En el caso hay 9 detenidos, uno de ellos es el empleado de la Legislatura en el bloque oficialista. Se trata de Aníbal Ricardo Villarreal, de quien aseguran ya fue pedida su baja. Leer más
La joven estuvo internada en estado crítico por una patada voladora que recibió de una ex pareja y superior durante un entrenamiento
El simulacro nacional permitirá a los peruanos practicar qué hacer ante un sismo de gran magnitud. En zonas costeras como La Punta, el principal desafío será responder rápidamente ante un posible tsunami.
El proceso contra Alejandro Arias Monge entrará en una etapa clave durante un mes, con comparecencias de familiares y otros señalados mientras el tribunal revisa el alcance de la red descrita por la Fiscalía
Con Pedro Alonso como un empresario influyente, la producción enfrenta privilegio y desprotección en ocho episodios inspirados en un caso real que llegó a sus creadores por una investigación periodística
La Administración del Seguro Social incorporó 14 diagnósticos graves a su programa de Prestaciones por Compasión (Compassionate Allowances), permitiendo reducir el tiempo de aprobación de los beneficios de varios meses a solo unos días para los pacientes elegibles.
La investigación por la muerte de Julián Álvarez Guardia sumó nuevos elementos. Su familia denunció el faltante de una importante suma y objetos de valor. La decisión clave que tiene que tomar ahora la Justicia. Leer más
Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad este jueves por la mañana acusado de matar a su esposa de 40 años a puñaladas en Villa Devoto. Durante la magrugada, las autoridades recibieron el llamado de un joven de 21 años afirmó que su padre había matado a su madre -ambos de 40 años- y que luego se retiró del domicilio. Durante esa comunicación contó que estaba durmiendo cuando su hermana de ocho años lo despertó y le informó lo sucedido. Tras llegar al lugar, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la mujer.Femicidio en Villa DevotoSegún confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una "hemorragia importante".En tanto, a 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield; se encuentra en grave estado. "Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen", agregó Crescenti en diálogo con TN. Dónde ocurrió el episodioSegún pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el crimen ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Declaraciones de los testigos "Yo solo escuché un grito que decía 'hijo de puta' y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido", indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.Hasta el momento no fueron reveladas las identidades. En el lugar se montó un importante operativo policial y se restringió la circulación mientras se realizan las pericias de rigor.
El empresario fue capturado junto a su madre cuando ingresaba a la Argentina desde Paraguay. En una grabación difundida horas después, pidió a trabajadores que "no bajen los brazos" y advirtió que "pagarán los daños quienes tengan que pagarlos". Leer más
Los CDC atribuyen el peor brote en tres décadas a la baja en la vacunación infantil. La desinformación y el atraso en los esquemas de salud dejaron a miles de familias desprotegidas ante una enfermedad que ya provocó muertes en todo el país
La batería portátil o power bank permite mantener cargados celulares, radios y portátiles durante cortes de energía prolongados
Juan Arregín, representante de la familia de Julián Álvarez Guardia, declaró este miércoles que en la causa judicial se estudia la desaparición de miles de dólares.E informó que el joven ahorraba para comprarse su casa.
La resolución mantiene abierta la ruta para que el Máximo Tribunal examine la anulación de la absolución
El Comité para la Protección de los Periodistas hizo un llamado a las autoridades mexicanas para reforzar medidas de seguridad que beneficien al gremio periodístico
La joven de 18 años agradece a su defensa desde el penal de Altamira mientras avanza la apelación contra la resolución que permitió mantener abierto el caso por el feminicidio de Dafne Zapata
Guadalupe "N" permanecerá 3 meses en prisión durante el desarrollo complementario de la acusación en su contra
El oficial de guardia de la comisaría de 9 de Julio el día que desapareció el chico de 5 años dijo que los celulares secuestrados se analizaron sin testigos.Además dijo no recordar varias cosas, lo que provocó el llamado de atención de uno de los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes.También mencionó episodios llamativos con Maciel y algunos de los imputados.
El Máximo Tribunal definirá en los próximos días si ejerce la atracción del amparo en revisión
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó el 11 de agosto que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició 25 demandas civiles para solicitar la revocación de la ciudadanía de personas naturalizadas. Las acciones se interpusieron entre el 20 de julio y el 3 de agosto en distintos tribunales federales.Qué récord de demandas de desnaturalización confirmó el UscisDe acuerdo con un comunicado oficial de Uscis, las 25 acciones presentadas desde julio constituyen el mayor esfuerzo de desnaturalización registrado hasta el momento. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia inició 123 demandas civiles, la cifra más alta de la historia documentada.La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía de una persona naturalizada y cancelar su certificado cuando obtuvo el beneficio de forma ilegal, ocultó hechos importantes o proporcionó información falsa durante el proceso.Fraudes migratorios, identidades falsas y matrimonios simuladosOnce de las 25 demandas se relacionan con el uso de identidades falsas, el ocultamiento de órdenes de expulsión o la obtención de beneficios migratorios mediante matrimonios simulados. Los expedientes fueron presentados en distintos tribunales federales. Los demandados son:Zia Murad Bhatti (59 años, Pakistán): la demanda del Distrito Este de Arkansas sostiene que ingresó ilegalmente en 1992, recibió una orden de expulsión y permaneció en el país norteamericano. Luego obtuvo la residencia mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense y ocultó su identidad anterior y la orden migratoria al naturalizarse. Narinder Singh (65 años, India): el expediente presentado en Delaware afirma que utilizó dos identidades para ingresar desde 1996. Obtuvo la ciudadanía en 2008. Luisa Fernandez Ordonez (54 años, Colombia): la acción iniciada en el Distrito Norte de Georgia señala que obtuvo la residencia mediante un matrimonio fraudulento. En 2003 se casó con otro hombre sin divorciarse de su primer esposo y ocultó ambas circunstancias. Jonathan Omorogieva Obasohan (56 años, Nigeria): el caso de Massachusetts sostiene que ya tenía una orden de deportación bajo el nombre Tinosa Joe Aigbedion. Más tarde consiguió la residencia y la ciudadanía con otra identidad. Enos Fong Korti (51 años, Liberia): la demanda de Minnesota afirma que se presentó como hijo soltero de un ciudadano estadounidense, pese a que estaba casado. Durante la naturalización también declaró que nunca había mentido a funcionarios. Yetunde Folake Olaniyi (56 años, Nigeria): tras incumplir una orden de expulsión, habría adoptado el nombre Folake Rosemary Thomas y celebrado un matrimonio simulado mientras continuaba casada con un ciudadano nigeriano. Obtuvo la residencia y la ciudadanía con esa identidad. En 2014 fue condenada por fraude de pasaporte después de que sus huellas revelaran su identidad. Mohd Wasif (56 o 58 años, Pakistán): la presentación del Distrito Este de Texas busca anular naturalizaciones obtenidas mediante las identidades Mohd Wasif y Mohammad Khanwasif. El acusado habría ocultado solicitudes migratorias y declaraciones falsas asociadas con ambos nombres. Esther Quayle (50 años, Ghana): el caso de Tennessee indica que obtuvo la residencia a través de su esposo, quien había robado la identidad de un ciudadano estadounidense. Luego se naturalizó sin revelar la identidad y nacionalidad reales del hombre. Yi Lee (46 años, Taiwán): entre enero de 2016 y mayo de 2017 habría organizado matrimonios simulados, coordinado pagos y preparado a los participantes para entrevistas migratorias. En 2017 se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial. Eddie Jones Appah (66 o 67 años, Ghana): el expediente de Nueva Jersey sostiene que omitió una entrada anterior y una deportación efectuadas bajo