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Salud mental: modificar la ley no es vulnerar derechos, es garantizarlos

La salud mental en la Argentina viene transitando desde hace varios lustros un camino de buenas intenciones pero de malos resultados, situaciones dolorosas debidas a las complicaciones de la práctica clínica y algunos hechos trágicos que fueron y son muy mediáticos. La Ley 26.657, sancionada en 2010, nació con el noble propósito de proteger los derechos de las personas que padecen Enfermedad Mental Grave pero en su conceptualización se incurrió en los sesgos de la ideología , sin fundamentos científicos ni conocimiento de la clínica. Lo que finalmente sucedió fue desamparar a los más vulnerables: las personas con patologías graves y sus familias. Hoy, la propuesta del Gobierno para modificar la normativa vigente nos sitúa ante un debate necesario y postergado. No se trata de "volver al pasado", sino de aplicar el sentido común médico para salvar vidas. Uno de los cambios más trascendentales que impulsa esta reforma es la sustitución del criterio de "riesgo cierto e inminente" por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física". Esta no es una distinción semántica menor. En la práctica actual, ¿es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir? Como hemos sostenido innumerables veces desde la AAP y los hospitales especializados, no debemos confundir peligrosidad con enfermedad mental. Sin embargo, negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono. La sociedad necesita un enfoque que permita intervenciones oportunas, actuando como actúa un cardiólogo ante un dolor en el pecho , haciendo la evaluación e intervención pertinente antes de que el daño sea mayor o incluso irreversible. La reforma propone que al menos uno de los profesionales que determine una internación involuntaria sea, obligatoriamente, un médico psiquiatra. Esto devuelve la racionalidad clínica al proceso. Si bien el abordaje debe ser interdisciplinario (con psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros), la evaluación de un médico es fundamental para distinguir cuadros orgánicos con síntomas psíquicos (vg.meningitis , tumores infecciones, enfermedad tiroidea, etc.) de crisis de enfermedades de psiquiátricas propiamente dichas y así garantizar el mejor tratamiento posible . La ley vigente planteaba el cierre de los hospitales especializados (monovalentes) y pasar todo a los hospitales generales para el año 2020, un objetivo que resultó absurdo, impracticable y carente de sentido de planificación sanitaria . Es una falsa dicotomía, ya que cada una de estas instituciones tienen funciones diferentes y son necesarios en la "red de hospitales y servicios de salud". Cerrar centros de referencia como el Hospital Borda es como pretender cerrar una unidad coronaria en medio de una crisis sanitaria. La propuesta actual es más simple si lo hacemos con conocimiento de la clínica, la práctica y pensando en lo que la sociedad necesita: hospitales generales y centros de atención primaria para la atención de las personas con casos leves y consultas ambulatorias e instituciones especializadas reservadas para cuadros graves que requieren recursos. También es importante agilizar las " altas de las internaciones ", evitando la judicialización que hoy empantana los tratamientos y en definitiva a las familias, que son quienes cargan con el peso cotidiano de la enfermedad. Ellas necesitan un sistema que les brinde respuestas, no obstáculos burocráticos. Modificar la ley no es vulnerar derechos; es garantizarlos. El derecho a la salud incluye el derecho a recibir un tratamiento eficaz y a tiempo. Es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad del sillón y de los escritorios y empiece a mirar la realidad de las guardias y de los hogares de las familias argentinas . Médico Psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos

Licencias por paternidad: presentan un proyecto de ley para extenderlas a 30 días e incluir a monotributistas

Diputados opositores impulsan una reforma de licencias parentales que amplía derechos por nacimiento y adopción, incluye a autónomos y traslada el costo al sistema de seguridad social. Leer más

¿Continúa la Ley Seca?: Estas son las restricciones que se mantienen todo el lunes 13 hasta el martes 14 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones decidió extender la jornada de votación ante los más de 63 mil peruanos que se quedaron sin votar ante la falta de material electoral este domingo 12 de abril

Ley de Dignidad de María Elvira Salazar: qué propone para regularizar a migrantes de larga data en EE.UU.

El 15 de julio del año pasado, un equipo bipartidista encabezado por las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar compartió una versión renovada de la Ley de la Dignidad (H.R. 4393). El proyecto tiene como propósito regularizar el estatus de migrantes indocumentados con gran arraigo en Estados Unidos.Estatus legal sin "vía corta" a la ciudadaníaEl programa Dignidad alcanzaría a personas que estaban en EE.UU. antes del 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta, a diferencia de las demás, no brinda una amnistía ni un camino directo hacia la ciudadanía, sino más bien un estatus legal que puede renovarse.Los requerimientos esenciales, según los puntos oficiales del proyecto:Siete años de estatus legal con autorización para trabajar y viajar.Los participantes tienen un plazo de siete años para pagar US$7000.No deben tener historial penal y deben cumplir con todas las leyes federales y estatales.Los beneficiarios no tendrán acceso a programas de asistencia pública financiados por los contribuyentes.Una vez completado el periodo de 7 años, los participantes pueden solicitar el "Estatus de Dignidad", que les permite permanecer en EE.UU. indefinidamente con autorización laboral, siempre que mantengan una buena conducta legal.Seguridad fronteriza y reforma del sistema de asiloLa Ley Dignidad propone un control operativo total de la frontera sur mediante una estrategia que cuenta con:Uso de drones, radares y sensores térmicos, junto con la contratación de miles de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.Terminar con la política de captura y liberación, creando al menos tres Campus Humanitarios donde los solicitantes de asilo serán procesados de forma acelerada.Se espera que la mayoría de los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 60 días (15 para la entrevista inicial y 45 para la decisión final).Se exigirá a todos los empleadores del país verificar el estatus legal de sus trabajadores para desincentivar la contratación ilegal.Protección para "dreamers" y trabajadores estadounidensesEl proyecto también incorpora el Dream Act, que otorga a los jóvenes llegados en la infancia un estatus condicional por 10 años, con una vía hacia la residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o educación superior.Además, la ley prioriza a la fuerza laboral nacional mediante el Fondo del Trabajador Estadounidense (EWF, por sus siglas en inglés). Financiado con los pagos de restitución de los inmigrantes (estimados en US$70.000 millones), este se destinará a capacitar a trabajadores estadounidenses en oficios de alta demanda. "Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará a un trabajador estadounidense", detalla la propuesta.Uno de los puntos más destacados por Salazar es que la implementación de la ley se autofinancia.Los costos de infraestructura fronteriza y procesamiento se cubrirán mediante un "Impuesto de Infraestructura Migratoria" del 1% sobre el salario de quienes reciban permiso de trabajo bajo el programa. Se estima que esto no solo cubrirá los gastos, sino que también ayudará a reducir la deuda nacional.

House File 2513: avanza el proyecto de ley que busca limitar la visa H-1B en universidades desde el 1 de julio

Una iniciativa legislativa avanza en el estado de Iowa con el objetivo de restringir la contratación de profesionales extranjeros con visa H-1B en universidades. La medida genera debate entre legisladores, académicos y trabajadores.Qué establece el proyecto de ley sobre la visa H-1BEl proyecto de ley House File 2513 busca establecer una prohibición estricta para que las instituciones de educación superior en Iowa contraten a ciertos profesionales extranjeros.Entre los puntos clave que este proyecto busca implementar se encuentran:Restricción de contratación: prohibiría que las instituciones educativas firmen contratos de empleo, a partir del 1° de julio, con personas que posean una visa H-1B y sean ciudadanos de países designados por el gobierno federal como adversarios extranjeros o estados patrocinadores del terrorismo.Se aplicaría a ciudadanos de naciones como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Siria. Instituciones alcanzadas: afectaría a las tres universidades públicas regidas por la Junta de Regentes (Universidad de Iowa, Universidad Estatal de Iowa y Universidad del Norte de Iowa). Además, también impactaría en los colegios comunitarios del estado e instituciones privadas de educación superior que otorguen títulos.Los defensores del proyecto sostienen que estas limitaciones son necesarias para proteger la investigación sensible en las universidades y salvaguardarlas contra el espionaje y la influencia de gobiernos extranjeros."¿De verdad creen que deberíamos tener miembros del Partido Comunista Chino impartiendo clases de economía, ciencias políticas o gobierno en nuestras universidades?", cuestionó el representante estatal republicano Skyler Wheeler, quien dirigió el proyecto de ley, según lo retomado por Iowa Public Radio. "¿De verdad creen que deberíamos permitir que personas de Rusia o Irán influyan en los futuros votantes de este país? Yo no", agregó.El estatus del proyecto de ley que busca limitar la visa H-1B en universidadesActualmente, la propuesta se encuentra bajo análisis en la cámara alta, donde fue derivada a un comité vinculado al área laboral. De prosperar, la normativa establecería límites a la contratación de determinados trabajadores extranjeros en universidades, colegios comunitarios y centros educativos privados del estado.Seguridad y empleo local: los argumentos a favor del proyecto de leyLos impulsores del proyecto sostuvieron que la medida apunta a resguardar investigaciones consideradas sensibles dentro del ámbito académico. También plantearon que la normativa permitiría reducir riesgos vinculados al acceso a información estratégica por parte de gobiernos extranjeros."No queremos arriesgarnos con eso (las actividades de espionaje). Creo que, sinceramente, tenemos argumentos para no tener siquiera el programa de visas H-1B", señaló el representante republicano Taylor Collins, quien propuso el proyecto de ley. "Preferiría contratar a estadounidenses", dijo.Las críticas al proyecto de leySectores académicos y asociaciones profesionales cuestionaron la propuesta por considerar que introduce criterios basados en el país de origen. "Esa podría convertirse en la primera ley discriminatoria del estadoâ?¦ y no dejará bien parado a Iowa", dijo Dongwang Liu, presidente de la Asociación China del Área de Iowa City, a KWQC.También advirtieron sobre posibles consecuencias en el financiamiento científico, ya que investigadores extranjeros han participado en la obtención de recursos para proyectos en salud, agricultura y tecnología."US$100 millones en la financiación de la investigación obtenida por científicos chinos de Iowa", detallaron las organizaciones en su sitio web en contra del proyecto de ley. "Profesores e investigadores chinos que anteriormente contaban con visa H-1B realizan importantes contribuciones al ecosistema de investigación de Iowa, ayudando a atraer una importante inversión federal al estado", explicaron.Qué es la visa H-1B y cómo funciona en EE.UU.De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa H-1B permite a profesionales extranjeros trabajar de manera temporal en EE.UU. en ocupaciones que requieren conocimientos especializados.Este tipo de permiso se otorga a trabajadores con formación académica en áreas específicas, lo que incluye investigación, ingeniería, salud y tecnología. El sistema establece cupos anuales y contempla requisitos vinculados a la formación, experiencia y relación laboral con empleadores autorizados.Para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por el Senado estatal y luego remitido a la gobernación para su firma. Si completa ese proceso, entraría en vigencia el 1° de julio, según lo establecido en el texto legislativo.

Nueva Jersey aprueba una ley para aumentar el control sobre las escuelas charter

Son escuelas con mayor libertad para sus proyectos académicos.Deben cumplir ciertos requisitos y son reguladas por el Departamento de Educación.

Trabajar sin licencia en construcción en Texas: riesgos para migrantes desde el 1 de mayo por la ley de Abbott

