juez
A días de la votación clave por la reforma laboral en Senadores, Luis Juez abandonó el Frente Cívico y se incorporó a La Libertad Avanza
El pase reforzó al oficialismo para la votación de la reforma laboral prevista para el viernes. Así también, consolidó los planes políticos del senador de cara a las elecciones de 2027 en Córdoba, donde aspira a la gobernación. Leer más
Juez se suma a LLA: "Milei aprendió a usar el freno de mano y hoy es un presidente más político"
El senador aseguró que el presidente dejó atrás la etapa de outsider, consolidó liderazgo y hoy gobierna con mayor prudencia. Además, blanqueó que trabaja para su reelección. Se sumó oficialmente al bloque de La Libertad Avanza. Leer más
El juez del 'caso Koldo' extiende el plazo para investigar y no cierra la puerta a más imputaciones
El magistrado responsable de la causa sobre presuntos amaños de contratos públicos determinó ampliar la instrucción medio año más debido al gran volumen de material incautado, dejando abierta la opción de nuevos acusados según evolucione la investigación
El juez del 'caso Koldo' amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones
La Audiencia Nacional argumenta su decisión apelando al "numeroso material incautado", que incluye documentos, efectos, metálico y pruebas digitales de teléfonos, ordenadores y discos duros
La Coalición Cívica pidió la recusación de un juez en la causa por la mansión de Pilar
Es el camarista de Casación Carlos Mahiques, cuya sala debe decidir dónde se seguirá investigando el caso por lavado de dinero.La Nación publicó el domingo que Mahiques había festejado un cumpleaños en esa quinta.
Bolaños nota el "corporativismo" del CGPJ en las sanciones a los jueces: miles de quejas y pocos expedientes
El responsable de Justicia advierte que, pese a miles de denuncias anuales contra magistrados, la proporción de castigos por faltas graves es muy baja, lo que a su juicio empaña la imagen del sistema judicial español
La Coalición Cívica pidió apartar al juez Mahiques del caso de la quinta adjudicada a la AFA
Dirigentes de la Coalición Cívica pidieron aparte al juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques del expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos propietarios de una fastuosa quinta de Pilar que se sospecha que pertenece a autoridades de la AFA.No está claro que la Justicia vaya a considerar su planteo porque los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe no son parte querellante en este expediente, sino denunciantes. Ellos dieron el puntapié para que el juez federal Daniel Rafecas, luego el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y ahora el juez federal de Campana Adrián González Charvay, investiguen el asunto.Se trata de determinar si quienes figuran como dueños de una quinta en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, son sus propietarios o, como se sospecha, esa mansión de cinco hectáreas, caballerizas y autos deportivos de alta gama, tiene otro verdadero dueño. Sospechan que se trata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.La defensa de la AFA quiere que el caso siga en el juzgado de Campana, pero el fiscal ante la Cámara de San Martín Carlos Cearras dictaminó que debe seguir en el fuero penal económico. Ahora deben resolver el asunto los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo.En ese expediente, los dirigentes de la Coalición Cívica pidieron apartar a Mahiques del caso, después de que LA NACION publicó que jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que el juez festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio. Mahiques niega haber hecho ese festejo y dice que nada tendría de malo que lo hubiera hecho. Los dirigentes sostuvieron en su escrito que actuaban "en resguardo de la garantía de tribunal independiente e imparcial y, en particular, de la imparcialidad objetiva (apariencia de imparcialidad) exigida por el debido proceso".Señalaron que el camarista tiene "conexión directa con el objeto material de la causa y con personas que aparecen asociadas al mismo", lo que "compromete la apariencia de imparcialidad requerida para que integre el tribunal"."La Corte Suprema ha sostenido que la imparcialidad objetiva se vincula con que el juzgador muestre garantías suficientes para evitar dudas razonables que conduzcan a presumir parcialidad y que basta con que existan razones legítimas para presumir que el juez puede generar dudas sobre su imparcialidad frente al tema a decidir", escribieron.Por eso, recusaron al juez. "No deben existir dudas razonables sobre la imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional que debe juzgar", dijeron citando a la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay. Pidieron tramitar la recusación y darle vista al fiscal Mario Villar para que opine.Si es rechazada la recusación, solicitaron que Mahiques explique en un informe si estuvo o no en el predio, cuándo y quiénes eran el resto de los asistentes y organizadores.
Se formalizó el pase de Luis Juez a La Libertad Avanza y el oficialismo suma 21 bancas propias en el Senado
Si bien el cordobés formaba parte del interbloque y ya votaba con los libertarios, en los últimos días blanqueó su alineamiento con la Casa Rosada y formará parte de las filas que dirige Patricia Bullrich en la Cámara Alta. Con los aliados del PRO y la UCR, el bloque oficialista cuenta con 44 votos de un total de 72
La jueza pide a la Generalitat el listado de llamadas del chófer de Mazón para comprobar la hora en la que fue requerido
La magistrada de Catarroja solicita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones información sobre el teléfono oficial para determinar el momento exacto en que el conductor recibió la instrucción de regresar antes de acudir al Cecopi
El juez que le prohibió a Claudio Tapia salir del país lo autorizó a viajar esta semana a Colombia y Brasil
El juez en lo penal económico Diego Amarante, que el jueves pasado le prohibió al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, salir del país, le habilitó hoy una excepción y lo autorizó a viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre hoy y el sábado próximo.A cambio, le fijó una "caución real" de $5.000.000.Es una buena noticia para Tapia. No solo porque podrá salir del país esta semana sino por los compromisos internaciones que le esperan este año, en el que se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.El juez relató en su fallo que Tapia había pedido que lo habilitaran a viajar "con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la Conmebol". Detalló que "acompañó copias de la invitación oficial cursada por la Federación Colombiana de Fútbol para participar de un acto oficial en la ciudad de Barranquilla, del itinerario de vuelos elaborado por la firma Baires Fly S.A. y del acta del orden del día de la Reunión del Consejo de la Conmebol". Informó que también precisó en qué hoteles planeaba alojarse, tanto en Colombia como en Brasil.Los argumentos que citó el juez cuando le prohibió a Tapia salir del país, la semana pasada, incluyeron "la gravedad de los hechos investigados" y "la severidad de la pena" que podría corresponderles a los acusados (la medida incluye a otros dirigentes). El juez advirtió además que tomaba esta medida "en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan"; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si después de esas declaraciones levantará la prohibición o si Tapia deberá pedir permiso para cada viaje.En su fallo de este lunes, el juez recordó el objetivo de la prohibición y dijo: "Si bien se encuentra pendiente la declaración indagatoria dispuesta con relación al nombrado, no existen elementos objetivos que permitan sostener que la salida del territorio nacional en las condiciones informadas por el encartado pueda entorpecer la realización de dicho acto procesal". El magistrado advirtió que "la fecha del viaje informado no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias fijadas para el día 5 de marzo de 2026â?³ y sostuvo que, en consecuencia, correspondía "autorizar al nombrado [Tapia] a viajar a las ciudades indicadas desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive". Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, el jueves pasado, se les prohibió la salida del país.A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.La cauciónEl juez sostuvo en su fallo de este lunes que "a efectos de garantizar su sujeción al proceso" (para que Tapia no se fugue), correspondía "fijar una caución real en la suma de $5.000.000â?³ y que el monto obedecía "a las particulares circunstancias del caso, el estado del proceso y la naturaleza económica de los delitos prima facie atribuidos".
Caso $LIBRA: el juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones
La investigación criminal sobre la "memecoin" $LIBRA registró un nuevo traspié en los tribunales argentinos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó como querellantes a dos inversores biolurrusos que habrían perdido más de US$ 2 millones por el controvertido colapso del criptoactivo. Y lo hizo con dos argumentos singulares: los reclamantes no aparecen en los padrones tributarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. El abogado de Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko -quienes reclaman perjuicios por 1.768.079 y 240.048 dólares, respectivamente- adelantó que apelará hoy la resolución de Martínez de Giorgi, que en su resolución del miércoles pasado también sostuvo que los reclamantes no acreditaron de manera fehaciente ser los verdaderos titulares de ese dinero ya que no están a sus nombres las billeteras virtuales informadas, Phantom Wallets. Martínez de Giorgi aplicó, además, un "enfoque basado en riesgo" al subrayar que la nacionalidad de los presuntos afectados es un factor determinante, apoyándose en una resolución del Consejo de la Unión Europea que sancionó a Bielorrusia en 2006. "De acuerdo con el enfoque basado en riesgo establecido por la normativa de prevención de lavado de activos, la vinculación con una jurisdicción sujeta a sanciones [por Bielorrusia] constituye un factor relevante que debe ser especialmente considerado", sostuvo. "Conlleva extremar los recaudos en la identificación de las personas físicas y/o jurídicas involucradas, así como en la verificación del origen de los fondos mencionados". Para el letrado que patrocina a los bielorrusos, Nicolás Oszust, el argumento de juez resulta "arbitrario", lo que planteará al apelar la decisión. "¿Qué tiene que ver la Unión Europea (y sus normas) en esto? ¿Si la Unión Europea sancionó a Bielorrusia, eso puede ser fundamento para rechazar una querella por una estafa en Argentina?", planteó. "Si la Unión Europea (o Estados Unidos o Mongolia, o el Reino de Lesoto o el país o ente del mundo que sea) decide sancionar a Bielorrusia por una cuestión geopolítica (por ejemplo, por un supuesto alineamiento con Vladimir Putin), eso jamás puede resultar en un rechazo a una querella en una causa de Argentina, en la cual se perjudicaron a nacionales bielorrusos", remarcó. La pulseada por la aceptación o rechazo como querellantes de Krasutskaya y Lapchenko en la "causa $LIBRA" que tramita en Comodoro Py excede a los presuntos damnificados. Por un lado, porque impactaría en el patrimonio de los imputados: aceptar a los bielorrusos podría elevar los embargos contra Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en otros $3000 millones para asegurar eventuales resarcimientos. Por el otro, el ingreso como querellantes ambos afectados permitiría proponer medidas de prueba independientes, dándole un nuevo impulso a un expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi y cuya instrucción está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien ha enfrentado múltiples cuestionamientos de otros damnificados y de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la parsimonia de la pesquisa. Ahora, la Cámara Federal deberá decidir si confirma el criterio restrictivo que adoptó el juez Martínez de Giorgi para rechazar como querellantes a los bielorrusos, o si, como sostiene el abogado de ambos, aplica una "interpretación amplia" de la legitimación activa, tal como la propia Sala II ya dispuso en marzo de 2025, en resoluciones previas en el mismo expediente judicial vinculadas al escándalo cripto.
