juez

AFAgate: el juez Armella le derivó la causa a su colega González Charvay, como pretendían Tapia

Claudio "Chiqui" Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián Gonzalez Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la justicia de la Capital Federal.Es que hoy el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a González Charvay en Campana una parte de su expediente donde investigaba a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.Lo mismo hizo la semana pasada la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba una denuncia similar de fraude, realizada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se había declarado incompetente y enviado el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. "La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa", escribió.Estas dos causas de fraude por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer, se suman el expediente que ya está en Campana donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero. La quinta se trataría del bien adquirido con el dinero producto del fraude, que está ahora a nombre de supuestos testaferros, en la hipótesis fiscal. Este juzgado de Campana es donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, deberán resolver si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la justicia federal porteña o en la penal económico de la Capital Federal.Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Y por otro lado, los propios denunciados pidieron aplazarla porque hay un recurso extraordinario en trámite.Asimismo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga.Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. El imputado es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.Figura -con su madre,Ana Conte- como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama. Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades "fantasma" en el exterior.El centro del escándalo radica en un presunto "despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares".Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional. A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que "no tendría justificación alguna" y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación "objetiva y subjetiva" entre ambos hechos.Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades "fantasma" en Florida, Estados Unidos. Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte.Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.

"El juez me dijo que mis chances eran bajísimas": la revancha de un joven que nunca fue adoptado

Cuando piensa en los seis años que estuvo en hogares y familias de acogimiento, Néstor Carrizo siente agradecimiento. "La pasé bien, nunca me sentí maltratado", dice este joven de 22 años que entre los 14 y los 18 años vivió en esos contextos, siempre en La Rioja, su provincia natal.Una vez que egresó, trabajó de lo que pudo para poder mantenerse y pagar un alquiler. "El problema era que no había trabajo", recuerda. Por eso, a los 20 años vino a la ciudad de Buenos Aires en busca de mejores oportunidades. Consiguió trabajo de recepcionista, alquiló una habitación para vivir en Saavedra y ahora está por mudarse a un departamento. Además, está por empezar la carrera de Derecho en la UBA después de haber cursado y aprobado el CBC. Pero de todos sus logros, el proyecto que más lo entusiasma no ocurre en CABA sino en la provincia de donde vino. Desde hace unos meses, Néstor organiza actividades recreativas y de entretenimiento con 26 chicos que crecen en hogares de La Rioja. Así, por ejemplo, durante el verano organizó una salida a un camping, donde los chicos comieron asado y disfrutaron de inflables y otros juegos. Otro día, pasaron toda una tarde en una pileta, donde además festejaron el carnaval con espuma y un show de títeres. En una de sus últimas visitas, les llevó útiles escolares y mochilas. "Mientras estuve dentro del sistema de cuidados, nunca me faltó nada para estudiar. Pero me tenía que conformar con la mochila que me daban. Esta vez quise que cada uno de los chicos eligiera la mochila que quería y se la llevé", cuenta orgulloso. Y enseguida aclara que todos los gastos se pagan con dinero de su bolsillo. Néstor llamó a este proyecto Travesía Compartida. "Sé que estas actividades significan mucho para los chicos, pero también para mí. Volver con esta propuesta es reparador", se sincera. La iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección General de Gestión y Promoción de la Familia de La Rioja. Esto permite que Néstor pueda articular con los responsables de los hogares y organizar las actividades. "Los chicos participan siempre acompañados por referentes de cada institución", explica.Cuando habla en su cuenta de Instagram sobre Travesía Compartida y el motivo que lo llevó a encarar este proyecto lo resume así: "A diferencia de quienes crecen con sus familias, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados tienen menos oportunidades de construir recuerdos positivos fuera del ámbito del hogar", puede leerse en uno de sus posteos. Néstor está convencido de que las salidas fortalecen la salud emocional de los chicos. "Busco que además de lo recreativo, esté lo afectivo. Cada vez que voy, conecto con los chicos. Ellos me esperan, me abrazan, se genera algo muy fuerte", dice. Durante o después de cada actividad, el agradecimiento que recibe de los chicos es inmenso. "Me agradecen por no haberme olvidado de los que están ahora en el mismo lugar que estuve yo", dice con emoción. En nuestro país hay alrededor de 9 mil chicos que viven en 605 hogares, según el censo más reciente. El 18,1% tiene de 0 a 5 años; el 35,2% entre 6 y 12 años; el 35% de 13 a 17 años, y el 11,7% 18 años o más. Es frecuente que haya grupos de hermanos y también chicos con alguna discapacidad.A medida que crecen, bajan sus chances de ser adoptados. En todo el país, hay 1874 mujeres, hombres y parejas anotadas para adoptar: el 85% están dispuestos a recibir a niños de hasta 3 años, pero menos del 5% adoptaría a chicos de 11 años o más."El deseo de tener una familia sigue estando"Néstor ingresó por primera vez al sistema de cuidados cuando tenía 12 años. Pese a cargar con una infancia atravesada por la violencia y el abuso por parte de su familia de origen, cuenta que la Dirección de Niñez insistía con que debía vivir con su mamá y sus hermanos, las personas que lo maltrataban. Debieron pasar dos años más hasta que la Justicia dictara una medida de protección excepcional y Néstor se alejara de ellos definitivamente. "Viví con dos familias de acogimiento y después en un hogar hasta que cumplí los 18", dice. Como no pudo cumplir el sueño de tener una familia que lo adoptara, hoy es parte de Guía Egreso, un colectivo integrado por jóvenes que, como él, egresaron de hogares y otros dispositivos de cuidado. Néstor reconoce que le encantaría tener una mamá, un papá o una hermana o hermano con quien compartir todo lo que está haciendo. "El deseo de tener una familia sigue estando, pero con el paso del tiempo se va apagando", se sincera.La muerte de su papá, cuando él tenía 6 años, quebró para siempre el vínculo entre él y sus cinco hermanos mayores que, en ese momento, tenían entre 8 y 16 años. "Nos vinculábamos a través de la violencia, que a veces escalaba y mucho. Tenía que intervenir la policía para frenarla", recuerda. Para escapar de ese entorno, pasaba el mayor tiempo posible fuera de su casa. "Hasta los 12 me crió mi madrina, que es una señora grande. No sé qué hacía mi mamá, pero nunca estaba en casa", dice. Cuando su madrina no pudo cuidarlo más, Néstor durmió en hospitales y hasta llegó a deambular toda la noche por la calle. Todo por no volver a su casa. "Cuando iba a la escuela, aprovechaba para dormir. También me daban de comer", explica. Hubo episodios en los que la propia escuela o el hospital denunciaban la situación ante la Justicia. Pero la Dirección de Niñez siempre resolvía que Néstor tenía que volver a su casa, aun en contra de su voluntad y de la de su progenitora. "Mi mamá ha llegado a decir que no quería tenerme con ella, que no le insistieran, pero no había caso, siempre me hacían volver", recuerda.Con cada regreso, la violencia de sus hermanos, que se sentían expuestos ante la Justicia con toda esa situación, no hacía más que recrudecer. Entre los 12 y los 13, Néstor alternó entre hogares convivenciales y su propia casa, hasta que a los 14 la situación se hizo insostenible. "Me acuerdo de que hacía mucho frío y estaba anémico. Estuve tres días durmiendo en el hospital sin que nadie de mi familia se acercara a ver cómo estaba. Ahí la Justicia dictó la medida de protección excepcional", relata. "Primero estuve con una familia de acogimiento y lo pasé genial -continúa-. Éramos dos chicos nomás y Doña Ángela nos daba todo lo que queríamos. Por primera vez en mi vida tenía mi cajoncito con mis cosas, mi ropa, mis pares de medias", recuerda. La experiencia se truncó cuando la familia renunció porque el Estado no le pagaba. De ahí pasó a otra familia con quienes el cuidado era menos personalizado: eran 14 adolescentes más las tres hijas de la familia. "Con ellos pasé la pandemia. A veces los vecinos se quejaban porque poníamos la música fuerte", dice como quien recuerda una travesura. "El juez me dijo que mis chances eran bajísimas"En ese tiempo, la Justicia resolvió su adoptabilidad. "Yo ya tenía 17 años y el juez me explicó que mis chances de ser adoptado eran bajísimas", dice con resignación. Los últimos meses antes de cumplir los 18 los pasó en un hogar. Ahí se vinculó con la asociación civil Doncel. "Me dieron muchas herramientas para enfrentar la vida una vez que egresé del hogar", dice. También se vinculó con Guía Egreso, un colectivo nacional de egresados o que están por egresar del sistema de cuidados alternativos, y se unió a ellos. Todavía es parte de la organización. Gracias a ellos, por ejemplo, supo que, al egresar, tenía el derecho de cobrar un subsidio equivalente al 80% del salario vital y móvil como parte del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) al que acceden quienes, como él, egresan de un hogar sin haber sido adoptados. "El problema es que con ese subsidio no me alcanzaba para alquilar y mantenerme. Trabajé haciendo changas de lo que pude, pero no había trabajo", dice. "En La Rioja están mis amigos pero me falta trabajo. Me gustaría volver a mi provincia, pero acá en Buenos Aires tengo más oportunidades", continúa. Gracias a una nota periodística logró que algunas personas lo ayudaran para establecerse en la Ciudad. Además, este año arranca la carrera de Derecho. "No me imagino ejerciendo. Pero me siento un defensor de los derechos de los niños y quiero contar con más información para defenderlos", dice. En lo inmediato, le gustaría replicar la iniciativa en CABA. "Es más difícil lograrlo siendo yo solo, porque acá son 58 hogares y más de 300 chicos", reconoce. Pero sueña con que Travesía Compartida sume voluntades y también contagie a otros. "Si no podés adoptar, quizás podés apadrinar a un chico o acercarte a algún hogar con alguna propuesta o actividad para todos", dice. Con cada iniciativa, Néstor espera dejarle este mismo mensaje a los mismos chicos que hoy están institucionalizados. "Ellos me agradecen por no olvidarlos. Ojalá que cuando se vayan, ellos tampoco olviden", concluye. Más información:Si querés conocer más o colaborar con Travesía Compartida podés escribir a nestorcarrizo275@gmail.com Para conocer más sobre las actividades de Guía Egreso podés ingresar en su sitio web o en su cuenta de InstagramSi querés postularte como familia de un niño, niña o adolescente sin cuidados parentales, podés navegar esta guía de Fundación LA NACION con todo lo que deberías saber antes de tomar la decisión de adoptar

En medio de la interna de la Corte, el proyecto para modificar la selección de candidatos a jueces ingresó al Consejo de la Magistratura

Impulsado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el plan para "reducir la discrecionalidad" en los concursos debe ser aprobado en el organismo que preside el jefe de la Corte, Horacio Rosatti.

La jueza manda a prisión a la condenada a prisión permanente por matar a su bebé arrojándola a un contenedor

Bernabé acusa a Feijóo y a Llorca de "seguir escudando a Mazón" para que no diga toda la verdad a la jueza de la dana

Jueces progresistas critican la falta de transparencia del CGPJ ante su subida salarial

La mayoría de los jueces federales de Estados Unidos utiliza inteligencia artificial en su labor

Una encuesta realizada por la Universidad Northwestern reveló que los magistrados recurren la IA, aunque la mitad no ha recibido capacitación institucional mientras persiste la ausencia de políticas uniformes respecto a la aplicación de estas tecnologías en los tribunales

Bolaños tacha de "despropósito" el 'caso Begoña' después de que Manos Limpias pida al juez no llevarla ante un jurado

Entidades empresarias respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para reformar el mecanismo de selección de jueces

Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones."Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico", aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal "representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados".Desde AmCham Argentina valoramos la iniciativa de la @CorteSupremaAR al impulsar, a través de una Acordada, un Proyecto de Reglamento para mejorar el proceso de selección de aspirantes a jueces. Un paso clave para fortalecer la institucionalidad. ð???— AmCham Argentina (@AmChamArgentina) April 1, 2026"Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho", continuaron.No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un "riesgo potencial" para el equilibrio institucional que "debe regir en una democracia" y socavaba las posibilidades de atraer inversiones."La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina", advirtieron.El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas."La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias", había explicado Rosenkrantz: "Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados".La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). "Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente", expresaron.La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). "Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país", afirmó la entidad.

Apoyo empresario al proyecto de nuevo reglamento de concursos de jueces que impulsa la Corte

La Cámara de Comercio Argentino-Americana (AMCHAM) y la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa (ACDE) coincidieron en manifestar su respaldo al "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados" lanzado el lunes.