Desde el 1° de mayo comienza a regir la nueva normativa de Texas para licencias profesionales y muchos trabajadores de la construcción están preocupados porque pueden perder su fuente de ingresos. Desde esa fecha, el Estado de la Estrella Solitaria requerirá prueba de estatus legal en Estados Unidos para otorgar o renovar el documento habilitante.Texas exigirá prueba de estatus legal para licencias profesionales desde mayoSegún la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), a partir del próximo mes será un requisito demostrar el estatus legal en el país norteamericano para poder acceder a una licencia profesional.En concreto, la obligación aplica tanto para estadounidenses como extranjeros. Sin embargo, los migrantes indocumentados no podrán acceder a licencias profesionales reguladas.Al realizar el trámite hay dos opciones: con número de Seguro Social o sin ese identificador. Quienes no tengan esa documentación deberán presentar un documento para acreditar su presencia legal.Esto aplica tanto a trabajadores de la construcción como a una amplia gama de profesiones que incluyen a electricistas, cosmetólogos, barberos, contadores y criadores de perros, entre muchas otras. La TDLR aprueba nueva exigencia de estatus legal para licencias en TexasLa normativa se aprobó de manera unánime en una votación que realizó la TDLR el último 24 de marzo. A pesar de argumentos presentados sobre que podría perjudicar a la economía de Texas e impulsar a personas a trabajar sin licencia por fuera de la ley, los funcionarios avanzaron con la iniciativa.Esta medida se alinea con la aplicación del mismo requisito para otros trámites en el estado gobernado por Greg Abbott. Por ejemplo, ya desde hace tiempo la presencia legal en EE.UU. es obligatoria para obtener una licencia de conducir en Texas.Riesgos para trabajadores de la construcciónSi bien la regla no exige ciudadanía, sí reclama que la persona esté en alguna categoría con autorización legal según la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos. En la práctica, miles de trabajadores que antes podían obtener licencias estatales ahora pueden perder sus trabajos si no tienen estatus o autorización de trabajo, desde el momento en que venza su actual licencia.Algunos riesgos legales o laborales adicionales que esta norma representa:Barreras administrativas: imposibilidad de obtener o renovar licencias estatales, lo que invalida formalmente su capacidad para ejercer oficios regulados.Vigilancia activa: mayor exposición a redadas de ICE y verificaciones de estatus en los sitios de trabajo, provocando ausentismo y miedo.Presión sobre el empleador: las leyes federales sancionan la contratación de personal no autorizado, lo que incentiva despidos o el paso a la informalidad extrema.Fraude en la contratación: uso de la figura de "contratista independiente" o pagos en efectivo para eludir responsabilidades legales, aumentando la vulnerabilidad del trabajador.Precarización del trabajo: desplazamiento hacia "mercados negros" y contratos verbales, con nula supervisión estatal y bajos estándares de seguridad.Explotación y abusos: facilidad para imponer salarios por debajo del mínimo legal, jornadas excesivas y privación de prestaciones sociales.Barreras a la denuncia: el temor a la deportación impide que los trabajadores reclamen sus derechos ante accidentes o robos de salarios, a pesar de estar protegidos por leyes laborales.Inestabilidad crónica: alta rotación de personal y desvinculaciones abruptas debido a que quienes contratan a migrantes buscan minimizar su propia exposición legal.Documentos aceptados por Texas para demostrar presencia legal en licencias profesionalesEn su sitio web oficial, la TDLR detalla el listado de variantes de documentación que se pueden presentar para este fin. Estas son las opciones:Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID.Pasaporte estadounidense.Tarjeta de identificación militar estadounidense.Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, en inglés) o el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar.Sobre este último punto, se aclara que el ítem incluye opciones como el certificado de naturalización, green card, visa de inmigrante, documento de autorización de empleo y otros formularios similares.Los documentos mencionados forman parte de la Lista A, por lo cual con uno de ellos individualmente es suficiente para demostrar estadía legal. Por su parte, también se puede presentar documentación de la Lista B.Las opciones son:Una licencia de conducir de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, West Virginia, Wisconsin o Wyoming.En combinación con una de las siguientes alternativas:Un certificado de nacimiento expedido por un estado o territorio de EE.UU..Un documento del gobierno federal que demuestre que el solicitante es un ciudadano estadounidense nacido en el extranjero.

Reloj checador será obligatorio: estas son las multas para empresas que no cumplan con la nueva ley

La reforma impone registro electrónico obligatorio y sanciones de hasta 590 mil pesos a empleadores que incumplan con la nueva ley

Esta es la ley para el uso de patinetas eléctricas en Colombia en 2026: edad, velocidad y seguridad para transitar

El normativo establece requisitos de edad y equipamiento, además de límites de velocidad y sanciones, para quienes emplean estos vehículos eléctricos individuales en espacios públicos y ciclorrutas urbanas del país

Qué pasará con la ley que busca congelar un millón de alquileres en Nueva York

La Junta de Pautas de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés) de Nueva York inició este jueves 26 de marzo el proceso de votación para decidir si congela los precios de un millón de departamentos estabilizados. La medida, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, busca aliviar la crisis de asequibilidad en la ciudad para los inquilinos de menores ingresos. El panel de nueve miembros definirá la resolución definitiva entre mayo y junio.Debate sobre el proyecto que busca congelar alquileres en Nueva York"Esa es la potestad del alcalde. Tenemos estas herramientas. Es solo una cuestión de, ¿queremos hacer esto?", declaró Mamdani durante su campaña difundida por The New York Times sobre el uso de sus facultades para influir en la junta.Al anunciar los nuevos nombramientos en febrero, el mandatario agregó: "Confío en que considerarán todos los factores que enfrentan los inquilinos de renta estabilizada de la ciudad y llegarán a una decisión apropiada. Juntos estamos construyendo una ciudad donde cada persona pueda pagar un techo sobre su cabeza".El debate entre inquilinos y propietarios en Nueva YorkLa ley exige que la junta analice tanto la condición económica de la industria inmobiliaria como el costo de vida de los residentes. Según datos oficiales publicados por el portal citado, más de la mitad de los inquilinos en Nueva York destinan al menos el 30 por ciento de sus ingresos al pago de la renta. En el sistema estabilizado, el ingreso familiar promedio es de unos US$60.000 anuales, una cifra menor a los US$90.800 que perciben quienes alquilan a precios de mercado.La industria inmobiliaria acusó a la administración de intentar ejercer una influencia indebida sobre un organismo independiente. Los propietarios de edificios, especialmente aquellos con estructuras antiguas o de menor tamaño, argumentan que necesitan aumentos para cubrir los costos operativos. El año pasado, el panel permitió incrementos del 3 por ciento en contratos de un año y del 4,5 por ciento en contratos de dos años.Alcance del sistema de renta estabilizadaEl sistema de estabilización protege a los inquilinos contra aumentos bruscos y desalojos injustificados. Actualmente, la renta media en estos departamentos es de aproximadamente US$1500, mientras que las unidades a precio de mercado rondan los US$2.000. Durante la última década, la ciudad aprobó congelaciones de alquileres en contratos de un año en tres oportunidades, incluyendo el periodo de la pandemia de covid-19.Según NYT, los puntos centrales del conflicto actual incluyen:Composición de la junta: seis de los nueve miembros responden a la gestión actual de Mamdani.Diversidad de ingresos: aunque el sistema ayuda a sectores vulnerables, un 10 por ciento de estos hogares gana al menos US$200 mil al año.Acciones legales: los representantes del sector inmobiliario adelantaron que presentarán demandas si se aprueba una congelación total este año.La junta llevará a cabo reuniones para escuchar testimonios de investigadores, propietarios y grupos de inquilinos antes de la votación final.

Cartas de lectores: Recuperar los valores, Incongruencia, Cuando la ley deja de regir en la calle

Carta de la semanaRecuperar los valores¿Otra vez los argentinos debemos transitar el lodoso camino de las dudas sobre todo? La posibilidad de desilusionarnos otra vez está latente, y esta sería realmente espantosa, ya que la posibilidad de salir está a la vista como nunca. ¿Qué pasa con los funcionarios que traicionan tan tontamente sus promesas y juramentos? ¿Es que estamos condenados a que nos muestren el camino y después nos defrauden? Nos defrauda quien hace lo contrario a lo que predica con fervor, quien no explica claramente los hechos sospechados, quien no los expulsa como prometió hacerlo si se daba el caso, quienes demoran la aplicación de la justicia ante pruebas irrefutables. Necesitamos con urgencia que se rectifiquen los errores y se reconstruya la posibilidad de que nosotros y el mundo creamos en que es posible ir transitando el camino hacia la credibilidad perdida. Todo está dado para hacerlo, hay funcionarios valiosos y votantes dispuestos a no volver al pasado ignominioso, no desaprovechemos la oportunidad. Las lastimosas circunstancias internacionales, si bien por un lado nos perjudican, presentan un abanico de posibilidades que nos hacen atractivos. Este gobierno ha logrado indiscutibles logros que hoy está arriesgando penosamente. No hablo de las formas, seguramente discutibles, sino del fondo. Recuperemos los valores hoy bastardeados que reclama la mayoría de la sociedad, tal como nos prometieron hacerlo y los votamos. Están a tiempo, no nos desilusionen.Guillermo H.M. GiambastianiDNI 4.359.734IncongruenciaQuiero expresar una profunda preocupación técnica y civil respecto de la recientemente sancionada ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Si bien la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años se presenta como un avance en la política de seguridad, el artículo 19 contiene una disposición que, de no ser corregida, desvirtuará el sistema de justicia penal en su totalidad. La norma establece un tope máximo de 15 años de prisión, aplicable de forma indistinta a la gravedad del delito o a la concurrencia de múltiples hechos criminales (concurso real). Esta "tarifa plana" punitiva genera una distorsión alarmante: para el sistema, resulta equivalente cometer un homicidio que una serie de delitos conexos de extrema gravedad. Desde la criminología, esto se traduce en una pérdida del valor de la vida y de los bienes jurídicos afectados, ya que el tope absorbe la pluralidad de hechos.Otro aspecto crítico que ha pasado inadvertido es la ventana de cinco meses previa a su entrada en vigencia. Debido al principio constitucional de la ley penal más benigna, este tope de 15 años se aplicará de forma retroactiva a procesos en curso por delitos gravísimos cometidos por menores. Sin una reforma urgente, juicios actuales que aspiran a penas ejemplares se verán limitados automáticamente por este nuevo techo legal. Bajo este esquema de 15 años, la percepción de justicia se diluye frente a los beneficios procesales: salidas transitorias, accesibles al cumplir apenas 7 años y 6 meses (la mitad de la condena), y libertad condicional: a los 10 años (dos tercios), siempre que medie buena conducta.Esto transforma una reforma que buscaba "terminar con la impunidad" en un sistema de "puerta giratoria" para los casos más atroces, garantizando libertades prematuras que no guardan proporción con el daño causado.La modificación de una ley recién sancionada es una tarea legislativa titánica, pero el período de implementación diferida es la última oportunidad para introducir una ley correctiva. Es imperativo que el Congreso revise el artículo 19 para permitir escalas penales diferenciadas o excepciones en casos de concursos reales de delitos violentos. No podemos permitir que el mensaje de responsabilidad que la ley pretende instaurar se convierta en una garantía de beneficios desproporcionados. La seguridad de la ciudadanía y la integridad del sistema de justicia dependen de esta rectificación.Matías G. Sánchez SorondoDNI 16.940.566Cuando la ley deja de regir en la calleEn la Ciudad de Buenos Aires se ha naturalizado una situación preocupante: el incumplimiento sistemático de las normas de tránsito, particularmente en materia de estacionamiento ilegal. Hoy es habitual ver vehículos detenidos sobre rampas, esquinas, avenidas, cordones amarillos o bloqueando accesos a garajes. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica extendida que evidencia la falta de controles efectivos y, sobre todo, la ausencia de consecuencias reales. A ello se suma un fenómeno especialmente grave: el uso fraudulento de certificados de discapacidad (CUD), mediante credenciales adulteradas o permisos irregulares, utilizados como cobertura para violar normas básicas. Esta práctica no solo es ilegal, sino profundamente injusta para quienes realmente necesitan ese beneficio. El problema no radica en la falta de normativa, sino en la falta de decisión para hacerla cumplir. Multas que no se cobran, que prescriben o se diluyen en excepciones terminan por deslegitimar el sistema. El mensaje implícito es claro: cumplir la ley es opcional. Recuperar el orden en el espacio público no requiere nuevas normas, sino ejercer autoridad, controlar y sancionar de manera efectiva. Sin ley, no hay orden; y sin orden, la convivencia se deteriora.Jorge H. CohenDNI 4.532.858Vacantes de los jueces La Justicia argentina está literalmente desguazada. Según el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hay 600 cargos vacantes de jueces y fiscales en todo el país. Hoy las vacancias de jueces, se cubren en forma interina con jueces a cargo de otros juzgados, o con aspirantes que hayan aprobado un concurso en los últimos tres años. Ambos sistemas afectan gravemente el funcionamiento regular del servicio de justicia. Es irracional asignarle al titular de un tribunal colapsado, otro tribunal colapsado. Además, los subrogantes con un concurso aprobado, es muy difícil que pudieran fallar, con independencia e imparcialidad, contra del Poder Ejecutivo que los tiene que designar titulares en sus concursos. Los concursos anticipados que promueve la Acordada N°4 de la CSJN para evitar la acumulación de vacantes, están prohibidos por el art. 13, apartados "A" "1." de la ley 24.937 que los prohíbe (Fallos: 349:291). En el Consejo de la Magistratura, la eterna puja partidaria entre consejeros políticos, siempre impedirá la inmediatez en las designaciones. El escándalo actual de las vacantes en la justicia se originó con la derogación en 2020 -a propuesta del ex diputado Leopoldo Moreau "para que no regresen a la justicia lacras como el juez Claudio Bonadío- de la "carga pública" que pesaba sobre los jueces retirados hasta los 75 años de edad, que los obligaba -salvo causa justificada- aceptar las convocatorias de las cámaras para cubrir de inmediato las vacantes producidas, bajo apercibimiento de perder el derecho a percibir su jubilación especial por el lapso que durara la subrogancia requerida. Esta carga pública beneficiaba a los ciudadanos, impedía la subordinación de los jueces interinos concursantes al Poder Ejecutivo, eliminaba la posibilidad de lobbies con el gobierno, y los ex jueces convocados eran seleccionados por su probidad, contracción al trabajo y conductas intachables. La Institución de Magistrados y Funcionarios de la Nación en Retiro propone restablecer "urgente" esta carga pública, cuya defensa a outrance le impone su estatuto fundacional. La extrema gravedad institucional descripta, habilita el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que la restablezca en forma perentoria.Cuenta el libro del Éxodo que mientras Moisés dirimía agobiado los pleitos de su pueblo, su suegro Jetró, sacerdote de Median y padre de su esposa Séfora, le aconsejó dedicarse solo al rol de representante del pueblo ante Dios, y que escogiera hombres capacitados, temerosos de Dios; en quienes puedas confiar, insobornables, y nombrarlos responsables de grupos de mil, de cien, de cincuenta y diez personas. Ellos administrarán la justicia ordinaria." Moisés atendió el consejo de su suegro. (Éxodo 18, 13-27).Luis René HerreroPresidente de la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro - Asociación Civil -lherrero@fibertel.com.arTasa vialEn una importante cantidad de municipios de la provincia de Bs. As. se debe pagar una "tasa vial" cuando carga combustible un porcentaje del valor de la compra. Las ciudades de Pinamar y Mar del Plata encabezan el podio con los mayores porcentajes que representan el 3% del total de la misma y, se supone, que con esa importante cantidad de dinero extra serán realizados los correspondientes arreglos en las calles de circulación. Desconozco el estado de las calles de Pinamar, pero conozco a la perfección el estado de las calles de Mar del Plata que es realmente malo con algunos pozos donde se corren riesgos de accidentes y/o romper parte del vehículo que se conduce. De más está decir que las reparaciones de las calles se debe n financiar con los "elevados impuestos" que se facturan y no con imposiciones de este tipo. A todo este desajuste se le debe sumar el considerable aumento del combustible por la Guerra de medio Oriente. ¿A ninguno de los "inteligentes inventores" de nuevos ingresos para financiar la burocracia estatal se le ocurrió pensar en esta especial situación que está transcurriendo? ¿O piensan seguir con este atropello que ya data desde hace más de dos años? Armando R. Vasiniarmandovasini@gmail.com

Ley Hojarasca: El plan para podar el laberinto legal y devolver libertades a los ciudadanos

La iniciativa enviada al Congreso propone eliminar normas y restricciones improductivas para reducir costos administrativos, facilitar la actividad económica y modernizar el entorno regulatorio

Es oficial: Florida endurece sus controles con una nueva ley de DeSantis que genera polémica en comunidades y universidades

La norma establece nuevas reglas sobre financiamiento público, organizaciones consideradas terroristas y el uso de leyes extranjeras en tribunales.

