juez

Iba camino al hospital y sufrió un fuerte golpe dentro del colectivo: una jueza ordenó indemnizar a la pasajera

Padeció una fractura de columna tras una maniobra imprudente del conductor y, de manera paradójica, fue trasladada al mismo nosocomio al que se dirigía. El fallo estableció que la empresa de transporte y su aseguradora deben compensarla por los daños físicos y psíquicos ocasionados

El día que Italia llevó al banquillo a 474 mafiosos: la amenaza de uno de los capos y los atentados contra jueces y arrepentidos

Andrés Hurtado reaparece en audiencia y se dirige al juez: "Mis abogados nunca han apelado, me parece totalmente injusto"

El expresentador reclamó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley por el vencimiento de los plazos de su prisión preventiva, mientras la Fiscalía defiende la ampliación de la investigación en la que se encuentra incurso

Solicitaron diez años de prisión para el ex juez federal Marcelo Bailaque por corrupción judicial y extorsión

Los fiscales presentaron la acusación contra el ex titular del Juzgado Federal de Rosario y sus presuntos cómplices, quienes están cerca de ir a juicio

Jueces, ideología y realidad: la necesidad de tener calle

La distancia entre los expedientes judiciales y la vida cotidiana revela la necesidad de que quienes deciden conflictos comprendan las dinámicas sociales fuera del ámbito estrictamente jurídico

AMP- La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

Corrupción en la ANDIS: para procesar a Spagnuolo, el juez Casanello usó la auditoria que hizo el gobierno de Milei

En los fundamentos de su resolución, el magistrado tomó las conclusiones del trabajo encarado por el interventor del organismo de discapacidad luego del escándalo.Allí se denuncian irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos; carencias en la gestión documental y debilidades en el control de expedientes.

La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

Escolta de Mazón declara a la jueza que el expresident llegó al Palau sobre las 19.50 horas: "Ahora bajo y nos vamos"

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

El hombre presentó una batería de recursos que incluyó un certificado emitido por un líder religioso autorizado y donaciones a entidades culturales

Un juez aceptó a "Chiqui" Tapia como querellante en una causa por extorsión contra un dirigente de la Coalición Cívica

En un giro en la causa contra Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica (CC) en Pilar, Claudio "Chiqui" Tapia fue aceptado como querellante. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había presentado ante el juez Walter Saettone para denunciar al imputado, al legislador porteño de la CC Facundo Del Gaiso y al empresario Leandro Camani.Saettone, magistrado de garantías de San Isidro que viene de rechazar el pedido de recusación por parte de la defensa, resolvió incluir a Tapia en la denuncia en carácter de particular damnificado. "Resultaría ser posible víctima del hecho investigado", consideró el juez en el fallo. El magistrado investiga si Yofe incurrió en un acto de extorsión al tomar contacto con personas a las que avisó que iba a denunciar ante la Justicia. Un caso específico es el de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires."No es un gesto simbólico: es un cambio procesal de enorme gravedad para quienes fueron denunciados", afirmó Gregorio Dalbon, abogado de Tapia. La resolución ahora les permite tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar en la investigación a cargo del fiscal Germán Camafreita. Por su parte, Del Gaiso consideró: "Si ese es el precio por enfrentar a las mafias, lo afronto con gusto. Vamos a seguir presentando las pruebas para demostrar que hay una matriz de corrupción y de lavado de dinero en la AFA". El legislador anticipó que ampliará su denuncia en la causa por la mansión de Pilar, la cual tiene a Yofe como denunciante.Las pruebas contra Tapia y Toviggino son inobjetables ,no son "operaciones mediáticas" de periodistas premiados con el Martin Fierro que integran una asociacion ilicita.Estamos ante una posible Matriz de corrupción y lavado de dinero de la AFA, donde se le robaria el dinero aâ?¦ https://t.co/aJklteQwyh— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) February 6, 2026"Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar", declaró Tapia por Zoom ante el fiscal y ratificó la denuncia que presentó la semana pasada. "Leandro Camani, escudándose en Matías Yofe y Fernando del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme, junto con periodistas, no descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita", apuntó.La Justicia, en el marco de la denuncia por "extorsión", realizada contra Yofe por el chofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, intenta determinar si existieron ofrecimientos de dinero al dirigente de la CC por parte de terceros y sospecha que él podría haber sido utilizado como fachada. Tanto en la fuerza de Elisa Carrió como cerca de Camani niegan que el empresario y los políticos hayan trabajado juntos.La denuncia de TapiaEn su presentación ante el juez Saettone, Tapia vincula la causa que tiene imputado a Yofe, así como su denuncia por la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a las autoridades de la AFA, a su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse). Es que Camani, empresario y titular de la empresa Secutrans, que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, habría estado interesado en la instalación de cámaras de fotomultas en zonas administradas por el Ceamse, según declara Tapia.Ante la negativa de Tapia, "el vínculo con Camani se tornó conflictivo, y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir al decisión adoptada". Fue así que, como consta en el acta, "Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en mi contra".Las advertencias se habrían consumado con la presentación de la denuncia vinculada a la mansión de Pilar, "tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa", la cual tiene como impulsores a Del Gaiso y Yofe.La respuesta de CamaniEn el entorno de Camani describen el planteo de la querella como "un delirio" y cuestionan el funcionamiento del juzgado. En una presentación por parte del empresario ante el juez en respuesta a la del titular de la AFA, Camani asegura que jamás mantuvo una "relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el señor Tapia".Además, el empresario aclara que su vínculo con Yofe "se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción", al referirse a las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense, en cuya causa ambos son denunciantes de D'Onofrio y Claudia Pombo, dirigente massista y expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar."Jamás he financiado, directa o indirectamente, al señor Yofe ni a persona alguna de su entorno, ni he requerido ni recibido de su parte colaboración fuera del cauce institucional. Por el contrario, he actuado en nombre propio", sentenció Camani.La investigación continúa abierta. Se prevé que el fiscal Camafreita reciba a dos testigos de las presuntas amenazas de Camani, referidos por la querella, la próxima semana. Tras esas declaraciones, los investigadores determinarán su competencia en los hechos denunciados por Tapia.

Juez ordena devolver 40 inmuebles y empresas a la familia del 'Ñeñe' Hernández tras fallo de extinción de dominio

Un juzgado de Bogotá concluyó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar el origen ilícito del patrimonio, por lo que decidió levantar las medidas cautelares y restituir a su familia propiedades, sociedades y ganado incautados desde 2019

¿Quién adelantó la campaña?: LLaryora o Juez y De Loredo; la Legislatura ya juega en clave de sucesión

El arranque del año legislativo confirmó que la carrera por la sucesión provincial se adelantó. El PJ y la oposición cruzaron reproches y lecturas de fin de ciclo en un recinto atravesado por la disputa de poder. Leer más

Juez envió a prisión a mujer acusada de quemar a su pareja en Medellín

La persona imputada resultó capturada tras ser considerada presunta autora del ataque con gasolina que terminó con la vida de un hombre y ante la existencia de pruebas, como videos de cámaras de seguridad

El Consejo de la Magistratura se reactiva: definirá ternas para 157 vacantes y el futuro de jueces investigados

Las comisiones volverán a reunirse en las próximas semanas. En la agenda figuran concursos clave para Comodoro Py y Rosario, además del cierre de la investigación contra el juez Maraniello por abuso sexual.

Juez ordena liberarlos, pero el ICE los arresta igual: el extraño limbo legal de los venezolanos detenidos dos veces