El hijo de Rosatti quedó primero para ser juez gracias a un último paso de los concursos que ahora la Corte quiere revisar

El presidente Javier Milei propuso para juez federal de Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Lo eligió el mismo día que la Corte presentaba una iniciativa para disminuir la "discrecionalidad" en el proceso de selección de los candidatos a jueces.Se trata de un proyecto que firmaron los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone cambios en distintas instancias de los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, organismo que evalúa a los postulantes y envía las ternas al Presidente. Entre los principales cambios que propone incluye reglar el valor que se les asigna a las "entrevistas personales" de los postulantes a jueces, paso final del proceso de selección. Fue justamente gracias a la evaluación que habían hecho los consejeros de la entrevista personal de Emilio Rosatti que él pudo entrar en la terna que recibió Milei. Tan buena fue esa entrevista, según la evaluación de los consejeros, que Rosatti fue elevado al primer lugar.La historia del concursoEmilio Rosatti fue uno de los 88 inscriptos para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba escrita se tomó el 6 de abril de 2022, en Rosario, y se presentaron 23 candidatos. A Rosatti le fue muy bien en ese examen: obtuvo 88 puntos y solo fue superado por un postulante de 99 (Gonzalo Fernández). El examen escrito es anónimo. Quienes los corrigen no conocen la identidad de cada postulante.Pero a Emilio Rosatti no le fue tan bien en la evaluación de los antecedentes profesionales. Quedó noveno, con 62,6 puntos.El orden de mérito (que contempla el puntaje del examen escrito más el de los antecedentes) quedó entonces así: Gonzalo Fernández (172,75), Walter Alberto Rodríguez (155,70), Patricio Octavio Longo (153,95) y Emilio Rosatti (150,45). Pero la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizó las impugnaciones a las calificaciones: le bajó dos puntos en antecedentes a Fernández, el primero, y le subió cuatro a Rosatti, que quedó así en el puesto tres, desplazando a Longo.Ese puesto no le garantizaba a Rosatti, no obstante, entrar en la terna vinculante que el Consejo envía al Poder Ejecutivo porque el Reglamento de Concursos del Consejo establece, en su artículo 44, que "deberá incorporarse al menos una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria".Rosatti se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales. Pasó del tercer al primer lugar.Después de entrevistar -el 21 de marzo de 2024- a los postulantes, los consejeros dijeron que todos demostraron "idoneidad y motivación suficientes", "respondieron a las distintas preguntas que se les formularon" y probaron "un manejo fluido de los temas cuya exposición les fue requerida". Pero agregaron: "No obstante ello, se advierte que existen circunstancias objetivas, que aconsejan efectuar modificaciones en el orden de mérito definitivo. En tal sentido, es dable poner de resalto la entrevista brindada por el postulante Emilio Rosatti". El video de las entrevistas, que son públicas, está disponible en Youtube.Según los consejeros, "demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional desempeñada en el tribunal concursado" [Rosatti es secretario del tribunal para el que concursa]. También "respondió de forma detallada y solvente a cada una de las consultas", contestó "ampliamente respecto de los tiempos del proceso" y, "en cuanto a los detenidos a disposición del tribunal, demostró un vasto conocimiento acerca de la problemática al respecto", entre otros méritos que le adjudicaron los consejeros. Tras las entrevistas, solo modificaron el puesto de él y de una candidata que pasó al décimo lugar del orden de mérito definitivo, sin chance alguna.La terna definitiva fue aprobada por el plenario del Consejo el 29 de mayo de 2024 por "unanimidad sobre un quorum de 19 consejeros". El único que no estuvo presente fue Horacio Rosatti, presidente del Consejo, que no participó de la votación.Quienes aprobaron la terna (sin oposición ni disidencias) fueron los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Diaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; los abogados Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Gabriela Vázquez; los legisladores Álvaro Gonzalez, Luis Juez, Mariano Recalde, Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, María Inés Pilatti, Eduardo Vischi y Roxana Reyes; los representantes de las Universidades Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, y Sebastián Amerio, que era el representante del Poder Ejecutivo. De esa terna, Milei eligió el lunes a Emilio Rosatti como parte de la primera tanda de jueces que envió al Senado para que les de su acuerdo. El acto en la CorteUnas horas después, los tres jueces de la Corte encabezaban el acto para presentar el proyecto de reforma del régimen de los concursos. Rosenkrantz y Lorenzetti, los autores, se refirieron especialmente a las entrevistas personales. Explicaron que habían recibido muchas quejas de candidatos -"de aspirantes serios", dijo Rosenkrantz- porque después de tomado el examen escrito y evaluados los antecedentes, se hacen las entrevistas personales que habilitan a los consejeros a cambiar el orden de mérito. "Es muy difícil explicar los cambios que a veces se observan en las listas de concursantes sólo basados en una entrevista", dijo Lorenzetti. "Hay que acotar el margen de discrecionalidad porque tenemos que tener parámetros objetivos", afirmó. Rosenkrantz añadió sobre las entrevistas: "Hemos diseñado un sistema máximo de puntaje a asignar a las entrevistas personales -una de las fuentes de queja de los aspirantes serios- y lo hicimos de un modo que impida la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos. La entrevista personal debe servir para valorar la idoneidad personal del candidato en todo aquello que no pueda ser medido por las instancias previas, pero no puede ser una instancia para reescribir el orden de mérito que las etapas previas construyeron con criterios objetivos y transparencia".Estos discursos fueron el lunes por la tarde, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en una sala llena, como parte de un acto del que también participó Horacio Rosatti, aunque no había firmado el proyecto (la explicación fue que como preside también el Consejo, no correspondía que lo hiciera).

Crecen los apoyos a la reforma del sistema de selección de jueces impulsado por la Corte Suprema

El Colegio Público de la Abogacía porteño y ACDE respaldaron el proyecto que busca introducir criterios objetivos, reducir la discrecionalidad y transparentar los concursos en el Consejo de la Magistratura

Juez revoca medidas y ordena prisión preventiva para exgerente de Koriun Inversiones en Honduras

La resolución firmada por el juez Francisco Josué Álvarez Ruiz responde a una solicitud del Ministerio Público y reafirma que persisten las condiciones jurídicas para mantener bajo custodia al principal acusado del caso

Concurso para ser juez: el hijo de Rosatti no había sacado la nota más alta, pero luego de una entrevista terminó primero en la terna

Emilio Rosatti había figurado 9°, 4° y 3° en "antecedentes", "mérito provisorio" e "impugnaciones", pero luego de la "entrevista personal" apareció arriba.La Corte acaba de presentar una modificación en la elección de jueces para limitar el alcance de esas entrevistas y acotar la "discrecionalidad".

Fuerte apoyo empresario al proyecto de la Corte Suprema para transparentar la selección de jueces

Distintas entidades remarcaron la importancia de tener reglas abiertas y mecanismos equitativos en la cobertura de cargos judiciales

La jueza federal Margaret Garnett aplaza el juicio de Luigi Mangione a octubre

El cambio de cronograma acerca la fecha del proceso federal al inicio del juicio estatal que involucra al mismo acusado, decisión que responde a la posibilidad de influencias externas sobre la objetividad de los posibles jurados

Para el juez que dictó la cautelar contra la reforma laboral "hay principios del derecho de trabajo que se están vulnerando"

Se trata del magistrado Raúl Horacio Ojeda, quien dictó la medida contra 82 artículos de la ley impulsada por el Gobierno. La suspensión provisoria surgió a raíz de la denuncia presentada por la CGT.

El juez autoriza indagar en las cuentas de Montoro y su equipo al ver pagos "incoherentes"

Fiscalía y defensas piden a Peinado que archive el 'caso Begoña Gómez' y Vox denuncia "ataques furibundos" al juez

La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir al juez Peinado el archivo de la causa

Las defensas se alinean con el Ministerio Público y reiteran que no existen indicios suficientes, frente a unas acusaciones que reclaman ampliar la investigación

El juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral habló de su pasado con Tomada y justificó el fallo

El juez que frenó la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral del Gobierno, Raúl Horacio Ojeda, se refirió este miércoles a su pasado como asesor del exministro de Trabajo del kirchnerismo Carlos Tomada y justificó su fallo. "Es para evitar daños", marcó. "Es una medida cautelar, por lo que es provisoria. Tiene una característica y es que puede ser revocada o revisada. Es para evitar daños hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. [Las cautelares] No se pueden dictar en cualquier situación. Se toman con mucha precaución", indicó Ojeda.En diálogo con Radio Rivadavia, el magistrado sostuvo que la reforma laboral de la administración de Javier Milei afectará "millones de contratos de trabajo, a miles de sindicatos y cientos de convenios colectivos", por lo que frenó la aplicación de los artículos por esta "situación extraordinaria". "No hemos tenido leyes que crean situaciones extraordinarias como esta. Esta ley es inédita, es muy extensa y abarca a muchos individuos, sindicatos y convenios colectivos", agregó.Al ser consultado sobre una posible parcialidad por haber sido asesor de Tomada, el juez expresó: "Son mis antecedentes laborales, como los académicos. Es todo lo que me llevó a ser juez. Si no, no podés fallar en ninguna causa. No tendría que excusarme. La relación con mis jefes en su momento se terminó". Y sumó: "Me ha tocado invalidar resoluciones de Tomada. No me condiciona en lo más mínimo. Tengo un criterio independiente para cumplir con mi trabajo".Noticia en desarrollo

Una técnico de incendios forestales dice a la jueza de dana que el Magro "ya había desbordado" a mediodía en El Pontón

Condena a la ex jefa de Compras de Chubut: ¿participación ciudadana real o una justicia tutelada por jueces?

El fallo reabre un debate profundo sobre el diseño de nuestros tribunales: la eficacia del saber técnico frente a la legitimidad del veredicto popular

Nueva cita del juez Peinado en Semana Santa para avanzar en la causa contra Begoña Gómez

Queremos jueces buenos, no jueces con buenas conexiones

La acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa una reforma del reglamento de selección de magistrados tiene un valor institucional que excede lo estrictamente reglamentario. Lo que pone en evidencia es un problema de fondo: la forma en que la Argentina selecciona a sus jueces. Y de ese proceso depende demasiado como para seguir tratándolo como una discusión técnica o sectorial. Dependen la cobertura de vacantes, la calidad de quienes acceden a la magistratura y, en definitiva, la confianza de la sociedad en la Justicia. Por eso, las deficiencias que venimos señalando desde el inicio de nuestra gestión en el Consejo de la Magistratura ya no admiten más postergaciones.El diagnóstico es claro. Hoy hay más de 330 juzgados vacantes en todo el país. Esto implica causas sin resolver, litigantes que esperan y una demanda de justicia que el sistema no logra satisfacer. Parte del problema es la lentitud con que se cubren esas vacantes. Pero hay algo más profundo todavía: el riesgo de que las vacantes no se cubran con los mejores, sino con los mejor relacionados.El proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura presenta márgenes de discrecionalidad difíciles de justificar. El organismo está integrado por representantes de los jueces, de los abogados, de los académicos, del Congreso y del Poder Ejecutivo. Todas esas corporaciones participan del proceso de nombramiento. Y donde la discrecionalidad no está suficientemente acotada, aparece el riesgo de que el lobby reemplace al mérito. No es una acusación abstracta, es una consecuencia lógica del diseño actual, que el propio máximo tribunal acaba de señalar sin eufemismos en su propuesta de reforma.Los datos refuerzan ese diagnóstico. Antes de la reforma constitucional de 1994, el mecanismo de juicio político ante el Senado procesó en 121 años apenas 34 magistrados, con 16 destituciones. Las remociones eran la excepción. Desde 1999, con el Jurado de Enjuiciamiento creado por la reforma para juzgar a los jueces de instancias inferiores, el ritmo cambió radicalmente: en apenas 26 años se tramitaron 38 causas y se produjeron 20 destituciones, más de la mitad de los procesos que llegaron a juicio. Leído en perspectiva histórica, el dato es elocuente: si el sistema debe remover a más jueces que nunca, es razonable preguntarse si el proceso de selección está siendo lo suficientemente riguroso para identificar a quienes reúnen el perfil ético necesario para ejercer la magistratura. Un mejor filtro de entrada debería traducirse en menos problemas de salida.¿Dónde se manifiestan esos márgenes de discrecionalidad? En varias etapas del proceso.En primer lugar, en los exámenes escritos. Hoy no existe un criterio estandarizado de casos, lo que hace que la dificultad de cada prueba dependa de quién la elabora. Esto afecta la igualdad de condiciones entre los postulantes. Desde hace más de un año propusimos la creación de un banco público de casos reales, procesados con inteligencia artificial, clasificados por fuero e instancia, con niveles de dificultad homogéneos, validados técnicamente y sorteados de manera electrónica el mismo día del examen. La Corte recoge esta lógica al encomendar la elaboración de los casos a un comité distinto del jurado que luego corrige y puntúa.En segundo lugar, en la corrección. Sin criterios de calificación preestablecidos, dos jurados distintos pueden puntuar de manera muy diferente un mismo examen. Esto introduce un nivel de arbitrariedad difícil de compatibilizar con un proceso que debería ser técnico. Por eso propusimos tabular las correcciones, estableciendo de antemano qué se evalúa y cuánto vale cada aspecto. Esta solución también está contemplada en la reforma.En tercer lugar, en la evaluación de antecedentes. El sistema actual permite acumular puntaje por años de permanencia en el ámbito judicial, sin que ello refleje necesariamente preparación ni idoneidad real. La reforma apunta a automatizar esta evaluación mediante criterios objetivos y verificables, jerarquizando el rendimiento académico genuino por sobre el mero recorrido burocrático.En cuarto lugar, y quizás el punto más sensible, en la entrevista personal. Hoy esta instancia no cuenta con criterios suficientemente estandarizados: cada consejero puede valorar lo que considera relevante. El resultado es que la entrevista puede alterar el orden de mérito construido a partir del examen y los antecedentes, es decir, puede hacer que quien obtuvo mejores resultados pierda su lugar frente a quien causó una mejor impresión. Propusimos establecer una escala objetiva de puntuación para esta etapa que ascendía al 20% del puntaje final. La Corte fue aún más restrictiva, limitando su incidencia al 10%.A esto se suma un aspecto transversal: la necesidad de que todas las etapas del proceso sean públicas y de libre acceso, de modo que la sociedad pueda conocer cómo se designa a quienes van a ejercer la función judicial.Hay además un punto en el que resulta necesario ser especialmente claros. El Consejo adoptó en su momento una decisión que consideramos equivocada y que la reforma viene a corregir: los concursos anticipados. La lógica es simple y, a la vez, decisiva. En lugar de iniciar un concurso cuando un juzgado queda vacante -lo que puede demorar su cobertura durante meses o incluso años-, contar con listas de candidatos previamente evaluados y en condiciones de asumir. El beneficio es doble: se reducen los tiempos de cobertura y se desvincula el proceso de selección de la coyuntura política del momento en que se produce la vacante. Sin una vacante urgente que cubrir, disminuye la presión para "acomodar" a alguien.El Consejo aprobó los concursos anticipados, pero los limitó al fuero nacional, excluyendo la justicia federal, que era el principal objetivo de nuestra propuesta. A pesar de esa limitación, impulsamos y acompañamos su implementación, entendiendo que representaba un avance. Sin embargo, seguimos sosteniendo la necesidad de extenderlos. En el contexto del actual de traspaso de competencias del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, esa restricción resulta aún más difícil de justificar. La Corte, en su proyecto, convierte a los concursos anticipados en la regla general para todos los fueros y les otorga un marco de planificación anual. Es la posición que siempre sostuvimos y resulta positivo que el máximo tribunal la respalde con su autoridad institucional.Nada de esto es un debate técnico para especialistas. Es una discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial y, en definitiva, sobre el funcionamiento del Estado.Los jueces federales deciden todos los días sobre cuestiones que impactan directamente en la vida de las personas. Investigan y juzgan el narcotráfico: si una organización criminal es desarticulada o continúa operando puede depender de la actuación de un juez independiente o de uno condicionado por los mismos intereses que debería perseguir.Los ejemplos recientes son conocidos. El juez federal Reynoso fue condenado a 13 años de prisión por proteger redes de narcotráfico en la frontera norte; el juez Soto Dávila fue imputado por integrar una organización que transportaba toneladas de marihuana desde Paraguay; el juez Bento enfrenta acusaciones de haber cobrado sobornos de hasta 200.000 dólares para liberar imputados por contrabando y narcotráfico; el juez Bailaque tenía contratado en su juzgado al hijo del contador de una banda narco de Rosario.Pero no se trata solo de esos casos. Son también los jueces federales quienes deciden sobre aumentos de tarifas de servicios públicos, sobre los haberes de millones de jubilados que litigan contra la Anses y sobre investigaciones de corrupción que involucran recursos del Estado. En cada una de esas decisiones hay consecuencias concretas: personas que ganan o pierden, que pueden sostener su nivel de vida o no, que viven con mayor o menor seguridad. La calidad del juez no es una cuestión abstracta: se traduce en efectos reales, incluso para quienes nunca pisan un tribunal.Por eso, la pregunta de fondo es inevitable: ¿qué tipo de jueces queremos? ¿Jueces seleccionados por su conocimiento del derecho y su idoneidad? ¿O jueces que acceden a sus cargos porque alguien realizó las gestiones adecuadas ante los actores correctos?Una justicia de calidad requiere jueces de calidad. Y eso exige un sistema de selección que premie efectivamente el mérito y la idoneidad, reduciendo al mínimo el espacio para influencias y favores. No hay atajos. No alcanza con reglamentos que en su letra proclaman objetividad si en la práctica dejan abiertas demasiadas puertas.La iniciativa de la Corte Suprema es, en este sentido, relevante. No solo porque recoge propuestas que venimos impulsando, sino porque reconoce la necesidad de una reforma profunda. Ese reconocimiento marca un punto de inflexión. Cuando el propio máximo tribunal advierte que el sistema debe cambiar, deja de ser posible mirar para otro lado.La responsabilidad ahora recae en el Consejo de la Magistratura, que tiene la competencia para aprobar el nuevo reglamento. La decisión que adopte -y la celeridad con que lo haga- será indicativa de la voluntad real de avanzar en esa transformación.Lo que está en juego no es un debate entre especialistas. Es la posibilidad de contar con un sistema judicial que inspire confianza, que resuelva conflictos con imparcialidad y que esté a la altura de las demandas de la sociedad.No hay desarrollo posible sin justicia. No hay justicia posible sin buenos jueces.Y no hay buenos jueces sin un sistema de selección que, en serio -no solo en los papeles- elija a los mejores.Consejera de la Magistratura de la Nación