Ley seca entró en vigor en todo el Perú: ¿cuándo termina la restricción por las elecciones 2026?

Desde las 8:00 de la mañana de este sábado 11 de abril comenzó a regir la 'Ley seca' en todo el país, una medida electoral que suspende la venta de alcohol para prevenir incidentes y asegurar una jornada de votación ordenada y segura

Así se desarrolla la Ley Seca 2026: PNP despliega operativos para asegurar cumplimiento de la medida para las Elecciones 2026

La Policía Nacional del Perú y fiscalizadores municipales intensifican controles en todo el país para asegurar el cumplimiento de la restricción de venta de alcohol hasta el lunes 13 de abril

¿Las Pensiones del Bienestar pueden ser embargadas? Esto dice la ley

Un caso puntual marca diferencias esenciales en la aplicación de normas para la retención de apoyos dirigidos a sectores vulnerables

La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto SB 290, conocido como Ley Agrícola de Florida, que entra en vigor el 1° de julio de 2026. Si bien la base de la legislación está diseñada para fortalecer la industria agropecuaria y proteger las tierras rurales, la normativa incluye nuevas penalizaciones por hacer trampa en los exámenes para obtener la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).Florida endurece sanciones por fraude en licencias CDL: qué cambia con la ley SB 290Con esta nueva normativa, el estado de Florida busca asegurar que solo los conductores calificados manejen vehículos grandes, con el objetivo de erradicar cualquier acción deshonesta en el procedimiento de certificación del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).Esta regulación tiene las siguientes repercusiones para tener en cuenta:Optimización de la seguridad vial: si las sanciones por fraude se hacen más severas, disminuye la posibilidad de que conductores no competentes estén al volante de camiones pesados.Fortalecimiento de la ley: la norma está acompañada de otras medidas de seguridad pública, por ejemplo, la prohibición de dispositivos que interfieren en las comunicaciones de emergencia.El sector rural de Florida celebra la nueva ley de DeSantisCon un impacto de US$387.000 millones y más de 45.000 granjas en el estado, la ley busca reducir la burocracia y proteger la libertad de producir en el sector rural."El Estado acaba de lograr otra gran victoria para quienes alimentan a nuestro estado y a nuestra nación. Gracias al arduo trabajo de los líderes legislativos durante esta sesión y a la firma del gobernador DeSantis, la Ley Agrícola de Florida de 2026 ya es ley", celebró el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, en la página web del gobierno de Florida.A su vez, el funcionario agregó: "La norma protege a nuestros agricultores de la extralimitación del gobierno, fortalece la seguridad pública y preservando nuestros recursos naturales y tierras rurales".Por otro lado, agradeció al equipo de trabajo que formó parte del proyecto: "Me enorgullece estar junto a líderes conservadores firmes que entienden que cuando se lucha por la libertad, la familia y los agricultores, se lucha por el futuro de Florida".Las claves de la Ley Agrícola de Florida 2026Entre los puntos que se destacan de la Ley Agrícola, están:Libertad operativa: impide que los gobiernos locales prohíban equipos que funcionan con gasolina y diésel, esenciales para la labor diaria en el campo.Protección de tierras: limita el desarrollo urbanístico de alta densidad en zonas de conservación y áreas agrícolas.Apoyo social: convierte en permanente el programa Farmers Feeding Florida, para asegurar que los productos locales lleguen a familias necesitadas.Incentivos profesionales: crea un programa de reembolso de préstamos para veterinarios especializados en animales de producción y equinos.La ley también introduce requisitos de ciudadanía estadounidense o propiedad de inmuebles en EE.UU. para acceder a préstamos de recuperación de emergencia tras desastres naturales. "Esta ley protege la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos", afirmó DeSantis durante la firma en Sebring.

Irene Montero exige actuaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno para asegurar que Navantia "cumple con la ley"

Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecer

CÓRDOBA.- A casi dos décadas de su instrumentación, el régimen de promoción de biocombustibles en la Argentina vuelve al centro del debate. Por el impacto de la guerra de Medio Oriente en el precio de los combustibles, Nación habilitó la suba voluntaria del 12% al 15% de la mezcla del bioetanol en la nafta, mientras que hay pedidos para aumentar el corte obligatorio del 7,5% al 20% del biodiesel en el gasoil. Sin embargo, la discusión va más allá y apunta a redefinir un marco legal -al actual le restan cuatro años- que permita a la industria superar las tensiones que enfrenta y seguir desarrollándose."Al borde del precipicio, dimos un paso al frente": el alza del gasoil golpea a la pesca y ya hay flotas paralizadasEl del incremento de la mezcla por ley de biocombustibles con los combustibles fósiles integra la agenda del agro en el Congreso. El tema viene demorado. Los economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea aportaron una serie de sugerencias en el marco del Programa de Asistencia Legislativa (PAL) que desarrolla para contribuir a las discusiones en Diputados y Senadores. Plantean la necesidad de una revisión integral. El desafío, dicen, es "repensar el equilibrio entre regulación y competencia", mejorar la eficiencia y reducir costos, sin perder de vista los objetivos originales de la política. La clave, advierte, es lograr un esquema "más sostenible y alineado con las exigencias de competitividad y disciplina fiscal". Como antecedente, el reporte sostiene que, a nivel global, los biocombustibles se impulsan a través de mandatos de mezcla obligatoria que "crean mercado por ley" y buscan alinear distintos objetivos: ambientales, productivos y energéticos. El régimen local se estructura sobre cinco pilares: mezclas obligatorias, asignación de cupos, fijación de precios, restricciones a la competencia y beneficios impositivos. En conjunto, este entramado define "la existencia y magnitud del mercado, sus participantes, sus precios y sus (escasas) condiciones de competencia".En la práctica, los cortes obligatorios funcionan como piso -y también como techo- del mercado. Cuando los biocombustibles son más caros, "el mercado se restringe al volumen obligatorio", limitando el desarrollo de segmentos voluntarios. Esos cupos, a su vez, se distribuyen a prorrata de la capacidad instalada, prioriza a Pymes y se excluye a grandes exportadores y petroleras del segmento regulado.Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, está convencido de que el sector necesita, "con urgencia, una nueva legislación que lo modernice, desregule de manera inteligente la actividad y genere un marco de competencia transparente y previsible. Sin reglas claras y estables no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento". En ese marco, describe que, en los últimos años, se perdió terreno frente a países de la región que avanzaron con "políticas consistentes". Grafica con Brasil (por una resolución del 1 de este mes el país prohibió importar bios para cumplir con el corte) y Paraguay que operan con mezclas de bioetanol del orden del 25% o más. "No es un problema de capacidad ni de recursos, es un problema de marco regulatorio", define.Agrega que el reciente shock petrolero volvió a poner "en evidencia esta debilidad. Si la Argentina hubiera tenido una matriz de combustibles más diversificada, con mayor participación de biocombustibles, el impacto sobre los precios y la inflación habría sido significativamente menor. Los biocombustibles no son solo una política energética, son una herramienta macroeconómica, productiva y ambiental. Permiten sustituir importaciones, generar empleo en el interior y reducir emisiones, todo al mismo tiempo".Para Adam, de cara al futuro, el desafío es "aún mayor". La Argentina necesita avanzar no solo en biocombustibles para el transporte terrestre, sino también en nuevos mercados estratégicos como el combustible sostenible de aviación (SAF) y los marítimos. "Ahí hay una oportunidad concreta de inserción internacional y generación de divisas. El mundo está andando rápido. La discusión ya no es si los biocombustibles van a crecer, sino quién va a capturar ese crecimiento. La Argentina tiene todas las condiciones para ser protagonista, pero necesita una decisión política clara y urgente".Elevar el cortePara Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) el principal punto pasa porque el corte obligatorio "debería tener una suba significativa. Más allá de la coyuntura derivada de la crisis en Medio Oriente, el aumento tiene múltiples externalidades positivas, desarrollo regional, industrialización de la biomasa, empleo, cuidado del medio ambiente y cuidado de la salud de la población, sobre todo en las grandes ciudades". Admite que hay "objeciones e intereses cruzados que están demorando este debate, pero la dirigencia política tiene la responsabilidad de diseñar un marco normativo más allá de esas tensiones, que sea equilibrado para que ninguna provincia de las que hoy produce biocombustibles se vea perjudicada". Subraya que es "fundamental" que las Pymes que elaboran biodiésel vuelvan a tener un corte del 10% y que, "de ahí en adelante, con cortes de 15, 17 o 20% ingresen las compañías integradas al sistema". Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables, su titular Marcelo Kuszniers plantea que la Argentina tiene "dos armas secretas" para ganar la'guerra' contra el aumento de combustible fósil, biodiesel y bioetanol para reemplazar diésel importado y bioetanol para la nafta, "pudiendo aumentar en forma inmediata los cortes habilitados al 20% y al 15% respectivamente". Enfatiza que la capacidad instalada ociosa y los recursos humanos y financieros disponibles "hacen posible, en lo inmediato, retomar el camino que otros países de la región están profundizando". Menciona a Brasil con un corte de biodiésel de 16% en la actualidad y del 20% obligatorio al 2030. En el caso del etanol, 30% hoy y con una visión de crecimiento al 40% en 2030. "Creemos positivamente que podemos aportar desde el sector de los biocombustibles a una transición energética eficaz; creemos en el futuro de la Argentina con las potencialidades que tenemos en materia prima, capacidad instalada ociosa tanto de empresas Pymes no integradas como de integradas. La Argentina debe lograr una asociación estratégica, una complementariedad, debe 'cruzar' la Vaca Viva, la energía que se genera en nuestros campos con la Vaca Muerta la que se generó y almacenó durante millones de años"."Hoy la Argentina está yendo a contramano del mundo. Mientras el contexto internacional empuja a los países a fortalecer su seguridad energética, acá se está interviniendo usando al biodiesel y a los impuestos como variable de ajuste para contener precios, y sin actuar sobre lo que más pesa en la ecuación, que son los combustibles fósiles", aporta Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.Sostiene que ya se incumplió la ley 27.640 (NR: la del régimen de bios) al publicarse "precios inferiores a los costos durante 16 meses consecutivos; se incumplió en marzo al no publicar precios; y más importante: ahora que está configurada la situación contemplada en su artículo 16, se incumple porque no se avanza con la sustitución de importaciones prevista". Boerr añade que, además, "se atenta contra la producción al elevar los costos de hacerlo en la Argentina y de promover la importación de gasoil más caro, incumplir leyes que elevan directamente el riesgo país, afectando negativamente al Estado y a todas las empresas. Es un contrasentido total que no se entiende, o que se entiende muy bien si se mira quiénes son los ganadores". A su entender, el camino es "bastante obvio" y pasa por "cumplir la ley, normalizar precios y aumentar los cortes, y determinar los precios de biocombustibles en dólares (apenas se requiere una resolución). Si no, el país seguirá subsidiando combustibles fósiles importados mientras desfinancia la producción nacional y juega a la ruleta rusa con el desabastecimiento. Eso no es solo un problema sectorial, es un problema de política económica".El Centro Azucarero Argentino ratifica que, en el caso de la industria de bioetanol, está "consolidada y con capacidad disponible". El país produce aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos anuales y dispone de capacidad instalada para incrementar la producción en el corto plazo, sin necesidad de nuevas inversiones. "El paso hacia E15 (NR: por la guerra de Medio Oriente) alinea a la Argentina con tendencias internacionales y regionales, donde los biocombustibles tienen una participación creciente en la matriz energética". Claudio Molina, analista y especialista en biocombustibles y ferrocarriles, ratifica que es necesaria una nueva ley para el sector y que debe valorarse su aporte más allá de la conveniencia coyuntural de su precio. "Hay tensiones entre los proyectos existentes, hay que buscar los equilibrios necesarios", define.Remover limitacionesEn los dos PALs que elaboró, el Ieral señala que el régimen vigente permitió desarrollar capacidades productivas y encadenamientos regionales, pero que hoy exhibe "rigideces que afectan su eficiencia y proyección". Apunta que "la principal crítica" es a "la falta de competencia entre empresas en el mercado de mezcla obligatoria", producto de un conjunto de reglas que configuran un sistema cerrado. Entre ellas, se destaca que "el número de empresas habilitadas está fijo" y que los volúmenes "se asignan a prorrata sin mecanismos de revisión competitiva", lo que reduce los incentivos a mejorar eficiencia. A esto se suma un esquema de "precio administrado" que, al reconocer costos y rentabilidad, desincentiva la reducción de gastos y la innovación. "El sistema genera baja rivalidad entre productores", advierte, y su consecuencia más negativa es que "reduce los incentivos para invertir en nueva tecnología, innovar, mejorar procesos y reducir costos". Así, un régimen diseñado originalmente para promover el desarrollo industrial termina, en su madurez, operando como un freno a la competitividad.Otra debilidad central a la que apunta es la "fuerte" dependencia del segmento regulado. Pese al crecimiento de la capacidad instalada, "las empresas siguen dependiendo prácticamente de manera excluyente del mandato de corte obligatorio", sin haber logrado desarrollar mercados voluntarios relevantes ni una inserción sostenida en el comercio internacional. En el caso del bioetanol, las exportaciones han sido históricamente marginales -"no mayores a entre el 2% y el 3% de la producción"-, mientras que en biodiesel, tras un período de auge, los envíos externos se redujeron por los cambios en los incentivos tributarios y barreras comerciales externas.El informe también subraya las restricciones del actual régimen a la participación de actores clave, como son los grandes exportadores, empresas petroleras y productores extranjeros. "Si bien estas limitaciones buscan proteger a las Pymes y la producción local -dice-, también reducen el universo potencial de oferentes y la escala del mercado". Al limitar la competencia, "se deriva en mayores costos".La intervención estatal en precios constituye otro eje marcado críticamente por el estudio. El esquema actual combina determinación de volúmenes con fijación administrativa de precios, lo que configura, una "doble intervención del Estado". Si bien el objetivo es asegurar rentabilidad y evitar abusos de mercado, califica a la herramienta como "rudimentaria: distorsiona señales económicas, reduce presión competitiva [â?¦] y encarece el precio de los combustibles". Propone mecanismos "más transparentes", como subsidios directos, podrían cumplir los mismos fines con menor impacto distorsivo.Sobre este diagnóstico se montan los proyectos de reforma en discusión en el Congreso. Ambos coinciden en aumentar los cortes obligatorios -con metas en torno a B10/B15 y E15- y en introducir mayores niveles de competencia, reduciendo la discrecionalidad estatal. Difieren en el grado y la velocidad de liberalización.El proyecto impulsado por el oficialismo nacional propone una transición hacia un mercado plenamente desregulado, donde "los precios serán libremente pactados" y los cupos desaparecerán progresivamente hasta 2031; habilita la participación de petroleras y no restringe importaciones. En contraste, la iniciativa de la Liga Bioenergética plantea un esquema mixto, que preserva un "núcleo duro" protegido para Pymes y economías regionales, complementado con mecanismos competitivos como licitaciones; mantiene limitaciones para evitar concentración y preservar la producción doméstica.El aumento de los cortes tiene implicancias fiscales. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, llevarlos al 15% implicaría un costo adicional de $245.000 millones, equivalente al 0,02% del PBI, debido a la exención impositiva de los biocombustibles. La cifra refleja el gasto tributario bruto y no el impacto fiscal neto, que dependerá de efectos indirectos sobre la actividad y la recaudación.A esto se suma un punto clave, el impacto en precios. En un contexto de restricciones fiscales y sensibilidad inflacionaria, el Ieral indica que cualquier expansión del régimen debe evitar trasladarse a mayores costos de combustibles, especialmente para sectores intensivos en su uso, como el agro y el transporte.El contexto futuro introduce, además, nuevos desafíos. La electrificación del transporte, la volatilidad del precio del petróleo y posibles cambios en los derechos de exportación configuran un escenario incierto. En particular, la eventual reducción de retenciones podría elevar los costos de las materias primas, afectando la rentabilidad del sector. A su vez, la mayor penetración de vehículos eléctricos anticipa un menor crecimiento de la demanda de combustibles líquidos, lo que obliga a repensar el rol de los biocombustibles en el largo plazo.Por eso, la necesidad de avanzar hacia biocombustibles de nueva generación, orientados a segmentos donde la electrificación es más difícil â??como transporte pesado, aviación o maquinariaâ??, ampliando así el horizonte de la política sectorial más allá del esquema tradicional de cortes obligatorios.

