El tribunal estima los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado y concluye que no existe "el más mínimo indicio" contra Francisco Martín
El lunes pasado, se comunicó que Estados Unidos despidió a ocho jueces de inmigración establecidos en Nueva York. La decisión del gobierno de Donald Trump sigue la línea de otras medidas similares que se tomaron desde que comenzó la segunda gestión del presidente republicano. En lo que va del 2025, ya son casi 100 los magistrados que fueron cesados de su cargo, junto con otros que optaron por salidas como retiros voluntarios.Trump despidió a ocho jueces de inmigración en Nueva YorkSegún informó The New York Times, la medida afectó a magistrados con sede en el 26 Federal Plaza de la Gran Manzana. De acuerdo con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), esta sede se destina a casos de migrantes que buscan regularizar su estatus.La última serie de despidos se suma a la cifra total de 98 a lo largo del año. Además, la entidad indica que otros magistrados optaron por retiros voluntarios o jubilaciones desde que comenzó la segunda gestión de Trump.Más allá de que hubo nuevas designaciones en 2025, los números sostienen que hace un año la nómina de jueces de inmigración era de aproximadamente 700 y actualmente hay menos de 600. La decisión toma mayor relevancia en el escenario de casos migratorios atrasados que enfrenta EE.UU.De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse, hasta fines de agosto eran 3.432.519 los casos pendientes de resolución en cortes migratorias. La cifra es menor a la de 2024, pero se mantiene como la segunda más alta en los registros históricos.En ese panorama, la preocupación es que la escasez de jueces y los despidos puedan demorar aún más la resolución.El gobierno de Trump cambió los requisitos para designar jueces de inmigraciónEl recambio de magistrados se da en el marco de una iniciativa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para "restaurar la integridad del sistema de inmigración", según comentaron las autoridades a CBS News.En ese contexto, EE.UU. necesita nombrar nuevos jueces para reemplazar a los que despide. A fines de agosto, la administración Trump flexibilizó los requisitos para que más magistrados puedan ocuparse de estos temas.Según una publicación en el Registro Federal que presenta la designación de "jueces de inmigración temporarios", desde entonces las autoridades pueden seleccionar en "un grupo más amplio de candidatos calificados".Anteriormente, solo jueces que antes hayan ejercido en ese fuero o abogados del Departamento de Justicia con una década de experiencia en temas migratorios podían ser designados para el cargo.
El tribunal no encontró vínculos de arraigo suficientes, ni rastros de una integración social, laboral o familiar, elementos a los que la ley concede peso para frenar la orden de expulsión
Con el acompañamiento de la UCR, el PJ contabilizó 54 voluntades por la afirmativa. No obstante, la primera minoría rechazó una batería de artículos en particular. El juecismo, los alfonsinistas y parte del PRO le bajaron el pulgar a todo el paquete económico. Agrelo, Spaccesi y Echevarría también votaron en contra. Leer más
Los brasileños estaban prófugos en Argentina a pesar de las graves penas que pesan sobre ellos. Leer más
Golpistas
El magistrado dispuso la entrega de cinco ciudadanos requeridos por Brasil, todos con condenas de hasta 17 años por su participación en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado durante el intento de golpe contra Lula
El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para determinar quién es el verdadero dueño de la quinta con helipuerto, haras y autos de colección. Y la causa pasó al fuero penal económico. El "Tano" Angelici, que vive en esa barrio, dijo: "Toviggino es mi vecino" y este comentario sería usado por la líder de la Coalición Cívica.
Así lo había solicitado la defensa del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de un peritaje de parte sobre los audios que destaparon el caso. El informe forense detectó un 65% de probabilidades de que estén intervenidos con IA
Vestidos con los típicos uniformes anaranjados que calzan a los detenidos en los correccionales norteamericanos antes de sus sentencias, los cinco mendocinos desfilaron ante la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida. Declararon desde una sala contigua, vía Zoom y escucharon que, para recuperar su libertad, debían pagar fianzas de entre 4000 y 4500 dólares, y no podían acercarse a Dolphin Mall, el centro comercial del cual, según la acusación, robaron valijas donde escondieron prendas de vestir sustraídas de varios locales. Cuatro de ellos tenían pasaje de regreso a la Argentina para este miércoles, por lo que se espera que sean deportados de los Estados Unidos.Pero por detrás de lo que ocurrió en la audiencia de ayer, y de qué les deparará el destino a Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45, hay una historia detrás de la jueza Glazer.Hace diez años, la magistrada del condado de Miami-Dade fue noticia por un video que se volvió viral. Fue el de la audiencia en la que debió resolver la situación de otro hombre vestido, como los mendocinos ayer, con el uniforme anaranjado.La jueza Mindy Glazer, al reconocer en un condenado de su juzgado en Miami a un excompañero de escuela El detenido, Arthur Booth, acusado de robo, fuga y resistencia al arresto miraba a la jueza, que, en un momento, cuando parecía que daba por cerrada la audiencia, le dijo: "Tengo una pregunta para usted... ¿Me reconoce de la escuela secundaria?".Booth, entonces de 49 años, abrió los ojos como platos y esbozó una sonrisa algo incómoda que, en un milisegundo, dio paso a la emoción y la angustia. "Oh, Dios mío", repetía, mientras se tomaba la cabeza y lloraba desconsoladamente."Lamento verlo en este sitio... Siempre me pregunté qué ocurrió con usted, señor...", comenzó. Giró su cabeza hacia la izquierda, como si quisiera recordarle a alguien en el estrado quién era el Booth que ella recordaba."Este era el chico más amable de la escuela, era el mejor chico de la secundaria", afirmó. Booth estaba completamente quebrado ante el relato de ese adolescente que había sido. "Yo solía jugar al fútbol con él, con todos los niños. Y mira lo que ocurrió, lo lamento mucho", le dijo. Booth se tomaba la cabeza con ambas manos, desolado, y solo podía llorar y seguir exclamando "Oh, Dios mío"."Señor Booth, espero que pueda cambiar su forma de actuar, buena suerte para usted", le deseó. Y como para torcer un poco el momento dramático, la jueza Glazer se permitió una leve humorada: "Lo que es triste es cómo ha envejecido..." "Buena suerte, señor... espero que pueda superar esto y vivir su vida dentro de la ley", concluyó."Espero que pueda salir de esto sin problemas y llevar una vida legítima", completó.
Los cinco turistas argentinos, detenidos el martes en Miami luego de ser acusados de haber robado mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, tuvieron su primera audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida. Según las imágenes que mostraron en LN+, durante el proceso legal se pudo ver a los mendocinos con uniforme naranja y un traductor para facilitar la comunicación con la jueza -quien además es conocida por un video viral-. Los integrantes del grupo de amigos, que regresarían este miércoles desde Estados Unidos a la Argentina, fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Escandalo en MiamiCómo fue la audiencia de fianza Las audiencias se realizaron a distancia, a través de una videollamada que dividía la imagen en cuatro partes. En el primer cuadro se veía una sala pequeña, donde fueron ingresando de a uno los acusados argentinos. En el segundo estaba la abogada del Estado de Florida; el tercero el traductor y en el cuarto recuadro la jueza Glazer.La audiencia tuvo una duración de menos de 20 minutos en total, con un promedio de tres minutos por acusado. En ese marco, la magistrada impuso fianzas por un total de 21 mil dólares.Quién es Mindy Glazer, la jueza viralHace diez años, la jueza Mindy Glazer había sido viral luego de una audiencia en la que le tuvo que juzgar a Arthur Booth, un excompañero del colegio, quien había sido acusado de robo, fuga y resistencia al arresto. "Tengo una pregunta para usted... ¿Me reconoce de la escuela secundaria?", le preguntó el acusado. Booth, entonces de 49 años, expresó: "Oh, Dios mío. Lamento verlo en este sitio... Siempre me pregunté qué ocurrió con usted, señor...".La jueza Mindy Glazer, al reconocer en un condenado de su juzgado en Miami a un excompañero de escuela Y siguió: "Este era el chico más amable de la escuela, era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él, con todos los niños. Y mira lo que ocurrió, lo lamento mucho"."Señor Booth, espero que pueda cambiar su forma de actuar, buena suerte para usted", concluyó la magistrada.