La Corte Suprema ratificó que los jueces deben aplicar la ley y no pueden fijar penas fuera de lo que establece el Congreso

El máximo tribunal revocó una sentencia y reafirmó que las escalas penales son facultad exclusiva del Poder Legislativo. Leer más

La Corte reivindicó el rol del Congreso y advirtió a los jueces que las leyes están para cumplirlas, aun cuando no estén de acuerdo

En un fallo abre una fuerte lectura política, la Corte Suprema reafirmó el rol del Congreso y dijo que los jueces "no pueden dejar de lado la ley cuando no están de acuerdo" con lo que manda la norma.Lo hizo al revocar una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había condenado a los acusados de montar una usina de facturas truchas por debajo del mínimo legal.El fallo de la Corte llega en momentos en que algunos tribunales están cuestionando masivamente la ley de modernización laboral, aprobada por el Congreso."Los jueces no pueden dejar de lado la ley porque no están de acuerdo con lo que dispone o porque les parece inconveniente", advirtió la Corte.Los acusados beneficiados por la Sala II de la Cámara de Casación eran contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, y habrían perjudicado al fisco en sumas millonarias.Se trata de un megajuicio que se hizo en Mendoza con 29 acusados en el banquillo. El 3 de junio de 2020, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó a Pablo Gabriel Prete Licata a siete años y seis meses de prisión, y a Sergio Arturo Delfino a siete años de prisión, por ser considerados líderes u organizadores de una asociación ilícita. Otros acusados fueron sentenciados a penas de entre cinco años y tres años y medio como partícipes de la banda.Según la investigación, la organización se formó y se mantuvo en actividad en el tiempo con la finalidad de cometer delitos tributarios. La hipótesis acusatoria fue que se buscaba a insolventes dispuestos a recibir dinero a cambio de sus datos para inscribirse como contribuyentes ante la AFIP y así hacerlos pasar por integrantes de sociedades falsas.Los clientes de la organización liderada por Prete y Delfino se hacían de facturas para evadir impuestos.La "usina" de facturas funcionó hasta octubre de 2015, cuando se realizaron los allanamientos donde fueron detenidos una veintena de acusados.Tras las condenas, las defensas apelaron. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revisó las apelaciones de las defensas y, por un lado, absolvió a varios de los implicados y, por otro, por mayoría, anuló gran parte de la sentencia. Sin declarar la inconstitucionalidad de la escala penal prevista en la ley, la Casación consideró que las penas de un grupo de personas fijadas en tres años y seis meses de prisión (es decir, el mínimo previsto) por la característica excepcional del caso resultaba "irrazonable" y entendió que la pena debía ser menor.Al analizar ese fallo, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti advirtieron que "el delito de asociación ilícita tributaria se encuentra reprimido con la pena de prisión de tres años y seis meses a diez años". Y afirmaron que "los argumentos esgrimidos por el tribunal para justificar la imposición de una pena inferior al mínimo establecido no autorizan a soslayar las previsiones del texto legal", sin haber declarado la inconstitucionalidad de la norma. "Con arreglo a jurisprudencia constante de esta Corte Suprema, no cabe a los tribunales apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones o, como ocurre en el sub examine, escalas penales no previstas por aquél. De hacerlo, se desconocería que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que, cuando ésta no exige esfuerzo interpretativo alguno, la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de razones que podrían ser objeto de consideración por el Congreso de la Nación, pero que resultan ajenas a la misión de los magistrados", señaló el fallo."De otro modo, se arribaría a una supuesta interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal tal como ocurrió en el caso equivaldría a prescindir de su texto y a reemplazarlo por aquel que, de acuerdo con la valoración efectuada por los jueces intervinientes, resultase justo para el caso concreto. Esta Corte ha insistido en que ello es no solo arbitrario, sino también contrario a la división de poderes constitucional", agregó el máximo tribunal.La Corte Suprema afirmó que, "en ningún caso" se ha "habilitado a los tribunales a sortear o prescindir del texto legal sin declarárselo inconstitucional". Y resaltó que el máximo tribunal "ha sostenido reiteradamente que resulta propio del Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros y establecer las escalas penales conforme lo estime pertinente".El fallo enfatizó que "el principio constitucional de la separación de poderes del Estado veda a los jueces la facultad de prescindir de la aplicación de una ley vigente que resuelve el caso, so pretexto de considerar que su aplicación conduciría a resultados inapropiados por su injusticia o desacierto". Y resaltó que la "Corte Suprema ya ha advertido en numerosas oportunidades que los jueces no pueden dejar de lado la ley porque no están de acuerdo con lo que dispone o porque les parece inconveniente".

La Corte advirtió a los jueces que la pena de un delito la decide el Congreso y no la Justicia

Lo hizo al anular una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había dictado una pena menor a la que fija la ley para un grupo de acusados de montar una usina de facturas "truchas".

Citan a declarar al financista de la AFA: Ariel Vallejo deberá presentarse ante el juez Armella el 5 de mayo

El juez federal Luis Armella citó a declarar al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, para el próximo 5 de mayo, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes ligados a esa entidad, que preside Claudio Chiqui Tapia.Según informaron fuentes judiciales, será la primera vez que Vallejo estará cara a cara con el juez en medio de esta investigación, por la que ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades de personas ligadas a esa operatoria, que la Justicia considera sospechosa.Las citaciones de Armella a declaración indagatoria incluyen a otros integrantes de Sur Finanzas, así como también una inhibición de bienes extendida a todos los investigados. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.Noticia en desarrollo

Jueza Marienela Cabrera Mosquera reveló caso de acoso en la rama judicial: "Érase una vez un magistrado que durante años humilló y maltrató mujeres"

La jurista se hizo famosa por el proceso disciplinario que se le abrió, según ella, de manera injusta, a raíz de sus bailes publicados en Instagram y Tiktok, y por cuenta de las denuncias de varias periodistas colombianas, tras los episodios que llevaron a la salida de dos presentadores y periodistas de Noticias Caracol

Mazón, tras rechazar la jueza su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia"

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla "en el derecho procesal penal español"

"Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado 'testigo asistido', pero no en España", señala

Familia del joven apuñalado al salir del instituto pide investigar responsabilidad del centro tras el rechazo del juez

El subdirector de Emergencias dice a la jueza que Presidencia pidió el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

Con un fuerte respaldo institucional, la Corte presentó su proyecto con nuevas reglas para la selección de jueces

Los ministros del Máximo Tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dieron a conocer las reformas para modificar los concursos del Consejo de la Magistratura, con el fin de reducir la discrecionalidad y reforzar el carácter técnico del sistema. Leer más

Oportuna propuesta de la Corte Suprema para evitar la discrecionalidad en los concursos para jueces

El 25 de marzo la Corte Suprema firmó una acordada que puede significar un antes y un después en el funcionamiento del servicio de justicia. Se trata de una propuesta dirigida al Consejo de la Magistratura, a fin de reemplazar el reglamento que actualmente usa en los procesos de selección de candidatos para jueces. La iniciativa es muy importante por cuanto tiene como objetivo poner punto final al alto grado de discrecionalidad y baja objetividad del sistema actual.Entre otras iniciativas, en su art. 92 propone reducir de forma razonable y previsible la incidencia de las entrevistas personales, otorgándoles un máximo de 20 puntos sobre un total de 200. Tal circunstancia pondrá fin a la mala práctica de mejorar o perjudicar la posición de los aspirantes sobre la base de pautas subjetivas, que suelen dejarlos fuera de carrera a pesar de haber obtenido excelentes resultados en las Pruebas de Oposición Escrita.Otra propuesta altamente positiva consiste en realizar concursos con anterioridad a que se produzcan las vacantes. Al respecto, el art. 9 establece que la Comisión del Consejo "deberá aprobar y elevar al Plenario un 'Plan Anual de Concursos Anticipados' antes del 15 de marzo de cada año, que contendrá la programación general de los llamados previstos para el período". Esta medida incorpora dos grandes ventajas: la primera, evitar demoras para cubrir los cargos; la segunda, desvincular las vacantes de las coyunturas políticas que tienden a realizar el concurso una vez que el juzgado queda vacante para posibilitar que sea cubierto por quien prefiera el poder de turno.En lo que hace a la prueba de oposición escrita, el art. 24 del proyecto incorpora una doble instancia para garantizar la mayor ecuanimidad y objetividad posibles: una "Etapa General", destinada a valorar conocimientos jurídicos básicos y generales, y una "Etapa Especial", destinada a valorar destrezas prácticas y el conocimiento especializado para la resolución de casos vinculados con la competencia material del tribunal para cuya vacante se concursa. Asimismo, el art. 25 dispone que quienes hayan participado en la elaboración de las consignas o preguntas en cualquier etapa de la prueba no podrán intervenir en la función de corrección.A fin de brindar más seguridad, el art. 26 establece que ambas etapas se desarrollarán "bajo estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control". En cuanto al anonimato, el art. 27 establece que "la identidad de los postulantes será codificada mediante claves alfanuméricas y mediante sistemas informáticos auditables".Esta propuesta debe apoyarse fundamentalmente por dos razones: se trata de una oportuna reacción de la Corte Suprema ante la pasividad y el conformismo existentes en el Consejo de la Magistratura -altamente politizado-, y eliminará la discrecionalidad en los concursos para candidatos a jueces.Hace tiempo que el Consejo no logra cumplir debidamente con el mandato constitucional de dictar "los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia", como bien lo establece el artículo 114 inc. 6 de nuestra Constitución nacional.Los resultados están a la vista: altísima cantidad de vacantes, jueces sospechados de falta de imparcialidad o eficacia, excesiva demora en el trámite de los expedientes y la falta de indicadores de gestión que, ayudados con las nuevas tecnologías, posibilitarían adecuado control y auditoría de la carga de trabajo por juzgado, como así también de la gestión de los casos en trámite. Todo ello con acceso al público en general.Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura de la Nación fue incorporado a la Constitución nacional en 1994, fundamentalmente con el objeto de mitigar la influencia de la política en los procesos de selección de jueces. A tal efecto, en lo que hace a su integración, el 2° párrafo del citado art. 114 dispuso que el Consejo debía ser integrado "periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".Lamentablemente, el propósito del constituyente quedó en letra muerta porque, en los hechos, la influencia de los poderes políticos ha logrado controlar a gran parte de sus integrantes. Así, por ejemplo, es pública y notoria la peligrosa influencia que suelen tener sobre la representación de los abogados, como así también de los académicos.Es por tal motivo que la iniciativa de la Corte resulta oportuna y constituye una buena señal por cuanto, como cabeza del Poder Judicial, no podía permanecer como mera observadora de este estado de cosas. Claramente estaba obligada a liderar un proceso de cambio profundo en el sistema, y lo hizo muy bien, comenzando con el reglamento para los concursos públicos, cuestión vital para que las vacantes puedan ser cubiertas por los más aptos, que acrediten la debida capacitación, como así también absoluta independencia.Ahora corresponde a los integrantes del Consejo aprobar el reglamento propuesto por la Corte. Es de esperar que lo hagan a la mayor brevedad posible, recapaciten y tomen la firme decisión de cumplir debidamente con las atribuciones que la Constitución les confiere en el artículo 114. Caso contrario, la Corte Suprema tendrá que cumplir con su deber y seguir elaborando más propuestas para mejorar un servicio de justicia que ha perdido mucha credibilidad en la sociedad.Expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

Los expedientes serán evaluados por una comisión antes de ser tratados en la próxima sesión de la Cámara. Figuran el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, la esposa del juez Martínez de Giorgi y la secretaria del juzgado de Ercolini

El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley

El laboralista Julián De Diego analizó en Infobae al Regreso la cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. Señaló que la decisión judicial se dictó sin casos concretos y anticipó una inminente apelación del Gobierno

La Corte se mostró unida y propuso reformas para "eliminar la discrecionalidad" en la selección de jueces

