Se trata de un magistrado de carrera, con décadas de experiencia profesional, que se hizo conocido tras condenar a 4 años de prisión a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por la bolsa con dinero que encontraron en el baño de su despacho. Leer más
El peronismo de la Provincia dejó de lado sus diferencias internas ante el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes de los dos sectores principales coincidieron en repudiar la condena como un intento disciplinador. Kicillof dijo que "fiscales y jueces no investigaron hechos sino que ejecutaron un plan".
La ex presidenta esperó el fallo en el edificio de la calle Matheu rodeada de su entorno más cercano.Kicillof estuvo unos minutos y Sergio Massa llegó antes de que salga la resolución de la justicia.El llanto de la militancia y el pedido de juicio político a la Corte que se reactiva.
En los minutos que siguieron al fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de Cristina Kirchner, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, firmó dos documentos judiciales. En el primero, ordenó a la expresidenta y a otros ocho reos que se presenten en su despacho en un plazo máximo de cinco días; en el segundo, le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que defina dónde se alojarán todos los convictos.La orden de comparecencia que firmó Gorini recayó sobre l expresidenta y ocho condenados más: Lázaro Báez, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Crlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibañes.Gorini determinó, también, que Cristina Kirchner y el resto de los convictos deberán ser alojados en alguna dependencia de una fuerza federal "que cumpla con las condiciones adecuadas", ya sea de la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía Federal.En ese sentido, el magistrado le remarcó al Ministerio de Seguridad que Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años y que requiere "especiales condiciones de seguridad y custodia", basadas en el "hecho de haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación", pero también a raíz del intento de asesinato que afrontó el 1 de septiembre de 2022.Graduado de abogado por la Universidad del Salvador y con largo recorrido en la Justicia de instrucción, Gorini (57 años) asumió como miembro del Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, a quien condenó en diciembre de 2022 a una pena de seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.Como integrante de ese tribunal, Gorini afrontó múltiples embates. La defensa de Cristina Kirchner intentó recusarlo por temor de parcialidad, basado en reuniones que el magistrado mantuvo con Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue rechazado por extemporáneo.Durante el juicio por el caso Vialidad, Gorini enfrentó otras vicisitudes. Denunció presiones, tareas de inteligencia sobre él y su familia desde una unidad básica de La Cámpora cercana a su domicilio, ingresos ilegales al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para buscar sus datos biométricos y el robo de sus declaraciones juradas patrimoniales de una oficina del Consejo de la Magistratura.En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que incrementara la custodia de Gorini y los otros dos integrantes del Tribunal Oral a cargo del "caso Vialidad", Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes también debieron lidiar con convocatorias por las redes sociales de militantes kirchneristas para "escracharlos" a ellos y a sus familias en sus hogares.Durante los últimos días, la presión sobre el fiscal que impulsó el caso Vialidad en la instancia oral, Diego Luciani, volvió a incrementarse, al igual que sobre Basso, Giménez Uriburu y Gorini, que como presidente del Tribunal anoche dio otro paso. Le comunicó a la Cámara Nacional Electoral que Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás convictos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos de manera "perpetua".
Nuevo discurso en la puerta del PJ ante la militancia tras conocer el fallo que confirma su condena en la causa Vialidad.
Durante una audiencia judicial, tras su extradición desde Bolivia, Liseth Ruiz Cruz sorprendió al juez al solicitar un gel para aliviar su postoperatorio estético
La Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Kirchner al rechazar in limine los planteos pendientes y puso así punto final a una causa con casi una década de vida en los tribunales. Sobre el proceso -muy criticado por el kirchnerismo, que siempre colocó a la expresidenta como víctima del "lawfare"-, entre jueces, camaristas y fiscales, intervinieron más de quince funcionarios judiciales y sus equipos.Nueve de ellos fueron impulsados en el Senado y luego designados por Néstor y Cristina Kirchner. Cuatro fueron promovidos por Mauricio Macri y otros dos accedieron a sus cargos con el menemismo.No todos sus pronunciamientos se tradujeron en malas noticias para la expresidenta: mientras que todos los fiscales en todas las instancias incorporaron el delito de asociación ilícita en sus acusaciones -que llevaba a 12 los años de prisión, en lugar de 6-, cuatro de los seis jueces que fallaron en la causa la rechazaron, beneficiando a la expresidenta al absolverla de este delito. Si se incluye a los cortesanos, serían siete sobre nueve los jueces que, con sus fallos, por acción u omisión, la favorecieron a este respecto. Ningún juez, sin embargo, la encontró inocente respecto al fraude. Según el kirchnerismo, esto es así, en parte, porque existe una articulación con fines persecutorios entre el Poder Judicial, el político y los medios de comunicación contra su figura. A lo largo del proceso, algunos hechos sugirieron que la defensa de la expresidenta no fue solo declamativa. Uno de ellos fue la intrusión que sufrió la oficina del Consejo de la Magistratura en donde se guardaban las declaraciones juradas de muchos jueces, que fueron abiertas. Entre los magistrados afectados estaban los del tribunal que debía decidir la suerte de la expresidenta, incluido Jorge Gorini, encargado ahora de hacer cumplir la pena contra la expresidenta, que también encontraría frente a su domicilio un paquete extraño antes de fallar. La detonación policial revelaría que en su interior solo había mandarinas.Denuncia y procesamiento El expediente que la Corte clausuró hoy se originó formalmente en 2016, tras una auditoría interna realizada por Vialidad Nacional, en ese entonces en manos de Javier Iguacel, que fue quien hizo la denuncia inicial, en donde no estaba incluida la expresidenta, pero sí el empresario patagónico Lázaro Báez y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros. Hubo, sin embargo, denuncias previas. Una en 2008, impulsada por distintos dirigentes de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió. El caso recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien sí involucró a la expresidenta en la maniobra investigada, al entender que, por su investidura y por los estrechos lazos comerciales que mantenía con Baez, el principal beneficiario de las irregularidades, Cristina Kirchner no podía quedar al margen de los desmanejos en la obra pública santacruceña durante los 12 años investigados.Junto con otros funcionarios, nacionales y provinciales, Cristina Kirchner fue procesada ese mismo año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y asociación ilícita, un cargo que acompañó a la exmandataria hasta último momento, pero siempre como acusación. Ercolini, el primer magistrado en intervenir en el expediente, quedó en la mira del kirchnerismo desde que se conoció su viaje a Lago Escondido. También le achacaron que su pareja hubiera trabajado como asesora de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2017, el procesamiento de la expresidenta fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, que despejaron el camino para que la causa sea elevada a juicio oral. Bruglia hizo especial énfasis en los "distintos vínculos comerciales" entre Báez y Cristina y su familia, por lo que la expresidenta "habría tenido un marcado interés en asegurar" el despliegue de la maniobra. La actividad hotelera y el alquiler de propiedades ya habían sido señaladas por el fiscal Pollicita como posibles vehículos para el lavado de dinero. Bruglia es otro de los magistrados alcanzado por la teoría del "lawfare": son recurrentes los cuestionamientos desde el kirchnerismo por haber sido trasladado a la Cámara Federal porteña durante el macrismo. En la instrucción y en el requerimiento de elevación a juicio, también trabajó el fiscal Ignacio Mahiques. Junto a Pollicita, pidió que la expresidenta, Báez, De Vido, López y otros nueve funcionarios fueran llevados a juicio oral y público. La imputación general que pesó sobre el conjunto fue la existencia de una asociación delictiva constituida sobre la base de una clara división de roles para "sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos", principalmente los asignados a la obra pública de la provincia patagónica.Sobre la expresidenta, en particular, los fiscales hicieron caer la acusación de ser coautora de la asociación ilícita, en calidad de jefa, y de administración fraudulenta agravada. Se le atribuyó haber ejecutado la "dirección, ejecución y subsistencia" de esa matriz de corrupción. A criterio de los fiscales, de haber querido, la expresidenta podría haber desbaratado la organización con solo desplazar a los miembros estratégicos en esa cadena. "Es imposible saber lo que hace cada funcionario", diría más tarde Cristina Kirchner en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio. "Me enojé mucho", diría respecto al video del exfuncionario López con los bolsos llegando al convento con 9 millones de dólares. López había estado junto a los Kirchner y sus gobiernos desde la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos.Entre otras cuestiones, los fiscales le imputaron a Cristina Kirchner la aprobación del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, y la autorización a través de decretos de diversas ampliaciones en las partidas destinadas al Ministerio de Planificación.Pollicita y Mahiques citaron al juez Ballesteros que, al confirmar el procesamiento, señaló que la expresidenta no tuvo un mero rol pasivo en el desarrollo de la maniobra, al incumplir solo con su deber de funcionario. A criterio del juez, la expresidenta puso el "poder de su jerarquía" al servicio "una maquinaria para detraer fondos" públicos.El fiscal Mahiques también fue cuestionado por el kirchnerismo. Le reprochan ser hermano de Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. El juicio y condenaElevado a juicio, el caso pasó a manos del Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales ante el TOF, Diego Luciani y Sergio Mola, se plegaron al criterio de sus colegas en instancias previas. Incluyeron como parte de la acusación el "plan limpiar todo", una serie de chats que darían cuenta de un operativo para, tras los comicios que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia, disimular los desmanejos en la obra pública santacruceña. Se incorporaron como prueba tras un peritaje al teléfono de López luego de su detención. Luciani es recordado por ofrecer un encendido discurso en su alegato final. "Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión". Se dirigía a Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, ambos titulares del TOF 2, y a Andrés Fabián Basso, el único de los magistrados que se pronunció en favor del delito de asociación ilícita.En diciembre de 2022, los magistrados condenaron a la dos veces presidenta por el delito de fraude agravado con una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es la pena que hoy fue confirmada por la Corte. Señalaron la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra pública, que abarcaban la conformación misma de Austral Construcciones -la firma insignia de Báez-, competencias simuladas con otras firmas, adelantos exclusivos en los pagos, la falta de cumplimiento en los plazos y la falta de control de las autoridades locales, entre otras. Sin embargo, por mayoría, el tribunal hizo caer la acusación por asociación ilícita. El argumento central fue que todas las maniobras de fraude -las múltiples licitaciones simuladas, por ejemplo- constituyeron un único y mismo delito que se estiró en el tiempo, y que, por lo tanto, no se le podía imputar a Cristina Kirchner el delito de asociación ilícita, que exige una pluralidad de actos delictivos. Otra interpretación que benefició a la expresidenta y sus exfuncionarios. En soledad, el juez Basso afirmó que de las actuaciones surgía con claridad que se habían realizado por lo menos 52 proyectos delictivos distintos.La instancia oral no quedó inmune a los cuestionamientos por "lawfare": desde el kirchnerismo señalaron con insistencia que el fiscal Luciani compartía con el juez Gorini el equipo de fútbol amateur Liverpool, inscripto en el torneo que se desarrollaba en la quinta del expresidente Macri "Los Abrojos".La CasaciónEl criterio mayoritario del TOF sería ratificado luego por la Sala IV de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país en materia penal, también por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Por su parte, el juez Gustavo Hornos, que lideró la votación, siguió la línea de Basso y el Ministerio Público Fiscal. Entre otras cuestiones, sostuvo que eran más de 50 licitaciones vinculadas al lavado de dinero investigado en operaciones de lavado de activos investigadas en las causas "Hotesur" y "Los Sauces".En la apelación que hizo del fallo, la expresidenta sostuvo respecto a Hornos y Borinsky que "mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos". Algo similar dijo sobre el fiscal Mola: "Visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades".El fiscal ante la Casación, Mario Villar, extendió la postura del Ministerio Público ante la Corte y apeló el sobreseimiento por asociación ilícita. Su planteo fue escuchado por el procurador Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, pero no por el máximo tribunal, que rechazó in limine y dio por concluido el proceso.Quién los designóLa mayoría de los fiscales y jueces que intervinieron en el proceso fueron impulsados en el Senado y designados luego por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se impulsó y designó al fiscal Pollicita (2005) y al juez Ercolini (2004), que iniciaron la investigación.El camarista Ballesteros (2008), los jueces Gorini y Giménez Uriburu (ambos en 2011), el fiscal Luciani (2013) fueron promovidos durante las presidencias de Cristina Kirchner. Lo mismo que el camarista Borinsky (2011), el juez Basso (2015) y el fiscal Mahiques (2015).Durante el gobierno de Macri fue nombrado el fiscal Mola (2018) y el camarista Barroetaveña (2018), que había sido designado juez por Néstor Kirchner (2005), así como el fiscal Villar (2018). También en ese período fue trasladado a la Cámara por decreto el camarista Bruglia, designado juez en 1993.También durante el menemismo, finalmente, fueron designados el camarista Hornos (1995) y el procurador Casal (1992).En tanto, Ricardo Lorenzetti fue nombrado como juez de la Corte por Néstor Kirchner en 2004, mientras que Rosatti, que fue ministro de Justicia del expresidente, y Rosenkratz, fueron designados por Macri, primero por decreto y luego con acuerdo del Senado.
