El enigmático empresario vinculado al mundo de la inteligencia tiene una vieja relación con Diego Colunga, a quien impulsó para llegar al directorio de Aerolíneas Argentinas a través de Santiago Caputo.Los contratos de sus empresas con diversos organismos del Estado.
Colorado aplica multas de hasta 75 dólares a los conductores que superen el límite de velocidad o crucen en rojo, en el marco del Programa de Control de Velocidad. Las sanciones se basan en datos obtenidos por Sistemas Automatizados de Identificación de Vehículos (AVIS, por sus siglas en inglés) que calculan la velocidad promedio de los autos.Multas por exceso de velocidad en Colorado según el Programa AVISTras un año récord en 2024 en cuanto a muertes en zonas de trabajo, el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, por sus siglas en inglés) lanzó el Programa de Control de Velocidad de Colorado.El nuevo programa implementa tecnología de cámaras a lo largo de los corredores administrados por CDOT que cuentan con zonas de obra activas, con el objetivo de reducir choques y muertes relacionadas con la velocidad en las carreteras de Colorado.Esta iniciativa del CDOT estableció las sanciones por infracción según el tipo de sistema y la ubicación:Por cruzar un semáforo en rojo, la multa máxima es de US$75.Por exceso de velocidad registrado por camionetas con radar fotográfico, la multa máxima es de US$40, que se duplica en zonas escolares.En zonas de obra activas, quienes circulen a más de 16 kilómetros por hora por encima del límite reciben una penalización civil de US$75.El programa arrancará el 21 de julio en la Autopista Estatal de Colorado 119, entre Longmont y Boulder. Mientras que las penalizaciones civiles comenzarán a aplicarse formalmente tras un período de advertencia.¿Cuáles son las zonas donde están permitidas las cámaras de velocidad?Según la legislación vigente, las camionetas de radar fotográfico solo pueden utilizarse en: Zonas escolaresBarrios residencialesCalles que bordean parques municipalesZonas de mantenimientoSin embargo, las cámaras de semáforo en rojo no están sujetas a estas restricciones. El CDOT recalcó que el sistema AVIS opera solo en lugares con carteles visibles que informen a los conductores. Además, la notificación de penalización debe entregarse dentro de los 90 días posteriores a la supuesta infracción.¿Cómo funcionan las sanciones y las advertencias en Colorado?Si un vehículo supera el límite, el sistema AVIS, vigente desde 2023, registra el tiempo y la distancia recorrida entre dos puntos. La velocidad promedio calculada determina si corresponde una multa.Durante el período de advertencia inicial, el conductor recibe una notificación por correo sin penalización monetaria. Las entidades gubernamentales no pueden inmovilizar el vehículo ni informar la infracción a la División de Vehículos Motorizados.La legislación de Colorado especifica que no se asignan puntos contra la licencia de conducir por infracciones detectadas con AVIS. Además, si es la primera vez y el exceso es menor a 16 kilómetros por hora, corresponde una advertencia obligatoria.¿Cuáles son los municipios de Colorado donde ya rige el sistema AVIS?Hasta 2022, los siguientes municipios de Colorado utilizan cámaras automatizadas:AuroraBoulderCherry Hills VillageColorado SpringsCommerce CityDenverFort CollinsGreenwood VillageLone TreeNorthglennPuebloSheridanEl estado de Colorado no aplica AVIS en autopistas estatales, salvo en zonas de obra especificadas por el CDOT.¿Cuáles son las multas por no pagar o ignorar la notificación?En caso de no responder, el infractor puede enfrentar recargos adicionales o que la deuda sea enviada a una agencia de cobranza. El propietario registrado del vehículo recibe la notificación, aunque no se exige que identifique al conductor.Si el titular demuestra que no manejaba, puede librarse de la responsabilidad sin revelar quién conducía. El CDOT enfatizó que el objetivo es disuadir el exceso de velocidad, no recaudar multas.Colorado amplía el uso de cámaras por el aumento de muertes en zonas de obraSegún datos oficiales, en 2024 hubo 31 muertes en zonas de obra, casi el doble que el año anterior. Por eso, la Asamblea General de Colorado aprobó el Estatuto Revisado 42-4-110.5 para permitir el uso ampliado de AVIS.Matthew C. Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado, aseguró que "el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes. Los automovilistas deben recordar que ir más despacio es más seguro".El CDOT publicó que todas las zonas de control activas figuran en el sitio web oficial, con un mínimo de 30 días de advertencia. Las señales indican "Control de velocidad con cámaras más adelante".
En su mensaje, la representante a la Cámara insistió en que los controles deben realizarse de forma continua, y no solo ante denuncias o casos mediáticos, pues señaló que si antes no se hizo fue por la "raquítica capacidad" de la cartera
La verificación biométrica y la automatización en aduana agilizará el flujo de pasajeros, disminuyendo el contacto físico y liberando recursos humanos para tareas de mayor complejidad
La congresista aseguró que la decisión del Gobierno nacional podría agudizar la violencia en uno de los departamentos más afectados por el conflicto
El perfil oficial de uno de los personajes de Plaza Sésamo ya está seguro y el contenido desagradable fue eliminado
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Dos hombres terminaron detenidos por dar positivo en un control de alcoholemia y comenzaron a discutir entre ellos. Un tercero, también ebrio, se sumó a las discusiones y los tres terminaron a los golpes en plena calle... Leer más
En medio de un control de alcoholemia a los conductores que transitaban por el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en el barrio porteño de Palermo, se desató una feroz pelea entre un conductor que había dado positivo, su acompañante -dueño del auto- y un joven que salía de un boliche. Todos alcoholizados.De acuerdo a las imágenes de LN+ que se encontraba con un móvil en el lugar, el hecho ocurrió a las 7.15 de la mañana de este domingo. El conductor de un auto Volkswagen Surán fue detenido por los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires y, tras dar positivo el examen de alcoholemia, se le retuvo su licencia y se le ordenó bajar del vehículo.Todo comenzó cuando el conductor y su acompañante esperaban la grúa que remolcaría el vehículo hasta un estacionamiento del Gobierno porteño. En ese momento, el hombre que viajaba en el asiento copiloto insultó y amenazó al personal de tránsito por el tiempo que les estaban haciendo esperar. "No se puede trabajar así", dijo un agente.Fue entonces cuando se acercó un joven que había salido de un boliche, y comenzó a hacerles preguntas a los agentes. "Vino bien -de forma pacífica- a preguntar por la vestimenta, por el trabajo. El otro vino, le dijo 'no les preguntes, dejalos tranquilos'. Y el otro -propietario del auto- le pegó una trompada", sumó el agente.El punto de tensión máximo llegó cuando el joven les respondió con más golpes, mientras el dueño del vehículo continuaba con las amenazas al personal de tránsito. "Nos decía que por favor nos apuráramos porque sino nos iba a agarrar a trompadas a nosotros. Él se quería ir", sumó.Finalmente, los involucrados terminaron con heridas y sangre en sus rostros debido a los golpes. Alertado por los propios agentes que se encontraban realizando el operativo de control en el lugar, personal de la Policía porteña se acercó hasta allí e intermedió para separar a los hombres, y que el conflicto no continuara escalando. El auto fue remolcado por una grúa del Gobierno porteño a las 7.23.De acuerdo a los registros oficiales del la provincia de Buenos Aires del Ministerio de Transporte, el auto tiene 13 infracciones de tránsito por motivos varios. Entre ellos, "no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos", "no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel", y "no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal".Las infracciones fueron cometidas entre el mes de enero de 2024 y julio de 2025.
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SANTA FE.- Finalmente, la etapa de inscripción de interesados en el salvataje de la agroexportadora Vicentin llegó a su fin y el proceso de cramdown se encamina a cumplir con un objetivo: evitar la quiebra. Según confirmó el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la causa, "se han inscripto once interesados, en su mayoría empresas industriales de reconocida trayectoria en el rubro". Vicentin entró en concurso de acreedores en febrero de 2020 tras caer en default: arrastra más de US$1500 millones en deudas.La lista refiere a Molinos, Bunge, Viterra, ACA, Grassi, LDC (Louis Dreyfus Company), UAA (Unión Agrícola de Avellaneda), Atilio Marotte, Yabitel, Barbero y Bioenergías. El número de empresas se cerró con la inscripción a última hora de LDC Argentina SA, uno de los gigantes globales de la agroexportación.Punto por punto: qué modificó Milei en el INTA y qué va a pasar con otro organismo claveLorenzini había indicado que incluso la propia Vicentin con sus accionistas puede participar como oferente en esta etapa, y que conocer de antemano a los interesados podría permitirle mejorar su propuesta original. Finalizada la etapa de inscripción, se abrirá la siguiente, donde se evaluarán antecedentes y propuestas económicas, donde algunos operadores menores seguramente estarán dispuestos a recibir propuestas de los considerados importantes en este tipo de negocios."Se han inscripto once interesados, en su mayoría empresas industriales de reconocida trayectoria en el rubro, demostrándose así la existencia de interés genuino en participar del período de concurrencia. Se han inscripto inclusive aquellas empresas que otrora mantuvieron negociaciones con la sociedad concursada en forma directa, demostrando una vez más su compromiso con la búsqueda de alternativas para esta crisis", sostuvo el magistrado en declaraciones que publicó la prensa de Reconquista. Tras la evaluación, en las próximas semanas -quizá la última de julio o la primera de agosto, teniendo en cuenta el receso judicial- se conocerán los oferentes finales y sus planes para el salvataje de la agroexportadora concursada.Se recordó que las empresas que decidan continuar en carrera deberán pagar un canon, según estipula el proceso, como requisito previo para la presentación de propuestas definitivas.En tanto, desde el sector gremial se sigue con atención todas las novedades surgidas en sede judicial. Las tres plantas de Vicentin siguen procesando granos a fasón, los empleados cobran normalmente los salarios, pero nadie descuida que lo más importante es asegurarse la continuidad de la actividad para lo que resta del año y los siguientes.Punto por punto: qué modificó Milei en el INTA y qué va a pasar con otro organismo clavePor otra parte, el juez Lorenzini rechazó el Recurso de Revocatoria presentado por el directorio desplazado de Vicentin Saic, representado por el abogado Guido Ferullo, que pretendía frenar la apertura del cramdown. El magistrado consideró que el recurso era "absolutamente infundado" y que "la apelación subsidiaria era improcedente, por lo que ambas fueron denegadas in limine".El juez recordó que los recursos de queja ante la Corte Suprema de Santa Fe y la Corte Federal no tienen efecto suspensivo, por lo tanto, no impiden la ejecución de la resolución que ordenó abrir el salvataje. También señaló que el planteo de Vicentin no contenía fundamentos jurídicos válidos, ni acreditaba agravios concretos. Desestimó, además, las críticas al sistema de pre-registro de interesados, calificándolas como irreflexivas y contrarias al principio de conservación de la empresa.El magistrado sostuvo en su resolución: "El registro tuvo por finalidad marcar un primer hito procesal que nos permitiera luego avanzar en firme con el diseño definitivo".