Con un acto multitudinario ante lo más representativo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia se mostró unida al anunciar una propuesta de nuevo reglamento para elegir jueces, y reclamó reducir la discrecionalidad de los procedimientos para devolver la confianza del ciudadano en la Justicia.Con más de 400 personas reunidas en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presidieron el acto desde un estrado elevado.Estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el viceministro Santiago Viola, el procurador general Eduardo Casal, jueces del Superior Tribunal de justicia de la Ciudad Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi y jueces de la Suprema Corte bonaerense.Además, fueron de la partida los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, entre otros.El salón, con oscura boiserie, estuvo colmado por magistrados, abogados y representantes del Consejo de la Magistratura como Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Alberto Lugones.Rosatti, que no firmó la acordada donde se propuso este nuevo reglamento de selección de jueces, pero que luego participó de la presentación, abrió el acto para recordar que el mecanismo de selección actual de magistrados prevé la participación de los tres poderes del Estado.Rosenkrantz, que venía trabajando en esta propuesta desde hace meses, la describió en detalle. Dijo: "Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados".El juez supremo dijo que con esta propuesta se proponen "estimular al Consejo de la Magistratura", que viene debatiendo 14 proyectos desde hace más de un año, sin aprobar ninguno.Defendió que la propuesta venga de la Corte, como organizadora del Poder Judicial. Así como Rosatti recordó su paso constituyente de 1994, cuando se creó el Consejo de la Magistratura actual, Rosenkrantz rememoró su rol como asesor de Raúl Alfonsín en esa reforma, con las ideas que trabajó el jurista Carlos Nino."La conclusión a la que arribamos en la Corte es que el sistema puede y debe mejorar mucho", reclamó Rosenkrantz y dijo que es necesario reconocer que "la administración de justicia requiere saberes técnicos" y "jueces expertos en derecho".Por eso explicó que se harán dos evaluaciones: una general de derecho mediante un banco de preguntas seleccionadas con inteligencia artificial (IA) y corregidas de manera automática; y una segunda parte donde se redactará una sentencia. Además se valorará el desempeño universitario y académico de los magistrados, sus publicaciones en revistas indexadas, con evaluación de sus pares.La estrategia, según dijo Rosenkrantz, es "eliminar la discrecionalidad" en cuento al desempeño universitario, que es un indicador del estudio del derecho. El proyecto pretende superar estos déficits."La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un multiple choice de corrección informática y redacción de sentencias", dijo y propuso exámenes anónimos, con codificación digital, donde los que elaboren las consignas no son los que las corrijen. No serán a libro abierto, como ahora.Rosenkrantz fundamentalmente se detuvo en las entrevistas personales, que dijo son "una fuente de queja de los aspirantes serios, para evitar la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos". "La entrevista sirve para la identidad del candidato, pero no es para reescribir el orden de mérito construido con criterios objetivos y transparencia", señaló y propuso como regla los "concursos anticipados", antes de que se produzca la vacante."La discrecionalidad desplaza al mérito y lo hace de manera opaca sin dejar rastros", dijo y señaló que la iniciativa está guiada por "la convicción de que la democracia necesita jueces de los que nos podamos sentir orgullosos. Los ciudadanos deben creer de nuevo en los jueces", aseguró.El magistrado pidió que el Consejo de la Magistratura trate este proyecto sin modificarlo en lo sustancial, y que lo apruebe pronto. Aplausos cerrados coronaron su discurso. "En conjunto"El juez Lorenzetti remarcó que esta es una propuesta "hecha en conjunto desde la Corte" para todo el país, no solo para la justicia federal y nacional, sino las justicias provinciales, donde dijo que hay una tendencia a designar jueces aliados a los oficialismos locales."El problema del déficit estructural no es solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino en los procesos de muchas provincias, con un deslizamiento hacia una partidización cada vez más intensa de jueces y juezas", dijo Lorenzetti sin eufemismos.Lorenzetti consideró que hay "un puente que se transita demasiado seguido entre los Poderes Ejecutivos y los Poderes Judiciales". "Hay que llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar y regularizar para disminuir la discrecionalidad", dijo y reclamó "evitar que la selección de jueces y juezas sea arbitraria y un concurso que responda a intereses que nadie tiene claro cuáles son, que varían en los cambios políticos del momento. Es importante que seamos sinceros en el diagnóstico: sabemos lo que sucede"."Dejemos de lado la participación de personas que poco tienen que ver con el Poder Judicial y que muchas veces inciden. Y eso hay que decirlo: es la queja generalizada de jueces y juezas", sostuvo en alusión a manejos opacos que determinan la selección de jueces que responden luego a factores de poder. "Este mensaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es para toda la Nación", remarcó Lorenzetti y pidió celeridad en los concursos del Consejo de la Magistratura y en la designación de los candidatos por parte de los restantes poderes.Lorenzetti insistió en limitar la entrevista de selección como mecanismo para acomodar postulantes. "Hay que acotar el margen de discrecionalidad, porque tenemos que tener parámetros objetivos. Es difícil explicar los cambios en las listas de concursantes solo basados en una entrevista. Es más seguro contar con los antecedentes", explicó.En la misma línea, dijo que la propuesta de la Corte busca que la ciudadanía vuelva a discutir y defender la independencia de los poderes judiciales y los ministerios públicos."El poder nunca se auto-restringe. Necesitamos un Poder Judicial fuerte que proteja a los ciudadanos y establezca límites. Eso se hace con jueces imparciales. Y este es un mensaje de la Corte como cabeza de un poder del Estado, para la población, para proteger su derecho a una justicia independiente con jueces y juezas imparciales", concluyó.

Quién es el juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT

El juez Raúl Horacio Ojeda, que este lunes suspendió con un fallo 82 artículos de la reforma laboral que aprobó el Congreso hace poco más de un mes, es un exasesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada, que tiene también un perfil universitario como docente y autor de textos sobre temática laboral. Entre 2004 y 2012, Ojeda fue asesor de Tomada en asuntos legislativos. Tomada fue el único ministro de Trabajo que tuvo el kirchnerismo. Ejerció ese cargo en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, Ojeda fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que Tomada le reclamaba al gremio de los camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por no acatar la conciliación obligatoria durante un conflicto gremial en el transporte de combustibles.Ojeda se graduó en abogacía y procuración en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 1991. Cursó estudios de posgrado en las universidades españolas de Salamanca y Toledo. En su currículum, cuenta como experiencias docentes la de ser profesor adjunto regular en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UBA.El juez laboral es autor de textos especializados en derecho del trabajo, como autor y coordinador. Entre esos títulos, están Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada (que consta de tres tomos); Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cuatro tomos), o Tutela Sindical. Estabilidad del representante gremial.Titular del juzgado del Trabajo N°63, Ojeda llegó a ese cargo en reemplazo de la jueza María Alejandra D'Agnillo. La magistrada renunció el año pasado y su última decisión de relevancia fue en septiembre de 2024, cuando falló en contra del sindicato de camioneros, que buscaba impugnar un acuerdo entre Mercado Libre y el gremio de Carga y Descarga, con el que mantiene una pelea por el encuadre gremial de los trabajadores. En 2012, luego de ser asesor de Tomada, a Ojeda lo habían designado al frente del juzgado Nº72.El magistrado que le dio el primer golpe fuerte a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei tiene también actividad como conferencista en universidades. El 3 de junio de 2022, ante un auditorio de la Universidad Nacional del Nordeste, calificó de "nefasta" a ley de riesgos del trabajo, aunque rescató que permitió a los abogados laboralistas "mirar un poco más la Constitución". "Por ahí, nos pasamos de mambo y empezamos a pensar que todo lo que no nos gustaba era inconstitucional. Ya vamos a llegar al punto de equilibrio para ver que no hace falta plantear la inconstitucionalidad en todos los casos sino, a veces, la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo de norma más favorable", dijo el juez en esa charla universitaria.Casa Rosada. Milei recibió al embajador de Estados Unidos tras el fallo a favor de la Argentina por YPFEn otro pasaje de la conferencia, en la que pasó por una diversidad de temas laborales, defendió el derecho a huelga. "El derecho a huelga sale del Pidesc (por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966), que es una norma universal de derechos humanos. El Pidesc también tiene la norma del derecho al tiempo libre", sostuvo.Ojeda es también fundador del Grupo de Estudio de Derecho Social. Es vocal de ese think tank que tiene, como uno de sus lemas, "Confiamos en la ciencia jurídica como un medio para la realización de la justicia social".El fallo de Ojeda que paralizó parte de la reforma laboral (hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión, es decir, los pedidos de inconstitucionalidad de los 82 artículos que planteó la CGT) fue celebrado por la central obrera. En un comunicado, la CGT opinó que la sentencia es "una medida cautelar que respalda la organización sindical"."Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado y ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha en todos los ámbitos institucionales", se concluyó en el comunicado con el que la CGT festejó el fallo de Ojeda.

Fentanilo contaminado: el juez ampliará en abril las indagatorias a los imputados y la causa suma 111 muertes

Ernesto Kreplak avanza en la investigación del mayor desastre sanitario del país: el Cuerpo Médico Forense completó el análisis de las 169 historias clínicas, 49 pacientes sobrevivieron pero tuvieron secuelas. La Cámara ratificó las detenciones y rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de los principales acusados

El abogado de la AFA cuestionó el procesamiento de Tapia y Toviggino: "La deuda estaba cancelada y el propio juez lo admite"

El abogado Gregorio Dalbón anticipó que apelará el fallo del juez Diego Amarante y enumeró seis argumentos para revertirlo: "El procesamiento de la AFA es una pieza jurídica condenada a caer", dijo. Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados por retención y omisión de depósito de impuestos por más de $19.000 millones

El hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti está incluido en el primer listado de candidatos a jueces que firmó el ministro Mahiques

Es Emilio Rosatti, a quien el gobierno propone para juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.La primera lista que será remitida al Congreso tiene 26 candidatos a jueces, un fiscal y un defensor oficial.

El Consejo de la Magistratura cuenta con 15 propuestas para reformar cómo se eligen los jueces

El Consejo de la Magistratura tiene abierto un debate de fondo sobre cómo se seleccionan los magistrados. En el organismo ya hay 15 proyectos en discusión para modificar el reglamento de concursos, que regula desde la forma en que se toman los exámenes hasta el modo en que se califican los antecedentes de los postulantes y se integran las ternas que luego se envían al Poder Ejecutivo. Las iniciativas fueron presentadas por consejeros de distintos estamentos -jueces, abogados, académicos y representantes políticos- y parten de un diagnóstico en general compartido: los concursos son largos, complejos y dejan márgenes de discrecionalidad en algunas etapas del proceso, en particular en la entrevista personal y en la evaluación de antecedentes.El debate sumará hoy un nuevo actor. Los tres ministros de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- presentarán esta tarde su propia propuesta de reforma del sistema de selección judicial, que se sumará a las iniciativas que ya se analizan dentro del Consejo.Jurados y tribunales evaluadoresUno de los ejes de discusión es cómo se integran los jurados que toman los exámenes.Actualmente se conforman mediante un sorteo de docentes de universidades nacionales públicas: dos especialistas en la materia del cargo concursado (uno de ellos debe ser además juez), un profesor de derecho constitucional y una docente mujer de áreas generales de la formación jurídica.El consejero César Grau (que representa a la abogacía) propuso ampliar ese jurado de cuatro a cinco integrantes para incorporar abogados de la matrícula federal con al menos quince años de ejercicio profesional, con el objetivo de sumar perfiles provenientes del ejercicio de la abogacía y no solo del ámbito académico.La consejera Alejandra Provítola (que representa a los jueces) en cambio, propuso reducir el jurado a tres miembros e incluir docentes de universidades privadas. Su iniciativa también introduce cambios en la evaluación de antecedentes: plantea eliminar la llamada "pauta correctiva", que hoy permite ajustar puntajes según el promedio general del concurso, y ampliar la valoración de publicaciones y trayectoria docente.Una reforma más profunda fue presentada por la consejera Fernanda Vázquez (en representación de la abogacía), junto con Diego Molea y Carina Tolosa, que propone reemplazar el jurado tradicional por tribunales evaluadores integrados por un profesor universitario, un juez con más de quince años de trayectoria y un abogado con extensa práctica profesional.Ese mismo proyecto introduce uno de los cambios estructurales más ambiciosos: crear listas anticipadas de postulantes evaluados por materia, que se formarían mediante convocatorias anuales del Consejo. Cuando aparezca una vacante, se convocaría a los mejores posicionados de esa lista para competir por el cargo específico. La intención es acortar los tiempos de los concursos, que hoy pueden extenderse durante años.El peso de la entrevistaOtra discusión central gira en torno a la entrevista personal, una instancia históricamente polémica porque puede alterar el orden de mérito de los candidatos.En el sistema vigente, la entrevista no tiene un puntaje fijo -como sí ocurre con la prueba de oposición o la evaluación de antecedentes-, pero su resultado forma parte del orden final y puede justificar que la Comisión de Selección se aparte del ranking previo.Algunas propuestas buscan acotar esa discrecionalidad y otras, en cambio, institucionalizarla con reglas claras.Provítola propone asignar hasta diez puntos adicionales en la entrevista, evaluando aspectos como la ética judicial, las habilidades personales y la concepción del candidato sobre la función judicial.La consejera Jimena de la Torre (en representación de la abogacía) propone un sistema distinto: una escala de hasta 100 puntos para la entrevista, con una ponderación que represente el 20% del total del concurso. Una idea similar aparece en el proyecto impulsado por Vázquez.En cambio, Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta del Consejo de la Magistratura) y Diego Barroetaveña (en representación del Poder Judicial) plantean limitar su impacto: proponen que el puntaje de la entrevista no supere el 5% de la calificación de la prueba de oposición y que los postulantes deban presentar un plan de trabajo para el cargo al que aspiran.Concursos más rápidosVarios proyectos apuntan también a acelerar los procesos de selección.La iniciativa de Vázquez, Molea y Tolosa propone dividir el sistema en dos etapas: una evaluación general anticipada para integrar una lista de aspirantes y una segunda evaluación cuando exista una vacante concreta. Además fija un plazo máximo de 60 días hábiles desde la vacante hasta la conformación de la terna.En paralelo, la consejera Vanesa Siley (por la Cámara de Diputados) presentó un proyecto para ordenar qué ocurre cuando un candidato es designado juez mientras participa en otros concursos, estableciendo criterios para determinar si corresponde su desvinculación de los procesos en curso.Otra iniciativa, impulsada por el consejero Alberto Lugones (por el Poder Judicial), propone incorporar causales de excusación y recusación para los consejeros evaluadores cuando intervienen en la calificación de antecedentes o en la resolución de impugnaciones, con el objetivo de reforzar la imparcialidad del proceso.Paridad, tecnología y transparenciaEl paquete de reformas también incluye propuestas vinculadas con paridad de género y perspectiva de vulnerabilidad. Entre ellas se plantea realizar un segundo llamado exclusivo para mujeres si no alcanzan un tercio de los inscriptos, garantizar presencia femenina en las ternas y valorar capacitaciones vinculadas con derechos humanos, discapacidad, niñez y medio ambiente.Otra línea de cambios apunta a modernizar el sistema con herramientas tecnológicas.Algunos proyectos proponen crear bancos públicos de casos para los exámenes, digitalizar los mecanismos de anonimato de las pruebas y desarrollar sistemas informáticos que automaticen parte de la evaluación de antecedentes.La consejera De la Torre, incluso, plantea utilizar inteligencia artificial para transformar sentencias judiciales en casos prácticos que puedan utilizarse en los exámenes de oposición, con el objetivo de ampliar el repertorio de pruebas y reforzar la transparencia del proceso.Cómo funciona hoy el sistemaEl proceso actual de selección judicial tiene tres etapas principales: una prueba de oposición escrita, donde los postulantes deben resolver casos prácticos y proyectar una sentencia; una evaluación de antecedentes, que pondera la trayectoria profesional y académica; y una entrevista personal ante la Comisión de Selección.Luego se suman otras instancias, como el examen psicológico y psicotécnico y la audiencia pública ante el plenario del Consejo, que finalmente define la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo para la designación.Sobre ese esquema se concentran ahora las 15 propuestas que discute el organismo.El debate volverá hoy al centro de la escena con la propuesta que presentará la Corte Suprema, que busca incidir en una discusión clave para el funcionamiento del sistema judicial.

