Cuando Cristina ya era presidenta "también llevábamos los bolsos con dinero" a Olivos, declaró el ex chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos descriptos como "una bitácora de la corrupción".
El integrante de la Cámara de Casación afirmó que es importante que se cubra el máximo tribunal para "trabajar como la Constitución marca". Además, se expresó sobre la importancia de contar con un magistrado penalista y habló del nuevo Código Penal que el Gobierno busca aprobar en el Congreso de la Nación
Martín Poderti integra el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero fue suspendido a partir de la imputación. Dijo que es inocente y ofreció varias hipótesis de qué podría haber pasado con el botín valuado en casi 200.000 dólares. Todo ocurrió mientras era secretario del Juzgado de San Isidro
En un intento desesperado por eliminar las pruebas en su contra, el suboficial investigado trató de meterse a la boca el dinero que había recibido como soborno
Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, renunciaron un total de 83 magistrados nacionales y federales, entre jueces, fiscales y defensores. La crisis por la falta de magistrados se agrava con el paso del tiempo.En contraposición con la cantidad de renuncias, las designaciones durante los últimos dos años suman cero. No hubo ninguna.Los únicos nombramientos, por decreto, fueron los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para al Corte Suprema, pero el primero nunca asumió porque no obtuvo acuerdo del Senado y el segundo renunció por las mismas razones.Los otros dos decretos designando jueces en rigor corresponden a dos magistrados que cumplieron 75 años y el Senado les dio un nuevo acuerdo: Roberto Hornos en la Cámara en lo Penal Económico y Jorge Morán en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.Esto representa un déficit de 79 jueces, entre los renunciados y los nombrados. Milei no fue el presidente que enfrentó más renuncias, pero sí el que tuvo menos designaciones y mayor déficit de vacantes. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri renunciaron 67 jueces en promedio, por año de su mandato y se designaron la misma cantidad. Así surge de un análisis que realizó por LA NACION Data sobre la base de datos públicos del sitio oficial datos.jus.gob.ar, de donde surgen las visualizaciones que ilustran esta nota. El análisis concluye además que al finalizar el año las vacantes totales entre jueces, fiscales y defensores nacionales llega al 37 por ciento, un récord.Los candidatos a cubrir estas vacantes ya fueron, en su mayoría, elegidos por el Consejo de la Magistratura, que envió un pliego con tres candidatos para cada cargo, que está en el Poder Ejecutivo Nacional.Ahora, el presidente Javier Milei debe enviar una propuesta al Senado para que, por mayoría, otorgue los votos que den acuerdo a cada juez.Como se trata de una negociación política, las designaciones estuvieron paralizadas en estos dos años, donde el gobierno no tenía suficiente poder de fuego en el Congreso.Ahora fuentes oficiales señalan que enviarán los pliegos al Senado, en marzo de 2026, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. La mayoría de los pliegos, el 80 %, estaba negociado con el peronismo, según dijeron las fuentes.A este escenario se suma que el Gobierno no logró nombrar en dos años al Procurador General de la Nación, que sigue ejerciendo desde 2017 Eduardo Casal en forma interina. Mauricio Macri y Alberto Fernández también fracasaron en esa tarea, que requiere acuerdos políticos, ya que el candidato debe obtener los votos de los dos tercios del Senado.Y se agrega que, en febrero de 2026, cumplirá 75 años la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que deberá dejar el cargo, si es que el Senado no le da un nuevo acuerdo por cinco años más. En lo que va de 2025 hubo en total 54 renuncias de jueces, fiscales, o defensores oficiales, y 29 en 2024.El 2025 es el año en que más se produjeron las renuncias de jueces, fiscales y defensores desde 2020. Los meses de abril y septiembre son aquellos donde hubo más renuncias.Las renuncias de jueces, tanto en 2020 como ahora se relacionan con los cambios en el sistema jubilatorio de los magistrados que cobran por un régimen especial.En el Gobierno de Alberto Fernández hubo una fuerte embestida y se cambió el mecanismo. Los principales cambios fueron el aumento de la edad jubilatoria para hombres, nuevos requisitos de aportes y de años de servicio, cambio en la fórmula para calcular el haber inicial, y un mayor aporte de los jueces activos. Hubo reclamos judiciales que llegaron hasta la Corte.Ahora hay temor entre los magistrados de que se produzca un nuevo cambio, cuando se discuta la anunciada reforma previsional, en el Congreso, por eso, algunos magistrados que están en condiciones de jubilarse plantearon sus renuncia para acogerse al beneficio previsional con la ley actual, según contaron fuentes de la Asociación de Magistrados.En 2025 fue la primera vez en la historia que hubo más renuncias de magistrados femeninos que masculinos, con 29 contra 25. A su vez, no hubo ningún año en el que se hayan designado más jueces femeninos que masculinos.El 37% de los cargos en la justicia federal y nacional se encuentran vacantes. Son en total 609 cargos. De los que están ocupados, el 71% está en manos de magistrados masculinos.Los años 2024 y 2025 fueron los años con menos designaciones de jueces desde la vuelta a la democracia, junto con 1999 y el 2000.La edad promedio de los magistrados en labor es de 56 años, mientras que el promedio de edad de aquellos que renuncian es de 66 años. El promedio de edad de aquellos que renuncian bajó con el correr de los años. Este año tuvo las renuncias, en promedio, más jóvenes desde que hay registro, motivadas por el temor a que haya cambios en el régimen jubilatorio. Durante 2025, los fueros donde hay más renuncias registradas son el del Trabajo, con diez magistrados, el Criminal y Correccional de Capital Federal con seis, y el fueron comercial con cinco.En cuanto a los cargos, la mayoría de las renuncias corresponden a jueces, con 43 casos, seguido por los fiscales, con ocho casos y los defensores con tres casos.Hubo 27 renuncias en la Justicia Nacional, a la que se le suman 26 en la Justicia Federal y una en la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a García-Mansilla.El presidente con peor relación designaciones/renuncias de magistrados de los últimos cinco mandatarios fue Javier Milei; quién, en promedio, por año, tuvo 44 renuncias de jueces, fiscales y defensores y solo 2 designaciones: un saldo negativo de 42 magistrados.Por el contrario, quién tuvo el mayor saldo en relación a las designaciones y renuncias en los últimos veinte años fue Cristina Fernández, con un promedio anual de 46 renuncias y 74 designaciones: un saldo positivo de 28 jueces. Ahora, si solo se considera a la categoría jueces (sin fiscales y defensores) en lo que va de 2025 renunciaron un total de 43 jueces. La mayoría de estos son nacionales (24), contra 18 federales y un miembro de la Corte. La gestión Milei lleva acumulados un total de 64 renuncias de solo jueces, contra las cuatro designaciones mencionadas (Lijo, García Mansilla y Morán).En cuanto a la composición actual, el 35% de los cargos para jueces se encuentran vacantes. AL día de hoy hay 80 concursos en trámite para jueces en el Consejo de la Magistratura, hay 162 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 191 vacantes cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo. El 6 de noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se pararon en la sala de conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: "El gobierno nacional enviará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores".Adorni sostuvo: "Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia"."Por eso es tan importante esta medida, que además es inédita porque supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri", dijo."Este gobierno recibió una Justicia con una vacancia del 30% en jueces, y casi 50% de vacancias de fiscales. Es decir, que 1 de cada 3 juzgados no tiene juez y 1 de cada 2 fiscalías no tiene un fiscal. Además, hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios, como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018", agregó Amerio.Pero en estos dos años de Gobierno no se envió ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes.
El triunfo de la mexicana ha sido cuestionado por más de un relacionado al certamen
La congresista llevará su reclamo a instancias judiciales para exigir el respeto a los derechos fundamentales y a las decisiones de los jueces
Los magistrados que han fallado contra García Ortiz han atravesado varios juicios mediáticos que dan pistas sobre su inclinación ideológica
Buscan deshacerse del magistrado por suspender el proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación y ordenar su reposición
La defensa del exgobernador argumentó buena conducta dentro del penal
La redada donde fueron detenidos ocurrió el 19 de octubre en Wilder, en un circuito de carreras privado.Qué dijo Donald Trump sobre la liberación de los migrantes.
La empresa que quedo primera para quedarse con la agroexportadora en default tendrá plazo hasta el lunes 1° de diciembre. Luego, el magistrado evaluará las argumentaciones y la definición podría pasar al 2026.