Los fiscales remarcaron que oficialmente se declararon cinco bultos en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) muestran más de diez bultos. Leer más
A pesar de que han transcurrido once días desde que el alto tribunal anuló la intervención estatal, la falta de notificación oficial del fallo ha impedido que Keralty retome la administración
Semanas atrás, el periodista Carlos Pagni reveló en LN+ el caso de la llegada de un vuelo desde Miami el 25 de febrero con al menos diez bultos de equipaje sin control. La única pasajera del jet privado fue Laura Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice que integró el comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que tuvo lugar a principios de diciembre en Buenos Aires en el Hotel Hilton y en donde disertó Javier Milei, entre otros referentes libertarios.Cuando se dio a conocer la noticia por parte de Pagni, el vocero Manuel Adorni tildó el hecho como "imposible" e incluso afirmó que Arrieta había llegado solo con un carry on y una mochila. "Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas", dijo el portavoz, que afirmó que todo el equipaje fue debidamente chequeado. Pero los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez aportaron pruebas que demostrarían lo contrario.En las últimas horas, Navas Rial y Rodríguez presentaron en la Justicia un dictamen en el que reconstruyeron cómo fue la llegada de Arrieta con los bultos de equipaje que, advirtieron en su presentación, no fueron controlados. En tanto, según detalló la Aduana, el avión en cuestión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 5 de marzo, cuando partió con destino final a París, "en donde también se efectuaron los trámites de rutina sin que se registraran novedades".Los bultos en cuestión venían en la aeronave propiedad de Leonardo Scatturice -accionista de Flybondi y uno de los nexos entre el Gobierno y el círculo cercano al presidente Donald Trump- que llegó a Aeroparque y en donde también iba Arrieta.El dictamen de 47 paginas que presentaron los fiscales, al que accedió LA NACION, detalló que de los al menos diez bultos de equipaje que llegaron al país solo fueron declarados cinco y que no fueron debidamente controlados.Qué dice el dictamenEn su presentación, los fiscales dijeron: "Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo "semáforo" destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje".El dictamen advierte, además: "Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner".Y sostiene: "Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección".El dictamen advierte además que se puede observar a la pasajera Arrieta con un "comportamiento inusual".Los fiscales dan cuenta en su dictamen del testimonio de un agente que informó que "el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos", y que "vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana". El paso a paso de la llegada:A las 08:12 del 26 de febrero se registra la primera imagen del avión matrícula PRVN18RU en la pista del aeropuerto Jorge Newbery. También se distingue una camioneta presuntamente oficial que habría sido la utilizada para trasladar al personal de la Oficina de Pista hasta la aeronave, según los fiscales.Minutos después del aterrizaje, se acercan al avión una camioneta blanca -que según los fiscales sería de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- y dos vehículos negros. Según las declaraciones reunidas en el expediente, el avión queda cerrado (lo cerró el comandante) y no vuelve a abrirse hasta que parte rumbo a París, días después. En el vehículo que se ve salir hacia la derecha serían trasladados la pasajera del avión, Laura Belén Arrieta, y los dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, hacia las oficinas del aeropuerto. El dictamen relata que un testigo -agente que se acercó al avión a su llegada- declaró que Arrieta, tras descender del avión, le entrega un teléfono celular a una agente de Aduana.En una de las imágenes se observa el ingreso del personal de Aduanas al área de Migraciones. De la camioneta negra de Royal Class (compañía vinculada a Leonardo Scatturice, que es además el dueño del avión) bajan una persona de la empresa, los dos tripulantes y la pasajera. Los tres viajeros hacen luego los trámites de Migraciones. En una de las imágenes se ve a Arrieta, con su cartera rosa, en pleno proceso.Después, relata el dictamen, "el personal aduanero procedió a acompañar a la tripulación, a la pasajera y al personal de la compañía aérea hasta el sector de equipajes". Los tres viajeros llegan al hall de la Aduana, donde se controlan los equipajes, pero los fiscales indican que una agente les abre el paso por un canal que no estaba habilitado y les permite así eludir los escáneres.Arrieta avanza con su teléfono y su cartera, una vez sorteada la Aduana, mientras los tripulantes y dos empleados cargan con las valijas. Se quedó en la Argentina hasta el 5 de marzo, cuando tomó el mismo avión rumbo a París.Explicación oficialEste martes, Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), habló del caso y defendió el accionar del equipo aduanero; se trata del primer funcionario mileísta en referirse a la polémica tras conocerse las nuevas imágenes."Se impulsó una denuncia penal que recayó en el juzgado N°2 de Pablo Yadarola, con lo cual, la lógica indica que si hubiésemos querido ocultar algo lo último que hubiésemos hecho es iniciar este procedimiento nosotros mismos", indicó este martes el funcionario y sumó: "Cuando hicimos este sumario, la Aduana no detectó ninguna irregularidad y la Justicia continuó investigando. Ahora es tiempo de darle al juzgado de Pablo Yadarola la posibilidad de seguir adelante con la investigación".En diálogo conA24, el funcionario dijo que "no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina", por lo que no habría ninguna irregularidad ante la falta de control en esta situación. "Es increíble que nos estén acusando por esto con la cantidad de reformas que hicimos para flexibilizar los procesos aduaneros", planteó.
El titular de ARCA, Juan Pazo, habló de la llegada de un vuelo desde Miami con al menos diez bultos de equipaje sin control y defendió el accionar del equipo aduanero. El primer funcionario mileísta en referirse al caso tras conocerse imágenes que, según los fiscales, acreditan la falta de inspecciones, planteó que el escaneo de maletas es "una facultad selectiva del personal de Aduana" y que el avión había partido de Estados Unidos, por lo que ya había cumplido "con todos los procedimientos de seguridad del país para abordar". "[Tras conocerse la noticia] se impulsó una denuncia penal que recayó en el juzgado N°2 de Pablo Yadarola, con lo cual, la lógica indica que si hubiésemos querido ocultar algo lo último que hubiésemos hecho es iniciar este procedimiento nosotros mismos", indicó este martes el funcionario y sumó: "Cuando hicimos este sumario, la Aduana no detectó ninguna irregularidad y la Justicia continuó investigando. Ahora es tiempo de darle al juzgado de Pablo Yadarola la posibilidad de seguir adelante con la investigación".Así, en diálogo con A24, el funcionario dijo que "no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina", por lo que no habría ninguna irregularidad ante la falta de control en esta situación. "Es increíble que nos estén acusando por esto con la cantidad de reformas que hicimos para flexibilizar los procesos aduaneros", planteó.Los bultos en cuestión venían en la aeronave propiedad de Leonardo Scatturice -accionista de Flybondi y uno de los nexos entre el Gobierno y el círculo cercano al presidente Donald Trump- que llegó a Aeroparque el 26 de febrero y en donde también iba su empleada, Laura Belén Arrieta. Ahora, los fiscales que investigan el ingreso del avión al país presentaron un dictamen que sostiene que el equipaje eludió las revisaciones y que el resto de los pasajeros que arribaban al aeropuerto sí tuvieron que pasar por los controles aduaneros correspondientes. El dictamen de 47 paginas, al que accedió LA NACION, detalló que de los al menos diez bultos de equipaje que llegaron al país solo fueron declarados cinco y que no fueron debidamente controlados."No es obligatorio escanear los equipajes de todos los pasajeros que ingresan; la normativa expresa claramente que es una facultad selectiva del personal de Aduana", ratificó Pazo y continuó con la explicación: "Una cosa es que venga un avión de Venezuela, Nigeria o de algún país que no es de alta vigilancia, y otra es que venga de Estados Unidos. Cuando un avión viene de EE.UU., el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad del país para abordar". A su vez, indicó que en el caso de los aviones privados -como es el del empresario radicado en Miami- hay un procedimiento "superior al de un vuelo de línea". "Me llama poderosamente la atención la entidad y la magnitud que le dieron a este caso, sobre todo teniendo en cuenta que quien inició la información sumaria y el procedimiento en el juzgado fue la Dirección General de Aduana a instancias del director general", insistió.En esta misma línea, detalló que la Aduana no tiene acceso a las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que, por lo tanto, la información que tenían provenía únicamente del testimonio de personal de piso: "Indicaron que la persona había llegado como pasajera y después que ese avión tenia piloto, copiloto y tripulación. Había por lo menos cinco personas en ese vuelo que llegaron y bajaron equipaje en la Argentina"."No hay ninguna razón para suponer que una ciudadana que aterriza en la Argentina y que trae una valija en un avión que fue revisado previamente por un país de alta vigilancia como Estados Unidos es culpable de algo. Es como con los impuestos: rige el principio de inocencia, tenemos que acostumbrarnos", cerró. Semanas atrás, cuando el periodista Carlos Pagni reveló el caso, el vocero Manuel Adorni tildó el hecho como "imposible" e incluso afirmó que Laura Arrieta, empleada de Leonardo Scatturice y única pasajera del avión privado, había llegado solo con un carry on y una mochila. Según detalló la Aduana, el avión en cuestión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 5 de marzo, cuando partió con destino final a París, "en donde también se efectuaron los trámites de rutina sin que se registraran novedades". Scatturice y Arrieta fueron organizadores de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, de la que participó el mismo Javier Milei y a través de la cual el Presidente pudo acceder al primer mandatario estadounidense.