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Es necesario modificar la actual ley de tierras

El jefe de Gabinete ha anunciado que el Gobierno se propone elevar al Congreso de la Nación un proyecto de modificación de la ley de tierras, oficialmente conocida, desde comienzos de 2012. como ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.Después de su triunfo de fines de 2011 la expresidenta y hoy convicta, Cristina Kirchner, logró que el Congreso sancionara la ley 26.737, que restringió el acceso a la propiedad de tierras a los extranjeros y violentó de tal manera los artículos 16 y 20 de la Constitución nacional. Ambos ítems establecen la igualdad del trato entre estos y los argentinos.La descabellada idea de que la soberanía nacional se juega en discriminaciones compulsivas e inconstitucionales de la naturaleza consagrada en aquella ley de 2012 está aún presente en declaraciones del siguiente tenor: "Se trata de uno de los últimos instrumentos que le quedan al Estado para decidir quién es dueño de su suelo, su agua y su alimento". Un disparate.Está todo demasiado a la vista como para que sea indispensable a esta altura elaborar argumentos racionales frente a quienes aparentan desconocer que la propiedad de cualquier bien registrable, como el caso del dominio sobre tierras, se halla sometido a disposiciones legales que no dejan por abordar ninguna cuestión legislable en la materia: catastrales, fiscales, de derecho civil y comercial, y cuantas otras que alcancen también a los ciudadanos argentinos. La soberanía nacional está garantizada, pues, de los más diversos modos y los charlatanes no hacen sino mezclar la propiedad de las tierras con un principio al que el Estado, bajo el imperio de ningún gobierno, podría renunciar.La soberanía nacional está garantizada hoy de los más diversos modos y los charlatanes no hacen sino mezclar la propiedad de las tierras con un principio al que el Estado, bajo el imperio de ningún gobierno, podría renunciarLa ley sancionada en mejores tiempos para Cristina Kirchner tenía por objetivo declarado "proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra". Lo hacía como si la nacionalidad argentina del propietario fuera determinante para asegurar la defensa de la soberanía nacional sobre el vasto territorio nacional y la renovación de nuestros recursos naturales. Olvidaba, también, que las labores rurales obligan a la movilización intensa de capitales.En verdad, poco antes de la promulgación de la ley 26.737 el Estado chino estaba en arreglos con la gobernación de Río Negro para adquirir 300.000 hectáreas en el valle de igual nombre. Era incómodo, por lo tanto, para el entonces gobierno nacional, popular y antioccidental, llamar a las cosas como correspondía.La propiedad sobre tierras, industrias, y demás, en el país por parte de personas jurídicas o individuos se registra normalmente en función de los principios de igualdad, libertad contractual, libre trabajo y comercio consagrados para por la Constitución nacional. Esos mismos principios y derechos plantean otro tipo de problemas cuando son invocados por un Estado extranjero.La Argentina desespera por inversiones fijas en el país, pero en ese texto se restringe la compra por extranjeros a no más del 15% de las tierras que configuran el territorio nacional, el de una provincia o municipioEn la génesis de la ley de tierras todavía en vigor estuvo presente esa preocupación. Cualquier gobierno podría haber expuesto las reales razones de su inquietud, pero al kirchnerismo resultaba difícil expresar el pensamiento que lo impulsaba en la tramitación de aquella ley: el Estado que procuraba adquirir tierras en Río Negro nada tenía que ver con las potencias centrales y liberales de Occidente. Era China.Se optó, pues, por otra clase de fundamentación para arribar a la sanción de la ley que el gobierno de Milei pretendería derogar en noviembre de 2023 por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70,que contempló la diversidad de asuntos que se amparó bajo el nombre de Bases para la Reconstitución de la Economía Argentina. Una organización de excombatientes en las Malvinas interpuso contra ese DNU una medida cautelar que halló eco en la Cámara Federal de La Plata y ha sido recurrida por el gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tiene entendido que dos jueces han emitido su voto y que solo resta el del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti.Ya se verá si un pronunciamiento del más alto tribunal se demora a fin de que se evite o no una opinión en abstracto. El gobierno de Milei ya no pretende la derogación de la ley de tierras; ahora se interesa por su modificación, de modo de dejar las puertas abiertas a una negociación con el Poder Legislativo a fin de compartir correcciones que dejen de lado los aspectos más controvertibles de la ley de 2012.Las absurdas limitaciones fundadas en las mismas extravagancias ideológicas que han paralizado por tantos años el desarrollo del país no solo conspiran contra la igualdad en el acceso a la tierra, sino que también han reducido la competencia, distorsionado los precios y depreciado los activos rurales argentinosLa Argentina desespera por inversiones fijas en el país, pero en ese texto se restringe la compra por extranjeros a no más del 15% de las tierras que configuran el territorio nacional, el de una provincia o municipio. No más del 30% de esas tierras pueden estar en manos de extranjeros de una misma nacionalidad y tampoco los extranjeros pueden comprar tierras aledañas a cursos de agua "de envergadura", según dice la ley en lenguaje ripioso. Por si fuera poco, la ley establece el tope de 1000 hectáreas para las que sean adquiridas por extranjeros en la denominada zona núcleo, que se extiende esencialmente por el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba.Estas absurdas limitaciones fundadas en las mismas extravagancias ideológicas que han paralizado por tantos años el desarrollo del país no solo conspiran contra la igualdad en el acceso a la tierra, sino que también han reducido la competencia, distorsionado los precios y depreciado los activos rurales argentinos. En 2012-2013, cuando se estancaron los valores de la tierra, una hectárea en la zona núcleo de la Argentina no estaba lejos de los precios que regían en operaciones realizadas en zonas rurales de Illinois, en los Estados Unidos.Históricamente, la diferencia de valores entre ambas partes de América era de 1 a 1,5 en favor de esas tierras del Medio Oeste norteamericano, mencionada por usos y costumbres de la actividad inmobiliaria local en términos comparativos con las tierras de la zona núcleo de la Argentina. Hoy, una hectárea en Illinois cuesta unos 50.000 dólares: o sea, se halla a distancia sideral de lo que puede esperarse de los mejores precios de campos argentinos.Las retenciones y los cepos cambiarios, menos restrictivos hoy que en el pasado, conspiran, como se sabe, contra el desarrollo de las actividades agropecuarias en el país y explican parte de lo que nadie ignora: cuántas posiciones relativas han perdido en su evolución respecto de países vecinos, sin ser Brasil el único que nos ha aventajado. Situaciones de tal gravedad no se configuran solo por aquellos obstáculos, sino también por rémoras ideológicas que aun impregnan nuestra legislación general.En ese sentido, las consecuencias negativas de mantener esta ley de tierras devenidas de los siniestros tiempos kirchneristas son más que obvias. Levantar tantas prohibiciones sería, además, una señal más de que la Argentina quiere dejar atrás las secuelas de regímenes retrógrados.

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Qué dice la ley de Arizona sobre las peleas de gallos

Las peleas de gallos en Arizona son ilegales, como en el resto de los estados de Estados Unidos. La entidad considera la actividad como un delito de clase 5, que implica penas de prisión. Recientemente, un operativo policial desbarató un evento clandestino.Arizona considera ilegales las peleas de gallos y las castiga con tiempo en prisiónEl estado considera ilícita esta práctica. Así quedó establecido desde 1998, a partir de las modificaciones sobre el estatuto 13-2910.03 de Arizona.En el texto de la ley, también se indica cuándo se considera que una persona cometió el delito de organizar o estar implicado en una pelea de gallos. Estos son los escenarios castigados por la ley:Tener, mantener o entrenar a cualquier gallo con la intención de que participe en una exhibición de pelea contra otro.Provocar, por diversión o lucro, que un gallo pelee contra otro o que varios gallos se lastimen entre sí.Permitir que se realice cualquier acto que viole las disposiciones anteriores en un local bajo su cargo o control.Además, el apartado también establece que la definición de gallo aplica para "cualquier pollo macho, incluyendo aves de pelea".La ley de Arizona establece que quien participe de cualquier manera en una pelea de gallos incurrirá en un delito grave de clase 5. Se trata de una categoría que se castiga con tiempo en prisión.Qué implica un delito de clase 5 en Arizona: así se clasifican las peleas de gallosDe acuerdo con el estudio de abogados Salwin, los crímenes en el estado se dividen entre faltas menores y "delitos graves", la traducción del término felonies.Se estima que hay más de 150 hechos que caen dentro de esta categoría. Algunos de los más comunes incluyen asalto agravado, robo y fraude con tarjeta de crédito.Aunque se trata de la segunda categoría más leve, la ley considera estos delitos como hechos graves y los diferencia de las faltas menores. En ese sentido, las penas para quien sea encontrado culpable de uno de estos hechos, como una pelea de gallos, son:Si no tiene antecedentes de delitos graves: suele aplicarse una pena de entre seis y 30 meses de prisión, aunque también se puede otorgar libertad condicional (probation)Casos en los que haya una condena previa: el rango suele ser entre uno y cuatro años de cárcel.Personas con dos o más antecedentes de delitos graves: se aplican condenas de entre tres y siete años y medio de prisión.La pelea de gallos que fue desbaratada en una redada de ArizonaDe acuerdo con AZ Central, recientemente agentes policiales del condado de Maricopa llevaron a cabo un operativo contra este crimen. Incautaron 157 gallos vivos y 18.000 dólares en efectivo. Reportaron diversas acciones de maltrato animal. Como consecuencia, ocho hombres fueron arrestados y enfrentarán a la justicia de Arizona. La policía cree que otras personas huyeron del lugar.