otra identidad. Vivian Chike Obichere (72 años, Nigeria): se naturalizó en 2013 y negó conductas delictivas, viajes, otros nombres y declaraciones engañosas. Después se declaró culpable por la solicitud y utilización de un pasaporte con los datos de otra persona. ¿Qué expedientes incluyen delitos sexuales contra menores?Nueve acciones se vinculan con delitos sexuales contra menores o material de abuso sexual infantil. En varios expedientes, las autoridades sostienen que los involucrados ocultaron las conductas durante el proceso de naturalización.Tatiana Power (46 años, Moldova): ingresó en 2005 y se naturalizó en 2010. En 2021 fue acusada por su participación en un negocio que vendía imágenes y videos de abuso sexual infantil. Admitió que se había incorporado antes de obtener la ciudadanía y en 2022 fue condenada por conspiración para lavar las ganancias. Jose Luis Martinez-Zavala (80 años, México): la demanda de Texas sostiene que ocultó una agresión sexual agravada contra un menor cometida en 2010. Se naturalizó en 2014 y fue condenado en 2020. Jose Francisco Cruz (72 años, Honduras): abusó sexualmente de su hijastra menor entre el 28 de diciembre de 1995 y el 6 de junio de 1998. Se naturalizó el 20 de febrero de 1996 y en 1999 se declaró culpable de tres cargos. Recibió 16 años de prisión y la obligación de registrarse como delincuente sexual. Francois Nguessi Dame (65 años, Camerún): abusó de su hijastra desde que tenía 10 años hasta los 16, entre diciembre de 2008 y marzo de 2015. Obtuvo la ciudadanía en agosto de 2014 y fue condenado en mayo de 2017. Carlos Ernesto Giron (65 años, El Salvador): fue condenado en 2019 por el abuso sexual de dos menores, cometido entre 2005 y 2010. La demanda de Maryland afirma que ocultó esos hechos en su solicitud. Juan Camilo Montoya (34 años, Colombia): recibió la ciudadanía por su servicio militar, pero fue dado de baja del Cuerpo de Marines antes de completar cinco años de conducta honorable. Se declaró culpable ante una corte marcial por posesión y distribución de pornografía infantil. También negó una citación policial anterior por un hecho relacionado con drogas. Cantave Previlon (63 años, Haití): abusó sexualmente de su hija menor desde julio de 2007 y ocultó la conducta al naturalizarse. Después admitió el delito bajo juramento y fue condenado por agresión sexual. Miguel Eduardo Romero (67 años, El Salvador): el expediente de Maryland afirma que abusó repetidamente de su nieta menor antes de convertirse en ciudadano y ocultó los hechos durante el trámite. Manuel Antonio La Rosa-Lopez (68 años, Perú): cometió actos de indecencia contra un menor antes de solicitar la naturalización. Fue acusado y se declaró culpable después de obtenerla. Actualmente cumple una pena de 10 años de prisión. Violencia, estafas financieras y servicio militarLas cinco demandas restantes abarcan violencia, fraude bancario, robo de identidad, ejercicio ilegal de la medicina y el incumplimiento de las condiciones exigidas a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante el servicio militar.Emigdio Sanchez (62 años, México): golpeó gravemente a su esposa en agosto de 1998 y provocó su hospitalización. Durante una entrevista migratoria realizada al mes siguiente, negó haber sido arrestado o cometido delitos. Se declaró culpable de agresión con agravantes. Dwyane Robinson (44 años, Jamaica): fue condenado por intento de asesinato en primer grado y agresión con un arma mortal. Había obtenido la ciudadanía por su servicio militar, pero el Ejército lo dio de baja el 31 de diciembre de 2013, mientras esperaba el juicio y antes de completar cinco años de servicio honorable. Haitham A. Mustafa (58 años, Jordania): utilizó nombres falsos para cometer fraudes con tarjetas de crédito desde noviembre de 1999, antes y después de su naturalización en mayo de 2001. En 2006 fue condenado por fraude bancario y con tarjetas, recibió 25 meses de prisión y debió pagar US$146.646,43 a las víctimas. Jairo Javier Pedron Tellez (29 años, Cuba): entre abril de 2015 y septiembre de 2017 participó en una operación para retirar correspondencia de buzones del Servicio Postal, alterar cheques y cobrarlos o depositarlos. El grupo obtuvo casi US$175 mil. Syed Tanweer Ahmad (82 años, Suecia): también utilizó los nombres Timothy Syed Andersson y Tanweer Ahmad Syed. Durante años se presentó como profesional médico y cometió hurtos contra varias personas. En 2011 recibió seis años de prisión por 64 delitos: 30 cargos por ejercer medicina sin licencia, 30 por hurto mayor, uno por perjurio y tres por falsificación. ¿Cuál es el estado de las 25 demandas de desnaturalización?El Departamento de Justicia solicitó judicialmente que se revoque la ciudadanía de las 25 personas. La agencia sostuvo que las conductas enumeradas demuestran la falta del buen carácter moral exigido para naturalizarse y que los acusados ocultaron información ante funcionarios de Uscis.Sin embargo, las afirmaciones contenidas en las demandas constituyen acusaciones. Hasta el momento, los tribunales no emitieron una determinación de responsabilidad dentro de estas acciones civiles. Uscis mantiene habilitado su formulario para denunciar posibles fraudes o abusos relacionados con beneficios migratorios.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín impuso las penas a un grupo de policías involucrados en casos sistemáticos de corrupción en casos de narcotráfico.Uno de ellos es Adrián "Palermo" Baeta (55), ex teniente de la Bonaerense. En sus últimas palabras, dijo: "La única verdad es la realidad".El veredicto complica la situación del ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, bajo cuyas órdenes actuaban.
La hermanda de Emilio Lozoya lleva su proceso en libertad condicional, luego de que la FGR la acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Los presuntos testaferros de la quinta atribuida a la Asociación Fútbol Argentino (AFA) insistieron hoy en llevar el caso a la justicia federal de Campana. Lo hicieron a través de su abogado, Mario Morán, ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, que tiene cinco días para definir qué juez debe quedarse con la investigación."El inmueble está en Pilar, jurisdicción del tribunal de Campana", dijo Morán, abogado de los dueños formales del predio investigado por la Justicia, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte."La ley que crea el Juzgado Federal de Campana le asigna competencia [...] sobre la jurisdicción de Pilar, en este caso, Villa Rosa, donde está emplazado el inmueble", insistió el letrado, que pidió que la Casación revoque el fallo de la Cámara Penal Económica que llevó el expediente a ese fuero desde el juzgado de Adrián González Charvay.Ante los jueces Mariano Borinsky, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña, el abogado repitió durante un cuarto de hora los argumentos que hasta ahora había volcado por escrito. Sostuvo que la AFA tiene domicilio en Pilar desde 2024, que el juez natural de la causa debe ser el de Campana y que fueron los denunciantes quienes buscaron "elegir" el tribunal al radicar su presentación en Comodoro Py, al inicio del caso, en diciembre pasado.Habló de falsos "fantasmas" sobre tribunales amigos, de una "presión mediática" ejercida sobre el caso y de una "deformación" del objeto de la investigación, que atribuyó a las sucesivas incorporaciones de empresas y vínculos relacionados con la AFA.Noticia en desarrollo
El profesional que examinó a la acusada horas después del crimen confirmó lesiones en la espalda, un brazo, un codo y ambas rodillas. Aclaró que no eran graves y que no observó heridas en la nariz, pese a una versión familiar que mencionaba un sangrado. Leer más
El abogado de Luciano Pantano y su madre Ana Conte insistió en persona ante la Cámara Federal de Casación para que la causa vuelva a Campana pero el fiscal Mario Villar se opuso. La decisión será ahora del máximo tribunal penal federal del país
El intento de robo contra Salvador Guerrero Chiprés se suma a dos agresiones previas contra mandos de la capital: uno de ellos fue asesinado durante un asalto en el Estado de México y otro sobrevivió a un ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc
Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país
La moción surgió tras una reunión con representantes del Programa Ampliado de Inmunizaciones, donde se señaló que la falta del instrumento normativo limita el fortalecimiento de las acciones de inmunización en Honduras.