Dos ciudadanos venezolanos, detenidos a mediados de enero tras un incidente con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), fueron liberados recientemente. Sin embargo, pese a una orden judicial, las autoridades los volvieron a poner bajo custodia poco después, un giro que abre interrogantes sobre el manejo del caso y los procedimientos penales.Los venezolanos que fueron liberados por un juez en enero y detenidos nuevamente por el ICEDurante la madrugada del lunes 12 de enero, Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Sosa-Celis fueron arrestados por presuntamente agredir a un oficial del ICE en un operativo desarrollado en Inver Grove Heights, en Minnesota.La versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que los agentes realizaban una parada de tráfico cuando Celis se resistió al arresto. En ese momento, dos personas indocumentadas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba, según consignó CNN.Cuando el sospechoso logró soltarse, el agente disparó tiros defensivos y lo alcanzó en la pierna. Las personas que se habían unido al ataque contra el agente huyeron y se atrincheraron en sus apartamentos.Por el episodio, Celis fue arrestado junto con Aljorna. Posteriormente, durante una audiencia judicial celebrada el martes, el juez federal Paul A. Magnuson ordenó su liberación y emitió una orden oral que prohíbe la deportación de todos los testigos del caso. Según el abogado de Aljorna, Frederick Goetz, los dos hombres están incluidos como testigos en el documento legal.Por qué el ICE volvió a detener a los venezolanos liberados por el juezEl caso tuvo un nuevo giro cuando, pese a que Magnuson concedió la libertad a los acusados, la abogada Robin Wolpert fue informada de que Celis había sido puesto bajo custodia federal al acudir a su visita a la oficina del sheriff.En diálogo con CNN, la abogada celebró la decisión del juez, pero expresó su decepción debido a que su cliente fue inmediatamente arrestado por los oficiales del ICE.Por su parte, Goetz también reveló que su cliente fue puesto bajo custodia federal tras su liberación. En ese sentido, calificó de inconsistente la actuación de las autoridades debido a que, si deseaban procesarlo penalmente, no deberían haberlo trasladado al centro de detención del ICE, donde podría ser deportado.La versión de los familiares sobre la detención de los venezolanosLa declaración que brindó el DHS de manera oficial fue cuestionada por familiares de los detenidos.En una grabación citada por CNN, la familia le expresa al 911 que Celis recibió un disparo de un agente federal cuando intentaba entrar a su domicilio. "Estuvieron siguiendo a mi esposo durante unos 30 minutos. Intentaron chocarlo. Llegó a casa y, como les cerramos la puerta, ¡le dispararon!", relató desesperada una persona no identificada.Luego del arresto, familiares crearon un GoFundMe para recaudar dinero para cubrir los honorarios de los abogados. Allí, calificaron a los detenidos como "gente muy trabajadora que vino a Estados Unidos en busca de cumplir el 'sueño americano'".Además, según el texto, trabajaron durante años con abogados especializados en inmigración y gastaron miles de dólares para regularizar su situación. En este proceso, se encontraban "a una aprobación de obtener su residencia". Hasta el momento, la familia logró reunir 27.237 dólares con 519 donaciones.El caso, que cuenta con dos versiones muy diferentes entre sí, se da en medio de un complejo panorama con intensas redadas de inmigración en Minnesota que desataron protestas en todo Estados Unidos.

Sentencia al ex juez federal Walter Bento: lo condenaron a 18 años en prisión por corrupción y seguirá preso en el penal de Cacheuta

Los tribunales federales de Mendoza dieron a conocer este viernes la sentencia, tras escuchar el jueves el pedido de los fiscales.La defensa de Bento había pedido prisión domiciliaria y una pena mínima.En sus últimas palabras, el ex juez dijo que "esta causa ha sido una tragedia".

Condenaron a 18 años de prisión al ex juez Walter Bento por corrupción judicial

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza fijó la pena tras declararlo culpable de liderar una asociación ilícita para el cobro de coimas. Su esposa y uno de sus hijos también fueron condenados

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Diego "N" es acusado de operar una red de extorsión y secuestro

El juez Casanello rechazó devolver los US$82.000 que le fueron secuestrados a Diego Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, para que le devuelvan los US$80.000 y 2000 euros que le secuestraron en una caja de seguridad, en el marco de la investigación por el direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo con sobreprecios.Spagnuolo, indagado en la causa a la espera de que se resuelva su situación procesal, había pedido que le restituyan el dinero porque dijo que ingresó a su patrimonio antes de que él llegara a la función pública, por lo que no se podía sospechar que fuera producto de un delito. El expresidente de Andis pidió que le devuelvan el dinero que se encontraba alojado en la caja de seguridad N° 266/4, del Banco BBVA y que se deje sin efecto el congelamiento de su caja de ahorro en pesos y cuenta corriente, así como la caja de ahorro de ese banco.El fiscal Franco Picardi se opuso al prdido, al entender que hay medidas de prueba en curso, máxima con la sospecha de "posibles maniobras de corrupción, pago de coimas, y gestiones con sobreprecios entre la Andis y el sector privado".Dijo el fiscal que el dinero podría ser pasible de utilización para la cobertura de penas pecuniarias, en caso de corresponder.El juez compartió los argumentos del fiscal, pues dijo que "resulta evidente que la devolución del dinero solicitada por Diego Orlando Spagnuolo, así como el desbloqueo de cuentas bancarias, no puede prosperar". "Se están llevando adelante diversas medidas de prueba en curso, siendo una de las líneas de investigación la obtención de dinero de manera indebida desde la ANDIS", argumrntó el juez Casanello.Y dijo que, máxime teniendo en cuenta que Spagnuolo "no había declarado dicho dinero al momento de ingresar a la función pública, en su declaración jurada inicial; y que se le ha recibido declaración indagatoria por graves sucesos de corrupción".Además, el magistrado expresó que "se impone adoptar medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de sujetar los bienes de los imputados que eventualmente podrían ser objeto de una acción de decomiso"."El dinero secuestrado podría ser instrumento o producto del delito que se investiga en autos, resultando necesario para garantizar eventuales reparaciones económicas, penas pecuniarias y decomisos", concluyó Casanello y denegó el pedido.Sagnuolo fue indagado por la Justicia acusado de liderar una organización que direccionaba las compras de medicamentos de alto costo para discapacitados o beneficiarios de planes sociales, con sobreprecios y cartelizando esas adquisiciones entre un grupo de droguerías.Junto con Spagnuolo fueron indagados otros 15 sospechosos y el juez debe decidir sus situaciones procesales. El abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, planteó al juez que quiere que le retornen los US$80.000 y 2.000 euros que estaban en la caja de seguridad del exfuncionario.Este caso se inició por la difusión de audios de Spagnuolo, en los que admitía que en su organismo se compraban medicamentos con sobreprecios y dijo que se pagaban coimas que iban a manos de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. En los audios filtrados, Spagnuolo expresaba su malestar con "los Menem" porque le habían impuesto a funcionarios del macrismo.Incluso decía que uno de ellos, Daniel Garbellini, era un "ladrón". Los audios, difundidos en el streaming Carnaval, cuya propiedad se adjudica al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque el directivo lo niega, fueron objetados por la defensa de Spagnuolo porque sostienen que son falsos y que fueron elaborados con inteligencia artificial.La Cámara Federal ordenó peritarlos. La defensa se funda en que esos audios son falsos y argumenta que todo el proceso debe ser declarado nulo. Sin embargo, el fiscal Picardi y el juez Casanello avanzaron con la recolección de evidencias, a partir del contenido de los celulares de los sospechosos, y pudieron establecer la existencia de una organización que direccionaba las compras en beneficio de determinadas droguerías.La causa expone lo que el fiscal define como un "entramado delictivo" montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos. Un procesamiento implicaría avanzar con las sospechas sobre los acusados para que luego la Cámara Federal revise esa decisión.

Luigi Mangione habló por primera vez ante el tribunal: el juez fijó la fecha para el comienzo del proceso penal

20 personas amenazaron a un juez en el juzgado de San Martín

Según fuentes judiciales, el objetivo era intimidar a Schiavo, quien había intervenido en causas vinculadas a la organización. Leer más

Los jueces kirchneristas resisten en Santa Cruz la llegada de nuevos miembros y el conflicto escala a la Corte Suprema

