El ala dura cambiemista impulsa la remoción en el cargo del titular de la cartera de Economía de la gestión provincial por "los aumentos confiscatorios del impuesto inmobiliario para el año 2025". El proceso viene muy intrincado y difícil de concreción por los votos que hacen falta para que prospere la iniciativa opositora y el andamiaje nunca constituido en la Unicameral. Leer más
El candidato oficialista para ingresar a Ia Corte pidió una semana fuera de la oficina, justo cuando podría ocurrir el tratamiento de su pliego en el Senado.Si esa postulación se aprobara, cinco de los doce juzgados federales porteños quedaría vacante.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado como testigos en la causa contra García Ortiz a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés
La Cámara Federal sorteó este lunes la primera denuncia contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini. El fiscal será Eduardo Taiano.La denuncia sorteada la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".Por disposición de la Cámara, el sorteo se hizo con un bolillero manual. El objetivo era evitar cualquier suspicacia. En el tribunal creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.Los jueces cuyos números de juzgado estaban en el bolillero eran, además de Servini, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.Las demás denuncias penales sobre el mismo tema se acumularán a la que hoy le fue asignada a Servini. La jueza, de 88 años, lleva más de tres décadas al frente del juzgado federal 1, el más poderoso de los tribunales de Comodoro Py porque además de la competencia penal concentra la electoral; es decir, es el único que además controla las elecciones nacionales. Por lo pronto, el fin de semana entró a través de una comisaría la denuncia de un hombre llamado Miguel Ángel Heredia por los mismos hechos. La Policía la giró al juzgado que está de turno, a cargo del juez Sebastián Casanello (y con intervención del fiscal Guillermo Marijuan). Pero ellos no se quedarán con la causa. Para evitar el forum shopping (una trampa para elegir al juez), cuando un juzgado recibe una denuncia por estar de turno, la envía a sorteo. Por eso, hoy la Cámara Federal también recibió este expediente.La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero"."Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten "medidas cautelares de protección de prueba", entre las que enumeraron un "allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)"; y que se "identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas".También pidieron que se disponga una "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados"; un "bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados"; y medidas de "trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa".
Por sorteo, la magistrada conducirá la causa promovida por Claudio Lozano contra el Presidente. Ese expediente recopilará las demás presentaciones por este hecho. El fiscal a cargo será Eduardo Taiano. Leer más
Se sorteó esta mañana en Comodoro Py. Fue presentada por el ex diputado de la Nación Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad
Mientras crece el escándalo por la estafa con criptomonedas que publicitó el presidente Javier Milei, debajo del radar se alimentan suspicacias político-judiciales en la antesala del tratamiento del pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Una de ellas tiene como protagonista al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien fue denunciado por malversación de fondos públicos en un juzgado federal que subroga el propio Lijo.Se trata de una denuncia radicada en el juzgado federal 12 por la legisladora provincial Gabriela Neme, que involucra financiamiento de la administración Insfrán por 70 millones de pesos para construir un polideportivo en la capital formoseña. La acusación de la dirigente de extracción radical -que hizo por videoconferencia con un secretario del juez Lijo- es que la obra nunca comenzó.Más allá de preguntarse por qué la denuncia fue radicada en la Justicia federal y no en la provincial, y de deslizar que cayó por sorteo en el juzgado que subroga Lijo, en el Senado afirman que el magistrado "tiene muchas causas que involucran a gente que puede votar el día que se trate su pliego". No es el caso de Insfrán, aunque se sabe que los gobernadores tienen influencia en el comportamiento de los senadores de sus provincias.No es un tema menor para los bloques peronistas en el Senado, cuyos integrantes entienden que la negociación por el pliego de Lijo los excede y que depende de conversaciones reservadas entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. Pero el gobernador Insfrán tiene línea directa con los representantes formoseños José Mayans y María Teresa Margarita González. El primero es la principal espada del PJ en el Senado.Mayans está a cargo del bloque Frente Nacional y Popular, que junto al que preside Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) reúne 33 senadores. Suelen actuar de forma monolítica, aunque en el caso de Lijo los intereses se diversifican: ¿Pesará más la definición de la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner o la de los gobernadores? Por cierto que también los jefes provinciales buscan asegurarse la relación con la Corte."Nosotros no sospechamos de Gildo", aseguraron, tajantes, fuentes del peronismo legislativo al enterarse de la denuncia que tramita Lijo en el juzgado número 12. Pero la información corrió como un reguero de pólvora entre los legisladores kirchneristas en las últimas horas, en una comidilla interna sólo apaciguada por el escándalo que provocó la estafa con criptomonedas que comprometió al presidente Milei.Además de gobernar Formosa desde 1995, Insfrán es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, mientras que Mayans es uno de los vices de la nueva conducción de Cristina Kirchner en el Consejo Nacional del PJ. La línea Insfrán-Mayans-Cristina es directa; de ahí que se haya agitado el avispero con la denuncia contra el gobernador que recibió el juez Lijo.Sobre la negociación por el pliego de Lijo, que desempolvó el Gobierno, se sostiene el "silencio de radio" en el entorno de Cristina Kirchner. Pero, según pudo saber LA NACION, la expresidenta mantiene reuniones periódicas con los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UP) en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por la vieja casona donde tiene sede el Instituto Patria desfilaron Mayans, Di Tullio y Germán Martínez.El jefe del bloque de diputados había tenido una actuación deslucida cuando se aprobó la suspensión de las PASO, pero a ojos del kirchnerismo cambió de actitud en el debate de la ficha limpia, cuando mostró un reflejo combativo que se replicará en el Senado. Es que en el Patria se habla de "votaciones espejo": en la Cámara alta los bloques de UP volverán a tener libertad de acción por las PASO, pero se abroquelarán por la ficha limpia.El pliego de Lijo es otro negocio. Naturalmente, el kirchnerismo está a favor de sumarlo a la Corte, por los contactos y la predisposición del juez a cultivar lazos con la política, pero el hecho de que el Gobierno lo utilice como un "cebo" para avanzar también con el nombramiento del catedrático Manuel García-Mansilla no le cierra a los seguidores de la expresidenta. De ahí que las negociaciones se estancaran durante meses.En Comodoro PyLa causa que hace ruido en la política -sobre todo en el PJ- está radicada en el juzgado número 12 que subroga Lijo. Para construir el Polideportivo Cubierto del Club Estudiantes, en el centro de la ciudad de Formosa, la gobernación de Insfrán, en mayo de 2023, le pagó a la empresa Fuerza Constructora más de 70 millones de pesos, pero la obra, según dice Neme en su escrito, tenía un plazo de 120 días y nunca comenzó.Solo después de denunciarlo mediáticamente en sus redes, le dijo Neme a LA NACION, comenzó a haber movimiento en el futuro polideportivo. "El inmueble donde debió ejecutarse la obra no es más que un terreno baldío. Es decir, que habiéndose cumplido con creces el plazo de ejecución, la obra jamás se llevó a cabo, y lo que peor aún, la firma a la cual se le adjudicó ya percibió la totalidad del dinero presupuestado", dice la denuncia.¡LE DIJE A LA JUSTICIA QUE INTERVENGA YA O SERÁ CÓMPLICE DE LA IMPUNIDAD!Hoy declaré por Zoom en la causa que investiga la Ruta del Dinero G en Formosa. Frente al secretario legal, le dije al Juez Lijo con total claridad: o intervienen de inmediato o serán cómplices de laâ?¦ pic.twitter.com/QBCFZRHT7Z— Gaby Neme (@gabrielaneme) February 12, 2025Neme le dijo a este medio que la última es apenas una de las 250 órdenes de pago que busca ordenar para poner en marcha una "megacausa" contra Insfrán. La legisladora provincial que integra el bloque Nuevo País activó una segunda denuncia contra el gobernador en los tribunales federales de Comodoro Py, en ese caso ante el juez Julián Ercolini.En el expediente que tiene Ercolini se denuncia la existencia de repetidos giros que salen desde las arcas provinciales en una sola dirección: la cuenta del PJ formoseño, que preside el propio Insfrán. Son distintos tipos de operaciones -órdenes de pago, transferencia y depósitos- autorizadas por funcionarios formoseños de primera línea que suman cerca de 1660 millones de pesos."Está bancado económicamente a los militantes del Partido Justicialista con fondos del Estado Provincial, mientras que los demás partidos políticos deben sostenerse con fondos propios, lo que genera una competencia a todas luces desigual", dice la diputada Neme en su demanda, en la que adjunta el comprobante de una transferencia realizada desde la cuenta del gobierno en el Banco de Formosa al Banco Nación.Con la colaboración de Federico González del Solar
Lo determinará la Cámara Federal por sorteo, a las 9.30.El Gobierno apunta a una empresa, que diseñó el servicio que operó a $Libra.