IDEA apoyó el proyecto aprobado por la Corte Suprema para mejorar el proceso que cubre las vacantes de los jueces

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces. "El proyecto es un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad. La propuesta fue realizada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que, por ley, tiene la función de confeccionar los reglamentos para los procesos de selección de los candidatos a cubrir las vacantes", afirmaron desde la cámara empresaria. Entre otras medidas, el reglamento propuesto por la Corte incluye los siguientes puntos, de los cuales IDEA destacó: Reducir, de manera razonable y previsible, la incidencia de las entrevistas personales realizadas por los miembros del Consejo a los postulantes.Implementar "concursos anticipados" para evitar que los procesos de selección se inicien una vez producida la vacante. Establecer que quienes participan en la elaboración de preguntas o consignas de examen no intervengan en su corrección.Garantizar el anonimato de los postulantes mediante sistemas de codificación alfanumérica y herramientas informáticas auditables. Agregó que la iniciativa de la Corte -cabeza del Poder Judicial- es una medida muy reclamada por la sociedad frente a la gran cantidad de vacantes existentes en los juzgados y la "opacidad de los concursos públicos"."Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país", finalizó la entidad.

Tiene 11 años, sufría bullying y terminó internada: una jueza le ordenó a la escuela tomar medidas urgentes

Tenía 11 años cuando dejó de querer ir a la escuela. Primero apareció el desgano. Después, el aislamiento. Más tarde, las autolesiones. Las agresiones de sus compañeros, reiteradas y centradas en su apariencia física, se habían vuelto parte de la rutina escolar. La niña pidió un cambio de turno como forma de protegerse. Pero no obtuvo respuesta.El 13 de marzo pasado ingresó a la guardia de un pueblo neuquino acompañada por su abuela. Presentaba "ideación suicida, conductas autolesivas severas y un riesgo cierto e inminente para su vida". La internación involuntaria fue indicada como única alternativa terapéutica posible.A partir de ese episodio, la Justicia de Neuquén dictó un fallo inusual: no solo ordenó medidas de protección para la niña, sino que señaló una falla institucional del sistema educativo y obligó al Ministerio de Educación provincial y a la escuela a intervenir de manera urgente.¿Por qué el fallo es considerado novedoso? La resolución de la jueza de familia Eliana Fortbetil, a la que accedió LA NACION, introduce un enfoque poco frecuente en decisiones judiciales sobre bullying: el sufrimiento psíquico de una niña no puede entenderse como un problema individual ni exclusivamente clínico, sino como el resultado de un contexto escolar que no logró detectar, frenar ni reparar la violencia entre pares.La jueza sostuvo que existió una "insuficiente intervención del ámbito educativo" que contribuyó a agravar el cuadro emocional. En otras palabras: la violencia escolar es considerada un factor con impacto directo en la salud y la vida de una niña.¿Qué pasó con la niña? Según los informes médicos incorporados al expediente, la alumna atravesaba desde hacía tiempo situaciones de hostigamiento escolar sostenido. Recibía agresiones verbales reiteradas por parte de compañeros, centradas en su apariencia física y características personales.El impacto fue progresivo: angustia persistente, retraimiento, pérdida de interés y un deterioro emocional creciente.Con el paso de los meses, el malestar se profundizó hasta derivar en autolesiones e ideación suicida. Para la Justicia, no se trató de un episodio repentino, sino del desenlace de una situación prolongada sin intervención eficaz.¿Por qué la Justicia habló de un "cuadro de extrema vulnerabilidad"? El fallo analiza el caso más allá del momento de la internación. Los informes médicos describen múltiples señales de alarma acumuladas: antecedentes de una carta de despedida, autolesiones reiteradas, retraimiento social sostenido desde 2024 y signos compatibles con un posible trastorno de la conducta alimentaria.Para la jueza Fortbetil, estos indicadores configuraban una situación de extrema vulnerabilidad que exigía una intervención urgente, integral y coordinada entre salud, educación y organismos de protección de derechos.Otro punto que preocupó al tribunal fue que la niña relató que las conductas autolesivas eran percibidas como habituales entre sus pares, lo que llevó a advertir un entorno escolar que no logró prevenir dinámicas de riesgo entre estudiantes.¿Qué le ordenó la Justicia neuquina a la escuela? La resolución exige medidas concretas e inmediatas: activar y documentar los protocolos de violencia escolar;responder de forma urgente al pedido de cambio de turno; garantizar acompañamiento individual de la alumna; realizar trabajo grupal con el curso involucrado; diseñar un plan institucional para prevenir nuevas situaciones.¿Qué son las "prácticas restaurativas" que ordena el fallo? Uno de los puntos centrales es la exigencia de aplicar prácticas restaurativas. La jueza plantea que las respuestas exclusivamente punitivas â??como sanciones o expulsionesâ?? suelen resultar insuficientes frente a la violencia escolar.El objetivo no es solo sancionar, sino modificar la dinámica grupal que permitió el hostigamiento y reconstruir vínculos dentro de la comunidad educativa.¿Qué lectura hacen los especialistas? Para María Zysman, psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying, la resolución marca un punto de inflexión. "Es la primera vez que leo un fallo así. Lo más valioso es que, además de atender la urgencia clínica de la niña, reconoce que todo el grupo y el contexto también están en riesgo cuando no hay escucha adulta", señaló. Según explicó, el fallo deja de pensar el bullying como un problema individual para entenderlo como un fenómeno colectivo."La escuela no solo tiene que asistir al chico que sufre, sino detectar precozmente e intervenir de manera urgente y sostenida", aseguró. ¿Por qué el pedido de cambio de turno es una señal clave? Zysman subraya uno de los puntos centrales del caso: la niña había pedido cambiar de turno escolar sin obtener respuesta."Los chicos hablan. No es que no hablan: los adultos no escuchan. Un niño que pide cambiarse de turno es porque algo grave está pasando; nadie toma esa decisión sin motivo". Para la especialista, la falta de respuesta institucional puede generar revictimización. "Cuando un chico siente que al hablar lo van a culpar o minimizar, deja de pedir ayuda. Lo más dañino a largo plazo no son los insultos, sino la sensación de que ningún adulto intervino para cuidarlo", señaló Zysman, cuyo último libro se titula Lo que los chicos callan. Recursos para adultos que quieran intervenir a tiempo (Editorial Bonum).¿Es un caso aislado? No. Días atrás, LA NACION contó la historia de una niña tucumana de 10 años que, tras sufrir hostigamiento escolar sostenido, intentó quitarse la vida. Ambos episodios vuelven a exponer el impacto que la violencia entre pares puede tener en la salud mental infantil cuando las intervenciones llegan tarde.¿Qué cambia cuando la Justicia exige prácticas restaurativas? "No se está pidiendo la cabeza de nadie. Se está diciendo que la escuela tiene que reconstruir el lazo entre los chicos, trabajar la responsabilidad compartida y reparar el vínculo", sostuvo Zysman.A su entender, la resolución también abre un desafío pendiente: involucrar activamente a las familias: "En comunidades pequeñas, los chicos se siguen encontrando fuera de la escuela. Por eso el compromiso tiene que ser colectivo".¿Qué deja este caso como advertencia? Para Zysman, el punto más profundo del fallo es el reconocimiento del daño que produce la indiferencia adulta."La mayor secuela del bullying no suele ser lo que dijeron los compañeros, sino que los adultos hayan permanecido pasivos. Cuando el dolor se naturaliza, el mensaje que reciben los chicos es que están solos".Y concluyó: "Acá la jueza hace algo muy importante: intervenir para cuidar. Eso es lo que marca la diferencia".Más informaciónEn la guía "Hablemos de bullying" de Fundación LA NACION podés encontrar más información sobre señales de alerta, cómo prevenir y dónde buscar ayuda.En las guías "Hablemos de suicidio", "Hablemos de depresión" y "Hablemos de trastornos de la alimentación" de Fundación LA NACION podés encontrar herramientas para detectar señales, iniciar conversaciones y acompañar a niños y adolescentes frente a estas problemáticas.

Reforma laboral: un juez frenó la aplicación de 82 artículos de la nueva ley

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró hoy un triunfo en la Justicia en su intento de frenar la ley de "modernización laboral" que impulsó la gestión de Javier Milei. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, dictó hoy una medida cautelar innovativa en la que hace lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802. Ahora el juez debe resolver en el fondo del caso, aunque el Gobierno puede apelar esta decisión. Hasta entonces, los 82 artículos en litigio quedan en suspenso. Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue jefe de asesores del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo.El fallo frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo.El magistrado hizo lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl JerónimoSegún la demanda sindical, la reforma establecía "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República. "La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío", dice la la resolución, a la que accedió LA NACION. Para justificar la urgencia de la cautelar, el fallo advirtió sobre el "peligro en la demora", al afirmar que que ejecutar normativas como el de los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de Convenios Colectivos "podría generar daños irreparables si, llegado el momento de la sentencia final, la ley fuera declarada inconstitucional".El juez advirtió que no suspender la ley de forma inmediata podría causar daños irreparables y generar una grave inseguridad jurídica antes de que se dicte una sentencia definitiva. Entre los artículos que quedan suspendiso están el que se refiere a los trabajadores de plataformas, que los excluía del ámbito de protección de la ley, catalogándolos como "independientes".También se suspende el artículo que eliminaba el principio de interpretación legal a favor del trabajador y lso que permitían excluir del cálculo de despidos pagos no mensuales como el aguinaldo e implementaban el cuestionado Fondo de Asistencia Laboral. El juez determinó que este sistema "no evitaría y ni repararía los despidos injustificados" y que su financiación podría quitar recursos de la Seguridad Social.El fallo tambipen suspende la norma que ampliaba los servicios mínimos ante huelgas e incluía una nueva categoría de "actividades de importancia trascendental", incluso cuando prohibiía medidas de fuerza en servicios de seguridad.El juez entendió que debía susender el artículo que derogba la ley de teletrabajo y los que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y eliminaban las presunciones de fraude laboral.Con esta decisión, la reforma laboral queda suspendida hasta que se dirima definitivamente la inconstitucionalidad de la norma, como lo solicitó la CGT.El expediente se inscribirá en el Registro Público de Procesos Colectivos y el juez correrá un nuevo traslado al Estado nacional para decidir sobre el fondo del caso.Mientras tanto, el Gobierno puede recurrir la medida cautelar a la Cámara Laboral para intentar revertir la suspensión de la norma.Estos artículos alcanzados por el fallo son son los que limitan el cálculo de la antigüedad en el empleo y eliminan la presunción de que existe una relación laboral por el simple hecho de prestar servicios.Quedó suspendido asimismo el artículo que quitaba la obligación de dar preaviso durante el período de prueba y los que modifican los convenios colectivos, dando la prioridad a convenios de menor ámbito (como los de la empresa por sobre los de actividad) y permitiendo negociar cláusulas a la baja.También están afectados por el fallo los artículos que imponen límites para realizar asambleas, reducen el crédito horario para delegados, limitan la tutela sindical y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería para sindicatos.

Mansión en Pilar: la Fiscalía de Casación pidió que la causa vuelva al juez federal Daniel Rafecas

Fue el primer magistrado del caso y allanó la propiedad que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo TovigginoEl fiscal entendió que es el que tiene competencia para intervenir en una causa por lavado de dinero.Así, descartó que continúe en el juzgado federal de Campana. Pero tampoco que regrese al fuero Penal Económico, aunque lo planteó como segunda opción.

