juez
El procurador general bonaerense denunció al juez de San Isidro acusado de acoso sexual y laboral
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, demandado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense por una funcionaria del tribunal de alzada por acoso sexual y laboral.La presentación fue hecha ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, informaron fuentes al tanto de la denuncia presentada por Conte Grand. Se trata del primer paso de un eventual jury de enjuiciamiento, que podría derivar en la destitución del magistrado si el veredicto es de culpabilidad.En julio pasado, LA NACION había revelado que una funcionaria judicial que, en ese momento, tenía el cargo de secretaria letrada y cumple funciones "propias y exclusivas" en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro denunció a García Maañón ante Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.G. B. S., como se identificó a la denunciante, sostuvo en la presentación que la situación afectó su salud "emocional y mental". Según pudo saber LA NACION, en la denuncia presentada por el jefe máximo de los fiscales bonaerenses no solo se hizo referencia a las acusaciones de acoso sexual, sino también a "violencia laboral ejercida contra sus dependientes, desvío de recursos humanos y materiales del Poder Judicial en beneficio propio, escasa concurrencia a su despacho, abuso de poder y presiones sobre testigos", entre otras cuestiones.Tras la denuncia de G. B. S., la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia instruyó un sumario."La denuncia se fundamenta sobre los hechos acreditados en el sumario que le instruyó la Suprema Corte donde se entendió que la gravedad de las faltas excedía la órbita disciplinaria y hacía merecedor a García Maañón de la destitución, por lo que remitió las actuaciones al procurador general para que considerara la oportunidad de denunciarlo. El Procurador General llegó a la misma conclusión, por lo que presentó la denuncia contra el magistrado en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento", explicaron las fuentes consultadas.Además del sumario disciplinario que se abrió en su momento en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y que derivó en la denuncia presentada en las últimas horas por Conte Grand, hay una causa penal que instruye el fiscal José Amallo. El 31 de julio pasado, García Maañón presentó su renuncia al cargo de juez."García Maañón tenía previsto presentar su renuncia para después de la feria judicial, pero, finalmente, decidió hacerlo un día antes de que termine el receso para estar más tranquilo y defenderse de las acusaciones en su contra, de las que estamos convencidos de su falsedad. Además, él cree que, de esta manera, se tiene mucha más libertad desde la fiscalía para investigar lo que creemos son hechos inexistentes", había dicho a LA NACION, en su momento, Adrián Murcho, abogado de García Maañón, tras presentar la carta de renuncia en la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.Y, el abogado de G. B. S., Juan Saucedo, había dicho: "Esperemos que el gobernador Axel Kicillof no acepte la renuncia presentada por García Maañón y que se haga el jury, porque de aceptarla no solamente sería dotar de impunidad a casos graves como el denunciado, sino también brindarle un privilegio manteniendo su condición de juez. Además, sería un contrasentido de las políticas de género que Kicillof se jacta de implementar. De nuestra parte vamos a impulsar el jury y la causa penal. Hay elementos de juicio suficiente como para impulsar la causa penal por amenazas, acoso sexual, abuso de arma y violación de los deberes de funcionario público".El casoComo se informó en su momento, la denuncia de G. B. S. ante la Subsecretaría de Control Administrativo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense comenzó con un relato pormenorizado de las situaciones de abuso que afirma haber vivido desde fines de febrero pasado, cuando García Maañón, estaba a punto de volver a ejercer la presidencia de la Cámara que es rotativa.Según recordó la funcionaria, el 20 de febrero último, la funcionaria fue convocada a la oficina del magistrado "para ultimar detalles con relación a su futura presidencia" a partir de marzo. Entre otras cuestiones, hablaron de pautas de trabajo."Desde esa fecha comenzó un vínculo cordial, basado en el respeto y la confianza, de índole laboral, al menos de mi parte. