La líder en biotecnología para el campo registró pérdidas por uS$ 180 millones y tiene deudas impagas con juicios en EE.UU. por US$ 106 millones.Las denuncias cruzadas entre el actual controlante, el empresario uruguayo Juan Sartori y el ex CEO, Federico Trucco.
A pocos meses de los comicios regionales, el titular del Ejecutivo autonómico insta a los ciudadanos a preservar la concordia y rechazar la crispación, reivindicando el clima social y los logros de la comunidad frente a la polarización
"Resulta jurídicamente incompatible mantener tales beneficios a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado". Con el argumento central de la condena por corrupción y la expresión de rechazo a que, en ese estado de cosas, se equipare una prestación considerada de privilegio con "un crédito alimentario típico", la Anses apeló, en nombre del Estado, la medida cautelar que dispuso que se le pague a la expresidenta Cristina Kirchner una de las dos asignaciones varias veces millonarias que cobró hasta noviembre de 2024. Según el texto que consta en el expediente y al que accedió LA NACION, la presentación ante la Justicia -un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia tome intervención- incluye la solicitud de que se declare, por la sola apelación realizada, la suspensión de la medida cautelar. Es decir, se pide que se disponga que la Anses no tenga que cumplir con la orden de pagarle la prestación a CFK durante el período en que se resuelve el recurso. La reacción oficial, anunciada días atrás por el Ministerio de Capital Humano -del que depende la Anses-, es contra la sentencia dictada el 12 de febrero por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a través de la cual los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini resolvieron, a favor de Cristina Kirchner, la restitución provisoria de la pensión de privilegio por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner. En noviembre de 2024 esa prestación había sido, en mano, de casi $12,5 millones.Además del recurso presentado por la Anses, en el expediente consta otro, también en rechazo a la medida cautelar, interpuesto por Juan Carlos Paulucci (h), fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, quien ya había emitido en diciembre un dictamen desfavorable a la pretensión de la expresidenta.En noviembre de 2024, mediante la resolución 1092, la Anses dio de baja las dos prestaciones que cobraba CFK, una como expresidenta y otra como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Eso ocurrió luego de que la Cámara de Casación Penal Federal ratificara la condena a la exmandataria -luego confirmada por la Corte Suprema-, por encontrarla "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", en la causa Vialidad. CFK recurrió a la Justicia para pedir la reposición de ambos pagos. Y solicitó también que, mientras durara el trámite de la demanda, se le restituyera provisoriamente la pensión. Esta última pretensión fue rechazada en noviembre de 2025 por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los jueces Russo y Fantini resolvieron que debía pagarse la prestación, alegando cuestiones alimentarias. Así, pese a que se probó que CFK cometió delitos en perjuicio multimillonario de la administración pública, los jueces consideraron que si el propio y dañado Estado no le paga las abultadas prestaciones que percibió durante años, la está privando "de ingresos de naturaleza alimentaria".En noviembre de 2024 (último mes de pago) las asignaciones sumaron, en bruto, $35.255.297,73. La pensión por fallecimiento fue de $15.609.453,32 en bruto y de $12.498.443,49 en mano. El importe de las dos asignaciones incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Sin considerar ese plus, el monto de la prestación que los jueces ordenaron reponer fue, 15 meses atrás, de $9.658.606,27. Ambos ingresos surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes. El régimen, además, tiene reglas específicas, como la incompatibilidad de que cobrar dos prestaciones a la vez.ArgumentosEn la apelación de la Anses contra la cautelar se señala que la citada ley establece un beneficio "de carácter no remunerativo" para expresidentes y exvicepresidentes, "en tanto no hayan sido removidos por mal desempeño en sus funciones a través del previo juicio político". Si bien la normativa fija esa condición -no dada en este caso- para negar el pago de las prestaciones, la apelación entiende que, "ante la acreditación de un hecho condenado por la Justicia, que significó perjuicio al erario público", no se cumple con "la condición a la que se encuentra sujeto el legítimo goce de la asignación", que se otorga como "contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en del cargo".De acuerdo con la interpretación hecha desde la Anses, la causal prevista por la ley para la pérdida del beneficio "no estiba" en un procedimiento en particular como el juicio político, sino en la existencia de un pronunciamiento sobre el mal desempeño o sobre la comisión de un delito. Y este último supuesto se dio en este caso en particular.También se recuerda que los beneficios en cuestión no tienen carácter contributivo, lo cual implica que no están sustentados en aportes hechos por quien los cobra. "La naturaleza graciable, no contributiva, no previsional, no alimentaria ni retributiva de la asignación determina que a diferencia de las prestaciones de la seguridad social, carezca de inalienabilidad e irrevocabilidad", se señala. Y se agrega que, por tanto, pueden ser "denegadas o revocadas si no existieran o desaparecieran las condiciones jurídicas" establecidas ara su otorgamiento.Según la presentación, "la indignidad" derivada de una condena por corrupción para cobrar un beneficio como el que está en discusión, afecta el derecho a cobrar una pensión que se configura como un "privilegio derivado" (en alusión a la pensión por Néstor Kirchner).La apelación menciona que el Código Penal establece que una pena de prisión por más de 3 años (en el caso de CFK eso se supera) conlleva "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar". Por esa disposición, se argumenta que, más allá de cuál sea la decisión de fondo respecto de la baja de las prestaciones de privilegio, es "inadmisible" que una medida cautelar rehabilite el pago de un beneficio mientras se está en prisión por disposición judicial. Sobre esa cuestión en particular, la sentencia de la cámara había señalado que es la justicia penal (y no la previsional) la que debe "garantizar las condiciones de detención y la correcta aplicación de la condena" y sus efectos.La ya mencionada presentación del fiscal Paulucci, en tanto, señala que no es admisible "que a través del dictado de una medida cautelar en un pleito se interfiera en decisiones dispuestas por otro magistrado en un proceso judicial ya existente", en alusión a la causa penal por corrupción. Y cuestiona que los jueces camaristas hayan dejado de lado el estado de la demandante. Dos beneficios a la vezCFK había comenzado por primera vez a cobrar dos beneficios simultáneamente luego de terminar su mandato presidencial. Aún en tiempos de su propia gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta cuando ya cobraba la asignación como viuda de un expresidente. Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, y tal decisión -formalizada con una resolución administrativa- se justificó en las incompatibilidades establecidas en la citada ley.Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la misma norma define como una "pensión" a la asignación por ser viuda de un exmandatario. El caso no puede ser equiparado al del cobro simultáneo de jubilación y pensión en el sistema general.Sobre la discusión referida al doble cobro hay una causa en la Justicia aún no cerrada, dada la presentación de un recurso contra los pagos ante la Corte Suprema por parte de la legisladora porteña Graciela Ocaña. Más allá de esa cuestión, la resolución de baja de ambas asignaciones, firmada por el exdirector ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, argumenta que no corresponde ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito "en ejercicio de la misma función pública".
La ex alcaldesa de Cuauhtémoc acusó que desde hace tres meses ha sido vigilada en su domicilio y centros de trabajo
"Vas al consultorio, le contás lo que te pasa al médico y lo primero que hace es googlearlo. Entonces le decís: 'Dejá, mejor te lo explico yo'"; "Mi hijo murió en horas. La historia podría haber sido distinta con información". Detrás de estas frases hay personas e historias reales. Son de pacientes y familiares de pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), una larguísima lista de entre 8.000 y 10.000 enfermedades también llamadas "raras", que desconciertan a quienes viven con ellas, a sus familias y a los profesionales de la salud. Desde 2008, cada 28 de febrero (o 29 en años bisiestos) es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes."Es imposible que un médico conozca 10.000 enfermedades, pero cuando un médico sospecha lo que falta es un protocolo de derivación rápido y formal, estructurado y sistemático, que funcione en el nivel nacional, para derivar a especialistas que sí puedan actuar frente a esas sospechas", afirma Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), que agrupa a más de 120 asociaciones de pacientes que cursan alguna de estas afecciones.En nuestro país, se estima que 3,6 millones de personas viven con una EPOF, lo que representa a una de cada 13 personas y -en promedio- una de cada cuatro familias enfrentan desafíos vinculados al diagnóstico, acceso a tratamientos, continuidad de cuidados y acompañamiento integral.Como parte de las actividades para la jornada, Fadepof presentó un video sobre la campaña de este año, titulada "Romper la Curva", los principales resultados de una reciente encuesta y una experiencia de las cinco estaciones -incertidumbre, diagnóstico, vulnerabilidad, acceso y resiliencia- que recrean el recorrido de las personas con EPOF, que pueden verse por el canal oficial de youtube de Fadepof. La