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Golpe a Greg Abbott: una jueza federal bloquea la ley SB4 que permitía detener inmigrantes en Texas

Un tribunal federal de apelaciones asestó un golpe a la política migratoria de Texas al bloquear la aplicación de la ley SB4, impulsada por los republicanos, que permitía a las autoridades estatales detener y procesar a individuos sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera desde México.Qué prevé la ley SB 4 de TexasLa Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos confirmó, con una votación de 2-1, la orden judicial que impide la implementación de la controvertida ley, que había sido impugnada por el gobierno de Joe Biden.Aunque la administración de Donald Trump había abandonado el caso, la ley de Texas, firmada en diciembre de 2023 por el gobernador Greg Abbott, continuó siendo objeto de litigio, entre otros, por el grupo de defensa de los derechos de los migrantes Las Américas Immigrant Advocacy Center. Este grupo argumentó que la ley federal prevalece sobre la estatal.La SB4 convertía en delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas desde un país extranjero, facultando a los jueces estatales a ordenar la salida de los infractores de Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se negaran a cumplir.La jueza que desafió la ley SB4 de Greg AbbottPriscilla Richman, jueza de circuito, fue quien redactó la opinión mayoritaria del tribunal de Nueva Orleans, señaló que, durante casi 150 años, la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que la potestad de controlar la inmigración recae exclusivamente en el gobierno federal.Basándose en un fallo de la Corte Suprema de 2012 que anuló partes de una ley de inmigración de Arizona, Richman argumentó que la ley de Texas, si se permite su aplicación por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, interferiría con la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las complejas leyes de inmigración de Estados Unidos.El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, prometió apelar la decisión. "Siempre lucharé para detener la inmigración ilegal", sostuvo.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

"La jueza falló a favor de YPF": la sorpresiva declaración del CEO de la petrolera tras el fallo de Preska

Tras la decisión judicial que ordena ceder el 51% de las acciones, Horacio Marín aseguró que la medida perjudica al Estado argentino, pero no a la compañía que conduce. Leer más

El presidente de YPF aseguró que el fallo de la jueza Loretta Preska "es a favor" de la petrolera y "en contra de la República"

Horacio Marín aseguró, además, que el precio de la nafta no va a modificarse por la decisión judicial tomada en Estados Unidos. Además habló de la "uberización" de las estaciones de servicio

"La jueza falló a favor de YPF": la llamativa postura del presidente de la petrolera tras la sentencia de Preska

Horacio Marín sostuvo que el fallo perjudica a la Argentina pero no a la empresa que conduce."No puedo opinar", se excusó Marín.

Horacio Marín aseguró que la sentencia de Preska no afectará a la petrolera: "La jueza falló a favor de YPF"

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó que el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York no tendrá impacto directo sobre la empresa petrolera. En cambio, analizó: "La jueza falló a favor de YPF y en contra de la República".Marín destacó que, a pesar del juicio, la compañía sigue adelante con obras clave de infraestructura y la incorporación de tecnología que permita optimizar el sistema de ventas de combustibles.Asimismo, el directivo explicó que el aumento en el precio de la nafta no guarda relación con el juicio y subrayó que la suba en surtidores responde a un "nuevo esquema de precios dinámicos por demanda" que permite ajustar tarifas según franjas horarias y consumo en tiempo real. "No tiene nada que ver una cosa con la otra", dijo en declaraciones que realizó en el canal A24 el viernes por la noche. El presidente de YPF también se refirió a los cortes de gas que se registraron en los últimos días. Marín explicó que la baja en la presión se debió a inconvenientes operativos puntuales en dos yacimientos, que redujeron la producción durante una jornada. Detalló que actualmente las presiones en Buenos Aires y Mar del Plata se encuentran en niveles normales de operación.Por otra parte, consultado sobre el futuro de Vaca Muerta, Marín sostuvo que la formación no se verá condicionada por la evolución del litigio internacional. "Estamos en un período de crecimiento extraordinario", enfatizó. Según explicó, el objetivo es que, para 2030, la Argentina pueda exportar unos US$30.000 millones adicionales de hidrocarburos en comparación con el nivel actual, lo que implicaría superar el aporte que brinda el sector agroindustrial. Además, anticipó que la petrolera trabaja en cerrar la financiación de un nuevo oleoducto, la obra de infraestructura energética más grande que se haya hecho en el país, según afirmó Marín, que requerirá una inversión estimada en US$3000 millones.El CEO de la petrolera también explicó el nuevo modelo de comercialización con el que cuenta la empresa, que se sustenta en un sistema tecnológico que permite monitorear la venta de combustibles "minuto a minuto" en cada estación de servicio. "Somos la única empresa en América Latina que tiene este tipo de herramienta", aseguró. Señaló que el monitoreo en tiempo real de cada surtidor permite ajustar las tarifas de manera precisa y ofrece al consumidor incentivos mediante descuentos fuera de los horarios pico. De acuerdo a los datos que compartió, a partir de la implementación de descuentos por franjas horarias, la compañía logró incrementar un 25% la demanda nocturna.Consultado sobre los próximos pasos para sostener el crecimiento de YPF, y de Vaca Muerta en puntual, Marín identificó a la infraestructura como el principal desafío de cara al futuro. Al respecto, señaló que "tiene que haber inversiones" y aseguró que esas obras deben ser desarrolladas por el sector privado.

Denunciarán a juez que liberó al exdirector del Sistema Penitenciario de Sonora vinculado a la fuga de 'El Ponchis'

La Fiscalía General del Estado ofrece recompensa de 1 millón de pesos por información que permita la recaptura del líder de Los Salazar, considerado de alta peligrosidad

Caso Nicolás Petro: juez ratificó libertad condicional al hijo del presidente mientras avanza el proceso en su contra

El abogado Alejandro Carranza señaló que con la decisión su defendido puede movilizarse sin restricciones por todo el país

Jueces, intendentes y funcionarios. La increíble red de contactos de los dueños del laboratorio del fentanilo mortal y un negocio sin control

Lo que sucedía dentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, apuntados por las muertes de fentanilo contaminado, dependía de un esquema de protección exterior. Los hermanos García, dueños de los establecimientos, contaban con una red de contactos políticos y judiciales tan frondosos y aceitados que es difícil determinar el papel de cada eslabón. Unos ayudaban a evitar inspecciones, otros frenaban los cierres de las empresas y había también quienes conseguían contratos con el Estado. Así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial ahora también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal.Ariel García tejió su telaraña de contactos muchas veces a través de conocidos. Un amigo al que le pide que le presente a otro. También a través de promesas a políticos, como la de instalar plantas farmacéuticas en Catamarca, o tendidos eléctricos con los cables de su empresa Epuyén en Chubut. Con esos proyectos entró en contacto con el gobernador Ignacio Torres, a través de su abogado, Gastón Marano, quien voló en su avión privado, o con el catamarqueño Raúl Jalil, a quien conoció a través de su hermano, Andrés Jalil, uno de los grandes patrones de la medicina en la provincia norteña.García invitaba a visitar el laboratorio a políticos. Por allí han pasado desde Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, hasta el propio Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hermano del juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak. El ministro estuvo, por última vez, en diciembre. Sin embargo, una de las visitas frecuentes a HLB Pharma era Freddy Lijo, hermano de otro juez, Ariel Lijo. El operador solía ir al laboratorio de San Isidro a buscar ampollas de fentanilo para sus caballos. Conoció a los García a través de su compartida afición por la equitación, devenida en negocio. Ambos tienen studs de caballos de carrera, y suelen cruzarse en el Hipódromo de San Isidro, en donde García le ha prestado, en ocasiones, instalaciones para sus animales. Luego de las visitas, donde incluso se llegaron a hacer medicamentos gratuitos para los visitantes, García y Lijo almorzaban en un conocido restaurante: 1000 Rosa Negra, en la Avenida de la Unidad Nacional, con vista privilegiada al Jockey Club San Isidro. García también cultivaba vínculos en reuniones a su casa. Por allí pasaron desde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es vecino del empresario en el country San Diego, en Moreno, como Raquel Méndez, esposa del exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Daniel Mautone, uno de los pesos pesados del juego en la Argentina. Ella también trabajaba en Anmat, el organismo que debía controlar el fentanilo. A través de ese cargo viajó a Rusia en pandemia por la Sputnik V, al igual que HLB Pharma. En 2020, dieron con el negocio de la venta al Estado. Le adquirieron a Carlos Tita (exsocio de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte), uno de los grandes proveedores de medicamentos en Santa Fe, la droguería Alfarma. Esta empresa ya tenía el esquema de licitaciones públicas armado. Por lo tanto, si HLB y Ramallo le vendían a Alfarma, y Alfarma, a su vez, le vendía a las provincias y municipios, el circuito estaba armado. A veces se hacía con precios bajos para garantizarse la contratación del Estado y otras, como en el caso de Jose C. Paz, con sobreprecios, según la documentación revisada por LA NACION. Las adquisiciones para el distrito de Mario Ishii las gestionaba Sebastián Nanini, un abogado, apoderado de la lista del intendente de José C. Paz, que apareció sorpresivamente como presunto comprador del laboratorio, tan solo semanas antes de que explote el caso de la contaminación. A través de su influencia, Nanini gestionaba para los García vínculos con asociaciones ligadas a la Justicia. En mayo del año pasado, Nanini fue el coordinador de un seminario sobre Ciberdelito en Latinoamérica y Estados Unidos. Lo organizaban la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y The American University. Se hizo un viaje a Washington en donde estuvieron presentes García, Nanini, Marano y un listado de jueces y fiscales. Fueron: Javier López Biscayart (juez nacional en lo Penal Económico), Alfredo Gusman (camarista), Ricardo Mianovich (juez federal de Sáenz Peña), Alejandro Maraniello (juez civil), María Florencia Budiño (presidenta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires), Ulises Giménez (secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Patricio Sabadini (fiscal en Chaco), Marcelo Martínez Burgos (fiscal de instrucción), Roberto Fernando Minguillón (juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal), Martín Poderti (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar de Plata), Eduardo Bucca (senador provincial de Unión por la Patria) y Mario Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires). Los asistentes no necesariamente mantenían una relación personal con García, pero este tipo de eventos muestra el esfuerzo que realizaba el empresario y su gente para tender vínculos con el poder. No es el único abogado con extraños vínculos alrededor de García. Actualmente, el representante en la causa por el fentanilo contaminado es Gastón Marano. Se trata de un exasesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y defensor de "la banda de los copitos", acusados por el intento de homicidio a Cristina Kirchner. Marano también fue un nexo clave para las gestiones de los laboratorios en Anmat, el organismo cuya desidia -en el mejor de los casos-, habilitó la existencia de las fabricas durante años. Marano llegó a tener un contrato de locación de servicios en el organismo a raíz de su vínculo por HLB y Ramallo. La familia García tiene muchas empresas y propiedades. Una de ellas es la casa donde vivió Diego Armando Maradona, en Villa Devoto. La adquirió por unos US$900.000 y fue noticia por abrirla al público para ver la final del mundo. También se la alquiló (a un valor simbólico, por lo que era mayormente un préstamo) a Roberto García Moritán durante su campaña a jefe de Gobierno porteño, en la que se presentó como parte del equipo a Fernando Burlando. Fuentes cercanas al excandidato dijeron que la idea era que, en una eventual gestión, convertirlo en patrimonio histórico. Sin embargo, según aseguran, Moritán nunca conoció personalmente a Ariel García.El empresario de HLB Pharma también se cruzó con Cristina Kirchner. El último encuentro registrado fue en el Instituto Patria, en abril de 2024. Tuvo una audiencia privada con ella que quedó plasmada en un video subido por la propia expresidente, aunque ahora ya no aparece en sus redes. Ariel García es el hermano que comenzó con el emporio de negocios que luego incluyó a sus hermanos, Damián y Diego García Furfaro. Su crecimiento económico y en la escena política se dió entre 2016 y 2017. Entre esos años, explotó el armado que comenzó a gestarse una década antes en Rosario, cuando Ariel García se une al Laboratorio Apolo, empieza a defender como abogado recién recibido a implicados en el caso de la efedrina y de la mafia de los medicamentos, y pasa de tener un Volkswagen Fox anaranjado a una flota de autos. En 2016, después de la presunta explosión de una caldera en Apolo, logra la compra del laboratorio Ramallo (donde se produjo el fentanilo contaminado) a la familia Araujo, abogados de los acusados en la explosión. Es ahí cuando empieza su crecimiento meteórico. En los comienzos, se obsesionó con la producción de anestésicos, medicamentos que en realidad no dan grandes márgenes de ganancia. La pregunta es si todo se vendía en el canal formal o si la morfina y otros componentes químicos tenían "mermas" (producción que no se puede distribuir) tan grandes como la del fentanilo (cerca de un 24%) y si eso "perdido" no llegaba a otros compradores ilegales. Con el tiempo, García se dio cuenta que el negocio era la venta al Estado. Compró, sucesivamente, tres droguerías: Droguería Mayorista, ABC1 y la última, Alfarma. A las dos primeras, las fundió por deudas fiscales y las abandonó. Es posible que la AFIP haya sido benevolente con sus problemas ya que el gerente de la sucursal a la que le correspondían todas sus empresas, por la dirección en donde las inscribían, era su primo. O, tal vez, por el vínculo que tenía García con Carlos Castagneto desde que el extitular de la agencia recaudatoria era funcionario de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Allí se conocieron, entre los tantos pasos por las provincias que tuvo García. Con algunos hizo negocios. Víctor Santa María, dirigente del sindicato de porteros y empresario de la comunicación, adquirió varios medios con fondos cuyo origen, según una decena de fuentes del sector, pertenecían a García Furfaro. Compró, como contó LA NACION, Los 40 Principales (105.5FM), Continental (590AM) y el sitio IP Noticias. Y así llegó a los medios de comunicación.

