caso

Honduras registra ocho casos de chikungunya y alerta por transmisión comunitaria cerca de Nicaragua

La Secretaría de Salud confirmó contagios en Tegucigalpa, Atlántida, Olancho y El Paraíso; las autoridades mantienen vigilancia en una comunidad fronteriza donde se detectó circulación del virus.

Quién es Analisa Torres, la jueza de raíces latinas que tomará el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York reasignó el expediente penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a la jueza federal Analisa Torres. La magistrada asumirá la conducción del proceso judicial tras la muerte del juez Alvin Hellerstein, quien supervisó la causa penal durante varios años.Quién es Analisa Torres, la jueza federal designada por Barack Obama en 2013Torres nació en la Ciudad de Nueva York en 1959 y tiene ascendencia puertorriqueña. En 2013, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, la designó jueza del Distrito Sur de Nueva York.En su formación académica, de acuerdo con N+ Unvision, completó sus estudios de grado con honores en la Universidad de Harvard. Posteriormente, la magistrada obtuvo su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.Al comienzo de su carrera profesional, desempeñó labores en bufetes privados antes de incorporarse al sistema judicial. Más adelante, ocupó diversos cargos en los tribunales civil y penal de la ciudad de Nueva York.Asimismo, Torres acumuló cerca de una década de labor como jueza de la Corte Suprema neoyorquina. Desde su llegada al fuero federal en 2013, la magistrada presidió litigios en materias civil, penal y regulatoria.Ahora, la jueza asumirá la conducción del expediente penal contra Maduro y Flores en la corte neoyorquina. De esta manera, tendrá a su cargo la resolución de los planteos judiciales y la supervisión de las etapas previas al debate oral.De qué acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.: narcoterrorismo, armas y torturaEl expediente penal contra Maduro y Flores contempla acusaciones formuladas por la justicia federal estadounidense. La causa judicial se remonta a marzo de 2020, fecha en la que las autoridades presentaron la acusación formal contra el político venezolano por narcotráfico y otros delitos.El pliego acusatorio actual imputa a Maduro y a Flores el delito de conspiración para cometer narcoterrorismo. Las imputaciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) abarcan además la conspiración para importar cocaína hacia el territorio estadounidense.El expediente penal incluye asimismo acusaciones por la posesión de armas destructivas en el marco de las actividades atribuidas a los imputados. La acusación formal actualizada, presentada el 8 de octubre de 2026, incluye además un cargo de conspiración para cometer tortura, por presuntos abusos contra ciudadanos estadounidenses.La causa avanzó tras la captura de Maduro y su traslado al territorio estadounidense en enero de 2026. A partir de esa fecha, el tribunal federal continuó con el desarrollo del procedimiento penal preparatorio.Cuándo es el juicio contra Maduro y Flores tras la muerte del juez HellersteinEl tribunal federal informó este miércoles sobre la reasignación de la causa a la jueza Torres. La medida forma parte del procedimiento para redistribuir los casos a cargo de magistrados que dejan sus funciones por jubilación o fallecimiento.El juez federal Hellerstein falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales. El magistrado ejerció sus funciones durante casi tres décadas al frente de procesos de alto perfil público.Hellerstein supervisó el proceso penal contra Maduro desde la presentación de la acusación original, en marzo de 2020. Tras su llegada a EE.UU. en enero de 2026, el magistrado continuó al frente del procedimiento.María Corina Machado: "Gracias al gobierno de Estados Unidos, Maduro enfrenta hoy la Justicia"La reasignación del expediente ocurre antes de una audiencia programada para diciembre. En esa sesión, la jueza evaluará las solicitudes de la defensa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana.El tribunal fijó el inicio del juicio penal contra ambos acusados para el 14 de junio de 2027. En ese marco, Torres conducirá todas las etapas procesales restantes hasta dicha instancia judicial.

Estados Unidos no prevé frenar el ingreso de ganado mexicano pese al aumento en casos de gusano barrenador

Las autoridades de la Unión Americana no han reportado infecciones durante el paso de los animales

Aureliano Hernández reporta 40 denuncias penales en seis meses al frente de la ASF: destaca el caso de Nuevo León y Sinaloa

La Auditoría Superior de la Federación detectó 9 mil millones de pesos sin aclarar en revisión a los tres órdenes de gobierno

Cronología de un hackeo histórico: paso a paso, qué se sabe del caso Binance, el mayor robo de la historia cripto

La plataforma suspendió los retiros, congeló cerca de USD 3.000 millones con ayuda de los emisores de stablecoins y prometió reponer cada centavo con fondos propios. Todavía no hay causa raíz oficial y el atacante conserva unos USD 2.400 millones fuera de alcance

Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, por el caso Odebrecht: esta es la fecha de la diligencia

La investigación se centra en un contrato suscrito en febrero de 2014 con una sociedad panameña, mediante el cual se habrían canalizado recursos de la constructora brasileña que no fueron reportados ante el CNE

Más amish se vacunan contra el sarampión mientras Pensilvania acumula casi 1.400 casos y teme un repunte invernal

Jornadas de inmunización en el condado de Lancaster logran avances entre comunidades que históricamente evitaron las vacunas por costumbre, mientras el brote más grave del estado en tres décadas muestra señales de extenderse con el frío

Fiscalía puso bajo la lupa sobre presuntas filtraciones en el caso de Álvaro Uribe y exigió explicaciones al abogado Miguel Ángel del Río

El organismo también exhortó a todos los sujetos procesales a mantener bajo reserva la información del expediente y advirtió que el incumplimiento de esta disposición podría dar lugar a medidas correccionales y eventuales sanciones disciplinarias

Retiran el cargo de estrangulamiento contra Rick Ross en el caso de violencia doméstica: aún enfrenta una acusación por agresión

La denuncia sostiene que el músico golpeó a una mujer con la que convivía y la habría asfixiado con el cuello de su camiseta durante un episodio ocurrido en agosto

Caso $LIBRA: una fiscalía especializada en corrupcción apeló los sobreseimientos y afirma que hay "señales de una defraudación"

El pedido fue realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).Afirma que "no corresponde dar por terminada la causa cuando aún restan tomar medidas probatorias"

RDI: el caso de una adolescente que sufría bullying en Catamarca reactivó el debate en toda Argentina

Con respecto a la estadística de los casos de bullying, "casi 8 de cada 10 situaciones ocurren en el ámbito educativo", indicó la periodista, Sol Clemente, en Ronda de Investigación (RDI). Leer más

RDI: comenzó un nuevo juicio por el caso de Micaela García a casi 10 años de su femicidio

"En 2024 falló la Corte, estamos a casi fines de 2026 y recién ahora, diez años después del femicidio de Micaela García, se va a celebrar este nuevo juicio", contextualizó la periodista, Natalia Volosin, en Ronda de Investigación (RDI). Leer más

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con 'Caso 1992': su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano Marko conversó con Infobae Perú sobre su regreso a la actuación, el camino que recorrió desde sus primeros trabajos y el vínculo que mantiene con Perú. También explicó por qué considera referentes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Caso $LIBRA: fiscalía especializada tomó la investigación que dejó Taiano y apeló el sobreseimiento de los Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impugnó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Puso nuevamente en discusión una investigación que, a su criterio, todavía tiene demasiados interrogantes abiertos. Leer más

Pareja, Caputo y la Bicameral de Inteligencia, la interna oficialista que se cruza con el caso Bolsonaro

La Justicia argentina investiga el paso de Flávio Bolsonaro por el país rumbo a Estados Unidos, mientras aparecen versiones sobre una supuesta participación de funcionarios y organismos del Gobierno. En paralelo, el episodio abrió una interna entre sectores vinculados con Karina Milei y Santiago Caputo. Leer más

Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. También interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que el pedido sea rechazado, con lo que dejó planteada la posibilidad de que la Cámara Federal revise el cierre que firmó el juez Martínez de Giorgi.La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como "amicus curiae" (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la situación de las víctimas. Cipce e Inecip denunciaron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para las organizaciones, ese procedimiento desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un nuevo intento de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.

