Jesús Manuel Arenas-Silva, un venezolano de 45 años, fue hallado inconsciente el 13 de julio dentro del autobús que lo trasladaba entre dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia y murió poco después. Su familia denunció que no recibió la medicación que necesitaba y exigió una investigación.Qué ocurrió durante el traslado del venezolano que murió bajo custodia del ICEEl autobús había partido del Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, y se dirigía al Centro de Procesamiento Folkston D. Ray, en Folkston. Arenas-Silva fue encontrado sin respuesta alrededor de las 7.46 hs, según informó el comunicado oficial del ICE.Según manifestó la agencia, el personal solicitó asistencia e inició maniobras para salvarle la vida. Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8.31 hs.El ICE indicó que la causa presunta fue un paro cardíaco, aunque la determinación oficial continúa pendiente.La familia del migrante reclama que el ICE no actuó según su condición médicaSonimar, hermana de Arenas-Silva, contó declaraciones difundidas por Detention Watch Network que padecía una afección para la cual necesitaba varios medicamentos. La familia afirmó que pidió a los agentes que no se lo llevaran debido a sus necesidades médicas y que solo le permitieron llevar uno de los remedios.Según relató su hermana, durante una llamada posterior, el venezolano le dijo que no recibía la medicina requerida. La mujer afirmó estar "cien por ciento segura de que no recibió la atención adecuada" y anunció que buscará justicia para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.La denuncia contrasta con la versión del ICE. La agencia sostuvo que Arenas-Silva accedió a cuidados y fue atendido por profesionales mientras permaneció bajo custodia.Por qué el ICE había detenido al venezolanoLos agentes arrestaron a Arenas-Silva el 9 de julio en un operativo dirigido en su vivienda en Dallas, Georgia. La intervención respondió a una orden de expulsión sin ejecutar. La agencia indicó que las autoridades migratorias lo habían considerado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona, el 2 de octubre de 2021. Nueve días después, la Patrulla Fronteriza lo encontró cerca de Calexico, California, tras un ingreso sin inspección.Arenas-Silva recibió una notificación para comparecer ante un tribunal el 12 de octubre de 2021. Un juez de inmigración de Atlanta ordenó su expulsión a Venezuela el 27 de abril de 2026.Reclamos de organizaciones al ICE por la muerte de migrantesLa Detention Watch Network sostuvo que el año fiscal 2026 fue el más mortal en la historia del ICE. La organización contabilizó 53 fallecimientos desde la asunción de Trump, de los cuales 33 ocurrieron durante ese período fiscal.A su vez, afirmó que Arenas-Silva fue la persona número 21 que perdió la vida bajo custodia migratoria en Georgia desde 2005. Esta muerte se conoció después de otros tres episodios fatales vinculados con intervenciones del ICE, aunque ocurridos en circunstancias diferentes.Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio tras recibir disparos en un operativo en Texas; Johan Sebastián Durán Guerrero fue baleado el 13 de julio en otra intervención en Maine; y un hombre de 28 años murió al día siguiente en Florida, atropellado por un camión mientras huía de agentes migratorios y otros funcionarios federales.
Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea y generará triple pago para los trabajadores que lo laboren
La autopsia reveló que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza antes de que su cuerpo fuera incendiado dentro de un carro. Los investigadores creen que se trató de un homicidio vinculado a un presunto ajuste de cuentas. Leer más
El gobierno federal volvió a cuestionar la versión estadounidense sobre la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa; la FGR mantiene abiertas las investigaciones del caso
La también politóloga y creadora de contenido Mariana Guerrero se refirió al episodio que causó un debate nacional en redes sociales por la anécdota que un usuario compartió luego de lo que ordenó la mujer con la que salió en su primera y última cita
La Cámara de Casación ordenó restablecer el bloqueo de fondos en Suiza y actualizar los embargos sobre los bienes del exdirectivo de Isolux. Aunque la decisión alcanza a Juan Carlos de Goycoechea, el fallo podría impactar sobre otros acusados en el juicio oral por las coimas. Leer más
El alto tribunal ordenó trasladar el material recopilado por la Corte Suprema durante la investigación penal y rechazó las demás solicitudes probatorias presentadas en la apelación
La funcionaria colombiana en Reino Unido dijo que el episodio del maletín perdido fue un quiebre en su vida. Además, pidió que la exniñera de su hijo pueda seguir adelante con su vida y reiteró que el trámite no implica aceptar delitos
El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la bandera que tenía escrita la frase "las Malvinas son argentinas" y que fue mostrada por los jugadores de la selección argentina en el campo de juego tras el triunfo ante Inglaterra en el marco de la semifinal del Mundial 2026."Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de US$30.000â?³, indicó el mandatario ante la posibilidad de que la FIFA abra una investigación y decida emitir un castigo por la connotación política de la bandera. Noticia en desarrollo
La Dra. Cristina Pozzer Penzo, que instruyó la causa por el nene desaparecido en Corrientes en 2024, deberá comparecer ante el Consejo de la Magistratura tras una denuncia por presunto abuso de autoridad y maltrato laboral. Leer más
Luis Carlos Reyes afirmó que "lo mínimo" es que los altos funcionarios designados que adelantaron la agenda en Estados Unidos protesten "enérgicamente" contra el operativo del ICE que cobró la vida de un colombiano
