada Marcela Pagano, que denunció irregularidades en ese proceso administrativo.La decisión contra el pedido de Pagano fue del juez federal Daniel Rafecas, luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en este sentido.El martes pasado, se conoció la oferta económica que presentaron las compañías belgas Jan De Nul NV-Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) para quedarse con la concesión.En medio de este proceso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, denunció el viernes pasado una serie de irregularidades.Sostuvo que, tal como están redactados los pliegos, existe una limitación a la participación de algunos competidores, que se omitió hacer la debida la evaluación de impacto ambiental, que hay distorsiones en la forma de evaluar las ofertas y que se limita la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes. La Hidrovía Paraguay-Paraná es la vía que transitan los barcos que transportan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados.La diputada Pagano denunció un direccionamiento en la licitación y, como medida cautelar de no innovar, pidió suspender el trámite, pero el fiscal Marijuan entendió que no estaba probado que hubiera una manifiesta ilegalidad. Lo mismo había sostenido esta semana en la otra causa referida a la Hidrovía, que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. En los dos casos el fiscal es Marijuan, que tiene las dos investigaciones delegadas. El pedido de Pagano buscaba suspender de manera inmediata el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Además, hubo una denuncia de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que había advertido sobre supuesto direccionamiento y fraude al Estado.Con esta resolución, el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para el dragado y balizamiento del corredor fluvial más importante del país podrá continuar su curso mientras avanza la investigación penal.En sintonía con el dictamen del fiscal Marijuan, el juez Rafecas señaló que, debido a que las decisiones de la administración pública gozan de presunción de legitimidad, para dictar una cautelar es requisito ineludible comprobar una "manifiesta ilegalidad o arbitrariedad".El fallo sostiene que las denuncias presentadas se basan en la "presunción de un futuro hecho ilícito". El magistrado argumentó que, al encontrarse la investigación en sus inicios, no existe la convicción suficiente ni se ha logrado acreditar la "verosimilitud del derecho invocado". Concluyó que no se demostró un peligro concreto, actual e inminente en la demora que derive de circunstancias fácticas ya comprobadas en el sumario.El juez decidió no hacer lugar a la suspensión y ordenó remitir la causa al fiscal para que continúe la investigación de fondo en el asunto.Las denuncias describen un presunto esquema de corrupción diseñado para asegurar la concesión a un único oferente, generando un monopolio de facto y un daño multimillonario al Estado.Pagano denunció que los pliegos fueron redactados con exigencias específicas para excluir a empresas con capitales chinos que son competidoras de la belga Jan de Nul.Según la denuncia, la empresa belga Jan de Nul se presenta como oferente principal, pero funcionaría como fachada para "socios ocultos" mediante subcontratos no declarados. Entre ellos, mencionó al Grupo Neuss, que supuestamente se queadría con el 50% del contrato; al Grupo Román y al expresidente Mauricio Macri.Los hermanos Juan y Patricio Neuss vienen ampliando su presencia en áreas estratégicas de la economía. En los últimos meses, participaron de adquisiciones y concesiones vinculadas al negocio energético y quedaron asociados al proceso de privatización de activos clave: lograron la adjudicación del 26,3% de Transener, empresa encargada de administrar la red troncal de transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país, y se quedaron con las concesiones de las represas Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, ubicadas en Río Negro, Neuquén y Mendoza.Neuss completó el círculo al tener presencia en la generación, el transporte y la distribución, donde ya controlaba la distribuidora Edersa, en Río Negro.Pagano también incluyó en su denuncia una alusión a la presunta incorporación al expediente licitatorio de "documentación falsificada atribuida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)". Además, afirmó que el negocio del balizamiento ya estaría "comprometido de antemano" a favor de los empresarios Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías. Como marco de estas irregularidades, destacó que el proceso estaría siendo monitoreado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, al existir sospechas sobre los "socios ocultos" detrás de la licitación.Por su parte, la denuncia de Fernando Míguez señaló que el pliego exige un "calado de 44 pies de cumplimiento inmediato", una condición que solo puede satisfacer en la región Jan de Nul.Míguez señaló al asesor presidencial Santiago Caputo, como el planificador de la maniobra, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como autoridad de supervisión, junto con funcionarios de la Subsecretaría de Puertos y la AGP.
