juez

Un juez niega la nacionalidad española a un saharaui porque sus padres, nacidos durante la etapa de dominio español, no son considerados españoles de origen

La proposición de ley para agilizar la nacionalidad española a estos ciudadanos permanece atascada en el Congreso ante la negativa del PSOE

Perdió el ICE: jueza declara "probablemente ilegal" el plan de Kristi Noem para restringir la supervisión federal

Una jueza federal suspendió de manera temporal una política firmada por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, que exigía a los miembros del Congreso avisar con una semana de antelación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.La decisión federal que impacta a Kristi Noem y al ICEDe acuerdo con AP, la jueza del distrito en Washington Jia Cobb determinó que la administración Trump no había presentado "ejemplos concretos de problemas de seguridad que puedan plantear las visitas legislativas sin aviso previo"."Los demandantes han demostrado una probabilidad sustancial de éxito en su reclamo de que la política de notificación del 8 de enero es contraria a la ley y excede la autoridad legal de los demandados", señaló la jueza en el fallo. En el mismo escrito, aseveró que el requisito de notificación causó un "daño irreparable" a los miembros del Congreso al impedirles obtener información sobre los centros de detención. "La política del 8 de enero es una acción arbitraria y caprichosa de la agencia. Los demandantes han demostrado que sufren un daño debido a esta normativa. Y este factor juega a su favor", agregó. Antecedentes del conflicto entre Noem y legisladores demócratasCobb había suspendido la normativa en diciembre del año pasado al argumentar que contradecía la Sección 527(b), que estipula un aviso de 24 hs solo para el personal y no para los miembros del Poder Legislativo."El hecho de que la ley parezca excluir la permisibilidad de un requisito de notificación previa para los empleados del Congreso respalda aún más la interpretación de los demandantes de la ley, que considera que dichos requisitos de notificación previa no son permisibles para ellos", dijo la jueza en el escrito.No obstante, el 8 de enero de este año, Noem emitió otro escrito que describía nuevas restricciones a las visitas a los centros de detención de inmigrantes. La medida fue publicada un día después de que un agente federal disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. En el fallo, se obligaba a los miembros del congreso a que cualquier solicitud para visitar un centro de detención debía enviarse con siete días de antelación. El pedido debía efectuarse bajo los siguientes pasos: Las solicitudes debían enviarse a la Oficina de Relaciones Congresionales (OCR) durante el horario comercial. Deben incluir la fecha propuesta, ubicación del centro de detención, duración de la visita y cargo de todos los visitantes. Si un miembro del Congreso presentaba una solicitud para reducir el tiempo de preaviso, esto debía ser aprobado por la secretaria de Seguridad Nacional.El objetivo de la normativa, según Kristi NoemEl documento remarcaba que el aviso anticipado era necesario para garantizar la protección de los congresistas y evitar los entornos caóticos que la secretaria denominó "trucos publicitarios estilo circo". "Estos preavisos son necesarios para asegurar la protección adecuada a los miembros del Congreso, su equipo y empleados del ICE. Las visitas no notificadas apartan a los oficiales de sus deberes", detalla la normativa firmada por Noem.

El juez da copia al exDAO de las pruebas de la denunciante y garantiza "confidencialidad" aunque sin plena reserva

La jueza de la dana rechaza la nulidad de las actuaciones planteada por una acusación que también pedía su recusación

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la "inmadurez" de la adolescente

La Audiencia Provincial de Murcia rechaza extinguir el pago al no apreciar causa grave y señala que la falta de contacto no elimina la obligación si no hay independencia económica

La jueza de la dana pide al comité de emergencias un listado de llamadas a ayuntamientos de los cauces del Magro y Poyo

Investigan los movimientos financieros del juez Gastón Salmain en una nueva causa por direccionamiento de expedientes

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario ya está procesado en el caso Attila. Por primera vez avanzarán sobre su patrimonio personal. La Justicia busca esclarecer si tenía acuerdos espurios con estudios jurídicos de Santa Fe

La jueza autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de trenes

El responsable del Consorcio de Bomberos a la jueza de la dana: "No estábamos pendientes de Mazón. Ya estaba Pradas"

La jueza de Montoro autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes accidentados en Adamuz

El proceso de volcado, extracción y análisis tendrá lugar el 5 de marzo en Madrid, en la sede del CIAF, en presencia de agentes de la Policía Judicial y de un Letrado de la Administración de Justicia que extenderá acta de la diligencia practicada

El juez Peinado envía a la UCO los correos de la cuenta de Begoña Gómez en Moncloa y pide que los analice

Caso Lizeth Marzano: Juez suspende audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar hasta el martes 3 de marzo

Joven acusado de homicidio culposo tras atropellar y darse a la fuga sin auxiliar a la deportista de apnea, podría afrontar la investigación recluido

Cathy Juvinao denuncia presuntas irregularidades millonarias en la selección de jueces en Colombia: "El clientelismo captura las instituciones"

La congresista expuso presuntas anomalías graves en el concurso judicial del país, incluidos contratos inflados y subcontrataciones ilegales, además de los millonarios costos del concurso

Exfiscal Luis Gustavo Moreno recusó a la jueza 38 de Medellín, que tiene a su cargo el caso Metroparques: este es el motivo

El hoy abogado litigante, que oficia la defensa de Álvaro Villada solicitó el recurso en contra de la togada al considerar que su intervención previa en el caso de esta entidad del orden distrital compromete la imparcialidad y la legalidad del proceso

El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

En los próximos días, más de un millón de italianos en América Latina recibirán un sobre en sus casas. Se vota una reforma constitucional que busca separar las carreras de magistrados y fiscales. Mientras el gobierno de Meloni habla de "modernización", la oposición advierte por el fin de la independencia judicial

Distancia estratégica: libertarios miran desde afuera la tensión Juez - De Loredo

Mientras el líder del Frente Cívico y el referente radical cruzan dardos por lo bajo, LLA Córdoba se refugia en los triunfos parlamentarios a nivel nacional que logró en la semana. Los detalles del cónclave en la Quinta de Olivos y la lista de asistentes que acompañarán a Milei tras la apertura de sesiones: cena de "finger food" para consolidar la tropa propia de cara a 2027. Leer más

Sigue el veranito de Milei, pelea secreta por un ministerio y un paro de la AFA para meter miedo a los jueces

Se reabrió el casting de candidatos para reemplazar a Cúneo Libarona en Justicia. Como algo tenían que hacer y no sabían qué hacer, dirigentes del fútbol lanzaron una huelga.

Con casco y chaleco antibalas: tras el complot para matar a un juez, un fiscal y un ministro, trasladaron al "gaucho" narco al penal de Ezeiza

"Leonardo Airaldi, a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional". La frase, pronunciada en voz firme por un agente del SPF, abre los tres videos del operativo y marca el inicio del traslado. Mientras escucha, Airaldi permanece de pie, esposado, equipado con casco y chaleco antibalas, rodeado por personal táctico que verifica posiciones y repasa el procedimiento.El operativo formó parte de un movimiento de seguridad calificado como "sensible", adoptado en la antesala del juicio por narcotráfico que se reprogramó para el 3 de marzo y también a raíz de la causa paralela que investiga un plan criminal para asesinar a funcionarios judiciales y provinciales que habrían planeado el "gaucho" narco. El traslado no se limitó a un simple cambio de unidad: implicó una modificación de régimen para Airaldi, conocido como el gaucho narco, cuyo nuevo alojamiento contempla restricciones más estrictas, controles más frecuentes y un nivel de vigilancia diseñado para internos considerados de riesgo elevado por su capacidad operativa o por antecedentes de maniobras externas.Según la investigación judicial, Airaldi había estructurado un complot para matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal federal José Candioti y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El plan se iba a concretar la semana que está terminando. Para ello, el gaucho narco habría contratado a dos sicarios uruguayos, con un pago estimado en US$40.000, y había realizado averiguaciones sobre rutinas y desplazamientos de los funcionarios. El plan se malogró a partir de un aviso de otro narco preso al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que alertó a la Justicia sobre movimientos sospechosos dentro del penal donde el detenido estaba alojado. Ese informe derivó en allanamientos urgentes, en los que se secuestraron teléfonos, anotaciones y dosis de cocaína, todo incorporado como parte del cuadro probatorio que rodea al gaucho narco.La declaración del otro interno resultó determinante, al describir conversaciones en las que Airaldi habría manifestado su intención de concretar los homicidios mediante asesinos a sueldo. Ese testigo aportó detalles del supuesto plan y permitió reconstruir la secuencia en la que el detenido hablaba de dividir tareas entre dos vehículos, coordinar ataques en territorio uruguayo y disponer métodos para eliminar rastros. Con esos elementos, la Justicia ordenó medidas de protección reforzada para las potenciales víctimas y abrió una investigación independiente, a cargo del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, que avanza en paralelo al expediente principal.Por qué será juzgadoMientras tanto, la causa madre se centra en el tráfico de cocaína mediante el uso de una isla del río Paraná como plataforma de llegada, almacenamiento y circulación de cargamentos. Parte del caso se inició de manera fortuita: una denuncia por violencia de género permitió que la policía encontrara 28 ladrillos de cocaína en una vivienda situada en Puerto Gaboto, con etiquetas compatibles con envíos hacia Dubái. Ese hallazgo se vinculó, por fechas e indicios, con un decomiso mayor: el 26 de agosto de 2022, la Policía Federal incautó 1600 kilos de cocaína en un galpón de Rosario. 16 días antes habían aparecido los casi 29 kilos del primer procedimiento, ocultos bajo una cama en la casa del puestero. Para los investigadores, esos elementos consolidaron la hipótesis de una estructura logística sostenida, de la cual Leonardo Airaldi era uno de los engranajes centrales.El recorrido procesal del imputado incluye, además, una detención previa en Rosario, ocurrida el 22 de julio de 2023, cuando Gendarmería lo arrestó en una VW Amarok donde se secuestraron armas, droga y teléfonos. Ese vehículo quedó asociado a la estructura del narcotraficante bonaerense Miguel "Mameluco" Villalba y ayudó a delinear las conexiones de Airaldi con organizaciones que operan en distintos puntos de la región. En el expediente constan también comunicaciones peritadas, registros de movimientos y testimonios que describen el uso de la isla como punto de desembarco de embarcaciones de alta velocidad vinculadas al tráfico de cocaína.

Avanza el expediente contra un juez federal por presuntas expresiones antisemitas en redes sociales

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura analizará un dictamen que propone acusar al titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata por "mal desempeño" tras sus publicaciones en X

Dos jueces archivaron una denuncia contra Insfrán por transferir dinero de la provincia al Partido Justicialista

La Cámara Federal de Casación confirmó el archivo de una causa en la que se investigaba al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el supuesto desvío de $1.600 millones provenientes de fondos públicos de la provincia para el financiamiento del Partido Justicialista.El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la disidencia del juez Juan Carlos Gemigniani. Los jueces de la mayoría dijeron que no existió delito en las millonarias transferencias cuestionadas.La causa se originó a raíz de una denuncia que apuntaba a la transferencia de más de 1660 millones de pesos desde una cuenta del gobierno de la provincia de Formosa en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista. Estos movimientos se registraron entre el 2 y el 7 de octubre de 2024.El querellante, que es el abogado David Ezequiel Gamarra, denunció que esta maniobra era ilegal y vulneraba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.Argumentaron que el gobierno formoseño había dicho que había descontado a 90 funcionarios jerárquicos sumas de dinero hasta conformar esa suma como aporte al partido, cuando, según un organigrama oficial aportado por los denunciantes, solo existían 38 cargos de ese rango, sospechando que se obligaba a empleados de menor jerarquía a financiar al PJ.Una ley provincial permite financiar al PJ con estos descuentos.El archivo de la causa, que ya había sido dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal, se fundamenta en la "inexistencia de delito".La Justicia determinó que "el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias" practicadas a los haberes de los funcionarios públicos con rango jerárquico afiliados al PJ.La justicia estableció que la operatoria estaba respaldada por normativas vigentes: las leyes nacionales de partidos políticos (23.298 y 26.215) y una ley provincial.Pero además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio del partido se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.Además, estas retenciones estaban amparadas por un "convenio de descuentos de haberes" firmado en 2007. Las transferencias estaban bancarizadas, documentadas y auditadas por la Justicia Electoral.Insfrán gobierna Formosa desde hace 30 años de manera ininterrumpida. Asumió el 10 de diciembre de 1995, tras ganar las elecciones ese año. Antes fue vicegobernador entre 1987 y 1995.Fue reelecto en 2023 con el 69,9% de los votos de los formoseños que apoyaron al PJ. Su campaña se basa en la presencia del Estado en todos los aspectos de la vida social, aunque la provincia mantiene altos índices de pobreza. Hay 167 trabajadores estatales por cada 100 privados. La decisión de Casación se resolvió por mayoría, que declaró inadmisible el recurso de la querella.El juez Carlos Mahiques fue el primero en votar y propuso rechazar el recurso. Mahiques consideró que los argumentos de la querella eran "insustanciales e inconducentes" y que el fiscal Javier De Luca no logró demostrar que las decisiones de las instancias anteriores fueran arbitrarias o infundadas. Destacó que las transferencias tenían total "trazabilidad bancaria" y apoyatura legal. El juez Borinsky adhirió plenamente a la postura de Mahiques. Argumentó que la querella solo se limitó a "reiterar su propia perspectiva sobre el caso" y evidenciar una "disconformidad", pero sin desarrollar una crítica jurídica sólida que demostrara un defecto grave en las sentencias anteriores. Subrayó además que no había medidas de prueba pendientes que fueran determinantes para cambiar el rumbo de la causa y que a la parte querellante se le garantizó debidamente el derecho a la "doble instancia judicial".El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que el recurso de casación interpuesto resultaba "formalmente admisible" y propuso continuar con el trámite procesal fijando una audiencia para analizar el caso en profundidad, aunque aclaró que esto no implicaba abrir juicio sobre el fondo de la cuestión.Con dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar la inadmisibilidad de la queja y dar por cerrado el expediente.Según la investigación, entre los días 2 y 7 de octubre de 2024, se transfirieron 16.000 millones de pesos en concepto de pago de haberes desde una cuenta bancaria del gobierno de la provincia de Formosa, radicada en el Banco de Formosa SA, hacia una cuenta en el Banco de la Nación Argentina. Esta última cuenta receptora pertenecía al Partido Justicialista, Distrito Formosa, presidido por el propio gobernador Gildo Insfrán.La parte querellante denunció la operatoria como una maniobra de aparente legalidad pero "absolutamente ilegítima". La sospecha radicaba en una diferencia de números: el Ministerio de Economía provincial informó que los descuentos aplicados a esos haberes correspondían a 90 funcionarios jerárquicos, pero la querella aportó un organigrama oficial donde figuraba que la dependencia solo contaba con 38 funcionarios con ese rango.Ante esta discrepancia, los denunciantes aseveraron que se habría obligado a personal que no contaba con rango jerárquico a realizar aportes forzosos al Partido Justicialista local, lo que infringiría la ley.La Justicia desestimó la denuncia al comprobar que el movimiento de los fondos tenía justificación y origen lícito, pues las sumas transferidas tenían su origen en las deducciones efectuadas voluntariamente sobre los haberes de determinados funcionarios públicos afiliados al partido, y no de un desvío ilegal.