Natalie Glebova, quien fue Miss Universo 2005, alimentó la polémica en redes sociales
El juez federal Jeffrey V. Brown bloqueó el nuevo mapa electoral de Texas, que había sido diseñado para reforzar el dominio del partido rojo en el Congreso de cara a las elecciones legislativas 2026. La decisión del magistrado, con pasado republicano y vínculos directos con Greg Abbott y Donald Trump, desató una batalla legal en los tribunales. Los detalles del fallo que bloqueó el nuevo mapa electoral de Abbott en TexasLa decisión que desató la crisis se basó en un documento de 160 páginas divulgado el martes. En ese texto, Jeffrey V. Brown sostuvo que la Legislatura de Texas elaboró un rediseño de los distritos "con evidencias sustanciales" de que se utilizó la raza como eje para manipular la representación política. La resolución, según ABC News, impidió que el estado pueda implementar el nuevo mapa para las elecciones legislativas de 2026.El dictamen generó un sacudón político porque desbarató el plan promovido por Donald Trump para ampliar la ventaja republicana en la Cámara de Representantes. Según The Houston Chronicle, la estrategia buscaba consolidar hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano.El encargado de bloquear el mapa no fue un juez de origen demócrata ni un opositor a Abbott, sino alguien que el propio gobernador impulsó y elogió durante años.Quién es Jeffrey V. Brown, el juez prohibió el rediseño congresional Abbott y TrumpBrown, de 55 años y nombrado al cargo por Donald Trump durante su primer mandato, desarrolló parte de su carrera bajo el ala de Abbott, cuando el ahora gobernador era juez de la Corte Suprema de Texas en la década de 1990. Entonces, acababa de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston.En 2001, fue nombrado como juez del 55º Tribunal de Distrito de Texas por parte del entonces mandatario estatal Rick Perry, que lo designó en 2007 para el Tribunal de Apelaciones del 14° Distrito de Texas. En 2013, pasó a la Corte Suprema estatal, donde permaneció hasta que en 2019 Trump lo eligió como juez federal. Abbott celebró públicamente su designación. "Aplaudo al presidente Trump por nominar a Jeff Brown", expresó, según consignó The Houston Chronicle. Además, destacó su "aguda mente jurídica" y su "compromiso con la Constitución y el Estado de derecho".El antecedente entre Brown y Abbott por los mapas electoralesAños después, en 2023, Brown dictó un fallo contra Texas en otro litigio electoral: el magistrado impugnó los planes del condado de Galveston para rediseñar los distritos. SegúnPolitico, el juez analizó que quedaban "licuados" los votos de la población latina y afroamericana. Aquella decisión fue rechazada casi un año después por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. y el gobernador Abbott ahora espera que pase "exactamente el mismo resultado" con este nuevo conflicto.En este caso, Brown sostiene que el rediseño de las circunscripciones tenía un origen explícito: una solicitud del Departamento de Justicia bajo la presidencia de Trump basada "enteramente en la composición racial" de cuatro distritos en manos demócratas. De esa manera, el juez concluyó que la Legislatura actuó fuera de los límites impuestos por la ley federal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que prohíben el uso predominante de la raza para diluir el poder electoral de las minorías.La reacción de Greg Abbott: del elogio a Brown al ataque directoGreg Abbott reaccionó con dureza contra quien alguna vez fue su aliado jurídico. Durante una entrevista con Sean Hannity, citada por Houston Chronicle, calificó la decisión como "una grave equivocación" y adelantó que el estado ya acudió a la Corte Suprema para revertirla.Para el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria, la decisión fue un "grave error de juicio" y aseguró que la Corte Suprema de Justicia le dará la razón. Asimismo, insistió en que no existe evidencia de manipulación racial y aseguró que los legisladores solo buscaron maximizar sus ventajas políticas.
El gobierno nacional, por intermedio de la Procuración del Tesoro, recusó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el expediente donde el magistrado admitió el trámite colectivo de un amparo contra un artículo del decreto por el que el Poder Ejecutivo Nacional había dejado en suspenso la aplicación de ley que declaró la emergencia en discapacidad.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "La sentencia dictada el 5 de este mes ha incurrido en prejuzgamiento toda vez que se pronunció sobre aspectos que constituyen el fondo de la cuestión litigiosa como, por ejemplo, al sostener que el Decreto N° 681/25 suspendió la Ley N° 27.793 [la ley de emergencia en discapacidad] cuando, precisamente, la postura fundamental de esta parte -contrariamente a lo sostenido por la contraria- es que ello no es así. Dicha irregularidad motiva la recusación con causa", sostuvo la presentación de la Procuración del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado.En agosto pasado, González Charvay ya había declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Después, a principios de septiembre pasado, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor.La norma, sancionada a inicios de julio y que había sido vetada por el Presidente, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.Tras el voto del Senado, el 22 de septiembre pasado el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley, pero indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional.En los considerandos del decreto se advirtió que el impacto fiscal estimado de la norma asciende a $3,02 billones para el período 2025-2026, lo que representa 0,35% del Producto Bruto Interno, y que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento como lo exigen la Ley de Administración Financiera y la Ley 24.629 de normas complementarias del presupuesto.Por otra parte, el Decreto 681/2025 señala que la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social demandaría $2,16 billones en 2025, equivalentes al 0,26% del PBI, y $4,7 billones en 2026, un 0,47% del producto. Además, calculó que el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los beneficiarios de pensiones, implicaría $574.200 millones este año y $1,23 billones el próximo, mientras que la compensación económica a prestadores significaría otros $278.323 millones.Según se desprende del expediente judicial, tras el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, "O.G.J y D.R.N en representación de sus hijos menores de edad" se presentaron en el Juzgado Federal de Campana e iniciaron una "acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad [sic] del artículo 2° del Decreto N° 681/2025â?³, publicado en el boletín oficial.El 5 de este mes, el juez González Charvay rechazó el planteo de "falta de legitimación activa y de representación colectiva" formulado por el Ministerio de Salud de la Nación y determinó los alcances del "colectivo". Esa decisión hizo que el gobierno nacional lo recusara.
Los abogados de las hijas del exfutbolista, Fernando Burlando y Fabián Améndola, hicieron la solicitud al considerar que la libertad de la magistrada destituida configura riesgos procesales. Otro de los letrados de la Causa Maradona rechazó la medida. Leer más
La Fiscalía acusó a Martín Poderti de mal desempeño. El magistrado pidió que se rechace la acusación.El Jurado de Enjuiciamiento dará el veredicto 18 de diciembre.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra estima "indiscutible" es la reiterada voluntad de Salomé Pradas de mantener comunicaciones con el presidente de la Generalitat
El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, quien busca la implementación inmediata de la legislación, se opuso al planteo presentado por el Estado. El conflicto lo definirá la Cámara de San Martín
Confirman que golpista expremier incumplió las reglas de conducta. Advierten que "habría aprovechado" que el TC la liberó para buscar asilo en la Embajada de México
En el marco de la causa penal en su contra por el documental
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos recibió este jueves la orden judicial de detener el despliegue "ilegal" de la Guardia Nacional en la capital, un revés temporal a los esfuerzos del presidente Donald Trump por enviar militares a ciudades estadounidenses a pesar de las objeciones de los líderes locales.Un juez concedió una medida cautelar en la demanda presentada por la ciudad contra la movilización dictada por Trump, aunque la orden no entrará en vigor hasta dentro de 21 días para que el gobierno pueda apelar. La oficina del fiscal general de Washington había demandado a la administración Trump a principios de septiembre.La administración "excedió los límites de su autoridad" al desplegar tropas de la Guardia en la ciudad y "actuó en contra de la ley" cuando desplegó a la Guardia de DC "para misiones no militares de disuasión del crimen en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad", escribió el juez de distrito federal Jia Cobb.Cobb señaló además que la administración Trump también "carece de autoridad legal" para traer miembros de la Guardia Nacional de otros estados.Trump y otros miembros de su administración han promocionado durante mucho tiempo el despliegue de la Guardia Nacional y el aumento de oficiales federales en Washington, algo que luego harían en varias ciudades del país, muchas de las cuales también han enfrentado demandas. Combatir la delincuenciaMiles de tropas de la Guardia se encuentran en Washington desde agosto, cuando comenzó lo que Trump describió como una misión para combatir la delincuencia que incluyó la toma de control federal del departamento de policía local.La administración sostiene que la presencia de la Guardia Nacional agregó una importante medida preventiva que ayudó a disminuir la delincuencia en la capital.Esa orden expiró en septiembre, pero los cerca de 2000 miembros de la Guardia Nacional de Washington D.C y de al menos otros ocho estados permanecieron en la ciudad debido a una extensión dispuesta en noviembre, y que prolongaba la estadía al menos hasta el 28 de febrero próximo.La orden de extensión se justificó señalando que respondía a la emergencia declarada en agosto por Trump y que estaba bajo las directrices del secretario de Defensa, Pete Hegseth, "para proteger la propiedad y las funciones federales en el Distrito de Columbia y apoyar a las fuerzas del orden federales y del Distrito".La Guardia Nacional de D.C. es la que más soldados aporta, con 949 de los 2375 miembros que tiene en total la fuerza de trabajo. Virginia Occidental es el siguiente, con 416 guardias. Algunos están armados y forman parte del despliegue militar en espacios públicos, especialmente en parques federales alrededor de la ciudad y en estaciones de metro, así como en la estación de tren de Amtrak.Pese a la misión de seguridad, el grupo de trabajo de la Guardia Nacional parece haber dedicado una gran parte de su tiempo a labores de jardinería y paisajismo en la capital. A principios de octubre, los responsables del grupo presumieron de que sus efectivos habían recogido 1150 bolsas de basura, esparcieron 870 metros cuadrados de mantillo, retiraron 50 camiones de desechos vegetales, limpiaron 12,7 kilómetros de carretera, pintaron 82 metros de cercas y podaron 400 árboles. Desde entonces, la mayoría de los reportes solo aportaban nuevas cifras de tropas.Una parte de la Guardia de D.C. ha trabajado con varios barrios en esfuerzos de embellecimiento a pedido de autoridades locales y residentes.Agencias AP y Reuters
El juez federal de Campana Adrián González Charvay rechazó el planteo de recusación presentado por el Estado Nacional en la causa en la que se cuestionó el Decreto 681/2025. Afirmó que no adelantó opinión sobre la validez de la norma.
Apuntan a la exjueza destituida por "maniobras graves" durante la investigación, que provocó la anulación del juicio que se llamaba a cabo por la muerte del ex10 de la selección argentina.
La solicitud fue presentada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona.Es en la causa en la que se investiga a la magistrada destituida por su rol en el documental sobre el juicio por la muerte del Diez. En ese expediente la acusan de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes.