La defensa de la cantante confirmó que el Poder Judicial revisará recién ese día la restricción solicitada contra el exdirector musical, mientras la investigación sigue sumando diligencias y testimonios vinculados a la agrupación
El encuentro previsto para este miércoles hará hincapié en el seguimiento por expediente de cada detenido, tras una entrega de listados y reclamos que incluyen salud, celeridad judicial, trato digno y condiciones carcelarias
La estrategia busca demostrar que el exgobernador estaba en Ciudad de México cuando presuntamente recibió los videos de Iguala
Las cifras oficiales de la Policía Nacional registran 1.007 reportes en lo corrido de 2026, y un acumulado de 5.866 en dos años y medio, en un escenario que mantiene en alerta a varios sectores
El nuevo paciente tuvo contacto con casos anteriores registrados en Ite. La cobertura regional alcanza al 81 % de los menores, mientras que la dosis cero llega al 55,8 % entre bebés de 6 a 11 meses
Un acuerdo bilateral entre las dependencias sanitarias llevó a la implementación de nuevas medidas para mascotas
La municipalidad establece caminos seguros para evacuar a pie en caso de alerta por tsunami en la playa más concurrida del distrito. INDECI refuerza la importancia de la práctica y la preparación ante desastres con el Simulacro Nacional Multipeligro
Sergio Gutiérrez Luna sostiene que el partido pedía retirar registros a fuerzas con presuntos nexos criminales
La exinterventora de Osprera, la obra social de los empleados rurales, Virginia Montero, declaró ante la Justicia y buscó desligarse de la decisión de contratar a una empresa de sistemas informáticos de un socio del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que en ese momento se desempeñaba como su asesor. En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, Montero resaltó que había un "colapso informático y organizativo" en la obra social, que supuestamente justificaba la contratación, y que el expediente pasó por todas las áreas administrativas internas. Montero tuvo dos etapas como interventora de Osprera, la segunda obra social más importante del país, con 500.000 afiliados: del 12 al 21 de agosto de 2024 y luego regresó el 26 de octubre. Apenas tres días después, el 29 de octubre, reclamó la contratación de Htech para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social. La firma la había creado en abril de ese año el propio Aguirre junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años, con domicilio en la localidad de San Isidro. Los tres deberán declarar esta misma semana en Comodoro Py. Al momento de pedir las indagatorias, el fiscal Guillermo Marijuán destacó que Aguirre, un médico de profesión, trabajaba como asesor de Montero al momento de la contratación. La investigación determinó además que oficiaba como una suerte de nexo con la familia Menem. En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos. En su indagatoria, a la que accedió LA NACION, Montero explicó que a Aguirre "lo conocía de la actividad académica en la Fundación Barceló" y admitió que fueron juntos a una reunión en la Casa Rosada el 5 de julio de 2024, tal como había revelado el sitio El Disenso. Según dijo, fue a ese encuentro "por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Salud", que le habían encomendado la tarea de conformar un equipo de asesores para una futura intervención de Osprera. Aguirre era el experto en informática. "Interpretar retrospectivamente aquella reunión como el inicio de un supuesto acuerdo destinado a favorecer a una empresa determinada implica atribuirle un significado que no encuentra sustento en el contexto en el que efectivamente tuvo lugar", se quejó la ex interventora. Montero declaró por escrito ante el juez Casanello y se negó a responder preguntas. La investigación judicial determinó que la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43 por el contrato con Osprera. Cuando analizaron las cuentas bancarias de esa firma en el Banco Francés, detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período. "El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)", detalló el juez Casanello al momento de ordenar las indagatorias. Los investigadores también detectaron movimientos sospechosos a cuatro cuentas. Una de esas cuentas pertenecía a la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, que daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado. Todo terminó abruptamente cuando LA NACION reveló las irregularidades. En ese momento, el actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, suspendió el contrato y ordenó auditorías. Petroni declaró este martes ante el juez Casanello y responsabilizó a Montero por el contrato con Htech. "Asumí como interventor el 28 de noviembre de 2024 encontrándome ante una contratación ya decidida, instrumentada, ejecutada y facturada con anterioridad a mi gestión, sin haber tenido intervención alguna en ninguna de sus etapas previas", dijo. También destacó que la autoría encargada por él mismo "confirmó la transparencia y razonabilidad técnica" del contrato. El cronograma de indagatorias continuará este miércoles con Stefano Zanetti, el jueves deberá presentarse Aguirre, y el viernes su madre.
La mayoría integrada por cuatro legisladores sostuvo que la decisión no es plausible de ser controlada por otros organismos judiciales. La vocal del Tribunal Superior no compartió el criterio. Se vienen los recursos directos para lograr la revisión. Leer más
Declararon desconocer a la titular del organismo, Rosario Ibarra de Piedra
Las cantantes acudieron a la sede policial de San Juan de Lurigancho para brindar su testimonio sobre la denuncia presentada por la exvocalista contra el exdirector musical César Sánchez, en medio de gran atención mediática
La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) denunció este martes en Diputados que recibió amenazas de Estados Unidos por su vínculo comercial con la empresa china Huawei y reveló que la propia Embajada confirmó por escrito que los mensajes enviados a sus autoridades "reflejan fielmente la política de Estados Unidos". La cooperativa pidió la intervención de la Cancillería argentina y mañana se reunirá con representantes diplomáticos para exigir precisiones y defender su autonomía para elegir proveedores.Según relató uno de sus gerentes, un funcionario diplomático les advirtió que podrían quitarles las visas a sus directivos si avanzaban con esa relación. La denuncia fue realizada durante una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONG, a la que asistieron autoridades de CALF. La cumbre fue presidida por el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria). Allí, la secretaria general de la cooperativa, Yenny Fonfach, calificó lo ocurrido como una "intromisión" en la autonomía de la entidad y aclaró que el reclamo no busca tomar partido en la disputa entre Washington y Beijing."No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada", sostuvo Fonfach. Explicó que CALF tiene sus propios mecanismos de compras y contrataciones y defendió su independencia para decidir con qué proveedores trabajar. "Vimos que hubo una intromisión justamente a esta autonomía que deben tener cada una de las cooperativas", afirmó.La dirigente reveló además que CALF buscó determinar formalmente si los mensajes que habían recibido representaban la posición estadounidense. La cooperativa envió una nota a la Embajada en la que preguntó específicamente si ratificaba el contenido de la comunicación enviada por WhatsApp.La respuesta llegó el 5 de agosto y fue remitida a todo el Consejo de Administración. "Confirmo que la correspondencia refleja fielmente la política de Estados Unidos", leyó Fonfach durante la reunión. En esa comunicación, el embajador señaló además que su "obligación y prioridad en Argentina es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense" y sostuvo que el planteo había sido realizado "en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo".Tras ese intercambio, CALF fue convocada a una reunión con la Embajada para este miércoles, cuya confirmación recibió ayer. "Las expectativas es que esa preocupación diplomática se transforme en un diálogo, en alguna respuesta a nuestras preguntas concretas, pero sobre todo, lo más importante, es que se respete la autonomía de nuestra cooperativa", afirmó Fonfach.La advertencia por las visasSergio Fernández Novoa, gerente de Tecnología de CALF, reconstruyó después el episodio que originó el conflicto. Según relató, recibió un mensaje de un funcionario que se presentó como agregado comercial de la Embajada estadounidense -Andrew Dilts- , quien le manifestó la preocupación por la relación de la cooperativa con Huawei y le pidió hablar con urgencia.Fernández Novoa estaba por viajar al exterior y ofreció reunirse a su regreso, pero, según contó, el funcionario le respondió que no había tiempo para esperar. Poco después recibió una segunda comunicación: "En caso de que siguiéramos adelante con nuestra relación con Huawei, podrían quitársele las visas a los directivos de la cooperativa".El gerente aseguró que decidió no responder porque entendió que el planteo había adquirido "otra gravedad institucional". Reenvió el mensaje al presidente de CALF y la conducción resolvió hacerlo público.La cooperativa también acudió a la Cancillería y envió una nota dirigida al canciller Pablo Quirno para reclamar la intervención del Gobierno argentino. "Entendemos que debe tomar parte la Cancillería, ya que nosotros somos una empresa argentina y esta es una embajada extranjera", sostuvo Fernández Novoa. Y remarcó que CALF no pretende quedar involucrada en "alguna disputa del orden comercial de otros Estados".Desde CALF rechazaron que exista una relación exclusiva con Huawei. Fernández Novoa aseguró que la cooperativa trabaja con empresas estadounidenses, europeas y asiáticas y defendió su libertad para seleccionar proveedores. "No tenemos ninguna exclusividad con ninguna de las marcas. Nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga", afirmó.La discusión atravesó también la defensa del libre comercio. Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo de CALF, cuestionó que se intente condicionar la elección de proveedores de la cooperativa: "Para aquellos que hablan de libre comercio, me parece que solo funciona si es con los amigos". Las autoridades plantearon además que la reunión de mañana debería servir para aclarar si el cuestionamiento estadounidense alcanza a todas las empresas argentinas que utilizan tecnología de Huawei o específicamente a CALF.Florencia Quiroga Panelli, gerenta de Finanzas y Energías Renovables de la cooperativa, sostuvo que Huawei tiene una presencia superior al 30% en la electrónica de potencia del sector de energías renovables argentino y mencionó a grandes generadoras que utilizan este tipo de tecnología."Es muy importante poder tener alguna noción más clara de cuáles van a ser las reglas y si estos criterios van a ser aplicables para todas las empresas que hacen este tipo de proyectos o solamente para una cooperativa de la Patagonia", cuestionó.El planteo encontró eco entre diputados de distintos bloques. El jefe del bloque UP, Germán Martínez, propuso evaluar una convocatoria a representantes de la Embajada estadounidense para que den explicaciones ante el Congreso. "Tenemos que analizar seriamente si nosotros no convocamos a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos", sostuvo.Nicolás del Caño, del FIT, calificó el episodio como "una amenaza, un apriete, un chantaje".Los diputados libertarios presentes escucharon la exposición inicial, pero se retiraron de la reunión durante las preguntas de la oposición. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, entre otros, se fueron en el medio de la cumbre tras cuestionar las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.