Luis Juez defendió la baja de la edad de imputabilidad: "Hace 35 años que la Argentina romantiza la delincuencia juvenil"

El senador de La Libertad Avanza respaldó en Infobae al Regreso la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó la "hipocresía" de quienes durante años minimizaron el problema y ahora critican la reforma

Desaparición de Loan: fuerte cruce entre fiscales y jueces por la decisión de empezar el juicio el 7 de octubre

CORRIENTES (de un enviado especial).- Fue una sorpresa que generó indignación en los fiscales y en María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan Danilo Peña, cuando escucharon que el presidente del Tribunal Oral Federal, Fermín Cereloni, anunció que el juicio por la desaparición del niño comenzaría el 7 de octubre y que estaba previsto que se realizaran dos audiencias por semana hasta diciembre; es decir, en tres meses, en un debate que tendrá, como mínimo, 160 testigos."Este caso no es común. Tenemos un chico desaparecido, cuyos padres, que están sentados en primera fila, quieren encontrarlo y saber qué pasó. No podemos empezar este juicio el 7 de octubre", aseguró el fiscal federal Carlos Schaefer. Esta nueva postergación es lo que, en definitiva, pretendían las defensas de la mayoría de los 17 acusados, cuyas evidencias en su contra prueban â??según la mirada del Ministerio Público Fiscalâ?? que Loan fue retenido y extraído del naranjal cercano al campo de su abuela, Catalina Peña, en las afueras de 9 de Julio, donde se había realizado un almuerzo que terminó siendo el último lugar donde fue visto el chico. Para la fiscalía eso está acreditado en la instrucción que realizó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en los 93 cuerpos del expediente enviados el año pasado a Corrientes.El malestar y el rechazo que generó la fecha que estableció el tribunal â??conformado por Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Braccoâ??, que fijaba el inicio para dentro de más de siete meses, hizo reflexionar a los jueces, quienes decidieron analizar y estudiar el tema. La desprolijidad del tribunal y el apuro por terminar la audiencia preliminar antes del mediodía dejaron esta situación en una especie de limbo. "No entiendo para qué se hizo esta audiencia preliminar si no se decidió nada", afirmó Schaefer.Casi todos los acusados seguían la audiencia de manera virtual desde sus celdas en distintas partes del país. El único que se desconectó fue Antonio Benítez, pero el resto â??como Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Macielâ?? estuvieron atento a sus pantallas. Cuando tengan que declarar deberán ser trasladados a la ciudad de Corrientes.Parecía que los magistrados estaban en otra dimensión, muy distinta a la que deambula la familia de Loan desde el 13 de junio de 2024, cuando el niño desapareció. "Tenemos que guardar respeto a esta familia", insistió Schaefer, mirando a María y José Peña, que estaban sentados en unos pupitres a dos metros del estrado, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste. No se sabe cuándo comenzará el juicio, aunque, según los fiscales, las condiciones están dadas para que sea de inmediato."Me parece un disparate. Si es posible, queremos que el juicio empiece en una semana o dos; queremos que sea lo antes posible", dijo María Noguera al finalizar la audiencia.Una parte considerable del tiempo de la audiencia la ocupó una discusión intrascendente: la decisión de los jueces de pedirles a dos mujeres de Goya, que reclaman la aparición de Loan, que se sacaran las remeras con la estampa del rostro del niño. "En este juicio no debe haber ninguna connotación política", sostuvo el presidente del tribunal, interpretando que ese reclamo podría estar motivado por alguna intencionalidad ajena al pedido de justicia.Otro punto de discusión fue la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, que incluye 161 testigos. El tribunal otorgó 15 días para readecuar la prueba, pero Schaefer indicó que esa tarea ya había sido realizada y que la audiencia era el ámbito adecuado para resolverlo. "Este sería el recinto y el momento para discutir, de esos 160 testigos, qué más piden las defensas. Si no, nos quedaríamos sin audiencia del día de hoy". El fiscal reiteró que mantiene un criterio de amplitud probatoria, aunque insistió en que el proceso debe avanzar sin dilaciones innecesarias.Los defensoresErnesto "Tito" González, abogado de Pérez y Caillava, había adelantado en la previa que la estrategia de la defensa se centraría en objetar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella. "Hay ciertas incongruencias en los planteos realizados por la querella y también por el Ministerio Público Fiscal. Tengamos un poco más de seriedad en cuanto a la cantidad de personas que pretendemos que vengan a declarar, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener declaraciones testimoniales que no van a durar dos minutos. Hay que depurar aquellas que sean verdaderamente útiles", señaló.Luego de la audiencia, que dejó un sabor amargo para los fiscales, Schaefer insistió en que el juicio es vital para que puedan surgir nuevos elementos en la búsqueda de Loan y para que se pueda romper el pacto de silencio entre los imputados. El fiscal reconoció que es relevante lo que hasta ahora logró determinar la investigación, aunque gran parte de la opinión pública considera que, al no hallarse a Loan, es un caso perdido.La esperanza del equipo fiscal es que durante el juicio se rompa el pacto de silencio que envuelve a los principales acusados. Según la causa, "intervinieron de manera coordinada" y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido. Las evidencias permiten determinar que Loan fue atropellado por la camioneta de Pérez y que, a partir de ese hecho, se planeó la desaparición del niño. El delito que se les endilga a estos acusados, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.A estos imputados, que están con prisión preventiva, se suman otros diez vinculados a la llamada Fundación Dupuy, que habrían entorpecido la investigación de la desaparición de Loan. El único de ese grupo que está detenido es Nicolás Gabriel Soria, conocido como el "falso yankee", quien se presentaba en Corrientes como agente de la CIA o de Interpol, pero había nacido en Avellaneda.Schaefer destacó, luego de la audiencia, que los principales indicios de que Pérez y Caillava ocultaron a Loan están determinados por las pruebas realizadas con perros, que marcaron que el chico estuvo en la camioneta Ford Ranger con la que el matrimonio asistió al almuerzo y en la que, tras la desaparición del niño, regresaron a 9 de Julio. Además, horas más tarde viajaron a Corrientes y a Chaco en otro auto, un Ford Ka. La sospecha es que ese viaje lo hicieron con Loan, aunque aún no está claro con qué fin.Los investigadores determinaron que entre las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción de Loan "para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy". En ese lapso, "Benítez, Ramírez, Millapi y Peña aprovecharon que José Peña (padre) y la abuela del niño se encontraban en la sobremesa conversando con el matrimonio Pérez-Caillava para apartar a Loan de su padre. Usaron la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños â??logrando así que el menor los acompañaraâ?? a un naranjal ubicado en un monte a más de diez minutos a pie, desde donde era imposible que el menor pudiera ser visualizado desde la casa de Catalina Peña, donde se encontraba su padre".En ese recorrido, y a medio camino hacia el naranjal â??donde ya se encontraba Benítezâ??, en una tranquera donde Ramírez esperaba a las mujeres y a los niños, Laudelina convenció a la prima de Loan de regresar a la casa con la excusa de que allí también había naranjas. De esa manera logró que todos los chicos se quedaran solos con los tres adultos que habían ido hacia allí y que participaron en la sustracción.La investigación señala que en el naranjal â??independientemente de las versiones ensayadas por los involucrados y del relato de los niñosâ?? se produjo "un suceso que desencadenó la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado", situación que para los fiscales "perdura al día de la fecha".La sospecha de los fiscales es que para sacar a Loan del lugar se utilizó "el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor".El llamado sospechoDurante esa tarde del 13 de junio, Laudelina llamó a Caillava, según detectaron las antenas. Luego, la esposa de Pérez llamó a la policía a las 15.37, pero el comisario Maciel ordenó que se asentara en el libro de guardia que la comunicación había sido a las 16.15. Más tarde, Caillava y Pérez se encontraron con Laudelina. La sospecha es que le ordenaron plantar el botín de Loan para desviar la investigación, mientras el matrimonio viajaba a Corrientes y a Chaco.El jefe de la Comisaría de 9 de Julio, Walter Maciel, según los fiscales, montó un falso escenario de búsqueda e impartió distintas órdenes con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo de Loan.En la investigación se concluyó que "la denominada zona cero de la desaparición fue rastrillada agotando todos los recursos posibles: el mismo día de la desaparición, el 13 de junio, y en los días inmediatamente posteriores; el 30 de junio; nuevamente el 24 de julio; el 15 de octubre; y, por último, el 18 de diciembre de 2024". "En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal", remarcaron.Aunque aún no hay certezas de que el juicio arranque antes del 7 de octubre, como estableció originalmente el tribunal, los abogados de María Noguera y José Peña pidieron a los jueces que se lleve adelante lo antes posible una reconstrucción de la desaparición de Loan en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio. "El 13 de junio se van a cumplir dos años de la desaparición de Loan y ustedes deben saber y tener dimensión del lugar donde ocurrió esta tragedia", afirmó uno de los abogados de la querella, quien pidió, antes de que se cerrara la audiencia, que los magistrados le dieran la posibilidad de hablar a la madre de Loan. El presidente del tribunal se olvidó de este pedido y dio por terminada, a las 12.45, la fallida audiencia preliminar de un juicio emblemático.

Revés para el Gobierno: un juez rechazó el ingreso de carne con hueso a Santa Cruz

