ley

Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria

Buenas noticias para Texas: la nueva ley SB 785 firmada por Abbott que impacta en la construcción

La esencia de esta normativa radica en eliminar barreras que hasta ahora frenaban ciertos desarrollos.Así, se amplían las oportunidades para constructores y compradores potenciales.

La ley en Florida que busca regular la velocidad de los conductores de bicicletas eléctricas

El crecimiento sostenido del uso de bicicletas eléctricas en Florida llevó a los legisladores estatales a impulsar cambios en la normativa vigente. Las propuestas HB 243 y SB 382 avanzan de manera paralela en la Cámara y el Senado, con textos similares que buscan unificar criterios sobre clasificación, velocidad, operación y seguridad de estos vehículos.¿Qué vehículos califican como bicicletas eléctricas en Florida?Ambos proyectos parten de la premisa de que el marco legal actual no distingue con claridad entre los distintos tipos de e-bikes, ni entre estos y otros medios de transporte motorizados. Según la HB 243 y la SB 382, la falta de definiciones precisas dificulta la aplicación de reglas de tránsito y el registro adecuado de accidentes.Los textos propuestos introducen el concepto de "motocicleta eléctrica" para identificar a aquellas que, por su potencia y velocidad, dejarían de ser consideradas bicicletas. Cualquier vehículo con un motor de 750 vatios o más que sea capaz de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora) quedaría incluido en esta nueva categoría.Además, las propuestas exigen un sistema de etiquetado obligatorio. Los fabricantes y distribuidores deberían colocar una información detallada, permanente y visible en cada unidad, donde se indique la clase del vehículo, la velocidad máxima asistida por el motor y el vataje del sistema eléctrico.Regulación de la velocidad y prohibición de modificaciones en las e-bikes en FloridaLa regulación de la velocidad de las bicicletas eléctricas se aborda de forma indirecta a través de la clasificación técnica y la prohibición de alteraciones. Los proyectos establecen que no se podrá modificar una e-bike para cambiar su capacidad de asistencia del motor o su velocidad máxima.Cualquier intervención destinada a aumentar el rendimiento del motor o a superar los límites definidos por la ley estaría expresamente prohibida. La normativa considera estas modificaciones como infracciones de tránsito no criminales.Multas previstas para las bicicletas eléctricas en FloridaLas sanciones previstas en los proyectos incluyen: Multa de US$100 por la primera infracción.Multa de US$250 en caso de reincidencia dentro de un período de tres años.La ley contempla una excepción parcial si, tras una modificación, el propietario reemplaza la etiqueta original para reflejar correctamente las nuevas especificaciones técnicas del vehículo.Los requisitos de licencias para las bicicletas eléctricas en FloridaOtro aspecto relevante de las propuestas HB 243 y SB 382 es la incorporación de requisitos de licencia y permisos para ciertos tipos de e-bikes: Bicicletas eléctricas de Clase 3, que asisten el pedaleo hasta las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora), deberán contar:Licencia de conducir válida Permiso de aprendizajeEl conductor estaría obligado a portar el documento mientras opera el vehículo y a presentarlo ante un agente autorizado si se le solicita. En caso de no cumplir con este requisito, la primera intervención derivaría en una advertencia verbal. Las infracciones posteriores serían tratadas como faltas de tránsito no criminales.Las propuestas también fijan una restricción etaria. Las personas menores de 16 años no podrían operar bicicletas eléctricas con motores de 750 vatios o más, una medida asociada a los modelos con mayor capacidad de velocidad.Cambios en la educación vial y exámenes para la licencia de conducirLos proyectos HB 243 y SB 382 proponen modificaciones al sistema de educación vial de Florida. En el caso de la licencia de conducir Clase E, el banco de preguntas del examen teórico debería incorporar al menos 25 preguntas relacionadas con la seguridad de ciclistas y peatones.De ese total, un mínimo de cinco preguntas estaría dedicado específicamente a la operación segura de las e-bikes y scooters motorizados. El objetivo es que los conductores de vehículos tradicionales tengan mayor conocimiento sobre cómo compartir la vía con estos medios de transporte.Asimismo, los cursos obligatorios para obtener un permiso de aprendizaje deberían incluir contenidos sobre convivencia vial con bicicletas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal. Estas incorporaciones buscan actualizar la formación de conductores ante el aumento del uso de estos vehículos.¿Cuándo entraría en vigor la ley de Florida para regular el uso de las bicicletas eléctricas?Tanto el proyecto HB 243 como el SB 382 continúan su recorrido por los comités legislativos correspondientes. Cada uno debe ser aprobado por su respectiva cámara y luego conciliado en caso de diferencias entre los textos.Para convertirse en ley, ambas iniciativas deberán recibir la aprobación final de la Cámara de Representantes y del Senado, y posteriormente la firma del gobernador Ron DeSantis. Solo entonces las disposiciones pasarán a integrar el marco legal del estado.Según lo establecido en los proyectos, la fecha prevista de entrada en vigor general es el 1.° de julio de 2027. No obstante, el debate legislativo podría introducir cambios en los plazos o en el contenido antes de su aprobación definitiva.

Delcy Rodríguez afirmó que a ley de amnistía servirá para sellar la "paz" y la "reconciliación" en Venezuela

"La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío", afirmó la presidenta encargada del país

Ley de Glaciares, una política de Estado clara y consolidada

El debate en torno a la Ley de Glaciares vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública en un contexto particular. El año 2025 fue un año especial para esta norma: se cumplieron quince años de su sanción y, por primera vez, se celebró el Día Mundial de los Glaciares. Ambos hitos invitan no solo a conmemorar, sino también a reflexionar sobre el recorrido, el sentido y la vigencia de una ley que se convirtió en un emblema del ambientalismo argentino, pero que, sobre todo, constituye una política pública concreta y activa. Este nuevo escenario de discusión se da, además, en el marco de una propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que vuelve a poner sobre la mesa preguntas fundamentales: qué protege la Ley de Glaciares, cómo se implementa, cuál es su relación con el federalismo y por qué ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo atravesando gobiernos de distintos signos políticos. Lejos de plantear una discusión binaria o ideologizada, este debate ofrece una oportunidad para explicar con claridad qué es esta ley, por qué es importante y por qué su continuidad es clave para la protección del agua y el desarrollo del país. Agua, territorio y desigualdad hídrica en la Argentina Argentina es, en términos generales, un país rico en agua. Sin embargo, esa riqueza hídrica no se distribuye de manera homogénea en el territorio. Alrededor de dos terceras partes del país corresponden a ambientes áridos y semiáridos, donde el agua es un recurso escaso y estratégico. En estos territorios, cada gota cuenta. La disponibilidad de agua condiciona la vida, la producción, el desarrollo de las economías regionales y la sostenibilidad de los ecosistemas. Por eso, pensar la protección del agua no puede limitarse a una mirada localizada ni sectorial. Requiere una perspectiva integral del territorio nacional. Desde este enfoque debe comprenderse la Ley de Glaciares. No se trata de una norma pensada únicamente para zonas de alta montaña o para paisajes lejanos de la vida cotidiana de la mayoría de la población. Se trata de una ley que protege reservas estratégicas de agua en un país donde la desigualdad hídrica es una característica estructural. Qué es la Ley de Glaciares y por qué es una ley clara La Ley 26.639 es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Para el público general, es importante aclarar que cuando se habla de "presupuestos mínimos" no se está haciendo referencia a montos económicos, sino a un nivel base de protección ambiental que debe cumplirse en todo el territorio nacional. Existen otras leyes de presupuestos mínimos en la Argentina, como la Ley de Bosques, que establecen un piso común de protección ambiental más allá de las jurisdicciones provinciales. La Ley de Glaciares se inscribe en ese mismo marco constitucional, previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Se trata de una ley clara, con un objeto definido y objetivos explícitos: proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. La ley define qué se protege, por qué se protege y cómo se implementa esa protección. No es una norma ambigua ni declarativa, sino una ley operativa, diseñada para ser aplicada. El Inventario Nacional de Glaciares: el instrumento central de la ley La implementación territorial de la Ley de Glaciares tiene como instrumento central al Inventario Nacional de Glaciares. Es el inventario el que permite llevar los presupuestos mínimos a la práctica. El inventario individualiza cuerpos de hielo. Identifica cuáles son, dónde están y qué tipo de cuerpos de hielo existen en el territorio nacional. En ese sentido, el inventario es, esencialmente, un mapa: un mapa con límites definidos, con expresión espacial concreta y con información precisa. Esta característica es fundamental, porque elimina ambigüedades. Los cuerpos de hielo inventariados son los sujetos de protección de los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la ley. Al tener una expresión espacial clara, no hay dudas respecto de qué se protege. Qué contiene el inventario: tipos de cuerpos de hielo El Inventario Nacional de Glaciares incluye distintos tipos de cuerpos de hielo, todos ellos relevantes desde el punto de vista ambiental e hidrológico. Entre ellos se encuentran los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los manchones de nieve y los glaciares de escombros. Estas categorías no son arbitrarias ni responden a decisiones discrecionales. Surgen de criterios técnicos y científicos ampliamente aceptados, y permiten caracterizar de manera precisa las distintas formas en que el hielo y el agua se almacenan en los ambientes de montaña. Ambiente periglacial y glaciares de escombros Uno de los conceptos que suele generar mayor confusión en el debate público es el de ambiente periglacial. Es importante aclarar que el ambiente periglacial no son "los alrededores" de los glaciares ni una zona indefinida de influencia. Se trata de un ambiente específico, con características geomorfológicas e hidrológicas propias. Dentro del ambiente periglacial, lo que el inventario identifica y protege son los glaciares de escombros. Estas geoformas están compuestas por detrito rocoso que contiene agua en sus intersticios. Esa agua intersticial cumple un rol ambiental clave, especialmente en ambientes áridos y semiáridos. En el debate técnico se ha hablado en algunos casos de la significancia hídrica de estos cuerpos de hielo, poniendo el foco en el volumen de agua almacenada. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental más amplia, lo relevante es su significancia ambiental: el impacto que esa reserva de agua tiene en ecosistemas donde el recurso es escaso y donde cada aporte hídrico resulta fundamental. Presupuestos mínimos y federalismo: complementariedad, no contradicción Uno de los cuestionamientos más frecuentes a la Ley de Glaciares sostiene que existiría una contradicción entre los presupuestos mínimos ambientales y el dominio originario de los recursos naturales que retienen las provincias. Esta lectura no es correcta. Los presupuestos mínimos establecen un piso común de protección ambiental. A partir de ese piso, las provincias conservan plenamente sus competencias. El dominio originario implica que las provincias son dueñas de los recursos naturales y deciden qué se hace con ellos. No hay contradicción, sino complementariedad. La ley nacional fija la base mínima; las provincias, en ejercicio de su autonomía, toman decisiones adicionales en función de sus realidades territoriales. El rol de las provincias: federalismo en acción Las provincias hacen uso de su dominio originario de los recursos naturales a través de instrumentos como el ordenamiento ambiental del territorio y los estudios de impacto ambiental. Son estos estudios los que definen el sí o el no a un proyecto o a un desarrollo, y esa definición corresponde exclusivamente a las provincias. En ese marco, algunas jurisdicciones establecen áreas buffer o áreas de amortiguamiento alrededor de los cuerpos de hielo inventariados. Otras definen áreas de protección con distintos niveles de resguardo. Estas diferencias responden a las miradas que cada provincia tiene sobre el desarrollo y la protección de su territorio. Existen provincias con enfoques más proteccionistas y otras con enfoques más desarrollistas. Esto es legítimo y forma parte del federalismo argentino. La diversidad de enfoques no invalida la base común que constituyen los presupuestos mínimos, sino que la complementa. Un inventario completo, que se actualiza El Inventario Nacional de Glaciares se completó en el año 2018, con más de 16.000 cuerpos de hielo identificados. Desde entonces, lo que se realiza son actualizaciones parciales. Actualizar el inventario no implica poner en duda su completitud. Las actualizaciones reemplazan sectores específicos del inventario original, incorporando nueva información obtenida a partir de mejores tecnologías o de cambios reales en los glaciares, generalmente asociados a retrocesos. El inventario está completo y sigue vigente. Las actualizaciones lo fortalecen y lo mantienen actualizado frente a una realidad dinámica. La triple validación de la metodología de actualización del inventario La metodología de actualización del Inventario Nacional de Glaciares tuvo una triple validación administrativa previa a su implementación. En primer lugar, una validación social, a través de una consulta pública que permitió la participación ciudadana. En segundo lugar, una validación federal, mediante la consulta a las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que actuó como ámbito de articulación institucional. Y en tercer lugar, una validación científica, a través de la opinión de investigadores e investigadoras del ámbito nacional e internacional, canalizada mediante el Conicet. La metodología validada es idéntica a la utilizada para el inventario original de 2018. Un instrumento técnico con respaldo institucional y legal El inventario es un instrumento de origen técnico-científico, elaborado por un instituto especializado en glaciología y nivología como el Ianigla, organismo del Conicet. A esa base técnica se suma un respaldo institucional y jurídico fundamental. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y estableció que el inventario no es solo un instrumento científico-administrativo, sino que también tiene validez legal. Este fallo refuerza la seguridad jurídica del instrumento y consolida su rol dentro del esquema de presupuestos mínimos ambientales. El principio de no regresión ambiental El principio de no regresión ambiental establece que, en materia ambiental, los niveles de protección pueden aumentar, pero no deben retroceder. Este principio forma parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y constituye un límite claro a eventuales reformas regresivas. Además, el principio de no regresión ambiental aparece mencionado en los fundamentos del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares elevado por el Poder Ejecutivo Nacional y firmado por el Presidente y sus ministros. Esta referencia fortalece el principio y lo incorpora explícitamente al discurso institucional del Ejecutivo. Si se considera este principio junto con la existencia de un inventario hipervalidado que individualiza los cuerpos de hielo sujetos de protección, la consecuencia es clara: un cuerpo de hielo inventariado no puede ser desprotegido. Las reformas legislativas son parte del funcionamiento democrático, pero no deberían implicar retrocesos en los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Desarrollo y protección: una falsa dicotomía En este punto resulta fundamental romper con una falsa dicotomía que suele atravesar el debate público: la idea de que es necesario elegir entre desarrollo y protección ambiental. La Ley de Glaciares no plantea esa disyuntiva. El esquema deseable es el del desarrollo sostenible, en el que la protección del agua y de los ecosistemas constituye una condición para un desarrollo viable en el largo plazo. No hay desarrollo posible sin agua, y no hay seguridad jurídica ni previsibilidad sin reglas claras. La ley, el inventario y los presupuestos mínimos no buscan frenar el desarrollo, sino ordenar el territorio y establecer condiciones básicas que permitan compatibilizar actividades productivas con la protección de un recurso estratégico. La Ley de Glaciares es una ley clara, con una trayectoria de más de quince años, un instrumento central sólido y una implementación continua a lo largo de gobiernos de distintos signos políticos. El inventario está completo, se actualiza de manera transparente y cuenta con validación científica, institucional y legal. El federalismo no solo no se ve afectado por esta ley, sino que se articula con ella. Y el principio de no regresión ambiental establece un límite claro a cualquier intento de desprotección. No estamos frente a una ley en crisis. Estamos frente a una política de Estado consolidada, clave para proteger el agua y pensar un desarrollo sostenible para la Argentina. Ecóloga e investigadora del Conicet, exdirectora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Ambiente de la Nación (2019-2023)

Embargo de salario en 2026: estos son los topes legales y porcentajes que fija la ley para trabajadores

En Colombia, los procesos judiciales por deudas pueden derivar en embargos salariales. La normativa vigente en 2026 define límites específicos según el tipo de obligación, el monto del ingreso y la naturaleza del acreedor, con protecciones establecidas para quienes devengan el salario mínimo legal

Millones de deudores y dueños de pequeños negocios se verán beneficiados con cambios en la ley de insolvencia

Una experta explicó las ventajas para aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones financieras

Mypes piden al Congreso intervenir para elaboración del reglamento de la ley que garantiza compras estatales

Mediante un documento, Fredemype pidió a Fernando Rospigliosi que exija al Produce reglamentar la ley que amplía la participación de las MYPE manufactureras en compras estatales, ya que la falta de reglamento impide su aplicación y paraliza el sector

Avanza en el Parlamento de Venezuela la ley de amnistía: las claves del proyecto

La iniciativa aprobada en primera lectura cubriría delitos políticos cometidos entre 1999 y 2026, anularía órdenes de Interpol y levantaría inhabilitaciones, pero excluye crímenes graves

Venezuela dio el primer paso para liberar a sus presos políticos: se aprobó la Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional votó por unanimidad el proyecto que busca perdonar a cientos de personas detenidas por protestar o criticar al gobierno. Tras la caída de Nicolás Maduro en enero, el clima político en el país caribeño muestra señales de una reconciliación que incluye el retorno de exiliados y la devolución de bienes. Leer más

Sebastián Di Doménica: "Argentina necesita tener una ley de inteligencia artificial pronto"

El especialista en inteligencia artificial habló sobre el proyecto de ley que busca regular la IA en Argentina y que podría debatirse recién en 2026. Leer más

La nueva ley que se aplica en California y que impacta en los trabajadores: sin importar el estatus migratorio