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mencionar mediante mensajes o en forma personal que le parecía atractiva, que no me tire a menos, que así tenía que ir por la vida, señalando que era una 'opinión masculina experta'".El 25 de febrero, en el contexto de una conversación por WhatsApp, le dijo: "Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado".G. B. S. trató de ser cordial en la respuesta, pero nunca más se puso el vestido que le había pedido el juez, explicó en su denuncia.El 30 de marzo pasado, un mes después de que García Maañón asumiera la presidencia, la denunciante comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en horas de la madrugada. "¿Despierta?", le preguntó un día a las 1.12, según dijo G. B. S. y, seguido, le escribió: "La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura".G. B. S. hizo referencia a una invitación del magistrado para que vaya a comer un asado a su casa, donde iba a estar un comisario, uno de sus hijos y un custodio. Pensó varias veces cómo decir que no a esa "reunión de trabajo" programada para un sábado, finalmente se enfermó y no fue.El 2 de abril, explicó la denunciante en su presentación, García Maañón le dijo que era un "cazador" y que le gustaba la "presa difícil", "el caballo que le costaba domarlo" y que le gustaban las "mujeres que no eran sumisas"."Ni una sola vez le di a entender al doctor García Maañón que había posibilidad de un vínculo del tipo que intentaba", sostuvo G. B. S. en su relato de los hechos.Al promediar la presentación, la funcionaria recordó una situación donde, por primera vez, se sintió intimidada."En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: 'Sentate en ese lugar', señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañón. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó '¿Te incomoda?'. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, 'tendré que cambiar ese almohadón'", sostuvo G. B. S. en su denuncia.En un momento, como esa relación "jefe-empleada" le pesaba y la ahogaba, G. B. S. aceptó ir a cenar a un lugar público."Me dijo 'con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda, jajaâ?¦'. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañón estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho [después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco]. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás, le dije '¿Pasó algo?' Me dijo 'no, solo quería verte'", contó la funcionaria. Ella se fue del despacho.Una de las últimas situaciones de acoso que describió G. S. B. en la denuncia fue el 19 de junio, casi un mes antes de su presentación, en el despacho del magistrado. García Maañón ya le había dicho que era instructor de tiro."Me dijo que me sentara. Se levantó, sacó del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuché el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el caño del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso, y dijo 'me retiro'. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar", sostuvo G. B. S., según consta en el documento al que tuvo acceso a LA NACION.En el sumario disciplinario, se presentaron la copia y capturas de los mensajes de chats que el magistrado le envió a la víctima con connotación sexual y erótica. "Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo de look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado"; "me olvidé de decirte que estabas muy elegante hoy. No tengo secretaria, ja"; "tengo una receta, el martes te la doy", "la noche es como el vino, te desinhibe. La noche es el deseo, la pasión, la aventura", y "los pantalones te quedan muy bien igual. Hoy lo comprobé", fueron algunos de los mensajes de WhatsApp enviados por García Maañón.
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Dos jueces federales fallaron casi simultáneamente el viernes que la administración del presidente Donald Trump debe seguir financiando el SNAP, el programa de ayuda alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno.Jueces federales le ordenan a la administración Trump mantener el programa SNAPLos jueces en Massachusetts y Rhode Island dieron a la administración la opción de financiar el programa parcial o completamente para noviembre, según consignó AP.Los fallos se produjeron un día antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) congelara los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) argumentando que ya no podía seguir financiándolo debido al cierre.El programa, que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses, es