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Desempoderando jueces: el 15 de junio entrará en vigencia el sistema acusatorio en tribunales federales

Regirá para las causas que se presenten a partir de ese día. Qué implica en la práctica. Un cambio que derriba el poder de los jueces, empodera a los fiscales y otorga protagonismo a los defensores. Expectativas por ascensos en la reorganización. ¿Falta personal o es suficiente con la planta actual? Leer más

Feijóo declara 5 horas ante la jueza de la dana y mantiene que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

Tras horas de comparecencia judicial, el presidente del Partido Popular insiste en que intercambió decenas de mensajes con responsables autonómicos el 29 de octubre, subrayando que proporcionó registros detallados para demostrar la inmediatez con la que recibió la información

Concluye la declaración telemática de Feijóo ante la jueza de la dana tras casi 5 horas

Juez dicta medidas a favor de Refugio Franciscano tras desalojo por maltrato animal, convocan a marcha en CDMX

El refugio convocó a una protesta pacífica para exigir respeto a los albergues independientes y a las organizaciones protectoras de animales

Corrupción en la AFA: el juez citó como testigo a Guillermo Tofoni a quien la Justicia de EE.UU. le reveló movimientos financieros sospechosos de Javier Faroni

Marcelo Aguinsky llamó como testigo para declarar en la causa de la mansión de Pilar al empresario para el 2 de febrero. Tiene un discovery de la justicia norteamericana con pagos de TourProdEnter a empresas fantasma de Miami. Mientras tanto, a partir del lunes tomará testimonio a empleados de la quinta atribuida a Pablo Toviggino y a los pilotos del helicóptero que iba hasta el lugar.

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

El juez explicó que la llamada fue realizada por un familiar de Jimmy Alexander Whu Cárdenas, uno de los investigados

Un hombre será juzgado en abril por amenazar a jueces y a agentes de la Guardia Civil en TikTok

La Audiencia Provincial de Almería fijó para abril de 2026 el inicio de un proceso penal contra un individuo acusado de hostigar a funcionarios judiciales y a una mujer, mediante la publicación reiterada de amenazas y calumnias en una plataforma digital

Un juez pregunta al fiscal si investiga a Zapatero por sus vínculos con Maduro

La jueza cita a Cerdán el 5 de febrero por presuntamente faltar a la verdad en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán deberá presentarse como imputado ante la justicia tras detectarse diferencias entre sus respuestas en la comisión de investigación y los hechos documentados por la Guardia Civil según la jueza

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza sobre la gestión de la dana

El PSOE cree que la declaración de Feijóo ante la jueza de la dana demuestra que "mintió" y exige su dimisión

Llorca valora la "transparencia y responsabilidad" de Feijóo ante la jueza y su "compromiso firme con la verdad"

Feijóo asegura, tras declarar ante la jueza, que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

El juez cita el 17 de febrero al exconsejero andaluz Vallejo por 1,2 millones en avales públicos al Grupo TPM

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir tras su declaración a la jueza de la dana y Compromís exige que dimita

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un "error" decir que recibía información "en tiempo real"

El líder del PP ha explicado que no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles; y que el día de la riada no recibió ni pidió información alguna de Mazón

Una jueza cita a declarar a Cerdán, acusado de mentir en la Comisión Koldo en el Senado

La jueza rechaza la suspensión de la declaración de Feijóo y empieza a preguntarle

El Gobierno recuerda que Feijóo debe "decir la verdad" ante la jueza de la dana durante su comparecencia

La jueza de la dana pide a la CHJ que identifique los agentes fluviales que vigilaron la zona el 29O

La magistrada solicita que se detalle quiénes participaron en las tareas de monitoreo del 29 de octubre en la provincia, así como la distribución precisa del personal, ubicaciones específicas y horarios en que desarrollaron sus funciones relacionadas con la emergencia

Feijóo testifica este viernes ante la jueza de la dana desde su despacho del Congreso

Los jueces procesaron a 47 personas y dictaron 27 condenas por corrupción entre abril y septiembre de 2025

Entre abril y septiembre de 2025, los tribunales de España finalizaron diez causas por delitos relacionados con la administración pública, con un 79,4% de fallos desfavorables para los acusados, según cifras divulgadas por el Consejo General del Poder Judicial

Lluvia de amparos contra el decreto de la SIDE. El juez de feria le girará a la fiscalía todas las presentaciones para que dictamine si deben tratarse durante el receso judicial

Los amparos que buscan frenar el decreto del Gobierno que modifica y reordena la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), presentados por organismos y dirigentes opositores ante el fuero contencioso administrativo, serán remitidos en su totalidad a la fiscalía para que dictamine si corresponde levantar la feria para tratarlos durante el receso judicial.Los cuatro amparos conocidos hasta ahora siguieron el curso normal y fueron sorteados en los juzgados 3, 4 y 11. Pero durante casi todo el mes de enero estará en funciones el Juzgado 10, a cargo del juez Walter Lara Correa. El magistrado le correrá vista a la fiscalía para que evalúe si corresponde o no habilitar la feria, la primera cuestión a resolver. Los fiscales del fuero son Miguel Ángel Gilligan y Fabián Omar Canda.Fuentes judiciales indicaron que este jueves todavía se seguían sumando acciones contra el decreto y que la idea era remitirlas todas juntas, junto con cualquier otra nueva presentación. También deberá definirse el modo en que tramitarán las presentaciones. Por ahora, dos de ellas colectivas y otras tantas, individuales.Una fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista; otra fue impulsada por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; una tercera corrió por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la restante, por la Fundación Apolo, encabezada por Yamil Santoro, que -como el resto- pidió la habilitación de la feria.Entre los puntos más polémicos del DNU 941/2025, presentado el último día del año, sobresale el que habilita al personal de inteligencia a "proceder con la aprehensión de personas". También fue cuestionado por no precisar las "circunstancias excepcionales" que justificarían eludir el trámite parlamentario en el Congreso. Durante estos días de feria está en funciones la Sala V de la Cámara, integrada por los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy.El juezEl juez de feria Walter Lara Correa ganó notoriedad pública el año pasado al hacer lugar a un reclamo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS por la discontinuidad en el reparto de alimentos a comedores, en medio de la disputa entre las organizaciones sociales y el Gobierno. La sentencia dejó interpretaciones contrapuestas: las organizaciones celebraron que el juez reconociera la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación, mientras que desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que el fallo avaló su "enfoque progresivo" en la materia.Sin embargo, las espadas judiciales del ministerio por aquel entonces apelaron la decisión, que fue luego confirmada por la Cámara y hoy tramita ante la Corte Suprema. El año pasado, además, Lara Correa habilitó la feria para tramitar un amparo colectivo impulsado por distintas organizaciones con el objetivo de evitar una situación de acefalía en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ordenó que el Congreso ponga en marcha un concurso público para designar a su titular.Por su juzgado también pasó una de las presentaciones realizadas en enero de 2024 contra el decreto de desregulación (DNU 70/2023). Esas acciones tramitaron en conjunto, pero luego el juez de feria de ese verano, Enrique Lavié Pico, las desconcentró y comenzaron a tramitar por separado. Muchos de los efectos del decreto fueron después recortados por resoluciones judiciales, como ocurrió con el capítulo laboral.

Causa Los Sauces-Hotesur: se excusó de intervenir el juez que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad

Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu. Sostuvo que ya valoró la misma prueba y su imparcialidad estaría en riesgo

Un juez cita como investigado a un activista propalestino de Ferrol por publicar "contenido antisemita" en redes

Uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en "Vialidad" se excusó de juzgarla en el caso "Los Sauces-Hotesur"

Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu, quien salió sorteado para intervenir.Sostuvo que ambos casos están relaciones y que ya fijó postura por lo que hay "una situación de prejuzgamiento que compromete el principio de imparcialidad".

La jueza de la dana pone el foco en la retirada de los bomberos de la vigilancia de cauces

El juez acepta la renuncia del abogado de Ábalos aunque estará en la vista de la prisión

El juicio por el Caso Watergate: la férrea determinación de un juez y la investigación que derivó en la renuncia de Richard Nixon

En enero de 1973 se dio inicio el proceso contra los hombres que entraron a oficinas del Partido Demócrata en Washington. La revelaciones periodísticas y las confesiones que precipitaron la renuncia del presidente de Estados Unidos

Quiénes son los jueces que ordenaron a un diario histórico "rectificar" publicaciones de la época de la dictadura