Vestidos con los típicos uniformes anaranjados que calzan a los detenidos en los correccionales norteamericanos antes de sus sentencias, los cinco mendocinos desfilaron ante la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida. Declararon desde una sala contigua, vía Zoom y escucharon que, para recuperar su libertad, debían pagar fianzas de entre 4000 y 4500 dólares, y no podían acercarse a Dolphin Mall, el centro comercial del cual, según la acusación, robaron valijas donde escondieron prendas de vestir sustraídas de varios locales. Cuatro de ellos tenían pasaje de regreso a la Argentina para este miércoles, por lo que se espera que sean deportados de los Estados Unidos.Pero por detrás de lo que ocurrió en la audiencia de ayer, y de qué les deparará el destino a Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45, hay una historia detrás de la jueza Glazer.Hace diez años, la magistrada del condado de Miami-Dade fue noticia por un video que se volvió viral. Fue el de la audiencia en la que debió resolver la situación de otro hombre vestido, como los mendocinos ayer, con el uniforme anaranjado.La jueza Mindy Glazer, al reconocer en un condenado de su juzgado en Miami a un excompañero de escuela El detenido, Arthur Booth, acusado de robo, fuga y resistencia al arresto miraba a la jueza, que, en un momento, cuando parecía que daba por cerrada la audiencia, le dijo: "Tengo una pregunta para usted... ¿Me reconoce de la escuela secundaria?".Booth, entonces de 49 años, abrió los ojos como platos y esbozó una sonrisa algo incómoda que, en un milisegundo, dio paso a la emoción y la angustia. "Oh, Dios mío", repetía, mientras se tomaba la cabeza y lloraba desconsoladamente."Lamento verlo en este sitio... Siempre me pregunté qué ocurrió con usted, señor...", comenzó. Giró su cabeza hacia la izquierda, como si quisiera recordarle a alguien en el estrado quién era el Booth que ella recordaba."Este era el chico más amable de la escuela, era el mejor chico de la secundaria", afirmó. Booth estaba completamente quebrado ante el relato de ese adolescente que había sido. "Yo solía jugar al fútbol con él, con todos los niños. Y mira lo que ocurrió, lo lamento mucho", le dijo. Booth se tomaba la cabeza con ambas manos, desolado, y solo podía llorar y seguir exclamando "Oh, Dios mío"."Señor Booth, espero que pueda cambiar su forma de actuar, buena suerte para usted", le deseó. Y como para torcer un poco el momento dramático, la jueza Glazer se permitió una leve humorada: "Lo que es triste es cómo ha envejecido..." "Buena suerte, señor... espero que pueda superar esto y vivir su vida dentro de la ley", concluyó."Espero que pueda salir de esto sin problemas y llevar una vida legítima", completó.
Mindy S. Glazer, jueza del Undécimo Circuito de Florida, impuso la fianza para los cinco mendocinos acusados del robo en el shopping mall. Por qué se hizo viral mucho antes, en una de sus audiencias de rutina.
Glazer se viralizó en redes sociales en 2015. Los cinco imputados deben abonar 2.000 dólares cada uno. Leer más
La causa tramita en el Tribunal de Circuito 11° de Florida, a cargo de Mindy Glazer, una magistrada que fue tendencia cuando tuvo que juzgar a un compañero de colegio.Cuánto debe pagar cada uno para recuperar la libertad.
El juez Germán Castelli, uno de los magistrados que lleva adelante el juicio por el caso de los cuadernos de las coimas se había ofrecido para ser suplente en otros juicios, pero sus superiores le negaron la solicitud porque le dijeron que debe abocarse a este proceso extenso y complejo.En rigor, por escrito, solo le criticaron "la falta de estilo de su presentación" para hacer llegar su ofrecimiento y le recordaron que son ellos los que disponen las subrogancias, pero en el debate entre los magistrados se habló de la complejidad del juicio que tiene entre manos Castelli Sorprendió el pedido de Castelli para subrogar en otros tribunales orales, cuando justamente sus colegas del Tribunal Oral Federal N° 7 decían que no podían sesionar sesionar mas de dos veces por semana a raíz de la cantidad de trabajo pendiente que los tenía "colapsados".Castelli había pedido subrogar en el Tribunal Oral Federal N° 6 porque concluía ahora su subrogancia en otro tribunal y porque su colega Enrqiue Méndez Signori también terminaba esa suplencia. Así, si se sumaba a ese tribunal no se alteraba la agenda del caso Cuadernos. Sin embargo, su solicitud para subrogar en otros juicios del Tribunal Oral Federal N° 6 fue analizada por la Sala de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación y fue rechazada por unanimidad.Así lo votaron los camaristas Daniel Petrone, presidente de la Cámara, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma.Los jueces dijeron que no podrá ser suplente en otro tribunal mientras se desarrolla "este complejo y extenso proceso" de los cuadernos de las coimas.Aún resta resolverse cómo será la dinámica definitiva de este juicio en el que Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita y hay otros 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios y mas de 600 testigos.Por ahora, el tribunal integrado porlos jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Castelli sesiona por Zoom dos veces por semana, de 9.30 a 13 los jueves y de 14 a 18 los martes.La Cámara de Casación quiere que el tribunal sume mas días de audiencias y que no sean por Zoom, sino de manera presencial, por lo que les ofreció la Sala auditorio de Comodoro Py 2002, donde hay espacio para 200 personas y se puede usar todo el día, incluso durante la feria judicial.Pero los jueces dicen que por ahora se quedan en el Palacio de Justicia, frente a la plaza Lavalle, donde tienen sus despachos y la causa. Por eso pidieron que para las indagatorias de los acusados les permitan usar la sala de la Cámara Federal donde se hizo el histórico Juicio a las Juntas , en la planta baja de los tribunales.Todavía no hay nada definido y, mientras tanto, el proceso avanza de manera cansina con la lectura de la acusación fiscal de las seis causas que integran este megaproceso. El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto.El juez Castelli decidió no ir, al argumentar que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de otras causas.El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y reiteraron a los magistrados que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala AMIA en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana.