encuesta, que es nacional, fue realizada entre octubre y noviembre del año pasado, y traza un panorama sobre cómo han impactado en estas enfermedades los cambios en el sistema de salud. Se realizó sobre 143 pacientes o familiares de pacientes y revela, entre otras cosas, que siete de cada 10 personas con enfermedades poco frecuentes siente incertidumbre frente al sistema de salud y una proporción similar depresión o ansiedad. El 60% tuvo que pagar de su bolsillo servicios antes alcanzados por su cobertura y una proporción similar enfrentó dificultades para acceder a los medicamentos. Y aún más: el 73% recurrió a ahorros o ayuda familiar para cubrir sus gastos médicos.Romper la curvaFadepof cuenta con un observatorio donde incluye información actualizada y trabajos de investigación. El lema de este año es "Rompamos la Curva" (www.fadepof.org.ar/observatorio), y alude a la curva de Gauss, una representación gráfica que concentra la mayoría de los casos en la media, la mediana o el modo, que coinciden. "La metáfora de la curva sirve para visibilizar lo que pasa con estas enfermedades -explica Susana Giachello, presidenta de Fadepof-. El sistema funciona con mayor eficiencia cuando los casos encajan en lo esperable. Pero en la vida real hay historias que se salen del promedio. Romper la curva es invitar a construir un modelo de salud que se adapte a las necesidades de todas las personas y no al revés, para que nadie quede afuera"."Durante años contamos la historia equivocada. La conversación pública sobre enfermedades poco frecuentes históricamente se centró en describir cuántas personas vivían con estas patologías. Pero el problema real no es el número sino qué ocurre con esas personas cuando ingresan al sistema de salud", agrega Escati Peñaloza, que es madre de una joven arquitecta de 26 años que vive con Enfermedad de Crohn. Es una enfermedad intestinal que produce un agudo cuadro inflamatorio digestivo, con síntomas dolorosos e incómodos. No se cura, pero hay tratamientos eficaces. Además de la encuesta, Fadepof incluyó en el observatorio un índice de seguimiento de políticas públicas (scorecard). "Existe una ley (26689), un programa nacional y un presupuesto -puntualiza Escati Peñaloza-, pero hay fallas en su implementación. Falta una red de centros de referencia operativa. No se articula la información entre provincias, y eso dificulta la derivación y el acceso a los tratamientos. No se evalúan las nuevas tecnologías en forma diferenciada. Faltan también políticas inclusivas en el nivel laboral y educativo y apoyo a cuidadores. Otro pendiente es instrumentar dentro del sistema de salud un código para identificar a pacientes que aun con síntomas y controles no tienen un diagnóstico. No sabemos cuántos hay en esa situación."Camino largo y sinuoso El panorama de estas enfermedades es difícil en todo el mundo: no siempre es posible llegar a un diagnóstico; el 40% recibe un diagnóstico errado y en promedio se consulta a ocho especialistas para saber de qué enfermedad se trata. Como la mayoría tiene origen genético se manifiestan al nacer o en la niñez, y tres de cada 10 niños enfermos no llega a cumplir los 5 años."Una encuesta de 2024 de la Organización Europea de Enfermedades Raras sobre más de 10.000 pacientes de 42 países reveló que el promedio en llegar a un diagnóstico es de 4,7 años, mayor entre las mujeres que los varones y hasta 10 años en adolescentes. Por esta razón son esenciales centros de referencia con especialistas trabajando en forma multidisciplinaria y en red con otras instituciones médicas", afirma Pablo Young, coordinador del Centro Integral de Enfermedades Poco Frecuentes del Hospital Británico (Ciepof) que en sus cuatro años de existencia atendió a 1.000 pacientes, de los que el 70% carecía de diagnóstico.Young, que coordina un equipo integrado también por genetistas y especialistas en errores congénitos del metabolismo, afirma que Ciepof trabaja a la par con asociaciones de pacientes, como la Alianza Latinoamericana de Pacientes (Alapa), que nuclea a varias agrupaciones y que esta semana organizó una jornada especial, de 10 a 18, en el Edificio Cero + Infinito, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (BA), en Ciudad Universitaria.Por otra parte, el laboratorio biofarmacéutico BioMarin distribuyó gratuitamente pelotas de fútbol en el Parque Las Heras en el contexto de la iniciativa "Partidos Invisibles", para aludir a las dificultades del acceso al diagnóstico y tratamiento que presentan estas enfermedades. Las pelotas, blancas, tenían las inscripciones como "'Alcanzá la Conciencia', 'El partido más importante' y 'Un partido que nadie ve'".Un problema no menor, agrega la directora ejecutiva de Fadepof, es que "muchos profesionales de obras sociales y medicina prepaga no disponen del tiempo que requiere la atención de los pacientes con estas dolencias, y además reciben indicaciones de no prescribir medicamentos de alto costo. A menudo los médicos terminan sintiendo que todo su conocimiento y su saber se enfrenta a una barrera en la cobertura: el profesional sabe que sí hay algo para hacer, pero sus empleadores le dicen que no por el costo. Hay que buscar opciones de financiamiento y de acceso"."El objetivo no es señalar responsables, sino generar evidencia y abrir el diálogo. No podemos cambiar el azar, pero sí podemos mejorar el sistema", concluye Martín Petrocco, vicepresidente de Fadepof.
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La presidenta de la Comisión Europea ha calificado la situación de "sumamente preocupante", pidiendo a todos los actores implicados que "protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional".
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Un grupo de familias latinas del sur de Los Ángeles volvió a levantar su voz públicamente para frenar lo que consideran una amenaza inminente contra sus hogares. En medio de la incertidumbre y el temor a perder el lugar donde vivieron durante décadas, los inquilinos apelaron directamente a la alcaldesa Karen Bass y a las autoridades locales de vivienda para intervenir en un conflicto que arrastra años de tensiones y denuncias.El edificio de Los Ángeles con décadas de historia y familias en riesgoDe acuerdo con el informe presentado por Telemundo 52, la manifestación tuvo lugar frente a la propiedad ubicada en el 1080 de la calle 39, en el área cercana a la Universidad del Sur de California (USC), dentro del barrio Exposition Park. Allí, residentes afectados decidieron hacer público su pedido de ayuda luego de recibir nuevas notificaciones relacionadas con un posible desalojo.Según relataron los propios inquilinos, en el edificio viven actualmente 11 familias, muchas de ellas con una permanencia prolongada en el lugar. Algunos residentes aseguran haber habitado las unidades durante más de 50 años, mientras que otros llevan tres décadas o al menos 15 años viviendo allí. Para ellos, la casa representa mucho más que un alquiler: es el espacio donde crecieron sus hijos y consolidaron redes familiares y vecinales.Uno de los residentes explicó que los intentos de expulsión no son recientes. Según su testimonio, desde 2017 enfrentan presiones para abandonar los inmuebles. "Hasta ahora han sido dos órdenes de desalojo", afirmó, para luego señalar que la primera pudo frenarse gracias a la intervención de autoridades municipales y organizaciones comunitarias.Inquilinos denuncian presiones y contratos irregularesLos testimonios recogidos por Telemundo 52 describen situaciones que los residentes consideran intimidatorias. Uno de los afectados relató que el propietario lo obligó a firmar un segundo contrato acompañado del pago de un nuevo depósito inicial. Posteriormente, aseguró que el dueño se presentó junto a su esposa, golpeó la puerta de su unidad y exigió que abandonara el lugar de inmediato."Me dijeron que tenía que salir, que tenía 24 horas", contó el inquilino, al describir el momento que vivió como uno de los episodios más angustiantes desde que comenzó el conflicto habitacional.Sin embargo, los residentes sostienen que poseen documentación que establece otro plazo. Según indicaron, en enero recibieron una carta donde se les notificaba que debían dejar las viviendas recién en julio, lo que abre un período de aproximadamente cinco meses de incertidumbre mientras intentan definir cuál será su futuro.Hasta el cierre del reporte televisivo, representantes de Barabas Investment, empresa propietaria del inmueble y señalada como impulsora del proyecto de reconstrucción del complejo de apartamentos, no habían emitido declaraciones públicas sobre el caso.Qué establece la ley de desalojos en Los Ángeles en 2026Según las normas vigentes explicadas por el Los Angeles Housing Department (LAHD), desde el 27 de enero de 2023 todos los inquilinos residenciales de la ciudad cuentan con protecciones contra desalojos arbitrarios bajo el principio de "causa justificada".Esto implica que un propietario solo puede iniciar un proceso de expulsión si existe un motivo legal específico. Entre los desalojos considerados responsabilidad del inquilino se incluyen situaciones como el incumplimiento del pago del alquiler, violaciones graves del contrato o el uso ilegal de la vivienda. En esos casos, generalmente debe otorgarse un aviso de tres días para corregir la falta o abandonar el inmueble.Por otro lado, existen procesos de desocupación sin culpa del residente, conocidos como "No-Fault", que se aplican cuando el dueño busca recuperar la unidad para mudarse personalmente, cumplir órdenes gubernamentales, demoler el edificio o retirar la propiedad del mercado de alquiler. Bajo estas circunstancias, la normativa exige que el arrendador entregue asistencia económica para la reubicación.Además, el LAHD establece que ningún propietario puede recurrir a amenazas, cambio de cerraduras, interrupción de servicios o expulsiones sin orden judicial. Todo proceso debe pasar obligatoriamente por una demanda formal de desalojo ante un tribunal, conocida como unlawful detainer, garantizando al residente la posibilidad de defensa legal.