La Audiencia de Madrid anula los autos del juez Peinado que abrían la vía para que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal popular
El tribunal considera que las resoluciones carecían de la fundamentación necesaria y ordena retrotraer las actuaciones
El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de su esposa en Sarriguren (Navarra)
La denunciante del ex DAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados
Tras nuevas filtraciones de información sensible, la defensa solicita al magistrado que el material presentado, entre ellos registros de comunicaciones, sea exclusivamente consultado bajo estricta supervisión judicial para proteger la identidad y seguridad de la persona involucrada
El 40% de los jueces se jubila de forma anticipada y en 10 años se habrá retirado un tercio, según un estudio
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta que la retirada anticipada de jueces se dispara mientras el volumen de litigios crece, lo que proyecta un grave déficit de profesionales y mayores retrasos en el sistema judicial español
Otro etarra condenado por el asesinato de un juez recupera la libertad transitoria beneficiado por una iniciativa del PSOE
MADRID.- Después de su paso como juez del Tribunal Constitucional de España, Francisco Tomás y Valiente había decidido que su última vocación sería la docencia. Aquel 14 de febrero de 1996, el jurista entró a su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid como cualquier mañana y aprovechó para hacer un llamado telefónico antes de subir al aula. Camuflado como un alumno, el etarra Jon Bienzobas Arretxe entró a esa sala, le disparó tres veces y huyó. Treinta años después del crimen, el terrorista de ETA pisará nuevamente la calle en libertad, gracias a los beneficios obtenidos por los aliados del gobierno socialista. Los beneficios para los exintegrantes de ETA, que se multiplicaron en las últimas semanas, ponen a España frente al espejo de su pasado más oscuro. Arretxe, alias "Karaka", disfrutará del mismo régimen que decenas de condenados por terrorismo, que obtuvieron salidas diarias de prisión, de 8 a 21, para realizar supuestos trabajos y labores comunitarias antes de volver a dormir en la cárcel. Estos beneficiaron fueron conseguidos mediante un atajo legal que expone directamente al Partido Socialista (PSOE).Karaka, que había sido condenado a 266 años de prisión, apeló al famoso artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que habilitó esos beneficios con el aval de una funcionaria del socialismo en esa región. Ese atajo legal se implementa desde que Pedro Sánchez cedió a sus aliados del Partido Nacional Vasco (PNV) y Bildu las competencias para manejar el sistema penitenciario, uno de los reclamos de estas fuerzas que negociaron a cambio de apoyar las iniciativas del socialismo en el Congreso. El crimen de Tomás y Valiente, que estremeció a España en 1996, no fue el único ataque terrorista de Karaka. Fue condenado, además, por el asesinato del hermano de un empresario vasco en 1990 y por organizar un atentado con coche bomba contra una camioneta del Ejército del Aire en 1994 en el centro de Madrid. El terrorista fue detenido finalmente en 1999 en Francia, después de robar ocho toneladas de explosivos en una fábrica. La justicia francesa lo condenó y lo envió a España, donde sería juzgado por los otros delitos. Después de la sentencia, Karaka fue enviado a un penal en Cádiz, uno de los puntos del territorio español más distantes del País Vasco. Como parte de la negociación de los partidos vascos con el gobierno socialista, muchos presos de ETA fueron beneficiados con traslados a cárceles más cercanas, como ocurrió en su caso. Este lunes saldrá desde la prisión de Basauri, en la provincia vasca de Álava, como ocurrió hace un par de semanas con Mikel Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki", exjefe militar de la agrupación terrorista. "Txeroki" fue uno de los últimos jefes militares de ETA y dirigió la estructura operativa de la organización entre 2004 y su detención en 2008 en Francia. Bajo su mando se produjo el atentado con coche bomba contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006, que provocó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos y marcó el final del proceso de negociación entre el grupo terrorista y el gobierno español. En España y Francia fue condenado a más de 400 años de prisión por una veintena de delitos de terrorismo en grado de tentativa, incluidos intentos de asesinato de dirigentes políticos, atentados con explosivos y el envío de paquetes bomba contra periodistas y otras figuras públicas."La libertad de estos etarras es una burla para nosotros", sostuvo Inés Gaviria, representante del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) en diálogo con LA NACION. "No nos oponemos a que salgan de la cárcel, nos oponemos a que no cumplan sus condenas. El problema es que ya son más de 100 terroristas que han recibido estos beneficios", insistió.Los beneficios para los exintegrantes de ETA juzgados por terrorismo incluye la aplicación de una nueva normativa, vigente desde noviembre de 2024, que permite a los presos que cumplieron pena en otros países de la Unión Europea descontar esos años de la condena aplicada por la justicia española. La adaptación de la nueva normativa impulsada por Bruselas eliminaba la cláusula que impedía hacer uso de este beneficio a los sentenciados por terrorismo. Esta medida permitió a decenas de presos de ETA descontar los años de cárcel pasados en Francia, adelantando así su excarcelación. Asociaciones de víctimas estimaron que más de 40 miembros de la banda terrorista fueron beneficiados por esta revisión. Las primeras excarcelaciones por esta modificación legal comenzaron a hacerse públicas en marzo de 2025 y continúan hasta la actualidad. La organización anunció su cese de actividades armadas en 2011 y formalizó finalmente su disolución en 2018. "Toda la estructura social y política de ETA sigue activa. Bildu, que hace lobby para estas excarcelaciones, es un aliado del gobierno. (Arnaldo) Otegi (líder de Bildu y exintegrante de ETA) ha reconocido que una de las razones por el apoyo al socialismo es el beneficio que han obtenido sobre el sistema penitenciario", explica Gaviria.Bildu es una coalición de partidos independentistas vascos de izquierda que se creó en 2011 y que está integrado por Sortu, una agrupación considerada como heredera de la izquierda abertzale que justificó el accionar de ETA como herramienta política. Bildu, que tiene seis diputados en el Congreso español, ahora rechaza el uso de la violencia para sus políticas independentistas. Su representación en el parlamento vasco es mucho mayor: es la primera minoría.
El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez
La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de LA NACION sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con otros dos camaristas, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico -donde se inició- o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados. La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.Uno de los denunciantes de las presuntas maniobras, el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, calificó la revelación como algo "obsceno y escandaloso". Y sostuvo que se podrían conocer más detalles. "Por estas razones Tapia y Toviggino se manejaron con tanta impunidad", afirmó.Tras enfrentarse judicialmente con los dirigentes de la AFA, Del Gaiso fue denunciado junto a otros referentes de la Coalición Cívica por presuntas "maniobras de extorsión".En ese contexto, la exdiputada nacional Marcela Campagnoli planteó que el juez debería apartarse del expediente. "Espero que se excuse de seguir en la causa", señaló. En el mismo sentido se pronunció Graciela Ocaña, de Confianza Pública.La definicion sobre si se investiga a fondo o sigue "durmiendo en el Juzgado de Campana", no la puede tomar un Juez que festejo su cumple años en la Mega Mansión de " la jubilada y el monotributista exitoso "La impunidad se terminó y Tapia y Toviggino van a terminar presos. https://t.co/Iz0mxfJWDE— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) February 22, 2026Mahiques descartó esa posibilidad. En diálogo con LA NACION, sostuvo: "No hay un 'violenciamoralómetro' que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme". El magistrado aseguró que esa noche solo compartió una cena con un exalumno, el intendente de Pilar, Federico Achával, y que allí se cruzó con algunos integrantes del ámbito judicial.Las críticas también llegaron desde el entorno de los denunciantes. La abogada María Pace Wells, representante de Del Gaiso, cuestionó la situación: "La ética judicial tiene más mugre que una papa". Además, apuntó a los vínculos entre la familia del camarista y la AFA.#Justicia Hace años que muchos sostenemos que los Jueces y Fiscales no deberían ocupar cargo alguno en la AFA ni en los Clubes.Sus funciones equivalen a las de un sacerdocio. Cuanto más sobrios y apartados de ámbitos que pueden despertar alguna sospecha mucho mejor!— Guillermo Lipera (@GuillermoLipera) February 22, 2026Uno de sus hijos, Esteban Mahiques, director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería, figura en la página oficial de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina. Otro, Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, aparece como vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa), anunciada por Tapia en noviembre pasado. Ambos renunciaron a esos cargos en la AFA en las últimas semanas.El debate se amplificó en redes sociales. Pace Wells respondió a una publicación del diputado libertario Alejandro Fargosi, quien calificó como "inadmisible" la situación revelada por este medio.Carlos Mahiques, juez de la causa AFA, celebró su cumpleaños en la quinta de Toviggino. Para garantizar imparcialidad, debe apartarse de intervenir— Eduardo Gerome (@edgerome) February 22, 2026En la misma línea, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, María Eugenia Talerico, sostuvo que el juez "debe excusarse si estuvo en esa quinta". También planteó que el Consejo de la Magistratura debería intervenir y recordó un pedido previo de juicio político contra el camarista. Desde la defensa de Tapia y Toviggino, en cambio, rechazaron la versión y la calificaron como "rumores de pasillo".Mahiques insistió en negar que el festejo haya existido y, al ser consultado por el periodista Hugo Alconada Mon, respondió: "Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente?". Luego reiteró: "No siento que sea algo por lo que deba excusarme".AntecedentesEl camarista, hoy en el centro de la polémica, mantiene vínculos con distintos sectores políticos. Fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y, desde 2017, integra la Cámara Federal de Casación, uno de los tribunales más relevantes del país por donde pasan expedientes sensibles para la dirigencia política.I N A D M I S I B L EUn juez de la causa AFA festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino https://t.co/6dVVoMsIkP— Alejandro Fargosi (@fargosi) February 22, 2026En 2026 Mahiques cumplirá 75 años, edad límite para permanecer en el cargo salvo que el Senado, a pedido del Poder Ejecutivo, apruebe una prórroga por cinco años. A comienzos de mes, el presidente Javier Milei envió el pliego para renovar su acuerdo y extender su permanencia en la Casación hasta los 80 años. Para lograrlo necesitará el aval de 37 senadores.¿Quiénes levantarán la mano por el magistrado? Su biografía judicial encierra más controversias. Una de las más sonora se conoció en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido.De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo "justificar" el viaje."Deben evaluarme por el contenido de mis sentencias", replicó Mahiques. Sin embargo, algunas de ellas también lo pusieron bajo observación. En el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas, le concedió al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, una vía de escape: entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia que fue revertido.