La jueza le dio prisión domiciliaria a la mujer que tiró estiércol en la vereda de José Luis Espert

Es funcionaria del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y estaba detenida en Ezeiza.

Denuncian a la jueza Arroyo Salgado por la detención de cinco militantes K que le tiraron caca a la casa de José Luis Espert

La presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación fue realizada por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley.Los motivos de la denuncia radican en el "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

La defensa de la jueza Makintach criticó su apartamiento preventivo: "Innecesario y desproporcionado"

El jurado que lleva adelante el juicio político contra Julieta Makintach ratificó su suspensión provisoria tras el escándalo del documental del juicio por la muerte de Diego Maradona. Poco antes, la magistrada había presentado un escrito para pedir que no hagan lugar a la medida. Leer más

Denuncian a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones"

Este viernes los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentarán una denuncia contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por la detención ilegal de cinco militantes políticos tras el escrache realizado a José Luis Espert. Leer más

El CGPJ archiva las diligencias contra el juez que comparó una broma de Quequé con "volar" la Plaza de Pedro Zerolo

Se excusó uno de los jueces que debía intervenir en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio donde se intentará develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona se quedó sin un juez. Alejandro Lago, magistrado que integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, se excusó al argumentar "razones de salud" y "carga emocional". La excusación fue aceptada por el TOC N°7, con las firmas de los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani, informaron a LA NACION fuentes judiciales."El doctor Lago, juez del cuerpo de magistrados suplentes e integrante de este Tribunal, promovió su excusación para continuar interviniendo en las presentes actuaciones por razones de salud, acompañando certificación médica que acredita su estado de salud actual, donde surge debidamente acreditado el impedimento de salud invocado que por requerir tratamiento prolongado, -que demandará una licencia de seis meses, compromete el ejercicio pleno y sostenido de sus funciones jurisdiccionales para atender la intensidad y la carga emocional que el presente juicio conlleva, dada su complejidad y la extensión de las audiencias", se explicó en la resolución donde se aceptó el pedido.Ahora, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro deberá hacer un sorteo para designar a un juez que reemplace a Lago.El primer debate, que había comenzado el 11 de marzo pasado y donde ya había declara más de 40 testigos, se declaró nulo después de que los fiscales generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaran las pruebas que confirmaron el vínculo con la jueza Julieta Makintach, magistrada que intervenía en el juicio, con la producción del documental Justicia Divina.Hace dos años, el juez Lago fue noticia cuando, en nombre del TOC N°7, integrado también por sus colegas Gaig y Coelho, le pidió perdón a un hombre que pasó dos años preso acusado de una violación que no había existido."Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable", dijo Lago, según publicó en su momento LA NACION.En mayo de 2023, el TOC N°7 absolvió al acusado porque no se pudo probar la existencia del delito por el que se lo imputó y ordenó su inmediata liberación.El 20 de junio pasado, tras la declaración de nuliad del debate, se hizo el sorteo para conocer qué tribunal debía intervenir en un nuevo juicio. Salió sorteado el TOC N°7, integrado por Lago, Alberto Gaig y María Coelho.Pero Coelho no pudo participar del debate porque no estaba en la nómina de magistrados disponibles porque será la encargada de coordinar el jurado popular que decidirá si la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas, tuvo responsabilidad en la muerte de Maradona.Madrid fue la única de los ocho imputados de haber tenido responsabilidad de la muerte de Maradona en elegir ser juzgada por un jurado popular. Los otros siete son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.Entonces, para completar el tribunal, se sorteó otro juez. La bolilla fue para Alberto Ortolani, integrante del TOC N°1.Ayer, se conoció que la jueza Makintach fue apartada "preventivamente" de su cargo.La decisión fue tomada hoy por el Jurado Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires, que debe llevar adelante el jury."La medida dispuesta ratifica la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) a fines de mayo pasado. Más allá del alcance semejante entre ambas disposiciones, las diferencias radican en cuanto a que el apartamiento preventivo proviene del órgano político establecido por la Constitución provincial para enjuiciar magistrados y no tiene término; en cambio, la licencia del máximo tribunal era por 90 días, más allá de que podía ser prorrogable", dijeron fuentes judiciales.Resta saber, ahora, qué decidirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tiene en sus manos la carta de renuncia presentada por Makintach.La jueza Julieta Makintach se refiere al documental del juicio de Diego Maradona

Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para declarar ante el juez Casanello en la causa de los seguros

Alberto Fernández ya está en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco del caso de los seguros, que investiga presuntas irregularidades en el reparto de los contratos en las dependencias públicas durante su mandato, uno de los dos frentes judiciales que aqueja al expresidente. Fernández fue indagado en noviembre, pero su situación procesal, y la de otra treintena de imputados, nunca se definió. El juzgado federal donde tramita el caso cambió de manos en febrero, días después de terminada la extensa ronda de indagatorias. Por pedido de su defensa, en manos de la abogada Mariana Barbitta, se pospuso por algunas horas la declaración del expresidente, que estaba prevista para las 10. Será una ampliación de la realizada en noviembre, cuando entregó un escrito y no contestó preguntas del juez -Julián Ercolini, al que había recusado- ni del fiscal. El exmandatario quedó bajo la lupa de la Justicia por haber firmado el decreto 823/2021 que obligaba a organismos del Estado a contratar sus seguros a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación, que, a su vez, intermediaba la contratación de las pólizas a través de brokers, como Héctor Martínez Sosa, uno de los principales beneficiarios de la presunta maniobra y pareja de la entonces secretaria de Fernández María Cantero.La nueva indagatoria está precedida por una visita de Fernández a los tribunales, donde pidió ampliar esa declaración, y un fallo de la Cámara Federal que, por mayoría, hizo caer la inhibición de bienes que pesaba sobre un total de 51 personas físicas y jurídicas, incluidos el expresidente, Martínez Sosa y Cantero. Además, los camaristas que conformaron la mayoría, Martín Irurzun y Eduardo Farah, le pidieron al juez Casanello que "se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados". En disidencia votó Roberto Boico, que optó por confirmar tanto la inhibición de bienes como los embargos preventivos. La medida que regía hasta ayer fue ordenada por Casanello que, tras recorrer lo actuado y familiarizarse con el expediente, decidió restituir esa inhibición -había sido ordenada por el juez Ercolini y dada de baja por la Cámara- y abrir nuevas líneas de investigación. Entre las medidas adicionales, resolvió hacer un peritaje controlado sobre el teléfono de Fernández que ya estaba en manos de la Justicia -pero en otro juzgado- desde agosto de 2024, cuando fue secuestrado en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, el otro frente que complica al expresidente, donde ya está procesado por lesiones. Casanello decidió volver a peritar la copia forense del aparato con un filtrado de palabras y parámetros vinculados con lo que se investiga en este expediente.

La causa de la sucesión de Sarlo sigue sin juez y el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones

El "culebrón" del legado de Beatriz Sarlo tiene nuevas entregas. Hoy, cuando parecía que la sucesión de la escritora -en la que concurren el marido arquitecto residente en Chile, Alberto Sato; el encargado del edificio de Caballito, Melanio Alberto Meza López, y el gobierno porteño- se encaminaba a una nueva etapa del proceso, la excusación del juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, y el rechazo de la jueza Cecilia Kandus, del Juzgado Civil n° 24, hizo que el expediente retrocediera algunos casilleros. La situación es la misma que hace una semana y otra vez la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil debe expedirse al respecto.El primer juez de la causa fue Carlos Goggi, del Juzgado Civil n° 91, a quien la Cámara de Apelaciones apartó porque entendió que había adelantado el fallo, al excluir como legatario a Sato, el marido de quien la escritora nunca se divorció, por considerar que estaban separados de hecho, por décadas. En un nuevo sorteo, la causa recayó en el juzgado de Cesari, que hoy se excusó de intervenir por razones de conocimiento con el letrado de Sato, el doctor Agustín Mariano Lipovsek Albores, y de su madre, la pediatra Estela Albores, que atendía a los hijos del juez. El juez alegó "cuestiones de decoro y delicadeza"."Gomina para la peluca": la vicepresidenta que desafía a los MileiLa causa, entonces, fue sorteada nuevamente y recayó en el Juzgado Civil n° 24, a cargo de Cecilia Kandus, designada por el Senado en 2018. Pero la jueza también rechazó el expediente al señalar que la excusación tiene que fundarse en la relación con las partes litigantes (Sato o Meza López) y no con "los profesionales que los representan o patrocinan", señala la jueza en un farragoso escrito. "La vinculación que señala el magistrado [Cesari] con el letrado [Lipovsek Albores] y su madre de ningún modo habilitan a la excusación pretendida por motivos graves de decoro y delicadeza", concluye. Ante este "conflicto de competencia negativa" (es decir que ningún juez acepta la causa), la Cámara de Apelaciones debe decidir si le toca a Cesari o a Kandus hacerse cargo del expediente. Sin embargo, si el tribunal confirma a Cesari, los abogados del encargado lo recusarán, porque él mismo sostuvo que tenía afinidad con una de las partes. Lo más probable es que Kandus sea confirmada como la jueza del caso Sarlo.El presunto testamento ológrafo de Sarlo, que ya fue digitalizado, se preserva en una caja fuerte del tribunal y hasta que no se designe juez, el peritaje caligráfico queda en suspenso. Es probable que si el juez determina que el testamento es válido (luego del informe pericial) el letrado de Sato argumente que Sarlo no estaba lúcida al momento de escribirlo, como ya sostuvieron ante medios de prensa algunos amigos de la escritora.Mientras tanto, LA NACION pudo saber que Nini, la gata de Sarlo y Rafael Filippelli, vive con la gata de Meza López, que se llama Itys, en el departamento de la autora de Escenas de la vida posmoderna. Esto se explica porque la pareja de Meza López, que está embarazada de ocho meses, por recomendación médica debe mantenerse alejada de estos animales que transmiten la toxoplasmosis.