EL CALAFATE.- En un nuevo capítulo del conflicto que sacude a Santa Cruz, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante la decisión de los jueces kirchneristas de la provincia de impedir que asuman nuevos magistrados.La presentación busca revertir el fallo de los jueces kirchneristas del Tribunal Superior de la provincia que declaró inconstitucional la ley que amplió su integración y que intenta remover de sus cargos a los cuatro miembros designados por el gobernador Claudio Vidal. Se trata de una pelea institucional que sacude a la provincia y que expresa la resistencia de los jueces nombrados por el kirchnerismo a compartir su poder.El objetivo de la presentación del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz es revertir el fallo del 17 de diciembre pasado firmado por cuatro vocales y una vocal subrogante del TSJ que declaró inconstitucional la Ley 3949 que elevó de cinco a nueve miembros al máximo tribunal.Aquel fallo marcó la declaración de guerra entre el poder judicial y los otros poderes del estado, cuyas escaramuzas empezaron en septiembre cuando cuatro miembros se opusieron a la asunción de los nuevos vocales designados.Desde entonces convive en la corte provincial una suerte de doble comando. La pelea escaló al punto que, según el oficialismo local y reconocidos juristas consultados, solo la intervención de la Corte Suprema podría encausar el enfrentamiento.El grupo de jueces que resiste la llegada de otros miembros fueron nombrados durante los gobiernos kirchneristas y lo integran, incluso, dirigentes políticos que habían acompañado a Néstor y Cristina Kirchner.En el recurso que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de la ley fue un exceso de competencia del poder judicial, una violación a la división de poderes y a los principios democráticos del sistema representativo y republicano.La declaración de inconstitucionalidad -originada en un amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales- argumentaba, entre otros puntos, que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos.La decisión incluyó la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluida la designación y jura de los cuatro nuevos vocales impulsados por el actual gobierno, quienes entraron en funciones entre septiembre y octubre pasado: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, a quienes les tomó juramente el presidente del cuerpo Daniel Mariani, luego apartado del cargo por los cuatro vocales kirchneristas.El TSJ nunca les pagó sus sueldos, no les asignó espacio físico para trabajar, nunca los dejó asistir a las reuniones de acuerdo y hasta condicionó su ingreso al palacio judicial. Recién en enero, los cuatro vocales designados, pudieron cobrar el 50% de sus salarios, a través del ministerio de Economía, luego de una resolución aprobada en la legislatura. La acción de inconstitucionalidad llevó la firma de lo que el vicegobernador considera en la apelación una "una minoría irregular" conformada por los vocales Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, y la subrogante, Romina Vanessa Saúl, quienes anularon las designaciones y dispusieron la "reviviscencia" del régimen anterior de cinco miembros para mantener su control sobre el cuerpo.En su apelación, Leguizamón sostiene que el grupo de jueces que firmó la inconstitucionalidad se "arrogó competencias constituyentes" al decidir sobre la conformación del cuerpo.El núcleo de la embestida legal contra el fallo local radica en que el Poder Judicial habría interferido en "cuestiones políticas no justiciables". El recurso argumenta que la organización de la justicia es una facultad privativa de la Legislatura, según los artículos 104 y 126 de la Constitución Provincial, y que los jueces no pueden erigirse en "censores" de la oportunidad, mérito o conveniencia de una reforma legislativa. El documento advierte que, bajo el "ropaje" de un examen de razonabilidad, el tribunal provincial actuó como un "cogobernante" al imponer su propio plan de diseño institucional por sobre el decidido por los representantes del pueblo. Asimismo, el escrito denuncia la "gravedad institucional" de la situación, destacando que la sentencia fue dictada por una minoría irregular que intentó mantener su condición de antigua mayoría para neutralizar las facultades de los otros poderes del Estado. Otro punto de fuerte cuestionamiento es la supuesta falta de "caso judicial" que habilite la intervención del TSJ. Leguizamón sostiene que la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales carece de un agravio concreto, ya que la ampliación del tribunal de cinco a nueve miembros no afecta los derechos salariales ni las condiciones laborales de los empleados, convirtiendo la acción en una "acción popular" encubierta que no debería haber prosperado.Finalmente, el recurso ante la CSJ busca poner fin al "desorden institucional" que hoy enfrenta Santa Cruz, donde coexisten dos realidades jurídicas contrapuestas sobre la integración de su cabeza de poder. El apelante enfatiza que la intervención de la Corte Suprema es el "único remedio eficaz" para evitar un daño irreparable a las instituciones básicas de la República y garantizar que las provincias respeten el sistema representativo y republicano que les impone la Carta Magna.

Detenido el líder de la red de narcos del exjefe de la UDEF tras comparecer ante el juez

El juez cita a Errejón para comunicarle la apertura de juicio tras dejar Mouliaà el caso

Gaspart ante la jueza del caso Negreira: "El Barça nunca ha cometido ninguna ilegalidad"

El exdirector de Emergencias niega ante la jueza de la dana haber filtrado el audio entre AEMET y el '112' el 29O

Pareja de Vivian Polanía, encontrada muerta en su apartamento, contó cómo era su relación con la jueza: "Tenía fe que se iba a sanar"

Anuar Salím aportó detalles sobre la convivencia y el estado emocional de la litigante, cuyo fallecimiento desató diversas hipótesis y mantiene abierta la investigación oficial

Jueza dicta un año de prisión preventiva a peruano por amenaza falsa en aeropuerto dominicano

El Ministerio Público fundamentó la medida en la gravedad de los hechos y en la evidencia recolectada, lo que derivó en la interrupción temporal de vuelos y la movilización de los protocolos internacionales de seguridad

La fiscalía pidió 18 años años de prisión para el ex juez Walter Bento por corrupción judicial

Durante el juicio de cesura, el Ministerio Público sostuvo que Bento fue el único jefe de una asociación ilícita que vendía beneficios procesales desde el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. La acusación pidió seis años de prisión para la esposa del ex magistrado

Tras controlar a ministros, jueces y legisladores, un gobernador ahora impone el narcotest a la Policía y el personal de Salud

Durante 2025, hicieron 1909 test a funcionarios, legisladores y jueces: 48 dieron positivo.Desde este mes más de 5000 empleados de la Salud y miles de agentes participarán de los sorteos para los nuevos controles.

Un juez ordenó a la Fundación San José entregar datos académicos de 1.276 funcionarios públicos: Jennifer Pedraza ganó una tutela

La medida judicial abre el debate sobre los mecanismos de control institucional y plantea interrogantes sobre el impacto de la decisión en la gestión de información protegida

Habló el juez que fue amenazado de muerte por un grupo de 20 delincuentes que copó un tribunal: "Tenían armas blancas"

Un grave episodio de violencia sorprendió a la Justicia bonaerense en las últimas horas, cuando un grupo de alrededor de 20 delincuentes copó un tribunal en San Martín y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo, a cargo del Juzgado de Garantías N°5.El ataque ocurrió en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial. Según se informó, los agresores ingresaron armados con cuchillos y buscaron llegar hasta el despacho del magistrado. En diálogo con LN+, Schiavo dio detalles del hecho.Nicolas Schiavo, juez amenazado"Entraron de manera violenta"El juez describió el momento de tensión que vivió el personal del tribunal cuando el grupo irrumpió en la mesa de entrada. "Eran personas que entraron de manera violenta, esgrimiendo frases violentas", relató, al tiempo que explicó que los empleados estaban más concentrados en resguardarse que en identificar a los atacantes: "No es una función nuestra identificarlos".Schiavo confirmó que, según la información que manejan, varios de los agresores estaban armados. "Tengo entendido que algunos tenían armas blancas", sostuvo, y remarcó que la situación podría haber ocurrido en cualquier otra dependencia judicial: "Me pasó a mí, pero podría haber pasado en otro juzgado".El magistrado insistió en que lo sucedido no fue una manifestación: "Lo de ayer no fue una protesta y mi preocupación era el personal del juzgado". En su testimonio, Schiavo buscó evitar que el hecho se interpretara como un ataque personal."No vinieron por mí, no hay que personalizarlo", afirmó. Para el juez, se trata de un problema institucional que involucra a todo el Poder Judicial bonaerense: "Es un problema global, que requiere abordaje global".También se refirió al avance de la violencia en causas penales: "Los casos que la justicia penal enfrenta tienen un contenido de violencia, que probablemente otros casos no".Falta de custodia y recursos El juez reveló que el edificio contaba con una custodia mínima al momento del ataque. "El edificio tiene un custodio por juzgado, generalmente suele haber tres, pero había uno solo por el periodo estival", detalló.Aunque evitó realizar quejas directas, reconoció que existen carencias: "Siempre faltan cosas, de todo tipo, hay carencias, recursos, pero no me corresponde quejarme por eso".Por último, el magistrado confirmó que no hubo personas agredidas porque lograron contener el avance del grupo hacia las oficinas. Incluso, mencionó que una mujer embarazada estaba trabajando dentro del edificio al momento del episodio.

Luis Juez: "Estoy convencido de que el miércoles vamos a tener la media sanción a la ley de modernización laboral"

"El fuero laboral es un fuero cooptado desde hace 40 años por el peronismo", aseguró el senador cordobés. Leer más

Por qué una jueza dejó en libertad a la esposa del supuesto "falso Gilinski" involucrada en caso de multimillonaria estafa en Medellín

La decisión judicial se produjo por falta de pruebas suficientes para imponerle una medida privativa de libertad mientras sigue el proceso sobre una estafa millonaria que involucra la suplantación de identidad y fraude empresarial en Antioquia

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a "El Chaparrito" operador del Mencho

Dichos sujeto fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano tras su captura en Yucatán

Amenazas a un juez en San Martín: irrumpen con armas blancas en su despacho para reclamar por detenidos

Ocurrió este miércoles en el Juzgado de Garantías 5, a cargo de Nicolás Schiavo.Los agresores fueron unas 20 personas presuntamente vinculados a ocho sospechosos presos.