Tras una resolución en la que el juez Fabián Lorenzini dejó asentado que Grassi SA fue la primera en comunicar que había alcanzado las mayorías necesarias dentro del proceso de salvataje de la cerealera Vicentin, el magistrado dictó nuevas medidas para seguir ordenando el proceso. Dispuso el traslado de cada impugnación a Grassi para que esta la responda, incorporó escritos de otras firmas â??incluidas Molinos Agro y LDC, que también buscan quedarse con la agroexportadoraâ??, intimó a profesionales a presentar documentación pendiente y agregó más de 50 presentaciones de productores, entidades y empresas que ingresaron en los últimos días. Son decisiones que organizan el expediente antes de avanzar con el análisis de cada planteo. Grassi tiene cinco días hábiles para responder, salvo que pida otra sección. Después será el turno de la evaluación de la Sindicatura. El proceso podría contemplar todo diciembre y, según fuentes al tanto del caso, no se descarta que la definición de quién manejará Vicentin se traslade a 2026.Momento decisivo: la Justicia dijo que Grassi SA fue la primera en informar sobre las mayorías para quedarse con VicentinLa resolución de hoy señala que, por cada impugnación recibida, se dispuso: "De la impugnación efectuada, córrase traslado a Grassi SA por el término de ley". Esto significa que el juez le da vista formal a Grassi de cada una de esas objeciones para que las responda dentro del plazo establecido. Es el paso administrativo necesario para que todas las impugnaciones queden incorporadas al proceso y puedan ser evaluadas antes de que el magistrado tome una decisión.En tanto, eso aparece repetido para múltiples presentaciones, entre las que figuran las de Servi Mam SRL, Enrique R. Zeni y Cía, Emilio Basavilbaso de Alvear, Tatiana Ballatore, Gonzalo Sifone, Logrando Amigos SRL, Banco Hipotecario, Banco Santander y una larga lista de productores y firmas que ingresaron escritos entre el 18 y el 20 de noviembre. El documento también menciona presentaciones realizadas por Molinos Agro y LDC. Se trata, además, de las dos empresas que también buscan quedarse con Vicentin dentro del proceso de salvataje, por lo que sus escritos forman parte de la pulseada central entre los grupos interesados en controlar la firma. En esos casos, el juez dispuso: "Téngase presente los pliegos acompañados que serán reservados para su oportunidad", lo que deja constancia de la incorporación del material, pero indica que su análisis quedará para más adelante. Las presentaciones de ambas compañías aparecen registradas en varios cargos del 18 de noviembre. Entre el 18 y el 20 de noviembre se agregaron al expediente más de 50 cargos adicionales provenientes de empresas, productores y entidades. Es decir que el juzgado fue sumando todos los escritos que entraron en esos días y dejó asentado que ya forman parte del expediente. No se resuelven todavía; solo se incorporan para ser revisados más adelante. Algunos de los nombres que figuran en el listado son Agroganadera Martín Hermanos, Genovecio Sergio Gabriel, Unión Agrícola Avellaneda, Chacras del Norte SA, Mariscotti SRL, Adoar SRL, Bresur Cereales SA, Crebus SA, Ferrero & Asociados SRL, Géminis SRL, Seedar SA, Valle Blanco SA y Marchisio Fernández SRL, entre muchos otros. En todos los casos, el juzgado ordenó: "Agréguese. Hágase saber".La resolución también muestra que se tuvieron por contestadas vistas de la sindicatura y que algunas aclaraciones presentadas por entidades, como el Banco Nación, fueron incorporadas "para su oportunidad". Esto significa, simplemente, que esas respuestas o aclaraciones quedan guardadas en el expediente y el juez las analizará cuando corresponda.Además se dispuso el traslado de impugnaciones vinculadas a cargos presentados por productores individuales. En estos casos, "dar traslado" quiere decir que la otra parte â??principalmente Grassiâ?? debe responder esas objeciones dentro del plazo legal.
La exdirectora del certamen en México se une a expertos que han renunciado a la organización tras acusar de amaños en la decisión de jurado
Nuria Ruiz Tobarra ve "relevante" determinar si las decisiones adoptadas por la consellera Pradas pudieron influir con la hoja de ruta de Mazón
Julieta Makintach perdió sus fueros y fue inhabilitada para ejercer cargos por el "escándalo del documental". Ahora, deberá enfrentar una causa en la que está imputada en cinco delitos. Leer más
"Un pleito judicial se resuelve con una sentencia judicial. La sentencia dice que no tiene nada pendiente", sostuvo el senador cordobés. Leer más
El magistrado expuso ante diputados las debilidades del sistema sanitario y señaló la falta de información y deficiencias en la trazabilidad de los medicamentos. "Estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas", dijo
Los señalamientos contra el esposo de Ángela Aguilar y sus padres continúan y no se descarta la posibilidad de consecuencias penales
En casi una hora y media, el juez federal Ernesto Kreplak, que investiga el estrago de salud pública causado por la salida al mercado de ampollas de fentanilo contaminado, resumió ante la comisión investigadora del Congreso lo actuado con su equipo en los últimos seis meses. El magistrado describió debilidades de los sistemas de control del Estado y compartió "sugerencias" sobre uno de los principales obstáculos detectados "desde la experiencia judicial" que demanda una solución legislativa. "No hay capacidad de monitoreo en tiempo real de parte del Estado", afirmó Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, sobre la ausencia de trazabilidad desde la producción hasta la aplicación de un medicamento controlado, como es el fentanilo.Se refirió además a la falta de cumplimiento efectivo de parte de las provincias y los centros de salud -públicos o privados- de notificar complicaciones en pacientes asociadas con el uso de un medicamento contaminado a través del sistema nacional de vigilancia sanitaria. "Aunque se supone que los casos son de reporte obligatorio, no es así en la práctica y no hay sanciones a ese incumplimiento. Debería haber un proceso de sanción administrativo y ágil para este tipo de eventos", planteó ante los legisladores que integran la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. La nueva reunión comenzó puntual este miércoles, a las 14, en una de las salas del segundo piso del edificio Anexo del Congreso. Presentes había familiares de las más de cien víctimas que constan en la causa. Las diputadas Mónica Fein, Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz, que coordinan el trabajo de la comisión, cedieron la palabra al funcionario judicial. Kreplak se excusó de hablar sobre todo aquello que "pueda poner en riesgo la investigación en curso" y comenzó su exposición con lo actuado desde el 13 de mayo pasado, cuando recayó por sorteo en su juzgado la denuncia formulada por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Sanitaria (Anmat) en la oficina de Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina. Fue luego de que el Hospital Italiano de La Plata notificara al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de la Anmat un brote en las unidades de cuidados intensivos de enfermedad asociada con el uso de ampollas de fentanilo de HLB Pharma. En aquel momento, 13 de 15 pacientes tratados con ese producto fallecieron. Las ampollas estaban contaminadas con bacterias multirresistentes. Ese centro había adquirido 10.000 ampollas y el lote al que pertenecían tenía 154.530 unidades. "Si con 10.000 ampollas se habían tenido esas consecuencias, nos preguntamos qué pasaría con las 154.000 del lote. ¿Dónde estaban? ¿A quiénes se las habían administrado? ¿Qué había ocurrido con esos pacientes?", relató el juez, que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El magistrado detalló que la campaña de producción de fentanilo de HLB Pharma en la planta de Laboratorios Ramallo incluía seis lotes, lo que podía ser casi un millón de ampollas. "Advertimos, entonces, que las consecuencias podían ser muy serias -continuó-. Requerimos la colaboración de la Anmat, pero la información dejó mucho que desear: no tenía información suficiente ni oportuna de lo que estaba ocurriendo. No sabía [el organismo regulatorio] dónde estaban las ampollas de fentanilo. Sí había dictado la prohibición de uso del fármaco, pero dependía del laboratorio para retirarlo y para ejercer la fiscalización, con información que no poseía y que también estaba en poder del laboratorio". Con la asistencia del instituto Malbrán y la colaboración en las pesquisas a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, detectaron un séptimo lote producido en octubre de 2024, antes de la campaña que arrancó a finales de ese año y a la que pertenecen dos lotes en los que se detectó la contaminación por bacterias: los número 31.202 y 31.244. "Entendimos que este último no se llegó a aplicar porque en los allanamientos [a Laboratorios Ramallo y dos droguerías relacionadas] se encontraron todas las ampollas", refirió el magistrado. De acuerdo con el detalle que brindó, del lote contaminado se liberaron al sistema de salud 86.000 ampollas, de las que el juzgado logró ubicar 85.848 en 51 centros de salud y dos droguerías en el país. "Interpretamos que las restantes fueron efectivamente suministradas a pacientes. Esto permitió llegar a la diferencia de casos notificados en el sistema nacional de vigilancia sanitaria más las ampollas que faltaban", comentó Kreplak. El requerimiento de información a los centros "permitió encontrar más víctimas", dijo el juez. Fueron 41 los directores médicos que prestaron su declaración en la causa. "La mayoría brindó explicaciones satisfactorias, pero en nueve casos, no. Ahí se dispuso el retiro de las historias clínicas de los pacientes internados para relevar uno por uno. Hoy -continuó-, estamos analizando esa documentación de cinco centros con cientos de páginas de información médica".En la reunión, los legisladores pudieron conocer que el juzgado ya envió al Cuerpo Médico Forense información de otras 20 víctimas para su evaluación, lo que elevaría a 60 las historias clínicas relevada por esos peritos. En tanto, sobre la hoja de ruta que seguirá la investigación, el magistrado anticipó que prevén continuar el trabajo durante la feria judicial para terminar de analizar históricas clínicas, reunir información que aún está dispersa para llegar a un número aproximado de casos fatales y no fatales hacia el final del verano y poder ampliar las declaraciones testimoniales. "Hay una cantidad importante de sobrevivientes que también son víctimas", dijo Kreplak. De confirmarse en una instancia superior las actuaciones judiciales hasta ese momento, con su equipo esperan que la causa se eleve a juicio "hacia la feria judicial de invierno de 2026". Anticipó ante los diputados de la comisión investigadora que la próxima semana se dispondrá con el Ministerio de Seguridad de la Nación el retiro de 45.000 ampollas que están en custodia y se dispondrá la desintervención sobre los otros cinco lotes que no estuvieron asociados con el daño causado por la contaminación para ponerlos a disposición de la Anmat, que es el organismo que dispuso la prohibición de comercialización y uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. "Será la autoridad administrativa la que defina al respecto", indicó Kreplak sobre lo que, también, abrió nuevos problemas logísticos para la Anmat. El juez destacó la colaboración del instituto Malbrán, en contraposición con la Anmat en estos seis meses y ratificó que se pudo demostrar con el estudio de los registros de procesos asociados con los lotes elaborados en Ramallo que "existió un incumplimiento sistemático de las buenas prácticas y una manipulación y falsificación de los registros de producción" de parte de los laboratorios. "Eso no impidió detectar que todo se había hecho mal", dijo, y repasó el contenido de las alertas anteriores: 118 reportes de efectos adversos y desvío de calidad de los productos de HLB Pharma y Ramallo entre 2018 y 2024. Las sugerencias que Kreplak dejó a los diputados incluyeron reforzar con un marco legislativo la ausencia de trazabilidad "en tiempo real" que surgió durante las investigaciones, los controles sobre los certificados de producción de medicamentos entre laboratorios, la oportunidad en la que la industria tiene que completar los registros de producción, la digitalización y la estandarización de la trazabilidad hospitalaria del uso de medicamentos y el cumplimiento de la obligación de que los centros de salud notifiquen este tipo de eventos a través del sistema nacional de vigilancia sanitaria.La próxima semana, según anunciaron los integrantes de la comisión, será el turno del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y autoridades de la Anmat.