Con la condena a 31 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca le puso punto final al juicio conocido como "Zona V". Como parte de la misma resolución, el tribunal ordenó, en una polémica decisión, que el diario La Nueva haga una "rectificación" sobre publicaciones realizadas en el periodo investigado, una vez que el fallo adquiera firmeza. Los jueces detrás de la sentencia y la polémica decisión que alcanza al histórico diario del sur de la provincia son Ernesto Sebastián y Sebastián Luis Foglia, titulares del Tribunal, y Marcos Javier Aguerrido, magistrado en la provincia de La Pampa, que actuó como subrogante. Dieron por acreditado que 36 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en "enfrentamientos militares", como informó el medio en su momento, hace medio siglo, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.Pero la parte más polémica del fallo surgió a partir de dar por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en "enfrentamientos militares", como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad. En base a eso, dispone que La Nueva deberá realizar una nueva publicación como medida "moralmente reparatoria".El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la "publicación" en términos generales.Ernesto SebastiánEs titular del tribunal desde marzo de 2021. Como presidente lideró los más de 150 debates de "Zona V" por casi cuatro años, uno de los casos de mayor volumen de la provincia. Sebastián comenzó su camino en la Justicia en 2001, en la mesa de entradas del juzgado federal de Mar del Plata. Fue secretario penal en General Roca y se desempeñó como juez federal subrogante en Viedma durante el año 2020. Durante "Zona V", recibió críticas de una de las querellas, la organización H.I.J.O.S. Bahía Blanca, después de presidir una audiencia virtual desde su auto para anunciar su suspensión, porque el abogado expositor no podía presentarse. Ocurrió dos meses después del temporal que azotó Bahía Blanca y el tribunal alegó problemas de conectividad.El juez es defensor del juicio por jurados y promueve que estos incluyan representación de pueblos originarios cuando corresponda. En el orden de mérito del concurso para el cargo, se ubicó en el noveno lugar, con 138 puntos.Sebastián FogliaAl igual que su colega Sebastián, fue nombrado juez titular en marzo de 2021, cuando el tribunal llevaba más de dos años de total vacancia. Foglia contaba para ese entonces con un recorrido de 20 años en la justicia, 14 de los cuales se desempeñó como fiscal en Bahía Blanca. Ante el Consejo de la Magistratura, sostuvo que durante ese tiempo participó en 40 juicios orales por año. Cuando expuso ante el Consejo de la Magistratura, se presentó como especialista en juicios por jurado y destacó, de entre sus publicaciones, una realizada en la revista online que dirige en la Universidad Nacional del Sur. Con un puntaje de 167,85, se ubicó en el primer lugar del concurso, distanciándose por más de 20 puntos del segundo postulante. Es profesor titular de Criminología en la Universidad de La Plata. Marcos AguerridoEs juez titular del Tribunal Oral de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y actúa como subrogante en el Tribunal de Bahía. Fue nombrado en 2012, y a diferencia de sus colegas, contaba ya con experiencia en procesos de lesa humanidad. En el juicio conocido como "Subzona 14 II", condenó a trece exintegrantes del Ejército y por privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos.Quedó envuelto en una polémica en 2018, cuando junto a sus colegas del Tribunal de La Pampa anuló escuchas telefónicas y absolvió por falta de pruebas a todos los imputados acusados de participar o encubrir el funcionamiento de "La Chicho Show", un cabaret y prostíbulo que funcionaba al lado de una whiskería en Macachín, la Pampa. Uno de los imputados absueltos fue el entonces intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, del PJ. La sentencia, sin embargo, fue revertida por la Casación que ordenó apartar al tribunal y realizar un nuevo juicio, decisión que fue luego confirmada por la Corte Suprema.

Un juez investigado por corrupción pidió permiso para irse de vacaciones a Europa

Se trata de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Está procesado y debería estar detenido, pero tiene inmunidad de arresto. Pretendía viajar durante tres semanas a España, con una escala en Italia

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por un presunto caso de agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

El PP le había citado este jueves 8 de enero a las 10:00 de la mañana

El decreto de la SIDE que firmó Milei: detenciones sin juez, el nuevo rol para las FFAA y el secreto como regla

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Qué dijo Nicolás Maduro ante el juez de EE.UU.

Nicolás Maduro compareció ante el juez Alvin K. Hellerstein en la corte del Distrito Sur de New York para responder a la imputación formal por narcoterrorismo y tráfico de armas. El exlíder chavista utilizó la instancia judicial para ratificar su inocencia, reivindicar su investidura presidencial y denunciar la ilegalidad de su traslado forzoso desde Caracas hacia territorio norteamericano tras el operativo militar estadounidense.Las declaraciones de Maduro ante la Justicia de EE.UU.El líder chavista rechazó la jurisdicción del tribunal desde el inicio de la sesión. Ante la solicitud del juez Hellerstein para su identificación, el imputado se presentó como "Presidente de Venezuela" y afirmó que permanecía "secuestrado" desde el sábado anterior. El exmandatario escuchó los cuatro cargos en su contra, entre los que figuran conspiración narcoterrorista y posesión de dispositivos destructivos. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", afirmó Maduro ante la corte.En otro tramo de la audiencia, el acusado mencionó que tenía el escrito de la acusación en sus manos "por primera vez". El juez le preguntó si deseaba una lectura en voz alta. "Prefiero leerlo personalmente", contestó el sucesor de Hugo Chávez.El cruce con el público y los gritos en la salaDurante la salida del recinto se produjo un intercambio tenso con un asistente del público. Un hombre identificado como Pedro Rojas, de 33 años, increpó al dirigente y lo llamó "presidente ilegítimo". Maduro lo miró y respondió directamente en español: "Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra".El ingreso al tribunal y el saludo en inglésMaduro entró a la sala con una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión, pantalones caqui y calzado naranja. Al ingresar, saludó en inglés a los presentes: "Feliz año nuevo". Luego se dirigió a los periodistas ubicados en el sector trasero. La declaración de Cilia FloresLa esposa de Maduro también enfrentó al juez Hellerstein. "Soy la primera dama de la República de Venezuela", dijo al momento de su identificación y también se declaró "completamente inocente" de los cargos que conllevan penas posibles de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.La estrategia de la defensa y el estado de saludEl equipo legal encabezado por Barry Pollack anticipó la estrategia para las próximas etapas. "Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios que ello conlleva", declaró el abogado. Pollack calificó el hecho como un "secuestro militar" y adelantó la presentación de documentos "voluminosos" previos al juicio.Asimismo, indicó que Maduro padece "problemas de salud" sin detalles específicos. Por su parte, Mark Donnelly, abogado de Flores, denunció agresiones físicas contra su clienta, donde sostuvo que la ex primera dama sufrió "lesiones importantes" durante la detención en Caracas, con posibles fracturas.El traslado de Maduro a los tribunales de Nueva York La visión de la prensa y la acusación formalUn cronista de The New York Times presente en el lugar analizó la actitud del acusado: "Lo que vimos aquí es un notable choque con la realidad para Maduro. Claramente, pretendía hacer una declaración personal sobre su situación; en cambio, se vio obligado a acatar las reglas del tribunal, donde el juez es la máxima autoridad".El Departamento de Justicia sostiene en su escrito que Maduro es un "gobernante de facto pero ilegítimo del país". El texto afirma que el venezolano "lideró un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico".Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.

La Cámara Federal de San Martín ya tiene el caso por la mansión de Pilar y definirá qué juez seguirá al frente

Tras el reclamo cruzado entre dos jueces, el Tribunal de Apelaciones recibió el expediente y tomará la decisión clave

Las frases más destacadas de la declaración de Nicolás Maduro ante el juez

Nicolás Maduro fue llevado este lunes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para la lectura de cargos por presunta conspiración narcoterrorista. La audiencia en el tribunal ocurrió tras el operativo militar que terminó con la detención del dirigente en Caracas el sábado pasado. Este acto procesal ante el magistrado Alvin K. Hellerstein permitió el primer contacto del acusado con el sistema judicial de los Estados Unidos.Qué dijo Nicolás Maduro ante la justicia federalEl procesado pronunció palabras estratégicas para desconocer la legitimidad de su captura y reafirmar su cargo ante el tribunal. Las citas textuales del exlíder venezolano ante el magistrado incluyeron las siguientes definiciones:"Soy el presidente de la República de Venezuela""Estoy secuestrado""No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente""Prefiero leerlo personalmente" (en referencia al escrito de acusación)"Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra"El acusado habló en español con la asistencia de un intérprete profesional durante la sesión. Maduro intentó relatar los pormenores de su aprehensión en su residencia particular, pero el juez interrumpió su discurso de inmediato. Hellerstein aclaró que la audiencia solo requería la confirmación de su identidad. El imputado vistió una camisa azul marino sobre un uniforme naranja de prisión y portó auriculares negros para la traducción. Al finalizar el encuentro, Maduro miró directamente a un asistente que lo increpó desde el público y reiteró su condición de detenido forzoso.Cuáles son los cargos en el expediente judicialLa fiscalía federal del Distrito Sur, bajo la conducción de Jay Clayton, presentó una acusación por delitos graves relacionados con el comercio de estupefacientes. El escrito judicial menciona una conspiración narcoterrorista y la planificación para ingresar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Las investigaciones vinculan al político con organizaciones como el cártel de Sinaloa, Los Zetas y las FARC.El documento oficial detalla una asociación delictiva de larga data para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas bajo el amparo del poder político en Caracas. De recibir una sentencia condenatoria, el dirigente enfrenta penas que oscilan entre los 30 años de prisión y la cadena perpetua. Maduro negó todas las imputaciones previas y sostuvo que las denuncias representan intereses externos sobre los recursos petroleros de su país.El traslado de Maduro a los tribunales de Nueva York Quiénes conforman el equipo de defensa legalLa representación técnica del procesado cambió durante el desarrollo de la jornada judicial de este lunes. El penalista David Wikstrom asumió inicialmente la defensa como abogado de oficio en el tribunal de Manhattan. Wikstrom posee experiencia en casos similares por su labor con familiares de otros exmandatarios centroamericanos. El líder chavista también concretó la contratación de Barry Pollack para liderar su equipo jurídico. Pollack representó anteriormente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en procesos penales internacionales. El letrado cuestionó de inmediato la validez del operativo militar que permitió el traslado de su cliente a Nueva York. La defensa presentará documentos voluminosos para impugnar la legalidad del procedimiento realizado el sábado pasado. Pollack argumentó que su representado ostenta el estatus de jefe de un estado soberano y posee privilegios legales derivados de ese cargo.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso "carecen de sustento jurídico"