Fiscalía de El Salvador señala irregularidades en sentencias juveniles y anuncia investigaciones contra jueces

El máximo responsable de la Fiscalía general cuestiona fallos judiciales que permiten la reincorporación de menores acusados de graves delitos. Un llamado a examinar la aplicación de la justicia y la confianza en organismos especializados

Milei pidió al Senado renovar el acuerdo del juez Carlos Mahiques para que siga en Casación

El Presidente solicitó un nuevo acuerdo para que el magistrado, que cumplirá 75 años en noviembre, pueda continuar otros cinco años como vocal del máximo tribunal penal del país, conforme al artículo 99 de la Constitución Nacional

Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron de muerte a un juez

Un grupo de 20 delincuentes armados con cuchillos, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al narcomenudeo, irrumpió en un edificio judicial céntrico de San Martín y copó la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí amenazaron de muerte al juez Nicolás Schiavo, que interviene en una causa donde se secuestraron una escopeta, una pistola, cargados, municiones y chalecos antibalas.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. "Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia", dijo uno de los informantes.El ataque ocurrió cerca de las 12 en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial.Todo comenzó en la mesa de entradas, en la planta baja, donde el grupo agresor llegó a los gritos y exhibiendo armas blancas. Tenían la intención de llegar hasta el despacho del juez Schiavo."En el momento en que irrumpió la banda, en la mesa de entradas había tres personas, entre ellas una mujer embarazada. Los empleados lograron hacer, con unos chapones, una especie de barricada para que los agresores no pudieran subir al primer piso. Pero, igualmente, lograron romper una ventana. Su intención era llegar hasta los despachos donde trabaja el juez y sus colaboradores. Nunca vivimos una situación similar", sostuvieron las fuentes consultadas.Noticia en desarrollo

Un fiscal pidió que se revise el juez a cargo de la causa por la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA

El fiscal ante la Cámara Federal de San Martín Carlos Cearras recurrió el fallo que derivó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa en la que se investiga quiénes son los dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Germán Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.Este juez avanzó con decisión, luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar. Aguinsky allanó, valuó la quinta en unos 20 millones de dólares y analizó las sociedades a las que pertenece.Concluyó que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron ser los dueños de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio, y 40 autos y motos de alta gama.Pero la defensa de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscó sacar el caso de esa jurisdicción y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados.Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.El recurso del fiscal de Cámara Cearras será analizado por la Cámara Federal de San Martín para ver si se lo conceden o no. Y si se lo conceden será una sala a designar por sorteo de la Cámara Federal de Casación Penal la que finalmente resuelva.El fiscal Cearras argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado.Dijo además que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.El fiscal Claudio Navas Rial como su colega Bringas tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico.El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros â??el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conteâ?? presentaron ante el juez de Campana González Charvay.González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del "juez natural".Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba "a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", marcó.Sin embargo, el camarista Lugones le dio la razón a Charvay. Además, afirmó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar. Sin embargo, la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.En estas horas, la causa avanza sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar.Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte.La semana pasada, una ejecutiva del Banco Coinag viajó desde Rosario y sostuvo ante el juez Marcelo Aguinsky que era "imposible" que desde la cuenta que la sociedad tiene en la entidad se hubiera podido realizar el pago de uno de los vehículos que forma parte de esa colección, un Porsche valorado casi en $500 millones. Así, apuntó indirectamente contra uno de los contadores que avaló la transacción, que fue citado por la Justicia.Otra pista que se desprendió de la flota â??que incluye motos de altísima gama, autos deportivos, kartings y camionetas 4x4â?? tiene que ver con los seguros de los vehículos. El juez constató que la póliza de todos ellos se pagaba en efectivo, por ventanilla, a través de una dirección generada por QR de una aseguradora cordobesa.La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.

El juez envía a prisión a 5 de los 7 detenidos por más de 85 robos en bares de una decena de provincias

Un juez argentino pidió a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

El juez federal Sebastián Ramos pidió la extradición a los Estados Unidos del dictador Venezolano Nicolás Maduro, acusado en la Argentina de violaciones a los derechos humanos."Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país", dijo el magistrado en su decisión, a la que accedió LA NACION.Maduro está preso en los Estados Unidos desde hace un mes acusado de delitos de narcotráfico,conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos.Ramos había ya ordenado la captura internacional de Maduro, y de su segundo, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, acusados de delitos de lesa humanidad y de cometer violaciones a los derechos humanos.El magistrado dispuso que se haga saber de esta decisión a Interpol.En la Argentina, la causa fue iniciada por denuncias de refugiados venezolanos que dijeron haber sufrido torturas y con informes de organismos internacionales que acreditan esas vejaciones y asesinatos de opositores. Están representados por el abogado Tomas Farii Duggan.Ramos escribió que pidió las capturas a fin de cumplir con lo indicado por la Sala I de la Cámara Federal, que había resuelto indicarle al juez que pidiera la captura de Maduro, cuando aún oficiaba como presidente de Venezuela.Ramos inicialmente consideraba que no era necesario avanzar sobre Maduro en la Argentina en virtud del principio de "justicia universal" en casos de derechos humanos, ya que estaba abierta una investigación en la Corte Penal Internacional.Sin embargo, a instancia de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe y de los querellantes, la Cámara Federal lo instruyó para que avance.La Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había enumerado como evidencia el contenido de dos legajos reservados con decenas de testimonios de refugiados que fueron torturados y detenidos de manera ilegal en Venezuela y el contenido de una docena de informes de organismos internacionales que documentan la represión en Venezuela, los arrestos ilegales y los tormentos que sufrieron los detenidos políticos.Los camaristas se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro. Según afirma la querella, esas violaciones a los derechos humanos ocurren desde 2014 en Venezuela, pero se han visto "agravadas" tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. La víctima, que cuenta con estatus de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos.Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas.El primer testigo que presentó la querella afirmó haber estado detenido por tres años y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de "tortura psicológica" junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como "punto de quiebre" durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.

Se vuelve a discutir qué juez investiga la mansión de Pilar atribuida a Tapia y Toviggino: un fiscal general pidió que la retome Aguinsky

Objetó que el expediente haya pasado al juzgado federal de Campana porque la decisión la tomó un tribunal que no correspondía.Planteó que la Cámara Federal de Casación intervenga en el caso.

Llaryora va por su primera ley de 2026 en medio de un clima político tensionado con la oposición de Juez

La primera sesión del año legislativo tendrá como eje la ley para llevar la apertura al interior, pero el fuego cruzado con Juez y De Loredo amenaza con recalentar el debate en el recinto. Leer más

Ratificaron al juez que debe definir si se reabre la denuncia de Alberto Fernández por la difusión de sus videos

Gustavo Bruzzone había pedido apartarse por su vínculo académico con el ex presidente. Ahora deberá resolver si revoca el sobreseimiento de Fabiola Yañez o confirma el cierre de la causa

Karina García le hizo una súplica al Jefe de 'La casa de los famosos Colombia' sobre su labor como jueza: "Por favor, yo hago lo que sea"

La paisa no dudó en emplear su sentido del humor para pedirle al líder de la casa que la autorice a llevar algo completamente diferente a lo que han utilizado sus sucesoras para darle su toque sigular

Bolaños tacha de "discurso político" la reclamación de Perelló para más jueces y recuerda las 500 nuevas plazas

Juez recuerda que no hay acusación de odio en la muerte del joven vallisoletano en Burgos

"La culpa es del secretario": La insólita defensa del juez condenado por favorecer a Vladimir Cerrón y el dato falso que dio

La Sala Penal Permanente no solo rechazó el argumento dado por Alain Salas en su último intento por anular su condena, sino que aumentó la reparación civil y recordó ya tenía antecedentes por conductas similares

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

Alain Salas, juez especializado de Acobamba, admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor del exgobernador, anulando una sentencia condenatoria que aún no tenía la condición de firme

Atentado contra CFK: el kirchnerismo volvió a apuntar contra la jueza Capuchetti tras una investigación de Gendarmería

El ministerio de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, refutó los resultados de las pericias que determinaron que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en un shopping cuando el acusado ya estaba detenido

Revés para Noem: un juez anula su "memo secreto" y ordena al ICE permitir el ingreso de legisladores a los centros de dentención

El intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por reinstalar una regla que limita las visitas de supervisión del Congreso a centros de detención migratoria sufrió un duro revés judicial. Una jueza federal de Washington suspendió de manera temporal el memorando emitido el 8 de enero de 2026, que, según la magistrada, vulnera una prohibición legal clara: el uso de fondos federales para impedir que legisladores ingresen a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con fines de control institucional. El conflicto que vuelve a los tribunales: ingreso de los congresistas a centros de detenciónLa decisión fue firmada el 2 de febrero por la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, quien ya había bloqueado una versión previa de la misma política en diciembre de 2025. En esta oportunidad, la magistrada concedió una orden de restricción temporal a favor de 13 miembros de la Cámara de Representantes que demandaron al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por exigirles un aviso mínimo de siete días antes de hacer visitas de supervisión a centros de detención de personas migrantes.Según Democracy Foward, los 13 representantes, todos miembros del Partido Republicano, beneficiados por el fallo son:Jason Crow (Colorado)Joe Neguse (Colorado)Jamie Raskin (Maryland)Bennie G. Thompson (Mississippi)Veronica Escobar (Texas)Daniel S. Goldman (Nueva York)Adriano Espaillat (Nueva York)Jimmy Gómez (California)Raúl Ruiz (California)Norma Torres (California)Robert Garcia (California)Jpsé Luis "Lou" Correa (California)Kelly Morrison (Minnesota)En su orden, la jueza dejó en claro que el nuevo intento del Ejecutivo no logra sortear los problemas legales ya identificados. Aunque el memorando de Noem buscó apoyarse en un cambio de fuente de financiamiento, el tribunal concluyó que, al menos de manera preliminar, la política sigue siendo aplicada con recursos sujetos a una restricción presupuestaria conocida como Sección 527, incluida en las leyes anuales de asignaciones del DHS.Qué decía el memorando de Kristi NoemEl documento firmado por la secretaria de Seguridad Nacional el 8 de enero de 2026 intentaba "reinstituir" el requisito de aviso previo de siete días para los congresistas que quisieran ingresar a instalaciones del ICE. Noem reconocía expresamente la existencia del fallo judicial de diciembre, pero sostenía que la nueva versión de la política sería implementada y aplicada exclusivamente con fondos provenientes de la llamada One Big Beautiful Bill Act, una ley de reconciliación presupuestaria aprobada en 2025 que no incluye la Sección 527.Según esa argumentación, al cambiar la fuente de los recursos, el gobierno quedaría liberado de la prohibición que impide usar dinero federal para obstaculizar la supervisión legislativa. Sin embargo, la jueza Cobb consideró que esa afirmación no estaba respaldada por hechos concretos y que, en la práctica, resulta extremadamente difícil, si no imposible, separar el uso de fondos de manera tan precisa como plantea el Ejecutivo.Qué le ordenó concretamente el tribunal a NoemLa resolución judicial establece una serie de medidas claras y de aplicación inmediata:Prohíbe temporalmente al ICE y al DHS exigir aviso previo a los 13 legisladores demandantes para hacer visitas de supervisión.Ordena permitir el ingreso inmediato de esos congresistas a cualquier instalación operada por o para el DHS que aloje personas migrantes.Fija un plazo máximo de 14 días para la vigencia de la orden, sujeto a una posible extensión o a nuevas decisiones del tribunal.Rechaza, por ahora, suspender la orden ante una eventual apelación del gobierno, al tratarse de una medida temporal no apelable.El revés judicial no cierra la disputa con el DHSAunque la decisión representa un claro revés para Kristi Noem y la estrategia del gobierno, el conflicto está lejos de concluir. La jueza dejó pendiente el análisis de un pedido más amplio de suspensión de la política bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que podría derivar en una medida de mayor alcance.Por ahora, el mensaje del tribunal es que cambiar la etiqueta del financiamiento no basta para eludir una prohibición legal expresa. Mientras tanto, los legisladores recuperaron la facultad de ingresar sin previo aviso a los centros del ICE, un punto central en la disputa sobre transparencia, supervisión y poder institucional en la política migratoria de Estados Unidos.

El rey pide a los nuevos jueces que se rijan por "parámetros éticos" y rectitud

Durante la entrega de despachos en Barcelona, Felipe VI exhortó a quienes juraron como magistrados a seguir los estándares morales más altos, destacando la importancia de la integridad para garantizar la confianza pública y la estabilidad institucional del país

El intendente de Pinamar le respondió al juez que prohibió los 4x4 en La Frontera: "Controlamos todos los días"

Luego de que un juez resolviera prohibir la circulación de vehículos 4x4 en La Frontera, el intendente de Pinamar Juan Ibarguren salió a responder públicamente y aseguró que el municipio ya realiza controles diarios para evitar maniobras peligrosas en esa zona, especialmente tras el choque que dejó a Bastián Jerez, un niño de 8 años, en estado crítico.En diálogo con LN+, el jefe comunal remarcó que desde el gobierno local no se discute la necesidad de frenar picadas ni conductas riesgosas, pero cuestionó que se avance con una prohibición total. "No se puede prohibir todo por culpa de unos inconscientes. Lo que hay que hacer es controlar", sostuvo."No se puede prohibir todo, sí controlar"El intendente explicó que los operativos incluyen controles, multas, secuestro de vehículos e inhabilitaciones de licencias, y que se aplican todos los días, incluso antes del accidente que involucró a Bastián. "No defendemos que esto ocurra, al contrario: lo estamos controlando", afirmó.Según detalló, el predio de La Frontera es privado y los controles municipales se realizan en los accesos. Además, aclaró que no está permitida la circulación libre de vehículos todoterreno en toda la zona.Dónde está permitido circular y dónde noEl jefe comunal precisó que los únicos lugares habilitados para la circulación de este tipo de vehículos son las playas con paradores, a través de un corredor seguro que permite llegar hasta allí. "La gente disfruta de ese corredor, que es el que se autoriza. Todo lo demás está prohibido", subrayó.Fuera de ese trazado, explicó, la actividad no está permitida, y el control se refuerza mediante drones, puestos en rutas y accesos clave.El accidente de Bastián y las infracciones detectadasEn relación con el choque que dejó al menor gravemente herido, el intendente indicó que ambos vehículos involucrados estaban en infracción. También señaló que uno de ellos ingresó por Costa Esmeralda, una zona que no pertenece al partido de Pinamar, y que excedieron el corredor seguro habilitado.Además, recordó que las pericias toxicológicas confirmaron consumo de alcohol en los conductores involucrados, un dato que, según el municipio, refuerza la necesidad de controles y sanciones, pero no de una prohibición.

'La casa de los famosos Colombia' recibe a Karina García como jueza en medio de expectativas y controversia

Tras su paso por el 'reality', la 'influencer' regresa al programa dispuesta a dejar huella con su estilo sincero y sus opiniones respecto a lo que está ocurriendo en la actual temporada con el fin de mover a las celebridades

Condenaron por corrupción al ex juez federal Walter Bento en Mendoza: confirman coimas, asociación ilícita, enriquecimiento y lavado de activos

Después de 30 meses de proceso, el ex juez fue sentenciado como líder de una red delictiva que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.En los próximos días habrá una audiencia de cesura para determinar la pena que le corresponderá.También fueron condenados su esposa y su hijo mayor.

La CHJ informa a la jueza que el 29O había seis agentes y guardas fluviales en Valencia Centro, dos en el Poyo

La compra de unos drones en Córdoba desató una dura disputa entre Llaryora, Juez y De Loredo: "Ojalá Milei les dé bola así dejan de hacer mérito"

El gobernador de Córdoba le apuntó a la oposición en la apertura de sesiones."Ya no tienen diputados y si siguen así se van a quedar sin concejales", lanzó.

Caso Before Club: juez ordenó al Ministerio de Trabajo responder en 48 horas por inspecciones y cumplimiento del horario nocturno

La decisión fija un plazo de 48 horas para entregar información sobre controles y verificaciones al establecimiento nocturno de Chapinero, tras una acción judicial presentada en 2025

Perelló (TS) alerta de un "grave déficit" de jueces y ve insuficiente la creación de nuevas plazas

Alcalde Galán lanzó fuerte pulla a juez que dejó a dos presuntos fleteros en libertad en Bogotá: "Así es muy difícil"

Dos delincuentes interceptados antes de un presunto robo con armas y señalados como reincidentes, recibió la libertad tras una decisión judicial que fue cuestionada por el mandatario distrital y la Policía Metropolitana

La presidenta del CGPJ denuncia las "presiones externas" que sufren los jueces

El juez del caso Leire pregunta a Fiscalía si cita como testigo al exdirector de Comunicación del PSOE y un diputado

El rey preside la entrega de despachos a los 121 nuevos jueces, junto a la cúpula judicial

Un juez ordenó liberarlos, pero los números alarman: el ICE retiene "a más niños que nunca" lejos de la frontera