Quién era la pareja hallada muerta en un auto en Misiones y qué se sabe del caso

La investigación por la muerte de una pareja de comerciantes de Oberá, Misiones, cuyos cuerpos fueron encontrados en un auto en la localidad de Los Helechos, sumó nuevos avances en las últimas horas. Mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió y cuál fue el móvil del hecho, la Policía realizó dos allanamientos, secuestró documentación y dispositivos electrónicos y desplegó un operativo de rastrillaje en la zona.La pareja fue encontrada el jueves 29 de octubre por la mañana en un camino terrado de Picada Sargento Cabral, en una zona rural de Los Helechos, a pocos kilómetros de Oberá. Junto a ellos estaba su hijo de dos años, que permanecía dentro del vehículo y fue encontrado con vida, durmiendo.Quiénes eran Sergio y GriseldaLas víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29. Tenían otro hijo de nueve años, que se había quedado con su abuela materna.La pareja se dedicaba a la venta de electrodomésticos en Oberá, donde residía, con entregas particulares y financiación en cuotas mediante pagarés. Según las primeras versiones, ambos habían denunciado amenazas antes del crimen por distintas intimidaciones por su actividad, pero todavía no se comprobó si eso tiene relación directa con sus muertes.En tanto se desestimaron las versiones sobre una presunta actividad como prestamistas ilegales.Un allegado del hombre contó al medio local El Territorio que Schulz tenía previsto cobrar una cuota de una venta antes del hallazgo de los cuerpos, que se produjo cerca de las 8.30, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de recolección de residuos advirtieron la presencia de un Ford Fiesta Kinetic negro estacionado en el lugar. Al acercarse, encontraron a la mujer en el asiento del acompañante y al hombre a unos metros del automóvil, sobre el pasto.El lugar se encuentra sobre la picada Sargento Cabral, en un sector alejado de las zonas urbanizadas y a pocos kilómetros de Oberá. Se trata de un camino terrado, con circulación limitada y condiciones de acceso que requieren precaución, publicó el portal Misiones Online.Los primeros datos de la investigación indicaron que ambos presentaban lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, que deberán aportar información sobre las causas y la mecánica de las muertes. Además, había rastros de sangre en el sector donde estaba estacionado el vehículo. Durante las tareas en la escena, los efectivos recolectaron distintos papeles encontrados en el terreno. Avanza la investigaciónEste viernes la investigación avanzó con dos allanamientos en viviendas de Oberá y Los Helechos. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada con la actividad comercial de las víctimas. En ese operativo, fueron demorados preventivamente dos hombres de 39 y 31 años. También se dispuso que preste declaración un tercer hombre por una presunta deuda comercial.En paralelo, alrededor de 50 policías participaron de nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y en sectores cercanos. El objetivo es encontrar elementos que permitan establecer qué ocurrió.Otra de las medidas dispuestas consiste en revisar registros de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que realizaron Schulz y Gritzmacher durante sus últimas horas. También se busca acceder a los teléfonos celulares de ambos.El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, describió la escena como un panorama complejo. Según explicó, el sitio del hallazgo se encuentra a unos cinco kilómetros del casco urbano, en un sector con escasa iluminación y rodeado de vegetación.Martínez confirmó, además, que dos armas blancas fueron sometidas a pericias en el marco de la investigación.Las actuaciones son encabezadas por investigadores de la Unidad Regional II de Oberá, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº1. Mientras avanzan las pericias y el análisis de los elementos secuestrados, el niño de dos años permanece bajo resguardo.Entre las hipótesis se baraja la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio y la de un ajuste de cuentas, pero ninguna de estas líneas fue confirmada oficialmente.

Caso Nancy Godoy: la querella denunció mutilaciones y no descartó la hipótesis de un ritual

El informe preliminar confirmó múltiples heridas de arma blanca, signos de defensa y seccionamientos con "experticia" realizados mientras la docente rural aún estaba con vida. Leer más

Caso $LIBRA: dos ONG denuncian irregularidades en el proceso y piden que se anulen los sobreseimientos de Milei y su hermana

Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas â??cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penalâ?? ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse."Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero", indicaron Alfie y Biscay, "quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre".La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.

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Un análisis internacional que evaluó 204 países y territorios estimó que 18,1 millones de personas vivían con ambos trastornos en 2023. Los especialistas alertan por consultas a edades cada vez más tempranas

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En 2020, el ex presidente se fue de Bolivia incendiada y el presidente Alberto Fernández le dio el status de refugiado y pagó sus gastos, pese a pedidos de captura de la Justicia. El ex candidato presidencial de Brasil recibió esta semana apoyo del gobierno de Javier Milei para escaparse a EE.UU, pese a que la Justicia le había pedido su pasaporte. Diferencias y similitudes. El rol de Cuba y Estados Unidos en uno y otro caso.

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De 10 sicariatos por semana a más de dos meses sin un solo caso: así cambió la seguridad en Sincelejo

La capital de Sucre no registra asesinatos bajo esa modalidad desde el 20 de agosto de 2026, tras un período de violencia urbana que alcanzó un caso cada 18 horas en 2023

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso de 14 comunidades Maya Q'eqchi' contra Guatemala

La Comisión pide declarar responsable a Guatemala por violar nueve derechos de comunidades indígenas. El organismo solicitó la titulación colectiva, el retorno seguro y sanciones por la violencia, tras señalar que las familias carecen de garantías para habitar y trabajar sus predios ancestrales en paz

Sin más instancias de apelación: la Corte confirmó la prisión para Aníbal Lotocki por los casos de Silvina Luna y Stefi Xipolitakis

El médico fue condenado a ocho años de prisión por haber ocasionado lesiones graves, y en paralelo es juzgado por el homicidio de otro paciente.La Sala II de la Cámara de Casación amplió en 2025 la condena inicial, que era de cuatro años, y fue esa pena la ratificada por el máximo tribunal de justicia este jueves.

Alerta por dengue ante posible impacto del fenómeno El Niño: Perú acumula 83 mil casos y La Libertad concentra 16 mil

El vocero del Minsa alertó que las lluvias y aguas estancadas favorecen los criaderos del mosquito del dengue y elevan el riesgo de leptospirosis, que ya supera los 13 mil diagnósticos

Pablo Gómez recuperó dinero del caso García Luna: Sheinbaum defiende a titular de la UIF tras acusación de Santiago Nieto sobre persecución a medios

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Quedó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki, "el cirujano de las estrellas", por el caso de Silvina Luna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Silvina Luna, la modelo fallecida el 31 de agosto de 2023 por las consecuencias de la aplicación de metacrilato en su organismo como parte de las intervenciones estéticas a las que la sometió el cirujano.Actualmente, Lotocki, que está preso, está siendo juzgado por el homicidio de Christian Zárate, un paciente que se descompensó luego de una liposucción en 2021.Según surge del fallo del máximo tribunal del país, Lotocki les provocó lesiones a cuatro de las pacientes que se operaron con él. A todas les colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos.A Sosa la operó en 2008; a Luna, en 2011; a Xipolotakis, en 2014. En el caso de Trenchi, Lotocki había acordado con ella que le colocaría "hilos tensores" en los glúteos y que le extraería grasa de la pelvis, la rodilla y la cadera para mezclarla con plasma de su sangre e inyectársela en la zona de los glúteos. Sin embargo, a pesar del pedido de la víctima, Lotocki le colocó un producto de relleno de PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y, consecuentemente, en la salud.Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión. El tribunal oral dio por acreditado que "Aníbal Rubén Lotocki realizó intervenciones quirúrgicas a Silvina Luna, Stefanía Xipokitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas". Según se determinó, el médico "dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar".La fiscalía y las querellas apelaron y reclamaron una pena mayor. La defensa, en tanto, solicitó la absolución del médico.Tras rechazar la presentación de la defensa, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión. En abril de 2025, la Sala II de la Casación confirmó la condena del médico a ocho años.Contra esa sentencia, la defensa de Lotocki presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal entendió que el planteo era inadmisible y dejó firme la condena.Esta es la cuarta vez que la Corte Suprema interviene en esta causa: las dos primeras, por cuestiones previas al juicio, y la tercera, tras la primera condena.Actualmente, Lotocki está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 por el homicidio de Christian Zárate, de 50 años. Según la investigación, su paciente concurrió en abril de 2021 al Centro Médico Conde (Cemeco) para una intervención programada, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como "cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis y región lumbar y sacra". En concreto, se le realizó una dermolipectomía con la técnica llamada "Tulua" y una liposucción. Tras la intervención (y luego de que Lotocki saliera del quirófano por 40 minutos), Zárate fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. La situación fue informada a Lotocki, quien dispuso que el paciente volviera a ingresar al quirófano. Al día siguiente, el paciente se descompensó, fue intubado, se llamó a una ambulancia, pero el paciente sufrió un paro cardíaco y murió.