El juez 14 de Control de Garantías de Barranquilla rechazó las constantes interrupciones de la defensa, impidiendo dar continuidad a la intervención de la fiscal
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro rechazó los pedidos de nulidad de las defensas y fijó el cronograma de audiencias. Dalma, Gianinna y Jana estuvieron presentes en la sala, donde se cuestionó la "imparcialidad" del sistema. Leer más
Suspendida fiscal de la Nación se mostró visiblemente molesta al conocer que el magistrado evitó emprender medidas contra la Junta Nacional de Justicia y, en su lugar, solicitó información al Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial presentada
En lugar de hacer efectiva su advertencia, el magistrado solicita información al Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial y la supuesta medida cautelar que se habría otorgado a la Junta
La denuncia de ARCA por multimillonaria evasión tributaria y lavado de activos contra la financiera, su responsable Maximiliano Vallejo y otros imputados, va camino a un Tribunal de Apelaciones
La sexta audiencia por el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas comenzó con un pedido de recusación contra los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 por parte del exministro de Planificación, Julio de Vido, acusado de haber sido una pieza central en el mecanismo de recaudación ilegal. "Hemos interpuesto, hace minutos, una formal recusación de los integrantes del tribunal, estoy hablando del doctor Enrique Méndez, Fernando Canero y Germán Castelli", anunció Gabriel Palmeiro, uno de los abogados del exfuncionario. Mendez Signori, presidente del tribunal, dijo desconocer el contenido de la presentación y dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos. Para la audiencia de este martes está previsto continuar con los descargos de un puñado de empresarios y funcionarios que, años atrás, al declarar, intentaron despegarse de la maniobra. "Solo fui un cadete, un asistente administrativo o un asistente personal del funcionario Roberto Baratta. Jamás tuve poder de decisión, ni ninguna responsabilidad", dijo Nelson Lazarte, que fue secretario privado de Baratta, quien era, a su vez, la mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación. "Tampoco tenía facultades para preguntar o cuestionar nada -siguió Lazarte, quien no contestó preguntas aquel día-. No tuve cargo público, ni posición funcional de injerencia. Por eso... no tenía poder de decisión, n¡ de influenciar en nada".El descargo integra solo una de las seis causas conexas que fueron elevadas a juicio. El expediente, en el que solo hay cinco personas, ofrece una foto a pequeña escala de la maniobra de recaudación ilegal que habrían montado Cristina y Néstor Kirchner durante sus gobiernos. Además de Baratta y Lazarte, en esta causa son juzgados solo tres de los más de 60 empresarios acusados de haber participado de la maniobra: Hugo Alberto Dragonetti (Panedile), Alberto Tasselli (Faraday) y Jorge Juan Mauricio Balan (Industrias Juan F. Secco). En este tramo del universo Cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli detalla el pago de nueve cohechos o coimas y ocho hechos de admisión de dádivas atribuidos a Baratta por pagos del Grupo Techint entre mayo y diciembre de 2008. En total, en todas las causas elevadas a juicio se juzgan más de 300 hechos de corrupción. Las anotaciones del chofer Oscar Centeno le permitieron al fiscal Stornelli cuantificar de manera aproximada seis de estos nueve pagos: US$1.500.000 corresponden a Panedile; US$500.000 a Secco; y cinco entregas de US$200.000, US$1.200.000, US$1.300.000 y US$450.000, a JCR, cuyo dueño, Juan Carlos Relats, falleció."Hay uno que no figura -dijo Dragonetti durante su indagatoria, en agosto de 2018- y que yo reconozco que fue en el año 2010, en la cochera del edificio donde tengo la oficina, Suipacha 1111, CABA".Sostuvo que ese hecho no figuró en la imputación y que si figura en el cuaderno, está mal relatado. "No fue en el primer sino en el segundo subsuelo, lo cual recuerdo, pues el ascensor no tiene primer subsuelo y además mi cochera está en el segundo subsuelo", señaló."Tampoco es cierto el monto que se indica, pues el mismo fue un equivalente a treinta y cinco mil dólares, y tampoco es cierto que estaba acompañado porque estaba sólo", detalló. Noticia en desarrollo
Los expedientes por presunta corrupción y acoso sexual que involucran respectivamente a cada uno de los magistrados, serán analizados por la Comisión de Acusación tras la decisión unánime del organismo
La firma rosarina rechazó los cuestionamientos y recordó que la sindicatura certificó que reunió el 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado. Solicitó que se declare la existencia del acuerdo y se ordene la adjudicación de las acciones.
El fallecido permaneció entre agua fría durante la noche del 29 al 30 de octubre, lo que desencadenó un tromboembolismo pulmonar que terminó causándole la muerte días después
El presidente de la Comisión, que presentó los cambios del texto matriz jurídico, remarcó la necesidad de garantizar seguridad y legalidad en el país. "La gente ya no quiere más demagogia", sentenció
La absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, acusado de haberse aprovechado de su posición para captar a jóvenes adictos con ofrecimientos de tratamientos de rehabilitación a través de los cuales los hacía trabajar en su provecho, abrió una grieta en la Justicia federal de Mar del Plata y dio inicio a un fuerte cruce plasmado en sus resoluciones, una polémica de final incierto.El juez Roberto Falcone, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Mar del Plata y a cargo del debate, consideró que el pastor no había sido un explotador, sino un benefactor social que suplía las carencias del Estado y que con sus acciones, lejos de someter a los jóvenes a los que empleaba a una situación de trata de personas con fines de explotación laboral, les estaba "ampliando su libertad". Por eso, y en una dura crítica al trabajo de la Fiscalía en el caso, les aconsejó que "pisaran el barro" en lugar de analizar conductas desde un escritorio.Ahora llegó la durísima respuesta del Ministerio Público, también en la letra del expediente, a través del recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde pidieron una condena de 14 años de prisión. La fiscal federal Laura Mazzaferri, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), afirmaron categóricamente que, con su fallo absolutorio, el juez Falcone dio "un mensaje peligroso a la sociedad"."Se ha recurrido a un artilugio retórico, impropio de un juez, que persigue la desacreditación de la tarea de esta parte para así debilitar el caso y dar un mensaje peligroso a la sociedad, en violación a todas las normas nacionales e internacionales de prevención, persecución y adecuada sanción del delito de trata de personas, lo que, más allá de demostrar la arbitrariedad del fallo, ocasiona un agravio" a la autonomía e imagen del Ministerio Público, sostuvieron Mazzaferri y Colombo, en su recurso ante el máximo tribunal penal del país.En octubre pasado se conoció el fallo absolutorio firmado por el juez Falcone. En su alegato, la fiscal Mazzaferri había solicitado la condena de Tagliabué, que había llegado a juicio acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de reducción a la servidumbre, agravado por la calidad del autor, al ser ministro o autoridad de culto, por mediar engaño y amenazas, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido respecto de un menor de edad y de una persona con discapacidad. También fue juzgado por ejercicio ilegal de la medicina.Según la acusación, Tagliabué había captado al menos a nueve personas â??la mayoría, varones jóvenesâ?? "en situación de suma vulnerabilidad, quienes estaban atravesados por situaciones de consumo problemático, falta de contención y carencias económicas, y/o en conflicto con la ley penal, para acogerlas en la vivienda anexa al templo que dirigía en el barrio Pueyrredón, y a la mayoría de ellos, en un falso Programa de Rehabilitación de las Adicciones que no contaba ni con profesionales de la salud ni con habilitación para funcionar, de acuerdo con las constancias de la causa".En su alegato, la fiscal Mazzaferri sostuvo: "Quedó acreditado que el acusado, mediante el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que atravesaban los jóvenes, mediante engaños y falsas promesas de rehabilitación, además del desarrollo de maniobras de intimidación, como violencias varias, amenazas y acoso sexual, afectó su libertad de autodeterminación y, de esa manera, los explotó laboralmente y se benefició de manera personal, no solo económicamente, sino también en relación con la influencia que ejercía y sigue en parte ejerciendo en la comunidad". Para el Ministerio Público Fiscal, el juicio había dejado en evidencia que el modus operandi sistemático desplegado por Tagliabué estuvo posibilitado por su rol de pastor y su discurso espiritual y de ayuda al prójimo, en lo que denominó un "proceso de persuasión coercitiva". Los primeros acercamientos â??según reconstruyó la fiscal en su alegatoâ?? se daban desde un lugar de contención y amor, para luego "acrecentar la relación de dependencia socioeconómica afectiva, convirtiéndose en una relación de explotación, sin brindar ni generar las herramientas de independencia y autodeterminación de los jóvenes".Por el contrario, a la hora de tomar su decisión el juez Falcone sentenció: "La versión de los hechos sostenida por la fiscal no se corresponde con el resultado de la prueba producida en el juicio oral. Por el contrario, lo que arroja dicha prueba es que Tagliabué no implementó técnicas de persuasión coercitiva, no captó ni acogió â??en el sentido típico del delito de trata de personasâ?? a ninguna víctima; no actuó con la finalidad de explotar a nadie, ni tampoco explotó laboralmente ni redujo a la servidumbre a ninguna persona". Para el juez, "las personas que fueron identificadas como víctimas por la acusación no revistieron, en realidad, esa calidad. La fiscalía debería recorrer la noche de Mar del Plata y ver a los cientos de personas durmiendo en la calle y drogadas que no acceden a dispositivo médico alguno. La fiscalía debe 'pisar el barro', como dice [José] Cafferata Nores [autor del Manual de derecho procesal penal]. Además, la actividad de entidades religiosas en la tragedia del consumo problemático de estupefacientes y su relación con el Estado han sido objeto de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)".Durante el desarrollo del juicio hubo un gran acompañamiento de apoyo al pastor de parte de fieles de su comunidad, que permanecieron frente a la sede del Tribunal Oral Penal ante cada audiencia y celebraron entre abrazos y lágrimas la absolución de Tagliabué.En el recurso presentado ante Casación, los fiscales sostuvieron que la sentencia "resulta arbitraria, en tanto, por un lado, había omitido deliberadamente mencionar y valorar prueba de cargo dirimente para resolver el caso y, por el otro, había distorsionado su sentido y peso probatorio al desacreditar el testimonio de profesionales expertas de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento de la Víctima del Delito de Trata, al malinterpretar el sentido de escuchas telefónicas y desconocer deliberadamente la profusa prueba documental".Y destacaron que "en contra de toda la normativa nacional e internacional, el juez basó casi exclusivamente su decisión en el tenor literal de los testimonios de parte de las víctimas cuyos relatos habían sido favorables o de agradecimiento hacia el pastor, mientras que desacreditó los testimonios de los jóvenes que, en cambio, habían cuestionado y denunciado las conductas desplegadas por el acusado", según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
