ley

Multadas 19 empresas con sanciones que suman 708.000 euros por incumplir la ley de cadena

Este es el requisito documental que pide la ley para heredar una pensión en Colombia

El proceso para heredar una pensión requiere acreditar parentesco con el causante y presentar una serie de documentos ante Colpensiones o los fondos privados

"La edad no puede ser excusa": Bullrich reclamó por la Ley Penal Juvenil tras la difusión del video del crimen de Jeremías

El momento en el que el joven de 15 años recibió las más de 20 puñaladas que lo mataron habría sido registrado por sus asesinos.La senadora aprovechó la conmoción social para pedir por la baja de edad de imputabilidad.

El lugar del mundo que limitó por ley cuántos perros pueden vivir en una casa: por qué lo hizo

Una nueva ordenanza limita cuántos perros adultos puede tener cada hogar y obliga a que todos estén licenciados, vacunados contra la rabia y con correa en espacios públicos. La medida, que busca reducir conflictos entre vecinos y mejorar el control animal, encendió el debate entre familias que ven a sus perros como parte de la familia y temen que estos topes cambien para siempre la forma en que conviven con sus mascotas.Esta nueva ley pone un tope claro a cuántos perros adultos se pueden tener por vivienda: hasta cuatro en casas unifamiliares y solo dos en departamentos o edificios multifamiliares, además de limitar a una sola hembra para cría por hogar. La hinchada de Boca lo presionó y ahora vende todos los departamentos con vista a la Bombonera: cuánto cuestanEsta regulación, que puede sonar exagerada para muchas familias latinas en Estados Unidos, abre un debate que atraviesa tanto el amor por los animales como el peso de las normas locales en la vida diaria. En un país donde millones de hispanos han convertido a sus perros en parte central de la dinámica familiar, cualquier intento de regular cuántos pueden vivir bajo el mismo techo se siente casi como meterse con la intimidad del hogar. Las autoridades insisten en que la medida busca prevenir el hacinamiento, los conflictos con vecinos y situaciones de negligencia, en un contexto de convivencia urbana cada vez más tensa, donde los gobiernos locales tratan de poner orden sin romper del todo ese lazo emocional entre la comunidad y sus mascotas.Esta discusión conecta con una realidad muy cotidiana para la comunidad hispana en Estados Unidos: el perro no es solo "la mascota", es parte de la familia. Por eso, cuando una ciudad establece por ley cuántos perros pueden vivir en un hogar, el impacto se siente tanto en los trámites municipales como en la manera en que las familias organizan su día a día, sus gastos y hasta sus planes de seguir rescatando animales de la calle o de los shelters locales.Susana Giménez: se vendió su histórico penthouse en Barrancas de Belgrano¿Cómo es la nueva ley en Oregón?La ordenanza rige en la ciudad de The Dalles y actualiza el código municipal sobre control de perros, con entrada en vigor el 7 de enero de 2026. En la práctica, introduce una diferencia clara entre tipos de vivienda: en casas unifamiliares se permiten hasta cuatro perros adultos, mientras que en duplex, edificios y otras viviendas multifamiliares el máximo baja a dos perros adultos por unidad, con solo una perra destinada a la cría en cada domicilio. ¿Qué pasa con quienes ya superan el límite?Uno de los puntos más delicados tiene que ver con los dueños que, antes de la entrada en vigor de la norma, ya convivían con más perros de los que ahora se permiten. La ciudad habilitó un régimen especial para estos casos, similar a lo que en Estados Unidos se conoce como "grandfathering", que permite conservar a los animales actuales sin sanciones inmediatas, siempre que se cumplan plazos y condiciones específicos.Los propietarios deben informar formalmente su situación al servicio de control animal dentro de los 60 días posteriores al inicio de la ordenanza, con fecha límite fijada en el 8 de marzo de 2026, y luego obtener una licencia para cada perro a más tardar el 1 de julio de 2026. Hay un detalle clave: los perros registrados bajo este régimen no pueden ser reemplazados; a medida que fallezcan, sean dados en adopción u otra circunstancia los aleje del hogar, el número total deberá ir descendiendo hasta ajustarse al máximo fijado por la ley. Para las familias que han ido rescatando perros del barrio o de refugios, esta cláusula funciona como un freno, incluso si por ahora pueden conservar a toda su "manada".Licencias, vacunas y obligacionesLa normativa también refuerza el sistema de licencias obligatorias para perros dentro de la ciudad. Para obtenerla, los dueños deben presentar un comprobante de vacunación antirrábica vigente y pagar una tarifa que será definida en el esquema de tasas municipales, algo que se alinea con lo que ya ocurre en otros condados de Oregón. Una vez completado el proceso, cada perro recibe una placa identificatoria que debe llevar en el collar siempre que no esté bajo la supervisión directa de su dueño, sirviendo como prueba de registro y de vacunación.Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados en 2026Para muchos hogares hispanos, este requisito se suma a la lista de gastos fijos del año. Sin embargo, también facilita demostrar que el animal está vacunado, registrado y bajo control. Quien tenga varios perros deberá organizarse bien con fechas, citas veterinarias y pagos, algo que puede resultar complicado para quienes sostienen más de un trabajo o dependen de horarios rotativos.Reglas más estrictas en la vía públicaLa ordenanza no solo se queda en lo que pasa dentro de la casa, sino que endurece las reglas para los perros en la calle y otros espacios públicos. A partir de ahora, los animales deberán estar con correa siempre que se encuentren fuera de la propiedad de su dueño, salvo en zonas específicas habilitadas para perros sueltos. Pueden ser considerados "deambulando" si están sin control, lo que abre la puerta a que sean retenidos por las autoridades.Además, la ley contempla la incautación de perros sin licencia o de aquellos que queden sin custodia. Este punto ha generado críticas entre defensores de los derechos animales, que temen que algunos perros terminen en refugios saturados o incluso sean eutanasiados si no encuentran adoptantes a tiempo. Tendencia en otras ciudades y debate culturalLa actualización del código en The Dalles se inserta en una tendencia más amplia dentro de Estados Unidos: cada vez más ciudades regulan con mayor firmeza la tenencia responsable de mascotas, estableciendo límites de cantidad, exigencias de licencia y reglas estrictas sobre el uso de correa y la circulación en espacios públicos. Entre vecinos y organizaciones, las opiniones están divididas; hay quienes celebran que, por fin, se combata el hacinamiento, el maltrato y los perros que andan sueltos poniendo en riesgo a peatones y otros animales, y quienes consideran que se está metiendo en la vida privada de hogares que cuidan bien a varios perros pero no encajan en el nuevo modelo.En comunidades hispanas de todo el país el debate va más allá de lo jurídico. La pregunta de fondo es hasta qué punto las ciudades pueden imponer números rígidos sin desconocer el peso emocional y cultural que estos animales tienen en la vida cotidiana de las familias latinas en Estados Unidos, que muchas veces ven en sus perros un apoyo silencioso frente a la distancia, el estrés y los desafíos de la migración.

Diferencias por la ley de "inocencia fiscal" y la falta de aliados, las razones de la salida de Starc

"Se negaba a ser flexible con la reglamentación de la ley de inocencia fiscal", aseguran en los pasillos de la UIF para explicar la renuncia de su titular, Paul Starc. El exfiscal aguantó apenas nueve meses en el cargo y ahora recalaría en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Sus principales detractores no estaban en el Ministerio de Justicia, que terminó anunciado su salida, sino en Economía. La ley de inocencia fiscal fue sancionada por el Senado en diciembre. Durante el debate, se escucharon fuertes cuestionamientos de algunos senadores peronistas, que plantearon que la norma favorece el lavado de activos. El debate se trasladó al Gobierno y comenzaron los tironeos por la reglamentación. La norma aprobada modifica la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, elevando de 1,5 millón a 100 millones de pesos el monto para configurar el delito de evasión simple y de 15 millones a 1000 millones de pesos la evasión agravada.Con el mismo criterio, se elevaron las cifras para otros delitos. Así, el piso para configurar el delito de falsificación de facturas pasa a ser de 100 millones de pesos. Para los agentes de retención, el número pasará de 100 mil pesos a 10 millones de pesos y se extiende a 30 los días de plazo para depositar los fondos retenidos."Se resistió a bajar las defensas del sistema anti-lavado para que ingresen los dólares del exterior sin que nadie te moleste, como pretenden los que promueven la ley", asegura un funcionario que sobrevive a distintas gestiones en la UIF, ante una consulta de LA NACION. En los pasillos del organismo, también hablan de diferencias personales con otros funcionarios y de un estilo personal que le impidió tejer alianzas: "No se supo integrar y se terminó aislando". Por esos motivos, en el organismo antilavado la noticia de su renuncia no sorprendió. Desde noviembre, de hecho, había rumores de una posible salida. La oficialización de la renuncia estuvo a cargo del Ministerio de Justicia porque la UIF pasó hace un tiempo a depender de esa cartera. En tiempo récord, encontraron un reemplazante, que contaba con el aval de Santiago Caputo y del ministro Mariano Cúneo Libarona. Se trata de Ernesto Gaspari, cercano al flamante titular de la SIDE, Cristian Auguadra, flamante titular de la SIDE. En el Gobierno buscan minimizar por estas horas el impacto de la renuncia. El comunicado oficial asegura que Starc "desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso", y contribuyó a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo "se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes". "Fue algo consensuado, fue un tema de funcionamiento interno", agregó una fuente de la Casa Rosada. Starc estuvo hace una semana en Washington para reunirse con funcionarios de la FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) e intercambiar información sobre el "capítulo internacional" del escándalo en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La participación del UIF la habían reclamado los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, titular de la PROCELAC, en la causa que lleva adelante el juez Luis Armella. La FinCEN tiene la potestad de pedirle a los bancos la misma información que se obtuvo a través de los discoveries judiciales sobre la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. "El viaje a Estados Unidos no tuvo nada que ver con el desenlace, es una coincidencia", dijo un alto funcionario del Gobierno que dialogó con Starc en las últimas horas. La misma fuente agregó: "No trajo nada relevante".

Buenas noticias para personas buscando residencia en Florida: una ley propone dar un 40% de unidades asequibles a familias

La senadora Alexis Calatayud propuso una norma para habilitar un nuevo complejo residencial.

Reforma laboral: cámaras empresariales buscan cambios en el proyecto de ley sin frenar su avance

CAME, CAC y ADIMRA realizaron solicitudes de modificación en algunos puntos del proyecto de ley que en las próximas semanas el Gobierno estará impulsando. Con el objetivo de debatir y revisar artículos, sin perjudicar el avance de una modernización laboral. Leer más

El PP exige a Puente presentar una "auditoría" sobre la red ferroviaria como le "obliga" la Ley de Movilidad

Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve a un Gobierno que necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

Facua pide a Consumo que mejore la ley que prohíbe los incrementos de precios en tragedias

Esto puede hacer "cualquier propietario en ausencia del administrador", según la Ley de Propiedad Horizontal

El rol del administrador del edificio es crucial para lograr una convivencia entre los habitantes de los diferentes departamentos. Pero, ¿qué pasa si hay una urgencia y no contesta? Esta es una de las muchas cuestiones que están recogidas en la Ley de Propiedad Horizontal.Susana Giménez: se vendió su histórico penthouse en Barrancas de BelgranoNo es una normativa reciente. En 1948 se sancionó la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, pionera en esta área, que estableció reglas comunes para organizar la vida en los edificios. A través de 20 artículos publicados en el Boletín Oficial se definía de qué manera se organizan y funcionan los inmuebles compuestos por unidades independientes.Entre sus disposiciones, la ley establecía que los distintos departamentos podían pertenecer a propietarios diferentes; que cada dueño sería titular exclusivo de su propiedad y copropietario sobre el terreno y los espacios comunes del edificio, entre otros puntos. Aunque esta ley estableció las bases de vivir en conjunto, fue derogada con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó el derecho civil y el comercial, y fue aprobado por la ley 26.994, el 8 de octubre de 2014.La normativa más reciente, no se opone a la anterior: sigue su misma línea e incorpora soluciones prácticas que ya se aplicaban en códigos procesales y en leyes locales.Esta legislación trata la temática del administrador, específicamente en el capítulo siete del código, donde se enumeran sus responsabilidades y obligaciones. Su rol es definido como "El representante legal del consorcio con el carácter de mandatario". Este puesto puede ser ocupado por un propietario o un tercero y tanto por una persona humana o jurídica.Esta figura responde a la ley, al reglamento del edificio y a lo que decide la asamblea, por lo que no puede actuar por fuera de ese marco. Entre sus principales obligaciones se encuentran convocar a la asamblea, ejecutar sus decisiones, rendir cuentas, notificar a los propietarios sobre la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio y mantener asegurado el inmueble, entre otras funciones.Sin embargo, si es necesario una reparación urgente, el artículo 2054 permite que "cualquier propietario", en ausencia del administrador y del consejo, pueda realizar estos arreglos de las cosas o partes comunes". El individuo debe tener en cuenta que si el gasto resulta injustificado el consorcio está habilitado a negar el reintegro total o parcial e incluso a exigir la restitución de los bienes a su estado original.Por otro lado, en lo que respecta a obras planeadas, en partes comunes, pueden realizarse, siempre que exista un informe técnico profesional y con el voto de la mayoría de los propietarios. En caso de un desacuerdo, los que pidieron la obra, y los que se oponen, pueden recurrir a la Justicia, y el juez evaluará la razonabilidad. Tendrá en cuenta el costo, el reglamento o ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto del inmueble. La decisión de la mayoría sigue vigente a menos que haya una orden judicial expresa.Elefante Blanco: en qué se convertirá el edificio que estuvo tomado durante 50 años en BelgranoTambién es importante remarcar, que se requiere el acuerdo de todos los propietarios cuando la obra de las "cosas y partes comunes", modifica sustancialmente la estructura del edificio o cuando se realiza con un interés particular que únicamente beneficia a un propietario.Además, cuando la mejora se realiza por un interés particular, el beneficiario deberá asumir los costos de la obra y los de la modificación del reglamento y de su inscripción.

A pesar de la advertencia de la Justicia, el Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Sostienen que no hay plata para la implementación y están evaluando enviar un nuevo proyecto al Congreso.

Reforma Laboral: las empresas negocian cambiar artículos con Patricia Bullrich sin voltear la ley

Las cámaras empresarias ratificaron su apoyo general a la iniciativa pero exigieron corregir la "letra chica" que desfinancia a las entidades y atomiza la negociación colectiva. El objetivo es desactivar los riesgos de judicialización para garantizar que la norma sea aplicable y no termine frenada en la justicia. Leer más

Partido opositor venezolano espera que reforma de Ley petrolera abra puertas a inversiones

Omar Maturano: "Quieren modificar una ley laboral y tienen el lomo virgen"

El dirigente sindical denunció que la reforma laboral fue redactada sin diálogo con trabajadores ni empresarios y afirmó: "Tenemos que hacer un paro de 48 horas por la falta de respeto del Gobierno a la CGT". Leer más

Federico Sturzenegger: "Mi única tarea es que no aparezca ninguna ley de inteligencia artificial"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado participó en una mesa de opinión en el Foro Económico Mundial, en donde dejó la opinión del Gobierno nacional frente una posible regulación estatal de las nuevas tecnologías. Leer más

El etanol volvió a ahorrar dólares, pero desde el sector afirman que la falta de una nueva ley frenó inversiones en 2025

Desde el sector productivo afirman que el fracaso en la actualización de la legislación implicó resignar inversiones, competitividad y mayor valor agregado. De haberse elevado el corte al 15%, el país podría haber evitado importaciones de naftas por 410 millones de dólares.

Ley de Sucesiones: en qué casos los viudos pueden quedarse sin herencia aunque haya testamento

Cambios normativos recientes en Argentina alteran el reparto patrimonial y priorizan derechos familiares por sobre instrucciones privadas

Ministerio de Transporte radicó proyecto de ley que intensificaría supervisión al transporte en el país

La cartera presentó la iniciativa legislativa ante el Congreso de la República, en aras de proveer un modelo más eficaz en la supervisión de los servicios de transporte

Padres denunciados por alimentos no ingresarían a conciertos y eventos deportivos, según proyecto de ley

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, promotora de la iniciativa en el Congreso, indicó que la medida impediría a quienes figuren en el sistema Redam acceder a grandes recitales y encuentros deportivos

Javier Milei habla hoy a las 11.45 en Davos; la Justicia exige al Gobierno que aplique la ley de discapacidad

Milei habla en el Foro Económico de Davos. El Presidente expone hoy a las 11.45 hora argentina según el cronograma oficial, donde se espera que su disertación esté enfocada en la actualidad de la geopolítica global y que reafirme su alineación con el gobierno de Estados Unidos. Su discurso tendrá lugar una hora después del de Donald Trump ante el foro que reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo. El Gobierno sigue buscando apoyos para la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con una serie de reuniones con gobernadores en busca de respaldo para el proyecto en el Congreso. Esta semana ya se encontró con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz; hoy lo hará con Rolando Figueroa de Neuquén, y mañana se reunirá con Rogelio Frigerio de Entre Ríos.Un juez federal le exigió al Gobierno que aplique la ley de emergencia en discapacidad. El magistrado Adrián González Charvay le dio dos semanas al Gobierno para que implemente la ley de emergencia en discapacidad a partir del 4 de febrero. Además, el juzgado federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo que comenzaron dos padres, le dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar el avance de los trámites para que se cumpla la normativa que fue sancionada por el Congreso.El Gobierno eliminó un aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego. La Secretaría de Industria y Comercio dejó sin efecto el 15% que estaba destinado a financiar el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina. La medida llega después de la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de celulares.Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El Real Madrid goleó 6 a 1 al Mónaco por la séptima fecha del torneo más importante a nivel clubes de Europa. El tercer gol del merengue lo anotó el volante argentino, quien logró revertir la opinión de los hinchas y de los periodistas españoles, que se deshicieron en elogios por su actuación.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

Para frenar al ICE en Florida: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención inmediata