A partir de febrero de 2026, los empleadores en California están obligados a entregar un aviso escrito anual que informe derechos laborales y constitucionales a toda su plantilla. La ley, identificada como SB 294 y conocida como "Conozca sus derechos en el lugar de trabajo", se aplica sin considerar el estatus migratorio e incorpora sanciones económicas ante incumplimientos.Qué establece la ley SB 294 para empleadores y trabajadoresLa SB 294 determina que los jefes deben entregar el aviso por escrito al utilizar los canales habituales de comunicación interna. Entre ellos se incluyen la entrega en mano, el correo electrónico o los mensajes de texto, siempre que estos medios sean empleados regularmente en la relación laboral.El documento debe proporcionarse en el idioma que el empleador use de forma habitual para comunicarse con el trabajador, siempre que exista una versión oficial disponible. Las plantillas aprobadas están accesibles en varios idiomas, entre ellos:InglésEspañolChinoTagaloVietnamitaCoreanoHindiUrduPunjabíAdemás de la entrega anual, la ley dispone que el aviso debe proporcionarse en el momento de la contratación de nuevo personal. Si el trabajador cuenta con un representante autorizado, este también debe recibir la notificación correspondiente.La norma deja en claro que las protecciones informadas se aplican a todas las personas que laboren en California, independientemente de su situación migratoria, y que ningún empleador puede condicionar el acceso a estos derechos por ese motivo.Contenido obligatorio del aviso anual de derechos laborales en CaliforniaEl texto que deben entregar los jefes incluye información específica sobre distintas áreas del derecho laboral: Compensación de trabajadores: abarca el acceso a atención médica y beneficios económicos en caso de lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo.Derecho a organizarse sindicalmente: esto incluye la posibilidad de formar, unirse o colaborar con un sindicato, así como participar en acciones colectivas relacionadas con salarios, horarios, seguridad o condiciones laborales, sin enfrentar represalias.Protección frente a prácticas migratorias consideradas injustas: el documento debe explicar que los empleadores no pueden amenazar con denunciar a un trabajador o a su familia ante autoridades federales como forma de castigo o presión.Derecho a recibir notificaciones: en caso de inspecciones de documentos laborales, como los formularios I-9, cuando estas sean realizadas por agencias de inmigración.Derechos constitucionales y contacto de emergencia en caso de arrestoUna de las incorporaciones relevantes de la SB 294 es la obligación de informar al personal sobre derechos constitucionales durante interacciones con fuerzas del orden en el lugar de trabajo. Esto incluye garantías previstas en la Cuarta y la Quinta Enmiendas de la Constitución de EE.UU.Entre estos derechos se encuentran la posibilidad de negarse a registros de pertenencias personales sin una orden judicial válida y el derecho a guardar silencio para evitar la autoincriminación, incluso ante preguntas relacionadas con el estatus migratorio.La ley también introduce el derecho de cada trabajador a designar un contacto de emergencia específico para casos de arresto o detención. Los empleadores deben permitir que su personal actual realice esta designación antes del 30 de marzo de 2026.Si un jefe tiene conocimiento de que un empleado fue arrestado en el lugar de trabajo, debe notificar al contacto designado. Esta obligación se activa únicamente cuando tiene conocimiento efectivo de la detención.Multas y consecuencias por incumplir la ley SB 294El incumplimiento de la obligación de entregar el aviso anual puede derivar en sanciones económicas. Para infracciones generales, la normativa prevé multas de hasta US$500 por empleado por cada violación detectada.Las sanciones son mayores cuando se incumplen las disposiciones relacionadas con el contacto de emergencia. En esos casos, la multa puede alcanzar los US$500 por trabajador por cada día que persista la infracción, con un tope máximo de US$10.000.Las penalizaciones pueden ser recuperadas directamente por el empleado afectado como una sanción estatutaria, o bien ser reclamadas por la Comisionada Laboral o por un fiscal público como multa civil. La normativa establece que no pueden aplicarse ambos mecanismos por una misma violación.En situaciones donde el incumplimiento derive en acciones civiles, el jefe también puede ser obligado a cubrir honorarios legales y costos judiciales. La ley refuerza que cualquier intento de represalia frente a una queja constituye una infracción adicional.

El Parlamento de Venezuela aprobó en primera lectura la ley de amnistía

El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados "celeridad" en el proceso de consultas para su aprobación final: "No tenemos mucho tiempo"

Córdoba: la Justicia otorgó el primer amparo favorable a un jubilado provincial contra la Ley de Equidad Jubilatoria

La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación ordenó a la Caja de Jubilaciones abstenerse de aplicar la Ley 11.087 a un jubilado bancario. El fallo marca un precedente tras el rechazo de otro amparo en diciembre y abre la puerta a nuevas presentaciones judiciales contra la reforma previsional impulsada por Martín Llaryora. Leer más

El Gobierno acelera el trabajo en comisiones de Ley Penal Juvenil y espera tener media sanción la próxima semana

Avanza la idea de poner el piso en 14 años y agregar un apartado presupuestario para su aplicación. El oficialismo cuenta con las firmas para dictaminar e ir el jueves al recinto

Morena Jalisco se pronuncia por detención de presidente municipal de Tequila, vinculado al CJNG: "Nadie por encima de la ley"

Morena Jalisco dio su postura por medio de un comunicado posteado en sus redes sociales

Venezuela comienza a debatir la ley de amnistía para la liberación de presos políticos: a quiénes va a excluir

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela tiene en agenda iniciar este jueves el debate sobre la ley de amnistía general, que excluirá "violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según el texto de justificación legislativa al que accedió la AFP.La "Ley de amnistía para la convivencia democrática" es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la ley de amnistía, que, según el presidente del cuerpo -y hermano de la presidenta interina-, Jorge Rodríguez, se espera que sea discutido y aprobado de forma rápida.La sesión está convocada para el mediodía (13 en la Argentina), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo."Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice la exposición de motivos. "Quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas", añadió."La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos", indicó el texto de justificación, que apuesta por "la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad".Expertos temen que el texto sea lo suficientemente vago como para caer en una discrecionalidad de la justicia, ya acusada de servir al chavismo.La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un "estricto acatamiento" de la Constitución venezolana, que ya prohíbe incluir este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.La presidenta interina, que trabaja en colaboración con Estados Unidos pese a su retórica bolivariana, anunció el viernes pasado una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder y que implique la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos."Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político" y "esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primero en la línea de sucesión de su hermana.El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral. Esta sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.Tras la captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas el 3 de enero, y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta interina, el régimen entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.EscepticismoLa propuesta de ley fue recibida con cautela por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Foro Penal, una de las más prestigiosas del país sudamericano y que monitorea la situación de los presos.El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sostiene que la citada ley genera optimismo, pero pidió cautela y que "no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos en el pasado".El proyecto de ley se discute además en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por Delcy Rodríguez el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos, y que además es cuestionado por su falta de transparencia.Voceros del gobierno han dicho que ha liberado a casi 900 reclusos desde diciembre. Sin embargo, según cifras de Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el miércoles a la mañana, solo se comprobó la excarcelación de 350 personas, mientras más de 600 permanecen detenidas por razones políticas.El régimen niega que existan "presos políticos", y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos, y Estados Unidos la respaldaba. Esa petición se acentuó especialmente tras la captura de Maduro.Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político. ¿Elecciones este año?Mientras tanto, la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que creía que puede haber elecciones en su país a finales de este año, en una entrevista con Politico publicada el jueves."Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual (...) podría llevarse a cabo en nueve o diez meses", dijo Machado. "Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece".Machado, cuyo partido ha dicho que obtuvo el 70% de los votos en las elecciones de 2024 en Venezuela según las actas que recopiló y publicó su espacio, se reunió con el presidente Donald Trump y habló con su máximo representante diplomático y con legisladores estadounidenses el mes pasado."Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", dijo en la entrevista.Trump dijo en enero que estaba considerando "involucrar de alguna manera" a Machado, a pesar de que está trabajando en colaboración con Delcy Rodríguez.Machado dijo a Politico que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral.Agencias AFP, AP y Reuters

Luis Juez: "Estoy convencido de que el miércoles vamos a tener la media sanción a la ley de modernización laboral"

"El fuero laboral es un fuero cooptado desde hace 40 años por el peronismo", aseguró el senador cordobés. Leer más

Buenas noticias para Nueva York: Kathy Hochul firmó una ley pionera que regula la IA para modelos avanzados

Estos modelos de IA pueden llegar a generar contenidos sin intervención humana.La legislación firmada por Kathy Hochul es similar a una establecida en California.

Kowloon, la ciudad sin ley con una población 120 veces mayor que Nueva York

La policía de Hong Kong no entraba en la ciudad, que se "autogestionaba" sin autoridad.En apenas 2,6 hectáreas se amontonaban 50.000 habitantes.

Delcy Rodríguez mantuvo reuniones con directivos de petroleras europeas tras la aprobación de la ley de hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela se reunió con representantes Repsol y Maurel & Prom y destacó en un comunicado que las autoridades "continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos"

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Federalismo o demagogia: la ley de Llaryora que encendió la primera sesión del año, en clave electoral

El debate por la apertura de sesiones fuera de la capital derivó en una sesión cargada de tensión política, con el federalismo real como bandera enarbolada por el PJ. La oposición habló de "demagogia" y denunció "avasallamiento institucional". Leer más

Extraordinarias: La Libertad Avanza acelera su agenda en Diputados y fijó fecha para debatir la Ley Penal Juvenil

La Libertad Avanza cerró con bloques aliados y opositores el esquema de comisiones y sesiones de extraordinarias, con la Ley Penal Juvenil como prioridad inmediata y la reforma laboral como próximo objetivo. Leer más

La ley firmada por Greg Abbott en Texas que elimina taxes a un área clave en 2026

Texas puso en marcha una reforma tributaria focalizada en el área de investigación y desarrollo, uno de los sectores estratégicos para la economía estatal. La medida fue aprobada por la Legislatura y convertida en ley tras la firma del gobernador Greg Abbott el 22 de junio de 2025, con entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2026.Qué establece la ley SB 2206 sobre el crédito fiscal de investigación en TexasLa norma, identificada como SB 2206, modifica el funcionamiento del crédito fiscal del impuesto de franquicia aplicado a los gastos en investigación. Aunque deroga disposiciones previas que tenían fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026, el objetivo central es mantener el incentivo de forma permanente y ampliar su alcance.El cambio legal impacta tanto a empresas con obligación tributaria como a entidades que no generan deuda por impuesto de franquicia. En ambos casos, la ley redefine qué gastos califican, ajusta los porcentajes del crédito y establece mecanismos para aprovechar el beneficio incluso cuando no hay impuestos a pagar. Porcentajes del crédito fiscal:El crédito estándar es del 8,722% de la diferencia entre los gastos de investigación incurridos y el 50% del promedio de los tres periodos fiscales anteriores.Si la entidad realiza contratos con instituciones de educación superior (públicas o privadas), el crédito se incrementa al 10,903%.Para entidades que no tuvieron gastos en periodos anteriores, la deducción es del 4,361% (o 5,451% si hay contratos con instituciones educativas). En estos casos, el beneficio se calcula directamente sobre los gastos calificados del año correspondiente, con un porcentaje reducido pero igualmente aplicable.Además, la ley fija un límite general para las entidades que sí pagan impuesto de franquicia: el total del crédito aplicado no puede superar el 50% del impuesto adeudado antes de otros créditos. Sin embargo, los montos que no se utilicen en un ejercicio pueden trasladarse hasta en 20 informes consecutivos en el futuro.Créditos fiscales reembolsables desde 2026Una de las modificaciones más relevantes de la SB 2206 es la posibilidad de acceder a créditos reembolsables. Bajo el nuevo esquema, las entidades que no estén obligadas a pagar impuesto de franquicia pueden recibir el beneficio en forma de reembolso directo.Estas empresas deben calcular la deducción de la misma manera que una entidad con deuda tributaria y aplicar los porcentajes correspondientes según su situación. A diferencia de quienes sí pagan impuestos, no se les aplica el límite del 50%.El resultado es que pueden recibir el valor total del crédito calculado. Este mecanismo transforma el incentivo fiscal en una herramienta de liquidez para entidades que, de otro modo, no podrían aprovechar una deducción tradicional.Procedimiento para solicitar el reembolso del créditoPara acceder al crédito reembolsable, la empresa debe presentar la solicitud en el periodo fiscal correspondiente. Si la entidad normalmente no presenta un informe de impuesto de franquicia, deberá completar un formulario específico adoptado por la oficina del contralor de Texas.Este formulario debe entregarse a más tardar en la fecha en que vence el informe de la temporada de impuestos de 2026, que finaliza el miércoles 15 de abril. El cumplimiento del plazo es clave, ya que la ley no contempla extensiones automáticas para este tipo de solicitudes.La entrada en vigor de estas reglas comenzó a ser efectiva el 1° de enero de 2026. A partir de esa fecha, el contralor deberá también elaborar reportes periódicos para la Legislatura con datos agregados sobre el uso de las deducciones reembolsables.Qué gastos se consideran calificados según la nueva ley de TexasLa SB 2206 redefine el concepto de "gastos de investigación calificados" al tomar como referencia el marco federal. En concreto, el monto base se determina a partir de la información reportada en el formulario 6765 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).La normativa utiliza la cifra consignada en la línea correspondiente a los gastos de investigación, pero limita su alcance a aquellos costos atribuibles a actividades realizadas dentro de Texas. Este criterio territorial es clave para la elegibilidad del crédito estatal.Si el IRS realiza una auditoría o ajuste que modifique el monto originalmente reportado, la empresa está obligada a presentar un informe corregido ante el estado para reflejar los cambios en el crédito reclamado.Los cambios introducidos por la ley SB 2206 se aplican a los informes cuyo vencimiento original sea posterior a la fecha de entrada en vigor, es decir, a partir de 2026. No se trata de una aplicación retroactiva, sino de un nuevo marco para ejercicios futuros.

Condicionado por la reforma laboral, el Gobierno demora la Ley de Glaciares: el rol central de las provincias

Las autoridades nacionales no incluyeron el proyecto en la convocatoria de sesión de la próxima semana, aunque aseguran que tienen los votos para aprobarla. Algunos gobernadores desconfían y crece la tensión

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero siguen los temores entre las familias