El Juzgado Federal de Río Gallegos le asestó un duro golpe a la estrategia de flexibilización sanitaria impulsada por el gobierno nacional en la Patagonia. En un fallo que sienta un fuerte precedente regional resolvió "hacer lugar" a la acción de amparo presentada por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y declaró la nulidad y la inaplicabilidad en la provincia de la resolución 460/2025 del Senasa. Esa región es libre de aftosa sin vacunación. La polémica normativa firmada por el expresidente del Senasa, Pablo Cortese, dictada a fines de junio de 2025, disponía el levantamiento de la histórica barrera fitosanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso plano bovino y otros productos desde zonas libres "con vacunación" (el norte del país) hacia las zonas libres "sin vacunación" de la Patagonia."Camino erróneo": reparos de una entidad del campo a un punto sensible del acuerdo con Estados UnidosPara los productores ovinos y bovinos del sur, según se desprende del fallo, la resolución representaba una amenaza al estatus diferencial reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), una "chapa" que les permite colocar sus productos en los mercados más exclusivos de Europa y el mundo.La sentencia, que lleva la firma electrónica del juez federal Claudio Marcelo Vázquez, desmenuza los argumentos técnicos y jurídicos de ambas partes. El Senasa defendió su resolución asegurando que respondía a criterios técnicos actualizados y que el riesgo epidemiológico era "mínimo", "insignificante" o "muy bajo". Sin embargo, para el magistrado, esa admisión fue la clave del revés judicial. "Tal afirmación resulta decisiva: el propio órgano técnico reconoce que el riesgo no es nulo. Cuando el riesgo no es inexistente, la cuestión a resolver (...) es si resulta constitucionalmente razonable asumirlo en una zona que detenta el máximo estándar sanitario nacional, sin que se haya acreditado en autos un beneficio sanitario concreto que justifique esa asunción ", argumentó el juez.Apoyándose fuertemente en el "principio precautorio", rector en materia ambiental y sanitaria, el fallo dictamina que ante la falta de un beneficio claro y frente a un riesgo latente de reintroducción de la fiebre aftosa â??una enfermedad que genera pérdidas globales multimillonariasâ??, se debe optar por la alternativa que preserve el estatus sanitario consolidado.El fallo firmado por Vázquez no solo se sostiene en cuestiones técnicas, sino que pondera el peso económico y cultural de la ganadería en la región. El magistrado destacó que la actividad ganadera ovina en Santa Cruz "no fue una actividad secundaria, sino el eje fundacional de la economía patagónica continental".El magistrado subrayó que, a diferencia de otras industrias extractivas como la minería o los hidrocarburos, "la actividad ganadera se proyecta en el tiempo como modelo de aprovechamiento renovable del territorio", asociado al arraigo rural y a la continuidad intergeneracional. Por lo tanto, consideró que exponerla a un riesgo evitable resulta "irrazonable". Valoró que la propia provincia de Santa Cruz está avanzando en el dictado de un marco legal propio (Ley Provincial N° 3945) para reforzar los controles fitosanitarios.Tras conocerse la decisión judicial, el sector productivo consideró la medida como un triunfo en defensa del patrimonio sanitario regional. César Guatti, representante de FIAS en la Mesa Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó su satisfacción."Evidentemente, tenemos la satisfacción de que el trabajo de la presentación de este recurso llegó y creemos que interpretó bien el sentido de los productores de Santa Cruz y de la Patagonia", señaló Guatti a LA NACION. El dirigente destacó que el juez "ha visto el porqué de la solicitud de este recurso de amparo ante algo que tiene una potencialidad muy grande de poder dañar a las producciones locales".Más allá del alivio inmediato, Guatti planteó la necesidad de un cambio de paradigma en la relación con el gobierno nacional: "La enseñanza que nos deja esto, que creo que es lo más importante, es que debemos trabajar juntos los organismos del Estado y los productores particulares en un esfuerzo público-privado, consensuando las medidas que se van a tomar, propendiendo siempre al bien común y sin favorecer a ninguna de las partes. Esto nos tiene que dar este espacio de reflexión para que en el futuro todas las medidas que se vayan tomando sean consensuadas y consoliden algo que sea perdurable en el tiempo".La histórica "barrera del río Colorado" es un control sanitario interno que separa a la región patagónica del resto de la Argentina. Su función principal es actuar como un escudo protector para evitar el ingreso de enfermedades animales, fundamentalmente la fiebre aftosa. Gracias a este estricto control, que prohíbe el paso de carne con hueso y animales vivos desde el norte (donde sí se vacuna a la hacienda contra la aftosa) hacia el sur, la Patagonia ostenta el estatus internacional de "zona libre de aftosa sin vacunación". Este sello de calidad no solo garantiza la sanidad de los rodeos sureños, sino que es la "llave maestra" comercial que permite a los productores patagónicos exportar sus carnes a los mercados más exigentes y mejor pagos del mundo, justificando así la férrea defensa que hacen de esta restricción.

Luis Juez defendió la reforma de la Ley de Glaciares y negó un giro en su postura

El senador nacional por Córdoba sostuvo que la actualización mantiene la protección sobre glaciares y áreas periglaciares. En diálogo con Punto a Punto Radio, afirmó que el proyecto busca armonizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo de las provincias. Leer más

Exgerente de SGISE dijo a la jueza que se enteró "por redes" del Cecopi del 29O y que no tenía responsabilidad operativa

Durante su declaración judicial, Raúl Quílez afirmó haber conocido la celebración del Cecopi a través de plataformas sociales, asegurando que su papel se limitaba exclusivamente a la gestión empresarial y negando cualquier vínculo directo en las operaciones durante la emergencia del 29 de octubre

Juez Vaca Narvaja sobre el patrimonio de Oscar González: "Se han detectado más de 50 inmuebles"

El juez federal le otorgó la excarcelación bajo caución en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. El exlegislador provincial estaba detenido en su domicilio. Leer más

Ley de "dos chetos", el iglú de Juez y la canción de Queen de Bullrich: "perlas" de un larga jornada en el Senado

La sesión en la que se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur dejó algunos discursos y posteos que lograron llamar la atención. Leer más

La exjefa de prensa de Mazón dice a la jueza que informaron de dónde estuvo el 29O "por lógica" y no porque lo supieran

Magaly Medina recordó con indignación su juicio con Jefferson Farfán: "No maté a nadie y tres jueces le han dado la razón"

La periodista sostuvo que mientras a ella la condenaron por un tema mediático, en otros casos se intenta minimizar una muerte o la defensa de Marisel Linares

Otro juez en apuros

El juez federal de Rosario Gastón Salmain está dando manotazos de ahogado. Arrinconado por denuncias de corrupción, busca un atajo para evitar su destitución. Mientras el Consejo de la Magistratura mantiene en vilo el avance de su juicio político, Salmain optó por la estrategia más desesperada: recurrir a los tribunales de Comodoro Py para denunciar al "arrepentido" que lo ha señalado directamente por coimero.Salmain se encuentra procesado con prisión preventiva por delitos que lo llevarían a la cárcel, pero son sus fueros de juez los que, escandalosamente, lo protegen. En un intento por salvarse la ropa, arremetió con una denuncia contra el financista Fernando Whpei, el "arrepentido". Sorteada y radicada en el juzgado de María Servini, la denuncia parece el viejo y conocido truco de abrir una causa paralela para boicotear el expediente principal.Pero el fiscal Carlos Rívolo, advertido de la maniobra, no está dispuesto a tramitar "contracausas". Por eso dictaminó que el caso debe ser resuelto en el mismo juicio contra Salmain y se pronunció por enviar el caso a la justicia federal de Rosario. La jueza Servini resolverá. Mientras tanto, Salmain debe enfrentar investigaciones en la Justicia Federal Penal y en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que debe velar por la probidad de los magistrados.El juez está formalmente procesado en Rosario por delitos graves. La acusación, robustecida por la colaboración de Whpei, sostiene que Salmain operó para favorecer judicialmente a un fideicomiso y sus controladores. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Santiago Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares, equivalentes al 10% de la diferencia entre el precio del dólar oficial y el del dólar "blue". Pero el plan no salió del todo bien: pese a que los fallos se dictaron en tiempo exprés, el negocio se frustró por la devaluación derivada de las medidas del nuevo gobierno. Así, el 10% de la operación quedó en menos de 20.000 dólares.Según Whpei, el juez se negó a aceptar ese dinero ya que quería el monto que se había hablado originalmente, y de no hacerse efectivo, sería denunciado penalmente, de acuerdo con lo que le habría advertido Busaniche. El financista arrepentido dijo en su confesión que él se negó a pagar esa cifra y que terminó denunciado. Los fiscales de Rosario confirmaron datos de su declaración a través de los propios movimientos de las causas y de geolocalización de los teléfonos. La causa penal contra Salmain se incrementó con nuevos cargos. Se lo acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por intentar usar su poder para identificar a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participaron en los allanamientos. Esta conducta, según los fiscales, es de una gravedad extrema, pues constituye un intento descarado de interferir en una causa penal en la que él mismo está imputado.Paralelamente, el Consejo de la Magistratura lo investiga por graves irregularidades. La lista es muy larga: tiene cinco denuncias, tres de ellas están en la Comisión de Disciplina, donde se decide si los jueces reciben alguna sanción económica, y dos en la Comisión de Acusación, donde se resuelve si los jueces deben ser removidos por juicio político.El juez es además investigado por la denuncia del fiscal general Javier Arzubi Calvo, por conductas ilícitas, asociación ilícita, abuso de autoridad y cohecho; por connivencia con exagentes de la AFIP de Rosario y por lavado de activos. En otro caso se le imputa abuso de autoridad, por la presunción de que usó su cargo para realizar averiguaciones sobre causas en su contra.En la Comisión de Disciplina es investigado por parcialidad manifiesta en una causa contra la AFIP; por haber mentido en el concurso para su designación en Rosario, al omitir que había sido expulsado de la Justicia tras una denuncia por soborno a una empleada; por tentativa de manipulación del sistema informático judicial y el posible ejercicio profesional incompatible con la función judicial. Además, se lo investiga por haberse excusado masivamente en 567 causas previsionales invocando de manera genérica razones de decoro.El paso de los expedientes a la Comisión de Acusación, es la antesala del abismo. Ya no se trata de meros errores administrativos, sino de conductas que podrían justificar, en el corto o mediano plazo, el inicio de un merecido juicio político para destituirlo.

Daniel Quintero perdió batalla judicial contra Federico Gutiérrez: juez declaró improcedente tutela por polémica publicación en X

Un juzgado de Medellín concluyó que no se acreditó el requisito de subsidiariedad ni la existencia de un perjuicio irremediable en la acción interpuesta por el exalcalde, relacionada con un mensaje difundido el 22 de enero de 2026

Guerra De Loredo vs Juez: ahora la pelea es por la fecha de los actos

El exdiputado radical confirmó un megaevento en el Quality el 14 de marzo. Desde el entorno de Juez deslizan que ellos también estaban armando un acto similar. Los militantes deberán elegir a donde van y las distancias se agrandan. Leer más

Causa AFA: la jueza Ángela Ledesma reemplazará a Mahiques

La jueza tomará el lugar de Mahiques, que renunció por tener mucho trabajo en otras Salas. Se sospecha que el corrimiento fue porque se conoció información que lo vincula con la quinta de Pilar relacionada en la causa de la AFA Leer más

Un juez archiva la causa del supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Municipal de Madrid en 2021

El magistrado ha determinado que la investigación sobre supuestas irregularidades en exámenes para acceder al cuerpo policial carece de pruebas sólidas, por lo que los altos mandos quedan exonerados y se retiran todas las medidas cautelares impuestas

Angela Ledesma reemplaza a Carlos Mahiques en el caso para decidir que juez investiga la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino

El tribunal decidió por consenso que la camarista vote en este caso que preocupa a la conducción de la AFA.

El juez procesa al exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco por su "entramado" de los cursos de formación

Freno a las deportaciones exprés: un juez bloqueó la política de enviar migrantes a "terceros países" y dio 15 días para apelar

Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo con respecto a la política de deportaciones a terceros países por parte del gobierno de Donald Trump. A partir de la decisión judicial, las autoridades estadounidenses no podrán concretar las expulsiones de migrantes de esta manera sin antes brindar derecho a una impugnación y evaluación del riesgo. La sentencia del magistrado comenzará a regir recién en 15 días.Juez bloquea deportaciones a terceros países sin debido procesoEl texto forma parte de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En ese contexto, Brian Murphy, juez federal de Boston, evaluó la situación y publicó una resolución.Según consta en el documento, esto establece el fallo:El juez declaró ilegal y bloqueó la política del DHS, plasmada en guías de marzo y julio de 2025, que permitía deportar a no ciudadanos a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de impugnar.Murphy determinó que los migrantes tienen el derecho constitucional y estatutario a recibir una notificación antes de ser deportados. Además, deben poder solicitar protección contra esa decisión basada en el temor a persecución o tortura en ese país específico.Según el fallo del juez, EE.UU. debe priorizar el intento de enviar al extranjero al país del cual es ciudadano antes de buscar otro destino.En esa misma línea, el magistrado sostuvo que la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda se aplica a todas las personas dentro de EE.UU., por lo que el DHS no puede enviar a migrantes a terceros países sin el proceso legal adecuado.Por último, Murphy indicó que las garantías diplomáticas generales de que un país no torturará a nadie no son suficientes para sustituir el derecho de un individuo a una evaluación personalizada de su caso.La decisión del juez sobre las deportaciones no se aplicará durante 15 díasA pesar de que el juez Murphy decidió bloquear los procedimientos del DHS que enviaban a migrantes deportados a terceros países sin posibilidad de defensa, por ahora el cambio no se aplica.El magistrado resolvió suspender los efectos del fallo durante 15 días. Murphy consideró que por la relevancia del tema era necesario brindarle ese tiempo para que la administración Trump pueda solicitar una suspensión adicional mientras se tramita la apelación en la Corte.De acuerdo con Reuters, EE.UU. espera que el conflicto legal escale hasta una resolución de la Corte Suprema.Trump y su estrategia de deportar migrantes a países distintos al de origenDurante el segundo mandato del republicano, las autoridades estadounidenses firmaron múltiples acuerdos con países de distintas partes del mundo para que reciban a deportados extranjeros.El caso que más revuelo generó fue el de los venezolanos enviados a El Salvador, lo cual desató una disputa judicial que todavía suma nuevos capítulos.Recientemente, un informe de The New York Times reveló que la administración Trump envió a nueve migrantes deportados a Camerún, ninguno de ellos oriundo del país africano.La medida generó polémica porque el DHS no había informado públicamente sobre ningún acuerdo con esa nación. Según The New York Times, a los migrantes se les indicó que podrían abandonar Camerún si aceptaban ser deportados a sus países de origen.