Denuncian a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la detención de militantes

Los consejeros del PJ Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron el escrito. Argumentan "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

La jueza que investiga a Francisco Martínez por presunta compraventa de datos manda a prisión al youtuber 'Valyrio'

Giro inesperado: el fiscal general no sostuvo la acusación y absolvieron al juez Chiama en Corrientes

El acusador explicó por qué las pruebas que se analizaron en el juicio no son suficientes para solicitar la remoción del magistrado. Leer más

El Poder Judicial decide no sancionar al juez que interrogó al humorista Quequé y comparó la broma de volar el Valle de los Caídos con volar la plaza de Pedro Zerolo

La Comisión Permanente ha decidido archivar (por seis votos contra dos) la queja presentada por colectivos LGTBI contra el magistrado que quería procesar al cómico y comparó su broma con volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras contra los homosexuales

Por orden de la jueza de Narcotráfico el empresario Alicio Dagatti continuará detenido

María Dolores Morales confirmó la orden de detención a raíz de la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada dentro de un centro de detención. ¿Por qué hay riesgo procesal? Leer más

Más fondos que obtuvieron sentencias contra la Argentina pidieron a la jueza Preska tomar posesión de las acciones de YPF

Tras la orden de la justicia de Nueva York orientada a pagar a los demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera con el paquete accionario de la empresa, otros demandantes en litigios por deudas en default quieren participar de la ejecución de esos mismos activos

Asociaciones de jueces y fiscales amenazan con más huelga si el Gobierno no hace "cambios sustanciales" en su reforma

La Audiencia de Burgos rechaza la recusación de la jueza planteada por las exreligiosas de Belorado

¿Podrán los migrantes volver a solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos?: esto dice la orden de un juez

Una decisión judicial de amplio alcance podría cambiar por completo el escenario migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Un juez federal bloqueó una de las políticas más restrictivas impulsadas por la administración Trump, que impedía solicitar asilo a quienes ingresaran por pasos no autorizados. El fallo abrió una puerta que, hasta ahora, estaba cerrada para miles de migrantes que buscaban refugio en territorio estadounidense. Pero la situación continuará en disputa y su implementación concreta dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.El origen de la disputa: una orden ejecutivaEl 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva, en la cual declaró que la situación en la frontera sur representaba una "invasión" que impedía al gobierno federal controlar el ingreso de extranjeros al país norteamericano. Bajo ese argumento, estableció que toda persona que cruzara por puntos no oficiales, o sin documentación detallada (como antecedentes penales o historia médica), no podría solicitar asilo ni otros mecanismos de protección, como la suspensión de expulsión.El efecto inmediato fue impedir el acceso a procedimientos básicos de protección a miles de personas. La respuesta llegó desde los tribunales. Trece migrantes â??algunos ya expulsados, otros aún dentro del paísâ?? y tres organizaciones de asistencia legal (RAICES, Las Americas Immigrant Advocacy Center y Florence Immigrant & Refugee Rights Project) demandaron al Gobierno, al sostener que la orden violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y otras normas federales. Qué resolvió el Tribunal sobre la disputa legaEl juez Randolph D. Moss rechazó de plano la legalidad de la orden. En una decisión de 128 páginas, dictaminó que ni la Constitución ni la Ley de Inmigración otorgan al Presidente la facultad para crear un régimen paralelo de expulsión que sustituya el sistema legal vigente. Según el fallo, el intento de modificar por decreto los derechos de los migrantes fue un acto inconstitucional que vulneró las garantías mínimas establecidas por el Congreso.Entre los puntos centrales del fallo, se destacan:Derecho a solicitar asilo: el juez reafirmó que la sección 1158(a)(1) de la INA permite que "cualquier extranjero que se encuentre físicamente en Estados Unidos o que llegue al país, independientemente de su estatus legal, pueda presentar una solicitud de asilo". Este derecho no puede eliminarse por una proclamación presidencial. El Tribunal recordó que el derecho a pedir asilo es obligatorio para el gobierno, aunque su concesión quede a criterio de las autoridades.Sobre la "autoridad extraordinaria" del Presidente: la defensa de la Proclamación se basó en las secciones 1182(f) y 1185(a) del Código de Estados Unidos, que permiten al Presidente suspender el ingreso de extranjeros considerados "perjudiciales". Sin embargo, el juez concluyó que estas disposiciones no permiten reemplazar procedimientos ya establecidos por el Congreso, ni otorgan al Ejecutivo la facultad de inventar mecanismos alternativos para expulsar personas que ya se encuentran en el país norteamericano.Contra los procedimientos extra legales de expulsión: la Orden instauró lo que el gobierno llamó "repatriación directa" y "expulsión expedita 212(f)". Pero el juez Moss aclaró que solo hay dos formas legales de remover extranjeros: el proceso regular (bajo el artículo 1229a) y la expulsión expedita (bajo el artículo 1225). No se admiten atajos. "Suspender el ingreso" no equivale a "expulsar", según el fallo, y crear mecanismos extra estatutarios equivale a arrogarse un poder que la ley no concede.Suspensión de la suspensión de expulsión (Withholding of removal): la Proclamación también bloqueó el acceso a otro mecanismo fundamental: el derecho a evitar la expulsión en caso de riesgo de persecución. La ley estadounidense establece que este beneficio no es discrecional: debe concederse a quienes demuestren que podrían ser perseguidos si regresan a su país. El Tribunal sostuvo que ni la Constitución ni el Código permiten excepciones a esa regla.Violación de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés): las nuevas directrices también modificaban los procedimientos de protección bajo la CAT. Imponían una carga de prueba más estricta desde la primera entrevista y limitaban el acceso a asistencia legal. El juez calificó estas modificaciones como "arbitrarias y contrarias a la ley". Subrayó que las agencias deben respetar sus propias regulaciones y no pueden alterarlas por vía administrativa.¿A quién beneficia la decisión judicial?El Tribunal certificó una clase compuesta por todas las personas que estén o vayan a estar sujetas a la Orden, y que se encuentren dentro de Estados Unidos. Esto significa que la decisión tiene efectos colectivos, y no solo para quienes iniciaron la demanda. Aun así, el juez pospuso la resolución sobre si esa protección incluirá a los individuos que ya fueron expulsados.Además, el juez anuló formalmente la guía de implementación de la Orden, declaró su ilegalidad y emitió un mandato judicial que prohíbe a las agencias federales seguir aplicándola. Aunque la orden no se extiende directamente al Presidente, sí impide que el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias continúen operando con mecanismos que violen la ley.Según el magistrado, la anulación era necesaria para evitar que los funcionarios de inmigración aún actúen "fuera de los límites normales" establecidos por el Congreso. Citó como ejemplo que, incluso si se eliminaba la guía, el solo hecho de mantener la Proclamación obligaba a muchos funcionarios a seguir ignorando la ley.¿Y ahora qué pasará?El gobierno solicitó al Tribunal una suspensión de la orden judicial mientras apelaba. Esa petición fue denegada. El juez consideró que el Ejecutivo no demostró tener grandes posibilidades de éxito en la apelación, ni que sufriría daños irreparables por acatar la decisión. En cambio, sí reconoció que permitir que la Proclamación siguiera vigente causaría un "daño sustancial e irreparable" a miles de migrantes.Aun así, el Tribunal concedió 14 días de margen para que los demandados se preparen y presenten una apelación ante una instancia superior. Pasado ese plazo, la orden de clase comenzará a aplicarse plenamente. Para los demandantes individuales que aún se encuentran en territorio estadounidense, el fallo ya está en vigor.

Junts propone cerrar la Audiencia Nacional y crear un Consejo de Justicia en Cataluña para nombrar a jueces

Causa Seguros: el juez Casanello ampliará la indagatoria a Alberto Fernández

Fue luego de un reclamo de la Cámara Federal porteña para que defina la situación del expresidente y los demás imputados.La cita es para este mismo viernes 4 de julio a las 10.

La sucesión de Sarlo tiene nuevo juez y el expediente ya no es de acceso público

El juez Fernando Jorge Cesari, del Juzgado Civil n° 60, reemplaza al magistrado Carlos Goggi en la causa de la sucesión de Beatriz Sarlo, en la que intervienen el marido de la autora de Instantáneas, el arquitecto Alberto Sato (que reside en Santiago de Chile), el encargado Melanio Alberto Meza López, que reclama el departamento de la calle Hidalgo, en Caballito, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "Está muy solo": la francesa Laurence Debray prepara "Reconciliación", las memorias del rey Juan CarlosCesari es recordado porque, durante el Mundial de Fútbol de Brasil, en 2014, en una decisión que acaso Sarlo hubiera censurado, adelantó el horario de un juicio para que todos pudieran irse a ver un partido de la selección nacional.En tiempo récord, la semana pasada la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso el sorteo de un nuevo juez. El expediente 2537 ya fue remitido al Juzgado Civil n° 60 y se restringió la consulta pública.Ahora, el juez, tras informar a las partes que ha sido designado como tal, debe esperar el informe del peritaje caligráfico del supuesto testamento ológrafo de Sarlo en el que "dejaba a cargo" su departamento y la gata Nini a Meza López. También se espera que dé intervención a la Procuración General del gobierno porteño, a cargo del doctor Martín Ocampo. Generalmente, la Procuración tiene sesenta días para contestar la demanda, pero es probable que en un caso como este, de repercusión mediática, el juez le brinde menos tiempo.En su resolución, la Cámara de Apelaciones dispuso que Sato tiene que demostrar que él y Sarlo no estaban separados de hecho, pese a ambos tuvieron otras parejas desde su separación en la década de 1970. Tras el informe de la perito calígrafa Liliana Ibáñez, la causa podría tener nuevas bifurcaciones. El peritaje podría resultar favorable a Meza López y, en ese caso, Sato y el gobierno porteño lo podrían impugnar; o bien podría resultar desfavorable al encargado, y entonces serían los abogados del estudio Ciminelli y Asociados los que impugnen el informe.

Junts propone cerrar la Audiencia Nacional y crear un Consejo de Justicia en Cataluña para nombrar a jueces

Si se cumpliera el fallo de la jueza, Burford estaría obligado a comprar el 100% de YPF y no le convendría

El economista Cristian Folgar advirtió que el estatuto de YPF impide adquirir el 51% de la empresa estatal. Según el reglamento, se puede tener menos del 15% o el 100%. Leer más

Quién es el juez que falló contra Trump y a favor del asilo para migrantes en la frontera de Estados Unidos

Un juez federal en Washington se convirtió en la figura central de uno de los fallos más relevantes del año en materia migratoria. Randolph D. Moss, magistrado para el Distrito de Columbia, declaró ilegal una medida del presidente Donald Trump que impedía a los extranjeros pedir asilo tras cruzar la frontera sur. Un juez con una carrera forjada en la élite jurídica de Estados UnidosRandolph Daniel Moss nació en Springfield, Ohio, y desde muy joven se destacó por su excelencia académica. En 1983, obtuvo su licenciatura con honores máximos en el Hamilton College y tres años más tarde se graduó como abogado en la prestigiosa Facultad de Derecho de Yale, donde también se desempeñó como editor del Yale Law Journal, según indica su biografía.Tras finalizar sus estudios, inició su trayectoria como asistente legal de dos reconocidas figuras del poder judicial: primero del juez Pierre N. Leval, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y luego del juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, un puesto reservado para los egresados más destacados.En 1989 se incorporó al influyente estudio jurídico Wilmer, Cutler & Pickering, donde trabajó hasta 1996. Ese año, ingresó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Oficina de Asesoría Legal. Allí ocupó varios cargos de alta jerarquía:Entre 1996 y 1998, se desempeñó como subprocurador adjunto.Entre 1998 y 2000, asumió como procurador adjunto en funciones.Desde 2000 hasta 2001, ocupó formalmente el cargo de procurador adjunto de los Estados Unidos.Luego de su paso por el sector público, regresó al estudio jurídico WilmerHale, donde dirigió el Departamento de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales hasta 2014.Su designación como juez federal y el respaldo del SenadoEl presidente Barack Obama nominó a Moss el 3 de abril de 2014 para cubrir una vacante en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Esta vacante había surgido cuando el juez Robert Leon Wilkins fue ascendido al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.La nominación fue recibida con entusiasmo por parte del mundo legal. La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) evaluó a Moss como "Unánimemente bien calificado", la máxima puntuación posible. Luego de una audiencia ante el Comité Judicial del Senado el 20 de mayo de ese mismo año, su nombramiento fue confirmado por la Cámara Alta con 54 votos a favor y 45 en contra, el 13 de noviembre de 2014. Al día siguiente, recibió su comisión judicial y desde entonces integra el tribunal federal con sede en Washington D.C.La sentencia que limitó a Trump y defendió el derecho al asiloEl pasado 2 de julio de 2025, el juez Moss firmó una sentencia que anuló una de las medidas más drásticas impulsadas por Donald Trump desde su retorno al poder: una Orden Ejecutiva que suspendía el programa de admisión de refugiados y alteraba de forma radical el proceso de asilo, establecido por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.En su escrito, Moss sostuvo que "ni la Constitución ni la legislación federal migratoria le otorgan al presidente la facultad de adoptar un sistema alternativo de inmigración". Aunque reconoció los desafíos que enfrenta el Poder Ejecutivo para controlar los cruces fronterizos y procesar las solicitudes, subrayó que ninguna interpretación legal permitía eludir el marco establecido por el Congreso.La proclamación de Trump, titulada "Garantizando a los estados protección contra la invasión", pretendía devolver a los migrantes â??incluidas familias completasâ?? sin evaluar sus solicitudes de refugio, incluso cuando alegaban persecución o tortura. La medida fue cuestionada por organizaciones de derechos de los inmigrantes que representaban a personas originarias de Afganistán, Cuba, Egipto, Perú y Turquía, varias de las cuales habían sido víctimas de violencia política o torturas sistemáticas.