Desafiante, a los gritos, golpeando el estrado y mirando a la cara a los jueces, Cristina Kirchner descalificó al tribunal que finalmente la condenaría en la causa Vialidad en su única declaración presencial durante el proceso. "Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", les dijo la mañana del 2 de diciembre de 2019, apenas una semana antes de asumir como vicepresidenta de la Nación. Con el peso de haber triunfado en primera vuelta con su estrategia de unir el peronismo en el Frente de Todos y promover a Alberto Fernández a la cima de la boleta.Hizo uso de ironías y, rodeada de sus exfuncionarios más fieles, descalificó al Tribunal Oral Federal 2."El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no se como tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas", ironizó.Dijo que había estado "dos años sin fueros por voluntad propia". Y sugirió: "Bastó que fuera electa senadora. La construcción mediática del Gobierno buscaba decir que no podía ir presa porque tenía fueros".Acusó al gobierno de Mauricio Macri de tener "una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle la empresa o para que diga algo en los medios". El mensaje de Cristina Kirchner tenía como destinatarios a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y José Torello, los principales asesores judiciales de Macri, pero también mencionó al ministro de Justicia, Germán Garavano y al secretario Legal y Técnico e histórico abogado de Macri, Pablo Clausellas. No había registros históricos de lo que ocurrió aquel día en los tribunales de Comodoro Py: una expresidenta, elegida vicepresidente, que declaraba en un juicio oral y público y que hacía tal exhibición de poder, poniéndose por encima de los jueces, a los que directamente desconoció como representantes de la ley.En la sala de audiencias, denominada AMIA porque allí se hizo el primer juicio oral por el atentado contra la mutual judía, la acompañaron Eduardo "Wado" de Pedro; Eduardo Valdés; Abel Fatala; Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo (LF); Martín Sabbatella; Adolfo Pérez Esquivel; Juan Cabandié; Jorge Taiana; Estela de Carlotto; Aníbal Fernández; Florencia Saintout, y Juan Martín Mena, entre otros. Algunos de ellos se preparaban para asumir cargos de relevancia.Ni Lázaro Báez ni Julio De Vido ni José López, acusados en el juicio que estaban presos, pidieron ser trasladados para escuchar la indagatoria de la expresidenta.Carlos Zannini llegó tarde. Una hora después de que Cristina había comenzado declarar se lo vio deambular por la planta baja del edificio. Se acreditó en el sexto piso, donde están las oficinas del tribunal, y después se encontró con su abogado Mariano Fragueiro.Cristina Kirchner se refirió con frecuencia a la prohibición del tribunal de transmitir en vivo su indagatoria. El clima en la sala de la audiencia era tenso. La expresidenta se refirió señalándolos con el dedo con frecuencia a los jueces que integran el tribunal. Rodrigo Giménez Uriburu, quien presidía, manejó la audiencia hasta que promediaba, ante la vehemencia de la acusada. Tuvo dos incidencias cuando Cristina se interrumpió y mirándolo fijamente le dijo, como si se tratara de un ayudante de ella: "Infórmeme, por favor, cuántas audiencias lleva este juicio". El juez le contestó con calma: "En otras circunstancias, con gusto, pero en este momento está en indagatoria". "Acá me hacen señas con la mano que cinco", le respondió Cristina.Otro momento de zozobra ocurrió cuando el ruido de un taladro se filtró en la sala y le impidió a Kirchner continuar. "¡Por favor, no puedo gritar!", se quejó la expresidenta. Giménez Uriburu pidió al secretario: "Por favor, haga cesar esa molestia", y ordenó un cuarto intermedio de cinco minutos, que bastaron para que el funcionario saliera de la sala y les pidiera a los trabajadores que interrumpieran su tarea.Más allá de esas escenas, hasta allí todo transcurría con normalidad, como en cualquier juicio. Pero cuando Cristina se apartó del guion que había preparado su abogado, Carlos Beraldi, y empezó subir la voz, la audiencia se desvirtuó. Por momentos habló tan fuerte que su declaración, que se hizo en el subsuelo, se escuchaba desde los pasillos de tribunales de la planta baja, sin necesidad de entrar a la sala.Nadie la interrumpió, ni los jueces ni los querellantes, mientras la platea la aplaudía a rabiar.Las últimas palabrasCristina Kirchner volvió a hablar en el juicio tres años después, en lo que fueron sus "últimas palabras". Lo hizo por teleconferencia. "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento", afirmó.Y añadió: "Últimas palabras, nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido. Si el 2 de diciembre de 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me ha tocado vivir, fui muy generosa. En realidad, este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició a partir de la increíble diatriba -no se puede denominar acusación o alegato- de los 20 días en los que los fiscales se dedicaron a actuar cual editorial de clarín o la nación. Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios".El fiscal Diego Luciani ya había pedido una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. La mitad de lo que finalmente fijaría el tribunal. "Durante 20 días, inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron y mintieron. Y finalmente, un 1° de septiembre, después de que aquel 22 de agosto, 50 años después de algún otro fusilamiento más trágico que tuvo la historia (Masacre de Trelew)...". En ese punto, Cristina vinculó el intento de homicidio en su contra de 2022 con el fiscal Luciani: "El 1° de septiembre, una persona (Sabag Montiel) disparó. La mujer que lo acompañaba (Brenda Uliarte), lo seguía en Facebook al fiscal (Diego) Luciani". "¿En serio creen que nuestro gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno, que entregó un país desendeudado? ¿El de Néstor Kirchner, que le pagó al FMI? ¿Nosostros estafamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy?", enfatizó.Cristina Kirchner sostuvo que "esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene por objetivo, y tuvo por objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y, fundamentalmente, a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio. No porque se me ocurra a mí, sino porque las votaciones determinaron darme ese lugar".En ese sentido, volvió sobre la idea de un "Partido Judicial que vino a sustituir al viejo Partido Militar, que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba a la democracia". "Hoy, el Partido Judicial también cumple este rol, obturar las posibilidades de expresión en democracia y fundamentalmente, estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en Argentina", subrayó.Denunció que la sentencia estaba escrita desde el día uno: "No tengo dudas de que esta causa va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en Argentina en este período tan nefasto en que los juzgados han dejado de ser juzgados para convertirse en partidos políticos".
El fiscal Diego Luciani fue nombrado en 2013, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en 2011, mientras que Andrés Basso en 2015
Un juez federal suspendió el viernes la aplicación de una nueva ley de Florida que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que entran al estado. La legislación fue aprobada en febrero por el gobernador, Ron DeSantis, y desde su anuncio generó polémica por sus implicaciones para la comunidad migrante de EE.UU.Juez bloquea la ley de Florida que criminaliza a los migrantes indocumentadosUn tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden de la jueza federal de distrito Kathleen Williams, que bloqueaba la ley SB4-C, un proyecto que fue calificado como antiinmigrante por convertir en delito la entrada de personas indocumentadas al estado.En abril de este año, Williams emitió una orden judicial preliminar para bloquear la ley. En respuesta, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó al Tribunal del Undécimo Circuito de EE.UU., en Atlanta, que suspendiera el fallo, pero de forma unánime los tres jueces se negaron, y la legislación permanecerá inválida mientras el caso continúa.Los jueces señalaron que su decisión "no resuelve definitivamente" si la ley federal de inmigración prevalece sobre la estatal, pero indicaron que Uthmeier no cumplía con los requisitos para una suspensión.La decisión de los jueces Jill Pryor, Kevin Newsom y Embry Kidd fue aplaudida por miembros de la American Civil Liberties Union (ACLU). Cody Wofsy, diputado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, comentó: "Es hora de que los estados entiendan el mensaje: las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales".Por su parte, Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, dijo: "Este fallo no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política". "La SB4-C fue un flagrante abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes y dividir a nuestras comunidades. Pero la Constitución no se deja vencer por el teatro político. Esta decisión nos recuerda que, por muchas veces que intenten retrasar la justicia, los enfrentaremos en los tribunales y en las calles, siempre", agregó Jackson.Qué dice la ley SB4-C: puntos claveLa ley, aprobada en febrero por DeSantis, tipificó como delito estatal que los inmigrantes indocumentados ingresan o reingresan a Florida. La Legislatura, controlada por los republicanos, expresó que la legislación tiene como objetivo facilitar la implementación de las políticas del presidente Donald Trump para prevenir la inmigración ilegal.La legislación también impone sanciones penales obligatorias y progresivamente más severas, según la reincidencia y el historial delictivo y, en casos extremos, contempla la pena de muerte si los acusados son condenados por delitos capitales.Puntos clave de la ley SB4-C de Florida:Criminalización de entrada y reingreso ilegal: se crean artículos para tipificar como delito el ingreso o reingreso a Florida por parte de extranjeros indocumentados, con penas que van desde nueve meses hasta cinco años de prisión, según la reincidencia y antecedentes penalesExcepciones y defensa afirmativa limitada: se permite una defensa si el extranjero fue testigo, denunciante o víctima de un delito en Florida y fue identificado en ese contexto. No se aplicará la ley en ese caso.Pena de muerte para delitos capitales: se establece que un extranjero no autorizado condenado por un delito capital debe recibir sentencia de muerte.