Bruce Mac Master advirtió que, aunque el desempleo bajó en enero, la mayor parte de los nuevos puestos se concentró en trabajadores independientes y no en empleo asalariado formal, lo que abre dudas sobre la calidad, la sostenibilidad y el impacto del gasto público en el mercado laboral
El gobernador es objeto de críticas tras una broma que soltó en un evento reciente
El mandatario distrital se presentó en compañía del también alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para denunciar las altas tasas de impunidad en las ciudades capitales colombianas
El Gobierno lanzó el Régimen de Inocencia Fiscal con la intención de crear un "blanqueo popular permanente". A tres semanas de su reglamentación, algunos bancos y sociedades de bolsa empezaron a moverse para atraer esos dólares que hasta el momento estaban guardados "debajo del colchón", pero reconocen que todavía hubo pocos depósitos.Uno de los primeros en impulsar la iniciativa fue el Banco Nación. Bajo el lema "Aliviá tu colchón, traé tus dólares", hace un mes que el principal banco público lanzó una serie de campañas publicitarias para que los clientes depositen sus ahorros. Para seducir a los contribuyentes, les ofrecen generar intereses diarios a una tasa nominal anual del 1,8% en moneda dura para los saldos de hasta US$10.000.Se suman los fallos judiciales que ordenan cobrar cuotas alimentarias en la factura de luzUna estrategia similar adoptó esta semana el Banco Supervielle, aunque redobló la apuesta en términos de rendimiento y pusieron a disposición dos alternativas de inversión en dólares: las cuentas remuneradas con una tasa del 2% anual, y el plazo fijo en dólares a 365 días, que paga una tasa del 5%. "En el marco de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y de las normativas difundidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Supervielle habilitó el depósito de dólares y suma propuestas para que los clientes puedan hacer rendir sus fondos en moneda extranjera, sin requisitos de documentación", alentó el comunicado. Todavía hay pocos depósitos por parte de los clientes, según cuentan desde distintas entidades financieras. Pero el procedimiento está previsto: en caso de que un contribuyente se presente en ventanilla con una gran cantidad de efectivo, primero se cotejará si está o no adherido al Régimen Simplificado de Ganancias, de acuerdo con la base puesta a disposición por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "Si no fuera así, se deberá continuar con los análisis vigentes aplicando un enfoque basado en riesgo. Algo no menor que establece la reglamentación: no es necesario solicitar documentación que acredite el origen de fondos al momento de realizar depósitos en efectivo. Que, de hecho, hace años la mayoría de bancos no pide. Si luego no se puede demostrar que ese depósito es acorde a los ingresos o su actividad, pedirán documentación por política de lavado de dinero", comentó en confianza un banquero a LA NACIÓN. Hidrovía: hubo tres propuestas para quedarse con la mayor licitación del gobierno actualHay una situación hipotética que usan para graficar. Si un cliente en relación de dependencia gana $2 millones y deposita US$1 millón, es responsabilidad del banco preguntar de dónde proviene el dinero. Si la respuesta no cierra, se tiene que iniciar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIF, tal como está previsto en la normativa actual. Si no se hace y ese dinero provenía del lavado de activos, la responsabilidad penal cae en el Chief Compliance Manager (gerente principal de cumplimiento, en español). "Pero no es que a los bancos no nos interesen los depósitos. Todo lo contrario", aclaran. Otro jugador interesado en captar esos pesos y dólares que todavía están fuera del sistema son las sociedades de bolsa. Luego de algunas reuniones con el Gobierno para fomentar el uso de instrumentos de inversión en dólares, la semana pasada la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó que quienes ingresen al régimen de Inocencia Fiscal puedan depositar dólares en efectivo en las cuentas bancarias de la Alycs, de los agentes colocadores de fondos comunes de inversión y en billeteras cripto.También se podrán transferir acciones y bonos no declarados desde y hacia subcuentas comitentes abiertas a su nombre o cotitularidad, además de mover criptomonedas o tokens desde y hacia cuentas propias en plataformas cripto registradas ante la CNV. Es decir, los dólares "del colchón" no solo podrán depositarse en los bancos, sino que también ir directamente al ecosistema cripto y al mercado de capitales. Con ese trasfondo, algunas sociedades de bolsa lanzaron webinars para responder dudas de los clientes, explicarles de qué se trata la ley de Inocencia Fiscal, cómo registrarse en el Régimen Simplificado de Ganancias y en qué herramientas se pueden "activar ahorros que hoy están inmovilizados". Entre las alternativas, mencionan fondos comunes de inversión y obligaciones negociables.El dólar cayó $35 en febrero, pero el riesgo país trepó 16% y las acciones bajaron 28%"En las últimas semanas se viene observando un marcado aumento en las consultas vinculadas a la Ley de Inocencia Fiscal y la posibilidad de depositar dólares fuera del sistema para volver a invertirlos en el mercado formal. Los clientes buscan comprender en detalle las implicancias del régimen, sus beneficios y el alcance operativo. Sin embargo, las consultas ya no son meramente informativas: en muchos casos están directamente orientadas a iniciar el proceso de depósito", dijo Isabel Botta, product manager en Balanz.A diferencia del blanqueo de 2024, Botta remarcó que esta ley tiene un alcance más "amplio y transversal". No son únicamente los grandes patrimonios los que muestran interés, sino una base más diversa de contribuyentes, con distintos niveles de ahorro. "Probablemente no veamos depósitos individuales de gran magnitud en promedio, sino un mayor volumen de inversores participando con montos variados, lo que amplía significativamente el universo potencial", acotó.
El presidente afirmó que existe una "actitud opaca" frente al sistema informático electoral, pidió mayor intervención de jueces y comisiones escrutadoras y llamó a impugnar posibles irregularidades en mesa
El ataque contra Víctor Eduardo Badillo Guerrero ocurrió en Nicolás de los Garza, cuando transmitía en vivo
El video se hizo viral en redes sociales el 26 de febrero de 2026, un día antes de la expedición del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, y que establece las nuevas reglas para la operación en el país de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
Así lo destacó el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo. Desde el punto de vista legal, ahora el intendente o el gobernador deberán sacar una excepción reglamentaria para aceptar la sede en Mercedes 1366 que es una calle impar.Vítolo reiteró que la IGJ no aceptó la mudanza desde la CABA a Pilar.
La cantante fue contundente con su opinión respecto a las personas que se identifican como animales
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, reclamó anular su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, que estaba prevista para el 5 de marzo.Amarante había citado a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, en una causa por evasión pues la ARCA les reclama 19.000 millones de pesos en aportes patronales e impuestos. Tapia presentó hoy un escrito en el juzgado con el patrocinio de su abogado Lucio Simonetti. En su presentación, el titular de la AFA sostuvo que la citación a declarar "vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio". El abogado dijo que declarar sin que se resuelva una apelación pendiente podría anular todo el proceso, pues aún resta que la Cámara en lo Penal Económico (Sala A) resuelva si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.Tapia planteó una "excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta", argumentando que el hecho investigado no constituye un delito, lo que el juez rechazó y fue apelado en Cámara."Avanzar con la indagatoria en este contexto es un error procedimental grave", dijo la defensa, y agregó que "la convocatoria cuestionada importa la consolidación formal del ejercicio de la acción penal contra mis defendidos mientras se encuentra sub judice la propia habilitación jurídica de dicha acción".Insistió en que la citación no es un mero trámite ni una recolección de pruebas y dijo que está en duda si la acción penal es lícita. "Forzar este paso procesal anticipado afecta el orden del expediente procesal", argumentó Tapia, a través de su defensor. El abogado del dirigente advirtió que "si el tribunal de alzada revocara la resolución impugnada y admitiera la excepción articulada, la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico".Tapia se quejó de que la indagatoria fue solicitada solo por ARCA y no el fiscal. Para la defensa, permitirle a la querella impulsar un acto que formaliza la imputación, en un escenario donde el fiscal no lo promovió y la acción penal en sí misma está bajo revisión de la Cámara, "implicaría desnaturalizar el diseño legal" del Código Procesal Penal y rompería el equilibrio entre las partes. Por eso pidió declarar la nulidad de la citación a indagatoria.Amarante ya resolvió en esta causa aplazar la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo porque designó a Marcelo Rocchetti como su nuevo abogado. La AFA decidió llamar a un paro del fútbol la fecha que correspondía con la citación original a indagatoria del 5 y 6 de marzo.Asimismo Tapia, y los demás dirigentes citados apelaron la prohibición de salida del país que les impuso Amarante, y el tema será resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ya el juez permitió a Tapia viajar a Brasil y a Colombia a cambio de pagar una caución de 5 millones de pesos.El juez además rechazó un planteo de Pablo Toviggino para realizar la declaración indagatoria mediante una videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado de Retiro. En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.Toviggino, en tanto, pidió postergar su indagatoria para el 11 de marzo en lugar del 5 del mismo mes.
El video se hizo viral en redes sociales el 26 de febrero de 2026, un día antes de la expedición del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, y que establece las nuevas reglas para la operación en el país de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
La administración de Donald Trump busca eliminar una protección clave que durante más de una década permitió a miles de migrantes permanecer legalmente en el país norteamericano sin temor a la deportación. El pedido a la Corte Suprema abre un escenario de incertidumbre para miles de familias y podría redefinir el alcance del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en los próximos meses.El pedido urgente de Trump ante la Corte Suprema: fin del TPS para 6000 siriosSegún informó Reuters, la administración de Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de manera urgente para permitir la finalización del TPS otorgado a aproximadamente 6000 ciudadanos sirios que actualmente residen en territorio estadounidense. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el recurso con el objetivo de revertir una decisión judicial emitida en noviembre que bloqueó la cancelación del programa mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.El gobierno federal pidió específicamente que los jueces levanten la orden emitida por una corte federal que impide avanzar con la eliminación de esta protección migratoria. Para la Casa Blanca, la continuidad del TPS representa un obstáculo dentro de su estrategia más amplia destinada a endurecer las políticas migratorias y avanzar con deportaciones de extranjeros que, según sostiene la administración, ya no califican para este tipo de resguardo humanitario.Se trata de la tercera ocasión en la que el gobierno recurre al máximo tribunal del país norteamericano en disputas vinculadas con la cancelación del beneficio migratorio. En precedentes recientes, la Corte Suprema ya permitió avanzar con la revocación de protecciones similares otorgadas a cientos de miles de migrantes venezolanos, lo que refuerza las expectativas del Ejecutivo de obtener un fallo favorable.El origen de la protección para los sirios en Estados UnidosEl TPS para ciudadanos sirios fue implementado inicialmente en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, luego de que Siria quedara inmersa en una guerra civil. La medida respondió a lo que el gobierno estadounidense describió entonces como "condiciones extraordinarias y temporales" derivadas de la represión del régimen encabezado por Bashar al-Assad.Según detalló The New York Times, aunque el programa fue concebido como una solución temporal, las sucesivas administraciones â??incluida la primera presidencia de Trumpâ?? extendieron reiteradamente la protección debido a la persistencia de la inestabilidad en el país de Medio Oriente. La caída del gobierno de Assad en diciembre de 2024 reavivó el debate sobre si aún existen riesgos suficientes para justificar la continuidad del beneficio migratorio.La batalla judicial por el TPS de los ciudadanos de SiriaEl intento de cancelación del TPS derivó rápidamente en demandas judiciales impulsadas por migrantes sirios y organizaciones defensoras de refugiados. En noviembre de 2025, la jueza federal Katherine Polk Failla, con sede en Manhattan, bloqueó indefinidamente la decisión gubernamental al considerar que la medida podía haber estado influenciada por factores políticos más que por evaluaciones objetivas sobre el interés nacional.Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó suspender esa orden judicial, lo que hizo que se mantenga vigente la protección mientras continúa el proceso legal. Frente a ese escenario, el DOJ argumentó ante la Corte Suprema que los tribunales inferiores ignoran precedentes recientes del propio máximo tribunal relacionados con el TPS venezolano.En su presentación, el gobierno sostuvo que la negativa de las cortes menores representa un "persistente desacato" a decisiones previas de la Corte Suprema y pidió que el tribunal no solo levante el bloqueo actual, sino que también analice el caso de fondo para establecer lineamientos definitivos que orienten futuras disputas similares.