La Justicia ratificó el apartamiento preventivo de su cargo de la jueza Julieta Makintach

El jurado de enjuiciamiento ratificó su decisión sobre alejamiento inicial de la magistrada. La medida será por tiempo indeterminado mientras se define el jury por enjuiciamiento.

Las asociaciones cifran el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales en un 70%, frente al 31% de Justicia

Otro revés para la jueza Makintach: el jury la apartó preventivamente de su cargo

La Corte Suprema bonaerense ya le había impuesto una licencia por 90 días, y el jurado de enjuiciamiento ratificó esta medida de manera indeterminada contra la magistrada involucrada en el documental que derivó en la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona. Leer más

Otro revés para la jueza Makintach: el jury confirmó su suspensión preventiva

La Suprema Corte bonaerense le había dado licencia compulsiva por 90 días.Ahora el jurado de enjuiciamiento ratificó esa decisión, pero la deja inhabilitada por tiempo indeterminado.La magistrada presentó su renuncia, pero como no se la aceptaron el juicio político sigue.

Julieta Makintach, la jueza del escándalo, fue apartada "preventivamente" del cargo de magistrada

Julieta Makintach, la jueza que protagonizó el escándalo que derivó en que se declarara nulo el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, fue apartada "preventivamente" de su cargoLa decisión fue tomada hoy por el jurado enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires que debe llevar adelante el jury."La medida dispuesta ratifica la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) a fines de mayo pasado. Más allá del alcance semejante entre ambas disposiciones, las diferencias radican en cuanto a que el apartamiento preventivo proviene del órgano político establecido por la Constitución provincial para enjuiciar magistrados y no tiene término, en cambio, la licencia del máximo tribunal era por 90 días, más allá de que podía ser prorrogable", dijeron fuentes judiciales. La jueza Julieta Makintach se refiere al documental del juicio de Diego MaradonaHace dos semanas, Makintanch, de 47 años, había presentado su renuncia como jueza. En su carta dirigida al gobernador Axel Kicillof, explicó que la decisión de renuncia "se inscribe el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas".Al hablar del "contexto de los hechos de público conocimiento", Makintach se refirió a la producción del documental Justicia Divina, donde se contaban detalles del juicio y que tenía a la magistrada en un rol protagónico.Se trataba de un proyecto audiovisual de seis capítulos de media hora cada uno, a cargo de la productora La Doble, según dio a conocer el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en una de las últimas audiencias del juicio, antes de que el debate fuera declarado nulo. "Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de Justicia", sostuvo en su carta la magistrada.Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017, integra, hasta el momento, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. El 28 de mayo pasado, un día después de que el fiscal Ferrari presentara las pruebas que confirmaron el vínculo entre la magistrada y el documental Justicia Divina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia compulsiva por 90 días. La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona"Consciente del contexto y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo. Esta decisión no solo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales", sostuvo Makintach en la parte final del texto de renuncia.La magistrada explicó que tomó la decisión con serenidad y sin renunciar a ejercer el derecho de defensa en los ámbitos que correspondan. Cabe recordar que los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo están a cargo de un expediente para determinar si la magistrada cometió algún delito con sus acciones durante el juicio."Agradezco a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor, en una carrera que ha sido extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la Justicia", sostuvo Makintach en las líneas finales de su renuncia. Ahora, cuando se complete el proceso administrativo, el gobernador deberá definir si acepta o rechaza la dimisión de la magistrada.La renuncia presentada por Makintach había ocurridoó el mismo día en que se reunió el jurado de enjuiciamiento que debe llevar adelante el jury.El 24 de junio pasado, convocados por la presidenta de la Suprema Corte de Justcia, Hilda Kogan, que también preside el jurado, los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula bonaerense) aceptaron la competencia, informaron a LA NACION fuentes al tanto de la reunión.El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.A principios de junio pasado, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera una licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y "le confiriera vista" a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denunciaPara el procurador general bonaerense, la prueba analizada "resulta incontrastable" y "acredita sin fisuras" las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder "materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce".En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: "Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo", en referencia a ese interés meramente personal.A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró "nueve conductas desplegadas" por Makintach:"Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que finalmente fue declarado nulo.Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate) con fines estrictamente personales.Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari], quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.Incurrió en "parcialidad manifiesta", conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.En la página 25 de su denuncia, el procurador general bonaerense afirmó: "El agravio fue tan notorio que todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, imputados y particulares damnificados) coincidieron en anular lo actuado hasta el momento, petición a la que hicieron lugar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso".Si el gobernador acepta la renuncia, el jury de enjuiciamiento no continúa. Se cae.

La UCR rechazó el fallo de la jueza Preska y pidió defender YPF como "una causa común de todos los argentinos"

El Comité Nacional y el senador Maximiliano Abad alertaron sobre los efectos institucionales y económicos del fallo del tribunal de Nueva York

El CGPJ responde a Justicia que no puede "recabar imperativamente" la identidad de los jueces y fiscales en huelga

Las asociaciones convocantes cifran el seguimiento de la tercera jornada de huelga de jueces y fiscales en un 65%

La Justicia define hoy el destino de la jueza Julieta Makintach

Los integrantes del Tribunal fueron convocados para este jueves para analizar la situación de la jueza. Leer más

"Blindaje político a Milei": Ferraro denunció al titular de la Oficina Anticorrupción y apuntó contra Luis Juez

El diputado Maximiliano Ferraro defendió la denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción por el caso de la criptomoneda Libra. También criticó al senador cordobés Luis Juez por su cercanía con Javier Milei y su "facilidad de hacerse amigos tan rápido". Leer más

El juez interroga a los 2 jóvenes detenidos en Gran Canaria por filtrar datos de ministros

El juez Francisco de Jorge interroga este jueves a los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos en Arinaga (Gran Canaria) por su presunta participación en la filtración de datos personales (teléfonos, domicilios o números de DNI) de ministros del Gobierno

Jueces y fiscales cifran en un 70% el seguimiento de la segunda jornada de huelga pero Justicia lo rebaja al 30%

La "lista sábana" de los jueces en la trasnoche de la Legislatura

En votaciones de madrugada, a mano alzada, sin debate ni preguntas, el Senado bonaerense aprueba la designación de más de doscientos jueces, defensores y fiscales en trámites exprés en los que se combina ligereza con opacidad.Un buen día nos escandalizamos con casos como el de Julieta Makintach, la jueza que intentó convertir el juicio por la muerte de Maradona en un rentable show personal, pero hay muchos otros magistrados que, con menos publicidad y estridencia, fallan con arbitrariedad, canjean sentencias por favores, cajonean expedientes o resuelven con ideologismo e indolencia en dramáticos casos en los que se juegan los destinos de familias, empresas e individuos. Para entender cómo llegamos a eso hay que viajar con una lupa hacia aquellas oscuras madrugadas de la Legislatura bonaerense, donde se le pone un sello a un proceso de designación de magistrados que, como mínimo, despierta dudas e interrogantes.Todo se mezcla en esa avalancha de designaciones a la que se llega tras un largo y sinuoso proceso que se inicia en el Consejo de la Magistratura. Seguramente, entre los pliegos aprobados hay muchos que corresponden a funcionarios idóneos, con trayectorias impecables y sólida formación jurídica. Quedarán, sin embargo, injustamente afectados por una suerte de "estigma original": son nombrados a través de un procedimiento vidrioso, alejado de la transparencia y la asepsia institucional que merecería algo tan delicado y crucial como la designación de jueces. Al designar magistrados "al por mayor", se minimizan las posibilidades de control mientras se maximizan, en cambio, las chances de "contrabandear" amigos, parientes y militantes entre pliegos de gente proba. Se termina imponiendo, para el nombramiento de jueces, la misma cultura de la lista sábana: muchos se benefician de la posibilidad de ir escondidos en una montaña de pliegos en la que resulta muy difícil determinar quién es quién.El problema se cristaliza en el Senado, pero nace mucho antes. Hay que ir al Consejo de la Magistratura para detectar el lugar en el que se siembran las semillas de una Justicia politizada, intelectualmente degradada, surgida de un "toma y daca" entre facciones partidarias y caciques territoriales. El Consejo, que debería ser un organismo estrictamente técnico de evaluación y selección de candidatos, se ha convertido en una instancia de negociación política para la conformación de ternas.Concebido en la reforma constitucional del 94 con la saludable intención de seleccionar los candidatos a jueces a través de exámenes, entrevistas y evaluación de antecedentes, hoy el Consejo es casi un apéndice de los partidos, con un fuerte peso de la representación política y una reglamentación que, a través de retoques en la "letra chica", ofrece amplios márgenes de discrecionalidad para integrar las ternas salteándose el orden de mérito. El nombramiento de magistrados tiene, como se sabe, tres instancias: el Consejo selecciona, el Ejecutivo propone y el Senado aprueba. La política no se ha conformado con las potestades de proponer y aprobar. Ha colonizado entonces el primer eslabón del proceso, resistiéndose a la limitación y la garantía que podría representar una instancia de selección de postulantes absolutamente independiente, técnica y de estricta valoración jurídica. La dominación política del Consejo no solo proviene de los representantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Como los colegios de abogados han sido cooptados, en muchos casos, por facciones partidarias, sus representantes también suelen responder a jefaturas o liderazgos políticos, más que a la independencia y la ecuanimidad profesional. Parece una paradoja, pero la seriedad del proceso se ha quedado sin abogados que la representen y la defiendan.Una combinación de factores, entre ellos la parálisis que impuso la pandemia, hizo que se acumulara en la provincia una enorme cantidad de vacantes judiciales: de los 2600 cargos que tiene el Poder Judicial, casi un 25% estaban sin titular a mediados del año pasado. En números fríos, faltaban 644 jueces, fiscales, defensores, camaristas e integrantes de tribunales superiores en todos y cada uno de los 19 departamentos judiciales. La propia Corte bonaerense hoy funciona solo con tres de sus siete miembros. Todo eso resiente, por supuesto, el servicio de justicia: retrasa los procesos, sobrecarga a los tribunales y debilita la calidad de la respuesta al ciudadano. Muchas veces se sacan resoluciones sin mirar lo que se firma. En lugar de buscar un procedimiento excepcional para cubrir ese récord de vacantes sin sacrificar la seriedad y la transparencia del proceso, se optó por negociar y aprobar pliegos "en bloque", sin garantizar ninguna instancia de debate público y condicionando, incluso, la posibilidad de revisión y de análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.Cuando la montaña de pliegos llegó a la Legislatura, "todo estaba cocinado", dicen los propios senadores. Aluden, algunos con cinismo y otros con resignación, a la rosca política que funciona en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué se hizo? Aplicar el método de la opacidad que la Legislatura bonaerense ha convertido en especialidad de la casa. Aprobó más de doscientos pliegos en menos de un mes. Fue en sesiones en las que se limitó, incluso, la cobertura de la prensa, impidiendo el acceso de los periodistas al recinto. No hubo una sola idea a favor de la transparencia. Se podría haber habilitado y promocionado una página web con los postulantes para cada departamento judicial y sus antecedentes. Se podría haber promovido algún tipo de audiencia pública para habilitar una instancia de debate; se podrían haber enviado las nóminas de postulantes a los colegios de abogados y de magistrados para que tuvieran la posibilidad de formular alguna impugnación. Amparados en supuestos formalismos, cualquier alternativa de ese tipo es fulminada en el acto.Una vez que los pliegos ya estaban votados se supo, por ejemplo, que en medio de esa avalancha se aprobó la designación, como juez laboral de Morón, de un abogado cuyo antecedente más notorio es su ferviente militancia kirchnerista. Se trata de Carlos Ariel Díaz, un dirigente de la agrupación Kolina, que lidera Alicia Kirchner, alineado con uno de los barones del conurbano, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. También se ascendió a camarista en La Matanza a Sebastián Carreira Ochoa, el hijo de la fiscal general de ese departamento judicial. Y se aprobó, impulsada por el massismo, la postulación como juez de Cámara de Diego Efraín Martínez, un magistrado de Tigre a quien Elisa Carrió impugnó en su momento por vínculos con el fiscal Claudio Scapolán, destituido por presunto encubrimiento de organizaciones narco. ¿Cuántos militantes y ahijados políticos fueron escondidos en esa suerte de "lista sábana" que habilitó, de madrugada, el ingreso de más de 200 jueces, defensores y fiscales?Algunos casos parecen consagrar una fase superior de aquella máxima del Martín Fierro: ya no se trata de "hacerse amigo del juez", lo que en definitiva supondría un esfuerzo, sino de "poner de juez a un amigo". A veces da resultado. ¿Es lo que explica que Martín Insaurralde, a dos años del yategate, todavía navegue por un confortable limbo judicial en el que todo se dilata y se diluye? La respuesta tal vez deba rastrearse en alguna otra madrugada del Senado bonaerense.A veces tiende a creerse que el problema de la Legislatura del célebre Chocolate es que casi no sesiona (lo hace, con suerte, una vez cada tres meses), pero tal vez habría que agradecerle que no lo haga. En la misma sesión en la que el Senado aprobó pliegos a libro cerrado, votó las reelecciones indefinidas de los legisladores, y lo hizo pisoteando el reglamento, sin cumplir con la doble votación que se exige en caso de empate.Todo este marco de opacidad afecta a los buenos jueces, que terminan designados en un proceso que despierta suspicacias. Deberían ser los primeros en exigir más transparencia y mayor higiene institucional. Esos métodos suelen tener secuelas difíciles de dimensionar: lo que nace en la oscuridad tiende a vivir en la oscuridad. Esa cultura del escondite que enarbola la Legislatura irradia a toda la esfera institucional de la provincia, donde pasar por debajo del radar y acoplarse a "la lógica de la política" se convierte en un objetivo e incluso en un talento. Casos como el de Makintach o el de Insaurralde se evalúan como una anomalía. No por lo que hicieron, sino porque los descubrieron. No ser descubiertos es el lema en una institucionalidad de baja intensidad, alejada de cualquier estándar de transparencia, que se ha enquistado en todos los estamentos del poder bonaerense. En la designación de magistrados tal vez esté la punta del ovillo. Si llegaran a través de un mecanismo más transparente, más confiable y más riguroso, la institucionalidad tendría quien la defienda. Los buenos jueces, que son muchos, tal vez tengan algo que decir. No merecen quedar manchados por un procedimiento en el que todo termina teñido de oscuridad y sospechas.