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

Los familiares de las víctimas acusaron al presidente del Congreso de interferir en un proceso por graves violaciones de derechos humanos, pero la Fiscalía decidió no investigar

Consejo de la Magistratura: más pruebas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain

La comisión de Acusación se reunió este miércoles y resolvió incorporar nueva documentación en la causa contra el juez federal de Rosario. Se postergó la decisión por la apertura de juicio político contra el magistrado Alfredo López. Leer más

Juez ordenó desarchivar la investigación por presunta injuria y calumnia que involucra a Andrés Pastrana y Gustavo Petro

La decisión fue confirmada por el abogado del presidente, quien informó que durante la audiencia alegó por nuevos elementos probatorios y un presunto patrón de conducta en publicaciones en X

Cuadernos de las Coimas: el Tribunal del juicio rechazó un intento de Ricardo Jaime para apartar a uno de los jueces

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) rechazó in limine un intento del exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime de apartar por presunta falta de imparcialidad a uno de sus jueces, Fernando Canero, en el juicio de los Cuadernos de las Coimas.A través de su abogada defensora, Abril Semorile, el exsecretario de Transporte sostuvo que el magistrado no podía juzgarlo, puesto que ya lo había hecho en una causa anterior, cuando integró el TOF 6 y lo condenó a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Entre otras cuestiones, afirmó que ese Tribunal todavía no había acatado una orden de la Casación, de noviembre de 2024, para convocar a una audiencia y revisar su condena. Su defensa planteó la recusación 15 minutos antes del inicio de la audiencia de este martes. El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, optó por no frenar el desarrollo del juicio y darle un tratamiento paralelo al pedido de Jaime.Ayer, tras la audiencia, el Tribunal resolvió rechazarlo al sostener que el hecho de haber dictado una sentencia anterior en su contra no convierte al juez Canero en un juez parcial. Además, el Tribunal afirmó que la solicitud era "ostensiblemente extemporánea", puesto que la oportunidad para recusar a los jueces fue cuando se citó a juicio, hace casi cinco años, en agosto de 2021. Los jueces marcaron también que las críticas que la defensa tenga contra el otro expediente por el cual Jaime ya fue condenado deben tramitarse por las vías correspondientes a aquella otra causa. Jaime está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una pena unificada de seis años de prisión por la tragedia del tren de Once. Fue condenado en otros procesos de corrupción por sustracción de pruebas y dádivas y ya cumplió más de 7 años de su pena. En el caso de los Cuadernos de las Coimas, Jaime está acusado de ser uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita dentro del área de transporte que comandó entre mayo de 2003 y julio de 2009. Según confesiones de arrepentidos como Aldo Roggio (Metrovías S.A.) y Benjamín Romero (Ferrovías S.A.), Jaime les exigía a los empresarios el 5% de los subsidios estatales que recibían las empresas para la explotación de las líneas de ferrocarril Belgrano Norte y Urquiza. Testigos como el exsubsecretario Ricardo Cirielli y el exsecretario Víctor Gutiérrez también afirmaron haberlo visto frecuentando a Néstor Kirchner en horarios nocturnos portando bolsos de cuero o mochilas. También se registró que tuvo casi 400 comunicaciones con Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner y encargado de recibir los bolsos con dineroAyer, en el marco de las "cuestiones preliminares" del juicio, su defensa pidió su sobreseimiento, solicitó una amplia serie de nulidades, que incluyó un pedido para hacer caer la elevación a juicio y las declaraciones de los arrepentidos, y afirmó que los delitos que se le achacan están prescriptos.

Nuevo avance contra el juez Gastón Salmain en el Consejo de la Magistratura

La Comisión de Acusación pidió pruebas por una nueva imputación contra el magistrado de Rosario, procesado por coimas. A la par, se postergó la decisión sobre el juicio político al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López

El juez del 'caso Errejón' pide a Mouliaá que aporte informes médicos y un parte de baja laboral

El CGPJ refuerza con una jueza sustituta el juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente de Adamuz

Causa Cuadernos: el Tribunal rechazó en duros términos una maniobra para apartar a uno de los jueces

A casi cuatro meses del inicio del juicio oral a Cristina Kirchner y otros 85 acusados, la defensa del ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime intentó sacar del juicio a uno de los tres jueces del Tribunal

Jueces: un paso clave en la autonomía de la ciudad

La discusión sobre la designación de jueces para los tribunales ordinarios "nacionales" con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es meramente administrativa ni coyuntural. Es, ante todo, una cuestión constitucional. Desde la reforma de 1994, el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoció la autonomía de la Ciudad y le otorgó facultades propias de legislación y jurisdicción. Sin embargo, más de treinta años después, subsiste un sistema judicial residual que mantiene en la Ciudad de Buenos Aires un esquema híbrido, ajeno al diseño federal que rige en el resto del país. El problema no es solo institucional: es también funcional. Hoy los juzgados civiles, comerciales, laborales y penales nacionales presentan vacancias cercanas al 40%. La consecuencia es una sobrecarga estructural para los magistrados que subrogan, acumulando causas propias y ajenas, con el consiguiente aumento de la mora judicial. A ello se suman códigos procesales antiguos, excesivamente escritos y formales, que generan dilaciones innecesarias, y un sistema tecnológico que no responde a los estándares actuales de eficiencia. Frente a este panorama, podría pensarse que la solución inmediata es cubrir las vacantes. Pero la cuestión de fondo es quién tiene la potestad constitucional para hacerlo. El fallo "Ferrari c/ Levinas" marcó un punto de inflexión. Allí, la Corte Suprema no solo reafirmó la autonomía porteña, sino que aplicó de manera concreta el mandato constitucional. Recordó que, conforme a la ley 48, las cuestiones federales radicadas ante la justicia local deben llegar a la Corte luego de "fenecer" ante el máximo tribunal de la jurisdicción respectiva, como sucede en todas las provincias. Más aún, el Tribunal advirtió que la demora excesiva e injustificada en cumplir con un mandato estructurante del federalismo constituye una omisión inadmisible. La transferencia paulatina no puede transformarse en paralización indefinida. El argumento de la gradualidad pierde sustento cuando el proceso lleva más de tres décadas. En ese contexto, continuar designando jueces ordinarios "nacionales" en la ciudad mediante el procedimiento previsto para magistrados federales implica desconocer el alcance de lo resuelto por la Corte. La designación de jueces ordinarios en la ciudad corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los mecanismos establecidos por su propia Constitución. No se trata de un debate corporativo ni de una disputa política. Se trata de respetar la supremacía constitucional y el diseño federal argentino. El propio Poder Ejecutivo Nacional ha reconocido la necesidad de avanzar en la transferencia al dictar la Resolución 179/2025 del Ministerio de Justicia, que creó una comisión conjunta con la Ciudad para trabajar en ese proceso. En el fuero laboral, incluso, se firmó un acuerdo que orienta los nuevos litigios hacia la justicia porteña y limita nuevas designaciones, dejando a los tribunales actuales como residuales respecto de causas en trámite y supuestos específicos. Ese criterio debería extenderse a los fueros civil, comercial y penal. Avanzar hoy en nuevas designaciones bajo el esquema anterior no sólo agravaría el conflicto institucional: consolidaría un modelo que la propia Corte ha puesto en cuestión. Existe una alternativa más razonable y respetuosa del orden constitucional: cubrir progresivamente las vacantes mediante el sistema previsto por la Constitución de la Ciudad, acompañando el traspaso y evitando tensiones innecesarias con los magistrados actualmente en funciones. Después de más de treinta años, la autonomía de la Ciudad no puede seguir siendo una cláusula pendiente de ejecución. El federalismo argentino exige coherencia entre lo que la Constitución manda y lo que las autoridades hacen. Persistir en el esquema actual sería un error institucional serio. Cumplir el mandato constitucional, en cambio, es una obligación ineludible. Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

Indignación por libertad del presunto feminicida de Laura Valentina Lozano: juez aseguró que no es peligroso para otras mujeres

El señalado asesino, identificado como José David López Celis, intentó suicidarse después de cometer el crimen

Juez legalizó la captura del concejal Alexis Castillo señalado por violencia intrafamiliar: denuncias incluyen golpes y humillaciones

La diligencia judicial se realizó de manera virtual y marca el inicio de la etapa de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el cabildante del Partido Conservador

Un juez, una carrera, un cumpleaños

Nadie lo vio el lunes caminando por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. Fue raro y excepcional. Pero el juez Carlos Mahiques desarmó el misterio cuando anunció, ya en horas de la noche de ese lunes ausente, que se apartaba del caso relacionado con el enorme escándalo de la AFA. Había transcurrido un día y medio desde que LA NACION, en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, revelara que ese magistrado había celebrado en noviembre pasado sus 74 años en la monumental quinta de Pilar que se atribuye al jefe de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su principal colaborador y tesorero de esa organización, Pablo Toviggino. Mahiques integraba el tribunal de la Cámara de Casación (la más alta instancia penal del país) que debía resolver si la investigación sobre la titularidad de esa inmueble, formalmente registrado a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero que se presume fungieron como testaferros de Tapia o Toviggino, debía caer en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que es lo que querían los investigados dirigentes del fútbol, o si volvía al despacho del juez en lo Penal Económico de la Ciudad Marcelo Aguinsky, con fama de más independiente. Durante ese lunes ingrato, Mahiques descubrió que "razones estrictamente funcionales" lo obligaban a renunciar a ese tribunal de Casación que resolvería sobre la competencia del juez de la AFA, del que era juez subrogante, aunque continuará en el tribunal del que es miembro titular. En su renuncia, no existe una sola línea aclaratoria de lo que pasó con su cumpleaños y la fastuosa quinta de Pilar, donde seguramente fue hospedado por sus auténticos dueños. Los pobres testaferros que figuran en las escrituras no deben ni saber que existe Mahiques. Tampoco consignó un pedido de disculpas público por semejante escándalo judicial. Cerca de Mahiques, patriarca de una dinastía de magistrados, solo lo justificaron señalando que su festejo fue en noviembre y que el desenfreno público por los inexplicables manejos de demasiado dinero en la AFA sucedió en diciembre. ¿Cómo? Hasta los que no saben de fútbol, sí saben que en la dirigencia del fútbol argentino (y también en el mundial, al menos en el pasado) existen prácticas corruptas. Repitamos: son los dirigentes de la burocracia del fútbol, no los jugadores del popular deporte los que están bañados por la mancha del escándalo, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Mahiques, quién negó atrevidamente que haya existido esa fiesta, le dijo también a Alconada Mon: "¿Y si fuera cierto, cuál sería el inconveniente?". Puso el mismo énfasis para separar su vida privada de su gestión como juez. Vale la pena recordar los Principios de Bangalore, que se escribieron para guiar la conducta de los jueces. Cuando ese estatuto se refiere a la independencia de los jueces, dice en su artículo 1.2: "Un juez deberá ser independiente en relación con la sociedad en general y en relación con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez". Quiere decir que Mahiques debió excusarse de opinar sobre la cuestión de la AFA antes de que se conociera que él había festejado su cumpleaños en una propiedad de los caudillos de la AFA. No lo hizo. Si pasa, pasa. Principios de Bangalore: "Un juez exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial". Otro párrafo de ese decálogo: "Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismos, predisposición o prejuicios". Uno más: "La corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez".El problema no es solo Mahiques. Numerosos jueces y fiscales estaban (¿están?) vinculados fuertemente con la AFA, a tal punto que la prestigiosa Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidió públicamente que los magistrados se apartaran de la organización del fútbol. De hecho, hace 20 días le requirió al jefe de los fiscales, el procurador Eduardo Casal, que le ordenara al fiscal Ramiro González que abandonara el Tribunal de Ética de la AFA, quien había renunciado a ese puesto en silencio, a fines del año pasado, tras la proyección del escándalo en el fútbol. Ramiro González también cayó abatido por un fiesta fastuosa y millonaria para celebrar sus 60 años. Los cumpleaños son la perdición de quienes deben interpretar las leyes y hacer justicia. González fue denunciado ante la Justicia por los gastos de esa fiesta, pero una colega suya, la fiscal Paloma Ochoa, pidió que se desestimara el caso. Sin impulso de la fiscal, el juez Sebastián Casanello no tuvo otra alternativa que archivar la denuncia. El jefe de los fiscales de la Capital, Juan Bautista Mahiques, hijo del juez, también ocupaba un cargo, el de vicerrector, en la Universidad de la AFA, una audaz y reciente creación del encartado Tapia. El presidente de la AFA llamó a una huelga de partidos de fútbol por el solo hecho de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante llamó a indagatoria y les ordenó la prohibición de salir del país a Tapia y a Toviggino, luego de recibir una denuncia del ARCA (ex-Afip) por presunta evasión tributaria y de los aportes previsionales. Jueces y fiscales amigos rodean a esos personajes. ¿Por qué lo castigan a Tapia con tanta saña, entonces, si tiene tantos magistrados cerca? La decisión de un juez merece una huelga. Tapia es desmesurado hasta para (no) entender la misión de las instituciones.La lista de magistrados ligados a la AFA es mucho más amplia. El presidente del Tribunal de Ética de la AFA sigue siendo, por lo menos en la página web de la organización del fútbol, otro juez de la Cámara de Casación: Diego Barroetaveña, quien anunció en diciembre que renunciaba a ese cargo después de que estallara el millonario escándalo que tiene atrapados a los máximos dirigentes del fútbol. Su nombre continúa figurando como presidente de ese tribunal. Según la página oficial de la entidad, el fiscal Ramiro González sigue integrando ese mismo Tribunal de la AFA. El juez de la Cámara Federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci es miembro del Tribunal de Resoluciones de Disputas de la AFA, y el también camarista federal tucumano Ricardo Sanjuan es otro miembro del Tribunal de Ética. Y ya anunciaron su renuncia el camarista federal de San Martín Néstor Barral, quien formaba parte del Tribunal de Ética de la AFA, y Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional de la Capital. El camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. Este Fernández es hermano de Javier Fernández, a quien se le atribuye una histórica influencia en los tribunales, sobre todo durante el largo kirchnerismo. "Soy un soldadito del peronismo", se dibujó a sí mismo el propio Javier alguna vez. Ante tanta promiscuidad entre jueces y la perdurablemente cuestionada AFA, un último párrafo de Bangalore: Un juez no debe "servir como miembro de cualquier cuerpo oficial, o de otras comisiones, comités o cuerpos asesores, si tal condición de miembro es inconsecuente con la imparcialidad percibida y con la neutralidad política de un juez". Los cargos en la AFA son ad honorem, pero las entradas para partidos de fútbol, los viajes y los hospedajes son costosos regalos. ¿Qué hacen esos jueces en una organización que todos sabían que caería en investigaciones judiciales, más pronto que tarde, según el más elemental sentido común? ¿Por qué un juez como Mahiques arriesgó su carrera judicial por el fastuoso lugar para festejar su cumpleaños? "Hubo una excusación implícita con su renuncia al tribunal", lo defendió ayer un colega suyo. Puede ser, pero â??debe reiterarseâ?? eso ocurrió después de que se conoció la escandalosa información. Otra defensa que se escuchó sobre la actitud del juez Mahiques es la diferencia de su actitud con la del juez federal Ariel Lijo, quien no reaccionó ante los innumerables cuestionamientos que recibió cuando fue propuesto por el gobierno de Milei como miembro de la Corte Suprema de Justicia. El Senado rechazó luego su postulación por una abrumadora mayoría. "Mahiques reaccionó en 24 horas y se apartó", lo protegen. Este argumento tiene más consistencia que el que subrayaba que la fiesta fue anterior al escándalo.La Corte Suprema merece un párrafo aparte. Existen dos vacantes en un tribunal integrado formalmente por cinco miembros. O hay unanimidad de los tres que están en funciones o deben llamar a conjueces para que decidan como miembros de la Corte Suprema. El peronismo se está desgajando en el Senado (también en Diputados) y el liderazgo de Cristina Kirchner, otrora implacable, está definitivamente herido. El Gobierno podría cubrir las dos vacantes con un representante propio y con otro del peronismo razonable, y con los votos del radicalismo y de Pro; la buena noticia es que ya no depende de Cristina Kirchner para reunir los 48 votos que necesita. La Constitución obliga a un acuerdo para los miembros de la Corte y para el procurador general (jefe de los fiscales) con los dos tercios de los votos del Senado. Son 48 votos.Una franja del Gobierno (¿Patricia Bullrich?) supone que deben esperar hasta las elecciones de 2027 para ganar más senadores de La Libertad Avanza y poder nombrar a dos jueces propios en la Corte. Se supone que ahora, como vemos, solo debería nombrar a uno y reclamarle a la oposición que postule al otro. Es posible que esta línea la promueva Patricia Bullrich; ella merodea siempre los extremos. Esa es una mirada ingenua de la política. En primer lugar, porque nunca el Gobierno tendrá los 48 senadores que necesita. El Senado renueva solo a un tercio de sus miembros en cada elección. Y en segundo lugar, aunque es el motivo más importante, porque necesita asegurarse ahora cierta previsibilidad en las votaciones de la Corte. Seguramente, llegarán al máximo tribunal de Justicia del país la reforma laboral y también el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley que se anuncia para modificar el servicio de inteligencia. El DNU autoriza a los agentes de la SIDE a detener personas en ciertas circunstancias. Si un juez supremo disintiera con los otros dos que existen ahora en algunos de esos casos (o en otros sensibles para la administración de Milei), la Corte deberá llamar a conjueces, que se sortean entre los presidentes de las cámaras federales. El Gobierno entraría en terra incognita, porque nadie sabe nunca cómo pueden decidir los conjueces. El optimismo irrazonable de algunos políticos debería tener en cuenta lo que le sucedió a Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales. Sus candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se convencieron entre ellos de que el que ganara la lucha interna sería el próximo presidente. Ni siquiera entraron al balotaje, que lo protagonizaron Milei y Sergio Massa. La política es una marea que sube y baja.