Para el senador nacional por Córdoba "es más fácil victimizarse atrás de Cristina Kirchner que organizar un partido con dirigentes decentes". Leer más
Oscar Parrilli anunció un estado de alerta en el PJ y una movilización pacífica contra la "persecución" a Cristina Kirchner. Además, alertó sobre la fuga de 3000 millones de dólares desde diciembre y criticó la nueva deuda: "Quieren que la clase media saque sus dólares". Leer más
"Se van a victimizar. Va a haber momentos de extrema tensión", aseguró el senador nacional por Córdoba. Leer más
El portavoz del PP, Miguel Tellado, critica el apoyo del Gobierno al fiscal general procesado y exige la comparecencia de Sánchez tras acusaciones de "lawfare" y vínculos con la justicia
El proceso comenzará con la toma de protesta de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Este lunes, hubo un giro sorpresivo en la causa judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively. Después de que la actriz denunciara a su compañero y director en el film Romper el círculo por acoso sexual, represalias, daños emocionales, incumplimiento de contrato e invasión de la privacidad, el actor redobló la apuesta demandándola a ella, a su marido, Ryan Reynolds, y a su publicista, Leslie Sloane, por extorsión y difamación. Este lunes, la justicia desestimó su pedido de 400 millones de dólares, junto con otra demanda de 250 millones de dólares que había presentado contra The New York Times. â? Según los abogados de Lively, este fallo se trata de una "victoria" y "reivindicación" para la actriz. â? Todo comenzó a fines de 2024, cuando Lively denunció a su coprotagonista por acoso sexual en el set. Tras negar los dichos de la actriz, Baldoni acudió a la justicia en enero de este año e hizo una contrademanda, en la que alegó que tanto Reynolds como la representante de la actriz habían realizado declaraciones dañinas en su contra. A su vez, inició otra demanda contra el prestigioso medio estadounidense por acusar a su productora, Wayfarer, de orquestar una campaña de desprestigio contra la actriz; además de dar "comunicaciones seleccionadas y alteradas, desprovistas del contexto necesario y deliberadamente fusionadas para engañar". La semana pasada se supo que la demanda de Baldoni estaba tambaleando porque se basaba en gran medida en un mensaje de texto del periodista James Vituscka que afirmaba que la representante de Lively le había dicho que la ex Gossip Girl fue "agredida sexualmente" por el actor. Sin embargo, hace unos días, Vituscka se retractó: "Quise decir 'acosada sexualmente'. Lamento este error", escribió en una declaración legal.Esta mañana, el juez Lewis J. Liman aseguró que el tribunal no encontró pruebas de que ninguna de las partes actuara con la "malicia real" necesaria para probar la difamación. "Baldoni y su compañía productora, Wayfarer Studios, no han alegado que Lively sea responsable de ninguna declaración aparte de las que forman parte de la denuncia presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, que son privilegiadas", dice el documento escrito por el juez. Y continuó: "Los representantes de Wayfarer han alegado que Reynolds y Sloane hicieron declaraciones adicionales acusando a Baldoni de conducta sexual inapropiada y que el Times hizo declaraciones adicionales, acusándolos de participar en una campaña de desprestigio. Sin embargo, desde Wayfarer no han alegado que Reynolds, Sloane o el Times hubieran dudado seriamente de la veracidad de estas declaraciones con base en la información disponible, como se requiere para que sean responsables de difamación según la ley aplicable. Por consiguiente, la Demanda Enmendada debe desestimarse en su totalidad".Si bien el equipo legal de Baldoni puede presentar una queja enmendada (solo por las acusaciones de interferencia tortuosa con el contrato y violación del pacto implícito) hasta el 23 de junio, los abogados de Lively consideran que esta decisión es una victoria para su clienta. "La decisión de hoy es una victoria total y una completa reivindicación para Blake Lively. Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de '$400 millones' era una farsa, y el tribunal lo vio claramente", expresaron Esra Hudson y Mike Gottlieb en un comunicado. Mientras tanto, la demanda de la esposa de Ryan Reynolds contra Baldoni por acoso sexual en el set sigue activa. De hecho, el juicio está programado para marzo de 2026. "Estamos esperando con ansias la próxima ronda que busca honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos contra Baldoni, [Steve] Sarowitz, [Melissa] Nathan y las demás Partes Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo", explicaron los letrados sobre la próxima instancia.La decisión de Blake LivelyA principios de junio, Blake Lively fue noticia por retirar algunas de las demandas que había presentado contra Baldoni. Según trascendió, sus abogados solicitaron que se retiraran y desestimaran las demandas por los "daños emocionales causados intencionalmente" y por los "daños emocionales causados por negligencia". Kevin Fritz, abogado de Baldoni, presentó una carta dirigida al juez Lewis J. Liman, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando "una orden que obligue a Blake Lively a identificar a sus proveedores de atención médica y de salud mental" mediante la firma de una autorización especial para acceder a las notas de terapia y a la información médica pertinente que corroboren los daños emocionales denunciados por la actriz.El documento añade que "en lugar de cumplir con el pedido", Lively pidió retirar las alegaciones de angustia emocional sin perjuicio. El letrado alega que hacer esto significa que la actriz se niega "a revelar la información y los documentos necesarios para probar que sufrió algún tipo de angustia emocional" durante el rodaje de la película Romper el círculo, y pretende "mantener el derecho a volver a presentar sus demandas en un futuro, en este u otro tribunal"."Esta es una parte rutinaria del proceso de litigio que se está utilizando como un truco de prensa. Estamos haciendo lo que hacen los abogados litigantes: preparar nuestro caso para el juicio, racionalizándolo y enfocándolo; ellos están haciendo lo que hacen: buscar desesperadamente otra ronda cansina de cobertura sensacionalista", respondieron por su parte los letrados Hudson y Gottlieb.
La DAJuDeCO es el área encargada de brindar apoyo a juzgados de todo el país. Un informe registró el fuerte incremento de la demanda de los ministerios públicos fiscales y de la acusación
El caso ya está en el fuero porteño, desde donde hicieron lugar a un pedido de la familia para evitar que se vulnere la memoria del artista británico
Un tribunal federal de Nueva York rechazó las reclamaciones multimillonarias de Justin Baldoni y su productora contra Blake Lively, Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times, limitando el avance de la batalla legal
La juez Delia Rodrigo cita a Víctor de Aldama en el marco de la investigación sobre el contrato de la RFEF para la Supercopa en Arabia Saudí, recogiendo declaraciones previas y la implicación de Kosmos
El juez Calama decreta la busca y captura de Khadem Al Qubaisi por blanqueo de capitales relacionado con la venta de la Torre Cepsa y ordena el decomiso de más de 34 millones de euros
El CGPE busca facilitar un proceso de mediación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Legislativo para abordar la reforma del acceso a la carrera judicial, promoviendo una discusión constructiva y neutral
El Ministerio de Justicia abre solicitudes para 1.300 becas SERÉ, con una inversión de 15,6 millones de euros y un incremento significativo en la ayuda económica para opositores a diversas carreras jurídicas
La magistrada pide también al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que tenga en cuenta que este movimiento el expresidente de la Diputación de Badajoz
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial admitió un recurso de inconstitucionalidad para que el máximo tribunal salteño analice el cuestionamiento de la querella a los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Rubén Aranibar por supuesta parcialidad.
ROSARIO. El 18 de febrero de 2011, el sargento Hernán Diego Solís se suicidó con un disparo en la cabeza. Era el jefe de la sección Armamento del Batallón N°603 del Ejército Argentino. Aquel día empezó a revelarse la oscura trama del robo de fusiles FAL de uso oficial que terminaron en manos de grupos criminales de Brasil y Paraguay, como el Primer Comando Capital (PCC). La extraña y repentina muerte de Solís sirvió para que los militares implicados cargaran toda la responsabilidad en el suboficial fallecido.El descontrol era tan profundo que aún hoy no se sabe cuándo se robaron 43 fusiles FAL del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. La causa se inició hace 14 años, cuando en Brasil y en Paraguay empezaron a aparecer, en enfrentamientos con narcotraficantes, fusiles que tenían el escudo argentino y la marca Fabricaciones Militares (FM).La causa la tuvo el juez federal Marcelo Bailaque, que está acusado de tres causas por corrupción y por favorecer a los narcos de Rosario y se prevé que será suspendido por el Consejo de la Magistratura el próximo 17 de junio. Recién esta semana procesó a siete militares por el robo de este armamento, luego de que el fiscal federal Javier Arzubi Calvo desempolvara este caso emblemático que había quedado perdido en los estantes del juzgado federal N°4. Se sospecha que con las 2500 partes de FAL que también se robaron se podrían haber ensamblado unos 400 fusiles de asalto automáticos. En el Batallón N°603 el robo de armas y municiones parece sistemático. LA NACION reveló el 20 de febrero de 2015 la sustracción de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32, que terminó con la apertura de una causa judicial contra militares de esa dependencia y el cierre del batallón, ordenado por el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi. En 2022, el batallón se reabrió como planta de recuperación y modernización de vehículos.Secuestro y denunciaLa División de Asuntos Internacionales de Interpol avisó a la Justicia Federal de Rosario el 10 de mayo de 2011 que â?? según información de la Embajada de Brasil en Argentina- el 11 febrero de ese año en Aracatuba, San Pablo, la Policía Federal de ese país secuestró un fusil FAL que tenía la particularidad de que varias partes del arma poseía cuatro numeraciones diferentes. Además, el fusil tenía grabado el escudo argentino y la inscripción Ejército Argentino.La hipótesis es que esas armas fueron adquiridas de manera ilegal por el PCC, según indicaron fuentes de la Justicia federal. En Brasil se investigó y condenó a Getulio Morgado Sánchez, un narco que traficaba armas desde Paraguay. La Policía Federal de Brasil detuvo a este hombre y a Marcos Grubisich Junior, Gleizon Benites Gaona, William Roberto De Souza, acusados de tráfico ilegal de armamento y narcotráfico. Cuando detuvieron a estos narcos los efectivos brasileños secuestraron un fusil FAL que aparentemente provenía del Ejército argentino. Ese fusil tenía varias partes con numeraciones distintas, como 15214, 07148, 15627 y 47202. Según expertos, es frecuente que en este tipo de armamento los grupos criminales intercambien partes para evitar que el arma sea identificada.Se detectó luego que el fusil FAL N°15214 había desaparecido en el Batallón de Arsenales N°603, en Fray Luis Beltrán. El coronel Enrique Antonio Battezzatti, jefe del batallón, realizó la denuncia del faltante de ese fusil el 19 de febrero de 2011. En su presentación sostuvo que un día antes se había verificado que esa arma no estaba en el "depósito de armamento". Claro: había aparecido una semana antes en San Pablo.La presencia de fusiles FAL argentinos en manos del crimen organizado brasileño empezó a repetirse ese año. El 14 de septiembre de 2011, la Policía Federal brasileña secuestró drogas y armas en Peabiru, Paraná. Entre el armamento incautado figuraban tres FAL con la numeración 47703, 85768 y 15522. El primero era uno de los informados como faltante en el Batallón N° 603. También se determinó que el FAL N° 15522 había estado asignado al Batallón N°601 de Boulogne. La desaparición de esa arma dio origen a la causa que se tramitó en el juzgado federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.También se secuestraron fusiles FAL del Ejército argentino en Paraguay, en manos de individuos que, según el expediente, tenían vinculación con PCC. El 14 de junio de 2011 la policía paraguaya se enfrentó en Asunción con seis personas fuertemente armadas, tres de ellos paraguayos y otros tres, brasileños. Dos murieron en el enfrentamiento; se secuestraron dos fales con sus numeraciones limadas.Hubo otro hecho extraño: el coronel Battezzatti declaró que el día que se detectó el faltante le ordenó al jefe de la sección Armamento de la Compañía de Abastecimiento que se presentara para dar explicaciones. No lo hizo: el sargento Hernán Diego Solís se había suicidado en Buenos Aires.La causa en Rosario El caso escondía una trama más profunda: no faltaba solo un FAL, sino 400 y unas 2500 partes. A siete militares los procesaron por la "sustracción" de 43 fusiles.A lo largo de la investigación, los militares acusados cargaron las culpas y responsabilidades en el sargento muerto. También se detectó que había llamativas falencias en el sistema de seguridad de los arsenales. Según declararon las máximas autoridades del batallón, el armamento se guardaba en dos depósitos ubicados en la parte central del predio de Fray Luis Beltrán. En uno estaban las armas y en otro, los cerrojos y correderas. El depósito principal estaba monitoreado por cuatro cámaras de seguridad, pero solo durante el día. Además, los sensores de movimiento que se habían instalado no cubrían toda la superficie, ni tampoco las ventanas y puertas. Tampoco había una guardia fija, sino que â?? según el protocolo- la seguridad se cubría con una patrulla. En el otro depósito, donde se guardaban los cerrojos y correderas, directamente no había cámaras ni sensores de movimiento.A lo largo de esta extensa causa, que estuvo paralizada de manera llamativa en el juzgado del juez Bailaque se detectaron serias irregularidades en el área de arsenales del Batallón.Solís, el sargento que se suicidó, según declararon otros militares, entraba con su auto particular hasta los depósitos de armamento, algo que estaba prohibido. En el expediente, al que tuvo acceso LA NACION, se reveló que el suboficial contaba con autorización del teniente coronel Alejandro Eduardo Holm."Para controlar el depósito de armamento siempre se asignaban suboficiales y mecánicos armeros, y todos estaban muy por debajo de su jerarquía. O sea, por eso, nunca se pudo controlar ese depósito, porque él [Solís] nunca se encontraba en el deposito, ya que estaba autorizado a estar en Buenos Aires todas las semanas, de jueves a martes. Más o menos él estaba en la unidad 10 días al mes. Eso ocasionaba discordia y malestar entre los demás suboficiales, ya que él nunca cumplía ningún tipo de servicio, no se presentaba en ninguna formación diaria ni iba a ninguna parada militar â?? en la vía pública- porque estaba autorizado por Holm", declaró Héctor Vicente Mastracchio, encargado del Centro de Operaciones Materiales del batallón.La causa de las municionesLos robos de municiones y de armas en el Batallón N°603 parecen ser parte de un sistema. Esa dependencia se encuentra al lado de la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, donde también hubo sospechas de que había canales paralelos de venta de municiones.El 20 de febrero de 2015, LA NACION reveló que en el Batallón N° 603 se había detectado un faltante de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32. Tres años después, el juez federal Carlos Vera Barros procesó al primer y el segundo jefe del establecimiento militar: el coronel de Arsenales Guillermo Bonnefous y el teniente coronel Adalberto Fernández. También, a Jorge Luis Giandinotto, capitán de Arsenales; a Germán Alberto Vázquez, sargento de Arsenales, y a Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad, según fuentes del Ejército.Bonnefous, según declaró en el Juzgado Federal N°3 de Rosario, ordenó la auditoría tras enterarse a través de una red social que un grupo de militares había posteado versiones sobre el robo.En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de 2014, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, se advierte que en la auditoría dos militares declararon que "desde julio y agosto 2014 ya faltaban" las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal "fue obligado" por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló "sin novedad".Por estas falencias históricas en los controles y en el recurrente robo de armas y municiones, el Gobierno declaró en abril de 2024 como "zona militar" a las instalaciones de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán. Esto le permitía tener una custodia del Ejército.Al justificar aquella decisión, el presidente Javier Milei explicó en el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que era "de público conocimiento la situación de inseguridad por la que atraviesa la ciudad de Rosario y las localidades adyacentes", por lo que subrayó que "resulta imperiosa la adopción de mayores medidas de seguridad en forma urgente".Historia repetidaHace más de treinta años, la policía de Río de Janeiro secuestró, en una redada en una favela, un fusil con el escudo del Ejército Argentino y el número de serie 3834. Fue el primero de más de 300 fales y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 salidas de las matrices de las plantas de Fabricaciones Militares incautados en operativos contra el crimen organizado en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987, incluso, ya habían aparecido en manos del hampa brasileño más de un centenar de pistolas calibre 9mm y .45 de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y hasta 238 granadas FMK-2 que los narcos, atrevidos, arrojaban a los patrulleros para escapar entre detonaciones y fuego.