Crímenes en Punta del Este y un tacho de cal: el plan del "gaucho" narco para matar a un ministro, un juez y un fiscal
ROSARIO.- Leonardo Airaldi es un personaje que por momentos parece absurdo, dislocado, pero también peligroso. Este entrerriano que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, está acusado de haber pagado US$40.000 a dos sicarios uruguayos para que asesinaran al juez federal de Paraná Leandro Ríos y al fiscal federal José Candioti, quienes investigaron a Airaldi y develaron que movía por la hidrovía grandes cantidades de cocaína y que estaba conectado con organizaciones criminales transnacionales de peso, como el Primer Comando Capital (PCC).Airaldi creía que Ríos y Candioti iban a ir de vacaciones a Punta del Este y que allí, según su plan, iban a ser ejecutados por asesinos a sueldo uruguayos. Pero algo no salió como esperaba el "gaucho narco": otro preso lo delató y, además, los dos funcionarios judiciales nunca planearon irse a descansar a Punta del Este. Este plan generó honda preocupación y activó alertas entre las autoridades.El plan, según surge de la investigación, naufragó por la declaración de un recluso en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde también está detenido Airaldi. El objetivo era matar a Ríos y Candioti y evitar el juicio oral que este narcotraficante enfrentará desde este martes en Paraná. En la mira de Airaldi también estaba el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos" es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial.Ese testigo que lo delató aseguró que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque debía ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente con la que hablaba, [Airaldi, preso en Gualeguaychú] les decía que fueran con un tarro de cal. Para ser más exacto, que fueran en dos vehículos, que en uno fuese el tacho de cal y en el otro los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro". La idea era disolver el cadáver en la cal.La información sobre este plan surgió de un informe que hizo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que avisó a las autoridades judiciales. A partir de ese dato inicial comenzó una investigación encabezada por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N°9, donde está alojado el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores.Los análisis de los teléfonos â??cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFAâ?? revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.El juicio contra este narco está previsto que se inicie el martes. Airaldi recibió un último revés judicial luego de que el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazara el recurso de casación presentado por su defensora, Mariana Barbitta. La letrada cuestionó la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante: una de Santa Fe, que investigó el fiscal federal Walter Rodríguez, y otra de Entre Ríos, que llevó adelante Candioti.Hallazgo fortuitoEn el juicio deben declarar 51 testigos. La base más sólida de la causa surgió de la investigación que hizo Rodríguez en Santa Fe, en la que se reveló la trama en la que Airaldi usaba una isla en el río Paraná para el contrabando de cocaína. Como publicó LA NACION, el hallazgo de 28 ladrillos de droga allí se produjo por casualidad, a raíz de una denuncia por violencia de género contra un puestero que trabajaba para el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante.La policía de Santa Fe encontró debajo de la cama del puestero 28 panes de cocaína. Los ladrillos blancos tenían marcas y etiquetas: Qatar y Emirates. También, la foto de un Boeing 737. La casa donde se secuestró la droga está situada en Solís al 600, en Puerto Gaboto. Esa droga había sido guardada allí por orden de Airaldi, que gerenciaba un campo de grandes dimensiones en la isla frente a Gaboto por donde pasan, muy cerca, las barcazas que provienen de Paraguay.Lo que llamó la atención del fiscal federal Walter Rodríguez fue la temporalidad. Porque en el momento en el que se produjo el secuestro de casi 29 kilos de cocaína en esa casa de Gaboto, el 10 de agosto de 2022, pasaban cosas extrañas en Rosario con grandes cargamentos de cocaína que estaba previsto que salieran rumbo a Dubái desde Terminal Puerto Rosario.El 26 de agosto de ese año la Policía Federal secuestró 1600 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros. Ese cargamento tenía como destino Dubái.Dieciséis días antes aparecieron en la casa del puestero Diego Torres, empleado del establecimiento El Pillo, que gerenciaba Airaldi, aquellos 29 kilos de cocaína que fueron encontrados de casualidad. Esos cargamentos tenían el mismo destino o provenían del mismo lugar.Tras una denuncia por violencia de género la policía llegó a Solís al 600 y debajo de la cama encontró la droga. El fiscal Rodríguez empezó a investigar este caso. Airaldi se había hecho conocido a nivel mediático por haber sido detenido en Rosario comprando droga muy cerca de un búnker. El caso tomó trascendencia porque se trataba del expresidente de la Sociedad Rural de Diamante y porque había protagonizado un escándalo en el procedimiento. El 22 de julio de 2023, en un operativo de Gendarmería, Airaldi fue detenido cuando iba en una VW Amarok junto a otras tres personas. Ese vehículo fue secuestrado: tenía armas y droga. Se detectó que era uno de los activos del clan del narco y mafioso bonaerense Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.La investigación en Rosario contra Airaldi le sirvió al fiscal Rodríguez para obtener información clave de los teléfonos, algo vital en cualquier investigación judicial hoy en día.Además, Prefectura realizó tareas de inteligencia en torno al puesto y el establecimiento en la isla. Un cargamento de cocaína, el río Paraná, la isla y Airaldi formaban un combo misterioso. El interrogante que surgió es si ese lugar servía como plataforma de llegada de grandes volúmenes de droga desde Paraguay.El Pillo queda a unos 20 minutos de navegación desde la desembocadura del río Carcarañá hasta el Coronda. Es, según el relevamiento de Prefectura, una zona de "anclaje sospechoso de barcazas".Hay un testimonio en otra causa que también fue importante en la investigación de Rodríguez: ante el fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis, un informante contó que Torres, el empleado de Airaldi, tenía varios puestos en la isla y que se movía con una lancha de gran potencia que no puede ser alcanzada por Prefectura. Esta fuente contó que, una vez, miembros de esa fuerza persiguieron a Torres, pero no lograron alcanzarlo porque tenía una lancha con un motor Mercury de 150 HP, que estaba "chipiado" [preparado para adquirir altas velocidades]. Ese informante declaró que le compraba carne a Torres de manera frecuente y que una vez que lo llevó al puesto en la isla recibió un llamado y le dijo que debía ir a buscar "merca a Diamante". "Pensé que era una joda y le dije que no, pero luego de dos horas volvió con un paquete grande, una bolsa negra, en la lancha. Y me dijo que tenía que irse para llevar el paquete a Gaboto", relató.El testigo contó que Torres le decía que "Airaldi tenía una pista en la isla para que aterrizaran las avionetas con droga", según consta en el expediente.A este testimonio clave se sumó otro que perfila a Airaldi y que fue elaborado por Prefectura a partir del iPhone 12 que Gendarmería le incautó en Rosario en 2022. En las conversaciones era notable que, cuando Airaldi y Torres â??según se infiere en la causaâ?? hablaban de droga, lo hacían con una jerga bastante torpe. Cuando se referían a cocaína decían "maple, carne, lomo y novillo".En el iPhone figura también un llamativo diálogo de Airaldi con un contacto no agendado al que le recomendaba que borrara la palabra "avión". "No mandes esas cosas por acá", le advirtió el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante al desconocido.
Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA
Roce político, dos hijos en la Justicia y algunas polémicas que empañan un recorrido de más de medio siglo en los tribunales. Son algunas de las notas que marcan la figura de Carlos Mahiques, uno de los tres jueces en situación de definir el rumbo de la causa que investiga a la suntuosa quinta en Pilar, atribuida a las autoridades de la AFA. Desde 2017, es miembro de la Cámara Federal de Casación, un órgano clave en el organigrama judicial, adonde trepan los expedientes más sensibles para la política. La Sala que ahora integra, de hecho, debe pronunciarse acerca de una disputa enredada y decidir si trata un pedido para que el expediente sobre la quinta regrese al fuero Penal Económico desde la Justicia de Campana, adonde las personas investigadas prefieren que tramite.A principio de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que este pueda seguir ejerciendo como magistrado de la Casación después de los 75 años, edad que cumple en noviembre y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Mahiques llegó allí en 2017, como parte de los traslados de jueces que promovió Mauricio Macri durante su Gobierno. Pasó de tratar delitos comunes en la Casación porteña, al máximo tribunal penal del país, aunque no sin resistencias. Su traslado fue aprobado con voto dividido en el Consejo de la Magistratura, con el kirchnerismo votando en su contra y subrayando su condición de juez nacional, no federal. Por ese entonces, Juan Mahiques, uno de sus hijos, ocupaba el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación y, como representante del Ejecutivo en el Consejo, oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y los tribunales. El "clan" Mahiques se completa con Ignacio, el otro hijo de Carlos: fue designado fiscal porteño en 2015 y se desempeñó como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa "Vialidad", por la que Cristina Kirchner acabó condenada a 6 años de prisión. La vocalía en la Casación de Carlos Mahiques entró en pausa en 2015, cuando se convirtió en el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La aventura política duraría apenas 5 meses. Al filo del vencimiento de su licencia en los tribunales, Mahiques optó por regresar a lo que había hecho "por más de 40 años", según dejó plasmado en su carta de renuncia. PolémicasSu biografía judicial encierra algunas controversias. La más sonora tomó lugar en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido. De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo "justificar" el viaje.Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. En sintonía con dos colegas suyos, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia, que fue luego revertido, aunque por mayoría, puesto que Mahiques, en soledad, mantuvo su postura inicial.