La Justicia le dio malas noticias a los empresarios acusados en el juicio por los cuadernos de las coimas. La Cámara Federal de Casación decidió reponer el bloqueo de fondos depositados en bancos de Suiza y actualizar los embargos sobre los bienes de los acusados, medidas que habían sido levantadas por el tribunal oral federal.La Sala I de la Cámara Federal de Casación -por mayoría- hizo lugar al recurso de casación de la fiscalía y ordenó que se mantengan y actualicen estas medidas cautelares impuestas al empresario Juan Carlos De Goycochea.Si bien se trata de un fallo sobre un acusado en particular, sus efectos se proyectan sobre planteos similares de otros acusados, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. La Sala I de la Cámara de Casación, con el voto de Gustavo Hornos y Javier Carbajo, resolvió revocar la decisión dictada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio oral por los cuadernos de las coimas. El tercer camarista, Diego Barroetaveña, votó en disidencia.Lo que resolvieron los jueces, en concreto, es reponer el bloqueo de activos correspondiente al remanente de los fondos depositados en la cuenta N° 11.451.742 del Intesa San Paolo Private Bank -Suisse- SA, de Lugano y el embargo dispuesto sobre dos inmuebles ubicados en Chubut, al tiempo que dispusieron mantener la inhibición general de bienes que pesaba sobre el imputado, pues había incumplido un embargo ya ordenado.En los votos de los camaristas Carbajo y Hornos, quienes conformaron la mayoría, coincidieron en la falta de fundamentación del levantamiento de las medidas cautelares, especialmente atendiendo a que el juicio oral y público está en pleno desarrollo.Recordaron que el sentido final de la vigencia de los fondos suizos, los embargos y la inhibición general de bienes, es asegurar el cumplimiento de las eventuales multas, indemnizaciones, penas pecuniarias, costas y el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos.Además dijeron que esos objetivos podrían verse comprometidos por la decisión que había tomado el Tribunal Oral Federal, con los votos mayoritarios de Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y la disidencia de Germán Castelli.Además los camaristas de Casación tuvieron en cuenta que fue el 19 de abril de 2023 la última oportunidad en que se ajustó el monto del embargo ordenado con respecto a los bienes de De Goycochea.Afirmaron que ahora, transcurridos más de dos años y medio, "resulta, a todas luces, que ha quedado desactualizado frente a los cambios económicos experimentados". Advirtieron que hubo "avatares inflacionarios de público conocimiento y las oscilaciones del valor de la moneda nacional, circunstancia que no ha sido contemplada por la mayoría" de los jueces del Tribunal Oral Federal a cargo del juicio.Hornos, en su voto, recordó que los hechos juzgados en esta causa se vinculan con hechos de corrupción. Dijo que se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita, constituida por funcionarios y empresarios que habría operado desde 2003 a 2015 "cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". En ese contexto, a De Goycoechea se le atribuye haber efectuado dieciocho pagos, como representante del grupo Isolux Corsan SA, a funcionarios nacionales, que se investigan como supuestos sobornos para mantener sus contratos con el Estado. Se trataba del contrato para obtener la adjudicación de la obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio.De este modo, la Cámara de Casación revocó la decisión del tribunal oral y ordenó que los jueces repongan las medidas cautelares dispuestas con respecto a De Goycoechea y que actualicen los embargos. El caso llegó a la Cámara de Casación a raíz de un apelación de la fiscal ante el tribunal oral Fabiana León, que fue mantenido por el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé.Los fondos en Suiza fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y bloqueados por el fallecido juez Claudio Bonadio. De Goycoechea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de la cuenta con US$ 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018.Otra cuenta del UBS Switzerland AG, también radicada en Suiza, acumulaba activos por US$ 8.400.000 en diciembre de ese año. El tribunal oral desbloqueó esos fondos que ahora se ordenó congelar nuevamente. De Goycochea declaró como arrepentido al comienzo del caso, apenas cayó preso, y confesó haber realizado pagos ilegales, aunque dijo que no eran sobornos.De Goychoechea admitió que le pagó a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, pero resaltó que los montos "no son los que se dicen" y que lo hizo porque lo "apretaban" pidiéndole plata para campañas electorales.El empresario aseguró que todo ocurrió bajo presión de los funcionarios. Declaró que no tenía "más remedio" que pagar, pero negó que hubiera efectuado pagos por seis millones de dólares, como estimó el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones, que motivaron la causa. Dijo que la cifra era menor.Centeno lo ubicó como protagonista de un pago de 6 millones de dólares a Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido, que tuvo lugar en Maipú 741, suma de dinero que a su vez le entregan a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.Centeno escribió: "Llevé al Licenciado [Baratta] a Maipú 742, donde se encontró con dos personas y luego subieron al 1 B y luego bajaron del Dpto el Lic. y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs. Era dinero. Y luego lo llevo al Lic. a su dpto, donde se baja con la valija y luego lo traje al Lic. al ministerio. Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares".