La defensa del titular de la AFA reclamó la nulidad de la citación a declaración indagatoria resuelta por el juez en lo penal económico Diego Amarante para el 5 de marzo próximo
Infobae Colombia pudo dialogar con Mora Cortés, quien afirmó que durante su trabajo en la Ungrd y en investigaciones anticorrupción nunca recibió garantías suficientes para proteger su integridad ni la de su familia frente a las amenazas derivadas de esos casos
El abogado Zacarías Ramírez Rigo sostuvo que la conductora estaba alcoholizada y que corría picadas al momento del choque. También anticipó que podría haber vínculos de un funcionario judicial con personas involucradas. Leer más
La UNP pidió cooperación, solicitando a Ruiz Orejuela y a los demás candidatos que presenten formalmente toda la información disponible, de modo que se incluya en el estudio técnico correspondiente y se revise la situación de protección de los posibles afectados del partido
El pacto comercial entre ambos bloques regionales recibió luz verde en el Congreso este jueves.Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
En un Comunicado Oficial de la Procuración del Tesoro se informó que, el Departamento de Justicia de los EE.UU "destacó los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos del Discovery" y agradeció el respaldo otorgado. Leer más
El contrato de alquiler de Veeraswamy, que abrió sus puertas en marzo de 1926, expira este mes de junio, y Crown Estate se niega a prorrogarlo
La senadora reaccionó al discurso del mandatario sobre la reforma a la salud, al cuestionar si el Gobierno realmente está buscando garantizar el derecho a la salud o si, por el contrario, está utilizando el sistema para fines políticos
El caudal del afluente alcanzó 41.23 m³/s en la estación San Mateo, nivel que indica alta probabilidad de desbordes e inundaciones
Allegados de Jonathan Mauricio Román Giraldo, residente en Bogotá, enfrenta complicaciones para repatriar el cuerpo del exintegrante de la Policía, que falleció junto a otros combatientes extranjeros en una operación militar cerca de la frontera ucraniana
Fue a través de una presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.Ocurre seis días después de un fallo adverso de la jueza Loretta Preska.
El senador Clemente Castañeda aseguró que el objetivo es deslindar responsabilidad sobre las autoridades que protegieron al líder del CJNG
El abogado del expresidente venezolano alega que la negativa de la OFAC a permitir el pago con fondos de Caracas viola su derecho constitucional a la asistencia letrada
Los gremios del sector evidencian un colapso de las instituciones y de la infraestructura que no registra antecedentes y "no deberían considerarse situaciones habituales en ningún país"
La reunión solicitada para el 24 de abril incluiría a la futura presidenta costarricense con el propósito de acelerar la puesta en marcha de un sistema aduanero conjunto que favorezca el flujo comercial y migratorio en la región centroamericana
El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, pidió que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, los tres jóvenes que recibieron una pena de 15 años de cárcel por su participació secundaria en el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gesell, sean condenados a la pena de prisión perpetua.Así se desprende de un dictamen presentado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense presentado el 4 de este mes, pero que se conoció en las últimas horas, informaron a LA NACION fuentes judiciales.En la parte final de la presentación, Conte-Grand solicitó al maximo tribunal bonaerense que "se haga lugar a los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por los particulares damnificados [por los padres de Báez Sosa], casar la decisión impugnada -en relación a las participaciones secundarias y la desestimación del agravante de la alevosía- y adoptar competencia positiva", explicaron las fuentes consultadas.También, el jefe de los fiscales bonaerenses pidió que se desestimen por "improcedentes" los recursos de inaplicabilidad de ley presentados por las defensas de los jóvenes condenados.Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetuaEl 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, de 26 años; Luciano Pertossi, de 24 años; Ciro Pertossi, de 25; Enzo Comelli, de 25, y Matías Benicelli, de 26. Fueron encontrados culpables del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]".En cambio, Lucas Pertossi, que ayer cumplió 27 años; Viollaz, de 26, y Cinalli, de 24, fueron considerados "partícipes secundarios" del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".A fines de febrero de 2023, la sentencia fue apelada por los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando y sus colegas Fabián Améndola, Facundo Améndola, y Germán Facio. Solicitaron la pena de prisión perpetua para los tres jóvenes condenados a 15 años de cárcel. "La sentencia atacada ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva a través de un desvío palmario de las reglas del sentido común. El tribunal a quo ha incurrido en un error lógico al interpretar y valorar las pruebas, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables", sostuvieron en la presentaciónLo mismo hicieron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, representantes del Ministerio Público durante el juicio."Los fiscales, en su planteo, sostuvieron, como lo hicieron durante el juicio, en que los ocho acusados fueron coautores del homicidio de Báez Sosa", explicaron, en su momento, fuentes judiciales.El 27 de febrero de 2023, el abogado Hugo Tomei, que en ese momento representaba a los ocho jóvenes condenados, apeló la sentencia de primera instancia: solicitó la absolución de Lucas Pertossi, Viollaz y Cinalli; y para sus otros cinco asistidos pidió una pena máxima de cinco años de cárcel."Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando. Eso sí; el personal policial dejó constancia a fs. 38, renglón 21, que de averiguaciones practicadas habría un sospechoso más que emprendió huida de nombre Pablo Ventura. El funcionario en ningún momento indicó como obtuvo dicha información que valió detener a un inocente que luego demandó al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó el irregular proceder del Ministerio Público Fiscal, en la suma de diez millones de pesos, que en caso de prosperar deberíamos pagar los contribuyentes mediante nuestros impuestos", sostuvo Tomei en parte de su apelación.El 22 de marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas de primera instancia, pero decidió quitar el agravante de la alevosía.Los jueces Luis María Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño sostuvieron: "Debe quedar nítidamente establecido, fuera de este asunto, pero a modo de ejemplo esclarecedor, que, aun mediando una pelea previa, en la cual uno de los contendientes queda indefenso, su inmediata matación no es alevosa. Por otro lado, y ya en orden a este acontecimiento en concreto, aunque no haya habido pelea, el escenario de los hechos muestra una nutrida concurrencia pública, con presencia policial relativamente cercana, que impide tanto la emboscada, como la típica actuación sobre seguro, propia de la figura, sin que sobre agregar a estos fines -para descartar definitivamente la sorpresa- el modo de embestida no disimulado con perfiles de horda vociferante".Caso Fernando Báez Sosa, el juicio: el fiscal Dávila dijo que 'son todos coautores'El Ministerio Público insistió y la Fiscalía de Casación presentó un recurso de inaplicabilidad de ley, que ahora apoyó el procurador Conte-Grand ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense."Se dictaminó hace unas semanas en el sentido del acogimiento de los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de Casación. Ahora el tema está para resolver en la Suprema Corte de Justicia bonaerense", dijo a LA NACION una calificada fuente con llegada al despacho de Conte-Grand.La Suprema Corte de Justicia, que debe tener siete miembros y solo está integrada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, para tratar el tema Báez Sosa convocó al magistrado Daniel Carral, integrante del Tribunal de Casación Penal (su presidente, Mancini Hebeca no pudo intervenir porque ya participó en la apelación a la sentencia de primera instancia).Pedido de nulidadAyer, por otra parte, se conoció que el fiscal de Casación, Ignacio Nolfi, que desde diciembre pasado representa a Lucas Pertossi, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia de su asistido y la realización de un nuevo juicio La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en "la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso", según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados."Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados", sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.Para Nolfi, "la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi".Los ocho jóvenes están alojados en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense, cárcel que hasta hace pocos meses se conocía como Alcaidía Departamental 3 de La Plata.