Este fraude explota funciones habituales como las videollamadas para arrebatar el acceso al propietario del número de teléfono y cometer varias actividades delictivas, entre ellas la suplantación de identidad
El Gobierno disolvió Vialidad y sus funciones las asumirá el Ministerio de Economía y la Gendarmería. El decreto, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, también puso fin a otros organismos dependientes de la Secretaria de Transporte, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gendarmería Nacional va a ser la encargada de la prevención y control del tránsito en las rutas.Un avión de un empresario cercano al Gobierno trajo 10 valijas que entraron al país sin control. Lo confirmó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El avión es propiedad de Leonardo Scatturice, quien acaba de comprar Flybondi, y es uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente Donald Trump. Viajaba la dirigente conservadora de la CPAC, Laura Arrieta.Revés para la oposición en el Senado. Las autoridades de la Cámara Alta rechazaron los dictámenes que la oposición había firmado la semana pasada en una reunión autoconvocada: se trata de los proyectos de aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, y la emergencia en discapacidad. Es porque consideraron inválido el proceso parlamentario. Los proyectos ya cuentan con la media sanción de Diputados.Donald Trump se reunió con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Compartieron una cena a puertas cerradas en Washington, mientras Israel y Hamas mantienen conversaciones indirectas en Qatar sobre un alto el fuego en Gaza, donde todavía el grupo terrorista mantiene secuestradas 50 personas desde el 7 de octubre de 2023. El primer ministro israelí dijo que había nominado al presidente estadounidense para el Nobel de la Paz.Chelsea y Fluminense por la final del Mundial de Clubes. El equipo brasilero llega tras eliminar a Al-Hilal, que había dejado afuera a Manchester City, mientras que Chelsea dejó en el camino a Palmeiras. El partido comienza a las 16 hora argentina, y la FIFA decidió ofrecer las entradas un 97% más baratas que su precio original para llenar el estadio.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Tal como habían anticipado horas antes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, el Gobierno oficializó la disolución de Vialidad. De esta manera, sus funciones se distribuirán en la cartera de Economía y en Gendarmería, que modificó su estatuto."Dispónese la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial -de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)- y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), actuantes en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía", estableció el Poder Ejecutivo a través del Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial. Además se dispuso la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se llamará "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte".La nueva agencia será la autoridad de aplicación a la que corresponderán todas las normas y actos administrativos vinculados la fiscalización de las concesiones viales y estará a cargo de un director con rango y jerarquía de subsecretario que será elegido por el gobierno nacional.Según argumentó el Gobierno en el documento, la nueva normativa "se encuentra en línea con los principios de racionalización del gasto público, austeridad y eficiencia". "No implica resignar las funciones esenciales asignadas a dicha entidad en materia de seguridad vial, sino que obedece a criterios de eficiencia administrativa, orientados a su redistribución dentro de la Administración Pública Nacional con el objeto de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en el tránsito", declararon.A su vez, el Ejecutivo planteó un "esquema de gestión más moderno y profesionalizado" y cerró: "Se verifica una desproporción entre los recursos materiales de la citada dirección y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas y aquellos que realizan tareas operativas en territorio. Además, se señaló que resulta evidente que existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa de aquella que se encuentra concesionada en el mantenimiento vial, lo que permite inferir que una eventual transferencia de esta función al sector privado podría generar ahorros significativos, debido a que en el esquema estatal actual persiste una elevada carga estructural sobre los costos operativos".
Juan di Natale, conductor de "Comunistas", encendió la mesa de debate tras la difusión de la evidencia que compromete al empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi. Las imágenes contradicen la versión oficial. La protagonista, Laura Belén Arrieta, regresaba de una cumbre conservadora en Miami a la que asistió el presidente Javier Milei. Leer más
La construcción y el manejo de rutas se repartirá entre diferentes áreas.Unos 5.000 empleados pasan a "libre disponibilidad".Gendarmería controlará las infracciones de tránsito en rutas y autopistas.
Los fiscales que investigan el ingreso al país de valijas que no habrían sido controladas y que venían en un vuelo privado desde Miami, en un avión de propiedad de un empresario cercano al Gobierno, presentaron un dictamen en el que muestran imágenes sobre cómo el equipaje eludió las revisaciones.El dictamen de 47 páginas, al que accedió LA NACION, fue dado a conocer el domingo a la noche por TN.El vuelo en cuestión entró al país el 26 de febrero pasado. Viajaba Laura Belén Arrieta y el avión es de Leonardo Scatturice, el comprador de Flybondi, uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.Las sospechas de irregularidades en el ingreso al país de este avión fueron hechas públicas por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, de LN+. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó en su momento que el equipaje hubiera eludido los controles. "Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas", dijo Adorni. Pero los fiscales aportaron pruebas que demostrarían lo contrario. El día siguiente a que Pagni mencionó el episodio la Aduana emitió un comunicado en el que señaló que "tanto a la aeronave como a la tripulación y a los pasajeros se les realizaron los controles de rutina, conforme a la normativa vigente al momento del arribo del medio de transporte, sin detectarse ninguna irregularidad o novedad en el proceso". Explicó que "el avión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 5 de marzo, cuando partió con destino final a París, donde también se efectuaron los trámites de rutina sin que se registraran novedades".Scatturice, empleador de la joven viajera de 32 años, está radicado en Miami y tiene un pasado ligado al espionaje. Arrieta y Scatturice fueron organizadores de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, de la que participó Javier Milei. Fue a través de la CPAC, en Estados Unidos, que Milei accedió al presidente Trump. Con la difusión del viaje de Arrieta salió a la luz el vínculo de Scatturice con el Gobierno.De la investigación judicial participan el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Los fiscales presentaron en la causa un dictamen en el que consideran acreditado que no se controlaron las valijas. En ese documento los fiscales afirmaron que de las diez valijas que llegaron al país solo fueron declaradas cinco y que ninguna fue debidamente controlada. Los fiscales dijeron: "Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo "semáforo" destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje". El dictamen advierte además: "Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner". Y sostiene: "Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección".El dictamen también advierte que se puede observar a la pasajera Arrieta con un "comportamiento inusual". Según la opinión de la Justicia, la mujer bajó del avión con "un teléfono celular que habría sido entregado a una agente de la Aduana, que respondió con un gesto de 'okey".Arrieta llegó a Aeroparque en un avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU. El plan de vuelo de la aeronave incluyó, después de siete días frenado en Aeroparque, a Francia como destino, con una escala en Tenerife. Ella, no obstante, declaró en Migraciones que su destino final era Estados Unidos.Los fiscales advirtieron en su dictamen que "el análisis efectuado permitió identificar una serie de inconsistencias significativas, entre las que se destacan: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación que acredite la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado".