Janet Tello defendió la inaplicación de leyes inconstitucionales y reafirmó el compromiso con la supremacía constitucional

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que juzgó a Harvey Weinstein y hoy lleva el proceso contra Maduro en Nueva York

Tras la operación de captura realizada el sábado, el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado al centro de detención de reclusos de Brooklyn, en donde espera el proceso judicial. Este lunes, enfrenta su primera audiencia judicial, a cargo de Alvin Hellerstein, un juez nombrado por Bill Clinton en 1998 que actualmente es uno de los magistrados en actividad con más años de carrera. Anteriormente, llevó adelante varios juicios de importancia mediática a lo largo de su extensa carrera.El juez 92 años nombrado por Clinton que se encargará del juicio a Maduro en Nueva YorkNacido en Nueva York en 1933, el currículum profesional de Hellerstein no es escaso. Fue abogado del ejército de Estados Unidos y ejerció como abogado en el sector privado antes de ser nombrado en 1998 por el entonces presidente Clinton como juez federal del distrito sur de Nueva York.Anteriormente, participó en varios procesos judiciales significativos en Estados Unidos. Entre los casos más destacados resaltan:Las reclamaciones por los daños de las torres gemelas durante el atentado del 11-S.El caso de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.El proceso del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.Además, en la primavera emitió un fallo que impedía a la administración Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos. En ese momento, cuestionó al presidente por deportar a personas a una cárcel extranjera "con pocas esperanzas de procesamiento o retorno".Acostumbrado a la presión mediática, el juez de 92 años estudió derecho en la Universidad de Columbia (Nueva York). Durante su carrera, se esforzó por emitir sentencias imparciales. Según Associated Press, Hellerstein es "conocido por su cuidado y cautela al presidir litigios".Actualmente, lleva a cabo también el caso contra Hugo "el Pollo" Carvajal, el exjefe de espionaje de Venezuela que se declaró culpable en octubre de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).Ahora, solo resta conocer la sentencia contra Carvajal, quien enfrentará una nueva audiencia el 23 de febrero de 2026.Cómo será el proceso judicial contra Maduro en Nueva YorkDetenido con su esposa, Cilia Flores, bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Maduro comparecerá ante Hellerstein este lunes a las 12 hs, hora del este.El hijo de Maduro, dos altos funcionarios venezolanos y un presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua son los otros acusados, según especificó ABC News.La primera audiencia tendrá lugar en un tribunal federal de Manhattan. El mandatario venezolano será defendido en primera instancia por David Wikstrom, un abogado de oficio designado por el tribunal.Los cargos que enfrenta Maduro en Nueva York frente al juez de 92 añosDurante la audiencia de este lunes, Maduro comparecerá ante Hellerstein por cuatro cargos, según informó Reuters:Conspiración de narcoterrorismo.Conspiración de importación de cocaína.Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.El documento judicial acusa a Maduro de ofrecer "protección policial y apoyo logístico" a importantes grupos narcotraficantes. Entre otras acciones, la justicia aseguró que vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y facilitó vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.De acuerdo con Reuters, es probable que Maduro solicite la destitución con el argumento de que es inmune o está protegido del procesamiento penal porque es un jefe de Estado extranjero. Sin embargo, existe un antecedente que juega en su contra. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá y derrocó al entonces líder Manuel Noriega, acusado de conspirar para contrabandear drogas a Estados Unidos. En aquel caso, los tribunales rechazaron el argumento de inmunidad al sostener que no era el presidente legítimo.Por su parte, la primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos y aceptar sobornos en 2007 para concertar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

Alvin Hellerstein, juez que llevará el caso contra Nicolás Maduro en EE.UU., también había juzgado a Shakira: esta fue la razón

El juez de 91 años será el encargado de determinar la gravedad de los delitos imputados al dictador venezolano, acusado de conspiración de narcoterrorismo e importación y posesión de armas

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años a cargo del juicio contra Maduro en Nueva York

NUEVA YORK.- El líder depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán el lunes ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos, en el que será el primer paso de un proceso judicial que se espera se extienda durante años, y que implica un cambio de escenario impactante para la pareja: del palacio presidencial de Miraflores en Caracas a la dura y sombría realidad de la detención preventiva en una cárcel federal de Brooklyn.El caso de Maduro será supervisado por el juez federal de distrito de Estados Unidos Alvin K. Hellerstein, un jurista de 92 años que ya había sido asignado al caso presentado contra Maduro en 2020 y que ha tramitado numerosos casos de gran envergadura a lo largo de sus casi tres décadas en el cargo, incluidos asuntos vinculados a los atentados del 11 de septiembre y al genocidio en Sudán.El juez ya se ha mostrado escéptico frente a los argumentos de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, en otros casos de alto perfil.¿Qué cargos enfrenta Maduro?La acusación sostiene que Maduro y otros líderes venezolanos han, durante más de 25 años, "abusado de sus cargos de confianza pública y corrompido instituciones que en su momento fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos".La acusación sostiene también que Maduro y sus aliados "brindaron cobertura de las fuerzas de seguridad y apoyo logístico" a importantes grupos del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Según el Departamento de Justicia, estas organizaciones criminales enviaban ganancias a funcionarios de alto rango que, a cambio, las protegían.Entre otros hechos específicos, se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer de regreso a Venezuela las ganancias del narcotráfico desde México.En concreto, Maduro fue imputado por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.Se espera que tanto Maduro como su esposa se declaren inocentes. Al mismo tiempo, es casi seguro que el juez ordenará su detención, y podría pasar más de un año antes de que se conforme un jurado para evaluar las pruebas en su contra.Sin embargo, el procesamiento de un líder de un Estado soberano, capturado en su país en una operación militar altamente coreografiada, dará lugar probablemente a argumentos pocas veces escuchados en un tribunal estadounidense. Los abogados de Maduro podrían cuestionar, por ejemplo, la legalidad de su arresto y su traslado a Estados Unidos. También podrían sostener que, en su calidad de jefe de Estado de Venezuela, goza de inmunidad frente a un proceso penal.La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por otra parte, es una dependencia del Departamento de Justicia famosa por su férrea independencia y sus procesamientos agresivos, donde ya se han llevado a cabo casos célebres contra narcotraficantes, mafiosos y personajes mediáticos -como, por ejemplo, el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y posteriormente indultado por Trump.La misma fiscalía ya había presentado una acusación formal contra Maduro en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada, hecha pública el sábado, incorpora nuevos detalles y coacusados, entre ellos la esposa de Maduro.¿Quién es el juez Hellerstein?El juez Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, fue abogado del Ejército de Estados Unidos y ejerció en el sector privado antes de ser designado para el tribunal federal en 1998 por el presidente Bill Clinton y confirmado por el Senado en octubre de ese mismo año. En enero de 2011 asumió el estatus de juez superior.Antes del caso de Maduro, Hellerstein ya estuvo al frente de los procesos contra algunos de los coacusados del líder chavista.En abril de 2024, el juez condenó al general retirado del Ejército venezolano Cliver Alcalá a más de 21 años de prisión. Y el 23 de febrero tiene previsto dictar sentencia contra un exjefe de inteligencia venezolano, el general de división retirado Hugo "El Pollo" Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela que supo ser una de las figuras más importantes del chavismo.En 2023, Carvajal fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego vinculados al llamado Cártel de los Soles.El testimonio del exdiputado y antiguo jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista, que ha decidido colaborar con las autoridades, jugará un papel importante en el juicio a Maduro.Otros casos de alto vueloEn 2003, Hellerstein aceptó escuchar un caso que involucraba a varias aerolíneas y a la empresa de seguridad aeroportuaria Pinkerton. El caso fue interpuesto por personas lesionadas en los atentados del 11-S, representantes de los fallecidos y entidades que sufrieron daños materiales.En septiembre del año siguiente, y antes de que prescribiera el plazo, las aseguradoras del World Trade Center presentaron una demanda contra American Airlines, United Airlines y la empresa de seguridad aeroportuaria Pinkerton, alegando que su negligencia permitió el secuestro de los aviones.Gran parte de la trayectoria del juez estuvo marcada por su intervención en los procesos civiles relacionados con Harvey Weinstein, el productor de Hollywood cuya caída desencadenó el movimiento "#MeToo".Si bien Hellerstein no fue el encargado de llevar el juicio, sí jugó un papel fundamental en la gestión de los procesos derivados de las acusaciones de abuso y explotación sexual generalizadas contra el magnate de la industria cinematográfica. Hellerstein también fue noticia en los últimos años cuando rechazó los pedidos de Trump para trasladar a la justicia federal su causa penal por el pago de dinero para silenciar a una actriz porno.El juez determinó que los reembolsos de Trump a Michael Cohen, quien facilitó los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, no constituían actos oficiales vinculados a su presidencia. Trump aún sigue litigando contra esa decisión.El año pasado, Hellerstein rechazó los intentos de deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, al considerar que la administración Trump había invocado de manera indebida esa legislación de tiempos de guerra.Agencias AP y Reuters y diarios The New York Times y El Tiempo (GDA)