Milei salió a bancar a Netanyahu por las elecciones en Israel, pero sigue mudo por el caso Flávio Bolsonaro

El Presidente argentino celebró el desempeño del Likud, que volvió a ser la fuerza más votada con el 20,6% de los votos, aunque el bloque oficialista israelí quedó lejos de la mayoría parlamentaria. Leer más

Con el caso Bolsonaro abierto, Milei viaja a Madrid para la Cumbre Iberoamericana y podría quedar frente a frente con Lula

El Gobierno confirmó a PERFIL que el Presidente estará en la cita del 4 y 5 de noviembre, a cargo del rey Felipe VI. Llega sin haber reconocido el triunfo de Lula y tras auxiliar al excandidato brasileño en su escape. También se verá con Sánchez, a quien días atrás llamó "ladrón corrupto". Leer más

El Salvador confirma su primer caso de chikungunya de 2026 tras 40 semanas sin registros

La confirmación del primer caso de chikungunya del año en El Salvador encendió las alertas médicas sobre el manejo adecuado de los cuadros febriles: especialistas instan a la población a evitar por completo fármacos como ibuprofeno, aspirina o diclofenaco por el riesgo de hemorragias graves

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: "Es un caso triste y lamentable"

El cantante se refirió a la actitud de su colega en un reciente show y recordó otras experiencias que vivió cuando compartieron escenario

Gobernador de Alaska ordena investigar caso de dos candidatos al Senado con idéntico nombre

El gobernador de Alaska investiga la inclusión de un candidato homónimo en las boletas, acusado de ser un "candidato señuelo" para confundir votantes.El demócrata Dan J. Sullivan, sin definir afiliación, comparte nombre con su rival republicano, lo que podría afectar el resultado electoral.

Confirman cinco casos de E. coli en un estado de EEUU y cierran una granja por un posible vínculo con las infecciones

Tres menores permanecen en estado grave y reciben atención en cuidados intensivos pediátricos, mientras las autoridades buscan determinar el origen de los contagios

Caso Liceo Naval: Abogado de menor investigado pidió anular juicio porque "bajarle el short a la víctima no es delito"

Poder Judicial rechazó anular el proceso contra uno de los escolares internados en Maranguita, aunque el juicio se encuentra suspendido desde el pasado 15 de octubre

Por el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, abrieron investigación disciplinaria contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica contra una de las condenadas

El proceso, abierto el 2 de octubre de 2026, tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro

Caso Nancy Godoy: hallaron su celular y la querella sostiene la hipótesis de abuso seguido de muerte

Los peritos encontraron el teléfono móvil, un bolso, botas y una campera en la zona rural de Esquina donde fue localizado el cadáver de la docente. Qué dijo el abogado de la familia. Leer más

Defensa de Álvaro Uribe pidió que sancionen al abogado Miguel Ángel del Río por revelar información sobre el caso del expresidente: "Estricta reserva confidencial"

El abogado Jaime Granados solicitó a la Fiscalía que establezca medidas en contra del abogado, toda vez que las informaciones dadas a conocer tenían carácter reservado en el proceso que se adelanta contra el ex jefe de Estado por las masacres de El Aro y La Granja

Abogado Camilo Enciso cuestionó la defensa del expresidente Gustavo Petro en el polémico caso de los 'sexocontratosâ?²: "Ha sido patética"

La acción judicial presentada por el exsecretario de Transparencia señala presuntos intercambios de favores sexuales por adjudicaciones públicas y pide establecer si se utilizó poder político

"El corazón de Angrois está con todos vosotros", dice el barrio que ayudó en el caso Alvia

Trump ofrece recompensa de un millón a quienes denuncien fraude electoral sin precisar fondos en un caso con poco fundamento

El presidente Donald Trump anunció una recompensa de 1 millón de dólares a cualquier persona que aporte datos sobre casos de fraude en las elecciones pasadas o futuras, a falta de pocos días para los comicios del 3 de noviembre. Sin embargo, la administración federal no precisó de dónde saldrá el dinero para financiar los pagos. El anuncio se produce en un contexto en el que no existen evidencias de un fraude electoral generalizado en Estados Unidos, según los informes.La oferta de Trump de un millón de dólares a quienes denuncien fraude electoral en EE.UU.A través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente anunció la propuesta y especificó que la gratificación monetaria se entregaría tras el arresto y la condena de los responsables de cometer el fraude."¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026 recibirá US$1 millón tras el arresto y la condena de los autores del fraude!", escribió el lunes 26 de octubre.Desde su lugar, el portavoz de la Casa Blanca no aportó detalles sobre el presupuesto destinado a esta medida y remitió a la publicación original, según registró Telemundo.El ofrecimiento se suma a otras propuestas económicas recientes del mandatario, cuyo financiamiento tampoco fue aclarado. Previamente, anunció un programa de US$25 millones para denunciantes de irregularidades en el gobierno y prometió entregar cheques de US$5000 a ciudadanos estadounidenses si el Partido Republicano mantiene la mayoría en el Congreso tras los comicios del martes.Qué se considera fraude electoral en Estados Unidos y cuáles son las conductas prohibidasUna de las modalidades de fraude electoral consiste en emitir deliberadamente un voto ilegal. Esto puede incluir la violación de leyes estatales o federales que prohíben votar al ser no ciudadano, en nombre de una persona fallecida o haciéndose pasar por un votante registrado bajo el nombre de otra persona, de acuerdo con Sciline.Las regulaciones también prohíben sufragar más de una vez o en varios lugares, en nombre de otra persona, tras manipular las papeletas o los sistemas de votación o en un estado que no sea el domicilio legal del elector.Asimismo, votar al estar preso o tras una condena por delito grave en estados donde esto es ilegal también se considera fraude, aunque los detalles varían según la jurisdicción.El sitio remarca la importancia de distinguir el fraude de los errores administrativos que dan lugar a que alguien vote sin estar autorizado a hacerlo.Qué revelan los estudios del MIT, Brookings y Heritage sobre el fraude electoral en EE.UU.A pesar de las afirmaciones sobre un incremento del fraude electoral en los comicios más recientes, informes y registros oficiales coinciden en que no existen pruebas de un fraude masivo o sistemático en el sistema estadounidense. En un documento de 2023 del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), los investigadores afirmaron que existe evidencia insignificante de fraude en las elecciones estatales.Por su parte, miembros de la Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, analizaron casos de fraude reportados durante las elecciones de 2016, 2018, 2020 y 2022. Tras observar los documentos, estimaron que hubo alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos por correo emitidos, en promedio.Un documento de trabajo, elaborado por investigadores afiliados a Stanford, la Universidad de Pensilvania, Harvard, Yale y Microsoft Research, evaluó la posibilidad de "doble voto".El informe indicó que el límite superior de doble voto en las elecciones de 2012 fue del 0,02%. El documento también señaló que la tasa de incidencia probablemente fue mucho menor, dado que las auditorías realizadas por los investigadores mostraron que "muchos, si no todos, de estos aparentes votos dobles podrían ser resultado de un error de medición".Por último, un recuento de la conservadora Fundación Heritage halló poco más de 1600 casos documentados en un periodo de 40 años, lo que representa una proporción insignificante en comparación con la totalidad de los sufragios emitidos en ese lapso.