CÓRDOBA.- En medio del debate abierto entre sectores industriales y el presidente Javier Milei por las importaciones, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora pidió "igualdad de condiciones" para quienes producen en el país. "La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones para los que importan como para los que exportamos. Sin igualdad de condiciones no vamos a poder defender el trabajo", definió.Llaryora habló en el acto en el que Iveco Group lanzó de manera oficial el nuevo camión S-Way, que se produce en la planta de la ciudad de Córdoba. Es la única fábrica de su tipo en el país que produce camiones con impacto en la cadena de proveedores. El presidente de la compañía para América Latina, Mauricio Querichelli, definió el momento como "histórico" para las instalaciones cordobesas."No queremos ninguna ventaja, nos asomamos a un futuro de competitividad, pero esta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país", afirmó Llaryora. Y pidió a los representantes de los distintos eslabones de la cadena de producción "trabajar juntos para defender el trabajo nacional y buscar la competitividad necesaria y que nos den las mismas condiciones para defender el trabajo cordobés y argentino". En esa línea, planteó que en Córdoba se dan "todos los beneficios posibles para que este tipo de proyectos prosperen, porque sabemos que eso va en defensa del trabajo de los cordobeses y de la gran cadena de proveedores involucrados en estos desarrollos".Por su lado, Querichelli precisó: "No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico; esto es solo el comienzo".También el empresario señaló la necesidad de "condiciones de competitividad, previsibilidad, que nos permita seguir produciendo, invirtiendo, creciendo, en igualdad de condiciones con los demás mercados". El nuevo modeloEl nuevo camión pesado se fabrica en la planta cordobesa con motor Euro VI de producción local; incorpora tecnología de conectividad de última generación y una versión a gas natural. Está disponible en versiones diésel con configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, todas impulsadas por el motor FPT Cursor 13 Euro VI â??también fabricado en Córdobaâ??, que entrega entre 480 y 540 caballos de fuerza. Se combina con una caja automatizada ZF TraXon, lo que permite una conducción más eficiente y una reducción estimada del 10% en el consumo de combustible respecto de modelos anteriores. Una de las grandes novedades es la incorporación de una versión a GNC con motor de ciclo Otto de 460 CV, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 550 kilómetros, ampliando las opciones para empresas con foco en la sustentabilidad y la reducción de emisiones.El modelo fue sometido a más de 450 pruebas de validación y recorrió 3 millones de kilómetros antes de su lanzamiento, según explicaron desde la empresa. Está pensado para múltiples aplicaciones, desde el transporte agroindustrial hasta operaciones de minería, petróleo y gas, o logística urbana. "Nada de esto sería posible sin el trabajo y el compromiso de todos, tanto los trabajadores, el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, la Intendencia, las instituciones y cada actor que forma parte de este esfuerzo colectivo", agregó el titular de Iveco Group Argentina, Ricardo Cardozo.
Profesores del Centro de Capacitación Cinematográfica solicitan contratación conforme a la Ley Federal del Trabajo, inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit y garantías de no represalias
El instituto apeló a la ética y respeto por el patrimonio cultural e hizo un llamado para detener la oferta y venta de dichos objetos
La automotriz comenzó a producir en el país su camión de alta gama en la planta cordobesa. El modelo apunta a impulsar la cadena de proveedores y convertir a Córdoba en un polo regional de exportación. Leer más
"Nos quieren ayudar, ¡paren la entrada de armas de EU a México!", manifestó la mandataria mexicana
La solicitud de la defensa enfatiza que, después de 68 días de la detención carcelaria de su representado, aún no se ha resuelto el recurso de apelación
La Fiscalía en Oviedo solicita prisión y multa para un hombre acusado de gritar expresiones discriminatorias contra el delantero francés en un encuentro de liga, tras la repercusión global que generaron las imágenes difundidas en televisión y redes sociales
El exgobernador del Magdalena instó a no respaldar la consulta presidencial donde participa Barreras, a quien acusó de representar intereses tradicionales
El sector pesquero advirtió al Gobierno que, sin la eliminación de las retenciones, la actividad puede volver a paralizarse, pese a haber generado más de US$2000 millones en divisas en 2025. Fue durante una reunión que mantuvieron los dirigentes con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, a quien le señalaron que ese número fue el segundo registro en relevancia de la historia. Es la primera que el sector se reúne con el funcionario de Javier Milei. Durante el encuentro, donde también estuvo el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, plantearon la crítica situación que atraviesa el sector y reclamaron la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) como condición necesaria para evitar una nueva parálisis de la actividad, con el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo. Un ejecutivo y un magnate: Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendienteLos dirigentes manifestaron que a pesar de haber generado US$2010 millones en divisas en 2025 â??el segundo registro históricoâ??, las cámaras empresarias alertaron que la combinación de costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión impositiva hace insostenible la actividad. La eliminación de las retenciones es, para el sector, una necesidad imperiosa, según dijeron.Por parte del sector privado participaron de la reunión la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), junto con otras entidades del sector.Eduardo Boiero, presidente de Capeca, respaldó el ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno y destacó el esfuerzo propio del sector por ajustar su microeconomía. Pero fue preciso sobre los límites de ese esfuerzo: "Enfrentamos costos en dólares muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales. En ese contexto, los Derechos de Exportación â??que oscilan entre el 5% y el 9% según el productoâ?? nos colocan ante una imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto". Según mencionó fue un encuentro positivo y el Secretario mencionó que depende de la capacidad del Ministerio de Economía, donde confluyen tanto las problemáticas sectoriales como las múltiples demandas presupuestarias que debe afrontar el Estado para cubrir sus distintos compromisos de gasto.Boiero remarcó además el peso social del sector: la industria pesquera emplea aproximadamente 46.000 trabajadores en las comunidades costeras del país. "Una nueva paralización, como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral marítimo", advirtió.Por su parte, Facundo Godoy, vicepresidente de Capip, puso números concretos al sacrificio que realizó la flota tangonera durante 2025: una parada que representó la mitad de la temporada de pesca y una caída del 50% en las capturas y exportaciones de langostino. "Ese costo económico fue irrecuperable. La quita de retenciones hubiera compensado, al menos en parte, lo que el sector resignó. No ocurrió, y eso profundiza la brecha entre lo que se les pide a los privados y lo que el Estado aporta en términos de competitividad", señaló.Las cámaras describieron además otros factores que presionan sobre la rentabilidad de la actividad: el atraso en el recupero del IVA â??que genera problemas de liquidez y financia, en los hechos, al Estadoâ??; los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). "Cada uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos, forman un combo que coloca al sector en estado de crisis", coincidieron los representantes empresarios. "La pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y el riesgo de una nueva parálisis es real", concluyeron.
Un mensaje publicado en X por la reconocida actriz surgió luego de que el mandatario colombiano advirtiera sobre posibles irregularidades durante futuros comicios y mencionara antecedentes similares en procesos anteriores
La fabricante de acondicionadores de aire Aires del Sur, radicada en Tierra del Fuego y productora de equipos bajo las marcas Electra y Fedders, solicitó su quiebra ante la Justicia, según consta en una presentación firmada por el abogado del presidente de la compañía, Roberto Ángel Ceretti.En el escrito, la actual administración â??que asumió en noviembre de 2025â?? sostuvo que recibió una "estructura económica y financiera profundamente deteriorada", atribuida a un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023."Potencial extraordinario": invertirán US$800 millones para ampliar una mina de oro en Santa CruzSegún la presentación judicial, el esquema operativo de la empresa se basaba en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior adquisición de materia prima importada para sostener el ciclo productivo. "El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", señalaron.El nuevo directorio aseguró haber implementado un plan integral de saneamiento que incluyó la presentación de un programa de continuidad productiva controlada ante la Justicia, aunque esa iniciativa fue desestimada.En paralelo, durante diciembre y enero los accionistas mantuvieron negociaciones con el grupo chino Chigo, uno de los principales fabricantes internacionales de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de vender la totalidad de la compañía o entre el 50% y el 80% del paquete accionario, a cambio de una inversión mínima de US$5 millones.No obstante, siempre según la empresa, pese a un interés inicial, las definiciones fueron postergadas y condicionadas a una futura visita a la planta y a evaluaciones posteriores. La dilación, indicaron, resultó incompatible con la crítica situación financiera. "La frustración de esta alternativa de asociación estratégica terminó por configurar un escenario de cesación de pagos irreversible", afirmaron.La compañía puso a disposición del tribunal y de la sindicatura la planta industrial y 4000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires. De acuerdo con la presentación, el valor de esos activos superaría al de los pasivos.LA NACION intentó comunicarse con directivos de la firma, pero no obtuvo respuesta. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló a este medio que la provincia no logró establecer contacto con los dueños y que el diálogo se mantiene únicamente a través de un abogado que actúa como intermediario."Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país y no hay a quién venderle. Además, esta gente no es del rubro. Aparentemente compraron la empresa anterior y podría tratarse más de una operación financiera", sostuvo el mandatario provincial.En Aires del Sur trabajan 140 empleados. A mediados del año pasado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y representantes de empresas electrónicas de la provincia habían firmado un acuerdo de estabilidad laboral para preservar el empleo. El compromiso contemplaba el levantamiento de medidas de fuerza a cambio de la suspensión de despidos y ceses de contratos, pero venció el 31 de diciembre.El escenario se complejiza por el contexto regulatorio. A la reciente apertura de importaciones de celulares se suma que el próximo año vencerán las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aire acondicionado de origen chino. En julio de 2022, mediante la resolución 543/2022, esas disposiciones habían sido prorrogadas por cinco años. Su eventual finalización podría impactar en otras compañías del sector radicadas en la isla.
El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner se reanudó este jueves con una nueva etapa, la respuesta de la querella de la Unidad de Información Financiera a los planteos de nulidades y demás objeciones de las defensas
Uno de los puntos críticos planteados por los sindicatos en la reunión con la comisión especial del Poder Legislativo fue el impacto sobre los ingresos de los asalariados.