Hoy, en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la reglamentación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante un decreto. La norma establece criterios para el régimen de pensiones y traslada la política de discapacidad al Ministerio de Salud. Sin embargo, no reglamenta la ley en su totalidad ni define el financiamiento de las prestaciones, uno de los principales reclamos del sector. Organizaciones y familias advierten que, por ahora, la medida no se traduce en mejoras concretas en la vida cotidiana.Valentina Bassi es conocida como actriz y por haber sido la cara visible del reclamo por la ley. Hoy habla como la mamá de Lisandro, un chico de 17 años del espectro autista. Ella, junto al papá de Lisan, tiene una cobertura privada y pueden hacer frente a muchos gastos. Sin embargo, además de cargar con la preocupación de otros padres que transitan el mismo dolor pero sin recursos, hay cuestiones fundamentales que no le permiten vivir en paz."Lo que de verdad no me hace dormir es perder el cole, me da mucho miedo porque no tengo plan B, y las escuelas están empezando a cerrar o a bajar su calidad", dice. Durante años buscó una escuela donde pudiera sentirse contenido y sostener una rutina. La encontró. Hoy, ese equilibrio volvió a ponerse en riesgo. Cuenta que la institución está asfixiada. "La escuela tiene diez créditos sacados con bancos y una deuda monumental con ARCA"."No es fácil conseguir escuela para un chico con discapacidad, no todas son las indicadas para cada chico. Dimos vueltas por escuelas comunes con integradora, después fuimos a una escuela especial y recién cuando Lisan tenía 12 años encontramos la escuela donde se siente bien, tiene sus compañeros, su lugar de pertenencia, es querido, apuestan por él, tiene su rutina. En autismo eso es muy importante porque lo veo avanzar, evolucionar, empezar a relacionarse con los chicos. Los cambios se miden en años, no en meses", explica.Otro tema crucial es el transporte. Las familias se quedaron sin traslado especial y "están desesperadas". "Yo lo perdí el año pasado. Con el papá encontré más o menos la forma de organizarnos, pero me sale un trabajo y se enloquece todo, porque solo lo podemos llevar nosotros o un acompañante terapéutico. No puede una niñera porque Lisan se puede desregular, no lo podemos delegar. Lo del transporte es letal".La cuestión es la culpa, por considerar que porque se puede pagar la atención privada los problemas de uno no son significativos. "Mientras lo iba verbalizando pensaba cómo empeoró mi calidad de vida. No te das cuenta, lo vas naturalizando y de repente ves que es un quilombo. A veces cuesta: con lo que tenés lo resolvés y te acostumbrás".Lo que le pasa a Valentina no es un dato aislado. En la Argentina se estima que viven unas 5,9 millones de personas con discapacidad, según proyecciones basadas en datos del INDEC. Solo alrededor de 1,9 millones tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. De ese total, cerca de 1,2 millones reciben pensiones u otros beneficios estatales, lo que deja a millones de personas sin esa cobertura formal.Juana es la mamá de Andrés y Lucas, gemelos idénticos de 12 años, dentro del espectro autista. Sus nombres son de fantasía. Cada uno transita su dolor como puede. Los chicos necesitan asistencia continua, recursos y acompañamientos para sostener su vida diaria."No podemos viajar en ningún transporte público. Necesitamos un auto contratado, que no se asuste si tu nene golpea o patalea contra la ventana. Además, las terapias que los ayudan a regular las emociones: psicopedagogía, psicoterapia, psiquiatra, espacios de juego, acompañamientos terapéuticos. También la medicación es fundamental", cuenta."Las familias con discapacidad nos acostumbramos a resolver sobre la incertidumbre y el dolor. La decisión que tomamos como familia es, a costa de lo que sea, sostener las terapias", dice. Para hacerlo, como muchas otras familias, sacaron créditos no solo para los tratamientos sino para sobrevivir. "Hoy tenemos préstamos y deudas con los bancos para pagar las cosas que los chicos necesitan"."Como mamá me cuesta darles seguridad, esperanza. Te acostás y llorás de bronca. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que explicar que no podemos tomar un colectivo y que necesitan un transporte para ir a la terapia o a la escuela? Es durísimo".Silvina Peña es la abuela de Ámbar, de 8 años, que vive con parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia y cuadriplejia. Se alimenta a través de una gastrostomía. Viven en Trelew, donde no hay centros de alta complejidad. Durante meses le decían que la nena estaba sana, hasta que hicieron una colecta y viajaron al Hospital Garrahan, donde en dos horas tuvieron el diagnóstico."Yo no soy enfermera y mi hijo tiene que salir a trabajar. Yo me quedo con ella porque si no tenés que contratar una enfermera 24/7. Entre los dos la alimentamos, él la baña, la viste y le cambia la sonda porque las enfermeras le enseñaron. Los médicos y ellas son nuestros guías", explica Silvina.Ámbar se alimenta por gastrostomía, a través de una bomba y un botón que deben reemplazarse de inmediato si fallan. Usa insumos y medicación importados, de alto costo, y una leche especial que no alcanza para una semana. Necesita además una cama y una silla especiales, con apoyos y correas, para sostener un cuerpo sin movilidad. Su cuadro neurológico es progresivo y está perdiendo la vista. "Se va deteriorando, es como una plantita y al no tener los recursos, nosotros también", dice su abuela.Parte de esos apoyos dependen de una obra social sindical que terceriza los servicios. "Hace un mes que no le están cubriendo su alimento, el único que puede usar. Cuesta $80.000 y no alcanza la semana. Aunque tengas un sueldo, no alcanza", cuenta. Ámbar, a pesar que su discapacidad es del 100%, no tiene pensión."La ley, en mi caso, es para que me cubra todo: un transportista, la escuela, un acompañante porque le tiene que pasar la leche, cambiarla, asistirla para que vaya a la escuela y a las terapias. Al no estar esta ley establecida, quedamos en la nada. No hay nada que me ampare", dice.El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traslado del área al Ministerio de Salud profundizó el temor en el sector. "No es lo mismo enfermedad que discapacidad", repiten personas con discapacidad y familiares, que advierten que al quedar el tema circunscripto al sistema de salud se debiliten políticas vinculadas a la autonomía y la inclusión, como apoyos para estudiar o trabajar, transporte, acompañantes y pensiones, que exceden el tratamiento clínico.Según organizaciones del sector, entre ellas el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, las prestaciones básicas estuvieron casi congeladas durante más de un año. Los aumentos recientes, de entre 30% y 35%, quedaron muy por debajo del atraso acumulado y de los costos reales de atención. En muchos casos, calculan, la diferencia entre lo que se debería pagar y lo que se paga efectivamente es de más de cuatro veces.Laura Alcaide tiene 36 años, es activista por los derechos de las personas con discapacidad y participa de la asamblea Discas en Lucha. Tiene discapacidad visual y es madre de Lautaro, de 9 años, que también es no vidente. "Fui la primera persona con discapacidad en mi familia y después tuve un hijo con la misma discapacidad", cuenta.Lautaro asiste a una escuela de educación común, con una maestra de apoyo a la inclusión una vez por semana, y también a una escuela de educación especial. Usa sistema Braille y dispositivos con lectores de pantalla que le permiten estudiar con mayor autonomía. "No se trata solo de que alguien te lea: los lectores de pantalla te permiten no depender todo el tiempo de otra persona", explica.En los últimos meses, esos apoyos empezaron a reducirse. El transporte que antes brindaba la escuela especial fue recortado por falta de presupuesto. "No es que dejamos de llevar a los chicos a la escuela. Es salir corriendo del trabajo, retirarlo de una escuela, llevarlo a la otra, volver a buscarlo y hacer malabares con la organización familiar", describe.Algo similar ocurre con la maestra de apoyo. "La docente que iba una vez por semana ahora tiene que dividir ese tiempo entre dos chicos. Los servicios se reducen, no por los profesionales, sino por la falta de presupuesto. Y eso impacta directamente en la trayectoria educativa".Laura trabaja en una editorial pública que produce materiales accesibles para personas ciegas y con baja visión. Reconoce que es una situación excepcional. "Soy una persona privilegiada: tengo trabajo en blanco", dice. Aun así, cuenta que también allí faltan insumos y recursos.En cuanto a la ley, considera que hay dos cuestiones fundamentales, la importancia de las pensiones y del empleo protegido. "No somos personas inválidas, las pensiones son clave para la autonomía económica. No todas las personas con discapacidad tienen que estar atadas a su familia", explica. Además, "muchas personas con discapacidad y niños que están obligados a permanecer en su núcleo familiar con muchísima violencia, en que el agresor aprovecha la situación de vulnerabilidad. Han crecido las situaciones de violencia 'discaudiante', es decir, de exclusión y maltrato hacia personas con discapacidad", dice.Las historias no son excepcionales. Se repiten en escuelas, casas y consultorios, mientras la ley sigue sin traducirse en apoyos concretos. Para muchas familias y personas con discapacidad, la vida cotidiana continúa sostenida a fuerza de arreglos, endeudamiento y desgaste.

Valentina Bassi celebró la reglamentación de la ley de discapacidad y puso reparos: "Hoy ya no es emergencia, es colapso"

Luego de que el Gobierno aprobara la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la actriz Valentina Bassi se refirió a la medida publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei."Hoy ya no es emergencia, es colpaso", aseveró en LN+.Valentina Bassi en LN+"Al reglamentarla, el Gobierno reconoció que la ley existe. Pero hasta que no esté la acción, yo no voy a respirar tranquila", sostuvo Bassi. "En este momento, la ley no está plenamente activa ni cambió la nomenclatura. Aún así, es un gran esfuerzo", remarcó.En palabras de la actriz, "prometieron aumentar las compensaciones y organizar las pensiones. Pero yo necesito verlo en la acción para estar tranquila".Asistencia para pocosEl diálogo entre LN+ y Bassi tuvo un vuelo retrospectivo. "Si la ley se hubiera puesto en julio, cuando se aprobó, hubiera sido diferente. Hoy la situación es calamitosa", subrayó."El ataque a la discapacidad es estructural: si un niño no va a la escuela, no socializa", analizó Bassi y agregó: "Mucha gente ni siquiera tiene transporte para ir a las escuelas. Y si no van a la escuela, necesitan que alguien esté con ellos en casa para que pueda cuidarlos".En pos de seguir dándole marco a la crítica situación, la actriz sostuvo: "Hoy el que no puede pagar una terapia no accede: o acepta las ínfimas ayudas de la obra social o se tiene que ir completamente al privado. Si cuando sos niño no tenés la terapia adecuada, eso resulta irreparable".Según Bassi, la situación en Discapacidad fue el resultado de una seguidilla de malas decisiones. "Si el Ejecutivo desobedece a la Justicia, entonces las prepagas se acomodan a esa desobediencia, y no le aceptan transportes ni terapias a las distintas familias", analizó la actriz. Al cierre, la referente en los derechos por la discapacidad, invitó a levantar la guardia. "Este descalabro es necesario que se ordene no mañana: ayer. Vamos a estar con los ojos bien abiertos", finalizó Bassi.Los principales puntos de la leySe incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud y se instruye a ese organismo a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días.La designación de apoderados a los efectos del cobro de la prestación se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría Nacional de Discapacidad. En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad o que hubieran sido declarados incapaces por sentencia judicial, serán abonadas al padre, madre, tutor, guardador o curador, según corresponda. 3Se suspenderá el pago de la prestación en los siguientes casos: incomparecencia, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación; percepción indebida de haberes; y/o cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación no pudieran ser entregadas por inconsistencias o inexactitudes en los datos declarados por el beneficiario.La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá, en cualquier momento, disponer las medidas que estimare procedentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen al beneficio, como así también la subsistencia de los requisitos para el goce de la prestación, y exigir la documentación y/o revisiones a los beneficiarios para su comprobación.

PJ inaplica ley de amnistía y condena a un ex Chavín de Huántar a 20 años de cárcel por delito de lesa humanidad

La condena se dicta contra Roberto Villar Chamorro por el asesinato de ocho personas en Huánuco en 1994 quien buscaba archivar la investigación

Llaryora va por su primera ley de 2026 en medio de un clima político tensionado con la oposición de Juez

La primera sesión del año legislativo tendrá como eje la ley para llevar la apertura al interior, pero el fuego cruzado con Juez y De Loredo amenaza con recalentar el debate en el recinto. Leer más

El Gobierno oficializó la Ley de Emergencia en Discapacidad: los cambios clave

Este miércoles, el gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Así, quedaron establecidos los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas alcanzadas por la normativa.La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.La reglamentación define los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes.Los principales puntos Se incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud y se instruye a ese organismo a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. La designación de apoderados a los efectos del cobro de la prestación se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría Nacional de Discapacidad. En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad o que hubieran sido declarados incapaces por sentencia judicial, serán abonadas al padre, madre, tutor, guardador o curador, según corresponda. 3Se suspenderá el pago de la prestación en los siguientes casos: incomparecencia, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación; percepción indebida de haberes; y/o cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación no pudieran ser entregadas por inconsistencias o inexactitudes en los datos declarados por el beneficiario.La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá, en cualquier momento, disponer las medidas que estimare procedentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen al beneficio, como así también la subsistencia de los requisitos para el goce de la prestación, y exigir la documentación y/o revisiones a los beneficiarios para su comprobación.

Tras un fallo judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y creó un nuevo régimen de pensiones

Tras un fallo judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y creó un nuevo régimen de pensiones Leer más

Ley de alquiler en Nueva York: la regla que blinda a los inquilinos antes de ser echados, aunque venza el contrato

La relación entre propietarios e inquilinos en Nueva York fue modificada por una norma estatal en abril de 2024, que cambió las reglas del juego y estableció un principio clave: el vencimiento de un contrato no es, por sí solo, un motivo suficiente para obligar a una persona a abandonar su vivienda. Se trata de la llamada Ley de Desalojo por Buena Causa.La ley nacida en Nueva York tras años de presión socialLas Protecciones de Desalojo por Buena Causa, incorporadas en el Artículo 6-A de la Ley de Bienes Raíces del Estado de Nueva York, fueron aprobadas en abril de 2024 luego de una prolongada organización colectiva de inquilinos en todo el estado. El espíritu de la norma es garantizar estabilidad habitacional en un mercado históricamente volátil y costoso. La ley parte de la premisa de que la vivienda es un bien esencial y que su pérdida no puede quedar librada a decisiones arbitrarias de los propietarios.En términos prácticos, la ley establece que los inquilinos elegibles tienen derecho a permanecer en su hogar siempre que paguen el alquiler y cumplan con las condiciones básicas del contrato. Incluso cuando este vence, el arrendador ya no puede simplemente negarse a renovarlo sin ofrecer una justificación válida. El concepto clave: qué significa "Buena Causa"El corazón de la ley está en la exigencia de una "buena causa" para desalojar o no renovar un contrato de arrendamiento. Según el Artículo 215 y 216 del texto legal, un propietario debe demostrar ante la justicia que existe un motivo concreto y legítimo para remover a un inquilino de la vivienda. No alcanza con la finalización del contrato ni con una decisión unilateral.Entre las razones que la ley reconoce como válidas, según explica Housing Justice For All, se encuentran: El impago de la rentaViolaciones sustanciales del contrato o conductas molestas reiteradasEl retiro del inmueble del mercado para uso personal del propietarioSituaciones excepcionales como la demolición del edificio.En ausencia de alguna de estas causas, el desalojo o la negativa a renovar el contrato puede ser impugnado judicialmente.Qué alquileres están protegidos por la normaNo todos los alquileres quedan automáticamente alcanzados por las Protecciones de Desalojo por Buena Causa. El propio texto legal detalla con precisión los criterios de elegibilidad, que buscan salvaguardar el mercado de alquiler más expuesto a abusos.Entre los principales requisitos, se destacan:Viviendas ubicadas en edificios construidos antes de 2009.Un alquiler mensual que no supere el 245% del Alquiler Justo de Mercado establecido por el Departamento de Vivienda federal.Contratos con propietarios que posean más de diez unidades de vivienda en el estado.Quedan excluidos, entre otros casos:Los edificios pequeños ocupados por el propio dueñoLas cooperativas y condominiosLas viviendas subsidiadas o con renta estabilizadaLas viviendas alquiladas como parte de un acuerdo laboral. En el resto del estado, fuera de la ciudad de Nueva York, las localidades deben optar de manera voluntaria por adherir a este régimen.Renovaciones garantizadas en Nueva York y límites a los aumentosUno de los cambios más significativos introducidos por la ley es la garantía de renovación de los contratos de arrendamiento, incluso en los acuerdos mes a mes. Para los inquilinos cubiertos, el vencimiento del contrato no implica una amenaza inmediata de desalojo. La norma elimina así lo que muchos describían como "desalojos encubiertos", en los que se forzaba la salida mediante la no renovación o subas desmedidas del alquiler.En materia de aumentos, la ley fija un estándar objetivo. Los propietarios deben justificar cualquier incremento que supere el 10% anual o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 5%, el valor que sea menor. Además, solo se permite un aumento de alquiler por año, incluso en contratos mensuales, lo que introduce previsibilidad y facilita la planificación económica de los hogares.Avisos obligatorios y defensa en la corte de Nueva YorkLa normativa también refuerza las obligaciones formales de los arrendadores. Si un propietario pretende aumentar el alquiler más de un 5%, debe notificarlo por escrito con antelación. El plazo varía según la antigüedad del inquilino en la vivienda: 30 días para quienes llevan menos de un año, 60 días para estancias de entre uno y dos años y 90 días para quienes superan los dos años de ocupación.En caso de conflicto, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda y presentar una defensa de Buena Causa ante la corte. Allí, el propietario debe probar que el aumento responde a mayores costos reales, como impuestos o mantenimiento, o que existe un motivo legítimo para el desalojo. Tal como señala el fallo judicial, la carga de la prueba ya no recae sobre el inquilino.

El Gobierno reglamentó la ley de emergencia en discapacidad: qué cambia y por qué se activó ahora

El decreto se publicó en el Boletín Oficial tras una orden judicial y fija reglas sobre pensiones, controles y auditorías. La aplicación de la norma había quedado en suspenso por la discusión presupuestaria.

A la espera del debate de la Ley de Glaciares, el Gobierno tendrá encuentros clave para lograr inversiones

El Presidente encabezará una charla frente a cientos de empresarios en Miami, pero antes de eso Pablo Quirno asistirá a una cumbre sobre litio y minerales críticos, mientras que Federico Sturzenegger compartirá una conferencia de países emergentes en Arabia Saudita

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras el fallo de la Justicia

En paralelo, el Ejecutivo designó a Alejandro Vilches como Secretario Nacional de Discapacidad. En agosto de 2025, el médico sanitarista había sido designado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El Gobierno aprobó la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad

Después de su aprobación y promulgación, y enfrentar denuncias por demorar su aplicación, el presidente Javier Milei aprobó este miércoles la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad. El proyecto había recibido el aval en el Congreso a mediados del año pasado, sin embargo, el mandatario la dejó en suspenso hasta que sus impulsores explicaran de dónde sacaba los fondos para la implementación.Ahora, a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó su reglamentación en un documento que lleva la firma de Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.De todos modos, la ley 27.793, de emergencia en discapacidad, no posee la reglamentación completa, ya que solo se trata de algunos artículos. Uno de ellos es el inciso F del artículo 4, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró que la Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, será la encargada de instrumentar mecanismos permanentes de diálogo y consulta con las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas legalmente constituidas y los prestadores de servicios. Además señaló que la secretaría dictará -junto con la intervención del Consejo Federal de Discapacidad- los lineamientos y criterios relativos a la certificaciones y al Certificado Único de Discapacidad. "El consejo ejercerá funciones de articulación federal y asesoramientos mediante la formulación de propuestas y recomendaciones", impuso."Por la ley de emergencia se establece la creación de un nuevo régimen de pensiones, cuya puesta en funcionamiento requiere necesariamente de su reglamentación destinada a definir con precisión los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes", indicó.En tanto, continuó: "La configuración del nuevo régimen deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Para ello deviene necesario establecer definiciones operativas que permitan compatibilizar la función protectora de la pensión con los objetivos de inclusión social y laboral, evitando superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales y garantizando una aplicación coherente del sistema".Por último, también estableció que cada prestador podrá solicitar la compensación de emergencia indicando ante qué organismo facturó, consignando, con carácter de declaración jurada, el monto mensual facturado entre el 1° de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 , siempre que no se encuentren alcanzados por sanciones firmes de suspensión o exclusión como prestadores dentro de los últimos dos años. "La Superintendencia de Servicios de Salud intervendrá con el objeto de efectuar el control de las facturas presentadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD). Verificará los valores subsidiados, conforme a la normativa del mecanismo de integración, para cada una de las facturas, y que se correspondan con el período en cuestión", cerró.