El organismo de salud mexicano informó que en dichos lugares se opera dentro de los márgenes de seguridad
La Comisión pidió al tribunal regional ordenar un plan de localización que permita establecer el destino de ambos jóvenes y, si procede, entregar restos a familiares, en un proceso por abusos cometidos durante el conflicto armado interno
El mes de agosto registró el promedio más bajo en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la titular del Secretariado Ejecutivo
Los familiares sostienen que Fernando Farías alertó a mandos navales sobre presuntas irregularidades antes de que él y Manuel Roberto fueran señalados por su presunta participación en una red de contrabando de combustible
La mujer está imputada por presunto encubrimiento del femicidio de Agostina Vega. Su hija sostuvo que no existen pruebas en su contra, afirmó que Claudio Barrelier usaba habitualmente el auto familiar y aseguró que Andreani colaboró con la investigación desde el primer día. Leer más
El pedido se produce después de que varias exvocalistas acusaran públicamente a Sánchez de acoso, lo que llevó a una rápida intervención del Ministerio de la Mujer
Agentes federales arrestaron al presidente municipal de Kinchil tres días después de que rindiera su segundo informe de Gobierno
El balance de junio de 2025 a mayo de 2026 expone el volumen de audiencias y sentencias. También abre preguntas sobre qué delitos empujaron las cifras y cómo avanzaron los expedientes
La acusación presentada por la familia señala que, además de la ocupación ilegal, hubo sustracción de objetos dentro del inmueble en la unidad Ex Hacienda de Guadalupe, en el Estado de México
Mauricio Novelli, uno de los empresarios cripto que organizó el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, se presentó ante la Justicia para afirmar que los ahorristas que compraron el activo no fueron estafados, sino que arriesgaron y perdieron, y enfatizó que fue un emprendimiento privado sin participación estatal.A su vez liberó de responsabilidad al presidente Javier Milei al sostener que su posteo en la red X el 14 de febrero de 2025, que luego borró anunciando el lanzamiento de la criptomoneda, es "jurídico-penalmente irrelevante".Así lo aseguró Novelli, con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich, al reclamar a la Cámara Federal que confirme el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que apartó como querellantes (víctimas) en el caso a los inversionistas Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.Esta presentación, a la que accedió LA NACION, se da en momentos en que la Cámara Federal, que debe resolver sobre este asunto, está en plena transformación, pues el Gobierno impulsa la llegada de Pablo Yadarola y la ratificación de Pablo Bertuzzi en el tribunal.El caso debe ser resuelto por la Sala I del tribunal. Bertuzzi quedaría en su cargo y entendería en el caso, pero Leopoldo Bruglia dejaría el cargo y Yadarola asumiría como subrogante, con lo que el Gobierno le daría su impronta al tribunal.El miércoles, los elegidos por el Gobierno para el tribunal, Yadarola y Bertuzzi â??que concursó para el cargoâ??, deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas, el primer paso para que sus pliegos sean tratados en el recinto y ellos puedan jurar como camaristas.Si se confirma la salida de los querellantes en el caso, al sostener que no hay estafa, solo persistiría una acusación de negociaciones incompatibles con la función pública, que alcanza al presidente Milei por haber impulsado $LIBRA. Y el avance de esta hipótesis acusatoria solo depende del impulso del fiscal Eduardo Taiano.Novelli argumentó que la Cámara debe confirmar el apartamiento de los querellantes porque dijo que "el legajo se ha convertido en un intento vano de transformar expost una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria"."No subsiste en autos una hipótesis típicamente plausible de estafa que justifique la permanencia de los entonces querellantes en ese rol", señaló el abogado Rubinovich.El letrado recordó que "el derecho penal argentino no sanciona pérdidas especulativas, malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad" y que la estafa "exige un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial".Los querellantes dijeron que fueron inducidos a engaño por una "maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica", pero la defensa dijo que no precisaron cuál habría sido la supuesta falsedad que los habría llevado a un error en su voluntad.Descartó el abogado el argumento de que los querellantes actuaron por el temor de quedarse fuera del negocio, algo que en la jerga se denomina FOMO. "Quien actúa impulsado por FOMO no opera creyendo falsamente que el activo carece de riesgo. Tampoco lo hace porque desconozca la volatilidad del mercado, ni porque haya sido inducido a creer una falsedad. Cuanto más se explica la compra por euforia, viralización, momentum o temor a perder una oportunidad, más se debilita la tesis de una disposición gobernada por un error causado mediante engaño", escribió.Para la defensa de Novelli, la publicación de Milei en la red X -que luego borró- anunciando el lanzamiento de la memecoin $LIBRA es "jurídico-penalmente irrelevante". Dijo que su posteo del 14 de febrero de 2025 presentó un "proyecto privado", orientado a incentivar el crecimiento de la economía argentina. "La publicación no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni retorno determinado. No prometió nada. Tampoco afirmó que el token fuera un instrumento regulado o carente de riesgo", indicó y separó a Milei del negocio."Los recurrentes intentan atribuir al mensaje un significado que no surge de su texto. Se trató de un mensaje meramente político, que se enfoca en el único aspecto que habría llamado la atención del presidente. Desde la perspectiva allí plasmada, la novedad del proyecto estaba dada por la combinación de la industria blockchain y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada, esto es, sin acudir al sistema financiero tradicional", dijo la defensa.La defensa de Novelli argumentó que "es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal". Insistió en que no hay un engaño identificable y que las pérdidas por la memecoin son riesgos "libremente asumidos" en un mercado sin regulación. El memorial transcribe el texto completo del posteo de Milei y argumenta que allí no se prometió rentabilidad, estabilidad de precio, respaldo estatal ni cobertura frente a pérdidas. Rubinovich relata que la manera en que invirtió y perdió cada damnificado refleja que no eran incautos, sino avezados operadores del mercado cripto y que conocían sus riesgos. "La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa", resumió el escrito de Novelli.El empresario dijo que se trata de un mercado no regulado y que rige la "autorresponsabilidad de quien decide adquirir instrumentos altamente volátiles". La defensa aclaró, sin embargo, que eso "no es una autorización para engañar" y que los deberes de autoprotección no neutralizan una mentira: simplemente, sostiene, en este caso no hay mentira que neutralizar.Novelli dijo que los inversionistas ahora buscan convertir la causa en un caso de corrupción porque no pueden probar la estafa. Se refiere a las acusaciones de negociaciones incompatibles con la función pública. Por eso señalan que "el querellante particular no es un fiscal anticorrupción, ni un acusador por acción popular". Incluso sostuvo que los querellantes no acreditaron ser titulares de las billeteras desde las que dicen haber comprado. La decisión que tome la Sala I -integrada por Bruglia, Mariano Llorens y Bertuzzi-, por ahora, definirá si los cinco damnificados recuperan el rol que les permitió, hasta julio, proponer medidas de prueba, insistir con pedidos de indagatoria y apelar resoluciones. Sin ellos, la acusación queda exclusivamente en manos del fiscal Taiano, cuestionado por las propias querellas por demoras y objeto de un pedido de la comisión especial de Diputados ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público.El expediente, mientras tanto, avanza por otro carril: antes de la feria, Martínez de Giorgi hizo lugar a un pedido de Taiano y ordenó congelar 25 direcciones