Las recientes decisiones judiciales y las cifras nacionales reflejan la crisis migratoria en Estados Unidos. Mientras tribunales federales ordenan liberar a familias detenidas en casos puntuales, los registros oficiales muestran un aumento de niños bajo custodia en centros ubicados lejos de la frontera sur.Cuántos menores de edad fueron retenidos por el ICEEn las últimas semanas, la atención pública se concentró en el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años arrestado junto a su padre durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota. Recientemente, un juez federal ordenó la liberación inmediata de ambos tras considerar que la detención vulneró principios básicos de protección infantil.Sin embargo, el fallo judicial no modificó el panorama general que describen los números disponibles sobre detención familiar en EE.UU. Diversos informes y análisis basados en datos federales indican que, bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, la cantidad de niños retenidos por el ICE alcanzó niveles inéditos, especialmente en operativos realizados lejos de la frontera sur.La información compartida por The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro, refleja un incremento marcado. Sus análisis basados en registros federales indican que, desde enero de 2025, al menos 3800 menores de 18 años ingresaron a custodia migratoria, entre ellos 20 bebés.Una parte significativa de estos niños permaneció detenida por períodos iguales o superiores a 20 días, el límite establecido por el Acuerdo Flores para la retención de menores junto a sus familias. Los registros muestran liberaciones concentradas justo al alcanzar ese plazo."Esto es una prueba clara de que el objetivo de esta administración es causar el mayor sufrimiento posible a las personas más vulnerables con la esperanza de que eso les permita llevar a cabo con mayor facilidad sus objetivos de deportación", afirmó Becky Wolozin, abogada del Centro Nacional para la Ley Juvenil, a The Marshall Project.Detenciones migratorias lejos de la frontera: el cambio de estrategia de la administración TrumpA diferencia de políticas anteriores, centradas en la frontera sur, la actual estrategia muestra un desplazamiento hacia el interior del país norteamericano. Muchos de los menores detenidos vivían desde hacía tiempo en EE.UU. y fueron arrestados durante situaciones cotidianas.Entre los escenarios más frecuentes de detención, según revela un análisis de ProPublica, se registran paradas de tráfico, comparecencias ante tribunales migratorios o arrestos realizados cerca de domicilios particulares o comercios. En algunos casos, los menores fueron detenidos simplemente por estar presentes cuando los agentes buscaban a otro adulto.Este cambio de enfoque derivó en un aumento del traslado de menores a refugios federales. Durante 2025, el ICE derivó a 600 niños a este tipo de instalaciones, una cifra superior a la acumulada en los cuatro años anteriores."Hay otras opciones, independientemente de lo que se crea sobre los inmigrantes, pero no es necesario detener a los niños", manifestó Dianne García, pastora de una iglesia de San Antonio que atiende a la población inmigrante, en una entrevista con The Washington Post. "Las autoridades intentan infundir miedo en las familias para que decidan abandonar el país voluntariamente", señaló.Custodia prolongada de menores: nuevos requisitos y más tiempo detenidosLos datos también muestran un aumento en el tiempo promedio que los menores pasan bajo custodia federal. De acuerdo con ProPublica, mientras que en años anteriores la permanencia rondaba un mes, actualmente se acerca a los seis meses.Este incremento se vincula con nuevos requisitos impuestos a los patrocinadores, que incluyen pruebas genéticas, toma de huellas dactilares a todos los integrantes del hogar y evaluaciones financieras más exhaustivas.

Vacantes judiciales y concursos: las claves de los proyectos para reformar la selección de jueces

Con más del 35% de los cargos vacantes en la justicia federal, el Consejo de la Magistratura de la Nación analiza un paquete de iniciativas reglamentarias que propone cambios en los concursos públicos, la evaluación de exámenes, antecedentes y entrevistas para la designación de magistrados

Fiscalía investiga a jueces que ordenaron prisión inmediata contra Ollanta Humala

El Ministerio Público dispuso diligencias preliminares por presuntos delitos funcionales tras la ejecución adelantada de la condena contra el expresidente

El ex juez Walter Bento se defendió antes del veredicto del juicio donde lo acusan de cobrar coimas

El ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza ratificó que es inocente. Está acusado de "vender" resoluciones judiciales a cambio de sobornos

Dos hombres fueron capturados por presunto fleteo, pero un juez los dejó en libertad: este es el caso

Las autoridades interceptaron a los implicados, de 22 y 24 años, mientras se encontraban cerca de una entidad financiera portando armas de fuego; pero los sujetos fueron puestos en libertad tras su detención

"La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió": un juez interpela a Milei por la baja de la edad de punibilidad

En una carta abierta dirigida al presidente, el juez catamarqueño Rodrigo Morabito, especializado en responsabilidad penal juvenil, cuestionó el enfoque punitivo del Gobierno y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no resuelve la violencia ni repara a las víctimas. Leer más

Mujer, de 29 años y sin juristas en la familia: el perfil más común entre las juezas y jueces que componen la última promoción de la Carrera Judicial

Las mujeres representan el 70,25% del total de nuevos juristas y vuelven a ser amplia mayoría, como viene sucediendo desde 1997

La jueza decreta ingreso en prisión para la acusada de matar a su pareja en Bilbao, que sigue ingresada en el hospital

Tras tomarle declaración en el hospital de Basurto, la magistrada ha dictado prisión provisional, comunicada y sin derecho a fianza para la mujer de 55 años acusada de un presunto homicidio en Uribarri, Bilbao

El juez interroga este lunes a Cerdán y Hernando como testigos por sus reuniones con Leire Díez

Más que una foto: Juez, Bornoroni y De Loredo mostraron una señal de convergencia opositora en Laboulaye

En la previa del discurso de Llaryora, los principales referentes opositores compartieron una charla con el intendente local de JxC y dejaron señales de unidad, aunque sin sellar acuerdos electorales. Leer más

"Viví cosas impresionantes": pasó de no gustarle la cerveza a descubrir sus secretos y hoy es una reconocida jueza internacional

Al principio fue apenas un sorbo, más por obligación que por gusto. María Sol Cravello recuerda que ni siquiera tomaba cerveza: no le agradaban las bebidas con gas y su mundo pasaba por otro lado. Años después, esa misma mujer que evitaba tomarse una "birra" sería la primera Cicerone Certificada de Sudamérica, jueza en las competencias cerveceras más prestigiosas del planeta y una de las principales voces del universo cervecero en la Argentina. "Antes de esto ni siquiera me gustaba ni tomaba cerveza", cuenta Cravello a LA NACION, con una sonrisa que mezcla sorpresa y orgullo por el camino recorrido. Tiene 42 años, es licenciada en Tecnología de Alimentos, sommelier de cerveza de Cervecería y Maltería Quilmes y una especialista que hizo de la curiosidad una profesión. Premio: los emprendedores que llegaron hasta Alemania por un deslumbrante inventoSu historia no empezó precisamente en una fábrica ni en una maltería, sino en los laboratorios. Estudió bioquímica y biología en la UBA, para luego graduarse como Licenciada en Tecnología de Alimentos en la UADE. "No tenía relación con el sector alimenticio en mi casa: mi papá es contador y mi mamá psicóloga social", recuerda. El interés por la comida estaba, pero desde otro ángulo. "Me gustaba más lo nutricional, fui vegetariana tres años, hacía cursos de cocina sana, pero después volví por las milanesas", dice, entre risas.Antes de ingresar al mundo cervecero, trabajó seis años en un laboratorio de microbiología clínica, en un hospital. La microbiología siempre la atrapó y aún hoy continúa con una atracción hacia esa rama, por eso hasta tiene el microscopio tatuado en su cuerpo. Ese amor por los microorganismos fue la llave que, sin saberlo, la acercó a la cerveza. "Cuando empecé a estudiar alimentos, la microbiología de alimentos me resultaba fascinante. No podía creer la cantidad de alimentos que se hacen a partir de fermentaciones", explica. Ya recibida, buscaba salir del laboratorio y entrar en la industria. Quería trabajar en una compañía donde los microorganismos transformaran alimentos. Así llegó la oportunidad menos pensada: una entrevista en Cervecería y Maltería Quilmes, en la planta de Zárate. El contacto fue casi fortuito. Una amiga suya había viajado en avión con una chica que trabajaba en la empresa. "En la charla, al pasar, le comentó que tenía una amiga que estudiaba Tecnología de Alimentos y esa chica le dijo que yo la llame. Cuando me recibí, busqué ese contacto, aunque no me conocía", cuenta. Gracias al programa de referidos de la empresa, logró una entrevista. "Solo sabía que me gustaba el mundo de la microbiología y trabajar en una empresa grande", admite, en referencia a su falta de experiencia industrial. No conocía de análisis sensorial, no tomaba cerveza y su conocimiento cervecero era mínimo. Su primer rol fue coordinar el panel sensorial de la planta. Allí, empezó a recorrer la cervecería desde adentro: el agua, los procesos, las muestras, las catas con maestros cerveceros y la detección de desvíos. "Ese mundillo me pareció impresionante. Empecé a capacitarme fuera de la empresa. Salía de Zárate, que quedaba a 90 kilómetros de mi casa, llegaba y me ponía a estudiar hasta medianoche", dice. Y aunque al principio fue a fuerza de aprendizaje, el entusiasmo creció. Así llegó al mundo de los sommeliers cerveceros y, más tarde, a la certificación Cicerone, un programa internacional nacido en Chicago por iniciativa de Ray Daniels. "Es una certificación integral: no es solo elaboración o temas sensoriales, es saber de todo. Hay cuatro niveles y los exámenes duran seis u ocho horas", explica. Cravello ya aprobó la exigente prueba de cata en Atlanta y ahora avanza hacia el tercer nivel.Pero el recorrido no fue solo técnico. A los pocos años, algo más apareció. Se dio cuenta de que su camino era comunicar. Descubrió que le apasionaba contar lo que aprendía, transmitir que la cerveza era mucho más que "una birra fría para tomar de la lata o de la botella en la esquina de tu casa". "Quebranto": crujen los números de una actividad de fuerte arraigo en todo el interior"Cada cerveza tiene su temperatura, su vaso, su historia, sus ingredientes. Quería elevar la categoría", destaca. Ese rol empezó a tomar forma. Primero, capacitó a mozos y personal de bares y restaurantes. Luego, lideró giras de conocimiento cervecero. "Hicimos viajes a México, Brasil, China, Londres. Nos capacitaban muchísimo. Viví cosas impresionantes", recuerda. En paralelo, sumó otro desafío: ser jueza internacional. Rindió exámenes teóricos y prácticos, comenzó en competencias en Chile y fue ganando experiencia. "Es un aprendizaje enorme", explica. Esa trayectoria la llevó a la World Beer Cup, la competencia más prestigiosa del mundo, donde participan unos 300 jueces de distintos países. "Podés probar 60 o 70 muestras por día, todo a ciegas. Evaluás aroma, sabor, espuma, técnica. Es un trabajo muy intenso", describe.Y ese derrotero de más de una década la transformó. "Se me despertó un gusto por algo que no sabía que existía. Me gusta comunicar, no me da vergüenza, me gusta el escenario, ser vocera. Me siento más comunicadora de la cerveza que otra cosa", dice.", confiesa. Así nació una figura que antes no existía: la del comunicador cervecero.Hacia adelante, con una gran pasión en el análisis sensorial en todas sus formas (cerveza, café, queso) Cravello tiene un sueño claro. "Quiero tener una academia o una escuela de capacitación sensorial. Me encanta escuchar cuando los expertos hablan de química y de los temas sensoriales. Me gustaría tener un espacio donde la gente se fascine como me pasó a mi tiempo atrás", proyecta.Si hay un hilo que atraviesa toda su historia es la curiosidad. "Siempre fui preguntona", dice. Fue esa misma curiosidad la que la llevó del laboratorio clínico a los escenarios cerveceros del mundo. La misma que explica cómo alguien que no tomaba cerveza terminó convirtiéndose en una de sus mayores embajadoras.