El Gobierno pasó de las desmentidas al silencio. Desde la gestión de Javier Milei evitaron hoy pronunciarse públicamente sobre las nuevas revelaciones en relación al avión privado de un empresario cercano que llegó a Aeroparque el 26 de febrero pasado, con una sola pasajera [Laura Belén Arrieta] y cuyo equipaje no habría sido controlado por la Aduana. Los fiscales que investigan el ingreso al país de valijas que no habrían sido controladas presentaron un dictamen en el que muestran imágenes sobre cómo el equipaje eludió las revisaciones. Se trata del avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU y que venía desde Miami. Es propiedad de Leandro Scatturice, el el comprador de Flybondi y uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense,Donald Trump. Arrieta es una joven argentina de 32 años que integró el comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y que trabaja para Scatturice. "Hay una causa judicial en curso, no la queremos entorpecer. Dejaremos que se expida la Justicia", señalaron a LA NACION fuentes oficiales con conocimiento del expediente, radicado en el Juzgado Penal Económico Número 2, a cargo de Pablo Yadarola. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en corrupción, abrió un expediente para investigar el ingreso al país de la joven Arrieta y de su equipaje. Otras fuentes oficiales buscaron sembrar dudas sobre el informe revelado anoche por TN, que fue en base a un informe del Ministerio Público Fiscal al que también accedió LA NACION. "No queda claro si fueron revisadas o no, sólo hay fotos de momentos de su traslado", dijeron en el Gobierno. Desde que se reveló el escándalo, en una editorial de Carlos Pagni, en LN+, la Casa Rosada y la Aduana buscaron desmentir el caso. El vocero presidencial Manuel Adorni desmintió irregularidades en la llegada y estadía del avión, que el 5 de marzo siguió su camino hacia Francia. "Recibió todos los controles de rutina", dijo el portavoz en una de sus conferencias de prensa. Pero los fiscales aportaron pruebas que demostrarían lo contrario. Hoy, Adorni evitó responder las consultas de LA NACION. Manuel Adorni, sobre las valijas del avión de ScatturiceEl vocero calificó de "fácticamente imposible" que Arrieta hubiese traspasado sin controles el equipaje, y afirmó que con Arrieta-que participó de la organización de la cumbre de la CPAC en Buenos Aires-"no tenemos relación, más allá de episodios fortuitos", como un encuentro en esa cumbre, de la que participó el presidente Javier Milei. Consultada por LA NACION, la directora de la CPAC, Mercedes Schlapp, elogió la tarea de Arrieta en la organización de esa cumbre, pero se desligó del escándalo del avión y dijo no tener "detalles" de su periplo. La Aduana también desmintió que hubiera habido alguna falla en los controles. "En relación con la polémica generada por la difusión periodística de un rumor que tiene como finalidad involucrar a la Aduana con una supuesta irregularidad ocurrida en el marco de un vuelo proveniente de los Estados Unidos el pasado 25 de febrero, la Autoridad Aduanera informa que tanto a la aeronave como a la tripulación y a la pasajera en cuestión se les realizaron los controles de rutina, conforme a la normativa aeronáutica vigente, sin detectarse ninguna irregularidad o novedad en el proceso", expresó la Aduana en un comunicado tras revelarse el caso."Cabe destacar que el mismo avión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 05 de marzo cuando partió con destino final a Paris, donde también se efectuaron los trámites de rutina sin que se registraran novedades", continuó el comunicado del organismo. "No obstante, ante las versiones periodísticas que sugieren la posibilidad de fallas en el control aduanero, las autoridades competentes han iniciado un sumario interno con el objetivo de investigar los hechos. Si el resultado de la investigación confirmase cualquier irregularidad, el personal responsable será desafectado", advertía el comunicado, que finalizaba con el "compromiso" de las autoridades aduaneras "con el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad en los procedimientos de control, tanto de ingreso como egreso del país". En la Casa Rosada reconocieron en su momento que tuvieron un trato asiduo con Arrieta para la organización de la CPAC en Buenos Aires. Durante el evento, ella se tomó fotos con Milei y con el resto de los organizadores de la cumbre.Pero el enlace más importante de los libertarios con la CPAC es con el jefe de Arrieta, Scatturice. Gracias a sus buenos lazos con el trumpismo, ese empresario les abrió puertas a los libertarios en Washington. De hecho, tal como contó LA NACION, en enero, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó con su hermano, Francisco, y con un colaborador de su confianza, Manuel Vidal a la capital norteamericana para participar de eventos políticos conexos al regreso de Trump al Salón Oval.
En sus redes sociales, el presidente mencionó que este fenómeno ha obligado a los habitantes originarios de la ciudad a desplazarse a zonas inseguras de la capital antioqueña
Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo propietario de Flybondi y vinculado al Gobierno, registró múltiples irregularidades, según la Justicia, al ingresar al país en febrero de este año. Manuel Adorni había descartado la posibilidad de que se hubieran salteado los controles. El rol de Clarín â??enemistado con Mileiâ?? en este caso. Leer más
Sergei Torop ha sido condenado a 12 años de prisión por extorsión y maltrato de sus fieles, que le consideraban la reencarnación de Jesucristo
El Poder Ejecutivo constituyó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplazará a los actuales Enargas y ENRE y asumirá todas sus funciones bajo una estructura única. Según se detalla en el Decreto 452/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, será un organismo autárquico que dependerá de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El nuevo ente deberá estar plenamente operativo dentro de los 180 días corridos desde esta publicación.El proceso de conformación prevé la transferencia de personal y bienes desde los organismos actuales hacia la nueva estructura, manteniendo las condiciones de empleo vigentes hasta su reubicación. De acuerdo con la normativa, el directorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales designados por el Poder Ejecutivo tras un proceso de selección conducido por la Secretaría de Energía. Entre los requisitos, los directores deberán contar con experiencia técnica y profesional en la industria de gas y electricidad y tendrán mandatos de cinco años renovables, con cesación escalonada cada año para garantizar la continuidad de la gestión.Durante el período de transición, el Enargas y el Enre seguirán ejerciendo sus competencias habituales hasta que el nuevo organismo apruebe su propia estructura organizativa. Entre las atribuciones del nuevo ente se enumeran la fiscalización de las normas vigentes, la formulación de presupuestos, la elaboración del balance anual, la aplicación de sanciones y la administración de la tasa de inspección y control que financia su funcionamiento.La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, que ordenó la creación de un único ente para supervisar ambos sectores como parte de un plan más amplio de simplificación administrativa y adecuación a estándares internacionales. En este sentido, la norma señala que la reorganización apunta a optimizar recursos, reducir costos operativos y adoptar prácticas regulatorias alineadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El proceso de selección del primer directorio deberá iniciarse dentro de los treinta días hábiles contados desde la publicación del decreto. El esquema establece un mecanismo de control parlamentario: antes de la designación o remoción de los directores, el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos a una comisión bicameral del Congreso, que tendrá treinta días para emitir opinión. Si no lo hace en plazo, el Ejecutivo podrá avanzar con el acto administrativo.Además de la constitución del nuevo ente, el Gobierno avanzó con otras dos medidas que acompañan la reorganización del sector energético. Por un lado, el Decreto 451/2025 aprobó una versión actualizada de las normas que regulan el transporte y la distribución de gas natural en todo el país. En esta actualización se consolida un único marco legal que establece las funciones tiene cada actor del sistema, cómo se calculan las tarifas, qué obligaciones tienen transportistas y distribuidores, y de qué forma se coordina el control bajo el nuevo organismo único.Por otro lado, mediante el Decreto 450/2025 se modificaron las leyes que fijan las reglas del sector de la energía eléctrica. Esta medida apunta a abrir el mercado para que haya más competencia y los usuarios puedan elegir proveedor, atraer inversiones privadas, modernizar la infraestructura y actualizar el rol del Consejo Federal de Energía Eléctrica como órgano de consulta. También se estableció un plazo de dos años para adaptar toda la normativa a este esquema de libre contratación y mayor participación privada.
La central hidroeléctrica produce electricidad limpia y ayuda a controlar inundaciones que antes causaban graves daños. Aún así, expertos alertan sobre sus efectos ambientales, sociales y posibles impactos en la estabilidad de la Tierra. Leer más
La administración distrital refuerza el monitoreo de acuíferos y pozos, implementando brigadas técnicas para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y prevenir riesgos ante eventos extremos
El Senado de Estados Unidos dio un paso clave en el anhelo del presidente Donald Trump hacia el endurecimiento de la política migratoria. Con un presupuesto denominado "One Big Beautiful Bill Act", su equipo delineó una estrategia de control fronterizo que pretende extenderse hasta al menos 2029. Los fondos, que se sumarían a los montos ya vigentes, apuntan a reforzar la frontera sur, contratar más agentes, ampliar la capacidad de detención y modernizar la tecnología de vigilancia. Aporte millonario para despliegue militar y apoyo logístico en Estados UnidosSegún el texto que fue aprobado por el Senado y que ahora se trata en la Cámara de Representantes, el Departamento de Defensa recibiría 1000 millones de dólares para misiones relacionadas con la seguridad fronteriza. La nueva asignación presupuestaria permitiría el despliegue de tropas en apoyo de operaciones migratorias y antinarcóticos, así como también la construcción de instalaciones temporales para la detención de extranjeros indocumentados. Este monto quedaría disponible hasta septiembre de 2029 y se aplicaría también a tareas de mantenimiento y operaciones logísticas en zonas cercanas a la frontera.Protección infantil y verificación de patrocinadoresLa Oficina de Reasentamiento de Refugiados obtendría US$300 millones con el objetivo de reforzar los sistemas de verificación de antecedentes de adultos que solicitan acoger a menores no acompañados. Esta cifra también cubriría el mantenimiento de centros de atención, la evaluación de riesgos en niños migrantes y la actualización de plataformas para compartir datos entre agencias. La inversión se extendería hasta septiembre de 2028.Frontera sur con México: refuerzo del muro, más personal y mejor tecnologíaEl mayor desembolso estaría destinado al Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con más de US$110 mil millones distribuidos en infraestructura, tecnología, recursos humanos y operaciones.Obras e infraestructura:US$46.550 millones para instalar y mejorar barreras primarias, secundarias y fluviales a lo largo de la frontera.Construcción de caminos de acceso, preparación del terreno y despliegue de tecnología como cámaras, sensores y sistemas de iluminación.Plazo de disponibilidad: hasta septiembre de 2029.Contratación de personal y flota de vehículos:US$4100 millones para contratar nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de operaciones, agentes aéreos y personal de apoyo.US$2052 millones para bonificaciones por desempeño, reclutamiento y retención.US$855 millones para la compra y reparación de vehículos de patrullaje.US$5000 millones para renovar, construir y ampliar instalaciones fronterizas.Centros de detenciónUS$45.000 millones para aumentar la capacidad de detención de adultos solos y familias con menores, lo que permitiría su retención mientras se resuelven sus procesos de expulsión.Tecnología e inteligencia artificialUS$6168 millones para la adquisición de equipos de inspección no intrusiva, vigilancia aérea y marítima, y sistemas de detección biométrica.Incorporación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para interceptar narcóticos como el fentanilo.Asistencia a estados y gobiernos localesUS$500 millones para mejorar la detección de amenazas relacionadas con drones.US$450 millones para reforzar las tareas de seguridad fronteriza bajo el programa