de criptoactivos en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, con requerimientos de identificación de titulares a partir de un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal. En paralelo, un grupo de ahorristas patrocinados por Nicolás Oszust prepara una demanda civil por daños y perjuicios contra los imputados, tras el fracaso de la mediación.Vínculo añejoEl vínculo entre Milei y Novelli no nació en la política, sino en el negocio de las capacitaciones financieras. Novelli fundó junto a su socio Jeremías Walsh el instituto N&W Professional Traders, dedicado a la formación en trading e inversiones. Fue en ese ámbito donde arrancó la relación: Milei dictaba cursos allí desde 2020 a cambio de honorarios. Novelli empezó a pagarle a Milei en pesos y en dólares por sus servicios como economista, y la relación se expandió a medida que el libertario ganó protagonismo mediático, obtuvo la banca de diputado y llegó finalmente a la Presidencia. La documentación incorporada al expediente muestra que ese primer contacto comercial se consolidó con el tiempo hasta derivar en un trato frecuente, con un nivel de confianza que excedía lo profesional. Novelli visitó la Casa Rosada en más de una oportunidad y tuvo encuentros con el Presidente y con Karina Milei. Una selfie en Casa Rosada habría sido clave para atraer sponsors al Tech Forum y reforzar el perfil de Novelli dentro del ecosistema cripto. Junto a Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum Argentina en 2024, el evento donde Milei conoció a Julian Peh, el empresario radicado en Singapur señalado entre los responsables de la creación del token. Del celular de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó a Santiago Caputo, además de cerca de 200 interacciones durante el fin de semana del derrumbe del token. También se recuperó un documento en inglés, fechado tres días antes del lanzamiento, que describe un esquema de pagos por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de la moneda digital.
A diferencia de lo que ocurre en los tribunales penales, quienes atraviesan procesos migratorios en Estados Unidos no tienen garantizado un abogado. Más de la mitad de los casos de deportación pendientes corresponden a personas sin representación legal.
Una consulta de Voces del Territorio reveló que 77.8% de las familias no tiene información sobre lo ocurrido y que 47.7% realiza por su cuenta la búsqueda de sus seres queridos
El magistrado, sin embargo, reconoció que la condena de 6 años que sufre la expresidenta "suena insuficiente en términos de correspondencia de delito y reproche, una pena que no satisface plenamente esas expectativas de justicia". Leer más
La escala de este delito por provincia está "dentro de lo normal", manifiesta el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública
Se trata de Ricardo Echegaray, que fue condenado por malversación de fondos públicos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras años de idas y vueltas, el ARCA decidió despedirlo y exonerarlo, pero el ex funcionario K planteó un recurso ante la Corte.
La puja por la remuneración seguirá cruzada por la necesidad de proteger el ingreso de los hogares sin abrir una presión adicional sobre los precios, dicen expertos
La jueza Sandra Arroyo Salgado cerró la investigación y ya comenzaron los preparativos para el debate oral en los tribunales federales de San Isidro. Las pérdidas de los damnificados superan los 1.850 millones de pesos y 7 millones de dólares
La menor permanece bajo atención médica y las instituciones revisan su entorno familiar para definir las medidas de protección necesarias
De acuerdo con La Jornada, los testigos colaboradores de la FGR también señalaron al exgobernador de Guerrero por presuntamente estar ligado a grupos del crimen organizado en la entidad
La defensa legal advirtió que la lentitud del trámite eleva el riesgo de que se pierdan indicios clave o que el denunciado salga del país antes de nuevas diligencias
Las indagaciones reservadas describen una estructura que habría adjudicado contratos de forma discrecional, con empresas satélite y autocontratación, tras captar recursos públicos millonarios en varios departamentos
La propagación del dengue en Costa Rica supera las proyecciones de años anteriores al registrar 2,425 casos acumulados en lo que va de 2026, frente a los 1,980 reportados en el mismo lapso de 2025
El portal del MSPAS incorpora como positivos los diagnósticos por criterio clínico y por nexo epidemiológico, además de los de laboratorio, y atribuye a esa reclasificación el salto a 31.140 registros
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una norma final interina para codificar diversas tarifas migratorias obligatorias y procedimientos administrativos. La regulación establece consecuencias severas para los solicitantes de asilo que incumplan con sus obligaciones financieras ante el servicio de inmigración.Qué es el pago anual de asilo y por qué puede cerrar casos ante el UscisLa nueva normativa oficializó el requisito del Pago Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) para todos los casos que permanecen en espera. La regla estableció que el incumplimiento de este arancel provoca el rechazo automático de la solicitud de asilo mediante el formulario I-589.Si eso sucede, de acuerdo con la norma final publicada en el Registro Federal, el gobierno termina el trámite de asilo y deja de tomar acciones sobre el expediente tras el rechazo oficial por falta de pago. La medida administrativa entró en vigor de manera definitiva el 29 de mayo de 2026. De acuerdo con ASAP, la cuota anual tiene un costo mínimo de 102 dólares por cada año calendario. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) busca que los extranjeros cubran una mayor parte de los costos de operación del sistema migratorio.La disposición legal aplica tanto a las nuevas solicitudes como a los procesos que ya estaban pendientes antes del año fiscal 2025. El Congreso ordenó estas medidas para recuperar los fondos necesarios en la adjudicación de millones de aplicaciones estancadas. Por ello, el DHS posee ahora una herramienta legal para depurar el sistema de solicitudes inactivas o sin financiamiento.Los plazos a tener en cuenta para el cumplimiento de los pagos de asiloEl Uscis envía una notificación personalizada a cada solicitante para informar sobre el vencimiento y el monto de la deuda. En ese marco, los interesados cuentan con un plazo estricto de exactamente 30 días desde la fecha del aviso para completar el pago. El sistema exige realizar la transacción de forma electrónica a través de la plataforma de cobros de la agencia. El reloj de la autorización de empleo se detiene inmediatamente si el solicitante ignora el plazo de pago establecido. Si el migrante desea retomar su caso después del rechazo, la ley le obliga a presentar un formulario I-589 totalmente nuevo. Este trámite requiere otra tarifa de presentación inicial que tampoco admite reembolsos.La normativa establece que el pago puntual es una condición indispensable para la permanencia del caso. El gobierno considera la solicitud como una nulidad procesal si el beneficiario falta a su responsabilidad económica.Por ello, las autoridades destacaron que los solicitantes deben mantener sus datos de contacto actualizados para recibir estas alertas financieras a tiempo. El incumplimiento de los plazos también afecta la elegibilidad para futuras renovaciones de documentos de identidad.Qué otros cambios trajo la nueva norma del DHSLa regulación introdujo otros cambios en los procesos y aranceles del sistema de inmigración de EE.UU. Algunas de las disposiciones son:Retención definitiva del pago inicial de asilo incluso si Uscis rechaza el formulario por errores técnicos o falta de firmas.Terminación inmediata de cualquier permiso de trabajo vigente tras el rechazo de la solicitud de asilo principal por falta de pago.El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICECreación de una tarifa obligatoria de US$24 para las aplicaciones del registro de entrada y salida mediante el Formulario I-102.Ajuste automático de todas las tarifas migratorias cada año según el índice de inflación de los consumidores urbanos.