El registro de Flightradar24 identificó la aeronave de propiedad privada y la ubicó de forma aproximada entre La Pesquera y Boita, en las cercanías de Bogotá, mientras las autoridades avanzan en las verificaciones
El fallo que anuló la imputación contra el superintendente de Salud no solo reactivó el debate jurídico sobre el proceso judicial, sino que desató una fuerte disputa con Carlos Carrillo
El concejal Julián Sastoque presentó en el cabildo distrital datos oficiales que muestran alzas en robos, agresiones y otros hechos en horas sin luz, con incrementos destacados en motos y denuncias familiares
La estadística entre enero y junio ubica a Alajuela como la segunda provincia más afectada con 5.583 denuncias, mientras todas las categorías registraron una disminución progresiva atribuida a operativos policiales
Las Constituyentes Feministas se pronuncian sobre el proceso legal por violencia familiar contra el extitular de Pemex que lleva en libertad
El expediente judicial sostiene que la presunta estructura delictiva operó entre 2020 y 2025 y provocó un desfalco de más de 19,000 millones de pesos al Estado dominicano.
La casa de estudios señala que podrían aumentar los casos de abandono académico entre jóvenes de bajos recursos, y pide al Ministerio de Educación abrir un diálogo técnico con las universidades
La presidenta afirmó que el delito disminuyó aproximadamente 38% desde el 2021
La región reporta contagios tras tres décadas sin circulación sostenida, mientras los epidemiólogos atribuyen el repunte a la baja cobertura de inmunización y al avance de brotes iniciados en 2025
Exdirector de la Ungrd afirmó que la anulación de cargos contra el superintendente de Salud no implica inocencia y cuestionó el respaldo público del presidente saliente
La Corte Suprema de Justicia lo halló responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en relación con su participación en el caso del grupo paramilitar
El histórico dirigente del peronismo cordobés llegará a juicio acusado de homicidio culposo agravado, la misma figura que en los últimos años fiscalías de Córdoba vienen dejando de lado en tragedias viales similares para pasar a caratular por dolo eventual. Leer más
El hoy superintendente de Salud y exalcalde de la capital de Antioquia también señaló a Federico 'Fico' Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien no se quedó callado y le contestó
Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham. La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura. En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también "Ana Juan", una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente. Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder. Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara. A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la "oficina judicial" de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha. Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara. Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo. "Ella opera en el corazón del sistema", la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. "Es una judicial de toda la vida"; "lo tiene merecido hace tiempo"; "se lo ganó", opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso. Camino a HurlinghamVoces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo "directo" y "eficaz", que la dejan, sostienen o dan a entender, en "sobradas" condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales. El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente. Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año. Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: "Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos".
Será jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Leer más
Durante su fiesta de cumpleaños, la tensión entre su madre y su pareja también se habría palpado según 'De lunes a viernes'
Los dos nuevos casos sospechosos de sarampión fueron detectados en bebés de 4 y 5 meses procedentes de Cofradía, Cortés, las autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación.
La líder política demócrata afirmó que estos acontecimientos "son inaceptables" en Estados Unidos. También exigió una investigación "independiente y transparente" y rendición de cuentas por la muerte del colombiano
Este caso de infestación por gusano barrenador se presentó en un animal ubicado en un ejido del Parral, Chihuahua
La exdirectora de Medicina Forense aseguró que existen testimonios que apuntan a presuntas irregularidades durante la investigación de la desaparición de Angie Peña. La familia volvió a exigir respuestas y no descarta acudir a instancias internacionales.