Un abogado vinculado al caso Loan fue condenado por encubrimiento

El letrado quedó libre bajo pautas de conducta hasta que quede firme la sentencia del Poder Judicial de Corrientes. Leer más

Caso Loan: Gustavo Vera, denunciado por presunto encubrimiento tras sus contactos con testigos y acusados

Sebastián Pardo denunció al titular de La Alameda. PERFIL accedió a la declaración judicial, los escritos y los mensajes que sustentan la acusación. Leer más

8 asesinatos confirmados, cartas firmadas con un dibujo sonriente y el dolor de una hija al revelar el horror: el caso de Keith Hunter Jesperson

Conocido como el asesino de la cara feliz, este camionero canadiense sembró el terror en Estados Unidos durante la primera mitad de los años noventa. Tras hallar el cuerpo de su novia en 1995, la policía destapó una identidad oculta durante años

Especulaciones, ajustes y cautela: cómo le impactó al Gobierno el caso Bolsonaro local e internacionalmente

En la Argentina, Patricia Bullrich opinó del tema justo antes del que el dirigente de derecha emitiera un comunicado, aunque en el Gobierno no lo leyeron como una provocación. Milei continúa en silencio. Las medidas que se analizan en Brasil

Los casos de ACV crecen entre menores de 50 años: los factores que suelen pasar inadvertidos y cómo cuidarse para prevenir

Estudios recientes muestran un incremento de diagnósticos en adultos jóvenes. Expertos explican cuáles controles conviene realizar, cuándo pedir asistencia médica y por qué la rapidez resulta decisiva

La jueza Analisa Torres asume el caso contra Nicolás Maduro tras la muerte de Alvin Hellerstein

El tribunal federal de Manhattan redistribuyó el expediente por narcoterrorismo, que también involucra a Cilia Flores, mediante el mecanismo aplicado a procesos vacantes por jubilación o fallecimiento de magistrados en la jurisdicción

Profesorado de Cornell avanza con voto de censura simbólico ante caso de agresión sexual

El profesorado de Cornell avanza con una moción simbólica contra la gestión del presidente por su manejo de una denuncia de agresión sexual.La medida, que no puede destituir, busca cuestionar el liderazgo y responsabilizar a la administración por la crisis de agresiones.

La ONU enfría las expectativas de Cristina Kirchner: "Una decisión sobre el caso no es inminente"

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El caso contra Maduro en EE.UU. es reasignado a la jueza Analisa Torres

La causa por narcoterrorismo contra el exmandatario venezolano fue reasignada tras el fallecimiento del juez Hellerstein en EE.UU.La jueza Torres asumirá el caso, según registros judiciales, lo que marca un nuevo capítulo en el proceso legal contra el líder sudamericano.

La Corte Suprema dejó en firme la condena contra Diego Cadena por soborno de testigos en el caso Álvaro Uribe: conozca el fallo

El alto tribunal resolvió que el recurso extraordinario presentado por la defensa del abogado no cumplió los requisitos técnicos exigidos por la ley, por lo que se mantiene la sentencia de ocho años y ocho meses de prisión domiciliaria

Piden arrestar al ministro de Hacienda por presunto desacato en caso del Fondo Milagro: el alto funcionario no habría respondido a seis preguntas

El representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, solicitó sanciones contra Miguel Gómez Martínez tras denunciar que su cartera no habría cumplido una tutela

Juicio al cirujano Aníbal Lotocki: lo desvinculan de tres casos de lesiones graves pero sigue con otros dos

La decisión de la justicia se basó en el tiempo transcurrido y dictó la prescripción de esos hechos.El médico -ya condenado en otro proceso- está detenido en Ezeiza desde octubre de 2023 y llegó a este debate acusado del homicidio simple con dolo eventual de uno de sus pacientes y las lesiones a otros cinco.

Murió Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que presidía el caso contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, el juez federal estadounidense que presidía el caso del destituido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, murió a los 92 años de causas naturales. El magistrado llevaba casi tres décadas en su cargo y a fines de noviembre tenía una audiencia programada con el depuesto mandatario y su esposa, Cilia Flores.El magistrado nació en Nueva York en 1933, estudió Derecho en la Universidad de Columbia y luego se unió al Cuerpo de Abogados del Ejército estadounidense. Luego, trabajó cuatro años en el estudio Stroock & Stroock & Lavan LLP.Fue designado juez en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Durante su trayectoria estuvo a cargo de importantes casos, incluido los litigios vinculados a los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, denuncias por el genocidio en Sudán y casos relacionados con el actual mandatario estadounidense, Donald Trump.En 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Barack Obama que divulgara imágenes e información sobre los abusos cometidos contra detenidos en Irak y Afganistán.Dos años después, tomó uno de los casos contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien fue condenado por agresión sexual. En aquel entonces, el juez desestimó 17 de las 18 denuncias presentadas.Por otro lado, en 2023 rechazó una solicitud de Trump para trasladar desde la justicia estatal a la federal el caso vinculado a los pagos que le realizó a la actriz Stormy Daniels. A su vez, tuvo otro enfrentamiento con el líder republicano cuando bloqueó la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros sancionada en 1798 que el gobierno norteamericano quería utilizar para facilitar la deportación de presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. MaduroSu notoriedad aumentó en el último año luego de quedar a cargo del proceso penal que Estados Unidos lleva contra Maduro y Flores, detenidos en enero último luego de una sorprendente operación militar norteamericana en Venezuela. A Maduro se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.La expectativa por el caso incrementó en las últimas semanas ante la cercanía de una audiencia, programada para el 17 de noviembre, que iba a contar con la participación del expresidente y de Flores. Es uno de los pasos a completar de cara al juicio que está previsto para junio del próximo año.Ante la muerte del magistrado, se deberá designar por sorteo a otro juez para que continúe con la causa. Con información de Agencias AFP y ANSA

Cronología del caso de la maestra correntina: tres semanas de incertidumbre y un desenlace fatal

Nancy Godoy (52) desapareció el 7 de octubre pasado en Esquina, Corrientes, y su cuerpo fue encontrado este miércoles.Los momentos claves de la investigación que la suma cinco detenidos.

Alarma por feminicidios en Sinaloa: Secretaría de las Mujeres lanza plan emergente tras encabezar casos en 2026

Sinaloa concentra 97 feminicidios entre enero y septiembre y tiene la tasa más alta del país

Caso Guardatti: Casación rechazó un recurso de cuatro expolicías investigados por la desaparición de un joven hace 34 años en Mendoza

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó en pie la anulación de los sobreseimientos dictados durante los años noventa. Paulo Christian Guardatti tenía 21 años cuando fue visto por última vez mientras era conducido esposado hacia un destacamento policial de Godoy Cruz