Sindicat de Llogateres cree que la moratoria de desahucios mejora la ley para arrendadores

¿Adiós al ICE en Nueva York? La ley propuesta por Kathy Hochul que busca eliminar la cooperación de la policía local

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un proyecto de ley que busca frenar de manera explícita la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El anuncio ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas federales y el creciente temor en comunidades inmigrantes. La iniciativa de Hochul para limitar el rol del ICE en Nueva YorkLa propuesta, bautizada como Local Cops, Local Crimes Act, se enmarca en un paquete más amplio de medidas incluidas en la agenda de la gobernadora. Según explicó la oficina de Hochul en su comunicado oficial, el objetivo central es impedir que policías locales y cárceles estatales sean utilizadas como herramientas para la aplicación de leyes federales de inmigración. De acuerdo con el gobierno estatal, esto desvía recursos clave y perjudica la confianza pública.El proyecto establece una separación tajante entre las funciones de seguridad pública locales y las tareas propias de las agencias federales. En ese sentido, la gobernadora remarcó que la prioridad debe ser combatir el delito en los vecindarios y no involucrar a oficiales municipales o estatales en operativos migratorios masivos. Desde su perspectiva, esta cooperación forzada no solo resulta ineficaz, sino que además pone en riesgo derechos fundamentales."Local Cops, Local Crimes Act": qué prohíbe la ley impulsada por Hochul en Nueva YorkEl texto presentado detalla una serie de restricciones concretas que buscan cerrar los canales de colaboración directa con el ICE en materia de inmigración. La intención es evitar que la estructura local quede subordinada a la agenda federal en este ámbito.Entre los puntos centrales de la propuesta se destacan:La eliminación total de los acuerdos 287(g), que permiten a agentes estatales y locales actuar como funcionarios federales de inmigración.La prohibición de que policías y sheriffs utilicen recursos financiados por los contribuyentes para realizar tareas de control migratorio civil.El impedimento para que agentes federales usen centros de detención locales con fines de inmigración civil, ya sea para retenciones, redadas masivas o el traslado de personas detenidas.El impacto directo sobre los acuerdos 287(g)Uno de los efectos inmediatos de la iniciativa sería la anulación de todos los convenios 287(g) vigentes en Nueva York. Actualmente, 14 agencias de seguridad del estado, distribuidas en nueve condados, mantienen este tipo de acuerdos con el ICE. De aprobarse la ley, quedarían automáticamente sin efecto.Con esta decisión, Nueva York se sumaría a otros siete estados que ya prohibieron este mecanismo: Washington, Oregon, California, Illinois, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut. La posición de Hochul frente al avance de la administración Trump contra migrantesHochul fue dura al describir las acciones recientes de los agentes federales de inmigración. En declaraciones incluidas en el anuncio oficial, sostuvo que "en el último año, agentes federales de inmigración han llevado adelante actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública". Según la gobernadora, estos abusos y la "instrumentalización" de la policía local no serán tolerados en Nueva York.La mandataria estatal insistió en que su propuesta no busca obstaculizar investigaciones criminales conjuntas con agencias federales. De hecho, el proyecto aclara que las fuerzas estatales y locales podrán colaborar en indagaciones penales, siempre que no se trate de la aplicación de leyes migratorias civiles.

Crímenes, promiscuidad y ley de la selva: revelan cómo era la noche en la capital del Imperio Romano

Al caer la noche, la capital del Imperio romano se transformaba en un territorio sin ley. Al anochecer las calles se convertían en un hervidero de bandas criminales, ruidos ensordecedores de carruajes y el constante riesgo a recibir el contenido de un orinal desde las alturas. ¿Era la noche un espacio de libertad o una sentencia de muerte para quien se atreviera a caminarla?La revista académica Florentia Iliberritana de la Universidad de Granada mostró estudios sobre las noches en Roma y sus peligros. Si bien la vida nocturna era vibrante y llena de actividad, también presentaba una ambigüedad: uno podía salir en busca de diversión y terminar malherido. Por una parte, estaba el escape de las restricciones y la cotidianeidad del día, donde espacios como tabernas, banquetes privados y actividades que trasgredían la ley permitían a las personas de diversos sectores divertirse y experimentar su libertad de forma temporalmente permitida. Por un momento, las clases sociales se difuminaban levemente y uno podía relajarse y divertirse. Por otro lado, la noche también estaba marcada por inseguridad, hechos violentos como robos y altercados entre bandas, crimen y desorden social. Según el estudio, entender estas formas, actividades y comportamientos implica comprender el funcionamiento de la sociedad en la época y cómo se veía reflejado en lo más profundo de la ciudad. La noche permitía observar lo que el día ocultaba: "Las contradicciones del orden legal, la fragilidad del poder institucional, las tensiones de clase y las estrategias de supervivencia de los sectores más vulnerables". En la noche: la ciudad al descubierto El artículo detalla cómo la arquitectura urbana de la antigua Roma facilitaba los peligros de la noche. Con sus callejones estrechos, poca iluminación y falta de patrullas de vigilancia, eran los espacios perfectos para los asaltos y robos que ocurrían cuando la oscuridad tapaba la ciudad. Entre la embriaguez y la promiscuidad, las fiestas incluían consumo excesivo de alcohol, lo que aumentaba la desinhibición y los comportamientos peligrosos, perturbando la paz y el orden público. También se mencionan bandas numerosas de hombres jóvenes que deambulaban buscando conflictos y peleas, frecuentemente atacando a quien se les cruzara por la calle. Incluso el emperador Nerón, según el historiador Suetonio, se disfrazaba para no ser reconocido, aunque alguna víctima lo recuerda, luego de ser golpeada, herida y arrojada a la cloaca frente a la resistencia. Las bandas a veces estaban compuestas por miembros entrenados como gladiadores o exsoldados, quienes empleaban un rol de guardaespaldas de los hombres más adinerados o solo empleando miedo y terror para quien estuviera en la rambla. También surgía la pelea entre jóvenes de élite y plebeyos, las cuales eran comunes y generalmente concluían en violencia física. Por otro lado, las personas que vivían en las insulae -edificios de apartamentos de varias plantas que albergaba a la población de clase media y baja- arrojaban el contenido de sus orinales por la ventana, lo que era un desastre para la higiene pública. Al contrario de lo que uno podría pensar o ver en una película, la noche romana no se destacaba por su silencio: es que la Ley Julia Municipal prohibía la circulación de carros de mercancía durante el día hasta el anochecer con el objetivo de no colapsar las calles y permitir que la gente circule tranquilamente. Las únicas excepciones de esta norma eran "los carros profesionales, los dedicados a la celebración de los triunfos militares, los carruajes para juegos públicos y los que llevaban materiales de demolición de edificios públicos", según menciona el artículo. Como resultado, los suministros necesarios para la ciudad se desplazaban durante la noche. De esta manera, las ruedas de los carros con llantas de hierro dejaban huellas en las calles empedradas de la ciudad, acompañado de los gritos de sus transportistas, quienes interrumpían el sueño de aquellos que intentaban dormir.El estudio también señala que aquellos que tuvieran los recursos para contrarrestar estas amenazas, se encontraban acompañados en todo momento de un criado con antorcha y aunque fueron bastante utilizadas al principio, su uso quedó relegado a ceremonias importantes como bodas o funerales. Sin embargo, otros métodos de iluminación incluían velas, lámparas de aceite y candelabros, entre otras. ¿Cuál era la respuesta del estado frente al crimen? El artículo destaca que Roma no contaba con un cuerpo policial que mantuviera el control público y la seguridad de los ciudadanos. En la época republicana el orden de la ciudad quedó en manos de los aediles, un grupo lo más parecido a policías. Sin embargo, en paralelo, durante la vigilancia nocturna los tresviri noc-turni o capitales eran pocos en números, pero prostitutas, esclavos y marginados quedaban bajo su orden. Sin embargo, nunca ofrecieron una protección real. Con la llegada de Augusto -emperador romano-, la situación mejoró dado que creó cuerpos como las cohortes urbanas, que funcionaban como una especie de fuerza paramilitar para controlar a la multitud y el orden público. Los vigiles, el cuerpo de bomberos que prevenían crímenes menores y captura de criminales, llegó a tener 7000 efectivos. Por otro lado, la guardia pretoriana era la encargada de garantizar la seguridad del emperador e investigar crímenes contra el Estado. A pesar de esto, la vida en la ciudad era irregular y peligrosa. Los marginados y sus ritualesEn la noche, los cementerios eran considerados lugares de mal augurio, pero también escenarios de funerales de los más pobres y de niños, que elegían ese momento por superstición. También se podía encontrar a mujeres practicando brujería o nigromancia, agarrando hierbas y huesos para sus hechizos. En este contexto, la oscuridad permitía las actividades ilegales como la prostitución y los baños públicos. El artículo plantea que la noche romana no era simplemente un periodo de peligro y criminalidad, sino un espacio social autónomo y una categoría cultural compleja que revela la verdadera esencia de su civilización. Mientras que para los sectores vulnerables representaba un escenario de supervivencia y tensiones de clase que desafiaban el orden institucional, para las élites funcionaba como un refugio de calma dedicado a la reflexión intelectual.

"Crédito fiscal para familias fuertes": la ley de Texas firmada por Greg Abbott que entra en vigor en junio 2026

El crédito fiscal para familias fuertes es una política tributaria diseñada para canalizar recursos privados hacia programas sociales orientados al fortalecimiento del hogar. A través de la ley SB 2018 firmada por Greg Abbott, las entidades comerciales sujetas al impuesto de franquicia en Texas podrán acceder a un beneficio fiscal si realizan donaciones a organizaciones certificadas.¿Cómo funciona el crédito fiscal para familias fuertes en Texas?La SB 2018, que entra en vigor el 1° de junio de 2026, incorpora un nuevo subcapítulo al sistema tributario estatal que regula el funcionamiento del crédito fiscal para familias fuertes. Este se aplica exclusivamente contra el impuesto de franquicia, un gravamen que deben pagar diversas entidades comerciales que operan en Texas.El mecanismo es de carácter voluntario y se activa únicamente cuando una empresa decide realizar una contribución monetaria designada a una organización sin fines de lucro que haya sido previamente certificada como elegible. La ley exige que la donación sea identificada expresamente como destinada a este programa en el momento en que se efectúa.El monto máximo que una empresa puede reclamar está limitado a la cantidad que haya donado en el año fiscal correspondiente, con un tope de hasta un millón de dólares por entidad. Además del límite individual, la ley establece un tope global para el estado. El total de créditos que Texas puede otorgar anualmente bajo este programa no podrá superar los cinco millones de dólares. Una vez alcanzado ese monto, no se concederán beneficios tributarios adicionales hasta el siguiente año fiscal.La asignación se realiza bajo el criterio de orden de llegada. Esto significa que las solicitudes se aprueban conforme se presentan, siempre que exista disponibilidad dentro del límite estatal. Este esquema requiere que las empresas interesadas gestionen sus donaciones y solicitudes con antelación para asegurar su elegibilidad.En los casos en que el crédito obtenido exceda la responsabilidad tributaria de la empresa en un año determinado, la legislación permite trasladar el saldo no utilizado. Este arrastre puede aplicarse hasta en cinco informes fiscales consecutivos, lo que amplía el horizonte temporal para aprovechar el beneficio.Requisitos para las organizaciones sin fines de lucro elegiblesLas organizaciones que deseen recibir contribuciones que generen el crédito fiscal para familias fuertes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ley firmada por el gobernador. Entre los requisitos básicos, la organización debe:Contar con estatus de exención fiscal federal bajo la sección 501(c)(3).Estar autorizada para operar en Texas.Debe demostrar una trayectoria mínima de tres años de actividad continua en el estado antes de recibir su primera contribución designada.La ley también impone restricciones sobre el origen de los fondos de estas organizaciones. No pueden haber recibido más del 50% de sus ingresos anuales totales de fondos estatales o locales durante el año fiscal anterior. Este criterio busca asegurar una participación significativa de financiamiento privado.Otro punto relevante es la prohibición expresa de prestar servicios de aborto o de proporcionar información relacionada con ellos, ya sea de forma directa o indirecta. El cumplimiento de esta condición es indispensable para mantener la certificación dentro del programa.Qué significa "familias fuertes" y quiénes aplicanEl término "familias fuertes" no funciona como una definición abstracta dentro de la ley, sino que se construye a partir de los servicios concretos que deben ofrecer las organizaciones receptoras de las donaciones. La legislación se centra principalmente en dos áreas de intervención:Dirigida a las denominadas familias en riesgo, conforme a la definición contenida en el Código de Recursos Humanos de Texas: estos hogares requieren apoyo para alcanzar estabilidad, autosuficiencia económica y una integración sostenida en la fuerza laboral. Los servicios se estructuran bajo modelos de gestión integral de casos.Fortalecimiento del rol paterno: las organizaciones deben ofrecer programas y recursos orientados a mejorar las habilidades de crianza de los padres y fomentar su participación activa en la vida de sus hijos. Estos recursos pueden brindarse de manera presencial, en entornos escolares o a través de plataformas digitales.La ley también establece estándares de seguridad. Todo el personal que trabaje directamente con menores debe someterse a verificaciones de antecedentes penales a nivel local, estatal y nacional, así como también a la consulta del registro nacional de delincuentes sexuales.Para incorporarse al programa, las organizaciones deben presentar una solicitud formal ante la OneStar Foundation, entidad encargada de certificar a las organizaciones beneficiarias. Este proceso incluye la verificación de requisitos legales, financieros y operativos. La fundación tiene la facultad de cobrar una tarifa destinada a cubrir los costos administrativos.Una vez certificadas, asumen obligaciones adicionales. Entre ellas se encuentra la correcta administración de las contribuciones recibidas, que deben destinarse exclusivamente a servicios prestados a residentes de Texas.La SB 2018 establece que el subcapítulo que regula el beneficio expirará el 1° de enero de 2029. A partir de esa fecha, no podrán realizarse nuevas contribuciones que generen créditos bajo este esquema.

Los proyectos de ley que se votaron en Nueva York en enero 2026: nueva regla para vendedores ambulantes

El Concejo Municipal de Nueva York abrió el año legislativo 2026 con una sesión clave que dejó definiciones de alto impacto para distintos sectores de la ciudad. A fines de enero, los concejales votaron para revertir una serie de vetos del exalcalde Eric Adams y avanzar con un paquete amplio de proyectos de ley que habían sido aprobados a fines de 2025, pero que se quedaron en suspenso.El paquete legislativo de Nueva York con múltiples ejesLa votación del 29 de enero, realizada en el City Hall, incluyó la anulación de 17 vetos y fue presentada oficialmente como un paso para fortalecer derechos de los trabajadores, mejorar el acceso a la vivienda y reforzar la rendición de cuentas institucional. De acuerdo con el comunicado de prensa del Ayuntamiento difundido ese mismo día, se trató de legislación diseñada para corregir vacíos históricos y problemas estructurales que afectaban a miles de neoyorquinos, desde pequeños emprendedores hasta familias de bajos ingresos y sobrevivientes de delitos graves.Reforma integral del sistema de vendedores ambulantes en Nueva YorkEl Concejo avanzó con un paquete de leyes que busca ordenar, ampliar y transparentar el sistema de licencias para vendedores ambulantes, tanto de alimentos como de productos no alimenticios. Desde 1979, las licencias generales para vender bienes o servicios no alimentarios estaban limitadas a 853 en total, mientras que más de 10.000 personas permanecían en lista de espera. En el caso de la venta de comida móvil, antes de 2021 solo existían unos pocos miles de permisos disponibles. Estas restricciones fomentaron un mercado informal en el que titulares históricos alquilaban ilegalmente sus permisos a nuevos vendedores por miles de dólares al año.El proyecto central de esta reforma es la Introduction 431-B, impulsada por la concejala Pierina Ana Sanchez. La norma amplía de manera significativa la disponibilidad de licencias y refuerza los mecanismos de control y capacitación. Según el texto aprobado, se habilitarán 2200 nuevas solicitudes anuales de licencias supervisadas para vendedores de comida móvil entre 2026 y 2031, además de 10.500 nuevas generales en 2027.Otro punto clave fue la aprobación de la Introduction 1251-A, presentada por la concejala Amanda Farías. Esta ley autoriza al Departamento de Salud e Higiene Mental (Dohmh, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) a emitir licencias hasta alcanzar los topes establecidos en la Introduction 431-B. El objetivo es evitar que las demoras administrativas generen cuellos de botella, ya que no todas las solicitudes terminan en una licencia otorgada.La reforma se completó con la Introduction 408-A, impulsada por el defensor del pueblo, Jumaane Williams. Esta ley crea una División de Asistencia a Vendedores Ambulantes dentro del Departamento de Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés). La nueva oficina tendrá la tarea de brindar recursos, orientar a emprendedores interesados en este tipo de actividad y elaborar informes anuales sobre el alcance de la asistencia.Protecciones laborales para conductores y repartidores en Nueva YorkOtro bloque relevante de la sesión fue el dedicado a los trabajadores del sector del transporte por aplicación. La Introduction 276-A, presentada por el concejal Shekar Krishnan, prohíbe que los servicios de transporte de alto volumen desactiven a conductores sin una causa justa, un motivo económico legítimo o una exigencia legal.Krishnan afirmó que la votación envía un mensaje más allá de Nueva York y que pone fin al temor constante de despidos arbitrarios que enfrentan cerca de 100 mil conductores en la ciudad.Vivienda y acceso a la propiedad en Nueva YorkEl Concejo también avanzó con iniciativas para abordar la creciente crisis de accesibilidad habitacional. Datos citados durante el debate indicaron que solo alrededor del 2% de las nuevas construcciones financiadas por la ciudad en los últimos cinco años correspondieron a viviendas para propiedad, en un contexto marcado por la pérdida de decenas de miles de propietarios negros.La Introduction 958-A, patrocinada por la expresidenta del Concejo Adrienne E. Adams, exige que al menos el 4% de todas las nuevas unidades asequibles construidas con financiamiento municipal sean destinadas a la propiedad, lo que duplica aproximadamente la producción actual. A esto se suma la Introduction 1443-A, de la concejala Sandy Nurse, que a partir del 1° de julio de 2027 obligará a que el 50% de las nuevas unidades de alquiler financiadas por la ciudad sean accesibles para hogares de muy bajos ingresos y al menos el 30% para ingresos extremadamente bajos.Seguridad, justicia y otras reformas en Nueva YorkLa agenda de enero también incluyó: La aprobación de la Aland Etienne Safety & Security Act, que mejora salarios y beneficios para guardias de seguridadUna nueva causa civil para sobrevivientes de violencia motivada por género mediante la Introduction 1297-AReglas de transparencia en la venta de cooperativasUna reforma integral del sistema de venta de gravámenes fiscales para priorizar la estabilidad comunitariaMedidas de seguridad pública, como el requisito de consentimiento para recolectar ADN de menores y la aprobación de la Safer Sanctuary Act, que refuerza las leyes de ciudad santuario