Luego de un año en el que se vio un aumento en las redadas en Florida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) advirtió que continuará con su tarea en 2026. Para evitar una detención inmediata, los migrantes que residen en el área deben presentar ciertos documentos a los agentes. La lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata en FloridaTanto inmigrantes con estatus legal como aquellos con una situación irregular deben portar ciertos documentos para comprobar su identidad y residencia en Florida, según explicó la organización North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales en Estados Unidos. La lista varía según el escenario que enfrenta cada extranjero.Para quienes tienen estatus legal, los documentos son:Tarjeta de residencia permanente (green card).Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).Aviso de aprobación (I-797).Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.Si la persona tiene un caso de inmigración pendiente, puede cargar copias de avisos de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) como el I-797.En el caso de los extranjeros sin estatus legal, es importante que lleven consigo:Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.Contratos de arrendamiento o alquiler.Facturas de servicios públicos.Registros médicos, escolares u otros registros suyos o de los hijos.Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.Licencia de conducir emitida por el estado (si corresponde).Además, la organización también recomienda tomar ciertas medidas para llevar los documentos y conservarlos en buen estado:Portar solo lo necesario: guardar los originales en un lugar seguro y trasladarse solo con copias a menos que un funcionario requiera el original. Almacenar copias digitales: tomar fotografías claras o escaneos de los documentos y colocarlos en un dispositivo seguro protegido con contraseña o en un almacenamiento en la nube. Compartir con una persona de confianza: entregar copias a un familiar, amigo o abogado que pueda acceder a ellas si es necesario.Saber dónde están: mantenerlos organizados y fácilmente accesibles en caso de emergencia.Qué hacer durante una redada del ICE en Florida en 2026De acuerdo con la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), si un migrante enfrenta una redada del ICE, debe seguir ciertas recomendaciones para evitar problemas:Mantener la calma y no resistirse ni obstruir a los agentes u oficiales.No mentir ni entregar documentos falsos.Hacer un plan y preparar a su familia en caso de arresto. Memorizar los números de teléfono de familiares y de su abogado. Armar planes de emergencia si tiene hijos o toma medicamentos.Además, el extranjero cuenta con derechos que debe ejercer en cada encuentro con un funcionario de inmigración:Tiene derecho a guardar silencio: si la persona desea ejercerlo, debe expresarlo en voz alta.No tiene que dar el consentimiento para que lo revisen, pero la policía puede registrar la ropa del detenido si sospecha que hay un arma.No tiene que responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense ni cómo ingresó al país.Si la persona es arrestada por la policía, tiene derecho a un abogado designado por el gobierno. En caso de que lo detenga el ICE, puede consultar con un profesional, pero las autoridades no están obligadas a proporcionárselo. En esa situación, puede solicitar una lista de alternativas gratuitas o de bajo costo.Arrestos de migrantes en operaciones del ICE en FloridaDurante su último discurso ante el Congreso de Florida, el gobernador Ron DeSantis resaltó sus logros contra la inmigración ilegal en EE.UU. En su repaso, reveló que casi 20.000 extranjeros fueron arrestados o entregados a las autoridades federales en los últimos nueve meses en el estado."Tan solo en los últimos nueve meses, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)", señaló el mandatario, citado por EFE.Según el gobierno de Florida, solo la Operation Tidal Wave permitió 10.400 arrestos y entregas de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.Asimismo, en un comunicado de prensa publicado a principios de enero, la administración DeSantis destacó el éxito de la iniciativa Tidal Wave. Esta fue creada bajo los términos de los acuerdos 287(g) y permite a las agencias estatales de Florida trabajar directamente con el ICE.La delegación de autoridades habilitó a los oficiales a identificar, arrestar y procesar a personas que se encuentran en EE.UU. sin documentos, entre las cuales algunas tienen órdenes de deportación y condenas penales graves. Los países de origen de los detenidos son:3435 de Guatemala3331 de México1353 de Honduras312 de El Salvador312 de Venezuela1249 de otros lugares

Por qué la ley de estado santuario en California queda en segundo plano dentro del perímetro del Super Bowl LX

Los extranjeros que quieran asistir al Super Bowl LX deben tener en cuenta las condiciones que tiene el evento. Aunque California aplica políticas de estado santuario, estas normas no impiden la actuación de agencias federales. Además, hay que considerar que la final de la NFL tiene una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR).Qué es un evento SEAR y por qué los migrantes pueden estar en riesgo en el Super Bowl 2026Mientras todavía restan por definirse los equipos participantes, ya se sabe que el evento se llevará a cabo el 8 de febrero en Santa Clara, California. En ese contexto, muchos fanáticos ya comenzaron a planear la logística para asistir al encuentro que definirá al campeón de la National Football League.Sin embargo, el hecho de que sea un evento SEAR implica un mayor nivel de participación federal en seguridad, lo que puede incrementar también el riesgo para migrantes que asistan al encuentro.La Oficina de Coordinación de Operaciones (OPS, por sus siglas en inglés) se encarga de hacer una evaluación de riesgo según las condiciones del evento, de acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).En el caso del Super Bowl, se considera como un evento con importancia nacional e internacional. Eso significa que una considerable cantidad de agentes federales estará en el perímetro del estadio.Sin importar las leyes de California, ellos responden a la administración federal y las normas estadounidenses. Por ese motivo, podrían producirse detenciones si consideran que ciertos extranjeros son sospechosos de algún delito.El operativo para el Super Bowl suele incluir desde agentes del Servicio Secreto hasta oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).Según el sitio web del ICE, los agentes en estos eventos suelen encargarse de:Detectar y desbaratar operaciones terroristas y casos de trata de personas y explotación infantil.Garantizar la ciberseguridad de la infraestructura crítica que sea necesaria para el funcionamiento del evento.Hacer cumplir las leyes contra la venta de productos falsificados.Brindar apoyo operativo a través del despliegue de agentes especiales, analistas y equipos de respuesta.La amenaza de la administración Trump sobre el Super Bowl LX que preocupa a migrantesSumado a la presencia de agentes federales en las inmediaciones, unas declaraciones públicas de Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, de hace algunos meses pueden representar preocupación para extranjeros.En el marco del show de medio tiempo de Bad Bunny y la expectativa de que muchos latinos estén presentes, le preguntaron, durante una charla con The Benny Show, si habría arrestos del ICE.La respuesta fue contundente: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar".Cuáles son los niveles SEAR para los eventos en EE.UU.De acuerdo con la evaluación de riesgo de la OPS, los eventos obtienen distintos niveles SEAR. El rango definirá cuál es el grado de participación que deben tener las fuerzas federales. Estos son:Nivel 1: eventos que tienen relevancia nacional o internacional y necesitan apoyo federal interagencial extenso. En esta categoría entra el Super Bowl.Nivel 2: sucesos de ese calibre que pueden requerir algún tipo de apoyo federal.Nivel 3: los eventos en los que únicamente es necesario apoyo federal limitado.Nivel 4: los que tienen relevancia nacional limitada y se gestionan a nivel estatal y local.Nivel 5: eventos que, aunque reconocidos nacionalmente, usualmente tienen solamente relevancia local o estatal.

El PP andaluz cuela una "enmienda intrusa" para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Dentro del texto de un nuevo proyecto ley sobre las universidades andaluzas, una última disposición final detalla cambios en la Ley de Transparencia 1/2014, con la que se hacen desaparecer muchas de las sanciones a las que se enfrentan estos infractores

Cuba obliga a España a pagar 1,1 millones de euros para que una empresa estatal refuerce los trámites de la 'ley de nietos': más de 350.000 solicitudes en La Habana

El Gobierno cubano exige contratar con Grupo Palco para que Exteriores pueda tramitar las más de 350.000 solicitudes que han llegado para obtener la nacionalidad española. El contrato dura cuatro años y los empleados cobrará entre 133 y 135 euros

La ley HB 2038 firmada por Greg Abbott en Texas que favorece a trabajadores de un área clave

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó en 2025 una ley en Texas que favorece a los trabajadores del área de la salud. Con la entrada en vigor de la HB 2038, los profesionales formados en el extranjero pueden solicitar una licencia provisional si cumplen con ciertas condiciones, ya que esta medida eliminó el requisito de la residencia adicional.A qué trabajadores favorece la ley HB 2038 firmada por Greg Abbott en TexasAnteriormente, los médicos recibidos en el extranjero debían realizar una residencia adicional para ejercer la profesión en Texas. La situación cambió definitivamente con la aplicación de la ley HB 2038, conocida como Ley para Disminuir los Plazos, Obstáculos y Regulaciones de Certificación Ocupacional (Doctor Act). En específico, elimina el requisito y entrega una licencia provisional a quienes cumplan ciertas condiciones esenciales.La entrada en vigor de la legislación, promulgada en 2025, sumó a Texas a la lista de 18 estados que ya no exigen esta práctica. No obstante, para comenzar a ejercer la profesión, los médicos deben contar con un título de doctor en medicina (o equivalente aceptable) de un programa acreditado reconocido.Además, tienen que haber estado legalmente licenciados y en buen estado como médicos en otro país y cumplir con otros requisitos:Haber completado la residencia o capacitación de posgrado requerida en su país y haber practicado como médico por al menos cinco años.Aprobar el examen de jurisprudencia médica de Texas.Poseer un nivel de inglés fluido y autorización federal para trabajar en Estados Unidos.Recibir una oferta de empleo formal en Texas por parte de una entidad de atención médica (hospital, sistema de salud, clínica, entre otros).De acuerdo con los profesionales, el objetivo de la medida es atraer médicos con mayor rapidez a las ciudades y pueblos de Texas. Esto sucede mientras el estado experimenta una escasez de proveedores de atención en el sistema de salud.Licencia provisional para médicos en Texas: cómo obtener el permiso completoLa licencia provisional facilita una vía de entrada al ejercicio médico sin haber completado todos los requisitos de residencia en EE.â?¯UU. De este modo, habilita a quienes pueden demostrar su experiencia en el área a trabajar en el campo de la medicina.El documento legal señala que el permiso expira al tercer aniversario de su emisión o cuando obtenga una licencia completa, lo que ocurra primero.Pasado este tiempo, el médico puede solicitar una licencia completa tras haber practicado bajo la provisional por al menos tres años. La ley remarca que para realizar esta petición no debe contar con investigaciones o medidas de disciplina activas en su contra.En septiembre, cuando entró en vigor la normativa, la Junta Médica de Texas (TMB, por sus siglas en inglés) celebró una reunión para crear y publicar reglas que permitan la aplicación. Si bien todavía no se entregaron licencias provisionales, el proceso de regulación está en desarrollo y pronto podrían comenzar a hacerlo.Falta de médicos: el panorama que enfrenta Texas por la escasez de trabajadores La implementación de la ley busca mitigar una problemática acuciante que enfrenta actualmente el Estado de la Estrella Solitaria. En un informe reciente, The Texas Tribune indicó que el Departamento de Servicios de Salud estatal (DSHS, por sus siglas en inglés) predijo que la región experimentará una escasez de 10.000 médicos para 2032."Las proyecciones actuales de inscripción a la educación médica indican que el sistema de educación médica del estado no creará una oferta de médicos que satisfaga la demanda proyectada", determinó el DSHS.Al respecto, el representante estatal que redactó el proyecto, el anestesiólogo Tom Oliverson, remarcó que su objetivo no es atraer a más médicos de otros países, sino a profesionales formados en el extranjero que ya viven en Estados Unidos.Con la implementación de esta norma, el Estado de la Estrella Solitaria busca suplir la falta de médicos en la jurisdicción mediante la facilitación del acceso a las licencias para profesionales capacitados antes de llegar a un escenario dramático para la salud estatal.

Qué es la Ley de Borrón y Cuenta Nueva firmada por JB Pritzker en Illinois que impacta en las personas con antecedentes

El gobernador JB Pritzker promulgó la HB 1836, conocida como Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que establece un sistema automático para el sellado de ciertos antecedentes penales no violentos en Illinois. La norma modifica de manera estructural el acceso a registros criminales y busca reducir barreras laborales, educativas y habitacionales para millones de personas.Qué establece la Ley HB 1836 de Illinois y a quiénes alcanzaHasta ahora, el sellado de antecedentes en Illinois dependía de trámites individuales, peticiones judiciales, costos legales y procesos distintos en cada uno de los 102 condados del estado. Ese esquema, según las autoridades, dejaba fuera a muchas personas que cumplían con los requisitos legales, pero no lograban completar el procedimiento."Durante demasiado tiempo, hemos estado cerrando las puertas a los habitantes de Illinois que regresan a casa tras cumplir condena por delitos no violentos", señaló Pritzker en un comunicado oficial. "Esta legislación bipartidista busca empoderar a las personas elegibles que buscan una segunda oportunidad para tomar sus propias decisiones sobre su futuro", aseguró.La Ley de Borrón y Cuenta Nueva introduce un cambio central: el sellado automático de ciertos antecedentes, sin que la persona tenga que presentar una solicitud ante un tribunal. El objetivo, según lo declarado por el gobernador, es evitar que los registros antiguos funcionen como un obstáculo permanente una vez cumplida la sentencia.En ese contexto, la normativa crea un mecanismo estatal que identifica de oficio qué registros cumplen con los requisitos para ser sellados. Esto incluye:Arrestos que no terminaron en cargosCasos desestimadosAbsolucionesDeterminadas condenas por delitos no violentosEl sellado implica que los registros dejan de ser accesibles para el público y para empresas privadas que realizan verificaciones de antecedentes. Sin embargo, no supone la eliminación total del historial, ya que las fuerzas del orden, los tribunales y los fiscales conservan acceso completo a la información.Qué antecedentes no pueden sellarse con la nueva ley de IllinoisLa ley no amplía el tipo de delitos que pueden sellarse respecto de la legislación vigente. Por el contrario, mantiene una lista clara de exclusiones que no podrán beneficiarse del proceso automático.Quedan fuera las condenas por delitos violentos y graves, como:HomicidioDelitos sexualesViolencia domésticaAcechoViolaciones de órdenes de protecciónDelitos que requieren registro público obligatorio, como los vinculados a agresores sexuales o incendiariosAdemás, no son elegibles los delitos de tránsito graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o la conducción temeraria, salvo excepciones muy específicas. Tampoco califican aquellos relacionados con el maltrato animal ni casos en los que exista una condena excluida dentro del mismo expediente judicial.La HB 1836 establece que si una persona tiene cargos pendientes, se encuentra cumpliendo una sentencia activa o no ha superado el período de espera correspondiente, sus registros no podrán ser sellados de manera automática.Cuándo entra en vigencia la nueva ley de Illinois y cómo será la implementaciónAunque la normativa fue promulgada el 16 de enero de 2026, su aplicación no será inmediata. El texto legal prevé una implementación gradual para permitir que las agencias estatales adapten sus sistemas tecnológicos y administrativos.El sellado automático para violaciones municipales y delitos menores de menor gravedad comenzará en enero de 2028. En el caso de la mayoría de los registros restantes, el proceso general se activará a partir del 1° de enero de 2029.La normativa también fija plazos escalonados para registros más antiguos:Los antecedentes generados entre 2005 y 2029 deberán estar sellados para 2030.Los comprendidos entre 1990 y 2005, para 2031.Los anteriores a 1990, para 2032.Para coordinar esta transición, se creó el Grupo de Trabajo de Borrón y Cuenta Nueva, un organismo de supervisión que funcionará durante cinco años y reportará anualmente a la Asamblea General de Illinois.La implementación del sistema automático recae en gran parte sobre la Policía Estatal de Illinois, que deberá modernizar su Sistema de Información de Antecedentes Penales. Este será el encargado de identificar qué registros cumplen los criterios legales.Una vez detectados, la información será enviada electrónicamente a los secretarios de los tribunales de circuito en los 102 condados. Estos funcionarios procederán al sellado formal de los registros y notificarán a las agencias que realizaron los arrestos.

Parlamento de Venezuela reformará ley para favorecer la inversión extranjera en petróleo

La Justicia le recordó al Gobierno que el 4 de febrero debe estar en "plena ejecución" la ley de emergencia en discapacidad

Es en una sentencia que dictó el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay. En la resolución, el magistrado además intimó al Gobierno a acreditar el avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días bajo "apercibimiento". Leer más

Un juez intimó al Gobierno a reglamentar la ley de discapacidad antes del 4 de febrero

El juez federal de Campana Adrián González Charbay intimó hoy al Gobierno a reglamentar la ley de discapacidad antes del 4 de febrero. Se trata de una normativa aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei no reglamentó. González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto.Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto. Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un "veto encubierto", cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia. Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, "ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias" discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. "Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector", afirmó el juez.Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. Al desfinanciar el sistema, "el Estado incumple su deber de protección especial" hacia un grupo en situación de "doble vulnerabilidad", como lo es la niñez y la discapacidad.El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo. Hoy por hoy la ley está vigente y pueden los damnificados reclamar que se aplique la ley.Si el Estado apela, en caso de que conceda el recurso, el juez analizará si lo hace con efecto devolutivo o suspensivo, de esta decisión. Dependerá de su determinación. Será la Cámara Federal de San Martín la que resuelva.

Presentaron un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

La iniciativa legislativa, impulsada tras varios accidentes en la costa atlántica, busca restringir la circulación de rodados motorizados en zonas turísticas y preservar la seguridad de los visitantes

SCAM Act: qué dice el proyecto de ley respaldado por la Casa Blanca para revocar la ciudadanía estadounidense

Una iniciativa impulsada por el senador republicano Eric Schmitt, denominada Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act, siglas de SCAM Act, propone ampliar y clarificar las causales que habilitan al gobierno federal a iniciar procesos de desnaturalización. La propuesta apunta contra aquellos que, tras haber jurado lealtad, incurran en delitos graves, fraudes a gran escala o vínculos con organizaciones terroristas. Qué propone el SCAM Act sobre la desnaturalización ciudadanos estadounidensesEl núcleo del proyecto apunta a expandir las bases legales que permiten al Estado iniciar un proceso de revocación de la ciudadanía. La ley no crea el mecanismo de desnaturalización, que ya existe en la legislación estadounidense, sino que redefine y amplía los supuestos bajo los cuales determinadas conductas posteriores a la naturalización pueden ser utilizadas como prueba de que el beneficio fue obtenido de manera ilegal.El proyecto establece que ciertas acciones cometidas dentro de los diez años posteriores a la naturalización podrán considerarse evidencia suficiente de que la persona nunca cumplió con los requisitos exigidos al momento de convertirse en ciudadano. Entre ellas figuran:Participar en actos vinculados a un fraude sustancial contra programas de asistencia o bienestar financiados por gobiernos federales, estatales o locales.Afiliarse a una organización terrorista extranjera oficialmente designada.Cometer actos relacionados con delitos agravados o espionaje.Según el texto del SCAM Act, estas conductas funcionarían como prueba suficiente de que el proceso de naturalización estuvo viciado por ocultamiento de información relevante o por tergiversaciones deliberadas.Según indicaron desde Fox News, la legislación propuesta cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Stephen Miller, subjefe de gabinete de políticas y asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, elogió el proyecto de ley.El contexto que impulsó la iniciativa de desnaturalizaciónEl proyecto fue presentado el 19 de enero de 2026 en el Senado y, según el material de prensa difundido por la oficina de Schmitt, surge como respuesta directa a lo que el legislador define como "fraude rampante" detectado en Minnesota. En particular, se menciona el escándalo conocido como Feeding Our Future, un esquema que involucró a más de 70 acusados, entre ellos varios ciudadanos naturalizados, que defraudaron al menos 250 millones de dólares de un programa federal de nutrición infantil. De acuerdo con el resumen de la norma, parte de esos fondos terminó en gastos de lujo irrecuperables, como viajes, o fue transferido al exterior mediante remesas hacia los países de origen de algunos de los implicados.Para Schmitt, estos hechos no son episodios aislados, sino la evidencia de un problema más amplio. "La ciudadanía estadounidense es un privilegio", sostuvo el senador al presentar la ley.El fundamento legal del proyecto de ley para ampliar condiciones de desnaturalizaciónEl resumen de la norma dedica un extenso apartado a explicar cómo encaja la iniciativa dentro del marco jurídico vigente. La legislación estadounidense exige que todo aspirante a la ciudadanía demuestre tres condiciones básicas: buen carácter moral, adhesión a los principios de la Constitución y disposición favorable al buen orden y la felicidad de Estados Unidos. El documento recuerda fallos históricos de la Corte Suprema que sostienen que ningún extranjero tiene derecho automático a la naturalización y que todo certificado de ciudadanía está condicionado a que haya sido otorgado conforme a la ley. En ese sentido, la desnaturalización es concebida como un proceso civil mediante el cual el gobierno puede anular un trámite anterior si demuestra, con pruebas claras y convincentes, que fue obtenido ilegalmente o mediante engaño.SCAM Act retoma un mecanismo probatorio ya validado por la Corte Suprema, según el cual ciertas conductas posteriores a la naturalización pueden utilizarse como indicio suficiente de que el solicitante ocultó información relevante al momento de jurar como ciudadano. La propuesta amplía ese criterio para incluir fraudes masivos a programas de asistencia, vínculos con organizaciones terroristas y delitos de extrema gravedad.