Caso Marcos Rojo: la Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes para la final ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata volvió a vencer a Flamengo. Esta vez, fuera de la cancha, pero con un premio igual de importante: la Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó el reclamo del club brasileño por la inclusión de Marcos Rojo y ratificó al Pincha como finalista de la Copa Libertadores. Así, el equipo de Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en busca de su quinta estrella continental.La noticia, claro, no tuvo el impacto de aquella noche en el Maracaná, cuando Estudiantes resistió casi un tiempo completo con diez jugadores por la expulsión de Baltasar Rodríguez, llevó la serie hasta los penales y tuvo a Fernando Muslera como héroe, con tres penales atajados. Pero seis días después de aquella clasificación histórica, el fallo terminó con la última preocupación que quedaba en Estudiantes.Todo había comenzado antes de la semifinal. Ante la gran cantidad de bajas en defensa, Estudiantes buscó una solución de urgencia y repatrió a Rojo, que llegó a un acuerdo con Racing para rescindir anticipadamente su contrato. El defensor se incorporó durante la última ventana que la Conmebol permite para modificar la lista de buena fe e ingresó en reemplazo del lesionado Gabriel Neves.La AFA autorizó a Rojo para disputar competencias locales, pero la Conmebol entendió que su inscripción no cumplía con los requisitos previstos para la Libertadores y decidió no habilitarlo.El punto de discusión estuvo en el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que contempla excepciones para inscribir futbolistas fuera de los períodos habituales cuando sus contratos finalizaron o fueron rescindidos bajo determinadas condiciones.El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como suâ?¦ pic.twitter.com/YGMg5q5DLS— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026Para la Conmebol, Rojo había sido registrado fuera del período permitido en el sistema TMS y su situación no cumplía con las condiciones previstas por el reglamento. El mercado argentino había cerrado el 2 de septiembre y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de ese mes. Por ese motivo, el organismo sudamericano rechazó inicialmente su inscripción.Estudiantes recurrió entonces al TAS, que entendió de manera preliminar que la autorización otorgada por la AFA tenía fundamentos suficientes y dictó una medida cautelar para que Rojo pudiera jugar. Pero el tribunal no resolvió la cuestión de fondo ni impidió que la Conmebol analizara después una eventual sanción.En ese contexto, Medina decidió utilizarlo. Rojo fue titular en Brasil y permaneció en cancha hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tiago Palacios.Luego de la primera resolución, el TAS convocó al club brasileño como parte interesada y desde Río de Janeiro anticiparon que, si Rojo jugaba, presentarían una protesta formal. Horas después de quedar eliminado, cumplieron con esa advertencia y llevaron el reclamo ante la Conmebol.En Estudiantes siempre se mostraron confiados. "No corremos riesgo de no poder jugar la final, hicimos todo bajo asesoramiento. Solo esperamos que se termine de resolver para ver qué sucede en adelante. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS", había dicho Juan Sebastián Verón este martes, en radio La Red.En Flamengo, en cambio, mantuvieron la expectativa hasta último momento. El antecedente que alimentaba la ilusión de Flamengo surgía de otros casos de alineaciones indebidas que terminaron con sanciones deportivas: Carlos Sánchez, en Santos, y Luiz Otávio, en Chapecoense, habían protagonizado episodios similares en ediciones anteriores de la Copa y sus clubes perdieron los puntos.Palmeiras, futuro rival del Pincha, eligió mantenerse al margen de la controversia. "Estudiantes ganó en la cancha", sostuvo Abel Ferreira, entrenador del conjunto paulista. Y agregó: "La Conmebol es una organización competente. Un club de la talla de Estudiantes sabe lo que debe y puede hacer".El fallo conocido este miércoles terminó con cualquier incertidumbre. La Conmebol rechazó la protesta de Flamengo, mantuvo el resultado del partido y confirmó a Estudiantes en la definición de la Copa.En La Plata, ahora sí, ya piensan en la final. El club ya trabaja en la organización de los micros que trasladarán a los hinchas y también comenzaron a conocerse detalles de la venta de entradas, que había quedado en suspenso hasta la resolución del caso Rojo.En principio, Estudiantes y Palmeiras dispondrían de unas 11.000 entradas populares cada uno, además de un cupo de plateas. Casi sin chances en el Clausura y en la pelea por ingresar a la Sudamericana, en Estudiantes todos los cañones apuntan a Montevideo. Será el partido que puede devolverle la gloria eterna después de 17 años y en el que Rojo podrá volver a estar entre los once.

Muere juez estadounidense de 92 años que llevaba el caso de Maduro

El veterano juez estadounidense que llevaba el caso contra el exmandatario venezolano falleció a los 92 años, confirmaron fuentes judiciales.Hellerstein se destacó por su carrera en casos de alto perfil, como los atentados del 11-S y juicios contra figuras políticas y corporaciones.

Casos de anorexia y bulimia aumentaron 71% de forma global desde hace tres décadas: ¿Cuál es la cifra en México y a quiénes afecta más?

El incremento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) plantea desafíos para los sistemas de salud, especialmente por su concentración entre adolescentes y adultos jóvenes

Caso $LIBRA: la primera abogada de Hayden Davis en el país denunció amenazas, aprietes y seguimientos y pidió protección

La primera abogada en la Argentina de Hayden Mark Davis, el estadounidense que protagoniza el "caso $LIBRA" junto al presidente Javier Milei, denunció ante la Justicia que sufrió episodios de intimidación, hackeos y situaciones que comprometieron su seguridad personal, y solicitó medidas urgentes de protección para ella, su hijo y su entorno familiar más cercano.Yanina Nicoletti presentó un escrito ante el juez federal a cargo del "caso $LIBRA", Marcelo Martínez de Giorgi, en el que pidió una evaluación preventiva del riesgo que enfrenta y que se adopten las medidas necesarias para resguardarla a ella y a otras personas de su círculo íntimo y laboral. También requirió que se mantengan bajo estricta reserva sus datos personales y los de sus familiares.Nicoletti denunció ayer las amenazas y aprietes después de que uno de los inversores que pugna por ser reincorporado al expediente como querellante, Juan Patricio Marchetto, criticara que el fiscal Eduardo Taiano recomendara sobreseer a Milei, Davis y los demás acusados sin haberla citado antes a ella y a otros potenciales testigos que él había propuesto para impulsar la investigación.Según la letrada, la inclusión de su apellido en la presentación de Marchetto repercutió en los medios de comunicación y volvió a asociar públicamente su nombre con una investigación de alta exposición política e institucional, tras haber afrontado múltiples episodios que, según relató, afectaron su tranquilidad y sus decisiones cotidianas desde el estallido del escándalo en febrero de 2025.Nicoletti denunció que, "mientras esta causa había comenzado a adquirir una intensa exposición pública", una persona se presentó a 100 metros de su vivienda, manifestó que pertenecía a los "servicios secretos" y le transmitió un mensaje. "Me indicó que debía cuidarme", recordó, tras dejarle claro que conocía dónde residía, lo que la llevó a abandonar ese domicilio.La abogada subrayó que no se trató de una advertencia anónima recibida por teléfono o por algún medio impersonal, sino de la presencia física de alguien que conocía dónde residía. Eso, dijo, era "un dato relativo a mi esfera personal que no se encontraba destinado a ser públicamente conocido".Apriete en el SheratonEn su presentación judicial, Nicoletti también aludió a un episodio que afrontó un colaborador de su estudio jurídico mientras ella todavía asesoraba a Davis en asuntos legales en la Argentina. Al menos cinco personas abordaron a su colaborador y lo trasladaron al hotel Sheraton de Retiro, tras identificarse como supuestos integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.Durante la reunión que se desarrolló en un salón o reservado de ese hotel, detalló la letrada, "se formularon preguntas directamente relacionadas con mi persona, con mi vínculo profesional con Hayden Davis, con mi relación con él y con mi posición frente al Presidente".Según reveló LA NACION en abril de 2025, ese encuentro se habría producido durante la segunda quincena de marzo del año pasado, cuando los emisarios ahondaron sobre cada actividad de Davis en la Argentina. Es decir, qué hizo, qué lugares visitó y con quiénes se reunió, ya fueran funcionarios del gobierno de Javier Milei o del sector privado. Es decir, como si cotejaran la versión del propio Davis. Más relevante, preguntaron una y otra vez si el joven había firmado documentación durante sus varios viajes a la Argentina y, en ese caso, quiénes tenían o podían tener originales o copias de esos papeles.En su presentación, la abogada aclaró expresamente que no le consta que esas personas pertenecieran realmente a los organismos de inteligencia cuya representación dijeron tener. Por eso, evitó atribuirles una identidad institucional que no está en condiciones de acreditar. Pero, aclaró, "sí puedo afirmar que el encuentro tuvo lugar". Su preocupación, explicó, reside en que un integrante de su estudio fue individualizado y entrevistado por un grupo que procuró obtener información sobre su actividad profesional y sus relaciones personales.Nicoletti también mencionó episodios de hackeo y accesos indebidos a sus redes sociales, algunos de los cuales, sostuvo, fueron documentados oportunamente y tuvieron repercusión pública, aunque no atribuyó esos incidentes a una persona determinada ni afirmó que, por sí solos, demuestren la existencia de una amenaza actual. Los incorporó, en cambio, a la sucesión de circunstancias que considera necesario evaluar de manera integral.En su escrito, la letrada incluyó un planteo inusual. Recordó que el propio juez y el fiscal Eduardo Taiano afrontan cuestionamientos por un "supuesto favorecimiento de la situación procesal del Presidente", lo que la coloca en " una particular situación de vulnerabilidad". ¿Por qué? Porque, sostuvo, se ve obligada a pedir protección "precisamente ante las autoridades judiciales" cuya actuación está cuestionada, lo que justifica "extremar los recaudos de confidencialidad". En su escrito, la abogada también expresó preocupación por el clima de confrontación pública alrededor de la causa. En particular, mencionó las declaraciones de Milei durante la gala anual 2026 de la Fundación Faro, celebrada el 23 de octubre, cuando el Presidente individualizó por sus nombres a periodistas que habían cubierto el caso $LIBRA y afirmó que eran "los que se tienen que quemar en la hoguera".Aunque Nicoletti no fue mencionada por el mandatario, sostuvo que esas palabras le generaron inquietud por haber sido pronunciadas en el contexto de una investigación con la que ella también quedó públicamente asociada. Aclaró, sin embargo, que no considera que esas expresiones constituyan por sí mismas una amenaza dirigida contra ella ni atribuye al Presidente una intención concreta respecto de su persona. DomicilioLa preocupación por su seguridad, según explicó, ya tuvo consecuencias concretas. Nicoletti afirmó que abandonó su anterior vivienda y que actualmente reside de manera temporal en un departamento de bajo perfil en la ciudad de Buenos Aires, con seguridad las 24 horas. Solicitó que la dirección no se haga pública y que cualquier información adicional necesaria para evaluar el riesgo sea incorporada mediante presentaciones reservadas.También pidió que se contemple expresamente la situación de su hijo, mayor de edad, que vive en la provincia de Buenos Aires y no convive con ella. La abogada advirtió que la divulgación de información sobre su domicilio, su vehículo, sus actividades deportivas y sus desplazamientos podría exponerlo, pese a que no tiene intervención en los hechos investigados.En ese sentido, describió una consecuencia directa sobre su vida familiar: dijo que limitó los encuentros personales con su hijo por temor a que la observación de sus propios movimientos permitiera identificarlo, localizarlo o reconstruir sus rutinas. No afirmó, sin embargo, que tenga conocimiento de que su hijo esté siendo seguido.Nicoletti también solicitó que se contemple preventivamente la situación de su hermano, Lucas Nicoletti, abogado que trabaja con ella en el estudio jurídico. Aclaró que no denuncia una amenaza concreta contra él, sino que pretende que su vínculo familiar y profesional sea considerado al evaluar medidas de resguardo.En ese sentido, la letrada pidió al juez que disponga con urgencia una evaluación técnica del riesgo, adopte las medidas de protección que considere adecuadas y preserve la confidencialidad de la información que pueda facilitar su localización o la de sus familiares. También solicitó que no se demoren las medidas urgentes que pudieran resultar necesarias a la espera de esa evaluación.