Hay preocupación por la implementación de un sistema de georreferenciación que permitiría rastrear en tiempo real los esquemas de seguridad
El juzgado considera que las grabaciones aportadas a la causa no permiten acreditar hechos con relevancia penal
El caso revela el presunto avance de redes extremistas en la política latinoamericana y expone nuevas amenazas en el entorno digital y legal
La presidenta reveló que fueron los propios ciudadanos quienes alertaron sobre los vínculos criminales de políticos en la entidad
Exfiscal de la Nación requiere que Gustavo Gutiérrez Ticse no intervenga en la demanda competencial porque "generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado"
La sentencia ordena a la Federación reincorporarlo en las mismas condiciones previas a su despido y pagarle una indemnización de 10.000 euros
La organización advierte que las bolsitas de plástico flexible suponen un riesgo añadido para los niños, ya que sus órganos están en pleno desarrollo
El excandidato de Movimiento Ciudadano hizo pública sus quejas tras enviar un documento oficial a la Profeco
Las autoridades judiciales efectuaron un operativo en el Hogar Manos de Jesús con el apoyo de varias instituciones y ordenaron el traslado temporal de algunos residentes mientras recaban pruebas sobre posibles irregularidades y muertes bajo investigación
La viuda de Julián Figueroa señala que confía plenamente en sus abogados y aclaró que no teme enfrentar consecuencias legales tras la denuncia por daño moral interpuesta por José Manuel, pues asegura que este delito no amerita prisión y ella está tranquila
El dirigente priista aseguró que continuará denunciando presuntos nexos entre funcionarios de Morena y grupos criminales
La pintura sobre los 'falsos positivos' en un puente cercano a la residencia del exmandatario llevó al presidente a recordar amenazas que sufrió él y su familia durante los gobiernos del líder del Centro Democrático
La denuncia de la jueza María Servini contra su colega Federico Villena por supuestas amenazas se basa en una serie de mensajes que le mandó el magistrado reclamándole porque supuestamente ella había hablado mal de él y luego de eso no le atendía el teléfono.En esos mensajes, que son 19 según Servini, Villena le reclama a la jueza, que fue su amiga en el pasado y con quien mantenía una cálida relación, porque no le atendía el teléfono.El juez le reprochaba que lo hubiera criticado, situación que la jueza Servini niega, dijeron allegados de ambos magistrados a LA NACION.Servini es la más antigua de los jueces federales, tiene 89 años y está al frente del Juzgado Federal 1 de Comodoro Py 2002. Villena, de 48 años, es juez federal de Lomas de Zamora y fue en el pasado un amigo cercano a la magistrada.En esos mensajes de Villena, del 11 y 12 de mayo, el juez le reprochaba a su colega y le hablaba del "dolor" que le generaba su "actitud", porque señaló que siempre la había admirado. "Siempre fuiste mi modelo a seguir", le decía Villena a Servini el 11 de mayo cerca de las 18 en esos mensajes y le recordaba que se conocen desde que el magistrado era "chiquito".Villena le pedía que lo atendiera. "Vos podrías ser mi abuela", le decía el juez y le recordaba cada vez que se juntaron para almorzar o cenar juntos y lo mucho que disfrutaba esos encuentros.Servini no le respondía y Villena insistía al recordarle que "nunca le había pedido nada", ni siquiera un cargo en la Justicia electoral.Dirigiéndose a la magistrada como "Chuchi", el apodo con el que la tratan sus allegados, Villena le mencionó que nunca la "había usado para nada". Servini cree que Villena mencionaba que la jueza era su protectora cada vez que tenía cuestionamientos de sus superiores, cuestión que el juez niega. A la media hora Villena volvió a escribirle: recordó lo que hizo por la jueza, sin entrar en detalles, y le comentó su creencia de que había alrededor de la magistrada personas que la estaban manipulando para generar una opinión negativa de Villena. "Quiero ver quién de todos esos mierdas que tenés alrededor hubiera hecho lo que yo hice por vos, sin pedirte absolutamente nada a cambio", le escribió el juez.Villena considera que Servini es su amiga y un "modelo de jueza a seguir" y se lo dijo mientras reclamaba que lo llamara.De madrugada, 20 minutos antes de la 1 de la mañana, entró un mensaje en el celular de Villena, que fue borrado, y a la 1 Servini lo llamó. Pero Villena, dormido, no la atendió. Sí lo hizo a las 3 de la mañana, cuando vio el mensaje.La sucesión de comunicaciones del juez hacia la magistrada se sucedió al día siguiente a la tarde, desde las 16 hasta después de las 19, y en ningún momento obtuvo respuesta.Con estos mensajes, Servini planteó una denuncia porque dijo que la sucesión de comunicaciones era intimidatoria y que pensaba que era una amenaza.Posible explicaciónVillena es juez federal en Lomas de Zamora. Servini apoyó al candidato a juez de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Ariel Lijo, y en su entorno entienden que los reproches de Villena tendrían ese origen.Ahora, alejada de Villena, dejó de llamarlo y él la llamó 19 veces en dos días, según denunció Servini. La causa recayó en el juzgado de Lijo, que tiene otras causas abiertas relacionadas con el asunto y es cercano a la jueza Servini.