El diseñador peruano detalla a Infobae Perú el proceso creativo detrás de los trajes de la presidenta, su colaboración con comunidades shipibas y andinas, y cómo enfrenta los cuestionamientos sobre apropiación cultural.
Una familia de tres miembros se convirtió en una pieza clave del rompecabezas $LIBRA. Por lo cerca que estuvieron del movimiento de dinero, el testimonio de cualquiera de ellos -padre, madre o hijo- podría contribuir a encarrilar la investigación judicial que revisa lo ocurrido alrededor del lanzamiento de la moneda virtual que promocionó el presidente Javier Milei.Orlando Mellino, de 75 años, tiene un vínculo "directo" con el creador del activo, Hayden Davis: es el jubilado titular de la cuenta a la que el empresario envió más de un millón de dólares digitales el día de su reunión con Milei y el lobista Mauricio Novelli en Casa Rosada.Orlando es el padre de Diego Mellino, socio de la financiera en la que solía operar Novelli y sobre la que recae la sospecha de haber sido el lugar donde el dinero digital cobró vida física. La tercera integrante es Susana Georges. Acompaña a Diego en sus negocios, conoce a los dueños de la "cueva" y a los dos receptores del dinero de Davis: su expareja Orlando, que recibió un millón de dólares, y al trader Camilo Rodríguez Blanco, que días más tarde recibió cerca de cuatro millones.Los tres están bajo la mira de la Justicia: el jubilado, por su participación directa en la ruta del dinero, tras descubrir su sorpresiva conexión con Davis. Y Diego y Susana quedaron apuntados en otra causa que investiga un contrabando millonario en la aduana de Campana. Orlando MellinoSu nombre llegó al expediente aportado por la plataforma de criptomonedas Bitget, luego del trabajo que hizo la Justicia sobre la trazabilidad del dinero que movió Davis.Está presentado en la causa, con abogado designado, aunque su paradero es una incógnita. Una huella lo situaba años atrás en Málaga, España, en el municipio de Torremolinos, sobre la costa mediterránea de Andalucía. Figuraba como el titular de al menos dos sociedades distintas, Milenio UP y Los Mejores del Tablón. Habría vuelto al país luego de poner junto a su pareja un negocio en Marbella que no funcionó. "Volvió sin un mango", recuerda alguien que lo conoció.Para anoticiarlo del embargo dispuesto sobre sus bienes, la Justicia lo fue a buscar a un domicilio en el Tigre, asociado a su nombre, pero solo para comprobar que la dirección no existía y que los vecinos de la zona tampoco lo conocen.Quienes sí lo trataron dicen que el jubilado apenas se da maña con el celular. Pese a ello, según Bitget y lo que pudo reconstruir el fiscal Eduardo Taiano con la asistencia de organismos especializados, fue una parada clave en la ruta del dinero digital. Luego de recibir el millón de dólares digitales de Davis lo giró a una cuenta no identificada, a través de cuatro transferencias consecutivas, una técnica llamada "smurfing", utilizada para volar por debajo del radar en el mundo cripto. El movimiento solo encuentra explicación a través de la sociedad que su hijo Diego montó con los dueños de la financiera en la que operaba Novelli, tal como pudo reconstruir LA NACION. Probablemente como fruto de ese acuerdo, figura junto a su pareja Miriam Gladys Mingorance como el dueño de una sociedad, Logística Latinoamericana, cuyos anteriores titulares son los dueños de la financiera a la que se llegó Diego. Diego MellinoEs un profesional de la salud recibido en los Estados Unidos. En el país puso una escuela de quiropraxia que primero funcionó en Recoleta, luego en Belgrano y en el último tiempo en pleno microcentro porteño. Su actividad comercial traspasó el rubro. Montó distintas sociedades en el exterior, se adentró junto a su madre en el mundo de la exportación, incursionó en el negocio de las cajas de seguridad privadas y se asoció con la financiera de Vicente López en la que operaba el lobista Novelli y a la que habría llegado el dinero de Davis. Su acuerdo con la financiera incluía al trader Camilo Rodríguez Blanco, uno de los vínculos de Novelli con ese lugar y receptor de la otra parte del dinero que envió Davis.Había quedado bajo la lupa de la Justicia tiempo antes del caso $LIBRA por ser el apoderado de una sociedad constituida en los Estados Unidos, Modo Domo, utilizada para refacturar precios, según la hipótesis que maneja la Justicia de Campana. El juez Adrián González Charvay dictó contra él medidas patrimoniales y le prohibió salir del país sin autorización. Susana GeorgesEl Filósofo Griego, Open 24, Punto Alto Managment and Consulting, y Globalizing Ath son solo algunas de las sociedades que constituyó en los Estados Unidos, Inglaterra o España. También Modo Domo, por la que sus bienes, al igual que los de su hijo Diego, quedaron congelados. Conocía de primera mano a los dueños de la financiera sospechada, según pudo averiguar LA NACION, estuvo en pareja con el jubilado y le alquiló un inmueble en Vicente López al otro receptor del dinero de Davis, el trader colombiano Rodríguez Blanco, socio de su hijo. Por el momento, el único alcanzado por la causa judicial que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi es el jubilado Orlando Mellino.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a los países de América Latina para que refuercen la vacunación
Un juez ordenó que retiren el brazalete electrónico, también puso fin al arraigo domiciliario y suspendió la custodia permanente de la Guardia Nacional
Uno de los cuerpos, ubicado en el asiento trasero, empuñaba un arma de fuego y presentaba una herida en la sien
La nueva acusación contra Jorge "N" corresponde a un caso independiente del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, por el que permanece detenido en Tamaulipas
Gobierno de la CDMX anunció algunas acciones para combatir este delito
El estudio determinó que dos inquilinos de la casa de Córdoba donde fue asesinada la adolescente de 14 años habrían escuchado lo ocurrido durante la noche del crimen, aunque ambos lo negaron cuando declararon como testigos. Ahora, fueron detenidos y acusados por encubrimiento agravado. Leer más
Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados. Un análisis encontró coliformes fecales y fallas de desinfección en el Sistema Lourdes, aunque posteriormente se verificó que el agua ya es apta para consumo.
