"El Patrón" enfrentará su proceso fuera del penal de La Pila tras ser acusado de violencia familiar
El jueves, la comisión de Acuerdos recibe al magistrado de 75 años que pide 5 años más de gestión. En el bloque de La LIbertad Avanza afirman que tienen la mayoría para lograrlo. Es el padre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.Las fundaciones ACIJ e INECIP presentaron impugnaciones contra Mahiques.
La respuesta del Consejo de la Magistratura será determinante para la decisión final sobre el relevo de funciones del juez federal de Mar del Plata, especialmente tras la apertura de un expediente por manifestaciones consideradas inadmisibles en redes sociales
El fiscal Picardi solicitó ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y más de 20 exfuncionarios y empresarios.
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a su par, Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).El fallo estipula que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Qué había solicitado la CGT? Que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N°27.802 que, desde la óptica del sindicato, trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75 de la Constitución Nacional.Además, el pedido de la CGT hacía hincapié en que se estaba vulnerando la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros. De esta forma, el movimiento de la jueza Marra Giménez es celebrado en Balcarce 50. Los fundamentos de la resoluciónA partir del fallo quedó establecido que la competencia para adentrarse en la demanda de la CGT contra el Estado Nacional sobre la ley de reforma laboral pasó a ser competencia exclusiva del fuero Contencioso Administrativo Federal. Situación que encomienda al juzgado de Ojeda a remitir el expediente. De no seguir con el debido proceso, entraría en escena la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.Por otra parte, la decisión de la magistrada Marra Giménez deja vislumbrar dos elementos. Por un lado, el hecho de que los reclamos individuales de los trabajadores continuarán en el fuero laboral. Por el otro, la consolidación del criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado. Noticia en desarrollo
Presentó su renuncia mientras avanza una investigación del Consejo de la Magistratura en su contra.Tiene una intensa actividad en la red social X.
Lo ocurrido en Comodoro Rivadavia con el nene de 4 años puso bajo la lupa a un sistema judicial que decidió revincularlo con la madre, quien estaba a cargo de él cuando falleció.Ahora surgen más denuncias sobre irregularidades por parte de los funcionarios que intervienen en este tipo de casos en los que los padres biológicos disputan la tenencia de los chicos.
La Cámara Federal de Casación confirmó la integración del tribunal que debe decidir qué juez investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFAR), Claudio "Chiqui" Tapia, por los delitos de fraude y eventual lavado de dinero.El tribunal quedó integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deberán resolver sobre la competencia en la causa.Una decisión de mero trámite procesal, casi formal, como resolver qué juez es competente para investigar el caso, provocó en este expediente el apartamiento o recusación de varios magistrados, sin que a lo largo de cuatro meses se tome una decisión.La pelea por la competencia es entre el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay y el juzgado en lo penal económico que subroga Marcelo Aguinsky, o en su defecto el juzgado federal de Daniel Rafecas.Gonzalez Charvay es el magistrado que prefiere la AFA para que siga adelante con sus causas, en la creencia de que será favorecida.Uno de esos tres jueces deberá investigar a la AFA por todas las denuncias en su contra, excepto la de evasión. Deberán decidir en el caso de supuestos fraudes por el desvío de unos 400 millones de dólares de las cuentas del organismo en Estados Unidos a cuentas de empresas fantasma.Y el juez designado deberá investigar, además, si ese dinero supuestamente ilícito fue lavado mediante la compra de una mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, que figura a nombre de una jubilada y su hijo monotributista, exdirigente de fútbol, supuestos testaferros.La disputa por la competencia llegó a la Sala I de la Cámara de Casación. El juez Carlos Mahiques, que integra la sala como suplente, renunció a ese ereemplazo. Fue señalado porque supuestamente festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar. En simultáneo, el juez de la Sala I Daniel Petrone se apartó del caso porque tenía vínculos sociales con los investigados.Finalmente quedaron incorporados a la Sala I para este caso los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, junto a Javier Carbajo.Pero la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió recusó a Ledesma y pidió que no vote en el caso, pues le asigna vínculos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al frente de un distrito en el que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene influencia con el poder y negocios.Ahora la Sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Borinsky y Carbajo, rechazó la solicitud de inhibición y recusación de la jueza Ledesma.Borinsky y Carbajo afirmaron que el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos.Señalaron que su uso es para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural.Consideraron que el planteo de inhibición o recusación dirigido a Ledesma fue realizado por la denunciante, que no es parte en el proceso, por lo que no se encuentra legitimada: eso constituye un primer obstáculo para que progrese la pretensión.Además, explicaron que los motivos por los que Carrió pidió apartar a Ledesma "están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado".Y concluyeron que "las afirmaciones abstractas esbozadas como causal para pretender el apartamiento de quien reviste el carácter de juez natural en el caso debían ser rechazadas", a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema en materia de independencia del Poder Judicial.También destacaron que "la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión, el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles y el deber de cumplir con la función encomendada deben colocar a los magistrados por encima de las insinuaciones" y conducirlos a no aceptar sospechas no probadas de parcialidad.En tanto, ante el pedido de recusación del fiscal Mario Villar formulado por la defensa del monotributista Luciano Pantano, supuesto dueño de la mansión de Pilar, el tribunal corrió vista para que opine.
Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma
Se trata de Héctor Marchi. Lo hizo la defensa del operador judicial de Rosario Santiago Busaniche. También pidieron que se le secuestre el teléfono, entre otras medidas de prueba.
La decisión provocó apoyo entre otros profesionales en la sede judicial y reabrió el debate sobre los límites de la autoridad en la administración de justicia
La tensión interna en la Corte Suprema sigue escalando. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, disconformes con el tratamiento que el Consejo de la Magistratura le dio ayer a su proyecto para cambiar cómo se elige a los jueces, decidieron volver a intervenir. Su objetivo es que el borrador que mandaron se apruebe sin cambios.Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación -las que se reunieron ayer- para tener encuentros individuales con ellos. El tercer juez de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no estará en esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, "fue informado, pero no participa". De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto. Él, en cambio, habla de la necesidad de "consensos".Ayer, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura hizo saber que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, que tiene como objetivo declarado limitar la discrecionalidad de los consejeros en el proceso de evaluación de los candidatos a jueces. Lo someterán, en cambio, a un debate que puede llevar tiempo. La reunión de ayer era de las comisiones de Selección y Reglamentación. Pese a que Rosatti no integra ninguna de las dos, cuando la sesión acababa de empezar, se presentó. Dijo que estaba ahí era para "agradecerles" a los consejeros que hubieran abordado el tratamiento del proyecto, pero dejó una advertencia: dijo que lo enviado por la Corte sería "enriquecido" por otras iniciativas que ya estaban en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Es decir, dejó en claro, ni bien empezó la reunión, que no habría un tratamiento express del proyecto de sus colegas de la Corte.En línea con lo que había anunciado Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).Rosenkrantz y Lorenzetti había hecho saber que esperaban que su plan fuera aprobado con celeridad. En las últimas semanas, este tema expuso un quiebre entre ellos dos y Rosatti, a punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron, la semana pasada, que si Rosatti frenaba el proyecto estaría "deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo". En otra oficina de cuarto piso de Tribunales, después de la reunión de ayer, insistieron: "No representó el mandato". ¿Cúal es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a mandar el mensaje y hacer silencio. La agenda de reunionesSegún el cronograma que manejan, como borrador, en la Corte, Rosenkratz y Lorenzetti recibirán el lunes próximo, por la tarde, a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). A cada uno por separado en encuentros previstos con media hora de diferencia. El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). El plan es recibir también a la diputada Anabel Fernández Sagasti, pero ella no respondió si asistirá, según informaron fuentes de la Corte. El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, viene precedido por declaraciones del funcionario que no van justamente en línea con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. "Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente", afirmó ayer Viola en el Consejo. Dijo que "siempre es bueno recibir sugerencias" de "personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia", pero advirtió que "no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo".
Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido del Gobierno.La Justicia laboral ya había pedido la suspensión parcial de la ley aprobada por el Congreso.
El juez Diego Javier Slupskiy ordenó al legislador que deberá abstenerse de acercarse a la casa de Pablo Ariel Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otras medidas de restricción, como la prohibició de arrobarlo en X.
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, denunciado por proferir reiterados mensajes antisemitas en las redes sociales, renunció a su cargo.Sin embargo, el Gobierno evitó aceptarle la renuncia de inmediato y pidió al Consejo de la Magistratura datos sobre el proceso que se le sigue por mal desempeño.Las consecuencias de ir por un camino o por el otro son muy diferentes. Si la renuncia es rechazada y López es sometido a un juicio político que termina en su remoción, no cobrará la jubilación.En cambio, si la renuncia es aceptada, podrá cobrar su retiro.López, titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, está a un paso del jury, pues está siendo sometido a un proceso por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales.Entre sus declaraciones, el juez insinuó que ser judío es incompatible con la identidad nacional. También distinguió entre "judíos" y "argentinos" y utilizó "conceptos denigrantes impropios", según la presentación.Entre otras expresiones antisemitas, el juez con su usuario de X afirmó que "Hamas es una creación de Israel" y que "Israel es una farsa". Hamas es un grupo terrorista palestino.Asimismo, el juez replicó la foto de un demonio sosteniendo una bandera del Estado de Israel, y a la parca vestida con una bandera israelí. También amenazas de Irán contra Javier Milei.Amenaza del régimen iraní: afirmó que Javier Milei "cruzó una línea roja imperdonable" - Infobae https://t.co/Ai5BDW7KEr— Juez Alfredo López (@JuezLopezMDP) March 17, 2026Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá confeccionar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo antes de que la dimisión de López sea aceptada o rechazada. Este paso es imprescindible: "tras lo cual el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado". Así, el caso de López pasa a integrar el grupo de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.Organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias en su contra por publicaciones realizadas en su cuenta de X. Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social "para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro".También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado "un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional".El juez de Mar del Plata dijo que lo suyo fue el ejercicio legítimo de la libertad de expresión; que no hubo delito en sus expresiones y que las organizaciones denunciantes no tienen legitimidad.El Gobierno, al no aceptar en forma inmediata la dimisión del magistrado, preserva la potestad de llevar adelante procesos disciplinarios aun si el funcionario busca retirarse antes de un fallo definitivo.