Después de dos semanas de sesiones, el juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso y las posteriores coacciones ha finalizado y está visto para sentencia
Este lunes, a las 9:30, la Cámara Federal va a sortear, en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, quién será el juez que investigue al presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. Tan delicado es el asunto que van a desempolvar el bolillero manual, adelantó una fuente del tribunal. En la Cámara quieren evitar cualquier suspicacia y creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.Según informaron fuentes judiciales, los jueces cuyos números estarán en el bolillero son Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Servini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.La orden de que se use este método la dio el presidente del tribunal, Mariano Llorens. La denuncia que tienen para sortear la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".Fue la primera denuncia que llegó, según informaron en la Cámara. Todo indica que mañana, cuando abran los tribunales, habrá más similares a esta. Por lo pronto, el fin de semana entró a través de una comisaría la denuncia de un hombre llamado Miguel Ángel Heredia por los mismos hechos. La Policía la giró al juzgado que está de turno, a cargo del juez Sebastián Casanello (y con intervención del fiscal Guillermo Marijuan). Pero ellos no se quedarán con la causa. Para evitar el forum shopping (una trampa para elegir al juez), cuando un juzgado recibe una denuncia por estar de turno, la envía a sorteo. Por eso, mañana la Cámara Federal también recibirá este expediente."Se sortea la primera denuncia que entró y las demás se acumulan", explicó una fuente de la Cámara a LA NACION.La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero"."Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten "medidas cautelares de protección de prueba", entre las que enumeraron un "allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)"; y que se "identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas".También pidieron que se disponga una "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados"; un "bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados"; y medidas de "trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa".El expediente de la OAEn paralelo, la Oficina Anticorrupción (OA) organismo que depende del Poder Ejecutivo, llevará adelante su propia investigación del tema, según informó oficialmente el Gobierno."El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", informó la Oficina del Presidente.Anunció además la creación de una "Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación".El Gobierno dijo que "toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito".
Servando Gómez Martínez aseguró que ha sido víctima de presunta tortura física y psicológica desde que ingresó al penal de máxima seguridad en 2015
Hay decisiones mal encaminadas que pueden afectar negativamente a la sociedad en el corto plazo. Hay otras que tienden a extenderse como una mancha de aceite venenosa a lo largo de varias generaciones.La inapropiada elección de un candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra entre estas últimas. Tendría efectos nefastos, según la suerte final de la iniciativa, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo también. Ese posible salto al abismo sobre el cual el Gobierno ha sido insistentemente reconvenido por organizaciones civiles del país y del exterior, al punto de que se desconoce que haya habido una advertencia de tal magnitud en el historial de la Corte, asomó, a pesar de todas las prevenciones hechas, en el pedido de consideración en sesiones extraordinarias del pliego del cuestionado juez de primera instancia, Ariel Lijo, como candidato para cubrir una de las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. Todas las opiniones críticas sobre la eventualidad de esa designación han coincidido en conjeturar que se trata de una componenda entre el oficialismo y la oposición originada en motivos espurios. Peligrosamente, el jueves último, ese pliego obtuvo dictamen de comisión en el Senado de la Nación, por lo que estará en condiciones de ser tratado en el recinto el jueves próximo.El principal riesgo país para la Argentina es tener una Corte infectada por voceros de la casta política que curiosamente el Gobierno tanto denigraSe ha clasificado a esos motivos espurios en diferentes categorías: pactos de impunidad con el kirchnerismo, continuidad de prácticas potenciales oscuras en el manejo de causas sensibles para el poder político, loteo partidista de la magistratura, aventuras en los subterráneos servicios de inteligencia y de espionaje ilegal. Cualesquiera sean las causas del caso derivan irremisiblemente hacia la aniquilación del concepto republicano de mérito, dignidad y probidad de antecedentes para ocupar un sitial en el más alto tribunal del país y, desde luego, para cualquier otra instancia por igual.La ironía es por demás elocuente. Está en contraposición absoluta con los conceptos proclamados por el presidente de la Nación de acabar con una casta que poco menos que aniquila el país y de avanzar hacia un nuevo modelo económico, fundado en la competencia, la apertura, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la eficiencia administrativa. ¿A qué está jugando el Poder Ejecutivo de la Nación entonces con el tema que nos preocupa?A la hiperinflación y sus riesgos no se la puede domar con la hipercorrupción de tribunales plagados de personeros e influyentes en las causas más sensibles para la salud institucional de la RepúblicaUna justicia trabada por la especulación política, que cajonea o acelera causas en función de los intereses de quien ostenta el poder político o económico, o que es capaz de consagrar la impunidad como moneda de cambio de canonjías inconfesables, no hace más que mellar la posibilidad de un progreso económico sostenible. Ha sido advertido de esto nuestro país: sin verdadera seguridad jurídica, que comienza con el prestigio de jueces intachables, se afectará el ingreso eventual de inversiones físicas preparadas para hacerlo.La Argentina pretende ser miembro del selecto grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como modo de potenciar sus posibilidades de inserción internacional. Convendría que quienes impulsan la candidatura del doctor Lijo leyeran las conclusiones del Informe 2024 de dicho organismo: "La corrupción -dice- tiene un impacto negativo en la prosperidad y la democracia. Profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona la resiliencia y el buen funcionamiento de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno. Por lo tanto, los países de todo el mundo han invertido, especialmente en los últimos años, en el fortalecimiento de sus marcos anticorrupción e integridad (â?¦) esta labor está lejos de ser concluida y es necesario mejorar los marcos si los países quieren seguir salvaguardando la prosperidad y la democracia".Una Justicia trabada por la especulación política, que cajonea o acelera causas en función de los intereses de quien ostenta el poder o que es capaz de consagrar la impunidad como moneda de cambio de canonjías inconfesables, no hace más que mellar la posibilidad de un progreso económico sostenibleDicho informe tiene otro elemento revelador. "Si bien -dice- la mayoría de los países de la OCDE adoptan un enfoque estratégico de la integridad y la lucha contra la corrupción, la tasa media de implementación de las actividades previstas es del 67%, lo que indica que alrededor de un tercio de las acciones previstas no se han llevado a cabo". Precisamente, un Poder Judicial independiente, equilibrado, honesto en la aplicación de la ley e insobornable frente a los desmanejos políticos, será indispensable en la convalidación de un adecuado funcionamiento de la democracia. ¿Considera el presidente Milei que está haciendo lo necesario para que así sea?Por si lo anterior no resultara de suficiente esclarecimiento podrían recordarse los argumentos de la Academia Sueca en ocasión de distinguir en 2024, con el Premio Nobel de Economía, a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. En el centro de sus preocupaciones, destacó la academia, han estado las cuestiones institucionales asociadas a la disciplina y comportamiento económico. Y agregó: "Han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor".Un Poder Judicial independiente, equilibrado, honesto en la aplicación de la ley e insobornable frente a los desmanejos políticos, será indispensable en la convalidación de un adecuado funcionamiento de la democraciaA la hiperinflación y sus riesgos no se la puede domar con la hipercorrupción rampante de tribunales plagados de personeros e influyentes (influencers, en el cabal sentido del anglicismo tan de moda) en las causas más sensibles para la salud institucional de la República. El principal riesgo-país para la Argentina es tener una Corte infectada por voceros de la casta política que curiosamente el Gobierno tanto denigra.La libertad no se conquista con jueces que pueden prestarse a cualquier maniobra por motivos económicos, políticos, o de enriquecimiento personal. Convendría, en tal sentido, alertar al Gobierno -y a los legisladores que han decidido dictaminar favorablemente sobre Lijo- sobre el candor de suponer que por una componenda que alguien lleve en bandeja a su consideración se va a garantizar la protección futura o la benevolencia cómplice de los jueces que se promuevan hoy a partir de pactos inconfesables.En el otoño de su poder, verían de ese modo algunos posarse sobre su cuello la guillotina de quienes ahora pueden jurar lealtad o fidelidad como modo de acceder al máximo tribunal del país. Serán ellos los primeros en perseguirlos con opacos motivos aptos para alinearse al nuevo poder de turno, según enseña la historia.Será así porque sencillamente para algunos personajes todo tiene precio y nada tiene valor. Suena increíble cómo se puede ser ingenuo o ignorante de notorios hechos del pasado como para suponer lo contrario.