Una cumbre de jueces y abogados iberoamericanos analizará en Madrid temas de ciberseguridad y piratería

El encuentro será este miércoles, en la capital española.Habrá altos funcionarios y especialistas.

La Cámara de Casación anuló parcialmente el procesamiento del juez Díaz Lacava en una causa por violencia laboral

La Sala II dejó sin efecto dos ampliaciones de cargos contra el magistrado de La Pampa por una cuestión técnica. El núcleo de la acusación por maltrato, amenazas y lesiones sigue en pie

Un juez federal declara en desacato al gobierno de Estados Unidos por traslado indebido de migrante mexicano

Una sentencia en Minnesota responsabiliza al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE por desobedecer una orden judicial y trasladar a Fernando Gutiérrez Torres fuera del estado, intensificando el escrutinio sobre las prácticas migratorias federales

Corrupción en la AFA: Casación aceptó la renuncia del juez Carlos Mahiques para decidir dónde se investigará la mansión atribuida a Pablo Toviggino

En forma unánime, un plenario del tribunal admitió la renuncia de Mahiques a la sala I y el jueves próximo elegirá a su reemplazante.

Cuadernos de las Coimas: Ricardo Jaime recusó a un juez y un empresario pidió anular su declaración como arrepentido

En una nueva audiencia por el caso de los Cuadernos de las Coimas, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recusó a Fernando Canero, uno de los jueces del Tribunal, y el empresario Mario Rovella renovó su pedido para anular su declaración como arrepentido en la causa. El pedido de recusación del exfuncionario Jaime se realizó formalmente 15 minutos antes de que se iniciara el debate de este martes, tal como dio a conocer el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, quien sostuvo que la solicitud se trataría por secretaría y no era un impedimento para continuar con el juicio. "El Tribunal va a continuar con la audiencia en el día de la fecha, entendiendo que la presentación de esta recusación no obsta al desarrollo de la misma", afirmó el magistrado. Enseguida fue el turno de la defensa del empresario Mario Ludovico Rovella, que insistió con su pedido para hacer caer su declaración como arrepentido, al argumentar que su cliente declaró bajo "coerción" y que su voluntad fue "doblegada" con la amenaza de la cárcel. "Lo que esta defensa viene a plantear hoy no es un detalle menor. Es lisa y llanamente la exposición de un mecanismo de coacción incompatible con el Estado de Derecho, que fue sistemáticamente usado en este proceso por el juez Bonadio", afirmó el letrado Pablo Medrano. El juicio de corrupción más grande jamás conocido en los tribunales argentinos atraviesa una instancia previa al debate, en la que los imputados pueden presentar objeciones contra el proceso. La defensa de Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, inauguró esta instancia a comienzos de febrero, cuando dirigió la primera ola de cuestionamientos contra el caso y apuntó contra el juez Bonadio y el fiscal Stornelli por un presunto manejo extorsivo de la ley de los arrepentidos.Qué dijo Rovella En la declaración que busca anular, el titular de la firma Rovella Carranza S.A reconoció haber realizado pagos ilegales con dinero que provenía de su bolsillo, aunque centró su defensa en que estas entregas no fueron coimas para obtener obras, sino "aportes" para campañas políticas luego de haber sido presionado por funcionarios del kirchnerismo. Pero luego entregó en la Justicia un acta firmada ante un escribano en la que señalaba haber sido obligado a declarar de esa manera para que el juez Bonadio no lo encarcelara. Con esa estrategia, pidió su sobreseimiento, pero fue rechazado por la Casación. Fue uno de los empresarios que ofreció dinero para, a través de la figura de la reparación integral, extinguir la acción penal en su contra y salirse del juicio oral. En su caso, realizó un ofrecimiento de US$ 494.541.Noticia en desarrollo

Ábalos dijo al juez que tuvo "muchísimas oportunidades" para fugarse y no lo hizo: "No tengo dónde ir, en ninguna parte"

El antiguo responsable de Transportes suplicó no ser encarcelado, argumentando ante el magistrado que permaneció siempre localizable pese a tener opciones para marcharse, insistiendo en que carece de recursos, vínculos fuera y mantiene su inocencia

La jueza de la dana ve una "flagrante falta de coordinación" entre consellerias el 29O y ausencia de órdenes de Justicia

Maillo pide "respeto" por las víctimas de Adamuz y "dejar trabajar a la jueza" para "llegar a la verdad"

El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de su hermano en Peleas de Abajo (Zamora)

El hombre de 66 años arrestado tras la muerte violenta de su hermano mayor en una vivienda familiar ha sido trasladado sin derecho a fianza a una cárcel de Salamanca, según confirman fuentes de la Guardia Civil

La jueza de la dana sostiene que se pudo haber lanzado un ES-Alert a las 17.20 "plenamente efectivo" para "salvar vidas"

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

La orden ha llegado horas después de que la Guardia Civil haya denunciado los hechos ante el Juzgado de Montoro

Asociación mayoritaria de jueces traslada "preocupación" a la UE por el "deterioro" del Estado de derecho en España

Sumar ve "lógico" que la jueza pida la imputación de Mazón y le insta a dejar el escaño para facilitar la investigación

Enrique Santiago, líder parlamentario de IU y Sumar, respalda que la magistrada solicite investigar a Mazón y sugiere que renuncie a su acta para no obstaculizar el proceso judicial sobre su gestión durante la catástrofe en Valencia

El CGPJ archiva el expediente disciplinario abierto al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero

El órgano de control judicial desestimó la investigación contra el magistrado tras considerar que sus declaraciones, aunque polémicas y cuestionadas por varios vocales, no constituyeron una infracción grave en el marco del foro donde fueron pronunciadas

El PNV y Bildu instan a Mazón a dejar su escaño tras pedir la jueza su imputación por la dana

Micó (Compromís) destaca que la jueza ve "indicios claros" contra Mazón por la dana y espera que se haga Justicia

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La instructora ha elevado ya a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición de motivos

La jueza de Montoro pide a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación" sobre las vías

La instructora ordenó la devolución de piezas retiradas tras la tragedia en Adamuz, después de que personal ferroviario realizara pruebas sin aviso ni permiso oficial en elementos claves para esclarecer el accidente que dejó 46 víctimas y más de 120 heridos

A días de la votación clave por la reforma laboral en Senadores, Luis Juez abandonó el Frente Cívico y se incorporó a La Libertad Avanza

El pase reforzó al oficialismo para la votación de la reforma laboral prevista para el viernes. Así también, consolidó los planes políticos del senador de cara a las elecciones de 2027 en Córdoba, donde aspira a la gobernación. Leer más

Juez se suma a LLA: "Milei aprendió a usar el freno de mano y hoy es un presidente más político"

El senador aseguró que el presidente dejó atrás la etapa de outsider, consolidó liderazgo y hoy gobierna con mayor prudencia. Además, blanqueó que trabaja para su reelección. Se sumó oficialmente al bloque de La Libertad Avanza. Leer más

El juez del 'caso Koldo' extiende el plazo para investigar y no cierra la puerta a más imputaciones

El magistrado responsable de la causa sobre presuntos amaños de contratos públicos determinó ampliar la instrucción medio año más debido al gran volumen de material incautado, dejando abierta la opción de nuevos acusados según evolucione la investigación

El juez del 'caso Koldo' amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

La Audiencia Nacional argumenta su decisión apelando al "numeroso material incautado", que incluye documentos, efectos, metálico y pruebas digitales de teléfonos, ordenadores y discos duros

La Coalición Cívica pidió la recusación de un juez en la causa por la mansión de Pilar

Es el camarista de Casación Carlos Mahiques, cuya sala debe decidir dónde se seguirá investigando el caso por lavado de dinero.La Nación publicó el domingo que Mahiques había festejado un cumpleaños en esa quinta.