Último golpe de Murphy en New Jersey: la ley que blinda a los inmigrantes contra el ICE el día que llega Mikie Sherrill

Phil Murphy, el ahora exgobernador de Nueva Jersey, vetó horas antes de la ceremonia de inauguración de Mikie Sherrill un proyecto de ley para limitar la aplicación de las leyes de inmigración. Una de las normativas designa a los hospitales y escuelas como "zonas seguras", lo que impide las redadas en estas zonas. La ley que protege a los migrantes en Nueva JerseyMurphy firmó la Ley de Comunidades Seguras, una legislación que limita la aplicación de las medidas migratorias en ciertos espacios, conocidos como "lugares sensibles". Entre estos lugares se incluyen: Hospitales y centros de saludEscuelas y centros educativosJuzgadosLugares de culto, como iglesias, templos y mezquitas.Noticia en desarrollo.

Cambios entre el Estado y los contribuyentes: "La Ley de Inocencia Fiscal no incluye un blanqueo"

En lo que tiene que ver con la Ley de Inocencia Fiscal, el tributarista, Sebastián Mancuso, dijo que, "no es un blanqueo, pero lo que sí establece es una relación distinta entre el fisco y los contribuyentes". Leer más

Blindaje al ICE: avalan ley que impide a los congresistas entrar a los centros de detención de inmigrantes sin aviso

Una resolución reciente mantuvo vigente la normativa que impide las visitas sin previo aviso de los miembros del Congreso de Estados Unidos a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión no valida la legalidad de la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), pero permite su aplicación temporal mientras continúa el litigio.¿Pueden los congresistas ingresar a centros de detención de inmigrantes sin previo aviso?La jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, rechazó una moción presentada por legisladores que buscaban bloquear de inmediato la nueva directriz del DHS. La medida federal exige un aviso previo de siete días para ingresar a los centros de detención de inmigrantes y realizar las supervisiones.En el nuevo fallo judicial emitido el 19 de enero de 2026, la Corte determinó que el memorando del 8 de enero constituía una "nueva acción de la agencia" y que, por lo tanto, no estaba automáticamente alcanzado por la orden de suspensión emitida en diciembre. Esa acción, según explicó Cobb, se refería de manera específica a la política anunciada en junio de 2025 y no a cualquier medida futura relacionada con el acceso del Congreso.Además, la jueza sostuvo que los demandantes habían utilizado un mecanismo procesal incorrecto al solicitar una orden para que el DHS "mostrara causa" por presuntamente violar el fallo anterior. Según la Corte, si los legisladores desean cuestionar la nueva normativa, deben modificar su demanda o presentar una acción suplementaria conforme a las reglas procesales vigentes.El primer fallo sobre la supervisión de centros del ICE por parte de congresistasEl 17 de diciembre de 2025, la jueza Cobb suspendió una normativa impulsada por el ICE que exigía a los congresistas notificar con al menos siete días de anticipación cualquier visita de supervisión a centros de detención. La magistrada concluyó que esa regla excedía la autoridad conferida al DHS y entraba en conflicto con una ley federal de asignaciones presupuestarias.Según ese marco legal, el DHS no puede utilizar fondos asignados por el Congreso para obstaculizar el acceso de legisladores a instalaciones donde se mantiene bajo custodia a personas extranjeras. La jueza sostuvo que imponer un aviso prolongado equivalía, en los hechos, a limitar la capacidad de control legislativo.En esa misma línea, Cobb subrayó que las condiciones dentro de los centros de detención pueden modificarse de manera rápida. Por ese motivo, permitir visitas solo con una semana de anticipación abriría la puerta a que la realidad cotidiana de las instalaciones no pudiera ser observada de forma directa y espontánea por los legisladores.La respuesta de la administración Trump y el cambio de estrategiaTras ese revés judicial de diciembre, el DHS adoptó una nueva estrategia. El 8 de enero de 2026, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, firmó un memorando que restableció el requisito de notificación previa de siete días para las visitas del Congreso a centros del ICE.La diferencia central respecto de la política bloqueada en diciembre fue el origen de los fondos utilizados para implementarla. El nuevo memorando especificó que la medida se aplicaría exclusivamente con recursos provenientes de la denominada One Big Beautiful Bill Act, una ley impulsada por el presidente Donald Trump.El argumento del gobierno fue que, al no utilizar fondos sujetos a las restricciones de las leyes de asignaciones anuales del Congreso, la nueva política no violaba la prohibición legal que había motivado el fallo previo. En tanto, el fallo del 19 de enero dejó en claro que la negativa a bloquear la política no implica una validación de su legalidad. La jueza enfatizó que su resolución se limitó a señalar que el camino elegido por los demandantes no era el adecuado para impugnar el nuevo memorando.En su análisis, Cobb remarcó que el gobierno tiene la posibilidad de "abordar el problema de nuevo" siempre que lo haga de manera consistente con los principios legales expuestos por la Corte. El cambio en la fuente de financiamiento fue considerado suficiente, en esta etapa, para diferenciar la nueva política de la anterior.El litigio, sin embargo, está lejos de concluir. La propia Corte dejó abierta la puerta para que los demandantes reformulen su acción y cuestionen directamente la legalidad del nuevo memorando. Mientras tanto, el "blindaje" al ICE continúa vigente.

Un juez de Campana le dio dos semanas al Gobierno para que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de esa localidad, donde tramita un proceso colectivo, dispuso que la legislación debe poder cumplirse a partir del 4 de febrero. El Ejecutivo busca dar vuelta el fallo con una apelación en la Cámara Federal de San Martín

China denuncia en Davos "la ley de la selva" en el escenario internacional

"Unos pocos países selectos no deberían tener privilegios basados en el interés propio" dijo el vicepremier He Lifeng.También criticó duramente las acciones comerciales "unilaterales", que, según él, violan las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El caso Bastián: el dolor del padre y la responsabilidad que la ley no omite

La imputación penal del progenitor genera impacto y debate en la opinión pública. El vínculo familiar no excluye responsabilidad; en determinados supuestos, la intensifica

El proyecto de ley HR 7123 que busca desmantelar para siempre el ICE en Estados Unidos

Un nuevo proyecto de ley que se presentó en el Congreso de Estados Unidos propone la disolución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La normativa fue elaborada por Shri Thanedar, un legislador nacido en India que forma parte de la Cámara de Representantes por el estado de Michigan. En caso de aprobarse, las tareas de la agencia serían absorbidas por otras áreas.La ley HR 7123 de EE.UU. busca desmantelar al ICE en EE.UU.El proyecto se presentó oficialmente el 15 de enero y actualmente transita por los respectivos comités que deben habilitar su tratamiento en la Cámara. Por ese motivo, aún no se conoce el texto oficial ni las implicaciones específicas de la norma.Sin embargo, antes de enviarlo al ámbito legislativo, el congresista Thanedar publicó un comunicado de prensa en su sitio web. Allí, dio un resumen de cuáles serían los cambios de la HR 7123 si finalmente se aprueba y las acciones del ICE que lo llevaron a formular esta propuesta.El legislador aseguró que el proyecto se denomina "Abolish ICE Act", que se traduce como "ley para abolir el ICE". Aunque no hay demasiados detalles sobre el proceso administrativo que llevaría al fin de la agencia, sí se destacan algunas claves:A partir de la fecha de promulgación, no se podrían utilizar fondos federales para llevar a cabo ninguna de las funciones o responsabilidades delegadas al director del ICE.Cualquier saldo de fondos no utilizado será rescindido. Los activos y pasivos restantes de la agencia se transferirán al secretario de Seguridad Nacional, cargo que actualmente ocupa Kristi Noem.Si la ley HR 7123 finalmente obtiene la aprobación, el ICE sería abolido oficialmente 90 días después de la fecha de entrada en vigor.Las acciones del ICE que llevaron al congresista a presentar la HR 7123Además de dar a conocer los efectos que tendría el proyecto de ley, el representante del Congreso de EE.UU. por Michigan también mencionó algunos datos que asegura que lo llevaron a proponer esta normativa:El comunicado cita a expertos legales y asegura que la misión del ICE podría ser ejecutada de manera más eficiente por otras agencias federales. Según esta visión, los oficiales de la entidad priorizan la agresividad sobre el respeto al debido proceso.Thanedar señala que el 70â?¯% de los detenidos en 2025 durante redadas masivas no tenía antecedentes penales.La aplicación de tácticas de estilo militar, que por ejemplo incluyeron granadas de estruendo y explosivos en la operación Midway Blitz en Chicago.Las muertes de Silverio Villegas Gonzalez, Keith Porter Jr. y Renee Good durante diversas operaciones.Los arrestos por error que el ICE llevó a cabo contra ciudadanos estadounidenses. El congresista publicó que fueron 170.Además, Thanedar también remarcó que en 2025 se registraron 32 muertes de migrantes que habían sido detenidos por el ICE y que estaban bajo custodia.Cuándo se creó el ICE y cuál es su funciónDe acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, el ICE nació en marzo de 2003, a partir de una reorganización que impulsó la Ley de Seguridad Nacional. El cambio en la designación de agencias federales surgió luego del atentado terrorista del 9/11.Según la propia agencia, "el Congreso le concedió al ICE una combinación única de autoridades civiles y penales para proteger mejor la seguridad nacional y pública".Si la HR 7123 obtuviera la aprobación legislativa y la firma del presidente Donald Trump, significaría el fin de la agencia luego de 23 años de operación.

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: estas son las 12 partes comunes del edificio

Los amenities dejaron de ser un valor agregado para convertirse en un factor importante a la hora de elegir una vivienda. Ya no basta con encontrar un departamento luminoso, o renovado: hoy el edificio, y sus zonas comunes, traccionan cada vez más. Susana Giménez: se vendió su histórico penthouse en Barrancas de BelgranoSin embargo, más allá de los agregados, todos los inmuebles multifamiliares comparten espacios y "cosas" comunes según la ley. En la Argentina, la regulación de la Propiedad Horizontal comenzó en 1948 con la sanción de la ley 13.512, pionera en esta área, que estableció reglas comunes para organizar la vida en los edificios. A través de 20 artículos publicados en el Boletín Oficial se definía de qué manera se organizan y funcionan los inmuebles compuestos por unidades independientes.Entre sus disposiciones, la ley establecía que los distintos departamentos podían pertenecer a propietarios diferentes; que cada dueño sería titular exclusivo de su propiedad y copropietario sobre el terreno y los espacios comunes del edificio, entre otros puntos. Aunque esta normativa estableció las bases de vivir en conjunto, fue derogada con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó el derecho civil y el comercial, y fue aprobado por la ley 26.994, el 8 de octubre de 2014.La legislación más reciente, no se opone a la anterior: sigue su misma línea e incorpora soluciones prácticas que ya se aplicaban en códigos procesales y en leyes locales.Elefante Blanco: en qué se convertirá el edificio que estuvo tomado durante 50 años en BelgranoEn ese marco, el artículo 2041 del Código Civil y Comercial de la Nación, enumera las "cosas y partes necesariamente comunes". Es decir, los espacios y estructuras que pertenecen a todos los propietarios y son indispensables para la seguridad y funcionamiento del edificio. Las partes son:El terrenoLos pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exteriorLos techos, azoteas, terrazas y patios solaresLos cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridadLos locales e instalaciones de los servicios centralesLas cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcionalLa vivienda para alojamiento del encargadoLos ascensores, montacargas y escaleras mecánicasLos muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunesLas instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestrosTodos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio comúnLos locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio.Pero, no son las únicas. Algunos edificios también gozan de "cosas y partes comunes no indispensables", que están definidas en el artículo número 2042:La piscinaEl soláriumEl gimnasioEl lavaderoEl salón de usos múltiplesPor último, el artículo 2043 define las "cosas y partes propias", es decir todo aquello que está dentro del departamento y que no afecta la estructura del edificio, como puertas, ventanas y revestimientos.Un dato importante, es que también pueden ser consideradas partes propias algunos espacios fuera de la unidad funcional. Para que esto suceda, el reglamento del edificio debe decir, de manera expresa, que son de uso exclusivo, como una cochera asignada o una baulera.

La necesidad de sancionar una ley de coparticipación como lo dispone la Constitución

Llevamos más de 30 años sin cumplir el mandato de sancionar una ley de coparticipación según lo dispuesto en el artículo 75, inc. 2º de nuestra Constitución nacional reformada en 1994. Esta anomalía posibilita una excesiva concentración de dinero y poder en manos del gobierno nacional de turno. Tal circunstancia afecta el normal funcionamiento de la forma de gobierno representativa, republicana y federal adoptada por la carta magna en su artículo 1º.La coparticipación federal de impuestos reconoce sus orígenes en 1934 y fue evolucionando con el paso de los años hasta entrar en una crisis irreversible en 1984. En ese año caducó la ley que regulaba la materia y solo en 1988 se pudo sancionar un nuevo régimen transitorio, lleno de inequidades y con un amplio margen de discrecionalidad en los criterios para el reparto que todavía siguen vigentes.A partir de la década del 90, la masa coparticipable a repartir entre la Nación y las provincias se fue reduciendo sistemáticamente mediante detracciones inconstitucionales por parte del Poder Ejecutivo de turno. Baste como ejemplo de estas apropiaciones indebidas la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema a fines de 2015 respecto del contenido del artículo 76 de la ley 26.078, sancionada en 2005. Esta norma había sido cuestionada judicialmente por las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba.La reforma constitucional de 1994 incorporó el régimen de la coparticipación en el ya citado artículo 75, inc. 2º. Concretamente, dispuso la necesidad de sancionar una nueva ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, a los fines de instituir regímenes de coparticipación de las contribuciones. Acertadamente, el constituyente estableció pautas objetivas de reparto que debían respetarse a la hora de sancionar la nueva ley de coparticipación.En tal sentido, dispuso lo siguiente: "La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".Como ya se adelantó, la no sanción de esta nueva ley posibilitó que el gobierno nacional no tuviese la obligación de respetar pautas de reparto objetivas y equitativas. En consecuencia, pudo continuar manejando discrecionalmente los fondos recaudados mediante el pago de los impuestos.Los resultados están a la vista. Muchas veces las leyes o los nombramientos de jueces suelen obtenerse mediante "negociaciones" con los gobernadores de provincia. La construcción de un puente, por ejemplo, bien puede valer un voto en el Senado de la Nación, ya sea para sancionar una ley o aprobar un pliego para el nombramiento de un juez.Algo similar acontece con la mala costumbre, cada vez más difundida, denominada "transfuguismo". Se trata de legisladores que fueron elegidos mediante el voto popular debido a integrar la boleta de un partido político y luego se pasan -no por casualidad- al bloque del oficialismo de turno.Sabido es que el poder atrae y suele generar una peligrosa adicción. Como bien lo señalaba Karl Lowenstein, resulta "evidente, y numerosas son las pruebas de ello, que allí donde el poder político no está restringido y limitado, el poder se excedeâ?¦ El poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración. Esto quiere decir que, cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranía y en arbitrario despotismo".Al menos en teoría, existe consenso en cuanto a que el sufragio universal, la república y el federalismo son formas de gobierno necesarias para controlar y poner límite al ejercicio del poder. Pese a que la reforma constitucional de 1994 fue motivada en sus orígenes con la única y desafortunada finalidad de posibilitarle un segundo mandato como presidente a Carlos Menem, la oposición de ese entonces, liderada por Raúl Alfonsín, logró introducir objetivos más loables, como lo fueron intentar atenuar el hiperpresidencialismo existente en esos tiempos y fortalecer el federalismo.Lamentablemente, transcurridos más de 30 años de sancionada la reforma de 1994, no se ha logrado implementar un adecuado equilibrio entre los tres poderes del Estado nacional (república), ni fortalecer la autonomía económico-funcional de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (federalismo). Como prueba de ello, vale destacar tan solo dos ejemplos que se vinculan entre sí.El artículo 99, inc. 3º de la C.N. establece que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Asimismo, agrega que solamente podrá emitir decretos de necesidad y urgencia "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyesâ?¦". El fracaso está a la vista: desde la entrada en vigor de la reforma hasta el presente se emitieron aproximadamente 950 decretos de necesidad y urgencia.La disposición transitoria sexta incluida en la reforma constitucional de 1994 dispuso que "un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización del año 1996â?¦". Llevamos 29 años de mora en su cumplimiento. Obviamente, la discrecionalidad y la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos continuaron siendo la regla y los criterios objetivos brillan por su ausencia.Esta injustificada demora daña al sistema federal y necesariamente afecta el buen funcionamiento del Congreso. La ausencia de criterios objetivos y equitativos de reparto de los fondos debilita la independencia de los integrantes del Congreso y más específicamente de los senadores, desvirtuando su rol de control de legalidad en defensa de los legítimos intereses de sus provincias.Obviamente, muchas veces algunos de ellos hacen uso y abuso de esta situación a la hora de sancionar una ley, tratar un decreto de necesidad y urgencia o prestar acuerdo para el nombramiento de jueces. Asimismo, pierden eficacia el Poder Judicial, la Auditoría General de la Nación, las comisiones del Congreso y demás organismos de control.Nadie controla efectivamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia, el manejo de los fondos reservados ni cuáles son los criterios para otorgar pautas publicitarias, ya sea en forma directa o indirecta por parte del Estado nacional. La opacidad en el manejo de los fondos públicos es la regla. La transparencia es la excepción y los corruptos, obviamente, están de fiesta.Sería imposible tanta corrupción con un Poder Judicial y órganos de control independientes y eficaces que puedan poner límites y frenos cuando los gobernantes están en ejercicio del poder y no cuando ya se hayan retirado. Justo es resaltar que algunos gobernadores reclaman federalismo y división de poderes a la Nación, pero en sus provincias se manejan como señores feudales, sin alternancia en el poder ni respeto de la autonomía de sus intendentes municipales y la independencia de los jueces en sus territorios.La Argentina necesita generar confianza para que vengan inversiones; para ello, debe mejorar la calidad institucional, que se viene deteriorando desde hace muchos años. La reciente sanción de la ley de presupuesto es un paso importante y debe valorarse, pero todavía hay mucho por hacer.Se habla a menudo acerca de la necesidad de contar con "reglas claras de juego" para generar confianza. Parece obvio, pero una vez más hay que recordarlo: la regla máxima de juego por excelencia es nada más y nada menos que respetar nuestra Constitución nacional y todas las normas que se dicten conforme a sus disposiciones.No hay atajos ni deben permitirse los eufemismos. O cumplimos en un todo con la carta magna y nos comprometemos a construir una forma de gobierno auténticamente representativa, republicana y federal o nuestro país no logrará alcanzar el punto de inflexión que tanto anhelamos para terminar con tantas décadas de decadencia.No solo tenemos el derecho, sino también el deber de peticionarlo a nuestros representantes. Como dice el refrán: "No se queje si no se queja". Estamos viviendo una oportunidad histórica. Una nueva Argentina es posible y vale la pena hacer el esfuerzo. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos aquellos que quieran habitar este suelo argentino.