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El Gobierno bonaerense, a través del máximo asesor jurídico Santiago Pérez Teruel, obtuvo una propuesta de consenso para que vuelva a funcionar la feria. En una reunión convocada por el intendente lomense Federico Otermín acordó con feriantes y representantes del Gobierno nacional presentarle a la Justicia un camino de regularización fiscal y tributaria de los puestos.
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Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó este lunes la demanda presentada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta contra los aranceles del presidente Donald Trump. La jueza Jacqueline Scott Corley determinó que el caso no debe tramitarse en California, sino en el tribunal de comercio internacional con sede en Nueva York.Los motivos del rechazo a la demanda de Gavin Newsom a Donald Trump por los arancelesLa jueza Corley señaló que su tribunal carece de jurisdicción para tratar el litigio sobre las tarifas impuestas por Trump. Según consideró, el órgano competente es la Corte de Comercio Internacional, especializada en disputas arancelarias.De acuerdo a Politico, la magistrada rechazó transferir el caso de forma inmediata, como solicitaban los abogados de Trump. De este modo, dio lugar al pedido del estado de California de dejar abierta la vía para apelar ante el Tribunal del 9º Circuito.Sin embargo, la decisión representa un revés para Newsom y Bonta, que esperaban un fallo sustantivo a su favor en la Justicia federal de San Francisco. De todas maneras, ambos funcionarios apelaron el dictamen y confirmaron que seguirán adelante con el proceso.¿Cuál es el argumento de la demanda de California contra Trump por los aranceles?California fue el primer estado en demandar al presidente Trump por sus aranceles del llamado "Día de la Liberación". En abril, Newsom y Bonta presentaron el caso al considerar que el presidente de Estados Unidos se excedió en el uso de poderes de emergencia para imponer tarifas sin autorización del Congreso.La demanda se basó en la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional. Por su parte, Trump justificó los aranceles al argumentar que los déficits comerciales representaban una emergencia nacional."Creemos firmemente que este caso debe verse en un tribunal federal de distrito", afirmó Bonta en un comunicado tras conocerse el fallo. El funcionario agradeció que la jueza considerara su posición al desestimar la causa sin trasladarla automáticamente.Diferencias entre tribunales y estrategias legales contras las tarifas de TrumpEl fallo se conoce pocos días después de que otros dos tribunales también fallaran contra los aranceles de Trump:En Washington, un juez federal dio la razón a dos empresas importadoras de juguetes.En Nueva York, la Corte de Comercio Internacional también declaró ilegales las tarifas.El propio Newsom reaccionó a finales de mayo por uno de estos fallos: "Como dijimos al presentar nuestra demanda: estos aranceles son ilegales, punto. Han generado caos y perjudicado a las familias y empresas estadounidenses".Por su parte, Tara Gallegos, vocera de Newsom, subrayó que la decisión contra California fue puramente procesal. "Múltiples tribunales fallaron en contra del uso de poderes de emergencia por parte del presidente Trump", recalcó. Newsom celebró fallos paralelos contra los aranceles de TrumpPese a la decisión adversa, Newsom se mostró entusiasmado con el escenario judicial general. En el podcast MeidasTouch, ironizó sobre los reveses de Trump con una frase peculiar."Hoy llueven tacos", comentó el gobernador, en alusión al acrónimo TACO que usan inversores para describir los vaivenes de las tarifas. Las siglas significan "Trump Always Chickens Out" ("Trump Siempre Se Acobarda", en español).Ahora, el equipo legal de California confía en que el 9º Circuito, de tendencia progresista, podrá revertir el revés inicial y permitir que el caso sea juzgado. Allí, Newsom y Bonta esperan obtener un fallo favorable que impulse un nuevo precedente sobre el uso del poder ejecutivo para imponer tarifas.Además, la decisión podría tener implicancias políticas más amplias. Es que si el 9º Circuito avala la postura de California, otros estados también podrían sumarse con demandas similares contra la postura republicana.
La magistrada valida la grabación de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, destacando su relevancia en la investigación sobre las decisiones tomadas durante la emergencia de la dana
Los concejales Soher el Sukaria y Martín Juez se enfrentaron en las redes sociales. La macrista apuntó contra el senador Juez a quien le espetó "vivir cambiándose de camisetas". Dura respuesta del concejal Juez quien saltó en defensa de su padre. Leer más
Tras el anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner de que será candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral, el senador Luis Juez analizó su postulación y dijo que es un "acto de aprovechamiento extremo". Además, anticipó que la exmandataria llegará a un acuerdo con el gobernador Axel Kicillof, en medio de la interna."Lo de Cristina Kirchner es un acto de aprovechamiento extremo. Es candidata por La Matanza, nunca va a arriesgar nada. Nunca la van a encontrar con un pico y una pala. Necesita fueros y ha decidido que la provincia de Buenos Aires es un escenario muy importante. Va a terminar arreglando con Kicillof", sostuvo el senador en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+.Además, acusó que la expresidenta tiene "cero riesgos" al presentarse en la tercera sección. "El peronismo nunca perdió ahí. Que nadie vaya a pensar que Cristina va a ser diputada provincial para devolver la dignidad que los vecinos del conurbano perdieron. Cuando yo era senador y ella era vicepresidenta, venía cinco minutos y se iba", remarcó y continuó: "Es un animal político, nadie le va a quitar esas cualidades. Está claramente pensando en ella y en su situación procesal".Por otra parte, Juez se refirió a la sesión de este miércoles en Diputados, donde se aprobó la suba en jubilaciones y la moratoria previsional. Al respecto, el exintendente cordobés consideró que es injusto que una persona que tenga 30 años de aportes reciba lo mismo que el que nunca aportó. "El sistema está destrozado y a los responsables los veo preocupados. También estamos frente a tipos con cero escrúpulos; al Presidente le van a tirar con todos los temas sensibles porque no tienen límites", apuntó."Doy fe de que se puede hacer política pública sin robar, pero lo cierto en la Argentina es que su matriz sirvió para enriquecer a políticos. Se han gastado millones de pesos sin ningún beneficio para el ciudadano", continuó.En tanto, en medio del conflicto entre el gobierno nacional y el hospital Garrahan por reclamos salariales de los médicos residentes, Juez habló sobre la situación de su hija, que tiene parálisis cerebral, y afirmó que le irrita "la hipocresía con la que hablan dirigentes políticos que fueron funcionarios de salud". "Hay un altísimo grado de cinismo. Milagros tiene 24 años y nunca escuché a la política involucrarse en la discapacidad. A mí lo que me vinculó con el Presidente es que no hay oportunidad en la que yo hable con él y no me pregunte por ella. No me había pasado nunca", aseguró.A su vez, el senador consideró: "Yo no soy un fanático y no lo he sido nunca. Trato de ponerme en el lugar en el que mi mediana inteligencia me permite hablar con objetividad. Es cierto que hay un atraso en las prestaciones a las entidades que prestan servicios a discapacitados. Pero también es cierto que en este tiempo de populismo berreta hubo irregularidades".A modo de resolución, Juez indicó que las autoridades tienen que "investigar el reparto político de pensiones para discapacitados a punteros pero sin dejar atender los problemas". "Las dos cosas se tienen que hacer en paralelo. Es cierto también que de diciembre a la fecha no hubo ajuste en los aranceles [de los médicos]", cerró.
Identificado como O.C.G., el hombre fue expulsado del país sin notificación ni acceso a sus abogados, hasta que el fallo judicial le permitió regresar bajo nuevas condiciones
Martina Hernández De la Cruz negó vínculos con la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y aseguró que la PNP le sembró dinamita en su casa
Una orden judicial impide, temporalmente, la expulsión de la esposa y los cinco hijos de Mohamed Soliman
El sociólogo y politólogo repasó en la 750 los principales puntos de las elecciones celebradas el domingo pasado en el país del norte.