El aumento de mosquitos infectados activó medidas urgentes para evitar contagios durante el pico de circulación previsto para agosto y septiembre
La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que su audiencia se retomará el próximo 11 de agosto
Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish
La entidad precisó que brindará todas las facilidades y su total colaboración al Ministerio Público y la Policía Nacional para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de responsabilidades
La iniciativa para restringir Discord, según el periodista Pablo De La Fuente, surge porque "hubo un caso aquí en Brasil de una adolescente o una niña de 13 años que fue estimulada a suicidarse a través de esa red". Leer más
Frente a procesos judiciales de hasta 20 años, el arbitraje puede emitir un laudo con valor de sentencia en un mínimo de seis meses, según el especialista de CEAR Latinoamericano
La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, quienes habían sido detenidas el martes pasado, fueron liberadas hoy por el juez federal Ernesto Kreplak. Las excarcelaciones de las dos exfuncionarias, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes, fueron ordenadas bajo una "caución real" de $75 millones; en lugar de depositar el dinero, cada una puso como garantía un inmueble. Mantecón Fumadó puso como garantía una casa propia en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo, informaron fuentes oficiales a LA NACION. Ambas debieron entregar sus pasaportes al juzgado y tienen prohibido salir del país. Las dos fueron detenidas el martes pasado a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, que había solicitado que se las arrestara para garantizar sus indagatorias, que fueron anteayer. Están acusadas del delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que reprime con una pena de entre 10 y 25 años de cárcel a quien hubiera envenenado o falsificado sustancias medicinales con resultado de muerte. En su dictamen, Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), habían solicitado la detención de las dos exfuncionarias, argumentando que daban por probado que "las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones". Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último elaboró las ampollas de fentanilo para su comercialización desde el primero. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, también detenido.Mantecón Fumadó había trabajado durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país, los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto. En mayo del año pasado, a los pocos días de que la Anmat judicializara la investigación por el uso de fentanilo contaminado de HLB Pharma, la entonces funcionaria dijo que este laboratorio tenía "un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano".Noticia en desarrollo
La falta de síntomas y las barreras culturales dificultan la consulta precoz, según expertos reunidos en Lima, quienes advierten que el diagnóstico tardío impacta en la supervivencia de los pacientes
Los mayores de 65 años representan el 60,3% de las víctimas y ocho de cada diez tenían factores asociados con mayor riesgo de complicaciones.
La Justicia le pidió al Gobierno más información sobre los faltantes que existen en los registros que la Policía Federal entregó hasta el momento en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo del año pasado, que terminó con heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.En la causa, que tramita en el juzgado de María Servini, la Policía ya suministró dos transcripciones de las conversaciones que efectivos mantuvieron por handy el día de los hechos. La primera entrega, que abarca desde el mediodía hasta la noche, registraba un faltante de una hora completa, entre las 17 y las 18, cuando Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas.En la segunda, que fue aportada durante esta última feria judicial y pretendía subsanar el faltante, en los minutos que rodearon al incidente se registran tramos de la conversación que fueron marcados por la Policía como "sin audio" o "ininteligible", según pudo ver LA NACION.Fuentes al tanto del caso señalaron que el juzgado ya pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, "mayores precisiones" sobre los registros incompletos.El intercambio de información ocurre en la causa que investiga todos los hechos ocurridos durante la movilización y que es paralela a la que investigó el ataque puntual contra Grillo, tramo que ya fue elevado a juicio oral.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso y busca orientar la investigación hacia la cadena de mandos, considera que los faltantes son deliberados."No es la primera vez que surgen maniobras tendientes a empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de fuerzas federales pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación", señalaron en un comunicado. "Ya en los primeros meses de ocurridos los hechos, la Gendarmería omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo", dice el texto. Es que mayo del año pasado, la Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización. Luego, la fuerza policial, que depende del Ministerio de Seguridad que en ese momento lideraba Patricia Bullrich, afirmó que la segunda cámara nunca había sido "activada". "En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación 'Go Pro', número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo", explicó Gendarmería en una texto firmado por su director, Claudio Miguel Brilloni.GrilloLos hechos investigados ocurrieron frente al Congreso, en la tarde del 12 de marzo, durante una de las habituales movilizaciones por la situación de los jubilados. La manifestación terminó con graves incidentes, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que luego fueron liberados y con Grillo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.El tramo del caso que investigó la agresión identificó y procesó al gendarme Héctor Guerrero, del destacamento 6, como autor del disparo y ya fue elevado a juicio oral.Quedó bajó la órbita del Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Adriana Palliotti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro.En su defensa, Guerrero sostuvo que nunca tuvo la intención de herir a Grillo y que había disparado su arma de acuerdo con el manual de uso. Los videos de aquel día, sin embargo, muestran que el gendarme disparó el arma de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual, que establece que debe hacerse en ángulo para que el proyectil describa una parábola.La jueza Servini estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno. Asimismo, ordenó extraer testimonios para seguir investigando la cadena de mandos.
Julio César Mondragón tenía 23 años, una bebé de tres meses de nacida y soñaba con ser maestro pero lo mataron; pero las circunstancias de su muerte podrían haber dejado un rastro de los culpables y encubridores del atroz hecho
La defensa del inversor Martín Romeo la reclamó a la Cámara Federal que se la restituya en la causa y advirtió que el escándalo de la criptomoneda fue una maniobra fraudulenta
Un informe del laboratorio forense del Ministerio Público Fiscal (DATIP) concluyó que los siete videos aportados en la causa no tienen fecha cierta de creación, perdieron sus metadatos de origen y llegaron con una cadena de custodia cuestionada. Por qué el material no podría incorporarse como prueba
BANG KRUAI, Tailandia.- Un estudiante tailandés de 14 años mató este viernes a al menos cinco personas en una escuela ubicada en las afueras de Bangkok, tras haber asesinado a tiros a sus abuelos, y luego se quitó la vida, informó la policía. Se trata de la peor masacre registrada en el país del sudeste asiático en casi cuatro años.Las víctimas fatales en la escuela eran todas docentes y miembros del personal. Según las autoridades locales, el atacante disparó al menos 26 veces con un arma que pertenecía a su abuelo. Además, la Policía encontró otras 34 municiones.ð??¨ð??¹ð?? DEADLY SCHOOL SHOOTING IN THAILANDA 14-year-old student opened fire at Debsirin Nonthaburi School near BangkokPolice say he killed his grandparents before entering the school & firing 26+ roundsAt least 8 people were killed#à¸?ราà¸?ยิà¸? #This_And_That #à¸?à¹?าวà¸?à¹?วà¸? #ThepSirin pic.twitter.com/WdUgckEz8i— GlobeUpdate (@Globupdate) August 7, 2026Poco después de la información de la policía, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró que se confirmaron ocho fallecidos junto a más de 30 heridos, nueve de ellos en estado crítico.Los estudiantes salían en fila de la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en la periferia noroeste de la capital, mientras los heridos eran trasladados en ambulancias y los docentes se abrazaban entre lágrimas.En fotografías difundidas por los equipos de emergencia, se ve a una persona tendida en una camilla junto a una ambulancia, mientras otra recibe atención de un paramédico.El ataque del viernes es el más reciente de una serie de tiroteos masivos registrados en los últimos años en Tailandia, el país del sudeste asiático con la mayor cantidad de armas de fuego en manos de civiles y uno de los que presenta una de las tasas más altas de posesión per cápita en Asia, según una estimación de 2017 del Small Arms Survey.Un estudiante de 18 años contó a Reuters que al principio creyó que se trataba de fuegos artificiales o de alguien golpeando un objeto."Al principio no pensé que fueran disparos. Se escucharon muchos tiros: 'bang, bang, bang'. Después hubo un silencio. Y después empezaron otra vez", relató.Segundo tiroteo en una escuela este añoSe trata del segundo tiroteo en un establecimiento educativo en Tailandia este año, después de que en febrero un docente muriera y un estudiante resultara herido en un ataque ocurrido en el sur del país."Es terrible que algo así suceda", dijo el primer ministro en sus declaraciones ante los periodistas. "Estoy triste por quienes murieron y triste de que algo así ocurra en nuestro país", agregó Anutin, quien prometió impulsar una nueva ley para reforzar el control de las armas de fuego. [Update] Death toll rises to five in Nonthaburi school shooting; official toll still unconfirmedReports indicated that the death toll in the shooting at Debsirin Nonthaburi School had risen to five, including four teachers and one student, while more than 30 others wereâ?