Ley de inocencia fiscal: qué cambia, a quién beneficia y cuáles son los riesgos

El tributarista Gastón Fernández Celi explicó los alcances reales de la ley de inocencia fiscal, el aumento de los montos penales y el llamado "tapón fiscal". Leer más

¿Qué significa la señal de tránsito NO PARKING y qué dice la ley sobre estacionarse para bajar una maleta?

Cómo evitar una multa y entender qué se debe hacer si ves una señal de NO PARKING.

ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno

Ley de Inocencia Fiscal: qué diferencias hay con un blanqueo

La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, introduce nuevos parámetros y reglas para contribuyentes en Argentina

Nueva ley de licencias de conducir en Illinois: cuáles son las sanciones por hacer trampa en el examen

De acuerdo con una nueva ley de Illinois, se modifican varias normas relacionadas tanto con la conducción como con las reglas para obtener una licencia de conducir. Según la legislación, quienes cometen fraude en un examen para el permiso pueden sufrir sanciones que incluyen multas de miles de dólares y hasta tiempo en prisión.Cuáles son los castigos por cometer fraude al obtener la licencia para conducir en IllinoisLas sanciones y otras normas forman parte de la ley HB 2983 del estado, que comenzó a regir el 1° de enero. De acuerdo con el texto de la legislación, se introducen modificaciones y aclaraciones tanto a reglas de tránsito como al proceso de obtener diversos tipos de licencias.En particular, Illinois establece castigos para quienes hagan trampa en el examen de una licencia de conducir estándar. Las claves de la norma indican lo siguiente:Castiga el intento de obtener el permiso de conducir mediante fraude.Esto incluye tanto a personas que van a rendir en nombre de otros, como quienes envían a alguien a presentarse en su lugar.También se menciona el uso de dispositivos electrónicos para que un tercero dicte las respuestas.Quienes cometan esta falta incurrirán en un delito menor de clase A.Las sanciones incluyen una multa mínima de US$500 o 50 horas de servicio comunitario.Además, se puede sumar una pena de prisión no menor a siete días, según el caso.Los castigos se agravan para los reincidentes. Quienes violen la norma dos o más veces cometen un delito clase 4.Sobre este último punto, el estudio de abogados Wolfe & Stec sostiene que las sanciones por un delito grave clase 4 pueden incluir de uno a tres años de prisión y multas de hasta US$25.000.Los cambios sobre los exámenes de la licencia para conducir que impone la ley de IllinoisAdemás de las sanciones, la HB 2983 del Estado de la Pradera establece una serie de pautas para los exámenes. La regla establece la necesidad de incluir preguntas de las normas sobre peatones con discapacidad, ciclistas y vehículos de emergencia en las pruebas escritas.Por otro lado, legisla sobre la accesibilidad de idioma para solicitantes que pidan rendir el examen en español. También marca el requisito de que los mayores de 75 años deben realizar una demostración práctica de sus capacidades para renovar la licencia.La ley de Illinois hizo otras enmiendas al código vehicularJunto con las normas mencionadas sobre los exámenes y sus sanciones por hacer trampa, la norma también modificó otras cuestiones:Los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclistas en giros permitidos con luz verde o roja.En ciertas zonas, los motociclistas y ciclistas pueden avanzar con precaución tras esperar un semáforo en rojo que no cambia durante al menos 120 segundos por una falla.Cualquier persona que conduzca en las carreteras estatales otorga su consentimiento implícito para pruebas de sangre, aliento u orina si es arrestada por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.El rechazo a estas pruebas o un resultado de 0,08 o más de concentración de alcohol resultará en la suspensión de la licencia.

ICE OUT: Utah busca proteger a migrantes con un proyecto de ley que limita el accionar de los agentes

El senador estatal Nate Blouin presentó un proyecto de ley conocido como "ICE OUT", con el que busca limitar la presencia y las operaciones de los agentes de inmigración en Utah. La iniciativa tiene tres principales disposiciones dirigidas a proteger a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos.El proyecto de ley con el que pueden limitar al ICE en UtahEl proyecto de ley SB136, apodado ICE OUT, fue presentado por el senador el pasado miércoles 14 de enero e implica limitar la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en lugares sensibles, de acuerdo con KUTV.Esto significa que no podrán entrar a iglesias y hospitales, además de que se les prohibirá el uso de máscaras faciales, entre otras medidas como:Impedir que las fuerzas estatales y locales colaboren con ICE en operaciones de las llamadas "áreas sensibles", que incluyen también juzgados y bibliotecas, entre otros espacios.Se prohibiría que las fuerzas de orden federal ingresen a lugares no públicos operados por el gobierno, como los centros de refugio o los de servicios de atención médica.Las fuerzas de orden federal no podrán usar mascarillas o cubiertas faciales.Este proyecto de ley fue el resultado de conversaciones de varios meses de parte de los interesados, especialmente las organizaciones preocupadas por los "sobrepasos federales", según declaró el senador Nate Blouin, y como una necesidad de proteger a la comunidad en contra del poder federal de ICE."Aunque mantener a los agentes de inmigración fuera de iglesias y de otros lugares sensibles es el comienzo, el objetivo final es abolir al ICE", precisó el funcionario.Organizaciones respaldan el proyecto ICE OUT en UtahComunidades Unidas, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, respalda el proyecto propuesto por el senador de Utah, de acuerdo con Telemundo.Brianna Puga, la vocera de esta entidad, señaló que existe un gran temor que afecta a las familias del Estado de la Colmena e impacta en su vida cotidiana. Incluso señaló que muchos retiran a sus hijos de las escuelas y evitan lugares de culto o renuncian a recibir atención médica.Además, calificó de inhumano e inaceptable que los agentes del ICE oculten su identidad y acudan enmascarados a hacer las detenciones en los vecindarios de Utah, y dijo que proteger a la comunidad de estos excesos es un tema urgente.El senador Nate Blouin presentó el proyecto de ley a la par de su candidatura en la elección primaria demócrata de junio, cuando enfrentará a Ben McAdams, excongresista.Otras medidas para limitar al ICE en EE.UU.Utah no es la única demarcación que busca limitar el poder de ICE en su territorio. De acuerdo con Telemundo Sacramento, otros demócratas han propuesto cambios a las leyes estatales.El argumento de las nuevas limitaciones es que surgen para proteger a los habitantes de diferentes estados del país debido a los incidentes violentos registrados las últimas semanas. Algunas de las propuestas son:CaliforniaLos legisladores solicitaron prohibir que las fuerzas locales y estatales trabajen para el Departamento de Seguridad Nacional, además de que las detenciones de ICE en comparecencias de tribunales sean consideradas violaciones a las leyes de la entidad.Nueva YorkKathy Hochul, gobernadora demócrata, busca que el estado permita que las personas demanden a los agentes del ICE por presuntas violaciones a sus derechos, y mantener alejados a los agentes federales de escuelas, hospitales y lugares de culto, cuando no tengan órdenes judiciales.OregonLegisladores demócratas presentarán un proyecto de ley para que los residentes puedan demandar a los agentes federales cuando se violen sus derechos de la Cuarta Enmienda, es decir, que no cuenten con una causa probable y una orden judicial para proceder.

Buenas noticias para Nueva York: Kathy Hochul firmó una ley para honrar a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto

La iniciativa forma parte de la estrategia del estado para combatir el odio.La gobernadora Kathy Hochul dispuso que sea en Albany, donde ya hay otros espacios de reflexión.

Cambian los carritos de supermercado por una ley y habrá multas para los clientes de hasta 1000 dólares

Desde el 15 de enero, las tiendas de Phoenix deberán instalar sistemas de bloqueo en los carritos o contratar empresas de recuperación.

El proyecto de ley SB 1380 de Florida que obliga a consultar estatus de los conductores ante un accidente de tránsito

Un nuevo proyecto de ley presentado en Florida propone una serie de modificaciones para los migrantes sin estatus regular en el estado. En caso de que se apruebe la SB 1380, la norma restringirá el acceso a servicios financieros, empleos y cuestiones relacionadas con seguros. Además, se presumirá la culpabilidad en accidentes de tránsito para personas sin una licencia válida, lo que también los afectaría.La SB 1380 de Florida haría culpables a los migrantes por accidentes de tránsitoSegún el texto del proyecto de ley, hay una serie de modificaciones que se aplicarían si consigue la aprobación. De manera general, la propuesta podría complicar las condiciones para los extranjeros irregulares en el Estado del Sol.Uno de los cambios que se destacan está vinculado a los accidentes de tránsito y la presunción de culpabilidad. Sobre este punto, la SB 1380 dice lo siguiente:Un "conductor no autorizado de fuera del estado" se presumirá culpable de un accidente de tránsito a menos que se demuestre lo contrario.Esto aplica a cualquier persona que maneje con una licencia no validada por Florida, como es el caso de migrantes irregulares que tengan licencias especiales emitidas por otros estados.El conductor no autorizado debe presentar evidencia contundente y concreta para demostrar que no fue responsable de un siniestro vial.Los únicos casos en los que se descarta la presunción de culpabilidad es si el otro conductor estaba bajo influencia de alcohol o drogas o si cometió algunos de los hechos comprendidos en el concepto de "egregious fault".Agentes policiales que intervengan en un accidente deberán chequear si alguno de los involucrados es un conductor no autorizado.En caso de que así sea, están obligados a anotarlo explícitamente en el reporte del hecho e informarlo al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados en 48 horas.Todos los procedimientos, instrucciones y exámenes de licencia deben realizarse exclusivamente en inglés. Se prohíbe el uso de intérpretes o traducciones.Compañías de seguros tienen prohibido pagar beneficios o liquidar reclamos a favor de un conductor no autorizado.Otros efectos para los migrantes que traería esta ley de FloridaEl proyecto de ley SB 1380 no solo legisla sobre los accidentes de tránsito, sino que impone otras restricciones para migrantes irregulares en Florida:El Departamento de Servicios Financieros tiene prohibido emitir licencias o certificaciones a cualquier persona que sea un extranjero no autorizado.Extranjeros irregulares no pueden recibir asistencia para el pago inicial de una vivienda. Si lo hacen, están obligados a devolverla inmediatamente.Empleadores de Florida deben usar el sistema E-Verify para comprobar la residencia legal de potenciales empleados. Se exponen a sanciones si no lo hacen.Además, serán responsables de los costos financieros y legales si un migrante irregular que contrataron a sabiendas sufre un accidente laboral.Las instituciones financieras estatales no pueden aceptar licencias o tarjetas de identificación emitidas a personas indocumentadas para abrir cuentas o utilizar servicios.A su vez, deben comprobar que los destinatarios de remesas no sean extranjeros sin estatus legal.Cuándo entraría en vigor la SB 1380 de FloridaEl proyecto recién fue presentado el 7 de enero, según FastDemocracy, por lo que aún debería ser tratado en ambas cámaras antes de recibir una eventual aprobación. Luego, tendría que recibir la firma del gobernador Ron DeSantis.Recién después de todo ese proceso quedaría confirmada cuál sería su fecha de entrada en vigor si finalmente se convierte en ley.

Para frenar al ICE en New Jersey: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención inmediata

La ley estadounidense establece reglas sobre los documentos que los migrantes deben portar. Con el aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se aconseja conocer las normas y derechos que podrían evitar una detención inmediata.En Nueva Jersey: la lista de documentos a presentar ante el ICELa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey elaboró una guía de ayuda a la comunidad migrante para que conozca sus derechos y obligaciones. En el manual advierte que si un agente le pide los documentos de inmigración a un extranjero, lo que debe presentar depende de su situación legal, en ese sentido indica:â?¯Los ciudadanos de Estados Unidos no tienen que portar comprobantes de su ciudadanía si están dentro del país.â?¯Sin embargo, presentarlo puede ayudar a resolver un encuentro con ICE.Si se tienen documentos de inmigración válidos y vigentes, y se es mayor de 18â?¯años de edad, la ley ordena que porte la documentación.Si no se está seguro de qué documentos debe llevar consigo según la situación migratoria, aconsejan consultar con un abogado para recibir asesoría.Si se ha vivido en EE.UU. durante al menos dos años, recomiendan llevar documentos que lo comprueben. "Algunos extranjeros que llevan menos de dos años en Estados Unidos podrían correr el riesgo de ser deportados por la vía rápida", señala la organización.Asimismo, explican que un migrante tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si el agente le hace preguntas o si no presenta documentos. Pero destaca: "Nunca mienta y nunca presente documentos falsos o fraudulentos".â?¯Qué dice la ley sobre los documentos para migrantesLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que todo extranjero en Estados Unidos que haya sido registrado y se le hayan tomado las huellas dactilares "se le expedirá un certificado de registro de extranjero o una tarjeta".La legislación también advierte que todo extranjero mayor de 18 años "deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta que se le haya expedido".Y finaliza: "Todo extranjero que incumpla con lo dispuesto en este inciso incurrirá en un delito menor y, tras ser condenado por cada delito, será multado con hasta 100 dólares o encarcelado por un máximo de treinta días, o ambas penas".Por su parte, el Gobierno de Nueva Jersey recomienda que los extranjeros porten sus identificaciones. "Lleve consigo los documentos de inmigración válidos, incluyendo su tarjeta de autorización de empleo, y copias de sus I-94 y avisos de comparecencia", señalan.Derechos y qué hacer en un encuentro con agentes de inmigraciónLa ACLU de Nueva Jersey también señala que si una persona es detenida por agentes del ICE puede pedirles a los oficiales que le muestren sus insignias y se identifiquen y se tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si el oficial tiene una orden judicial.â?¯"Cualquier cosa que usted diga (incluso su nombre, su país de nacimiento, su situación migratoria o sus antecedentes penales) puede usarse en su contra en los procedimientos migratorios", precisa la organización.Además, explican que no se debe resistir físicamente, ni tratar de tomar sus pertenencias sin permiso, incluso si cree que los agentes de ICE actúan de manera injusta o ilegal.Asimismo, se tiene derecho a negarse a que se hagan registros del automóvil, vivienda, teléfono y persona.â?¯"No pueden arrestarlo legalmente por negarse a dar su permiso para un registro. Sin embargo, los agentes de ICE pueden registrarlo si lo arrestan, o pueden registrar su casa o automóvil si tienen una orden de registro válida firmada por un juez", señala la ACLU.Si no se está bajo arresto, se tiene derecho a fotografiar o videograbar las actividades de los agentes de ICE en público, siempre y cuando no interfiera físicamente ni obstruya las operaciones de los oficiales.â?¯La organización también explica que, por lo general, los agentes de policía estatales y locales de Nueva Jersey no pueden participar en la aplicación de las leyes de inmigración, con algunas excepciones.

Ley de Inocencia Fiscal y cambio de etapa: cuando el principio se convierte en certeza institucional

El cambio en la regulación fiscal redefine el uso del derecho penal tributario: eleva umbrales, premia el cumplimiento temprano y limita el castigo a casos graves.

Buenas noticias para los médicos extranjeros en Texas: la ley que les da "luz verde" para trabajar en el estado

Luego de meses de debate, el año pasado entró en vigor una ley en Texas que facilita el acceso al trabajo para los médicos formados en el extranjero, ya que elimina el requisito de repetir una residencia médica en Estados Unidos para ejercer su profesión. Ahora, los profesionales de salud inmigrantes pueden solicitar una licencia provisional si cumplen con ciertas condiciones.La medida que les daría vía libre a los médicos extranjeros en TexasEn EE.UU., la mayoría de las jurisdicciones requiere que los médicos con formación internacional hagan una residencia adicional dentro del país. Por medio de la ley HB 2038, sancionada el año pasado, Texas se sumó a la lista de 18 estados que ya no exigen esta práctica. Así, los profesionales que hayan completado su experiencia clínica en otra nación, pueden pedir su licencia provisional para ejercer medicina en el estado de la Estrella Solitaria.El objetivo de la medida es atraer médicos con mayor rapidez a las ciudades y pueblos de Texas, en un contexto de escasez de profesionales de la salud. No obstante, no todos pueden aplicar.Para comenzar a ejercer, los interesados deben tener un título de doctor en medicina (o equivalente aceptable) de un programa acreditado reconocido y haber estado legalmente licenciado y en buen estado como médico en otro país. A su vez, los profesionales también tienen que:Haber completado la residencia o capacitación de posgrado requerida en su país y haber practicado como médico por al menos cinco años.Aprobar el examen de jurisprudencia médica de Texas.Poseer un nivel de inglés fluido y autorización federal para trabajar en Estados Unidos.Recibir una oferta de empleo formal en Texas por parte de una entidad de atención médica (hospital, sistema de salud, clínica, entre otros).En caso de que en su país no exista requisito de residencia, el médico tiene que haber completado diez años de práctica después de graduarse.Los detalles de la ley que beneficia a médicos con formación internacional en TexasDe acuerdo con el texto legal, la licencia provisional expira al tercer aniversario de su emisión o cuando obtenga una licencia completa, lo que ocurra primero. El profesional puede solicitar una licencia completa tras haber practicado bajo la provisional por al menos tres años. Para ello no debe contar con investigaciones o medidas de disciplina activas en su contra.La ley también incluye una sección para facilitar la licencia médica a veteranos que tengan un permiso en otro estado, sirvieron activamente en Texas autorizados como médicos militares y dejaron recientemente el servicio militar.Además, creó una categoría de licencia limitada para egresados que:Hayan terminado la escuela de medicina en los últimos dos años en EE. UU., Canadá o una escuela extranjera aceptable.Tengan examen médico aprobado (primeros dos pasos de USMLE u otro equivalente).No estén en programa de residencia.El déficit de médicos que experimenta TexasLa ley llegó en un momento clave para el futuro de la medicina en el Estado de la Estrella Solitaria. Según consignó The Texas Tribune, el Departamento de Servicios de Salud estatal (DSHS, por sus siglas en inglés) predijo que la región experimentará una escasez de 10.000 médicos para 2032."Las proyecciones actuales de inscripción a la educación médica indican que el sistema de educación médica del estado no creará una oferta de médicos que satisfaga la demanda proyectada", determinó el DSHS.El representante estatal que redactó el proyecto, Tom Oliverson, es un anestesiólogo que buscaba crear un camino más fácil para obtener licencias para veteranos militares y médicos nacidos en Estados Unidos y en el extranjero. El objetivo del proyecto, según sus palabras, no es atraer a más médicos de otros países, sino a profesionales formados en el extranjero que ya viven en Estados Unidos.Sobre la ley, el Dr. Sherif Zaafran, presidente de la Junta Médica de Texas, expresó que "esto realmente ayudará a los médicos de aquí a acceder a los programas de residencia, ya que ahora no tendrán que competir con médicos extranjeros".