Se trata de la camarista Angela Ledesma, recusada por Elisa Carrió. Ahora la sala I del máximo tribunal penal federal del país quedó en condiciones de resolver si la causa sigue en Campana o vuelve a un juzgado de CABA
Con cambios en las tres etapas del concurso, el proyecto intenta garantizar mérito y limitar decisiones políticas. "Lo que no puede pasar es la anomalía actual, donde es en un 90% discrecional", señaló la abogada Jimena de la Torre. Leer más
Se trata de Alfredo López. En marzo, la comisión de Acusación del Consejo había votado enviarlo a juicio político, decisión que estaba en manos del plenario del cuerpo. Definiciones en una denuncia contra la jueza Capuchetti. Leer más
La causa acumuló nuevas pruebas y hay registro de al menos 111 fallecidos. Hasta ahora, los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo habían sido acusados por 20 muertes. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión. Es la peor tragedia sanitaria del país
El presidente de la Corte Suprema se presentó en la reunión del Consejo de la Magistratura, que se abocó a tratar las propuestas para modificar el reglamento para seleccionar jueces. "Veo una ansiedad desmedida en la votación urgente que no se condice con las necesidad específicas del Consejo", dijo el representante del Ejecutivo, Santiago Viola. Leer más
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca ha generado interés entre especialistas en derecho de familia por tratarse de uno de los pocos divorcios de personas nonagenarias resueltos en España
El presidente de la Corte Suprema se presentó en la reunión del Consejo de la Magistratura, que se abocó a tratar las propuestas para modificar el reglamento para seleccionar jueces. El representante del Ejecutivo, Santiago Viola, ve "una ansiedad desmedida en la votación urgente que no se condice con las necesidad específicas del Consejo". Leer más
Este jueves se oficializó la nómina de árbitros para la competencia, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en EEUU, Canadá y México.
En un firme pronunciamiento de respaldo a la Corte Suprema de Justicia, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales reclamó que el Consejo de la Magistratura apruebe el nuevo reglamento de selección de jueces, cuya votación hoy decidió aplazar."Es de esperar que el Consejo de la Magistratura de su aprobación al Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica en cuanto ello sea posible", dijeron los académicos.En una declaración firmada por el presidente Alberto Bianchi y por Marcelo Gebhardt, secretario de la entidad, los abogados y juristas apoyaron la iniciativa y su aplicación para acabar con la "discrecionalidad" y dar transparencia a los mecanismos para elegir jueces. La Corte, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dictó la Acordada 4/2026 que aprueba un "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados".El presidente Horacio Rosatti, que preside el Consejo de la Magistratura, no firmó. En su vocalía explicaron que su doble rol le impedía firmar este documento.La institución calificó a este nuevo reglamento como "una valiosa iniciativa" que está "fundada en los principios centrales del sistema republicano de gobierno". La Academia dijo que el proyecto merece "el más amplio apoyo". Coincidió con la Corte Suprema en que el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición representa "uno de los ejes centrales" de la reforma constitucional de 1994. Dijeron que al incorporar el artículo 114 a la Carta Magna, instituyó al Consejo de la Magistratura como el órgano exclusivo encargado de intervenir en el delicado proceso de selección de los jueces que integrarán los tribunales inferiores. El espíritu de aquella modificación constitucional fue establecer un mecanismo para "limitar de tal manera la discrecionalidad que anteriormente ejercía el Poder Ejecutivo" en la etapa previa a la designación de los magistrados.Haciéndose eco de los argumentos plasmados por la propia Corte Suprema en su acordada, la Academia señaló que la experiencia acumulada durante la aplicación del régimen actual ha dejado al descubierto "la necesidad de precisar, entre otros aspectos, las pautas que regulan la entrevista personal".Los expertos explicaron que la "relativa amplitud" con la que la instancia de la entrevista está diseñada provocó distorsiones en el proceso de selección.Advirtieron que, en muchos casos, estas entrevistas orales fueron "decisivas en los resultados finales del concurso", alterando el destino de las designaciones sin que su valoración se desarrolle sobre la base de "criterios suficientemente objetivos y estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos". "Reglas claras y previsibles"Frente a este escenario , la Academia Nacional de Derecho sostuvo que "es necesario formular reglas más claras y previsibles". El objetivo es garantizar que la entrevista personal deje de funcionar como un filtro arbitrario, asegurando que "no sea una instancia decisoria y cumpla adecuadamente su finalidad institucional". Solo ajustando la normativa, aseguran, se logrará "evitar que la evaluación de los postulantes se haga de modo disfuncional". El documento subraya que estas modificaciones normativas permitirán que la selección final "recaiga en las personas más idóneas y meritorias". Para ello, proponen que la etapa final del concurso "no altere de manera significativa el orden de mérito establecido en las instancias técnicas previas", de modo de impedir que el examen de los candidatos sea subvertido "en función de criterios meramente subjetivos".Si no se aprueba e implementa este nuevo reglamento, advirtieron se corre el riesgo de que "la discrecionalidad que antes poseía el Poder Ejecutivo" termine mutando y se convierta "en una prerrogativa de los jurados de los concursos", desvirtuando por completo la letra, el mandato y el espíritu de la Constitución.
Mariela Altamirano (28) tiene otro hijo y tiene denuncias por violencia en otras provincias, según dijeron fuentes judiciales a Clarín.A la vez, Luis López, el padre biológico, tiene una denuncia en su contra por violencia doméstica.El nene de 4 años murió el domingo de Pascuas. López acusó a la madre y a su pareja. Este viernes a las 11 hay una marcha.
La decisión, adoptada a pedido de la fiscalía, incluye la revisión de activos y movimientos financieros vinculados a la pareja y a una empresa de su propiedad, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo se acercó a las comisiones de Reglamentación y Selección. El consejero Lugones advirtió que no firmará "a libro cerrado" la propuesta impulsada por Rosenkrantz y Lorenzetti
Se reunieron varias comisiones del organismo. El presidente del máximo tribunal y del Consejo fue a agradecer el tratamiento.El proyecto que busca más transparencia en la elección es impulsado por la Corte SupremaLos consejeros se enojaron por las críticas al actual sistema y adelantaron que se debatirá junto a otras iniciativas.
Nicolás C., el adolescente de 16 años detenido en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la capital de Santa Fe, cuando, según se sospecha, sus padres trataban de sacarlo de la provincia para alejarlo del brazo de la ley, ya sabe de qué lo acusan en relación con su grado de implicación en la planificación del tiroteo en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, donde Gino C., con quien integraba un grupo de "incels" que idolatran a los autores de masacres escolares, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros dos con disparos de la escopeta 12/70 que le había robado a su abuelo.Tras la lectura de las imputaciones â??que, hasta el momento, se mantienen en estricta reservaâ??, el juez José Alberto Boaglio llamó a un cuarto intermedio hasta las 12.30 de este jueves, cuando decidirá si el acusado â??que es un menor imputable, a diferencia de Gino C., que tiene 15 añosâ?? queda detenido en prisión preventiva.Ayer, en una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, confirmaron que Gino C. no actuó solo en la ejecución de su plan, que habría surgido de su activa participación en True Crime Community (TCC), una red digital trasnacional de adoradores de perpetradores de masacres, especialmente en colegios.En ese encuentro con la prensa, Monteoliva y Pullaro sostuvieron que en la Argentina hubo otros 15 casos de similares características, más cuatro en estudio, con preocupantes similitudes con los hechos que derivaron en la balacera en San Cristóbal. Y el comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), afirmó que el autor de la masacre y su presunto cómplice, imputado este jueves en Santa Fe, están relacionados con el movimiento "incel", como se denomina a los "célibes involuntarios, jóvenes heterosexuales que odian a las mujeres y a los varones que obtienen relaciones sentimentales felices". Esos datos se desprenden de un reporte reservado de los investigadores de la Procuración General y de las fuerzas especiales que había anticipado LA NACION un día atrás."Estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las que muchas veces integran jóvenes o niños, comunidades virtuales que se centran en el estudio y la fascinación por los asesinatos y los tiroteos masivos. Jóvenes con pautas de conductas nihilistas y misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia. Con este caso tenemos un indicio en nuestro país, pero es un fenómeno global por definición", señaló Monteoliva, que junto a Pullaro estuvieron acompañados por Díaz, el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni."En los últimos dos años, con la Policía Federal y la colaboración del FBI hemos registrado 15 casos, y cuatro más están en análisis, que hacen referencia a la presencia de este tipo de culturas violentas con integrantes en el país de esos grupos transnacionales. Tenemos la obligación de poner la evidencia sobre la mesa y a partir de eso, la definición de respuestas", agregó la funcionaria nacional.Pullaro señaló que la revelación del contenido de los teléfonos y computadoras del autor de los disparos y del adolescente de 16 años detenido posteriormente como supuesto colaborador del homicida fue clave en el avance de la investigación del letal tiroteo en San Cristóbal."La información extraída de elementos digitales nos dio un panorama más claro de lo que está sucediendo en esa localidad. Este adolescente participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC y que desde ese lugar parten de la veneración de delitos violentos y, en algunos casos, llegan a la imitación de este tipo de delitos. Eso nos ubica en otro lugar y ubica la investigación en otro lugar. No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, una escuela, una provincia o un país: esto tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional que encuentra ámbitos de socialización a través de estas comunidades digitales", añadió el gobernador.En tanto, el comisario inspector Díaz reveló que la investigación sobre los grupos locales de la TCC les había permitido establecer "la vinculación del tirador con otro menor". Una vez que establecieron quién era ese usuario y le pusieron nombre y apellido, obtuvieron una dirección y aconsejaron montar una vigilancia discreta, pero activa, que tuvo su fruto con la detención del adolescente cuando estaba con sus padres.En los allanamientos posteriores, agregó el jefe de la DUIA, se secuestró, además de dispositivos electrónicos, "simbología temática" de los contenidos de interés de los usuarios activos de TCC. Según trascendió por medio de periodistas locales, que varios alumnos habían dado cuenta de un culto a Bowling for Columbine, la película del director Michael Moore que narra la historia y la masacre escolar perpetrada en dicha localidad estadounidense por Eric Harris y Dylan Klebold, una referencia tomada por los miembros de la True Crime Community."El principio de esta comunidad data de fines de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, donde dos tiradores activos mataron a otros 12 menores estudiantes y a dos profesores para luego suicidarse. A raíz de ese ataque empieza a fascinar a la comunidad digital, sobre todo a menores", remarcó Díaz.Y amplió: "De ahí, nuestra preocupación hacia esta franja de menores. La segunda faceta que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados, es que empiezan a compartir este material, empiezan a glorificar [a sus autores] a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet. Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser Discord o Telegram. Dentro de esas plataformas empiezan no solo a compartir material, sino a imitarlos, por lo que la principal preocupación pasa a ser la emulación, hasta llegar a una cuarta etapa donde es la más preocupante: planificar ataques".Por último, el ministro Cococcioni explicó cuál era la situación judicial del autor material del tiroteo en la escuela de San Cristóbal, dado que la nueva ley de baja de edad de imputabilidad a 14 años aprobada por el Congreso a principios de marzo pasado aún no entró en vigencia: "No resulta punible por su edad; lo que sí tenemos en Santa Fe es una medida cautelar de protección que puede disponerla el juez, y en todo eso se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Niñez y con los Ministerios, por lo que se hizo una presentación de la que no se pueden brindar más detalles y que quedó a consideración del juez".