Dámaso Larraburu: "Pierri fue un adelantado con su ley bajando la edad de imputabilidad"

El exlegislador que acompañó con su voto la baja de la edad de imputabilidad en 1999 ratifica su postura en 2026 y respalda el proyecto del Gobierno. "Lo hacen sabiendo que son inimputables", señaló. Leer más

Aunque la ley cambió hace 10 años, en Córdoba el 85% de los bebés sigue llevando primero el apellido del padre

A una década de la reforma del Código Civil y Comercial, los datos oficiales muestran que el cambio cultural avanza mucho más lento que la norma. Un informe del Registro Civil revela qué eligen hoy las familias al momento de inscribir a sus hijos. Leer más

El cobre podría generarle US$55.000 millones a la Argentina en 10 años, pero depende de cambios en la Ley de Glaciares

La minería argentina registra una suba del 70% en sus exportaciones durante la última década y alcanzó en 2025 un valor de US$6000 millones. Según un informe de la consultora Invecq, la actividad cuenta con el potencial para elevar esa cifra por encima de los US$25.000 millones anuales hacia 2035. El cumplimiento de esta proyección está sujeto a la modificación de la Ley de Glaciares y a la mejora de indicadores macroeconómicos.¿Glaciares vs. minería? El Gobierno y los ambientalistas se enfrentan por la modificación de una leyEl crecimiento proyectado tiene como eje principal al cobre: el país tiene un potencial de acumular exportaciones por un total de US$55.000 millones entre la actualidad y hasta 2035, siempre que los proyectos se concreten a la velocidad que prevén las empresas. Sin embargo, su ejecución enfrenta barreras normativas.El 11 de febrero, el Senado prevé tratar una adecuación técnica de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares) para definir con mayor precisión el ambiente periglaciar. La reforma busca fomentar la actividad productiva (tanto minera como hidrocarburífera) en las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El objetivo central es atraer capitales internacionales mediante una flexibilización normativa que habilita la explotación en áreas glaciares, siempre que se determine que no cumplen una función hídrica relevante. Bajo este nuevo criterio, la protección legal se limitará exclusivamente a los cuerpos de hielo que actúen como reservas estratégicas o alimentadores de cuencas; de no comprobarse esta función ecosistémica mediante el aval técnico del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) y las provincias, los terrenos quedarán habilitados para el desarrollo de proyectos productivos.El nudo de la controversia radica en el valor estratégico de los glaciares como reguladores hídricos en las provincias más áridas del país. Tal como publicó LA NACION, Pedro Eugenio Villagra, director del Ianigla, advirtió ante el Senado que el sistema de glaciares abastece de forma directa a más de siete millones de personas â??el 18% de la población argentinaâ??, un recurso vital que se ha visto reducido en los últimos años por la sequía y el aumento de las temperaturas globales.Mientras que el sector científico y organizaciones ambientales denuncian una "regresión normativa" que vulnera tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Gobierno y las provincias mineras argumentan que la ley actual es excesivamente restrictiva e impide al país insertarse en el mercado global de minerales críticos. En última instancia, la discusión legislativa de febrero no solo definirá el futuro de proyectos de cobre de clase mundial como Josemaría o Los Azules, sino también quién tendrá la potestad final â??si la Nación o las provinciasâ?? para determinar el valor hídrico de los cuerpos de hielo y el control sobre el acceso al agua en un contexto de crisis climática.El factor legislativo Santiago Bulat, economista de Invecq, explicó a LA NACION que los proyectos de cobre dependen de aclaraciones en la ley para pasar de la etapa de exploración a la de producción. "Si no avanzan los cambios, los proyectos continuarán en procesos de exploración pero no iniciarán la fase operativa", planteó. El economista agregó que factores como la evolución del riesgo país y el acceso al mercado de cambios para importaciones también en la decisión final de inversión.Según el relevamiento de Invecq, la puesta en marcha de los seis grandes proyectos de cobre en etapas avanzadas â??como El Pachón, Los Azules y Taca Tacaâ?? "permitiría consolidar a la minería como el tercer generador de divisas de la economía argentina".Por otro lado, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), sostuvo: "Los recursos ya son una realidad y los principales jugadores del mundo como Broken Hill Proprietary (BHP), Rio Tinto y Glencore están en el país".Cacciola indicó que el 70% de los recursos de cobre conocidos se encuentra en áreas donde la interpretación actual de la ley genera incertidumbre técnica.Las compañías reclaman eliminar las "zonas grises" de la normativa vigente. El titular de CAEM planteó que el sector "está totalmente de acuerdo con la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar que cumpla una función hídrica relevante". No obstante, sostuvo que la ley debe incorporar aclaraciones para permitir la actividad productiva en áreas donde las prohibiciones resultan innecesarias.La propuesta de reforma busca establecer criterios científicos para identificar qué áreas deben preservarse y cuáles permiten la actividad productiva.Boom del oro: la minería suma un récord exportador y abre una nueva etapaLa consultora Invecq señala que la actividad emplea a casi 40.000 personas de forma directa. Los salarios de esta industria superan en cuatro veces al promedio del sector privado registrado. El impacto en la cadena de valor se refleja en la existencia de más de 16.000 empresas proveedoras de servicios. Invecq estima que estas firmas generan unos 94.000 empleos indirectos, lo que multiplica el alcance de la actividad en las comunidades locales. No obstante, el documento advierte sobre una demanda insatisfecha de mano de obra calificada no profesional en oficios, lo que representa un desafío formativo para la cooperación entre provincias, universidades y compañías.A su vez, el trabajo de la consultora muestra un contraste con la minería no metalífera (cal, cemento y rocas), vinculada al mercado interno. Este segmento registra una caída en su nivel de actividad por el freno de la obra pública nacional. Como contrapartida, la industria destaca que la inversión privada en minería ha permitido el desarrollo de infraestructura vial y energética en zonas remotas donde, de otra forma, las obras no se habrían ejecutado.

Gobierno de Sheinbaum presenta plan para impulsar inversión pública, anuncia Consejo de Planeación e iniciativa de ley

El secretario de Hacienda informó que se buscará realizar una inversión de 5.6 billones de pesos en mil 500 proyectos

Estas son las medidas que incluye el nuevo real decreto ley que recoge el escudo social

Atención barberos de Texas: ya entró en vigor la nueva ley de Greg Abbott que complica a trabajadores migrantes

A partir del 26 de enero de 2026, Texas comenzó a aplicar una nueva normativa para el otorgamiento y renovación de licencias profesionales. El Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés) ahora solicita una prueba de presencia legal para habilitar a quienes quieran desempeñarse en ciertos oficios. La medida afecta a barberos y decenas de otras profesiones en el Estado de la Estrella Solitaria.Qué dice la nueva regla sobre licencias profesionales en TexasDe acuerdo con un comunicado oficial del TDLR, el nuevo requisito obliga a que todos los solicitantes, ya sea que busquen una nueva licencia o una renovación, demuestren presencia legal en Estados Unidos si quieren obtener la habilitación.Según explicó la autoridad, esto se debe a que la administración Greg Abbott considera como beneficio público la otorgación de estas habilitaciones.De acuerdo con lo que marca la norma federal del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, los migrantes sin estatus regular no pueden acceder a estos privilegios locales o estatales.Con esa argumentación, el Estado de la Estrella Solitaria comenzó a solicitar presencia legal. La medida afecta a barberos y muchas otras profesiones en las que se desempeñan extranjeros.Cuáles son las profesiones afectadas por las nuevas reglas para licencias profesionales de TexasSegún el listado oficial que presenta el TDLR a través de su sitio web, estas son las actividades laborales que requieren de una licencia estatal para su práctica:Técnicos en aire acondicionadoEntrenadores deportivosSubastadoresBarbería y cosmetologíaPlomerosProgramas educativos ordenados por la corteDietistasEducación y seguridad vialTerapia para la dislexiaElectricistasSeguridad en ascensores y escaleras mecánicasDepilación láserCriadores con licenciaTerapia de masajesParterasEvaluadores y remediadores de mohoPodologíaConsultores y profesionales de impuestos sobre la propiedadMinoristas de energía solar residencialProveedores de contratos de serviciosRecicladores de autopartes usadasPerforadores de pozos de agua e instaladores de bombasCómo demostrar la presencia legal ante el TDLR para obtener una licencia profesional en TexasEn un apartado, el TDLR aclara que no contar con un número de Seguro Social obligará al solicitante a completar pasos adicionales para demostrar su presencia legal.En primer lugar, el interesado tiene que presentar un formulario especial para su situación. Además, Texas requiere incluir una copia de uno de los siguientes documentos:Licencia de conducir.Identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID.Pasaporte estadounidense.Tarjeta de identificación militar.Licencia para portar armas emitida en el estado.Tarjeta de residente permanente.Certificado de ciudadanía o naturalización.Documento de autorización de empleo.Formulario que acredite admisión legal o permiso de permanencia temporal.Quienes no cuenten con ninguna de las opciones mencionadas tienen otra posibilidad, aunque deberán sumar documentos adicionales para que sean aceptados por el TDLR.En primer lugar, Texas aceptará una licencia de conducir o identificación que haya sido emitida por un estado autorizado.Sumado a eso, el permiso para manejar deberá complementarse con un comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU. Por otro lado, también es aceptable un certificado oficial de nacimiento de un ciudadano estadounidense en otro país.

Cuándo el cónyuge puede heredar el 100 % de una sucesión en Colombia: Este es único escenario previsto por la ley

El Código Civil colombiano define un orden estricto para repartir herencias, priorizando descendientes

Gavin Newsom la firmó: la ley que entró en vigor en 2026 en California e impacta en todos los trabajadores

Desde el 1° de enero de 2026 rige en California una nueva ley laboral impulsada y promulgada por el gobernador Gavin Newsom. Se trata de la SB 642, que introduce cambios en la igualdad salarial, amplía las protecciones contra la discriminación en el pago y extiende los plazos para emprender acciones legales por violaciones en las remuneraciones.Cambios en la igualdad salarial: el alcance de la nueva ley en CaliforniaLa SB 642 establece modificaciones profundas en el marco normativo que regula la igualdad de pago en California. Uno de los aspectos centrales es la ampliación de los plazos para reclamar judicialmente por diferencias salariales consideradas ilegales. Desde 2026, los trabajadores cuentan con hasta tres años para iniciar una acción civil desde la última vez que ocurrió la infracción.Además, la normativa habilita la posibilidad de recuperar salarios adeudados por un período más extenso. Si se comprueba que la práctica irregular se mantuvo en el tiempo, el empleado puede obtener compensación retroactiva por hasta seis años, lo que amplía el alcance económico de los reclamos.El texto legal redefine cuándo se considera que existe una violación. No se limita al momento inicial en que se fija una remuneración, sino que contempla cada ocasión en la que una persona se ve afectada por esa decisión, como cada pago de sueldo o beneficio asociado.Los detalles de la ley SB 642 en CaliforniaLa SB 642 también establece otras reformas laborales como:Refuerzo de la transparencia salarial: los empleadores están obligados a informar la escala de pagos de un puesto a quienes postulen y lo soliciten de forma razonable. Este derecho no se limita a los aspirantes, sino que los trabajadores en actividad también pueden requerir la información correspondiente a su cargo.Incluir remuneración en los avisos: las empresas que cuentan con 15 o más trabajadores deben incluir el rango salarial en los avisos de búsqueda laboral. Esta exigencia se mantiene incluso cuando la publicación se realiza a través de intermediarios, consultoras o plataformas externas de empleo. Con esto, la ley busca reducir la discrecionalidad y facilitar comparaciones entre puestos similares.Restricciones al historial salarial: los empleadores no pueden utilizar pagos anteriores como criterio para decidir una contratación ni para fijar la remuneración ofrecida. Tampoco pueden justificar diferencias de salarios al basarse únicamente en ese antecedente.Protección frente a disparidades salariales: la normativa prohíbe pagar menos a una persona que realiza un trabajo sustancialmente similar en función de su sexo, raza o etnia.Otro cambio relevante es la redefinición del concepto de salario. A los efectos de estas protecciones, no solo se considera el sueldo base, sino también bonos, acciones, opciones sobre acciones, planes de participación en beneficios, horas extra, vacaciones pagadas, reembolsos de gastos y otros beneficios económicos.La norma incorpora además herramientas para reforzar el cumplimiento. El Comisionado de Trabajo de California puede imponer sanciones económicas a los empleadores que incumplan con las obligaciones de transparencia, con multas que oscilan entre 100 y 10.000 dólares por infracción.California redefinió los aspectos centrales de su legislación laboralEsta ley aprobada por Gavin Newsom forma parte de un paquete más amplio orientado a reforzar mecanismos de protección. Su implementación alcanza a millones de personas que trabajan en el Estado Dorado, sin distinción de modalidad contractual.Además de la SB 642, enfocada en igualdad salarial y transparencia, también comenzó a regir en el estado la normativa AB 250, que habilita de manera temporal la reapertura de demandas por agresiones sexuales laborales, y la AB 578, que establece nuevas reglas para empresas de entrega de comida a domicilio.Estas nuevas leyes establecen:AB 250: cambios temporales en los plazos para presentar demandas civiles por agresiones sexuales ocurridas después de los 18 años y vinculadas al ámbito laboral. La norma establece una ventana excepcional entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, durante la cual pueden presentarse demandas que anteriormente habían quedado fuera de plazo. El objetivo es permitir que ciertos casos prescriptos puedan ser evaluados nuevamente por los tribunales.AB 578: orientada a regular el funcionamiento de las plataformas de entrega de comida, uno de sus puntos centrales es la protección de las propinas de los repartidores. Desde la entrada en vigencia de la norma, las plataformas tienen prohibido utilizar las gratificaciones de los clientes para reducir o compensar el pago base que corresponde al trabajador. El total de la propina debe llegar al repartidor o, en pedidos para retiro, al establecimiento de comida.

California blinda protecciones para inquilinos con una ley: cómo frenar un desalojo incluso si no puedes pagar

De acuerdo con una ley de California que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2025, inquilinos del estado que no puedan pagar sus alquileres por un atraso en beneficios del Seguro Social estarán protegidos de sufrir un desalojo. La medida aplica por un período temporal y protege al arrendatario mientras no recupere sus ingresos.La ley de California que protege a ciertos inquilinos del desalojoLa AB 246, que obtuvo la promulgación de Newsom el 6 de octubre de 2025, fue denominada como "ley de protección de inquilinos de Seguridad Social". De acuerdo con el texto de la norma, los protege ante desalojos por falta de pago mientras se deba a ciertas circunstancias.Las protecciones y el proceso para los arrendatarios de California se explica en las siguientes claves:Autoriza a los inquilinos de propiedades residenciales a presentar una "dificultad de Seguro Social" como defensa afirmativa en procesos de desalojo por falta de pago.La ley define a este concepto como la pérdida de ingresos provocada por una interrupción, retraso o reducción de los beneficios de Seguridad Social debido a la acción o inacción del gobierno federal.Para que aplique la protección, el problema con los ingresos no puede ser culpa del inquilino, sino exclusivamente del gobierno de Estados Unidos.El inquilino debe demostrar ante el tribunal donde comenzó su proceso judicial por falta de pago que sus beneficios habituales fueron afectados y que esto le impidió pagar el alquiler adeudado.En caso de que el arrendatario presente las pruebas necesarias y el tribunal le dé la razón, se suspenderá el juicio por desalojo.Sin embargo, el inquilino debe tener en cuenta que la protección y la suspensión del desalojo es temporal. La AB 246 de California le otorga este recurso, pero igualmente debe regularizar su situación.Por cuánto tiempo la AB 246 protege del desalojo a los inquilinos de CaliforniaCon el mencionado proceso, los arrendatarios que hayan visto afectados sus ingresos por errores en el pago de sus beneficios del Seguro Social están protegidos del desalojo. La ley dispone concretamente cuáles son los plazos de este recurso.La suspensión del proceso de desalojo estará vigente durante seis meses o dentro de los 14 días siguientes a que se restaure el pago de los beneficios. Además, el inquilino mantiene la obligación de saldar su deuda.En ese mencionado plazo de dos semanas desde que se restablezcan sus beneficios del Seguro Social, debe abonar la totalidad de su deuda o acordar un plan de pagos con el propietario.La ley de California ya está vigente y se derogará automáticamente el 20 de enero de 2029, cuando Donald Trump dejará su cargo como presidente estadounidense.Tres ciudades de California, entre los alquileres más caros de EE.UU.La ley de protección a inquilinos llegó en medio de un proceso en que los valores de la renta se establecieron en un valor elevado dentro del Estado Dorado. Un reporte de LendingTree analizó las 50 ciudades más grandes del país norteamericano y la evolución de los precios de los alquileres.En lo que respecta a departamentos de tres ambientes (dos habitaciones), estas fueron las ciudades más costosas:Nueva York: US$854.San Diego, California: US$817. Miami, Florida: US$764.Riverside, California: US$671.Tampa, Florida: US$656.