El PP pide cuentas a Bolaños por el "caos" generado por la "precipitada imposición" de la Ley de Eficiencia judicial

Cupones para escuelas en Florida: el Senado aprueba la ley SB 318 que reforma un sistema de fondos

El Senado de Florida aprobó por unanimidad la ley SB 318, una reforma que introduce nuevos mecanismos de control, seguimiento y estabilidad financiera en el sistema de cupones escolares. La iniciativa busca corregir fallas detectadas por auditorías estatales y reforzar la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos destinados a la educación privada y al aprendizaje en el hogar.Florida aprueba por unanimidad una reforma en el sistema de cupones escolaresLa votación en el Senado se produjo en el inicio de la sesión legislativa anual y concluyó con respaldo total de los legisladores de ambos partidos. El texto legal analizado señalaba la imposibilidad de localizar a decenas de miles de estudiantes por los cuales el estado aún giraba fondos, lo que motivó 38 votos a favor de la ley.El patrocinador de la iniciativa, el senador Don Gaetz, planteó durante el debate que mantener el esquema vigente sin modificaciones implicaba asumir riesgos financieros y administrativos. Según su exposición, la ausencia de controles adecuados abría la puerta tanto a errores como a posibles abusos en la asignación de recursos educativos."Eso representa US$270 millones que pagamos por estudiantes que no podemos ubicar", señaló, según lo retomado por el medio local WUSF. "Hacer caso omiso de los hallazgos, advertencias y recomendaciones del auditor general y simplemente dejar que las cosas sigan como están sería una negligencia legislativa", agregó.Qué cambia la ley SB 318 en los cupones escolares de FloridaUno de los cambios estructurales de la ley SB 318 es la creación de un sistema de identificación única para cada estudiante beneficiario. El Departamento de Educación de Florida deberá asignar un número individual que permita seguir el recorrido de los fondos asociados a ese alumno, desde su asignación hasta su uso efectivo.Este mecanismo busca evitar la duplicación de pagos y corregir situaciones en las que un mismo estudiante aparecía registrado en más de un sistema educativo. La norma ordena además el cruce de datos entre los registros de cupones y las listas de asistencia de las escuelas públicas, con el fin de impedir que se financien matrículas inexistentes o simultáneas.La reforma también establece auditorías anuales obligatorias a las organizaciones encargadas de administrar las becas. Hasta ahora, esos controles se realizaban de manera esporádica. Con la nueva norma, el Auditor General deberá revisar cada año los registros financieros y administrativos, lo que refuerza la supervisión estatal.Otro eje central de la SB 318 es la regulación más estricta de las cuentas de ahorro educativo, conocidas como ESA. Estas permiten a las familias utilizar fondos públicos para cubrir matrículas, tutorías, materiales y otros gastos autorizados. La ley también fija límites máximos al saldo acumulado.En respuesta a investigaciones previas que detectaron casos de fraude por montos superiores al millón de dólares, la normativa refuerza los controles sobre el uso de los recursos. Los intereses generados por las cuentas se mantendrán a nombre del estudiante y solo podrán destinarse a gastos educativos permitidos.Nuevos requisitos para escuelas y proveedores tras la reforma de cupones en FloridaLa reforma no se limita a la administración financiera, sino que introduce nuevas obligaciones para las escuelas privadas y los proveedores que participan del sistema de cupones. Entre ellas se incluye:La exigencia de revisiones de antecedentes penales de nivel avanzado para propietarios, operadores y prestadores de servicios que utilicen las plataformas de gestión de becas.Los estudiantes de determinados grados deberán rendir evaluaciones estandarizadas, ya sean pruebas de referencia nacional o exámenes estatales. Las escuelas estarán obligadas a entregar a las familias informes escritos y periódicos sobre el progreso de los estudiantes. La normativa fija una frecuencia mínima trimestral para estos reportes, con el propósito de asegurar un seguimiento continuo del proceso educativo.La entrada en vigencia de estas modificaciones está prevista para el 1° de julio de 2026. Hasta entonces, las agencias estatales y las organizaciones que gestionan becas deberán adecuar sus sistemas a los nuevos requerimientos.

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: estas son las cuatro actividades prohibidas en un edificio

Vivir en un departamento significa vivir en comunidad. Y esa convivencia no se rige solo con normas internas del edificio, sino que hay leyes que regulan y prohíben ciertas actividades a los propietarios e inquilinos. Susana Giménez: se vendió su histórico penthouse en Barrancas de BelgranoNo es una normativa reciente. En 1948 se sancionó la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, pionera en esta área, que estableció reglas comunes para organizar la vida en los edificios. A través de 20 artículos publicados en el Boletín Oficial se definía de qué manera se organizan y funcionan los inmuebles compuestos por unidades independientes.Entre sus disposiciones, la ley establecía que los distintos departamentos podían pertenecer a propietarios diferentes; que cada dueño sería titular exclusivo de su propiedad y copropietario sobre el terreno y los espacios comunes del edificio, entre otros puntos. Aunque esta ley estableció las bases de vivir en conjunto, fue derogada con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó el derecho civil y el comercial, y fue aprobado por la ley 26.994, el 8 de octubre de 2014.La normativa más reciente, no se opone a la anterior: sigue su misma línea e incorpora soluciones prácticas que ya se aplicaban en códigos procesales y en leyes locales.Esta legislación enumeran cuatro obligaciones y cuatro prohibiciones que deben enfrentar los propietarios. Elefante Blanco: en qué se convertirá el edificio que estuvo tomado durante 50 años en BelgranoDentro de las obligaciones se encuentran:Cumplir con el reglamentoConservar en buen estado su propiedadPagar las expensasPermitir el ingreso a su propiedad para realizar reparacionesPor otro lado, las actividades prohibidas son:Destinar la propiedad a usos contrarios a la moral o a lo dispuesto en el reglamentoPerturbar la tranquilidad de los demásRealizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del edificioDepositar cosas peligrosas o perjudiciales ¿Qué es la propiedad horizontal?El régimen de Propiedad Horizontal establece normas que regulan los inmuebles, en los que conviven partes propias y partes comunes, según la definición de la página del Gobierno de la Argentina. Entre los temas que abarca se encuentran el consorcio, el reglamento, el rol del administrador y las expensas.A su vez, la ley establece una distinción clave: ¿Cuáles son las partes propias y cuáles las comunes dentro de un edificio? Se consideran partes propias cada uno de los departamentos o pisos y suma, si constan en la escritura, locales, oficinas, bauleras y cocheras.En cambio, son partes comunes el hall de entrada, escaleras, pasillos, ascensores, vivienda de la persona encargada, terraza, sótano, salón de usos múltiples y pileta, entre otros espacios.Tanto el sótano como la terraza pueden ser de uso exclusivo por parte de uno de los propietarios. Para que esto suceda tiene que haber un acuerdo del consorcio de propietarios y pasarían a ser partes comunes pero de uso exclusivo.También es importante en esta ley el rol del consorcio, que se compone por un conjunto de propietarios de diferentes departamentos que deciden, a través de la votación, sobre las partes comunes de la edificación.Una distinción clave, es que aunque los inquilinos pueden participar de las reuniones no pueden votar.Por su parte, suele haber solamente un consorcio, pero la ley permite la creación de subconsorcios, especialmente recomendados cuando el inmueble tiene sectores independientes, como una galería comercial, según ejemplifica la página oficial del Gobierno.

La ley del más fuerte

Leer más

El cine argentino en la encrucijada: apenas 12 rodajes en 2026 y un proyecto de ley que puede ser "un golpe de muerte" para el sector

"Va a ser un año complejo, muy complejo". En el comienzo de su tercer mandato consecutivo de dos años como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, Hernán Findling anticipó en una extensa charla con LA NACION la posibilidad concreta de que 2026 se terminen filmando en la Argentina no más de 10 o 12 películas. Esto podría ocurrir, advierte Findling, si se concreta el peor escenario imaginado por el sector, el de la eliminación de los impuestos específicos que en la actualidad financian al cine. La iniciativa forma parte del texto original del proyecto de ley de reforma laboral enviado al Congreso en diciembre pasado por el gobierno de Javier Milei. El Fondo de Fomento Cinematográfico administrado hasta ahora por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) e integra por un impuesto del 10% al valor de cada entrada de cine y la venta de DVD, y el 25% del total de lo recaudado por el Enacom a partir de un gravamen especifico a la facturación de las radios, canales y servicios de TV paga. "Si se aprueba la ley laboral desaparece el fomento y esos fondos pasan a rentas generales. El presidente del Incaa de turno va a tener que tocar la puerta del Ministerio de Economía y decir que necesita X cantidad de plata para determinadas películas. Y allí le responderán: quiero, no quiero, te doy la mitad, te doy todo o te doy menos, ahora o dentro de seis meses. Si el Incaa está ahora desfalleciente o moribundo esto lo terminaría de matar. No tendría dinero", señala el presidente de la Academia. Nuestra Academia del Cine es conocida sobre todo por ser la encargada cada año de elegir qué película representará a la Argentina en las competencias por el Oscar, el Goya y otros grandes premios internacionales, y por otorgar los Premios Sur. Está integrada por representantes de todas las ramas de la actividad (actores, productores, directores, guionistas, técnicos, especialistas). Findling, productor de cine con casi tres décadas de trayectoria, es su presidente desde 2023. "Esto es algo que ya pasó entre 1997 y 2002 -explica Findling-. Y en todo ese período el cine argentino se vino abajo. Se producían muy pocas películas. La misma situación puede repetirse si se aprueba el proyecto del oficialismo. -¿Está preparado el cine argentino para esa contingencia?-Se está preparando. Y está en la lucha. Conseguimos ganar tiempo hasta el 10 de febrero, cuando volverá a discutirse el proyecto. Se replantearon algunos artículos de lay ley, pero la parte que involucra al cine sigue exactamente igual. Ahora estamos yendo al Congreso y hablando senador por senador y diputado por diputado, explicándoles que lo que se le saca al cine es la nada misma, el 0,0003 del Presupuesto. Un golpe que no hace la diferencia en absolutamente nada, pero afecta a la cultura, a la industria, a las inversiones, a los puestos de trabajo. -¿Qué imaginan si fracasa esas gestiones y llega a aprobarse el proyecto tal como el oficialismo lo envió?-Sería un golpe casi de muerte para el cine argentino. No tenemos sistematizados como en otros países estímulos como el cash rebate o el Tax Credit, aunque algunas provincias empezaron a alentar algunas de esas medidas. Nosotros creemos que el Gobierno, con este proyecto, está librando su propia batalla cultural. Ellos piensan que como el cine, las artes audiovisuales y todo nuestro mundo no se alinearon ideológicamente, lo mejor sería acallarlos. Lugar activo-¿Cuál es la posición de la Academia de Cine frente a este escenario de confrontación cultural y hasta ideológica con el Gobierno?-La situación actual llevó a la Academia a moverse a un lugar mucho más activo. Hoy somos la voz que representa a todo el sector. Dentro de la Academia están las cámaras, las fundaciones, las sociedades de gestión. Cuando empezamos había 324 miembros y ahora somos casi 700. De nuestra parte siempre va a haber diálogo con todos los sectores. Pero podemos hacerlo hasta cierto punto, no cuando se incorporan a una ley laboral medidas tributarias que no tienen nada que ver con ese tema, solo para callar al cine. -¿Hace mucho que no tienen un contacto directo, formal o institucional con las autoridades del Incaa?-La última vez que nos reunimos con su presidente, Carlos Pirovano, fue hace cuatro o cinco meses, antes de que se planteara el panorama actual. De nuestra parte siempre hay predisposición para conversar, pero desde aquella última reunión no tenemos una vía de diálogo formal con el Incaa. -Imaginemos que el proyecto se aprueba en las dos cámaras y se promulga tal como lo envió el Gobierno al Congreso. ¿Qué cantidad de películas podrían filmarse en la Argentina en 2026?-Va a ser un número equivalente a lo que pasó entre 1990 y 1994 y entre 1997 y 2001. Van a salir unas 10 o 12 películas grandes, todas surgidas de los estudios o de las plataformas de streaming. Al mismo tiempo está surgiendo algo bastante parecido a lo que pasó cuando empecé a producir, allá por el 2000: películas superindependientes hechas a pulmón. La realidad es que al argentino artista no lo frena nada ni nadie. -Se va a seguir filmando entonces. -Sí, pero en condiciones paupérrimas. Seguramente saldrá alguna joya, pero en un contexto que va a estar lejos de ser el ideal. Se va a hacer lo mejor que se pueda con lo poco que se tenga. Conozco amigos de mi edad que volvieron a lo que hacían 20, 30 años atrás: filmar por afuera del sistema. No es lo mejor, porque así no se fomenta un cine industrial o identitario de verdad, pero se mantiene la pulsión de filmar. Películas va a haber, pero en un sistema para nada adecuado. -¿Podría extenderse este panorama a otras propuestas audiovisuales muy exitosas en los últimos tiempos como miniseries y otros productos híbridos estrenados en streaming?-Es posible que en este caso no se noten tanto las falencias porque estas producciones no dependen tanto del fomento del Incaa como las películas. Para nosotros es indispensable instalar algún sistema de estímulos como el cash rebate y el Tax Credit, para que aprendamos a producir más allá del Incaa, pero con las herramientas adecuadas. Creemos necesaria cierta ayuda del Estado a través del Incaa junto con medidas de apoyo a la producción audiovisual desde las provincias. -Este tipo de sistemas y medidas funcionan muy bien en varios países. ¿Qué impedimentos observan ustedes desde la Academia para que no puedan aplicarse todavía en la Argentina?-Ahora que estamos en contacto directo con muchos legisladores nos damos cuenta que muchos de ellos terminan poniendo siempre al arte en el cajón de la batalla cultural. Y esto, que es muy argentino, dividir las cosas en blanco o negro, pasa aunque les hablemos de industria y de inversiones. Hay que hacer un trabajo político fuerte para sacar a las artes audiovisuales de esa lucha y hacerles entender que tienen que estar del lado del trabajo, del ingreso de divisas, de la producción que genera trabajo en varios otros rubros. -¿Qué provincias están más avanzadas en el impulso de las medidas de fomento que ustedes están defendiendo y promoviendo?-Córdoba y Mendoza, sobre todo. Jujuy también tiene un programa de cash rebate. Río Negro está empezando, lo mismo que Santiago del Estero, San Luis y Entre Ríos, quizás me olvido de alguna. Y la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa de Mecenazgo. Por ahora, gracias a esta ayuda, salieron algunas películas. -¿Y hay ya alguna opinión formada respecto de la creación de un instituto de cine propio en la provincia de Buenos Aires?-En principio me parece siempre positivo que exista, sea donde sea, una institución dedicada al fomento y a la difusión del cine. Pero me falta adentrarme un poco más en la reglamentación específica de este organismo para ver qué ofrecen y qué piden. -¿Cuántas productoras de cine están activas en la Argentina en este momento?-Grandes, cuatro o cinco. Medianas, unas 20. Y el resto está en gravísimos problemas, sobre todo aquellas productoras nuevas o más chicas que están haciendo sus primeras películas. Son las que no pueden llegar a las plataformas o no tienen espalda financiera. Son la gran mayoría y realmente se están dedicando a otra cosa. Lo mismo pasa con muchos técnicos. La situación está realmente complicadísima. -Queda poco margen entonces para hacer cine en la Argentina con la realidad actual. -No quiero ser reiterativo, pero la realidad es que no se están haciendo en este momento películas de autor, sino las películas que pide el mercado. Está muy bien que tengamos películas impulsadas por el mercado o las plataformas, pero no pueden faltar en la Argentina las películas de autor, películas con identidad, que tengan que ver más con el lugar de nuestra cultura en el mundo. -En 2025 se estrenaron en los cines de la Argentina 219 películas nacionales. Y al principio de la charla imaginabas un 2026 en el que solo podría ser posible rodar entre 10 y 12 títulos. ¿Hay algún número sustentable de estrenos argentinos por año? -España es una referencia quizás no ideal, pero posible. El año pasado ellos tuvieron unos 130 estrenos, algo así como el 18% del total. Francia es el tope, con el 45%. Los españoles igual se quejan, pero llegaron a las 130. El gobierno español es socialista, pero Madrid está gobernado por el Partido Popular, más afín a las ideas de Milei, y su presidenta acaba de pasar por Buenos Aires anunciando que acaba de invertir 200 millones de euros en producción audiovisual. Entre 100 y 130 películas estrenadas por año me parece una cifra razonable también para la Argentina. No olvidemos que en España hay medidas muy fuertes de cash rebate y deducción de impuestos, más los recursos aportados por su propio instituto de cine, el ICAA. -Parece a primera vista paradójico que la Academia haya logrado casi duplicar en los últimos cuatro años su número de miembros y a la vez enfrentar una situación en la que productoras y técnicos empiezan a pensar en dedicarse a otra cosa. -Desde nuestro primer mandato asumimos una estrategia mucho más abarcadora, política y de impulso a la participación de todas las expresiones del sector. También trazamos una estrategia mucho más federal y ampliamos nuestra base para democratizar cada elección. Antes, nuestro contacto con las otras Academias se limitaba a los Oscar, los Goya y los Ariel en México. Ahora sumamos a casi toda América latina y Portugal, por lo que logramos que las películas argentinas ingresen en todos los premios posibles. Eso le da mucha más visibilidad al cine argentino. Y tenemos más proyectos. -¿Por ejemplo?-Los premios Sur crecieron exponencialmente. En 2026 se van a ver en toda América latina y en buena parte del mundo vía streaming. Vamos a premiar por primera vez a los cortometrajes en la próxima entrega. También tenemos gestiones muy avanzadas con Netflix para armar un laboratorio en el que 28 personas van a capacitarse en la elaboración de proyectos que luego serán presentados a la plataforma. Y trabajamos en un plan educativo para que el cine se convierta en una materia equivalente a la música o a las artes plásticas. La formación de audiencias es una de nuestras prioridades. -Llamó la atención la incorporación de un asesor internacional en la comisión directiva de tu tercer mandato. Ese cargo no existía antes. -Decidimos crearlo para fortalecer y potenciar la relación de la Academia con el mundo, otro de nuestros objetivos. Queremos ayudar a que el cine argentino pueda mostrarse en el exterior, generar interés, posibilitar ventas y ampliar las posibilidades de exhibición. Uno de los primeros logros de la incorporación de Bernardo Bergeret, referente absoluto en este tema, fue conseguir un espacio exclusivo para el cine argentino en las próximas ediciones de los festivales de Malaga y San Sebastián. Si el cine argentino circula y se ve más en el mundo llegan al país divisas, oportunidades de inversión y trabajo. Es ganancia para todos. -¿Cómo se ve al cine argentino desde el exterior?-Hay festivales internacionales muy importantes que vienen reconociendo que no serían hoy lo que son sin la historia, la calidad y el aporte constante del cine argentino a lo largo de los años. Ese reconocimiento sigue intacto inclusive dentro del contexto adverso que enfrentamos. Pese a que el Gobierno sigue identificando como un enemigo de su batalla cultural a todo lo que identifica al sector audiovisual, el cine argentino sigue mostrando una identidad fuerte, una mirada propia y una calidad artística valorada en todas partes. Para el mundo, nuestro cine es sinónimo de excelencia.

