Conocido como el asesino de la cara feliz, este camionero canadiense sembró el terror en Estados Unidos durante la primera mitad de los años noventa. Tras hallar el cuerpo de su novia en 1995, la policía destapó una identidad oculta durante años
En la Argentina, Patricia Bullrich opinó del tema justo antes del que el dirigente de derecha emitiera un comunicado, aunque en el Gobierno no lo leyeron como una provocación. Milei continúa en silencio. Las medidas que se analizan en Brasil
Estudios recientes muestran un incremento de diagnósticos en adultos jóvenes. Expertos explican cuáles controles conviene realizar, cuándo pedir asistencia médica y por qué la rapidez resulta decisiva
El tribunal federal de Manhattan redistribuyó el expediente por narcoterrorismo, que también involucra a Cilia Flores, mediante el mecanismo aplicado a procesos vacantes por jubilación o fallecimiento de magistrados en la jurisdicción
El profesorado de Cornell avanza con una moción simbólica contra la gestión del presidente por su manejo de una denuncia de agresión sexual.La medida, que no puede destituir, busca cuestionar el liderazgo y responsabilizar a la administración por la crisis de agresiones.
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La causa por narcoterrorismo contra el exmandatario venezolano fue reasignada tras el fallecimiento del juez Hellerstein en EE.UU.La jueza Torres asumirá el caso, según registros judiciales, lo que marca un nuevo capítulo en el proceso legal contra el líder sudamericano.
El alto tribunal resolvió que el recurso extraordinario presentado por la defensa del abogado no cumplió los requisitos técnicos exigidos por la ley, por lo que se mantiene la sentencia de ocho años y ocho meses de prisión domiciliaria
El representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, solicitó sanciones contra Miguel Gómez Martínez tras denunciar que su cartera no habría cumplido una tutela
La decisión de la justicia se basó en el tiempo transcurrido y dictó la prescripción de esos hechos.El médico -ya condenado en otro proceso- está detenido en Ezeiza desde octubre de 2023 y llegó a este debate acusado del homicidio simple con dolo eventual de uno de sus pacientes y las lesiones a otros cinco.
Alvin Hellerstein, el juez federal estadounidense que presidía el caso del destituido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, murió a los 92 años de causas naturales. El magistrado llevaba casi tres décadas en su cargo y a fines de noviembre tenía una audiencia programada con el depuesto mandatario y su esposa, Cilia Flores.El magistrado nació en Nueva York en 1933, estudió Derecho en la Universidad de Columbia y luego se unió al Cuerpo de Abogados del Ejército estadounidense. Luego, trabajó cuatro años en el estudio Stroock & Stroock & Lavan LLP.Fue designado juez en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Durante su trayectoria estuvo a cargo de importantes casos, incluido los litigios vinculados a los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, denuncias por el genocidio en Sudán y casos relacionados con el actual mandatario estadounidense, Donald Trump.En 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Barack Obama que divulgara imágenes e información sobre los abusos cometidos contra detenidos en Irak y Afganistán.Dos años después, tomó uno de los casos contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien fue condenado por agresión sexual. En aquel entonces, el juez desestimó 17 de las 18 denuncias presentadas.Por otro lado, en 2023 rechazó una solicitud de Trump para trasladar desde la justicia estatal a la federal el caso vinculado a los pagos que le realizó a la actriz Stormy Daniels. A su vez, tuvo otro enfrentamiento con el líder republicano cuando bloqueó la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros sancionada en 1798 que el gobierno norteamericano quería utilizar para facilitar la deportación de presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. MaduroSu notoriedad aumentó en el último año luego de quedar a cargo del proceso penal que Estados Unidos lleva contra Maduro y Flores, detenidos en enero último luego de una sorprendente operación militar norteamericana en Venezuela. A Maduro se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.La expectativa por el caso incrementó en las últimas semanas ante la cercanía de una audiencia, programada para el 17 de noviembre, que iba a contar con la participación del expresidente y de Flores. Es uno de los pasos a completar de cara al juicio que está previsto para junio del próximo año.Ante la muerte del magistrado, se deberá designar por sorteo a otro juez para que continúe con la causa. Con información de Agencias AFP y ANSA
Nancy Godoy (52) desapareció el 7 de octubre pasado en Esquina, Corrientes, y su cuerpo fue encontrado este miércoles.Los momentos claves de la investigación que la suma cinco detenidos.