Regresa el TPS: el grupo de migrantes que recupera su estatus legal por el fallo de un juez en EE.UU.

En un nuevo revés para la administración Trump, este martes, un juez de distrito falló a favor de miles de migrantes que podrán recuperar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La nación fue designada inicialmente para el beneficio en 2010 y en 2024 recibió una extensión que terminaba en febrero de 2026.Un juez federal impide poner fin al TPS de miles de haitianosEl juez de distrito Brian M. Cogan en Nueva York bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de terminar con el estatus para los haitianos antes de lo previsto. Asimismo, dictaminó que adelantar la expiración por al menos cinco meses es ilegal.La agencia federal decidió cancelar, a principios de este año, la extensión de 18 meses del TPS para Haití que había sido otorgada por la Administración Biden. La nueva fecha de finalización se estableció para el 3 de agosto de 2025.La opinión del juez establece que la decisión del DHS de terminar anticipadamente las protecciones legales viola el estatuto del programa, que requiere una cierta cantidad de notificación antes de reconsiderar una designación, de acuerdo con The Associated Press."Cuando el gobierno otorga un beneficio durante un período de tiempo fijo, un beneficiario puede razonablemente esperar recibir ese beneficio al menos hasta el final de ese período fijo", indica la sentencia.El fallo de Cogan agrega que la secretaria del DHS, Kristi Noem, "no tiene autoridad estatutaria ni inherente para anular parcialmente la designación de TPS de un país". "Su anulación parcial debe ser anulada por ser ilegal según la Ley de Procedimiento Administrativo", sentenció.El juez ordenó al gobierno federal mantener vigente la designación de Haití al TPS hasta al menos febrero de 2026, a menos que se cancele legalmente. "El fallo no impide que el DHS cancele la designación en el futuro, siempre que cumpla con los requisitos legales", indica CNN.El nuevo anuncio del DHS para cancelar el Estatus de Protección Temporal de Haití El pasado 27 de junio, el DHS anunció la terminación de la protección temporal para Haití. "La designación del TPS para el país vence el 3 de agosto de 2025 y la terminación entrará en vigor el martes 2 de septiembre de 2025â?³, señaló la agencia en un comunicado."Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal", declaró un portavoz del DHS. Acerca de los motivos, la comunicación indica que la situación ambiental en la nación ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos puedan regresar a casa sin peligro. "Tras consultar con socios interinstitucionales, la secretaria Noem determinó que las condiciones en Haití ya no cumplen con los requisitos legales del TPS", explica. El informe expresa que la decisión se basó en una revisión de las condiciones en Haití realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y en consulta con el Departamento de Estado. "Animamos a estas personas a aprovechar los recursos del Departamento para regresar a Haití, que pueden gestionarse a través de la aplicación CBP Home. Los ciudadanos haitianos pueden solicitar un estatus legal a través de otras solicitudes de beneficios migratorios, si cumplen los requisitos", precisan."Seguiremos luchando": demandantes se pronuncian ante el falloLa demanda fue presentada en marzo por nueve titulares de TPS haitianos y grupos de defensa, incluida la Asociación del Clero Evangélico Haitiano y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios 32BJ. El documento argumentó que la repentina reducción trastornó vidas y obligó a las familias a prepararse para la deportación mucho antes de lo esperado.Manny Pastreich, presidente del sindicato, describió el fallo como un "paso importante", pero dijo que la lucha no ha terminado. "Seguiremos luchando por los derechos de nuestros miembros y de todos los inmigrantes contra la Administración Trump, en las calles, en el trabajo y también en los tribunales. Y cuando luchamos, ganamos".

Avanza la causa por el documental de la jueza Julieta Makintach: peritan celulares clave

La apertura de los celulares secuestrados podría definir imputaciones en la causa por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Críticas al accionar de la jueza Loretta Preska en la causa YPF: "Se ha pasado de la raya"

Con respecto al fallo de la jueza Loretta Preska en cuanto a cómo debería ejecutar el pago Argentina mediante las acciones de YPF, el abogado constitucionalista, Alfredo Vitolo, expresó: "Esta decisión me parece a mí que es incorrecta desde varios puntos de vista". Leer más

Peritaron celulares y computadoras de la jueza Makintach, del caso Maradona: qué buscan

La medida fue llevada a cabo por una división especializada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de reconstruir quienes estaban al tanto del negocio mientras se desarrollaba el juicio por la muerte de Diego Maradona. Leer más

El juez de la Audiencia Nacional rechaza anular el registro de la casa de la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, que denunció el uso de metralletas delante de su hija

La exmilitante del PSOE denunció que la entrada y registro de su casa, se hizo "con evidente abuso de autoridad y de derecho"

Jueces y fiscales cifran en un 70% el seguimiento de la segunda jornada de huelga pero Justicia lo rebaja al 30%

Wimbledon reemplazó a los jueces de línea por la "inteligencia artificial" y rompió una tradición de 148 años: debates y protestas

"Mi cabello no estaría tan blanco como lo está ahora". John McEnroe, leyenda del tenis, una suerte de rockstar del circuito, eligió esa broma para referirse a uno de los temas que caracteriza a esta edición de Wimbledon: la eliminación de los tradicionales jueces de línea y el ingreso de la revisión electrónica en vivo (oficialmente, Electronic Line Calling Live). Si hubiera existido la ayuda de la tecnología en 1981, el neoyorquino (de 66 años) no habría protagonizado el arrebato de furia más emblemático de la historia del tenis, aquel del "¡You cannot be serious, man!" al umpire Ted James en el Grand Slam británico luego de que el juez marcara como malo un saque de Johnny Mac que levantó el polvo blanco del fleje, en el antiguo y ya demolido court 1 del All England. Wimbledon terminó con un clásico de 148 años. Los jueces de línea eran una parte tan asociada al certamen británico como las propias frutillas con crema. Por ello, su sustitución por la tecnología provocó un debate entre los jugadores y los espectadores. "De alguna manera, los jugadores, e incluso los aficionados, extrañan esa interacción (con los jueces), pero al mismo tiempo... si es preciso, creo que es genial, porque al menos sabes que estás recibiendo la decisión correcta", expresó McEnroe, tres veces campeón de Wimbledon y presente en el suroeste de Londres como analista de TV para ESPN y BBC. Desde este año, todos los torneos del circuito ATP utilizan la tecnología (el torneo de Buenos Aires fue el primero sobre polvo de ladrillo en hacerlo) y tres de los cuatro Grand Slams se sumaron al cambio: únicamente Roland Garros sostiene la "tracción a sangre". Más allá de lo que genera en el juego en sí, una de las consecuencias del cambio en Wimbledon es la pérdida de trabajo para la mayoría de los 275 jueces de línea que el torneo utilizaba (personas provenientes de distintos clubes del Reino Unido): 80 lugares fueron conservados en funciones de "asistentes de partido", para colaborar con los jueces de silla en el detrás de escena (o por si momentáneamente falla la tecnología en algún court, como ya ha pasado en otros certámenes).El "ELC Live" fue probado por primera vez durante el Next Gen ATP Finals de 2017 en Milán, el torneo para los ocho mejores Sub 20 de la temporada. Luego se fue incorporando a otros torneos. Y la necesidad de mantener el distanciamiento social por el Covid-19 quitó a los jueces de línea de los courts y, en torneos como Cincinnati, el US Open y el Masters de Londres fueron sustituidos por el sistema que aporta mayor precisión, pero elimina puestos de trabajo y experiencias formativas para los que aspiran a ser umpires.En mayo pasado, en Roland Garros, se le consultó al presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, por qué el torneo era reticente a introducir la tecnología y consideró que los dispositivos no eran del todo perfectos, citando una tasa de error del 10% y apoyando la continuidad de los jueces de línea en un certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, la superficie que sí deja marcas del pique.En los alrededores de Wimbledon, durante estos pocos días de competencia, hubo protestas por la decisión. Es más, los jueces de línea tuvieron el apoyo de estudiantes ingleses preocupados por cómo la inteligencia artificial supone una amenaza sobre sus perspectivas laborales. Gabriel Paul, de 26 años, y Harry Robson, de 27, vestidos como jueces de línea, protestaron con carteles con el lema "La IA me quitó mi trabajo" y "No dejen de lado a los humanos" delante de las puertas del All England Club. "Somos estudiantes, nos graduamos en tres meses y estamos preocupados por el mercado laboral en su conjunto", explica Paul a la agencia AFP. Muchos espectadores, además, dijeron que extrañan esa suerte de ritual de los jueces de línea preparándose y moviéndose en fila, vestidos con el mismo uniforme, para cumplir sus funciones. "Daban alegría", es escuchó en los pasillos del Grand Slam sobre césped. "La decisión que hemos tomado, supongo, se trata mucho de la forma en que Wimbledon siempre ha equilibrado la herencia y la tradición con la innovación y cómo caminamos esa línea. Siempre somos muy conscientes de eso. Para nosotros, era el momento de hacer ese cambio", apuntó Sally Bolton, CEO del All England Club. "No es un ejercicio para ahorrar dinero. Se trata de evolucionar el torneo y asegurarnos de que estamos proporcionando la llamada de línea más efectiva posible", añadió la funcionaria del torneo.A Aryna Sabalenka, número 1 del mundo del ranking, le gustó el cambio y dejar de cuestionarse si debía protestar por una decisión: desde 2007 hasta el año pasado, a los jugadores se les permitía pedir una repetición en video para verificar si una decisión era correcta. "Si tienes jueces de línea, siempre estás pensando: '¿Debería desafiar o no debería?'. Es mucha duda en tu cabeza", apuntó la bielorrusa. El británico Cameron Norrie (actual 61, ex 8°) se mostró complacido de que ahora no haya razón para enojarse por lo que se percibe como una decisión equivocada: "Para ser honesto, es bueno. Sigues adelante. No hay forma de enojarse con nadie por perder una llamada electrónica o decir algo o moverse durante el punto o que algo suceda. Es bastante claro con las llamadas. Dentro, fuera, y lo escuchas. No hay error". En Wimbledon, en los estadios, se instalaron más de 450 cámaras, a nivel del piso y las otras en posiciones elevadas, para tomar y calcular con precisión cada pique y transmitir la decisión a través de altavoces, con gritos grabados, como "out (fuera)", "fault (falta)" o "foot fault (falta de pie)". Aunque a veces las voces no se escuchan del todo bien. "No puedo oír bien la voz, está un poco baja. Le pedí al árbitro si podía subirla un poco. Me dijo que no podía. Quisiera oír la voz con claridad", se quejó la china Yuan Yue (60° de la WTA) tras su partido de la primera ronda, en uno de los courts exteriores, donde mayor bullicio hay.La intervención humana es parte del deporte, pero los tiempos cambian y el avance de la tecnología llegó al tenis, incluso, damnificando una porción tan inherente al juego como son los jueces de línea. Y Wimbledon, el torneo que más matices románticas conserva, ya no es la excepción.