Fallo del TC anula ley que permitía juzgar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves

El Tribunal Constitucional concluyó que la norma vulneraba la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen especial de justicia juvenil

ARCA, ley penal más benigna e inocencia fiscal

La reciente instrucción general de ARCA ordena aplicar el principio de la ley penal más benigna en materia tributaria, aduanera y previsional. Ello redundará en menos causas penales, revisión de procesos en trámite y un refuerzo concreto del concepto de "inocencia fiscal". Qué cambia, a quiénes alcanza y por qué marca un giro relevante en la política criminal tributaria

La ley que Uber busca impulsar en California y que ya genera polémica por sus posibles consecuencias

Uber promueve una iniciativa electoral en California que limita los honorarios de abogados en casos de accidentes vehiculares. Aunque la empresa sostiene que la propuesta busca que las víctimas conserven una mayor parte de sus indemnizaciones, especialistas advierten que la medida podría restringir el acceso a la Justicia y reducir la responsabilidad de las plataformas de transporte.Qué propone la iniciativa de Uber en CaliforniaDesde la empresa, el proyecto conocido como "Ley de Protección a Víctimas de Accidentes Automovilísticos contra el Autobeneficio de los Abogados" es presentado como una reforma orientada a los consumidores, con el objetivo declarado de que quienes sufren lesiones en accidentes reciban una mayor porción de las compensaciones económicas.El eje central del proyecto impulsado por Uber es la imposición de un tope a los honorarios que pueden cobrar los abogados en casos de accidentes vehiculares. La propuesta establece que las cuotas de contingencia, es decir, el porcentaje que los letrados reciben solo si ganan el caso, no podrán superar el 25% del monto total recuperado.De acuerdo con el texto, esta limitación garantizaría que las víctimas conserven al menos el 75% de la indemnización obtenida mediante acuerdos o sentencias judiciales. Actualmente, en muchos casos de lesiones personales, estos honorarios suelen ubicarse en torno al 33%, aunque pueden ser mayores según la complejidad del litigio.Además del tope a los honorarios, la iniciativa incorpora disposiciones para regular la facturación médica asociada a las demandas. El proyecto busca establecer referencias basadas en tarifas de programas públicos de salud para evitar que los costos médicos presentados en juicio sean mayores a determinados porcentajes."Limitando los honorarios de los abogados, prohibiendo las comisiones ilegales, deteniendo la facturación médica inflada e implementando protecciones para los denunciantes, se protegerá a las víctimas de accidentes de tráfico y se reducirán los costos para los consumidores", aseguró Nathan Click, portavoz de la campaña de la iniciativa, a Los Angeles Times.La "letra chica" que genera críticas y cuestionamientos sobre la propuesta de ley de UberPese al enfoque declarado en la protección de las víctimas, especialistas y críticos advierten que la iniciativa podría tener efectos contrarios a los anunciados. El principal señalamiento es que un tope del 25% haría que muchos casos resulten económicamente inviables para los abogados."Limitar los honorarios de contingencia hace que muchas demandas sean antieconómicas para los abogados, quienes deben asumir los costos del litigio", explicó Michael Hiltzik, columnista de negocios en Los Angeles Times. Si el caso no prospera, el abogado no recupera esa inversión. Con un límite bajo en los honorarios, el riesgo financiero aumenta, especialmente en peticiones complejas. "Por lo tanto, esta iniciativa, de aprobarse, reduciría casi inevitablemente la cantidad de demandas presentadas contra Uber", agregó Hiltzik.Jamie Court, presidente y director de Consumer Watchdog, una organización de defensa del consumidor con sede en California, le dijo al medio estadounidense que la iniciativa de la empresa con sede en San Francisco afectaría a todos los accidentes del estado. "Uber está intentando detener todos los casos, no solo los graves", señaló.La relación con el modelo de negocio de UberOtro eje de la controversia está vinculado a los intereses económicos de la empresa. En un informe anual, Uber reconoció que enfrenta riesgos financieros derivados de demandas por accidentes sufridos por pasajeros durante viajes gestionados a través de su plataforma. Limitar la cantidad de litigios o volverlos económicamente inviables podría reducir esa exposición financiera."La iniciativa es la última incursión en una larga guerra que enfrenta a los demandantes y sus abogados contra las empresas", detalló Hiltzik. También señaló una contradicción con el apoyo previo de Uber a otras leyes en California que redujeron la cobertura de seguros obligatorios en determinados casos, lo que trasladó parte del costo de las lesiones a conductores y pasajeros.El proceso político y lo que falta para que avance la leyLa iniciativa se encuentra actualmente en la fase inicial del mecanismo de democracia directa de California. Para avanzar, los promotores deben reunir un número suficiente de firmas válidas, lo que le permitiría acceder a la boleta electoral de noviembre de 2026.Si la propuesta de Uber logra superar la etapa de firmas y llega a la boleta, deberá ser aprobada por la mayoría simple de los votantes registrados. En caso de que varias medidas sobre temas similares sean elegidas en la misma elección y resulten contradictorias, la normativa establece que prevalecerá la que obtenga más votos afirmativos.

Perú endurece la aplicación de la llamada 'Ley Migratoria': hoy expulsaron a 39 extranjeros por infringirla

Las autoridades pusieron en marcha una acción conjunta para retirar del país a un grupo de personas extranjeras identificadas con estancia irregular, como parte de una política que refuerza la seguridad nacional

Tarifas eléctricas: Claves técnicas para una reglamentación eficiente de la Ley 32249

La Ley 32249 surge para corregir estas fallas de mercado y complementar la Ley 28832, pero su efectividad real depende estrictamente de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) diseñe reglamentos que prioricen la formación de precios competitivos

Prima de antigüedad en México: qué es, quién tiene derecho a cobrarla y cómo se paga según la Ley Federal del Trabajo

Existen tres circunstancias en las cuales la empresa debe pagar este monto.Debe sumarse a los pagos relacionados con la finalización de la relación laboral.

Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minneapolis: qué es, antecedentes y casos de uso históricos

Ante la situación en Minneapolis por la resistencia contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección. La norma permitiría al gobierno desplegar tropas federales para restablecer el orden en el estado. Aunque fue utilizada unas 30 veces, la última vez que se invocó fue hace más de 30 años.Trump dijo que podría usar la Ley de Insurrección en Minnesota por la resistencia al ICEEl anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales. Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo que no dudará en usar el recurso si se presentan las condiciones para hacerlo."Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la norma ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, invocaré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes hicieron antes que yo, y pondré fin a la farsa en lo que alguna vez fue un gran estado", escribió.La legislación permitiría que el gobierno de EE.UU. despliegue tropas en Minnesota para contener lo que califica como una insurrección.Qué es la Ley de Insurrección: Trump amenazó con invocarla en MinnesotaLa norma está contenida en las secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de Estados Unidos. Cada una de ellas establece lo siguiente:Sección 251: en caso de una insurrección en cualquier estado contra su propio gobierno, el presidente puede intervenir con el envío de fuerzas armadas para suprimirla. Este apartado requiere el pedido de la legislatura estatal, o del gobernador en su defecto, para habilitar la acción federal.Sección 252: el presidente puede usar la milicia y las fuerzas armadas cuando considere que obstrucciones ilegales, asambleas o rebeliones contra la autoridad de EE.UU. impiden la ejecución de las leyes federales. Esta sección justifica la intervención para el cumplimiento de las normas.Sección 253: la autoridad de EE.UU. tiene la obligación de tomar medidas para suprimir insurrecciones o violencia doméstica que impidan la ejecución de las leyes estatales y federales. Aunque parece similar al ítem anterior, este refiere a cuando una clase de personas es privada de un derecho constitucional y las autoridades estatales no pueden o se niegan a protegerla.Sección 254: establece la necesidad de que el presidente emita una proclama cuando considere que hay una insurrección y deba intervenir en un estado.Sección 255: considera a Guam y las Islas Vírgenes como estados para los efectos de este marco legal.Según el Brennan Center, la Ley de Insurrección es un conjunto de estatutos y regulaciones aprobadas por el Congreso entre 1792 y 1871. En la práctica, funciona como la excepción principal para la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de personal militar para hacer cumplir las normas civiles.Quiénes y cuándo invocaron la Ley de Insurrección que Trump analiza usar en MinnesotaDe acuerdo con una recopilación que realizó USA Today, este recurso legal fue utilizado formalmente 30 veces a lo largo de 234 años. Los presidentes que la invocaron fueron:George Washington: 1794John Adams: 1799Thomas Jefferson: 1808Andrew Jackson: 1831Abraham Lincoln: 1861Ulysses S. Grant: 1871, 1873 y 1874Rutherford B. Hayes: 1877 y 1878Chester A. Arthur: 1882Grover Cleveland: 1885, 1886 y 1894Woodrow Wilson: 1914 y 1921Franklin D. Roosevelt: 1943Dwight D. Eisenhower: 1957John F. Kennedy: 1962 y 1963Lyndon B. Johnson: 1965, 1967 y 1968Ronald Reagan: 1987George H.W. Bush: 1987 y 1992

Delcy Rodríguez impulsa reformas en la ley petrolera de Venezuela y redefine el vínculo con EEUU

El proyecto ya fue enviado a la Asamblea Nacional. Según la mandataria, busca atraer inversiones "sin resignar soberanía".

Los zoológicos demandan una ley de grandes simios basada en la ciencia, sin marca moral

Rego ultima la ley que elimina la edad para escuchar a menores en procesos judiciales

Consumo investiga anuncios de viviendas con alquileres por encima de la ley

IRS en California: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

De acuerdo con lo que establece la ley sobre las obligaciones impositivas, los migrantes de California tienen la obligación de pagar taxes al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al igual que el resto de los contribuyentes. Esto aplica tanto para extranjeros indocumentados como para los que tienen un estatus migratorio regular. La información es importante de cara a la declaración de la temporada 2026.Los migrantes deben pagar impuestos en California, según la leySegún lo que indica el Tax Policy Center, los inmigrantes con cualquier estatus en Estados Unidos deben pagar impuestos federales, estatales y locales.El IRS aclara que el carácter voluntario del sistema impositivo en Estados Unidos no aplica a la decisión de pagarlos o no, sino al cálculo individual y no establecido por el Estado. "El requisito de presentar una declaración de impuestos sobre la renta no es voluntario", señala la entidad federal.Además, en el apartado también cita jurisprudencia que sostiene esta decisión y que apoya la obligatoriedad de los contribuyentes de realizar sus pagos correspondientes.La obligación de pagar impuestos también alcanza a inmigrantes indocumentados en CaliforniaComo indica la ley federal, tanto estadounidenses como extranjeros que vivan en el país norteamericano tienen la obligación de pagar impuestos, de acuerdo con los plazos y montos que disponga el IRS.Este escenario aplica también en el Estado Dorado, sin importar el estatus del contribuyente. Según un informe de la California Lawyers Association, la ley les exige a los migrantes irregulares que paguen impuestos a la renta federales y estatales.Qué es el ITIN, el método para que migrantes indocumentados paguen impuestosAnte la imposibilidad de extranjeros sin estatus legal de acceder a un número de Seguro Social, existe el número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).Este consta de nueve dígitos y es emitido por el IRS. Con esa identificación, los migrantes pueden completar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, la entidad aclara que no sirve como identificación fuera del sistema tributario federal.Por lo tanto, el ITIN no puede utilizarse como documento para trabajar legalmente en EE.UU. ni para obtener un número de Seguro Social o cualquier estatus migratorio.En lo que respecta exclusivamente a California, los residentes del Estado Dorado pueden usar el número ante la Junta de Impuestos de Franquicia (FTB, por sus siglas en inglés). La agencia estatal de recaudación permite utilizar el número del ITIN para realizar trámites impositivos.El IRS definió las fechas para la declaración de impuestos 2026Mediante su sitio web, la agencia federal estadounidense comunicó cuáles serán las fechas para la declaración correspondiente a la temporada de impuestos 2026. El período comenzará el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril como fecha límite.En ese tiempo, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones y pagar impuestos adeudados. Para quienes tengan preguntas, el IRS cuenta con múltiples herramientas de orientación que pueden ser consultadas.Esta información es sobre consideraciones generales. En caso de que un contribuyente necesite asesoramiento sobre cuestiones específicas de su caso, la recomendación es consultar con un profesional.

Ley Quincena 25 beneficiará a más de 900 mil trabajadores de El Salvador, según ministro de Trabajo

Las cifras varían según el tiempo trabajado y el sueldo mensual, pero no será menor a $200, aseguró el funcionario de gobierno

La ley firmada por Gavin Newsom para frenar al ICE que podría ser vetada en California

California se encuentra en el centro de un conflicto institucional que enfrenta al gobierno estatal con la administración federal por una legislación que regula cómo deben identificarse los agentes del orden durante los operativos. La norma, conocida como SB 627 o "Ley de No a la Policía Secreta", entró en vigor el 1° de enero de 2026. Sin embargo, su aplicación actual está en suspenso hasta que se resuelva el litigio.¿La Ley de No a la Policía Secreta en California podría ser vetada?El debate se reactivó esta semana tras una audiencia federal celebrada el miércoles 14 de enero de 2026 en Los Ángeles. Representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitaron que se bloquee la aplicación de la ley, al considerar que invade competencias exclusivas del gobierno federal y pone en riesgo a los agentes de inmigración."¿Por qué California no podría exigir que todos los agentes de inmigración usaran el uniforme rosa, para que fuera evidente quiénes eran?", preguntó Tiberius Davis, representante del DOJ, a la jueza de distrito Christina A. Snyder, según lo retomado por Los Angeles Times. "La idea de que los 50 estados puedan regular la conducta y los uniformes de los agentes pone patas arriba la Constitución", señaló.Durante la audiencia, Snyder escuchó los argumentos de ambas partes. Al finalizar, no emitió una decisión inmediata sobre la solicitud del gobierno federal de suspender la ley mediante una medida cautelar preliminar. Sin embargo, según lo expuesto en la sala, la magistrada mostró dudas respecto a varios de los argumentos presentados por el DOJ."¿Por qué no pueden realizar sus tareas sin mascarilla? Lo hicieron hasta 2025, ¿no?", repreguntó la jueza del distrito a Davis. "¿Cómo es posible que quienes no usan mascarilla puedan operar?", agregó.Desde el lado de California, los abogados insistieron en que la norma no busca obstaculizar tareas federales, sino garantizar que cualquier persona que ejerza autoridad policial sea identificable ante el público."Es obvio por qué estas leyes son de interés público", dijo ante el tribunal Cameron Bell, abogado del DOJ de California. "El estado ha tenido que asumir el coste de las acciones del gobierno federal. Estas consecuencias son muy reales", aseguró.Aunque el gobernador Gavin Newsom ya firmó la legislación en septiembre de 2025 y no puede vetarla, el futuro práctico de la norma depende ahora de una resolución judicial que podría suspenderla total o parcialmente.Qué establece la ley SB 627 aprobada en CaliforniaLa ley SB 627 prohíbe que los agentes del orden utilicen máscaras u otros elementos opacos que impidan reconocer su identidad mientras realizan tareas oficiales. La disposición alcanza a policías locales, estatales, oficiales de otros estados y también a personal de agencias federales que actúen dentro de California, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).La normativa incorpora además requisitos de identificación visible para oficiales que no porten uniforme. En esos casos, deben exhibir nombre, número de placa u otra credencial oficial durante procedimientos como detenciones o allanamientos.El texto legal contempla excepciones específicas. Entre ellas se incluyen:Operaciones encubiertas autorizadas.Intervenciones de unidades tácticas como SWAT.El uso de equipos de protección por razones de salud o seguridad, como mascarillas N95, cascos de motocicleta o elementos para exposición a gases o sustancias tóxicas.El incumplimiento de la ley puede derivar en sanciones penales menores y también en consecuencias civiles. En determinados casos, un agente que actúe con el rostro cubierto podría perder inmunidad legal y enfrentar demandas con indemnizaciones mínimas establecidas por la propia norma.La demanda de la administración Trump contra CaliforniaEl DOJ presentó una demanda en noviembre de 2025 para bloquear la ley SB 627 y una normativa complementaria. El eje central del reclamo es que la legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que el derecho federal prevalece sobre las normas estatales."Los agentes del orden público arriesgan sus vidas a diario para garantizar la seguridad de los estadounidenses, y no merecen ser objeto de divulgación de información confidencial ni de acoso simplemente por cumplir con su deber", declaró en ese momento la Fiscal General, Pamela Bondi, en un comunicado oficial.Según la administración de Trump, California no tiene autoridad para regular la vestimenta, identificación o medidas de seguridad de funcionarios federales mientras cumplen tareas asignadas por la ley nacional. En ese sentido, consideran que la SB 627 interfiere directamente con las operaciones de inmigración."Las políticas antipoliciales de California discriminan al gobierno federal y están diseñadas para crear riesgos para nuestros agentes. Estas leyes no pueden prevalecer", señaló Bondi.Además, el gobierno de Trump cuestiona que la legislación contemple excepciones para la Patrulla de Caminos de California, pero no para las agencias federales, lo que interpretan como un trato desigual con motivaciones políticas.

Modificaciones a la ley de inteligencia nacional por DNU: ¿por qué ahora y tan mal?

El primer día hábil de 2026 se conoció el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 del presidente Milei, por el que se le introducen modificaciones de importancia a la siempre sensible Ley 25.550 de Inteligencia Nacional. Cabe llamar la atención sobre la más que peligrosa reforma que determina que "el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes" (art. 10 nonies del nuevo texto de la ley).Desde la recuperación de la democracia, una de las conquistas más importantes en materia del derecho a la libertad personal fue que no alcanzara con que el funcionario que efectúa una detención, especialmente cuando ella no responde a una orden judicial, esté dotado de la "autoridad" para practicarla. El principio que, para fortuna de todos los habitantes, terminó imponiéndose es que esa detención debe necesariamente reconocer un "motivo previo". Pero no solo eso: el "motivo previo" tiene además que estar especificado de antemano en la propia ley que otorgue la facultad de aprehensión, de manera que los habitantes quedemos a salvo de la arbitrariedad estatal. Esto, la Corte Suprema lo explicó con claridad hace ya muchos años en el caso "Daray", cuando habló de la necesidad de que una detención "se sustente en una causa razonable". Y en ese contexto, agregó que ello "es lo que permite fundamentar por qué es lícito que un habitante deba tolerar la detención, y al mismo tiempo proscribir que cualquier habitante esté expuesto, en cualquier momento de su vida, sin razón explícita alguna, a la posibilidad de ser detenido por la autoridad". Este fundamental principio está recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 7 garantiza que "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas".¿Qué problemas básicos genera la modificación introducida y transcripta más arriba? Por lo pronto, se sabe que todo lo atinente a la Inteligencia Nacional está cubierto por un manto de reserva, tanto en lo que hace a la actividad de los agentes como a su propia identidad. Se sabe asimismo que el personal afectado a las tareas de inteligencia lleva por definición una clasificación de seguridad, y el acceso a dicha información solo puede ser autorizado en cada caso por el presidente o el funcionario en quien se delegue expresamente esa facultad (art. 16 de la ley 25.550). Y dentro de las modificaciones introducidas por el DNU en examen, se reafirma que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en función de su sensibilidad". (art. 2 bis).Ahora bien, el problema central con las facultades de aprehensión ahora confiadas al personal de Inteligencia, es que dicha aprehensión no sólo será legítima si se efectúa a requerimiento de un juez (lo que claramente no es objetable), o si ella se practica en caso de detectarse un delito cometido en "flagrancia" (donde hasta un particular podría llevarla a cabo), sino que esa facultad también aparece acordada "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia" (art. 10 nonies ya citado, primer párrafo). Y aquí, claramente, lo que falta en el texto de la ley es la descripción del motivo o causa que vuelve legítimo el proceder del "personal de Inteligencia" dotado ni más ni menos que de la facultad de privar a cualquier habitante de su libertad.Con lo cual, el resultante de estas nuevas disposiciones con fuerza de ley no podría en verdad ser más inquietante. Personas que no sabemos quiénes son, y que por definición actúan de manera encubierta, han sido dotadas de la facultad de "aprehender", sin que se especifiquen o delimiten en el propio texto legal los parámetros válidos de su accionar. Lo único que la norma comentada exige es que, luego de esa aprehensión, se "dé aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".Se podrá decir que estas modificaciones no han suprimido la fórmula general del art. 3 de la ley 25.520, según su redacción inicial de 2001. Según se explica allí, el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional debe ajustarse a las previsiones contenidas en los capítulos de la Constitución Nacional relacionados con los derechos y garantías de los habitantes. Pero es claro que estas nuevas modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 han venido a ampliar la gama de facultades del denominado "personal de Inteligencia", y a este tipo de funcionarios, con todo el secretismo que rodea su accionar, se les ha acordado una facultad expresa de "aprehensión de personas", de la que antes carecían. Ello, sin que esa facultad haya sido rodeada de ningún recaudo normativo que nos permita avizorar qué conducta es aquella de la que debemos abstenernos para impedir ser privados de nuestra libertad.Una nota final nada menor. La "necesidad" y la "urgencia" para legislar a espaldas del Congreso en una materia tan sensible, y hacerlo en el último día del año, es claro que "nos las deben".

Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sufre retrasos en la Asamblea Legislativa

Enfrentamientos entre bancadas y prolongadas sesiones, dificulta el avance de la norma para cubrir la falta de especialistas en centros médicos

IRS en Florida: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

En los próximos días comenzará la temporada tributaria de 2026, con cambios relevantes en la legislación fiscal de Estados Unidos que no eximen a los contribuyentes de Florida. Para este año, se introdujeron nuevas disposiciones federales. Además, ya están definidos los plazos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).Qué deben saber los inmigrantes en Florida sobre la declaración de impuestosA partir del 26 de enero de 2026, la fecha establecida por el IRS para el inicio de la presentación de declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025, los contribuyentes pueden comenzar a enviarlas independientemente de su estatus migratorio.La fecha límite para cumplir con esta obligación es el miércoles 15 de abril de 2026. Hasta ese día, las personas deben presentar su declaración y pagar cualquier saldo adeudado.En caso de no poder cumplir en tiempo, existe la posibilidad de solicitar prórrogas. Es necesario remarcar que estas no eximen del saldo de los impuestos calculados.Los cambios más importantes para la declaración de impuestos 2026En el calendario para 2026, otro punto relevante corresponde al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Según la ley vigente, aquellos ITIN que no fueron utilizados en una declaración federal durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024 tenían como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025. Por este motivo, se deberían haber renovado antes de presentar la declaración en 2026.En un comunicado oficial, la agencia señaló: "Los sistemas de información se actualizaron para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante esta temporada".Además, bajo la "One Big Beautiful Bill Act" entraron en vigor ciertos cambios. Una de las modificaciones más llamativas corresponde a la introducción de deducciones específicas sobre ciertos tipos de ingresos.La legislación federal establece que algunos trabajadores podrían ser elegibles para deducciones vinculadas a propinas calificadas y horas extra, con límites y condiciones específicas. Sin embargo, ciertos beneficios requieren de requisitos adicionales, como contar con un número de Seguro Social válido.También fueron modificados términos de la deducción de intereses pagados por préstamos de autos. Ahora se permite deducir hasta US$10.000 por intereses de préstamos destinados a vehículos de uso personal ensamblados en EE.UU. Para aplicar, es obligatorio incluir el número de identificación del vehículo en la declaración.La ley de los taxes para los inmigrantes de Florida en 2026En el Estado del Sol, así como en el resto del país, aplica la ley federal, que establece que declarar impuestos no es una opción voluntaria.Sin importar si es inmigrante o ciudadano estadounidense de nacimiento, toda persona que obtiene ingresos en el país norteamericano debe reportarlos ante el IRS, incluso si no cuenta con un número de Seguro Social. En esos casos, el sistema permite cumplir mediante el uso del ITIN.Como sucede en el resto del país, no declarar en Florida cuando existe el deber legal puede resultar en sanciones económicas, intereses acumulados y procesos de cobro por parte de la autoridad fiscal.Los ingresos de los trabajadores son registrados por el IRS a través de formularios como el W-2 o el 1099, enviados por empleadores y plataformas de pago. Así es que la omisión de la declaración no impide que la agencia detecte ingresos no reportados y emita notificaciones formales.Qué sucede con la información de impuestos de los inmigrantes y el ICEDurante el último año, bajo el segundo mandato de Donald Trump, hubo una versión de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) colaboraría activamente con el IRS para detener a inmigrantes. Pese al temor latente en la comunidad migrante, la legislación vigente protege la confidencialidad de los datos que los contribuyentes entregan a la agencia de recaudación. De acuerdo con la ley, el IRS no comparte de forma general información de los contribuyentes con el ICE, a excepción de los casos en los que existe una orden judicial vinculada a un caso grave.

Advierten que el incumplimiento de una ley provoca que haya más juicios laborales

CÓRDOBA.- El costo de los juicios laborales equivale a 1,2% de la masa salarial, un índice que es casi la mitad de la alícuota promedio del sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), de 2,5%, que atraviesa una situación muy compleja. Lo paradójico es que crecen los juicios mientras baja la cantidad de siniestros. Al tiempo que se debate en el Congreso una reforma laboral, el esquema de riesgos de trabajo está en una coyuntura de costos "muy altos, crecientes e inciertos", que dañan la competitividad y desalientan la generación de empleos, según consigna un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea.De hecho, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) dio cuenta de 122.875 demandas iniciadas entre enero y noviembre de 2025, y estimó que ese año cerró con 132.000 casos, por encima del récord de 2017. El costo que se calculó es de $2,3 billones.¿Por qué crecen los juicios si hay menos accidentes? Según los economistas del Ieral, el motivo es que en las pericias médicas que se hacen en las justicias laborales provinciales no se aplican las reglas previstas para cuantificar la incapacidad. Esta irregularidad, en un contexto en el cual litigar es gratuito para el trabajador, genera incentivos muy fuertes para llegar a los tribunales, según interpretan.La ley 27.348, que complementa el régimen de riesgos de trabajo, se sancionó en 2017 y fue de aplicación inmediata en CABA, al estar su justicia laboral en la esfera federal. Con el paso del tiempo, adhirieron 16 provincias (Córdoba, Mendoza y Río Negro en 2017; Buenos Aires, Corrientes, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta y Chaco en 2018; Santa Fe en 2020; Neuquén en 2022 y en 2024, San Luis y Chubut).Así, su aplicación es parcial en el país, aunque en términos de empleadores y trabajadores las provincias adheridas representan aproximadamente 90% de los totales nacionales.La clave, advierten los analistas, es que las provincias siguen sin conformar los cuerpos médicos forenses previstos en la citada ley 27.348, y las pericias les son encargadas a médicos seleccionados por sorteo, en el marco de un listado abierto de profesionales.Nueva evaluaciónEn general, al profesional designado se le pide realizar una nueva evaluación del trabajador, independiente de la que hizo la comisión médica del sistema y, frecuentemente, los honorarios son proporcionales al porcentaje de incapacidad determinado. "Esto no solo es ineficiente, sino que facilita y promueve la aplicación de criterios subjetivos, sesgados y dispersos en la evaluación del daño", evalúa el Ieral.La "arbitraria dispersión de criterios", consigna el informe, queda demostrada en las diferencias que presenta la litigiosidad según la provincia. Aunque, en promedio, el 10% de los siniestros se dirime en juicio, hay distritos donde ese índice llega al 17% (CABA, Mendoza, Santa Fe), mientras que en otros es de 1% (Corrientes, Chaco, Formosa). En Salta, directamente es el 0%.Las enfermedades profesionales son cinco veces más litigiosas que los accidentes, aunque la intensidad de ese hecho también varía mucho según la provincia. En Mendoza, prácticamente la totalidad de los casos va a juicio (92%); en Córdoba y Neuquén eso ocurre con el 70%, y en CABA y Santa Fe la mitad se judicializa.Tomando como ejemplo a Córdoba y Santa Fe, provincias parecidas en tamaño y esquema productivo, en la primera el 11% de los siniestros llega a juicio, mientras que en Santa Fe el índice es de seis puntos porcentuales más, aunque, a la vez, hay un 20% menos de procesos litigiosos a causa de enfermedades.Según los registros oficiales, en 2023 se presentaron 767.000 solicitudes de incapacidad a la Comisión Médica. Dos tercios fueron por siniestros en los que, según la evaluación de la ART, estuvo presente el origen laboral pero no hubo secuelas que derivaran en el pago de una indemnización por pérdida de capacidad. El 74% de esos casos se resuelve con acuerdo entre el trabajador y la ART. Del remanente, 16% se soluciona en la Comisión Médica, y 10% en la Justicia.Sobre esos datos, el informe señala que la litigiosidad típica se origina en casos en que la Comisión Médica dictaminó que no hay incapacidad o que la hay, pero en un porcentaje muy bajo (1%); luego, en la demanda se exagera la incapacidad (se reclama 27%), con la expectativa de que aunque la Justicia lo reduzca sustancialmente (a 16% de incapacidad), sea suficiente para generarle ingresos al trabajador y honorarios a los profesionales.El 64% de las demandas judiciales iniciadas en 2023 terminaron con sentencias que determinaron menos de 15% de incapacidad, y 96%, menos de 30% de incapacidad. Como referencia, en Chile se genera derecho a indemnización a partir del 15%, y en España a partir del 30%. Así, en la mayoría de los casos que generan juicios en la Argentina, en esos países se consideran que no justifican una indemnización.Criterios dispersosOtra fuente de incertidumbre es la dispersión de criterios para actualizar las indemnizaciones: para un mismo monto inicial puede variar hasta tres veces, según la fórmula que se aplique. También agrega dudas el hecho de que la Justicia no cumple con los plazos de caducidad, es decir, con el periodo máximo que puede transcurrir entre la fecha de emisión del dictamen administrativo de la Comisión Médica y la fecha en que alguna de las partes decide recurrir a la justicia provincial.Frente a este contexto, el Ieral considera que "no es necesaria una reforma fundacional, sino cambiar los procedimientos para las pericias médicas. En lugar de encomendar a la Justicia laboral la elaboración de una nueva evaluación del trabajador, la Justicia debería concentrar la atención en revisar las disidencias que se plantean con el dictamen de la Comisión Médica".El informe añade que el trabajo del perito médico judicial tiene que consistir en una "opinión fundada y profesional sobre los puntos que se cuestionan en la evaluación que hizo la Comisión Médica, siempre tomando como referencia las reglas previstas en la legislación". En esa línea, considera que, tal como lo prevé la ley de 2017, se debe constituir un cuerpo provincial de peritos seleccionados por concurso, con remuneraciones en función de la tarea realizada y no dependientes del porcentaje de incapacidad que determine.Además de reformar los procedimientos que aplica el Poder Judicial de cada provincia para elaborar las pericias médicas, apunta el Ieral, es "recomendable que se respeten los plazos de caducidad y un criterio homogéneo y razonable para la actualización de los montos indemnizatorios".

La gente que vive en la calle y la ley que pone obstáculos en la ayuda

El artículo 20 de la Ley de Salud Mental obliga a intención judicial para internar a pacientes contra su voluntad. Qué sucede en las calles de la Ciudad con personas que llevan más de un año en esa situación.

Delcy Rodríguez presentó un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos en Venezuela, mientras Trump sigue negociando con petroleras de EE.UU.

La presidenta encargada lo anticipó en el mensaje anual al Parlamento.El proyecto implica extender los permisos de la ley antibloqueos para agilizar las ventas de petróleo.

Gremiales empresariales respaldan la Ley Quincena 25 tras su aprobación

El pronunciamiento conjunto de las principales asociaciones del sector privado enfatiza el potencial de la normativa para incrementar el bienestar de los hogares y contribuir al equilibrio macroeconómico del país

"Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley: estalló el ministro del Interior, Armando Benedetti

Cerca de 17 gobernaciones del país expresaron respaldo a la postura liderada por Andrés Julián Rendón, que anunció que su departamento no ejecutará las medidas fiscales decretadas por el presidente Gustavo Petro

Un abogado penalista sembró dudas sobre la investigación del choque frontal en Pinamar y recordó lo que dice la ley

Mientras continúa la investigación por el choque frontal entre una camioneta y un UTV en La Frontera de Pinamar â??un hecho que dejó a un niño de ocho años internado en estado críticoâ??, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre cómo se está abordando el caso desde el punto de vista judicial.En diálogo con LN+, el abogado penalista Carlos Dieguez sostuvo que la situación procesal podría cambiar de manera significativa dependiendo de la evolución médica del menor. "Según cómo prospere su salud, va a ir mutando la calificación legal", explicó.Carlos Dieguez, abogado penalistaDudas sobre la falta de detenciónDieguez planteó como llamativo que el conductor de la camioneta no se encuentre detenido. Según detalló, el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contemplan sanciones severas en casos de conducción imprudente o temeraria."Es raro que no esté detenido. La ley prevé la detención cuando hay conducción imprudente, temeraria, parabrisas polarizados, falta de oblea de VTV. Son prohibiciones absolutas", enumeró el penalista, tras remarcar que la acumulación de infracciones puede tener un fuerte peso en la causa."Salen a matar o morir"El abogado fue más allá y citó un comentario que, según dijo, escuchó en off de una persona vinculada a la seguridad de la zona. "Ayer me dijeron: 'Salen a matar o morir'. Eso habla de dolo eventual", afirmó.En ese sentido, dijo que el dolo eventual se configura cuando una persona realiza maniobras peligrosas sabiendo que puede causar un daño grave, pero aun así continúa. "Son imprudentes, hacen maniobras temerarias porque no respetan al otro", señaló.Posibles penas y estrategia de defensaDieguez anticipó que la causa podría llegar a juicio oral y que las penas no serían menores. "Puede haber hasta 10 años de prisión porque hay lesiones gravísimas agravadas. Además, todas las cuestiones antirreglamentarias van a sumar a la hora de aplicar la pena", advirtió.Sin embargo, también señaló cuál podría ser la estrategia de la defensa. "La otra parte va a ir por la culpa concurrente: admitir que tuvo culpa, pero sostener que el otro también, para mitigar la historia y que las penas sean más leves", concluyó.

Trump vuelve a agitar la Ley de Insurrección ante la escalada de protestas y violencia en Minneapolis

MINNEAPOLIS.- El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis para seguir con las redadas migratorias.La advertencia de Trump se produjo en medio de una creciente tensión tras un nuevo tiroteo en la ciudad. El miércoles por la noche, un agente federal disparó a un hombre en la pierna después de que este fuera atacado con una pala de nieve y el mango de una escoba durante un intento de arresto, según informaron las autoridades. El hombre, de origen venezolano, fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. Este incidente reavivó el miedo y la indignación entre la población, que ya estaba movilizada desde hace días por otro hecho más grave: la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando estaba dentro de su vehículo durante una operación de control migratorio el 7 de enero. Esa muerte desató protestas masivas y críticas hacia las tácticas de las agencias federales. En este contexto, Trump volvió a amenazar con recurrir a la Ley de Insurrección â??una herramienta excepcional y poco utilizadaâ?? para desplegar al ejército o convocar a la Guardia Nacional con el objetivo de restablecer el orden, incluso sin el aval de los gobernadores."Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN", escribió el presidente en redes sociales, al tiempo que prometió "poner fin rápidamente a la farsa" que, según dijo, vive ese "otrora gran Estado".A lo largo de la historia, los presidentes estadounidenses han invocado esa ley en más de dos docenas de ocasiones. La más reciente fue en 1992, cuando George H. W. Bush autorizó el despliegue militar para contener los disturbios en Los Ángeles, a pedido de las autoridades locales.La reacción en Minnesota fue inmediata. El fiscal general estatal, Keith Ellison, afirmó que desafiará cualquier despliegue en los tribunales y recordó que ya presentó una demanda para frenar la ampliación de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que asegura haber realizado más de 2000 arrestos en el estado desde principios de diciembre. El ICE depende de ese departamento.El gobernador demócrata Tim Walz también rechazó la escalada y pidió descomprimir la situación. "Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Detén esta campaña de represalia. Esto no es lo que somos", escribió en X.Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteoEn las calles de Minneapolis, el conflicto volvió a hacerse visible el miércoles por la noche. Cerca del lugar del tiroteo más reciente, el humo cubrió la zona mientras agentes federales con cascos y máscaras antigás lanzaban gas lacrimógeno contra una pequeña multitud. Los manifestantes respondieron con piedras y fuegos artificiales.Escenas similares se repiten desde la muerte de Good. En distintos puntos de la ciudad, agentes federales han sacado a personas de sus autos y de sus casas, enfrentándose a transeúntes furiosos que exigen el fin de los operativos."Esta es una situación imposible para nuestra ciudad", reconoció el alcalde Jacob Frey. "Estamos tratando de encontrar una manera de avanzar que permita mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos y preservar el orden", dijo. Frey advirtió además que la fuerza federal desplegada es cinco veces mayor que el cuerpo policial local, de unos 600 agentes, y que su presencia ha "invadido" la ciudad, generando temor e ira entre los residentes.En un comunicado sobre el episodio del miércoles, el DHS informó que agentes federales intentaron detener a un ciudadano venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. La persona huyó en un vehículo, chocó contra un auto estacionado y luego escapó a pie.Según el relato oficial, cuando los agentes lograron alcanzarlo, otras dos personas salieron de un departamento cercano y los tres atacaron a uno de los efectivos. "Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo", sostuvo el departamento. El enfrentamiento ocurrió a unos siete kilómetros del lugar donde Good fue asesinada.El jefe de policía Brian O'Hara confirmó que el herido permanece hospitalizado con una lesión que no pone en riesgo su vida y que las otras dos personas involucradas están bajo custodia.Mientras tanto, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional informó que Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó contra Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el operativo. La fuente habló bajo condición de anonimato y no brindó detalles sobre la gravedad de las lesiones, ni sobre cuándo fueron diagnosticadas o qué tratamiento recibió. El departamento tampoco respondió a consultas adicionales.Good murió luego de que tres agentes rodearan su camioneta SUV en una calle nevada, a pocas cuadras de su casa. Un video grabado por una transeúnte muestra a un agente ordenándole que abra la puerta mientras toma la manija del vehículo. Cuando el auto comienza a avanzar, Ross, ubicado al frente, levanta su arma y dispara al menos tres veces a corta distancia.La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good utilizó su SUV como un arma, una versión de legítima defensa que fue duramente cuestionada por funcionarios estatales y locales. El abogado del agente, Chris Madel, se negó a hacer comentarios.En paralelo, la familia de Good contrató al mismo estudio jurídico que representó a la familia de George Floyd en el acuerdo por 27 millones de dólares alcanzado con la ciudad de Minneapolis.Agencia AP

La vieja ley que California quiere derogar y que multa a quienes juegan pelota en las calles de Los Ángeles