El proyecto de reforma del sistema de selección de jueces que la Corte Suprema envió al Consejo de la Magistratura no será votado a libro cerrado. Mientras sus autores -los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- pretenden que se apruebe con celeridad, el Consejo dejó claro hoy que va a analizarlo, estudiar también otras propuestas y buscar consensos.Así fue advertido desde el inicio de la reunión conjunta que celebran desde este mediodía las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. "Yo no voy a firmar nada a libro cerrado", dijo el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, que abrió la reunión. Cinco minutos después apareció sorpresivamente Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo, que ratificó que lo enviado por la Corte será "enriquecido" por otros proyectos, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas. Rosatti no firmó el proyecto, elaborado por los otros dos ministros de la Corte, si bien participó del acto de presentación de la iniciativa, la semana pasada. No lo firmó, se aclaró en su momento, porque él integra también el Consejo y entendió que no correspondía. Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron saber que esperan que su proyecto se apruebe con celeridad. En las últimas semanas, este tema tensionó la relación entre ellos dos y Rosatti, que preside el Consejo por haber sido elegido presidente de la Corte. Rosenkrantz había dicho, sobre la iniciativa, el día de la presentación: "Consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales". La presencia de Rosatti en la reunión de hoy fue fugaz. Solo para "agradecerles" a los demás consejeros la predisposición para tratar el proyecto de la Corte y para decir que ahora empieza un camino en el que la iniciativa que elaboraron sus colegas del máximo tribunal va a ser estudiada y complementada con otras miradas.El proyecto introduce modificaciones en distintas instancias del proceso de selección de jueces con el objetivo declarado de reducir la "discrecionalidad" en la evaluación de los candidatos a magistrados.Noticia en desarrollo
El magistrado busca recabar documentación del punto violeta y de un psiquiatra antes de decidir si cita a los profesionales que atendieron a la querellante
El Senado sesiona para dar ingreso a los pliegos enviados por Javier Milei.Se tratan ascensos de jefes militares y la nominación de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.
Los uniformados fueron asegurados con dosis de droga y sin insignias oficiales
Así lo definió el Consejo de la Magistratura. Diputados de Unión por la Patria habían cuestionado su conducta en la investigación del intento de magnicidio. Además, avanzaron los expedientes disciplinarios contra los jueces Hernán Papa y Gastón Salmain
La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente. El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi. Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado. Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.La denuncia contra CapuchettiPero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente. "Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos", dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.Abundó: "Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal".Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: "Pato o gallareta, se vota hoy". Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya "jueces corruptos", pero tampoco "jueces perseguidos injustamente" en el tiempo."Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impuneâ?¦ Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje", insistió Tahilade.Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner. El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.
La Corte bonaerense revocó su absolución y ordenó reabrir el proceso contra el magistrado, acusado de haber utilizado recursos policiales tras un episodio ocurrido en 2019 que derivó en denuncias por abuso de autoridad y falta de decoro
Una reciente decisión judicial en Honduras desató una crisis institucional tras la liberación, bajo medidas sustitutivas, de José Paguada Gómez, señalado por las autoridades como presunto jefe de una red criminal dedicada al narcotráfico.
En una jornada de alta tensión política, la Comisión de Disciplina cerró el expediente contra la jueza del caso de intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, mientras avanzó con el proceso de remoción del magistrado Gastón Salmain por sobornos. A su vez, citaron a indagatoria al juez Hernán Papa por violencia laboral. Leer más
El fiscal Franco Mondino concluyó que no hubo defraudación en el manejo de fondos durante la gestión municipal de Martín Llaryora; el senador cuestionó la decisión y apuntó contra el sistema judicial Leer más
EL CALAFATE.- Jueces, fiscales, defensa y abogados querellantes que forman parte del juicio oral en el que se juzga las responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan realizarán, en las próximas semanas, una inspección ocular a un submarino mellizo.Se trata del ARA Santa Cruz, que actualmente se encuentra para desguace en el astillero Tandanor. La novedosa iniciativa fue propuesta por el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien reveló en la audiencia que días pasados realizó una recorrida por el interior del submarino."Fue una inspección muy fructífera para mí, estuve en el ARA Santa Cruz, me tiré al piso y pude ver lo que era el balcón de batería, las conexiones eléctricas, la válvula ECO-19 no estaba, vi la cañería que conduce al tanque del snorkel, los recodos y por qué se pueden producir pinchaduras por la acumulación de sarro", detalló Reynaldi en la audiencia sobre el recorrido que realizó en el astillero.En ese lugar se realizó la reparación integral de media vida del submarino ARA San Juan, período que durante el juicio también está bajo análisis. Si bien en un primer momento Reynaldi había propuesto realizar en junio la inspección ocular, ayer, ante solicitud del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, la visita podría adelantarse para las próximas semanas y están convocados a participar todas las partes intervinientes en el juicio."Para cuando vengan los expertos se podrá aprovechar mucho más, porque ya habremos visto todos al submarino", argumentó Vigliero durante la audiencia que se lleva adelante en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.Uno de los temas que más interés presenta en la observación es poder conocer de primera mano la válvula ECO-19, similar a la que tenía el ARA San Juan. La foto fue aportada a la fiscalía por la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 34 de las familias de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.Carrerras fue parte de la inspección que realizaron en el año 2018 la jueza federal Marta Yañez y el fiscal federal, Lucas Colla durante la etapa de instrucción de la causa, la visita en el lugar ocurría al mismo tiempo que el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity buscaba el submarino en mar, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde finalmente fue hallado a más de 900 metros de profundidad. "Es una medida con muy buena perspectiva, porque nos dará información a todos los miembros de este juicio, se podrá pasar del abstracto del papel a la palabra de los fierros", evaluó Carreras en diálogo con LA NACION, al término de la audiencia. Por su parte, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, también apoyó la medida y explicó que en 2018 no fue parte de la recorrida judicial dado que se encontraba embarcado en el buque Seabed, como uno de los cuatro familiares que participó de la búsqueda durante más de 60 días.Según detalló Carreras, en 2018, la válvula ECO-19 no estaba colocada, sino en otro galpón de Tandanor y detalló que verla sin colocar será la forma óptima para interpretar cómo opera el mecanismo, cómo abre y cómo cierra y si es posible que se abra en forma accidental; por lo cual, se espera que la misma pueda ser observada en la visita sobre la cual aún no se fijó fecha.El buque ARA Santa Cruz está para desguace, suspendido por bridas y fuera del agua, cortado por la mitad. Eso permitirá que los integrantes puedan recorrer la proa, la popa, las baterías, las literas y hasta el cuarto de torpedos, donde se alojaba el personal extra. Según surge del juicio, el ARA San Juan tenía una capacidad para alojar 37 personas, pero en caso de aumentar la dotación, el personal era alojado en la sala de torpedos.La válvula ECO-19Uno de los aspectos sobre los que se vuelve en cada audiencia, es el análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan en el mes de julio de 2017, uno de ellos es el comportamiento de la válvula Eco-19 por donde ingresó agua al submarino y podría haber desencadenado la tragedia. Ayer, Carreras compartió con la fiscalía la foto de una válvula similar a la que tenía el