una pieza clave de la red de seguridad social del país y cuesta alrededor de US$8000 millones mensuales a nivel nacional.Fiscales estatales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, desafiaron el plan de pausar el programa, argumentando que la administración tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.La administración federal dice que no tiene permitido utilizar un fondo de contingencia con alrededor de US$5000 millones para el programa, y revirtió un plan del Departamento de Agricultura de antes del cierre que decía que se utilizaría dinero para mantener funcionando el SNAP. Los funcionarios demócratas dicen que no solo se puede, sino que se debe de usar ese dinero. También dijeron que hay otro fondo por separado con alrededor de US$23.000 millones disponible para la causa.Más de 40 millones de familias dependen del programa SNAPEn un caso presentado por ciudades y organizaciones sin fines de lucro, el juez federal John J. McConnell falló en Providence, Rhode Island, que el programa debe ser financiado utilizando al menos los fondos de contingencia, y pidió una actualización sobre el avance para el lunes.Además de ordenar al gobierno federal que use reservas de emergencia para respaldar los beneficios del SNAP, McConnell dictaminó que todas las exenciones de requisitos laborales anteriores deben respetarse.Durante el cierre, el Departamento de Agricultura ha terminado con las exenciones que eximían de requisitos laborales a adultos mayores, veteranos y otros."La decisión del tribunal protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como palanca en una lucha política y sostiene el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre", dijo Skye Perryman, presidenta y directora general de Democracy Forward, sobre la decisión de McConnell.Hubo elementos similares en el caso de Boston, donde la jueza federal Indira Talwani dictaminó en una opinión escrita que el USDA tiene que pagar por el SNAP, y calificó la suspensión de "ilegal". Ordenó al gobierno federal que informe al tribunal para el lunes si usarán los fondos de contingencia para proporcionar beneficios reducidos del SNAP en noviembre o financiarán completamente el programa "utilizando tanto los fondos de contingencia como fondos adicionales disponibles"."La suspensión de los pagos del SNAP por parte de los demandados se basó en la conclusión errónea de que los Fondos de Contingencia no podían usarse para asegurar la continuación de los pagos de SNAP", escribió la jueza. "Este tribunal ha aclarado ahora que los demandados están obligados a usar esos Fondos de Contingencia según sea necesario para el programa SNAP".Después del fallo, no estaba claro qué tan rápido podrían recargarse las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos. Ese proceso a menudo toma de una a dos semanas.Es probable que los fallos enfrenten apelacionesLos estados, bancos de alimentos y beneficiarios del SNAP se han estado preparando para un cambio abrupto en cómo las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos. Defensores y beneficiarios dicen que detener la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.La mayoría de los estados han anunciado más financiamiento, o más rápido, para bancos de alimentos o formas novedosas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.En una conferencia de prensa en Washington el viernes, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra al SNAP, dijo que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirán por mucho tiempo el costo del programa de apoyo alimenticio. Hablando en una conferencia de prensa junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, la funcionaria culpó a los demócratas por negarse a poner fin a su obstrucción en el Senado y llegar a un acuerdo presupuestal con los republicanos.Para calificar al SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro después de ciertos gastos no puede exceder la línea de pobreza federal, que es de aproximadamente US$31.000 al año.El año pasado, el programa proporcionó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con niños.
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El juez Ramos Padilla pidió continuar el debate por la Boleta Única Papel y las PASO en un año no electoral
El juez con competencia electoral sugirió que se discutan estos temas en 2026. Las primarias habían sido suspendidas sólo por 2025.Pidió también debatir "la subrepresentación" de la provincia de Buenos Aires en el Congreso.