No Kings Act en California: quiénes podrán demandar al ICE con la nueva ley y bajo qué condiciones

La Legislatura de California dio un paso que podría redefinir el modo en que se controla el accionar de agentes federales en el estado. En específico, el Senado aprobó un proyecto de ley que habilita a las personas afectadas por abusos a reclamar justicia en los tribunales. La norma, conocida como No Kings Act, busca fomentar la rendición de cuentas de organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.De qué se trata la Ley No Kings y cuál es su objetivo central en CaliforniaLa No Kings Act, identificada formalmente como SB 747, es una propuesta impulsada por el senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, que busca cerrar una brecha legal que durante décadas permitió que agentes federales evitaran responsabilidades civiles incluso cuando incurrían en violaciones constitucionales. Según un comunicado de prensa difundido por la oficina de Wiener, se trata de una legislación "primera en su tipo en la nación", diseñada para equiparar el estándar de responsabilidad de los funcionarios federales con el que ya rige para policías estatales y locales.En términos concretos, la iniciativa apunta a revertir la situación generada por las limitaciones impuestas en los últimos años a las denominadas acciones Bivens, un mecanismo judicial creado por la Corte Suprema en 1971 que habilitaba a las víctimas de abusos federales a demandar por daños y perjuicios. Con el paso del tiempo, ese recurso fue acotado de manera drástica, lo que en la práctica otorgó una inmunidad casi total a agentes federales incluso ante conductas deliberadamente ilegales.La SB 747 restablece un derecho de acción para los residentes de California, al crear una nueva vía legal frente a privaciones de derechos constitucionales cometidas por autoridades federales, estatales o locales.Qué tipo de demandas habilita y quiénes podrán acudir a la JusticiaEl corazón de la No Kings Act está en la posibilidad concreta de que individuos afectados puedan iniciar demandas civiles por daños monetarios contra funcionarios que vulneren derechos protegidos por la Constitución. El texto establece que cualquier persona cuyos derechos, privilegios o inmunidades constitucionales sean violados podrá llevar su caso a los tribunales, al eliminar el trato diferencial que hasta ahora beneficiaba a los agentes federales.Para hacer más claro su alcance, la ley detalla las áreas en las que se podrán reclamar responsabilidades:Violaciones a la Primera Enmienda: represalias contra una persona por su expresión protegida. Interferencias con la libertad religiosa o con la libertad de prensa. Uso de fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas.Violaciones a la Cuarta Enmienda: allanamientos ilegales en domicilios sin orden judicial. Detenciones o incautaciones irrazonables en puestos de control sin causa probable. Empleo de fuerza desmedida durante un arresto.Violaciones a la Quinta Enmienda y a la igualdad ante la ley: selección ilegal de personas para acciones de control o auditorías basada en raza, origen nacional o identidad política.De acuerdo con la información difundida por el equipo de Wiener, esta estructura busca garantizar que las víctimas de conductas inconstitucionales tengan "un camino hacia la justicia" y que ningún funcionario, independientemente de su rango o jurisdicción, quede por encima de la ley.La media sanción que obtuvo la nueva ley en el Senado: ¿qué falta para que entre en vigor?El 27 de enero de 2026, el Senado de California aprobó la SB 747 por 30 votos a favor y diez en contra. Esa votación convirtió a la Cámara alta estatal en el primer cuerpo legislativo del país norteamericano en dar luz verde a una ley de estas características.Luego de superar el filtro del Senado, la No Kings Act enfrenta ahora su tratamiento en la Asamblea de California. Allí, los legisladores deberán analizar el alcance del texto, introducir eventuales modificaciones y definir si acompañan la iniciativa con su voto. Si la Asamblea aprueba el texto (con o sin modificaciones), pasará al escritorio del Gobernador para su firma final.

Presidente Nasry Asfura anuncia una nueva ley anticorrupción en Honduras

El presidente hondureño ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva normativa, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales

Ya entró en vigor la ley SB 38 firmada por Greg Abbott que activa y acelera los desalojos en Texas

Desde el 1° de enero de 2026, está vigente en Texas la ley SB 38, que fue promulgada por Greg Abbott y que introduce cambios sustanciales en los procedimientos de desalojo. Esta norma reforma el Código de Propiedad estatal, acelera los plazos judiciales, habilita resoluciones sin juicio y limita la capacidad de gobiernos locales para establecer reglas adicionales.Juicio sumario y resolución sin audiencia: las nuevas reglas de desalojo en TexasUno de los cambios más relevantes incorporados por la SB 38 es la creación formal del mecanismo de disposición sumaria en los procesos de desalojo. Este procedimiento permite que un juez dicte sentencia sin celebrar un juicio cuando considera que no existen hechos controvertidos que deban analizarse en audiencia.El propietario puede solicitar este tipo de resolución desde el inicio del proceso. Al presentar la petición jurada de desalojo, tiene la opción de incluir una moción específica en la que expone los hechos y adjunta la documentación que respalda su reclamo. Si la corte entiende que la información presentada es suficiente y no muestra controversias relevantes, puede fallar directamente.Para el inquilino, la ley establece un plazo reducido para responder. Una vez notificado, dispone de cuatro días para presentar por escrito los hechos y pruebas que, a su criterio, demuestren la existencia de una disputa legal válida. Si no lo hace, o si la respuesta no resulta suficiente, la sentencia puede dictarse sin necesidad de juicio.La citación que recibe el inquilino debe incluir un aviso expreso, tanto en inglés como en español, que informa sobre la posibilidad de una resolución sin audiencia. Este debe destacarse de manera visible para garantizar que la persona comprenda las consecuencias procesales de no responder dentro del plazo establecido.Incluso si el inquilino presenta una respuesta, el juez conserva la facultad de emitir una sentencia sumaria si concluye que los argumentos no configuran un conflicto de hechos relevante. Solo cuando la corte identifica una controversia real debe fijarse una fecha de juicio.En esos casos, la audiencia debe programarse dentro de un rango temporal específico, que va del día 10 al día 21 posteriores a la presentación inicial de la demanda. Con esto, la ley busca evitar demoras prolongadas en la resolución de los desalojos.Restricciones a las reglas locales de desalojo en TexasLa SB 38 limita de manera expresa la capacidad de las cortes locales para introducir requisitos adicionales en los procesos de desalojo. A partir de enero de 2026, los tribunales ya no pueden exigir mediaciones obligatorias, conferencias previas al juicio u otros pasos procesales que no estén previstos en la legislación estatal.La norma establece que solo la Legislatura de Texas tiene autoridad para modificar o suspender los procedimientos de desalojo. Esto implica que ciudades, condados o jueces individuales no pueden crear esquemas propios que alteren los tiempos o requisitos definidos por la ley.El objetivo de esta disposición es garantizar uniformidad en todo el estado. Bajo este esquema, un proceso de desalojo debe seguir las mismas reglas independientemente de la jurisdicción local en la que se tramite, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a desastres declarados.La única excepción prevista es la intervención de la Corte Suprema de Texas en contextos de emergencia. Aun así, cualquier modificación debe aplicarse de manera general a todas las cortes y no puede estar dirigida exclusivamente a los casos de desalojo.Nuevos plazos en los procesos de desalojo y calendario procesal obligatorioLa ley introduce un cronograma estricto que las cortes de paz deben cumplir:El servicio de la citación judicial debe realizarse a más tardar el quinto día hábil después de que el propietario presenta la demanda. Si el sheriff o agente encargado no logra efectuar la notificación en ese plazo, el propietario puede recurrir a otro oficial autorizado para completar el trámite. Este cambio apunta a evitar demoras en la etapa inicial del proceso.Cuando corresponde, el juicio debe celebrarse dentro del período comprendido entre el décimo y el vigésimo primer día posterior a la presentación de la demanda. Las postergaciones quedan limitadas: no pueden superar los siete días, salvo acuerdo escrito entre las partes.Otro aspecto relevante es la forma de computar los plazos. Los sábados, domingos y feriados se incluyen en el conteo, salvo que el último día del plazo coincida con uno de ellos. En ese caso, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil. Esta modificación reduce las posibilidades de extensión automática de los tiempos procesales y acelera el avance de los expedientes en los tribunales.¿Un inquilino puede permanecer en la propiedad mientras apela un desalojo?La SB 38 endurece las condiciones para que un inquilino pueda permanecer en la propiedad mientras apela una sentencia de desalojo. El requisito central es el pago puntual de la renta en el registro de la corte.Dentro de los cinco días posteriores a la presentación de la apelación, el inquilino debe depositar un monto equivalente a un período de renta. Si no cumple con este pago inicial, la corte de paz está obligada a emitir una orden de posesión inmediata, sin necesidad de audiencia.La obligación no se limita a un solo pago. Durante toda la apelación, el arrendatario debe seguir con el depósito de la renta correspondiente al inicio de cada período de alquiler. El incumplimiento de cualquiera de estos pagos habilita al propietario a solicitar, y a la corte a emitir, una orden de posesión de forma automática.Para que este mecanismo sea válido, la corte debe haber informado previamente al inquilino, por escrito y de manera destacada, el monto a pagar, la fecha límite y las consecuencias del incumplimiento. Este aviso suele entregarse al momento de interponer la apelación.Aunque se emita una orden de posesión y el arrendatario pierda la vivienda, el proceso judicial continúa. La apelación sigue su curso en la corte del condado para resolver cuestiones pendientes, como deudas de renta o honorarios legales.La SB 38 también precisa los métodos válidos para la entrega de un aviso de desalojo. Antes de iniciar la demanda, el propietario debe otorgar una notificación por escrito para desocupar la propiedad, con un plazo mínimo de tres días, salvo que el contrato establezca otro término.

Hasta el 70 % de las empresas industriales acató implementación de la Ley de Quincena 25 en El Salvador

Nuevos incentivos fiscales y oportunidades para el crecimiento económico nacional marcan la discusión sobre la respuesta de los líderes industriales a la medida implementada

Mariana Mei: "El Gobierno se conformaría con una ley de reforma laboral, aunque tenga modificaciones"

La periodista parlamentaria analizó el temario del Congreso y las tensiones políticas internas del oficialismo. Leer más

LLA llamó a conformar comisiones por la ley Penal Juvenil, pero ve pocas chances de que se trate en extraordinarias

La presidencia de la Cámara solicita a las bancadas la nominación de integrantes que analizarán iniciativas sobre relaciones exteriores, justicia y familia, aunque persisten dudas respecto al avance concreto de los proyectos en febrero

La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. "No hablamos del tema porque los votos están", confió un referente libertario a LA NACION al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que "pone en jaque el derecho constitucional ambiental". Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch- y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado- cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.

Bornoroni reclamó aprobar la Ley Penal Juvenil tras un grave ataque protagonizado por menores en Córdoba

El diputado de La Libertad Avanza pidió el "acompañamiento unánime" de los legisladores cordobeses al proyecto impulsado por Javier Milei, luego de que tres menores con antecedentes fueran detenidos por balear a una joven que quedó parapléjica en barrio Yapeyú. Leer más

PP afea al PSOE que "bloquee" la ley para que funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad: "No tienen vergüenza"

Representantes de sindicatos denuncian carencias en cárceles y exigen que se reconozca el riesgo de su labor, ante el aumento de agresiones a empleados penitenciarios y el estancamiento de reformas legales en el Congreso según destacan diversas voces del sector

Yolanda Díaz impulsará una ley para que entre un 2% y un 10% de las empresas sean de los trabajadores

La norma incluirá que un tercio de los puestos del consejo de administración de las compañías de entre 50 y 1.000 empleados esté ocupado por los asalariados

Sandra Pettovello defendió la reforma laboral: "La ley es pro trabajador"

La ministra de Capital Humano indicó que el proyecto busca "ordenar e incentivar la formalización del trabajo" en el país. Leer más

Los empleados podrán ser despedidos por conductas que realicen fuera del trabajo, según la ley

La ley permite a los empleadores terminar el contrato si los actos privados afectan la disciplina, el rendimiento o la reputación de la empresa

Proyecto de ley pone en jaque a plataformas como Uber y Didi con multas y prohibición total

La propuesta impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia también sancionaría a los usuarios

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Ley de Entidades Financieras, la madre de todos los saqueos

La última dictadura sancionó más de dos mil decretos, que circularon como leyes. El primero que maquilló el término para legalizar lo ilegítimo fue Onganía y en el marco de la "Revolución Argentina", a las decisiones de uniforme se las pasó a llamar Decreto-Ley. Una década más tarde, al "Proceso" le pareció que podía profundizar el triunfo del relato cívico-militar y rebautizó a esas órdenes, quitando la palabra decreto. Casi 470 bandos firmados entre 1976 y 1983 aún siguen vigentes, fundamentalmente la Ley de Entidades Financieras, con la que el mercado defiende en el presente la especulación para seguir multiplicando los panes. En tiempos de Videla, los ocupas de la Rosada crearon un falso Parlamento, reemplazando a los legisladores por un miembro de cada Fuerza y así nació la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres a los que nadie votó, custodiando los privilegios de la minoría, en detrimento de los derechos colectivos.

DeSantis vs. Newsom: Florida rechaza una ley ambiental impulsada por California

El gobernador de Florida celebró un proyecto que bloquea regulaciones locales sobre maquinaria a gasolina.

"Menos circo" y "puro piripipi": nuevo round entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la ley penal juvenil

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof cruzó a la senadora de La Libertad Avanza y señaló su "zigzagueante recorrido político".La exministra de Javier Milei contestó fuerte: lo acusó de tener "libres y contentos" a los delincuentes.

ATE postergó el paro total en aeropuertos y lo reprogramó para el 9 de febrero por la ley de esencialidad

La huelga nacional en aeropuertos se reprogramó por exigencias legales. ATE mantiene asambleas y advierte por demoras y posibles cancelaciones. Leer más

Ley de alquileres en California: por qué está prohibido desalojar al inquilino solo por no renovar contrato

La legislación californiana estableció mecanismos de defensa para quienes habitan inmuebles de alquiler mediante la normativa AB 1482, sancionada en 2019. Esta reglamentación determina que los propietarios enfrentan limitaciones concretas para finalizar la ocupación de una vivienda, incluso cuando el período contractual original concluyó.Los requisitos que establece la ley para que el dueño no pueda echar al inquilinoLa Ley de Protección del Inquilino se aplica incluso cuando el contrato de alquiler llega a su fecha de vencimiento. En determinadas condiciones, la falta de renovación no habilita por sí sola al propietario a exigir la desocupación de la vivienda. La continuidad del inquilino queda protegida siempre que se cumplan ciertos requisitos.La normativa introdujo el concepto de "causa justificada" como requisito obligatorio para poner fin a una tenencia residencial en gran parte del estado. Sin embargo, la protección frente al desalojo no es automática. Se establece como condición principal un período mínimo de ocupación continua de la vivienda. En términos generales, el inquilino debe haber residido legalmente en la propiedad durante al menos 12 meses consecutivos.En los casos donde se incorporan adultos adicionales al contrato con posterioridad al inicio del arrendamiento, la normativa fija un esquema alternativo: la protección se activa si todos los ocupantes alcanzaron los 12 meses de residencia o si al menos uno de ellos vivió en la unidad durante un período mínimo de 24 meses.Si estos plazos no se cumplen, el propietario conserva la facultad de finalizar la relación contractual al término del contrato sin necesidad de justificar el desalojo bajo los criterios de la AB 1482.La obligación de justificar un desalojo tras el vencimiento del contrato en CaliforniaUna vez superado el umbral de tiempo exigido por la ley, el arrendador no puede exigir la salida del inquilino simplemente por la expiración del contrato. Para poner fin a la tenencia, debe demostrar una causa justificada reconocida por la legislación estatal.La normativa divide estas causas en dos grandes categorías: Aquellas que derivan de una conducta atribuible al inquilino. Aquellas que responden a decisiones del propietario ajenas al comportamiento del ocupante.En ausencia de una causa válida dentro de estas categorías, el propietario debe permitir la continuidad de la ocupación de la vivienda bajo condiciones similares a las vigentes, aun cuando no exista un nuevo contrato firmado.Causas justificadas vinculadas a conductas del inquilinoLas denominadas causas "con culpa" habilitan el desalojo cuando el inquilino incurre en incumplimientos graves. Entre los motivos reconocidos se encuentran:La falta de pago del alquiler.La violación sustancial de cláusulas contractuales.El uso ilegal de la propiedad.Realización de actividades criminales dentro de la vivienda.El subarrendamiento sin autorización del propietario.La negativa reiterada a permitir el acceso legal del dueño cuando este se encuentra debidamente notificado.En ciertos supuestos, la ley exige que el arrendador otorgue previamente al ocupante la posibilidad de corregir la infracción. Si la violación es subsanable y el inquilino cumple dentro del plazo indicado, el desalojo no puede concretarse.Causas justificadas sin responsabilidad del inquilinoLa ley también contempla escenarios en los que el inquilino no ha cometido ninguna falta, pero el propietario puede recuperar la vivienda por razones específicas. Estas situaciones se conocen como desalojos "sin culpa".Entre ellas se incluyen:Casos en que el dueño decide mudarse a la unidad junto con familiares directos.Cuando la propiedad es retirada de forma permanente del mercado de alquiler.Cuando se planifican remodelaciones sustanciales que requieren que la vivienda permanezca vacía durante al menos 30 días.Aunque estas razones habilitan el fin de la tenencia, la normativa impone obligaciones adicionales al dueño antes de que el desalojo pueda ser considerado válido.¿Qué pasa si el inquilino es desalojado en California?En los desalojos sin culpa, la AB 1482 exige que el propietario compense al inquilino mediante asistencia financiera para su reubicación. Este requisito es independiente del nivel de ingresos del ocupante y se aplica a toda persona protegida por la ley.La compensación debe equivaler a un mes de alquiler vigente al momento de emitir el aviso de terminación. El dueño puede cumplir esta obligación mediante un pago directo o perdonando el cobro del último mes de renta.La normativa fija plazos estrictos para este procedimiento. Si se opta por el pago directo, el dinero debe entregarse dentro de los 15 días posteriores al aviso. La falta de cumplimiento invalida automáticamente la notificación de desalojo.Las protecciones establecidas por la Ley de California no son permanentes. La legislación actual tiene vigencia hasta 2030, salvo que sea modificada o prorrogada por el Poder Legislativo de California.