ARA San Juan. De acuerdo con el auto de procesamiento la válvula ECO 19 es un componente crítico del sistema de ventilación del submarino que actúa como un mecanismo de "bypass". Su propósito es abrirse o cerrarse para permitir y direccionar el flujo de aire que se utiliza para alimentar los motores diésel, renovar el aire interno y recargar las baterías.La ECO 19 se encuentra en la tubería de ventilación, conectando el exterior del submarino (a través del sistema de esnórquel) con el balcón de barras del tanque de baterías N° 3, a diferencia de otras válvulas automáticas, la E19 es de "operación manual" y se acciona mediante un volante y un tornillo, y requiere de 15 vueltas para abrirse o cerrarse por completo. Debido a este diseño, los expertos sostienen que no puede abrirse accidentalmente por un golpe o descuido; sin embargo, algunos testigos que prestaron declaración en el juicio aseguran que puede abrirse en forma accidental.Según los manuales del fabricante y los protocolos de la Armada que se van conociendo en el discurrir del juicio oral, esta válvula debe permanecer siempre cerrada durante la navegación. Su lugar de operación normal es únicamente en puerto, específicamente durante la carga de baterías. Si la válvula queda abierta o presenta "falta de estanqueidad" (no cierra herméticamente) mientras el submarino hace esnórquel, el agua de mar que entra por el sistema de ventilación puede filtrarse directamente hacia las baterías.Según el auto de procesamiento de la causa, el 15 de noviembre de 2017, el submarino informó por sistema HF un "ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3", lo que provocó el cortocircuito e incendio inicial. El Tribunal y los expertos coincidieron entonces en que la válvula ECO-19 fue la vía de entrada del agua, ya sea por una falla persistente en su estanqueidad o por haber quedado mal cerrada tras ser manipulada para ventilar el buque ante la falta de filtros efectivos. -
La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y el empleado público Iván Díaz Bianchi en la causa que investiga el ataque al domicilio del exdiputado José Luis Espert en junio del año pasado. Mieri, Abaigar y Díaz Bianchi habían sido procesados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que comprobara, con chats y otros elementos de prueba, la participación de ellos en la protesta. Por ello, la magistrada los envió a prisión, lo que provocó los cuestionamientos del kirchnerismo.Pero los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral sostuvieron que no está probado que existiera una "agrupación" con fines delictivos; que tapar una letra de la patente no encuadra como un delito; que no hubo amenazas en sentido estricto y que tampoco estaba claro que Mieri -hoy intendenta pero en ese entonces presidenta del Concejo Deliberante- tuviera acceso al auto municipal utilizado. En el expediente quedó acreditado que, junto a otras cuatro personas, Mieri, Abaigar y Díaz Sánchez fueron hasta la casa de Espert en San Isidro a bordo de un vehículo de la municipalidad de Quilmes -con la chapa tapada- y que, con los rostros cubiertos, colocaron un pasacalle con insultos, arrojaron estiércol en la vereda, repartieron panfletos con consignas ofensivas ("Espert sos una mierda, con Cristina no jode") y se fueron. Arroyo Salgado detuvo y procesó a la ahora intendenta Mieri, a Abaigar y a Díaz Bianchi por los delitos de "atentado contra el orden público", "amenazas agravadas", "incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas", entre otros. Pero este martes la Sala II de la Cámara de San Martín dio vuelta esa decisión. Sostuvo que, por ahora, no hay suficiente prueba para procesarlos por esos delitos. "A criterio del Tribunal los elementos probatorios colectados no resultan suficientes para confirmar los procesamientos de Alesia Abaigar, Eva Carina Alejandra Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi, motivo por el cual se revocará el auto apelado y se dispondrá la falta de mérito para ordenar sus procesamientos o sus sobreseimientos", indicaron.Los hechos formaron parte de la reacción política contra el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En medio de algunas movilizaciones y protestas, Espert -que mantenía un perfil alto como diputado y candidato- había tenido expresiones contra la expresidenta y su hija Florencia. ReprochesLa Cámara de San Martín le hizo dos reproches a la jueza Arroyo Salgado. Uno, haber enmarcado los hechos en "un clima generalizado de hostilidad hacia funcionarios públicos, jueces, fiscales, representantes de grupos políticos"."La labor jurisdiccional debe -dijeron los jueces- ceñirse a los hechos objeto del proceso, puesto que son ellos -y no otros- los que delimitan el marco sobre el cual se encuentra habilitado el juez, como tercero imparcial, para resolver el caso", dijeron los jueces. El otro reproche, más llamativo, fue por no proceder al secuestro de once frascos de marihuana y otros elementos encontrados en el domicilio de la hoy intendenta Mieri durante el allanamiento. "Siendo que, frente al anoticiamiento del hallazgo de variados frascos y bolsas con picadura y semillas de marihuana en el domicilio allanado, el hecho de no haber adoptado temperamento alguno -siquiera ordenar la realización de un test de orientación, ni su secuestro a los efectos de establecer las circunstancias de su tenencia- impone, como se dijo, llamar la atención a la magistrada de grado", afirmaron. Los magistrados recordaron que el país asumió compromisos internacionales al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, lo que obliga a intervenir ante este tipo de hallazgos. Los procesamientos fueron revocados, pero la investigación del caso, no obstante, seguirá abierta.
Rechazó una apelación presentada por el presidente y el tesorero de la AFA.Es en la causa por una millonaria retención indebida de aportes.
La Suprema Corte bonaerense revocó el fallo del juicio político que benefició a Onildo Osvaldo Stemphelet (65), funcionario judicial de Bahía Blanca.El magistrado está acusado por mal desempeño y falta de decoro. En 2009, mientras estaba con una prostituta, pidió un allanamiento porque dijo que le faltaba plata. Es la primera vez que la Corte revierte el resultado de un jurado de enjuiciamiento.
Esta sentencia no cambia la situación legal de las demás personas involucradas, las cuales se encuentran bloqueadas del sistema financiero
"¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste", le advirtió a la trabajadora sexual con la que acababa de estar en una situación íntima. Acto seguido, Onildo Osvaldo Stemphelet tomó su teléfono y llamó al jefe del Comando de Patrullas. El comisario inspector que lo atendió sabía que estaba hablando con el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca. "Mándeme un móvil; tengo que denunciar un robo", le dijo. Lo que no aclaró era que el lugar del hecho era un "privado" ni que, teóricamente, le habían sacado 3000 pesos y las tarjetas de crédito de un bolsillo de la ropa que, hasta un rato antes, no llevaba puesta.Por ese episodio ocurrido en mayo de 2019, Stemphelet fue suspendido y, cuatro años después, restituido en su cargo de titular del Juzgado de Ejecución N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca al ser absuelto en el jury de enjuiciamiento al que fue sometido.Pero las cosas no quedaron allí: ante esa resolución, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, presentó un recurso contra ese fallo absolutorio. Y en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia provincial aceptó la presentación del jefe de los fiscales bonaerense y, por mayoría, revocó la sentencia que había beneficiado a Stemphelet y ordenó que sea sometido a un nuevo juicio político.El escandaloso origen de la causa se sitúa en el 15 de mayo de 2019. Ese día, Stemphelet mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero con una mujer en un departamento situado en Rivadavia 2280, Bahía Blanca. Una hora más tarde, el magistrado volvió al "privado". Encaró a la dama con la que había estado en situación de discreta intimidad, le mostró su credencial del Poder Judicial y le dijo: "¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste".Ya en la calle, Stemphelet llamó al comisario inspector a cargo del Comando de Patrullas local y le pidió que interviniera formalmente ante el supuesto robo.Ante el pedido del magistrado, el jefe policial no mandó un móvil: para quedar bien con él, el comisario inspector envió cinco vehículos que fueron desviados de las zonas de patrullajes que debían custodiar para responder al llamado del juez indignado porque la mujer con la que había mantenido un encuentro sexual supuestamente le había robado $3000 y su billetera con las tarjetas.
El excandidato del gobierno para la Corte investigará si hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios público o tráfico de influencias.