Al exalcalde de Medellín se le habían endilgado los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción
Para el Tribunal persisten incógnitas sobre los hechos, por lo que dictó que la Fiscalía debe abordar nuevas hipótesis derivadas del crimen contra el excontroller de la Ruta del Sol 2
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y requirió a seis plataformas internacionales que informen las identidades de sus titulares y el historial completo de movimientos, según consta en una copia de la resolución judicial que obtuvo LA NACION. La decisión busca impedir que los activos vinculados a $LIBRA continúen desplazándose mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron realmente detrás del circuito financiero de la presunta maniobra. La resolución se dictó a pedido del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, sobre la base de un informe técnico de la Policía Federal.La resolución constituye la primera medida patrimonial de envergadura adoptada por la Justicia argentina dentro del expediente $LIBRA. Representa el primer intento por inmovilizar activos presuntamente vinculados con la maniobra investigada e identificar a sus eventuales beneficiarios finales mediante requerimientos simultáneos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex de intercambio de criptoactivos.En una resolución de 24 carillas, el magistrado también ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.Con esa documentación, los investigadores buscarán reconstruir quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos e IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero fiduciario, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido completo de los fondos. La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).El magistrado tomó la decisión de congelar esas billeteras ante "la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y para "evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior". En otras palabras, entendió que la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto exige adoptar medidas cautelares tempranas para impedir que los activos continúen desplazándose y dificulten aún más su eventual recuperación o rastreo.Martínez de Giorgi estimó "indispensable" la medida para "prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario".Para el magistrado, además, el informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen reúne los dos requisitos exigidos para disponer una medida cautelar de este tipo: la "verosimilitud del derecho" y el "peligro en la demora", es decir, el riesgo de que el paso del tiempo torne ineficaz la investigación si los fondos continúan moviéndose.Martínez de Giorgi fundamentó esos dos requisitos en el artículo 23 del Código Penal, que faculta al juez de instrucción a disponer este tipo de medidas desde el inicio de la investigación, y en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite adoptarlas incluso antes del auto de procesamiento cuando existe peligro en la demora. La resolución dedica buena parte de sus fundamentos a justificar precisamente ese punto: que, frente al riesgo de dispersión de los activos, el congelamiento puede ordenarse aun antes de que existan procesamientos para preservar un eventual decomiso y evitar que la investigación pierda eficacia.Qué reveló el informeLa solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing -trazabilidad a la inversa- y análisis OSINT.La reconstrucción elaborada por el Departamento Técnico del Cibercrimen permitió seguir casi paso a paso el recorrido del dinero. Según el informe, los investigadores lograron reconstruir una "secuencia continua e ininterrumpida" de transacciones que conecta las primeras billeteras identificadas como "Team Libra Wallets" con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan identificar a sus titulares.Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas "Team Libra Wallets", desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteora Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común. Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como "Solana First Funder: Libra - Squads Vault - Milei CATA".De acuerdo con el informe, esa dirección funcionaba bajo la infraestructura de Squads, un sistema de billeteras multifirma (multisig) sobre la red Solana que exige múltiples autorizaciones para liberar fondos, en lugar de depender de una única clave privada. Y a partir de esa billetera, la investigación identificó dos salidas de fondos distintas y simultáneas.El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos mediante el protocolo de interoperabilidad descentralizado de Bridge Finance: 499.058,3 USDC fueron enviados desde Solana y, en el término de apenas 16 segundos, el equivalente â??498.539,85 USDTâ?? llegó a una billetera de la red Tron. La operación se ejecutó mediante un esquema de solvers, entidades automatizadas con liquidez en ambas redes que permiten concretar transferencias entre blockchains sin necesidad de utilizar una casa de cambio tradicional.Según el informe, antes de esa transferencia principal, la billetera de destino en Tron recibió un pequeño depósito de 50 TRX proveniente de una billetera caliente de Bybit, un movimiento compatible con el fondeo previo necesario para afrontar las comisiones de red de la operación siguiente.Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a una cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing, es decir, la fragmentación sistemática de grandes sumas en múltiples transferencias de menor monto para dificultar su rastreo e identificación. La investigación también identificó 17 "puentes" de criptoactivos USDC o USDT desde la red Solana hacia la red Tron, todos depositados inicialmente en una misma billetera antes de comenzar su redistribución.En paralelo, la misma billetera "Solana First Funder" derivó otro tramo de fondos hacia la red Ethereum: siete "puentes" de USDC a USDT, depositados entre el 4 y el 17 de junio de este año en una wallet que después redistribuyó el dinero en al menos ocho operaciones de entre 600.000 y 800.000 dólares hacia otra dirección de Ethereum, según el mismo informe. Ese segundo circuito sugiere que la dispersión de activos no se limitó al ecosistema Solana-Tron, sino que también alcanzó la red Ethereum, ampliando el alcance técnico de la maniobra reconstruida por los investigadores.Para los investigadores, esa secuencia muestra un patrón compatible con maniobras destinadas a dispersar rápidamente los activos entre distintas plataformas y jurisdicciones, complicando tanto su rastreo como un eventual recupero. En otras palabras, la hipótesis de la fiscalía es que logró seguir el recorrido del dinero desde las primeras billeteras asociadas al lanzamiento de $LIBRA hasta cuentas alojadas en plataformas que aplican procedimientos de identificación de clientes, un punto donde el anonimato propio del ecosistema cripto podría comenzar a ceder ante la evidencia documental.A partir de ahora, una de las claves del expediente será la respuesta que remitan los exchanges internacionales. La información KYC solicitada por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta ahora no habían aparecido en el expediente. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra. También podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el universo de sospechosos.