La "pretendida acusación" tan solo evidencia "la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", dijo Miguel Díaz-Canel.
La entidad aclaró que los casos de posibles daños corresponden únicamente a libretas diplomáticas, subrayando que la producción, distribución y garantía mantienen estándares internacionales y mecanismos de atención activos para reportes ciudadanos
Pablo Quirno tildó las acusaciones de Morales de "falsas y sin asidero". Además, brindó detalles del envío de alimentos desde la Argentina hacia el país vecino y sostuvo que fue en función de "una ayuda humanitaria" tras disturbios en las calles por la gestión de Rodrigo Paz.
El canciller argentino, Pablo Quirno, desmintió este miércoles la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales, quien había asegurado que la Argentina envió aviones Hércules para transportar policías y militares que participaron en la represión de las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz."Son acusaciones totalmente falsas sin ningún tipo de asidero. No es verdad, esto comprueba lo que es ese eje del mal", sostuvo Quirno. "Es muy difícil cuando opositores que perdieron elecciones tratan de desestabilizar a un gobierno que llegó hace seis meses y está intentando corregir las barbaridades que se cometieron durante 20 años", agregó.El funcionario detalló además que el envío del avión oficial tuvo como única función trasladar alimentos para la población civil, en un marco de cortes de rutas generalizado que afectan gran parte del territorio de ese país. Según el comunicado oficial, el operativo llevó 12 toneladas de pollo congelado y provisiones de primera necesidad. "Fue solo para ayudar a transportar alimentos y poder saltar el bloqueo que hace la gente que simpatiza con Evo Morales", argumentó.El ministro se refirió de este modo a las acusaciones de Morales, que dijo el martes que la ayuda humanitaria fue un pretexto para ocultar un apoyo a las fuerzas armadas del gobierno de Paz en la represión de las movilizaciones. "Han trasladado policías en aviones enviados por Milei. Militares también. La policía no tenía material contra las movilizaciones y llegó desde la Argentina, en los Hércules enviados por Milei", aseguró el expresidente en diálogo con Radio 10.Noticia en desarrollo
El canciller Pablo Quirno explicó que la Argentina contribuyó con un avión Hércules para el traslado de alimentos en medio de los bloqueos realizados por militantes de Evo Morales. "Las acusaciones demuestran lo que es el eje del mal", planteó
El presidente colombiano ha cuestionado en más de una ocasión al expresidente de Honduras
El mandatario pidió investigar posibles conexiones políticas y empresariales detrás de las supuestas maniobras y solicitó convocar la Comisión de Garantías Electorales para proteger la transparencia del proceso democrático
Sindicatos y trabajadores del sector se movilizan bajo el lema: "La salud no puede esperar". Desde la cartera de Mario Lugones señalan que a través de distintos programas Nación invierte casi 2 billones de pesos en territorio bonaerense
Un funcionario del hospital Rebagliati implicó a directivos del Seguro Social en presuntas maniobras para favorecer al expresidente, incluyendo atenciones médicas irregulares y la alteración de su expediente clínico, con el objetivo de facilitar su excarcelación
La denuncia, realizada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, apunta contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por irregularidades en la facturación. Leer más
Con cuatro denuncias formalizadas y las causas recién unificadas, las familias reclamaron por respuestas que la justicia ralentizó durante doce meses. Trascendió, además, la existencia de un posible quinto caso, todavía sin denuncia formal. Leer más
En un episodio que parece extraído de un thriller, pero con el peso de una realidad dolorosa que arrastra una década y media de una justicia incompleta, Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera â??el hombre que pasó 11 años preso por el doble crimen de dos turistas francesas que la Corte Suprema terminó anulandoâ??, terminó en el suelo, rodeada de policías y forcejeando para evitar que le introdujeran un hisopo en la boca: se negaba a la extracción compulsiva de una muestra de ADN para compararlo con rastros hallados en la escena del hecho. Para el Ministerio Público Fiscal de Salta se trató de un acto de rebeldía ilegítima y de obstrucción indebida del proceso