El presidente popular señala que la publicación de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado ha abierto el debate sobre el papel de Juan Carlos I, reavivando opiniones encontradas respecto a su posible retorno a territorio nacional
El líder de la oposición defiende que fue quien sostuvo la democracia y reclama que "la última etapa de su vida" la pase "con dignidad y en su país"
Montse Mínguez relacionó el golpe de Estado de 1981 y la irrupción de militares en la televisión pública con discursos actuales, defendiendo la reciente apertura de documentos clasificados y advirtiendo sobre el peligro de discursos asociados a la extrema derecha
El plan era que el nieto comprará la casa con el dinero que le dio su abuela, para que ambos convivieran. Sin embargo, la relación se fue deteriorando rápidamente
Las autoridades mantienen varias líneas de investigación para lograr la captura de los que cometieron el delito, mientras la víctima permanece sigue colaborando con el proceso legal junto a su familia
Polémicas sobre la legitimidad de los dispositivos incautados resurgen mientras senadores enfrentan presiones ante organismos internacionales y se reavivan demandas por uso de información digital en el ámbito político
Legisladores opositores presentaron un proyecto para citar al ministro de Relaciones Exteriores a la Cámara baja y solicitar detalles sobre el impacto económico, jurídico y productivo del acuerdo firmado con Washington. Leer más
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) propuso suspender de manera temporal los permisos de trabajo para las personas que solicitan asilo. La normativa busca limitar quiénes pueden calificar para un permiso laboral.¿Cómo es la propuesta que afecta a migrantes con solicitudes de asilo? La reforma surgió luego de que la agencia alcanzara un máximo histórico de solicitudes pendientes. Al contar con 1.4 millones de aplicaciones en espera, el Uscis prevé modificar los requisitos de presentación y elegibilidad para los extranjeros que piden una autorización de empleo con base en una solicitud de asilo pendiente."Durante mucho tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, lo que deriva en nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin fundamento", declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Proponemos una reforma integral del sistema de asilo para hacer cumplir las normas y reducir el retraso heredado de la administración anterior. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", agregó. Bajo esta premisa, la agencia dejará de aceptar nuevas solicitudes iniciales de permiso de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativas supere los 180 días durante un periodo de 90 días. Asimismo, se prohíbe el permiso de trabajo a quienes se encuentren en las siguientes situaciones, según se detalla en el anuncio de la propuesta en los registros federales: Entrada ilegal: quienes hayan entrado o intentado entrar a EE. UU. sin inspección (fuera de un puerto de entrada oficial) después de la fecha de vigor de la norma, salvo excepciones muy limitadas (como presentarse ante un oficial en menos de 48 horas o demostrar causa justa). Criminales: las personas que tengan antecedentes y den motivos para creer que están sujetos a delitos graves o delitos no políticos graves cometidos fuera de EE. UU.Asilo denegado: si la solicitud de asilo es denegada antes de que se adjudique el permiso de trabajo. Plazo de un año: aquellos que presenten su solicitud de asilo después de haber cumplido un año de su llegada al país. Otras modificaciones en las solicitudes de asilo en EE.UU.Otra de las modificaciones que afecta a los migrantes está relacionada con la espera para obtener el permiso de trabajo. De aprobarse la normativa, el solicitante podría tener que esperar hasta un año desde la presentación de la solicitud de asilo para obtener la autorización. De igual modo, la aprobación del permiso dejará de ser obligatoria y pasará a ser discrecional por parte de Uscis. En caso de obtenerlo, podría ser revocada antes de su fecha de vencimiento si se rechaza la solicitud de asilo y transcurren los 30 días en los cuales el migrante puede apelar. ¿Cuándo podría aprobarse la normativa? La iniciativa se encuentra en una fase de propuesta, por lo que aún no tiene una fecha de entrada en vigor. Para que se haga efectiva, el público tiene hasta el 24 de abril de 2026 para enviar sus comentarios. Luego, el DHS publica una regla final y fija un día concreto.
La asociación solicitó que el Gobierno favorezca herramientas para que estas ciudades respondan a la emergencia económica por crisis climática
Organizaciones empresariales advierten que la estabilidad en comercio exterior y turismo es clave para sostener inversiones, empleo y negociaciones internacionales en curso, en un contexto de transición política y desafíos climáticos
La crecida de las aguas y las lluvias persistentes han puesto en riesgo a miles de habitantes en el distrito, mientras equipos de emergencia y población refuerzan vigilancia ante posibles desbordes y activación de quebradas
La periodista dejó claro que la prioridad debe ser la familia de Lizeth Marzano, criticando a quienes intentan blindar a Linares tras la polémica por el fatal atropello a la deportista.
La concejal Diana Diago reveló que en 2025 se registraron 39 casos de esta índole, mientras la administración distrital insiste en que la ciudadanía "camina segura"
Se trata de Lucas Pertossi (27), a quien le dieron 15 años de cárcel como partícipe secundario del crimen.El pedido fue presentado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación en la Provincia de Buenos Aires, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La familia denuncia demoras en diligencias clave y cuestiona que el caso inicialmente fuera tramitado como desaparición de civil
La fiscal Mónica Cuñarro pidió la elevación a juicio de la megacausa por cientos de estafas con la venta de departamentos "en pozo" por cifras multimillonarias en dólares en edificios que quedaron incompletos o ni siquiera comenzaron a ser construidos. Esa maniobra, según la acusación, incluyó la reventa de las mismas unidades a distintos compradores y el "pagadiós" a decenas de proveedores, con el consecuente desvío de fondos a través de un entramado societario que siempre tenía como partícipes y beneficiarios al empresario inmobiliario Vito Antonio L'abbate, a sus tres hijos â??Emanuel Andrés, Juan Ignacio y Santiago Davidâ?? y a Gastón Flores, un histórico colaborador.Además, la representante del Ministerio Público requirió en las últimas horas la ampliación de indagatoria de los tres hermanos L'abbate y de Leonardo Damián Virarelli, Mario Alberto Virarelli, Patricia Patricia Jesús Virarelli, Sergio Marina, Diego Messina, Marcelo Gallina, Gustavo Fuentes y Daniel Osvaldo Tomassi por el delito de defraudación por administración fraudulenta, al poner en entredicho la intencionalidad de su participación en el conglomerado de más de veinte sociedades a través de las cuales se realizaron las fallidas operaciones inmobiliarias. La jueza Paula González ya puso fecha para esas indagatorias: el 12 de marzo próximo, Mario y Leonardo Virarelli; el 16, Patricia Virarelli y Gustavo Fuentes; el 17, Messina y Gallina; el 18, Tomassi y Marina, y el 19, los L'abbate.El dictamen de Cuñarro relativo a la elevación a juicio del expediente solicita mantener las prisiones preventivas de los principales acusados, los embargos e inhibiciones generales de bienes ya dictados, y el secuestro y decomiso de valores y documentación.Señala a los L'abbate y a Patricio Gastón Flores como jefes y ejecutores de una estructura delictiva que ofrecía departamentos en edificios a construir, multiplicaba ventas de las mismas unidades y dilataba entregas para apoderarse de los fondos. Según el dictamen, esas maniobras fueron desplegadas entre 2012 y 2025 y el perjuicio acreditado hasta ahora, en más de 560 hechos documentados, asciende a más de US$24 millones y más de 1125 millones de pesos.Vito y Emanuel L'abatte están presos en la cárcel de Villa Devoto; Juan Ignacio y Santiago, en el penal federal de Ezeiza, y Flores, en el de Marcos Paz.Según consta en el dictamen al que tuvo acceso LA NACION se les imputa "en su carácter de representantes legales y/o apoderados y/o integrantes de las empresas Induplack Fiduciaria SA, Induplack SA, Icons Tech SA y Urdaneta Gas SA -como desarrolladores inmobiliario- y de las empresas vinculadas, Iwin Aberturas SA, Iwin SA, Integral Home SA. y/o en el rol de fiduciantes fundadores de los fideicomisos y/o como integrantes del fondo común de inversión, haber integrado, organizado y/o tomado parte, según el caso, en una asociación o estructura criminal signada con el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo, desde el año 2012 hasta abril de 2025, momento en que se concretó su detención". Para Cuñarro, el modus operandi combinó preventas â??a valores muy convenientes e incluso con cuotas en pesosâ??, promesas de escrituración y un andamiaje de sociedades y contratos superpuestos para seguir cobrando aun cuando las obras estuvieran paralizadas o los inmuebles ya hubiesen sido adjudicados a terceros, incluso más de una vez. "En concreto, la banda planificó y ejecutó estafas mediante una logística societaria y empresarial sofisticada", rubricó."Nos encontramos frente a una conducta delictual que, desde un primer momento, fue pergeñada por los imputados para damnificar a una cantidad de personas indeterminadas, que se comprueba con tan solo analizar las propias circunstancias témporo-espaciales de cada uno de los hechos; la ingeniería contractual y societaria que precedió al lanzamiento de la comercialización desde pozo de las unidades que integrarían cada uno de los edificios a construir, la utilización del mismo modus operandi en todos los casos y los vínculos familiares y laborales que conectan a quienes participaron en cada una de las etapas de su despliegue", precisó la fiscal.Englobó esas maniobras en "dos grandes grupos que permiten poder comprender mejor el plan común que unía a esta organización criminal":Las maniobras defraudatorias que tuvieron como víctimas a las personas adquirentes de las unidades funcionales de los fideicomisos y/o emprendimientos inmobiliarios, así como también aquellas que defraudaron a proveedores y socios importadores cuyo perjuicio asciende hasta el momento a un total de US$24.109.715 y $1.125.518.305.El uso ilegal y abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva â??fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal (aprobado con la ley 27.260, que durante el gobierno de Mauricio Macri creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales- y contratos de inversión inmobiliaria.Todo eso "fue el vehículo para producir los fraudes en alta escala" verificables por la cantidad de denuncias recibidas y las que siguen llegando a los tribunales, "como así también para lograr el desvío del dinero del que se hicieron en el marco de actuación de la estructura criminal", sostuvo la fiscal.Para la fiscalía, el corazón del dispositivo fue la utilización de fideicomisos inmobiliarios privados y unilaterales administrados por Induplack Fiduciaria S.A., figura que quedó al margen del control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y permitió borrar en los hechos la separación patrimonial entre fiduciantes y fiduciario.El entramado societario muestra la constitución y reconversión de firmas para reemplazar a las fallidas y continuar el circuito de cobranzas. La línea de tiempo arranca en 2008 y suma múltiples sociedades donde los mismos apellidos rotaban en sus directorios."Las maniobras consistían en tomar dinero, engañar en la mayoría de los casos con el tiempo de la construcción, multiplicar la venta de una misma vivienda, ante los reclamos cambiar las unidades por otras, en algunos casos también su reventa y, en otras ocasiones ofrecían por el mismo valor departamentos con más metros cuadrados a sabiendas que nunca iban a entregar o construir. En esa organización societaria, parte de la banda manejaba la logística operativa en distintas funciones mientras los jefes manejaban la estrategia general y comercial y el destino final del dinero", reza el dictamen."Estos hechos presentan similares características marcados por una metodología común: a) captación de clientes mediante cuotas accesibles en pesos y rápida entrega; b) fechas de finalización del emprendimiento que nunca se cumplían; c) la