El reporte semanal confirma que el síndrome gripal y las infecciones respiratorias graves siguen encabezando las notificaciones de salud pública.
La congresista electa e 'influencer' afín al petrismo publicó un video en Instagram en el que perfiló al comediante como parte de una "maquinaria del terror" contra la activista Marcela Portilla, quien lo denunció por injuria hace dos años
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la capital se mantiene entre las ocho entidades con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, con 429 casos registrados en el primer semestre del año
Hasta el momento no un existe plazo para que el gobernador con licencia de Sinaloa regrese a su cargo
El último reporte oficial confirmó una desaceleración general en los contagios respiratorios. Sin embargo, mientras el Covid se mantiene en niveles mínimos, el Virus Sincicial Respiratorio registró un repunte de hospitalizaciones durante el último mes. Leer más
Los registros periodísticos demuestran que la primera información pública sobre el caso Skanska fue publicada por el diario Perfil en noviembre de 2006. Meses después otros medios se sumaron a la cobertura periodística muchos de los cuales eran oficialistas. Leer más
La actualización estatal reportó un aumento del 69 % en solo tres días y encendió las alertas sanitarias, mientras los equipos epidemiológicos buscan el alimento implicado y advierten que la causa aún no está confirmada
El Ministerio de Salud reportó además 2,460 contagios sospechosos entre el 1 de enero y el 4 de julio, con mayor incidencia en la población de 10 a 19 años y 23 egresos hospitalarios
A más 20 años de las denuncias originales, el fallo contra Julio De Vido y José López confirma que el primer escándalo del kirchnerismo fue el ensayo general de la impunidad. Leer más
Junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024
El boxeador enfrenta cargos por fraude informático, banda criminal y lavado de activos, en medio de una investigación que ahora también alcanza a su entorno familiar
La medida se ordenó tras un informe de Cibercrimen de la PFA que reconstruyó el flujo de fondos desde las "Team Libra Wallets" hasta exchanges internacionales mediante técnicas asociadas a maniobras de lavado de dinero
Ana María Fuentes e Ismael Oliver tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre como parte de la ronda de interrogatorios
El partido consideró que la defensa de los migrantes mexicanos debe asumirse como una causa de Estado y respaldó las acciones legales impulsadas por el Gobierno federal
Una tapa de PERFIL, la investigación de Carlos Russo y una causa que atravesó gobiernos, jueces y dos décadas de vaivenes judiciales hasta llegar a una condena. Leer más
Sostiene la organización que el documento baja los estándares de derechos humanos al desechar indicios contra la Sedena
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco consideró que el fallo que desvinculó a los efectivos contenía contradicciones, omisiones y una evaluación parcial de las pruebas. El debate deberá repetirse ante otros jueces. Leer más
La investigación preliminar detalla que los dos jóvenes, de 18 y 20 años, fueron increpados por un sujeto encapuchado que les disparó en reiteradas ocasiones y posteriormente emprendió la huida
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.La misma pena le impuso el tribunal a José López, exsecretario de Obras Públicas, también por haber cobrado sobornos y defraudado al Estado.De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4.Junto a López y De Vido, fueron condenadas hoy otras diez personas; entre ellas, empresarios y exfuncionarios.Las condenas de De Vido y López, así como las de otros acusados, se dictaron por mayoría, con disidencias en cuanto a calificaciones y montos de pena de parte de la jueza López Iñiguez. Todavía no se conoce la letra chica ni los fundamentos del fallo, que se informarán el 22 de septiembre próximo, según dijo hoy el tribunal.López y De Vido eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.En el juicio, el fiscal Abel Córdoba mantuvo la acusación de ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión. Además de Azcarate, que era gerente comercial, fueron acusados el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni; el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil. En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El trabajo â??una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001â?? consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo de acusados, pero sí muchos otros, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país. Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart."Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", señala Azcárate en la grabación. "Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares", dice en otro de los tramos, y también: "Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación".El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. "En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos", marcó Gemignani.Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.El exministro de Planificación De Vido también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
Las estrellas de Jane the Virgin reaccionaron en Instagram con mensajes cariñosos después de que su colega compartiera una grabación sobre el cierre del conflicto y el impacto emocional que vivió en casa
El expediente que la llevó a juicio en Bogotá revela denuncias de estrategias internas y prácticas sistemáticas en la Fiscalía que podrían haber dejado desprotegidas a personas vulnerables