penal; para Innocence Project Argentina, la organización que se ocupó del caso de Santos Vera â??y ahora, del de Yapuraâ??, fue un acto de "violencia institucional" contra una mujer que padece una enfermedad grave y que tiene por objetivo volver a situar en la escena del doble crimen a Vera. Y las acusaciones cruzadas suman más condimentos en un caso que vuelve a tener en vilo a la provincia.Todo ocurrió el viernes pasado en las instalaciones del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Yapura no llegó allí por su voluntad; fue trasladada mediante el uso de la fuerza pública por orden del juez de Garantías de 2a. Nominación, Ignacio Colombo. "¡Quiero que busquen a los verdaderos responsables!", gritaba la mujer mientras era arrastrada por el suelo y reclamaba la presencia del Procurador y del gobernador.El traslado de Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, para un hisopado por la causa del doble crimen de las turistas francesas en SaltaSegún el informe oficial de la Unidad Fiscal, la mujer se negó sistemáticamente a ingresar a la sala de extracción, se arrojó al suelo y obligó al personal policial femenino a emplear la fuerza física para cumplir la manda judicial.El relato oficial roza lo cinematográfico: una vez dentro, Yapura habría intentado morder al personal del CIF mientras sus abogados, Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, filmaban todo con sus celulares instándola a pedir la presencia del gobernador, Gustavo Sáenz. Pero el detalle que más sorprendió a los fiscales fue el hallazgo de un micrófono inalámbrico acondicionado entre las prendas de la mujer. La fiscalía lo interpretó como un intento de "instalar falsedades en los medios", especialmente ante la presencia de documentalistas franceses que siguen el caso.Sin embargo, desde Innocence Project Argentina la lectura es diametralmente opuesta. En diálogo con LA NACION, su presidente, Manuel Garrido, explicó: "Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error". Según fuentes de la defensa, Yapura se encuentra en un delicado estado de salud â??está bajo tratamiento por un cáncer graveâ?? y la medida fue ejecutada de manera invasiva a pesar de haber sido apelada. Se destacó como hecho gravoso, además, que se pretendía someter al hisopado para realizar un peritaje de ADN a una persona que no está imputada en la causa.Garrido no ahorró críticas al procedimiento. Para el abogado, quien representó a Santos Vera ante la Corte Suprema, la Justicia de Salta está intentando "cerrar la causa a cualquier costo" para evitar un nuevo juicio que podría llevar el caso a niveles escandalosos."La brutalidad quedó en evidencia. No tiene sentido semejante violencia con una persona que es tercera, que no es sospechosa y que no está imputada", afirmó Garrido en referencia a Yapura. El presidente de Innocence Project Argentina explicó que el Código Procesal Penal permite el uso de la fuerza para obtener muestras de imputados, pero no dice nada sobre terceros ajenos a la investigación. Según Garrido, existe una "desconfianza lógica" de Yapura en el sistema judicial salteño: "Tiene miedo de que le cambien el perfil genético... después de todo lo que pasó con el marido, sospechan de las irregularidades en los procedimientos".Garrido también desmitificó el episodio del micrófono. Aclaró que Beatriz estaba siendo entrevistada por documentalistas franceses cuando la policía llegó al lugar para trasladarla. "La mujer tenía puesto el micrófono que te ponen para una entrevista y se lo secuestraron como si fuera una espía... es una prepotencia absoluta", denunció. Para el experto, la fiscalía sigue empecinada en una "hipótesis única" que vincula a Vera, a pesar de que fue absuelto, buscando lo que llaman una transferencia secundaria de ADN.El fantasma de 2011Hay una pregunta que no tiene una única respuesta: ¿Por qué la Justicia salteña necesita, con tanta urgencia, el ADN de la esposa de Vera y de otras ocho mujeres? La explicación oficial reside en los perfiles genéticos femeninos detectados por laboratorios franceses sobre los restos de una de las víctimas, Cassandre Bouvier, cuyo padre, Jean-Michel, ha defendido la inocencia de Vera.La lista de citadas incluye a exparejas de los otros sospechosos (como Fernanda Cañizarez, pareja de Gustavo Lasi, ya condenado por el doble crimen, y Andrea Alarcón, quien mantuvo una relación sentimental con Vera en tiempos del hecho), médicas que hicieron las autopsias y