El hijo del Chapo Guzmán manifestó haber participado en el secuestro del Mayo Zambada
El francés de la Corte Penal Internacional, Nicolas Guillou, enfrenta un calvario diario tras ser sancionado por Estados Unidos por autorizar las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. A causa de ello, tiene dificultades para realizar pagos básicos y acceder a servicios. Leer más
El dirigente político, tras la decisión judicial sobre su impedimento para recoger apoyos por firmas, anunció la posibilidad de respaldarse en partidos, que estarían en disposición de postularlo
A casi un mes de iniciado el juicio por corrupción más grande de los tribunales argentinos, persisten las dudas sobre el formato final que adoptará el curso de un debate que, se estima, demorará varios años. Desde el comienzo del juicio por los Cuadernos de las Coimas, los jueces del Tribunal Oral N°7 (TOF 7) sostienen que no pueden hacer más para acelerar el proceso y mantienen una puja abierta con sus superiores de la Cámara Federal de Casación, que piden cambios para apurar los tiempos del juicio. Son quienes deberán revisar cualquier decisión del tribunal, incluidas eventuales condenas o absoluciones. El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto y el magistrado Germán Castelli, uno de los tres encargados de juzgar a Cristina Kirchner y al resto de los 86 imputados, decidió no ir, aduciendo que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de las sentencias de dos de las 10 causas que integran el universo Cuadernos.El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del Tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y les reiteraron a los magistrados Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala Amia en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana. En las últimas audiencias del caso Cuadernos, donde se continuó con la lectura de la extensa acusación fiscal, la expectativa estaba puesta en si el tribunal, tras aquel encuentro, anunciaba alguna modificación en la hoja de ruta, pero los jueces se limitaron a hacer público ante las partes su intercambio con la Casación, mencionando que ya había sido elevado a la Corte Suprema su pedido para disponer de otra sala distinta a la ofrecida. Apuntan a una sala en el Palacio de Tribunales, que es donde el TOF 7 tiene su sede y oficinas. "Se estará a la espera de las respuestas pendientes, previo a fijar el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones previstas", dijo Méndez Signori. No hubo, desde aquel día, ninguna respuesta de la Corte al tribunal, según pudo averiguar LA NACION. Críticas a la marcha del juicioLa marcha del tramo principal de la causa Cuadernos fue blanco de críticas durante las últimas semanas, algunas de las cuales provinieron desde el mismo Poder Judicial. Se escucharon cuestionamientos de miembros del Consejo de la Magistratura y la preocupación de la Corte Suprema sobre el tema cobró total publicidad a través de su miembro más antiguo, Ricardo Lorenzetti. "Hablemos claro. No puede ser, o no es admisible, un juicio de una megacausa en esos términos. No es admisible para toda la sociedad y no está bien", dijo, en referencia específica a la virtualidad, en diálogo con Radio Rivadavia. Lorenzetti sugirió luego que el formato de los juicios debía ser flexible y adaptarse a lo que demande cada uno de ellos. La envergadura de Cuadernos, sin embargo, con 87 imputados y más de 300 hechos de corrupción a juzgar, parece desafiar los estándares de la Justicia, incluso con la nueva gran sala ofrecida por la Casación.La sala remodeladaEs una suerte de anfiteatro en el subsuelo del edificio judicial de Comodoro Py que, con su segundo piso con butacas, contaría con un aforo de 197 personas. Pero aun esas dimensiones parecen apenas suficientes para el juicio Cuadernos.Al comienzo de cada una de las audiencias celebradas hasta el momento, la secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola, en un pequeño acto inaugural que suele ocupar los primeros 10 minutos, constata la presencia por lectura de entre 170 y 190 personas, dependiendo de si están o no conectados todos los imputados y sus respectivos abogados. Ese número no contempla a los secretarios del tribunal, ni a los auxiliares de la fiscal Fabiana León, ni a los del representante de la UIF, Mariano Galpern, como tampoco a eventuales testigos ni a medios de comunicación. En su primer descargo, además de advertir que arrastran reclamos puntuales para realizar el juicio desde hace seis años, el TOF hizo notar que la sala, por el momento, no es más que una promesa y que estaba ubicada en un lugar -Comodoro Py- donde el tribunal no tiene sus oficinas.El juez Castelli sostuvo en su último pronunciamiento que, ante tanto reclamo insatisfecho, se había conseguido poner en marcha el juicio "en las condiciones en que se pudo", en una pequeña, "modesta", sala de audiencias, con apenas un baño. El último capítulo de la puja solapada entre la Casación y el Tribunal tuvo lugar la semana pasada, con un pedido particular del juez Castelli a sus superiores de la Casación para obtener una suplencia en otro tribunal, lo que llamó la atención porque uno de los argumentos del TOF es la sobrecarga de trabajo. La Casación incluyó ese pedido para tratarlo mañana, en su reunión semanal, que se dará en paralelo a la próxima audiencia de Cuadernos, a las 13.30, cuando se continúe con la lectura de la acusación.
El ex alcalde de Medellín reclamó públicamente por no figurar en la medición, con el argumento que su posición en estudios previos justificaba su presencia entre los candidatos encuestados
Hubo contactos entre el postulante y el actual fiscal General, Juan Manuel Delgado, cuyo mandato vencerá el 15 de marzo próximo. Aseguran continuidad en políticas claves. El próximo desafío: el sistema integral de flagrancias. Viejos rencores con Luis Juez. Leer más
Una jueza cuestionó el mal uso de la inteligencia artificial para redactar informes policiales. En el marco de una investigación sobre el uso de la fuerza en las redadas contra migrantes en Chicago, la magistrada Sara Ellis notó que había reportes sobre detenciones escritos con ChatGPT. El problema radica en que esta práctica puede generar imprecisiones que resulten perjudicialales para los extranjeros La jueza Sara Ellis cuestionó informes de las redadas en Chicago que se hicieron con IALa jueza federal se expresó en una investigación del accionar de las fuerzas de seguridad en la ciudad más poblada de Illinois. Luego de la Operación Midway Blitz llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago, Ellis realizó una revisión de los informes y videos de cámaras corporales.En más de 200 páginas, expresó que se produjeron enfrentamientos y que, en ciertas ocasiones, hubo uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones. Sin embargo, llamó la atención una nota de opinión que dejó al final del documento, al que tuvo acceso AP.Allí, Ellis aseguró que en al menos un informe constató el uso de ChatGPT para la redacción. Según la jueza, un agente le dio a la IA las imágenes y una breve descripción de los hechos y le pidió que redactara el reporte.Al comparar con lo ocurrido en las imágenes, la magistrada notó que había discrepancias importantes con lo escrito oficialmente. Más allá de la crítica que la magistrada hizo a esta práctica, la utilización de inteligencia artificial para informes policiales puede ser especialmente riesgoso en el caso de inmigrantes.Es que un error de la IA sobre lo que ocurrió durante el operativo podría hacer responsable a una persona de acciones que no cometió. Por ejemplo, una supuesta agresión a un agente federal podría complicar la situación del migrante y su estadía en Estados Unidos.La Patrulla Fronteriza usa algoritmos de IA para detencionesMás allá del uso de ChatGPT para redactar informes, recientemente una investigación de AP descubrió que la entidad utiliza un sistema de inteligencia artificial para detener a personas.El procedimiento de la Patrulla Fronteriza funciona de la siguiente manera:El sistema de IA realiza una lectura automatizada de placas y monitorea vehículos en todo EE.UU.Un agente halla un patrón de movimiento "sospechoso" y marca esa placa para una detención.La policía local, en colaboración con la entidad, realiza un control de tráfico y detiene al auto apuntado por una supuesta falta menor.Además de cuestionamientos por la violación a la privacidad, esto también es especialmente riesgoso para inmigrantes, que pueden ser hallados por la agencia federal mediante este sistema.El 97% de los migrantes detenidos en Chicago no tenía antecedentesEl descubrimiento sobre el uso de la IA para los informes se superpone a otro dato controversial del operativo Midway Blitz. Tras una orden del juez federal Jeffrey Cummings, las autoridades debieron entregar información sobre la lista de detenidos durante las redadas en Chicago.Allí, se descubrió que de los 614 inmigrantes que fueron arrestados, solamente 16 personas (2,6% del total) tenía algún tipo de antecedente penal.