La medida se llevó a cabo en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias y tras acusaciones del gobierno sobre supuestos vínculos de dos de los deportados con una organización criminal
Ricardo Monreal respaldó la decisión del Consejo de la Judicatura Federal y expresó que es una respuesta a sus actos
La cooperativa láctea SanCor informó esta noche que el juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, se declaró competente para entender en el concurso preventivo de la empresa y ordenó una serie de medidas. El magistrado, señaló la firma, indicó que durante el proceso se buscará encontrar soluciones con los acreedores para evitar la quiebra.De acuerdo a lo señalado por la compañía, el juez clasificó el concurso como "Gran Concurso - Categoría A". Además, ordenó la constitución de una Sindicatura Plural para entender en el desarrollo del proceso. Y fijó el 29 de mayo próximo como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1 de julio como plazo para las eventuales impugnaciones."Se cae a pedazos": el abandono de chacras y el fantasma de una desaparición acechan a uno de los mayores valles productivos del mundoSegún la firma, el juez también ordenó "la suspensión de trámites de procesos contenciosos judiciales que tengan origen previo al día 3 de febrero de 2025â?³. Vale recordar que ese día la compañía se presentó en concurso.Por otra parte, constituyó el "Comité Provisorio de Acreedores" y determinó la continuidad de la empresa en el Registro de Importadores y Exportadores de la República Argentina.En un tramo del comunicado donde dio a conocer esta novedad, SanCor precisó que el magistrado comprobó que la cooperativa "no puede hacer frente a las obligaciones que pueden ser exigidas por sus acreedores".Luego señaló que el juez expresó: "Durante este proceso entonces, se intentará encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra y esto es así, debido a que el principal objetivo del juicio es proteger el interés de los acreedores y mantener el funcionamiento de la empresa, lo que ayudará a conservar las fuentes de trabajo. Tengo presente la importancia que tiene para la sociedad la actividad que desarrolla la Cooperativa, elaborando productos alimenticios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor final, lo que me hace ver que este proceso por el que atraviesa "SanCor" podría tener un alto impacto en la vida de la comunidad en su conjunto"."El equilibrio fiscal real es sin retenciones": fuerte reclamo del agro para que se quite el impuestoAgregó: "Por ello, comprometido el juzgado con el rol social que la justicia desempeña en estos procesos concursales y teniendo en cuenta el efecto que este estado del deudor provoca en la totalidad de los acreedores -quienes tienen derecho a la protección de sus créditos-, el objetivo a cumplir con los que trabajaremos en el trámite, será intentar lograr un acuerdo que satisfaga las deudas y de este modo, permitir que la empresa se recomponga de esta crisis, continuando con su reconocida y querida actividad tanto en esta región, en todo el país y también -como no-, en el exterior".
En El Paso, un empresario se negó a permitir el ingreso de oficiales de ICE sin una orden judicial, defendiendo sus derechos y los de su clientela en un tenso momento captado por cámaras de seguridad
La Corte descartó solicitar al INE y al Tribunal Electoral respetar las suspensiones
En el fallo se establece que tanto el Hospital Eduardo Arredondo Daza como la empresa Perfilando S.A.S. deberán ofrecer disculpas a Yuliana, tanto en las instalaciones de la institución como a través de las plataformas digitales
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que Javier Milei "fue muy claro" al barajar esa opción.
Lo decidió la Corte de Justicia de Salta luego de que un juez hiciera un planteo sobre los alcances de la reforma constitucional. La medida alcanza a ocho magistrados.
El senador se expresó con duras palabras hacia el juez propuesto por Milei. "Cuando a un tipo, muchos dirigentes políticos lo quieren proteger, no habla judicialmente muy bien de ese funcionario judicial", indicó. Leer más
La defensa cuestiona la posición del tribunal y los lazos históricos de la jueza Heredia. El juicio contra sigue generando tensiones
En el marco de la causa por violencia de género promovida por Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández logró que la Cámara Federal porteña le diera luz verde para discutir en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, los dos planteos que mantiene contra el juez Julián Ercolini: la recusación y la incompetencia de su juzgado.Luego de rechazar cada uno de estos planteos, el camarista federal Eduardo Farah resolvió concederle al expresidente los dos recursos y ahora los planteos serán revisados por la Casación.Por un lado, el expresidente sostiene que el juzgado federal de Ercolini no cuenta con la competencia territorial para intervenir en la causa. Para Fernández, los hechos contra su expareja, de haber ocurrido, sucedieron en la residencia presidencial, en Olivos. Con ese argumento, pidió, sin éxito, que el expediente fuera trasladado a la justicia federal de San Isidro, en primer término, y luego, en un segundo intento, a la justicia contravencional de la ciudad de Buenos Aires. En ningún caso tuvo éxito.El otro recurso que ahora será analizado por la Casación apunta directamente contra Ercolini. En reiteradas oportunidades, el expresidente planteó ante la Justicia que el juez, con quien tiene un pasado común, le guarda un encono personal y afirmó que, por lo tanto, no está en condiciones de juzgarlo de manera imparcial. Por ahora, sus argumentos no encontraron eco en la justicia federal. "Si bien por regla el fallo no reviste el carácter de sentencia definitiva ni resolución equiparable a tal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido excepciones al principio", dijo Farah sobre el planteo por incompetencia. Agregó: "La impugnante [por la abogada del expresidente, Silvina Carreira] ha brindado fundamentos -basados en las circunstancias de la causa y las consecuencias que a su juicio tendría la decisión- que permiten encuadrarlo en uno de esos supuestos, por los efectos que acarrearía".En cuanto a la recusación, el juez Farah sostuvo: "Se han expuesto los fundamentos por los que se considera que el fallo puede ser equiparado a sentencia definitiva con base en los perjuicios que sus efectos traerían aparejados".Si la Cámara no le hubiera habilitado a Fernández el camino a la Casación, él podría haber acudido en queja directamente ante ese tribunal. Pero, con el aval de la Cámara, sus planteos llegan mejor al máximo tribunal penal de país.El caso de los segurosDesde ayer, el juez Ercolini dejó de estar al frente del Juzgado Federal N° 11, donde tramita la causa de los seguros, el otro expediente que enfrenta el expresidente en los tribunales de Comodoro Py. En ese caso se lo acusa de haber direccionado -en favor de allegados suyos- contrataciones que hicieron organismos del Estado.Con el recambio en la titularidad provisoria en el juzgado 11 -vacante desde 2020- , la causa pasó a manos del juez federal Sebastián Casanello, que ya trabaja sobre el expediente. El magistrado busca consustanciarse con una causa que tiene 39 imputados y ya puso a los equipos de ambos juzgados a trabajar a la par, informaron fuentes de los tribunales.