El juez Ramos Padilla reclamó reformas en el sistema de votación y pidió que se discutan en años no electorales
LA PLATA .- El juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, dijo hoy que el proceso electoral "fue impecable, ordenado y transparente" e instó a revisar el sistema antes de 2027, por la complejidad que puede conllevar una PASO con el régimen de Boleta Única de Papel (BUP).El juez hizo estas declaraciones en la apertura del escrutinio definitivo de los comicios celebrados el domingo."Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la BUP. Es necesario que este debate se realice en un año no electoral. Es una sugerencia a los diputados electos: la previsibilidad", remarcó. El magistrado enumeró los reiterados cambios que tuvo el sistema: desde la instrumentación de la BUP, hasta el desdoblamiento de los comicios provinciales, pasando por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Quedará para 2026 cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación -dijo-. Hay que analizar como reintegrar el sistema de reorganización de los partidos políticos: las PASO este año se suspendieron, pero es un debate que se va a dar sin lugar a dudas y es preferente que se realice en un año no electoral", insistió.Destacó que "desplegar 40.000 mesas, en 7000 establecimientos de votación no es algo que se hace de un día para el otro". Y agradeció tanto a la Dirección Nacional Electoral, como al Correo, a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, funcionarios judiciales y empleados que participaron de todo el proceso. Luego advirtió que aún "hay discusiones pendientes del estamento que se eligió el domingo, diputados". Cuestionó, además, "la sub representación" que tiene la provincia de Buenos Aires. "Elegimos 35 diputados, sobre 70 que representan el 40 por ciento del padrón del país [el total de Diputados es de 257]. Es otra discusión pendiente que tiene el sistema electoral", destacó. "Todos los actores políticos, las agrupaciones, los funcionarios, tienen mucho que aportar para fortalecer el sistema electoral", remarcó. "En definitiva, para fortalecer el sistema democrático", enfatizó.El acto se inició con la presencia de los tres miembros de la Junta Nacional Electoral, Ramos Padilla, la presidenta de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Di Lorenzo."Esperemos que este escrutinio definitivo sea un éxito. Seguramente lo va a ser", dijo Di Lorenzo.Tras destacar el trabajo de los secretarios Daniel Sayal y Leandro Luppi, de los empleados y de todos los que participaron en las elecciones el domingo, Di Lorenzo le agradeció "a la ciudadanía en general por haber emitido su voto de manera pacífica", "a las autoridades de mesa" y a los "fiscales y apoderados".La presidenta de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, destacó que todo el proceso desde abril sucedió "sin ningún tipo de obstáculo". Remarcó que el trabajo del personal de esa junta por el nivel de eficiencia. La Justicia comenzó el escrutinio definitivo de la elección en la provincia de Buenos Aires, un trámite que podría durar cinco días. Podría estar terminado el domingo o el lunes. El recuento, que se hace en el Pasaje Dardo Rocha, concitará especial atención ya que, de acuerdo al escrutinio provisorio, La Libertad Avanza, se impuso por 46.600 votos en este territorio. Fuerza Patria obtuvo 3.558.527 sufragios (40,91%) contra 3.605.127 de La Libertad Avanza (41,45%), de acuerdo al escrutinio provisorio y con el 99 por ciento de los votos escrutados.El Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad obtuvo 438.747 votos (5,04%); Propuesta Federal para el Cambio, 243.326 (2,79%); Alianza Provincias Unidas, 212.959 (2,44%); Partido Nuevo Buenos Aires, 116.670 (1,34%); Frente Patriota Federal, 104.965 (1,20%); Alianza Unión Federal, 78.125 (0.89%); Coalición Cívica, 69.358 (0,79%); Alianza Potencia, 61.209 (0,70%), y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur, 52.563 (0,60%).En tanto, el Movimiento Avanzada Socialista logró 49.482 votos (0,56%); Alianza Nuevos Aires, 45.550 (0,52%); Unión Liberal, 43.339 (0,49%) y Liberar, 16.689 (0,19%)."Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5% en 9 millones de votos", dijo ayer Axel Kicillof. "Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre", dijo. "Una diferencia muy muy pequeña. Pero ganó La Libertad Avanza", admitió.El escrutinio provisorio dejó afuera 132.789 votos que podrían acortar la diferencia entre los principales oponentes.