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Continúa la exigencia del agro sobre la ley de semillas: "Tenemos un marco normativo totalmente desactualizado"

En lo que tiene que ver con la cadena agroindustrial, la directora de relaciones institucionales de la Fundación Barbechando, Guadalupe Antía, comentó: "Hay un consenso a lo largo de la cadena de que hay que generar modificaciones en la legislación vigente". Leer más

Avanza una ley en Chicago que protegería a compradores por cupones digitales que no funcionan en supermercados

En la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, avanza un proyecto de ley que protegería a compradores en los supermercados que intentan utilizar cupones digitales que no funcionan. La propuesta busca regular el uso de estas promociones para garantizar que todos los consumidores tengan acceso a los mismos beneficios. El proyecto de ley que avanza en Chicago y protegería a compradores en supermercados Presentada por la demócrata Janet Yang Rohr, la HB 45 apunta a regular cómo los supermercados ofrecen cupones de descuento digitales. El objetivo principal de la medida es proteger a los consumidores que podrían verse en desventaja por la digitalización de las ofertas.Las medidas más importantes del proyecto son:Equidad en los cupones: cualquier tienda de comestibles que ofrezca descuentos digitales debe poner a disposición de los consumidores una versión en papel correspondiente y de igual valor.Accesibilidad física: estos cupones de papel deben estar fácilmente accesibles en el mostrador de servicio de la tienda.Mecanismos de canje: los supermercados minoristas deben asegurar que los beneficios de las promociones digitales se entreguen a cualquier consumidor elegible que cumpla con los términos.La HB 45 identifica como promoción digital a aquella que el establecimiento publica, ofrece, entrega o canjea a través de una aplicación móvil o de computadora que sea de su propiedad.La frustración de los compradores de Chicago al utilizar los cupones digitalesLa propuesta surge luego de que los legisladores conocieran el descontento de los clientes. A mediados de 2025, NBC News realizó una encuesta en la que consultó a más de 1500 personas. Como resultado, el 92% afirmó haber tenido problemas para canjear cupones digitales de supermercado. Además, el informe indicó:El 80% solicitó un ajuste de precio cuando no se aplicaron los cupones.El 76% recibió con éxito la modificación del valor de los productos.Un cliente entrevistado por el medio indicó que uno de los problemas más frecuentes corresponde a que intenta utilizar descuentos que finalmente no se aplican. "Llegas a la caja y el cupón aún no se ha aplicado. Así que tus arándanos cuestan 4,99 dólares en lugar de US$1,99â?³, contó.Otra participante de la encuesta, identificada como Teresa, señaló que quienes se ven más perjudicadas por estas fallas son "las personas mayores que no dominan la tecnología y quienes no pueden permitirse un teléfono inteligente". Según la representante estatal, este es uno de los objetivos centrales de la medida. Además, en una publicación de Instagram, Yang Rohr indicó que varios ciudadanos le comentaron "lo difícil que es navegar por las aplicaciones de la tienda, encontrar el artículo anunciado y recortar digitalmente el cupón".Sanciones a los supermercados en Chicago y el futuro del proyecto de leyEl incumplimiento de las disposiciones introducidas en el proyecto HB 45 se consideraría una práctica ilegal bajo la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas.Si se concreta la medida, las personas afectadas podrían iniciar acciones legales para obtener medidas cautelares y recuperar costos y honorarios de abogados.Asimismo, la propuesta establece que no se impondrán multas a un establecimiento a menos que se le otorgue un plazo de 15 días después de recibir una notificación para corregir la violación y no lo cumpla.El proyecto de ley fue colocado el 8 de abril en el calendario para su tercera lectura, tras un debate corto. En el proceso legislativo de Illinois, esta fase corresponde a la etapa final, en la que se debate y se vota el proyecto.

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La nueva ley de DeSantis que permitirá construir exóticas caídas de agua en un hotel de Miami Beach

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 399 en Tallahassee, Florida. Esta norma permite que el hotel Fontainebleau de Miami Beach inicie las obras de su parque acuático masivo este primer trimestre de 2026. La medida otorgó una aprobación administrativa automática y anuló la capacidad de revisión de la ciudad sobre el proyecto en el edificio histórico.La ley firmada por DeSantis que atraerá al turismoSegún Miami Herald, la ley faculta a los "complejos turísticos de gran escala" para que eviten el proceso de revisión de la Junta de Preservación Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés). El plan del hotel incluye 11 toboganes, con una caída de 36,5 metros (120 pies). "Es hora de reinventar lo que es el Fontainebleau", afirmó Brett Mufson, presidente de Fontainebleau Development, al portal citado. Por otro lado, el directivo hizo hincapié sobre el concepto del establecimiento. "Será un destino para todas las edades, con piscinas y elementos acuáticos nuevos, atracciones familiares y entretenimiento de nivel", sostuvo.Debate, conflicto de intereses y autonomía en FloridaLa medida fue el eje de un debate legislativo con opiniones divididas. Miami Beach pidió a DeSantis el veto de la propuesta para proteger su patrimonio. Cabe destacar que, históricamente, las reformas en esta área requerían el aval de expertos en arquitectura. El objetivo era el resguardo del estilo Miami Modern (MiMo) del edificio de 1954. Bajo la nueva ley, el gobierno local debe aprobar de forma administrativa la solicitud de zonificación sin audiencias de preservación.De acuerdo con el portal citado, el plan de la empresa contempla estos cambios:Uso de espacio: el número de piscinas bajará de diez a cinco e incluirá un parque de juegos infantiles inmersivo.Oferta para adultos: se mantendrán áreas exclusivas y seis de los nuevos toboganes serán para adultos y adolescentes.Generación de trabajo: Mufson estimó que las instalaciones generarán hasta 500 empleos, con puestos para asistentes de atracciones, salvavidas y personal de servicios.Acceso general: el parque estará abierto al público con el alquiler de cabañas que tendrán televisores y casilleros.Parque familiar completo en Miami BeachLa propiedad busca la ampliación de su base de clientes más allá de la vida nocturna. "Los residentes locales obtendrán un gran beneficio de esto también", señaló Mufson en una entrevista con el portal mencionado. El hotel ya renovó sus 1504 habitaciones y expandió su gimnasio y spa en 2025.Pese a la magnitud de los trabajos que ya iniciaron, el sitio sigue abierto. "El proceso es por fases", explicó Mufson. La superficie total de agua no cambiará, aunque sí su configuración para los juegos interactivos. Las tareas continuarán durante todo este año y la inauguración definitiva del parque será en 2027.La ley HB 399 entró en vigor de forma inmediata tras la firma del gobernador. En la votación legislativa, tres republicanos votaron en contra junto a la oposición demócrata por la preocupación sobre el precedente para otras ciudades. Hasta hoy, el ayuntamiento de Miami Beach no registra nuevas apelaciones judiciales frente a la aplicación de la normativa estatal.

Promulgan la ley para evitar la doble imposición fiscal con Austria

Se trata del convenio bilateral que busca eliminar tributos duplicados sobre renta y patrimonio y prevenir la evasión fiscal entre ambos países.

California protege a los compradores de carros desde el 1° de octubre: qué prohíbe la nueva ley CARS Act

Desde octubre, California aplicará nuevas reglas para la venta y el leasing de vehículos en concesionarios. La ley CARS Act (SB 766) prohíbe publicidad engañosa, limita cargos por extras sin utilidad y crea un plazo de tres días para cancelar ciertas compras de autos usados.Qué prohíbe la nueva ley CARS Act en CaliforniaLa ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2025, tras su aprobación en la Legislatura estatal, tiene un alcance que incluye operaciones de venta, financiamiento y arrendamiento de vehículos nuevos y usados en el mercado minorista.Entre los cambios más relevantes, según el texto legislativo, la ley prohíbe que:Un concesionario haga afirmaciones falsas o confusas sobre el costo final del vehículo, las cuotas, las condiciones del crédito o la disponibilidad real de una unidad al precio anunciado.También quedará vedado inducir al cliente a contratar productos adicionales bajo la idea de que son necesarios para obtener la compra, el leasing o la aprobación financiera. La obligación será informar por escrito que esos extras no son un requisito para cerrar la operación.Los vendedores no podrán atribuirse respaldo de organismos públicos ni sugerir que existe una aprobación garantizada si eso no fue efectivamente concedido.El eje de la norma tiene un objetivo central: impedir que los compradores cierren una operación con información incompleta, cargos discutibles o promesas de financiamiento que luego no se sostienen.Autos usados: derecho a cancelar la compra en tres díasUno de los cambios más importantes de la ley CARS Act en California es la creación de un derecho de cancelación de tres días para determinadas operaciones con vehículos usados.La medida se aplicará a autos usados con un valor de hasta US$50.000, ya sea por compra o arrendamiento. El plazo comenzará a contarse desde el día calendario siguiente a la firma del contrato y vencerá al cierre comercial del tercer día.Ese derecho no será ilimitado. El comprador perderá la posibilidad de cancelar si el vehículo fue utilizado por más de 400 millas (643 kilómetros) desde la entrega. Además, el concesionario podrá cobrar una tarifa de reposición, dentro de topes previstos por la norma.Qué cargos extra ya no podrán aplicar los concesionarios en CaliforniaLa nueva regulación también apunta a los llamados "add-ons", es decir, productos o servicios que suelen agregarse al contrato final.La ley impedirá cobrar por extras que no tengan una utilidad concreta para el comprador. Entre los ejemplos incluidos en el texto aparecen:Servicios de cambio de aceite para autos eléctricosProductos con nitrógeno para neumáticos que no cumplan el estándar fijadoCoberturas que resulten inválidas por el estado previo del vehículoTambién se limita la comercialización de ciertos contratos o coberturas si, en la práctica, no ofrecen protección real al consumidor. El criterio será: si el producto no aporta un beneficio verificable, no debería ser facturado.Precio total, anuncios y financiamiento: las nuevas obligacionesOtro de los cambios de la nueva ley de autos en California pasa por la publicidad. Los concesionarios deberán exhibir de forma clara el precio total del vehículo en anuncios y comunicaciones escritas cuando promocionen una unidad específica o hablen de financiación.Si durante la negociación se presenta una cuota mensual, también deberá informarse cuánto terminará por abonar el cliente al completar todos los pagos pactados. La intención es que el consumidor pueda comparar ofertas sin depender solo del valor de la cuota.Además, los concesionarios estarán obligados a conservar registros durante dos años, lo que incluye publicidad, comunicaciones y documentación vinculada a devoluciones o cancelaciones.Qué autos y operaciones quedan afuera de la leyLa normativa no se aplicará de la misma forma a todos los vehículos. El derecho de cancelación de tres días no alcanzará a:Autos nuevos.Motocicletas.Vehículos off-highway o todoterreno.Unidades vendidas en ciertas subastas.Vehículos todoterreno de segunda mano con un valor que supera los US$50.000.Tampoco abarcará algunas operaciones comerciales, como ventas de flota, compras empresariales o transacciones mayoristas. En esos casos, seguirán rigiendo otras reglas del mercado automotor de California.Todas estas modificaciones entrarán en vigor el 1° de octubre.

Sacaron la ley y otra vez fue "a lo pirro"

El oficialismo aprobó la norma en soledad en Diputados y el Senado la sancionó. La oposición cuestionó la falta de consenso parlamentario y de recursos

Entra en vigor la ley de multirreincidencia, que pena con cárcel el robo de móviles

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que permite la inversión extranjera en el sector aurífero

La normativa establece controles para impedir la participación de funcionarios en títulos mineros y otorga prioridad de compra al Banco Central sobre el oro extraído en el país

Llegó la recompensa para Crexell tras su voto en la Ley Bases

Desde la oposición rechazaron la postulación y la catalogaron de "coimera" al igual que a Eduardo Kueider. Además, hubo críticas al Gobierno por los escándalos de $Libra y Adorni.