La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son "delitos comunes" en su país
El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado
AFAgate: un juez festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino, y ahora debe resolver en esa causa
La Cámara Federal de Casación Penal debe definir si la investigación para determinar quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar de 5,5 hectáreas ligada al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, queda en el fuero federal, como quieren los acusados, o en el fuero en lo Penal Económico, donde estaba. Y un camarista que tendrá el voto decisivo, Carlos Mahiques, quedó en el ojo de la tormenta. Jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio a fines del año pasado, entre autos de colección, magistrados, fiscales, lujo y champagne. Incluso uno de los jueces consultados por LA NACION reconoció que asistió al evento. Mahiques niega que esa fiesta haya ocurrido, aunque después desafía con una pregunta: "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?", y agrega: "No siento que sea algo por lo que deba excusarme".Apodado "Coco" en los tribunales, Mahiques cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo celebró se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de Comodoro Py. Acaparó elogios y envidias hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que sacude al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino, sospechado de ser el verdadero dueño de la quinta por medio de testaferros. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes y la envidia se transformó en alivio entre quienes no fueron invitados. "Sí, sucedió; la fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA", indicó a LA NACION una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, a 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. "Fueron más de 20 personas; hubo jueces, fiscales, de todo", añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias. Ese "de todo" habría abarcado camaristas, operadores judiciales y figuras del "quién es quién" de los tribunales desde hace décadas, que se acercaron en sus automóviles particulares u oficiales. "Casi todos con custodios", detalló una fuente, que elevó la cifra de asistentes a 50. Consultado por LA NACION, sin embargo, Mahiques negó haber celebrado su cumpleaños en esa quinta. "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?", añadió. "Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional". -La fiesta era una cuestión privada, pero al quedar en sus manos la definición sobre dónde quedará una investigación judicial, sea el fuero federal o el Penal Económico, pasa a ser una cuestión de interés público, planteó LA NACION. -Trato con infinidad de personas y así es como me he cruzado con Tapia y Toviggino en eventos sociales, como el cumpleaños de un tercero o en alguna cancha, pero no soy amigo de ellos. Tampoco tengo el ethos [por el "carácter" o "modo de ser"] de Comodoro Py, y veo que muchos jueces y fiscales han ido a lugares más complicados, pero no reciben este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué será? -Funcionarios, fuentes de la AFA y de tribunales nos confirman que el evento ocurrió, incluso una persona nos afirma que asistió... -Y si fuera así, ¿qué? No hay un "violenciamoralmetro" que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme. Además, la noche de mi cumpleaños tuve una cena con un exalumno, el intendente de Pilar [por Federico de Achával], en un lugar donde me crucé con algunos judiciales, nada más. -No nos hablan del 1 de noviembre, sino de una celebración en esa quinta por su cumpleaños, antes del estallido del escándalo, con helicópteros de por medio e invitados utilizando los autos que luego fueron secuestrados por la Justicia. -A ver... no he ido en helicóptero a ese predio y no me gusta volar en helicóptero... pero si tus fuentes te dicen lo que te dicen, bien. Prefiero que seas vos el que publique lo que consideres que tiene que publicar, porque te respeto... Vuelos y nombres en las sombras El eventual arribo de invitados en helicóptero es, cabe aclarar, un interrogante sin respuesta judicial. Fuentes consultadas indicaron que el mal tiempo impidió los vuelos durante esa jornada. Y hasta el momento no surge del expediente una constancia documental que vincule los más de 60 vuelos registrados desde abril de 2025 en la aeronave matrícula LV-FKY, desde y hacia la quinta con el cumpleaños de Mahiques. En esa línea, además, cuando fueron citados a declarar por el primer magistrado a cargo la pesquisa, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dos pilotos la firma Flyzar dijeron no recordar quiénes fueron sus pasajeros, quedando al borde de una denuncia por presunto falso testimonio. Flyzar pertenece al empresario Gustavo Carmona. Sus colaboradores indicaron ante la consulta de LA NACION que sus aeronaves no completaron vuelos desde o hacia la quinta vinculados a una fiesta de cumpleaños. Por su parte, Carmona, veterano en servicios a la élite empresarial, conoce a los Mahiques; incluso compartieron una comida en Punta del Este semanas atrás. La lista de supuestos invitados también permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a LA NACION, entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el "caso Vialidad" a Cristina Fernández de Kirchner. Entre los que no asistieron, por el contrario, descollaron algunos jueces de primera instancia de Comodoro Py, como María Servini, y algunos colegas de la Casación, como Juan Carlos Gemignani, distanciados de Mahiques desde hace años. Los testimonios varían. Algunos indicaron que la mayoría de los invitados desconocía de quién era la quinta de Pilar -que no se alquilaba a desconocidos para eventos-; otros, que algunos recorrieron las instalaciones, ingresaron al galpón donde había 54 autos de alta gama como Ferrari, Porsche, Audi y Ford Mustang e incluso llegaron a subirse o conducirlos dentro del predio. Ubicada en la calle Misiones al 4100 de Villa Rosa, la quinta fue valuada en más de US$ 20,8 millones por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro. Incluye un helipuerto -que no estaba declarado ante las autoridades-, dos viviendas importantes, pista ecuestre y caballerizas, canchas de fútbol y de pádel, quincho, spa, gimnasio y el galpón para los automóviles, tasados en al menos US$ 3,8 millones. Vínculos con el círculo rojo Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el "Chiqui" Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas. Cercanos al abogado de Toviggino, Alejandro Higa, los Mahiques también mantienen un ida y vuelta continuo con Daniel Angelici, una figura insoslayable a la hora de comprender los tejes y manejes en los tribunales y los consejos de la magistratura de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Según reconstruyó LA NACION, el "Tano" se había distanciado de "Chiqui" Tapia y Toviggino durante los últimos años, pero las estrellas volvieron a alinearse cuando arreció la tormenta. Ahora, tras una apelación del fiscal Carlos Cearras, "Coco" Mahiques deberá resolver junto a sus colegas de sala, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio -que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada-, queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez Aguinsky, en Penal Económico. Mahiques lleva décadas tejiendo vínculos con el poder. En diciembre de 2015 asumió como el primer ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires; en abril de 2017, logró que el presidente Mauricio Macri impulsara su cuestionado pase de la Cámara Nacional de Casación -que aborda crímenes ordinarios- a la Cámara Federal de Casación -donde se dirimen investigaciones sobre funcionarios públicos, y el 4 de este mes consiguió que Javier Milei solicite al Senado que le dé un nuevo acuerdo para que continúe como juez más allá del límite de los 75 años. El nuevo acuerdo para Mahiques comenzó a madurar el año pasado. Dentro del Gobierno se abrió el expediente 176/25, y se aceleró durante las primeras semanas de este año, hasta que cosechó las dos firmas clave. A las 18.15 del martes 3 de este mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estampó su rúbrica. Cuatro horas y media después, a las 22.49, lo siguió el presidente Javier Milei. Y a las 8.25 del miércoles ingresó por la Mesa de Entradas del Senado. "Coco logró que Milei firme su pliego y lo envíe al Senado en apenas un día", confirmó un alto funcionario a LA NACION, que señaló como eslabón clave al asesor Santiago Caputo -que tiene a Sebastián Amerio como hombre de confianza en el Ministerio de Justicia-, al igual que Santiago Viola, el abogado de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Mahiques logró lo que no lograron docenas de hombres y mujeres que ganaron concursos en el Consejo de la Magistratura y todavía esperan una señal de la Casa Rosada, ni tampoco otros jueces que se acercan al tope de edad, como Irurzun", detalló a LA NACION el alto funcionario, en alusión al camarista federal Martín Irurzun, quien durante 2025 solicitó al Gobierno un nuevo acuerdo, y sigue a la espera.
AFA: el futuro de la causa contra Tapia depende de un Tribunal que tiene sólo dos jueces titulares
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico debe resolver si respalda el avance de la investigación contra la AFA y sus dirigentes. Qué pasará si los magistrados no se ponen de acuerdo
Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal
Se realizaron allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se planificaba la coordinación de ataques contra importantes figuras públicas de Entre Ríos. La Justicia va ahora tras los pasos de dos sicarios uruguayos que habrían cobrado US$40.000 para ejecutar la orden de una banda narco. La directiva para esos asesinos a sueldo era la de matar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, el comisario general retirado Néstor Roncaglia; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti. Las emboscadas contra esos blancos estaban preparadas para los próximos días, ya que el objetivo central del grupo mafioso era, de acuerdo con la información judicial, evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Leonardo Roberto Airaldi y 13 de sus cómplices. Ese debate oral debe comenzar el martes próximo. De acuerdo con fuentes oficiales, el Tribunal Oral Federal de Paraná mantiene la fecha pautada para el comienzo de ese juicio. No habrá cambios pese a la amenaza narco, aunque si se reforzará de manera considerable la seguridad en los alrededores de la sala de audiencia y en el traslado de las personas involucradas en ese debate oral. Airaldi, de 46 años y que fue apodado el "Gaucho narco", se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona. En julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al "Gaucho narco", tomó un giro crucial cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Ese vehículo fue vinculado luego con la banda de Mameluco Villalba, el jefe narco que comanda desde la cárcel el movimiento de drogas en el partido bonaerense de San Martín. En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses. Los análisis de los dispositivos - cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA - revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.Trascendió que la investigación judicial que permitió evitar los atentados planificados desde la cárcel de Gualeguaychú se sustentó con diversos testimonios que alertaron sobre la inminencia de esa maniobra narco. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos", es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial. También figura el relato de un testigo que dijo estar al tanto de la planificación de las emboscadas. En ese caso, fue preciso cuando detalló que la organización criminal contaba con información sobre los movimientos del ministro Roncaglia. Ese hombre dijo que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque iba a ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente que hablaba (por Airaldi, preso en Gualeguaychú) le decía que vayan con un tarro de cal. Para ser más exacto, que vayan en dos vehículos, que uno vaya con un tacho de cal y el otro con los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro".Fuentes de la investigación explicaron que la información inicial sobre la posibilidad de un triple atentado contra figuras de relevancia pública llegó por un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. A partir de ese dato inicial se inició la pesquisa encabezada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N° 9, donde está alojado el llamado "Gaucho narco", supuesto cabecilla del complot. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores."El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía 'vengarse' del juez Ríos por la instrucción de la causa y de Candiotti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía", señalaron fuentes oficiales del gobierno entrerriano.Noticia en desarrollo
Desbaratan un plan de un narco para asesinar a un juez y un fiscal federal de Entre Ríos
Según la justicia local, el llamado "estanciero narco", Leonardi Airaldi habría impulsado un plan para asesinar al Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos y al Fiscal Federal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti. Para ello había contratado a un sicario uruguayo. Pero la Justicia desbarató antes el plan.
Juez: "Sin bajar la presión impositiva, la reforma laboral no va a generar empleo"
El senador nacional por Córdoba cuestionó la carga tributaria provincial, pidió un nuevo pacto fiscal y sostuvo que la modernización laboral "no es definitiva". También apuntó contra el gasto público y habló de la competitividad en la provincia. Leer más
Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que "no le aporta nada"
El tribunal subraya además que el padre realizó esfuerzos concretos para retomar el contacto
Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz
La reforma laboral endurece reglas para demandas y ata a los jueces a la Corte Suprema
El proyecto de reforma laboral introduce cambios de fondo en el funcionamiento de la Justicia del Trabajo, el cálculo de indemnizaciones y las reglas de contratación. Entre los puntos más sensibles, obliga a los jueces a ajustarse a los fallos de la Corte Suprema y fija nuevas responsabilidades para abogados, peritos y empleadores.
Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas
La magistrada no hizo lugar a la solicitud de la Procuración del Tesoro, que ya adelantó que apelará esa decisión. Leer más
Los jueces de las cortes provinciales piden a Nación que pague la deuda con las Cajas previsionales
La iniciativa fue impulsada por el presidente del TSJ de Córdoba, Domingo Sesin. Señalan que el déficit afecta salarios de magistrados, funcionarios y empleados judiciales activos y jubilados. Leer más
David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: "No puede convertirse en juez"
El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho
Tras dictamen de Medicina Legal sobre la causa de muerte de la jueza Vivian Polanía, un médico forense solicitó un nuevo exámen: cuál es la razón
El proceso legal incorpora una solicitud de pruebas adicionales para identificar la presencia de otras sustancias, mientras la Fiscalía General analiza los informes forenses en el marco de la investigación penal en curso
El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)
El juzgado de Palma ha decidido no proseguir las pesquisas tras descubrir deficiencias en el complejo avícola, aunque no se consideraron prueba suficiente para establecer un delito, mientras la opción de recurso permanece abierta para las partes involucradas
Un padre reclama dejar de pagar la pensión de alimentos de su hija porque ella no le habla: los jueces dicen que no es motivo suficiente
Para poder interrumpir la cuota alimentaria bajo este argumento, la falta de relación debe ser "manifiesta, continuada y principalmente atribuible al hijo"
Indagará a Tapia y Toviggino: quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales
Lejos de los espacios donde se mueven los operadores judiciales y con fama de severo ante el narcotráfico, el juez Diego Amarante es el primero que citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos de evasión fiscal a la Asociación del Fútbol Argentino y sus máximas autoridades, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.Amarante es un hombre de los tribunales, donde ingresó como auxiliar y escribiente â??cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)â?? en distintos tribunales orales en lo penal económico y en juzgados nacionales.Luego trabajó en la Cámara Federal de Casación penal, el máximo tribunal penal del país con el entonces camarista Eduardo Riggi; era su relator. "Mano dura", resumió uno de sus colegas ante LA NACION para referirse a ambos.Su carrera se la debe a Riggi, el juez a quien Alberto Fernández no le quiso dar un nuevo acuerdo cuando llegó a los 75 años. En la Casación estuvo 15 años, entró como empleado y salió como juez. Llegó a juez en lo Penal Económico N° 5 el 22 de diciembre de 2014, cuando gobernaba Néstor Kirchner.Hijo de un militar, Amarante tiene 51 años y defendió a su padre en una causa por violaciones a los derechos humanos en la que fue sobreseído, a comienzos del kirchnerismo.Tiene particular empatía con los uniformados y comprensión por las fuerzas policiales con las que le toca trabajar, dijeron sus allegados a LA NACION.Cercano a la Embajada de los Estados Unidos, no se pone colorado si le toca trabajar con la DEA u otras fuerzas extranjeras en la medida en que la información sea buena y le permita ir para adelante, señalan quienes conocen su pensamiento. También lo consideran equilibrado en sus análisis ante los planteos de la ARCA.Es duro con sus imputados, aunque en particular en las causas de narcotráfico, coinciden en afirmar funcionarios del fuero penal económico.Su severidad, que en ocasiones podía transformarse en desequilibrios en contra del imputado, le mereció que la Cámara de Apelaciones le hiciera algunos comentarios.Su máximo enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones ocurrió el año pasado, en una causa por drogas donde insistía para procesar a los acusados, y el tribunal le pidió que siguiera investigándolos antes de decidir. Tanto fue y vino el expediente desde la Cámara que, al final, cansado, Amarante sobreseyó a los imputados y le preguntó por escrito a sus superiores si pretendían como prueba una foto de los acusados sentados encima de la droga. Un arrebato.Quienes lo conocen en los tribunales, dijeron a LA NACION que Amarante es ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales, rasgo que compartiría con el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial. Un dato relevante en esta causa donde los acusados de la AFA no sólo tejieron fuertes vínculos con jueces y fiscales, a los que incorporaron a los tribunales internos de disciplina, sino que también se valieron de influyentes personeros para acercar su punto de vista, con "alegatos de oreja" que pretenden dejarlos mejor parados. Casos de alto perfilAmarante tuvo causas de alto perfil, como la que le tocó contra Susana Giménez, denunciada por la entonces AFIP por presunta evasión fiscal relacionada con el impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio 2019. La sobreseyó al evaluar que no existió una conducta engañosa o ardidosa configuradora de un delito penal tributario. Confirmaron su fallo.Procesó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando de un vehículo en una causa donde intervino en la importación de un auto para la embajada de Taiwán, que no era un país reconocido como tal. Echegaray fue absuelto en el juicio oral.También procesó a Fabián de Sousa por evasión, pero sobreseyó a Mauricio Macri y a Gianfranco Macri por los Panamá Papers. Lo mismo con una denuncia a Jorge Lanata, quien fue denunciado por supuesto lavado de dinero. También procesó a Gregorio Dalbón por supuesto contrabando de divisas. Finalmente, el abogado de Cristina Kirchner fue sobreseído por la Cámara porque, a pesar de que llevaba encima más dinero que el permitido al salir del país, el tribunal no consideró al dinero una mercadería.AntecedentesAmarante obtuvo el título de abogado en la UBA el 17 de diciembre de 1998 y publicó varios artículos académicos en derecho penal. Fue coautor del libro "Código Procesal Penal de la Nación anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal" (2007). Fue ayudante y profesor adjunto de derecho penal en la UBA y en el Instituto Universitario de Derecho Penal, y participó como profesor de cursos de capacitación judicial en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados. Como juez en lo Penal Económico actuó en causas complejas y en particular en un caso donde procesó con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas y un exagente de la SIDE por delitos de contrabando agravado y asociación ilícita. En esa resolución sostuvo que el delito era una traición a la patria.En otra causa rechazó un pedido para cerrar un caso contra un acusado que había entrado en el blanqueo de capitales en una causa por presunto contrabando que había comenzado con allanamientos y secuestro de mercadería de origen extranjero. También procesó por tráfico de drogas de diseño a una banda que se dedicaba a comercializar éxtasis por correo y los dejó presos.Ahora citó a indagatoria a las máximas autoridades de la AFA por evasión y, a juzgar por sus antecedentes, se enfrentarán a un tribunal particularmente severo.
Advierten que marchas convocadas por Petro tras suspensión del salario mínimo buscarían presionar a la justicia: "Hace ver a los jueces como enemigos"
Varias organizaciones denunciaron que el llamado del presidente a movilizarse frente a sedes judiciales compromete la independencia judicial y el principio de separación de poderes
Un juez requiere a Alvise Pérez a eliminar mensajes con amenazas al alcalde de Algeciras
Retrocede la ley antimigrante en Estados Unidos y pierde el ICE: una jueza dictamina que no pueden detener nuevamente a Kilmar Ábrego García
Una jueza federal dictamina que ICE no podrá detener nuevamente a Kilmar Ábrego García.
"El Juez del Bienestar": estas son las controversias del esposo de Nadia López García
Pone en el centro de la atención pública al magisdrado por su activismo, presencia digital y controversias sobre participación política
Ella es la actriz colombiana que 'le robó el corazón' a Gian Marco, el juez peruano de 'A otro nivel'
El reconocido cantante ha dejado atrás la discreción para mostrarse más cercano a sus fans, compartiendo detalles emotivos de su vínculo con la actriz y cantante colombiana Juliana Molina en plena etapa de renovación personal
Medicina Legal confirmó que la jueza Vivian Polanía falleció por sobredosis de cocaína: Fiscalía revisa otras sustancias halladas
El informe forense detalla que la muerte ocurrió en su apartamento de Cúcuta; su hijo de mes y medio fue trasladado a un centro médico en ese momento
La jueza pide al chófer de Mazón que aporte la factura del móvil para comprobar la hora de recogida la tarde del 29O
La magistrada que analiza el operativo durante la dana en Valencia solicita al conductor que entregue detalles telefónicos, al buscar confirmar la cronología de movimientos del exlíder regional la tarde en que ocurrieron los hechos investigados
Entrevista: una jueza del fuero laboral cuestiona la reforma y pronostica que se llevará a los tribunales
La reforma laboral del Gobierno, que este jueves se debatirá en la Cámara de Diputados, colocó al fuero laboral de la Justicia Nacional en un lugar incómodo. El texto que promueve el oficialismo proyecta la "progresiva disolución" del fuero laboral nacional. Y aunque ese proceso va en línea con el demorado traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño, las dudas sobre los detalles del cambio ponen en alerta a los magistrados del fuero. María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y magistrada del fuero, reconoce la importancia de rediseñar el esquema laboral -"las necesidades cambiaron", asegura en diálogo con LA NACION-, pero considera que el proyecto actual no reunió aval suficiente: "un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector".Además, rechaza que el fuero responda a intereses sectoriales, un axioma en el que la reforma del Gobierno parece apoyarse tácitamente. "La industria del juicio no existe", argumenta, en contraposición con las acusaciones del Gobierno que apuntan a los abusos y las complicidades en perjuicio de los empleadores. â??¿Cree necesaria una reforma laboral? - Por supuesto que es necesaria. Porque pasaron muchísimos años y el mundo del trabajo ya no es lo mismo. La gente que se incorpora no es la misma, las necesidades tanto del sector empresario como de la gente que se incorpora tampoco, sobre todo las de los jóvenes, que se incorporan al mercado de trabajo priorizando otra cosa: empleos verdes, diagramación y libertad en el ejercicio de la jornada de trabajo, etc. Pero lo que sería necesario es darnos un debate como sociedad para ver cuál es el mejor proyecto de reforma que la sociedad necesita. El tema no es si es necesaria o no una reforma, que yo estoy totalmente de acuerdo, sino cuál es la mejor reforma posible.â??¿Qué opinión tiene del proyecto en particular? - No puedo hablar de la ley en particular porque podría llegar a tener que emitir opinión en un análisis en mi trabajo, en una sentencia, pero de todas maneras, lo que me parece más grave de todo esto es la ausencia de debate. Hay muchas cosas que tienen que estar en juego: las libertades, las necesidades de cada uno de los sectores, ver cuáles de las cosas que estás incorporando pueden contribuir a mejorar o a paliar ciertas situaciones como pueden ser la informalidad. Y, fundamentalmente, un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector. â??Se opone al modo y a que refleja los intereses de solo uno de los sectores- Lo que digo es, y no estoy emitiendo juicio, cuáles serían las pautas que debería tener desde mi mirada un proyecto de reforma de ley. Uno de los requisitos es que no debería responder a los intereses de un sector, eso es lo que digo.