Bolaños nota el "corporativismo" del CGPJ en las sanciones a los jueces: miles de quejas y pocos expedientes

El responsable de Justicia advierte que, pese a miles de denuncias anuales contra magistrados, la proporción de castigos por faltas graves es muy baja, lo que a su juicio empaña la imagen del sistema judicial español

La Coalición Cívica pidió apartar al juez Mahiques del caso de la quinta adjudicada a la AFA

Dirigentes de la Coalición Cívica pidieron aparte al juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques del expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos propietarios de una fastuosa quinta de Pilar que se sospecha que pertenece a autoridades de la AFA.No está claro que la Justicia vaya a considerar su planteo porque los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe no son parte querellante en este expediente, sino denunciantes. Ellos dieron el puntapié para que el juez federal Daniel Rafecas, luego el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y ahora el juez federal de Campana Adrián González Charvay, investiguen el asunto.Se trata de determinar si quienes figuran como dueños de una quinta en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, son sus propietarios o, como se sospecha, esa mansión de cinco hectáreas, caballerizas y autos deportivos de alta gama, tiene otro verdadero dueño. Sospechan que se trata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.La defensa de la AFA quiere que el caso siga en el juzgado de Campana, pero el fiscal ante la Cámara de San Martín Carlos Cearras dictaminó que debe seguir en el fuero penal económico. Ahora deben resolver el asunto los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo.En ese expediente, los dirigentes de la Coalición Cívica pidieron apartar a Mahiques del caso, después de que LA NACION publicó que jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que el juez festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio. Mahiques niega haber hecho ese festejo y dice que nada tendría de malo que lo hubiera hecho. Los dirigentes sostuvieron en su escrito que actuaban "en resguardo de la garantía de tribunal independiente e imparcial y, en particular, de la imparcialidad objetiva (apariencia de imparcialidad) exigida por el debido proceso".Señalaron que el camarista tiene "conexión directa con el objeto material de la causa y con personas que aparecen asociadas al mismo", lo que "compromete la apariencia de imparcialidad requerida para que integre el tribunal"."La Corte Suprema ha sostenido que la imparcialidad objetiva se vincula con que el juzgador muestre garantías suficientes para evitar dudas razonables que conduzcan a presumir parcialidad y que basta con que existan razones legítimas para presumir que el juez puede generar dudas sobre su imparcialidad frente al tema a decidir", escribieron.Por eso, recusaron al juez. "No deben existir dudas razonables sobre la imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional que debe juzgar", dijeron citando a la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay. Pidieron tramitar la recusación y darle vista al fiscal Mario Villar para que opine.Si es rechazada la recusación, solicitaron que Mahiques explique en un informe si estuvo o no en el predio, cuándo y quiénes eran el resto de los asistentes y organizadores.

Se formalizó el pase de Luis Juez a La Libertad Avanza y el oficialismo suma 21 bancas propias en el Senado

Si bien el cordobés formaba parte del interbloque y ya votaba con los libertarios, en los últimos días blanqueó su alineamiento con la Casa Rosada y formará parte de las filas que dirige Patricia Bullrich en la Cámara Alta. Con los aliados del PRO y la UCR, el bloque oficialista cuenta con 44 votos de un total de 72

La jueza pide a la Generalitat el listado de llamadas del chófer de Mazón para comprobar la hora en la que fue requerido

La magistrada de Catarroja solicita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones información sobre el teléfono oficial para determinar el momento exacto en que el conductor recibió la instrucción de regresar antes de acudir al Cecopi

El juez que le prohibió a Claudio Tapia salir del país lo autorizó a viajar esta semana a Colombia y Brasil

El juez en lo penal económico Diego Amarante, que el jueves pasado le prohibió al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, salir del país, le habilitó hoy una excepción y lo autorizó a viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre hoy y el sábado próximo.A cambio, le fijó una "caución real" de $5.000.000.Es una buena noticia para Tapia. No solo porque podrá salir del país esta semana sino por los compromisos internaciones que le esperan este año, en el que se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.El juez relató en su fallo que Tapia había pedido que lo habilitaran a viajar "con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la Conmebol". Detalló que "acompañó copias de la invitación oficial cursada por la Federación Colombiana de Fútbol para participar de un acto oficial en la ciudad de Barranquilla, del itinerario de vuelos elaborado por la firma Baires Fly S.A. y del acta del orden del día de la Reunión del Consejo de la Conmebol". Informó que también precisó en qué hoteles planeaba alojarse, tanto en Colombia como en Brasil.Los argumentos que citó el juez cuando le prohibió a Tapia salir del país, la semana pasada, incluyeron "la gravedad de los hechos investigados" y "la severidad de la pena" que podría corresponderles a los acusados (la medida incluye a otros dirigentes). El juez advirtió además que tomaba esta medida "en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan"; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si después de esas declaraciones levantará la prohibición o si Tapia deberá pedir permiso para cada viaje.En su fallo de este lunes, el juez recordó el objetivo de la prohibición y dijo: "Si bien se encuentra pendiente la declaración indagatoria dispuesta con relación al nombrado, no existen elementos objetivos que permitan sostener que la salida del territorio nacional en las condiciones informadas por el encartado pueda entorpecer la realización de dicho acto procesal". El magistrado advirtió que "la fecha del viaje informado no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias fijadas para el día 5 de marzo de 2026â?³ y sostuvo que, en consecuencia, correspondía "autorizar al nombrado [Tapia] a viajar a las ciudades indicadas desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive". Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, el jueves pasado, se les prohibió la salida del país.A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.La cauciónEl juez sostuvo en su fallo de este lunes que "a efectos de garantizar su sujeción al proceso" (para que Tapia no se fugue), correspondía "fijar una caución real en la suma de $5.000.000â?³ y que el monto obedecía "a las particulares circunstancias del caso, el estado del proceso y la naturaleza económica de los delitos prima facie atribuidos".

Caso $LIBRA: el juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones

La investigación criminal sobre la "memecoin" $LIBRA registró un nuevo traspié en los tribunales argentinos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó como querellantes a dos inversores biolurrusos que habrían perdido más de US$ 2 millones por el controvertido colapso del criptoactivo. Y lo hizo con dos argumentos singulares: los reclamantes no aparecen en los padrones tributarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. El abogado de Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko -quienes reclaman perjuicios por 1.768.079 y 240.048 dólares, respectivamente- adelantó que apelará hoy la resolución de Martínez de Giorgi, que en su resolución del miércoles pasado también sostuvo que los reclamantes no acreditaron de manera fehaciente ser los verdaderos titulares de ese dinero ya que no están a sus nombres las billeteras virtuales informadas, Phantom Wallets. Martínez de Giorgi aplicó, además, un "enfoque basado en riesgo" al subrayar que la nacionalidad de los presuntos afectados es un factor determinante, apoyándose en una resolución del Consejo de la Unión Europea que sancionó a Bielorrusia en 2006. "De acuerdo con el enfoque basado en riesgo establecido por la normativa de prevención de lavado de activos, la vinculación con una jurisdicción sujeta a sanciones [por Bielorrusia] constituye un factor relevante que debe ser especialmente considerado", sostuvo. "Conlleva extremar los recaudos en la identificación de las personas físicas y/o jurídicas involucradas, así como en la verificación del origen de los fondos mencionados". Para el letrado que patrocina a los bielorrusos, Nicolás Oszust, el argumento de juez resulta "arbitrario", lo que planteará al apelar la decisión. "¿Qué tiene que ver la Unión Europea (y sus normas) en esto? ¿Si la Unión Europea sancionó a Bielorrusia, eso puede ser fundamento para rechazar una querella por una estafa en Argentina?", planteó. "Si la Unión Europea (o Estados Unidos o Mongolia, o el Reino de Lesoto o el país o ente del mundo que sea) decide sancionar a Bielorrusia por una cuestión geopolítica (por ejemplo, por un supuesto alineamiento con Vladimir Putin), eso jamás puede resultar en un rechazo a una querella en una causa de Argentina, en la cual se perjudicaron a nacionales bielorrusos", remarcó. La pulseada por la aceptación o rechazo como querellantes de Krasutskaya y Lapchenko en la "causa $LIBRA" que tramita en Comodoro Py excede a los presuntos damnificados. Por un lado, porque impactaría en el patrimonio de los imputados: aceptar a los bielorrusos podría elevar los embargos contra Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en otros $3000 millones para asegurar eventuales resarcimientos. Por el otro, el ingreso como querellantes ambos afectados permitiría proponer medidas de prueba independientes, dándole un nuevo impulso a un expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi y cuya instrucción está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien ha enfrentado múltiples cuestionamientos de otros damnificados y de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la parsimonia de la pesquisa. Ahora, la Cámara Federal deberá decidir si confirma el criterio restrictivo que adoptó el juez Martínez de Giorgi para rechazar como querellantes a los bielorrusos, o si, como sostiene el abogado de ambos, aplica una "interpretación amplia" de la legitimación activa, tal como la propia Sala II ya dispuso en marzo de 2025, en resoluciones previas en el mismo expediente judicial vinculadas al escándalo cripto.

La Audiencia de Madrid anula los autos del juez Peinado que abrían la vía para que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal popular

El tribunal considera que las resoluciones carecían de la fundamentación necesaria y ordena retrotraer las actuaciones

El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de su esposa en Sarriguren (Navarra)

La denunciante del ex DAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados

Tras nuevas filtraciones de información sensible, la defensa solicita al magistrado que el material presentado, entre ellos registros de comunicaciones, sea exclusivamente consultado bajo estricta supervisión judicial para proteger la identidad y seguridad de la persona involucrada

El 40% de los jueces se jubila de forma anticipada y en 10 años se habrá retirado un tercio, según un estudio

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta que la retirada anticipada de jueces se dispara mientras el volumen de litigios crece, lo que proyecta un grave déficit de profesionales y mayores retrasos en el sistema judicial español

Otro etarra condenado por el asesinato de un juez recupera la libertad transitoria beneficiado por una iniciativa del PSOE

MADRID.- Después de su paso como juez del Tribunal Constitucional de España, Francisco Tomás y Valiente había decidido que su última vocación sería la docencia. Aquel 14 de febrero de 1996, el jurista entró a su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid como cualquier mañana y aprovechó para hacer un llamado telefónico antes de subir al aula. Camuflado como un alumno, el etarra Jon Bienzobas Arretxe entró a esa sala, le disparó tres veces y huyó. Treinta años después del crimen, el terrorista de ETA pisará nuevamente la calle en libertad, gracias a los beneficios obtenidos por los aliados del gobierno socialista. Los beneficios para los exintegrantes de ETA, que se multiplicaron en las últimas semanas, ponen a España frente al espejo de su pasado más oscuro. Arretxe, alias "Karaka", disfrutará del mismo régimen que decenas de condenados por terrorismo, que obtuvieron salidas diarias de prisión, de 8 a 21, para realizar supuestos trabajos y labores comunitarias antes de volver a dormir en la cárcel. Estos beneficiaron fueron conseguidos mediante un atajo legal que expone directamente al Partido Socialista (PSOE).Karaka, que había sido condenado a 266 años de prisión, apeló al famoso artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que habilitó esos beneficios con el aval de una funcionaria del socialismo en esa región. Ese atajo legal se implementa desde que Pedro Sánchez cedió a sus aliados del Partido Nacional Vasco (PNV) y Bildu las competencias para manejar el sistema penitenciario, uno de los reclamos de estas fuerzas que negociaron a cambio de apoyar las iniciativas del socialismo en el Congreso. El crimen de Tomás y Valiente, que estremeció a España en 1996, no fue el único ataque terrorista de Karaka. Fue condenado, además, por el asesinato del hermano de un empresario vasco en 1990 y por organizar un atentado con coche bomba contra una camioneta del Ejército del Aire en 1994 en el centro de Madrid. El terrorista fue detenido finalmente en 1999 en Francia, después de robar ocho toneladas de explosivos en una fábrica. La justicia francesa lo condenó y lo envió a España, donde sería juzgado por los otros delitos. Después de la sentencia, Karaka fue enviado a un penal en Cádiz, uno de los puntos del territorio español más distantes del País Vasco. Como parte de la negociación de los partidos vascos con el gobierno socialista, muchos presos de ETA fueron beneficiados con traslados a cárceles más cercanas, como ocurrió en su caso. Este lunes saldrá desde la prisión de Basauri, en la provincia vasca de Álava, como ocurrió hace un par de semanas con Mikel Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki", exjefe militar de la agrupación terrorista. "Txeroki" fue uno de los últimos jefes militares de ETA y dirigió la estructura operativa de la organización entre 2004 y su detención en 2008 en Francia. Bajo su mando se produjo el atentado con coche bomba contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006, que provocó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos y marcó el final del proceso de negociación entre el grupo terrorista y el gobierno español. En España y Francia fue condenado a más de 400 años de prisión por una veintena de delitos de terrorismo en grado de tentativa, incluidos intentos de asesinato de dirigentes políticos, atentados con explosivos y el envío de paquetes bomba contra periodistas y otras figuras públicas."La libertad de estos etarras es una burla para nosotros", sostuvo Inés Gaviria, representante del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) en diálogo con LA NACION. "No nos oponemos a que salgan de la cárcel, nos oponemos a que no cumplan sus condenas. El problema es que ya son más de 100 terroristas que han recibido estos beneficios", insistió.Los beneficios para los exintegrantes de ETA juzgados por terrorismo incluye la aplicación de una nueva normativa, vigente desde noviembre de 2024, que permite a los presos que cumplieron pena en otros países de la Unión Europea descontar esos años de la condena aplicada por la justicia española. La adaptación de la nueva normativa impulsada por Bruselas eliminaba la cláusula que impedía hacer uso de este beneficio a los sentenciados por terrorismo. Esta medida permitió a decenas de presos de ETA descontar los años de cárcel pasados en Francia, adelantando así su excarcelación. Asociaciones de víctimas estimaron que más de 40 miembros de la banda terrorista fueron beneficiados por esta revisión. Las primeras excarcelaciones por esta modificación legal comenzaron a hacerse públicas en marzo de 2025 y continúan hasta la actualidad. La organización anunció su cese de actividades armadas en 2011 y formalizó finalmente su disolución en 2018. "Toda la estructura social y política de ETA sigue activa. Bildu, que hace lobby para estas excarcelaciones, es un aliado del gobierno. (Arnaldo) Otegi (líder de Bildu y exintegrante de ETA) ha reconocido que una de las razones por el apoyo al socialismo es el beneficio que han obtenido sobre el sistema penitenciario", explica Gaviria.Bildu es una coalición de partidos independentistas vascos de izquierda que se creó en 2011 y que está integrado por Sortu, una agrupación considerada como heredera de la izquierda abertzale que justificó el accionar de ETA como herramienta política. Bildu, que tiene seis diputados en el Congreso español, ahora rechaza el uso de la violencia para sus políticas independentistas. Su representación en el parlamento vasco es mucho mayor: es la primera minoría.