Ley de Glaciares: el Congreso le dio la espalda al agua, pero la ciudadanía irá a la justicia

La nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce, por lo que miles de ciudadanos se están organizando para entablar una demanda colectiva de inconstitucionalidad. Leer más

Daniel Grinbank sin filtro: premio cultural, IA, Elon Musk y la polémica por la Ley de Glaciares

El histórico productor será distinguido como personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura porteña. Mientras impulsa experiencias de realidad virtual, anticipa un escenario de judicialización tras la reforma de la Ley de Glaciares, en defensa del agua, la ciencia y el ambiente. Leer más

Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Chaco

La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei fue aprobada con 137 votos y mostró una división definida entre los representantes chaqueños. Leer más

Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

De acuerdo al Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar, el 48.8â?¯% de los mexiquenses carecen de acceso a la seguridad social

La Abogacía Española urge a los partidos a acordar una nueva Ley de Justicia Gratuita

Alejandra Ley, actriz de 'La Oficina', pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

La denuncia suma presión sobre la asociación, que enfrenta cuestionamientos sobre su funcionamiento interno y la transparencia de sus procesos

La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva ley de justicia gratuita

Mujer se vuelve viral al amenazar con usar la Ley Valeria tras ser acusada de pagar con billete falso a conductor de app

El momento fue captado en video y rápidamente provocó debate en redes sociales

Nacha Guevara contra los diputados que aprobaron la Ley de Glaciares: "Miren que hacen cagadas ustedes, pero esta no tiene perdón"

"Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad terminal tal vez... les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano", aseguró la actriz. Leer más

Ziliotto judicializa la reforma de la ley de glaciares y pide su suspensión inmediata

Apenas unas horas después de la sanción de los cambios en el régimen de protección de glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó la primera ofensiva judicial contra la nueva ley. Se trata de una acción de amparo colectivo por el que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y fue firmada de manera conjunta por el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad). Los demandantes sostienen que la ley aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados introduce cambios regresivos en la protección ambiental y vulnera derechos constitucionales.En el escrito judicial se solicita que se declare la "inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nº 27.804", al considerar que la reforma "introduce reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenido en la ley de glaciares" y lesiona derechos colectivos de raigambre constitucional, como el derecho al ambiente sano y al acceso al agua.Además, reclaman la suspensión inmediata de la norma hasta que haya una sentencia definitiva. Argumentan que permitir su aplicación mientras se discute su validez podría generar "daños ambientales graves e irreversibles". Según plantean, la nueva legislación habilita actividades "susceptibles de alterar ecosistemas" y aseguran que eso introduce un riesgo concreto para el ambiente "cuya recomposición podría resultar extremadamente compleja, cuando no directamente imposible". pic.twitter.com/Elt3c2hOVT— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 9, 2026Hasta esta madrugada, la ley de glaciares sancionada en 2010 confería una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.La nueva ley, en cambio, establece que esa protección regirá "hasta tanto" las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.Presupuestos mínimos y regresividad ambientalEl eje del planteo judicial es que los cambios vulneran el principio de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Para los demandantes, el nuevo esquema rompe el estándar uniforme de protección que debe fijar la Nación.La demanda sostiene que el estado nacional tiene la obligación de garantizar "un piso uniforme de tutela que de ninguna manera puede quedar librado a determinaciones variables o fragmentarias de cada jurisdicción", especialmente cuando se trata de bienes ambientales interjurisdiccionales como los sistemas glaciares y las cuencas hídricas."La Pampa no posee glaciares en su territorio, pero depende de manera directa de los procesos hidrológicos que se originan en regiones cordilleranas que alimentan, entre otros, la cuenca del río Colorado y otros sistemas históricamente conflictivos para la provincia", explican los demandantes en el texto. En ese sentido, el escrito afirma que la reforma configura una regresión normativa, ya que -señala- reduce el nivel de protección establecido por la ley vigente sin una justificación constitucional suficiente. Audiencias públicasOtro de los puntos centrales del amparo es la crítica al proceso legislativo que derivó en la sanción de la reforma. Los demandantes sostienen que se violaron los estándares de participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú.Según la presentación, las audiencias públicas convocadas en el Congreso "se configuraron como instancias meramente formales, carentes de toda eficacia real y sustantiva", pese a que cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar.

Matrimonio entre primos: Ron DeSantis insiste con prohibirlos por ley en Florida en 2026

El debate sobre las leyes matrimoniales en Florida volvió a instalarse luego de que el gobernador Ron DeSantis impulsara una iniciativa que busca modificar de forma concreta qué relaciones familiares pueden formalizarse legalmente. Aunque el tema parecía saldado en gran parte del país norteamericano, lo cierto es que el estado mantiene una particularidad que ahora el mandatario pretende eliminar.La excepción legal en Florida que permite el matrimonio entre primos y que Ron DeSantis quiere prohibirEn Florida, la legislación actual prohíbe el matrimonio entre familiares directos cercanos, como padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos y sobrinos. Sin embargo, existe una excepción que llamó la atención incluso dentro del propio estado: los primos hermanos pueden casarse legalmente. Esta situación es la que DeSantis busca modificar mediante una ley que, de avanzar, prohibiría explícitamente este tipo de uniones.Según informó Gulf Coast News Now, el gobernador considera que Florida se encuentra rezagada frente a otros estados en este aspecto y que es momento de "ponerse al día". El propio DeSantis reforzó su argumento al remarcar que se trata de una medida sencilla de implementar. En tanto, la describió como una oportunidad fácil de resolver dentro de la agenda legislativa. Su insistencia refleja que, más allá de tratarse de un tema poco frecuente en términos estadísticos, el gobernador lo considera relevante dentro del marco legal y cultural del estado, explicó Gulf Coast News Now.Matrimonio entre primos en EE.UU.: qué estados lo permitenEl caso de Florida no es único, pero sí llamativo. En Estados Unidos, la regulación del matrimonio entre primos varía significativamente según el estado. Actualmente:Ocho estados prohíben de forma explícita los matrimonios entre primos hermanos. 19 estados, entre ellos Nueva York, California y Alabama, aún permiten este tipo de uniones. Este mosaico legal evidencia que no existe una postura uniforme a nivel nacional, lo que explica en parte por qué la legislación de Florida no fue modificada hasta ahora.A pesar de su legalidad en varios territorios, este tipo de matrimonio es extremadamente poco frecuente. Apenas alrededor del 0,2% de los estadounidenses contraen matrimonio con primos o parientes cercanos, lo que convierte la discusión en un tema más simbólico que estadísticamente relevante, explicó Gulf Coast News Now.El proyecto de Florida que fracasó y que DeSantis busca reactivar contra el matrimonio entre primosLa iniciativa de prohibir estos matrimonios no es completamente nueva en Florida. Con tratamiento en comisiones durante 2026, el proyecto de ley HB 733 buscó incorporar a los primos hermanos dentro de la lista de relaciones prohibidas, con una fecha de implementación prevista para el 1° de julio de este año. Sin embargo, la propuesta no logró avanzar en el proceso legislativo.De acuerdo con Fox News, DeSantis reconoció que la prohibición fue eliminada durante el tratamiento legislativo, pero dejó en claro que la discusión no estaba cerrada. De hecho, el gobernador de Florida insinuó que podría reintroducir la medida en el futuro cercano, incluso mediante una sesión especial de la Legislatura estatal.Según explicó Fox News, La posibilidad de una nueva ofensiva legislativa se mantiene vigente, especialmente si se tiene en cuenta que este es el último período legislativo de DeSantis, lo que podría acelerar la búsqueda de consensos para aprobar la reforma antes de dejar el cargo.

La Cámara de Comercio celebró la reforma de la Ley de Glaciares y anticipa más inversiones

Mario Grinman, titular de la entidad empresaria que reúne a los mercantiles, expresó su respaldo a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso. Sostuvo que la nueva normativa puede impulsar inversiones y dinamizar distintos sectores de la economía. Leer más

A dos meses de la ley de amnistía, denuncian que se pausó el proceso de liberaciones en Venezuela

CARACAS.- Casi dos meses después de la sanción de la ley de amnistía en Venezuela, la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal advirtió que el proceso de liberación de presos políticos se desaceleró, registrándose todavía 485 personas encarceladas en el país. El reclamo apunta al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación de Estados Unidos en Caracas. "Lamentablemente, la Ley de Amnistía está sirviendo más como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos â??que hoy suman 485â?? que para acelerar su liberación", apuntó el director de Foro Penal, Alfredo Romero en su cuenta de X.Hasta la semana pasada, la ONG contabilizaba 490 detenidos por motivos políticos, con lo cual ocurrieron sólo cinco excarcelaciones en los últimos días. Entre los detenidos por razones políticas figuran 44 extranjeros o personas con doble nacionalidad, 187 son militares, 45 mujeres y uno es adolescente.#8Abril Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para relentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485.— Alfredo Romero (@alfredoromero) April 9, 2026Además, se advierte que al menos 11 adultos mayores de 70 años permanecen detenidos arbitrariamente, casos en los que, según el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, ni siquiera sería necesaria la amnistía, ya que la legislación vigente permitiría su excarcelación por razones humanitarias.El Parlamento venezolano informó a fines de marzo que 8.146 personas se han beneficiado de la amnistía, incluyendo 310 que estaban encarceladas y 7.836 que estaban excarceladas, pero con diversas restricciones, sin gozar de libertad plena.Sin embargo, la ONG que monitorea estos casos, cuestiona su impacto real en la liberación de los presos políticos. Por su parte, el gobierno interino de Rodríguez tampoco difundió una lista pública y detallada de los beneficiados con la ley, sino que se mantiene hermético sobre este asunto. Una de las principales demandas de la ciudadanía y de las organicaciones de derechos humanos que exigen transparencia en la la inmediata liberación de los detenidos por razones políticas.La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el 19 de febrero la Ley de Amnistía que, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, presentaba un alcance limitado y no garantizaba la liberación de cientos de presos políticos. La norma contempla la posibilidad de liberar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre 2002 y 2025.

No pagar las multas de tránsito en Colombia puede generar problemas legales: esto dice la ley

Las personas que adeudan sanciones por infracciones de movilidad enfrentan limitaciones inmediatas para realizar trámites, riesgo de incautación de bienes y el bloqueo en procesos laborales con entidades públicas, según disposiciones actuales

Elecciones 2026: ¿Qué sanciones prevé la Ley Seca para quienes la incumplan?

La normativa prohíbe la venta y consumo de alcohol durante el fin de semana electoral, con sanciones económicas, clausura de locales y penas privativas de libertad para quienes no respeten la disposición por el Jurado Nacional de Elecciones

Ley de Glaciares: qué es el ambiente periglacial y por qué es vital para el agua en Argentina

Son zonas cercanas a los glaciares que funcionan como reservas naturales de agua. Su protección está en el centro del debate por posibles cambios en la normativa ambiental en Argentina. Leer más

Ley de Glaciares: aprobación en Diputados e insultos innecesarios

En su programa, Marcelo Longobardi, cuestionó al gobierno por insultar a quienes cuestionaron o criticaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Leer más

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires celebró la sanción de la ley de glaciares

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires elogió el proyecto de modificación de la ley de glaciares sancionado ayer por el Congreso. "Realiza una adecuada armonización entre la protección ambiental de los glaciares y el respeto por el diseño federal de la Constitución Nacional", dijo esta asociación de abogados porteños."La nueva redacción del artículo 1° de la Ley 26.639 dispone expresamente que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, y con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", sostiene el comunicado de los abogados, que afirma que "esta referencia constitucional no es menor". La declaración relata que la ley vigente "ha sido objeto de diversas críticas doctrinarias" por haber restringido "de manera significativa las facultades provinciales sobre recursos que les pertenecen por mandato constitucional", mientras que el proyecto sancionado ayer (que requiere ser promulgado por el Presidente para convertirse en ley), "clarifica esta situación al otorgar a la autoridad competente de cada jurisdicción un rol protagónico tanto en la identificación de los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas, como en la determinación de las actividades que implican una alteración relevante de los mismos y, por lo tanto, no pueden ser autorizadas".El comunicado resalta la incorporación del artículo 3° bis, que consagra la aplicación del principio precautorio en materia de glaciares. "En virtud de este principio -dice el documento-, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados parte del objeto protegido de la ley hasta tanto la autoridad competente verifique, sobre la base de estudios técnico-científicos, la inexistencia de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°".El Colegio de Abogados de la Ciudad celebra "la incorporación expresa del principio precautorio" y sostiene que "constituye un acierto" porque "fortalece el estándar de protección ambiental". "La presunción de protección que se establece opera como una garantía de que ningún glaciar o geoforma periglacial quedará desprotegido por defecto, sino que será la evidencia científica la que, en todo caso, determinará su exclusión del régimen protectorio. Se trata de un criterio plenamente compatible con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia ambiental", dice el comunicado.El documento recuerda que la Corte, en la causa "Barrick", si bien no se expidió sobre el fondo del planteo por considerar que no existía un caso concreto, formuló consideraciones de relevancia institucional y, en particular, "destacó la necesidad de evitar enfoques confrontativos y de privilegiar mecanismos de coordinación propios del federalismo concertado, asignando a las autoridades políticas nacionales y provinciales un rol primario en la armonización entre protección ambiental y gestión de los recursos naturales, así como en la construcción de consensos antes que en la judicialización prematura de estas cuestiones".Según este colegio de abogados, "el proyecto otorga a las provincias el lugar que constitucionalmente les corresponde en la gestión de los recursos naturales existentes en su territorio, sin menoscabo de la coordinación nacional que la materia exige, lo cual constituye un objetivo legítimo desde la perspectiva del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, sin que ello implique, en principio, una disminución de los estándares de protección ambiental".