El líder del Frente Cívico revisa errores, apunta al radicalismo, reivindica la necesidad de acuerdos y advierte sobre la maquinaria electoral que sostiene al oficialismo provincial desde hace casi tres décadas. Leer más
Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena
El fallo protegió el fuero de paternidad del funcionario y coincidió con la investigación disciplinaria que avanza contra el gobernador de Santander y el alcalde encargado de Girón
El extitular de Transportes comparece ante el alto tribunal, que evalúa su situación cautelar tras la solicitud de ingreso en prisión por parte de la Fiscalía y acusaciones populares debido a supuestas irregularidades en contratos durante la pandemia
"He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno". Jorge Luis Borges, a quien le pertenece este texto, asistió solo a una de las audiencias del Juicio a las Juntas, pero consiguió lo que ninguno de los periodistas que a lo largo de más de seis meses asistimos a la sala del Tribunal pudo expresar. Con tres frases encerró la esencia de lo que allí sucedía: "No era peronista, no era comunista, era un hombre que sufría". Un ser humano despojado de sus dogmas y creencias, y por eso solo ante la humillación y el dolor por los tormentos. Aquel día escuchamos a lo largo de cuatro horas el testimonio del operario gráfico Víctor Basterra, un preso desaparecido en la Escuela Mecánica de la Armada, donde el almirante Eduardo Massera diseñó un mecanismo macabro: servirse de los presos montoneros para sus ambiciones de ser un nuevo Perón. El operario gráfico fue obligado a falsificar la documentación con la que algunos marinos, además de secuestrar y desaparecer a las personas, se apropiaron de sus bienes y sus propiedades. Por su "trabajo", a Basterra se le permitía regresar el fin de semana a su casa para volver el domingo a su cárcel. Entre sus ropas sacaba las únicas fotos que existen como prueba de lo que se intentó negar, el crimen. Borges habló ese día de "la inocencia del mal", una contracara, tal vez, de la "banalidad del mal" de Hannah Arendt. "Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del huésped) Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal". Ahora que el calendario nos recuerda que se conmemoran los cuarenta años de la sentencia que condenó a nueve de los diez comandantes que integraron las tres juntas militares, bien podemos recordar ese texto de Borges para humanizar la tragedia y evitar que la conversación pública vuelva a teñirse de ideología, con relatos en disputa que se niegan mutuamente, sin que podamos acercarnos realmente a "ese hombre que sufría". Una metáfora política en la que están depositados todos los padeceres de una sociedad destruida por sus enfrentamientos. Hoy las urgencias del presente tiñen cualquier evocación. Pero vale recordar que el Juicio a las Juntas le dio a la presente etapa democrática un inicio auspicioso y reconstruyó el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado. El Juicio tiene padres concretos y una verdad innegable, la decisión y obstinación del entonces presidente, Raul Alfonsín, que sabía que el futuro democrático estaba encadenado a la forma en que se resolviera ese pasado de terror.Sin embargo, con el tiempo las consignas políticas fueron reemplazando la verdad de lo que sucedió y la memoria pasó a ser también algo que deliberadamente se oculta o se olvida. Lejos de despojarnos del pasado como un peso para convertirlo en memoria compartida, el Nunca Más se fue diluyendo en narrativas escritas sobre el hueco vacío dejado en la pared tras quitar el cuadro del dictador. Por poner las culpas en los otros, eludimos las responsabilidades propias. Las consignas políticas mutilaron las verdades. El debate en torno a las cifras nos impidió construir una realidad compartida. Sin embargo, todo lo que sucedió después del Juicio, desde los levantamientos carapintadas que le arrancaron a la democracia leyes de amnistía, al indulto de Menem, que liberó tanto a los comandantes como a los dirigentes guerrilleros, no invalidan el Juicio a las Juntas, que permitió la restitución de la ley y la justicia. "Las verdades históricas son solo verdaderas, es decir universalmente convincentes y vinculantes, si son confirmadas por las verdades de la razón", escribió Hannah Arendt, y no hay razón mas poderosa que la de la ley, porque nos protege de los que se arrogan la potestad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros pensamientos. Resta ahora que otros jueces y fiscales sigan el ejemplo de aquellos que, hace cuarenta años, no temieron ni cedieron a las presiones ni a las amenazas y nos dieron a los ciudadanos una idea de justicia y la razón legal para confiar en la democracia. Una democracia que, al menos como definición, consagra la igualdad ante la ley.
La determinación del magistrado se fundamenta en que las imágenes mostraban al procesado y a su esposa en estado de desnudez, lo que podría constituir una grave vulneración del derecho a la intimidad y la dignidad humana
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, advirtió que sortearon "por error" y enviaron al juzgado de Federico Villena la causa por evasión fiscal donde se investiga al financista Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas y ligado al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.La fiscal sostiene que el caso no debió haber sido sorteado, sino enviado por conexidad al otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo interinamente de Luis Armella. La razón es que allí ya se investiga una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados, entre ellos, Vallejos y el Club Banfield. Así se lo hizo saber a Villena por oficio para que reenvie la causa.La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA, precisamente cuando Tapia también enfrenta cuestionamientos por las sospechas en torno al manejo del torneo.El desenlace del reclamo de la fiscal no es un asunto administrativo menor, sino que tiene implicancias importantes en el caso. Por ejemplo, si se avanza con trámites judiciales irrepetibles y después el juez es declarado incompetente, los avances pueden ser declarados nulos.Incardona, tras impulsar el caso contra Vallejos por supuesta evasión, advirtió que hay una evidente conexidad objetiva y subjetiva con otra causa el juzgado federal 2. Por eso pidió que el caso sea resignado.La fiscalía en su requerimiento tiene la hipótesis de que pudo haber existido evasión tributaria y lavado de activos.Entre los sospechosos está el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.Pero estas mismas personas están investigadas en otra causa en el juzgado federal 2 de Lomas por presunto delito de lavado de activos.En ese expediente se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Atlético Banfield. Supuestamente sumaron al patrimomnio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador de Banfield, Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield a Fútbol Club Juárez, de México. Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.La fiscalía cree que hay un "un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A., y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos." Esto porque las actividades facilitaron la colocación de ganancias ilícitas de Oscar Tucker, Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A.