Stonegarden.US$10.000 millones para un fondo de seguridad fronteriza que financie obras, cercas, barreras flotantes y reubicación de personas migrantes.La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional coordinarían estas iniciativas hasta septiembre de 2034, según el texto oficial.Justicia: fiscales, jueces y deportaciones expeditasEl Departamento de Justicia también recibiría una fuerte inyección de fondos para acelerar los procesos judiciales y reforzar el control migratorio en todo el territorio estadounidense.Contratación masiva de personalUS$2055 millones para capacitar agentes del DHS, verificar antecedentes, recolectar huellas y ADN, y ejecutar deportaciones de niños no acompañados y adultos criminales.Participación de gobiernos estatales y locales en operativos contra pandillas y redes de tráfico de personas.Inversiones para ICEUS$29.850 millones destinados al fortalecimiento del ICE mediante la contratación de nuevos agentes, renovación de flota, expansión de centros de detención y apoyo legal.Promoción de acuerdos con autoridades locales bajo la Sección 287(g), que autoriza a agentes estatales a ejecutar leyes migratorias.Capacitación federalUS$750 millones para los Centros Federales de Capacitación, con un mínimo de US$285 millones asignados exclusivamente a la formación de nuevos oficiales de seguridad.Nuevos jueces de inmigraciónUS$3330 millones para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de contratar hasta 800 jueces antes de noviembre de 2028.El presupuesto financiaría también programas contra el tráfico de drogas y crímenes de pandillas que involucren a extranjeros.Fondo BIDENHasta US$3500 millones se destinarían al Fondo de Reembolso BIDEN, enfocado en subvencionar a gobiernos locales por gastos en la aprehensión de personas con presencia irregular, detención temporal, logística y operaciones judiciales.Sistema penitenciarioUS$5000 millones para la Oficina de Prisiones, de los cuales al menos US$3000 millones se aplicarían a salarios y nuevos empleos, y el resto al mantenimiento de instalaciones.Servicio Secreto y recaudación de cuotasEl Servicio Secreto estadounidense también accedería a US$1170 millones, distribuidos entre personal, tecnología y bonificaciones por desempeño. Esta medida se suma a un esquema de retención directa de ingresos por tarifas migratorias, según el cual agencias como el Uscis, el ICE y el EOIR podrían utilizar un porcentaje de las cuotas cobradas por asilo, TPS, permisos de trabajo o cambios de estatus migratorio.Cuotas migratorias más importantes:50% de las tarifas de asilo acreditadas a EOIR y Uscis.25% de los pagos por documentos laborales y renovaciones destinados al Uscis.50% de las tarifas por órdenes de remoción o inadmisibilidad canalizadas al ICE.Esta estructura permitiría a las agencias federales utilizar los ingresos directamente, sin necesidad de aprobación legislativa adicional.Con estos fondos, el equipo de Trump buscaría consolidar una red federal de vigilancia, detención y deportación que abarcaría desde la frontera hasta el interior de EE.UU., apoyado por inteligencia artificial, jueces especializados, centros penitenciarios renovados y acuerdos locales.
Revolut, el neobanco más grande de Europa, anunció que desembarca en el país.Mercado Pago se quiere sumar al negocio bancario tradicional.Qué pueden ofrecer estos nuevos jugadores al manejo de las finanzas del país.
Fuerte contrapunto entre José Milton Peralta y Enrique Gavier. Análisis opuestos del juez con su par de Narcotráfico que confirmó la detención. Los contactos políticos del empresario en Rio Cuarto, la Provincia, Nación y AFA. Mapa de causas. Leer más
Incidentes como el protagonizado por Miguel Ángel Requejo evidencian la urgencia de mantener controles estrictos sobre la tenencia de armas, un aspecto que, sin embargo, se ha visto debilitado tras la reciente aprobación de una ley del Congreso
El mando federal asume la operación de centros de videovigilancia en Guerrero, entre acusaciones por filtración y posible mal uso de recursos
Lo que sucedía dentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, apuntados por las muertes de fentanilo contaminado, dependía de un esquema de protección exterior. Los hermanos García, dueños de los establecimientos, contaban con una red de contactos políticos y judiciales tan frondosos y aceitados que es difícil determinar el papel de cada eslabón. Unos ayudaban a evitar inspecciones, otros frenaban los cierres de las empresas y había también quienes conseguían contratos con el Estado. Así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial ahora también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal.Ariel García tejió su telaraña de contactos muchas veces a través de conocidos. Un amigo al que le pide que le presente a otro. También a través de promesas a políticos, como la de instalar plantas farmacéuticas en Catamarca, o tendidos eléctricos con los cables de su empresa Epuyén en Chubut. Con esos proyectos entró en contacto con el gobernador Ignacio Torres, a través de su abogado, Gastón Marano, quien voló en su avión privado, o con el catamarqueño Raúl Jalil, a quien conoció a través de su hermano, Andrés Jalil, uno de los grandes patrones de la medicina en la provincia norteña.García invitaba a visitar el laboratorio a políticos. Por allí han pasado desde Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, hasta el propio Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hermano del juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak. El ministro estuvo, por última vez, en diciembre. Sin embargo, una de las visitas frecuentes a HLB Pharma era Freddy Lijo, hermano de otro juez, Ariel Lijo. El operador solía ir al laboratorio de San Isidro a buscar ampollas de fentanilo para sus caballos. Conoció a los García a través de su compartida afición por la equitación, devenida en negocio. Ambos tienen studs de caballos de carrera, y suelen cruzarse en el Hipódromo de San Isidro, en donde García le ha prestado, en ocasiones, instalaciones para sus animales. Luego de las visitas, donde incluso se llegaron a hacer medicamentos gratuitos para los visitantes, García y Lijo almorzaban en un conocido restaurante: 1000 Rosa Negra, en la Avenida de la Unidad Nacional, con vista privilegiada al Jockey Club San Isidro. García también cultivaba vínculos en reuniones a su casa. Por allí pasaron desde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es vecino del empresario en el country San Diego, en Moreno, como Raquel Méndez, esposa del exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Daniel Mautone, uno de los pesos pesados del juego en la Argentina. Ella también trabajaba en Anmat, el organismo que debía controlar el fentanilo. A través de ese cargo viajó a Rusia en pandemia por la Sputnik V, al igual que HLB Pharma. En 2020, dieron con el negocio de la venta al Estado. Le adquirieron a Carlos Tita (exsocio de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte), uno de los grandes proveedores de medicamentos en Santa Fe, la droguería Alfarma. Esta empresa ya tenía el esquema de licitaciones públicas armado. Por lo tanto, si HLB y Ramallo le vendían a Alfarma, y Alfarma, a su vez, le vendía a las provincias y municipios, el circuito estaba armado. A veces se hacía con precios bajos para garantizarse la contratación del Estado y otras, como en el caso de Jose C. Paz, con sobreprecios, según la documentación revisada por LA NACION. Las adquisiciones para el distrito de Mario Ishii las gestionaba Sebastián Nanini, un abogado, apoderado de la lista del intendente de José C. Paz, que apareció sorpresivamente como presunto comprador del laboratorio, tan solo semanas antes de que explote el caso de la contaminación. A través de su influencia, Nanini gestionaba para los García vínculos con asociaciones ligadas a la Justicia. En mayo del año pasado, Nanini fue el coordinador de un seminario sobre Ciberdelito en Latinoamérica y Estados Unidos. Lo organizaban la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y The American University. Se hizo un viaje a Washington en donde estuvieron presentes García, Nanini, Marano y un listado de jueces y fiscales. Fueron: Javier López Biscayart (juez nacional en lo Penal Económico), Alfredo Gusman (camarista), Ricardo Mianovich (juez federal de Sáenz Peña), Alejandro Maraniello (juez civil), María Florencia Budiño (presidenta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires), Ulises Giménez (secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Patricio Sabadini (fiscal en Chaco), Marcelo Martínez Burgos (fiscal de instrucción), Roberto Fernando Minguillón (juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal), Martín Poderti (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar de Plata), Eduardo Bucca (senador provincial de Unión por la Patria) y Mario Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires). Los asistentes no necesariamente mantenían una relación personal con García, pero este tipo de eventos muestra el esfuerzo que realizaba el empresario y su gente para tender vínculos con el poder. No es el único abogado con extraños vínculos alrededor de García. Actualmente, el representante en la causa por el fentanilo contaminado es Gastón Marano. Se trata de un exasesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y defensor de "la banda de los copitos", acusados por el intento de homicidio a Cristina Kirchner. Marano también fue un nexo clave para las gestiones de los laboratorios en Anmat, el organismo cuya desidia -en el mejor de los casos-, habilitó la existencia de las fabricas durante años. Marano llegó a tener un contrato de locación de servicios en el organismo a raíz de su vínculo por HLB y Ramallo. La familia García tiene muchas empresas y propiedades. Una de ellas es la casa donde vivió Diego Armando Maradona, en Villa Devoto. La adquirió por unos US$900.000 y fue noticia por abrirla al público para ver la final del mundo. También se la alquiló (a un valor simbólico, por lo que era mayormente un préstamo) a Roberto García Moritán durante su campaña a jefe de Gobierno porteño, en la que se presentó como parte del equipo a Fernando Burlando. Fuentes cercanas al excandidato dijeron que la idea era que, en una eventual gestión, convertirlo en patrimonio histórico. Sin embargo, según aseguran, Moritán nunca conoció personalmente a Ariel García.El empresario de HLB Pharma también se cruzó con Cristina Kirchner. El último encuentro registrado fue en el Instituto Patria, en abril de 2024. Tuvo una audiencia privada con ella que quedó plasmada en un video subido por la propia expresidente, aunque ahora ya no aparece en sus redes. Ariel García es el hermano que comenzó con el emporio de negocios que luego incluyó a sus hermanos, Damián y Diego García Furfaro. Su crecimiento económico y en la escena política se dió entre 2016 y 2017. Entre esos años, explotó el armado que comenzó a gestarse una década antes en Rosario, cuando Ariel García se une al Laboratorio Apolo, empieza a defender como abogado recién recibido a implicados en el caso de la efedrina y de la mafia de los medicamentos, y pasa de tener un Volkswagen Fox anaranjado a una flota de autos. En 2016, después de la presunta explosión de una caldera en Apolo, logra la compra del laboratorio Ramallo (donde se produjo el fentanilo contaminado) a la familia Araujo, abogados de los acusados en la explosión. Es ahí cuando empieza su crecimiento meteórico. En los comienzos, se obsesionó con la producción de anestésicos, medicamentos que en realidad no dan grandes márgenes de ganancia. La pregunta es si todo se vendía en el canal formal o si la morfina y otros componentes químicos tenían "mermas" (producción que no se puede distribuir) tan grandes como la del fentanilo (cerca de un 24%) y si eso "perdido" no llegaba a otros compradores ilegales. Con el tiempo, García se dio cuenta que el negocio era la venta al Estado. Compró, sucesivamente, tres droguerías: Droguería Mayorista, ABC1 y la última, Alfarma. A las dos primeras, las fundió por deudas fiscales y las abandonó. Es posible que la AFIP haya sido benevolente con sus problemas ya que el gerente de la sucursal a la que le correspondían todas sus empresas, por la dirección en donde las inscribían, era su primo. O, tal vez, por el vínculo que tenía García con Carlos Castagneto desde que el extitular de la agencia recaudatoria era funcionario de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Allí se conocieron, entre los tantos pasos por las provincias que tuvo García. Con algunos hizo negocios. Víctor Santa María, dirigente del sindicato de porteros y empresario de la comunicación, adquirió varios medios con fondos cuyo origen, según una decena de fuentes del sector, pertenecían a García Furfaro. Compró, como contó LA NACION, Los 40 Principales (105.5FM), Continental (590AM) y el sitio IP Noticias. Y así llegó a los medios de comunicación.