operadoras de laboratorio, e incluso a una mujer que denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte del esposo de Yapura. El objetivo, dicen los fiscales, es determinar si esos rastros biológicos pertenecen a alguien que manipuló las muestras o si hubo un "arrastre" por contacto personal con los sospechosos. No obstante, los fiscales aclararon que una coincidencia no implicaría culpabilidad para estas mujeres, lo que llevó a la defensa de Vera y Yapura a preguntarse: ¿Si no sirve para incriminarlas, por qué arrastrar a una mujer enferma por el suelo para obtenerlo?El tema aquí pasa por los tiempos, ya que el hecho sucedió en julio de 2011 y en menos de dos meses podría prescribir. Durante años, el caso de las turistas francesas asesinadas en Salta estuvo rodeado de sospechas, denuncias de irregularidades y fuertes cuestionamientos a la actuación judicial local. Las dudas sobre un posible encubrimiento y la presunta protección de los verdaderos responsables atravesaron toda la investigación desde el inicio.En 2014, tres guías de la zona â??Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilteâ?? llegaron a juicio acusados por el doble crimen. El 2 de junio de ese año, Lasi fue condenado a 30 años de prisión luego de que su ADN fuera hallado en los cuerpos de las víctimas. En cambio, Vilte y Vera resultaron absueltos por el beneficio de la duda.Sin embargo, el expediente dio un giro tiempo después. Lasi no solo admitió su participación en los hechos, sino que además declaró ante la Justicia que Vera, bajo los efectos del alcohol, lo había obligado a abusar sexualmente de las jóvenes a punta de fusil. Aunque ese relato nunca pudo corroborarse con pruebas concluyentes, terminó siendo clave en la revisión del caso.En 2016, el Tribunal de Impugnación de Salta revocó la absolución de Vera y lo condenó a prisión perpetua como coautor del doble homicidio, aun cuando no existían pruebas directas que lo ubicaran en la escena del crimen.Desde entonces, Vera sostuvo su inocencia de manera permanente. Esa postura fue acompañada públicamente por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien durante años insistió en que el expediente estaba atravesado por inconsistencias y que el condenado no era responsable de los asesinatos.La sombra del poderMientras en Salta los forcejeos copan los titulares, en Francia, Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, sigue su propia cruzada. A diferencia de la fiscalía local, Bouvier siempre creyó en la inocencia de Santos Vera y denunció que la investigación original fue "incompleta e irregular".El padre de la víctima sostiene que existen tres perfiles de ADN masculinos no identificados en la causa y que el estado de los cuerpos sugería que las jóvenes pudieron haber estado privadas de su libertad antes de ser asesinadas, contradiciendo la cronología oficial. En Salta, el rumor de un eventual encubrimiento a "hijos del poder" o sectores de las altas esferas de la política nunca se disipó y es utilizado como una teoría para explicar la resistencia judicial a abrir un nuevo juicio transparente.Pero el final de esta causa parece estar lejos de encontrar justicia. El escándalo de Beatriz Yapura es solo el último capítulo de una tragedia que no encuentra fin. Mientras la Unidad Fiscal planea viajar a Francia para recibir nuevas testimoniales, la defensa de Yapura asegura que ella está dispuesta a entregar su ADN de forma voluntaria, pero con una condición innegociable: que se permita la participación de un perito de parte para garantizar que la muestra no sea manipulada. Según pudo averiguar LA NACION, eso ocurrirá este miércoles. Será un capítulo más en busca de que el asesinato de las dos turistas francesas, ocurrido hace casi 15 años y el cual está muy cerca de prescribir, no quede impune.
A raíz de las protestas del lunes pasado, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, aseguró que se trató de una "estrategia desestabilizadora" vinculada al expresidente Evo Morales.
El joven de 21 años desapareció el sábado en Puerto Tirol luego de salir rumbo a la casa de su novia. La Justicia activó dos investigaciones paralelas: una por su desaparición y otra por la posible responsabilidad de efectivos policiales señalados por la familia. Leer más
Lo anunció el canciller Fernando Aramayo, quien agregó que buscan desestabilizar al país. Y cargó contra el ex presidente Evo Morales, a quien acusó de buscar la ruptura del orden democrático.