Tras el procedimiento de la jueza Arroyo Salgado en Quilmes, Mayra Mendoza cargó contra Espert: "Sos un verdadero cagón"

La intendenta de Quilmes denunció que la magistrada allanó el municipio de Quilmes, varios domicilios particulares y mantiene incomunicada a Eva Mieri, presidenta del bloque de Concejales de Unión por la Patria de Quilmes y Secretaria General del Partido Justicialista de Quilmes. Leer más

Una jueza archiva la denuncia del Senado contra la expareja de Koldo García por no acudir a la comisión de investigación

Luis Juez: "Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo"

El senador nacional por Córdoba publicó un mensaje en la red social "X" en el que agradeció al presidente Javier Milei luego de compartir las tradicionales milanesas. Leer más

La juez de Valls (Tarragona) abre diligencias sobre la muerte de un menor dentro de un coche

Por qué la jueza Loretta Preska se entrometió en un tema de soberanía nacional

Los funcionarios del gobierno podrían estar inhibidos para ejecutar una sentencia extranjera de esta naturaleza en territorio nacional y sin la intervención de un juez local.Es muy poco frecuente que un juez federal en EE.UU. dicte una sentencia interlocutoria sin que haya una audiencia previa.

Bolaños cifra en un 28,75% el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales este lunes

Félix Bolaños rebate los datos de seguimiento de la huelga de jueces y fiscales y asegura que el apoyo "podría estar" en un 28%

Las asociaciones convocantes cifraron el seguimiento en el primer día de huelga en un 75%

El plan de Milei para frenar el fallo de la jueza Preska contra YPF y el guiño clave que recibió del gobierno de Trump

"Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", expresaron los letrados argentinos en un escrito que solicita que se suspenda el fallo por la expropiación de YPF. Leer más

La jueza Servini no cree que la condena a Cristina Kirchner se sostenga: "Es un conflicto de todos los días"

La magistrada señaló que no existen en el mundo presidentes que hayan cumplido toda la condena. Además cuestionó que la Corte que tomó la decisión sea una "Corte disminuida". Leer más

Qué dice la presentación con la que el Gobierno busca suspender el fallo de la jueza Preska por YPF

Luego de que la jueza de Nueva York Loretta Preska ordenara al país que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno presentó un escrito en el que pidió la "suspensión de la decisión".Se trata de un documento al que pudo acceder LA NACION, dirigido hacia el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la jueza Preska en donde la defensa argentina argumenta que la magistrada se "excedió en su jurisdicción" y que no "hay posibilidad material de expropiar las acciones".El fallo de la jueza de 76 años establece esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preska podría haber "consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo".La presentación completa del Gobierno"Distinguida Jueza Preska:En representación de la República Argentina (la "República"), me dirijo respetuosamente a Usted para solicitar una audiencia previa a la presentación de una moción, conforme a la Regla 62(d) de Procedimiento Civil Federal, tendiente a suspender la orden de este Tribunal, dictada el 30 de junio de 2025, que ordena a la República entregar sus acciones de YPF S.A. a los demandantes (Petersen ECF N.º 742; la "Orden de Entrega"), hasta tanto se resuelva la apelación de dicha orden o, en su defecto, para que se otorgue una suspensión provisoria que permita a la República solicitar la medida ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.Este Tribunal debería suspender la ejecución de la Orden de Entrega mientras se sustancia la apelación, en ejercicio de su facultad tradicional para garantizar la correcta administración de justicia (Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 421 (2009)). La moción cumple claramente con los cuatro requisitos para conceder una suspensión: (1) demostrar una probabilidad significativa de éxito en la apelación; (2) acreditar un daño irreparable si no se concede la suspensión; (3) probar que la suspensión no causará un perjuicio sustancial a la parte contraria; y (4) considerar dónde radica el interés público (Nken, 556 U.S. en 434). Estos factores se evalúan de forma flexible: más peso en un factor puede compensar otro (Thapa v. Gonzales, 460 F.3d 323, 334 (2d Cir. 2006)). Los dos primeros son los más determinantes (Nken, 556 U.S. en 434).Primero, la República tiene altas probabilidades de éxito en la apelación. Para cumplir este requisito, basta con demostrar la existencia de una cuestión legal seria y que el equilibrio de intereses pese claramente a favor de conceder la suspensión (In re 650 Fifth Ave. & Related Props., 2020 WL 3000382, en 2 (S.D.N.Y. 4 de junio de 2020) (Preska, J.)). La Orden de Entrega plantea cuestiones jurídicas complejas y relevantes, como el alcance del derecho común federal frente a la inmunidad soberana legal, puntos que el Segundo Circuito aún no abordó y sobre los cuales incluso el Gobierno de los Estados Unidos discrepa con el criterio de este Tribunal (Petersen ECF N.º 679, pág. 1). Específicamente, este Tribunal resolvió, entre otros puntos, que (1) la FSIA sustituye completamente al derecho común federal aplicable a la ejecución de bienes soberanos ubicados en el extranjero; (2) el requisito de la FSIA § 1610(a)(2) de que los bienes estén "en Estados Unidos" puede cumplirse si un tribunal ordena a un Estado soberano modificar su legislación para permitir la transferencia de dichos bienes al país; y (3) que las acciones de una sociedad extranjera se consideran "usadas para actividades comerciales en Estados Unidos" si la empresa realiza negocios aquí, aunque las acciones solo se ejerzan en su país de incorporación y sede principal (véase Orden de Entrega, págs. 15-20, 25).Segundo, la República sufrirá un perjuicio irreparable si no se concede la suspensión. La Orden de Entrega exige expresamente que la República ceda su participación controlante en la mayor empresa energética de Argentina, participación que el derecho argentino obliga a mantener como cuestión de interés nacional sustancial (véase Petersen ECF N.º 578-1, Ley de Expropiación de YPF, Art. 10). En términos generales, "la pérdida de una participación controlante en una sociedad puede constituir un daño irreparable para el cual no hay compensación adecuada en dinero" (Wisdom Import Sales Co. v. Labatt Brewing Co., 339 F.3d 101, 113, 114 (2d Cir. 2003)). Además, la Orden de Entrega supone que los fallos dictados en Petersen y Eton Park â??basados en la interpretación del derecho argentino por este Tribunal y actualmente en revisión por el Segundo Circuitoâ?? serán confirmados. Si los demandantes toman control de las acciones de YPF y proceden a venderlas â??tal como ya manifestaron su intención de hacerlo (Petersen ECF N.º 587, Réplica de los Demandantes, pág. 19)â?? "será imposible revertir la situación" (In re 650 Fifth Ave., 2020 WL 3000382, en 3).Tercero, los demandantes no sufrirán perjuicio por la suspensión, ya que esta mantendría el status quo mientras se resuelve la apelación ante el Segundo Circuito. La República no tiene intención ni facultad de vender sus acciones de YPF sin intervención del Congreso argentino. Esta exigencia legal elimina cualquier riesgo de disposición indebida de activos durante la apelación (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3). Asimismo, asegura que la suspensión respete la Regla 62(d), garantizando los derechos de la parte contraria.Cuarto, el interés público apoya claramente la suspensión, dada la gravedad y excepcionalidad de este caso. A diferencia de una disputa comercial ordinaria entre dos empresas (EJ Brooks Co. v. Cambridge Security Seals, 2016 WL 908633, en 2 (S.D.N.Y. 2 de marzo de 2016) (Preska, J.)), este litigio afecta la soberanía y el orden jurídico interno de Argentina. La Orden de Entrega obliga a un Estado extranjero a modificar o, en su defecto, infringir su propia legislación para transferir las acciones (véase Petersen ECF N.º 577, Oposición de Argentina a la Entrega, págs. 5, 7-8). Además, la medida tiene consecuencias inmediatas para YPF, empresa cotizante en bolsa, con un 49% de su capital en manos de accionistas privados y más de 23.000 empleados (véase Petersen ECF N.º 560). Por ello, mantener la situación actual protege mejor el interés público, considerando a los terceros involucrados (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3).En caso de que el Tribunal no conceda la suspensión durante la apelación, solicitamos subsidiariamente que se ordene una suspensión provisoria para que la República pueda gestionar el recurso ante el Segundo Circuito, tal como se realiza habitualmente en disputas comerciales (Arctic Ocean Int'l Ltd. v. High Seas Shipping Ltd., 2009 WL 5103283, en 2 (S.D.N.Y. 28 de diciembre de 2009) (Preska, J.)). Si alguna orden debe suspenderse, es esta: afecta activos estratégicos de un Estado extranjero, contradice la posición oficial de los Estados Unidos y la apelación pendiente plantea cuestiones de relevancia sustancial bajo el derecho argentino y estadounidense".

Cristina Kirchner le pidió a los legisladores del PJ que se opongan a la orden de la jueza Preska por YPF

La presidenta del Partido Justicialista, cuestionó el fallo de la magistrada norteamericana en favor de los demandantes por la expropiación de la petrolera estatal

Una jueza de violencia de género en huelga: "No va a tener ninguna incidencia en la protección de las víctimas"

Abogacía dice que "miles de asuntos" no se resolverán en 2025 por el primer día de huelga de jueces y fiscales

Caso YPF: después de la sorpresa y la búsqueda de culpables, el Gobierno y la jueza definen sus próximas jugadas

Primero fue sorpresa; luego, reacción. Inmediatamente después, vino la retórica, el enojo y la búsqueda de algún culpable. Luego, las argumentaciones políticas para apuntar los errores y tratar de facturar alguna punta suelta para el molino electoral propio. Pero, cuando pasan las horas y la cuestión empieza a sedimentar, pues no queda otra que concentrarse en el trabajo jurídico para intentar revertir la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska para que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF.Así las cosas, cada parte ha empezado a trazar su estrategia de corto que, claramente, deberá insertarse en la que se estableció para el largo plazo. En ese punto de las cosas, mal que le pese a la administración del presidente Javier Milei, el Gobierno está en el mismo barco que Carlos Zannini, Bernardo Saravia Frías o Axel Kicillof. El motivo es simple: si hay algo que no le importa a la jueza estadounidense son los cambios de mando en la Argentina. Para ella, la defensa del Estado es sólo una, mucho más allá de los avatares políticos criollos.El mapa de acción del Gobierno tiene como prioridad la interposición de un recurso de apelación de la decisión de la magistrada ante el tribunal de alzada. Aunque parezca una empresa ciclópea, hay varios argumentos que los técnicos del Estado han empezado a desmenuzar.En ese juzgado superior se encontrará con otra apelación que ya realizó el país y que se refiere a la cuestión de fondo. Es decir, lo que ya está recurrido es la sentencia de 2023 en la que se condena a la Argentina a pagarle a los fondos Burford y Eton Capital -dueños del litigio- US$16.100 millones por no haber dado un trato igualitario a todos los socios cuando se estatizó la porción representativa del 51% de las acciones de Repsol en YPF.La Cámara aún no resolvió aquel recurso que concedió, en su momento, sin carácter suspensivo ¿Qué significa esto? Pues que los efectos de la sentencia no quedan en pausa hasta que se resuelva el asunto sino que, como en este caso, se puede perseguir en cobro. Eso fue lo que hizo Preska en esta resolución donde se intima para que se entreguen los papeles de la titularidad de la petrolera en un banco de Estados Unidos.Lejos de las zancadillas políticas y los exabruptos rimbombantes, los abogados argentinos miran las hendijas jurídicas del fallo que permita meter una cuña con la apelación. Una de ellas, y la más importante quizá, es la que se esconde en la decisión de la jueza de Nueva York de ejecutar su sentencia con activos que no están en Estados Unidos. Toda una novedad.Hasta ahora, y bajo ciertas condiciones que están listadas en una norma americana, los tribunales de se país se arrogan jurisdicción para intervenir en casos ocurrido en cualquier parte del planeta siempre que tengan algún capítulo en territorio estadounidense. De ahí que las empresa listadas en sus bolsas de valores, como el Dow Jones o el Nasdaq, pueden ser juzgadas por sus hechos en cualquier parte del planeta en aquellas cortes. Esa ampliación de la jurisdicción es uno de los puntos fuertes del apego a la justicia de Estados Unidos que tienen las empresas de todo el globo. Sin embargo, más allá de la sentencia, la dificultad viene a la hora de ejecutar esas decisiones. En este caso, ni Preska ni los fondos lograron encontrar bienes argentinos que puedan embargarse en los Estados Unidos. Es entonces cuando la magistrada pidió que se envíen las acciones de la petrolera YPF a un banco americano y entonces sí, disponer de ellas y lograr un pago a cuenta.Este supuesto, que parece un tema menor, se trata nada más y nada menos que una solución que no tiene demasiados antecedentes. Sucede que no hay otro juicio donde un tribunal americano le ordene a un país soberano que lleve algún bien a Nueva York para ser entregado como pago.Más allá de que la Argentina no está en condiciones económicas de afrontar el pago y de que el Presidente no puede disponer de las acciones de YPF por una limitación de Congreso, la solución de Preska tiene ambiciones como para cambiar la estructura jurídica global. Si se acepta este proceso, podría darse el caso de estados soberanos en un peregrinaje eterno a Estados Unidos a pagar sus deudas con bienes. Una conmoción en el sistema jurídico mundial que impera bien podría ser la argumentación de los abogados locales para desacreditar la solución propuesta en esta decision. Pero, Preska sabe que el Gobierno apelará y que el día después del vencimiento del plazo de 14 días para entregar las acciones la Argentina no cumplirá con el mandato. Conoce las formas de la Argentina pero, también, la resistencia de los estados soberanos de someterse mansos a la justicia de Estados Unidos. Es posible que magistrada ya tenga preparada su segunda jugada para entonces. Las liebres son animales lentos si se las colocase a participar de este juego de velocistas.En la misma silla que ahora ocupa la jueza estuvo sentado durante años Thomas Griesa. Fue el magistrado ya fallecido quien tramitó el caso de los tenedores de bonos argentinos que no entraron a los variados canjes que ofreció el país y que pretendían cobrar su créditos. Ante el incumplimiento del Gobierno de satisfacer aquellas sentencias, dictaminó la prohibición para el sistema financiero americano de colaborar con los pagos y las transacciones del gobierno argentino. De a poco, obligó a negociar con los llamados hold out.Preska podría recorrer un camino similar cuando llegue el día 15, o lo que s lo mismo, el día uno de un nuevo incumplimiento. En ese caso, la que quedaría en el medio de la decisión es YPF, una empresa con capital estatal mayoritario pero que se mueve como una sociedad privada en los negocios. Y ahí los efectos son inmediatos y se ven en minutos en el precio de su acción.