El niño ecuatoriano y su padre detenidos por el ICE en Minneapolis serán liberados por orden de un juez de Texas

En medio de la polémica por la actuación de los agentes federales, la justicia falló a favor de los derechos del niño y su familia.El juez advirtió que había una "búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada desde el Gobierno" para deportar inmigrantes.Y, alertó que esa forma de actuar "traumatiza a los niños".

"Gildo Llaryora", Luis Juez cruzó al gobernador de Córdoba por denunciar a vocales del tribunal de cuentas que se oponen a la compra de drones para seguridad

"El problema no son los drones, sino los la-drones", lanzó el senador que comparó al mandatario provincial con el caudillo formoseño Insfrán.Los vocales que se niegan a aprobar la compra de drones son del espacio que encabeza Juez.

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

Acatando la cuestionada norma y el criterio mayoritario del Tribunal Constitucional, magistrados calcularon que el proceso por homicidio calificado prescribirá en 2032. Decisión genera preocupación entre abogados

Jueza federal otorga seis meses a la FGR para cerrar investigación por accidente del Tren Interoceánico

El plazo impuesto a la agencia federal implica que la acusación contra los involucrados deberá presentarse antes del 28 de julio; los procesados permanecerán bajo custodia cautelar en el estado de Chiapas

Febrero, el mes clave en la causa Porcel: más denuncias, pruebas graves y el llamativo caso del "juez ausente"

La causa penal que tiene como denunciado a Marcelo Porcel, el empresario que habría abusado de al menos una decena de menores que eran compañeros de uno de sus hijos, tendrá en febrero un mes definitivo. Si bien el expediente tuvo vida durante la feria, los querellantes se preparan en febrero para insistir con el pedido de indagatoria y la detención del acusado.Hubo novedades y relatos detallados y escalofriantes en enero que lo dejaron más comprometido a Porcel. Además, como desde que se inició la causa a mediados de 2024, hubo una enorme distancia del juzgado con lo que sucede en el expediente. De hecho, el juez Carlos Bruniard nunca participó en una Cámara Gesell. No solo eso, tampoco lo hicieron representantes suyos en ninguna de las 11 que ya se celebraron.El 19, 20 y 21 de enero, tres compañeros más de sus hijos se sumaron a las denuncias existentes y declararon en Cámara Gesell. Se vivieron, como en cada una de estas instancias, momentos de mucha tensión. Sucedió de todo en las audiencias y hubo algunos hechos que dejaron ver cómo será la nueva defensa de Porcel, encabezada ahora por Roberto Rallín, que litiga en algunas causas con Francisco Oneto, exletrado del Presidente Javier Milei.La historia de estas tres nuevas acusaciones se remonta a diciembre, cuando LA NACION publicó la primera nota sobre abusos y corrupción de menores que recaía sobre el empresario. Entonces, tres jóvenes más decidieron sumarse a las querellas y de esta manera de los 8 que ya eran parte se pasó a 11. Fue entonces cuando el juez fijó fecha para las audiencias para enero y habilitó la feria solo para esa diligencia.Como se dijo, sin representantes del juez, los chicos declararon. Relataron que todos eran víctimas de una modalidad ya descripta en las audiencias anteriores. Dijeron que el alcohol, los incentivos y los "masajes" a los que los sometía Porcel eran la forma en que se manifestaba el acoso. Varios los localizaron en los mismos lugares como la oficina del centro porteño o el departamento de la calle Cerviño, en la lujosa Torre Le Parc, donde vive el empresario y su familia.Hubo algunos detalles escalofriantes. El abogado de la querella, Pablo Hawlena Gianotti, contó que el contenido de las declaraciones es muy congruente entre todos. Que los menores, que entonces tenían entre 13 y 14 años y que ahora, cuando están cerca de la mayoría de edad recién pueden contarlo, sostuvieron que eran víctimas del alcohol, el dinero y la extorsión a la que los sometía Porcel. "Hubo algunos relatos demoledores", dijo a LA NACION.En las audiencias hubo algunos hechos puntuales. Por caso, en la Camara Gesell, los abogados permanecen por plataforma Zoom conectados. Pero, obviamente, tienen que estar muteados sus micrófonos dado que quién habla es el profesional que mantiene la charla con el denunciante. Es, claro está, una manera de proteger a los menores. Todo sucedió cuando un menor empezó a contestar las preguntas que, a través de la perito que lo entrevistaba, le hacían llegar las partes. Cuando la declaración tomaba cuerpo, el micrófono de Rallín, empezó a transmitir la voz del abogado. En ese momento, el letrado de Porcel hablaba con una tercera persona y lo advertía respecto de las cosas que decía el declarante y que podrían complicarlo. La audiencia se detuvo por esa situación expresamente prohibida. La irregularidad inmediatamente fue marcada dado que, además por el tono y la conversación, podría resultar intimidatoria. Rallín pidió perdón y argumentó que había sido sin querer, pero el efecto fue lapidario para el menor declarante ya que no solo interrumpió su relato, sino que se manifestó nervioso después del "descuido" del abogado. Pequeños trucos procesales que el juez ausente perdonó.En las todas las declaraciones, cuando se termina la Cámara Gesell, se realiza la pericia psicológica que también lleva adelante el Cuerpo Médico Forense. Pero, hubo un problema: la perito psicológica de parte, de Porcel, que estuvo presente en las audiencias, se ausentó después para las diligencias posteriores. El menor estuvo horas a la espera de que regrese para la pericia, pero no hubo caso. El Cuerpo Médico decidió pasar todo y fijó fecha para ese acto para el 3 de febrero."La verdad, nos sentimos solos. Estamos satisfechos con la prueba obtenida e insatisfecho con la conducta funcional del juez y del fiscal", dijo Hawlena Gianotti que recordó que el proceso empezó en julio de 2024 y que aún el juzgado no citó a indagatoria al poderos empresario pese a los reiteradas pedidos.Una particularidad: Pablo Nicolás Turano es el fiscal al que el juez le delegó la causa. Sin embargo, el funcionario nada tiene que ver con el fuero Nacional en lo Criminal y. Correccional sino que pertenece al Penal Económico. Pero, las vacantes en la Justicia llevaron a que un fiscal especialista en temas alejados de los menores y de este tipo de expedientes judiciales intervenga en un proceso de esta índole. Sí tiene experiencia en casos penales que involucran a empresarios y a cuestiones corporativas, como los que podría tener Porcel en su actividad comercial. De hecho, alguna causa del empresario se habría tramitado en su fiscalía.De regreso a las pruebas, Hawlena Gianotti contó que existen imágenes de contenido sexual en el celular que fue secuestrado a Porcel. "Hay muchos elementos ya que también era miembro de una plataforma llamada Grindr", la aplicación de citas gratuita al servicio de la comunidad LGBTQ líder en el mundo. Aparecían los contactos, agradecimientos y fotos que llegaban desde esa aplicación.Sin embargo, se encontraron imágenes que pertenecían a los compañeros de su hijo. "Pese a que la prueba está, la fiscalía no ha accedido a que se llame a los padres a reconocer las fotos de sus hijos, para saber si son o no. Solo hizo lugar a un caso, donde le mostraron al padre cinco fotos, no todas. ¿Porqué cinco y no todas? Nadie lo sabe. Lamentablemente, este padre reconoció a su hijo en algunas de las fotos", explicó.Justamente esta prueba podría tornarse una de las más elocuentes. Del resultado pericial se conoce que efectivamente había imágenes tomadas en el baño que queda al lado de la habitación de los hijos, en la torre Le Parc. Se trata de capturas de pantalla de una ducha que queda al lado del dormitorio de los hijos de Porcel y muestra a los amigos de los hijos, entonces de 13 y 14 años, desnudos mientas tomaban una ducha y eran captados por un lente oculto, un dispositivo escondido que desconocían. Según pudo saber LA NACION, muchas imágenes son capturas de pantalla que muestran que, detrás, hay un video.Esta conducta, además, podría agravar el estado procesal de Porcel ya que se podría encuadrar la conducta como reproducción y tenencia de contenido sexual de menores. Un dato nada menor: el teléfono se secuestró el 30 de septiembre de 2024, pero las dependencias de la Policía de la Ciudad, que tenían que hacer la pericia, argumentaron que no había tiempo y que no disponían de personal. Pues finalmente, 13 meses después, en noviembre de 2025, el trabajo se entregó. En el medio, claro está, la Justicia debería velar por los derechos de menores."Hay algunas conductas funcionales de la fiscalía y el juzgado que configuran gravedad institucional", dijo el abogado de la querella. Una de las cuestiones que más llamó la atención es que el juez jamás llamó a declarar a Porcel. Nunca lo indagó, aunque sí le dictó algunas medidas restrictivas como por caso, la prohibición de acercarse a una determinada distancia al Colegio Palermo Chico, donde iban sus hijos, y al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, donde jugaba al fútbol este grupo de amigos. "No se entiende cuál es la razón para que cinco chicos que declararon al inicio tengan que esperar más diligencias procesales de otros cuatro más. Y ahora de tres. Si ya hay prueba recolectada. Más aún si el ofensor [Porcel] tiene en expectativa una pena privativa de la libertad", dijo Hawlena Gianotti.El empresario y padre de alumnos del colegio privado Palermo Chico es investigado por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y otras imputaciones conexas. La investigación judicial se originó a partir de una denuncia publicada por LA NACION. El hombre es reconocido por haber sido concesionario de Oh! Buenos Aires y el hijo del histórico fundador de Argencard.Aunque inicialmente eran seis compañeros del hijo del denunciado, hoy hay más de diez víctimas en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano.Gianotti detalló que el acusado usaba el colegio Palermo Chico, al que iban sus hijos, como "coto de caza", donde "se aprovechaba" de las relaciones de compañerismo de sus tres hijos varones y una niña. "En especial era con aquellos compañeros de los primeros dos hijos, que eran captados a través de invitaciones a su casa", detalló. Según el abogado, una vez ahí, el hombre los hacía tomar alcohol en altas proporciones: "Lo más suave que les daba era vodka". Tras la ingesta de alcohol, les ofrecía masajes."Los chicos iban y se turnaban en las invitaciones que recibían para dormir en la casa con sus hijos. En el dormitorio de los chicos, durante la noche, ingresaba el hombre y les ofrecía realizar masajes con cremas y aceites, invocando que antes los había llevado a jugar al fútbol o habían tenido una actividad deportiva que los cansaba. En todos los casos fueron realizados por las manos del empresario señalado sobre las piernas de los chicos", detalló. Tras ello es que se producían los abusos, según la denuncia.Además, les daba dinero en efectivo "en grandes cantidades" y les realizaba transferencias a través de billeteras virtuales para que lo usen a escondidas de sus padres. También -siempre según el letrado- los intuyó a realizar apuestas ilegales.Desde el Colegio Palermo Chico informaron a LA NACION que la familia "ya no pertenece a la comunidad educativa". De hecho, según trascendió, a un conocido e importante colegio de Uruguay llegó una consulta para ingresar a los hijos de Porcel.El empresario es el hijo de quién fundó Argencard, empresa que el entonces poderoso Grupo Exxel compró en aproximadamente 140 millones de dólares. Además, su familia también armó el Banco Liniers Sudamericano, una entidad financiera argentina fundada en 1971. A finales de los años 90 pasó a manos del Deutsche Bank. Fue la cara visible del shopping Oh! Buenos Aires, un espacio comercial donde estaba el Buenos Aires Design, en plena recoleta. Según la empresa, Porcel dejó la sociedad.