El Centro de Estimulación Renacer, de Arroyito, aseguró que desde noviembre no recibe pagos del programa nacional Incluir Salud. Desde la institución advirtieron que la situación ya compromete el pago de profesionales. Leer más
La actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia
Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unirán este miércoles en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. Impulsada por el gremio estatal de ATE, la protesta tendrá como epicentro el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, en el límite de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Habrá un acto sobre la calle 25 de mayo, del lado bonaerense. La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso."En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000", indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo. "En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro", agregó el dirigente estatal.Además, la movilización contará con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Participarán, entre ellos, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y representantes de asociaciones gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos. Se firmará un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.En paralelo, este miércoles también habrá un reclamo nacional de los gremios de médicos en pedido de una recomposición salarial.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron â??por unanimidadâ?? el sobreseimiento de Caputo.Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas porque el 1 de marzo de 2025, tras el discurso del presidente Javier Milei, se enfrentaron en una discusión dentro del Congreso de la Nación.Manes expresó que, mientras se llevaba a cabo el discurso presidencial, su compañero de bloque, el diputado Pablo Juliano, efectuó manifestaciones a viva voz que motivaron la contestación de Milei.En ese contexto, Manes dijo que advirtió gritos que provenían de un palco superior ubicado a sus espaldas y que pudo ver que Caputo le habría hecho un gesto al señalarse los ojos con los dedos índice y mayor, como si le indicara que lo estaba mirando. Manes sostuvo que el asesor presidencial, entre otras palabras, expresó: "¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!"; y que, según le dijo el diputado Juliano, Caputo también le expresó: "Te voy a hacer mierda".El momento de la pelea entre Caputo y ManesEl ex diputado nacional declaró que, una vez finalizada la apertura de sesiones, se retiró de su banca en compañía de otros diputados; en uno de los pasillos fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó sobre su opinión acerca de las palabras del presidente.Según la querella, Caputo apareció en ese contexto acompañado de otras personas e interrumpió la conversación. Manes dijo que Caputo se le acercó "cara a cara", que luego levantó su mano derecha y la colocó sobre el rostro del ex legislador, para después decirle frases como "vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio", "vos no me conoces a mí" y "ya me vas a conocer a mí" y finalmente retirarse previo darle dos palmadas en el pecho.La Sala II de la Cámara Federal confirmó -por mayoría- la resolución del juez de primera instancia que había sobreseído a Santiago Luis Caputo por amenazas. Manes llevó el caso a la Cámara Federal de Casación, que convalidó el sobreseimiento al rechazar el recurso del exdiputado nacional.El juez Borinsky â??al que adhirieron los jueces Gustavo Hornos y Carbajoâ?? consideró que la querella no había logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal que concluyó que no había delito en los actos denunciados.El juez precisó que el contexto de los hechos había sido valorado y resultó clave para el sobreseimiento. Dijo que la secuencia de sucesos se inscribía en un contrapunto entre personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encontraban en el Congreso de la Nación con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025.Según Borinsky, los actos atribuidos a Caputo acontecieron en medio de "una acalorada disputa política" y en ese marco se debían interpretar los hechos. Borinsky estimó que Manes no había logrado poner en evidencia que los sucesos excedieran los límites de la discusión política. No negó el episodio ni los "tintes hostiles o agresivos" que pudiera haber percibido Manes.Sin embargo, concluyó que la querella no había demostrado que la secuencia de actos encuadrara en el delito de amenazas, y menos agravadas. La fiscalía, además, había postulado la inexistencia de delito. Borinsky entendió que el fallo de la Cámara Federal era válido y que la querella no había demostrado la existencia de arbitrariedad.El juez Hornos compartió las consideraciones y sostuvo que las expresiones de Manes no encuadraban como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el delito de amenazas. Precisó que el altercado que había involucrado a Manes y a Caputo se dio en una acalorada discusión y que debía contextualizarse "en las controversias propias de la discusión política"."En un recinto donde aquello que se busca es la generación de debates y consensos como mejor expresión de la democracia liberal que impera en nuestro país y carecen de la entidad amenazante que le había adjudicado -seguramente con buena fe- el querellante", dijo Hornos. Por su parte, Carbajo compartió las consideraciones expuestas por Borinsky y Hornos.
La Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso del exdiputado nacional, que había denunciado al asesor de Javier Milei por supuestas amenazas en el Congreso