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo notificar formalmente las acusaciones al ex líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, garantizarles asistencia legal y establecer las primeras pautas del procedimiento

Juicio a Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York

Nacido en 1933, se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos y luego ejerció en el sector privado. En mayo de 1998, el entonces presidente Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro

Se espera que el depuesto presidente y su esposa se presenten este lunes ante el magistrado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Leer más

Nicolás Maduro declara este lunes ante un juez de Nueva York por cargos de narcotráfico

Se trata de su primera audiencia judicial luego de ser capturado por Estados Unidos en Venezuela.Su mujer, Cilia Flores, también será juzgada.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que intervino en casos contra Shakira y Vicentin y que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro

El magistrado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York participó de varios casos resonantes.Este lunes se espera que el depuesto presidente y su esposa se presenten ante él por primera vez.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este lunes ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

El nombramiento, avalado por el máximo órgano judicial, genera inquietud social sobre los criterios y controles para cargos clave en la judicatura mexicana

El juez que elogia a Cristina Kirchner y que está detrás del allanamiento a un denunciante de la AFA

Las investigaciones vinculadas a la AFA sumó un nuevo capítulo e integrante. Según uno de los denunciantes que impulsaron la pesquisa sobre la mansión en Pilar, Matías Yofe, el allanamiento en su domicilio fue autorizado por el juez Walter Federico Saettone, cuyo perfil incluye halagos a Cristina Kirchner, una foto con Axel Kicillof y una película que lo mostró en el cine Gaumont.El viernes pasado la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio de Yofe, quien catalogó a esta medida como un mensaje "mafioso". El operativo se realizó en medio de una causa por "extorsión". Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación. Semanas atrás, este dirigente de la Coalición Cívica había presentado la denuncia que impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar, los autos de lujo, presuntos testaferros y una supuesta conexión con la AFA, algo que la entidad del fútbol argentino siempre negó.De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, el operativo en el domicilio de Yofe por la causa que investiga una supuesta extorsión fue autorizado por el juez Saettone. El magistrado, de 46 años, acumula más de una década en los tribunales.Saettone fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que su gobernador era Daniel Scioli modo Frente Para la Victoria.En su perfil de X (exTwitter) dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense: "Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia". Escribió eso al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.Pero no sólo expresó admiración política, sino también emitió opinión sobre el desarrollo de causas judiciales en las que la expresidenta aparece acusada. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que "resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional", al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.Un poco antes en el tiempo, el perfil del juez Saettone incluye conexiones con Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával. Con el primero, compartió una foto en febrero de 2020. "Día del Bicentenario del Tratado del Pilar", comentó.Asimismo, el juez mencionó a Achával en una publicación del 2019. "Hermoso momento en escuela de arte y música El Cirko acompañando el proyecto para músicos locales Diego Blanco presentado a Federico Achával" (sic), narró.El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar.Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas "expresar su beneplácito por la realización y estreno de la película nacional documental 'El libro de los Jueces', dirigida por Matías Scarvaci". Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: "no parece un juez, sino un rockero".La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos "recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos". Las publicaciones de Saettone no son ajenas a la temática carcelaria. Tres años antes de la película, el juez se involucró en el debate social sobre la situación de los presos durante la cuarentena. "La pandemia, sumado al problema estructural existente en las cárceles, y su hacinamiento, obliga a todo juez que tenga personas privadas de la libertad a su disposición analizar cada caso en particular. Eso no significa, libertades sino revisar, que es otra cosa", sostuvo. Luego completó: "De ningún modo se abrieron las puertas de las unidades carcelarias y mucho menos para los detenidos con hechos graves condenados, y/o procesados con preventiva firme y con buen estado de salud, pues respecto de ellos no se revisa nada, dado que no hay nada que revisar".

Corrupción en la AFA: quién es el juez que busca quedarse con la causa por la quinta de Pilar

Cuando todo parecía indicar que los presuntos testaferros de la fastuosa quinta en Pilar -el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte- ofrecerían su versión de los hechos ante el segundo juez que los investigó, un tercer magistrado entró en escena reclamando el caso para su juzgado y sentando un nuevo conflicto de competencia en el universo de casos que investigan a la AFA y a sus autoridades. Se trata de Adrián González Charvay, juez federal de Zárate-Campana. Tras una presentación de último momento de Pantano y Conte en su juzgado, el juez sostuvo, a contramano de lo que opinarían luego dos fiscales y un juez, que, en razón del territorio, ese expediente le correspondía. El recorrido de González Charvay en la Justicia se inició hace más de 30 años, aunque ejerce como magistrado desde 2009 primero como subrogante y desde 2015 como titular. Cimentó su fama de "investigador" y de juez arrojado alrededor de exitosos operativos antinarco y avanzando en causas que impactaron en distintas zonas del arco político. Sin embargo esa imagen pronto se mezcló con sus lazos y contactos políticos con toda la zona norte del conurbano, en especial, con los municipios de Escobar, Campana y Pilar, donde está ubicada la quinta investigada. Estos nexos, especialmente con el peronismo, cobraron nueva dimensión a la luz de su pedido para que tramite en su juzgado la causa de la propiedad sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Son conocidos los vínculos del intendente de Pilar, Federico Achaval, con la asociación de futbol. Pilar se convirtió, por caso, en el primer lugar a donde se dirigió la copa del mundo que conquistó la selección liderada por Lionel Scaloni antes de descansar en las vitrinas de la AFA, tal como cuentan con orgullo medios locales, que consignan el logro a las gestiones de Achaval con Claudio "chiqui" Tapia. Achaval aparece como uno de los nexos más cercanos de González Charvay.Más recientemente, el director de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, dio a conocer en diálogo con el medio El Auditor que, como consecuencia de las intimaciones por los presuntos descalabros en sus cuentas, la AFA había intentado relocalizarse en el Municipio de Pilar, pero que la modificación era inválida por no haber sido aprobada previamente por el organismo que preside. Los allegados a González Charvay, sin embargo, tratan de relativizar y explican que el vínculo del juez con Achaval es el mismo que mantiene con el resto de los intendentes de la zona. Son relaciones "funcionales e institucionales", a menudo dadas por su expertise, el narcotráfico, dicen quienes lo valoran. El juez quedó en soledad al reclamar el caso: el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, sostuvieron que no le correspondía. Algunos creyeron ver en esa obstinación un intento forzado por quedarse con el caso y sembraron suspicacias. Frente al argumento territorial, su colega Aguinsky contrapuso que, dada las características de la causa, la ubicación de la quinta era irrelevante y que lo importante era avanzar en la investigación de la AFA.Quienes respaldan la decisión de González Charvay, en tanto, apuntan que, por ahora, sobre el caso debe primar el criterio territorial. El origen, sostienen, debió ser allí, en Campana, y no en Comodoro Py. "Nadie construye una casa poniendo primero el techo", grafican. La misma fuente pone en valor lo que dijo a su tiempo el camarista Leopoldo Bruglia cuando llevó el caso de los tribunales de Retiro al fuero económico y advirtió sobre un potencial conflicto por el territorio. La políticaDesde el comienzo de sus actuaciones como juez federal Charvay acumuló fallos con fuertes resonancias políticas. En noviembre del año pasado, el juez procesó al exministro bonaerense de Transporte, Jorge D'Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato a presidente del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. Hasta ese momento, había versiones que lo vinculaban con el área de influencia judicial del massismo.En mayo de 2022, elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y de un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La carrera política de Ducoté quedó en pausa desde entonces; fue Achával quien lo sucedió en la intendencia de Pilar. Ahí se habría cimentado ese vínculo.Achaval, ligado al juego a través de su padre, Federico Achaval, registra varios "triunfos" en la sede judicial de González Charvay. Uno de los últimos fue el aval del juez a la municipalidad para cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei. "Le pega a todo el arco de la política y avanza en causas fuertes", refiere alguien que no le tiene especial estima y que busca atenuar los señalamientos de preferencias políticas.Por sus conexiones fluviales, la porción geográfica en la que cumple funciones González Charvay está sindicada como un punto sensible para el narcotráfico. El juez acostumbra a liderar las investigaciones en su juzgado y solo ocasionalmente delega los casos a la fiscalía. En materia de narcotráfico, nunca.En su haber registra varios operativos resonantes. Uno de los casos salientes fue el de "Bobinas Blancas", en julio de 2017. Más recientemente, en julio de este año, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate y en firmas vinculadas a la operatoria de un buque que salió del puerto argentino y al llegar a Bélgica se le encontraron 222 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. En mayo, en otro procedimiento ordenado por el juez se incautaron más de 1000 kilos de marihuana en allanamientos realizados en Garín, Marcos Paz y Guernica. Su formación se edificó por entero en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió, cursó estudios de posgrado y obtuvo el título de doctor en derecho constitucional. En su biografía profesional, no pocos señalan como punto flaco que antes de convertirse en magistrado fue secretario del polémico exjuez Federico Faggionatto Márquez, destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez. "No habla bien de él", sopesa otra de las fuentes consultadas.Antes de trabajar en la Defensoría General de la Nación y antes de recalar en Campana, se desempeñó durante casi tres años, entre 2006 y 2009, como secretario letrado en Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, bajo las órdenes del fiscal Alberto Nisman.