El órgano parlamentario aplicará de manera inmediata el reglamento si el Tribunal Supremo determina prisión provisional para el exministro, lo que supondrá la suspensión automática de derechos, retribuciones y participación en votaciones mientras dure la medida judicial
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el presidente del Gobierno "desautorizó" públicamente la decisión anunciada por el Supremo
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión del exministro de Legalidad de San Luis Sergio Freixes y de su viceministro, Mario Zabala, integrantes del gobierno de Alberto Rodríguez Saa, por presionar a jueces para que firmen de manera anticipada sus renuncias antes de asumir en el cargo.El caso ocurrió hace 20 años y ahora, con el fallo firme de la Corte, llega a su fin. Con la sentencia firme, los exfuncionarios deberán ser detenidos y cumplir su condena en prisión. Fueron condenados por los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. El caso fue un escándalo en 2004 y 2005, y se llegó incluso a pensar en la intervención del Poder Judicial de San Luis. La denuncia la formuló Marina Ziliotto, a quien, una vez designada para el cargo de jueza de cámara para el que había concursado, se le exigió que participara de un pedido de jury contra sus dos colegas de la Cámara de Apelaciones que integraba.Todo esto ocurrió bajo amenaza de hacer efectiva la nota, firmada sin fecha por ella, por medio de la cual ponía a disposición del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá su renuncia al ejercicio de esa magistratura. La mujer se negó y lo denunció.El 1° de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis dictó la condena a cinco años de prisión contra los exfuncionarios, como coautores. Sin embargo, fueron absueltos por uno de los dos hechos que se les imputaban.Las defensas apelaron para pedir la absolución también por el otro hecho y la fiscalía reclamó la condena por el hecho cometido el 28 de octubre de 2004. Ese día, el entonces ministro y el entonces viceministro de Legalidad convocaron a la víctima, al igual que al resto de los aspirantes que integraban las ternas para cubrir los cargos vacantes, para exigirles -so pena de no remitir el pliego a la instancia del Senado- que dejaran firmada su renuncia al cargo para el que habían concursado. "La maniobra ilícita efectuada consistió en el sometimiento de los magistrados del Poder Judicial de esa provincia a los designios del Poder Ejecutivo de esa región", sostuvo la fiscalía.En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal condenó por mayoría a los exfuncionarios del Zavala y Freixes también por el segundo hecho y les subió la pena a seis años de prisión. Las defensas apelaron. Como se había agregado un nuevo hecho, otra sala de Casación revisó el caso y los jueces Daniel Petrone, Juan Carlos Gemignani y Carlos Maquiques (en disidencia parcial) confirmaron la condena para Freixes y Zabala.Las defensas llegaron "en queja" a la Corte Suprema. En su argumentación, cuestionaron la revisión de la sentencia, la calificación legal y la pena impuesta. Dijeron que se había violado el principio de ne bis in ídem y la garantía de plazo razonable. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron los planteos por considerarlos inadmisibles, bajo la figura del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.En el caso, la organización Poder Ciudadano presentó un amicus curiae. Alegó que debían protegerse las formas republicanas de gobierno, haciendo énfasis en la independencia del Poder Judicial y el derecho humano de acceso a la Justicia.Cómo operabanA través de una modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial, en 2004, el proceso de selección de jueces estaba a cargo del Ministerio de la Legalidad a cargo de Freixes y Zavala, quienes desde su posición condicionaban la designación de los jueces. De esta manera, se creó un claro sometimiento del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo en la provincia de San Luis, ya que cada vez que un juez actuaba de forma contraria a los intereses del Poder Ejecutivo o las órdenes que le imponía a los magistrados, contaban con la facultad de removerlo a través de una "renuncia" y seleccionar a otro que responda a sus necesidades.Debido a la gravedad de los hechos y la vulneración a la independencia entre los poderes, Poder Ciudadano resaltó que la resolución de este caso trasciende a las partes involucradas.
El caso judicial que involucra a la familia del ministro del Interior sigue en curso, mientras la Fiscalía investiga el origen de los fondos utilizados para adquirir la mansión y otros activos en Atlántico
El tribunal alegó que la acumulación de antecedentes penales era un motivo de mayor peso que el arraigo familiar. Además, quedó demostrado que ni siquiera cuidaba de los menores
La Defensoría de Niños de San Martín de los Andes habilitó una transfusión de sangre para salvar al recién nacido. Los padres son Testigos de Jehová. Leer más
Guillermo Federico Rivarola actuó en la justicia federal durante la dictadura
La diputada rionegrina Lorena Villaverde tiene antecedentes judiciales en Estados Unidos, con detenciones en 2001 y 2002 vinculadas a obstrucción y narcotráfico. Ahora vuelve a quedar en el centro de la escena por una impugnación presentada en el Senado por el peronismo local. Leer más
La declararon Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas por su trayectoria y sus aportes a la administración del Poder Judicial
En la segunda audiencia de cesura, Dolly Fernández desestimó planteos de las defensas para obtener pericias, cambios en las condiciones de detención y la extracción de testimonios contra Gloria Romero y Ronan Amarilla. Recordó que esta etapa del proceso solo permite discutir la pena tras el veredicto de culpabilidad. Leer más
El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá declaró improcedente la tutela que instauró el exalcalde de Medellín contra la entidad colombiana encargada de organizar las elecciones
Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral federal que lleva adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por la causa de los "cuadernos de las coimas", pidió a sus superiores de la Cámara Federal de Casación que le den una suplencia en otro tribunal oral. La medida contrasta con lo que dijeron Castelli y sus colegas Enrique Méndez Signori y Fernando Canero acerca de que no podían hacer más que dos audiencias semanales en el caso de los sobornos porque estaban tapados de trabajo con otros juicios.El pedido de Castelli fue elevado al tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación, que resolvió ponerlo en el temario de su próxima reunión a realizarse el martes próximo.El orden del día de esa reunión tiene como punto sexto tratar el oficio 1783/25 de Castelli, donde manifiesta "su postulación como juez subrogante del tribunal oral criminal federal N° 6 de esta ciudad". En ese tribunal hay una vacante.Esa vacante está ocupada temporariamente por el juez Méndez Signori, por eso Castelli envió un oficio en el que señala que solo se postula para ocupar ese lugar, y no en otros tribunales orales, de modo de no alterar la agenda del juicio en marcha. Escribió Castelli en su oficio a la Casación -al que accedió LA NACION- que el 6 de diciembre vence su subrogancia en un tribunal oral federal de La Plata y que como Méndez Signori es subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, "es que el suscripto encuentra conveniente postularse como juez subrogante -sólo- respecto de ese Tribunal Oral Federal N°6 capitalino, debido a las vacantes existentes en aquella dependencia". Se trata de una postulación, y no de una designación, ya que quien ocupe esa subrogancia se determinará luego de un sorteo. Las subrogancias, además de implicar más trabajo para los jueces, significan cobrar un 33 por ciento más de sueldo.Todo hace pensar que el pedido será rechazado. El principio que rige en la Casación es que las subrogancias son posibles, siempre que no afecten el funcionamiento de las tareas del tribunal donde el juez es titular.El juicio del caso de los cuadernos de las coimas comenzó el 6 de noviembre pasado, con una audiencia semanal por Zoom. Dado que son 87 imputados y más de 600 testigos, con ese ritmo el juicio oral iba a durar muchos años.Hubo preocupación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura por esta circunstancia y la propia Cámara Federal de Casación había sugerido a los jueces que impusieran otro ritmo.Para ello, hace 15 días convocó a los jueces Castelli, Méndez Signori y Canero, pero sólo acudieron los dos últimos a ese encuentro. Castelli se excusó por cuestiones de trabajo.Allí, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky resolvieron darles facilidades a los magistrados para que aceleren el proceso.Los jueces del tribunal oral, antes de esa reunión, le habían enviado una nota a los camaristas donde les decían que estaban "colapsados". De hecho, allí mencionaron que solamente en los últimos tres meses recibieron 29 nuevos expedientes, lo que contribuyó "al colapso que se generó" durante los últimos años.Tras la reunión en Casación, los camaristas de Casación pusieron a disposición de los jueces del juicio una renovada sala de audiencias, la posibilidad de usarla tres veces por semana y si los jueces lo deciden, que puedan sesionar durante las vacaciones.Además, los jueces de la Casación resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al Tribunal Oral Federal N°7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados.Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ante el reclamo decidieron poner audiencias dos veces por semana (martes a la tarde y lunes a la mañana) y que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados sean híbridas, es decir con los imputados en la sala de audiencias y los defensores en el Zoom. Pidieron además a la Casación que les permitan contratar a más personal y habilitar un espacio físico, cuestiones que se derivaron a la Corte Suprema de Justicia.El juicio por los Cuadernos de las Coimas contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública comenzó de manera virtual.La fiscal de la causa, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realice con mayor frecuencia, y lo propio hizo uno de los imputados.Los jueces del tribunal oral vienen diciendo que están pidiendo ayuda desde 2019, pero que no los escucharon, y señalaron que necesitaban que los aliviaran del trabajo que tenían por delante.
Pese a las investigaciones por presuntas faltas muy graves y nexos con Andrés Hurtado, la magistrada volvió al PJ gracias a una medida cautelar
La vistilla del exministro se ha celebrado a las 10:00 y la del exasesor a las 12:30, pero se ha retrasado porque su abogada quería asistir a la declaración del otro acusado, Víctor de Aldama
Primero pidió la nulidad de la causa, luego reclamó que no le abrieran el teléfono porque argumentó es abogado y ahora presenta testigos que estarían coimputados en la usurpación del 7 de junio. Apela cada fallo. El juez Ramos ahora espera que decida la Corte.