Fallece el juez estadounidense Alvin Hellerstein, que preside caso contra Nicolás Maduro

El magistrado encargado del proceso contra el exmandatario de Venezuela murió a los 92 años, informaron fuentes judiciales locales.La pérdida del juez representa un cambio significativo en el juicio que involucra al antiguo líder venezolano.

Drogó a su esposa a lo largo de 13 años para que otros la abusaran: el brutal caso que conmociona al Reino Unido y recuerda al de Gisèle Pelicot

Philip Young, de 50 años, y otros cuatro hombres están siendo juzgados por los delitos de abuso sexual, voyerismo y administración de drogas, de los que fue víctima Joanne, la esposa de Young.El caso es uno más de los tantos ocurridos en el país en el último tiempo.

Casas y edificios recuperados tras estar años usurpados en la Ciudad: los barrios con más casos y como denunciarlos

Según las cifras oficiales, ya hay mil que fueron recuperados o restituidos. Las historias de vecinos que esperaron décadas.

Noticias de la Corte Suprema: miles de casos de deportación podrían no cerrarse si Trump firma una orden

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió no intervenir en la disputa judicial por una normativa migratoria que permitía mantener inactivos determinados expedientes de deportación. Con esta decisión, continúa vigente el fallo que anuló una regla formalizada durante el gobierno de Joe Biden y dejó a la administración de Donald Trump la posibilidad de avanzar con la expulsión de algunos inmigrantes.Qué decidió la Corte Suprema sobre los cierres administrativosEl pedido de revisión fue presentado por las ciudades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con la organización Centro Legal de la Raza. Los demandantes buscaban revertir las restricciones impuestas a los jueces de inmigración, quienes ya no pueden recurrir al cierre administrativo en las condiciones contempladas por la regulación anulada.La resolución del máximo tribunal fue emitida sin una firma individual y con una frase corta que detalló: "Se deniega la solicitud de suspensión presentada ante el Juez Alito y remitida por él al Tribunal". De esta manera, quedó en pie el acuerdo judicial entre Texas y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que dejó sin efecto la normativa a escala nacional.Qué es el cierre administrativo de los casos migratoriosDe acuerdo con The Washington Post, el cierre administrativo es un mecanismo utilizado desde 1990 que permite suspender temporalmente un expediente sin eliminarlo de manera definitiva. Durante ese período, el proceso permanece inactivo y puede reanudarse posteriormente, según las circunstancias del caso.Esta herramienta se empleaba, entre otras situaciones, cuando una persona tenía pendiente una solicitud de residencia, un visado u otro procedimiento que podía modificar su situación migratoria. También podía beneficiar a víctimas de delitos y menores que buscaban acceder a mecanismos de protección previstos por la legislación estadounidense.En 2024, según lo retomado por Courthouse News, el gobierno de Biden incorporó formalmente esta práctica a una regulación de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). El objetivo era establecer criterios para su aplicación y ofrecer a los tribunales una alternativa para administrar el volumen de expedientes pendientes.Por qué Texas cuestionó la norma que afecta a las deportacionesEl fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el 22 de junio del año en curso contra el gobierno federal al sostener que la regulación permitía mantener indefinidamente abiertos determinados casos de personas sin estatus migratorio regular. El estado consideró que esa posibilidad equivalía a conceder una forma de amnistía sin una resolución definitiva.Con la llegada de Trump al gobierno, el DOJ dejó de defender la disposición aprobada durante la administración Biden. En conjunto con Texas, solicitó que la norma fuera declarada ilegal y anulada en todo el país norteamericano.El juez federal Reed O'Connor aceptó el acuerdo y emitió una orden que bloqueó la regulación. Las ciudades y organizaciones que se opusieron a esa resolución cuestionaron el procedimiento por considerar que la decisión se adoptó con rapidez y sin una revisión suficiente al eludir las instancias administrativas habituales.Deportaciones: cómo puede afectar el fallo sobre el cierre a los inmigrantesLa principal consecuencia es que los procesos de deportación ya no pueden quedar suspendidos mediante este mecanismo en los términos de la norma anulada. Por eso, algunas personas con solicitudes de regularización pendientes podrían enfrentar la continuidad de sus expedientes antes de obtener una respuesta sobre su situación legal.Entre los afectados potenciales se encuentran inmigrantes que tramitan la residencia por vínculos familiares o que esperan decisiones sobre visados. También podrían verse perjudicadas personas que buscan protección después de sufrir delitos o que necesitan tiempo para completar procedimientos migratorios.Las organizaciones demandantes advirtieron, además, que la medida podría reducir la disposición de algunos inmigrantes a denunciar delitos o colaborar como testigos por temor a ser deportados. También señalaron que el avance de los expedientes podría aumentar la presión sobre los tribunales y generar consecuencias para las comunidades locales."Este peligroso abuso del proceso judicial amenaza el estado de derecho y sienta un precedente preocupante para desmantelar políticas federales sin una participación pública significativa ni un escrutinio judicial", dijeron las ciudades demandantes en un comunicado conjunto, según lo retomado por Reuters.Las cifras oficiales sobre los expedientes migratorios inactivosLos datos gubernamentales muestran un incremento de los expedientes bajo cierre administrativo durante los últimos años:En 2021 se contabilizaron 266.198 casos inactivosEn 2022, 291.340En 2023, 319.182En 2024, 348.556Para el tercer trimestre de 2025, la cifra llegó a 361.614Desde la implementación de este mecanismo, más de 360.000 inmigrantes habrían quedado comprendidos en esta modalidad. Los registros también reflejan períodos prolongados de inactividad: el promedio general informado es de 6120 días, equivalente a unos 16 años y medio.