Tras la aprobación de la Ley de Glaciares, el Gobierno da un paso clave para designar 62 jueces

El Senado sesiona para dar ingreso a los pliegos enviados por Javier Milei.Se tratan ascensos de jefes militares y la nominación de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

Convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva contra la nueva Ley de Glaciares

Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace. Leer más

Diputado que votó a favor de modificar la Ley de Glaciares afirmó que, "los glaciares no dejan de ser protegidos"

"Todo lo que tiene que ver con la zona de periglaciares, las provincias van a tener la facultad de poder realizar sus estudios y determinar si son relevantes en términos hídricos o no", indicó el diputado nacional, Javier Sánchez Wrba. Leer más

Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

Dicen que la norma despeja ambigüedades que generaban incertidumbre y frenaban inversiones.Caputo dijo que hasta 2035 el sector exportará por US$ 165.000 millones.

Maestros exigen al presidente del Congreso promulgar Ley que eleva pensión a S/3.500

Han pasado tres semanas desde que el Pleno del Congreso aprobó en votación final la Ley de pensiones dignas para maestros, que subirá en más de 400% su monto de jubilación

¿Vladimir Cerrón puede ir a votar sin ser detenido? Esto dice la polémica ley y el defensor del Pueblo

Josué Gutiérrez advierte de un vacío grave en la Ley Orgánica de las Elecciones que termina beneficiando a los requisitoriados

Cómo es la nueva ley que regula a los naranjitas y limpiavidrios en Córdoba: qué cambia, qué sanciones habrá y qué pasará ahora

La Legislatura de Córdoba aprobó una nueva ley que regula la actividad, endurece sanciones e introduce nuevas contravenciones. Toda la información sobre qué modificaciones incluye, de cuánto serán las multas y cuándo entrará en vigencia la normativa. Leer más

Qué es la Ley de Glaciares que aprobó Diputados y cuáles son los principales puntos

La Cámara de Diputados sancionó este jueves por la madrugada la reforma de la Ley Nacional de Glaciares, que reduce el alcance de las prohibiciones mineras en la zona cordillerana. El Gobierno impulsó la modificación con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio. El trámite parlamentario obtuvo 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones, que se sumaron a la media sanción del Senado.La reforma establece que solo las formaciones que cumplan una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo al ambiente periglacial de aquellas formaciones que actúan como "reservas estratégicas de agua". Las provincias incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares.El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen.Quienes apoyaron este cambio legislativo afirman que se busca "destrabar" proyectos mineros que contribuyen al desarrollo energético nacional y se encontraban anteriormente paralizados por la normativa vigente. Según esta postura, las prohibiciones de exploración y explotación quedan ahora únicamente circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada.Por otro lado, distintos sectores ambientalistas rechazaron la propuesta y manifestaron su reclamo en las inmediaciones del Congreso. Estos opositores advirtieron sobre lo que generará consecuencias permanentes en las cuencas hídricas.Los alcances de la nueva autonomía provincialLas evaluaciones de impacto ambiental quedan, a raíz de la nueva normativa, bajo control de cada jurisdicción. Aun así, se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos. Aquellos glaciares que no reúnan estas condiciones pierden la protección especial de la ley 26.639.El texto sancionado incluyó el principio precautorio, que establece que todos los cuerpos de hielo incluidos en el inventario actual mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas. Además, la reforma determina que las actividades productivas "deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras" y aclara que cualquier omisión de la actualización por parte del Ianigla no afectará la validez de las autorizaciones provinciales.

Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados cordobeses

El proyecto fue aprobado en la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Cómo fue el voto de los legisladores por Córdoba. Leer más

Reforma de la Ley de Glaciares: así votaron los diputados de Corrientes

En una sesión maratónica, el oficialismo logró reformar la norma ambiental con 137 votos a favor. El bloque correntino se dividió: los libertarios y un radical acompañaron el proyecto, mientras que el peronismo votó en contra. Leer más

Diputados aprobó la ley de glaciares; la CGT define hoy si marchará contra el Gobierno

El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares. Con 137 votos afirmativos, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado. La iniciativa permitirá reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones. La oposición advirtió que fue motorizada por empresas mineras y que la ley va a ser judicializada.La CGT se reúne y define si marcha contra el Gobierno. La central obrera reúne a su mesa de conducción esta tarde para analizar si avanza con la convocatoria a una movilización para el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, con críticas al Gobierno y a la reforma laboral. Luego de la reunión darán una conferencia de prensa para comunicar la resolución.Analistas estiman que la inflación de marzo será de 3%. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central mostró sus nuevas estimaciones: proyectan además que el IPC de abril rondará el 2,6%. El Indec dará a conocer la variación de precios del tercer mes del año el martes próximo.Israel abatió al secretario personal del líder de Hezbollah. Las fuerzas de defensa israelíes volvieron a atacar infraestructura del grupo terrorista en Beirut. Aseguran que Ali Yusuf Harshi tenía un rol clave en la gestión y seguridad de Hezbollah, que respondió lanzando cohetes sobre población civil al norte de Israel. River no pudo con Blooming en el debut de la Sudamericana. Empató 1 a 1 en su visita a Bolivia. Los de Núñez tuvieron 10 jugadores desde los 4 minutos por una tarjeta roja a Martínez Quarta. En la próxima fecha, River recibe en el Monumental a Carabobo, de Venezuela, y Blooming visita a Bragantino, de Brasil.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

El Gobierno celebró la reforma de la ley de glaciares y cargó contra los ambientalistas

El gobierno de Javier Milei celebró este jueves la reforma de la ley de glaciares, aprobada en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que, con estos cambios, se cuida "genuinamente el ambiente" y apuntó contra los ambientalistas, a quienes acusó de "intentos de interferencia" para "impedir el progreso". "La Oficina del Presidente celebra aprobación definitiva del proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos", introdujo el texto publicado en las redes sociales.Tras ello, la oficina indicó que se trata de una "reforma histórica" que "aclara con precisión científica" que se "debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas". En paralelo, el Gobierno dijo que a la vez se permite "la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares".Además, desde la administración libertaria señalaron la ley original, la 26.639, sancionada durante el mandato de Cristina Kirchner. "La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias", sumó el comunicado.Y continuó: "Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".Por otro lado, el Gobierno aseguró que la reforma "elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso", y que "el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".En otro tramo del extenso comunicado, el Ejecutivo señaló a las organizaciones ambientalistas, aunque sin mencionar a cuáles se refería. Tanto este miércoles como el día del debate en el Senado activistas de Greenpeace se dirigieron al Congreso para protestar contra la reforma de la ley y en ambas ocasiones hubo detenidos."Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo", marcó el Gobierno.A modo de cierre, Milei agradeció a los diputados y senadores que acompañaron la reforma y expresó reconocimiento especial a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)". "Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos", completó.La reforma La reforma de la ley de glaciares se aprobó en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor. El debate, impulsado por el Poder Ejecutivo, dividió el recinto. Sus defensores insistían en que la iniciativa no afecta la protección que regía sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las "geoformas periglaciales" que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.Se delega en las provincias la definición â??de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, â??que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.La ley del 2010 protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reducirá ese alcance, por lo que se limitará la protección a las geoformas consideradas relevantes. Este punto generó fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de la comunidad científica.El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que se destraben alrededor de US$20.000 millones en inversiones.

Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: "Una reforma histórica", el festejo del Gobierno tras la sanción de la Ley de Glaciares en el Congreso

La Oficina del Presidente emitió este jueves un comunicado en el que expresó su satisfacción por el triunfo legislativo y les agradeció a gobernadores y diputados.Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

¿Las Afores están en riesgo? Esto dice la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votó cada uno de los Diputados

El proyecto presentado por el Ejecutivo fue aprobado 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, respaldado por los bloques aliados del oficialismo. Leer más

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y Javier Milei celebró: "Nuestro país vuelve a tener federalismo ambiental"

Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor y 111 en contra. La Oficina del Presidente afirmó que se eliminaron "las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso" en el sector minero. Leer más

Ley de Glaciares. Uno por uno, cómo votó cada diputado

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Uno por uno, cómo votó cada diputado 9 de abril de 2026 .nd-components{background: #f3f3f3} .nd-apertura {background: unset} El Gobierno consiguió la reforma de la ley de glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por Javier Milei cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en zonas que están bajo el amparo de la ley vigente. La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores. El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. Los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas. @media screen and (min-width: 1000px) { #web-component{min-height: 763px;} }Conforme a los criterios de Conocé másCréditos Edición periodística Nicolas Cassese @nicassese Producción periodística y análisis de datos Florencia Rodríguez Altube @FlorRAltube /Miguel Bevacqua @miguelbevacqua /Victoria Dallas @dallasmvictoria /Bautista Otero @BautistaOteroo Programación María José Abad @labonsaii /Gabriel Alonso Quiroga Compartir Copyright 2026 - SA LA NACION | Todos los derechos reservados

Uno por uno, así votaron los diputados la reforma de la Ley de Glaciares

Los cambios a la norma, a pedir de boca de las mineras, se aprobaron con 137 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones.

Cuáles son los cinco gobernadores que la Casa Rosada consideró "claves" para aprobar la Ley de Glaciares

El Gobierno defendió los cambios como una herramienta para dar mayor margen de acción sobre los recursos naturales

Para Grabois, la Ley de Glaciares es "poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa"

La referencia a la envenenadora de Monserrat fue uno de los picos del encendido discurso del diputado de Unión por la Patria. Leer más

Qué dice la ley sobre los migrantes que no declaran taxes al IRS en 2026

Mientras avanza la temporada de taxes, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) se refirió a la obligación tributaria que tienen los migrantes. Sin importar su estatus, los extranjeros en el país norteamericano deben declarar y abonar lo que corresponda a su situación para no exponerse a multas y sanciones.Obligaciones fiscales para migrantes en EE.UU.: qué exige el IRS según el estatusDe acuerdo con la información que presenta el Tax Policy Center, los inmigrantes de todos los estatus tienen que pagar impuestos ante el IRS. Incluso quienes se encuentran irregularmente en EE.UU. tienen obligaciones tributarias.Concretamente, quienes tienen cualquier estatus legal deben pagar impuestos sobre la renta, las nóminas, la propiedad, las ventas u otros. Además, deben presentar su declaración al igual que los ciudadanos estadounidenses.Solamente en el caso de algunas categorías que el IRS considera como "extranjeros no residentes" no se contabiliza el pago de impuestos sobre la Seguridad Social y Medicare sobre sus salarios. Esto aplica a personas con ciertas visas de estudiantes.Sin embargo, todos los demás tienen la obligación de abonar no solo los impuestos federales, sino también estatales y locales según las tasas establecidas.Quienes no presenten su declaración ni paguen el monto correspondiente según sus ingresos se exponen a sanciones y multas. Aunque depende de cada caso en particular, el IRS suele recargar intereses sobre los montos adeudados a medida que pasa el tiempo, por lo que la deuda crece mientras no se salde.ITIN del IRS: cómo declarar impuestos en EE.UU. sin número de Seguro SocialComo forma de identificación, la agencia tributaria estadounidense solicita que los contribuyentes compartan su Número del Seguro Social (SSN, en inglés). Sin embargo, existe una alternativa para extranjeros que no puedan tramitar este identificador.Para esos casos, existe el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Esta es una clave de nueve dígitos que funciona como un identificador para este grupo de inmigrantes ante el IRS.Mediante este número, los extranjeros pueden completar sus declaraciones y trámites de impuestos y mantenerse al día con la agencia. Se trata de un identificador que está creado para usarse dentro de la estructura impositiva federal y que en general no suele aceptarse en otros trámites por fuera de esa órbita.IRS e ICE: qué pasa con los datos de migrantes y las declaraciones de impuestos en EE.UU.Expertos consultados por Telemundo Houston aseguraron que muchos extranjeros no hacen sus declaraciones por miedo al acuerdo entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para compartir información.Sin embargo, según recopiló la organización Immigrants Rising, en abril de 2026 la información que el IRS tiene de los migrantes está protegida por las leyes de privacidad estadounidenses.A pesar del acuerdo entre el IRS, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dos cortes federales bloquearon la posibilidad de que compartan información.Los fallos también prohíben a las agencias usar datos ya recopilados en el marco del acercamiento, por lo que los inmigrantes pueden declarar sus impuestos mediante el ITIN sin temor, según los especialistas.

Sesión caliente con la Ley de los Glaciares y un tenso cruce entre Horacio Pietragalla y diputados libertarios: "Me dan ganas de romperles la cara"

Tras realizar un homenaje en el recinto, el diputado por Unión por la Patria se levantó de su banca, fue a buscar a los oficialistas y casi terminan a las trompadas.La diputada libertaria, Lilia Lemoine filmó todo y lo subió a sus redes.