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DesilusiónProvocó una gran desilusión que el Presidente, después de su triunfo en las elecciones de octubre retomara su vieja costumbre de agredir y menospreciar a los que lo cuestionan. Está vez agredió al CEO de la metalúrgica mas grande de la Argentina e importante a nivel mundial, Paolo Rocca y a quien lo entrevistó, la periodista y economista del diario La Nación, Sofía Diamante, tildándolos de Chatarrita y Carboncito, respectivamente. Esta actitud contrasta notablemente con la promoción que hizo Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, de la presencia del Presidente en la Derecha Fest describiéndolo como más maduro, menos beligerante y más estadista.Julio DevotoDNI 8.249.633Defensor de las víctimasLa asociación civil Usina de Justicia presidida por Diana Cohen Agrest requirió que se designe un defensor público de la nación que solo se ocupe de defender a las víctimas y no a los delincuentes apreciando que en la actualidad todos los recursos tienen como único objetivo defender a los delincuentes y no a las víctimas, reclamando que el Poder Ejecutivo proponga y el Senado apruebe de manera inmediata la designación de defensores públicos de victimas hasta igualar a las defensorías penales proporcionándoles a los nuevos defensores los medios para hacer efectivo este reclamo, remarcando que si el principio rector es dar a cada uno lo suyo resulta intolerable que se financie la impunidad de los delincuentes condenando a la víctima al destierro institucional.Si bien aparece extravagante el pedido a juicio del suscripto su concreción sería un instrumento impecable para otorgar a las víctimas de los distintos delitos la satisfacción ética y moral que merecen los damnificados.Hector Luis ManchiniDNI 7.779.947Jueces reincidentesUna vez más, un juez dejó en libertad a un homicida que, una vez en la calle, volvió a matar. Esta vez a una menor, y sucedió la semana pasada. Uno ya no entiende cómo puede ser que estos jueces queden impunes. Con tantas reformas en marchaâ?¦¿No es momento de legislar para que los jueces que liberan asesinos paguen con la cárcel cuando reinciden?Adrián BlancoDNI 17.199.272 Reforma laboral¿Y si no hacemos ninguna reforma laboral? Propongo que el Gobierno y el Congreso saquen una ley nueva que contemple las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, las nuevas comunicaciones, etc. Que deje vigente la anterior de hace 50 años hecha para las tecnologías, trabajos y todo lo que existían en ésa época. Así, cada trabajador (los que ya tienen trabajo y futuros ingresantes al mercado laboral) y cada empleador podrán elegir en libertad con cual legislación laboral seguir o iniciar las relaciones laborales. Ni el Gobierno con su ideología ni la oposición (cada uno de sus integrantes con su ideología), debería tener temor a esto.Jorge C. SolariDNI 16928574ImpunidadEl lector Sr. Ribatto Crespo, que reconoce la culpabilidad de la expresidenta Cristina Fernández en los actos de corrupción que se le atribuyen, propone que la misma ofrezca devolver "parte del dinero sustraído a cambio de una baja en las penas de prisión que cumple en la actualidad. Con todo respeto, discrepo con el Sr. Ribatto, ya que de adoptarse tal temperamento equivaldría a validar que un corrupto o un ladrón pueda esquivar un castigo comprando impunidad nada menos que precisamente con el dinero robado. La única alternativa válida para el caso de la Sra. Fernández es que devuelva lo malhabido, sin condiciones ni beneficios -tal como debe ser- y cumpla con la condena que se le ha impuesto tras haberse realizado un juicio transparente, imparcial y público. 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La gente mayor por lo general tampoco tiene objetos tecnológicos de valor. Solo se llevaron sus celulares. La esposa todavía está hospitalizada, recuperándose de la golpiza que les dieron. Hubiera sido reconfortante para ellos que algún funcionario del gobierno de la ciudad hubiera presentado sus respetos a esta familia, o alguna solución, aunque sea momentánea, para los reiterados robos en esta zona, como colocar más domos o incrementar el patrullaje. Pero esto no sucedió. Es entonces que nosotros, los vecinos, presentamos las condolencias a esta familia que ha quedado destruída por dos meros celulares. Que esto no se olvide en medio del disfrute de las vacaciones de muchos. Que no suceda nunca más.Liliana Mercadolmarmerc@gmail.comEn la Red FacebookReforma laboral. 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