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El Gobierno se prepara para publicar un decreto que incluye, entre otros puntos, la disolución, fusión y transformación de organismos públicos claves en materia de movilidad y transporte.El Gobierno habilitó a particulares a importar autos 0kmLa premura reina en el entorno de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dado que el próximo 8 de julio vencen sus facultades delegadas. Según pudo averiguar LA NACION, se procederá con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Trásito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todavía no hay fecha precisa de publicación, pero restan tres días hábiles para que venza el plazo mencionado. Los cambios planteados, entonces, estarían prontos a publicarse.En esa línea, se prevé la absorción de las funciones de las entidades mencionadas en diversos organismos y cuerpos de seguridad, como la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Transporte de la Nación y la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, a crearse a partir del nuevo decreto.Acorde a lo que argumentan fuentes oficiales, esto se debe a una superposición de tareas entre las entidades a eliminar y la Secretaría de Transporte. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial coordina programas de prevención de accidentes de tránsito, tareas similares a las que desempeña la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte Automotor.En una línea similar está la decisión de disolver la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se encarga de fiscalizar talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos de transporte de pasajeros y cargas y supervisar operadores de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, entre otras funciones.La CNRT fue foco de varios cambios en los últimos años, que redujeron sus funciones prácticas. Por ejemplo, en 2019 se le asignó a la Subsecretaría de Transporte Automotor atribuciones que se superponen con las de la CNRT, según el Gobierno, y los decretos 830/24 y 883/24 redefinieron el régimen de transporte de pasajeros, eliminando participación de la CNRT en varios aspectos.El tránsito nacional, a cargo de GendarmeríaEn línea con la eliminación de organismos del Estado, el Gobierno incluiría en este decreto la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La entidad se había creado con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional y era la encargada de implementar el sistema de scoring, gestionar los registros nacionales de licencias, antecedentes de tránsito y estadísticas de seguridad vial y actuar de manera complementaria con las distintas jurisdicciones en materia de control de tránsito.Según la Ley N°24.449, tanto la ANSV como la Gendarmería Nacional se encargan del control de infracciones de tránsito y rutas en espacios de dominio público nacional. A su vez, la ANSV fiscaliza tránsito, pero no si es transporte de carga o pasajeros, función que le corresponde a la CNRT.La intención es unificar toda la operatoria en un único ente. De esta manera, la Gendarmería Nacional absorberá las tareas de prevención, control, fiscalización y comprobación de infracciones del transporte terrestre en todo el territorio nacional (en jurisdicción nacional), en las Áreas de Control Integrado (ACI) y en los Pasos Internacionales (PI).Se argumenta que la Gendarmería Nacional tiene la capacidad para ejecutar las funciones de prevención y control de tránsito en base a su estructura operativa y los resultados obtenidos en los últimos años.En cuanto a los convenios vigentes de la ANSV, serían absorbidos por la Secretaría de Transporte, misma dependencia que se encargará del diseño y dictado de cursos de seguridad vial que antes llevaba adelante la Agencia.El fin de Vialidad NacionalEn los próximos tres días hábiles deberían publicarse los textos que oficialicen estas modificaciones. Uno de ellos, incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, objetivo al que apunta el Gobierno desde hace tiempo.La estructura de Vialidad cuenta con 5304 empleados, de los cuales 1500 son jerárquicos, según publicó LA NACION en marzo de 2025.Conforme a la información que obtuvo este medio, será el Ministerio de Economía â??o quien éste designeâ?? el encargado de otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas víales así como servicios públicos de transporte terrestre una vez la entidad sea disuelta.En cuanto a los montos líquidos, las Letras del Tesoro sin destino específico y los títulos públicos que estén bajo la órbita de Vialidad, serán transferidos a las cuentas designadas por la Tesorería General de la Nación. La planta de empleados será mantenida con sus cargos y unidades organizativas vigentes de manera temporal. El decreto prevería una restructuración de su conformación y estructura organizativa. Los créditos presupuestarios, recursos financieros, compromisos y obligaciones serían transferidos también al Ministerio de Economía, cartera que sería ahora la encargada de la manutención del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias.Para las tareas de fiscalización y control de los contratos de concesión, ya sea de obras viales como de las líneas ferroviarias y servicios de transporte público de jurisdicción nacional, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte.La nueva entidad sería la autoridad de aplicación de las normativas relacionadas a fiscalizaciones de concesiones terrestres y la cual perciba y fiscalice el cobro de tasas, derechos y aranceles relacionados.Entre tanto, se procedería también a la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, la cual se encargaría únicamente de la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos de aviación civil y ya no de automotores. Por otro lado, se confirmaría su cambio de denominación para llamarse ahora Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
El incidente ocurrió en Retiro, en el cruce de la avenida Pellegrini y Arenales. Ninguno de los seis tenía licencia de conducir. Leer más
La ola de calor en Europa no da tregua. Desde hace cinco días los bomberos luchan contra las llamas incontrolables que están arrasando los páramos del norte de Escocia.Nada parece contener el fuego forestal. Pese al despliegue de hidroaviones y decenas de vehículos contra incendios para extinguir focos desde Nairn en las Tierras Altas hasta Knockando en Moray, los residentes se valen de mangueras y palas para contener las llamas fuera de control.escocia incendiosSegún informó The Guardian, la Asociación de Guardabosques de Escocia (SGA), advirtió que los incendios se están "convirtiendo en un peligro para la vida humana", y están dejando a los bomberos "exigidos" e incapaces de atender otros incidentes.La magnitud de los incendios forestales constituye un desafío para los bomberos debido a los fuertes vientos que provocan que el fuego y el humo se extiendan por toda la región.Ola de calor extremoEste miércoles un incendio forestal mató a dos personas en España durante una ola de calor en parte de Europa. Varias localidades europeas, castigadas por un ambiente tórrido sostenido, se encuentran bajo alerta naranja y otras bajo alerta roja por riesgos de fuego forestal. El Mar Mediterráneo ya está hasta 6 grados centígrados por encima de lo habitual para la época del año, alcanzando un récord de hasta 30ºC en el Mar Balear de España.