paralización del desarrollo constructivo; d) la repetición de lo anterior en casi todos los fideicomisos/emprendimientos inmobiliarios; e) las demoras y estiramiento de los plazos de entrega de manera repetida y sostenida con las mismas excusas; f) el silencio y respuestas evasivas frente a los iniciales reclamos de los damnificados; g) ofrecimientos de acuerdos por la demora incurrida que tampoco eran cumplidos; h) las falsas promesas de entrega de otras unidades de mayor valor, mediaciones judiciales o, incluso la entrega de unidades que en realidad habían adquirido otros damnificados; i) inscripción de nuevas empresas en la que los integrantes son los mismos en las nuevas sociedades con intercambio de roles; j) reconocimiento de deudas, convenios de pagos y/o cesión de derechos de unidades en otros fideicomisos como parte de la maniobra fraudulenta". La "nave insignia" de toda esta maniobra era Induplack."En conclusión, los imputados acordaron plazos de entrega con conocimiento de que no podrían ser cumplidos y ejercieron todo tipo de acciones dilatorias para mantener a los damnificados a la espera. En paralelo, se apoderaron del dinero pagado por los denunciantes en su propio beneficio y/o en el de terceros, ya que nunca se volcaron a la construcción de los distintos emprendimientos, perjudicando así los derechos de aquellos que no pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían adquirido", cerró.Daño complementarioLa fiscal Cuñarro se opuso al cierre de la causa con una resolución alternativa que contemple una conciliación con resarcimiento económico para los damnificados o la suspensión de juicio a prueba (probation), ya que cualquiera de esas opciones significaría que "si el imputado dispone de dinero, concilia, termina sobreseído esquivando las consecuencias que acarrea la posible aplicación de una pena, con una clara autopercepción de impunidad". Sostuvo en su dictamen: "La conducta de los aquí imputados no se reduce solo al perjuicio económico que sufrió cada una de las víctimas ni a la alarma social generada en virtud de la conformación de la asociación ilícita sino que lo trasciende y quebranta la paz de toda la comunidad". Y enumeró, entre otros, las consecuencias de la inconclusión de los edificios: Provocó daños en propiedades aledañas y, consecuentemente, en la calidad de vida de los vecinos de las diferentes zonas.Las construcciones inconclusas operan en detrimento de los barriosEn el caso de Juan B. Justo 2651, que registra aguas servidas y acumulación de agua en la excavación, pone en riesgo la salud del vecindario.Hay construcciones con peligro de derrumbe que oportunamente deberán ser neutralizadas por las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, tarea que será financiada con los fondos aportados por los contribuyentes.Pérdida de confianza en la figura del contrato de fideicomiso inmobiliario, figura muy utilizada en la actualidad para el acceso a la vivienda.La desconfianza en la compraventa "en pozo".
Documentos recientemente desclasificados revelan que Joan Pla, comunicador y amigo personal de Antonio Tejero, intentó persuadirlo por teléfono para poner término al levantamiento de 1981, según testimonios analizados por el Consejo Supremo de Justicia Militar
WASHINGTON.- El cofundador de Microsoft, Bill Gates, pidió disculpas al personal de la Fundación Bill y Melinda Gates por su relación pasada con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, y aseguró que "asumió la responsabilidad" por sus actos durante una reunión interna celebrada esta semana. Según informó un vocero de la fundación, el empresario "habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones", en alusión a los encuentros que mantuvo con Epstein tras su condena por delitos sexuales.Las declaraciones se conocieron luego de que el diario The Wall Street Journal revelara que Gates se disculpó ante empleados en una asamblea general, cuya grabación fue revisada por el diario. Allí, el magnate calificó como "un gran error" haber pasado tiempo con Epstein y haber llevado a ejecutivos de la fundación a reuniones con él. "Pido disculpas a otras personas que se vieron involucradas en esto debido al error que cometí", sostuvo, según la transcripción citada.De acuerdo con la información publicada, Gates también negó haber participado en actividades ilícitas o haber presenciado conductas ilegales. "Para ser claros, no hice nada ilegal. No vi nada ilegal", afirmó ante el personal. Además, aseguró que nunca tuvo contacto con las víctimas de Epstein ni con las mujeres que formaban parte de su entorno. "Nunca pasé tiempo con las víctimas, con las mujeres que lo rodeaban", agregó.La controversia resurgió tras la reciente difusión de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculados al caso Epstein. Entre los archivos se incluyen correos electrónicos, borradores de mensajes y fotografías en las que Gates aparece posando con mujeres cuyos rostros fueron censurados. Según explicó el empresario en la reunión, esas imágenes fueron tomadas a pedido de Epstein, luego de encuentros relacionados -según su versión- con iniciativas filantrópicas.Los documentos oficiales indican que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones a partir de 2011, tres años después de que el financista se declarara culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor. Según The Wall Street Journal, durante la asamblea Gates reconoció que, con la información conocida actualmente, esas reuniones resultan "100 veces peores" en retrospectiva, al considerar que la conducta indebida de Epstein continuó después de su primera condena.En ese contexto, el empresario también admitió haber mantenido dos relaciones extramatrimoniales con mujeres rusas -una jugadora de bridge y una física nuclear- aunque sostuvo que esos vínculos no involucraron a víctimas de Epstein ni estuvieron relacionados con actividades ilegales. Epstein había intentado extorsionar a Gates por su presunto romance con la jugadora de bridge, Mila Antonova, después de que no pudo convencer al filántropo de unirse a un fondo de caridad multimillonario que intentó establecer, informó el Journal en 2023. "El tono del mensaje era que Epstein sabía del asunto y podía exponerlo", informó.Los archivos difundidos incluyen un borrador de correo atribuido a Epstein en el que el financista hacía referencias a supuestas conductas privadas de Gates, afirmaciones que el fundador de Microsoft negó previamente.La organización agregó que el comunicado difundido revisa todo lo que el empresario tenía para decir sobre el asunto y que no habrá más declaraciones.A comienzos de este mes, la fundación aseguró que no realizó pagos a Epstein ni lo contrató en ningún momento. También reiteró que no existieron vínculos institucionales entre la organización y el financista, más allá de los encuentros personales mantenidos por Gates. La entidad, creada en 2000 por Gates y su entonces esposa, es una de las mayores financiadoras mundiales de iniciativas de salud global, educación y lucha contra la pobreza.El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio público la relación entre Gates y Epstein, que ya había generado cuestionamientos en años anteriores y que coincidió con un período de turbulencia personal para el empresario, incluido su divorcio de Melinda French Gates en 2021. En entrevistas previas, Gates había reconocido que reunirse con Epstein fue una "grave equivocación" y había señalado que buscaba posibles contactos con donantes para proyectos filantrópicos, una explicación que fue recibida con escepticismo por parte de observadores.En paralelo, el multimillonario se retiró horas antes de ofrecer un discurso en una cumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en la India la semana pasada, aunque no se precisó si la decisión estuvo vinculada a la controversia.Nuevas renunciasMientras tanto, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de Universidad de Harvard, Larry Summers, se retiró este miércoles de sus funciones académicas en esa institución en medio de la investigación sobre sus vínculos con el fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La universidad informó que aceptó su renuncia como codirector del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno, así como su salida de otros cargos docentes y de investigación.Según detalló Harvard en un comunicado, Summers dejará también sus restantes funciones académicas y de facultad mientras continúan las indagaciones sobre su relación pasada con Epstein, cuyo caso desató uno de los mayores escándalos judiciales en Estados Unidos por una red de explotación sexual de menores y sus presuntos vínculos con figuras influyentes.El año pasado, el economista había manifestado su "arrepentimiento" por esos contactos durante una clase que impartía en la universidad. Correos electrónicos publicados posteriormente indicaron que Summers mantuvo comunicaciones con Epstein hasta el día previo al arresto del financista en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores.En la misma línea, el neurocientífico Richard Axel, premio Nobel de Medicina, renunció como codirector del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de la Universidad de Columbia tras revelarse su relación pasada con el financista condenado por delitos sexuales.Agencias AFP y Reuters y diario The New York Times
El 6 de febrero de 2023 Lucas Pertossi fue condenado a la pena de 15 años de prisión. Fue considerado "partícipe secundario" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves", crimen que tuvo como víctima a Fernando Báez Sosa. El condenado, que hoy cumple 27 años, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio. La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en "la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso", según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa. Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados."Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados", sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.Para Nolfi, "la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi".El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, también condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, y Matías Benicelli, quienes fueron hallados culpables de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]". Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, al igual que Lucas Pertossi, recibieron una pena de 15 años de cárcel.Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetuaLas condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa (representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio) y las defensas de los ocho condenados.El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que el caso se debe enmarcar como un "homicidio en riña o agresión", que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.Como informó LA NACION, además de lo que deba resolver el máximo tribunal bonaerense, "parte de la discusión" ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver recursos sobre supuestas "violaciones constitucionales" que hizo Tomei, como la presentación por "la falsedad de las actas de imputación", entre otras.En la presentación, que se conoció en las últimas horas, pero que fue presentada antes de la feria judicial de enero, Nolfi afirmó: "En efecto, del examen integral del expediente se desprende que la defensa única adoptada desde la etapa inicial de la investigación penal preparatoria privó a Lucas Pertossi de una estrategia defensiva propia, al quedar su situación indebidamente conglobada con la del resto de los imputados, cuyas intervenciones en el hecho investigado eran sustancialmente distintas. Ello ocurrió sin que ningún órgano jurisdiccional advirtiera ni corrigiera oportunamente esta situación de indefensión, pese a su gravedad y evidencia".El defensor de Casación solicitó, entonces, "se declare la nulidad de lo actuado desde el momento en que se configuró la situación de indefensión derivada de la defensa técnica ineficaz, y de todos los actos procesales que de ello dependieron, incluida la sentencia condenatoria dictada en autos" y, "en consecuencia, se ordene la anulación de la condena impuesta a Lucas Pertossi y el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para la celebración de un nuevo debate, con renovación íntegra de los plazos procesales, garantizando el ejercicio de una defensa técnica efectiva, autónoma y acorde a su verdadera situación fáctica y jurídica".