El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez

La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de LA NACION sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con otros dos camaristas, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico -donde se inició- o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados. La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.Uno de los denunciantes de las presuntas maniobras, el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, calificó la revelación como algo "obsceno y escandaloso". Y sostuvo que se podrían conocer más detalles. "Por estas razones Tapia y Toviggino se manejaron con tanta impunidad", afirmó.Tras enfrentarse judicialmente con los dirigentes de la AFA, Del Gaiso fue denunciado junto a otros referentes de la Coalición Cívica por presuntas "maniobras de extorsión".En ese contexto, la exdiputada nacional Marcela Campagnoli planteó que el juez debería apartarse del expediente. "Espero que se excuse de seguir en la causa", señaló. En el mismo sentido se pronunció Graciela Ocaña, de Confianza Pública.La definicion sobre si se investiga a fondo o sigue "durmiendo en el Juzgado de Campana", no la puede tomar un Juez que festejo su cumple años en la Mega Mansión de " la jubilada y el monotributista exitoso "La impunidad se terminó y Tapia y Toviggino van a terminar presos. https://t.co/Iz0mxfJWDE— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) February 22, 2026Mahiques descartó esa posibilidad. En diálogo con LA NACION, sostuvo: "No hay un 'violenciamoralómetro' que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme". El magistrado aseguró que esa noche solo compartió una cena con un exalumno, el intendente de Pilar, Federico Achával, y que allí se cruzó con algunos integrantes del ámbito judicial.Las críticas también llegaron desde el entorno de los denunciantes. La abogada María Pace Wells, representante de Del Gaiso, cuestionó la situación: "La ética judicial tiene más mugre que una papa". Además, apuntó a los vínculos entre la familia del camarista y la AFA.#Justicia Hace años que muchos sostenemos que los Jueces y Fiscales no deberían ocupar cargo alguno en la AFA ni en los Clubes.Sus funciones equivalen a las de un sacerdocio. Cuanto más sobrios y apartados de ámbitos que pueden despertar alguna sospecha mucho mejor!— Guillermo Lipera (@GuillermoLipera) February 22, 2026Uno de sus hijos, Esteban Mahiques, director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería, figura en la página oficial de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina. Otro, Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, aparece como vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa), anunciada por Tapia en noviembre pasado. Ambos renunciaron a esos cargos en la AFA en las últimas semanas.El debate se amplificó en redes sociales. Pace Wells respondió a una publicación del diputado libertario Alejandro Fargosi, quien calificó como "inadmisible" la situación revelada por este medio.Carlos Mahiques, juez de la causa AFA, celebró su cumpleaños en la quinta de Toviggino. Para garantizar imparcialidad, debe apartarse de intervenir— Eduardo Gerome (@edgerome) February 22, 2026En la misma línea, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, María Eugenia Talerico, sostuvo que el juez "debe excusarse si estuvo en esa quinta". También planteó que el Consejo de la Magistratura debería intervenir y recordó un pedido previo de juicio político contra el camarista. Desde la defensa de Tapia y Toviggino, en cambio, rechazaron la versión y la calificaron como "rumores de pasillo".Mahiques insistió en negar que el festejo haya existido y, al ser consultado por el periodista Hugo Alconada Mon, respondió: "Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente?". Luego reiteró: "No siento que sea algo por lo que deba excusarme".AntecedentesEl camarista, hoy en el centro de la polémica, mantiene vínculos con distintos sectores políticos. Fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y, desde 2017, integra la Cámara Federal de Casación, uno de los tribunales más relevantes del país por donde pasan expedientes sensibles para la dirigencia política.I N A D M I S I B L EUn juez de la causa AFA festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino https://t.co/6dVVoMsIkP— Alejandro Fargosi (@fargosi) February 22, 2026En 2026 Mahiques cumplirá 75 años, edad límite para permanecer en el cargo salvo que el Senado, a pedido del Poder Ejecutivo, apruebe una prórroga por cinco años. A comienzos de mes, el presidente Javier Milei envió el pliego para renovar su acuerdo y extender su permanencia en la Casación hasta los 80 años. Para lograrlo necesitará el aval de 37 senadores.¿Quiénes levantarán la mano por el magistrado? Su biografía judicial encierra más controversias. Una de las más sonora se conoció en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido.De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo "justificar" el viaje."Deben evaluarme por el contenido de mis sentencias", replicó Mahiques. Sin embargo, algunas de ellas también lo pusieron bajo observación. En el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas, le concedió al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, una vía de escape: entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia que fue revertido.

Crímenes en Punta del Este y un tacho de cal: el plan del "gaucho" narco para matar a un ministro, un juez y un fiscal

ROSARIO.- Leonardo Airaldi es un personaje que por momentos parece absurdo, dislocado, pero también peligroso. Este entrerriano que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, está acusado de haber pagado US$40.000 a dos sicarios uruguayos para que asesinaran al juez federal de Paraná Leandro Ríos y al fiscal federal José Candioti, quienes investigaron a Airaldi y develaron que movía por la hidrovía grandes cantidades de cocaína y que estaba conectado con organizaciones criminales transnacionales de peso, como el Primer Comando Capital (PCC).Airaldi creía que Ríos y Candioti iban a ir de vacaciones a Punta del Este y que allí, según su plan, iban a ser ejecutados por asesinos a sueldo uruguayos. Pero algo no salió como esperaba el "gaucho narco": otro preso lo delató y, además, los dos funcionarios judiciales nunca planearon irse a descansar a Punta del Este. Este plan generó honda preocupación y activó alertas entre las autoridades.El plan, según surge de la investigación, naufragó por la declaración de un recluso en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde también está detenido Airaldi. El objetivo era matar a Ríos y Candioti y evitar el juicio oral que este narcotraficante enfrentará desde este martes en Paraná. En la mira de Airaldi también estaba el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos" es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial.Ese testigo que lo delató aseguró que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque debía ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente con la que hablaba, [Airaldi, preso en Gualeguaychú] les decía que fueran con un tarro de cal. Para ser más exacto, que fueran en dos vehículos, que en uno fuese el tacho de cal y en el otro los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro". La idea era disolver el cadáver en la cal.La información sobre este plan surgió de un informe que hizo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que avisó a las autoridades judiciales. A partir de ese dato inicial comenzó una investigación encabezada por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N°9, donde está alojado el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores.Los análisis de los teléfonos â??cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFAâ?? revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.El juicio contra este narco está previsto que se inicie el martes. Airaldi recibió un último revés judicial luego de que el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazara el recurso de casación presentado por su defensora, Mariana Barbitta. La letrada cuestionó la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante: una de Santa Fe, que investigó el fiscal federal Walter Rodríguez, y otra de Entre Ríos, que llevó adelante Candioti.Hallazgo fortuitoEn el juicio deben declarar 51 testigos. La base más sólida de la causa surgió de la investigación que hizo Rodríguez en Santa Fe, en la que se reveló la trama en la que Airaldi usaba una isla en el río Paraná para el contrabando de cocaína. Como publicó LA NACION, el hallazgo de 28 ladrillos de droga allí se produjo por casualidad, a raíz de una denuncia por violencia de género contra un puestero que trabajaba para el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante.La policía de Santa Fe encontró debajo de la cama del puestero 28 panes de cocaína. Los ladrillos blancos tenían marcas y etiquetas: Qatar y Emirates. También, la foto de un Boeing 737. La casa donde se secuestró la droga está situada en Solís al 600, en Puerto Gaboto. Esa droga había sido guardada allí por orden de Airaldi, que gerenciaba un campo de grandes dimensiones en la isla frente a Gaboto por donde pasan, muy cerca, las barcazas que provienen de Paraguay.Lo que llamó la atención del fiscal federal Walter Rodríguez fue la temporalidad. Porque en el momento en el que se produjo el secuestro de casi 29 kilos de cocaína en esa casa de Gaboto, el 10 de agosto de 2022, pasaban cosas extrañas en Rosario con grandes cargamentos de cocaína que estaba previsto que salieran rumbo a Dubái desde Terminal Puerto Rosario.El 26 de agosto de ese año la Policía Federal secuestró 1600 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros. Ese cargamento tenía como destino Dubái.Dieciséis días antes aparecieron en la casa del puestero Diego Torres, empleado del establecimiento El Pillo, que gerenciaba Airaldi, aquellos 29 kilos de cocaína que fueron encontrados de casualidad. Esos cargamentos tenían el mismo destino o provenían del mismo lugar.Tras una denuncia por violencia de género la policía llegó a Solís al 600 y debajo de la cama encontró la droga. El fiscal Rodríguez empezó a investigar este caso. Airaldi se había hecho conocido a nivel mediático por haber sido detenido en Rosario comprando droga muy cerca de un búnker. El caso tomó trascendencia porque se trataba del expresidente de la Sociedad Rural de Diamante y porque había protagonizado un escándalo en el procedimiento. El 22 de julio de 2023, en un operativo de Gendarmería, Airaldi fue detenido cuando iba en una VW Amarok junto a otras tres personas. Ese vehículo fue secuestrado: tenía armas y droga. Se detectó que era uno de los activos del clan del narco y mafioso bonaerense Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.La investigación en Rosario contra Airaldi le sirvió al fiscal Rodríguez para obtener información clave de los teléfonos, algo vital en cualquier investigación judicial hoy en día.Además, Prefectura realizó tareas de inteligencia en torno al puesto y el establecimiento en la isla. Un cargamento de cocaína, el río Paraná, la isla y Airaldi formaban un combo misterioso. El interrogante que surgió es si ese lugar servía como plataforma de llegada de grandes volúmenes de droga desde Paraguay.El Pillo queda a unos 20 minutos de navegación desde la desembocadura del río Carcarañá hasta el Coronda. Es, según el relevamiento de Prefectura, una zona de "anclaje sospechoso de barcazas".Hay un testimonio en otra causa que también fue importante en la investigación de Rodríguez: ante el fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis, un informante contó que Torres, el empleado de Airaldi, tenía varios puestos en la isla y que se movía con una lancha de gran potencia que no puede ser alcanzada por Prefectura. Esta fuente contó que, una vez, miembros de esa fuerza persiguieron a Torres, pero no lograron alcanzarlo porque tenía una lancha con un motor Mercury de 150 HP, que estaba "chipiado" [preparado para adquirir altas velocidades]. Ese informante declaró que le compraba carne a Torres de manera frecuente y que una vez que lo llevó al puesto en la isla recibió un llamado y le dijo que debía ir a buscar "merca a Diamante". "Pensé que era una joda y le dije que no, pero luego de dos horas volvió con un paquete grande, una bolsa negra, en la lancha. Y me dijo que tenía que irse para llevar el paquete a Gaboto", relató.El testigo contó que Torres le decía que "Airaldi tenía una pista en la isla para que aterrizaran las avionetas con droga", según consta en el expediente.A este testimonio clave se sumó otro que perfila a Airaldi y que fue elaborado por Prefectura a partir del iPhone 12 que Gendarmería le incautó en Rosario en 2022. En las conversaciones era notable que, cuando Airaldi y Torres â??según se infiere en la causaâ?? hablaban de droga, lo hacían con una jerga bastante torpe. Cuando se referían a cocaína decían "maple, carne, lomo y novillo".En el iPhone figura también un llamativo diálogo de Airaldi con un contacto no agendado al que le recomendaba que borrara la palabra "avión". "No mandes esas cosas por acá", le advirtió el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante al desconocido.

Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA

Roce político, dos hijos en la Justicia y algunas polémicas que empañan un recorrido de más de medio siglo en los tribunales. Son algunas de las notas que marcan la figura de Carlos Mahiques, uno de los tres jueces en situación de definir el rumbo de la causa que investiga a la suntuosa quinta en Pilar, atribuida a las autoridades de la AFA. Desde 2017, es miembro de la Cámara Federal de Casación, un órgano clave en el organigrama judicial, adonde trepan los expedientes más sensibles para la política. La Sala que ahora integra, de hecho, debe pronunciarse acerca de una disputa enredada y decidir si trata un pedido para que el expediente sobre la quinta regrese al fuero Penal Económico desde la Justicia de Campana, adonde las personas investigadas prefieren que tramite.A principio de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que este pueda seguir ejerciendo como magistrado de la Casación después de los 75 años, edad que cumple en noviembre y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Mahiques llegó allí en 2017, como parte de los traslados de jueces que promovió Mauricio Macri durante su Gobierno. Pasó de tratar delitos comunes en la Casación porteña, al máximo tribunal penal del país, aunque no sin resistencias. Su traslado fue aprobado con voto dividido en el Consejo de la Magistratura, con el kirchnerismo votando en su contra y subrayando su condición de juez nacional, no federal. Por ese entonces, Juan Mahiques, uno de sus hijos, ocupaba el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación y, como representante del Ejecutivo en el Consejo, oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y los tribunales. El "clan" Mahiques se completa con Ignacio, el otro hijo de Carlos: fue designado fiscal porteño en 2015 y se desempeñó como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa "Vialidad", por la que Cristina Kirchner acabó condenada a 6 años de prisión. La vocalía en la Casación de Carlos Mahiques entró en pausa en 2015, cuando se convirtió en el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La aventura política duraría apenas 5 meses. Al filo del vencimiento de su licencia en los tribunales, Mahiques optó por regresar a lo que había hecho "por más de 40 años", según dejó plasmado en su carta de renuncia. PolémicasSu biografía judicial encierra algunas controversias. La más sonora tomó lugar en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido. De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo "justificar" el viaje.Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. En sintonía con dos colegas suyos, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia, que fue luego revertido, aunque por mayoría, puesto que Mahiques, en soledad, mantuvo su postura inicial.