Corrupción en la AFA: quién es el juez que decide dónde tramitará la causa por la quinta de Pilar

El futuro procesal de una de las principales causas que investigan a la AFA y a sus autoridades recayó en las manos del camarista Juan Pablo Salas, presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que estará de turno hasta el 15 de enero, durante la primera mitad de la feria judicial. Salas deberá decidir, de manera unipersonal, si la causa que busca dilucidar quiénes son los verdaderos dueños de la millonaria e impactante quinta en Villa Rosa, Pilar, queda radicada en el juzgado de Marcelo Aguinsky, en el fuero Penal Económico, adonde llegó desde Comodoro Py, o si pasa a manos del juez federal Adrián González Charvay, en Campana, quien la reclama por una cuestión territorial. El juez es respetado por quienes conocen en profundidad el paño judicial de la jurisdicción. Es un "nacido y criado" en los tribunales de Morón, señala un letrado que lo conoce, y referente de la lista Celeste, ligada al peronismo. Hizo su recorrido como secretario del juez Jorge Rodríguez, una figura a la que se le atribuye una extendida influencia en el territorio. Pero arrastra una mancha que muchos no le perdonan: revocó el procesamiento por asociación ilícita contra el polémico fiscal Claudio Scapolan, que estaba acusado de haber actuado en complicidad con policías que se dedican a extorsionar a narcotraficantes fraguando causas.Hoy, como camarista, Salas revisa los fallos de su exjefe y los de otros magistrados con presencia, como la jueza Sandra Arroyo Salgado. "Intachable", lo describe una fuente que lo valora. "Un juez clásico del conurbano", lo define otra, que destaca sus "buenos vínculos" con las fuerzas policiales, el Estado y la política en general, sobre todo con el peronismo.El caso sobre el que debe decidir avanzó a gran velocidad desde sus primeros días, cuando quien tenía las riendas del expediente era el juez Daniel Rafecas. Al tiempo que declaraba su incompetencia, Rafecas ordenó una primera ráfaga de medidas, entre ellas, el allanamiento que expuso la millonaria colección de autos en la quinta. Están a nombre de los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que, en los papeles, son también los dueños formales del predio. Cuando, por decisión de la Cámara Federal, el caso se trasladó al fuero penal, tanto Pantano como Conte fueron "invitados" a hacer un descargo por el juez Marcelo Aguinsky, quien, como parte de sus primeras medidas, levantó la feria judicial para que la causa no perdiera ritmo. Pantano y Conte presentaron finalmente un pedido de inhibitoria ante el juez González Charvay y la reunión con Aguinsky se suspendió. Ahora será Salas quien decida cuáles serán las costas en las que recalará ese expediente, en donde se acumulan cada vez más indicios que vinculan la quinta con la AFA. Por la feria, Salas estará al frente de la Sala I de la Cámara hasta el 24 de enero. Luego, a su vuelta, la continuará presidiendo el resto del año. Su tribunal interviene en el caso por tratarse de un conflicto de competencia que se origina con un pedido de inhibitoria, explicaron fuentes del caso. Fueron Pantano y Conte, cuya representación legal está en manos de Mariano Morán, quienes hicieron el planteo ante el juez González Charvay, que hizo propio ese reclamo ante el juez Aguinsky. Salas ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego como juez en Morón. Integró una terna que aprobó el Consejo de la Magistratura en 2011 y luego en 2015. Fue finalmente designado en 2016 por el expresidente Mauricio Macri, luego de que su pliego fuera retirado y revisado por el Ejecutivo. Recientemente, Salas intervino en una causa de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Resolvió que el caso dejara de tramitarse en el juzgado de Arroyo Salgado, en San Isidro, para unificar las investigaciones en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien se terminaría apartando.Como juez de primera instancia intervino en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro "Lauchón" Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.

Lavado, evasión y disputas entre jueces: cómo avanzan las causas que investigan a los dirigentes de la AFA

Desde la mansión de Pilar hasta la administración de más de USD 260 millones en el exterior, las investigaciones judiciales que involucran a la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia sumaron esta semana nuevas resoluciones, allanamientos y definiciones clave sobre la competencia de los tribunales

Concursos judiciales bajo sospecha: tiene fiscal y juez la investigación a Daniela Maluf

La Cámara de Acusación adoptó dos resoluciones trascendentes: primero, apartó al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, y luego confirmó que continuará interviniendo el juez de Control N° 7, José Milton Peralta. Quedó al frente de la pesquisa inicial Ernesto de Aragón. Leer más

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

La sentencia resuelve la disputa entre los hermanos y sentencia la venta pública de la casa dejada en herencia y que el dinero se reparta entre ellos según los porcentajes fijados

Amparo de salud: una jueza ordenó reafiliar a una paciente y cubrir una cirugía pancreática urgente

La decisión se dictó en el marco de un reclamo contra una obra social y fijó un plazo de 12 horas para cumplir la medida cautelar

Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El dirigente popular remite conversaciones al juzgado de Catarroja para aclarar su papel durante la catástrofe en Valencia, donde instó repetidas veces a Mazón a priorizar la claridad informativa y coordinar la respuesta ante la crisis

Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

Alberto Núñez Feijóo entregó a la jueza encargada del caso los chats que mantuvo con Carlos Mazón durante la gestión del desastre natural en Valencia, en los que enfatizaba la importancia de informar a la ciudadanía y la necesidad de coordinación institucional

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón en 1989 por el femicidio de Alicia Muñiz

El fallecimiento fue confirmado por el Colegio de Magistrados de Mar del Plata. Ramos Fondeville desarrolló una extensa carrera judicial y tuvo a su cargo el fallo que en 1989 condenó al excampeón mundial de boxeo por el crimen de su pareja. Leer más

Telefónica entrega al juez del 'caso Begoña Gómez' correos que "reflejan la existencia de reuniones" sobre la cátedra

La firma tecnológica facilita mensajes electrónicos vinculados a encuentros sobre la plataforma universitaria bajo investigación, mientras el magistrado solicita a la Guardia Civil un análisis exhaustivo, clave en la pesquisa que involucra a la esposa del presidente

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio"

Su declaración está prevista para el 9 de enero, aunque testificará de manera telemática

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón

Encabezó el tribunal que condenó al ex campeón de boxeo por el asesinato de Alicia Muñiz.Fue la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata.

Arroyo Salgado, la jueza señalada

Llevó adelante detenciones escandalosas a un grupo de militantes peronistas por colgar un pasacalle y tirar materia fecal en la casa de Espert. Ahora, enfrentará un expediente en su contra por el accionar.

Murió la jueza del tribunal que declaró culpable de homicidio a Carlos Monzón

MAR DEL PLATA.- Alicia Ramos Fondeville, la jueza que presidió la Cámara Penal que juzgó al campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón, murió este jueves, según confirmaron sus familiares y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata. Tenía 90 años y padecía una grave enfermedad. Su desempeño en aquel caso que tuvo altísima trascendencia nacional y marcó uno de los primeros hitos sobre delitos vinculados a la cuestión de género fue muy destacado por sus colegas y por el ambiente del Derecho Penal. Ejerció como profesional, docente y avanzó en la carrera judicial durante más de 30 años. Tuvo un primer paso en el fuero de menores y posteriormente fue defensora oficial. Fue la escala previa a su llegada a la Cámara Penal, en 1985, en pleno regreso de la democracia. Compartió el tribunal con sus colegas Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, que falleció en febrero de 2024. Junto a ellos consideró a Monzón culpable de asesinato de su esposa, Alicia Muñiz, y lo condenó a 11 años de prisión. Se lo recuerda como uno de los juicios con mayor presencia y difusión mediática. La propia Ramos Fondeville reconocería, tiempo después, que tuvo la sensación de que en radio, diarios y televisión el caso había tenido mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares.Contó, tiempo después, que se había sorprendido cuando Monzón aceptó declarar sobre el grave delito que le imputaban. En ese interrogatorio le escuchó una versión exculpatoria con la que buscaba plantear el caso como un accidente, con una caída involuntaria desde el balcón de la casa que el excampeón mundial de boxeo y la actriz y modelo uruguaya alquilaban en el barrio La Florida, el 14 de febrero de 1988.El Colegio de Magistrados y Funcionarios la distinguió el año pasado, al cumplirse 50 años de esta institución que reúne a los funcionarios judiciales que ocupan máximos cargos. Fue en reconocimiento a su legado y a su "aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad"."Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio", afirmaron y remarcaron que "su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios".Sus restos serán velados este viernes 2 de enero del 2026 en la casa velatoria Sampietro, situada en Hipólito Yrigoyen 2046, entre las 9.30 y las 14.