La jueza María Servini declaró que no cree que Cristina Kirchner cumpla toda la condena: "Es un conflicto todos los días"

La jueza federal María Servini de Cubría habló sobre la condena a prisión de seis años de Cristina Kirchner en el caso Vialidad y opinó que no cree que la cumpla completa. "No visualizo una prisión a largo plazo porque es tan conflictiva la prisión domiciliaria que llega un momento que no se la puede mantener", consideró la magistrada.Servini señaló que a lo largo de la historia pocos exmandatarios condenados cumplieron por completo su condena (mencionó a Nelson Mandela) y que el caso de la expresidenta no sería la excepción."Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión, toda. Hay un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así... dígame si hay otro. Es un conflicto permanente de todos los días", remarcó entrevistada en El Destape Radio.En ese sentido, la jueza federal aclaró: "No diría que la veo libre pronto pronto, pero no la veo tampoco mucho tiempo. No creo que cumpla la condena de 6 años de prisión porque va a ser un conflicto todos los días". En cambio, conjeturó que se le encontrará la "forma política" de resolver el caso.Incluso resaltó que no todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina quedaron para siempre en prisión: "Algunos han quedado todavía detenidos, pero no han quedado todos los que actuaron".Para Servini, este posibilidad puede darse a pesar de que la condena fue ejecutada por la Corte Suprema. Según su análisis, dado que se trata de una Corte "disminuida", de "solo tres miembros", una Corte mayor, podría rever el caso. "Van a querer poner siete miembros, que es más fácil de que las cosas salgan resueltas", dijo.Más allá de su consideración, Servini aclaró: "Yo lo estoy haciendo por intuición. No estoy diciendo nada jurídico. Es por lo que he vivido".Las declaraciones de Servini se dieron un día después de que los fiscales que investigaron el caso Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, apelaran la medida de prisión domiciliaria otorgada por el Tribunal oral federal 2, que le permitió a Cristina Kirchner cumplir la condena con el arresto en su departamento de la calle San José al 1111. Los fiscales ya habían solicitado que no le otorgara esta excepción a la expresidente y que en cambio debía cumplir la condena en una celda común. Sin embargo, el tribunal falló en favor del pedido de la defensa y accedió a que permanezca, con tobillera electrónica, en su departamento del barrio de Constitución.Los fiscales dijeron que conceder la prisión domiciliaria en el departamento "es un desatino mas de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal" y un "privilegio indebido" para la expresidenta.Se quejaron los fiscales de que Cristina Kirchner tuvo "un trato desigual frente a los otros ocho condenados" en esta causa que se presentaron en tribunales y fueron trasladados a prisión.La decisión ahora la tomará la Cámara Federal de Casación, que tiene además pendiente un recurso de la defensa de la expresidenta por el régimen de visitas durante su prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica. Los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña lo definirían tras una audiencia convocada el próximo 7 de julio. Luego de ese día tienen cinco días para resolver.

El Gobierno le pidió a la jueza Preska la suspensión del fallo por YPF y no aceptará negociar con los demandantes

El Poder Ejecutivo pidió ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días. La Casa Rosada aspira a estirar los tiempos durante varios meses y cree que el valor del juicio es mucho menor a los USD 16.000 millones

Justicia habla de "normalidad casi absoluta" tras el primer día de huelga de jueces y fiscales

La jueza María Servini habló de la condena a Cristina Kirchner: "No la veo mucho tiempo presa"

La magistrada, de extensa trayectoria en la Justicia Federal, sorprendió al entregar una definición sobre la prisión domiciliaria de la ex presidenta. "No la veo mucho tiempo ahí"

Sugestivas declaraciones de una jueza federal sobre la condena a Cristina Kirchner: "No le veo mucho tiempo presa"

María Servini deslizó que la expresidenta quedaría libre antes de cumplir los seis años de pena domiciliaria."Es una prisión conflictiva y llega un momento que no la pueden contener", justificó.

El caso YPF | Qué dirá Kicillof para defenderse de las acusaciones tras el fallo de la jueza estadounidense

El gobernador Axel Kicillof está convencido de que el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, que volvió a poner sobre el tapete la controversia por la expropiación de YPF de la que él fue protagonista como ministro de Economía de Cristina Kirchner en 2012, tiene motivaciones políticas y electorales. "Siempre sale un fallo así cuando hay campaña", interpretan en La Plata, en la antesala de un pronunciamiento público del mandatario.Pero más allá de las conjeturas políticas, Kicillof trabajó en las últimas horas sobre un documento interno de Movimiento Derecho al Futuro (MdF), su agrupación dentro del PJ, que plantea "diez razones" para defender su actuación en la década pasada, luego de haber recibido duras acusaciones de todo el arco político y en especial del presidente Javier Milei por el resultado de aquella determinación adoptada por la administración kirchnerista. El documento, al que tuvo acceso LA NACION, se titula "El juicio en Nueva York por la recuperación de YPF, diez razones". Y enumera en apartados los argumentos que desplegará esta tarde en la conferencia que, desde las 18, ofrecerá en la sede de la Gobernación. El primero de los puntos se denomina "Privatización y vaciamiento de YPF". El texto indica: "La intervención y el proyecto de expropiación de la participación mayoritaria en YPF fue la forma de frenar el vaciamiento de la empresa y las graves consecuencias macroeconómicas y energéticas que generaba".LA ENTREGA AVANZAUna jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Seâ?¦— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025La segunda razón del documento axelista fue encabezada con la frase "La decisión de expropiar" y señala: "En virtud de su Constitución y sus leyes, como cualquier país, Argentina tiene derecho soberano para expropiar bienes por razones de utilidad pública sin interferencias. Esto no le decide el Poder Ejecutivo sino el Congreso por mayoría". El texto suma: "Ante el vaciamiento de YPF, y luego de varias conversaciones y advertencias a Repsol, el Estado nacional no podía quedarse con los brazos cruzados".Kicillof, que entre ayer y hoy mantuvo reuniones con "técnicos y especialistas" con los que compartió las decisiones en 2012, expondrá una tercera razón para aquella medida, que definirá como "el erróneo o imposible camino de realizar una compra de mercado". En ese apartado, el documento indica que "el estatuto de la empresa estaba redactado para los accionistas privados y su interés de lucro. En este caso, las razones fueron de interés público y el estatuto de una empresa privada NUNCA (dice en mayúsculas) puede tener mayor valor que la Constitución Nacional y la Ley de Expropiaciones".La cuarta "razón" del axelismo para defender a su jefe político hace foco en la participación del Poder Legislativo. "Toda la operación de recuperación de YPF fue realizada por decisión del Congreso y por amplia mayoría, con votos del oficialismo y la oposición", sostiene el texto y agrega: "A favor estuvieron diputados del oficialismo, la UCR, el Frente Amplio Progresista, el peronismo federal y la Coalición Cívica".En el quinto apartado del documento, sobre el que pivoteará Kicillof en su presentación de esta tarde, se hace foco en "la actual demanda en Nueva York de Burford Capital contra Argentina". Bajo ese título se afirma que "un fondo buitre llamado Burford Capital compró en 2015 las demandas de Petersen y Eton Park contra Argentina, pagando 15 millones de euros con el objetivo de obtener una ganancia multimillonaria". Y se señala que "la demanda fue inventada y está siendo financiada por Burford Capital", algo que "no es más que una apuesta especulativa para transferir los recursos económicos de nuestro país a los fondos buitre de Burford".El punto seis entre las razones axelistas apunta contra el tribunal neoyorquino que entiende en la causa. "La Corte, en marzo de 2023 resolvió que los demandantes deben ser indemnizados por Argentina por no haber hecho una Oferta Pública de Adquisición. Paradójicamente, la jueza Preska (sucesora de Griesa en el tribunal de Nueva York), admitió en su sentencia que todas las cuestiones relevantes del caso están regidas por derecho argentino".La "séptima razón" habla de una afectación a la "soberanía argentina". Y asegura: "En marzo de 2023 la jueza Preska le dio la razón a fondo buitre pero no fijó el monto de la indemnización que, según ella, Argentina debe pagar a los demandantes por el supuesto incumplimiento". Mientras que en el octavo punto, el documento se pregunta por las "alternativas que había" a la expropiación de YPF y enfatiza: "Tanto desde el punto de vista legal, como estratégico y macroeconómico el camino elegido fue el correcto".La novena "razón axelista" es directamente una reivindicación de lo actuado, pese a los cuestionamientos que recibe cada vez que la Justicia norteamericana avanza con alguna medida contra el Estado argentino. "Hoy, a diez años de esa decisión, podemos decir que no solo se logró recuperar la empresa de bandera y su papel en el desarrollo de la producción y en la distribución del ingreso; sino que también a través de la recuperación de YPF se le dio vida a Vaca Muerta", se afirma en el documento del MdF.El último punto del texto, que completa las diez razones, señala que "desde que se recuperó el control de YPF, su aporte y su valor para el desarrollo y la soberanía nacional es incalculable". Y apunta: "La recuperación del control de YPF permitió revertir el declino de la producción de petróleo y de gas. Si se hubiera mantenido la tendencia de la producción de YPF entre los años 2005 y 2012, las importaciones de petróleo y gas natural a lo largo de los últimos 10 años hubiesen superado los 35.500 MUSD".