El fallo reduce el alcance de la ofensiva regulatoria contra las grandes tecnológicas. La resolución también expone las dificultades oficiales para demostrar conductas anticompetitivas en plataformas digitales. Leer más
En medio de tensas discusiones entre abogados, jueces y representantes del kirchnerismo, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió avanzar con las acusaciones contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su concurso. Pero, en el mismo debate, rescató al juez Alejandro Maraniello, acusado de abuso, y debatió la situación de la jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por Cristina Kirchner.Pese a que la discusión fue intensa, hubo unanimidad en la decisión de avanzar en la investigación contra Salmain, que quedó a cargo de la Comisión de Acusación, que procederá con la denuncia más grave en su contra, sostenida por la imputación de un grupo de fiscales que pidieron su indagatoria y detención. Si el caso es tratado en la Comisión de Acusación eso ya significa que no se va a discutir si se le impone una sanción disciplinaria â??como un descuento de sueldoâ??, sino si se avanza con su destitución por juicio político.El titular de la Comisión de Disciplina, el abogado César Grau, anunció que acompañaba la posición del senador Luis Juez, que preside la Comisión de Acusación, para analizar allí la última de las denuncias contra Salmain.Un grupo de fiscales de Rosario acusaron a Salmain de dictar una medida cautelar, en connivencia con el financista Fernando Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, para habilitar la compra de 10 millones de dólares al cambio oficial, en 2023, durante la vigencia del cepo, a cambio de una coima que rondaba los 200.000 dólares. Por esa causa, Salmain está llamado a prestar indagatoria la semana próxima, junto a Whpei y Busaniche. El pedido de detención de los fiscales no se analizó porque Salmain tiene fueros mientras sea juez.Salmain â??que asumió en 2023â?? ya tenía otras denuncias en el Consejo de la Magistratura. Por unanimidad, el Consejo votó avanzar con esas denuncias en la Comisión de Disciplina y notificar al magistrado para que se defienda. La decisión fue tomada por los consejeros Grau, abogado ligado al kirchnerismo; el senador Luis Juez; los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña; los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Mariano Recalde (UP) y el académico Hugo Galderisi. Entre las denuncias contra Salmain aparece la de haber mentido en su declaración jurada y haber ocultado, cuando concursó para juez, que había sido echado del Poder Judicial. Fue cesanteado luego de que una empleada lo denunciara por ofrecerle una coima para manipular un sorteo cuando el hoy juez era secretario del fuero de la seguridad. Provítola, que instruye el sumario por esa denuncia, pidió ampliar medidas de prueba. También se aprobó notificar a Salmain por la denuncia iniciada sobre un posible direccionamiento indebido hacia determinados jurídicos en el trámite de juicios previsionales millonarios.Finalmente, se lo notificará, además, por la denuncia en su contra de la firma Bronway Technology SA, por supuesta parcialidad manifiesta, en una causa en favor de la firma Massalin Particulares y de la AFIP.Maraniello, salvadoEn sentido contrario, el Consejo no avanzó contra Alejandro Patricio Maraniello, el juez civil y comercial federal que, en medio del escándalo de las coimas de la Andis, falló en auxilio de Karina Milei cuando la secretaria general de la Presidencia pidió que no se publicaran supuestas grabaciones suyas.Maraniello está acusado de abuso sexual y maltrato laboral. Con un expediente en el que ya declararon varios testigos -incluida la víctima del abuso sexual-, fue Grau, abogado cercano al kirchnerismo, el que pidió postergar el caso para unificar todos los expedientes y enviarlos a la Comisión de Acusación. "Considero que es un tema muy complejo para resolver", dijo el abogado.El senador Juez cuestionó la postergación. "Yo me opongo. Hace 20 días estoy pidiendo la acumulación. Todos los expedientes tienen la misma temática, acoso sexual, acoso laboral, abuso sexual. No veo ningún elemento objetivo para no hacer lugar a la acumulación, salvo que haya alguna actitud corporativa que pretenda sustraer de la investigación alguna conducta -deslizó-. Y ningún expediente que tiene ningún consejero tiene el avance de la causa que tramitamos. No lo conozco a Maraniello, no me interesa conocerlo. Estamos actuando con absoluta objetividad y el pedido de acumulación es procedente y oportuno".Alberto Lugones -consejero juez de la lista Celeste, cercana al peronismo- pidió respeto y dijo que el planteo de Grau era correcto. "Voto por la postergación". Lo acompañaron los senadores kirchneristas Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, y Galderisi. Enfrente quedaron Vischi (que le recriminó a Grau por no dejarlo hablar), y los jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. La jueza Provítola se abstuvo. "Señor presidente: quiero que quede claro que en este caso no fue la corporación, sino que la postergación provino de un abogado la corporación", le dedicó Barroetaveña a Grau, con quien ya había tenido un fuerte cruce previo. "Sí, la propuse yo", le respondió el abogado que reemplazo Héctor Recalde en el Consejo. "Y tuvo el acompañamiento de la mayoría. Mayoría que a usted le cuesta reconocer. Solamente hay mayoría cuando usted gana, pero a veces le toca perder también doctor".La situación de CapuchettiEl tironeo venía de una discusión previa cuando el kirchnerismo quería avanzar con el trámite contra la jueza Capuchetti por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner. La magistrada pidió la nulidad de todo lo actuado en el Consejo porque se había avanzado en el trámite sin haber sido notificada de esa investigación y, en ese contexto, pidió la recusación del consejero Mariano Recalde. Barroetaveña le recriminó a Grau que los planteos de nulidad de Capuchetti no habían sido tratados y que, de todas maneras, se avanzó citando a testigos. También le advirtió que veía con preocupación que "existe una lógica últimamente de convocar a personas como testigos que fueron indagadas y procesadas por los jueces". Allí mencionó también las denuncias contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por las detenciones a militantes kirchneristas que tiraron excremento en la puerta de la casa del diputado José Luis Espert luego de la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.Tailhade tomó la palabra para cuestionar los pedidos de la jueza Capuchetti: afirmó que no hubo ningún perjuicio en su contra y que su defensora estuvo presente en la testimonial que se oyó. "Acá hay que tener el cuero duro para ser juez de la Nación y por una denuncia pedorra que se hacen acá, parece que el juez tiene un desequilibrio emocional", disparó. "Nos van a obligar a que vaya todo a (la comisión de) Acusación donde no están los jueces y por lo menos se discute", amenazó. El senador Juez acompañó a Tailhade: "Este es el Consejo de la Magistratura y no la Asociación de Magistrados. Sé que les molesta a los jueces porque no tienen que dar ninguna explicación en ningún caso y en ninguna causa", afirmó.Barroetaveña insistió con postergar el avance sobre el trámite y la definición sobre las nulidades pedidas por Capuchetti. Fue acompañado por Díaz Cordero, Galderisi y Vischi. Provítola se abstuvo. Pilatti se quejó porque "parece una tomada de pelo" y porque "los jueces son intocables en este país" y "no tienen palabra".Grau aprovechó para exponer que, ayer, algunos consejeros habían tenido una reunión y habrían tenido un acuerdo para avanzar hoy contra los pedidos de nulidad de Capuchetti. "Esta reunión la teníamos ayer y por un acuerdo hicimos un cuarto intermedio para tratarlo hoy. Ya son todas maniobras dilatorias", se quejó Recalde.Barroetaveña entonces volvió a intervenir para acusar directamente a Grau: dijo que el abogado puso la reunión el mismo día en que él, Juez y Vischi estaban en el jury contra el juez Martín Poderti, pidiendo su destitución, y sugirió que la intención era que ellos no pudieran participar. "Si acá se habló algo de lo que no fui participe, participemos esa conversación", le disparó. "Usted acá tiene límites", lo cortó Grau. "Y usted también: los límites de un cuerpo colegiado", le respondió el magistrado. "Es pavorosa su conducta. Entiendo su estado de nervios. Que acá tiene que aceptar que no es todopoderoso", le reprochó el abogado al camarista. Tailhade aprovechó para sumarse y criticó los fallos de Casación. En la votación ganó la postergación.