â??El Gobierno sostiene que uno de los objetivos de la reforma es poner fin a la industria del juicio. ¿Existe tal industria?- Un juez laboral analiza el caso, y mira si la norma que la persona está invocando encaja. No se puede cometer un grado de arbitrariedad enorme en relación a eso, ni puede decir: "no aplico la ley". En ese marco, digo que la industria del juicio no existe. Lo que existe es un montón de reclamos que muchas veces tienen asidero y llegan a buen puerto y muchas veces no. No soy yo la única jueza del trabajo, como muchos colegas, que en numerosas ocasiones rechazamos demandas que no tienen asidero. Hay todo un proceso, enmarcado en una Constitución, con un juez que es probo, que rindió sus exámenes, que hizo su defensa ante el Senado, y que si no es probo, está el Consejo de la Magistratura para removerlo.Es muy fácil decir 'la industria del juicio existe', pero si nosotros nos ponemos a analizar que todas estas cosas se dan en el marco de un proceso que es legal, que es jurídico y que está basado en normas, esa afirmación es absurda. â??¿Y por qué hay tanta diferencia de criterios en el tema de las indemnizaciones, por ejemplo?- Acá hay dos cosas distintas, que es si un trabajador en una relación de trabajo está en negro o en blanco. Si está en blanco, hay un establecimiento de un mes de sueldo por cada año de trabajo. No se paga más que eso, porque es una indemnización que está tarifada y nadie podría apartarse de esa norma. El tema es si las diferencias empiezan cuando el trabajador está en negro. Había una serie de multas tendientes a condenar o penar a ese empleador incumplidor, pero si ese empleador tenía a sus empleados registrados, no podría haber ningún tipo de diferencia. Y luego está el tema de la tasa. Hubo alguna discrepancia en cuanto a la aplicación de la tasa en nuestro país. No sucedió solamente en la Justicia Nacional, sino también en cada una de las provincias. La ley dice que se aplica la tasa que determinan las partes; en segundo lugar dice que se aplican las tasas que la ley determina; y si la ley no lo determina, viene el juez. Bueno, también hay alguna responsabilidad del legislador que durante tantos años no le dijo a los jueces cuál era la tasa que debía aplicarse. No es que le estoy corriendo el cuerpo a la responsabilidad, pero digo, acá hay un sistema, en todo caso, que no funciona.â??¿Por qué se vincula tanto al fuero con el sindicalismo? - El juez de Trabajo aplica las normas en función de ciertos principios y hay principios que dicen que, en caso de duda, tenés que estar a favor del trabajador, que el trabajador es el sujeto de preferente tutela. Yo no me siento vinculada al sindicalismo, creo que la mayoría de mis colegas tampoco, nosotros somos un tercero que intermedia entre ambas partes, tampoco tenemos mucha incidencia, por lo menos los jueces de primera instancia. No somos ni tan poderosos, ni tan arbitrarios, porque la Constitución no lo permite.Lo que resolvemos es si hay algún derecho tutelado que se puede llegar violentar, y ahí aplicamos la doctrina de la Corte. Es la Corte la que dijo si un trabajador debe ser reinstalado o no, lo mismo en términos de discriminación. No es un fuero que se aparte de lo que ha dicho la Corte. Quizás sorprenda algún fallo, que ordene que un delegado sindical que ha sido despedido, debe ser reinstalado, pero eso lo dice la ley, es la interpretación de los fallos de un tribunal superior y es lo que nosotros aplicamos. â??Hay fallos de la Corte que revocan decisiones de la Cámara Laboral...- En materia de tasa de interés. Fundamentalmente todo gira sobre eso y es en relación a algunas salas, no a todas. En relación a los montos que se han aplicado en condenas por daños y perjuicios en materia de accidentes de trabajo, que la Corte ha considerado que son exorbitantes, y los ha revocado. Y en el caso de accidentes, han vuelto a otra sala, y la sala lo ha modificado conforme lo que la Corte ha determinado.â??¿Los jueces laborales se sienten apuntados por la reforma? - Nos están diciendo que nos cierran [alude al Capítulo IV de la ley, en el que se incluye el acuerdo para transferir el fuero laboral nacional al porteño]. El Poder Judicial de Nación no ha sido parte, ni mucho menos la asociación de magistrados. Esto no solamente es súper perjudicial para nosotros, que nos dicen 'ustedes no van a ser más jueces, esto se cierra', sino que es absolutamente disciplinador para todo el resto que está mirando. Nadie negaba la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires pudiese hacerse cargo de la justicia del trabajo de los habitantes de su ciudad. Nosotros veníamos trabajando muy bien, en el marco de una comisión de traspaso y de transferencia de competencias. El proceso venía muy avanzado, con informes, con resultados positivos, y de golpe aparece esto.¿Se va a poder ir a reclamar a diez juzgados laborales que en este momento están en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros somos ochenta y no damos abasto? ¿Cuánto va a durar el juicio de un trabajador?â??¿La reforma podría judicializarse? - Seguramente. Es una posibilidad que estamos evaluando, pero vamos en el día a día. Por ahora, lo que tratamos es que esto no se apruebe.
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El juez Salmain denunció en Comodoro Py al arrepentido que confesó haberle pagado coimas
Acusó al financista Fernando Whpei de "mentir" para beneficiarse en la causa. El magistrado federal de Rosario, también investigado por el Consejo de la Magistratura, busca revertir su situación judicial.
Los archivos Epstein revelan el rol de Steve Bannon en la defensa del pedófilo y sus contactos con un juez de la Corte
WASHINGTON.- Nuevos documentos oficiales desclasificados revelan que el financista acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, mantuvo contactos y afinidades políticas con figuras clave del establishment conservador estadounidense, entre ellas el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, y siguió de cerca -con intervenciones privadas- el proceso de confirmación del actual juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.La información surge de cerca de tres millones de páginas de archivos publicados por el Departamento de Justicia el pasado 30 de enero, que incluyen intercambios de correos electrónicos, mensajes de texto, itinerarios y registros de entrevistas correspondientes a los últimos años de vida de Epstein, antes de su arresto por tráfico sexual de menores en julio de 2019.Según la documentación, Bannon asesoró intermitentemente a Epstein durante meses en 2018 y 2019 sobre cómo gestionar públicamente las reiteradas acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre él. En una serie de comunicaciones privadas, el exfuncionario -figura influyente dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA)- recomendó estrategias legales y mediáticas orientadas a contrarrestar lo que describía como la "narrativa de la pedofilia y la trata de personas"."Primero debemos refutar las mentiras; luego, desmantelar la narrativa (â?¦) y luego reconstruir su imagen de filántropo", escribió Bannon en abril de 2019, cinco meses después de que una investigación periodística del Miami Herald expusiera cómo fiscales federales habían desestimado pruebas clave en su contra una década antes.Los archivos muestran que el nombre de Bannon aparece casi a diario en los seis meses previos al arresto de Epstein, período durante el cual ambos mantuvieron un flujo constante de mensajes. También registran que, tras reunirse por primera vez a fines de 2017 -poco después de que Bannon fuera desplazado de su cargo en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump-, el estratega político se comprometió a ayudar al financista a rehabilitar su reputación pública.Los itinerarios personales de Epstein consignan más de una docena de encuentros â??entre desayunos, almuerzos y cenasâ?? con Bannon en la residencia del primero en Manhattan. Las comunicaciones revelan además un vínculo personal que incluía intercambios de bromas políticas, ofrecimientos de asistencia médica privada e incluso propuestas para utilizar el jet del empresario en viajes por Europa. El entorno de Bannon sostiene que tales ofrecimientos nunca fueron aceptados y que la relación tuvo un carácter estrictamente profesional, en el marco de un proyecto documental que, según indicó su vocero, lleva seis años en producción.Bannon afirmó en declaraciones periodísticas que su intención era obtener unas 50 horas de entrevistas con Epstein para un film que buscaba "destruir los mitos que creó". Sin embargo, los archivos publicados contienen apenas dos horas de material registrado.Kavanaugh, Clinton y el caso LewinskyLos documentos también arrojan luz sobre el interés de Epstein en la confirmación de Kavanaugh como juez de la Corte Suprema en 2018, proceso que estuvo marcado por la denuncia de agresión sexual presentada por la psicóloga Christine Blasey Ford. De acuerdo con los mensajes recopilados, Epstein siguió de cerca las audiencias del Senado y consideró que las acusaciones podían hacer fracasar la nominación.En una comunicación del 22 de septiembre de 2018 enviada a un interlocutor cuyo nombre fue censurado, Epstein escribió: "Me senté en la silla Kavanaugh. Estoy pensando en noviembre". El significado de esa referencia no pudo ser establecido.En otros mensajes, el financista calificó la audiencia como "una trampa" y sostuvo que Ford "llorará, hará acusaciones horribles" y afirmará sentirse "violada, asustada, herida". El testimonio de Ford ante el Senado, el 26 de septiembre de ese año, detalló bajo juramento un presunto intento de violación ocurrido en 1982, cuando ambos eran adolescentes. Kavanaugh negó categóricamente esas acusaciones.No existe evidencia en los archivos de que Kavanaugh haya conocido o mantenido contacto directo con Epstein. Sin embargo, los documentos confirman que el financista mantenía comunicación frecuente con Kenneth Starr, el exfiscal independiente que lideró la investigación sobre la relación entre el entonces presidente Bill Clinton y la becaria Monica Lewinsky en la década de 1990.Kavanaugh trabajó como colaborador de Starr durante esa investigación, mientras que el propio Starr fue el abogado que negoció en 2008 el acuerdo de culpabilidad que permitió a Epstein evitar cargos federales por tráfico sexual y cumplir una pena reducida.En agosto de 2018, Epstein consultó a Starr sobre un informe inminente que abordaría el papel de Kavanaugh en la investigación contra Clinton. Starr respondió que la publicación "no debería ser un problema para Brett" y que, si bien el documento incluía críticas a su desempeño, no hallaba ilegalidades.Unos días después, Epstein volvió a escribirle tras leer una "divulgación" vinculada a Kavanaugh, afirmando que el texto le recordaba el "genio" de Starr en su trabajo. No queda claro a qué documento hacía referencia, aunque en esas semanas se había difundido un memorando que detallaba el rol de Kavanaugh dentro del equipo investigador del escándalo Clinton-Lewinsky.Agencia AP y diario The New York Times
Pidieron que vaya a juicio oral un juez federal acusado de amenazar y hostigar a los empleados de su tribunal
Es Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa. Por los hechos tiene una prohibición de acercamiento.Además, el Consejo de la Magistratura lo investiga por mal desempeño en sus funciones.