Nolasco (Vox) propone derogar la Ley de Energía y aprobar la Ley del Paisaje para ordenar las renovables

Feijóo promete prohibir el indulto del Gobierno al fiscal general con su ley de regeneración democrática

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

Entre las sanciones 'muy graves' se contempla el cese del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un periodo de cuatro años, con la excepción de los cargos electos

Alegría promete aplicar la Ley de Vivienda "desde el primer momento" y crear una vicepresidencia sectorial

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y limitar los usos turísticos

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

La ley de multirreincidencia llega a su examen final en el Congreso con el PSOE y sus socios de izquierda enfrentados

¿La firmará Gavin Newsom? La ley de California que prohibiría a agentes de ICE trabajar como maestros o policías

La Legislatura de California comenzará a debatir una propuesta que podría modificar los criterios de contratación en dos áreas clave del sector público: la seguridad y la educación. Se trata del proyecto de ley AB 1627, presentado por la asambleísta Anamarie Ávila Farías, que busca establecer nuevas restricciones para el acceso a cargos de personas que hayan trabajado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Qué establece el proyecto AB 1627 y a quiénes alcanzaríaEl proyecto AB 1627, también identificado como The Melt Ice Act, fue introducido formalmente el 26 de enero de 2026 y tuvo su primera lectura ese mismo día en la Asamblea estatal. Desde el punto de vista normativo, propone incorporar nuevas causales de inhabilitación para el empleo público en áreas consideradas sensibles.En el ámbito de la aplicación de la ley, el texto señala que no podrán ser designadas como oficiales de paz aquellas personas que hayan prestado servicios en el ICE entre el 1° de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2029. La prohibición no se limita a funciones policiales estatales o locales, sino que abarca cualquier cargo reconocido bajo la categoría de oficial de paz en la legislación californiana.En paralelo, la iniciativa amplía estas restricciones al sistema educativo público. La norma, de aprobarse, impediría que quienes cumplan con los antecedentes laborales señalados puedan ejercer como maestros, directores, superintendentes, cancilleres u otros cargos administrativos en distritos escolares, escuelas chárter, colegios comunitarios y en los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.Los argumentos de la asambleísta Ávila FaríasLa justificación del proyecto se apoya en una serie de hallazgos legislativos incorporados al texto de la iniciativa. Según estos fundamentos, determinadas prácticas atribuidas al ICE a partir de 2025 habrían generado preocupación en torno al respeto de derechos constitucionales y al trato hacia residentes del estado, tanto ciudadanos como no ciudadanos.La normativa sostiene que la experiencia laboral en la agencia por conductas abusivas resulta incompatible con funciones que requieren altos niveles de confianza pública. En particular, se enfatiza que maestros y agentes de seguridad cumplen roles no supervisados de manera permanente, lo que exige, según el texto, criterios estrictos de idoneidad ética y profesional."Los agentes de paz y los maestros de California deben ser guardianes de los derechos constitucionales, no partícipes de su erosión", dijo Ávila Farías en un comunicado. "¡Este proyecto de ley busca proteger al público y restaurar la confianza!", aseguró.Alcance temporal y agencias incluidas en la propuestaLa AB 1627 delimita de manera precisa el período de tiempo que activa la descalificación. En el caso del ICE, se establece como ventana el lapso comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2029, fecha que coincide con el final del mandato presidencial de Donald Trump.Además del ICE, la iniciativa menciona a los departamentos de correcciones de los estados de Alabama y Georgia. Las personas que hayan trabajado en esas instituciones entre el 1° de enero de 2020 y el 1° de enero de 2026 también quedarían inhabilitadas para ocupar los cargos contemplados en el proyecto de ley.La inclusión de estas agencias se basa, según el proyecto, en investigaciones que habrían documentado abusos sistemáticos y prácticas de castigo consideradas incompatibles con los estándares que California exige para sus empleados públicos.¿Qué necesita el proyecto AB 1627 para convertirse en ley?Actualmente, el proyecto AB 1627 se encuentra en una fase inicial del proceso legislativo. Tras su introducción y primera lectura, fue enviado a impresión y quedó habilitado para su análisis en comités a partir del 26 de febrero de 2026. Según los registros técnicos, ha avanzado aproximadamente un cuarto del recorrido necesario dentro de la Asamblea.Para convertirse en ley, la iniciativa debe superar varias instancias. En primer lugar, deberá ser evaluada y aprobada por los comités correspondientes, incluidos aquellos con competencia fiscal, ya que el proyecto contempla posibles costos para el Estado y los distritos educativos.Luego, deberá ser sometido a votación en el pleno de la Asamblea y obtener mayoría simple. En caso de ser aprobado, el texto pasará al Senado de California, donde deberá atravesar un proceso similar de comités y votación.Si ambas cámaras aprueban la propuesta en idénticos términos, el proyecto será enviado al gobernador Gavin Newsom. El mandatario podrá firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma dentro de los plazos establecidos por la Constitución estatal.

Desde ahora: ya entró en vigor la ley de alquileres en Nueva York que obliga a tener información en español

En Nueva York ya rige la denominada Ley de Transparencia de Alquileres que agrega requisitos para ciertas propiedades. Según las disposiciones de la norma, se exige a los propietarios incluir información específica en español para los inquilinos que residan en edificios con al menos una unidad de renta estabilizada. Además, esta debe estar disponible en español para aumentar su accesibilidad.Nueva ley de alquileres en Nueva York exige más información a los propietariosDe acuerdo con lo que establece la Int. No. 1037-A, se añaden requisitos de información. Esto aplica tanto a una identificación básica que deben exhibir todos los edificios como a mayores exigencias de transparencia para inquilinos de propiedades con renta estabilizada en la Gran Manzana.Las claves de la medida son:Todos los edificios de viviendas múltiples deben exhibir un cartel de identificación que incluya el número de serie, el cual es asignado por las autoridades de Nueva York.El letrero también debe contener los nombres del propietario, agente administrador y la persona designada para el cobro de alquileres.Para los inmuebles que tengan al menos una unidad con renta estabilizada, se establece la obligación de colocar un aviso en una ubicación visible del área común de la entrada.Además de comunicar la aplicación de esta ley para algún departamento del edificio, se debe incluir también una vía de contacto con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria estatal (DHCR, por sus siglas en inglés).La ley exige que el letrero esté redactado en inglés y español. Además, debe incluir el número de teléfono y el sitio web de la oficina de administración de rentas de la DHCR.Además, el cartel debe notificar a los inquilinos que tienen derecho a recibir una copia de la declaración que presenta el propietario ante la DHCR.La legislación también establece que los propietarios que incumplan con la norma están sujetos a sufrir sanciones civiles. La regulación ya está vigente, luego de que comenzó a regir el 26 de enero.Renta estabilizada en Nueva York: qué establece la ley vigenteAunque la ley impone nuevos requisitos de información sobre las unidades de vivienda con alquiler estabilizado, la norma base ya se aplica desde hace tiempo.Según indica el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana, mantiene la asequibilidad del valor de la renta para ciertos departamentos construidos antes de 1974. En términos prácticos, establece cuánto será el aumento para las unidades que estén alcanzadas.Nueva York estima que alrededor de la mitad de las propiedades que se alquilan en la ciudad están en el programa de renta estabilizada.Congelamiento de alquileres en Nueva York: la propuesta de MamdaniComo parte de su plataforma de campaña, el nuevo mandatario de la Gran Manzana prometió la implementación del congelamiento de alquileres, que va por carriles distintos a la renta estabilizada.También en el sitio oficial, se explica que "un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubre la diferencia entre el monto real del alquiler y lo que el inquilino es responsable de pagar a tasa congelada".La propuesta no aplica a cualquier arrendatario, sino que se deben cumplir ciertas condiciones. Para verificar, Nueva York puso a disposición una herramienta de elegibilidad.

Próxima estación: la discusión por la ley de Reforma Laboral

El debate que se viene no solo es un desafío para Milei: también lo es para otros miembros de su equipo de gobierno. Leer más

Reforma Laboral: el peronismo y la CGT no suman votos nuevos y ya piensan en judicializar la ley si consigue aprobarse

Aseguran que es "inconstitucional" y que afecta el "principio de no regresividad" de los derechos laborales.

El Gobierno no tiene los votos para la reforma laboral y la ley depende de una decisión de Milei

La convicción en el Senado es casi unánime. La suerte de la reforma laboral se definirá en la Casa Rosada, con la decisión que adopte el presidente Javier Milei, en cuanto al uso de la reducción de impuestos coparticipables con las provincias como zanahoria para aumentar el empleo en blanco, supuesto objetivo primordial del proyecto que mantiene en vilo a la Cámara alta.La propia jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, reconoció que el destino del proyecto ya no pasa de manera exclusiva por las negociaciones que encabezó la propia legisladora en la Cámara alta, cuando la semana pasada dijo que la discusión por los fondos provinciales se encontraba "bajo un paraguas" en el Poder Ejecutivo. En un marco de menor recaudación por la caída del consumo que los viene afectando desde hace más de un año, los mandatarios provinciales no están dispuestos a ceder un peso más y piden que el Gobierno busque otros caminos para incentivar la registración laboral o, en su defecto, que les compense por otra vía la reducción en 3 puntos del impuesto a las Ganancias para las empresas."Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el Gobierno nacional tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos Ganancias, entonces vamos a tener más problemas económicos y financieros", fue la dura advertencia que lanzó Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.En este escenario, las cuentas que se hacen en las mesas de arena libertarias, en particular en el despacho de Bullrich, muestran un escenario repartido por tercios, en el que la pelota puede caer de un lado o del otro de la red, según como se resuelva la discusión entre la Nación y las provincias. A priori, cuando faltan menos de dos semanas para el 11 de febrero, fecha que se impuso Bullrich para llevar el proyecto al recinto del Senado, las cuentas muestran 26 votos a favor, 25 en contra y 21 legisladores que no han resuelto su voto y que, en su mayoría, responden a los mandatarios provinciales. Los senadores referenciados en sus gobernadores son los que engrosan la columna de los que no prefieren adelantar sus votos. Es lógico, hoy la suerte del proyecto de reforma laboral libertario depende del resultado de las negociaciones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.Aunque en el Gobierno la palabra final siempre la suelen tener Javier y Karina Milei y la discusión con los gobernadores la protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, la llave para abrir la puerta que le permita a la reforma salir del Senado rumbo a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión la tiene el ministro de Economía, Luis Caputo.El papel del jefe de la cartera de Hacienda es clave porque la discusión es en torno a miles de millones de pesos de recaudación impositiva que la eventual ley les retacearía a las provincias por la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias como incentivo a las empresas para que tomen nuevos empleados registrados.Si se toma en cuenta también la eliminación de algunos impuestos internos (seguros, vehículos, objetos suntuarios, servicios de telefonía celular y satelital, entre otros), la masa de recursos coparticipables -los fondos que comparten con la Nación- y que perderían las provincias supera los $3 billones.Esto explica que los mandatarios se hayan puesto firmes y le advirtieran al Gobierno que si no da marcha atrás o les propone una compensación de esos fondos se olvide de contar con los votos de sus legisladores para aprobar la reforma laboral.La amenaza no es en vano. Los senadores que responden a los gobernadores, ya sea de manera directa o a través de alianzas políticas tácticas, son poco menos de una veintena, pero sumados a otros casos constituyen casi un tercio del cuerpo y se convertirán en el fiel de la balanza de esta nueva batalla legislativa que afronta la administración libertaria.Los númerosMás que nunca, en el Senado cobra relevancia la trillada frase sobe "la ancha avenida del medio", que en este caso representa a los 21 senadores que, por el momento, aparecen como deshojando la margarita, indecisos, o no queriendo anticipar su voto.El proyecto tiene el apoyo para su aprobación en general, eso quedó demostrado en el respaldo de los bloques dialoguistas que le permitió a la iniciativa, de más de 210 artículos, obtener dictamen de comisión en diciembre sin que se terminaran de resolver muchas de las cuestiones polémicas que tiene la reforma.Ahora, el problema radica en el debate en particular, es decir de cada uno de los artículos que lo componen. Es ahí donde está lo que al Gobierno le interesa y lo que genera cortocircuitos con los sectores dialoguistas.Los caciques provinciales controlan una docena de votos clave que, salvo en el oficialismo, atraviesan a todas las fuerzas políticas. Conviven en este grupo legisladores de fuerzas locales que gobiernan sus distritos, como Julieta Corroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta), junto con radicales, como el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes) y su comprovinciana Mercedes Valenzuela y con peronistas díscolos a la conducción de Cristina Kirchner como Guillermo Andrada (Catamarca).También hay casos particulares, como las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina, que son radical y de Pro, respectivamente, pero que responden al gobernador Ignacio Torres. Este extraño universo también tiene lugar para "líberos" como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que atienden su juego más allá de los deseos del gobernador Claudio Vidal.Además de la merma de fondos que mantiene alerta a los gobernadores hay otros ítems que están en discusión y que Bullrich y su equipo vienen, con paciencia oriental, receptando y trabajando para obtener una redacción que conforme a todos. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones, los alcances de la caída de la ultraactividad de los convenios y la afectación de recursos para el sistema previsional son solo algunos ejemplos de cuestiones que todavía deben limarse.En estos temas, el oficialismo no puede perder de vista a tres radicales "sin techo", es decir sin gobernador, que suelen mostrar cierta independencia cuando los debates se tornan calientes y complejos. Son los casos de Flavio Fama (Catamarca), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa). De todas maneras, hoy la clave pasa por la Casa Rosada y los gobernadores. Mientras no se resuelva esa puja, en el Senado todos seguirán "orejeando" sus cartas sin mostrar su juego.