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Durante la mesa de trabajo sobre la participación de las FF.AA. en la seguridad ciudadana, los representantes de ambas instituciones recordaron que esta medida ya se usó en el pasado y fue un fracaso
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RAWSON.- En medio de la fuerte derrota del los candidatos del gobernador Ignacio Torres, el referéndum provincial realizado ayer en Chubut arrojó una victoria del "Sí", con el 63,61% de los votos (183.832), frente al 36,39% del "No" (105.169). De esta manera, la ciudadanía avaló la reforma constitucional impulsada por el mandatario provincial para eliminar los fueros de funcionarios públicos, magistrados, legisladores y dirigentes sindicales.Con esta decisión, Chubut se convierte en la primera provincia argentina en suprimir las inmunidades judiciales y parlamentarias de forma integral, un hecho que abre un nuevo escenario legal en la relación entre los poderes del Estado.Sin embargo, Torres tuvo un fuerte revés electoral en las elecciones legislativas: con la victoria de La Libertad Avanza, Maira Frías, y de Unidos Podemos, con el kirchnerista Juan Pablo Luque, el oficialismo chubutense perdió una banca en el Congreso. Sin fuerosEl resultado del plebiscito sobre los fueros implica que la modificación entrará en vigencia en los términos aprobados previamente por la Legislatura provincial, sin necesidad de una nueva instancia parlamentaria. La jornada se desarrolló con normalidad y una participación superior a los 280.000 votantes en toda la provincia, según los datos difundidos por el sitio oficial del Gobierno del Chubut.El plebiscito vinculante fue convocado para que los ciudadanos decidieran si se mantenían o no los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial, que establecían inmunidades judiciales y de arresto para diversos cargos públicos. El texto aprobado elimina esos artículos y dispone que ningún funcionario, legislador, magistrado o dirigente sindical goce de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, con la excepción del "fuero de opinión", que protege la libertad de expresión de los representantes electos.En caso de que una condena judicial sea confirmada, ya no será necesario un proceso de desafuero ni autorización legislativa para su ejecución. El objetivo declarado de la reforma es "garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional".La propuesta surgió del Poder Ejecutivo provincial y fue aprobada por la Legislatura en 2025 con el voto mayoritario del oficialismo y parte de la oposición. La norma estableció que la modificación debía ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante referéndum vinculante, de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 263 de la Constitución de Chubut.Durante la campaña previa, el Gobierno provincial promovió la participación bajo el lema "Chubut sin fueros", mientras que distintos sectores del Poder Judicial y organizaciones gremiales plantearon objeciones a la iniciativa. Los críticos sostuvieron que los fueros no constituyen privilegios personales, sino garantías funcionales destinadas a preservar la independencia de los poderes y evitar presiones políticas.En septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino ante recursos presentados por asociaciones judiciales y finalmente habilitó la consulta popular, al considerar que el proceso de reforma se ajustaba a los mecanismos provinciales vigentes.Los resultados finales indican que las mayores adhesiones al "Sí" se registraron en los departamentos del Valle Inferior del Río Chubut y la zona costera, incluyendo Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia.En cambio, en la región cordillerana e interior provincial, como en Esquel, Cushamen y Telsen, el "No" alcanzó porcentajes más elevados, aunque sin revertir la tendencia general. El nivel de participación se ubicó en torno al 63% del padrón electoral, cifra similar a la registrada en elecciones provinciales recientes. La consulta se realizó en paralelo con las elecciones municipales en varios distritos, lo que favoreció una mayor concurrencia.El resultado del referéndum tiene carácter vinculante, por lo que la reforma constitucional entra automáticamente en vigencia una vez proclamado el escrutinio definitivo por el Tribunal Electoral Provincial.En la práctica, esto supone que los fueros especiales quedan suprimidos y que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y los dirigentes sindicales podrán ser investigados o detenidos sin requerir autorización previa de otro poder. El Gobierno provincial deberá ahora avanzar con la promulgación formal de la enmienda y su publicación en el Boletín Oficial, además de coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal la adecuación de los procedimientos penales y administrativos.Anoche, Torres manifestó su apoyo a la diputada Ana Clara Romero, quien no logró renovar su banca en el Congreso, y valoró el apoyo de la ciudadanía a la eliminación de los fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas."Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo", afirmó Torres. "Podemos estar orgullosos que vamos a ser la primera provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley", sostuvo.
En Chubut se impuso el "Sí" para eliminar fueros de políticos, jueces y dirigentes sindicales
En paralelo a la elección, la legislatura sometió a votación la aprobación de una reforma constitucional para eliminar fueros a la clase política, jueces y dirigentes sindicales
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Alerta máxima en la Justicia por la decisión del gobierno de Chubut de quitarle los fueros a los jueces provinciales
La iniciativa se pondrá a consideración de la población en un referéndum este domingo.También incluye la quita de fueros a funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo.