En el marco de la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner apeló hoy el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta en diciembre de 2022 por Tribunal Federal N° 2, que la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por haber direccionado los contratos en la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. La expresidenta le pidió a la Corte Suprema que revise la sentencia, la revoque y declare su absolución.En el escrito, la expresidenta denunció que su derecho a la defensa fue violado de múltiples maneras. "No se observaron reglas básicas del sistema acusatorio que rige en materia penal; se infringió el principio de congruencia; se denegó prueba necesaria y conducente para la resolución del pleito; se impidió controlar prueba de cargo dirimente para fundar la condena y se ha violentado el principio de la cosa juzgada", detalla el texto.La expresidenta se despachó con una avalancha de criticas hacia los distintos jueces y fiscales que intervinieron durante todo el proceso, cargado de "arbitrariedades" y "contradicciones", según valora en diversos tramos de la presentación."Se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal", denunció en el escrito, que lleva el patrocinio de abogado en este expediente, Carlos Alberto Beraldi."El fiscal ad hoc que intervino en la etapa instructoria (por Ignacio Maiques) es hermano de quien, por entonces, actuaba como Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (por Juan Bautista Mahiques); la esposa del Dr. Ercolini (por Julián Ercolini), mientras éste desarrollaba sus tareas como juez instructor, se desempeñaba como asesora del referido Ministerio, querellante en la causa a través de la OA", señala el texto."El fiscal [Diego] Luciani y el juez [Rodrigo] Giménez Uriburu integraban un equipo de fútbol denominado La Liverpool que realizaba prácticas deportivas en una quinta perteneciente al por entonces Presidente Macri; los jueces [Jorge] Gorini y Giménez Uriburu visitaron a la Lic. Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando ya había sido propuesta como testigo en este proceso", agrega.Y sigue: "El fiscal Mola visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades; el juez Ercolini realizó el referido viaje hacia Lago Escondido; los jueces [Gustavo] Hornos y [Mariano] Borinsky mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, sin que existieran motivos oficiales que los justificaran".Además, la expresidenta se despojó de cualquier responsabilidad respecto a lo que pudo haber ocurrido con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. "Se le ha atribuido el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra norma jurídica le imponían y por ende se violó el principio de legalidad sustantiva", señala el texto.Uno de los principales argumentos que esgrime la defensa de Cristina Kirchner es que no es el presidente sino el jefe de Gabinete el responsable de la obra pública. "El art. 100 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Jefe de Gabinete ejercer la administración general 24 del país (inc. 1) y ejecutar la ley de presupuesto nacional (inc. 7), quedando habilitado para dictar las normas reglamentarias necesarias (ley 26.124)","Se trata pues de competencias asignadas constitucionalmente que tienen relación directa e inmediata con las cuestiones atinentes a esta causa", señala el texto, que agrega que ninguna de las declaraciones testimoniales que volcaron los jefes de gabinetes en el periodo investigado (Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich) se aseguró algun tipo de "interferencias por parte de CFK", dice el texto.Noticia en desarrollo
La Comisión de Disciplina Judicial inició una investigación contra el juez que lleva el proceso por el feminicidio de la niña de 12 años asesinada en 2024 en Villa Gorgona, Valle del Cauca
Cualquier distraído que durante esta semana camine por los pasillos del Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario -desde hace 25 años- del ATP porteño, puede sorprenderse y hasta sobresaltarse al escuchar, a todo volumen, un grito de "out (fuera)", "fault (falta)" o "foot fault (falta de pie)". Son voces grabadas de la revisión electrónica en vivo (oficialmente, Electronic Line Calling Live), el sistema que reemplaza en su totalidad a los jueces de línea y que aceleró en el circuito ATP desde este año: es obligatorio en todos los torneos. Pero el Argentina Open es el primero sobre polvo de ladrillo en utilizarlo, una novedad, teniendo en cuenta que se trata de la superficie que sí deja marcas del pique.El "ELC Live" fue probado por primera vez durante el Next Gen ATP Finals de 2017 en Milán, el torneo para los ocho mejores Sub 20 de la temporada. Luego se fue incorporando a otros certámenes. Y, definitivamente, la necesidad de mantener el distanciamiento social por el Covid-19 quitó a los jueces de línea de los courts y, en torneos como Cincinnati, el US Open y el Masters de Londres (los tres en superficie dura), fueron sustituidos por el sistema que probablemente aporta mayor precisión, pero quita "tracción a sangre" y elimina puestos de trabajo y formativos para los que aspiran a ser umpires. "La tradición se encuentra en el alma del tenis y los jueces de línea han jugado un papel fundamental en el deporte durante años. Dicho esto, tenemos la responsabilidad de acoger innovación y nuevas tecnologías. Nuestro deporte merece el arbitraje más preciso", comunicó el italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.El sistema electrónico puede fallar, pero es poco usual que eso ocurra: suele ser efectivo y veloz. En el ATP porteño, los tres estadios disponibles tienen instalados el sistema de cámaras (16 en total, con seis a nivel del piso y las otras en posiciones elevadas). Las cámaras capturan el movimiento de la pelota, interpretan la ubicación de la misma y una décima de segundo después de que la pelota pica envía señales visuales y de audio al juez de silla y al personal que desde un búnker de repetición (una suerte de sala de VAR en el fútbol) controla los monitores. Los árbitros no pueden invalidar el fallo de las máquinas, pero asumen el control si el sistema tiene un desperfecto. Además, si el sistema de audio fallara, una luz colocada en la silla del umpire le indica cuando la pelota fue mala. Las voces grabadas que se disparan con los distintos cantos de los fallos son para que el programa conserve un "matiz humano", según explicaron en su momento los proveedores autorizados por la ATP.Con la confirmación -desde hace meses- de que a partir de este año todos los torneos del ATP Tour sustituirían a los jueces de línea por el sistema electrónico, el Argentina Open, puntualmente, recibió a un grupo de especialistas de la empresa Hawk-Eye (el proveedor con sedes en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos que, en este caso, designó la ATP) varios días antes del comienzo de la clasificación al cuadro principal. Gabriel Goldszmidt, que encabeza la producción del torneo y es la mano derecha de Martín Jaite, el director del Argentina Open, le comentó a LA NACION: "Tuvieron ciertas exigencias técnicas antes de que llegaran. La mayoría de los equipos y de las cámaras la trajeron ellos, pero acá ya teníamos que tener los monitores, el cableado con fibra, aparatos UPSâ?¦ De todo tienen doble circuito, por si se cae el primero, tienen otro de repuesto. Cámaras, energía, cableado, fibra, sonidoâ?¦ todo es doble. Son intransigentes en ese sentido".Hace dos semanas, en la serie de Copa Davis entre la Argentina y Noruega, en Oslo, el partido entre Tomás Etcheverry y Nicolai Budkov Kjaer se interrumpió porque dejó de funcionar el dispositivo electrónico. Después de algunos intentos fallidos por repararlo, el árbitro general y la jueza de silla dispusieron el ingreso de los jueces de línea para continuar el partido. ¿En el ATP porteño también hay jueces por si se cae el "ELC Live"? Sí. "Hay un equipo de seres humanos, por decirlo de alguna manera. Hay siete personas preparadas para salir al ruedo, que mientras tanto cumplen otra función, siguiendo las cámaras o en la cancha a las órdenes del umpire", apunta Goldszmidt.La tendencia de los torneos, desde hace tiempo y sobre todo luego de la pandemia, es reducir costos. Contar con el sistema electrónico representa un importante desembolso de dinero, pero también lo era para sostener a los jueces de línea. Un ATP 250 como el de Buenos Aires, por ejemplo, necesita 30 jueces para cubrir las canchas durante una semana (más la qualy). Además de abonar los sueldos, el certamen se hacía cargo de la comida, de la vestimenta, del seguro y del montaje de la carpa donde los árbitros descansan o dejan sus pertenencias (únicamente reciben alojamiento los árbitros extranjeros). Según un relevamiento realizado por LA NACION hace unos años, son unos cien los jueces de línea en el mundo que pueden vivir de la profesión, entre los del staff permanente de la ATP y la Federación Internacional de Tenis (ITF), y los contratados part time. La mayoría tiene otros trabajos, dan clases de tenis o se toman vacaciones en sus trabajos para actuar como árbitros de tenis. En EE.UU. y en Europa también hay gente de mayor edad que se retira, que tiene una base económica, aplica para ejercer como juez de tenis y aprovecha para viajar. En Wimbledon, por ejemplo, los jueces de línea cobran entre 50 y 150 dólares por día, dependiendo de la categoría y la experiencia.Cómo funciona el sistema"Este sistema, el electrónico -aclara Goldszmidt- es más costoso. Ya hicimos una inversión inicial que se irá prorrogando a lo largo de los años. Para esta primera edición tuvimos que comprar equipamiento técnico que seguiremos usando. Hay un costo y ATP también subsidia al torneo en una parte, pero en gastos fijos tendremos unos 20.000 dólares. El otro escenario, el de los jueces de línea, tenía menor costo. La evaluación la haremos al final del torneo, al esperar si todo está bien, si no te roban las cámarasâ?