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

Acatando la cuestionada norma y el criterio mayoritario del Tribunal Constitucional, magistrados calcularon que el proceso por homicidio calificado prescribirá en 2032. Decisión genera preocupación entre abogados

Si atropellan a su mascota el Soat pagará por los gastos médicos: Proyecto de ley busca que animales sean reconocidos como víctimas

La iniciativa, conocida como Ley Huellas Vivas y ya radicada en la Cámara de Representantes, propone modificar el Código Nacional de Tránsito para que los animales atropellados sean reconocidos como víctimas y reciban atención inmediata con cargo al Soat

Contra fontaneros y electricistas: ya entró en vigor en Texas la nueva ley de Abbott que preocupa a trabajadores migrantes

Rige en Texas un nuevo esquema de verificación migratoria para licencias que abarcan múltiples oficios regulados, entre ellos fontaneros y electricistas. La medida, impulsada por la administración de Greg Abbott y ejecutada por el Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés), exige acreditar presencia legal en Estados Unidos para obtener o renovar permisos laborales.Cómo funciona la nueva verificación de licencias en TexasEl punto de partida de esta política es la entrada en vigor de un procedimiento obligatorio de validación migratoria. Desde el 26 de enero de 2026, el TDLR condiciona toda solicitud a la presentación de documentos que demuestren presencia legal en el país norteamericano.De acuerdo con el comunicado oficial, el requisito aplica tanto a nuevos solicitantes como a quienes ya poseen un permiso y deben renovarlo. La administración estatal sostiene que las licencias profesionales y comerciales constituyen beneficios públicos. Bajo ese criterio, su otorgamiento está sujeto a las limitaciones establecidas en la legislación federal, que restringe el acceso a dichos servicios a personas que no se encuentren legalmente en territorio estadounidense.En la práctica, esto significa que las peticiones incompletas no avanzan en el sistema. Los expedientes quedan en estado pendiente hasta que el interesado suba la documentación requerida. "La falta de documentación suficiente podrá resultar en la denegación de la solicitud de acuerdo con la normativa aplicable", se detalla en el comunicado oficial.Qué dice la ley federal que respalda la medida de TexasEl fundamento legal de la política aplicada en Texas se encuentra en el Título 8 del Código de EE.UU., sección 1621. Esta norma define qué se entiende por "beneficio público estatal o local" e incluye expresamente a las licencias profesionales y comerciales emitidas por agencias gubernamentales.De acuerdo con esa disposición, las personas que no califican como extranjeros autorizados, no inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o individuos con ciertos permisos temporales, no son elegibles para recibir este tipo de servicio. La regla general prohíbe a los estados otorgar licencias laborales a quienes no tengan un estatus migratorio regular.Oficios y sectores alcanzados por la nueva exigencia en TexasAdemás de afectar a los migrantes que buscan permisos calificados para ser fontaneros y electricistas, el alcance de la medida es mucho más amplio. El TDLR regula decenas de actividades económicas, por lo que la verificación de estatus legal impacta en una extensa lista de profesiones, entre las que se encuentran:Técnicos en aire acondicionadoEntrenadores deportivosSubastadoresBarbería y CosmetologíaProgramas educativos ordenados por la corteDietistasEducación y seguridad vialTerapia para la dislexiaSeguridad en ascensores y escaleras mecánicasDepilación láserCriadores con licenciaTerapia de masajesParterasEvaluadores y remediadores de mohoOrtesistas y protésicosPodologíaConsultores de impuestos sobre la propiedadProfesionales del impuesto sobre la propiedadMinoristas de energía solar residencialProveedores de contratos de serviciosRecicladores de autopartes usadasPerforadores de pozos de agua e instaladores de bombasQué documentos exige Texas para acreditar presencia legalEl Departamento de Licencias y Regulación de Texas estableció dos caminos principales para demostrar presencia legal en EE.UU.: Presentar un único documento que puede ser uno de los siguientes:Licencia de conducir.Identificaciones estatales que cumplan con la normativa Real ID.Pasaportes estadounidenses.Tarjetas de identificación militar.Licencias para portar armas emitidas en Texas.Tarjeta de residente permanente.Certificados de ciudadanía o naturalización.Documentos de autorización de empleo.Formularios que acrediten admisión legal o permisos de permanencia temporal.La segunda opción está destinada a quienes no cuenten con ninguno de los permisos anteriores. En ese caso, el solicitante debe presentar dos documentos combinados:Una licencia de conducir o identificación emitida por un estado autorizado.Comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un certificado oficial de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.Qué pasa si no se acredita estatus legal al solicitar una licencia en TexasLas personas que no cuentan con número de Seguro Social deben cumplir pasos adicionales. El TDLR exige la presentación de un formulario específico donde el solicitante declara no tener SSN, acompañado de la documentación que respalde su elegibilidad para la licencia.Todo el proceso se realiza de manera digital. Las autoridades estatales aclararon que no deben enviarse los papeles originales por correo, ya que no serán devueltos. En su lugar, se deben cargar copias o imágenes legibles a través del sistema oficial del departamento.Hasta que la verificación se complete, el trámite no avanza. Si la documentación es insuficiente o no cumple con los criterios establecidos, la solicitud puede ser rechazada.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 5 de febrero? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Al ser considerado un día feriado, insta a los empleadores otorgarle a sus colaboradores el descanso o pago correspondiente

Impuesto al millaje en California: cómo es la ley que no le gustará a muchos conductores

Un proyecto de ley de California podría derivar en la aplicación de un impuesto al millaje de los conductores en el Estado Dorado. La iniciativa ya obtuvo media sanción y tiene como objetivo corregir la baja de la recaudación por las tasas impositivas a la gasolina, pero generó fuertes críticas de los opositores por la supuesta doble carga para las personas.Los detalles de la iniciativa AB 1421 en California: qué es el impuesto al millajeEl proyecto fue introducido originalmente a inicios de 2025. Entonces, fue remitida a un comité, que recientemente devolvió el proyecto con algunas modificaciones.Esa es la versión que se trató en la Asamblea de California, donde obtuvo la aprobación. En concreto, estas son las claves de la AB 1421:Se propone el desarrollo de un sistema de recaudación de ingresos basado en las millas recorridas por los vehículos.El proyecto de ley presenta que la intención es completar una transición hacia ese modelo y no sumar otro impuesto al esquema actual.Para instrumentarlo, la AB 1421 propone extender la operación del Comité Asesor Técnico de Cargos por Uso de Carreteras (RUC TAC) y el programa piloto relacionado hasta el 1° de enero de 2035.El cambio representaría una implementación real del programa piloto que simuló facturas. A partir de este paso, se identificarían problemas y modificaciones necesarias para un futuro.En esa misma tónica de una normativa inicial, el autor del proyecto asegura que busca analizar el impacto financiero en los llamados supercommuters, conductores que recorren largas distancias diariamente para ir a trabajar.La propuesta no descartaría aplicar un alivio fiscal a conductores de bajos ingresos en un futuro.El texto de la AB 1421 reconoce también que el cambio de modelo implicaría la necesidad de campañas de educación, así como también una explicación clara y detallada para que los conductores de California comprendan las normas.Ahora el proyecto pasará al Senado. En caso de obtener la aprobación en la Cámara alta, solamente necesitará la firma del gobernador Gavin Newsom para convertirse en ley.Los motivos detrás de la AB 1421 de California: el cambio de modelo para este impuestoSegún lo que indica el propio texto de la norma, el proyecto surge en respuesta a la disminución de los ingresos por impuestos al combustible. Concretamente, las estimaciones indican una reducción de 4000 millones de dólares anuales de este ítem para el 2035.La baja se debe a una tendencia que incentiva el Estado Dorado y para la que generó una legislación específica. Es que los ingresos por impuesto al combustible se reducirán gradualmente por la adopción de vehículos de bajas emisiones y la obligación de que todos los autos nuevos sean de cero emisiones para 2035.Republicanos de California rechazan el impuesto al millajeEn una publicación de X, el bloque republicano de la Asamblea de California rechazó el proyecto de ley AB 1421 y lo definió como una "propuesta que podría resultar en un impuesto doble para los conductores".Según indicó el comunicado que compartieron los legisladores en redes sociales, el sector republicano propuso enmiendas a la norma que fueron rechazas por los demócratas.Además, denunciaron que los residentes del Estado Dorado "ya son aplastados por los costos de la comida, la vivienda, la electricidad y el gas".

Andrea Padilla llamó "pendejos" a los que la tildaron de votar en contra del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros: "¡Infames!"

La senadora animalista del partido Alianza Verde se mostró furiosa por cuenta de publicaciones con información falsa que ha circulado en redes donde se puso en tela de juicio su labor como legisladora

Renunciar a la cuota alimentos: Esto dice la ley sobre si los padres pueden llegar a un acuerdo de no entregarla en privado

Las autoridades insisten en que solo los trámites oficiales ante comisarías o jueces pueden modificar términos, y que toda renuncia o supresión fuera de estos canales carece de eficacia legal respecto a la manutención infantil

En California: entró en vigor una nueva ley que todos los dueños de mascotas deben cumplir

Esta flamante ley representa un cambio importante en la relación entre los humanos y sus mascotas.Redefine el cuidado responsable, pone límites y da prioridad el bienestar del animal.

MEF decreta aumento de S/ 30 para pensiones de la Ley Nº 20530, pero con condiciones

El gobierno de José Jerí ha vuelto a validar un aumento del monto de jubilación, pero esta vez para los de la Ley 20530. Pero inclusive dentro de estos, solo un grupo será beneficiados

Reforma Laboral: qué dice la ley sobre empleados, contratados e indemnizaciones y qué sugiere el IERAL

La iniciativa introduce cambios en la registración laboral, la subcontratación de servicios, la organización de la jornada y el cálculo de despidos, mientras que un informe del IERAL analiza su impacto y propone ajustes para reducir la conflictividad y aportar mayor seguridad jurídica al empleo formal. Leer más

Gamarra exige que "de manera urgente" se presente un real decreto ley con "únicamente" la revalorización de pensiones

Cartas de lectores: Ley penal juvenil, realidad, monotributo

Ley penal juvenil Coincido en lo fundamental con la nota publicada en por el Dr. Carlos Manfroni sobre el proyecto de ley penal juvenil a tratarse próximamente en el Congreso. Comparto además que cualquier adolescente de 13 años de edad tiene la conciencia moral suficiente, que le permite, distinguir que -no es un bien sino un mal-, matar, violar, robar, u otras conductas similares que puedan llevar a cabo contra otras personas. Además, el Estado no puede renunciar a su obligación moral y jurídica de intervenir penalmente frente a delitos graves de esa naturaleza cometidos por adolescentes, resguardando a las víctimas. Es un deber del Estado que se funda en el bien común, garantizar la seguridad de la sociedad y la de cada uno de sus ciudadanos. Además, el proyecto de ley a tratarse propone un régimen penal juvenil especial con la privación de la libertad como último recurso y en institutos especiales separados de los adultos. Resulta además imprescindible que el Estado promueva una política educativa que facilite el aprendizaje y la resocialización de los niños y adolescentes, una política que fortalezca a la familia en valores y que promueva la capacitación y el trabajo de sus miembros, como así también luche tenazmente contra la drogadicción en todas sus formas. Juan Marcos Pueyrredón jmarcospuey5@gmail.com Realidad Leo con sorpresa el comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social oponiéndose a la baja de la edad de la imputabilidad penal, publicado el 28 de enero. Harían bien sus integrantes en leer el editorial de La Nación de ese mismo día sobre el tema. ¿Por qué no ven la realidad? ¿Será ceguera ideológica? Juan Javier Negri DNI 8.536.656 Monotributo La ley de Monotributo se sancionó en junio de 1998, y la entonces DGI (Dirección General Impositiva), lo promocionó como: "las sencillas normas que le permitirán prescindir de Contador" (ver los diarios de la época). Acabo de asistir (vía zoom) a la exposición que dos excelentes profesionales brindaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (con una asistencia promedio de 500 Contadores Públicos), con el objetivo de comentar y aclarar las recientes novedades que se produjeron en dicho tributo. La exposición se extendió por algo más de dos horas. Posteriormente me llega un texto publicitario en el que ofrecen un pack completo de e-book que consta de 8 capítulos y 4 bonos exclusivos con temas relacionados al impuesto, con el sugestivo título de "Tu primer monotributista" -sin errores ni complicaciones-, claramente destinado a los jóvenes profesionales que se inician en la profesión. Han transcurrido 28 años desde su sanción, y nuestros legisladores y funcionarios sólo se han dedicado a complicar el tema. Se va a debatir en breve una reforma tributaria en el Congreso Nacional. Será interesante saber si los que nunca trabajaron en la actividad privada (salvo raras excepciones), se animan a terminar con "las sencillas normas". Gabriel C. Varela gcvarela@gmail.com Finalidad Tal vez si la intervención -que solo mueve a la risa- de nuestro presidente en Mar del Plata hubieran servido para recaudar fondos para paliar la angustiante situación de cientos de personas y miles de hectáreas quemadas , tal vez, lo hubiera aceptado un poco más. Catalina Hadra DNI 5.248.463 Nivel sonoro Aplaudo que el gobierno de la CABA haya habilitado la circulación de colectivos eléctricos, esperemos que se extienda su uso y que no quede también en "experimento", como el tranvía de Puerto Madero o los ocho colectivos híbridos. Lamentablemente el GCBA ha renunciado a su obligación de controlar el nivel de sonido en las calles de la ciudad, especialmente el causado por colectivos y motocicletas, nivel que se acentúa en las avenidas, donde circulan numerosas líneas de colectivos en uno o en ambos sentidos y que son usadas como pistas para la aceleración innecesaria de motos a cualquier hora. También contribuye a los actuales niveles intolerables de sonido el estacionamiento indebido, que convierte a muchas calles en desfiladeros, propicios para más ruido de motores y bocinas. Sería deseable que el GCBA se ponga a trabajar seriamente para cuidar la salud de sus habitantes en este aspecto. Hugo Tacsir DNI 4.431.200 Embajada de Rusia Adhiero plenamente a la carta del lector Juan Kussrow quejándose por la existencia de vallas frente al edificio de la embajada de la Federación Rusa, protección que invade la totalidad de la vereda sobre la calle Rodríguez Peña. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, hace ya cuatro años, no se ha producido acto violento alguno contra esa embajada, demostrando que aquí se vive civilizadamente. Por lo tanto, esa protección exagerada implica en cierto modo una ofensa al vecindario. Como contraste, menciono aquí que la embajada de Ucrania no cuenta con vallas de protección alguna. Luis F. Tornquist luistornquist@gmail.com Feria en El Bolsón En El Bolsón sucede algo inconcebible. La municipalidad cerró una calle al tránsito para habilitar una feria (una especie de Saladita), conformada por "comerciantes" extranjeros (africanos). Se instalaron con tiendas y carpas. Venden baratijas y prendas de origen desconocido a precios bajos. Esta autorización mueve a la sospecha de una negociación espúrea, porque va en detrimento de la feria que realizan productores y comerciantes locales. Éstos son los que sostienen, con el pago de sus impuestos, la estructura municipal. El destrato hacia ellos es denigrante. Alguien tiene que dar la cara y explicar, si puede, este vergonzoso desatino. La comunidad bolsonera espera una solución inmediata. Salvo que pretendan hundir al comercio local. Adolfo R. Ortiz DNI 4.582.781 En la Red FacebookTras la presión de los gobernadores, el Gobierno declara con un DNU la emergencia ígnea para las provincias patagónicas"Tarde. Muy tarde"- Anita Grimalt"Debe existir una ley de emergencia y tiene que crearse un fondo para esas emergencias, además de comprar todos los elementos necesarios para apagar los focos de incendios en forma inmediata y tener un equipo de personas preparadas para actuar ante tremenda tragedia"- Rosa Teresa Capriati

Expresidente del Congreso de Honduras aprueba ley para instalar la comisión contra corrupción sin acuerdos ni debate

Luis Redondo remitió la normativa a La Gaceta días antes de su salida, otorgando a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) facultades como querellante autónomo. Juristas advierten irregularidades legales y destacan que Honduras aún carece de un tratado vinculante con la ONU para la implementación del mecanismo anticorrupción.

ð??° Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos en Venezuela

Anunció el cierre del centro de detenciones El Helicoide y que dará impulso a una ley para reformar el sistema judicial.

Ley de Glaciares: el péndulo regulatorio vuelve a moverse

La reforma de la Ley N° 26.639 abre el debate entre protección ambiental y desarrollo: reglas claras y evaluación rigurosa para atraer inversiones sin resignar cuidado.

La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

Los seres queridos y allegados de los detenidos ilegalmente por el régimen aún mantienen la expectativa por más excarcelaciones durante las próximas horas. La iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para su debate

Delcy Rodríguez 'suaviza' al chavismo: ley de amnistía y cierra la cárcel/centro de torturas del Helicoide

Habló de impulsar "un nuevo sistema de Justicia". La amnistía no solo dejaría en libertad a presos políticos "de 1999 al presente", sino que además se borrarían sus causas penales. Es una esperanza concreta para la liberación del argentino Nahuel Gallo, aunque habrá "excepciones". Leer más

Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

CARACAS. - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para todos los presos políticos del país. "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", dijo en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.Rodríguez afirmó que esta era una decisión que se había conversado ya con el expresidente Nicolás Maduro, y pidió que nadie imponga "la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto".Se espera que la ley de amnistía sea aprobada la primera semana de febrero, y beneficiaría en un primer momento a todos los detenidos por razones políticas.El anuncio se produce semanas después de que comenzara un proceso gradual de excarcelaciones, iniciado tras la detención de Maduro el 3 de enero y que proporcionó un nuevo marco de entendimiento con Estados Unidos.La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. El chavismo sostiene que más de 600 presos han sido liberados, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran el total en 302.A la oscuridad del proceso de liberación se sumó también una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dijo tener información de que siguen operando "centros de detención clandestinos", a pesar de la liberación de presos políticos.Asimismo, la presidente interina dijo que el Helicoide, la cárcel que representa la represión del régimen, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. Rodriguez incluso aseguró que combatirá la corrupción en la Justicia."Vengo a esta Cámara como presidenta pero también como abogada", dijo Rodríguez. "Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica", añadió.En tanto, Estados Unidos informó el viernes que "todos" sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero."Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela", indicó la embajada estadounidense en un comunicado, sin precisar el número de excarcelaciones.Remoción de las causas penalesA diferencia de las liberaciones recientes, que a menudo dejaban a los expresos bajo prohibiciones de viaje, restricciones de expresión u otras medidas judiciales, la ley propuesta eliminaría por completo las causas penales, afirmó Rodríguez. Quedarían excluidos los condenados por homicidio, narcotráfico u otros delitos comunes.Se espera la salida inmediata del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, del partido centrista Primero Justicia (PJ), número dos de María Corina Machado en la Plataforma Unitaria, encarcelado hace diez meses.En la mañana también fue liberado, según anunció la ONG Foro Penal, el peruano-estadounidense Arturo Gallino Rullier, quien voló hacia Estados Unidos. Más tarde la embajada norteamericana anunció la excarcelación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela.El anuncio de la amnistía llega horas después de la última conversación del presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, con Rodríguez.En la llamada se refirieron a la apertura del espacio aéreo de Venezuela para los vuelos con Estados Unidos y la aprobación de la reforma petrolera. Esa reforma representó esta semana otro giro de envergadura del régimen chavista. Se trata de los cambios aprobados el jueves en la Asamblea Nacional a la ley de hidrocarburos, que redujeron el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas. La ley debe crear oportunidades para la inversión extranjera y permitir el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.El chavismo lleva años usando a los presos políticos como moneda de cambio. Un aparato represivo orquestado entre los cuerpos policiales y el sistema de justicia ha dejado miles de detenidos en los últimos años. En otros procesos de negociación se han logrado liberaciones parciales de presos e intercambios de prisioneros, pero, en paralelo, se han seguido produciendo detenciones arbitrarias.Agencias AFP, ANSA y Reuters