Una decisión judicial permitirá a más de 100 migrantes apelar su traslado a una prisión de Centroamérica desde territorio estadounidense
Tras el escándalo por el documental Justicia Divina que derivó en la nulidad del debate donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, denunció a la jueza Julieta Makintach, quien tenía un rol estelar en al docuserie, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales. Se trata del primer paso de un eventual jury de enjuiciamiento, que podría derivar en la destitución de la magistrada.La semana pasada, tras la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal exhibió las pruebas que vinculaban a la jueza Makintach con el documental, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia compulsiva de 90 días para la magistrada.La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona"La medida surte efecto desde el día de la fecha y se extiende por 90 días. Por la naturaleza de los hechos involucrados y la urgencia del caso, se dispuso trasladar la resolución al Procurador General [por Conte Grand], a fin de que evalúe el actuar de la doctora Makintach en los términos de la Ley N° 13.661 (de enjuiciamiento de magistrados) en orden a la pertinencia de la acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires", se había informado desde el máximo tribunal en un comunicado de prensa.Noticia en desarrollo
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires inició el trámite ante la Secretaría de Enjuiciamiento.Es por la grabación de un documental durante las audiencias, que terminó arruinando el juicio oral.
El juez Santiago Pedraz extiende la investigación del caso hidrocarburos hasta diciembre, a la espera de informes sobre un presunto fraude fiscal que asciende a 231,7 millones de euros
La jueza Julieta Makintach, recientemente apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona, se vio envuelta en un incidente mientras era entrevistada por un móvil de televisión. El hecho ocurrió cuando, al bajarse de su automóvil, la magistrada olvidó activar el freno de mano, lo que provocó que el vehículo se desplazara hacia atrás y chocara contra un cesto de basura y contra otro vehículo. ¿Cómo fue el incidente?Las imágenes del accidente, captadas por las cámaras de América TV, muestran al periodista mientras se acerca a Makintach para solicitar una declaración. "Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puede ser un minuto? Queremos saber cómo estás. ¿Puede ser?", preguntó el cronista, mientras la jueza intentaba evitar ser grabada. Ante la insistencia del periodista, Makintach finalmente respondió: "No, apagame la cámara, te pido por favor. No, les pido por favor".La jueza MakintachMientras la jueza de 47 años intentaba no ser grabada, su auto comenzó a moverse hacia atrás debido a la falta del freno de mano. En la secuencia, se escucha al periodista advertir: "Uy cuidado, cuidado. Cuidado la puerta". El auto impactó primero contra un árbol y luego contra un cesto de basura. "No, no. Este daño lo van a pagar ustedes", recriminó la jueza al equipo de televisión.Ante la situación, el periodista le exigió a Makintach que activara el freno de mano. Finalmente, fue el camarógrafo quien logró detener el vehículo. "No puedo, no puedo. No, no. Estoy en colapso. Por favor, les pido. Les pido humanidad", se justificó la jueza antes de que el equipo de televisión decidiera retirarse del lugar.¿Qué dijo el dueño del auto chocado?Según informó Fernando, el camarógrafo que se encontraba allí, se acercó al dueño del auto chocado luego del incidente y le preguntó si tenía su auto estacionado ahí. El señor se sorprendió y le dijo que sí, que se había dado cuenta. "Lástima que no tengo imágenes sobre lo acontecido, no sé a quién culpar", aseveró. El dueño del auto chocado le dijo al periodista que no lo podía creer y que era la segunda vez que le pasaba con la jueza. La vez anterior tenía un rayón el auto e intuía que podía ser de la vecina.¿Por qué Makintach fue apartada del caso Maradona?Una semana antes del incidente, Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona debido a su participación en la producción de una miniserie documental sobre el caso, titulada Justicia Divina. El proyecto incluía grabaciones no autorizadas y comprometía la objetividad del proceso judicial.El apartamiento de Makintach llevó a la suspensión y posterior anulación del juicio. El Tribunal consideró que su implicación perjudicaba tanto a las defensas como a las partes acusadoras. Como consecuencia, se deberá conformar un nuevo tribunal, lo que probablemente retrase el inicio del nuevo juicio hasta finales de 2025 o inicios de 2026.¿Qué medidas se tomaron contra Makintach?La Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días y remitió el caso al procurador general para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político. Asimismo, se interrumpieron sus actividades en la Universidad Austral, donde impartía clases de Derecho Penal.
El abogado constitucionalista declaró que la estrategia de "imposición" del Gobierno está alejada de lograr un acuerdo con las fuerzas opositoras y alcanzar los dos tercios necesarios para nombrar los integrantes del máximo tribunal. Leer más
Está acusado de extorsión y de favorecer a un jefe narco. La Cámara de Casación ratificó su detención en prisión domiciliaria. Pero no se hará efectiva porque tiene fueros. En dos semanas tiene que presentarse en el Consejo de la Magistratura
"A mí pagame los pasajes y los tres días que estoy en Buenos Aires. Soy abogado penalista. Vivo de eso hace 40 años", aseguró el senador nacional por Córdoba. Leer más
"Con la mayor brevedad posible y con la premura que el caso amerita". Así, con urgencia, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron que se realice el sorteo para designar a los jueces que deben estar a cargo del nuevo juicio donde se debe develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona.La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego MaradonaLa presentación fue hecha ayer, cuando se cumplió una semana del apartamiento de la jueza Julieta Makintach tras las contundentes pruebas de su participación estelar en el documental Justicia Divina, la docuserie sobre el juicio que provocó que el debate, que había comenzado el 11 de marzo pasado, se declarara nulo."A fin de asegurar el más alto grado de transparencia y garantizar la legitimidad de los actos procesales venideros, solicitamos respetuosamente a 'vuestra excelencia' [sic] que, salvo mejor criterio, se notifique a estos acusadores públicos, así como a la totalidad de los particulares damnificados y asistencias técnicas de los acusados a los efectos de formalizar el sorteo correspondiente a la mayor brevedad posible y con la premura que el caso amerita. Asimismo, entendemos oportuno que, además de garantizar la presencia de las partes, dicha desinsaculación se realice de forma manual o mediante el sistema tradicional de 'bolillero' en pos de evitar el ulterior cuestionamiento sobre mecanismos digitales de estilo", sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal en la presentación que hicieron ante el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón.Además, Ferrari e Iribarren solicitaron que "en atención a las características del presente juicio y en particular el tiempo que demandará la realización efectiva del debate, proponemos que se proceda a la designación de un cuarto magistrado o juez sustituto. Ello así, pues si bien no existe previsión concreta en el ritual provincial [Código Procesal Penal bonaerense] que aluda a aquella posibilidad, no es menos cierto la necesidad de proceder de ese modo en vistas a garantizar la efectiva realización del juicio oral y público aludido". El juicio fue declarado nulo por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, 48 horas después del apartamiento de la jueza Makintach tras la recusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, los abogados que representan a los particulares damnificados y los defensores de los siete acusados."Finalmente, se destaca la imperiosa necesidad de asegurar la celeridad en la radicación y desarrollo del juicio oral, garantizando así el pleno respeto a los derechos de las víctimas conforme a la Ley 27.372 como también los derechos de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable", afirmaron los fiscales en la parte final de la presentación.Los acusados que deberán sentarse una vez más en el banquillo de los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.
En su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, la testigo ha descrito que las llamadas a Emergencias eran descontroladas
El Ministerio de Justicia defiende una reforma del acceso judicial y fiscal, rechazando críticas de asociaciones y enfocándose en la necesidad de modernizar un sistema considerado anticuado por la Comisión Europea
Un informe oficial del Instituto Malbrán al que accedió Infobae le informó al juez federal Ernesto Kreplak las bacterias detectadas en la drogra de uso clínico del laboratorio HLB Pharma. También identifica las provincias que registraron los brotes y la cantidad de pacientes identificados
La magistrada fue apartada del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona luego de que se descubriera que habría participado de un documental llamado "Justicia Divina" sobre el proceso judicial, algo prohibido por la ley. Leer más
El magistrado cuestionó la credibilidad de su relato, por lo que señaló inconsistencias y calificó su comportamiento como inmaduro
Organizaciones de abogados y representantes de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura hicieron una presentación formal para darle impulso y visibilidad a un proyecto que apunta a explicitar un marco de conducta para los jueces nacionales y federales, tanto para el ámbito profesional como para el privado. La propuesta es alentada por los consejeros Jimena de la Torre (abogada) y Alberto Lugones (juez) y cuenta con el respaldo de los presidentes de tres organizaciones profesionales de abogados: Ricardo Gil Lavedra, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; María Margarita Tschieder, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; y Rosalía Silvestra, por el Colegio de Abogados de la Ciudad.Todos firmaron la carta que le enviaron este martes al presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. "Solicitamos que el proyecto sea considerado en el ámbito de las comisiones pertinentes y, oportunamente, elevado al Plenario del Consejo para su tratamiento", señalan en la misiva. La formalización del proyecto se conoce luego de que el Consejo aprobara los cargos contra el juez Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el mundo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Se le achaca haber compartido contador con uno líder narco, Esteban Alvarado, y de haber manejado los tiempos judiciales en causas sensibles según la conveniencia de sus amistades. El nuevo decálogo refuerza principios como la imparcialidad, la independencia y el respeto por el resto de los poderes, y explicita que la conducta de los jueces, dentro y fuera de los tribunales, debe estar marcada por la probidad, la moderación, la austeridad y el decoro, además de tender a enaltecer siempre la judicatura. Las resoluciones que emitan, en tanto, deberán ser escritas con claridad, dice el proyecto, inspirar confianza en la sociedad, reflejar transparencia y ser ejecutadas sin dilaciones. "Los magistrados tienen el deber de actuar como referentes éticos en la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la consolidación de una cultura de legalidad y justicia", dice el proyecto. Algunos de los lineamientos planteados en el proyecto ya estaban diseminados en normativas de distinto orden. El Código de Ética Iberoamericano de la Judicatura, creado en 2006, al que Argentina está adherido, establece que los jueces deben actuar con integridad, diligencia, responsabilidad, entre otros valores, pero su fuerza es meramente declarativa. El Consejo de la Magistratura, por su parte, es el encargado de supervisar la labor de los jueces y para eso cuenta con un reglamento interno en donde muchos de estos parámetros de conducta están referenciados. También rigen en las provincias distintos Códigos de Ética Judicial que fijan criterios para evaluar el comportamiento de los magistrados, que suelen reflejar los lineamientos básicos del Código Iberoamericano. El nuevo proyecto, de sancionarse en el plenario, ofrecería un nuevo marco de obligatoriedad con alcance Nacional y Federal, explicaron fuentes que trabajaron en el texto, aunque antes que eso, deberá tratarse en comisiones. "Todavía tiene un recorrido por hacer", sostienen. El Código dedica un apartado a consignar la obligatoriedad, para los magistrados, de realizar las presentaciones juradas de bienes y renta; y otro, para remarcar que todas las prácticas extraprofesionales -como el manejo de las redes sociales o la interacción con los medios de comunicación- deben ser compatibles con la "dignidad de la función judicial" y no deben nunca suponer un conflicto de intereses con la administración de justicia.También afirma que los jueces deberán ser sumamente cautos a la hora de volcar sus opiniones personales sobre temas públicos, procurando que sus apreciaciones nunca sean vistas como expresiones del Poder Judicial.