La IA atraviesa cada vez más el mundo laboral, pero no siempre se utiliza con prudencia. Así ocurrió recientemente durante un juicio en San Diego (EE.UU.) cuando descubrieron que los casos en los que se basaba un fallo eran ficticios y habían sido generados por la inteligencia artificial. Con US$20.000. Cómo la IA ayudó a un hombre a construir una empresa de US$1800 millonesTal como describe The San Diego Union-Tribune, luego de que una pareja del condado de San Diego se separara, iniciaron una disputa legal para determinar la custodia y el régimen de visitas de Kyra, el perro que antes tenían en común. Luego de presentar varios casos, el juez falló a favor de la mujer y le concedió todos los derechos, denegando las peticiones que había hecho su exmarido. Pero la historia cuenta con un giro inesperado en los hechos: el hombre apeló la decisión judicial, y en el proceso descubrió que los casos en los que se basaba el fallo eran ficticios o irrelevantes para esa disputa. "Como ilustra este caso, es igualmente importante que los funcionarios judiciales y el personal de los tribunales que no utilizan inteligencia artificial generativa verifiquen las citas contenidas en las órdenes propuestas que les presentan los abogados", escribió posteriormente el Tribunal de Apelación del 4º Distrito, División 1. Uno por uno. Los impuestos que deben pagar los que usan cripto en la ArgentinaAunque este tribunal reconoció que el fallo se basaba en contenido inventado por la IA, se negó a revocar la decisión original del juez. El panel señaló que los abogados tendrían que haberlo detectado con anticipación y que era posible que el juez hubiera llegado a la misma conclusión, más allá de los casos ficticios. Sin embargo, la abogada que usó la IA fue sancionada con una multa de US$5000. No es la primera vez que se registra un caso de este tipo en la justicia. Recientemente, un abogado recibió una sanción de la Corte Suprema de Colombia por haber utilizado IA y haber incluido citas jurisprudenciales inexistentes. Aunque inicialmente aseguró que las referencias jurisprudenciales fueron fruto de un "error de transcripción", finalmente admitió que los errores provenían de un programa de inteligencia artificial con el que trabajaba "con el fin de agilizar las contestaciones y los trámites".Un año atrás, esta vez en Nueva York, un hombre sorprendió a los jueces de la División de Apelaciones de la Corte Suprema cuando se presentó a un juicio laboral con un abogado creado con inteligencia artificial. Y en este caso, sus acciones también tuvieron consecuencias: "El tribunal se molestó mucho. Me dieron una paliza brutal", declaró el hombre demandado a The Associated Press.Tiempo atrás, en junio de 2023, dos abogados de Nueva York fueron multados cada uno por US$5000, luego de usar ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, para realizar una investigación legal. Esa vez, luego de utilizar la IA, citaron como ejemplo un caso que no existía. Para estudios contables. Dos argentinos crearon una IA que busca simplificar la liquidación de impuestosSegún informó Fox News, algo similar le ocurrió a Michael Cohen, abogado personal formal del presidente Donald Trump, quien citó fallos judiciales ficticios inventados por IA en documentos legales. Cohen asumió la responsabilidad y explicó que no sabía que la herramienta que usaba su firma era capaz de producir alucinaciones.No es casualidad que estos casos ocurran, si se tiene en cuenta que el uso de inteligencia artificial está cada vez más extendido. De hecho, según una investigación que divulgó recientemente la Universidad Northwestern, el 60% de los jueces federales que respondieron a su encuesta utilizan al menos una herramienta de IA en su trabajo.
BRASILIA.- Cuando el juicio por racismo contra la abogada santiagueña Agostina Páez se acerca a horas decisivas antes de un fallo en Brasil, una maniobra de último momento encendió las alarmas de su defensa: la querella citó en el expediente el video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, en el que se lo ve imitando a un mono y jactándose de ser un "empresario, millonario, usurero y narco privado", con el objetivo de justificar una indemnización mayor para las víctimas. Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de US$150.000, según los alegatos finales presentados hoy y a los que tuvo acceso LA NACION.El documento de 15 páginas presentado por Tamara Fejolo, abogada asistente de la acusación, expone una estrategia orientada a lograr una sanción económica más severa. La querella decidió apuntar al presunto poder económico de la familia Páez, con foco en la figura del padre, quien afrontó el pago de la fianza depositada en la cuenta vinculada al proceso penal tras la concesión del habeas corpus que permitió el regreso de Agostina al país la semana pasada.Escándalo: filman al papá de Agostina Páez imitando gestos de mono como los que hizo su hijaLa reciente grabación de Mariano Páez repitiendo el gesto que hizo su hija fue calificada como una "clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas", según el escrito firmado por Fejolo. La letrada utilizó los dichos contenidos en ese video como argumento para respaldar la cuantía solicitada por el Ministerio Público.En los alegatos ante el juez, la abogada señaló que Mariano Páez fue captado "jactándose de ser 'empresario, millonario, usurero y narco privado'". A eso sumó que Agostina Páez "exhibe un alto estándar de vida a través de sus redes sociales, evidenciado en constantes publicaciones sobre gastronomía, moda y viajes por el mundo frente a decenas de miles de seguidores"."Ante ese escenario, considerando las circunstancias del caso, así como el carácter pedagógico que debe orientar la fijación de la cuantía en relación con el daño moral", concluye la presentación, resulta "proporcional y razonable la suma requerida por el Ministerio Público", estimada en unos US$38.000, o 120 salarios mínimos, para cada una de las víctimas.Nueva polémica: el gesto racista del padre de Agostina PáezCarla Junqueira, la abogada brasileña que encabeza la defensa de Páez, anticipó que presentará una impugnación formal ante el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro, a cargo del juez Guilherme Duarte, al considerar que los alegatos finales de la querella deben ser "desestimados por múltiples aspectos", según confirmó a LA NACION.Desde una perspectiva procesal, la defensa sostiene que el escrito fue presentado fuera de plazo, ya que ingresó al expediente con firma digital la noche del domingo. Además, cuestionó que "pretende incorporar pruebas en un proceso cuya etapa probatoria ya fue cerrada".Junqueira también advirtió sobre la "fragilidad del conjunto probatorio para intentar incrementar un valor de reparación de un daño que ni siquiera fue acreditado"."La legislación para el combate al racismo existe para proteger efectivamente a las víctimas, pero no debe ser desvirtuada para aprovechar situaciones de vulnerabilidad con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos", afirmó la letrada, al anticipar la estrategia que llevará ante el tribunal.Fejolo, por su parte, explicó a LA NACION que el video de Mariano Páez "fue citado al expediente como una forma de contextualizar los hechos recientes y demostrar los efectos negativos del caso, especialmente en la extensión del daño causado a las víctimas".El episodio que dio origen al proceso ocurrió en la madrugada del 14 de enero de 2026 en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Los empleados del local denunciaron que, tras una discusión por la cuenta, Páez habría proferido insultos y realizado gestos simulando a un mono en plena vía pública, escenas que quedaron registradas por cámaras de seguridad.La estrategia de la defensa para cuestionar la acreditación del daño moral no se limita a planteos formales.La abogada argentina Agostina Páez podría ir a prisión en Río de Janeiro por un gesto racistaPara fundamentar el supuesto daño psicológico sufrido por Beatriz da Silva Pereira, cajera de 43 años y una de las cuatro denunciantes, la querella adjuntó el domingo un certificado médico. El documento señala que la trabajadora presentó un cuadro de descompensación de su hipertensión arterial y ansiedad, con "episodios de ideación suicida" posteriores a los presuntos insultos raciales.El certificado está firmado por Adriano Augusto Gentine, quien figura como especialista en geriatría y clínica médica. La defensa cuestionará que un cuadro de esta naturaleza haya sido certificado por un profesional dedicado al cuidado de adultos mayores, tratándose de una paciente en plena adultez.En un mensaje enviado a LA NACION el domingo, Agostina Páez dijo sentirse "angustiada" y expresó temor de que el video de su padre imitando a un mono la perjudicara en el proceso.La defensa remarcó también que, según jurisprudencia consolidada de los tribunales superiores de Brasil, las indemnizaciones por daño moral en casos de racismo suelen tener un tope cercano a los US$6000, con montos que en la mayoría de los fallos oscilan entre US$1000 y US$2000. En ese marco, sostienen que la fianza ya depositada en el expediente, de unos US$18.800, debería resultar suficiente para cubrir cualquier eventual reparación civil, incluso si el juez considerara la existencia de múltiples víctimas.El Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJRJ) evitó precisar plazos para la resolución del caso, pero confirmó en una comunicación enviada a LA NACION este lunes que, tras la presentación de los alegatos finales de la asistencia de la acusación, el expediente debe ser remitido en breve al juez para dictar sentencia.
La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema.
Según sus abogados, el dirigente correísta perdió 14 kilos desde que está recluido en la Cárcel del Encuentro, construida por el gobierno de Daniel Noboa.
Se empiezan a discutir los proyectos para modificar el sistema de puntaje de concursos, entre ellos el que impulsó la Corte Suprema de Justicia. Habrá movimientos en los expedientes disciplinarios contra los jueces Salmain y Maraniello
La audiencia preliminar por la tragedia en la discoteca continúa luego que el juez desestimara los argumentos de la defensa, ordenando al Ministerio Público proceder con la lectura de la acusación contra los implicados
El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N°63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), restableció la obligación de aplicar un 3% más el índice de inflación para ajustar las deudas derivadas de los juicios laborales. El juez dio marcha atrás con su propia decisión y restableció la vigencia del artículo 55 de la ley de modernización laboral que aprobó el Congreso el 30 de marzo. El argumento del magistrado es que este índice del 3% más el IPC es más conveniente que el que rige en algunas provincias."Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a revocar por contrario imperio la medid adoptada en forma cautelar y reiterar que el análisis de fondo se difiere para el momento de la sentencia definitiva", señaló.Ojeda explicó que un estudio de campo realizado en la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina concluyó que la medida que el tomó perjudica a los trabajadores. En particular en las provincias, donde la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que el establecido en la nueva ley. Según ese estudio, es el caso de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, San Luis, Córdoba (en juicios anteriores a 2024), Jujuy, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Mendoza y Tucumán (en juicios más antiguos). El lunes pasado, Ojeda dictó una medida cautelar innovativa en la que hizo lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la ley 27.802. De inmediato, el Ministerio de Capital Humano anunció que apelaría la decisión. Tras la decisión de este lunes de Ojeda, aún quedan 81 artículos en suspenso. Son el núcleo de la reforma que impulsó el gobierno de Javier Milei.El fallo frenó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos. Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo.El magistrado hizo lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl JerónimoSegún la demanda sindical, la reforma establecía "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República. "La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío", dice la la resolución, a la que accedió LA NACION. COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/j1IscuZxJJ— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 30, 2026Para justificar la urgencia de la cautelar, el fallo advirtió sobre el "peligro en la demora", al afirmar que ejecutar normativas como el de los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de convenios colectivos "podría generar daños irreparables si, llegado el momento de la sentencia final, la ley fuera declarada inconstitucional".El juez advirtió que no suspender la ley de forma inmediata podría generar una grave inseguridad jurídica antes de que se dicte una sentencia definitiva. Entre los artículos que quedan suspendidos están el que se refiere a los trabajadores de plataformas, que los excluía del ámbito de protección de la ley, catalogándolos como "independientes".También se suspende el artículo que eliminaba el principio de interpretación legal a favor del trabajador y los que permitían excluir del cálculo de despidos pagos no mensuales como el aguinaldo e implementaban el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El juez determinó que este sistema "no evitaría y ni repararía los despidos injustificados" y que su financiación podría quitar recursos de la Seguridad Social.El fallo también suspende la norma que ampliaba los servicios mínimos ante huelgas e incluía una nueva categoría de "actividades de importancia trascendental", incluso cuando prohibía medidas de fuerza en servicios de seguridad.El juez entendió que debía suspender el artículo que derogaba la ley de teletrabajo y los que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y eliminaban las presunciones de fraude laboral.Otros artículos alcanzados por el fallo son los que limitan el cálculo de la antigüedad en el empleo y eliminan la presunción de que existe una relación laboral por el simple hecho de prestar servicios.Quedó suspendido asimismo el artículo que quitaba la obligación de dar preaviso durante el período de prueba y los que modifican los convenios colectivos, dando la prioridad a convenios de menor ámbito (como los de la empresa por sobre los de actividad) y permitiendo negociar cláusulas a la baja.También están afectados los artículos que imponen límites para realizar asambleas, reducen el crédito horario para delegados, limitan la tutela sindical y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería para sindicatos.1. ¿Cómo viene la reforma laboral en la justicia? No pasó ni un mes de la promulgación en el Boletín Oficial y ya hay material para un tratado. Esperable por cierto. Va un punteo de las principales discusiones que se dieron hasta ahora (noticia en desarrollo)— Luis Campos (@luiscampos76) March 30, 2026El juez suspendió asimismo las normas que permitían el fraccionamiento obligatorio de las vacaciones y habilitaban la creación de un "banco de horas" por acuerdo individual y cambiar las condiciones de trabajo.También quedó sin efecto -al menos por ahora- la quita de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y el hecho de derivar los nuevos juicios laborales al fuero Contencioso Administrativo cuando el Estado sea parte.Con esta decisión, la reforma laboral quedó suspendida hasta que se dirima definitivamente la inconstitucionalidad de la norma, como lo solicitó la CGT.