Hoy a las 13, se conocerá el veredicto en el juicio del caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo. Así lo informó esta mañana el Tribunal Oral Federal N° 4, en un acto muy breve en el que se les dio a los acusados la posibilidad de decir sus "últimas palabras" antes de la sentencia.Los acusados incluyen a una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, máximos responsables de la obra pública en el período, para quienes la fiscalía pidió cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.El fiscal Abel Córdoba los ubicó como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos. Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.Los jueces del TOF son Jorge Gorini, Costabel y María Gabriela López Iñiguez. El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, de la mano de una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil. En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El trabajo â??una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001â?? consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo, pero sí muchos de los que ahora enfrentan la acusación en el juicio, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país. Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart."Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", señala Azcárate en la grabación. "Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares", dice en otro de los tramos, y también: "Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación".El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. "En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos", marcó Gemignani.Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.En el juicio, el fiscal Córdoba mantuvo la acusación para ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión. Además de Azcarate, que era gerente comercial, figuran el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni, y el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.De Vido y LópezDe Vido se expone hoy a sumar una nueva condena a su historia en la Justicia. Arrastra cuatro condenas, de las cuales está firme solo una, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.El exministro de Planificación también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
Maje Moreno Cantó tenía 26 años cuando en 2017 convenció a Salvador, uno de sus cuatro amantes, para que la salvara del infierno que vivía en su casa. El antes y el después en la vida de una mujer joven, bella, hija de una estricta familia católica y adicta al sexo que cayó en la trampa de los investigadores cuando escuchó la frase "la policía ya tiene el nombre y apellido del asesino"
En la sala de situación de enfermedades transmitidas por mosquitos del Ministerio de Salud de la Nación, hay una tendencia en los datos asociados con el dengue que están siguiendo con atención desde hace varias semanas y por las que buscan intensificar medidas de preparación para los próximos meses. Tiene que ver no solo con un repunte en la notificación de posibles casos a mediados del mes pasado -un momento del año en el que, por el comienzo del frío, no se esperaban-, sino también con una previsión climática favorable para la presencia del mosquito vector Aedes aegypti todo el año. "Si bien la temporada 2025-2026 se mantuvo en un escenario de bajo riesgo con respecto al dengue, la presencia del mosquito vector en países limítrofes que ocasionó un brote de chikungunya en la provincia de Salta y otras jurisdicciones del país, junto con los factores climáticos vinculados al fenómeno El Niño, hacen necesario continuar con estas acciones de prevención", señalaron desde la cartera sanitaria nacional. Ambas enfermedades comparten el A. aegypti como el vector viral. Las temporadas para las enfermedades transmitidas por mosquitos van, epidemiológicamente, de julio a julio de cada año. En la que va cerrando (2025-2026), suman 2819 los casos de fiebre chikungunya confirmados y probables entre 12.928 notificados en los últimos 11 meses, comparado con solo 69 de dengue entre más de 27.363 notificados con síntomas de sospecha. El 55% de los afectados había contraído la infección donde reside, trabaja o hace sus actividades habituales (casos autóctonos). Pero a mediados del mes pasado, y con esa "baja circulación" de dengue en el país que se venía reiterando oficialmente, hubo un repunte en la notificación de casos sospechosos en el sistema nacional de vigilancia sanitaria. Eran unos 206 con diagnóstico por confirmar, mientras se acumulaban otros 335 probables, sin contar los ya confirmados. Salud informó que correspondían, sobre todo, a residentes de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Mientras que podían tratarse de casos que se estaban cargando con retraso, algo que todavía sigue siendo común en los datos sanitarios del país, se mantenían en varios distritos temperaturas cálidas para la época del año, favorables para el ciclo de vida del Aedes aegypti. "En este contexto, es fundamental mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica [con] la toma de segundas muestras y completando los estudios diagnósticos en los casos probables para confirmar o descartar dengue de manera adecuada", pidió el Ministerio de Salud a las jurisdicciones los primeros días de este mes. Ante la consulta de LA NACION, en esa cartera actualizaron que el escenario sobre el que trabaja el área de Epidemiología es que el mosquito vector va a mantenerse presente durante todo el año por las