El certamen internacional Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, se enfrenta a un contratiempo: uno de los miembros del jurado abandonó repentinamente su puesto, justo a tres días de la gala del 21 de noviembre. El jurado emitió un comunicado en el que revela sus razones para dejar el certamen; horas más tarde la organización respondió a las acusaciones. Juez renuncia a Miss Universo 2025 a horas de la finalA solo 72 horas para la gran final de Miss Universo 2025 en Tailandia, la organización sufrió una baja crucial, el juez del concurso, Omar Harfouch se retiró de forma sorpresiva.Omar Harfouch reveló este 18 de noviembre en su cuenta de Instagram la razón detrás de su renuncia.El pianista alegó que su salida se debe a la falta de transparencia, al señalar que un 'jurado improvisado' escogió a 30 finalistas sin el conocimiento ni la presencia de él ni de los otros siete jueces.En una de las publicaciones, Harfouch aclaró su renuncia a Miss Universo y expuso: "decidí renunciar a mi papel como juez final en Miss Universo 2025, y siento que es importante explicar por qué. Dos días antes de la final, se llevó a cabo una 'votación secreta' para preseleccionar a 30 concursantes de los 136".Las publicaciones del pianista no dejaron en claro si se trató de una votación para elegir a las finalistas del certamen, lo que despertó algunas dudas sobre el proceso de Miss Universo. Al respecto, la organización señaló en un comunicado que se trataba de una votación para un programa independiente al concurso. Omar Harfouch aclara las razones detrás de su renuncia a Miss UniversoOmar Harfouch buscará denunciar a la organización de Miss UniversoEl ahora exjuez del certamen justificó su renuncia ante sus seguidores al señalar que no podría estar ante el público y legitimar un voto en el que asegura no fue participé. Además, alegó que no podría asumir la responsabilidad sobre un proceso de selección en el que no había participado, y que de lo contrario sería una acción "deshonesta".Harfouch declaró en publicaciones recientes que su renuncia al certamen no será la única acción que tome al respecto, ya que aseguró que denunciará a la organización ante la Fiscalía General."Deseo informar al público que consulté oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universo", expresó el pianista en sus redes sociales. Omar Harfouch aseguró que denunciará a la organización de Miss UniversoEntre los temas de la denuncia, Harfouch incluirá incumplimiento de contrato, conflicto de intereses, daños emocionales y daños a la reputación. Y aseguró que debido al tiempo invertido en su participación en el certamen, buscará una indemnización por un trauma emocional y daño a su reputación, debido a que ayudó a componer música original para el certamen.Miss Universo responde a Omar Harfouch tras su renuncia al certamen La organización emitió un comunicado donde señala que las acusaciones del juez Omar Harfouch cuentan con algunas inexactitudes con respecto al programa Más allá de la corona y los procesos oficiales de evaluación del 74º concurso de Miss Universo.Desde Miss Universo aseguran que las declaraciones de Harfouch son erróneas, ya que en ningún momento la organización creó ningún jurado improvisado, debido a que ningún grupo externo está autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas."Los protocolos establecidos, son transparentes y supervisados", señaló la organización en el comunicado compartido en sus redes sociales horas después de las declaraciones de una supuesta preselección de candidatas señalada por Omar Harfouch.Al respecto del programa, Más allá de la corona, la organización señaló que se trata de una parte del certamen que funciona de forma independiente a la evaluación de las candidatas en Miss Universo, por lo que no es parte del proceso de selección para determinar a las mujeres finalistas.
Una resolución judicial alteró por completo los planes del Partido Republicano para las elecciones legislativas 2026 en Estados Unidos. En específico, un tribunal federal frenó el uso del nuevo mapa electoral en Texas, impulsado por Greg Abbott y avalado por el presidente Donald Trump. La batalla legal podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.Bloqueo al nuevo mapa electoral de Texas: el fallo que golpea los planes de Abbott y TrumpEl juez federal Jeffrey V. Brown, acompañado por el juez David C. Guaderrama y con la disidencia del juez Jerry E. Smith, dispuso el 18 de noviembre de 2025 que Texas no podía utilizar mapa recientemente aprobado para elegir a los candidatos a la Cámara de Representantes. En su lugar, señaló que las elecciones deben celebrarse bajo el esquema de 2021, el mismo que la Legislatura trazó tras el censo de 2020. La decisión surgió de una demanda presentada por organizaciones encabezadas por la League of United Latin American Citizens, que acusaron a la administración Greg Abbott de realizar un gerrymandering racial, es decir, la manipulación del mapa electoral para favorecer a un sector y diluir el voto de una minoría.Según la opinión judicial, el litigio se desarrolló en un contexto donde la jurisprudencia federal había atravesado un giro significativo tras el fallo Petteway v. Galveston County, que en 2024 anuló el precedente Campos. Hasta ese momento, los demandantes podían sumar poblaciones de distintas minorías para demostrar una mayoría combinada; después, solo se podía considerar la mayoría de un grupo racial específico. Para el tribunal texano, esa modificación legal no obligaba a destruir distritos de coalición (CD, por sus siglas en inglés), pero el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) interpretó de otro modo el fallo y presionó a Texas para reconfigurar varios distritos.Las demandas y la disputa por la motivación real para trazar los nuevos mapas de TexasLos grupos demandantes sostuvieron que el mapa de 2025 fue diseñado bajo un criterio racial que desplazaba cualquier consideración neutral. En esa misma línea, afirmaron que el propio Estado había reconocido pública y repetidamente que el propósito era eliminar los distritos multirraciales. Asimismo, señalaron que la presión del DOJ, las declaraciones del gobernador y las expresiones de legisladores como Dustin Burrows, Steve Toth o Tom Oliverson eran prueba suficiente de esa motivación. En este contexto, la defensa de la administración Abbott tomó un rumbo distinto. En específico, sostuvo que la motivación fue exclusivamente partidaria y que el objetivo buscaba fortalecer posiciones republicanas en respuesta a maniobras similares de estados demócratas, como en California. Además, argumentó que el mapa se realizó bajo criterios políticos y que la coincidencia racial era producto de esa lógica. Adam Kincaid, director ejecutivo del National Republican Redistricting Trust (NRRT) y uno de los principales diseñadores del nuevo mapa texano, declaró que trabajó sin considerar el factor de la raza y que se centró en maximizar victorias republicanas y asegurar márgenes de triunfo a candidatos alineados con Trump.No obstante, el tribunal desestimó ese testimonio y consideró "extremadamente improbable" que tres distritos de coalición terminaran convertidos en distritos de mayoría mínima, sin que la variable racial fuera utilizada deliberadamente. Por lo tanto, concluyó que la Legislatura adoptó el mapa precisamente porque cumplía los requerimientos planteados por el DOJ y por el gobernador Greg Abbott.Las consecuencias del mapa impulsado por Abbott y Trump en TexasEl tribunal detalló cómo el esquema aprobado por la Legislatura transformó la estructura política de Texas:Eliminación de distritos de coalición y creación de mayorías mínimas: el CD 9, el 18, el 30 y el 35 pasaron a ser distritos de mayoría apenas superior al 50% para un solo grupo racial.Transformación de distritos hacia la mayoría blanca: los distritos 27 y 32 fueron redibujados para convertirse en mayoritariamente blancos.Desmantelamiento del CD 29: su población electoral hispana cayó del 63,5% al 43,3%.Excepción del CD 33: a pesar de las exigencias del DOJ, este distrito permaneció en condición de coalición.La decisión final del juez: el retorno de los mapas electorales de 2021 a TexasEl tribunal concluyó que los demandantes tenían una alta probabilidad de demostrar una manipulación racial e inconstitucional del mapa electoral. En tanto, sostuvo que el Estado no demostró un interés que justificara el uso de la raza, especialmente porque la interpretación que usó para rediseñar los distritos se basaba en un "error legal". También afirmó que el retorno al mapa de 2021 era el remedio menos disruptivo y el más coherente. Por ese motivo, el juez Brown dispuso que las elecciones de 2026 "procedan bajo el mapa que la Legislatura de Texas promulgó en 2021". Según destacó The Texas Tribune, el fiscal general Ken Paxton anunció que pediría a la Corte Suprema revertir el fallo y habilitar el nuevo trazado, aunque reconoció que el tiempo apremia: los candidatos solo tienen hasta el 8 de diciembre para inscribirse.