La última resolución del magistrado modifica la suspensión del artículo 55 tras advertir que la medida anterior podría perjudicar a algunos trabajadores de distintas jurisdicciones en vez de protegerlos de manera uniforme
El caso se abrió por una presentación del abogado Jorge Monastersky, quien pidió que se investigue la existencia de estructuras extranjeras que buscan infiltrarse en medios para incidir en la opinión pública
La Acordada N° 4/2026 estableció un nuevo reglamento para los concursos de selección de magistrados, pero aún deberá ser aprobado por el Consejo de Magistratura de la Nación. Cómo será el proceso para que sea realmente imparcial. Leer más
En la exposición realizada ante el plenario de la Convención Constituyente de 1994, como miembro informante de la Comisión de Coincidencias Básicas junto a Enrique Paixao, al referirme a los grandes fines de la reforma constitucional, los resumí en cinco: a) la consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático; b) la obtención de un nuevo equilibrio entre los tres órganos del poder del Estado con el fin de lograr mayor eficacia en su accionar; c) mayor reconocimiento de ciertos derechos de las personas y de sus garantías específicas; d) promoción de la integración latinoamericana; e) fortalecimiento del régimen federal. Como parte de esos fines, la creación del Consejo de la Magistratura implicó un modo de atenuar el sistema presidencialista restando al presidente la facultad de designar discrecionalmente a los jueces federales, al tener que elegir en una "propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos" (art. 99, inc. 4 CN). Aunque se debatió en doctrina en esa época si el Consejo de la Magistratura era un órgano extra-poder, primó la opinión (que también sostenía en "La reforma de la Constitución. Explicada por miembros de la Comisión de Redacción", Rubinzal- Culzoni, S. Fe 1994, y en otros trabajos reproducidos en www.garcialema.com.ar ) de que debía ser un órgano del Poder Judicial de la Nación, pues se lo incluyó en la Sección Tercera, "Del Poder Judicial", en su capítulo primero, "De su naturaleza y duración". Ello permitía inferir que ese órgano como el jurado de enjuiciamiento, corresponden por su "naturaleza" al Poder Judicial. Como lo expresé en aquella obra: "Afirmar que dichos nuevos órganos han pasado a formar parte del Poder Judicial de la Nación implica que este poder ha acrecentado sus facultades conferidas en los artículos 114 y 115" de la CN que regulan a cada una de esas instituciones. También sostuve que: "La presidencia del Consejo debería reservarse a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, y de este modo establecer un funcionamiento colaborativo con el Alto Tribunalâ?¦si se advierte que existen posibles puntos de contacto (y por ende de posible fricción) en materias confiadas a aquel Consejo tales como la administración de los recursos del Poder Judicial y el ejercicio del poder reglamentario para la eficaz prestación del servicio de justicia". Algunos aspectos del debate concluyeron con el art. 1º de la Ley 24.937 que consideró al Consejo como órgano permanente del Poder Judicial de la Nación. Otras normas reglamentaron funciones del Consejo, cuando no fueron declaradas inconstitucionales por fallos de la Corte Suprema en las causas "Rizzo" (18/06/2013) y "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires" (16/12/2021). La Corte Suprema, al dictar la Acordada que aprueba el "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados", lo remite al Consejo "para su consideración por parte del Plenario de dicho Cuerpo, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 114 de la Constitución Nacional, y en la ley 24.937 y sus modificatorias". Más allá de ser cabeza del Poder Judicial -y por ello contar con poderes implícitos que periódicamente usa con mucha prudencia- aquí lo realiza con espíritu colaborativo y le cabe razón cuando señala que la Corte "tiene el deber ineludible de velar por la correcta, transparente y eficaz administración de justicia para, de ese modo, afianzar la confianza ciudadana en las instituciones de la República", y que además posee "la facultad de proponer e impulsar reformas reglamentarias necesarias para corregir déficits estructurales con el objetivo de mejorar la eficacia, transparencia, y agilidad del sistema de administración de justicia de todo el país". Así, parece conducente que invite a jurisdicciones provinciales a asegurar la administración de justicia local, considerando "ejes centrales del Reglamento propuestoâ?¦ que contribuiría a fortalecer la vigencia efectiva en todo el país de la forma republicana de gobierno ordenada por el artículo 1º de la Constituciónâ?¦". El Consejo de la Magistratura sería prudente en sancionar pronto el Reglamento que le envía la Corte Suprema, que -como señalara el juez Rosenkrantz al presentar el Reglamento en la audiencia pública del 30 de marzo- es de carácter "sistémico", es decir, sus normas están íntimamente vinculadas unas con otras. Por tanto, no existiría mucho margen para su aprobación parcial o para incorporarle modificaciones. El propósito de "eficacia" está cumplido por la brevedad de los plazos previstos para las etapas de selección; por establecer "concursos anticipados" con preferencia a los "concursos especiales"; porque los principios que los rigen (en sus disposiciones generales) son indiscutibles; como también lo son la apertura de legajos individuales de índole digital en donde se acumulan antecedentes e informaciones relevantes -garantía para ampliar el número de posibles concursantes- evitando además que puedan concursar los que se hallan incursos en las causales del art. 19 del Reglamento, como importantes exigencias para no cometer errores groseros. Para pruebas de oposición escrita es muy destacable que se establezca una evaluación -como etapa general- sobre conocimientos generales del derecho (y del derecho constitucional, dado que todos los jueces y tribunales pueden ejercer el control de constitucionalidad), que son base de conocimientos más especiales de tribunales para ciertos fueros o materias. Hay previsiones que apuntan a diferenciar jurados que elaboran las preguntas -con apoyo de Inteligencia Artificial- de otros jurados que se pronuncian sobre las respuestas, quienes están sometidos a la posibilidad de recusaciones si no median excusaciones. Es una Reglamentación muy detallada para los concursos; con un uso de la informática, y aportes que debe prestar la Escuela Judicial, que apuntan a un salto cualitativo en la eficiencia del Consejo de la Magistratura. Los ejemplos dados, completados con otras previsiones, cumplen con los fines que inspiraron la creación del Consejo, al concebirlo con organismo de naturaleza principalmente técnica y académica, tratando de reducir la influencia de integrantes provenientes del sector político. El Reglamento aprobado por la Corte Suprema, con la unidad de sus tres jueces demostrada en la audiencia pública citada, avanza en ese propósito de reducir los intercambios políticos en el procedimiento de selección de los jueces federales. Exconvencional constituyente, abogado constitucionalista
Los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fueron imputados por presunto abuso de autoridad y manipulación de causas relacionadas con evasión fiscal millonaria.
La iniciativa de la Corte Suprema en materia de reforma del sistema de selección de magistrados representa una señal institucional relevante.