¦ en Argentina puede pasar de todo. Esto implicó poner más seguridad, más todo. Hay que tener un aire acondicionado a una temperatura determinada, escritorios, sillas ergonométricas. El sistema no para de funcionar las 24 horas; no se puede cortar la tensión, todo está calibrado. Si algo sucede, el reinicio es muy engorroso. Desde el momento que empezó a funcionar, no lo detienen".LA NACION visitó el búnker desde donde funciona el Electronic Line Calling Live en el Argentina Open. Se trata de un sector privado en el predio del BALTC, con numerosos monitores, desde donde trabajan los oficiales (generalmente, dos por partido, conectados con auriculares y micrófonos, rodeados de planillas, números y trazados de líneas en las pantallas). En líneas generales, los jugadores se manifestaron conformes con el sistema, aunque ello no quita que a veces no estén de acuerdo con el fallo (sobre todo jugándose sobre polvo de ladrillo, donde el pique es más particular) y se lo manifiesten al umpire.Desde que se incorporó el Ojo de Halcón en el tenis (el US Open fue el primer Grand Slam en utilizarlo, en 2006), los árbitros empezaron a ver su futuro con preocupación. Hoy, 18 años después y con lo que genera la inteligencia artificial, se puede decir que ya es una profesión en riesgo. Pero para los jueces de línea, puntualmente, consultados por LA NACION, el avance del sistema electrónico es "shockeante". Entienden que el "ELC Live" hace que todo sea más "mecánico" y hasta quita parte del "espíritu" del juego. Hasta el momento, el sistema se utiliza en el ATP Tour, pero creen que en un tiempo se sumará al Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo que hasta ahora conserva la tradición y actúa como fuente de trabajo para los jueces de línea.Con el uso de la tecnología, el arrebato de furia más emblemático de la historia del tenis, aquel del "¡You cannot be serious, man!" de John McEnroe al umpire Ted James en Wimbledon 1981, después de que marcara como malo un saque del neoyorquino que levantó el polvo blanco del fleje, probablemente no hubiera ocurrido. "McEnroe se hubiese quejado igual", sonríe Jaite, ante LA NACION. Y analiza: "Hay ciertas cosas que se van perdiendo, lamentable o afortunadamente. Cosas históricas que eran impensadas que no estuviesen hoy se reemplazan por tecnología, con todo lo que implica. Te da un poco de pena, por lo menos en Argentina. La mayoría (de los jueces de línea) no trabaja de eso: se tomaban la semana de vacaciones para divertirse y eso es lo que da un poco de pena. Ahora, varios son los veedores". La intervención humana es parte de la tradición en el deporte, pero los tiempos van cambiando.
La diputada cuestionó al Gobierno de Javier Milei y lo acusó de armar una ley a medida para impedir la candidatura de Cristina Kirchner.
Cerca del magistrado, que lo impulsó para el cargo, sostienen que los números en el Senado están dados para que se apruebe el pliego.Las diferencias con el titular del máximo tribunal, cada vez más grandes.
Hace poco más de un mes trascendió la noticia de que el Gobierno estaría analizando la posibilidad de designar por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalizado el año legislativo, sin lograr hasta el momento la aprobación de los candidatos propuestos, el Presidente estaría frente a la disyuntiva de designarlos en comisión, o esperar al 1° de marzo para continuar el proceso ya iniciado en el Senado.En este escenario, es preciso recordar que el artículo 99 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional prevé que el Presidente de la Nación dentro de sus atribuciones "Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.Ahora bien, a fin de poder interpretar la cláusula constitucional de manera adecuada, es necesario hacernos algunas preguntas sobre la designación de jueces en comisión para entender bien de qué se trata, en qué casos podría proceder, con qué alcance y duración como también cuales son los riesgos y consecuencias que podría traer aparejadas.La designación de jueces en comisión es un nombramiento interino, y en consecuencia provisorio hasta que el Senado preste acuerdo o no. La intervención del Senado en el proceso de designación de magistrados es fundamental debido a que la regla constitucional establece que la facultad para designar jueces es del Presidente conjuntamente con el Senado que presta acuerdo a la propuesta remitida.La designación de magistrados en comisión (o interinos) es por su naturaleza misma de carácter excepcional; y su ejercicio debe estar justificado en una emergencia concreta de interpretación restrictiva. Además, el texto constitucional solo habilita la cobertura provisoria de aquellas vacantes que "ocurran" durante el receso limitando la posibilidad de cubrir otras vacantes de esta forma.Dado el rol de los magistrados y su obligación de decidir con imparcialidad, es esencial garantizar su independencia judicial mediante la estabilidad en el cargo. La designación en comisión por parte del Poder Ejecutivo compromete esta independencia, ya que los jueces interinos dependen de la aprobación posterior del Ejecutivo y el Senado, lo que afecta su capacidad para dictar sentencias con plena independencia y erosiona el principio de división de poderes.Si bien es cierto que en nuestro país existen antecedentes, desde la reforma de 1994 la práctica constitucional generalizada no acepta este tipo de designaciones. Prueba de ello fue el gran rechazo que generó la propuesta de designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Corte Suprema de Justicia en 2015. En ese momento, el presidente Macri reconoció rápido el error y rectificó el rumbo enviando los pliegos al Senado y los candidatos no asumieron en sus cargos hasta que fueron aprobados.La designación de jueces por decreto impacta negativamente en la seguridad jurídica y la confianza pública en las decisiones judiciales agravando la falta de confianza en el Poder Judicial y daña el Estado de derecho al cuestionarse tanto la independencia como la imparcialidad que debe caracterizar a la justicia.En síntesis, ateniéndonos estrictamente a lo previsto en el texto constitucional, hoy solo podría cubrirse en comisión la vacante del Dr. Maqueda producida durante el receso del Senado. Esta designación interina duraría hasta que el Senado la confirme, la rechace o termine el próximo año parlamentario.Esta solución constitucionalmente permitida no es deseable; y en mi opinión traería aparejadas consecuencias negativas para el gobierno y la Justicia.Si tuviera que asesorar al Presidente le aconsejaría que no designe jueces por decreto. Esto no resuelve ningún problema urgente, no va a mejorar la seguridad jurídica y va a afectar la credibilidad de una Corte Suprema de Justicia que es independiente.El autor es coordinador de Justicia de la Fundación Pensar
Después de tres años en prisión, la esposa del líder del CJNG sostiene que se encuentra detenida de manera ilegal
George O'Toole Jr. determinó que los sindicatos no tenían capacidad legal para impugnar el programa. El presidente quiere utilizar incentivos financieros para alentar a los empleados públicos a que renuncien
El máximo tribunal se encamina a ratificar su decisión sobre el traspaso de causas al Tribunal Superior de Justicia porteño y anticipa que los integrantes de las entidades y Cámaras que lo rechazaron podrían ser sancionados
El juez federal Joseph Normand Laplante es el tercer magistrado que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas en situación irregular en Estados Unidos. Su fallo se suma a los de los jueces en Seattle y Maryland, quienes también dictaminaron que la medida contraviene la Constitución de Estados Unidos.El fallo de Joseph Laplante contra la orden de Trump que elimina la ciudadanía por nacimientoEl lunes, el juez del Tribunal de Distrito de New Hampshire rechazó los argumentos de la Administración Trump y anticipó que emitirá una orden preliminar más detallada en los próximos días. Según AP, el magistrado sostuvo que los demandantes lograron demostrar que la orden ejecutiva viola la Constitución de Estados Unidos.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lidera esta nueva demanda contra la orden presidencial. La organización argumenta que el decreto contradice la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que "toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de EE.UU. y del estado en el que resida".Durante la audiencia, Laplante destacó la solidez de los argumentos presentados en el caso. Y si bien explicó que las ideas de la defensa "no lo ofenden, ni como abogado ni como juez", concluyó en fallar en contra de la Administración Trump y dictar un bloqueo temporal de la orden presidencial. "No estoy convencido por los argumentos de los demandados en esta moción", afirmó.Rival de Trump: la trayectoria judicial del juez federal LaplanteDe acuerdo con la información del Centro de Justicia Federal (DFJ, por sus siglas en inglés), Laplante nació en 1965 en Nashua, New Hampshire. Se graduó en la Universidad de Georgetown en 1987 y obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de Georgetown en 1990.Antes de asumir su puesto como juez federal, Laplante tuvo una destacada carrera como fiscal en diversos cargos, incluido su trabajo como fiscal asistente en la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en Washington, y más tarde como fiscal en el Distrito de New Hampshire.En junio de 2007, el presidente George Bush lo nominó como juez federal del Tribunal de Distrito de New Hampshire. Tras su confirmación en el Senado en diciembre, asumió el cargo.Laplante y su impacto en el ámbito académico y jurídicoSegún indica el Instituto Americano de Derecho, además de su labor en los tribunales, Laplante se destacó en la enseñanza. Fue profesor en la Facultad de Derecho de Boston College, la Facultad de Derecho de Georgetown y la Universidad de New Hampshire, donde dictó cursos sobre interpretación legal.También publicó artículos de análisis jurídico en el New Hampshire Bar Journal y escribió reseñas para la New Hampshire Bar News. Su compromiso con el ámbito académico lo llevó a formar parte del Comité de Administración y Gestión de Casos de la Conferencia Judicial de Estados Unidos, un organismo clave en el funcionamiento del sistema judicial federal.Ciudadanía por nacimiento: el fallo de Laplante y su relevancia en la batalla legalLa decisión de Laplante refuerza el precedente judicial que impide la aplicación de la orden ejecutiva de Trump, que tiene su vigencia programada desde el 19 de febrero, de acuerdo al Departamento de Justicia. Su fallo se suma a los emitidos en Seattle y Maryland, lo que consolida la postura de que el decreto es inconstitucional.La Casa Blanca aún no confirmó si apelará la decisión, pero se espera que el caso llegue a instancias superiores, posiblemente hasta la máxima entidad de la Justicia de Estados Unidos. O por lo menos eso es lo que espera Trump, de acuerdo con USA Today. "Creo que al final ganaremos en los tribunales, en la Corte Suprema. Creo que vamos a ganar ese caso. Lo espero con ansias", comentó a fines de enero en su oficina.