La jueza que estuvo al frente del caso por la muerte de Diego Maradona y fue suspendida en medio de un escándalo, Julieta Makintach, protagonizó un aparatoso accidente este martes al ser abordada por un periodista que tenía intención de hablar con ella. Mientras bajaba de su auto, la magistrada olvidó poner el freno de mano de su vehículo, lo que resultó en que el auto se moviera hacia atrás. La puerta izquierda del rodado impactó contra un cesto de basura.Las imágenes captadas por una señal de televisión comienzan con un reportero que se acerca a dialogar con Makintach. "Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puede ser un minuto?â?¦ Queremos saber cómo estás. ¿Puede ser?", le consulta el movilero mientras ella pone la mano sobre la ventanilla para evitar ser tomada por las cámaras. "Queremos saber cómo estás. ¿No tenés nada para decir?", insiste el periodista.Ante la falta de respuesta, el movilero entonces le implora: "Puede ser un minuto, por favor. Estamos trabajando. Queremos saber, con mucho respeto, cómo estás". Finalmente, la jueza de 47 años abre la puerta del auto y ofrece una primera respuesta: "No, apagame la cámara te pido por favor. No, les pido por favor". "Estamos trabajando", le contesta el hombre antes de desistir en su actitud: "Bueno, tranquila. Nos vamos".ð??¥ LA ESCANDALOSA REAPARICIÓN DE JULIETA MAKINTACH Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/ibTXZandC0— América TV (@AmericaTV) June 3, 2025"A ver, esperen. Por Dios les pido. Está llegando mi hijo de 10 años. Les pido por favor", dice la magistrada mientras se baja del auto para dialogar por unos instantes. Una vez fuera del vehículo, como exhibe la grabación de América TV, el rodado empieza a desplazarse hacia atrás debido a que Makintach no le puso el freno de mano.En plena secuencia, se escucha advertir al periodista: "Uy cuidado, cuidado. Cuidado la puerta". El auto de Makintach parece impactar primero -de manera leve- contra un árbol y más adelante contra un cesto de basura. "No, no. Este daño lo van a pagar ustedes", le recrimina la jueza al periodista y su camarógrafo producto del incidente. "Tirá, tirá el freno de mano. Tirá el freno de mano", le exige el reportero, sin contestar a su queja.Finalmente, es el camarógrafo de la señal televisiva que, después de un trote corto, logra alcanzar el auto y lo detiene. "No puedo, no puedo. No, no. Estoy en colapso. Por favor, les pido. Les pido humanidad", se justifica la jueza Makintach antes de que el equipo televisivo decidiera irse del lugar y concluyera el móvil.El apartamiento de Makintach del caso MaradonaUna semana atrás, la integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona tras confirmarse su participación en la producción de una miniserie documental sobre el caso, titulada Justicia Divina. El proyecto, que la tenía como protagonista, incluía grabaciones no autorizadas.El escándalo llevó además a la suspensión del juicio y, posteriormente, a su anulación. El Tribunal consideró que la implicación de Makintach comprometía la objetividad del proceso y perjudicaba tanto a las defensas como a las partes acusadoras. Como consecuencia, se anuló todo lo actuado desde marzo de 2024 y se deberá conformar un nuevo tribunal, lo que probablemente retrase el inicio del nuevo juicio hasta finales de 2025 o inicios de 2026.La Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días y remitió el caso al procurador general para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político. Asimismo, se interrumpieron las actividades de la magistrada en la Universidad Austral, donde impartía clases de Derecho Penal.
Varios jueces avanzan, en diferentes partes del país, en ordenarle a la Anses aplicar reajustes significativos a las jubilaciones de personas demandantes, tras declarar la inconstitucionalidad de la ley de movilidad previsional aprobada a fines de 2020 a propuesta del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En una sentencia del Juzgado Federal de Rosario N° 1, dictada días atrás, se ratifica un dato que describe la magnitud de la pérdida sufrida por el poder de compra de los ingresos mientras rigió esa modalidad, ya derogada. De los datos del escrito judicial surge que, si la prestación de la persona demandante se hubiera reajustado por inflación durante la vigencia de la cuestionada ley 27.609, entonces en marzo de 2024 el monto habría sido de aproximadamente el doble de lo que se cobró en la práctica. Es decir que, para tener el poder adquisitivo de fines de 2020 (un año en el que también perdieron, debido a las políticas del gobierno de entonces), las jubilaciones de quienes no cobran el bono previsional deberían aumentar prácticamente un 100%. Un índice que es muy lejano al de la suba de 7,2%, surgido de algunos de los proyectos de ley debatidos en el Congreso y que mañana, miércoles, llegarían al recinto de Diputados. Esas iniciativas, de hecho, buscan compensar parte de la inflación solo de enero de 2024, pero no se prevé un plan para recomponer, al menos parcialmente o a un determinado plazo, lo perdido previamente. Se trata, en el caso del fallo de Rosario -como también en lo de otros conocidos en los últimos días- de personas no alcanzadas por el bono o refuerzo de pago mensual, que desde marzo de 2024 está congelado en $70.000 y que empezó a abonarse en septiembre de 2022. La discrecionalidad para el pago de ese adicional (se decidió abonarlo a unos sí y a otros no, cuando en rigor todos perdían poder de compra por la fórmula) fue una cuestión rechazada ya en varias causas judiciales. Los datos del nuevo falloEn la causa "Tobler, Adriana Leonor c/Anses s/Reajuste de haberes", el juez del mencionado juzgado de Rosario, Gastón Salmain, le ordena a la Anses recalcular el haber, agregándole la diferencia entre el importe que hubiera resultado si se hubiera tomado en cuenta la variación del índice de precios, y lo que efectivamente se cobró. Se establece que ese cálculo debe hacerse por el período extendido entre marzo de 2021 y junio de 2024. Y se menciona que, durante la vigencia del régimen cuestionado, la suba de los haberes (sin contar los bonos) fue de 606,289%, mientras que la inflación trepó hasta el 1188,20%.Respecto del primer mes del período del recálculo (marzo de 2021), se trata del primero en el cual se aplicó la fórmula declarada inconstitucional, que se basaba en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos, y que preveía un tope a la suba anual de haberes (tope que fue aplicado en el gobierno de Fernández, sin importar que los jubilados estaban perdiendo poder adquisitivo).El segundo mes referido (junio de 2024) es el último en el que se observó el resultado de la fórmula, aunque en la práctica no fue aplicado para definir la suba de haberes. Esto fue así porque, a través del DNU 274, el actual Gobierno estableció que el segundo trimestre de 2024 fuera de transición entre el régimen previo y el actual, que otorga reajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. ¿En qué consistió esa transición? Fue un período en el cual cada mes se otorgaron subas según la inflación, y se agregó, en abril de 2024, un incremento extraordinario. Al final del trimestre, se observó si el aumento acumulado era superior al resultado de la fórmula de la ley 27.609 y, como efectivamente lo fue, no se usó tal modalidad, que en junio de 2024 quedó derogada. Decisiones de segunda instanciaLa evaluación de daños del nuevo fallo está en línea con las conclusiones expuestas en otros fallos que declararon la inconstitucionalidad de la ley en cuestión. Hasta ahora, se conocen sentencias dictadas en cinco cámaras federales de apelaciones en las que la ley resultó rechazada y se les dio la razón a los demandantes: se trata de las de Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba y Bahía Blanca.El fallo de Rosario quedará ahora sujeto a la evaluación del tema por parte de la cámara de apelaciones de la jurisdicción. Pero se espera que la última palabra sobre el tema sea, en su momento, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque las decisiones resultan apeladas a esa instancia superior. Se debe tomar en cuenta, además, que cada sentencia tiene efecto directo solo para quien hizo la demanda.Un punto que destaca el juez es que, si bien la modalidad de reajustes ya quedó fuera de juego, sus efectos siguen presentes. El cambio de régimen dispuesto por el DNU 274, de hecho, no previó una compensación del poder adquisitivo perdido. La sentencia concluye que el "incremento extraordinario" de abril de 2024, de 12,5%, establecido por la citada norma el Poder Ejecutivo, "constituye una medida de carácter generalizado" que "favorece la reparación del daño en cuestión", en referencia a la caída del poder de compra. Sin embargo, se agrega, "tal recomposición no resulta integral", ya que el porcentaje es lejano al que se requeriría para una reparación de todo lo perdido. La medida resulta, de esta forma, "a todas luces insuficiente". El debate legislativo y el mensaje del bonoTampoco los proyectos de ley impulsados por diputados de la oposición tienen en cuenta una reparación tras el fuerte deterioro del poder de compra acumulado por los haberes en los últimos años. En algunos casos se prevé que se otorgue un aumento tal que aquel 12,5% de abril del año pasado se transforme en un 20,6%, que fue el índice de inflación de enero de 2024. Para eso, hace falta una suba de 7,2%, con la cual se estaría lejísimos de contemplar la pérdida frente al aumento de precios que hubo, principalmente, en 2022 y 2023.En 2024 ya se aprobó una ley jubilatoria que, entre otros temas, disponía esa suba de 7,2%. Pero fue vetada por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que no se había dispuesto de dónde surgirían los recursos para afrontar el gasto.Otra cuestión no menor es que en fallos como el de Rosario, la Justicia está advirtiendo que es el propio Estado (la parte demandada en estos juicios) el que reconoce los efectos negativos de la ley 27.609. Por un lado, se recuerda que "el Poder Ejecutivo adquirió como práctica habitual" el pago de los bonos, "cuya finalidad no era otra que mantener el poder adquisitivo de aquellos beneficios previsionales más bajos", ante "la insuficiencia de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente en aquel entonces". Los bonos comenzaron a pagarse de manera continua (siempre solo a un grupo de jubilados) en septiembre de 2022.Por otro lado, el escrito judicial hace referencia al DNU 274, del presidente Javier Milei. Y cita parte de los argumentos de esa medida: "La fórmula de movilidad vigente ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo". Y se agrega, citando otra parte del propio decreto, que la modalidad de la ley 17.609 "supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria". En el caso de este decreto, no solo se admitieron los perjuicios de la fórmula, sino que se usaron como argumentos para derogarla.Los reconocimientos por parte del propio Estado de los malos resultados de la fórmula, señala el fallo, "conllevan a la premisa de que devendría innecesario requerirle a la parte actora [la demandante]) que acredite" el daño causado a sus ingresos.En conclusión, el juez señala que la aplicación de la ley tuvo un efecto regresivo para un conjunto de personas que "constituyen el sector más vulnerable de la sociedad", por su edad, por sus problemas de salud o por sus capacidades reducidas.
La IGAE informa sobre la inadmisibilidad de la evaluación de criterios en el contrato de Red.es a Juan Carlos Barrabés, subrayando incompatibilidades en la designación del evaluador del informe técnico
La jueza del escándalo en el juicio por Maradona evitaba dar una nota con un movilero que la fue a buscar a la puerta de su casa.Pero no puso el freno de mano y su camioneta terminó en el medio de la calle.