Desde 2021, el hombre comenzó una vida en Valencia junto a una ciudadana española, con quien tuvo una hija, también española, compartiendo domicilio y empadronamiento con ambas
La decisión judicial favoreció a Berli Díaz Silva, quien conducía sin licencia y presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando arrolló a varias personas en un paradero de Pachacútec. La Fiscalía ya anunció que impugnará el fallo
Un juez federal emitió una orden judicial preliminar en una demanda que cuestiona las detenciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza sin orden judicial. Con este fallo, los agentes solo pueden arrestar a una persona sin orden si consideran que existe una probabilidad real de que intente huir.El fallo presentado por el juez federal contra el ICE La orden judicial fue publicada el pasado 25 de noviembre. En el escrito, R. Brooke Jackson (juez de distrito superior) informó que los agentes federales no podrán efectuar arrestos en el estado sin una orden judicial y que las personas detenidas bajo estos estatutos desde el 20 de enero podrían recuperar su estatus legal."El Tribunal concede la moción de una orden judicial preliminar solo en la medida necesaria para restituir a los demandantes a la posición que habrían ocupado de no ser por la actuación ilegal del ICE", detalló el tribunal. Los agentes no pueden efectuar detenciones sin una decisión judicial, a menos que el oficial crea que el individuo tenga probabilidades de escapar. Al considerar una fuga, debe tomar en cuenta ciertos factores antes del arresto: La capacidad del oficial para determinar la identidad de la persona, y el intento de fugaEl conocimiento de fugas o evasiones previas de las autoridades,Los vínculos del posible detenido con la comunidad (incluidas las familiares, residencia o empleo). En qué momento un agente del ICE puede detener a un migrante sin una orden judicialEn caso de que el oficial determine que el migrante pueda escapar, deberá documentar por escrito los hechos en la sección narrativa del Formulario I-213 del detenido. El documento debe incluir que la persona fue arrestada sin orden judicial y otros datos como el lugar del arresto, la residencia del detenido y los hechos específicos que sustenten el posible intento de fuga. Esta información documentada después del operativo debe presentarse por separado del reportaje conocido en el momento del arresto sin orden judicial. El pedido del tribunal a los agentes del ICECon este dictamen, el magistrado Jackson les solicitó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y a Todd Lyons, director interino del ICE, que le proporcionaran a los demandantes una muestra de Formularios I-213 al azar de arrestos sin orden judicial en el distrito. La medida fue rechazada por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien lo calificó como una "decisión activista". "Las acusaciones de que las fuerzas del orden del DHS recurren a la 'evaluación racial' son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas", dijo. La denuncia contra el ICE presentada el 20 de octubre La impugnación legal fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado y otros abogados el 20 de octubre de este año.La misma se hizo en nombre de cuatro demandantes, entre ellas Caroline Dias Goncalves, la estudiante de 19 años detenida el 5 de junio. Estos alegaban que los arrestos a personas sin orden judicial buscaban cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por funcionarios de la administración Trump.
El abogado Alejandro Carranza ofreció disculpas a las partes conectadas, argumentando que dialogaba con su cliente sobre la imputación de cargos
La Sala de Casación Penal dispuso la detención inmediata de Óscar Enrique Aguirre Perdomo, señalado de imponer presiones económicas y sexuales a la compañera sentimental de un condenado que buscaba traslados y permisos administrativos
Se trata de Patricio MaranielloTodas quedaron unificadas en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura
La comisión de Disciplina remitió al área de Acusación el caso del juez federal en lo Civil y Comercial por una serie de denuncias formuladas por distintas empleadas de su juzgado
Patricio Maraniello, el juez Civil y Comercial federal que se hizo famoso por prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei, comenzará a ser investigado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por las denuncias en su contra por abuso sexual y maltrato laboral.Que la Comisión de Acusación â??y no la de Disciplinaâ?? se aboque a su caso implica que Maraniello no se expone a una sanción disciplinaria, como el descuento de una parte de su sueldo, sino que lo que se analiza es si corresponde iniciarle juicio político para su remoción.La decisión fue tomada hoy por la Comisión de Disciplina, en donde habían sido enviados inicialmente los expedientes. Ahora, los consejeros entendieron que la gravedad de las imputaciones en su contra merecen sanciones graves, si se confirman. La Comisión de Disciplina, que preside el abogado kirchnerista César Grau, había postergado el miércoles pasado la decisión de la unificación de los expedientes y el pase a la Comisión de Acusación. El presidente de la Comisión de Acusación, el senador Luis Juez, había advertido en ese encuentro que no había en todo el Consejo un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí ara avanzar.Es que ya declararon contra Maraniello la víctima que denunció el abuso sexual, sus compañeros y dos camaristas, superiores del juez, que advirtieron que "nunca" habían visto "nada igual" y hasta detallaron un código de vestimenta que el magistrado imponía a sus empleadas, de tacos y minifalda, lo que motivó a que "en radiopasillo" las llamaran "las azafatas de Maraniello".Hoy, en una nueva reunión, finalmente se votó la unificación de denuncias y el pase a la Comisión de Acusación, con nueve votos afirmativos. Levantaron la mano Grau y Juez, junto a los senadores Eduardo Vischi (UCR), Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara (ambos de Unión por la Patria), el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El único que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, que insistió en no dejar asentado el precedente de la unificación de denuncias. Quedó excluida una reciente denuncia contra Maraniello por el retardo en la habilitación de feria por un amparo de salud, trámite que continuará en la Comisión de Disciplina.El sumario a CapuchettiEn tanto, en una votación ajustada que desempató Grau como presidente, la comisión rechazó anular el sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti, denunciada por el kirchnerismo por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner. El kirchnerismo la responsabiliza por el borrado del teléfono del celular de Fernando Sabag Montiel, condenado por el ataque, pero la jueza denunció la responsabilidad de la Policía Federal y de exfuncionarios del kirchnerismo en el asunto. Capuchetti pedía la nulidad de todo lo actuado porque se había avanzado en el trámite en su contra y hasta convocado a testigos, sin haber sido notificada por el llamado artículo 11 del reglamento, el que le permite al magistrado saber de la investigación en su contra y hacer presentaciones o planteos. Los consejeros jueces Barroetaveña, Díaz Cordero y Provítola, junto a Vischi y Galderisi, votaron en favor de Capuchetti, pero perdieron ante la decisión de Juez, Lugones, Pilatti, Recalde y Grau, cuyo voto -en su rol de presidente- valía doble.El caso GoggiLa discusión que más tiempo insumió a la reunión, sin embargo, fue la que planteó un escenario entre jueces vs. abogados. Es la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi, que viene declarando de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados. A su criterio, esa norma, que ata el cálculo de los honorarios a la remuneración de los jueces federales, es "inequitativa" y por lo tanto ordena no aplicarla. Esos fallos generaron la denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. La abogada Jimena Latorre, que no integra la comisión, reclamaba que se hicieran medidas de prueba contra el magistrado. Según dijo, quería que se expusiera si existía "un patrón" de conducta del juez que no aplica esa ley "porque no le gusta".