¿Adiós ciudadanía por nacimiento?: un juez de EE.UU. advierte por el "caos legal" que desataría su implementación

La posibilidad de que Estados Unidos deje atrás más de un siglo de interpretación sobre la ciudadanía por nacimiento abrió un intenso debate judicial y político que podría redefinir el concepto mismo de ser ciudadano. Mientras la Corte Suprema se prepara para analizar la medida impulsada por Donald Trump, crecen las advertencias sobre las consecuencias prácticas de su implementación.El debate sobre la ciudadanía por nacimiento: más allá de lo jurídicoSegún informó CNN, el eje central de la discusión gira en torno a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Sin embargo, más allá del análisis histórico y legal que dominará los argumentos ante la Corte Suprema, existe una preocupación creciente por cómo se aplicaría en la práctica una eventual eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento.Durante audiencias previas, el juez Brett Kavanaugh dejó en evidencia esas dudas con una serie de preguntas concretas dirigidas a representantes del gobierno. Entre ellas, interrogó si los hospitales deberían modificar sus procedimientos al registrar recién nacidos, si los estados tendrían nuevas obligaciones administrativas y, sobre todo, cómo se determinaría la ciudadanía en ausencia del certificado de nacimiento como prueba suficiente.Las respuestas oficiales no lograron despejar las incertidumbres, explicaron desde CNN. Ante la presión de Kavanaugh, el procurador general John Sauer reconoció que los funcionarios federales tendrían que "resolverlo", sin detallar un mecanismo claro. El riesgo del "caos legal" ante la eliminación de la ciudadanía por nacimientoDesde distintos sectores advirtieron que modificar un principio constitucional arraigado durante generaciones podría generar un escenario de confusión masiva. CNN citó a Jill Habig, directora ejecutiva de Public Rights Project, quien sostuvo que la política provocaría "una ola de confusión legal y caos".El problema radicaría en que, actualmente, la mayoría de los sistemas para acreditar ciudadanía en Estados Unidos se basan en un único documento: el certificado de nacimiento. Si ese elemento deja de ser suficiente, millones de personas deberían aportar información adicional, especialmente sobre el estatus migratorio de sus padres.Esto implicaría cambios profundos en múltiples áreas:Procesamiento de pasaportes: se exigiría prueba del estatus migratorio o ciudadanía de los padres. Asignación de números de Seguridad Social: dependería de registros administrativos que podrían no ser precisos. Acceso a beneficios sociales: se volvería más complejo verificar quién cumple con los requisitos de ciudadanía. Según CNN, la magnitud del desafío es significativa si se considera que cada año nacen más de 3,6 millones de bebés en Estados Unidos. Como señaló Kavanaugh en su momento, el sistema podría requerir verificaciones masivas sobre los padres de cada recién nacido, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad operativa.Un cambio que impactaría en millonesDe acuerdo con CNN, el plan del presidente Donald Trump busca limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal, con el objetivo de desalentar el llamado "turismo de nacimiento". Sin embargo, sus críticos sostienen que el alcance de la medida sería mucho más amplio.El cambio implicaría pasar de un modelo basado en el lugar de nacimiento (ius soli) a otro centrado en la ascendencia (ius sanguinis). Para los expertos citados por CNN, esto representaría una transformación radical del sistema estadounidense.El profesor Vikram Amar, especialista en derecho constitucional, explicó que este giro alteraría los fundamentos históricos del país norteamericano. Según su visión, la tradición estadounidense rechazó las ideas europeas basadas en linajes o "derechos de sangre", al apostar en cambio por un modelo inclusivo ligado al territorio.Antecedentes judiciales y próximos pasosEl conflicto legal ya pasó por instancias inferiores. Tribunales federales bloquearon temporalmente la orden ejecutiva de Trump, tanto en demandas impulsadas por estados como en acciones colectivas. No obstante, la Corte Suprema decidió revisar el caso, lo que abre la puerta a un fallo definitivo.Se espera que la decisión llegue antes de finales de junio y podría tener implicancias históricas. A diferencia de instancias anteriores, en esta ocasión los jueces analizarán directamente la legalidad de la medida, no solo su aplicación temporal.

Quinta de Pilar vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación debe salir del juzgado de González Charvay en Campana y regresar a la órbita del fuero federal en CABA. Define ahora el Tribunal

Para Sebastián Maril, es "mínima la chance de que los jueces revisen el fallo" por YPF pero el caso podría seguir en el Ciadi

El conflicto judicial mantiene la atención de inversores y analistas, mientras el fondo Burford Capital explora nuevas vías legales. El Gobierno se mantiene aliviado ante la decisión de la justicia norteamericana de la semana pasada

La Corte Suprema se muestra unida y presenta el nuevo reglamento para elegir jueces

La propuesta impactará sobre todo en los futuros integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py. Busca que se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y se evite la discrecionalidad. Leer más

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45

Las 5 detenidas por la agresión tránsfoba en La Bañeza (León), a la espera de ver al juez

El juez rechaza apercibir al abogado de la denunciante del exDAO por hacer declaraciones: "Es ajeno a la instrucción"

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

El responsable de bomberos forestales de Alzira declaró ante la magistrada que investiga la gestión de la catástrofe que a las 12.45 ya no era posible controlar el caudal del río, cuya crecida sorprendió por su magnitud

El expresidente de la Diputación de Almería declarará ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio

La investigación judicial avanza sobre una presunta red de irregularidades en concursos públicos, señalando a Javier Aureliano García y familiares entre los principales implicados, mientras la UCO recopila pruebas de supuestas comisiones y desvío de fondos por valor millonario

Murió María del Carmen Roqueta, la ex jueza que dio por probado el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura

Se trata de María del Carmen Roqueta. Como presidente del Tribunal Oral Federal N°6, condenó a nueve militares el 6 de julio de 2012. Entre ellos se encontraba Jorge Rafael Videla

La Corte Suprema cierra filas y se muestra unida en la presentación del nuevo reglamento para elegir jueces

La Corte Suprema de Justicia cerró filas en torno a la propuesta del nuevo reglamento para la selección de jueces y convocó para este lunes a un acto público donde estarán los tres jueces supremos â??y no solo los dos que lo firmaronâ?? para hacer una presentación formal de la iniciativa.La propuesta del nuevo sistema para seleccionar magistrados surgió de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero inicialmente, Rosatti no lo firmó.Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron el miércoles pasado una acordada en la que plantearon que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choise y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.Rosatti no firmó esa acordada, lo que alimentó las versiones de diferencias internas en la Corte en torno a este tema. Lo que sería toda una novedad, pues desde que Rosatti preside la Corte, Rosenkrantz lo respaldó en las decisiones de conjunto, mientras que Lorenzetti exhibió juego propio y muchas veces quedó en minoría.Sin embargo, con el correr de las horas lo que parecieron diferencias entre ambos magistrados fueron explicadas como "razones formales".Fuentes de los tribunales indicaron a LA NACION que Rosatti no firmó la acordada porque no podía hacerlo en su doble carácter de presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.Las fuentes señalaron que Rosatti no estampa su firma en las cuestiones jurisdiccionales, como por ejemplo los pedidos de licencia que involucran a jueces con trámites en el Consejo.Una manera de aventar los rumores, que desbordaron los tribunales y alcanzaron al Congreso y al Consejo de la Magistratura, será presentarse los tres jueces juntos en el acto de presentación de este reglamento, que tendrá lugar este lunes en la Sala de Audiencias del tribunal, en el Palacio de Justicia. La Dirección de Ceremonial y Protocolo repartió invitaciones en la que señala: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el agrado de invitar a usted al 'Acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la Nación', elaborado por el Tribunal, el cual se llevará a cabo el lunes 30 de marzo, a las 16.30, en el Palacio de Justicia".Tras los rumores, fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que asistirán los tres jueces supremos.El nuevo reglamento es una propuesta que será analizada por el Consejo de la Magistratura el 1° de abril, cuando Rosatti presida primero las "reuniones de labor" y luego el plenario, donde será sometido a discusión.Desde la Corte informaron que se les transmitió a los consejeros que la aspiración es que el reglamento sea analizado y tratado con el "respeto" que implica la propuesta que fue firmada por dos jueces del máximo tribunal.Otros 14 proyectosDe todos modos, en el Consejo de la Magistratura recordaron que hay otros 14 proyectos de reforma del reglamento de selección de jueces que se debaten desde hace un año y medio sin que los consejeros puedan ponerse de acuerdo.En el Consejo se analizarán todos los proyectos, dijo un consejero a LA NACION, quien advirtió que no están obligados a hacer lo que dispuso la Corte. Difícil camino le espera a esta nueva iniciativa. La propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, que no es vinculante, fija límites al margen de acción política en el criterio de selección.Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. El proyecto de la CorteEn la propuesta de la Corte, el peso de la selección pasa por el diseño de un banco de preguntas â??corregido de manera automáticaâ??, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.El reglamento es un avance sobre la potestad de autogestión del Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas con el formato multiple choice. También, se reduce la incidencia en el puntaje de la etapa de las entrevistas personales â??el momento de mayor intervención "política" de los consejerosâ??: solo pueden asignar un 10% del puntaje total.Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine cómo se evalúa a los candidatos. Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que los concursos se convocan antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.Otro cambio es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. El primero es el de corrección automatizada, que funciona como filtro técnico. Y el segundo, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias.La entrevista personal deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas. En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.También se avanza hacia la digitalización del proceso, donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política, para convertirse en jueces a pesar de sus antecedentes.

La Corte interviene para eliminar los viejos vicios en la selección de los jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha redactado un proyecto mediante el cual propone al Consejo de la Magistratura la sanción de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal. El alto tribunal retoma así la iniciativa sobre un tema clave hoy, tan importante como cuando en 1863 propició un proyecto fundacional de lo que luego serían las leyes que delimitaron la competencia y organización de la justicia federal del país. Ese origen reconoce también la Judges' bill de 1925 en los Estados Unidos, relativa a la justicia federal de ese país, que fue proyectada por la Corte Suprema norteamericana.El texto es breve, claro y avanza sobre los puntos más importantes del proceso de selección de jueces. Procura que en ese proceso se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y la no discrecionalidad. El proyecto es irreprochable y muestra cuál es el camino correcto. La Corte, volviendo su mirada sobre la realidad, expresa que "a partir de la experiencia recogida en los últimos añosâ?¦ se considera conveniente proponer mejoras orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados, se advierte la necesidad de perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad, en resguardo de la eficiencia y legitimidad del funcionamiento del Poder Judicial."Así es como el Tribunal procura la implementación definitiva de un procedimiento que permita elegir jueces con anticipación a que se produzca una vacante, lo que agilizaría enormemente el proceso de selección y evitaría tener que estar corriendo detrás de los hechos, como ocurre en el presente. Este simple recurso, de haberse implementado antes, hubiera evitado llegar a la situación actual donde, desde hace años, existen centenas de vacantes por cubrir. Algunos otros puntos considerados por este proyecto merecen la atención. Por un lado, en lo que hace a la evaluación de antecedentes, se incorpora el rendimiento que en la carrera de grado haya observado el o la postulante, exigencia que sorprende que no exista. Por el otro, con relación al examen, se propone la indagación sobre los conocimientos del Derecho del candidato y cuál es su desempeño práctico, ante la solución de un caso concreto. Asimismo, para evitar filtraciones de consignas -cosa que ha ocurrido en el pasado-, se propone que quienes elaboren esos exámenes sean personas diferentes de quienes los corrigen. Finalmente, en el proyecto se regula más minuciosamente lo que se conoce como la entrevista personal, que es uno de los últimos escalones que se debe superar antes de elaborarse la terna de candidatos que el Consejo someterá al Poder ejecutivo. El procedimiento, brevemente expuesto, es el siguiente. Una vez que se han evaluado los antecedentes y la prueba escrita, se determina un orden de mérito según el puntaje provisional obtenido. Seguidamente, se convoca a los mejores seis candidatos a una entrevista personal. A esa entrevista se le asigna un puntaje que se suma al obtenido anteriormente y que puede alterar el puntaje provisional. En el proyecto, ese puntaje ha sido reducido considerablemente. Al mismo tiempo, la entrevista misma ha sido regulada más minuciosamente "a fin de evitar que la valoración de los postulantes se haga de modo disfuncional para el objetivo de lograr identificar a los más meritorios e idóneos y que se altere de manera significativa el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas." Aquí la Corte identifica un clamor del foro y del mundo académico. En el pasado, esa entrevista ha sido empleada por mayorías circunstanciales que beneficiaron por razones ajenas al mérito y a la idoneidad, a postulantes cuyos antecedentes y su desempeño en el examen escrito merecieron un puntaje alejado del obtenido por los primeros concursantes. Decenas de artículos y ensayos académicos han reclamado la modificación del contenido de la entrevista y de su puntaje, advirtiendo las inconveniencias e injusticias a que daba lugar. La Corte también conoce esas deficiencias de primera mano. Son muchas las sentencias revocadas por ella por la arbitrariedad que las preside. Urge, entonces, limitar esa discrecionalidad como propone la Corte, si lo que se persigue es la designación de buenos jueces y juezas. La experiencia nos enseña que en numerosas ocasiones nuestros representantes no han sido sabios al momento de la elección de muchos jueces. El proceso de elección anterior daba total preeminencia al poder político o, más bien, a quien tuviera la mayoría del Senado, que es el cuerpo que convalida las propuestas del Presidente. Se alzaron críticas vehementes contra muchas designaciones. Para zanjar ese déficit se creó el Consejo de la Magistratura. Pero, si bien no se conocen estadísticas, el panorama no mejoró en lo que hace a la prevalencia política de la mayoría, conformada por los representantes del Congreso y del Poder ejecutivo o a los acuerdos espurios entre ese estamento y el de alguno de los otros sectores que puedan inclinar el resultado. En 2023 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba la composición del Consejo pues, entre otras cosas, mantenía la prevalencia del sector de la política en las decisiones importantes. Pero ello no alcanzó. Una de las razones por las cuales hemos contado con malos jueces estriba en el proceso de su elección. Allí es donde hoy la Corte Suprema, una vez más, interviene, para tratar de eliminar los errores de diseño y los viejos vicios. Sin duda, este proyecto es servicial al primero y puede contribuir a morigerar los segundos. Hasta el día de hoy, los representantes de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya han expresado orgánicamente su beneplácito. No se ha escuchado todavía a los partidos políticos ni a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Ya conoceremos su posición cuando deban manifestarse en el Consejo de la Magistratura donde, es de esperar, este proyecto reciba pronto tratamiento.Todos anhelamos buenos jueces y juezas. Pues, sin jueces probos e idóneos, el Poder Judicial se transforma en un cuerpo errático en manos de oportunistas privilegiados que actúan en beneficio propio, de amigos o al mejor postor, destruyendo los cimientos del edificio que debe custodiar, haciendo del litigio una burla y arrastrando en su camino la confianza pública en el Poder Judicial, última valla de toda sociedad civilizada contra la arbitrariedad.Alberto F. Garay es abogado constitucionalista

Confirmaron el procesamiento del juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de "vender" fallos a cambio de coimas

La Cámara Federal rosarina ratificó el avance de la causa "Attila". El magistrado no está detenido solo gracias a sus fueros. También investigan al escribano Santiago Buscaniche, presunto intermediario de las maniobras

Buenas noticias para Chicago: un juez ordena liberar fondos clave para la expansión del transporte público

La decisión judicial permite evitar la paralización de obras estratégicas.