El senador nacional aseguró que "hay que cuidar" al presidente. "El peronismo no tiene autocrítica", recalcó. Leer más
En el auto se indica que se le prohíbe "la salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte" y se le impone "la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes"
El tribunal sostiene que la existencia de una nueva convivencia marital es causa suficiente para la extinción automática del derecho a percibir pensión compensatoria del exmarido
Un tribunal federal desestimó la denuncia de la FTC y determinó que la compañía de Mark Zuckerberg no ejerce un dominio ilegal en el mercado digital, lo que frena el intento del gobierno de forzar la separación de Instagram y WhatsApp. Leer más
Fue por la filmación de un documental durante el juicio por Maradona
El abogado de una de las imputadas por la muerte del exfutbolista presentó la solicitud en contra de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. Según plantea la demanda, los magistrados también sabían de la grabación del documental y "no denunciaron las irregularidades". Leer más
El jurado de enjuiciamiento dio a conocer su decisión contra la magistrada, acusada por su participación en el polémico documental que terminó con la nulidad del juicio por la muerte del exfutbolista. Makintach prefirió no estar presente en la lectura del veredicto. Leer más
El especialista Federico Pérez Vecchio analizó la destitución de la magistrada y el impacto que tendrá en el expediente por la muerte de Diego Maradona. "Hay tantas causas alrededor suyo que ya existe un 'fuero maradoniano'", afirmó. Leer más
El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer si toma la decisión de destituir a la magistrada que fue acusada de participar del documental "Justicia Divina", sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, realizado mientras se realizaba el proceso judicial. Leer más
Este martes se conoció la confirmación de la destitución de Julieta Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro por su participación en la producción del documental Justicia Divina, que revelaba detalles sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A la salida, "Dieguito" Fernando â??hijo del futbolista y Verónica Ojedaâ?? habló por primera vez y pidió Justicia."Solamente quiero que... Dieguito quiere decir unas palabras", adelantó Ojeda a los medios que los esperaban a la salida del tribunal. "Justicia por papá", dijo entonces el niño de 12 años. "Justicia por el padre. Listo, ya está", cerró ella, y pidió permiso para que los dejaran retirarse."Justicia por papá": Diego Fernando Maradona, tras la destitución a la jueza MakintachPor otro lado, Mario Baudry, abogado de Ojeda, también habló tras el veredicto. "Me parece lo correcto... Es lo que había que hacer. El tribunal actuó correctamente, fue por unanimidad, no hubo ninguna disidencia. La única que cree que hizo todo bien fue Makintach. Ahora la Justicia penal tiene manos libres y puede seguir investigando", afirmó."Creo que cometió muchos delitos: incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, delitos que un juez no debería cometer. Esta mujer no tiene conciencia, todos vimos que hace las cosas mal. Hoy no vino porque no se anima al escarnio popular de lo que hizo, pero la política y la Justicia se pusieron los pantalones largos e hicieron lo que tenían que hacer", consideró.Y marcó: "¿Podría ir presa? Dependerá de los fiscales que van a detenerla. Hoy tendríamos que estar hablando de los homicidas de Diego y su pena y estamos hablando de una de las juezas". La destitución de MakintachEl juzgado resolvió por unanimidad el veredicto a partir de la participación de Makintach en el debate por un juicio que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte. Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada "para ocupar en adelante otro cargo judicial". Además, se le impusieron las costas del proceso.El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.
Julieta Makintach fue destituida como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. Así lo resolvió, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento que evaluó su conducta a partir de su participación en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.En primera fila escucharon la sentencia la exmujer de Maradona, Verónica Ojeda, que estaba flanqueada por su esposo, el abogado Mario Baudry (uno de los denunciantes de Makintach) y el hijo menor del astro, Diego FernandoMakintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo de Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.La audiencia, donde se conoció el veredicto, comenzó con la palabra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaere, Hilda Kogan, quien tuvo como función presidir el jurado de enjuiciamiento.Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada "para ocupar en adelante otro cargo judicial". Además, se le impusieron las costas del proceso.El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.
Hoy, a partir de las 10, se conocerá el veredicto. La audiencia se transmitirá por el canal de Youtube de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez."La palabra 'escándalo' ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza", dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro.El letrado, en su alegato donde también pidió la destitución, sugirió que la magistrada "lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera".El escándalo judicial ocurrió a partir de la participación estelar de Makintach, de 48 años, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte."La evidencia está clara desde el minuto uno", afirmó la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.La fiscal Duarte fue contundente. "Lamentablemente, fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. [Makinatch] Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial", sostuvo.El jurado de enjuiciamiento a la magistrada Julieta Makintach es presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.La magistrada hizo uso del derecho que tiene el acusado de dar unas últimas palabras ante de que el jurado se retirara a deliberar."Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo. Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedette a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje", se lamentó.La defensa de la magistrada, liderada por los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, también alegó ante el jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense."La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara [con la que se filmó parte del malogrado juicio]- Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios", manifestó la defensa de Makintach.Dario Saldano, abogado de MakintachEn el jury, a Makintach se le atribuyeron, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.Hoy, a las 10 horas, cuando se haga público el veredicto del jurado de enjuiciamiento, se conocerá si Julieta Makintach, la magistrada -quien protagonizó un escándalo que impactó de lleno en la imagen de la Justicia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona- es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
El jurado de enjuiciamiento dará a conocer el veredicto a partir de las 10 en el Senado bonaerense de La Plata.Los cuatro escenarios que enfrenta la jueza.
Llegó el día. Hoy, a las 10, cuando se haga público el veredicto del jurado de enjuiciamiento, se conocerá si la Julieta Makintach, la magistrada que protagonizó un escándalo que impactó de lleno en la imagen de la Justicia, es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro."La evidencia está clara desde el minuto uno", afirmó la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.La fiscal Duarte fue contundente. "Lamentablemente, fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. [Makinatch] Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial", sostuvo.Se refería a la participación estelar de Makintach, de 48 años, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.En el jury, a Makintach se le atribuyeron, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.Duarte destacó que durante el juicio por la muerte de Maradona se tomaron imágenes sin ningún tipo de autorización "para cumplir con un proyecto vendible"."Todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", resaltó la representante de la acusación pública."Todo el planeta""La palabra 'escándalo' ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza", dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro.El letrado, en su alegato donde también pidió la destitución, sugirió que la magistrada "lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera".Sagués afirmó: "Logró hacer conocer al Poder Judicial en la peor de sus facetas: intervino en un proyecto comercial que se dedica a ganar dinero. Antepuso sus intereses por sobre los de los acusados y las víctimas".Y agregó: "Al daño al Poder Judicial de la Argentina se agrega al daño a las potenciales víctimas e investigados. Ha sido pisoteado el valor de justicia de la Constitución: ha lesionado gravemente la imagen y el prestigio del Poder Judicial".Para finalizar, sostuvo: "Es necesario que este Jurado de Enjuiciamiento destituya e inhabilite a la jueza", La destitución de Makintach también fue solicitada por el abogado Rodolfo Baqué, quien junto con su colega Gastón Marano, representa a Julio César Coria, un expenitenciario que trabajó como custodio de Maradona y el malogrado juicio había sido detenido por falso testimonio.Baqué, que el debate declarado nulo defendía al enfermero Ricardo Almirón, había sido apartado del debate. Ahora fue quien tuvo la última palabra de los acusadores en el jury contra Makintach.La defensa de la magistrada, liderada por los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, también alegó ante el urado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense."La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara [con la que se filmó parte del malogrado juicio]- Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios", manifestó la defensa de Makintach."Del relato de la acusación solo hay una enunciación de hechos no relacionados con delitos que se imputaron", se agregó .Negó así que la magistrada haya incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público ni ningún otros de los delitos que se le imputaron. "No han probado absolutamente nada, fueron solo inferencias", destacó la defensa.Para intentar deslindar responsabilidades, la defensa aseguró que en los despachos de tribunales "se filman, se dan clases de coaching".La magistrada hizo uso del derecho que tiene el acusado de dar unas últimas palabras ante de que el jurado se retirara a deliberar. "Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo. Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedete a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje", se lamentó."Cuando estalló esta bomba traté de defenderme sin cambiar una palabra. Pido perdón, sin dudas. Quería llegar a este debate con una decisión justa. Ya no quiero pertenecer al sistema de Justicia", enfatizó entre lágrimas."La filmación no era oculta. Mis colegas la conocían. Fue un largo derrotero de difamación mediática. Me equivoqué. Pero no cometí ningún delito, ninguna irregularidad".Hoy, a partir de las 10, se conocerá el veredicto. La audiencia se transmitirá por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Los organismos de Derechos Humanos repudian las expresiones negacionistas del gobierno ante la ONU