El bebé presentaba peritonitis, shock séptico, anemia severa y otras complicaciones graves
El Máximo Tribunal de la Nación propició la salida de tres jefes de Cámaras Federales del Tribunal de Disciplina.La Corte bonaerense también les recordó a sus magistrados la prohibición de trabajar en esos entes.Ocurre en medio de las causas que tiene bajo investigación a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El magistrado de Rosario procesado por corrupción había aplicado para ocupar otros cargos en el Poder Judicial. Está cerca de ser sometido a juicio político y podría ser destituido
El fallo judicial tuvo lugar tras valorar testimonios y pruebas sobre la muerte de un chofer, cuyo cuerpo fue hallado en una zona despoblada, mientras los responsables huían con vehículos y objetos de la víctima
Un episodio ocurrido en la Segunda División del fútbol turco desató una fuerte controversia y reavivó el debate sobre el respeto hacia la autoridad arbitral. La protagonista involuntaria fue la árbitra asistente Esra Arıkboga, quien terminó en el suelo tras recibir una violenta patada durante el desarrollo del partido, sin que el jugador implicado se detuviera a asistirla o le ofreciera disculpas. Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron una catarata de críticas en redes sociales.El hecho se produjo en el encuentro entre Bursaspor y Mardin 1969 Spor, disputado en el Estadio Matli del Complejo Deportivo Atatürk, por la fecha 31 del Grupo Rojo de la Nesine 2. Lig. El partido se jugaba con alto voltaje competitivo y, ya en el tramo final, una acción por la banda terminó con la jueza de línea como víctima colateral.El cruce entre dos jugadores que derivó en la caída de la jueza en un partido de TurquíaEn la disputa por el balón participaron Yusuf Erdogan, del Bursaspor, y Mehmet Manis, del Mardin 1969 Spor. Ambos chocaron en velocidad y, en medio de la acción, una de las piernas impactó de lleno contra Arıkboga, que cayó de manera brusca sobre el césped. La secuencia fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y quedó expuesta ante los espectadores del estadio y del público televisivo.Mientras la asistente permanecía en el suelo, los futbolistas continuaron la jugada sin detenerse. Ninguno se acercó para verificar su estado ni se observó un gesto de disculpa por parte del jugador del Mardin 1969 Spor, lo que acentuó la indignación posterior. Su rival, en cambio, aprovechó el momento para protestar por la situación. El árbitro principal interrumpió el juego, se dirigió a la línea y se interesó por la salud de su compañera, además de reclamar explicaciones a uno de los protagonistas de la acción.La reacción en redes sociales fue inmediata. En distintas plataformas, usuarios manifestaron su repudio por lo ocurrido y cuestionaron con dureza la falta de empatía mostrada en el campo de juego. Uno de los mensajes más replicados apuntó directamente contra el futbolista involucrado: "Ni siquiera sabe disculparse. Hago un llamamiento a la Federación Turca de Fútbol: tienen que prohibir la participación de estos payasos en todos los torneos".Otros comentarios que circularon en X (antes Twitter) insistieron en la misma línea: "Como mínimo, debería disculparse u ofrecer ayuda", "¿Dónde está el respeto?" y "¿Por qué no le toman la mano a la árbitro y la levantan? Es vergonzoso. Hubo una caída debido a la naturaleza de la jugada. Tómenle la mano y levántenla".El incidente se produjo en tiempo de descuento, cuando el marcador ya estaba definido a favor del Bursaspor, que se imponía 2-0 gracias a los goles de Ertugrul Idris Furat, a los 53 minutos, y de Baran Basyigit, a los 89. Un partido cargado de tensión terminó cerrándose con una acción que se viralizó en todo el país y volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de los futbolistas ante situaciones accidentales que involucran al cuerpo arbitral.Pese al fuerte golpe, Esra Arıkboga, nacida en Estambul, no sufrió lesiones de gravedad y, tras algunos minutos, pudo reincorporarse y continuar con sus tareas. La asistente optó por no hacer declaraciones en redes sociales y, una vez finalizado el encuentro, intentó bajar el tono de la polémica y restarle trascendencia al episodio.
En la primera tanda de pliegos enviados al Senado por el Ejecutivo sobresalieron, por sus conexiones, dos nombres: el de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti; y el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi. La remisión de este segundo pliego fue rápidamente leído como un gesto del Gobierno para congraciarse con el magistrado, que lleva desde septiembre la causa por la criptomoneda $LIBRA, acaso el expediente con mayor capacidad de daño sobre el presidente Javier Milei y su hermana Karina.En Comodoro Py, sin embargo, la esposa de Martínez de Giorgi es también "Ana Juan", una secretaria letrada expeditiva, cuyo extenso y ascendente recorrido le permite enfrentar sin apuros las suspicacias que se alzaron en torno a su postulación. Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Ana Juan es desde largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder. Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos Salas que conforman la Cámara; también ganar, por unanimidad, el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura. Según el recuerdo de uno de sus competidores, ella consiguió gran ventaja en el examen escrito. A su ya amplio inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la "oficina judicial" de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha. Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara. Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo. "Ella opera en el corazón del sistema", describe un funcionario que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. "Es una judicial de toda la vida"; "lo tiene merecido hace tiempo"; "se lo ganó", opinaban en Comodoro Py de la noticia. Pese a ser especialista en materia penal y doctora, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su "personalidad" y "oficio". Camino a HurlinghamVoces judiciales de ayer y de hoy le asignan un estilo "directo" y "eficaz", que la dejan, sostienen o dar a entender, en "sobradas" condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que espera para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023, se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales. Cuando comparezca ante la Comisión de Acuerdos en el Senado lo hará por tercera vez, puesto que su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019.Fue enviado una vez más por Fernández, en mayo de 2023, y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año.Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: "Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos".
La Audiencia Provincial de Madrid considera suficientemente acreditado el origen y la especial vinculación de la solicitante con España
La Argentina, país de las hiperinflaciones, el mayor default mundial, los 13 ceros quitados al peso y la ausencia de moneda, también se destaca por haber dado vuelta la división de poderes y atribuir a los jueces la facultad de detener leyes dictadas en el Congreso de la Nación. No en un caso concreto, sino para todo el país (erga omnes).La Confederación General del Trabajo (CGT) logró frenar en la Justicia la ley de modernización laboral que impulsó la gestión de Javier Milei. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, dictó una medida cautelar en una acción preventiva de inconstitucionalidad, haciendo lugar al pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.Ahora el juez deberá resolver el fondo del caso, aunque el Gobierno informó que apelará la decisión rechazando los "intereses corporativos y sectoriales de los que pretenden obstaculizar las reformas". Hasta entonces, los 82 artículos que conforman el núcleo de la reforma quedan en suspenso. En su resolución, el juez Ojeda frenó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho de huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la ciudad de Buenos Aires, la derogación de la ley de teletrabajo y las normas que modifican hacia la baja los intereses de los juicios entre otros puntos. En su fallo, señala que las leyes se dictan en el Congreso de la Nación, ámbito donde impera la política y el "arte de lo posible", mientras que los jueces, al estar regidos por la deontología, no deben hacer política sino aplicar la Constitución nacional. "Mientras el poder político fluctúa con los tiempos electorales, el Poder Judicial permanece indiferente a esos cambios". Sin advertir que el legislador tiene la atribución de introducir cambios normativos según los consensos colectivos reflejados en los actos electorales y los jueces no deben hacer política anulando esas reformas sino custodiar los principios constitucionales en cada caso concreto que deben resolver. No la deben custodiar en abstracto, suspendiendo su aplicación en todo el país, pues ello es "hacer política" al torcer la decisión legislativa con su opinión solitaria. Todas las razones expresadas por la CGT son propias del ámbito legislativo y no del judicial. Allí tuvo oportunidad de expresar sus objeciones, pero los representantes del pueblo votaron la ley y esa etapa esta precluida. La Constitución de los Estados Unidos estableció la división de poderes y se atribuyó al Poder Judicial la facultad de revisar la constitucionalidad de los actos de los otros dos (Marbury vs Madison, 1803). Así se completó la base del sistema republicano. En la Argentina, ese mismo principio fue adoptado en 1887 (Fallo Sojo). De lo contrario, bastaría que cada ley anunciase, en su último artículo: "esta ley es constitucional" y nadie podría objetarlo. Pero una cosa es declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y otra, muy diferente y dañina, que la ley quede sin efecto por decisión de un juez como si la mayoría de 329 legisladores se hubiera equivocado.Con la Caja de Pandora abierta y la proliferación de amparos, las normas que deben disponer reformas estructurales se han hecho imprevisibles por el accionar judicial. El riesgo país está estrechamente ligado a esa percepción de que, en la Argentina, los cambios serán muy difíciles mientras los grupos corporativos tengan medios -ahora judiciales- para impedirlosEl Congreso sanciona leyes luego de análisis, audiencias, dictámenes y debates. Las normas generales tienen (o deberían tener) en vista el bien común de largo plazo, aunque en lo inmediato causen perjuicio a grupos afectados. Siempre será así, pues está en la naturaleza de la convivencia social la existencia de intereses en conflicto; de lo contrario no existiría el arte de la política. Los legisladores, con sus ejércitos de asesores, ponderan los costos y beneficios de cada proyecto escuchando a partes interesadas, debatiendo en comisiones y, finalmente, votando en el recinto. Muy distinto es el rol de los jueces. Formados en derecho y algo de economía, su tarea es resolver conflictos específicos conforme a reglas que aseguran la bilateralidad de los procesos. Su competencia se limita a las contiendas concretas que tienen ante sí, entre partes que demandan, alegan y prueban, dictando luego sentencias que los dirimen, sin afectar con estas al resto de los habitantes. Inmersos en el detalle de testimonios y peritajes, no es su competencia la salud del cuerpo social en su conjunto. Hasta la reforma constitucional de 1994, el control de constitucionalidad por parte de los jueces era "difuso" o descentralizado, como en los Estados Unidos. Es decir, se ejerce al resolver casos individuales y con efecto limitado a ellos, a diferencia de Francia o España, donde existen Consejos Constitucionales que pueden anular una ley. Ahora en nuestro país el control continúa siendo "difuso" pero, al permitir que la declaracnota de opinonjotaión de inconstitucionalidad se extienda más allá de las partes del conflicto (artículo 43 de la CN) se ha abierto una Caja Pandora, pues cualquier juez del país (nacional, provincial o de paz), e inclusive incompetente, puede suspender con mínima fundamentación la vigencia de una ley o de un decreto de forma precautoria, requiriendo solo caución juratoria y dándole efecto universal (erga omnes). Es como si se atribuyera a cada uno de ellos las facultades que en Francia o en España tiene un único consejo especializado de alta jerarquía para todo el país. A diferencia de los legisladores, los jueces conocen los argumentos de quienes interponen los amparos -los afectados, como la CGT- pero ignoran las voces de quienes serían beneficiados: los 47 millones de argentinos y las generaciones siguientes. Quienes legislan tienen en cuenta objetivos futuros de bienestar colectivo, económicos, sociales o culturales. Los jueces que ordenan precautorias pretenden hacer justicia en forma perentoria con una balanza asimétrica a la que falta un platillo.Eso resulta claro del fallo de Ojeda, pues no atribuye importancia a los beneficios que esta reforma traerá respecto de la "generación de mayor empleo formal, brindando así más protección a todo trabajador, actual como ingresante"; considerándolo una "cuestión política no justiciable, hipotética y conjetural". Pues precisamente así son las normas generales, a diferencia de las sentencias judiciales: se sancionan para cumplir objetivos cuyos resultados son futuros (hipotéticos y conjeturales) a diferencia de los fallos judiciales, que aplican el derecho para resolver entuertos pasados. Toda la fundamentación de la cautelar gira en torno a la alegada "violación del principio de progresividad y no regresividad", en violación del artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional e incluye fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esas razones legales podrían servir para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.802 en algún caso concreto, pero no sirven como fundamento para que un juez se erija en legislador y paralice su aplicación conforme a su leal saber y entender. Después de décadas de atraso debido al bloqueo impuesto por grupos corporativos a la competitividad argentina es natural que las reformas se enfrenten con la oposición de los afectados. Con la Caja de Pandora abierta y la proliferación de amparos, las normas que deben disponer reformas estructurales se han hecho imprevisibles por el accionar judicial. El riesgo país está estrechamente ligado a esa percepción de que, en la Argentina, los cambios serán muy difíciles mientras los grupos corporativos tengan medios -ahora judiciales- para impedirlos. Ante la dificultad de reformar la Constitución nacional, está en manos de la Corte Suprema de Justicia acotar esta alteración en la separación de poderes, para cumplir así con el mandato alberdiano.