Argentina superó el millón de casos de enfermedad tipo influenza: qué muestra el último informe

El acumulado llegó a 1.108.586 cuadros, mientras que las neumonías sumaron 142.177. El Ministerio de Salud informó una tendencia descendente en la circulación de virus respiratorios, aunque el virus sincicial respiratorio sigue siendo el más detectado en la vigilancia de pacientes internados. Leer más

León XIV: Así será la ambulancia aérea que atenderá al pontífice en caso de emergencia

La aeronave está equipada con una camilla, balones de oxígeno, conexión eléctrica y sistema de protección para atender evacuaciones aeromédicas y urgencias durante la visita del pontífice

Brote de meningitis en Mendoza: crece la incertidumbre sobre el origen y analizan dos posibles nuevos casos

MENDOZA.â?? El brote de meningitis en esta ciudad sigue sumando casos. A la muerte de dos pacientes adultos que contrajeron la bacteria y la confirmación de otros dos infectados, quienes evolucionan de manera favorable, se sumó, en las últimas horas, la confirmación de un quinto contagiado. En paralelo, detallaron las autoridades sanitarias mendocinas, se investiga la causa de muerte de otros dos pacientes. En caso de confirmarse la presencia en su cuerpo del agente patógeno, conocido como Serratia marcescens, se elevarían a siete los infectados y a cuatro las víctimas fatales.Todas las personas cuyo contagio fue confirmado o se encuentra bajo investigación fueron intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Privado, principal centro de atención de PAMI en Mendoza, donde actualmente se realiza una exhaustiva investigación epidemiológica para dar con el "fómite" u objeto contaminante. Son varias las hipótesis que se barajan. La principal es que la contaminación ocurrió durante las cirugías. Según pudo saber LA NACION, ya se han tomado distintos cultivos en la sala quirúrgica y actualmente las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de los resultados. "No todos los pacientes tenían el mismo tipo de intervención. Unas fueron cirugías de una fístula; otra fue traumatológica. Es por eso que podemos pensar en algún procedimiento común que hayan tenido al recibir anestesia o alguna infusión", indicaron desde el Ministerio de Salud.De acuerdo con los especialistas, la bacteria hallada no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo, por lo que se la asocia a los cuidados sanitarios. Podría surgir producto de la contaminación de insumos e instrumentos que se pueden compartir en una cirugía, así como por la contaminación de fluidos, que pueden ser medicamentos, soluciones de infusión y soluciones anestésicas, o por algún otro "fómite" o vector pasivo contaminado que se use en la cirugía.El quinto confirmado no corresponde a una nueva infección ocurrida después de las medidas de control, sino a una anterior. Se trata de un paciente que fue intervenido en el quirófano del Hospital Privado en septiembre pasado. Este antecedente se incorporó recientemente a la investigación ampliada y su relación con el resto de los casos, todos operados en octubre, continúa en estudio.Cómo avanza la investigación"Se ha hecho una inspección al quirófano buscando materiales que pudiesen estar contaminados; también se ha investigado todo lo que tienen los pacientes en común, y estamos manejando distintas hipótesis. Por ahora, el quirófano sigue cerrado", señaló Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología de Mendoza, quien se mostró preocupada por lo ocurrido, ya que atenta contra lo que se denomina "quirófano seguro", en cuanto a las barreras sistémicas que se colocan para evitar episodios de riesgo. Por tal motivo, desde Salud confirmaron a este diario que todos los procedimientos hospitalarios serán revisados. "Vamos a ordenar y a hacer una mejora integral del proceso quirúrgico para evitar que esto se repita", indicaron desde la cartera sanitaria. Cuando obtengan los resultados de la pesquisa, afirmaron, tomarán las medidas que correspondan, que podrían contemplar sanciones y acciones judiciales. La cartera sanitaria tomó aviso de la situación el pasado miércoles, cuando se detectó que dos pacientes que habían ingresado al Hospital Central, el principal efector de la provincia, fueron diagnosticados de meningitis por un "germen poco habitual" que ataca el sistema nervioso central. Todas las meningitis son de notificación obligatoria. Al detectar la misma bacteria en ambas personas y notar que las dos habían sido intervenidas quirúrgicamente en octubre en el mismo centro médico, se dio comienzo a la investigación."Nos pusimos en alerta; llamamos a las autoridades sanitarias, que estaban al tanto de la situación y habían cerrado el quirófano, el cual se mantiene cerrado hasta ahora, para investigar de qué se trata esta situación", explicó Falaschi.En este sentido, desde el Ministerio de Salud indicaron que se encuentran abocados a dar con los motivos y el origen del brote, por lo que trabajan junto con la Dirección de Fiscalización y Habilitaciones, el Departamento de Farmacias y la Dirección de Epidemiología, bajo el programa provincial de Control de Infecciones, para determinar cómo este germen pudo haber llegado a los pacientes. "Por las características de la infección, que se da rápidamente en el postquirúrgico inmediato, pensamos que ya no vamos a tener más pacientes afectados", aclaró Falschi.

Snapchat va a juicio en EEUU por primera vez en caso de adicción a las redes entre jóvenes

Snapchat e Instagram enfrentan su primer juicio por acusaciones de adicción en jóvenes. El proceso, que inicia en Los Ángeles, podría extenderse hasta diciembre.Líderes de las plataformas, como Zuckerberg y Spiegel, testificarán. Las demandas alegan daños psicológicos a adolescentes, con casos consolidados en California.

Caso $LIBRA: otro inversor apeló y pidió la "nulidad absoluta" del dictamen fiscal que promovió el sobreseimiento de Milei

Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez investigados por los presuntos delitos cometidos antes, durante y después del lanzamiento y colapso de $LIBRA, y el pedido de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), otro inversor reclamó ahora que se dicte la "nulidad absoluta" del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió a esos sobreseimientos. El pedido de nulidad lo presentó Martín Romeo, por sí mismo y como apoderado de dos "pretensos querellantes", Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le dio la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le da la ley para eso. En particular, cuando "el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor" de los sospechosos.El planteo de Romeo apunta a la resolución que Martínez de Giorgi dictó el viernes, cuando sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados "no encuadran en una figura legal". También benefició a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y a los "cueveros" Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol como tal todavía esté bajo revisión. Pero remarcó que el juez no le dio la oportunidad de opinar sobre el dictamen de Taiano. "Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal", sostuvo. Por eso reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo de manera subsidiaria pidió que revoque la decisión y ordene seguir investigando.La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva facultades para intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió entonces en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva sus facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y argumentó que la investigación "no se completó", en línea con el planteo del otro inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, que apeló anteayer el sobreseimiento. Romeo destacó que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se citó a los testigos que había solicitado; entre ellos, Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.Romeo también objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de "herramientas técnicas bajo licencia". Y detalló que tampoco se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.El inversor también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración cuando, según Romeo, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.Romeo también reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio "a favor de los imputados" y "aisladamente", en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó:â?¢ La ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025.â?¢ La anotación "Pago Javier kari" hallada en el teléfono de Novelli.â?¢ La nota sobre el "acuerdo final" discutido con "H.", que preveía pagos atados al apoyo presidencial.â?¢ Los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada.â?¢ Los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso.â?¢ La orden "Pero borra" que Novelli le envió a Terrones Godoy."El dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo", concluyó Romeo. Sostuvo que, al aceptar ese planteo, el juez ejerció un "control meramente aparente" sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.