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Lorenzini ordenó a las exportadoras suprimir del portal de votación cualquier mecanismo que induzca a revertir adhesiones. Grassi avanza con apoyo de acreedores y se acerca a las mayorías del cramdown.
El secretario de Justicia adelantó que designarán nuevos jueces luego de las elecciones: "Es el deber de todo gobierno"
Lo afirmó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Serían las primeras designaciones de jueces durante la presidencia de Javier Milei. El funcionario también habló de la tasa de homicidios de Argentina y aseguró: "Estamos casi en índices europeos". Leer más
Corrientes: juez sustituyó la detención de Luciano Garavano, acusado de tomar fotos a una menor, por internación psiquiátrica
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El Gobierno acató la orden de un juez federal y restituyó las pensiones por invalidez
Tras una orden de la Justicia federal, el Gobierno restituyó hoy las pensiones por incapacidad laboral que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) había pausado luego de la puesta en marcha de una auditoría. Las prestaciones suspendidas fueron más de 110.000, de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Gabinete en su rendición de agosto.La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, fue en respuesta a la cautelar dictada por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que el viernes pasado ordenó restablecer todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas por el Gobierno y reactivar los pagos retenidos hasta la fecha. "Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I [...] en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa "defensor del pueblo y otro c/ Andis s/accion de amparo ley 16986 c/cautelar", dice uno de sus artículos de la resolución oficial, que ordena a la Anses reactivar los pagos. En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó también el cese de las auditorías -basadas en el Decreto 843/2024-, y prohibió disponer de nuevas suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva, además de validar a las asociaciones que impulsaron la acción colectiva como genuinos representantes del grupo afectado. La medida del Gobierno lleva la firma del interventor de la Agencia Andis, Alejandro Alberto Vilches, quien tomó las riendas del organismo tras la salida de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios en donde se señalaba la existencia de un supuesto mecanismo de coimas en la agencia de discapacidad, un entramado que involucraría a Karina Milei y que hoy está siendo investigado en la Justicia de Comodoro Py.La restitución de las pensiones coincidió con nuevas movilizaciones y protestas para que el Gobierno aplique la ley de emergencia en discapacidad (Ley 27.793), que fue aprobada en el Congreso, pero cuya ejecución el Gobierno suspendió. #EmergenciaEnDiscapacidad¡Nos detenemos para hacernos escuchar!â?? Cese involuntario de actividades: martes 21 y miércoles 22.ð??¢ Movilización: miércoles 22 - 11 hs - Plaza Congreso â?? Ministerio de Salud. pic.twitter.com/EwAHe60yAM— Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) October 21, 2025La ley estableció un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social; la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores; la compensación de emergencia financiada por el Tesoro; la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.
Yina Calderón rechaza rumores y asegura que no planeó retirarse de la pelea ante Valdiri en Stream Fighters: "Fue el juez el que terminó la pelea"
La empresaria e 'influencer' aclaró que su abandono del combate no fue una estrategia, sino una consecuencia de la decisión arbitral, mientras defendía su rol en el evento en Bogotá
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Los abogados de la ex primera dama apelaron la recusación del magistrado que la Cámara Federal de Casación Penal le había concedido a la defensa de Alberto Fernández
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Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista
El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Gastón Salmain, está bajo investigación y le secuestraron su celular, tras quedar involucrado en una causa por supuesta corrupción judicial
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Estas fueron las principales críticas del Tribunal Superior de Bogotá a la jueza Sandra Heredia por condena a Álvaro Uribe
La revisión judicial determinó errores metodológicos y ausencia de respaldo objetivo en la sentencia original, garantizando la libertad del expresidente mientras continúa el proceso
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Investigan a otro juez federal por maniobras de corrupción