Immigration news: qué significa que una jueza federal bloquee las deportaciones de migrantes sudaneses

Una jueza federal frenó la eliminación de las protecciones contra la deportación para ciudadanos de Sudán del Sur, una medida que iba a entrar en vigor en los primeros días de enero y que dejaría a cientos de personas expuestas a una expulsión inmediata. Un freno judicial para los ciudadanos de Sudán del Sur a días del vencimientoA una semana de que caducara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas originarias de Sudán del Sur, la jueza federal Angel Kelley, con sede en Boston, ordenó bloquear cualquier deportación hasta nuevo aviso. De ese modo, suspendió la decisión de la administración Trump de poner fin a un programa que permitía a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.El fallo alcanzó a alrededor de 230 ciudadanos sursudaneses que ya contaban con el TPS aprobado, además de decenas que tenían solicitudes pendientes. Sin la orden judicial, la protección habría expirado el 6 de enero, lo que dejaría a este grupo en una situación migratoria extremadamente vulnerable. En su resolución, la magistrada advirtió que una expulsión forzada podría acarrear "consecuencias graves y de largo plazo", lo que incluiría el riesgo concreto de sufrir daños letales al regresar a su país de origen, según informó The New York Times.La postura del gobierno y el intento de dar por terminado el TPSEn noviembre, la administración Trump anunció su intención de retirar las protecciones para los migrantes sursudaneses. En un aviso oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la decisión se apoyaba en una supuesta mejora de la situación de seguridad interna en Sudán del Sur y en un fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.Funcionarios del gobierno insistieron en que el TPS siempre fue concebido como una herramienta temporal. En un comunicado posterior al fallo judicial, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó la orden como un ejemplo de "activismo judicial" y defendió la política del Ejecutivo al afirmar, sin presentar pruebas, que existe una "renovada paz" en el país africano y un compromiso para la reintegración segura de los retornados, de acuerdo con NBC News.La realidad en Sudán del Sur, según organismos internacionalesLos argumentos oficiales chocaron con advertencias reiteradas de organismos internacionales. Aunque un acuerdo de paz firmado en 2018 puso fin formalmente a una guerra civil prolongada, la violencia no desapareció. El país continuó atravesado por enfrentamientos armados, secuestros, tensiones políticas y una crisis humanitaria persistente, explicó The New York Times.Expertos de Naciones Unidas señalaron que años de abandono debilitaron tanto a las fuerzas gubernamentales como a los grupos opositores, lo que dio lugar a un entramado fragmentado de soldados, desertores y milicias comunitarias. A esto se sumó una grave inseguridad alimentaria: informes recientes, citados por The New York Times, alertaron que amplias zonas de Sudán del Sur se acercaron a condiciones de hambruna, en un contexto agravado por recortes en la ayuda internacional. El alcance del fallo sobre el TPS de los sudaneses y lo que puede pasar ahoraLa decisión de la jueza Kelley no resolvió de manera definitiva el futuro del TPS para los sursudaneses, pero sí garantizó tiempo. En su orden, subrayó que el caso planteó cuestiones legales complejas, involucró intereses nacionales y tuvo consecuencias potencialmente irreversibles para los demandantes. Por eso, consideró indispensable un análisis exhaustivo antes de permitir que la terminación del programa siguiera su curso.Mientras el litigio continúe, las deportaciones permanecerán suspendidas. Para las personas alcanzadas por el fallo, la resolución significó un alivio inmediato y la posibilidad de seguir con trabajo y vivienda de forma legal en el país norteamericano.

Santa Cruz: cobrarán el 50% del sueldo los jueces nombrados por Vidal y resistidos por el kirchnerismo

EL CALAFATE.- La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz no tiene fin: los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados en septiembre pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal nunca cobraron su sueldo por decisión de los jueces afines al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte. Ante este conflicto sin solución, la Cámara de Diputados dispuso que se les abone el 50% de sus salarios hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley.El texto del proyecto aprobado remarca que, al no existir aún cosa juzgada sobre la situación de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los haberes, teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario. La norma también prevé dos escenarios futuros: en caso de que la ley sea declarada constitucional -con sentencia firme-, el gasto generado por estos pagos será imputado de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará habilitado a recuperar los fondos abonados."La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora", afirmó ayer el gobernador Vidal ante la resistencia del Poder Judicial de pagar el sueldo de los vocales nombrados por su gobierno en el tribunal. En declaraciones a la prensa, Vidal se refirió al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante un planteo de dos de los vocales que no estaban cobrando sus sueldos, declaró nulo lo actuado por la presidenta del cuerpo, Reneé Fernández. "La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente, ¿no? Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la Justicia no siga haciendo lo que quiere", afirmó Vidal.Desde agosto pasado, el Poder Judicial se encuentra en medio de un terremoto político, envuelto en internas palaciegas. Se debe a la resistencia interna a la reforma de la ley -impulsada por el oficialismo provincial- que llevó de cinco a nueve los miembros del TSJ, reforma que fue aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores, quienes promovieron, junto al gremio judicial, medidas cautelares que desembocaron en un complejo laberinto jurídico.Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal avanzó con las ternas y la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales del TSJ. Entre septiembre y octubre juraron en los cargos el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio Ramón De la Vega. Desde un primer momento quedó expuesto el conflicto: cuatro de los cinco vocales se ausentaron a la jura de los nuevos magistrados y el acto solo fue presidido por el entonces Presidente del cuerpo, Daniel Mariani. Después, esos cuatro vocales removieron a Mariani de la presidencia, ordenaron desconocer todo lo que había hecho él y nombraron en su lugar a Reneé Fernández. Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos porque los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales y un amparo presentado por el gremio de los empleados judiciales pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte. En este contexto, el TSJ dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces y los vocales Acevedo y González Nora plantearon un recurso extraordinario federal que fue rechazado con la firma de un solo miembro del cuerpo, la jueza Reneé Fernández. Los afectados se presentaron entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la jueza Fernández, presidenta del cuerpo.El mismo día que la Corte declaró inexistente el fallo por haber sido dictado por una sola jueza, el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve el número de los miembros que componen el máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado, el mismo día. El fallo firmado por Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Fernández, y la subrogante Romina Saúl, argumenta -entre otros puntos- que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidas la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones desde septiembre.En este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión extraordinaria realizada el pasado 24 de diciembre, un proyecto que habilita el pago del 50 por ciento de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto y autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata la mitad del salario de los cuatro vocales, quienes hasta hoy no percibieron ningún tipo de remuneración.Ayer, Vidal volvió a cuestionar la calidad al Poder Judicial. "Tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial. Acá, durante años hicieron lo que quisieron. Hoy tienen miedo, tienen terror de perder al último bastión", afirmó. Se refirió además al Poder Judicial como "ese bastión que sigue protegiendo al sector político". Y afirmó: "Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice".La orden de pagoLa diputada Adriana Nieto, uno de los alfiles judiciales del gobierno provincial en la Legislatura, autora del proyecto aprobado por mayoría, calificó a la situación de una "grave anomalía institucional, sin precedente". Dijo: "Un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal. A eso se le sumó que ninguno de los cuatro vocales fueron citados a juicio ni notificados de estas medidas judiciales que los afectaba de manera directa".Durante su exposición en el recinto, la diputada Nieto advirtió que se produjo una clara vulneración de derechos. Indicó que se trata de personas que renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir en el Tribunal Superior de Justicia y que, desde entonces, se encuentran sin ingresos. Los cargos a los que renunciaron los cuatro vocales para asumir al máximo tribunal fueron: una banca de diputado nacional, un juzgado de primera instancia, una secretaría en el juzgado federal y una banca en la fiscalía de Estado.

La jueza Niremperger rechazó la recusación por supuesta parcialidad en la causa del robo de cocaína

El planteo fue desestimado por extemporáneo y sin sustento legal. La magistrada sostuvo que las conversaciones mencionadas eran sociales, fueron informadas antes de la primera audiencia y no afectan la imparcialidad. Leer más

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

Las autoridades acusaron a Rafael León Segovia de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad

Camarero señala que "ojalá" el Gobierno de España remitiera a la jueza de la dana sus whatsapps como ha hecho Feijóo

Cómo consultar gratis si el ICE o un juez migratorio tiene un caso activo en contra de un migrante