Lorenzo Musetti avanzó a las semifinales de Roland Garros al vencer a Frances Tiafoe en cuatro sets, y a la par, fue advertido por una reacción inusual. Antes de un saque, el italiano pateó una pelota de tenis y ésta le pegó a una jueza de línea. Tras el partido, Musetti fue autocrítico. Vale recordar que en 2020 Novak Djokovic había tenido una actitud similar en el Abierto de Estados Unidos pero había sido descalificado, y antes, en 2012, David Nalbandian había sido eyectado de Queens por otra actitud desmedida.El italiano derrotó al estadounidense Tiafoe por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 en el court Philippe Chatrier, el central del torneo de Gran Slam que se desarrolla en París. Cerca del cierre del segundo set, el número 7 del ranking mundial estaba recibiendo las pelotas para realizar su servicio y a una de las que venían picando le dio una patada, de modo que la esfera impactó en la jueza. Musetti recibió un advertencia (warning), un tipo de amonestación que el juez de silla aplica a un tenista por haber violar el código de conducta o las reglas del juego. Mientras tanto, su rival miraba atónito, como pidiendo una explicación.Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident ð??³ #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv— TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025"Fue un accidente que no quería. No sé qué pasó. Ha sido un episodio un poco desafortunado. Quería pedir disculpas. Estuvo bien dada la adverencia. Desde ese momento jugué mejor y tuve más paciencia. Ha sido fundamental", expresó el reciente subcampeón en el Masters 1000 de Montecarlo y semifinalista en los de Madrid y Roma.Con esta victoria, el 8º favorito (la lista de preclasificados se cierra antes de la última publicación del ranking) quedó por segunda vez entre los cuatro mejores de un certamen Grand Slam. Ahora aguarda al español Carlos Alcaraz, que más tarde venció contundentemente al estadounidense Tommy Paul, por 6-0, 6-1 y 6-4.El nacido en Carrara habló sobre sus posibilidades de consagrarse: "Este mes me ha dado resultados y confianza. En el comienzo del torneo dije que quería ganar el título. Algunos periodistas pensaron que me faltó humildad, pero es una ambición que debo tener para ganar partidos como éste", afirmó.El incidente que provocó Musetti este martes retrotrajo a aquel protagonizada por el serbio Novak Djokovic en Flushing Meadows en 2020, en el que fue expulsado en los octavos de final por haber tirado un pelotazo hacia atrás casi sin mirar, con la raqueta. La bola impactó accidentalmente en la cara de una jueza de línea. Para estos casos el reglamento estipula que, más allá de la intención del jugador, corresponde una descalificación.2000-talets sjukaste tennishändelse. Novak Djokovic träffar linjeman och DISKAS i US Open! pic.twitter.com/NXA8wVk4oB— Tennisportalen (@tennisportalen) September 6, 2020Hay varios antecedentes de lo que sucedió con Djokovic. Uno tuvo por protagonista a David Nalbandian, marginado en la final de Queens (Londres) de 2012, en la que rompió el cajón que limitaba la posición de un juez de línea. El argentino tiró fuera una pelota, se enojó, pateó la frágil estructura y lastimó al testigo. Estaba ganando el partido decisivo frente a Marin Cilic por 7-6 y 3-4, pero con la marginación forzada perdió ese campeonato sobre césped y se coronó el croata.El incidente de Nalbandian en Queens 2012A contramano de esos dos episodios, Musetti no sufrió más que ese apercibimiento. No está descartada, sin embargo, alguna multa. No pareció a gusto con el desenlace Tiafoe, su adversario. "Él hizo eso y no ocurrió nada. Es cómico, pero es lo que hay. No pasó nada, así que no hay nada de qué hablar", comentó el derrotado por Musetti.
Las Eliminatorias Sudamericanas vuelven a ocupar la agenda principal del fútbol del continente. Se levantará el telón de una nueva doble fecha, en la que la selección argentina ya está clasificada para el Mundial 2026 y asumirá el rol de juez y parte. La penúltima doble jornada se disputará entre el jueves y el martes próximos y podría definir el futuro de las otras nueve selecciones selecciones de la región.La emoción será plena, porque están en disputa cinco cupos directos al Mundial y uno al repechaje intercontinental en la doble fecha de junio y la de septiembre, que completará el calendario con la fecha 17 el miércoles 4 y jueves 5, y la 18 y última el martes 10.Los campeones del mundo están al frente de las eliminatorias con 31 puntos, detrás aparece Ecuador con 23 y lo siguen Uruguay, Brasil y Paraguay con 21 unidades. Por fuera de los primeros cinco puestos están: Colombia con 20, Venezuela con 15, Bolivia con 14, y Perú y Chile cierran la tabla, con 10.En estas jornadas, varias selecciones podrían asegurar su pasaje a la próxima Copa del Mundo, mientras que Chile y Perú corren el peligro de quedarse definitivamente fuera del torneo.Ecuador (23 puntos)Es el equipo con el camino más claro y podría asegurar la clasificación sin depender de otros resultados. Para lograrlo necesita sumar cuatro puntos, aunque con tres podría ser suficiente para sellar su boleto al que sería su quinto Mundial: 2002, 2006, 2014 y 2022.La selección ecuatoriana recibirá el jueves próximo, en Guayaquil, a Brasil que estrenará entrenador: el italiano Carlo Ancelotti. Y en la decimosexta fecha, Ecuador visitará a Perú que estará jugando sus últimas cartas en busca de la clasificación.Uruguay, Brasil y Paraguay (21 puntos)Para estos tres equipos, la clasificación en esta doble fecha dependerá de ganar ambos partidos, lo que les permitiría alcanzar los 27 puntos. Sin embargo, el calendario no se presenta sencillo para ellos: Paraguay recibirá a Uruguay y luego visitará a Brasil; la selección charrúa, tras su viaje a suelo guaraní, será local ante Venezuela; mientras que la selección brasileña deberá jugar ante Ecuador y luego recibirá a Paraguay.Si no logran los seis puntos en esta doble jornada, quizás con cuatro unidades les alcance para la clasificación, dependiendo de los resultados de los demás encuentros.Colombia (20 puntos)Colombia depende de ganar sus dos partidos: el viernes ante Perú en Barranquilla y el martes siguiente frente a la Argentina, en Buenos Aires. La selección colombiana, que tras una brillante primera etapa parecían tener la clasificación casi asegurada, sufrieron un declive en la segunda vuelta, con tres derrotas, un empate de local frente a Paraguay y sólo una victoria, ante Chile en octubre de 2024, en la décima fecha.Al equipo dirigido por Néstor Lorenzo le quedan dos compromisos como local: contra Perú y contra Bolivia, y dos visitas complejas: frente a la selección de Lionel Messi y, en la última fecha, ir a Venezuela.Venezuela (15 puntos)La ilusión de Venezuela de participar en la primera Copa del Mundo de su historia se mantiene viva: los dirigidos por Fernando Batista, actualmente en zona de repechaje (séptimos), incluso pueden soñar con la clasificación directa, de la que están a cinco puntos, aunque enfrentan un calendario exigente: serán locales ante Bolivia y ante Colombia, y serán visitantes contra Uruguay y la Argentina.Ahora bien, Venezuela sabe que se juega todo el viernes próximo en Maturín, cuando reciba a Bolivia, ya que es su rival directo por el séptimo puesto de estas eliminatorias. Una victoria dejaría a la selección venezolana a un paso de asegurarse el repechaje y podría permitirle pensar en una clasificación directa.Bolivia (14 puntos)El conjunto del Altiplano perdió dos puntos claves en la jornada última en marzo, cuando empató 0-0 con Uruguay, en El Alto, a 4.100 metros de altura, donde esperaba sumar todos los puntos para, al menos, asegurar el repechaje.Sin embargo, esas dos unidades cedidas ante Uruguay le costaron el puesto que ahora ocupa Venezuela, su rival este viernes en un choque determinante para ambos. A Bolivia sólo le sirve ganar sus dos últimos encuentros de local â??ante Chile el martes próximo y Brasil en la última fechaâ?? y sacar puntos como visitante frente a Venezuela el viernes y Colombia en septiembre.Chile y Perú (10 puntos)A diez puntos de Colombia, actual sexto, y con doce en juego, Chile y Perú sólo pueden aspirar a pelear por el séptimo puesto y tratar de acceder al repechaje. Sin embargo, sus posibilidades de regresar al Mundial â??Chile, ausente en las últimas tres oportunidades, y Perú, que volvió en Rusia 2018 tras 36 años de ausenciaâ?? son muy reducidas. Si Venezuela o Bolivia ganan el viernes, tanto Chile como Perú necesitarán, al menos, una victoria en esta doble fecha para mantenerse con ilusiones.Chile recibirá a la Argentina y luego visitará, en El Alto, a Bolivia; mientras que Perú viajará a Colombia y luego será local ante un Ecuador.Y en septiembre, el calendario les presenta un panorama igual de exigente: Chile visitará a Brasil y recibirá a Uruguay; mientras que Perú jugará en Montevideo ante Uruguay y cerrará su participación en Lima frente a Paraguay.La tabla de posicionesLa 15° fechaEcuador vs. Brasil | jueves 5 a las 20Paraguay vs. Uruguay | jueves 5 a las 21Chile vs. Argentina | jueves 5 a las 22Colombia vs. Perú | viernes 6 a las 17.30Venezuela vs. Bolivia | viernes 6 a las 19La 16° fechaBolivia vs. Chile | martes 10 a las 17Uruguay vs. Venezuela | martes 10 a las 20Argentina vs. Colombia | martes 10 a las 21Brasil vs. Paraguay | martes 10 a las 21.45Perú vs. Ecuador | martes 10 a las 22.30
El italiano le ganó en cuatro sets al estadounidense Frances Tiafoe.Pero en el segundo set pudo pagar caro "un accidente" al patear una pelota.El episodio hizo recordar a la eliminación de Djokovic en el US Open 2020.
Trabajadoras y trabajadores de la feria informal más grande de América Latina, que sostiene más de 8 mil puestos de trabajo, exigieron a la justicia la reapertura del predio y se movilizaron a la municipalidad. Leer más
Tras unos comicios en los que votó sólo el 13% del padrón, el partido Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum obtenía gran ventaja.Advertencias por el control del gobierno sobre la Justicia. El oficialismo también es mayoría en el Parlamento.