La abogada de César Sena, Gabriela Tomljenovic, cuestionó la imparcialidad del jurado popular, denunció que el proceso estuvo "contaminado por la exposición mediática" y advirtió que el caso será llevado a casación. Leer más
La magistrada incorpora al sumario las grabaciones del Cecopi y amplía la ronda de testigos del entorno de Presidencia
La resolución del jurado popular, después de más de un día y medio de deliberación, señaló a César â??expareja de la víctimaâ?? como autor del homicidio agravado. A su vez, Emerenciano y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios, con pena de prisión perpetua para los tres. Leer más
Javier Fernández Cronenbold es un hombre paciente. A sus 50 años, es sereno en sus gestos, no levanta el tono de voz, pero lo que tiene de calmo lo tiene de tozudo, persistente. Solo así se entiende que haya podido esperar 18 años una sentencia en el caso donde reclama una indemnización porque su hija, hoy de 23 años, fue víctima de una mala praxis médica al nacer, que le provocó una parálisis cerebral.Milagros está hoy en una silla de ruedas con sostén del tórax, se alimenta mediante un botón gástrico, no habla ni controla sus esfínteres, emite gemidos o sonidos guturales, realiza movimientos cefálicos sin propósito, no tiene control motor voluntario o respuesta a órdenes verbales y usa pañales. En su casa, una grúa que cuelga del techo ayuda a colocarla y sacarla de su silla. Entiende, da a entender sus deseos, da y recibe el amor de su padre, su mamá Cata y sus tres hermanos de 16, 20 y 22 años. Mili es la mayor.En 2007, sus padres demandaron al médico que la atendió, a la partera, a Swiss Medical Group SA y a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina SA, además de a las aseguradoras de todos ellos, por los daños sufridos como consecuencia de la atención brindada por los médicos durante el parto. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió aumentar la indemnización que había reducido un fallo de la Cámara Civil. Pasaron 18 añosâ??¿Qué pensás de los tiempos de todo este proceso?â??Es una locura. Cuando empecé esto, averigüé, buscábamos sentencias parecidas, que son juicios en otros países, que duran dos años o tres años. Pero nuestro sistema es así, porque acá no hay siquiera un caso de corrupción judicial en el medio, es así. Es la inoperancia del sistema judicial. No es ni siquiera culpa de los jueces. No tienen nada que ver, es que todo se puede apelar, siempre hay una chance de apelación de la apelación del recurso, la prueba de la prueba de la prueba y nunca se llega a un final. Es que es así.â??¿Si hubieras sabido que esto era así, habrías hecho lo mismo? -Digo, si hay otra persona que tiene una situación así, le diría que haga lo mismo, pero le contaría todo lo que hay en el medio y todo lo que tiene que pasar, que aún no terminó.Fernández Cronenbold cuenta a LA NACION: "Mili nació el 23 de enero del 2002, fue todo un embarazo totalmente normal, todo fantástico, todas las ecografías fantásticas. El día del parto tuvimos un monitoreo fetal a la 1 de la tarde. Ahora con el diario del lunes te digo que ya denotaba un sufrimiento fetal porque tenía una doble circular de cordón"."A las 7 de la tarde de ese día, Milagros nació por parto normal, pero le tendrían que haber hecho una cesárea de urgencia a las 3 de la tarde con su cuadro. O a las 5 de la tarde cuando llegó al médico. Con ese se acababa todo. Ahí con ese estudio, ya sabían por las pulsaciones del monitoreo fetal sobre la doble circular del cordón umbilical", explica el ingeniero.Milagros sobrevivió en esas condiciones a dos paros cardíacos luego del nacimiento. Uno en la propia sala de partos, de donde se la llevan y la reviven; y el otro esa misma tarde en neonatología, donde estuvo 23 días con respirador. La doble circular del cordón hizo que se estrujara y que no le llegara la sangre ni el oxígeno.â??¿Cómo fue la evolución posterior?â??Volvimos a ver al médico después y nos dice que estaba todo perfecto. Pero cuando contestan la demanda, cinco años después, ahí nos dicen que había una patología de la placenta. La inventan, por eso la sentencia de Cámara dice que hay dudas sobre el nexo causal de la parálisis, pero es un invento. La enfermedad la inventan en la contestación de demanda.â??¿Cómo se decidieron a demandar?â??Comenzó ahí una vida bastante compleja para nosotros ese año. Lo charlaba con amigos y me cayó la ficha de que algo tenía que averiguar. Al día siguiente llamo a un pariente que me deriva con su abogado, Héctor Iribarne, que es quien lleva nuestro caso. Esto fue cuando Mili todavía no había cumplido un año, en diciembre del 2002.â??¿Por qué tardaron 5 años en plantear la demanda?â??Teníamos una copia del monitoreo que no estaba en la historia clínica, sino que nos lo había dado el médico y buscábamos una copia de la historia clínica hasta que la conseguimos. Nuestro abogado, con el perito neurológico Ignacio Casas Parra, estudiaron el caso y nos dijeron: "Acá hay una mala praxis del tamaño de un elefante". Y empezó el trabajo de armar el reclamo, bastante complejo porque hay infinidad de rubros a reclamar de cosas que no pasaban aún con Mili, pero que iban a pasar con los años y aún no se conocían.â??¿Y qué pasó?-Tras un trabajo de investigación, la Justicia mandó allanar los cinco lugares donde podía estar la historia clínica original, la encontramos y ahí avanza la demanda en diciembre de 2007, con Mili de casi 5 años.â??¿Por qué diez años para recibir una respuesta del juez de primera instancia? ¿Negligencia o es así?â??Es un derrotero largo. Me lo habían advertido antes que esto iba a durar años. Esto dura años, años, años y años y encima todos los que están del otro lado juegan con eso, porque la dilución de los montos por el tema de los intereses es enorme. En cualquier sentencia civil de juicios muy viejos, cuando la indemnización se multiplica por tasa activa, se destroza, en comparación con el ajuste por inflación. Entonces, ellos también juegan con eso. De hecho, tuve algún acercamiento a través de un conocido en común y ellos sostenían que no iba a prosperar un juicio tan grande. Al final hubo dos o tres ofertas de arreglos irrisorios. Ahí está el poder medianamente aguantar el juicio, porque tengo otra fuente de ingreso, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y eso es lo que te da un poco de bronca.Fernández Cronenbold es ingeniero y tiene una PYME que se dedica a fabricar equipamiento médico.-No todo el mundo puede...â??Hay muchísima gente que está en la misma y no lo puede hacer porque le ofrecen dos pesos y tiene que agarrarlo porque no tienen otro remedio, ya que el costo de la discapacidad es altísimo. Todo es más caro, desde el vehículo que necesitás, la comida, los alimentos, las sillas. Algunas cosas tienen cobertura de la obra social, pero hay otras muchas que no y no entran en ninguna ecuación, como hacer un pasillo más grande o una habitación abajo, porque Mili no puede dormir arriba. Un montón de cosas.â??¿Y qué pasó ahí en el trámite del proceso? ¿Por qué demoró tanto?â??Hubo idas y vueltas, prueba, contraprueba, declaración, mediaciones, peritaje, otros del cuerpo médico forense, que esto, que lo otro. Traté de no meter a mi mujer en esto hasta que finalmente llegó diez años más tarde un fallo de primera instancia a favor. El fallo era bueno en un montón de cosas, le daban la culpabilidad absoluta.â??¿Te parece normal diez años?-Cuando sale el fallo, yo me pongo contento, qué sé yo, a todo esto Mili ya tenía 15 y cumplía 16. En ese momento me dijeron: "Falta un montón, no te alegres". Ahí entró el asunto en la Cámara Civil Sala K, que dicta una sentencia tres años después, con enormes injusticias. Le saca parte de la culpabilidad al médico y la partera y anula todo el lucro cesante de mi mujer, que no trabajó más desde que nació Mili. Solo para darle de comer estaba 6 o 7 horas por día.â??¿Qué pasó luego?â??El fallo de Cámara nos destrozó. Primero en términos económicos y nos dio mucha bronca. Tuvimos una charla con los abogados. Una abogada nos aconsejó no ir a la Corte porque nunca toman casos civiles. Pero bueno, fui a ver al estudio especializado en el recurso extraordinario, de Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar. Me pidieron estudiarlo un fin de semana. El lunes me dijeron: "Mira, son contados los casos en que la Corte toma un caso civil. Pero este tiene posibilidades porque en este la sentencia de Cámara es arbitraria y hay antecedentes similares". Así empezamos con el tema en la Corte cuatro años, hasta el fallo que revoca el fallo de la Cámara que redujo la indemnización y manda a dictar una nueva sentencia mayor.-Y pasaron 18 años y encima aún esto no terminó... ¿Tenés alguna expectativa porque se fijará un monto que puede ser otra vez recurrido?â??Entiendo que ahora deberíamos tener una nueva sentencia de Cámara en menor tiempo. Hay que ver si la Sala que tendrá que dictar la nueva sentencia lo hace pronto.â??¿Tenés alguna estimación de cuánto puede ser la indemnización? -No, porque es un lío calcular los intereses, tengo una idea, no me va a salvar ni mucho menos. Lo único que me va a dar es cierta tranquilidad para mi hija, sobre todo para cuando yo no esté. -¿Cómo pudieron mantener la entereza todo este tiempo con su esposa?â??Hay dos cosas. Una es que en todo lo que pude la mantuve afuera y otra cosa es que a terco no me van a ganar. Soy cabeza dura. Te vienen muchas trompadas encima que te las tenés que bancar. Hay situaciones que te dan ganas de mandar todo a la miércoles.-Y mientras la situación con tu hija en tu casa...â??No hay dos chicos con parálisis que sean iguales, algunos pueden brindar cariño como Mili, otros no. Otros caminan y hay otros que corren maratones. Mili hace algunas terapias, está en un colegio especial, hace terapia ocupacional para mantener la movilidad de los dedos.
El magistrado desestima indicios de malversación tras escuchar la declaración de Judit González, responsable administrativa de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez
La rama judicial rindió tributo a la magistrada que, durante los 90, ordenó las capturas de Pablo Escobar y los paramilitares Henry Pérez y Fidel Castro, enfrentando atentados y el asesinato de su padre
La magistrada Dolly Roxana Fernández habló sobre la relevancia del caso en Chaco y a nivel nacional."Es un juicio paradigmático, ha tenido una trascendencia muy notoria", admitió.