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son "delitos comunes" en su país

El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado

AFAgate: un juez festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino, y ahora debe resolver en esa causa

La Cámara Federal de Casación Penal debe definir si la investigación para determinar quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar de 5,5 hectáreas ligada al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, queda en el fuero federal, como quieren los acusados, o en el fuero en lo Penal Económico, donde estaba. Y un camarista que tendrá el voto decisivo, Carlos Mahiques, quedó en el ojo de la tormenta. Jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio a fines del año pasado, entre autos de colección, magistrados, fiscales, lujo y champagne. Incluso uno de los jueces consultados por LA NACION reconoció que asistió al evento. Mahiques niega que esa fiesta haya ocurrido, aunque después desafía con una pregunta: "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?", y agrega: "No siento que sea algo por lo que deba excusarme".Apodado "Coco" en los tribunales, Mahiques cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo celebró se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de Comodoro Py. Acaparó elogios y envidias hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que sacude al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino, sospechado de ser el verdadero dueño de la quinta por medio de testaferros. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes y la envidia se transformó en alivio entre quienes no fueron invitados. "Sí, sucedió; la fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA", indicó a LA NACION una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, a 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. "Fueron más de 20 personas; hubo jueces, fiscales, de todo", añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias. Ese "de todo" habría abarcado camaristas, operadores judiciales y figuras del "quién es quién" de los tribunales desde hace décadas, que se acercaron en sus automóviles particulares u oficiales. "Casi todos con custodios", detalló una fuente, que elevó la cifra de asistentes a 50. Consultado por LA NACION, sin embargo, Mahiques negó haber celebrado su cumpleaños en esa quinta. "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?", añadió. "Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional". -La fiesta era una cuestión privada, pero al quedar en sus manos la definición sobre dónde quedará una investigación judicial, sea el fuero federal o el Penal Económico, pasa a ser una cuestión de interés público, planteó LA NACION. -Trato con infinidad de personas y así es como me he cruzado con Tapia y Toviggino en eventos sociales, como el cumpleaños de un tercero o en alguna cancha, pero no soy amigo de ellos. Tampoco tengo el ethos [por el "carácter" o "modo de ser"] de Comodoro Py, y veo que muchos jueces y fiscales han ido a lugares más complicados, pero no reciben este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué será? -Funcionarios, fuentes de la AFA y de tribunales nos confirman que el evento ocurrió, incluso una persona nos afirma que asistió... -Y si fuera así, ¿qué? No hay un "violenciamoralmetro" que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme. Además, la noche de mi cumpleaños tuve una cena con un exalumno, el intendente de Pilar [por Federico de Achával], en un lugar donde me crucé con algunos judiciales, nada más. -No nos hablan del 1 de noviembre, sino de una celebración en esa quinta por su cumpleaños, antes del estallido del escándalo, con helicópteros de por medio e invitados utilizando los autos que luego fueron secuestrados por la Justicia. -A ver... no he ido en helicóptero a ese predio y no me gusta volar en helicóptero... pero si tus fuentes te dicen lo que te dicen, bien. Prefiero que seas vos el que publique lo que consideres que tiene que publicar, porque te respeto... Vuelos y nombres en las sombras El eventual arribo de invitados en helicóptero es, cabe aclarar, un interrogante sin respuesta judicial. Fuentes consultadas indicaron que el mal tiempo impidió los vuelos durante esa jornada. Y hasta el momento no surge del expediente una constancia documental que vincule los más de 60 vuelos registrados desde abril de 2025 en la aeronave matrícula LV-FKY, desde y hacia la quinta con el cumpleaños de Mahiques. En esa línea, además, cuando fueron citados a declarar por el primer magistrado a cargo la pesquisa, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dos pilotos la firma Flyzar dijeron no recordar quiénes fueron sus pasajeros, quedando al borde de una denuncia por presunto falso testimonio. Flyzar pertenece al empresario Gustavo Carmona. Sus colaboradores indicaron ante la consulta de LA NACION que sus aeronaves no completaron vuelos desde o hacia la quinta vinculados a una fiesta de cumpleaños. Por su parte, Carmona, veterano en servicios a la élite empresarial, conoce a los Mahiques; incluso compartieron una comida en Punta del Este semanas atrás. La lista de supuestos invitados también permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a LA NACION, entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el "caso Vialidad" a Cristina Fernández de Kirchner. Entre los que no asistieron, por el contrario, descollaron algunos jueces de primera instancia de Comodoro Py, como María Servini, y algunos colegas de la Casación, como Juan Carlos Gemignani, distanciados de Mahiques desde hace años. Los testimonios varían. Algunos indicaron que la mayoría de los invitados desconocía de quién era la quinta de Pilar -que no se alquilaba a desconocidos para eventos-; otros, que algunos recorrieron las instalaciones, ingresaron al galpón donde había 54 autos de alta gama como Ferrari, Porsche, Audi y Ford Mustang e incluso llegaron a subirse o conducirlos dentro del predio. Ubicada en la calle Misiones al 4100 de Villa Rosa, la quinta fue valuada en más de US$ 20,8 millones por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro. Incluye un helipuerto -que no estaba declarado ante las autoridades-, dos viviendas importantes, pista ecuestre y caballerizas, canchas de fútbol y de pádel, quincho, spa, gimnasio y el galpón para los automóviles, tasados en al menos US$ 3,8 millones. Vínculos con el círculo rojo Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el "Chiqui" Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas. Cercanos al abogado de Toviggino, Alejandro Higa, los Mahiques también mantienen un ida y vuelta continuo con Daniel Angelici, una figura insoslayable a la hora de comprender los tejes y manejes en los tribunales y los consejos de la magistratura de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Según reconstruyó LA NACION, el "Tano" se había distanciado de "Chiqui" Tapia y Toviggino durante los últimos años, pero las estrellas volvieron a alinearse cuando arreció la tormenta. Ahora, tras una apelación del fiscal Carlos Cearras, "Coco" Mahiques deberá resolver junto a sus colegas de sala, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio -que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada-, queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez Aguinsky, en Penal Económico. Mahiques lleva décadas tejiendo vínculos con el poder. En diciembre de 2015 asumió como el primer ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires; en abril de 2017, logró que el presidente Mauricio Macri impulsara su cuestionado pase de la Cámara Nacional de Casación -que aborda crímenes ordinarios- a la Cámara Federal de Casación -donde se dirimen investigaciones sobre funcionarios públicos, y el 4 de este mes consiguió que Javier Milei solicite al Senado que le dé un nuevo acuerdo para que continúe como juez más allá del límite de los 75 años. El nuevo acuerdo para Mahiques comenzó a madurar el año pasado. Dentro del Gobierno se abrió el expediente 176/25, y se aceleró durante las primeras semanas de este año, hasta que cosechó las dos firmas clave. A las 18.15 del martes 3 de este mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estampó su rúbrica. Cuatro horas y media después, a las 22.49, lo siguió el presidente Javier Milei. Y a las 8.25 del miércoles ingresó por la Mesa de Entradas del Senado. "Coco logró que Milei firme su pliego y lo envíe al Senado en apenas un día", confirmó un alto funcionario a LA NACION, que señaló como eslabón clave al asesor Santiago Caputo -que tiene a Sebastián Amerio como hombre de confianza en el Ministerio de Justicia-, al igual que Santiago Viola, el abogado de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Mahiques logró lo que no lograron docenas de hombres y mujeres que ganaron concursos en el Consejo de la Magistratura y todavía esperan una señal de la Casa Rosada, ni tampoco otros jueces que se acercan al tope de edad, como Irurzun", detalló a LA NACION el alto funcionario, en alusión al camarista federal Martín Irurzun, quien durante 2025 solicitó al Gobierno un nuevo acuerdo, y sigue a la espera.

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Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal

Se realizaron allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se planificaba la coordinación de ataques contra importantes figuras públicas de Entre Ríos. La Justicia va ahora tras los pasos de dos sicarios uruguayos que habrían cobrado US$40.000 para ejecutar la orden de una banda narco. La directiva para esos asesinos a sueldo era la de matar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, el comisario general retirado Néstor Roncaglia; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti. Las emboscadas contra esos blancos estaban preparadas para los próximos días, ya que el objetivo central del grupo mafioso era, de acuerdo con la información judicial, evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Leonardo Roberto Airaldi y 13 de sus cómplices. Ese debate oral debe comenzar el martes próximo. De acuerdo con fuentes oficiales, el Tribunal Oral Federal de Paraná mantiene la fecha pautada para el comienzo de ese juicio. No habrá cambios pese a la amenaza narco, aunque si se reforzará de manera considerable la seguridad en los alrededores de la sala de audiencia y en el traslado de las personas involucradas en ese debate oral. Airaldi, de 46 años y que fue apodado el "Gaucho narco", se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona. En julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al "Gaucho narco", tomó un giro crucial cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Ese vehículo fue vinculado luego con la banda de Mameluco Villalba, el jefe narco que comanda desde la cárcel el movimiento de drogas en el partido bonaerense de San Martín. En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses. Los análisis de los dispositivos - cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA - revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.Trascendió que la investigación judicial que permitió evitar los atentados planificados desde la cárcel de Gualeguaychú se sustentó con diversos testimonios que alertaron sobre la inminencia de esa maniobra narco. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos", es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial. También figura el relato de un testigo que dijo estar al tanto de la planificación de las emboscadas. En ese caso, fue preciso cuando detalló que la organización criminal contaba con información sobre los movimientos del ministro Roncaglia. Ese hombre dijo que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque iba a ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente que hablaba (por Airaldi, preso en Gualeguaychú) le decía que vayan con un tarro de cal. Para ser más exacto, que vayan en dos vehículos, que uno vaya con un tacho de cal y el otro con los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro".Fuentes de la investigación explicaron que la información inicial sobre la posibilidad de un triple atentado contra figuras de relevancia pública llegó por un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. A partir de ese dato inicial se inició la pesquisa encabezada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N° 9, donde está alojado el llamado "Gaucho narco", supuesto cabecilla del complot. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores."El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía 'vengarse' del juez Ríos por la instrucción de la causa y de Candiotti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía", señalaron fuentes oficiales del gobierno entrerriano.Noticia en desarrollo

Desbaratan un plan de un narco para asesinar a un juez y un fiscal federal de Entre Ríos

Según la justicia local, el llamado "estanciero narco", Leonardi Airaldi habría impulsado un plan para asesinar al Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos y al Fiscal Federal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti. Para ello había contratado a un sicario uruguayo. Pero la Justicia desbarató antes el plan.

Juez: "Sin bajar la presión impositiva, la reforma laboral no va a generar empleo"

El senador nacional por Córdoba cuestionó la carga tributaria provincial, pidió un nuevo pacto fiscal y sostuvo que la modernización laboral "no es definitiva". También apuntó contra el gasto público y habló de la competitividad en la provincia. Leer más

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que "no le aporta nada"

El tribunal subraya además que el padre realizó esfuerzos concretos para retomar el contacto

Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

La reforma laboral endurece reglas para demandas y ata a los jueces a la Corte Suprema

El proyecto de reforma laboral introduce cambios de fondo en el funcionamiento de la Justicia del Trabajo, el cálculo de indemnizaciones y las reglas de contratación. Entre los puntos más sensibles, obliga a los jueces a ajustarse a los fallos de la Corte Suprema y fija nuevas responsabilidades para abogados, peritos y empleadores.

Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas

La magistrada no hizo lugar a la solicitud de la Procuración del Tesoro, que ya adelantó que apelará esa decisión. Leer más

Los jueces de las cortes provinciales piden a Nación que pague la deuda con las Cajas previsionales

La iniciativa fue impulsada por el presidente del TSJ de Córdoba, Domingo Sesin. Señalan que el déficit afecta salarios de magistrados, funcionarios y empleados judiciales activos y jubilados. Leer más

David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: "No puede convertirse en juez"

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho

Tras dictamen de Medicina Legal sobre la causa de muerte de la jueza Vivian Polanía, un médico forense solicitó un nuevo exámen: cuál es la razón

El proceso legal incorpora una solicitud de pruebas adicionales para identificar la presencia de otras sustancias, mientras la Fiscalía General analiza los informes forenses en el marco de la investigación penal en curso

El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)

El juzgado de Palma ha decidido no proseguir las pesquisas tras descubrir deficiencias en el complejo avícola, aunque no se consideraron prueba suficiente para establecer un delito, mientras la opción de recurso permanece abierta para las partes involucradas