Los candidatos a jueces deben tener experiencia en el ejercicio liberal de la abogacía

La magistratura argentina podría beneficiarse de una selección más plural que valore la experiencia en el mundo jurídico, económico y social real

El juez cita por tercera vez a Begoña Gómez para enviar su causa a un jurado popular

Apoyos a la reforma de la Corte para elegir jueces: entidades jurídicas avalaron cambios en el sistema de concursos

FORES y el Colegio de Abogados de la Ciudad destacaron la incorporación de evaluaciones objetivas, anonimato y menor peso de las entrevistas

Juez impuso medida de aseguramiento a los hermanos Gómez Cardozo por secuestro y hurto en el caso Diana Ospina en Bogotá

Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía permitió identificar a los sujetos señalados, que aceptaron responsabilidad en la sustracción de dinero y prolongado cautiverio a una víctima en la ciudad

La Junta de Andalucía confía en que la jueza del caso Adamuz acepte su personación

Nueva movilización de las víctimas de la DANA para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y declare ante la jueza

El expresidente de la Generalitat ha sido citado a declarar como testigo, después de que el TSJCV concluyó que no existían indicios suficientes para imputarle

La nueva Oficina Anticorrupción quedó al mando de una jueza conocida de Mahiques y lejos del perfil político del macrismo

Cuentan los que saben que Juan Bautista Mahiques llamó a la jueza porteña Gabriela Zangaro el mismo día en que asumió como ministro de Justicia. Le pidió que estuviera al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) y ella le dijo que sí sin dudar. Su designación frente al área -sensible por los temas que maneja- se plasmó en el Boletín Oficial este viernes, en medio de un torbellino para el gobierno libertario por la ebullición de dos casos -el de Adorni y $LIBRA-, con complicaciones justamente por supuesta corrupción y la cúpula de esta administración bajo sospecha. Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, Mahiques buscó completar su equipo en el Ministerio de Justicia con funcionarios que considera "intachables" y con personas que no tuvieran manchas a nivel público. El ministro pretendió así evitar más presión sobre su cartera porque ya tuvo demasiados ruidos con su desembarco en el Gobierno, tanto por las polémicas sobre su relación con la cúpula de la AFA como por si arribaba para ayudar a la secretaria general, Karina Milei, en los tribunales (dos cosas que negó terminantemente).Zangaro no tiene recorrido mediático ni político y de momento sobre ella se conoce que trabaja desde 2003 como jueza de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juzgado N° 22. También, que integra el Consejo de la Magistratura porteño. La nueva titular de la OA tiene un Instagram donde comparte su actividad profesional. Al igual que Mahiques, Zangaro tiene trayectoria el Poder Judicial de la Capital, donde ambos se conocieron. Según pudo recabar LA NACION, en la oposición no hubo por ahora comentarios o referencias respecto de la funcionaria entrante, ni en público ni en privado. "Es seria y estudiosa", la describieron voces de la gestión anterior de Justicia de la era Milei. Aunque Mahiques integró el gobierno de Mauricio Macri como subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, fuentes del Gobierno dejaron trascender ante este medio que no busca que la OA tenga el perfil de un organismo que se encargue de causas de relevancia política -sobre todo de la oposición- como sí ocurrió durante el paso de Cambiemos por el Ejecutivo.En esa época, cuando Laura Alonso estaba frente al área, involucró a la OA en acusaciones en causas de corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, y otros exfuncionarios y personajes afines al kirchnerismo.Ya durante sus primeras entrevistas, el ministro de Justicia de Milei dejó en claro que -al igual que su antecesor, Mariano Cúneo Libarona- no hará que la OA sea querellante en causas de corrupción.Por ahora, Mahiques pretende que Zangaro utilice el área -que según fuentes gremiales tiene una dotación de 134 empleados- para que se encargue de las denuncias que ya están presentadas y de las que lleguen a futuro. "Hay un montón de denuncias y la OA tiene gente capacitada para investigar", dijeron desde el Gobierno. Más allá de que Zangaro cuenta con especialización en Derecho Penal, con un posgrado en Derecho Penal Tributario, voces de la Casa Rosada aclararon que Mahiques no tiene pensado involucrarla en la redacción del nuevo Código Penal que prometió junto al presidente Milei. Según los datos oficiales publicados en la web del Consejo de la Magistratura porteño, Zangaro se recibió de abogada el 30 de junio de 1994 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e ingresó a la Justicia, en sus inicios a la nacional, en 1989.

El juez acuerda la libertad de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel

Respaldo del Colegio de Abogados de la Ciudad a la propuesta de la Corte para la selección de los jueces

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su apoyo al reglamento de concursos para la selección de magistrados aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la acordada 4/26 y que se encuentra a consideración del Consejo de la Magistratura."El Reglamento aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados", señaló la entidad porteña en un comunicado.También se mostró conforme con la propuesta de "establecer como regla general la realización de concursos anticipados", lo que "aportará celeridad en las designaciones y transparencia, porque se evitarán interferencias políticas, ya que los postulantes rendirán las pruebas sin saber para qué cargo concreto están concursando", sostuvo la entidad que preside la doctora Rosalía Silvestre."El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que la reducción del puntaje otorgado a la entrevista personal, reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesaria para tan altos cargos", se expresó en la declaración.La entidad, en su rol de defensor de la Constitución nacional y de las instituciones republicanas, anunció que "seguirá velando por la integración del Poder Judicial con magistrados idóneos, independientes y que generen la confianza necesaria en la ciudadanía".

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La decisión judicial de alto impacto en Nueva York generó repercusiones en el ámbito financiero internacional y marcó un precedente en disputas legales vinculadas a expropiaciones estatales

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Quién es el preso que estuvo detrás de las estafas de las que fueron víctimas dos jueces de San Isidro

Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Luis Cayuela, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fueron blanco de una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los delincuentes se hacían pasar por empleados de una empresa de correo privado y de una compañía telefónica para robar las cuentas de WhatsApp de los magistrados para después pedir a los contactos agendados dinero a su nombre. Detrás de las llamadas que recibieron los camaristas en sus celulares estuvo la voz de Gabriel Nicolás Giménez, un preso reincidente, de 26 años, que cumple una condena única a 10 años de prisión.El intento de estafa a un juezAsí lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Giménez es uno de los tres acusados de las estafas de las que fueron víctimas Stepaniuc y Cayuela, entre otras personas.Giménez había sido condenado el 26 de junio de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Martín a la pena de tres años y nueve meses de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa. Los jueces lo declararon reincidente y le fijaron una pena única de 10 años y un mes de cárcel.Anteriormente había tenido causas por robo y tenencia de arma de fuego, informaron a LA NACION fuentes judiciales. "Giménez era el dueño de la línea telefónica utilizada por las estafas y su voz es la que quedó registrada en varias de las llamadas a las víctimas", dijo un detective del caso.Como se dijo está preso en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena. Desde una línea telefónica a su nombre se hicieron las llamadas que formaron parte del plan criminal.La investigación comenzó tras la denuncia de Cayuela, que cayó en la trampa de los estafadores el 19 de febrero pasado al mediodía. El impostor se presentó como empleado de un correo privado y le avisó que tenía una encomienda para entregarle y que debía pasarle un código de seis números que le estaba por llegar. Distraído en ese momento por cuestiones familiares, el magistrado perdió el control de su cuenta de WhatsApp. El estafador, desde su línea, comenzó a enviarles mensajes a sus contactos para pedirles dinero.Una semana después, desde la misma línea telefónica llamaron a Stepaniuc. También su interlocutor se hizo pasar por empleado de un correo privado, pero como el juez estaba en la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro con Cayuela, fue advertido por su colega de que se trataba de una trampa y cortó la comunicación.A partir de la denuncia de Cayuela se ordenó una serie de intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir la forma en que los estafadores inducían a las víctimas a entregarles los códigos de seguridad para tomar control de la aplicación de WhatsApp de sus líneas telefónicas.Por ejemplo quedó grabada la llamada que le hicieron a Stepaniuc. Mientras el juez habla con su interlocutor se escucha de fondo a su colega. "Es lo mismo que me hicieron a mí", se escucha decir a Cayuela. Entonces, Stepaniuc, antes de cortar la comunicación, dijo: "Ya nos estafaron con eso acá".Las dudas de una víctima, que igual cayó en la trampaLa investigación se inició tras la denuncia de Cayuela y quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, quien junto con detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudo identificar a Giménez y a otros dos internos del penal de Magdalena como los responsables de las estafas.A partir del dictamen del fiscal Ferrari, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó un allanamiento en la cárcel de Magdalena. En la resolución donde dispuso el procedimiento dijo: "Queda claro que desde el penal de Magdalena actúan varios masculinos -incluso de manera simultánea-, llegando los aquí investigados a realizar cerca de 30 llamadas telefónicas diarias, siempre en horario laboral -entre las 9 y las 17.30â?? tratando de captar víctimas a través de engaños y utilizando para ello tres discursos diferentes:El primero resulta ser el envío de un paquete de la empresa Andreani, con el cual logran obtener el código de verificación de la aplicación WhatsApp.El segundo llamado lo hacen aludiendo ser un analista de sistemas de Movistar que informa que el abonado telefónico de la víctima ha sido registrado en otro dispositivo, utilizando el engaño para obtener los datos de la aplicación WhatsApp y/o Gmail.Por último, realizan una comunicación emulando ser personal de soporte técnico de WhatsApp, refiriendo que debían confirmar la identidad de la cuenta, sino la misma sería bloqueada por 15 días, con la finalidad de obtener los datos necesarios para continuar con la maniobra delictiva".Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, Giménez y su cómplice no sabían que Cayuela y Stepaniuc eran jueces, pero se sospecha que tenían una base de datos y conocían sus edades y que viven en la zona norte del conurbano.Las maniobras de estafas protagonizadas por el Call Center Carcelario, como se denominó a la organización criminal, expusieron una vez más que los delincuentes alojados en las cárceles usan los teléfonos celulares que tienen autorizados desde la pandemia para cometer delitos.Además, la cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.

La jueza escucha este viernes los primeros testimonios sobre el accidente en El Bocal

El fiscal de Campana se opuso a que se acumulen todas las causas vinculadas a la AFA en el juez Gonzalez Charvay

Objetó la postura del juez federal de esa ciudad que pidió todos los expedientes.Una magistrada nacional ya remitió su expediente por los fondos de la entidad en el exterior.

El juez mantiene para mañana la declaración de Mouliaá por presuntas calumnias a Errejón

El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella

Una jueza de Barcelona rechaza por tercera vez suspender la eutanasia a la joven de Barcelona

Dos jueces de San Isidro fueron estafados por tres presos desde la cárcel de Magdalena

Los internos se hacían pasar por empresas como Andreani, Movistar o soporte de WhatsApp para obtener códigos de verificación y acceder a cuentas. Una de las víctimas perdió el control de su WhatsApp; otro magistrado logró evitar la maniobra a tiempo. Leer más

Bendodo reprocha al Gobierno que un juez le haya obligado a reunirse con los municipios

La Corte Suprema busca "reducir la discrecionalidad" con un nuevo reglamento para los concursos de jueces

Mediante una Acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema exige que su autoridad como órgano supremo de la justicia argentina sea respetada en los concursos de jueces. Leer más

Fechas alteradas, recursos negados y jueces parciales: las claves del caso de un comandante venezolano detenido

"Mi hijo está preso por un expediente falso y los tribunales lo saben", resumió Antonia Azuaje, madre de Julio César Riobueno. Los detalles

Un juez de Alicante levanta el secreto de sumario en la causa de los bonos comercio

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirma que la investigación sobre el manejo de ayudas comerciales en la provincia avanza, tras el análisis de registros, detenciones y declaraciones incluidas en el proceso judicial sucedido en Alicante

Destituyeron a un juez en Mar del Plata tras denuncias por maltrato, hostigamiento y acoso sexual

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires destituyó este miércoles a Mariano José Riva, juez que estaba a cargo del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata y que había sido denunciado por maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores. Estaba suspendido desde finales del año pasado.Según informó el medio local La Capital de Mar del Plata, se determinó que efectivamente Riva cometió los delitos que se le imputaron, entre ellos, cambios de lugar de trabajo como castigo, críticas injuriosas, obstrucción de licencias médicas, intromisión en la vida privada y alusiones de índole sexual constantes.La denuncia fue impulsada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el procurador General, Julio Conte Grand. En el proceso, que comenzó el 17 de marzo, hubo 20 testimonios de víctimas, en una lista que inicialmente superaba los 50 citados.Riva estaba apartado de su cargo desde febrero de 2024, cuando la Suprema Corte le dio una licencia compulsiva, la cual luego se convirtió en una suspensión con un embargo del 40% de su sueldo.Desde la Asociación Judicial Bonaerense emitieron un comunicado y su secretario gremial, Oscar Yenni, señaló: "Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas".Asimismo, Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad, remarcó: "Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren. Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de géneros y libre de violencias".El tribunal que dictó la sentencia fue presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, y conformado por legisladores de distintos bloques, entre ellos, Diego Garciarena, Germán Di Cesare, Ricardo Lissalde, Maite Alvado y Martín Endere, y representantes del Colegio de Abogados.Otro hecho similar ocurrió también en Mar del Plata, meses atrás, cuando el juez Martín Poderti fue destituido después de ser acusado de robarse 144 monedas de oro. En esa ocasión, un jury del Consejo de la Magistratura consideró que no contaba con la confianza necesaria para continuar."Este jurado considera que el doctor Poderti ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social", declararon en la sentencia emitida y aclararon: "Incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, actuando de manera inconsulta, defraudando la confianza de su superior y la de sus pares".En tanto, resolvió: "Esta mácula indeleble lo precedía al momento de la aprobación de su pliego, lo cual constituye un óbice oculto que quebrantó la imprescindible integridad con la que debe contar los aspirantes al ejercicio de la magistratura. Y por eso ello, Martín Luciano Poderti ya no es digno de continuar representando tan alta investidura".