Casi al filo del cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno consiguió la firma del dictamen sobre el pliego de Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia: le dieron apoyo nueve senadores que representan un abanico político amplio. Hay libertarios, kirchneristas puros, radicales, peronistas independientes y delegados de gobernadores.El dictamen se oficializó recién hoy, cuando faltan nueve días para el cierre del período de sesiones extraordinarias al que convocó el presidente Javier Milei. Además, la demora también obedeció a que el pliego de Manuel García-Mansilla, el otro candidato que impulsó Milei, no tiene la mayoría necesaria para obtener luz verde en la Comisión de Acuerdos del Senado.Además, la oficialización del dictamen se concretó cuando es posible que el proyecto de ficha limpia, que impediría una candidatura de Cristina Kirchner, obtenga la media sanción en Diputados y espere su desenlace en el Senado. Lucía Corpacci de SaadiFue gobernadora de Catamarca entre 2011 y 2019. Mantiene una excelente relación con Cristina Kirchner, que este año la sondeó para que se convirtiera en presidenta del Partido Justicialista nacional, antes de decidir que sería ella misma la que ocuparía el cargo. Integra el bloque Nacional y Popular, donde se ubican los peronistas menos ligados a La Cámpora y al ultrakirchnerismo. Su firma es un indicio de que la expresidenta podría apoyar a Lijo en el recinto, aunque todavía no está claro que eso vaya a suceder. "Los que pueden llegar a venir son peores", justificó Corpacci su firma al pliego de Lijo.Sergio UñacEl exgobernador de San Juan, que recaló en el Senado el año pasado después de que la Corte Suprema le impidiera competir por una segunda reelección, se sumó al apoyo a Ariel Lijo en la Comisión de Acuerdos. Es un peronista con juego propio, que integra al igual que Corpacci el bloque Nacional y Popular. Tiene buen diálogo con algunas de las figuras del gobierno nacional y desde un principio la Casa Rosada lo contó entre los apoyos posibles para el plan de renovación del máximo tribunal.Juan Carlos RomeroEl salteño, que gobernó su provincia a fines de los años 90, ha sido un aliado de Juntos por el Cambio que ahora conduce un bloque de senadores provinciales llamado Cambio Federal, que en general juega como aliado de los libertarios. En julio, durante una entrevista con LA NACION, había sido ambiguo al responder sobre Lijo. "Yo espero que primero apoye el kirchnerismo; si ellos apoyan, a mí no me cuesta nada sumarme".Carlos Omar ArceEs el principal representante del poder misionero en el Senado, delegado directo de Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua, uno de los mandatarios opositores que se acercó a Javier Milei. Arce ha sido un aliado bastante fiable del gobierno de Milei en las votaciones más controvertidas de este año. "Nuestra misión es buscar consensos para gobernar", ha dicho al desembarcar en la Cámara.Beatriz ÁvilaMilitó en Juntos por el Cambio desde Tucumán, cuyo esposo -Germán Alfaro- fue intendente de la capital provincial y es ahora un aliado del gobernador peronista Osvaldo Jaldo. Ávila tiene ahora un monobloque llamado Por la Justicia Social, que suele articular posiciones con el salteño Romero. Su apoyo fue uno de los primeros que el Gobierno daba por seguro. En la campaña presidencial de 2023 apoyó a Horacio Rodríguez Larreta. Carlos "Camau" EspínolaInició su paso por la política después de completar una exitosa carrera como deportista, que coronó con varias medallas olímpicas en vela. Militó en el peronismo de Corrientes, fue intendente de la capital provincial y fracasó varias veces en su intento de ser gobernador. Termina su mandato el año que viene. Integra el bloque Unidad Federal, con la peronista no kirchnerista Alejandra Vigo (Córdoba). Acompañó habitualmente con su voto al gobierno de Milei. Integraba su bloque Edgardo Kueider (Entre Ríos), detenido en Paraguay por presunto contrabando de divisas. El secretario privado de Espínola fue designado por el gobierno nacional en un cargo en el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá. Ezequiel AtaucheConduce el bloque de La Libertad Avanza. Entró por Jujuy, provincia que Milei ganó sorpresivamente en la primera vuelta. Fue desde el principio uno de los negociadores del pliego de Lijo con el resto de los bloques.Claudia Ledesma AbdalaEs la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, uno de los caciques provinciales más cercanos a Cristina Kirchner pero que de todos modos ha mantenido líneas de diálogo con la administración Milei. Ella fue gobernadora y presidenta provisional del Senado, siempre con apoyo de la expresidenta. Su firma es una señal clara de que el kirchnerismo está abierto a una negociación por los cargos judiciales. Ella y Zamora recibieron el año pasado a Cristina Kirchner en un acto en Santiago del Estero con la excusa del "día del militante".Eduardo VischiEs el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y fue uno de los últimos en confirmar su firma en el dictamen del pliego de Lijo. Responde al gobernador Gustavo Valdés, de buen diálogo con el Gobierno. Su presencia en la Comisión de Acuerdo desató una fuerte polémica: ingresó en lugar del fueguino Pablo Daniel Blanco, que se opone a la designación de Lijo.
Pidió un estudio contable sobre la cuenta corriente de Austral Construcciones en el banco Nación, y datos sobre una maniobra con bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013.