Así se manifestó la abogada penalista Silvina Fernández Rosarno, que solicitó una investigación más profunda acerca de las personas involucradas en la producción audiovisual que iba a llamarse "Justicia Divina". Leer más
El tribunal federal resolvió la extinción de dominio sobre dos cuentas bancarias vinculadas a familiares de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán
Cristinización En sus dos mandatos consecutivos como presidenta, Cristina Kirchner nunca dejaba de sorprendernos haciendo gala de su falta de inteligencia emocional cuando escrachaba en sus interminables cadenas nacionales frente a sus aplaudidores al abuelo amarrete o al dueño de la inmobiliaria, entre otros ejemplos, o negándose a entregar el bastón de mando a Macri, ya en el colmo de falta de respeto por la república. El presidente Milei lamentablemente cada vez se parece más a la expresidenta en sus dichos y en sus actitudes, como cuando le salen sapos y culebras por la boca contra cualquiera que piense distinto o cuando se niega a saludar al jefe de gobierno o a su vicepresidenta. No tendría ninguna necesidad, ya que saludándolos mostraría aún más que, a pesar de sus "traiciones", él sigue teniendo la manija. Lástima que no se dé cuenta de que lo que hace con la mano para sanear la economía, que está a la vista de todos, lo borra con el codo con estas actitudes infantiles y de la misma mezquindad política que la exmandataria. Los que votamos algo diferente para librarnos de ese modo de hacer política preferiríamos no recordarla tan seguido.Carolina Arias DNI 14.304.492El cuarto juez El abrupto final con el que ha concluido este primer juicio seguido contra los profesionales que atendieron en su lecho de muerte a Maradona -tras la desintegración del tribunal a raíz de la incalificable conducta de una de sus integrantes- ha sido la única solución jurídicamente válida en un sistema de enjuiciamiento en el que, como en el caso, rige plenamente la oralidad y con ello la bien denominada inmediación. Cabe recordar que, más allá de la percepción personal de la prueba por parte de los juzgadores, de su valoración y la ponderación de los alegatos verbales de los intervinientes, no existen otros registros que puedan sustituir el conocimiento de un nuevo magistrado que se incorpore al colegio judicial en suplencia de quien, como aquí sucedió, ha sido recusado, con lo que este hipotético arbitrio resulta inviable. La cuestión habría sido diferente si el tribunal de juicio se hubiese integrado con un cuarto juez, que es aquel que en previsión de eventuales contingencias se incorpora al oficio judicial con el mismo deber de asistencia de los jueces naturales, pero sin ejercer funciones propiamente jurisdiccionales, aunque con derecho de formular preguntas, al igual que los otros vocales. En materia de casos complejos se acudió, por ejemplo, en el orden nacional, a la figura del cuarto juez -al amparo de lo prescripto por la ley 25.770, que previó la intervención en este tipo de proceso de lo que dio en llamar juez sustituto- en el juicio sustanciado con motivo de los hechos ocurridos a raíz de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. Aquí, según recuerdan los memoriosos, el tribunal federal interviniente tomó la precaución de nombrar a un cuarto juez, que finalmente debió asumir al incapacitarse uno de sus miembros, salvando así la continuidad del procedimiento en el que en su hora se condenó, en discutido pronunciamiento, a los por entonces jefe de la Policía Federal y secretario de Seguridad de la Nación. La ausencia de disposición normativa no debió ser obstáculo para suplir en este frustrado primer juicio la imprevisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, pues las facultades reglamentarias y de superintendencia debieron superar la laguna legal.Federico Ceballosestudio@ceballosyceballos.com.ar Médicos pediatras No estoy seguro de si la sociedad (incluyo a todos) toma real conciencia de la gravedad de los bajísimos sueldos de los médicos residentes, en este caso referido a la situación del Hospital Garrahan (que es tan solo un ejemplo). El tema ya lo expuso hace un par de años el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría cuando manifestó: "Los médicos jóvenes no quieren hacer residencia de pediatría" (algo que es absolutamente entendible y comprensible). ¿Y eso qué significa?: falta de formación seria de futuros médicos pediatras, porque convengamos en que la formación más seria de un médico, por lejos, es la residencia. Eso hará seguramente que las guardias de pediatría se vayan poblando de médicos mal preparados y habrá menos pediatras bien preparados en el futuro. He sido médico residente hace cerca de 40 años y los bajos sueldos son un hecho prácticamente histórico, pero la realidad actual de la formación de los pediatras está tomando, insisto, una seriedad más que preocupante. ¿Hay algo más preciado que la salud de un hijo ? Creo que no hace falta agregar nada.Sergio EtchepareDNI 14.568.993 Soldado voluntario Sobre el tema del soldado voluntario en las FF.AA., cabe señalar que desde 1987 se inició un antimilitarismo abstracto en todos los ámbitos, que se acentuó en 2004, con la llegada del kirchnerismo al gobierno; en este caso no era tan abstracto dado que en su gabinete y en áreas vinculadas a la defensa y seguridad se nombraron exintegrantes de las organizaciones paramilitares que atacaron el orden constitucional. En 1989 formé parte de las fuerzas que recuperaron las instalaciones de la guarnición de La Tablada. Terminado el combate, el general Arrillaga me dio la misión de acompañar a la delegación de legisladores que visitaron el cuartel destruido. Durante la visita, el senador Alende, situado sobre el mismo lugar donde fue asesinado el mayor Fernández Cutiellos, criticaba la operación realizada. Ante esa situación le sugerí tener una charla franca y sincera, que se realizó sin inconvenientes, pero puso en evidencia ser un profano en el área de su incumbencia. Deseo destacar que lo más sustantivo de aquella charla fue decir: "No podemos pretender defender la patria con semianalfabetos", agregando que acudieron a defender el cuartel muchos capitanes, sargentos y cabos, que se ven obligados a tener otro trabajo para seguir siendo militares. Hoy la situación no cambió mucho, aunque soplan nuevos vientos, todavía el sueldo del soldado voluntario es muy inferior al que cobran agentes, policías, personal de las fuerzas de seguridad, teniendo un régimen de servicio más estricto.La mejor manera de defender las FF.AA. es desde las puertas de los cuarteles para afuera, sin socavar la moral y la disciplina del personal; ello significa mayor responsabilidad al poder político.Hoy se recuerda el Día del Soldado Argentino, por ser la fecha del nacimiento del general Belgrano. Pido a Dios que ilumine a las autoridades nacionales, para que regularicen los sueldos del personal de soldados voluntarios.Jorge José EchezarretaDNI 8.421.780En la Red FacebookPlatense campeón"Felicitaciones... lo merecían"- Patricia Viviana Sánchez"Platense y Huracán, y también Argentinos Juniors, demostraron que no hace falta gastar muchos millones de dólares para armar un equipo competitivo que pelee por cosas importantes"- José A. OcaranzaLos textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)
El Instituto Materno Infantil de la capital colombiana deberá asumir su responsabilidad por los daños emocionales causados a dos pares de hermanos
En un nuevo revés para la administración de Donald Trump, un juez federal tomó partido por miles de venezolanos en Estados Unidos y les permitió conservar los documentos que les fueron otorgados con base a su estatus migratorio, a pesar de las restricciones que busca imponer el actual gobierno norteamericano.El fallo de un juez que beneficia a 5000 venezolanosEl juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, California, dio a conocer el fallo que impide que el gobierno de Trump invalide permisos de trabajo y otros documentos de unos 5000 venezolanos, quienes son parte de los 350 mil beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Chen concluyó que la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, probablemente excedió su autoridad cuando en febrero de este año invalidó esos documentos. El juez explicó que nada en el estatuto que autoriza el programa TPS permitía al DHS invalidar permisos como el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Además agregó que la administración estima que solo unos 5000 de los 350 mil venezolanos poseen dichos documentos."Esta cifra menor contradice cualquier afirmación de que la presencia continua de estos beneficiarios del TPS, a quienes el secretario les otorgó documentos relacionados, representaría un costo para las economías nacionales o locales o una amenaza para la seguridad nacional", escribió Chen.Qué dice el fallo del juez que desafía a Donald Trump y favorece a los venezolanosEn el fallo se ordena que "se posponga la fecha de entrada en vigor de la parte de la decisión de anulación del secretario que pretende invalidar dichos documentos" para quienes recibieron EAD, formularios I-797, Notificaciones de Acción y formularios I-94 emitidos con fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026, y de conformidad con la extensión del TPS para Venezuela del 17 de enero de 2025.Los abogados de varios venezolanos y el grupo de defensa National TPS Alliance pidieron a Chen que reconociera la validez continua de los documentos, bajo el argumento de que sin ellos los migrantes podrían perder sus empleos o ser deportados.Reuters indicó que la documentación fue emitida después de que el DHS extendiera el programa TPS para los venezolanos por 18 meses hasta octubre de 2026, durante los últimos días de la administración demócrata de Joe Biden, una acción que Noem buscó revertir desde sus primeros días en el cargo.Qué pasa con el TPS para los venezolanos en EE.UU.El 19 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una orden anterior emitida por Chen que impedía a la administración Trump terminar la protección conferida a los venezolanos bajo el programa TPS.La decisión del máximo tribunal afecta a los nacidos en Venezuela que solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, que tenía fecha inicial de finalización para el 2 de abril de 2025, mientras que quienes lo hicieron bajo la designación del 2021 mantienen la protección hasta septiembre.El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente debido a que sus países de origen se consideran inseguros por desastres naturales o conflictos civiles. Sin embargo, la concesión no otorga la residencia permanente legal ni ninguna otra condición, por lo que el beneficiario debe buscar otra forma de permanecer en el país.
A casi tres años desde que se inició el conflicto en la planta de Lácteos Vidal en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69 declaró "abstracta" su propia medida cautelar que ordenaba la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa. Esto sucedió dado que los trabajadores decidieron iniciar reclamos por indemnización por despido ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). De acuerdo con el abogado que patrocina la empresa, el reclamo laboral de ocho trabajadores queda sin efecto y "se acabó el juicio". En el gremio, en cambio, aseguran que "los juicios se van a ganar". "Nos humillaron como esclavos": en una carta abierta a Milei un productor comparó las retenciones con lo peor del chavismoEl fallo del juzgado José Ignacio Ramonet alcanza a ocho trabajadores que habían sido despedidos en el marco de un prolongado conflicto sindical, entre ellos Fabio David Quiroga, Haroldo Javier Rodríguez, José Andrés Emmanuel Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Andrés Anidos, Walter Miguel Corvalán, Walter Alejandro Cerri y Juan Manuel Damico. Todos ellos iniciaron acciones legales solicitando compensaciones económicas, fijando como fecha de cese laboral el 31 de marzo de 2025, lo cual llevó al juzgado a concluir que ya no correspondía mantener la orden de reincorporación. Ramonet había suspendido su propia medida cautelar en dos oportunidades, pero en el medio, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la había ratificado y le dio vigencia.No obstante, la Justicia ratificó y reforzó la medida cautelar para otros tres trabajadores: Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico, quienes podrán continuar el reclamo de su reinstalación en planta y el respeto de sus funciones sindicales, y para quienes aún sigue en trámite un juicio por exclusión de tutela sindical iniciado por la empresa.Vale recordar que el juez Ramonet impuso astreintes de $10.000 por día por cada trabajador no reincorporado y despedido en el conflicto de julio de 2022. En esa oportunidad, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.A partir de esta resolución, el juzgado también resolvió ampliar al doble el monto de las astreintes (multas por incumplimiento judicial) impuestas a Lácteos Vidal respecto a estos tres trabajadores (Yedro, Martín y Damico) por tener fueros sindicales en planta. Por eso, volvió a intimar a la empresa a permitir su ingreso a la planta de Moctezuma bajo apercibimiento de incrementar las sanciones y denunciar penalmente a su representante legal por desobediencia judicial. Según indicó Eduardo Darriba, el abogado que patrocina a la pyme, solamente una de estas personas era delegado del gremio en la planta, los otros dos son miembros de la comisión directiva del sindicato: uno titular y otro suplente. "Estaban los tres suspendidos sin goce de sueldo. Con uno de ellos se llegó a un acuerdo hace meses, pero da la casualidad que con el que se llegó a un acuerdo era el único que era delegado de planta. Era el único que podía pedir entrar a cumplir funciones sindicales en planta y llegó a un acuerdo. Los otros dos no, porque son dirigentes ni delegados. Este descargo se va a plantear esta semana en la Justicia", acotó.A su vez, dijo que está en curso la causa penal en Trenque Lauquen, en donde se había procesado a los dirigentes del gremio y a los tres delegados mencionados. "Esa causa, cuando se pidió la elevación a Juicio, la jueza que lo pidió sobreseyó, y ahora y lo tiene que resolver la Cámara", agregó.Vale recordar que a finales del año pasado, el fiscal general Martín Butti pidió elevar a juicio una de las causas penales en la que se investiga a sindicalistas del gremio lechero Atilra. Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martín, empleado y vocal suplente de la comisión directiva del gremio; Diego Armando Alarcón, también sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de Atilra; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen.En esta oportunidad, el juez destacó que, aunque el conflicto lleva más de dos años, y fue la actitud "recalcitrante" de la empresa la que provocó este estado de cosas, los trabajadores que optaron por reclamar indemnización no pueden mantenerse en una postura contradictoria pidiendo simultáneamente la reinstalación.Además, el tribunal recordó que las astreintes devengadas hasta el 31 de marzo de 2025 siguen siendo exigibles para los trabajadores mencionados, y dispuso que sea la parte actora quien se encargue de liquidarlas de forma diferenciada.Desde Atilra señalaron que la empresa debió haber cumplido la medida cautelar y no lo hizo. Además, indicaron que la Justicia no pudo hacer cumplir las resoluciones que ella misma dictó. Dijeron que es una contradicción de su parte. "Si la empresa cree que tuvo algo a su favor, hay que leerlo como una victoria pírrica. La justicia es muy contradictoria: le hace pagar a la empresa los astreintes hasta el mes de marzo, pero dice que el planteo es abstracto. Los trabajadores tienen que ser reincorporados. La Cámara va a resolver sobre esa abstracción. Son juicios que se van a ganar de todas formas porque los despidos se hicieron mal, fuera de la ley. A Atilra le sirve esa resolución del Juez", dijeron.En rigor, la causa entre la pyme y el gremio Atilra tiene varios frentes abiertos, con distintas demandas y acciones legales en curso, incluso con causas penales.