Un juez federal investigado por sobornos busca salvarse en Comodoro Py
El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con orden de detención -que no se cumple por ser magistrado- busca salvarse de una eventual destitución en los tribunales de Comodoro Py 2002: denunció al financista arrepentido que lo acusó de arreglar causas a cambio de coimas.Mientras avanza la causa en la justicia de Rosario por impulso de un grupo de fiscales federales, Salmain denunció al empresario Fernando Elías Whpei y la causa cayó por sorteo en el juzgado de María Servini y la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Salmain acusó allí a Whpei de mentir para favorecer su situación procesal.El otro implicado en la causa, el operador judicial Santiago Busaniche, también espera un salvataje desde la Cámara Federal de Casación Penal: su defensa insistió con un planteo de "insustancia de la acción penal y trámite complejo", señalaron fuentes judiciales a LA NACION. La sala sorteada fue la de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, aunque este último juez ya anunció su jubilación a partir del próximo 1° de marzo, por lo que se aguarda saber quién intervendrá.La causa contra Salmain se consolidó con la declaración de Whpei como arrepentido. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar US$ 10 millones al precio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima del 10%, estimada en unos US$ 200.000.El plan salió mal: los fallos se dictaron en tiempo exprés, pero justo fue el cambio de Gobierno y el 10% de la operación quedó en menos de US$20.000.Según Whpei, el juez se negó a aceptar ese dinero ya que quería el monto que se había hablado originalmente, según le hizo saber Busaniche. De lo contrario, le advirtió, el juez iba a denunciarlo penalmente. El financista dijo en su confesión que él se negó a pagar esa cifra y terminó denunciado. Los fiscales de Rosario confirmaron datos de su declaración a través de los propios movimientos de las causas y de geolocalización de los teléfonos. A fin del año pasado, el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a Salmain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, y le prohibió la salida del país. También fueron procesados Whpei y Busaniche. El juez también ordenó la prisión preventiva de Salmain por haber intentado perjudicar el curso de la causa, pero no se hará efectiva en virtud de la inmunidad de arresto establecida para los jueces en la Ley 25.320 de fueros, y mientras dure su vigencia en el caso concreto. La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está investigando a Salmain por esta y otras causas, como la de haber hecho trampa en el concurso que lo designó juez en Rosario al no declarar que había sido echado de la Justicia por haber intentado sobornar a una empleada para que le asignaran una causa al juzgado federal de la seguridad social donde trabajaba como empleado.En la declaración como arrepentido en Rosario y el procesamiento dictado por la justicia -cuya copia ya está bajo análisis de los consejeros-, Whpei dio detalles de la reunión con Salmain: "Fui al despacho del juez que está en el primer piso de calle Entre Ríos, un despacho muy elegante, le comenté solamente cuestiones técnicas de la viabilidad del recurso de amparo. Se tomó unos días, me llamó a los días, lo fui a ver y me dijo que era viable. Después me dijo que todos los otros temas los hablara con Santiago"."Los contactos eran por WhatsApp, pero yo con Busaniche me juntaba en el Four Seasons, personalmente hablábamos ahí y después en el Florida Garden personalmente", agregó. Precisó que el pago arreglado se debía hacer en US$ en efectivo y entregado a Busaniche, quien promovió a Salmain para convertirlo en juez. Recordó que una vez le pidió que hablara "con algún senador nacional amigo nuestro para que le aprobara el pliego".Al momento del procesamiento, el fallo sostuvo que "de los hechos expuestos, puede concluirse con el grado de probabilidad que la etapa procesal exige, que Busaniche, Whpei y Salmain -en su carácter de Juez Federal- llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, en el que se autorizó la salida a cuentas del exterior de 10 millones de US$".
El juez de Rosario procesado por pedir coimas ahora denunció al arrepentido y buscar zafar en los tribunales de Comodoro Py
Gastón Salmain formuló este jueves una denuncia penal contra el financista Fernando Elías Whpei, que por sorteo recayó ante la jueza María Servini y la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Mientras el operador judicial rosario Santiago Busaniche apuesta a revertir su situación procesal en la Cámara de Casación.
Asociaciones de jueces denuncian ante la UE "el deterioro del Estado de derecho en España"
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El Govern estudia un complemento salarial para evitar que los jueces se vayan de Cataluña
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Gremios, trabajadores y jueces: la reforma laboral tiene como destino final los tribunales
La ley de reforma laboral, si logra ser aprobada en el Congreso, tiene un futuro garantizado en los tribunales. No solo los jueces y empleados judiciales se están preparando para cuestionar su constitucionalidad, porque hace desaparecer el fuero laboral, sino que los gremios y trabajadores individuales -dan por hecho en el Poder Judicial- cuestionarán algunos de sus artículos.Todos los cuestionamientos por reclamos individuales de los trabajadores serán resueltos en última instancia por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, o las cortes provinciales, y los planteos de inconstitucionalidad de la ley efectuados en el fuero federal serán decisión de la Corte Suprema de Justicia, aunque no en lo inmediato.Los gremios que no negociaron con el Gobierno también podrían seguir este camino.Los jueces â??que reclaman porque el cambio implicó la disolución del fuero laboral nacionalâ?? podrían dirigir sus reclamos de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo federal, donde tras la intervención de la Cámara, debería decidir la Corte Suprema de Justicia.Enfrentan un problema, sino varios. El máximo tribunal fue justamente quien abrió el camino para el reconocimiento de la autonomía porteña, que se firme el convenio de traspaso de la justicia laboral a la Ciudad y se cumpla la Constitución Nacional. Es decir que un reclamo de los jueces a la Corte en este sentido tiene pocas chances de prosperar. Hoy y con esta integración del máximo tribunal."Puede haber reclamos individuales de trabajadores donde los jueces se hagan eco, pero sobre cuestiones puntuales. Pero el cambio de fondo ya está y no tiene regreso", evaluó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que justamente es uno de los que se opone al proyecto.Como en un juego de pinzas, el Poder Judicial, primero, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo ahora, terminaron en estos dos últimos años cambiando el escenario de las relaciones laborales; el tribunal, con sus sentencias, y el Gobierno con este proyecto de ley que fue aprobado en el Senado y será discutido ahora en Diputados.La Corte, desde hace dos años, viene dando señales para acotar al fuero laboral. Desde el 29 de febrero de 2024 limitó fuertemente la aplicación de intereses sobre indemnizaciones laborales.Lo hizo en el caso "Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A.- Despido", donde revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había aplicado capitalización anual, periódica y sucesiva de intereses (anatocismo, o intereses sobre intereses) sobre indemnizaciones laborales y generó un resultado económico desproporcionado al llevar la indemnización de 2 millones de pesos a más de 165 millones.Este fallo marcó un principio jurisprudencial: no puede aplicarse capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales sin sustento legal adecuado.Luego, la Corte Suprema dictó el fallo "Fontaine, Juan Eduardo c/ Provincia ART S.A. - Accidente / Ley de Riesgos del Trabajo". Con el mismo criterio, se extendió la doctrina Oliva al ámbito de la ley de riesgos del trabajo.En agosto de 2024, la Corte dictó el fallo "Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina S.A. - Despido", donde anuló otro fallo de la Cámara del Trabajo que había aplicado una fórmula de actualización del crédito laboral basada en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más 6% anual y una capitalización única.Y más recientemente, el 10 de febrero pasado, en el caso "M. Décima c/ MTV Networks Argentina S.R.L. e Iss Argentina S.A." volvió a anular una sentencia de la Cámara del Trabajo porque se había aplicado la capitalización de intereses, afectando principios de congruencia procesal y defensa en juicio. En este fallo, la Sala X de la Cámara había fallado incluso por encima de lo que había pedido la trabajadora.Con estos fallos, la Corte viene mandando un mensaje a la Cámara del Trabajo para que acote los intereses a sumas que no sean desproporcionadas. Pero la Cámara está dividida entre jueces que aplicaron ese criterio y otros, cercanos al peronismo, que dictaron sentencias que generaron alarma entre las empresas, pues algunas pymes quedaban al borde de la quiebra.El problema del cálculo de indemnizaciones e intereses queda zanjado en la ley, en caso de aprobarse: la norma votada por los senadores establece que las indemnizaciones en los juicios nuevos deben ajustarse por el IPC más el 3%, mientras que en los juicios viejos se aplica la tasa pasiva del Banco Nación, pero no pueden implicar una reducción del IPC más el 3%.Los nuevos juicios laborales, en caso de aprobarse la ley, serán tratados por la justicia laboral de la ciudad, pero los viejos serán resueltos por los antiguos jueces laborales que seguramente declararán inconstitucional esta limitación.A los fallos de la Corte que buscaron limitar a la Cámara Laboral, y dar señales a los jueces laborales, le siguió una sentencia que cambió la manera de litigar en la ciudad de Buenos Aires: el fallo Levinas, donde se estableció que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el tribunal de apelación de todos estos casos.Es decir que, de manera implícita, la Ciudad asumía las funciones de control de la justicia nacional, no solo la laboral, sino la civil, la comercial y la penal.La semana pasada, en plena feria judicial, el gobierno nacional y el porteño firmaron un convenio donde decidieron traspasar las competencias de la justicia laboral nacional a la justicia de la Ciudad. En virtud de ese acuerdo y del proyecto que se debatirá ahora en Diputados, en 180 días, 10 juzgados laborales porteños deberán empezar a tramitar los nuevos casos y la ejecución de los fallos viejos aplicando los intereses que marca la nueva ley (en caso de aprobarse). Y los actuales juzgados nacionales del trabajo se quedarán solo con los casos iniciados antes de la reforma.Con un detalle: de los 80 juzgados laborales nacionales, cerrarán 30, que no tienen juez, y no se sabe qué ocurrirá con los empleados de esos juzgados. También cerrará una sala de la Cámara del Trabajo que está vacante.Ante esta norma que amenaza con hacer desaparecer al fuero laboral nacional, los jueces ya están pensando en reclamar su inconstitucionalidad. Se muestran desesperados en sus grupos de WhatsApp, desconfían entre ellos, critican a la asociación que los representa, se dieron cuenta de que la decisión política está tomada y que es tarde para frenar el cambio.El recurso judicial contra la ley es un atajo de dudoso éxito, ya que la propia Corte es la que indicó con el fallo Levinas que el camino es la transferencia de competencias.El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, dijo