Después de que la fiscal terminara de dictar sus conclusiones, el juez ha dado por terminada la sesión de este miércoles
El piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán es señalado por su presunta participación en ataques con explosivos y en el intento de rescate de Ovidio Guzmán
Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos hace menos de un mes y, desde entonces, no ha dejado tema sin polemizar. Leer más
Estarán en juego cinco magistraturas 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 55 cargos en Juzgados de Primera Instancia
Alberto Fernández respira aliviado. Julián Ercolini dejará mañana la subrogancia del juzgado federal número 11 sin antes haber definido la situación procesal del expresidente en la causa Seguros, según confiaron a LA NACION fuentes judiciales. En este expediente, a Fernández se lo acusa de dirigir a través de un decreto la contratación de los Seguros en dependencias públicas en beneficio de sus allegados.Es una buena noticia para el exmandatario, que hizo todo cuanto estuvo a su alcance para correr a Ercolini de la causa. Para Fernández, según dejó plasmado en varios de los recursos que presentó ante la Justicia, Ercolini le guarda un rencor especial por ordenar una investigación en su contra cuando era Presidente. Por ello, sostiene el expresidente, la imparcialidad del juez está comprometida. Ninguno de los argumentos esgrimidos por Fernández encontró eco en los tribunales federales. Sin embargo, las vacantes en los juzgados y el sorteo que realizó la Cámara Federal porteña el viernes pasado jugaron en favor del expresidente y terminaron por hacer lo que no pudo conseguir con la ola de recursos que presentó en la Justicia. Desde mañana, el juez Sebastián Casanello, a cargo del juzgado número 7, pasará a subrogar oficialmente el 11, y todas las causas que allí tramitan, incluida la de los Seguros, estarán bajo su órbita. Y si bien todavía le queda tiempo formal para decidir si toma o no el juzgado, por estas horas el magistrado está convencido de agarrar, según confiaron personas que lo tratan. Este giro se produjo en un momento crucial: el lunes de la semana pasada había declarado en indagatoria el último de los imputados de la causa -Carlos Soria, ex director de Nación Seguros- y comenzó a correr el plazo no ordenatorio de los 10 días para definir el destino judicial de cada uno de los 39 imputados. Fernández dio inicio a esta ronda de declaraciones en noviembre del año pasado. Fue seguido por su histórica secretaria, María Cantero, acusada de usufructuar su cercanía con el expresidente en favor de su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, principal beneficiado en la maniobra que investiga la Justicia, quien declaró tercero. De esas declaraciones también formó parte Carlos Rívolo, el fiscal que instruyó la causa. Ahora, todo el proceso podría demorarse, puesto que el juez Casanello, casi con seguridad, pedirá una extensión en los plazos para ponerse al tanto de las actuaciones. Violencia de géneroEl juez Ercolini aún conserva bajo su dominio, y en su juzgado natural, la otra causa que enfrenta Fernández por presuntas agresiones contra su expareja Fabiola Yañez. También allí el expresidente intentó recusar sin éxito al juez. El expresidente es el único imputado en este otro expediente, y el juez Ercolini está en condiciones formales de procesarlo, sobreseerlo o dictar la falta de mérito. Tiene plazo hasta el martes, pero podría pedir una extensión.El sorteo por el cual Casanello se convirtió en el nuevo titular del juzgado 11 -vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio en 2020- se realizó el viernes pasado, en la secretaría de la Cámara Federal porteña, el tribunal del que dependen directamente todos los juzgados federales. En la nómina de candidatos, también se encontraba el juez Sebastián Ramos y el propio Ercolini, que de haber salido sorteado hubiera extendido su titularidad.Los nombres del resto de los magistrados que trabajan en los juzgados federales de Comodoro Py no fueron incluidos en el bolillero: algunos se excusaron por estar ya subrogando otros juzgados y otros por impedimentos de tipo formal.
El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó ante un juez que la delantera del seleccionado local, Jenni Hermoso, le dio su consentimiento para un beso durante la ceremonia de entrega de premios del Mundial 2023, que fue motivo de polémica y debate. Rubiales está acusado de agresión sexual y coacción tras el beso que provocó indignación en España y empañó las celebraciones del primer título mundial del equipo femenino. Enfrenta una posible pena de dos años y seis meses de cárcel. Este lunes, declaró en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, ante la fiscal Marta Durántez. Dijo, sin tapujos: "Le pregunté si le podía dar un besito y me dijo: 'Vale'."Cuando terminamos el abrazo, y tras darme permiso, le agarré la cabeza con las manos. Primero fue la pregunta, luego la respuesta y posteriormente el beso. Fue como darle un abrazo. Totalmente seguro de que dio su aprobación", profundizó. Hermoso, la semana pasada, negó que existiera consentimiento alguno.Rubiales afirma ante el juez que Hermoso consintió el beso tras Mundial femenino 2023Más adelante, el expresidente de la RFEF aseguró creer que el beso fue un error y que actuó más como un exjugador que como el presidente de la institución que era. Pero aun así insistió: "La señora Hermoso sabe, como yo, que yo le pregunté y dijo 'Vale'. Yo he pedido perdón porque tenía que haber estado más en un plano institucional, pero la señora Hermoso sabe (lo) que yo le pregunté y ella contestó. No hay lugar a dudas respecto de lo que ocurrió.".Parte del testimonio de Rubiales estuvo amparado por un especialista: un experto en lectura de labios también testificó el martes y aseveró que el también exfutbolista le preguntó de manera fehaciente a Hermoso, "¿Te puedo dar un besito?". Se mostraron además videos de Hermoso celebrando y hablando del beso.Rubiales no se echó atrás al confesar haberle pedido a la atacante española que restara importancia al beso porque había una crisis institucional que afectaba a la federación y era normal que sus subalternos intentaran apaciguar la situación. Por otro lado, resaltó no haber ejercido presión alguna sobre la jugadora.En esa línea, recordó que cuando ella dijo que no quería grabar un video con él, desde la Real Federación Española de Fútbol aceptaron la decisión y tomaron diferentes medidas, que incluyeron la publicación de un comunicado con los comentarios de Hermoso a los medios locales en ese momento.A diferencia del titular de la RFEF, las compañeras de la actual delantera del Tigres de la UANL de México dieron diferentes versiones durante su testimonio, asegurando que la jugadora fue afectada negativamente por el beso y presionada para minimizar lo ocurrido."El beso ni yo me lo esperaba. A mí no me importa, yo soy campeona del mundo y es lo que me voy a llevar de esta noche", decía Hermoso en audios reproducidos en la Corte. Se exhibió además una grabación de Rubiales diciéndole al equipo que estaba "triste" por las repercusiones sobre el beso. Se disculpó y dijo que se "sentía mal" porque empañó las celebraciones. Hermoso se vio en el video riendo normalmente después de sus palabras.Se esperaba que los otros tres acusados testificaran el miércoles: Jorge Vilda, el exdirector deportivo del equipo nacional masculino, Albert Luque, y el exjefe de marketing, y Rubén Rivera. Todos están acusados de coacción. Cabe recordar que Rubiales renunció bajo presión tres semanas después de que el escándalo saliera a la luz y fue sancionado por la FIFA por tres años. Había dicho que era víctima de una "cacería de brujas" por parte de "falsas feministas ".Hermoso testificó que se "sintió irrespetada" por Rubiales después de ganar el Mundial. Dijo que el beso "manchó uno de los días más felices de mi vida". El accionar de Rubiales para con la futbolista provocó indignación en España sobre la prevalencia del sexismo en el deporte y otras esferas.Los fiscales, Hermoso y la asociación de jugadores de España quieren que Rubiales sea encarcelado durante dos años y medio, multado con 50.000 euros (51.800 dólares) por daños, y que se le prohíba de trabajar como funcionario deportivo. Quieren que los otros tres acusados sean condenados a un año y medio de prisión.Con información de Associated Press
Luis Eduardo López Rosero, representante de la empresa Impoamericana Roger S.A.S., aceptó su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Ungrd y fue condenado a seis años y ocho meses de prisión
La ratificación del fallo reconoce que, aunque innecesarias, sus expresiones no vulneraron derechos al cuestionar la claridad en un caso de capturas legales
La acción de tutela se interpone por la presunta vulneración del derecho al debido proceso y a la administración de justicia, debido a que la jueza Sandra Heredia fue recusada en el juicio del 10 de junio de 2025, pero rechazó la recusación en cuestión de minutos
El magistrado señaló que la prisión domiciliaria como "toda medida cautelar es provisoria" y "se puede mantener o se puede levantar en cualquier momento". La defensa del exfuncionario provincial calificó los motivos de la detención como "absurdos". Leer más
El abogado penalista Iván Cancino analizó para Infobae Colombia la determinación tomada por la togada Sandra Heredia, luego del recurso interpuesto por el abogado Jaime Granados, que hace parte del equipo del ex jefe de Estado