El juez federal de Rosario Gastón Salmain está siendo investigado en tres causas judiciales y también en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esa situación lo llevó el viernes pasado a que tuviera que entregar su teléfono celular (un Iphone 17) a agentes de Gendarmería, que fueron a buscarlo a su departamento del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Este magistrado federal se suma a otro excolega Marcelo Bailaque, que está preso en su casa en Rosario, acusado de tramar una extorsión y de proteger al capo narco Esteban Alvarado.Hay dos situaciones comprometedoras para Salmain que se investigan en Rosario, que se aceleraron luego de que el financista Fernando Whpei, quien también está preso en su domicilio, se presentara como arrepentido en la causa de Bailaque. En marzo pasado, ya se había plegado a esta condición el exjefe de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, quien habría agregado puntos clave a sus declaraciones iniciales.Salmain también está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió incluir entre sus antecedentes que presentó para concursar como juez, que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. El viernes, la presidenta de la comisión de Disciplina de ese cuerpo, María Alejandra Provítola, pidió que se remitan las causas en las que Salmain está siendo investigado y también los concursos en los que se presentó para verificar si omitió información comprometedora en sus antecedentes.Salmain está en la mira de los fiscales de Reynares Solari y Juan Argibay, de Procuración de Lavado de Activos (Procelac), por autorizar el 5 de febrero de 2023 al Fideicomiso Attila SA la compra de 10.000.000 de dólares al precio oficial, en momentos en que regía el cepo. Detrás de ese fideicomiso estaba el financista Fernando Whpei, quien a su vez maneja una serie de mutuales.La sospecha es que Salmain dio el aval de manera injustificada para que compraran dólares al precio oficial, que después se cambiaban a precio blue en el mercado informal. En ese rulo, Whpei podría haber ganado cerca de 2.000.000 de dólares. En ese momento, el fallo fue apelado por el Banco Central el 11 de diciembre de 2023 y la Cámara de Apelaciones de Rosario falló a favor de la entidad, pero, al parecer, el dinero ya se había adquirido en seis tramos diferentes. Según las fuentes consultadas por LA NACION, Attila Fideicomisos pudo comprar 10.000.000 de dólares a precio oficial, de ese total autorizado. Un día después de que Salmain autorizara el 5 de febrero la compra de ese monto, el Banco Central le pidió al magistrado que suspendiera la medida. Pero el funcionario decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. De acuerdo a la declaración del arrepentido, Salmain podría haberse quedado con el 15 por ciento de la operación.A la par de este tema, hay otro episodio que está siendo investigado, que lo tiene al extitular de ARCA Rosario Carlos Vaudagna. A fines del año pasado, Salmain intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que estaban en trámite contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción, en un caso junto al exjuez federal Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado, que no tenía nada que ver con la investigación. Este magistrado había intentado unificar todas las causas que lo tenían a Bailaque y a Vaudagna como principales sospechosos.Según las fuentes judiciales, Salmain, que tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, podría haber intentado quedarse con esos expedientes que complicaban al ex jerárquico de Arca a cambio de pedirle una suma de dinero.Estos dos casos provocaron que el equipo de fiscales de la Procelac en Rosario pidieran allanar al juez federal Salmain, quien actúa en el fuero civil, comercial y contencioso administrativo desde 2023. El juez federal Carlos Vera Barros autorizó esa medida, pero surgió una polémica en torno a su decisión. Las órdenes fueron publicadas erróneamente en el Centro de Información Judicial. Después se supo que fue por un error del sistema, según aclararon.En la justicia algunos sospechan que Salmain se enteró de las medidas y desapareció de su despacho en Rosario. El juez se mantuvo durante 32 horas sin dar novedad hasta que agentes federales lo encontraron en su departamento de barrio Belgrano, en Buenos Aires, y le pidieron que entregue el teléfono. El juez les cedió su iPhone 17, pero sin el patrón de desbloqueo.Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.AllanamientosEl jueves pasado, el operador judicial Santiago Busaniche fue blanco de cuatro allanamientos, dos en Santa Fe y dos en CABA. Los agentes de la Policía Federal se llevaron su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el Smartphone de Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, que la justicia ya analizó, figuran conversación entre ambos.En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra otro financista, Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.Busaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.Es nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, con vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún porqué hay una orden que viene desde "arriba", de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.A la par, se gesta una extorsión contra el financista, de acuerdo a la investigación, que paga cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia, donde aparece con nitidez Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100 mil dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.El nombre de Busaniche genera pánico cada vez que se nombra, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.