Para los migrantes en Estados Unidos, existen dos recursos gratuitos que permiten consultar si existe un caso activo que haya iniciado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y esté en manos de un juez migratorio. Los extranjeros cuentan con herramientas tanto en línea como por teléfono para verificarlo sin costo.Qué es el ACIS, el sistema automatizado de información sobre casos migratoriosLos extranjeros que se encuentren en el país norteamericano cuentan con este recurso como la vía más rápida y directa para obtener información.El Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés) pertenece a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) y se puede acceder en la web.Una vez dentro, el inmigrante solo deberá completar dos datos:El número de extranjero, denominado en inglés como Alien Number o A-Number.Su nacionalidad.Luego de brindar esto, solo hay que enviar la solicitud y el sistema devuelve la respuesta correspondiente. Si no existe un proceso activo, el ACIS indicará que "no hay información de caso para este número de extranjero".En este punto, será importante revisar nuevamente que los datos sean correctos, ya que algún error en el número puede llevar a que el sistema no encuentre el caso de inmigración correspondiente.Más allá de que la información puede ser útil para el migrante, el sitio web del ACIS advierte que es "solo para fines informativos generales y no reemplaza ningún manual, política o publicación de la EOIR".En caso de tener dudas, la recomendación siempre es obtener asesoría legal para que cada extranjero pueda tratar su caso en específico.Migrantes pueden consultar por teléfono si tienen un caso activo en la corteAdemás del ACIS, que habilita a los extranjeros a consultar sobre la existencia de un caso activo en línea, también está disponible la vía telefónica. Para eso, hay que seguir estos pasos:Llamar al número 1-800-898-7180.Seguir las indicaciones correspondientes y elegir el idioma deseado.Ingresar el A-Number.A partir de estos datos y al igual que el ACIS, el sistema telefónico le otorgará al inmigrante la información sobre si existe un caso en su contra.Qué es el A-Number, requisito para que los migrantes consulten si tienen un caso en EE.UU.Además de ser un dato necesario para consultar el estado o existencia de un caso en ambos sistemas, es de suma importancia para cualquier migrante.El número de extranjero es un identificador único asignado a cada inmigrante en los trámites. Siempre comienza con la letra "A" y luego es seguido por nueve dígitos.En caso no de conocerlo, se puede buscar en cualquier documento emitido por inmigración, como correspondencias oficiales, formularios de detención o documentos de procesamiento del ICE.Además de conocerlo, es recomendable que el migrante también lo comparta con familiares u otras personas de confianza, ya que el A-Number puede ayudar, entre otras cosas, a localizarlo.En caso de un arresto del ICE, cualquier persona que conozca el número de extranjero del detenido puede acceder al sistema oficial para obtener su paradero.

Luis Juez acusó a Llaryora de "colonizar" la Justicia cordobesa y amenazó con echar a vocales del TSJ

El senador nacional arremetió contra el gobierno provincial por el "desembarco" en organismos judiciales y advirtió que impulsará la remoción de magistrados por "complicidad" con el oficialismo. Leer más

Retractaciones, acusaciones y desobediencia: 2025, el año en que Gustavo Petro acusó y desafió a empresarios, jueces y figuras políticas

Las decisiones judiciales en contra del jefe de Estado, que intentó sin éxito defender su derecho a las expresiones políticias, sin duda abrieron un debate nacional sobre la responsabilidad del discurso presidencial y el papel de los tribunales en la vida pública, al defender la integridad y honra de los afectados

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro "es un gasto voluntario"

El tribunal determina que es la madre quien debe asumir la pensión desde el momento en que el hijo dejó de residir con ella

Un juez vinculó a proceso y dictó resguardo domiciliario al periodista Rafael León Segovia

Durante la audiencia se desestimó el cargo por terrorismo que se señalaba contra el comunicador

Juicio por YPF: la jueza Preska considerará las demandas por desacato contra Argentina

La magistrada le puso fecha para las presentaciones de los beneficiarios del fallo por US$ 16.100 millones. Leer más

El juez de Campana pidió quedarse con la causa por la fastuosa quinta de Pilar valuada en US$ 20 millones

El juez federal de Campaña Adrián González Charvay pidió a su colega en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que se inhiba de seguir investigando la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha es de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.Aguinsky, que es juez de la Capital, especializado en delitos económicos, insistirá en quedarse con el caso, con lo que el conflicto entre ambos magistrados deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.Los jueces de feria de la Cámara en la primera quincena de enero son Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.El juez Marcelo Aguinsky se quedó con la causa por decisión de la Cámara Federal, que dijo que de todos modos no era una situación definitiva.Los investigados como testaferros de Pablo Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.Por eso, le platearon a Charvay que le requiera a Aguinsky la inhibitoria. Y así lo hizo hoy el juez de Campana, previa opinión del fiscal federal Sebastián Bringas, que se opuso a esa medida.El juez entendió que le corresponde investigar la acusa al amparo de las garantías del juez natural, dado que el objeto de la investigación se encuentra en la jurisdicción de su tribunal.Dijo Charvay: "Entiendo que, si la hipótesis que comprende el objeto procesal de la presente fue encuadrada -en principio- en el supuesto típico del artículo 303 del Código Penal [Lavado de dinero] y habría tenido lugar en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, resulta este Juzgado competente en razón del territorio".Y abundó al sostener que ese criterio ya fue sostenido en otras causas por la Cámara Federal de San Martín por una causa con una hipótesis delictiva similar.En ese caso, los denunciados eran funcionarios que residían en Pilar y se habrían hecho operaciones patrimoniales en esa jurisdicción. "Teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa", el juez González Charvay dispuso "solicitar al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhiba de seguir entendiendo" en el caso y le remita el expediente.Alto perfil y nexos políticosAdrián González Charvay es un juez que conoce las implicancias políticas que trae aparejado su cargo. Sus decisiones se cruzaron con los deseos del Gobierno de Javier Milei, por ejemplo, cuando recientemente le dio nueva vida a la ley de emergencia en discapacidad, que un decreto presidencial había suspendido o cuando permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo postura del gobierno nacional.González Charvay reemplazó como juez a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar del Pro Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana. Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.El fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.

Jueza Marienela Cabrera se refirió a proceso que le abrieron por sus videos en TikTok: "Por atrevernos a ser la mujer que queremos ser"

Ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá se radicó el documento que dio pie a la investigación: "el proceso en mi contra responde a parámetros sexistas, machistas y misóginos"

Ganó Trump: qué datos de los migrantes puede compartir Medicaid con el ICE, tras el fallo de un juez

Un fallo judicial volvió a habilitar a la administración Donald Trump a utilizar información sensible para su política migratoria, aunque con límites precisos. Una decisión firmada por un juez federal de California permitió el intercambio de ciertos datos de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de meses de bloqueo judicial.El ICE accederá a ciertos datos de Medicaid: qué establece este nuevo fallo El juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, resolvió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) actuaron dentro de la ley al autorizar el intercambio de datos básicos de beneficiarios de Medicaid con fines de control migratorio. La decisión, fechada el 29 de diciembre de 2025, rechazó en parte el pedido de los estados demandantes para frenar por completo esa práctica y habilitó al ICE a volver a utilizar información proveniente de programas de salud pública en investigaciones de inmigración a partir del 6 de enero de 2026.El magistrado consideró que, en lo referido a ciertos datos elementales, las agencias federales explicaron de manera suficiente por qué modificaron su política previa, que durante años evitó usar información de Medicaid para tareas de inmigración. Qué información básica de Medicaid quedó habilitada para el ICELa resolución judicial delimitó con precisión qué datos pueden ser compartidos entre los organismos federales. Según el fallo, el intercambio permitido se restringió exclusivamente a información considerada básica, de identificación y contacto, siempre que corresponda a personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que reciban beneficios de Medicaid administrados por los estados.Entre los datos que el juez autorizó a compartir se encuentran:Ciudadanía y estatus migratorioDirección domiciliariaNúmero de teléfonoFecha de nacimientoNúmero de identificación de MedicaidChhabria explicó que este tipo de información ya es exigida por ley a los migrantes en distintos trámites ante el DHS, por lo que su utilización no implicó una expansión ilegítima del poder del gobierno federal. Además, remarcó que existen normas específicas del Congreso que obligan a otras agencias a poner a disposición del DHS datos sobre identidad y localización de personas extranjeras cuando se solicita formalmente.Qué información de Medicaid quedó expresamente prohibida compartir con el ICEAunque la decisión representó una victoria para la administración Trump, el juez también fijó límites estrictos. Chhabria concedió la medida cautelar solicitada por los estados en todo lo que exceda la información básica autorizada y cuestionó con dureza la vaguedad de las nuevas políticas federales.En particular, el fallo bloqueó cualquier intento de compartir:Historiales médicos o datos clínicos sensiblesInformación no especificada o solicitada "caso por caso" sin criterios clarosDatos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentesInformación de hogares con estatus migratorio mixtoEl magistrado sostuvo que las políticas del ICE no explicaron de manera coherente por qué necesitarían acceder a información adicional ni cuáles serían los riesgos de compartirla. Incluso planteó que resultaba difícil imaginar un uso legítimo de datos médicos detallados para tareas de control migratorio.Un triunfo parcial para Trump en materia migratoriaDesde la administración Trump celebraron la resolución como un respaldo a su política migratoria. Según destacó Politico, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como "una victoria para el Estado de derecho y para los contribuyentes estadounidenses", en línea con la postura de la Casa Blanca de ampliar las herramientas disponibles para las deportaciones.La orden judicial permanecerá vigente hasta que concluya el proceso o hasta que el gobierno emita nuevas políticas que expliquen de manera detallada y justificada por qué necesitaría acceder a información adicional. Hasta entonces, el alcance del intercambio de datos quedó limitado a un conjunto reducido de elementos.

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Juez del bicentenario y principal referente de jueces, fiscales, y abogados. El procesalista en materia penal por excelencia se jubila tras 38 años de servicio. Ahora se enfocará a la cátedra universitaria a tiempo completo en la PUCP

Corrupción en la AFA: Carrió pidió al juez Aguinsky que siga investigando para no paralizar la causa hasta la primera semana de enero

La maniobra de la defensa de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino para que Aguinsky se inhiba le da seis días hábiles al fiscal y al juez de Zárate-Campana para resolver si rechazan o se quedan con la causa. El diputado Del Gaiso pidió que siga en la CABA porque no es solo la mansión de Pilar sino lavado de dinero a escala nacional e internacional.