El legislador de Acción Popular minimizó el hecho de que los congresistas dialoguen sobre cargos ministeriales al interior de un partido
Los cuervos tuvieron que postergar su partido de la fecha 6, que inicialmente se iba a jugar el jueves 19/02 debido al paro de la CGT, pero la AFA se lo puso el domingo, sabiendo que el martes 24/02 abría la fecha. "Me gusta que hagan bien su trabajo y el arbitraje estuvo a la vista" dijo su técnico. Leer más
Conductores se concentraron en la Terminal de Ómnibus para exigir el cumplimiento de la ordenanza que regula a las aplicaciones. Los gremios denuncian falta de fiscalización y advierten por el impacto laboral en el sistema tradicional. Leer más
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son la prueba de que muchas veces el primer amor es el definitivo. Se conocieron cuando eran dos niños que jugaban en las calles de Rosario por medio de Lucas Scaglia, mejor amigo de él y primo de ella. Estuvieron varios años lejos, pero, cuando se reencontraron, no se separaron más. Comenzaron una vida juntos en Barcelona y, aunque la relación estaba más que afianzada, especialmente tras la llegada de sus hijos, en un momento sintieron que era tiempo de oficializar el vínculo también en los papeles. El 30 de junio de 2017 se casaron en la ciudad que los vio nacer y, aunque las imágenes de su boda dieron la vuelta al mundo, hasta ahora había algo que nadie sabía: cómo fue la propuesta de matrimonio. ¿Quién despejó la duda? El propio campeón del mundo.Exactamente una década después de blanquearle su relación a su círculo íntimo, Messi y Roccuzzo llegaron al altar. Si bien era de público conocimiento que habían formado una familia con la llegada de Thiago el 2 de noviembre de 2012 y de Mateo el 11 de septiembre de 2016, varios especulaban que tal vez la pareja consideraba que no era necesario casarse. No obstante, ellos no pensaban lo mismo. Si bien actuaban como un matrimonio, sabían que tarde o temprano iban a celebrar su amor frente a sus seres queridos. Pero el gran interrogante siempre fue, hasta ahora, cómo decidieron dar ese paso. "La verdad es que ya llevábamos muchos años juntos. Ya teníamos a Thiago y a Mateo y una vez fuimos a comer a un hotel en Barcelona. Pasamos la noche ahí y se lo pedí. Pero más o menos ya era como que tenía que ser", sostuvo Lionel Messi en el podcast Miro de atrás, del arquero Nahuel "Patón" Guzmán y Gonzalo Iglesias."Fue más romántico, pero fue más o menos 'poné la fecha', o algo así porque ya era como que iba a pasar", explicó el futbolista. Lo que no dijo es si la propuesta incluyó o no un anillo. La influencer solo suele llevar la alianza de oro que intercambió con Leo hace ocho años y que él también utiliza.Así fue el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Messi y Roccuzzo se casaron en el City Center de Rosario el 30 de junio de 2017. Aunque fue un festejo íntimo, la lista de invitados incluyó 260 nombres, entre los que se destacaron Ángel Di María, Javier Mascherano, Sergio "Kun" Agüero, Marcelo Tinelli, Nicolás Vázquez, Neymar, Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Shakira. Primero se realizó la ceremonia por civil. El pequeño Thiago llevó los anillos y la novia ingresó aferrada al brazo de su padre, mientras de fondo sonaba "She" de Charles Aznavour. Además, Abel Pintos interpretó "Sin principio ni final", una sorpresa del novio para la novia. Luego tuvo lugar la fiesta, en la que no faltó la música en vivo a cargo de Karina 'La Princesita' Tejeda y el grupo uruguayo Márama.En cuanto a los looks de los novios, el vestido de Roccuzzo fue un misterio hasta el último momento. Eligió un diseño corte sirena de escote corazón y una larga cola, confeccionado en seda natural y encaje francés con apliques de guipur por la catalana Rosa Clará, quien también estuvo a cargo de su segundo vestido. Por su parte, el novio lució elegante con un set de tres piezas de saco, chaleco y pantalón de Georgio Armani que complementó con camisa blanca, corbata gris, pañuelo en el bolsillo del saco y una flor blanca. El 30 de junio de 2017 se convirtió en una fecha inolvidable para los rosarinos, al punto tal que decidieron llevarla tatuada en los dedos anulares para acompañar sus alianzas. Además, a veces suelen celebrar su aniversario con amorosas publicaciones en las redes sociales para rememorar el día en el que eligieron seguir compartiendo la vida juntos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental. Según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia no presentó a tiempo. La presentación de la IGJ, que llevó la firma de Daniel Vítolo, titular del organismo, es para establecer una veeduría que apunte a los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución futbolística con diversas personas. La IGJ intimó por primera vez a la cabeza del fútbol local, en diciembre pasado. Ese plazo venció el 20 de enero pasado y la institución, como la Superliga, presentaron lo que le era requerido. Luego de eso, la IGJ pidió más precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. Les dio para eso un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información. El organismo les pidió esas ampliatorias sobre lo que consideraban insuficiente. "Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo", había dicho Vítolo a este medio en la antesala de la decisión conocida hoy. La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Por eso pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos. El plazo para esa presentación venció ayer, pero solo la Superliga hizo su presentación. Por lo que, pasadas las primeras horas de este miércoles, el organismo dirigido por Vítolo empezó a elaborar la decisión a tomar a partir del incumplimiento de le AFA. Noticia en desarrollo
La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRMC) enviaron una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, para advertir que la inseguridad y la crisis del campo no ofrecen condiciones para celebrar el Mundial 2026 en México
El ministerio público solicita la máxima condena para José Manuel D.G., acusado de cometer un crimen con agravantes y fraude tras ser hallado el cadáver de su pareja en avanzado estado de descomposición dentro de una maleta en Vigo
El martes por la noche en su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump pidió a los legisladores que aprueben la SAVE Act, que obligaría a demostrar la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en las elecciones federales. La propuesta tomaría un sistema que ya se usa en Texas y lo replicaría a nivel nacional si se convierte en ley.Qué es la SAVE Act que Trump pidió aprobar durante su discurso en el Estado de la UniónDentro de las casi dos horas de discurso, el presidente estadounidense se refirió a distintas cuestiones. En un fragmento habló sobre este proyecto de ley."Es muy simple, todos los votantes deben mostrar una identificación con foto", afirmó Trump entre aplausos del vicepresidente JD Vance y los presentes en el Capitolio.En términos formales, la SAVE America Act de 2026 es el proyecto de ley H.R. 7296. De acuerdo con lo que establece el texto, estas son sus claves:Enmienda la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. Si se aprueba, exigiría una prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales.Además de pasaporte estadounidense vigente, se puede usar un certificado de nacimiento. Sin embargo, para que sea válido, debe incluir nombre, fecha, lugar, nombres de los padres y la firma de un funcionario autorizado.Para votar en persona, se requiere una identificación no digital con foto emitida por ciertas autoridades.Quienes no puedan presentar esa prueba documental deberán firmar una declaración bajo pena de perjurio. Un funcionario estatal evaluará la solicitud para votar y, si la aprueba, tendrá que explicar en una declaración jurada por qué se determinó la ciudadanía.Los estados deben implementar programas para identificar y eliminar a no ciudadanos de los padrones electorales. Para esto, se recomienda usar el sistema SAVE.Se establecen sanciones penales para los funcionarios que registren a personas sin la prueba de ciudadanía requerida y para no ciudadanos que se anoten para votar.Texas ya aplica el sistema SAVE, pero no tiene una leyLa normativa propuesta de EE.UU. implementaría un sistema que ya se aplica en el Estado de la Estrella Solitaria. Aunque no está regido por una ley formal, el gobierno de Greg Abbott hace uso del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, en inglés) para chequear los estatus de votantes.De acuerdo con una publicación en el sitio web oficial de la oficina de la secretaria de Estado, Jane Nelson, Texas encontró recientemente a no ciudadanos en padrones.Mediante la comparación con bases de datos federales, el Estado de la Estrella Solitaria verificó padrones con más de 18 millones de votantes. Gracias al sistema SAVE, se detectaron 2724 potenciales no ciudadanos registrados.Qué dijo Trump sobre la SAVE Act en el Estado de la UniónEn su discurso, el republicano pidió a los legisladores que aprueben la nueva versión de la ley. "Les pido que aprueben la SAVE Act para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses", dijo el mandatario.Además, afirmó que el impacto de los votantes sin ciudadanía es estadísticamente relevante en los resultados: "El fraude electoral es rampante". Sin embargo, según NBC, en general las cifras de extranjeros registrados para votar representan casos aislados y marginales.
La institución señaló que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales
Una comunicación transmitida por intermediarios motivó a Laura Menoyo a cerrar cualquier vínculo con el proceso, reforzando su decisión de no involucrarse en los hechos ni en los debates públicos
Julio Mendoza, defensor legal de la familia Marzano, afirmó que el joven de 21 años debería ser detenido "para que así no pueda seguir obstruyendo la acción de la justicia"
El candidato presidencial lamentó la situación del sistema de salud y resaltó que "están muriendo niños y ancianos por falta de atención", reclamando soluciones urgentes y pagos a clínicas para evitar cierres de servicios esenciales