Uno por uno, los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares

El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo tres se abstuvieron

El BOE publica la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares

Cómo voto cada uno de los diputados a la reforma de la ley de Glaciares

Con amplio respaldo de los bloques aliados y el rechazo mayoritario de la oposición, la Cámara aprobó la reforma de la ley de Glaciares con 137 votos afirmativos

Discapacidad: hecha la ley, hecha la trampa

Se firman resoluciones para anunciar el cumplimento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no se garantiza el presupuesto para que esas medidas tengan efecto real

Las reacciones del arco político a la aprobación de la ley de glaciares

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 negativos. En ese marco, desde el oficialismo celebraron la votación en redes sociales, mientras que desde la oposición la rechazaron y acusaron una "falta de protección".El presidente Javier Milei fue de los primeros en hacerse eco de la decisión de la Cámara Baja. "MAGA. VLLC!", escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a la sigla "Make Argentina Great Again", en referencia a la frase utilizada por Donald Trump y a la frase que suele usar el mandatario argentino: "¡Viva la libertado, carajo!".MAGA.VLLC!— Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026Desde el oficialismo, también publicó sus impresiones respecto a la victoria parlamentaria uno de los protagonistas de esta aprobación en Diputados: Martín Menem. "Se terminó el freno", tituló el texto que difundió."Durante años, trabas ideológicas condicionaron el desarrollo de las provincias y bloquearon miles de puestos de trabajo. Hoy eso empieza a cambiar", señaló.Y agregó: "No es ambiente o desarrollo: es crecer con reglas claras, garantizando el cuidado de los recursos naturales y respetando el federalismo para que la Argentina pueda despegar de una vez por todas. Ese es el rumbo que marcó el presidente Javier Milei: seguridad jurídica y libertad para invertir".SE TERMINÓ EL FRENO: MODIFICAMOS LA LEY DE GLACIARES ð??ªâ??Durante años, trabas ideológicas condicionaron el desarrollo de las provincias y bloquearon miles de puestos de trabajo. Hoy eso empieza a cambiar.No es ambiente o desarrollo: es crecer con reglas claras, garantizandoâ?¦ pic.twitter.com/sDyg2feqjC— Martin Menem (@MenemMartin) April 9, 2026Por otra parte, Paula Penacca, diputada del bloque Unión por la Patria, la reacción en redes sociales apuntó a criticar al oficialismo: "El gobierno le quiere entregar el país con moño a las empresas transnacionales. Este proyecto responde directamente a los intereses de EEUU. Qué vocación de colonia".Además, incluyó la imagen que muestra la cantidad de votos que obtuvo el proyecto de ley. "Estos son los 137 diputados y diputadas que votaron a favor de la flexibilización ambiental", escribió. También sostuvo que "la desprotección de nuestros glaciares" va a generar "consecuencias irreversibles".El gobierno le quiere entregar el país con moño a las empresas transnacionales. Este proyecto responde directamente a los intereses de EEUU. Qué vocación de colonia.— Paula Penacca (@PaulaPenacca) April 9, 2026En tanto, el diputado kirchnerista Juan Carlos Molina, de Santa Cruz, retomó una idea vertida en numerosas oportunidades por legisladores que se pronunciaron en contra del proyecto en el marco del debate. "Empieza la judicialización!", afirmó. Empieza la judicialización!— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) April 9, 2026El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, que fue el encargado de cerrar el debate que finalizó con la aprobación, también se expresó en redes sociales. "Javier Milei sigue dando los debates que nadie se animo a dar. Estamos en el camino para que Argentina sea potencia", aseguró.TENEMOS MODIFICACIÓN A LA LEY DE GLACIARES@JMilei sigue dando los debates que nadie se animo a dar. Estamos en el camino para que Argentina sea potencia.— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) April 9, 2026En tanto, Cecilia Moreau, vicepresidenta primera de la Cámara Baja e integrante del bloque de Unión por la Patria, compartió imágenes de las manifestaciones realizadas este miércoles en las inmediaciones del Congreso."Sólo el pueblo va a salvar al pueblo y, más temprano que tarde, va a revertir esta reforma profundamente anticonstitucional, regresiva y autoritaria", aseveró.Sólo el pueblo va a salvar al pueblo y, más temprano que tarde, va a revertir esta reforma profundamente anticonstitucional, regresiva y autoritaria.#LeyDeGlaciares pic.twitter.com/dwCGYVx5sI— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 9, 2026Noticia en desarrollo.

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación de la ley de glaciares y la sesión en el Senado por los pliegos judiciales

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 negativos. En ese marco, desde el oficialismo celebraron la votación en redes sociales, mientras que desde la oposición la rechazaron y acusaron una "falta de protección".Leé la nota completa acáCon el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados convirtieron en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros. Silvina Aida Batakis, cuando en julio de 2022 fue ministra de Economía de la Nación, en un programa de televisión afirmó que cada dólar vendido en el segmento oficial del mercado de cambios para financiar gastos en turismo era un dólar menos que se podía dedicar a la compra de insumos importados, comprometiendo la producción y el empleo locales.Leé la nota completa acáLa Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que ya habían implementado algunas empresas por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado "la totalidad de los haberes".Leé la nota completa acá

Uno por uno, qué diputados votaron a favor de los cambios a la Ley de Glaciares y cuáles en contra

La iniciativa oficial tuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.La Libertad Avanza contó con el apoyo de todo el radicalismo, el PRO y numerosas bancadas federales.Los dos de Unión por la Patria que respaldaron el proyecto y el otro bloque que votó dividido.

Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

Las autoridades nacionales quieren que Argentina termine de adherirse al Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes de fin de mes. La discusión por un proyecto de los '90 que ya tiene media sanción y podría retomarse

Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

La convergencia de distintas fuerzas le facilitó al oficialismo superar los obstáculos reglamentarios y respaldar en el recinto la aprobación de la modificación de la normativa sobre protección ambiental

Cámara aprueba por voto unánime en segundo debate actualización de la Ley General de Cultura tras 28 años

La iniciativa propone fortalecer la participación del sector cultural, mejorar sus condiciones laborales y ampliar los mecanismos de financiación, tras un proceso de construcción colectiva con miles de actores en distintas regiones del país

Senado aprobó en primer debate proyecto de ley que busca reducir la jornada a trabajadores estatales

La ponente del proyecto, la representante Mafe Carrascal, explicó los pormenores de la iniciativa, que busca "igualdad" con las reducciones de la jornada del sector privado

Ley de Glaciares: con apoyo de los gobernadores, el Gobierno se encamina a celebrar otro triunfo en el Congreso

En Diputados, el oficialismo junto a los aliados y los provinciales tendrían unos 135 votos para aprobar la propuesta.La normativa había sido reclamada por las provincias mineras.

La ley de Glaciares se encamina a una encrucijada judicial: esperan avalancha de amparos para frenar aplicación

Aprobada la reforma, se espera una ola de amparos de ONG ambientalistas para congelar su entrada en vigencia. Se anticipa una disputa legal de alto voltaje. El Gobierno se resiste a utilizar el "per saltum".

Guatemala se ilusiona con la nueva Ley de Cine: el gran salto que busca poner al país en el radar internacional

Los cineastas guatemaltecos están a un paso de ver nacer una ley pionera que promete transformar la industria audiovisual local, impulsando la profesionalización, la protección del patrimonio y la llegada de grandes producciones al territorio nacional

El oficialismo y sus aliados confían en aprobar reforma de la ley de glaciares con una mayoría categórica

Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestan a convertir esta noche en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros. Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios estiman que la votación (prevista para esta madrugada) arrojará entre 135 y 140 votos positivos.El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro. Sus detractores, en cambio, enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva ya que, a su juicio, viola los presupuestos mínimos de conservación. En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual de protección de los glaciares -su importancia hídrica- "no se modifica" con la reforma. El legislador destacó que, con esta reforma, "se fortalece federalismo de concertación" al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué reas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no. "Hoy el Ianigla (el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología) no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden", sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras. "Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad", sostuvo el libertario santafesino. La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. "No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla". La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera. "El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente", sostuvo. También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. "No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley", advirtió. "Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio", insistió."Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo", acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.Noticia en desarrollo

Encendido discurso de Grabois en el debate por la ley de glaciares: "Le van a poner cianuro a los pibes"

Juan Grabois expuso su posición en el marco del debate por la reforma de la ley de glaciares, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, y llevó adelante un encendido discurso en el que sostuvo que "el único objeto de la ley es habilitar la minería de glaciares". En ese contexto, dijo que esta "esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas". Y señaló: "Ustedes hipotecan el futuro de la patria".Noticia en desarrollo

Desde el 1 de julio: la ley HB 1471 firmada por DeSantis en Florida que genera rechazo en Tampa Bay

La ley HB 1471, firmada por Ron DeSantis, comenzará a aplicarse en Florida el 1° de julio. La norma creará nuevas reglas sobre organizaciones terroristas, fondos públicos, universidades y uso de leyes extranjeras o religiosas en tribunales.Ley HB 1471 en Florida: claves sobre financiamiento y control estatalLa legislación, conocida como "Systems of Laws and Terrorist Organizations", crea un marco estatal para identificar organizaciones terroristas nacionales o extranjeras. Esa designación quedará en manos de autoridades de seguridad estatal, con validación del gobernador y su gabinete.A partir de esa clasificación, la ley convierte en delito distintas formas de vínculo con esos grupos. Entre ellas, recibir entrenamiento de tipo militar, aportar recursos o personal, o incorporarse a una organización para actuar bajo su dirección. También habilita la disolución administrativa de corporaciones vinculadas.Otro de sus ejes es la prohibición del uso de fondos públicos para actividades que respalden a organizaciones incluidas en esa categoría. Esa restricción alcanza a agencias estatales, escuelas públicas, universidades y otras entidades financiadas con dinero público.Desde su firma, la norma generó una discusión política y jurídica en el estado. El foco está puesto en dos puntos: El nuevo poder del Ejecutivo para clasificar organizaciones como terroristas.Las consecuencias que esa decisión puede tener sobre estudiantes, entidades civiles y comunidades religiosas.En Tampa Bay, el rechazo se expresó con fuerza desde organizaciones de derechos civiles, entre ellas el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-Florida). También hubo cuestionamientos de referentes religiosos y activistas que advierten por posibles efectos sobre la libertad de expresión y el debido proceso."Es una legislación peligrosa y draconiana que corre el riesgo de convertir a Florida en un estado policial de facto", dijo la directora ejecutiva interina de CAIR-Florida, Hiba Rahim, en un comunicado. "Al otorgar al gabinete del gobernador nuevos poderes para designar a sus oponentes políticos como terroristas sin el debido proceso y utilizando pruebas secretas, esta normativa desafía los principios básicos de justicia", señaló.Impacto de la HB 1471 en universidades de Florida: expulsiones, becas y visasLa HB 1471 también impacta en la educación superior pública. Según el texto, cualquier estudiante que sea determinado como promotor de una organización terrorista designada deberá ser expulsado de forma inmediata de su institución.Además, ese alumno perdería acceso a becas, exenciones de matrícula y otros beneficios estatales. En ciertos casos, incluso podría quedar sujeto a tarifas de matrícula para no residentes, lo que elevaría el costo de sus estudios.Las universidades, a su vez, tendrían que reportar ante las autoridades federales la situación de estudiantes con visa que queden alcanzados por estas disposiciones.Restricciones a leyes religiosas en FloridaOtro apartado de la norma limita la aplicación de leyes religiosas o extranjeras en tribunales estatales si estas contradicen derechos protegidos por la Constitución de EE.UU. o la de Florida. En esa definición, la ley menciona de forma expresa a la sharía.Según el texto legislativo, el objetivo es impedir que decisiones judiciales o contractuales se basen en normas ajenas al marco constitucional estadounidense. Sus detractores, en cambio, afirman que ese lenguaje apunta de forma directa a la comunidad musulmana.Desde Tampa Bay, CAIR-Florida denunció que la referencia a la ley islámica instala sospechas sobre una fe en particular y puede afectar asuntos civiles privados, como herencias, acuerdos familiares o decisiones personales que no violen ninguna garantía constitucional.Fuertes críticas hacia las recientes propuestas legislativas del gobernador de Florida"Estas leyes crean un estado policial y, una vez que comiencen a usarse, la gente se dará cuenta de lo peligrosas que son", dijo Rahim durante una conferencia de prensa tras la firma de Ron DeSantis. "No se limitarán a los grupos que están siendo señalados y discutidos ahora. Y la historia nos muestra que cuando se abusa de leyes como esta, vendrá el arrepentimiento, pero solo después del daño", agregó.Cuándo entra en vigor la nueva ley firmada por DeSantisAunque la firma de Ron DeSantis ya convirtió la HB 1471 en ley, su aplicación está fijada para el 1° de julio. Hasta entonces, organizaciones civiles, abogados y universidades revisan el alcance de cada disposición y sus posibles efectos prácticos.

Ley de Glaciares: las claves de la reforma que trata Diputados y que reclaman los gobernadores

La normativa le da más poder a las provincias para determinar las áreas protegidas.También permite tareas de exploración y explotación minera en el ambiente periglacial.

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La actualización del reglamento incorpora la asistencia personal como eje clave, crea un registro de cuidadores y establece medidas de accesibilidad y apoyo comunitario para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad

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