En Los Ángeles, California, existe una sección de la ley municipal que prohíbe a las personas jugar a la pelota en la calle. El martes 13 de enero, el Concejo Municipal votó para avanzar en la redacción de una ordenanza que derogaría esa norma, luego de que uno de sus miembros la considerara como "extraordinariamente absurda".En California: la vieja ley que multa a quienes juegan pelota en la calleAsí como sucede en varias partes de Estados Unidos, en Los Ángeles existen legislaciones que quedaron obsoletas y el gobierno avanza para su derogación. Esto sucedió en los últimos días con la Sección 56.16 del Código Municipal de Los Ángeles. La regulación prohíbe a las personas jugar a la pelota en calles, aceras y parques públicos, salvo en las zonas designadas a esta actividad.En concreto, el texto legal expresa: "Ninguna persona podrá jugar a la pelota ni a ningún deporte con un balón, ni lanzar, arrojar, disparar o descargar ninguna piedra, proyectil, bala, flecha o cualquier otro objeto, en, sobre, a través de, a lo largo de o sobre cualquier calle o acera, ni en ningún parque público, excepto en aquellas zonas de dicho parque destinadas a tales fines".De acuerdo con el documento, aquellos que violen la ley estarían sujetos a multas de hasta US$1000 y seis meses de prisión. Según los registros municipales, la norma data de 1945.La moción para derogar la vieja ley de California que multa a quienes juegan pelota en la calleEn agosto del año pasado, el concejal Bob Blumenfield presentó una moción para derogar la norma. En el texto, Blumenfield resaltó los insólitos castigos por practicar una actividad inofensiva."En la ciudad de Los Ángeles, es un delito, castigado con una multa de US$1000 y hasta seis meses de cárcel, que un padre juegue a la pelota con su hijo en la acera frente a su casa, o que los niños jueguen un partido de fútbol americano o pateen una pelota de fútbol en cualquier calle residencial tranquila o incluso en muchos parques públicos...".Luego, calificó la ley como "extraordinariamente absurda" y sostuvo que derogarla no cambiaría principios claves del código. "Las actividades graves enumeradas en esta sección del código, como disparar un arma o flechas, ya están prohibidas por otras leyes, incluidas las secciones 55.00 y 55.06 de la LAMC", señaló.El martes pasado, los 14 miembros del consejo presentes en la reunión votaron para redactar una ordenanza que derogará la ley. El único ausente, según informó CBS News, fue el propio Blumenfield, pero su falta no incidió en la votación.La vieja ley de California que regula el uso de patinetas en las callesEn el mismo Código Municipal de Los Ángeles, la Sección 56.15.1 regula el uso de las patinetas. Enmendada por Ordenanza Nro. 182.389, vigente desde el 2013, señala que el Ayuntamiento podrá mediante ordenanza especificar ciertas vías públicas, aceras, estacionamientos y demás propiedad pública, o partes de estas, en las que se prohibirá andar en patineta.Además, indica que quienes utilicen patinetas en vías públicas, aceras, estacionamientos y otras propiedades públicas deberán cumplir con los siguientes requisitos y restricciones:Patineta en posición vertical: solo se pueden usar de pie. Está prohibido utilizar, empujar o impulsar una patineta sentado, boca abajo, de rodillas o acostado.Controles de tránsito: se deben obedecer todos los límites de velocidad, señales de alto, semáforos y demás controles de tránsito que rijan el derecho de paso.Ceder el paso al tráfico en la misma dirección: es requisito circular cerca del extremo derecho de la calzada y ceder el paso a los vehículos que se acerquen por detrás, colocándose en el bordillo o arcén derecho.Intersecciones no controladas: al acercarse a una intersección no controlada, las personas que anden en patineta en la vía pública o aceras deberán ceder el paso a los vehículos que se encuentren tan cerca que representen un peligro y no podrán cruzar la intersección a una velocidad superior a 10 millas por hora.Modo de operación: ninguna persona podrá operar una patineta de forma imprudente, ni de forma o a una velocidad que cause o amenace con causar lesiones a sí misma o a terceros, ni que obstruya o ponga en peligro el libre uso de la propiedad pública por parte de otros peatones o conductores.Acoplamiento o remolque de un vehículo: no se deberá acoplar la patineta ni a sí mismo a ningún vehículo motorizado en la vía pública.

Frenan reestricciones contra ONG: PJ declara inaplicable Ley APCI y protege el derecho a litigar contra el Estado

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima falló a favor del IDL, anulando los artículos de la ley que pretendían sancionar a organizaciones por defender a víctimas

Para frenar al ICE en Nueva York: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan y la posibilidad de un encuentro con agentes aumenta en Nueva York, al igual que en otros estados. Ante este riesgo, es mejor conocer la lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata.La documentación a presentar en un encuentro con ICELos especialistas de The Legal Aid Society, que ofrece recursos legales a los neoyorquinos, explican que encuentro con ICE "probablemente será estresante y aterrador". Por tanto, conviene saber qué documentos debe llevar consigo, lo que dependerá de la situación migratoria.De acuerdo con una guía de la organización, si no se tiene estatus migratorio permanente y ninguna protección, no recomiendan llevar documentos que identifiquen la nacionalidad o país de origen.Algunos abogados de inmigración indican que si se ha vivido en Estados Unidos durante más de dos años, se pueden llevar documentos que lo comprueben, como contratos de arrendamiento, facturas de servicios públicos o recibos.Mientras que aquellos con residencia permanente o algún otro estatus, pueden llevar: Tarjeta de residencia permanente (green card).Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).Aviso de aprobación (I-797).Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.Documentos para migrantes: lo que exige la leyEl Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), precisa en su sitio web que la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que a todo extranjero en EE.UU. "se le emitirá un certificado de registro" o una tarjeta de recibo.Asimismo, la legislación señala: "Todo extranjero de 18 años de edad o más deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta". Esto significa que los residentes permanentes con green card, o migrantes con otro tipo de certificado, deben portar siempre el documento, y mostrarlo a los agentes de inmigración en caso de ser necesario.La ley indica que cualquier extranjero que no cumpla con estas disposiciones "será culpable de un delito menor", lo que podría generar una multa.¿Cuáles son mis derechos durante un arresto de ICE?The Legal Aid Society enlistó los derechos de los inmigrantes en caso de un encuentro con agentes del ICE. Estos son los puntos más destacados a conocer:Se tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que se diga puede ser usada en su contra.No es necesario que se responda ninguna pregunta, ni siquiera la de un funcionario federal de inmigración.No es necesario que se firme nada, ni siquiera un documento de un funcionario federal de inmigración.No se tiene que dar permiso para que alguien entre a la casa, a menos que tenga una orden judicial, la cual deberá ir firmada por un juez, no por un agente de inmigración.Se puede preguntar si se es libre de irse. Si dicen que sí, lo mejor es alejarse tranquilamente.Usted siempre tiene derecho a permanecer en silencio sobre su país de nacimiento, su estatus migratorio y cómo ingresó a Estados Unidos.

Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA

En Casa Rosada afirman que "está muy cerca de lanzarse el pliego" privatizador y que se publicará en las próximas semanas. El Estado se desprenderá de su capital accionario y lo dejará en manos privadas. Cómo será el proceso

Ley 27.191: diez años que cambiaron la matriz energética argentina

El 31 de diciembre pasado se cumplieron los diez años previstos en la Ley 27.191, de fomento de las energías renovables. No es una efeméride más. Es el cierre de un ciclo y, al mismo tiempo, la prueba empírica de que en la Argentina la transición energética puede dejar de ser una mera acumulación de buenas intenciones y transformarse en resultados concretos.Cuando fue aprobada en 2015, la ley estableció un objetivo que la gran mayoría consideró irrealista: alcanzar, para fines de 2025, un 20% de participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional, incluyendo energía eólica y solar, entre otras fuentes de generación, sin incluir las grandes hidroeléctricas. El objetivo era muy ambicioso, ya que, al momento de la sanción de la ley, la participación de las renovables era de apenas el 1,8%. Una década después, los datos desarman el escepticismo.Argentina registra hoy picos de cobertura de energías renovables del 45% de la matriz eléctrica, y cuando se consoliden en breve los informes oficiales de 2025, el promedio anual se ubicará entre 18% y 19%. La discusión, entonces, ya no es si el modelo funcionó, sino cómo es que funcionó y qué sucedió para estar tan cerca de cumplir una meta que desde sus inicios y durante años fue catalogada como utópica.La clave de este resultado está en una diferencia que suele subestimarse en el debate público: la Ley 27.191 y su consecuente implementación reemplazaron de manera definitiva a la Ley 26.190 y los infructuosos intentos por hacer de la Argentina un país con energías renovables. La norma anterior y su implementación habían quedado como una expresión de deseo: una norma sin instrumentos, sin diseño de mercado y sin una hoja de ruta capaz de convertir objetivos en proyectos reales. La 27.191 fue concebida con mecanismos concretos para que las metas se cumplieran y, a diferencia de todas las experiencias previas, alineó desde su origen el diseño normativo con la implementación. No hubo divorcio entre la letra de la ley y su ejecución; quienes tuvimos la visión fuimos quienes tuvimos la fortuna de ponerla en marcha.Presentada e impulsada en 2013 por el entonces oficialismo, fue sancionada en 2015 con el apoyo casi unánime de todo el arco político. La administración siguiente, de signo político opuesto, la implementó entre 2016 y 2019. Las dos administraciones posteriores, también en las antípodas políticas de sus predecesoras, aun con sus propios matices, la respetaron y continuaron. El cumplimiento de los objetivos de la Ley 27.191 se puso por encima de la coyuntura, priorizando a la Argentina sobre la pelea partidaria. Histórico.Más que una norma, la Ley 27.191 fue un instrumento de política de desarrollo. Permitió desplazar de manera estructural la importación y la quema de combustibles fósiles, ahorrar divisas y demostrar que la transición energética no es solo una agenda ambiental, sino, por sobre todo, económica. El impacto es contundente: hoy, la Argentina ahorra unos 2000 millones de dólares por año en sustitución de combustibles fósiles. En los 20 años de vida útil de los activos, en una proyección lineal, ese ahorro acumulado asciende a 40.000 millones de dólares, una cifra comparable al total de la deuda contraída con el FMI, la mayor que ese organismo otorgó a un solo país en su historia. Este es el impacto real del cual hablamos.La ley permitió crear algo que hasta entonces no existía en la Argentina: un mercado de compraventa de energía renovable moderno, competitivo y financiable. Con mecanismos de mitigación de riesgo y reglas claras, el sector atrajo, a día de hoy, más de 11.000 millones de dólares en inversión concreta, provenientes de todos los rincones del planeta. Este partido lo jugaron desarrolladores, empresas energéticas, industriales y entidades financieras de todo el mundo, muchos de ellos actores que nunca habían operado en el país, muchos de ellos montando estructuras de financiamiento de largo plazo que hacía décadas no sucedían y que hoy día, no suceden en otros sectores.En una economía marcada por la volatilidad y la desconfianza crónica, el sector renovable logró una rareza: construir un mercado privado de estándares internacionales, con proyectos operativos a lo largo y ancho del territorio nacional y financiamiento global dispuesto a asumir riesgo cuando el diseño institucional lo justificó.A diez años de su sanción, la Ley 27.191 deja una lección que trasciende el sector energético. Argentina no fracasa por falta de recursos, ni por falta de talento, ni siquiera por falta de objetivos ambiciosos. Fracasa cuando confunde metas con políticas, cuando no entiende que la infraestructura solo se construye con reglas claras, estables y de largo plazo, cuando dos argentinos no pueden dialogar sin pelear. La experiencia renovable demuestra que cuando los objetivos se traducen en unión, en instrumentos adecuados y en capacidad de ejecución, los resultados llegan, y vaya si llegan. Ignorar esta evidencia sería el peor de los errores, algo que el país no merece.La Ley 27.191 dejó una enseñanza clara: el diseño institucional importa. Y en ese sentido, algunas decisiones recientes muestran que el aprendizaje no se detuvo. Luego de un exitoso ciclo de licitaciones centralizadas desde el Estado Nacional (programa RenovAr), como punto de partida para la concreción de los objetivos y para marcar el terreno de precios, el mercado a término entre privados (conocido como programa MaTer) se consolidó como una de las herramientas más virtuosas del esquema. Para la industria, dejó de ser una opción marginal y pasó a ser una oportunidad concreta para reducir costos energéticos, asegurar la previsibilidad de los precios a largo plazo y ganar competitividad en un contexto global cada vez más exigente. Allí donde el sistema permitió competencia real, los resultados aparecieron.En la misma línea, las modificaciones regulatorias que incorporaron el costo y la planificación del transporte eléctrico fueron un acierto. Sin redes, la transición energética se vuelve retórica. Reconocer al transporte como parte integral del problema, y de la solución, permite destrabar proyectos y ordenar decisiones de inversión que durante años podrían y pueden quedar postergadas.Otro paso en la dirección correcta fue la incorporación del almacenamiento como componente del sistema. La tecnología dejó de ser experimental para volverse confiable y muy competitiva, y su despliegue en red ya no responde a una agenda futura, sino a una necesidad presente. Integrar almacenamiento no solo mejora la gestión de la variabilidad renovable, sino que eleva la eficiencia y la resiliencia del sistema eléctrico en su conjunto.Hacia adelante, la oportunidad es clara y no admite demoras. La ampliación del sistema de transporte eléctrico y la expansión del almacenamiento a escala deben pensarse bajo una lógica de alta competencia internacional, capaz de atraer actores globales, ampliar la oferta y, en consecuencia, bajar los precios de la energía. Sin competencia, no hay eficiencia; sin reglas claras, no hay inversión.En vísperas de la tan deseada normalización del sector eléctrico, hay una decisión que no debería postergarse: que sean las distribuidoras de todo el país las que puedan suscribir sus contratos de abastecimiento en el mercado. Se deberá entonces considerar la implementación de instrumentos de mitigación de riesgos que permitan a los actores que lo requieran, conseguir buena oferta. Todo un desafío, pero ya hemos demostrado que se puede.Ese nuevo esquema requiere, además, un marco normativo coherente. Extender la prohibición de incorporar impuestos al recurso renovable, entendiendo que no se trata de un beneficio sectorial, sino de una medida de protección al usuario final. Gravar la energía limpia solo tendría un efecto: encarecerla y trasladar ese costo a los hogares y las industrias, en abierta contradicción con los objetivos de competitividad y transición.La experiencia demuestra que los incentivos y desincentivos importan. El mecanismo disuasivo incorporado en la Ley 27.191 funcionó como estaba previsto. A lo largo de estos años hubo múltiples intentos provinciales y municipales de capturar renta mediante cargas indebidas y, en todos los casos, el marco legal permitió neutralizarlos. No fue casualidad: lo sabíamos y sucedió; el marco regulatorio se encargó de desmontarlo. Fue, lisa y llanamente, diseño institucional aplicado.La próxima etapa no exige inventar mucho. Exige, simplemente, no desaprender lo que ya funcionó.La Ley 27.191 no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue el resultado de comprender, desde el inicio, que la transición energética no se declama: se diseña, se financia y se ejecuta. Diez años después, los resultados están a la vista y no admiten reinterpretaciones. El país ya demostró que puede construir mercado a gran escala, atraer inversión de primer nivel mundial, desplazar combustibles fósiles y transformar su sistema energético con reglas claras y capacidad de implementación.El desafío que se abre ahora no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con responsabilidad. Porque ya quedó probado que cuando Argentina alinea voluntad, visión, diseño y ejecución, puede competir a nivel internacional y convertir objetivos ambiciosos en realidades. A partir de aquí, el verdadero riesgo no es fallar: es olvidar por qué esta vez funcionó.Exsubsecretario de energías renovables de la nación, autor de la Ley 27.191

Franquicias globales, empresas locales y el Estado: el efecto dominó de la ley Quincena 25

La reciente ley transforma la remuneración de miles de empleados y suma respaldo empresarial. Una iniciativa que apunta tanto al bienestar de los trabajadores como al crecimiento económico y social

Mototaxistas reclaman exclusión de ley contra extorsiones: Gobierno prioriza a grandes empresas de transporte, afirmó gremio

Mientras el Ejecutivo anuncia nuevas normativas para proteger al sector, representantes de mototaxistas denuncian su marginación en la respuesta oficial frente a la inseguridad y el crimen organizado

Trump firmó una ley que traerá de vuelta la leche entera a los comedores escolares en Estados Unidos

Así, revierte las restricciones vigentes desde 2012 y modifica las reglas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que alimenta a unos 30 millones de estudiantes en todo el país.

Ley de Equidad: una encuesta reflejó el humor de los jubilados cordobeses tras la reforma y trajo tranquilidad en el Panal

Un relevamiento entre 55.000 jubilados provinciales muestra que la reforma previsional modificó lo que piensan los adultos mayores y reordenó la mirada sobre la gestión de Martín Llaryora. El mayor respaldo aparece entre quienes cobran la mínima con bono. Leer más

Rodrigo Chaves: "El pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben temerle al peso de la ley"

El mandatario costarricense responde con determinación a detractores y opositores del plan de alta contención. Su declaración desafiante enfatiza la urgencia de una nueva política de seguridad para el país

Ricardo Anaya bautiza a la reforma electoral de la 4T como "Ley Maduro"

El senador panista sostiene que las iniciativas en materia democrática buscan afianzar una centralización del poder y debilitar los mecanismos de contrapeso

Asamblea Legislativa aprobó la ley Quincena 25 como beneficio adicional para trabajadores

El nuevo pago anual busca complementar los ingresos de empleados de los sectores público, municipal, militar, civil y privado, estableciendo que no estará sujeto a retenciones, descuentos ni cálculos para otras prestaciones

Ghosting laboral: la nueva ley canadiense que obliga a las empresas a responder a los candidatos

La experta en recursos humanos Ayelen Kalenok explicó en diálogo con Canal E el alcance de la nueva ley anti-ghosting laboral sancionada en Ontario, Canadá, que obliga a las empresas a informar a los candidatos sobre el estado de los procesos de selección. Leer más

â? Jhonny Rivera habló sobre su funeral y dijo que la ley de la atracción existe: "Si hablas de la muerte, comienzas a atraerla"

El músico aseguró que se dio cuenta de este tipo de situaciones gracias a una lectura que realizó hace unos meses, en la que afirma que manifestar atrae lo bueno a su vida y le permite dejar de lado las energías negativas

CSIF detecta "deficiencias" en la implantación de la Ley Bolaños en doce partidos judiciales más grandes de Andalucía

TC valida la 'Ley Soto': El Congreso detectó "un problema" en la suspensión de la prescripción

En una sentencia recientemente publicada, los magistrados destacan la Ley 31751 ya que los antiguos plazos para la suspensión de la prescripción podían "vulnerar el derecho al plazo razonable"

El presidente de El Salvador impulsa la Ley Quincena 25 para fortalecer los ingresos familiares

La nueva iniciativa busca otorgar un pago adicional al salario mensual durante enero, destinado a empleados que perciben hasta USD 1.500, con el objetivo de dinamizar la economía y aliviar la presión financiera de los hogares

¿Te puedes mover luego de un accidente de tránsito en la CDMX? Esto dice la ley

Un incumplimiento de las obligaciones establecidas tras un hecho de este tipo puede derivar en acciones legales