Varios pasajeros han perdido sus vuelos debido a las demoras en el control de la documentación. Desde la empresa que gestiona la terminal señalan que el flujo de personas es el normal a esta época del año
La senadora Carmen Álvarez Rivero intentó suspender una reunión que mantenía la comisión de Trabajo y Previsión Social y se retiró. Acto seguido, el vicepresidente del cuerpo, Mariano Recalde, asumió la presidencia e impulsó inmediatamente el dictamen del proyecto de aumento jubilatorio, lo que desató un escándalo. Leer más
La última directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Armas (ANMaC) de la gestión anterior a la del gobierno de Javier Milei sostuvo que la disolución de ese organismo en favor de la reposición del antiguo Registro Nacional de Armas representa un retroceso en los avances de la Argentina en materia de control de armas y prevención de la violencia.Parafraseando al Presidente, que hace un año, en una entrevista con un medio de prensa internacional, sostuvo que "amaba ser un topo dentro del Estado", Natasa Loizou dijo a LA NACION: "El Topo que vino a destruir el Estado lo está haciendo disolviendo el órgano nacional de control de acceso, uso, distribución, y comercio de armas de fuego. La punta de lanza de la destrucción fue la Ley Bases, con la que se desencadenó la discusión que se dio con el muy nefasto proyecto de ley en el que usaron el Programa de Entrega Voluntaria de Armas como Caballo de Troya para sabotear el sistema de control y avanzar con el blanqueo de armas irregulares de legítimos usuarios, más otras normas eliminadas o incorporadas en este tiempo". "Con este panorama fue posible darse cuenta de que concretaban los pasos hacia donde se comprometieron con el mercado: la eliminación de las capacidades de control y acción del Estado", agregó.La exdirectora del organismo derogado sostuvo: "Es preocupante la disolución de la Agencia y su reducción a mero registro. La Argentina perdió su postura internacional ejemplar en materia de desarme voluntario y de políticas de control de transferencias de armas. Abandonó la iniciativa en materia de prevención de la violencia de género con uso de armas, que era destacada por el Tratado de Comercio de Armas y la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme (UNODA). También perdió su capacidad de reducción del circulante de armas mediante la destrucción de armas entregadas a través del programa de entrega y de armas, y confiscadas del mercado ilegal por causas judiciales. Preocupa fuertemente cómo influirá esta liberalización del mercado internacional y local de armas sobre una sociedad que sufre de niveles muy altos de violencia, y cómo la libre acción del mercado incidirá en las características del delito y del crimen organizado". "La Agencia no era ajena a los problemas de capacidad operativa y tenía áreas que necesitaban mejorar su funcionamiento, pero había control, había acción proactiva a nivel federal, había cooperación con la Aduana, las policías, la Justicia, los gobiernos provinciales. Con la reducción de personal de la gestión Milei-Bullrich aumentó la disfuncionalidad y con la desregulación normativa y de requisitos y gestiones se liberó el sector: hoy el mercado define la política de armas y su uso. Todo esto ocurre en el marco de un gobierno violento hacia la ciudadanía, que fomenta activamente la violencia entre ciudadanos, que destruye al Estado y garantiza solo la seguridad de los intereses del mercado, que calla a las voces críticas, y que entrega soberanía", afirmó.Concluyó Loizou: "Tenemos la convicción de que reconociendo errores y falencias, reuniéndonos a pensar y trabajar sin cesar ante tanta desolación, podemos construir una propuesta alternativa e innovadora, en conjunto con organismos de la sociedad civil, universidades, grupos de investigación, periodistas y ciudadanos. Es importante no perder de vista que el Estado puede tener diferentes formas, pero nunca debe dejar de existir: es nuestro deber ciudadano generar políticas innovadoras e instituciones consolidadas, centradas en resolver problemas reales y concretos, que sean las bases para vivir bien, seguros y en comunidad, en un país democrático, desarrollado y justo".
Ese control remoto que guardas en un cajón es más valioso de lo que crees. Descubre cómo reutilizarlo y convertirlo en herramienta o adorno útil en casa.
Un control remoto viejo no debe terminar en la basura. El paso a paso para convertir el control remoto en una herramienta útil para el hogar.
Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, citó a un debate reservado en la Comisión Segunda, con la participación de Cancillería, Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia ante el presunto ataque contra el Gobierno Petro
Un control remoto viejo no tiene por qué terminar en la basura.Con creatividad, puede transformarse en un objeto útil para la casa.
Ante el descenso de temperaturas en la provincia, especialistas advierten sobre los efectos del frío en las mascotas. Refugio, abrigo y controles veterinarios son fundamentales para evitar enfermedades. Leer más
La intervención gubernamental en el sistema de salud enfrenta cuestionamientos legales y económicos
El proyecto aprobado por el Congreso permite acceder a datos personales, fiscales y médicos en tiempo real; cualquier persona podrá ser monitoreada sin orden judicial ni sospecha previa, alerta la organización civil
Un juzgado de Manhattan acaba de asestarle a la Argentina uno de los golpes judiciales más duros en su historia reciente. Loretta Preska le ordenó al país entregar el 51% de las acciones de YPF, la petrolera con mayoría estatal, como parte del pago de la sentencia de US$16.000 millones derivada del juicio por la estatización impulsada en abril de 2012.En otros términos, si se cumple el fallo de la sucesora de Thomas Griesa, el control de la principal empresa industrial del país pasará a manos de fondos que aprovechan oportunidades para adquirir demandas con alto potencial económico.¿Cómo llegó la Argentina a esta situación? ¿Hay responsables? ¿Quiénes son?El fallo adverso que acaba de concretarse en Estados Unidos es el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia reciente. Comenzó el 9 de abril de 2015.Tres años después de la estatización, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades del equipo de Axel Kicillof al avanzar sobre la petrolera le abrieron la puerta a Burford Capital Limited. Este megabufete presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y el Estado argentino, por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores privados de acciones.Burford se aprovechó de un error estratégico del kirchnerismo. La familia Eskenazi había ingresado a YPF en 2008. Siete años después, Burford adquirió en España â??para luego demandar a la Argentinaâ?? las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías utilizadas por los Eskenazi para participar en la petrolera. Luego se sumó Eton.Esos vehículos de litigio resultan incómodos para Cristina Kirchner. No solo porque la "argentinización" que promovieron ella y Néstor Kirchner se concretó a través de empresas con domicilio extranjero, sino porque esas mismas firmas se transformaron en un caballo de Troya por el que ahora la Argentina debe pagar.¿Cuál fue la debilidad de la estatización? En 1993, durante la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa mediante acciones clase D y listó sus ADR (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Nueva York.En ese proceso, tanto el país como YPF se comprometieron a que cualquier adquisición posterior de una porción de control implicaría la obligación de realizar una oferta pública por el total de las acciones. Esa cláusula figura no solo en los documentos que YPF presentó ante la SEC (el regulador bursátil de EE.UU.), sino también en su estatuto. Pero el kirchnerismo la ignoró.Es inútil que Kicillof, hoy gobernador, intente refugiarse en el argumento de la "soberanía nacional" para justificar su decisión, que aún considera correcta en público. La propia Preska desmantela esa defensa. "[Axel] Kicillof declaró descaradamente que sería 'estúpido' cumplir 'la ley de la propia YPF' o 'respetar' sus estatutos", recordó.Semanas antes de la estatización, el entonces viceministro de Economía advirtió el riesgo legal y analizó opciones para evitarlo. Fue en vano. Según los cálculos de su equipo, cumplir esa cláusula habría implicado para la Argentina un desembolso enorme, cuando el Gobierno solo pretendía el control.Kicillof lo explicó en el Senado: "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!". Ese párrafo fue clave para la demanda, y es el que Preska usó para justificar el fallo que hoy deja al país al borde de perder el control de su mayor empresa.Burford estructuró su presentación â??30 páginas en el originalâ?? en los daños sufridos por las empresas Petersen al ignorar los estatutos. Es el mismo fondo que financió la demanda de Marsans en el Ciadi por la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina aún debe pagar por ese caso.La estatización de YPF fue el resultado de una aceleración cuyas consecuencias hoy están a la vista. El 27 de diciembre de 2011, por la noche, Cristina Kirchner se reunió en Olivos con Sebastián Eskenazi, CEO de YPF. La presidenta â??que junto a su esposo había promovido la "argentinización"â?? comenzaba así a escribir el primer capítulo del regreso del Estado al control.Cristina tenía los datos de importaciones de energía: US$9400 millones en 2011, un récord. Consideraba que YPF era una de las responsables. También lo creía Axel Kicillof, por entonces viceministro en ascenso.La presidenta le exigió a Eskenazi que dejara de girar dividendos al exterior y los reinvirtiera en el país. Era un planteo incompatible con el acuerdo que el empresario tenía con Repsol. Entre sus asesores estaba Alberto Fernández. Menos de cuatro meses después, la empresa quedó en manos del Estado.Cristina Kirchner promulgó la Ley de Expropiación y designó a Miguel Galuccio al frente de la compañía el 4 de mayo de 2012. Galuccio â??quien luego fundó Vista, una petrolera exitosaâ?? insistió desde el primer día en que debía llegarse a un acuerdo con Repsol.No quería buscar inversores con una disputa abierta. Lo logró. Pero quedó un cabo suelto: las quiebras de Petersen. Ese detalle, años más tarde, amenaza con costarle a la Argentina el control público de su empresa petrolera.
El histórico hotel enfrenta hoy un incierto destino tras años de abandono, disputas judiciales y denuncias de corrupción. Su actual estado es reflejo de una larga batalla legal entre su propietaria y quienes controlaron el inmueble apoyados por redes de poder y maniobras en el sistema judicial.