La Corte Suprema presentó una iniciativa para la elección de magistrados y habló de la necesidad imperiosa de un cambio
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Ahora que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar a la defensa argentina y revocó la condena dictada por la jueza Loretta Preska por más de 16.000 millones de dólares, Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretenden sacarle provecho, sosteniendo que la expropiación había sido bien hecha y que, gracias a ellos, hoy el país tiene la producción de Vaca Muerta. Pero la historia es otra. El desabastecimiento petrolero comenzó cuando Néstor Kirchner impuso un control de precios a los combustibles y retenciones a la exportación de crudo que asfixiaron a YPF (Repsol). Luego fue la maniobra con los Eskenazi que provocó su vaciamiento y el posterior juicio en Nueva York. Y ante la falta de confianza para conseguir inversores para Vaca Muerta, en 2013 se celebró un acuerdo secreto con Chevron (2013) dándole privilegios inusuales, para su primer desarrollo. El uso de la petrolera como negocio personal comenzó en 2008 cuando Néstor Kirchner indujo a Repsol a vender el 25,46% de YPF SA por 3750 millones de dólares a Petersen Energía SAU y a Petersen Energía Inversora SAU, dos sociedades españolas "de papel", controladas por Petersen Energía Inversora SA, la firma argentina de Enrique Eskenazi, el experto en mercados regulados, amigo del entonces presidente desde 1998 cuando compró el 51% del Banco Santa Cruz. Para la maniobra, Néstor Kirchner contaba con los "fondos de Santa Cruz" originados en el pago a la provincia de regalías atrasadas por 660 millones de dólares en bonos y acciones de YPF, logradas por votar la ley de privatización de YPF en 1993.. Ese monto se multiplicó por la valorización de las acciones de YPF (de 19 a 45 dólares) y alcanzó a casi 1000 millones de dólares, que luego Kirchner fugó al exterior antes de la crisis de 2001. Según dijo, porque creía en el país, pero no en sus gobernantes. En 2006, 390 millones estaban en el Crédit Suisse (CSFB) a nombre del Banco Santa Cruz SA, como gestor de esos mismos. Del resto, no se sabe.Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a YPF durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversiónEl contrato se firmó el 21 de diciembre de 2007. La primera compra se hizo por el 14,9 % de las acciones por 2133 millones de dólares en 2008. Eskenazi puso solo 100 millones, Repsol prestó 1015 millones ("vendor loan") y los otros US$1018 millones fueron prestados por un sindicato de bancos (Crédit Suisse First Boston - CSFB, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú Europa). La segunda compra por el 10,1% se hizo en 2011, por 1400 millones de dólares con otra ayuda de Repsol por 730 millones y de los bancos Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citibank por 670 millones. Petersen Energía - una pequeña compañía con 60.000 euros de capital- recibió un préstamo de 1688 millones de dólares para comprar acciones de YPF, a pagar con dividendos de esas mismas acciones. Por ello, hay razón para pensar que los "fondos de Santa Cruz" que estaban en el CSFB (US$390 millones) con más el resto que Kirchner manejaba, fueron garantía oculta ("back to back") de los préstamos bancarios, pues, de lo contrario, no se entendería cómo esos bancos, tan cuidadosos del dinero de sus clientes, hubiesen arriesgado tanto dinero en una transacción sin pies ni cabeza.En 2006 Elisa Carrió formuló la primera denuncia por vaciamiento de YPF en el juzgado de Ariel Lijo y luego la amplió objetando esa operación. En 2012 el fiscal Carlos Stornelli formuló otra denuncia por administración fraudulenta a partir de una carta que Federico Pinedo publicó en LA NACION, que quedó absorbida en la causa de Carrió (Causa No. 3518/06). Se están por cumplir casi dos décadas de aquella gravísima denuncia y el juez no ha avanzado, pues dice esperar respuestas a exhortos remitidos al exterior. Ni citó a declarar a los funcionarios de Santa Cruz, ni a Enrique Eskenazi (fallecido en 2025), ni a su hijo Sebastián; tampoco, al representante del Crédit Suisse de entonces (ahora UBS), ni al exsecretario de Finanzas (2005-2006), asesor de Kirchner que intervino en la operación con Crédit Suisse; ni pidió información a UBS, en cuyos archivos (del ex CSFB) está registrada la operación.Mientras duró esa asociación perversa, Repsol se dedicó a "ordeñar" a YPF en lugar de invertir en exploración y explotación. Se repartieron 24.193 millones de dólares en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de 16.676 millones por una cláusula de dividendo extra de 850 millones de dólares, hubiese o no utilidades, para asegurar el pago a los Eskenazi. Las inversiones cayeron a mínimos históricos, desabasteciendo el mercado. Entre 2010 y 2017, el país tuvo que importar energía por 50.000 millones de dólares, lo cual desequilibró las finanzas públicas y vació las reservas del Banco Central. Resulta creíble que Esquenazi era testaferro o socio del entonces presidente de la Nación, pues tampoco se explica esa manera forzada e insólita de beneficiar a un banquero de provincia a costa de fundir a YPF y al país.Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada "década ganada", cuya sola evocación provoca corridas cambiariasEn 2010, cuando falleció Néstor Kirchner, las cosas cambiaron. Los Eskenazi cayeron en desgracia y el Gobierno vetó el pago de dividendos en 2011, provocando que el esquema ideado por Néstor se cayera como un castillo de naipes. En 2012 Cristina Kirchner confiscó YPF mediante un DNU "porque no invertía" y un mes después, mediante la ley No. 26.741 de soberanía hidrocarburífera, se expropió el 51% de Repsol (pero no las acciones de Eskenazi) y se asignó el 49% a las provincias productoras. Ello dio lugar al juicio que terminó a favor de la Argentina. Los españoles reclamaron 10.000 millones de dólares ante el Ciadi y si bien Kicillof sostuvo que YPF carecía de valor por pasivos ambientales, en 2014 aceptó pagar 5000 millones de dólares en bonos por aquel 51%. Por entonces, el barril de crudo cotizaba a 104 dólares y el market cap de YPF era de 14.000 millones de dólares. Para Repsol, que los vendió de inmediato, fue el mejor negocio de su historia, pues el precio del WTI cayó hasta 37 dólares en 2015, reduciendo el valor de YPF a la mitad.Cuando YPF interrumpió el pago de dividendos, las sociedades Petersen españolas fueron declaradas en quiebra por el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Repsol, ejecutando sus garantías, recuperó el 25% que había vendido y Burford Capital compró por 15 millones de dólares el 70% de ese derecho, conservando las Petersen (Esquenazi) el 30%. La demanda fue instaurada en 2015, ante la Justicia de Nueva York, contra el Estado nacional e YPF SA. Con la sentencia del 27 de marzo pasado, el caso ha quedado prácticamente cerrado.Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a la nave insignia de la soberanía petrolera durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversión. Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada "década ganada", cuya sola evocación provoca corridas cambiarias.
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas. El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite. Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para "reescribir el orden de mérito" de los candidatos. Los efectos de esa "discrecionalidad" quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó LA NACION, en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito. Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales. El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para "limitar la injerencia" de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%."Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados", dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación. Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja "en los aspirantes serios", que alteran el orden de mérito "sin parámetros claros ni límites cuantitativos".Los caminos"Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo", dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte. El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares. "Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones", advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año. Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo "sobre tablas", lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que "la CSJN no quiso intervenir 'lateralmente' en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino".El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda. Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el "procedimiento interno".Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.