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El programa de repostería de RTVE ha vivido una entrega cargada de tensión y decisiones estratégicas con el fin de llegar a la gran final

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

No es la primera vez en estos dos meses que la empresa despierta la polémica, ya que a principios de febrero la jueza tuvo que reprenderles para que no realizaran acciones sin "previa autorización judicial" tras la retirada de varias piezas

El Gobierno envía al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizó el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo. El Gobierno no difundió los nombres de la lista porque informó que el proceso de firma tarda unas 48 horas, entre que los pliegos son rubricados y enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado. Dijo el Gobierno que los nombres se conocerán oficialmente cuando concluya este mecanismo de carga.Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Seâ?¦— Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026No obstante, todo el Poder Judicial estaba pendiente de estos anuncios.El ministro Mahiques publicó esta noche en X el anuncio. Allí mencionó: "Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social". Mahiques agregó: "Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde".El Gobierno viene demorando esta decisión hace más de dos años. Incluso Manuel Adorni cuando era vocero hizo una conferencia de prensa junto al entonces viceministro Sebastián Amerio para anunciar este envío, que nunca se concretó. Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.

La Corte Suprema toma la iniciativa para designar buenos jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una loable iniciativa destinada a mejorar sustancialmente la selección â??y posterior designaciónâ?? de los jueces de la Nación. Mediante la acordada 4/2026 ha aprobado, en su condición de cabeza del Poder Judicial, un "Reglamento de concursos para la selección de magistrados" y le ha propuesto al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo apruebe y lo ponga en vigencia. La propuesta es trascendente, por el avance que significa, y muy oportuna, por la inmensa cantidad de vacantes que dificultan el buen funcionamiento de este poder del Estado.Una de las innovaciones más importantes del nuevo reglamento consiste en establecer como regla general la realización de concursos anticipados, es decir, antes y no después de que se produzcan las vacantes. Entre las múltiples ventajas de la anticipación sobresalen dos. La primera, que las vacantes podrían ser cubiertas de inmediato, en lugar de tener que esperar los dos o tres años que suelen llevar los concursos, como mínimo. La segunda, que evitaría las interferencias políticas, tan habituales y nefastas hoy en día. Porque los postulantes rendirían las pruebas sin saber para qué cargo concreto podrían ser luego designados.La cobertura rápida e inmediata de las vacantes impediría llegar a una situación como la actual en la que más de un tercio de los cargos de jueces se encuentra vacante, circunstancia que prenuncia un colapso inminente e inevitable.Los exámenes, por su parte, también cambiarían sustancialmente. En primer lugar, pasarían a ser dos en lugar de uno solo. El primero sería una prueba automatizada, de opciones múltiples y corrección informatizada, que mediría los conocimientos generales de derecho de modo objetivo. En caso de aprobarlo, los postulantes rendirían un segundo examen centrado en la resolución de casos.Y no solo se propician medidas para reforzar el anonimato de los concursantes sino que también se separan las funciones de proponer las preguntas y el contenido de los exámenes y la de corregirlos, para evitar posibles filtraciones y colusiones.Otra reforma esencial es la de limitar la discrecionalidad en la etapa de entrevistas personales, que constituye uno de los aspectos más deleznable en el sistema actualmente vigente y al que ya me he referido (ver, mi nota en este mismo diario del 12/8/2024).Hoy en día, luego de la evaluación de antecedentes y de la corrección del examen escrito, los postulantes deben someterse a una entrevista personal, a la cual llegan ordenados por la suma de los puntajes obtenidos en las dos etapas anteriores, que en teoría deberían ser evaluaciones objetivas. Pero, y aquí viene el problema, con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista, cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, inclusive, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).El reglamento propuesto por la Corte Suprema cambia esa censurable discrecionalidad por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos y con límites previamente definidos, lo cual debería desterrar los ascensos y descensos meteóricos o injustificados en el orden de mérito de los concursos.En definitiva, se trata de modificaciones propuestas por algunos de los propios consejeros durante los últimos años (incluido el autor de esta nota) basadas en la experiencia y con el aval de muchos concursos realizados y órdenes de mérito aprobados. Y aunque es de lamentar que no haya sido el propio Consejo de la Magistratura quien impulse la propuesta, es muy saludable y debe ser recibida con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema orientada, sin la menor duda, a mejorar la objetividad y transparencia en el proceso de selección de futuros jueces y a lograr que, finalmente, se designe a los mejores y más idóneos candidatos.(*) El autor es exdiputado de la Nación (PRO) y exmiembro del Consejo de la Magistratura.

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El magistrado decidió mantener vigentes las restricciones contra la joven abogada acusada de realizar gestos racistas a tres empleados de un bar, a pesar de que la Fiscalía y la querella habían avalado que regresara a Argentina. Leer más

La Corte propone una reforma en el mecanismo de selección de jueces y busca limitar la incidencia de la política

La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección. El nuevo reglamento de selección de jueces propuesto lleva la firma de solo los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. Ahora el peso de la selección pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso. Los jueces dispusieron elevar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración y decidieron comunicarlo a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Se necesitan mayorías agravadas para su aprobación.El trabajo lo venía realizando Rosenkrantz desde hace varios meses y Lorenzetti lo acompañó, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Rosatti quedó en soledad, lo que marca un cambio en la dinámica de funcionamiento de la Corte.En el Consejo de la Magistratura hay otras propuestas, cerca de 14, pero en este caso se trata de una acordada de la Corte. En el Consejo se analizarán todas, dijo un consejero a LA NACION, que señaló que no están obligados a hacer lo que dispuso la Corte.El reglamento le pone límites al Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice. Las entrevistas personales solo pueden dar puntos al candidato con un límite del 10% del total.Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine no solo cómo se evalúa a los candidatos, sino también dónde reside el poder real dentro del proceso.Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas. Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que siempre se harán concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos. Doble examenOtro cambio central es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. Una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, funciona como filtro técnico. La segunda etapa, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias. Todo el proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, en un intento por blindar la evaluación frente a interferencias externas.La entrevista personal, uno de los momentos de mayor incidencia política, pierde peso. Su puntaje queda limitado a un 10% dentro del total, y su capacidad de alterar el orden de mérito se reduce al mínimo. Deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas.En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.También se avanza hacia la digitalización del proceso donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.El nuevo modelo reduce de manera ostensible la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso con la posibilidad de influir en las entrevistas o de alterar el orden de mérito, pues esa facultad queda acotada. Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva, o al revés. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política.Ahora el poder pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso. La Corte Suprema consolida su influencia sobre el proceso de selección en desmedro del Consejo de la Magistratura.Los cambios principales son la fijación de pautas objetivas de asignación para la categoría "especialización" y se incorporan indicadores como el de rendimiento académico en la carrera de grado.Si antes el examen consistía en la elaboración de una sentencia, ahora hay dos etapas: en la primera, se evalúan los conocimientos de derecho del concursante; en la segunda, su capacidad de resolver situaciones prácticas de su función.El nuevo examen busca mayor amplitud y objetividad en los conocimientos jurídicos y prácticos de los concursantes.Antes los jurados elaboraban y corregían el examen. Ahora los que elaboran el examen no son los mismos que lo corrigen. Se evitan así filtraciones de consignas y sesgos en la calificación.La primera etapa es una calificación automatizada que mide conocimientos sin discrecionalidad en la calificación. La segunda etapa fija criterios claros para la asignación del puntaje en la resolución del caso.Se preserva el anonimato de los concursantes y se privilegia la aplicación de normas neutrales e igualitarias en la corrección de las consignas.La discrecionalidad de la Comisión de Selección en la convocatoria a la entrevista y en la asignación de puntos, que muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes, se limita. Así se busca eliminar la discrecionalidad política en la evaluación de los candidatos y se privilegia el resultado técnico de la evaluación de antecedentes y examen.

Conflictos por tierras en Colombia tendrán nuevos jueces: Congreso aprobó la Jurisdicción Agraria

La nueva jurisdicción agraria permitirá crear tribunales y jueces especializados para resolver disputas por tierras, baldíos y propiedad rural, una deuda histórica con el campo colombiano

Los audios de la banda que cometía estafas desde la cárcel y que tuvo a dos jueces de San Isidro como víctimas

Eran las 11.55 del 26 de febrero pasado cuando el teléfono celular del juez Juan Eduardo Stepaniuc comenzó a sonar. El magistrado, que estaba en la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y en lo Penal de San Isidro, donde cumple funciones, respondió la llamada. Su interlocutor se presentó como un empleado de un correo privado y le pedía que tomara nota de un número de remito que debía entregarle al cadete que iba a llevar un paquete a su domicilio. Todo era una puesta en escena para intentar estafar al funcionario judicial. La potencial víctima no cayó en la trampa. Cortó la comunicación a tiempo después de que su colega Luis Cayuela le advirtiera que pretendían hackearle su cuenta de WhasApp.El audio donde el estafador insulta a la víctimaCayuela sabía de que se trataba. Una semana antes había caído en la trampa de los estafadores. El impostor que lo llamó a las 13.13 del 19 de febrero pasado también se presentó como empleado de un correo privado y le avisó que tenía una encomienda para entregarle y que debía pasarle un código de seis números que le estaba por llegar. Distraído en ese momento por cuestiones familiares, el juez cayó en la trampa y perdió el control de su cuenta de WhatsApp. El estafador, desde su línea, comenzó a enviarle mensajes a sus contactos para pedirle a su dinero.Detrás de las llamadas que recibieron los jueces Cayuela y Stepaniuc estuvo una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El intento de estafa a un juezAsí surge de una investigación del fiscal Patricio Ferrari, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires donde se logró identificar a los delincuentes detrás de las estafas.En las últimas horas, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó una serie de allanamientos en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena, en las celdas donde están alojados los sindicados integrantes de Call Center Carcelario, como se denominó a la organización criminal.Tres internos de la cárcel de Magdalena quedaron imputados y detenidos por las estafas. Los sospechosos fueron identificados por fuentes judiciales y policiales como Gabriel Nicolás G., de 26 años; Juan Manuel A., de 32, y Facundo P., de 28.A partir del dictamen del fiscal Ferrari, en la resolución donde ordenó el allanamiento en la cárcel, el magistrado explicó: "Queda claro que desde el penal de Magdalena actúan varios masculinos -incluso de manera simultánea- llegando los aquí investigados a realizar cerca de 30 llamadas telefónicas diarias, siempre en horario laboral -entre las 9 y las 17.30 tratando de captar víctimas a través de engaños y utilizando para ello tres discursos diferentes: El primero resulta ser el envío de un paquete de la empresa Andreani, con el cual logran obtener el código de verificación de la aplicación WhatsApp. El segundo llamado, lo hacen aludiendo ser Analista en sistema de Movistar y que su abonado telefónico había sido registrado en otro dispositivo, utilizando el engaño para obtener los datos de la aplicación WhatsApp y/o GmailPor último, realizan una comunicación emulando ser personal de Soporte Técnico de WhastApp refiriendo que debían confirmar la identidad de la cuenta, sino la misma seria bloqueada por 15 días, con la finalidad de obtener los datos necesarios para continuar con la maniobra delictiva.La investigación comenzó con la denuncia del juez Cayuela. Después se sumó la presentación hecha por su colega de la Cámara de Apelación en lo Penal y Garantías de San Isidro.Los jueces Cayuela y Stepaniuc fueron llamados desde la misma línea telefónica con prefijo de la ciudad de La Plata, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION. No fueron las únicas víctimas.Las dudas de una víctima, que igual cayó en la trampaLos detectives judiciales y policiales determinaron que la línea desde la que llamaron a Cayuela y Stepaniuc estaba a nombre de Gabriel Nicolás G. "quien posee un frondoso prontuario delictivo habiendo sido oportunamente condenado y declarado reincidente", según se afirmó en la citada resolución.Gabriel Nicolás G. está detenido desde el 13 de marzo de 2023. Como se dijo, actualmente, está alojado en la cárcel de Magdalena "siendo esto último, en un todo, coincidente con el lugar de comisión de los delitos aquí investigados", explicó el juez Rossignoli.A partir de la denuncia de Cayuela se ordenó una serie de intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir la forma en que los estafadores inducían a las víctimas a entregarles los códigos de seguridad para tomar control de la aplicación de WhatsApp de sus líneas telefónicas.Por ejemplo quedó grabada la llamada que le hicieron a Stepaniuc. Mientras el juez habla con su interlocutor se esucha de fondo a su colega. "Es lo mismo que me hicieron a mí", se escucha a decir a Cayuela. Entonces, Stepaniuc, antes de cortar la comunicación, dijo: "Ya nos estafaron con eso acá".En otra de las comunicaciones, la víctima, en medio de la charla, comienza a dudar y corta la llamada. Antes, el delincuente le llegó a decir: "Igual ya la hackeé, boludo".Las maniobras de estafas protagonizadas por el Call Center Carcelario expusieron una vez más que los delincuentes alojados en las cárceles usan los teléfonos celulares que tienen autorizados desde la pandemia para cometer delitos.Además, la cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos. En el marco de la investigación de la denominada banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos robos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, el fiscal Ferrari había solicitado que se les prohiba a sindicados integrantes de la gavilla alojados en cárceles del SPB el uso de teléfonos celulares para evitar que continuaran con la planificación y ejecución de los atracos."Se ha consolidado una dinámica de 'mando remoto' donde la inteligencia criminal y la selección de blancos se realiza puertas adentro de las cárceles mediante acceso a medios digitales, mientras que la ejecución es dirigida en vivo a través de video llamadas (WhatsApp e Instagram, etcétera), garantizando el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior. Así, los cabecillas, lejos de ver limitada su capacidad de acción por estar encerrados, simplemente reacomodaron su rol dentro de la estructura, pasando a dirigir, ordenar, validar operaciones y obtener provecho desde la cárcel", sostuvo Ferrari en su dictamen dirigido a jueces de dos tribunales orales, magistrados de Garantías, fiscales del fuero penal juvenil y al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).Finalmente los tres líderes de la banda y nueve integrantes fueron trasladados al mismo pabellón de la Unidad 61 de Melchor Romero, en La Plata, y se les prohibió el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Fuerte jugada de la Corte Suprema de Justicia: con un nuevo reglamento para los concursos de jueces, busca "reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad"

En una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enviada al Consejo de la Magistratura "para su consideración", el máximo tribunal estableció un nuevo Reglamento.Si lo aprueban, serán más importantes los antecedentes académicos y méritos personales de los candidatos, y se bajará el peso de las sospechadas "entrevistas personales" con los postulantes.