¦ pic.twitter.com/KHiSkU1PVR— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026Tras reunirse con funcionarios, Anutin señaló que el atacante sufría de estrés relacionado con sus estudios y vivía con sus abuelos, cuyos cuerpos fueron hallados por la policía cuando los agentes acudieron a la vivienda después del tiroteo en la escuela.Un amigo del agresor confirmó igualmente que sufría una gran presión últimamente, que había realizado preparativos minuciosos antes del tiroteo e incluso había publicado fotografías del arma utilizada en redes sociales.Según medios tailandeses, al investigar el móvil del tiroteo escolar, la policía halló en la computadora del sospechoso evidencias de que había buscado y estudiado un caso de tiroteo ocurrido en una escuela de Estados Unidos.Kiatikhun Verapongpradith, un rescatista de 47 años, relató que llegó al lugar cuando el tiroteo todavía estaba en curso y que su equipo atendió a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos. En un piso superior de la escuela encontraron a un docente muerto y, en otra sala, a una profesora con heridas de bala en el pecho y un brazo.Kiatikhun contó que fue llamado para asistir al atacante adolescente después de escuchar un último disparo."Subimos corriendo y encontramos que el agresor se había disparado en el lado derecho de la cabeza y estaba desplomado. Cuando llegamos, todavía tenía pulso, así que comenzamos a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)", dijo el rescatista.Durante el ciclo lectivo 2025, la escuela tenía unos 3100 alumnos y 147 docentes, según las autoridades del distrito. Tras el tiroteo, la institución dijo que todas las clases estarán suspendidas entre el 10 y el 14 de agosto, y se pidió al personal que trabaje desde casa en ese periodo.La palabra de los testigos"Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal", declaró a la AFP Pawarisa Maylissa, una estudiante.Tras la tragedia, los padres acudían apresuradamente al lugar para recoger a sus hijos, mientras que los alumnos y el personal se consolaban en el exterior.Fotos publicadas por los medios locales muestran al sospechoso vestido con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo."Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban", contó Purin Khumchoo, de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas."Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose", añadió el adolescente.Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró la viceministra de Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS."Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos", afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos veinte años trabajando frente al instituto."Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que lo alcanzaran en plena cabeza", agregó. "Es realmente triste".Historial de tiroteosLa peor masacre perpetrada por un único atacante en la historia reciente de Tailandia ocurrió en 2022, cuando un expolicía que había sido expulsado de la fuerza desató un ataque de tres horas con armas de fuego y cuchillos en el noreste del país. Mató a 36 personas, entre ellas su esposa, su hijo y 22 chicos que fueron apuñalados mientras dormían en una guardería.En 2020, un soldado asesinó a 29 personas en un tiroteo que incluyó un centro comercial en la ciudad de Nakhon Ratchasima. Más recientemente, en julio del año pasado, un hombre armado mató a cinco personas en un mercado de Bangkok -entre ellas guardias de seguridad y un vendedor- antes de suicidarse.En 2023, otro adolescente de 14 años mató a dos personas e hirió a otras cinco en un exclusivo centro comercial de Bangkok, utilizando una pistola modificada que, según la policía, probablemente había sido comprada por internet.Tras ese ataque, Anutin, que entonces se desempeñaba como ministro del Interior, ordenó una batería de medidas para reforzar el control de armas, entre ellas una prohibición temporal para emitir nuevas licencias, restricciones a las importaciones y la prohibición de que menores de 20 años accedieran a polígonos de tiro.Las medidas de más largo plazo incluyeron la exigencia de un certificado médico que evaluara la salud mental y el estado psicológico de los propietarios de armas, así como el establecimiento de un período de validez determinado para algunas licencias.Según estimaciones del Small Arms Survey, en Tailandia hay alrededor de 10,3 millones de armas de fuego en manos de civiles, lo que equivale a unas 15 armas por cada 100 habitantes.Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua
El secretario de Salud aseguró que actualmente no hay un brote activo de diarrea explosiva en México
MENDOZA.- Un siniestro vial en el que estuvo involucrado el automóvil de una mujer fallecida destapó un escándalo en la provincia cuyana. El accidente, ocurrido días atrás, alertó al hijo de la propietaria cuando vio por televisión las imágenes de un choque provocado por un joven conductor alcoholizado. En ese momento comprendió que algo no estaba bien. El vehículo de su madre permanecía en una playa de secuestros desde 2022, por lo que comenzó a sospechar que había sido retirado con documentación adulterada y decidió actuar. A partir de allí, las sospechas dejaron de centrarse únicamente en el conductor y alcanzaron a distintas dependencias oficiales, mientras comenzaba a quedar al descubierto una presunta maniobra que hoy deriva en una investigación penal por estafas y en sumarios administrativos.Según trascendió en medios locales, el impacto por el hallazgo fue tal que, cuando periodistas fueron a entrevistarlo a su vivienda, les mostró la urna con las cenizas de su madre. El hombre buscaba demostrar que la mujer había fallecido y que, por lo tanto, no podía haber autorizado ningún trámite relacionado con el automóvil.La imagen de la urna contrastaba con las del Chevrolet Corsa destrozado tras el choque. Hasta ese momento, el hijo de la propietaria creía que el vehículo continuaba bajo custodia en una playa de secuestros, a la espera de completar los trámites sucesorios para recuperarlo.El choque del Chevrolet Corsa ocurrió la mañana del 30 de julio en el transitado Acceso Sur, a la altura de Guaymallén, y dejó al descubierto que el vehículo había sido retirado de una playa municipal de secuestros mediante un poder notarial presuntamente falso. La maniobra es investigada por la división de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para determinar responsabilidades.El auto era conducido por Lucas Germán Segura, de 34 años, quien tras el siniestro fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido para conducir en la provincia. Por ese motivo quedó aprehendido en el lugar. Al mismo tiempo comenzaron a conocerse las irregularidades vinculadas con la documentación que le permitía circular, luego de que el hijo de la mujer fallecida advirtiera a las autoridades sobre la situación legal del vehículo.Presentada la denuncia, se inició una investigación administrativa y luego judicial. Así se determinó que el automóvil había sido retirado de la playa municipal de secuestros de la Ciudad de Mendoza más de un año atrás mediante un supuesto poder notarial que, de acuerdo con un informe preliminar del Colegio Notarial de Mendoza, presenta numerosos indicios de falsificación.Desde ese organismo indicaron que la documentación utilizada no se corresponde con un instrumento notarial válido, ya que presenta distintas irregularidades: la presunta falsificación de la firma de una escribana, la adulteración del código QR utilizado para verificar la autenticidad del documento y el uso indebido de una legalización notarial existente, pero vinculada a otro trámite.En ese contexto, se detectó el uso de la firma de la escribana Lorena Barzola sin su consentimiento, ya que figuraba en la autorización presentada para retirar el vehículo de la playa de secuestro. Por ese motivo, la profesional decidió realizar una denuncia penal.Según la presentación de Barzola, el documento original habría sido alterado para conservar la firma auténtica y reemplazar el contenido por otro que autorizaba la entrega del automóvil. Además, advirtió que su firma habría sido utilizada posteriormente en otros trámites. Durante la investigación también se detectaron irregularidades e inconsistencias en el formato del supuesto instrumento notarial, tanto en la ubicación de las firmas como en la estructura general del documento presentado como válido.En la denuncia inicial, el hijo de la propietaria sostuvo que el Corsa nunca debió abandonar la playa de secuestro y que jamás autorizó su retiro, ya que esperaba el avance de los trámites sucesorios para recuperarlo. A partir de esa presentación comenzó a reconstruirse el recorrido administrativo que permitió la salida del vehículo y se profundizará la investigación sobre todas las personas que pudieron haber participado de la maniobra, además de determinar si existió connivencia para concretar la entrega.Frente al malestar generado por el caso, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, ordenó una investigación administrativa que incluye el sumario de cuatro personas de la comuna, entre ellas la titular de Remates Judiciales, Mariela Spaltro; un abogado del área y personal de la playa de secuestro."Se ha dado intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos por el delito de estafa genérica. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Mariana Pedot y permanecerá, por el momento, bajo secreto de sumario, situación que continuará hasta tanto avance la investigación. Ello se debe a que continúa la producción de pruebas para determinar de manera fehaciente lo ocurrido", informaron en las últimas horas desde la Justicia provincial.
Las autoridades destacan que, a pesar del aumento interanual, las cifras actuales no despiertan alarma sanitaria y se intensifican las medidas de prevención en el periodo de mayor transmisión