La reforma apunta a mejorar la trazabilidad, prevenir riesgos y agilizar el ingreso de bienes al bloque, con beneficios directos para operadores logísticos y empresas exportadoras
El vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico cuando transitaba por una curva peligrosa. El conductor junto a una mujer y su bebé resultaron heridos
El país enfrenta una crisis silenciosa marcada por la falta de regulación en casas de retiro, la improvisación en los cuidados y la desvinculación familiar
El operativo se realizó en un control cuando detuvieron a una camioneta. Además, se incautaron 10 picos de acero. Leer más
La medida busca agilizar el paso entre Encarnación y Posadas, y se pondrá a prueba desde julio. Por primera vez, habrá un único trámite fronterizo. Leer más
Esta forma encubierta de manipulación emocional desgasta vínculos y activa la culpa sin exigir nada directamente, según un análisis publicado por Forbes
Este miércoles por la noche, una joven de 20 años falleció luego de que el auto en el que transitaba por la Ruta Nacional 226 se saliera de control cuando tomaba una rotonda e impactara de lleno contra el guardarraíl. Otros dos ocupantes del rodado resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud local.El violento siniestro de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 63 de esa vía, según indicó el medio Punto Nueve. Por motivos que son materia de investigación, el Chevrolet Astra en el que viajaban tres personas se despistó en la rotonda conocida como "Loma de Crespi" cuando circulaba en dirección Mar del Plata a Balcarce y chocó contra la valla de contención metálica. La víctima malherida fue trasladada con múltiples fracturas y en estado comprometido al hospital municipal de Balcarce, donde ingresó al quirófano. Finalmente, falleció. Las otras dos personas que se encontraban en el vehículo resultaron con golpes, según se informó.Testigos señalaron a los medios locales que en la zona hay escasa iluminación y que la rotonda no está debidamente señalizada.Noticia en desarrollo
Según la PNP, la estrategia de estos grupos delictivos es reclutar a menores de edad, porque los consideran "mano de obra barata"
El departamento que dirige Grande-Marlaska se ha dado cuenta que una frontera por la que cruzan cada día 30.000 personas consume mucha luz, además se han construido nuevos edificios y se ha instalado un novedoso sistema de control con inteligencia artificial. Se instalarán 219 paneles
El consumo excesivo o inadecuado de este producto puede provocar efectos adversos, por lo que es necesario seguir las recomendaciones de expertos
En un video quedó el momento exacto cuando un motociclista reaccionó de manera agresiva contra los uniformados
Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ayudan a aliviar problemas como la inflamación intestinal y el estreñimiento
El congresista de 47 años fue elegido por la bancada demócrata para encabezar el Comité de Supervisión de la Cámara. Promete enfocarse en la corrupción y en exigir cuentas si Trump vuelve al poder
La iniciativa buscaba permitir que alcaldes y gobernadores pudieran tener mayor incidencia en el manejo de los recursos destinados a financiar las pensiones de maestros, funcionarios públicos y otros empleados del sector estatal en los territorios
Esta es una solución ideal para esos momentos en los que este accesorio se pierde o no funciona
Los agentes retiraron 28 puntos de permisos de conducir por maniobras de conducción temeraria y ruidos excesivos
Mientras otros residentes deben cumplir 60 horas semanales, ella solo trabaja de mañana y no es asignada a turnos de emergencia, según reveló un reportaje de Panorama
José Luis R. R., presunto cabecilla de la facción 'Los Gallegos', fue capturado por la Policía española tras años prófugo. Perú lo acusa de un crimen ligado a la guerra entre mafias por el dominio del mercado sexual en Lima
Uniformados de la Policía Metropolitana de la capital santendereana desplegaron un operativo en el sector de Cuadra Play, que ocasionó algunos desórdenes
El siniestro ocurrió en la estructura de la calle 45 con avenida NQS, donde el vehículo perdió el control y sus pasajeros salieron volando
Un ciudadano mexicano deportado en tres ocasiones fue arrestado el 17 de marzo en Mississippi por intentar reingresar ilegalmente a Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) identificó a Luis Simón Acevedo Rodríguez, de 32 años, durante un control vehicular en el condado de Rankin. El hombre admitió estar en el país norteamericano sin autorización y fue procesado para su deportación¿Qué dijo la Patrulla Fronteriza sobre el mexicano detenido en Mississippi?El jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector de Nueva Orleans, Adam Calderón, lanzó una advertencia clara para las personas en situación migratoria irregular. "Hay consecuencias para quienes continúan ignorando las leyes de nuestra nación. Si está en Estados Unidos ilegalmente o participa en una operación de contrabando, será capturado y enfrentará consecuencias", expresó.La afirmación fue incluida en el comunicado difundido por la CBP, donde se informó que el operativo se llevó a cabo con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Rankin. ¿Cómo descubrieron al hombre deportado tres veces?Durante labores de vigilancia en la autopista interestatal 20, oficiales de la Patrulla Fronteriza realizaron la detención de un automóvil en el que se desplazaba Acevedo Rodríguez. En el lugar, el individuo admitió ser originario de México y reconoció que carecía de autorización para permanecer en territorio estadounidense.Posteriormente, las huellas dactilares fueron sometidas a un proceso de verificación a través de las bases de datos administradas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La consulta arrojó como resultado el registro de tres expulsiones anteriores del país norteamericano, además de antecedentes por reingreso ilegal en el Distrito Oeste del estado de Texas.¿Qué pena podría recibir el mexicano por reingreso ilegal?Acevedo Rodríguez admitió ante la justicia su responsabilidad por haber regresado de manera ilegal a Estados Unidos después de haber recibido una condena previa por un delito grave. La audiencia en la que se determinará su castigo está programada para el 8 de septiembre de 2025 y tendrá lugar en una corte federal.De acuerdo con el informe emitido por el CBP, el acusado podría ser sentenciado a una pena de hasta diez años de reclusión, en función de las directrices establecidas para casos de este tipo y si se tienen en cuenta los factores legales que el juez encargado del caso decida tomar en cuenta al momento de dictar resolución.¿En qué operativo fue detenido y qué dice la orden ejecutiva de Trump?El caso forma parte de las operaciones impulsadas por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Mississippi, una unidad creada tras la implementación de la Orden Ejecutiva 14159. Esta medida fue firmada por el presidente Donald Trump y lleva por título "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión".La iniciativa del republicano, que recibe el nombre de Operación Recuperar América, tiene como propósito principal enfrentar la inmigración ilegal, desarticular redes criminales transnacionales y disminuir los niveles de violencia vinculados a actividades delictivas.La estrategia contempla la participación conjunta de varias agencias, entre ellas el DHS y otros entes federales.
La empresa de tecnología cordobesa Aipha-G ya entrena y alquila robots cuadrúpedos importados desde China que patrullan fábricas y hogares. Cuánto cuesta el servicio que busca transformar la seguridad y la eficiencia operativa. Leer más
En este municipio de Oaxaca se han detenido a cabecillas de la célula del "Comandante Cromo", lo que ha provocado una respuesta violenta de dicho grupo en los últimos días
El organismo advirtió que los recientes hechos de violencia en Bogotá y Cali son un reflejo del acceso fácil de bandas criminales a armamento letal
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El caso de HLB Pharma vinculado a 40 muertes deja al descubierto la falta de inspecciones y deficiencias en la trazabilidad de sustancias controladas. Una funcionaria reconoce que hay poco personal y deficiencia en las auditorías oficiales
La Corte Suprema zanjó una disputa entre gastronómicos al fallar en favor del gremialista Dante Camaño, que desde hace cuatro años perdió el control de la seccional porteña a manos de Luis Barrionuevo, histórico secretario nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). En ese entonces, los gremialistas rompieron una alianza de más de 40 años. El máximo tribunal revocó el fallo que anuló las elecciones, cuestionadas desde ambos frentes, y ordenó ejecutar una nueva resolución. El conflicto no es menor: las cajas de la seccional están ordenadas y con superávit. El origen de los cortocircuitos entre ambos se remonta a la separación, luego de más de 40 años de matrimonio, de Barrionuevo con Graciela Camaño, hermana de Dante. Tuvo su coletazo en las elecciones que el gremio de los gastronómicos celebró en diciembre de 2021 en la seccional de CABA, donde durante los últimos 30 años siempre mandó el hermano de la exdiputada.Los comicios quedaron atrapados por los cuestionamientos de ambas listas -la gris, que lideraba Camaño, y la azul, correspondiente a Barrionuevo-, que fueron a la Justicia con sendos amparos, cuestionando la decisión de la junta electoral del gremio de suspender la elección. La disputa entre ambas facciones fue escalando y derivó en la expulsión de Camaño del gremio en una asamblea que este consideró ilegal.En tanto, la Justicia laboral ordenó en primera instancia anular las elecciones de 2021 al sostener que estuvieron marcadas por "graves irregularidades" y una bajísima participación de afiliados. Ese criterio fue luego convalidado por un fallo mayoritario de Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Frente a la sentencia, el representante de la lista de Camaño, Juan Castro, presentó un nuevo recurso ante la Corte alegando que en ambas sentencias se había incumplido con el principio de congruencia: es decir, la resolución de los jueces fue más allá del reclamo que las partes elevaron a la Justicia.En su fallo, la Corte se plegó a los argumentos del procurador, Eduardo Casal, quien sostuvo que, en efecto, los jueces se habían extralimitado en los fallos. "El objeto de la litis consiste en dejar sin efecto las resoluciones [de la Junta] que ponen en tela de juicio el proceso comicial, y no comprende el examen de la legitimidad de la elección, cuyo resultado fue favorable a la Lista Gris que integra el actor", sostuvo. "La invalidez del acto electoral se dispuso sin que lo requiriera la accionada, quien se limitó a insistir en que habrían existido las anomalías que motivaron la suspensión", agregó Casal. La Corte, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que "los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente".
El fallo respalda el despliegue de 4.000 efectivos durante 60 días para proteger propiedades y personal federal, pese a la oposición del gobernador de California
La iniciativa presidencial establece una Guardia con mando, estructura y funciones plenamente militares
El periodista, en su columna de este jueves, narra diversos actos violentos registrados en Morelos, relacionados con la rivalidad entre los dos grupos
El joven de aproximadamente 20 años de edad, es acusado de tentativa de asesinato, como protagonista en Galicia de la pelea contra africanos que se hizo viral en redes sociales