La Audiencia Provincial de Valencia concluye que no existió maltrato psicológico y que la ruptura familiar no justifica la desheredación
La decisión judicial permitió que Diana Santillana Galeano saliera del centro de detención en Indiana, tras una semana bajo custodia, en medio de protestas y cuestionamientos a los operativos migratorios en Chicago
La reciente decisión judicial ha generado preocupación entre los afectados por el sobrecoste de sus préstamos variables
La magistrada explicó que el ente acusador sustentó de manera suficiente la inferencia razonable de autoría del crimen por parte del investigado
El procesado fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado. Fue cobijado con medida de aseguramiento y la defensa presentó recurso de apelación
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná ordenó siete días de detención preliminar para Henry Apaclla Ñaupari, investigado por el accidente mortal en la Panamericana Sur. Durante la audiencia, el chofer pidió perdón y se comprometió a colaborar con la investigación
Se solicitó que los Nodal se presenten el próximo martes 18 de noviembre en la Ciudad de México
En pleno juicio, Ricardo Hernández rememoró la infame versión del golpista expresidente sobre la parábola del niño y el pollo. La próxima semana inician las autodefensas de los acusados
Tras obtener 1.130 votos, el actual presidente retoma el control del Consejo Directivo. La consolidación de su postura frente a propuestas de reformas judiciales impulsadas desde el ámbito político
La Audiencia de Barcelona rechaza extinguir la pensión alimenticia de 175 euros debido a que los problemas psicológicos de la joven dificultan la relación con su progenitora
La decisión contra el antiguo diputado de Sumar figura en un auto dictado este viernes
Aún no se habría efectuado, pue supuestamente el conductor cuenta con un amparo
Lo que parecía otra audiencia de lectura de la imputación se transformó con el reclamo de los magistrados del Tribunal N°7 para más recursos de cara a la presión por apurar los tiempos del proceso junto a la llegada de Julio De Vido tras su nuevo arresto
LA PLATA.- Ya la habían tratado de mentirosa y manipuladora. La habían acusado de "pisotear el valor de justicia de la Constitución" y de "arrasar con el prestigio del Poder Judicial". Le habían atribuido ser la responsable de un "escándalo mundial". Y, en consecuencia, habían exigido su destitución para ejercer como jueza de la provincia de Buenos Aires.Abrumada, y aunque su abogado afirmó, en su alegato, que ella no había infringido ninguna norma, Julieta Makintach pidió la palabra y habló ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados que tiene su futuro en sus manos. Lloró, aseguró que no cometió ningún delito durante su participación como integrante del tribunal del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, y expresó su convicción de que su suerte ya está echada.El martes de la semana que viene se conocerá el veredicto y, entonces, Makintach sabrá si sigue siendo jueza o no. "Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo... Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedete a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje", se lamentó."Cuando estalló esta bomba traté de defenderme sin cambiar una palabra. Pido perdón, sin dudas. Quería llegar a este debate con una decisión justa. Ya no quiero pertenecer al sistema de Justicia", enfatizó entre lágrimas."La filmación no era oculta. Mis colegas la conocían. Fue un largo derrotero de difamación mediática. Me equivoqué. Pero no cometí ningún delito, ninguna irregularidad", sostuvo. A primera hora, en la jornada de alegatos en el subsuelo del Senado bonaerense, en la capital provincial, Analía Duarte, fiscal general de Necochea y cabeza de la acusación en representación de la Procuración, había exigido al jurado la destitución de Makintach"La doctora ha perdido las condiciones para el ejercicio de la magistratura con la pretensión de grabación de la miniserie Justicia divina. Lamentablemente fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial", sostuvo Duarte.Le atribuyó a la magistrada â??hija del fallecido Juan Makintach, un histórico juez de San Isidroâ?? el incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales, entre otros cargos.La acusadora señaló: "La evidencia está clara desde el minuto uno". Duarte destacó que durante el juicio por la muerte de Diego Maradona se tomaron imágenes sin ningún tipo de autorización "para cumplir con un proyecto vendible". "Todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", destacó la representante de la Procuración.La acusadora mencionó que, de acuerdo con la prueba documental recolectada, las imágenes que se grabaron tenían que ser aptas para plataformas como Netflix, Paramount o Disney, mientras se buscaba financiación para el documental que tenía un costo aproximado de 800 mil dólares.Para la Procuración, Makintach "mintió todo el tiempo. Le mintió a Giannina Maradona cuando juró por sus propios hijos que no había documental. Tenemos probado que María Lía Vidal Aleman le propuso hacer un documental que ella [Makintach] dijo que iba a hacer bajo su supervisión y que la doctora conocía el tráiler". "Para el 6 de marzo ella ya sabía que venía una condena", deslizó Duarte, para señalar el grave perjuicio que el proyecto conllevó para la Justicia."¿Nos toma por tontos?" preguntó la acusadora de la Procuración al detallar las circunstancias que concluyeron con la anulación del juicio donde "estaba en juego la muerte de una persona". Recordó que Diego Maradona para la familia "era un padre, un abuelo"."Escándalo mundial""La palabra 'escándalo' ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza", dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro. Sugirió que la magistrada "lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera". "Logró hacer conocer al Poder Judicial en la peor de sus facetas: intervino en un proyecto comercial que se dedica a ganar dinero. Antepuso sus intereses por sobre los de los acusados y las víctimas", detalló Sagués. "Al daño al Poder Judicial de la Argentina se agrega al daño a las potenciales víctimas e investigados", enumeró. "Ha sido pisoteado el valor de justicia de la Constitución: ha lesionado gravemente la imagen y el prestigio del Poder Judicial"."Es necesario que este Jurado de Enjuiciamiento destituya e inhabilite a la jueza", enfatizó Sagués.La defensaLa defensa de la magistrada, que fue suspendida en sus funciones, también habló ante el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. "La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara. Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios", manifestó la defensa de Makintach. "Del relato de la acusación solo hay una enunciación de hechos no relacionados con delitos que se imputaron", agregó la defensa de la magistrada.Negó así que la magistrada haya incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público ni ningún otros de los delitos que se le imputaron. "No han probado absolutamente nada, fueron solo inferencias", destacó la defensa.Para intentar deslindar responsabilidades la defensa aseguró que en los despachos de tribunales "se filman, se dan clases de coaching".
El magistrado, conocido por sus decisiones en casos emblemáticos de corrupción, mostrará una nueva faceta fuera de los tribunales: subirá al escenario del congreso 'Vivo x el Derecho' para interpretar rock peruano
Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones "híbridas", esto es, semipresenciales.No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial â??no por Zoomâ??. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad. Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre. En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público. Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja. Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora. Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego "sin un fundamento novedoso", impulsado por el "reclamo de un sector de la opinión pública", aparecería como caprichoso. El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica."Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima", dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para "coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación" implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema â??a través de la Dirección de Relaciones Institucionalesâ?? una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.Pero indicaron que la sala tiene "dos problemas insolubles": aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.
Una decisión judicial en Illinois podría cambiar la vida de cientos de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de la campaña de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump. El juez federal Jeffrey Cummings ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisar la situación de los migrantes arrestados en Chicago y determinar si deben ser liberados bajo fianza, luego de que se denunciaron violaciones a un acuerdo judicial previo.La orden judicial que pone en jaque a la operación migratoria en ChicagoLa decisión del juez Cummings surgió tras un pedido de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois, quienes solicitaron al tribunal que hiciera cumplir el consent decree Castañon Nava, un acuerdo que obliga al DHS a documentar cada arresto sin orden judicial. Según los abogados, el gobierno violó ese acuerdo en repetidas ocasiones durante una operación masiva en Chicago, citó The Washington Post.El magistrado ordenó que el DHS evaluara la liberación de cientos de personas detenidas bajo esas circunstancias. De acuerdo con Mark Fleming, director asociado de litigios federales del NIJC, "615 detenidos podrían ser liberados bajo fianza o incluidos en programas alternativos a la detención tan pronto como el próximo viernes". El juez también dispuso la liberación inmediata y sin condiciones de 13 inmigrantes, tras comprobar que sus arrestos habían violado el decreto judicial.Fleming advirtió que el alcance de la decisión podría ser aún mayor: "Miles de personas podrían ser elegibles para salir bajo fianza o alternativas a la detención, dependiendo de si el Departamento de Seguridad Nacional incumplió el acuerdo".Qué es el decreto Castañon Nava y por qué fue clave en IllinoisEl consent decree Castañon Nava fue firmado en 2022 tras una demanda colectiva contra el DHS, y estableció reglas claras sobre los arrestos sin orden judicial en seis estados: Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Kentucky y Kansas. El acuerdo obliga al gobierno a presentar documentación específica que justifique cada detención y a garantizar transparencia en el proceso.En octubre, el juez Cummings ya había determinado que ICE violó ese acuerdo en al menos 22 ocasiones en enero de este año. Debido a esas infracciones, el magistrado extendió la vigencia del decreto hasta febrero de 2026, lo que aumentó así el control judicial sobre las operaciones migratorias del gobierno.Michelle García, directora legal adjunta de la ACLU de Illinois, explicó a The Washington Post que la solicitud reciente al tribunal se basó en el temor de que las autoridades "intentaran demorar el cumplimiento de la orden, lo que implicaría que las personas seguirían detenidas injustamente o, por desesperación, aceptarían su deportación cuando nunca debieron haber sido arrestadas"."Operación Midway Blitz": el centro del conflicto en IllinoisEl DHS lanzó en septiembre la llamada Operación Midway Blitz, una ofensiva enfocada en arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, a quienes describió como "los peores de los peores". Según datos de la agencia, que citó el Washington Post, hasta el momento se detuvieron alrededor de 3000 personas. Sin embargo, esa cifra se convirtió en el eje de múltiples controversias judiciales y denuncias de abusos.Las organizaciones demandantes sostienen que gran parte de las detenciones se realizaron sin las garantías exigidas por el decreto judicial. En respuesta a una orden anterior, el ICE presentó una lista de arrestos efectuados entre el 11 de junio y el 7 de octubre, que inicialmente incluía más de 1800 personas. Pero, según Fleming, solo 750 de ellas permanecían en Estados Unidos, y de ese grupo, 615 no estaban sujetas a detención obligatoria, lo que las hacía elegibles para su liberación.Desde el DHS, la respuesta fue tajante. Tricia McLaughlin, vocera de la agencia, calificó a Cummings como "un juez activista" y afirmó que su decisión "pone en riesgo directo la vida de los estadounidenses al ordenar que 615 extranjeros ilegales sean liberados en la comunidad", según el medio citado.
Durante la declaración del exgerente Mariano Moreno Pavón, el magistrado puso en duda la verificación de facturas y solicitó a la Audiencia Nacional investigar posibles irregularidades en las liquidaciones de gastos