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López cuestiona la actuación de Juan Carlos Peinado en el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez, asegurando que el procedimiento se aleja de la legalidad, ya que el magistrado realiza indagaciones generales y utiliza criterios impropios del ámbito judicial

Óscar López acusa a Feijóo de "tomar el pelo" a la jueza de la dana y apunta que otra le citó en Salamanca y no fue

El Gobierno apelará un fallo que busca dejar sin efecto el protocolo antipiquetes y Patricia Bullrich apuntó contra los antecedentes del juez

El juez Martín Cormick hizo lugar a una medida de amparo presentada por el CELS."Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden", dijeron desde Seguridad. Y la exministra fue más allá: "Siempre falla contra el Gobierno".

Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el gobierno apelará: "Ni un paso atrás", dijo Bullrich

El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei, bajo el comando de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, antes de pasar al Senado. En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo -utilizado para controlar y restringir las manifestaciones callejeras- tiene vicios en su conformación legal.Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apelará la decisión del juez Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes. La decisión de recurrir el fallo del magistrado fue confirmada a este medio por fuentes de la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva. El protocolo antipiquetes comenzó a aplicarse en el inicio de la gestión de Bullrich, en diciembre de 2023. "Esto es político. Se va a apelar", agregaron las fuentes consultadas. "El 70% de los argentinos está a favor del protocolo", apuntaron.El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno.¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización.Losâ?¦ pic.twitter.com/2jmlBlEsjV— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 29, 2025Se trata del tercer fallo de Cornick contra el Gobierno nacional en menos de una semana, luego de que la anterior fallara para ordenar que se implementara la ley de financiamiento universitario, cuya derogación buscaba el gobierno. Este lunes, en tanto, favoreció a los diplomáticos que estaban en litigio con la Cancillería.Cornick es titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 y respecto del protocolo antipiquete hizo lugar a una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el magistrado consideró que el protocolo tiene vicios en su conformación legal.Facultades Según el escrito del juez, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes. "Es legítimo", contrapusieron desde la cartera de Seguridad.SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOSUn Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar.Este Protocolo tieneâ?¦— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 29, 2025"No vamos a dar un paso atrás. Vamos a recurir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden", aseguraron fuentes de la cartera, que tras el cambio de mando sigue con la línea bajada por Bullrich y que cuenta con el respaldo del presidente Milei. "Vamos a defender el protocolo, es la herramienta que garantiza la paz social", agregaron. E insistieron en que "es mentira que le falta fundamentos al protocolo", uno de los argumentos que dio el juez Cormick. "Lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales. Bajo ningún punto de vista limita el derecho de manifestarte y peticionar a las autoridades", agregaron las fuentes oficiales y aseguraron que el sistema utilizado también "ordena de la metodología".

Juez supremo César San Martín, al despedirse: "Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales"

El magistrado culminó medio siglo de carrera con un discurso de despedida en el que defendió la independencia judicial, cuestionó la propuesta de retirar a Perú de la Corte IDH y pidió a sus colegas fortalecer el respeto a la ley y los derechos internacionales

Una audiencia virtual con poca ropa, bailarines eróticos y denuncias por acoso: la polémica historia de la jueza Vivian Polanía, hallada sin vida en Colombia

La abogada generó revuelo en medios nacionales y del mundo, después de que se viralizara la audiencia de 2022 en la que fue captada dirigiendo desde su cama, en ropa interior y fumando

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

El denunciante llegó tarde por la espera en la cola del control de seguridad y al acceder descubrió que no se iba celebrar el juicio

Compromís exige a Feijóo que aporte a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana

El representante valenciano instó al líder conservador a entregar a la magistrada todas las conversaciones del 29 de octubre, subrayando la importancia de no eliminarlas ni retrasar su envío mientras avanza la investigación por la catástrofe

Fargosi le pidió a los jueces que trabajen más y dejen otras actividades: "Menos vacaciones y más horario"

El diputado libertario se mostró reacio a avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia ahora porque el Consejo de la Magistratura tiene un "enorme predominio del kirchnerismo".

Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

Luis Juez: "Yo lo acompaño a Javier, pero obviamente que la gente no la está pasando bien"

"No te tenés que subir al caballo y creer que está todo resuelto. La gente todavía la está pasando complicado", sostuvo el senador por Córdoba. Leer más

Revés para Abbott en Texas: juez federal bloquea la ley de apps que entraba en vigor el 1° de enero 2026

La Justicia federal de EE.UU. suspendió la entrada en vigor de la llamada "App Store Accountability Act", una norma impulsada por el gobernador Greg Abbott en Texas que obligaba a Apple, Google y desarrolladores a verificar la edad de los usuarios y exigir autorización parental para menores. El fallo considera que la ley vulnera la Primera Enmienda."App Store accountability": las demandas contra la ley de TexasLa SB 2420 fue cuestionada judicialmente poco después de su promulgación. Se presentaron al menos dos demandas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, dirigidas contra el fiscal general del estado, Ken Paxton.Una de las acciones fue iniciada por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una entidad que agrupa a empresas tecnológicas. La otra, por el grupo Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), junto con dos adolescentes texanos y sus representantes legales.Los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar para impedir que la ley entrara en vigor mientras se resolvía el fondo del litigio. Entre los argumentos principales señalaron que la norma violaba la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda y generaba riesgos significativos para la privacidad de los usuarios.Según los escritos presentados, imponía restricciones basadas en el contenido al condicionar el acceso a aplicaciones y servicios digitales según la edad, lo que afectaba el derecho a recibir información y comunicarse a través de medios digitales.Un juez falló contra la ley "App Store accountability" firmada por Greg AbbottEl juez federal Robert Pitman fue el encargado de analizar los planteos y emitir la resolución. En una orden judicial preliminar de 20 páginas, publicada el 23 de diciembre de 2025, concluyó que la SB 2420 probablemente es inconstitucional y dispuso suspender su aplicación antes de su fecha de entrada en vigor."Como se establece a continuación, el Tribunal considera probable que, al analizar el fondo del asunto, la SB 2420 viole la Primera Enmienda", detalló Pitman. El juez sostuvo que la normativa restringe el acceso a un amplio conjunto de expresiones y servicios digitales protegidos, al exigir pruebas de edad y consentimiento parental como condición previa.El tribunal también aplicó el estándar de "escrutinio estricto", utilizado cuando una norma regula contenidos protegidos. Bajo este criterio, el Estado debe demostrar que la medida es el medio menos restrictivo para alcanzar un objetivo legítimo. Según el fallo, Texas no logró acreditar ese extremo.Otro aspecto señalado fue la vaguedad de la ley. El juez advirtió que la normativa no brinda pautas claras para que los desarrolladores determinen qué contenido corresponde a cada categoría etaria ni define con precisión qué se considera un "cambio significativo" que obligue a renovar el consentimiento parental."Un principio fundamental en nuestro sistema legal es que las leyes que regulan a personas o entidades deben notificar con imparcialidad las conductas prohibidas o requeridas", explicó el juez. "Las secciones que responsabilizan a los desarrolladores y tiendas de aplicaciones por equivocarse en la clasificación por edad son inadmisiblemente vagas", aseguró.Qué establecía la ley de "App Store accountability" aprobada en TexasLa ley SB 2420 fue aprobada por la Legislatura estatal en mayo de 2025 y firmada por el gobernador Greg Abbott. Su entrada en vigor estaba prevista para el 1° de enero de 2026, pero quedó suspendida a pocos días de esa fecha.El objetivo era regular la forma en que los menores de edad acceden a aplicaciones móviles dentro del estado de Texas. La norma alcanzaba tanto a las plataformas de distribución como Apple App Store y Google Play, como a los desarrolladores que ofrecen aplicaciones y servicios digitales.Uno de los ejes centrales de la ley era la verificación obligatoria de edad. Las tiendas de aplicaciones debían implementar métodos considerados "comercialmente razonables" para clasificar a cada usuario en cuatro grupos etarios: Menores de 13 añosAdolescentes de 13 a 15Adolescentes de 16 a 17Adultos de 18 años o másAdemás, la normativa imponía un sistema de consentimiento parental estricto. Para cualquier usuario menor de 18 años, la cuenta debía estar vinculada a la de un padre o tutor legal. Cada descarga de una aplicación o cada compra dentro de una app requería una autorización individual, sin posibilidad de consentimientos generales o permanentes.La ley también asignaba responsabilidades específicas a los desarrolladores. Estos debían clasificar sus aplicaciones por edad, detallar los elementos que los justificaban y notificar a las tiendas cualquier cambio relevante en la funcionalidad, las políticas de privacidad o los mecanismos de monetización.Qué pasará con la ley SB 2420 de TexasEn su análisis, Pitman calificó la norma como excesivamente amplia. Indicó que la ley trataba de manera similar a aplicaciones de naturaleza muy distinta, sin evidencia de que todas representen un riesgo para los menores. Al mismo tiempo, señaló que la regulación era inconsistente, ya que no alcanzaba a contenidos accesibles mediante navegadores web preinstalados."Dado que la SB 2420 es inconstitucional en la gran mayoría de sus aplicaciones, se prohíbe formalmente", informó el juez. El fallo concluyó que la ley es inválida, lo que implica que no puede aplicarse en ningún caso.

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