Juicio a Álvaro Uribe: defensa del expresidente respaldó a la jueza del caso, pese a las dudas iniciales sobre su imparcialidad: "Debo dejar constancia de su forma ordenada, concentrada y dinámica de presidir este juicio oral"

Este martes 1 de julio de 2025, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza de Jaime Granados, inició con sus alegatos finales en el juicio por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal

Juez sin patria, comunidad sin ley

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Qué dice la carta que YPF les envió a los inversores después del fallo de la jueza Preska

La resolución de la Justicia de EEUU ordena a la Argentina a transferir sus acciones Clase D de la petrolera al Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días desde la fecha de la orden. Los detalles

Las acciones de YPF se recuperan tras la caída por el fallo adverso de la jueza Preska

Ayer los ADR's marcaron una baja de 5,6%. En el mediodía norteamericano, la petrolera argentina ya opera en números positivos. La bolsa local también mejora y se reacomodan las cotizaciones. Leer más

El juez Marcelo Bailaque quedó detenido en su casa e intentará jubilarse con régimen especial

ROSARIO.- A través del decreto 443/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial este martes, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura.Este martes se hizo efectiva la detención del magistrado, que cumplirá la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz en su domicilio. Bailaque pasará 90 días de arresto en su casa, luego de que en mayo pasado los integrantes de la Cámara de Apelaciones Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieran esa medida al analizar que no había peligro de fuga. Luego de enviar la renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación el 10 de junio pasado, Bailaque comenzó a hacer los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que se desempeñó en la justicia de esa provincia desde 1994 hasta 2008.Los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito este martes a la mañana ante el juez Rodrígues Da Cruz en la que le piden que convoque a una audiencia "de forma urgente" para analizar las especificidades relacionadas con la modalidad de detención del exmagistrado. Lo que se busca establecer es cómo se va a controlar la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, y se determine "el lugar concreto de cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad, las reglas y pautas de conducta".A su vez, los abogados defensores de Bailaque Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo presentaron un escrito en el que advirtieron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva.El "proyecto de decreto", que había elaborado el Ministerio de Justicia de la Nación de la aceptación de la renuncia de Bailaque, tiene fecha del 25 de junio. Es decir, el miércoles pasado. Pero recién fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Llama la atención que la información se conoció después de las elecciones en Santa Fe, donde esa noticia hubiera probablemente actuado en contra de los intereses electorales de los candidatos de La Libertad Avanza.Al aceptar la renuncia de Bailaque, Milei dio por terminado el extenso proceso que arrancó el año pasado en el Consejo de la Magistratura, donde se había llegado a aprobar un largo dictamen de más de 190 páginas, que fueron elaborados por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, donde concluyeron que había tres causas que aportaban argumentos para destituir a Bailaque por un tribunal de enjuiciamiento.El proceso en el Consejo de la Magistratura iba a terminar con el apartamiento de Bailaque, pero había un problema con la conformación del tribunal, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no nominara a los dos senadores que deberían integrar ese cuerpo que sanciona a los funcionarios judiciales. Esos dos legisladores deberían ser del bloque peronista.Pero después de la decisión de Milei de aceptar la renuncia, que Bailaque había redactado el 10 de junio pasado, no será necesario que se conforme el tribunal de enjuiciamiento. Bailaque tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y tres años más tarde fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.AcorraladoBailaque tomó la decisión de renunciar al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario, en la que se dispuso su prisión preventiva el 30 de abril pasado. En el Consejo de la Magistratura observaron que había elegido un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.El juez federal de Rosario enfrentaba una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos. Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que el caso Bailaque "es sólo la punta del iceberg", aunque hay dudas de que la caída de juez actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez lo suceda en el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado -el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. "No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado", respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.

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Su reciente decisión contra Argentina â??a la que acusó de "ignorar sistemáticamente" los fallos previosâ?? no solo amenaza con cambiar el mapa de control de YPF, sino que también se inscribe en su historial como jueza implacable frente a Estados soberanos que, en su criterio, no respetan los compromisos financieros asumidos. Leer más

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Milei aceptó la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de vínculos con el narcotráfico en Rosario

Aunque el Consejo de la Magistratura lo había citado como parte del proceso de acusación para destituirlo, ahora conservará el beneficio de la jubilación.

Milei le acepta la renuncia al juez Bailaque, que quedaría preso desde mañana pero podrá reclamar su jubilación

El presidente Javier Milei aceptará la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar empresarios y malversar fondos. La decisión, confirmada por fuentes gubernamentales a LA NACION, implica que el magistrado evitará el juicio político y podrá acceder a una jubilación de privilegio, pero también que quedaría detenido una vez que se oficialice la decisión.La medida, que ya fue firmada por el Presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para ser publicada en el Boletín Oficial, dejará sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y no contiene ninguna fundamentación, como suelen incluirse en los decretos presidenciales. El 11 de junio, acorralado por tres investigaciones internas y una causa penal por extorsión, abuso de autoridad, prevaricato y otros delitos, Bailaque presentó su renuncia con fecha efectiva el 1° de julio. El Consejo aún debía votar en plenario su envío a un Jury de Enjuiciamiento, pero la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo anula de facto ese procedimiento.La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de Pro Luis Juez, había votado por unanimidad el dictamen acusatorio elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques. En ese informe se detalla una serie de hechos que, a criterio de los acusadores, configuran mal desempeño, falta de integridad, transparencia e imparcialidad.El primero de los cargos contra Bailaque lo vincula con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Pese a tener como contador a Gabriel Mizzau â??quien también manejaba las cuentas de Alvaradoâ??, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó medidas de prueba como escuchas telefónicas y demoró procesos claves.El segundo cargo se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei â??amigo del juezâ?? y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario (quien declaró como arrepentido), habrían participado en una maniobra para pedirle una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial.El tercer cargo está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. Pese a sus vínculos, Bailaque tampoco se apartó de esa causa y benefició a su entorno.El 13 de junio, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) pidieron formalmente al presidente Milei y al ministro de Justicia Cúneo Libarona que rechacen la renuncia para que pueda juzgarse el desempeño del magistrado. "El Presidente tiene la facultad constitucional de rechazar la renuncia cuando hay un proceso de enjuiciamiento en curso. De lo contrario, se consagra la impunidad", advirtieron las organizaciones. Recordaron que uno de cada tres juicios políticos en trámite se frustra por la aceptación de la renuncia del juez investigado. "No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo institucional que permite eludir la rendición de cuentas", alertaron.Bailaque asumió como juez federal de Rosario en 2008, tras haber forjado vínculos con el kirchnerismo naciente en Santa Cruz. Según fuentes judiciales, gozó durante años de protección política y judicial. En Rosario, su juzgado fue escenario de sospechas constantes: se lo acusó de demorar causas sensibles, de beneficiar a narcotraficantes y de obstaculizar investigaciones. En el caso de la banda narco Los Monos, por ejemplo, la justicia provincial llegó a dictar condenas antes que él avanzara en una causa federal por lavado de dinero.El intento del magistrado por evitar el juicio político se concretó el 11 de junio, al presentar su renuncia. Luego, el 17 de junio, evitó comparecer ante la Comisión de Acusación y envió en cambio un extenso escrito. "La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento y le garantiza al juez acusado una jubilación de privilegio. La Constitución permite rechazarla para que se garantice su juzgamiento. Lo contrario es impunidad", habían advertido desde ACIJ e INECIP.

Axel Kicillof cuestionó el fallo de la jueza Preska en el juicio por YPF y le respondió a Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el fallo judicial emitido por la juez Lorretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera. "Es un disparate", dijo el mandatario a través de la red social X este lunes por la noche.En la misma publicación, ofreció respuesta a las críticas del presidente Javier Milei, quien lo responsabilizó por el fallo adverso. "Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger", planteó.LA ENTREGA AVANZAUna jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Seâ?¦— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025El posteo de Kicillof comienza con una apreciación sobre Preska: "Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF".Luego, en relación a la sentencia, sostiene a la vez que aclara: "Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger".Con el foco puesto en el jefe de Estado, el mandatario bonaerense advierte sobre un "vínculo" entre "la pasión norteamericana" del líder del Ejecutivo y la novedad en la causa, y desliza: "Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota muchoâ?¦".En otro tramo de su extenso descargo, Kicillof alude a la entrevista que Milei le concedió el domingo a la señala de streaming Neura y chicanea: "Casualmente anoche, el Presidente estuvo varias horas paveando disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente".Y asume: "A esta altura, qué duda cabe de que este Gobierno 'Nacional' no defiende a la Argentina: defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras. Al respecto, su candidato en la Provincia [José Luis Espert] lo acaba de confesar sin disimulo: aspiran a privatizar YPF".El gobernador anticipa más adelante que, "en virtud de la gravedad de tal riesgo", realizará este martes una conferencia de prensa a las 18. "Esta en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país", insiste.Finalmente, al pronunciarse sobre la expropiación de YPF en 2012, opinó que "fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el Gobierno de Cristina Kirchner y respaldada en el Congreso de la Nación por casi todas las fuerzas políticas"."Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Sobre todo, YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional. Ahora vienen por eso", reivindicó Kicillof.Y concluyó: "Frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada", desde la Provincia de Buenos Aires respondemos: YPF no se vende".Qué había dicho Milei tras el fallo en el juicio por YPFHoras antes, el jefe de Estado se había valido también de las redes sociales para expresarse en torno a la decisión judicial. Para el caso del Presidente, corrió el foco del fallo y se centró específicamente en Kicillof."Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", enfatizó.UN FALLO CONTRA KICILLOFNos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético deâ?¦— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025"Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires", sumó Milei. Y adelantó: "Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias"."Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: yo avisé que el soviético [Axel Kicillof] es un pelotudo", cerró.

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque

El magistrado es investigado por causas vinculadas al narcotráfico y enfrentaba un jury de enjuiciamiento. Antes de ser destituido, presentó su dimisión

Cinco puntos claves de la decisión de la jueza Preka contra el Estado argentino por YPF

La justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones. Leer más

Las cinco claves para entender el fallo de la jueza Preska por la expropiación de YPF

La Justicia de los Estados Unidos le ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera.Es para pagar una indemnización equivalente a US$ 16.000 millones.El país perdería toda su posición en la petrolera.

Qué pasó con YPF y el fallo de la jueza Preska

El juicio en Nueva York por la estatización de YPF escaló a un nuevo nivel de tensión. Una decisión de la jueza Loretta Preska impactó de lleno en la estrategia de defensa argentina y puso en el centro del debate el futuro de las acciones de la petrolera. La magistrada avanzó con una medida que afecta directamente la propiedad de la compañía y genera un complejo escenario para el Gobierno.¿Qué ordenó la jueza Loretta Preska sobre YPF?La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación. La medida funciona como un método de pago por la sentencia adversa de primera instancia, que en 2023 fijó una compensación de US$16.100 millones más intereses para los demandantes.La obligación se debe a que la magistrada accedió a la solicitud de embargo que presentaron los litigantes, los fondos Burford Capital y Eton Capital. La orden obliga al país a transferir su participación mayoritaria en la compañía como parte del cumplimiento del fallo.Por qué esta decisión es sorpresivaEl dictamen de Preska resultó inesperado por varios motivos. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en noviembre pasado, presentó un escrito ante la Corte para solicitar el rechazo de ese pedido de embargo. El gobierno de Joe Biden fue alertado en su momento por la Procuración del Tesoro sobre las implicancias de una orden de este tipo sobre activos que se encuentran en otra jurisdicción. Además, las acciones de YPF que posee el Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Nueva York. Qué pasará ahora con las accionesEl Estado argentino no cumplirá con la orden de manera inmediata y apelará la decisión. El principal argumento legal local es que la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe en su artículo 10 la transferencia de las acciones expropiadas sin una previa aprobación del Congreso de la Nación."La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska", afirmó Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro. "La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación", detalló.El proceso judicial avanza en paralelo en la Corte de Apelaciones, donde tanto la Argentina como los fondos buscan una revisión del fallo de primera instancia. El Estado quiere revertir la sentencia, mientras que los demandantes piden que se incluya a YPF como responsable solidaria.Cuál es el origen del juicio por la expropiación de YPFEl litigio se centra en el incumplimiento del estatuto de la propia petrolera durante el proceso de estatización de 2012. Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como indicaba el reglamento de YPF. El artículo 7º de ese estatuto obligaba a cualquier inversor que adquiriese más del 15% de la compañía a realizar una oferta por el 100% del capital.La defensa argentina siempre planteó que la Constitución Nacional y la ley de Expropiación prevalecen sobre el estatuto de una empresa privada, pero una declaración del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue clave para el fallo. El día que Axel Kicillof habló de la expropiación de YPF"Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo Kicillof en el Congreso. La jueza Preska citó esta frase en su sentencia.Quiénes son los demandantesLos beneficiarios del fallo son dos fondos: Eton Park y Burford Capital. Eton Park ya era accionista de YPF al momento de la estatización. Burford Capital, en cambio, es un financista de litigios que compró el derecho a demandar a la Argentina en la justicia española, luego de la quiebra de las empresas Petersen.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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