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Caso $LIBRA: reclaman que una fiscalía especializada en delitos de funcionarios actúe contra los sobreseimientos

Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como "amicus curiae" solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo LA NACION.El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar "de forma prematura", con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados."Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia."En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa "a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública".Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.Tal como informó LA NACION, la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a LA NACION fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación "garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito", tal como establece la ley, dijeron. Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano "no estuvo a la altura del caso", al que debió imprimirse la "máxima diligencia", con "coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad". De acuerdo con las entidades, "ocurrió lo contrario".En ese sentido, sostuvieron que:Hubo múltiples controversias sobre el rol del fiscal y recurrentes pedidos de recusación.Se filtró a la prensa información sensible, lo que sugiere un manejo digitado de los tiempos en el análisis de prueba clave.Algunos dictámenes y piezas de prueba se subieron al sistema de gestión de expedientes solo después de conocerse por la investigación periodística.El fiscal Taiano desoyó una y otra vez los pedidos de las querellas y de Inecip y Cipce para citar a indagatoria al Presidente, a fin de que explicara su posible participación en los hechos.El dictamen fiscal que sustenta el sobreseimiento ni siquiera está cargado en el sistema de gestión de casos, por lo que las partes e interesados no pueden analizarlo.Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron "prematuros" porque "la propia investigación no está agotada", pidieron que la PIA se involucre. "No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad", remarcaron. "La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar".

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Caso $LIBRA: uno de los inversores apeló el sobreseimiento de los Milei y pidió que no cierren el expediente

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Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA solo un día después de que el fiscal pidió los sobreseimientos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA el viernes pasado. Sobreseyó a Javier y a Karina Milei, y al resto de los acusados, con un fallo de 60 hojas basado, fundamentalmente, en un dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que hasta el momento no se conocía. El dato más notable es su fecha: está firmado el día anterior a la sentencia de los sobreseimientos. LA NACION accedió a su contenido y ratificó la fecha de presentación con fuentes oficiales.Esto quiere decir que el jueves, el juez recibió el dictamen, una presentación espontánea que no dice responder a consulta alguna, en la que, de forma inesperada, Taiano decide no seguir adelante con la investigación que tenía delegada. Y un día después, Martínez de Giorgi sobresee a todos los acusados. El juez hubiera podido limitarse a decir que, sin impulso fiscal, no podía seguir adelante. Pero eligió adentrarse en la revisión completa de las pruebas de la causa y en el análisis jurídico de las figuras penales adjudicadas al Presidente, a su hermana y al resto de los acusados. En 26 horas, revisó las 58 hojas del dictamen fiscal y tuvo lista la sentencia final para su causa.Taiano firmó su dictamen a las 11:32 del jueves y Martínez de Giorgi suscribió su fallo a las 14:29 del viernes. La sentencia estaba escrita desde al menos las 13:30 de ese día, que fue cuando la firmó el secretario de la causa.Fuentes del juzgado dijeron a LA NACION que Taiano ya le había avisado a Martínez de Giorgi que iba a presentar su dictamen y que el juez quiso dejar firmada su sentencia el viernes mismo porque "tenía un viaje programado".Por decisión del propio Martínez de Giorgi, Taiano era el único capaz de impulsar esta investigación porque el 3 de julio pasado el juez les quitó a las presuntas víctimas del caso la condición de querellantes (acusadores particulares) que tenían desde el 20 de marzo de 2025. Esa decisión fue confirmada el 4 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día de integración con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei.Los cinco inversores desplazados de la causa apuestan ahora a un último recurso: que la Cámara Federal de Casación revise esta situación y los reponga como querellantes. Llegan en una situación de debilidad a ese tribunal porque la Cámara Federal no les concedió el recurso (no les habilitó el camino) y, por ende, fueron "en queja". Por eso, lo primero que deberá hacer ahora la Casación es resolver si les abre o no el recurso. Ayer, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, presentó un "pronto despacho" para apurar esa decisión del tribunal. Con la expectativa de que le den la razón, Marchetto -patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik- apeló en paralelo los sobreseimientos.El dictamen de TaianoEn su dictamen del jueves pasado, Taiano hizo un resumen de las pruebas reunidas hasta el momento en el expediente y concluyó que no había "sustento fáctico alguno" para continuar con la investigación. Según el fiscal, no hay delito posible y no vale la pena seguir investigando. El inversor Marchetto, en su presentación de ayer, se quejó de que Taiano no hubiera esperado siquiera pruebas que él mismo había ordenado y que estaban en trámite. "Al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas", afirmó. Para Marchetto, "la contradicción resulta evidente" porque "si la propia investigación todavía procuraba determinar quién controlaba determinadas billeteras, reconstruir movimientos de activos, completar extracciones forenses y esclarecer relaciones personales y económicas entre los protagonistas, difícilmente pudiera afirmarse simultáneamente que se encontraba agotada toda posibilidad razonable de atribuir relevancia penal a los hechos". El presunto inversor damnificado destacó que una de las pruebas pendientes, dispuesta por el fiscal y no terminada, fue la ampliación de un análisis sobre "los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco", un jubilado argentino y un trader colombiana que recibieron cinco millones de dólares de Hayden Davis. Marchetto dijo: "El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar". En su presentación del jueves, Taiano dedicó 40 páginas a repasar todas las pruebas reunidas en la causa y analizó luego la relación de los acusados con los delitos que se les habían imputado. En cuanto a Karina Milei, sostuvo que "los denunciantes señalaron que habría recibido una suma de dinero para facilitar las reuniones del Presidente de la Nación con los empresarios extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski", pero que "lo cierto es que de la prueba incorporada al expediente no ha sido factible acreditar esa sospecha preliminar".El fiscal, que en representación de la sociedad es quien impulsa las investigaciones penales, dijo que "no se puede sostener una imputación con meras suposiciones e inferencias sin sustento fáctico alguno que den cuenta de la posible comisión de un delito" y afirmó que, en este caso, "no se ha podido probar un intercambio indebido, es decir, una conexión entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta".En cuanto a la supuesta estafa adjudicada a Javier Milei y el resto de los acusados, el fiscal sostuvo que no estaban "configurados los elementos requeridos por la norma para afirmar la comisión" del delito de estafa, dado que "el proyecto efectivamente existía; que el token fue efectivamente lanzado; que el ecosistema blockchain involucrado era real; que las empresas participantes tenían existencia concreta y que la operatoria desarrollada se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain". Según el fiscal, "podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token", pero "nada de ello convierte los hechos en una estafa".En cuanto a los dos hombres que recibieron los millones de Davis, Taiano dijo que "se detectaron movimientos de dinero por parte de dos personas que habrían sido identificadas como Flavio Camilo Rodriguez Blanco y Orlando Mellino, días antes del lanzamiento de $LIBRA". Pero afirmó: "Lo cierto es que, de los informes de la UFECI, del análisis de trazabilidad efectuado por el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina y del análisis producido por la DATIP no fue posible relacionar a los nombrados con las maniobras denunciadas, como así tampoco acreditar que estos tuvieran un vínculo o relación con las personas investigadas". Para descartar los otros delitos adjudicados a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoya en informes originados por organismos dependientes del propio Poder Ejecutivo. Taiano dice que "no debe perderse de vista que la resolución del titular de la Oficina Anticorrupción en el marco del expediente SISA 22.632, concluyó que el nombrado [Milei] no había cometido infracción alguna a la ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública". El fiscal afirma: "En definitiva, las circunstancias valoradas y las conclusiones arribadas por la Oficina Anticorrupción, organismo encargado de interpretar los alcances de la ley de ética pública, me eximen de efectuar mayores consideraciones respecto del delito reprimido en el artículo 248 del CPN [abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos]."Y añade: "Aunado a ello, es menester destacar que tanto la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de Presidencia [secretaría cuya titular es Karina Milei] fueron contundentes al informar que no se registraron actos administrativos y que no constan registros sobre un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el presidente de la nación Javier Milei relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados días previos al lanzamiento del Token "$Libra".

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