temperaturas y el efecto de El Niño. "Ante esto, hay que intensificar los planes para la erradicación del vector", indicaron este domingo.Es que el mosquito puede criarse en los lugares menos pensados, desde la descarga del aire acondicionado, un portamaceta o el florero improvisado con una planta para enraizar hasta cubiertas acumuladas o abandonadas, las rejillas, las canaletas, las sillas del jardín que no se limpian seguido, el agua que se acumuló con la lluvia en una piscina, el marco de una ventana o las irregularidades del revestimiento de un techo. Los barriles de las obras en construcción o en la vía pública, los tanques de agua sin tapa o los depósitos de agua de lluvia, los recipientes que se usan para regar plantas, las fuentes ornamentales, los bebederos para animales sin recambio de agua seguido, las piletas o los baldes, frascos o botellas que se acumulan en el fondo o el balcón y el material descartado o de rezago también son lugares atractivos, urbanos, con agua sin movimiento, para que las hembras de A. aegypti depositen sus huevos, que pueden llegar a completar su desarrollo en una semana (eclosionan en larvas, se convierten en pupas y, finalmente, en adulto para volar) cuando el ambiente y la temperatura les son favorables.Terminada la epidemia de dengue del verano-otoño de 2015-2016, un relevamiento en áreas urbanas permitió conocer que el 75% de los reservorios que se mantenían eran macetas, floreros, botellas, ornamentos, bebederos de animales, tanques, canaletas, charcos, huertas, toldos, vidrios rotos sobre muros o bateas de gomerías. Antes de que terminara la epidemia de 2019-2020, los lugares más comunes de barrios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde el Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires encontró larvas y pupas de mosquitos fueron baldes, neumáticos, bidones de agua, elementos de cocina, floreros, recipientes varios, tanques, macetas, bebederos, botellas, juguetes y piletas. Eso en lo que tiene que ver con el ámbito de acción privado, principalmente, para la eliminación de potenciales criaderos. En lo que respecta a la responsabilidad estatal para la prevención, siete son los ambientes en los que recaería, como había relevado el GEM: los espacios con acumulación de chatarra en áreas urbanizadas (vehículos abandonados o playones oficiales); los obradores; los barriles en obras viales, la acumulación de cubiertas usadas, los tanques suplementarios y las cisternas que quedan sin uso en barrios con interrupciones del suministro del agua corriente; los basurales a cielo abierto, los floreros de los cementerios, los predios de los hospitales y los establecimientos educativos.BroteA diferencia de las temporadas anteriores de enfermedades transmitidas por mosquitos, esta se caracterizó por un brote de fiebre chikungunya con 2819 casos, entre confirmados y probables. La mayoría (2652) no tenían antecedentes de viaje a lugares con circulación del virus, como países limítrofes. Los que sí habían regresado de un viaje reciente y, por lo tanto, se los consideró casos importados habían estado en Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. "En la provincia de Salta se identificaron los primeros casos sin antecedente de viaje", documentó la cartera sanitaria nacional a partir de la información proporcionada por su par salteña. Todos se dieron a partir de la llegada de viajeros que regresaron de Bolivia, lo que confirmó la transmisión local del virus. La semana pasada, en la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional, se mantenía el descenso de la notificación de nuevos casos, con 34 confirmaciones para finales del mes pasado, con apenas tres positivos en siete días. El pico del brote, que se terminó por extender con focos también en Jujuy y Tucumán, se dio entre el 19 y 25 de abril, con 441 casos de chikungunya. También fueron declarando casos Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y la Capital, mientras que también hubo casos importados hasta en San Luis, La Pampa o Neuquén, de acuerdo con la información oficial sobre las notificaciones. Hubo 188 personas que necesitaron internación, siete fueron graves y dos fallecieron.Con el dengue, ambas enfermedades no solo comparten el mosquito transmisor del virus que genera la infección. También los síntomas pueden parecerse, aunque la detección por laboratorio permite diferenciarlas cuando se busca definir el diagnóstico. Los del dengue suelen incluir fiebre, dolor muscular o articular, vómitos y/o diarrea, sarpullido, dolor de cabeza o detrás de los ojos, entre otros. En el caso de la fiebre chikungunya, los síntomas más comunes que consignaron las historias clínicas fueron fiebre, dolor en las articulaciones, mialgias, cefalea, diarrea y vómitos. En tanto, 13 de los 69 casos de dengue confirmados en la temporada necesitaron internación y ninguno fue fatal."Cuando los estudios iniciales no permiten confirmar dengue, es clave profundizar la investigación para identificar la causa del cuadro clínico", señaló Salud. "El estudio exhaustivo de los casos probables permite no solo mejorar la clasificación, sino también fortalecer la vigilancia de otros [virus transmitidos por mosquitos], favorecer la detección oportuna de cambios en los patrones de circulación viral y optimizar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles escenarios de transmisión -continuó-. Esto cobra mayor relevancia si se considera, además, que recientemente se ha detectado la reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio nacional".
El caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, llegará este lunes a una instancia decisiva, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 a cargo del juicio oral comunique su veredicto.Desde el banquillo de los acusados lo escucharán una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, máximos responsables de la obra pública en el período, para quienes la fiscalía pidió cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.El fiscal Abel Córdoba los ubicó como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos. Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justiciar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.A las 9.30, la última audiencia abrirá un momento para que los imputados que aún no lo hicieron puedan decir sus últimas palabras, y luego, los jueces del TOF, Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, darán a conocer la sentencia en un juicio iniciado hace poco más de dos años, pero que se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, de la mano de una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil. En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la Justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El trabajo â??una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001â?? consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo, pero sí muchos de los que ahora enfrentan la acusación en el juicio, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron la licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país. Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart."Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", señala Azcárate en la grabación. "Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares", dice en otro de los tramos, y también: "Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación".El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. "En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos", marcó Gemignani.Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.En el juicio, el fiscal Córdoba mantuvo la acusación para ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión. Además de Azcarate, que era gerente comercial, figuran el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni, y el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.De Vido y LópezDe Vido se expone este lunes a sumar una nueva condena a su historia en la Justicia. Arrastra cuatro condenas, de las cuales está firme solo una, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.El exministro de Planificación también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.En ese proceso López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
El exesposo de Tilsa Lozano aseguró que confió en la propuesta de Daniel Mesones Massini y que atravesaba una crisis financiera cuando su compañía recibió millonarios depósitos vinculados a una investigación fiscal.
El FBI presenta la aeronave en un museo de Nuevo México y el exembajador Ken Salazar afirma que se trata de un recuento histórico de esfuerzos de seguridad
Sarampión en México acumula 18,768 casos confirmados y 44 muertes al 10 de julio; estados sede del Mundial 2026 concentran 45% del brote
La Abogacía General del Estado ha confiado al letrado la defensa de Manuel Llamas, investigado por la supuesta apertura irregular de expedientes a agentes de la UCO, devolviendo a la primera línea a uno de los juristas más conocidos de los últimos años
La normativa peruana establece que los trabajadores que laboren en fechas de descanso obligatorio deben recibir una compensación adicional, salvo que acuerden recuperar el descanso en otra fecha
Quienes dañen bienes del patrimonio cultural de la Nación pueden enfrentar penas de hasta 8 años de cárcel, además de multas económicas y la obligación de asumir los costos de restauración
La FGR confirmó que falta el tercer y último abono derivado del acuerdo reparatorio firmado por Ancira en 2021
Brenda Quevedo está bajo arresto domiciliario, después de pasar más de quince años en distintos penales
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Fiscal de la Nación designó al reincorporado magistrado en la Fiscalía Suprema con competencia en casos de delitos de función contra expresidentes, jueces y fiscales (supremos y superiores), congresistas, ministros, entre otros altos funcionarios
La mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales para proteger a toda la familia y responder a las primeras horas de una emergencia
La Fiscalía de Sonora imputó a Blanca Zulema 'N' y a otro hombre por la desaparición y muerte de Karla Yureth, de 19 años; ambos permanecen en prisión preventiva
Desde el 1 de mayo hasta la fecha, los registros sanitarios reportan un repunte de esta infección intestinal en línea con lo habitual en meses cálidos, cuando se favorece la exposición por alimentos o agua contaminados
Las autoridades sanitarias confirmaron nuevas infecciones en Miami-Dade y Broward causadas por alimentos contaminados. Este brote de ciclosporiasis, bajo investigación federal, ya mantiene bajo observación a otros 16 estados del país
La fiscalía pidió para ambos 5 años de prisión por presunto fraude y coimas en los contratos para ampliar los gasoductos. Además, por falta de pruebas, requirió la absolución de 17 de los 30 imputados
Las autoridades confirmaron que ninguno de los hombres viajó al extranjero en el último mes y, por ahora, no se han detectado nuevos contagios relacionados con la investigación epidemiológica
Aunque el expresidente de la Corte Constitucional ya cumplió más de las tres quintas partes de la condena y registra un concepto favorable del Inpec, el alto tribunal decidió no otorgarle el beneficio judicial