La Cámara Federal de Casación Penal, con el voto unipersonal del juez Javier Carbajo, confirmó la condena a 5 años de prisión contra José Damián Sofía por proferir una amenaza narco contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien le dijo que si no liberaba a unos detenidos le iba a pasar como a su esposo el fiscal Alberto Nisman, muerto en su departamento en 2015.La condena a Sofía fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, por el delito de amenazas coactivas, tras un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad.Sofía se comunicó por teléfono ocho veces con el Juzgado Federal de San Isidro, ocultando su identidad, y amenazando a la jueza con matarla, junto con sus hijas. Dijo que e iba a pasar como a Candela Sol Rodríguez.El juez de Casación Carbajo analizó un recurso de la defensa contra esa condena, pero lo consideró inadmisible con lo que dejó firme la pena. "Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela", le dijo Sofía a quien lo atendió.El encono de Sofía con Arroyo Salgado comenzó cuando la jueza desbarató la organización de Sancho. Eso fue el 14 de noviembre de 2017.Gustavo Sancho había sido señalado por el papa de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años cuyo cadáver fue hallado a un costado del Acceso Oeste, en Villa Tesei, el 31 de agosto de 2011. Sancho el principal proveedor de bandas narco que operaban en San Martín. Y Sofía buscaba intimidar a la jueza para que lo liberaran amenazando con matarla, al igual que a Nisman, y que a la niña Candela.Aunque el nombre de Sancho aparece mencionado en la página 420 del expediente que se instruyó por el secuestro y homicidio de Candela, nunca fue imputado formalmente en el caso. Su hijo menor Ayrton fue detenido con un arma y un ladrillo de cocaína de un kilo en 2021 y su hijo menor, Alan, corredor de TC Pista, fue secuestrado en un ajuste narco y liberado a cambio de 100.000 euros.Los vasos comunicantes de Sancho con el caso Candela se cerraban con un dato que reforzaba el vínculo entre el padre de la niña y el acusado de narcotráfico: uno de los familiares directos de la menor asesinada trabajaba en el guardarropas de uno de los boliches de San Martín que pertenecen al imputado."Gustavo, personalmente, me amenazó de muerte. Me dijo que me fijara lo que andaba diciendo, porque me iba a matar", dijo Rodríguez ante la Justicia.El juez Carbajo analizó los agravios de la defensa y consideró que el recurso presentado carecía del grado mínimo de fundamentación requerido para habilitar su tratamiento. Recordó que Sofía había firmado un acuerdo de juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en los hechos, y señaló que la defensa no alegaba que hubiese existido algún vicio que afectara la comprensión de lo acordado.Resaltó que en la instancia anterior se realizó una audiencia, en la que se le explicó a Sofía, asesorado por su defensor particular, los alcances del acuerdo y determinó que no existía ningún elemento que permitiera dudar sobre la voluntad expresada por el nombrado.Señaló, finalmente, que la condena dictada no se había basado exclusivamente en la confesión de Sofía, sino que también se habían valorado diversas evidencias, que no permitían dudar de la existencia del hecho y de su responsabilidad en él.La mañana de la amenaza, Sofía partió desde la zona oeste del conurbano hacia Rosario. Un viaje de ida y vuelta en el día.Lo hizo acompañado de Christian Ariel Quinteros, de 43 años, el "Gordo Tita", que hacía las veces de su chofer. Entre las 9.01 y las 9.18 horas del 3 de abril, desde un teléfono comprado para la ocasión, se hicieron las llamadas intimidatorias. Querían que Arroyo Salgado liberara a Sancho. Ahora quedó condenado a 5 años de prisión por esas llamadas.
El letrado, que hace parte del equipo de defensa del exmandatario, afirmó que la imparcialidad de la togada Sandra Liliana Heredia estaría "seriamente comprometida", por lo que anunció que tomará medidas para que se evalúe su continuidad en este proceso
Jaime Granados también entregó detalles de cómo manejará la defensa del expresidente, además de los logros que ha obtenido el líder del Centro Democrático para demostrar su inocencia
El 17 de febrero se sorteará un primer grupo de 100 trabajadores. La medida afecta a 1.500 personas de los tres poderes del Estado provincial
Tras la renuncia a la presidencia de la bancada PRO, el líder del Frente Cívico compartió una reunión de más de dos horas con el Presidente. Asegura que se cansó del centralismo y del verticalismo del partido amarillo y anticipa un escenario muy disputado por Ficha Limpia en el Senado. Desde el búnker libertario cordobés minimizan la reunión entre el senador y Milei y aseguran que todo se limita al plano personal pero que "no avanza políticamente". Leer más
Las autoridades buscan soluciones para garantizar la seguridad de los servidores públicos en medio de constantes enfrentamientos entre grupos armados, lo que han desatado una crisis humanitaria de gran magnitud
Será aplicada a un total de 1500 funcionarios y los sorteos serán de a 100. Qué sucederá si existe un análisis positivo. Leer más
WASHINGTON.- Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para impedir que el nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, acceda a los datos personales y financieros de millones de norteamericanos almacenados en el Departamento del Tesoro.De acuerdo con documentos judiciales, el juez Paul Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro norteamericano a "todos los cargos políticos", así como a "todos los agentes especiales del gobierno" y a "todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo" al departamento financiero.La orden de restricción temporal, válida hasta que se realice una audiencia sobre el asunto fijada para el 14 de febrero, también establece que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero, debe "destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado".TIME's new cover: Inside Elon Musk's war on Washington https://t.co/95Qictx4zP pic.twitter.com/QZ73CZqtnM— TIME (@TIME) February 7, 2025Musk, dueño de importantes empresas y el hombre más rico del mundo, impulsa y lidera como hombre de confianza de Trump los esfuerzos del nuevo gobierno para recortar gastos federales al frente del DOGE, un ente recién instaurado para asesorar al presidente en la reestructuración de la administración federal.En pocas semanas, se congelaron los programas de ayuda exterior norteamericana, se recortaron presupuestos de diversos sectores y se ha intentado despedir a numerosos funcionarios y forzar al retiro a muchos otros.Daño irreparableEl viernes, los fiscales generales de 19 estados del país presentaron este caso ante la Justicia en contra de Trump, el Departamento del Tesoro y el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent.Los fiscales generales alegaron que el gobierno violó la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE.Engelmayer fundamentó su decisión en que los estados que hicieron la demanda "se enfrentarían a un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares"."Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática", escribió en el fallo.La semana pasada, Musk se vio envuelto en una polémica al conocerse que él y su equipo habían accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro.Una evaluación interna del Tesoro calificó el acceso del equipo del DOGE a los sistemas de pago federales como "la mayor amenaza interna a la que jamás se ha enfrentado la Oficina del Servicio Fiscal" (BFS, por sus siglas en inglés), informaron los medios norteamericanos.La demanda presentada por los estados, entre ellos Nueva York y California, alega que el gobierno de Trump otorgó "acceso prácticamente sin restricciones" a los sistemas de pago del BFS a "al menos un trabajador de DOGE de 25 años" que tenía la "autoridad de ver o modificar numerosos archivos críticos".Ese acceso "genera enormes riesgos de ciberseguridad, incluidos riesgos para los estados y sus habitantes, de que su información sea utilizada y procesada, sin verificación, de una manera no permitida por la ley federal", sostiene la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Manhattan a última hora del viernes.La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, cuya oficina lleva el caso, afirmó en una publicación en las redes sociales que la orden impide a Musk acceder a los datos privados de los norteamericanos. "Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo: nadie está por encima de la ley", escribió James en X.This morning, we won a court order blocking Elon Musk, the world's richest man, from accessing Americans' private data. Musk and his DOGE employees must destroy all records they've obtained. I've said it before, and I'll say it again: no one is above the law. https://t.co/2lCS2FD1MT— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 8, 2025El fiscal general del estado de Nueva Jersey, Matthew Platkin, dijo el viernes que Trump "ha permitido que un multimillonario que no fue elegido popularmente se infiltre en agencias federales clave y sistemas que almacenan números de seguridad social, información bancaria y otros datos extremadamente sensibles para millones de personas".A medida que Trump avanza en sus planes para recortar el gasto federal, surgieron varios recursos judiciales para frenar sus medidas.Un juez bloqueó un decreto que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio de Estados Unidos. Otro magistrado suspendió el jueves un ultimátum dado a más de dos millones de funcionarios para que decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización.La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que distribuye ayuda humanitaria a nivel mundial, fue otro blanco importante.El gobierno ordenó el regreso de miles de empleados desplegados en el extranjero y comenzó a reducir la plantilla de USAID de 10.000 empleados hasta unos 300, un recorte cuya legalidad también está bajo cuestión.Agencias AFP y Reuters