El juez considera que Leire Díez "lidera" una actuación "coordinada" contra investigaciones de UCO y Anticorrupción
María Fernanda Cabal lanzó duras críticas a la jueza que condenó a Álvaro Uribe en primera instancia: "La bruja no debió estar ahí"
En conversación con Infobae Colombia, la precandidata María Fernanda Cabal, se refirió al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Diego Cadena
Ábalos pide al juez del 'caso Koldo' que notifique al Congreso "todas" las resoluciones que le afecten
La jueza de la DANA rechaza las "teorías conspirativas" que quería introducir una acusación en la causa: "Se pretende una deriva aberrante"
Desde apuntar a que esta catástrofe se debió a ritos satánicos o la "geoingeniería marroquí", la instructora ha tenido que emitir un auto para poner fin a este burdo intento de cambiar el rumbo de la investigación
Iniciaron un jury contra un juez de Chubut sospechado de enriquecimiento ilícito y abuso de poder
El Consejo de la Magistratura local resolvió por unanimidad iniciar un proceso Claudio Petris. Se lo investiga por ocultar bienes, intervenir en causas donde tenía relaciones personales y realizar actividades económicas prohibidas
Asociaciones denuncian en Bruselas la "grave situación" de los jueces y fiscales sustitutos en España
Una mujer pide una pensión de 250 â?¬ para su hija estudiante y mayor de edad: el juez se la deniega porque solo la hija puede solicitarla al no existir un proceso de divorcio
La Audiencia Provincial de Madrid resolvió que solo la hija adulta puede solicitar la pensión de alimentos y que la madre hizo la demanda tras empeorar su economía, no por una necesidad explícita de la hija
Juez condenará a policías involucrados en chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia: los hallaron responsables por manipulación de informes
La jueza 53 de Bogotá responsabilizó a dos uniformados por falsificar documentos y vincular sin pruebas a trabajadoras domésticas con el Clan del Golfo, que desencadenó en interceptaciones telefónicas ilegales
Giro total en el caso Camila González: juez ordena la libertad de Lionel Caccio por un registro fílmico clave
El Juez de Garantías, doctor Leandro Llorente, revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Lionel Luis Caccio, imputado por la muerte de Camila González. La decisión fue tomada de urgencia tras la aparición de un registro fílmico que, "en principio", desvirtuaría la hipótesis de femicidio. Leer más
El juez que investiga a Leire Díez acepta que el PP ejerza la acusación popular en la causa
El juez de la AN interroga hoy a cinco exjefes de ETA por el asesinato del concejal del PP Pedrosa Urquiza
Chubut: irá a jury el juez Claudio Petris, acusado por enriquecimiento, "favores sexuales" y abuso de poder
COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares. Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y "favores sexuales". La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.Patrimonio bajo sospechaEl dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, "revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial". La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio â??GWZ214â?? pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado."Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara", señala el dictamen. En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro "Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos", una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.La consejera sostuvo que esa inscripción "no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial", lo que constituye "una causal objetiva de mal desempeño". Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto "incompatible con sus ingresos declarados".Abuso de poderOtro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados. El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. "Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento", concluyó la consejera Del Mármol.El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.En su defensa, el juez â??asistido por el abogado Nicolás Mendiveâ?? negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una "persecución política". Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito."Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional", afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. "Se trata de una excursión de pesca", afirmó en su escrito.Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por "42 años de trabajo", y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como "totalmente falsas" y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, "persona con medios económicos propios".Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una "campaña de desprestigio" basada en rumores y publicaciones anónimas. "No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial", expresó entonces.Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.El voto unánime y lo que vieneConcluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas "acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública". Su dictamen fue aprobado sin disidencias.El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.