La revelación ocurrió en su indagatoria de este miércoles, bajo el régimen de imputado colaborador. El magistrado renunció en junio y en la investigación por corrupción judicial también está involucrado el juez Gastón Salmain
Las defensas apuntaron a irregularidades, el fiscal respondió con dureza y la jueza postergó su decisión en plena cesura. Leer más
ROSARIO.-El financista Fernando Whpei, extitular de varias mutuales nucleadas en el Grupo Unión, declaró como arrepentido en la causa que lo tiene al exjuez federal Marcelo Bailaque preso en su domicilio por tres causas, entre ellas, haber dado protección al narco Esteban Alvarado, extorsionar a un empresario -que pagó 160.000 dólares- y de darle el control de los fondos-más de 1000 millones de pesos- de una cooperativa de estibadores a su "amigo" Whpei.Whpei declaró ante los fiscales federales casi una hora, y reveló detalles claves. Admitió que el financista que era extorsionado por Bailaque y el titular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna -también se plegó a la figura de arrepentido- pagó en tres tramos 160.000 dólares a cambio de que la causa trucha que le habían abierto quedara paralizada.El testigo reveló que Iglesias concretó el primer pago de 40.000 dólares en sus oficinas de Sarmiento y Santa Fe, donde también funciona el Museo de la Democracia. Whpei declaró que le llevó el dinero al entonces juez -renunció el 1° de julio pasado- a un almuerzo que tenían casi todos los viernes en el restaurante Pampa. "'Le llevé los 40.000 dólares en una caja de vino de cartón, de esas baratas", precisó Whpei.Antes de ese pago, según el testigo, Bailaque le había advertido que debía contactar a Iglesias porque le "estaba llegando una causa contra él de la AFIP (actual ARCA)". Le planteó que "si quería solucionar el tema tenía que pagar 160.000 dólares". Antes, Vaudagna declaró que esa maniobra se la contaron en un asado que mantuvieron una noche en el quincho de la casa de Bailaque, donde actualmente está detenido.Whpei reseñó que ese día en el que almorzaron Bailaque le dijo que "esto viene de arriba" y en otras conversaciones que mantuvieron personalmente en su casa le mencionó el nombre de "Santiago Busaniche", un operador judicial oriundo de Santa Fe, pero que se maneja con habilidad en Comodoro Py.Según establecieron los investigadores de Procunar, Procelar y PIA, la trama tenía dos objetivos: cobrar un soborno a cambio de que no prosperara una causa contra Iglesias por supuesto lavado de dinero narco, que se había originado a través de un anónimo en ARCA, a cargo de Vaudagna, y perjudicar a este empresario en el directorio de la aseguradora San Cristóbal, donde aspiraba a tener un cargo de relevancia.Por ese motivo, Bailaque ordenó una serie de allanamientos contra Iglesias el mismo día en que cobró la coima. A diferencia de otras causas, no había delegado ese caso en los fiscales. "Decile que no se preocupe, que está todo bajo control", le dijo el entonces juez a Whpei, quien debía transmitir a la víctima el mensaje.El empresario hizo otros tres, en tramos de 10.000 dólares, 85.000 y 25.0000. En el último, Bailaque le pidió a Whpei que le guardara el dinero, porque no quería tenerlo en su casa. Temía, de acuerdo al testimonio de su cómplice, que lo allanaran los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que fueron los primeros que revelaron las maniobras de protección del magistrado al narco Esteban Alvarado. Finalmente, Whpei le entregó los 25.000 dólares en su Mercedes Benz, el día del festejo de su cumpleaños, el 24 de mayo de 2022, cuando lo pasó buscar para ir a la celebración que hacía en el Colegio de Escribanos.Whpei está complicado en otra causa que afecta a otro juez, a Gastón Salmain, que debía ser indagado el martes, pero pidió una prórroga por problemas de salud. Fuentes judiciales informaron que padece de vértigo. Este miércoles estaba previsto que fuera visitado por un médico para confirmar ese problema.Salmain enfrenta múltiples investigaciones judiciales y un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura que lo tienen en el centro de un escándalo de corrupción judicial. La causa más grave lo señala como cómplice del financista Whpei en una operación que habría permitido comprar 10.000.000 de dólares al precio oficial en pleno cepo cambiario, durante diciembre de 2023.El 5 de diciembre de ese año, cinco días antes del cambio de gobierno, Salmain hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Fideicomiso Attila SA, autorizado por el magistrado para acceder al Mercado Único Libre de Cambios con un techo de 10.000.000 de dólares. Detrás de esta fiduciaria estaba Whpei, empresario que controla una serie de mutuales en Santa Fe.La operación habría permitido un negocio redondo: comprar divisas al valor oficial para luego venderlas al precio blue en el mercado informal, generando una ganancia estimada en cerca de 2.000.000 de dólares para Whpei.Según la declaración del propio financista arrepentido, Salmain se habría quedado con el quince por ciento de la operación. El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, investigan si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa.Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.Prisión domiciliariaEl financista está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado. A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero. Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como "Gastón Salmain" entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.Esta investigación provocó que los fiscales de Procelac solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.
El juzgado 14 de familia de Bogotá falló a favor de una tutela presentada por Armando Benedetti y exige a la Comisión de Acusaciones pronunciarse sobre el caso de la magistrada
Cuando faltan dos días para la jura de los nuevos senadores, Luis Juez (Pro) respaldó a la libertaria Lorena Villaverde y anticipó su rechazo a la impugnación impulsada por el Partido Justicialista (PJ) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. "Lorena Villaverde no tiene ningún impedimento para asumir, tuvo dificultades procesales que fueron resueltas", aseguró el cordobés, un aliado del oficialismo. La actual diputada está apuntada por inhabilidad moral para asumir el cargo. En el PJ de Río Negro cuestionan su participación en una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos: había sido detenida y procesada en 2022 luego de que la hallaron con dos kilos de cocaína. También apuntan contra sus vínculos con Claudio Ciccarelli, primo de Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico y lavado de activos, y cuya relación con José Luis Espert dejó al economista fuera de la contienda legislativa.La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta rechazó la validez del título de senadora electa de Villaverde. Ahora, el dictamen deberá ser tratado nuevamente en la sesión del próximo viernes y votado por el nuevo Senado. En este contexto, la actuación de Pro y la UCR será clave para definir el futuro de la senadora.Juez ya confirmó que apoyará la jura de Villaverde y desestimó que la antigua causa en su contra en Estados Unidos sea motivo suficiente para impedir su asunción. "Si la Justicia americana entiende que el procedimiento fue nulo, entonces así fue. Jurídicamente es irreprochable, no importa cómo se canceló el proceso judicial", aseguró el dirigente de Pro en diálogo con Futurock. "El juicio no se llevó adelante, la Justicia americana no tiene ningún reproche, ¿qué vamos a decir nosotros? La discusión moral es dentro de la ley, no estamos eligiendo un Papa", agregó.En este sentido, el cordobés destacó, además, la falta de impugnaciones exitosas a la candidatura de Villaverde tanto en la última elección nacional como en 2023, cuando ingresó a la Cámara baja. Para entonces, la dirigente de LLA en Río Negro ya había sido detenida en Estados Unidos."Cuando fue candidata a diputada no hubo ninguna impugnación, cuando fue candidata a senadora tampoco. El pueblo la votó, ¿yo me puedo arrogar más poder que el propio pueblo que la votó?", planteó Juez, que sostuvo que su postura "está fundada en la Constitución". Al igual que él, se espera que otros cuatro legisladores de Pro respalden la asunción de la libertaria. A ellos se sumarían los 19 votos de LLA y los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia en Misiones.Juez ya había respaldado a Villaverde en el Congreso, cuando se debatió la impugnación impulsada por el PJ, con el mismo argumento: que si la causa había sido archivada en Estados Unidos y la libertaria fue sobreseída, no había motivos para avanzar contra su jura. En esa oportunidad, además, destacó que a nivel nacional la Unidad de Información Financiera no emitió reportes de operaciones sospechosas en su contra. "No podemos decir cualquier cosa porque esto nos podría pasar a cualquiera de nosotros", agregó el senador.Ese es uno de los argumentos que rige el debate por el futuro de Villaverde. Algunos de los senadores que aún no definieron su postura evalúan si apoyar la impugnación luego de que la Justicia electoral habilitara la candidatura de la rionegrina podría abrir la puerta para que futuras mayorías impulsen procesos similares en su contra solo por diferencias ideológicas y sin pruebas jurídicas.En la UCR, que prevé brinde libertad de acción a sus senadores, por ejemplo, temen que una denuncia -independientemente del resultado de la investigación posterior- pueda convertirse en motivo suficiente para inhabilitar la jura de un legislador electo. También repasan antecedentes en los que no se aplicó el mismo criterio, aunque, al igual que otros bloques, se muestran preocupados por el posible ingreso del narcotráfico al Congreso.
El juzgado recibe también la fotografía y las medidas del reservado para aclarar si la periodista pudo escuchar las conversaciones del president durante la DANA
Magistrado sostiene que no existe impedimento que justifique su apartamiento y dictará la sentencia de primera instancia en los próximos días