a LA NACION: "Estamos analizando y estudiando todas las alternativas y vías de acción posibles. Estamos teniendo reuniones con las autoridades de la Cámara Laboral y los magistrados y funcionarios del fuero, y evaluando toda la documentación disponible para analizar luego, en el marco del Consejo Directivo de la entidad, los pasos a seguir".Otros jueces consultados daban por hecho la judicialización de la ley en caso de aprobarse. Aunque no eran optimistas acerca de que la Corte falle a su favor."Lo más grave del proyecto es que se pretende el cierre o disolución del fuero laboral. Y justamente esa pretensión de suprimir un fuero judicial resulta a todas luces inadmisible desde el punto de vista institucional y constitucional", dijo Basso. Agregó que en el actual sistema institucional "es impensable que pueda disponerse la supresión de un fuero judicial".Los jueces laborales encendieron la alarma y el gremio judicial, con Julio Piumato a la cabeza, también rechaza la reforma ante la eventual pérdida de empleos. El jueves se movilizarán frente al Palacio de Justicia y una decena de jueces laborales, algunos cercanos al peronismo, ya avisaron que acompañarán a los trabajadores en su manifestación. Les pidieron por WhatsApp a los que hacen trabajo remoto que dejen su casa y vayan a manifestarse.Salario, enfermedad e indemnizaciónLas mismas reservas de los jueces laborales con este proyecto de ley las tienen abogados representantes de empresas y trabajadores que remarcaron algunos aspectos de la posible norma que pueden generar reclamos.Claro que estos cuestionamientos primero serán resueltos por los jueces laborales de la Ciudad, luego por el Superior Tribunal de Justicia porteño y eventualmente la Corte Suprema, aunque no en lo inmediato, con lo que el paso del tiempo puede consolidar la aplicación de esta ley.Una advertencia: la nueva ley laboral dice que los fallos de la Corte son obligatorios en esta materia. Toda una novedad, que se contrapone en la independencia de los jueces para fallar según su interpretación. Por eso puede darse el caso de que para aplicar un precedente de la Corte deban contradecir algún artículo explícito de la nueva norma. Por ejemplo, cuando se debate lo que se considera salario, que es uno de los asuntos que ya despertaron polémica en el mundo de los abogados laboralistas. La nueva ley no considera parte del salario a los fines indemnizatorios al celular o el auto corporativos, por ejemplo, además de vacaciones, aguinaldos y bonificaciones.Pero la Corte ya tiene dicho en al menos tres fallos de 2009, 2010 y 2013 que el salario debe entender como concepto amplio, que cubre cualquier ganancia o contraprestación por trabajo que pueda evaluarse en efectivo, con apoyo en los convenio de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con rango constitucional. La naturaleza salarial no puede ser limitada por normas que contraríen la protección constitucional del salario al que se considera todo concepto que tiene incidencia real en la vida del trabajador y deriva de la relación laboral, más allá de cómo se lo llame, señala la jurisprudencia.La Corte así lo entendió en los casos "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", de 2009, sobre los vales alimentarios que consideró remuneratorios; en "González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A.", de 2010, sobre asignaciones de carácter alimentario, y en "Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.", de 2013, sobre la consideración como remunerativa de una suma acordada en un convenio colectivo. El salario, dijo, es "toda remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que sea debida por el empleador por el trabajo prestado".Otro asunto que seguramente será materia de reclamo, advierten los abogados, es lo relativo a que se pague una parte del sueldo en caso de una lesión sobreviniente, ajena al empleado, como ejemplificó el ministro Federico Sturzenegger cuando dijo que si un trabajador se lesiona jugando al fútbol cobrará la mitad del sueldo durante su licencia.Aquí hay fallos de la Corte basados en tratados de derechos humanos que preservan ese derecho a cobrar la totalidad del sueldo durante la licencia por enfermedad. Por más que sea discutible que sea el empleador el que lo cubra y no la seguridad social.Otro cambio que dudosamente podría resistir un control de constitucionalidad es la previsión de pagar la indemnización en hasta 12 cuotas, ya que no existe ninguna relación jurídica donde el deudor le impone al acreedor cómo le paga. En general es producto de una negociación.Estos planteos, individuales en cada caso, ingresarían por la justicia laboral porteña, en caso de aplicarse la ley, serían resueltos por la Cámara local y el Tribunal Superior de la Ciudad. Recién después podrían escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, aunque no en breve.
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Caso Loan: quienes son los tres jueces a cargo del juicio y a cuántos testigos citarán a declarar
El 27 de febrero próximo habrá una audiencia preliminar al debate en Corrientes.Dos de los tres integrantes del tribunal pertenecen al Poder Judicial de otras provincias, donde intervinieron en causas resonantes.También tendrán que definir la fecha de inicio y la cantidad de audiencias.
Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces 'corrigen' los excesos de las empresas para combatirlas
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Un amparo federal permite la liberación de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, pese al hallazgo de cientos de cuerpos sin incinerar. Familiares exigen justicia y la intervención de autoridades federales
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La interminable guerra por el territorio detrás del ataque a un juez que investiga a una banda narco en San Martín
El blanco fue el juez de Garantías Nicolás Schiavo, quien había detenido a soldaditos de "Alicho", un pesado de Villa Loyola, hoy preso.Un grupo copó sus oficinas con al menos un cuchillo y los empleados debieron tabicar puertas y ventanas.La Policía fue llamada varias veces y solo apareció cuando los atacantes se fueron.
La jueza de Mediador procesa a 23 personas, entre ellas a Fuentes Curbelo, por 9 delitos
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Muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque solicitó "frenar" el inicio del juicio pero los jueces lo rechazaron
Los abogados del neurocirujano, médico de cabecera del exfutbolista al momento de su muerte, apelaron la desestimación de la solicitud para que sea juzgado por un jurado popular. Los magistrados confirmaron que el comienzo del debate oral será en marzo. Leer más
Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá
La causa judicial avanza luego de años de investigación, cooperación internacional y decomiso de activos relacionados con corrupción.
El Juez Único suspende 20 partidos de competiciones no profesionales por el temporal
Hacienda pide al juez información bancaria de Montoro y de 6,4 millones en cheques
Violencia de género, insultos y amenazas: piden juicio oral para un juez federal de La Pampa
Los fiscales acusaron a Pablo Díaz Lacava de someter a seis empleados a un régimen de terror laboral. Le imputan lesiones graves, abuso de autoridad y haber desobedecido una perimetral.
Piden al Consejo de la Magistratura fijar audiencias contra el juez Maraniello por acoso y maltrato
La Asociación de Empleados del Poder Judicial exigió a la Comisión de Acusación que cite con urgencia a los 14 testigos aprobados. El magistrado acumula 12 expedientes
La Jueza ve indicios de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de Murcia
El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora
El juez procesa al líder de la red de narcos del exjefe de la UDEF y a un huido a Dubái
El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio
El juez cita el 17 de febrero a Errejón y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación
Ante el juez el detenido por violar y secuestrar a su pareja durante 2 años en Murcia
Un juez de Estados Unidos ordena el retorno de venezolanos detenidos en El Salvador
La instrucción judicial establece que más de 130 migrantes, quienes permanecieron durante meses en una prisión de máxima seguridad en Centroamérica, deben regresar para continuar sus trámites migratorios bajo custodia federal estadounidense
Sortearon al juez que completará el tribunal para juzgar a Cristina Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces
El juez Fernando Machado Pelloni fue sorteado para completar la integración del tribunal que juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces.De este modo, el Tribunal Oral Federal N° 5 quedó integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Machado Pelloni.Aún no hay fecha de inicio para este juicio oral. En estos momentos, se está trabajando en un peritaje para determinar en qué medida el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos durante el kirchnerismo retornó a la familia de los Kirchner.Machado Pelloni integra el Tribunal Oral Federal N°3. De bajo perfil, tiene 51 años y es graduado en Derecho de la Universidad del Salvador.Fue defensor público adjunto, defensor oficial y antes trabajó en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctor en Derecho de la Universidad del Salvador y autor de numerosas publicaciones académicas.Participó de algunos juicios de alto impacto mediático, como cuando condenó a Ricardo Echegaray por el caso de Oil Combustibles, pero absolvió a Cristóbal López y a su entonces socio Fabián de Sousa.También intervino en juicios de lesa humanidad, secuestros, narcotráfico y delitos graves.Machado Pelloni intervendrá en el caso Hotesur-Los Sauces porque el tribunal tiene una vacante y se excusó quien había sido designado originalmente para cubrirla, el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Este magistrado rechazó incorporarse porque intervino en la causa Vialidad y condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión.La expresidenta, mediante una presentación de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, también habían pedido el apartamiento de Giménez Uriburu.El sorteo por el que fue elegido Machado Pelloni se hizo con un bolillero y no se realizó de manera informática. Salió la bolilla del juez.La Justicia debe decidir si el caso Hotesur-Los Sauces es una maniobra de lavado de la familia Kirchner con dinero que se originó de manera ilícita mediante las licitaciones con sobreprecios de Vialidad y los fondos retenidos por el impuesto a los combustibles, en el caso de Oil.Aún no hay fecha de inicio para el nuevo juicio, con lo que la integración del tribunal ya es un paso adelante. El fiscal Diego Velasco viene reclamando con insistencia que comience el proceso, mientras están en marcha peritajes complementarios para terminar de definir la prueba.Un peritaje contable parcial, incorporado a la causa Hotesur, determinó que su principal cliente en las actividades hoteleras era el empresario Lázaro Báez, mediante las empresas de su holding.Estas conclusiones respaldan la acusación del fiscal Velasco, que sostiene que parte del dinero que ingresó al patrimonio de Báez en la causa Vialidad, por las licitaciones fraudulentas de obras públicas, terminó en manos de los Kirchner a través de contratos hoteleros. Así se cerraba el círculo del dinero, según la acusación.
Se definió quién será el tercer juez del Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner en la causa Hotesur
Además de la ex presidenta, en la investigación están involucrados su hijo Máximo y un grupo de empresarios