Sinaloa concentra 97 feminicidios entre enero y septiembre y tiene la tasa más alta del país
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó en pie la anulación de los sobreseimientos dictados durante los años noventa. Paulo Christian Guardatti tenía 21 años cuando fue visto por última vez mientras era conducido esposado hacia un destacamento policial de Godoy Cruz
Estudiantes de La Plata volvió a vencer a Flamengo. Esta vez, fuera de la cancha, pero con un premio igual de importante: la Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó el reclamo del club brasileño por la inclusión de Marcos Rojo y ratificó al Pincha como finalista de la Copa Libertadores. Así, el equipo de Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en busca de su quinta estrella continental.La noticia, claro, no tuvo el impacto de aquella noche en el Maracaná, cuando Estudiantes resistió casi un tiempo completo con diez jugadores por la expulsión de Baltasar Rodríguez, llevó la serie hasta los penales y tuvo a Fernando Muslera como héroe, con tres penales atajados. Pero seis días después de aquella clasificación histórica, el fallo terminó con la última preocupación que quedaba en Estudiantes.Todo había comenzado antes de la semifinal. Ante la gran cantidad de bajas en defensa, Estudiantes buscó una solución de urgencia y repatrió a Rojo, que llegó a un acuerdo con Racing para rescindir anticipadamente su contrato. El defensor se incorporó durante la última ventana que la Conmebol permite para modificar la lista de buena fe e ingresó en reemplazo del lesionado Gabriel Neves.La AFA autorizó a Rojo para disputar competencias locales, pero la Conmebol entendió que su inscripción no cumplía con los requisitos previstos para la Libertadores y decidió no habilitarlo.El punto de discusión estuvo en el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que contempla excepciones para inscribir futbolistas fuera de los períodos habituales cuando sus contratos finalizaron o fueron rescindidos bajo determinadas condiciones.El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como suâ?¦ pic.twitter.com/YGMg5q5DLS— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026Para la Conmebol, Rojo había sido registrado fuera del período permitido en el sistema TMS y su situación no cumplía con las condiciones previstas por el reglamento. El mercado argentino había cerrado el 2 de septiembre y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de ese mes. Por ese motivo, el organismo sudamericano rechazó inicialmente su inscripción.Estudiantes recurrió entonces al TAS, que entendió de manera preliminar que la autorización otorgada por la AFA tenía fundamentos suficientes y dictó una medida cautelar para que Rojo pudiera jugar. Pero el tribunal no resolvió la cuestión de fondo ni impidió que la Conmebol analizara después una eventual sanción.En ese contexto, Medina decidió utilizarlo. Rojo fue titular en Brasil y permaneció en cancha hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tiago Palacios.Luego de la primera resolución, el TAS convocó al club brasileño como parte interesada y desde Río de Janeiro anticiparon que, si Rojo jugaba, presentarían una protesta formal. Horas después de quedar eliminado, cumplieron con esa advertencia y llevaron el reclamo ante la Conmebol.En Estudiantes siempre se mostraron confiados. "No corremos riesgo de no poder jugar la final, hicimos todo bajo asesoramiento. Solo esperamos que se termine de resolver para ver qué sucede en adelante. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS", había dicho Juan Sebastián Verón este martes, en radio La Red.En Flamengo, en cambio, mantuvieron la expectativa hasta último momento. El antecedente que alimentaba la ilusión de Flamengo surgía de otros casos de alineaciones indebidas que terminaron con sanciones deportivas: Carlos Sánchez, en Santos, y Luiz Otávio, en Chapecoense, habían protagonizado episodios similares en ediciones anteriores de la Copa y sus clubes perdieron los puntos.Palmeiras, futuro rival del Pincha, eligió mantenerse al margen de la controversia. "Estudiantes ganó en la cancha", sostuvo Abel Ferreira, entrenador del conjunto paulista. Y agregó: "La Conmebol es una organización competente. Un club de la talla de Estudiantes sabe lo que debe y puede hacer".El fallo conocido este miércoles terminó con cualquier incertidumbre. La Conmebol rechazó la protesta de Flamengo, mantuvo el resultado del partido y confirmó a Estudiantes en la definición de la Copa.En La Plata, ahora sí, ya piensan en la final. El club ya trabaja en la organización de los micros que trasladarán a los hinchas y también comenzaron a conocerse detalles de la venta de entradas, que había quedado en suspenso hasta la resolución del caso Rojo.En principio, Estudiantes y Palmeiras dispondrían de unas 11.000 entradas populares cada uno, además de un cupo de plateas. Casi sin chances en el Clausura y en la pelea por ingresar a la Sudamericana, en Estudiantes todos los cañones apuntan a Montevideo. Será el partido que puede devolverle la gloria eterna después de 17 años y en el que Rojo podrá volver a estar entre los once.
El veterano juez estadounidense que llevaba el caso contra el exmandatario venezolano falleció a los 92 años, confirmaron fuentes judiciales.Hellerstein se destacó por su carrera en casos de alto perfil, como los atentados del 11-S y juicios contra figuras políticas y corporaciones.
El incremento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) plantea desafíos para los sistemas de salud, especialmente por su concentración entre adolescentes y adultos jóvenes
La primera abogada en la Argentina de Hayden Mark Davis, el estadounidense que protagoniza el "caso $LIBRA" junto al presidente Javier Milei, denunció ante la Justicia que sufrió episodios de intimidación, hackeos y situaciones que comprometieron su seguridad personal, y solicitó medidas urgentes de protección para ella, su hijo y su entorno familiar más cercano.Yanina Nicoletti presentó un escrito ante el juez federal a cargo del "caso $LIBRA", Marcelo Martínez de Giorgi, en el que pidió una evaluación preventiva del riesgo que enfrenta y que se adopten las medidas necesarias para resguardarla a ella y a otras personas de su círculo íntimo y laboral. También requirió que se mantengan bajo estricta reserva sus datos personales y los de sus familiares.Nicoletti denunció ayer las amenazas y aprietes después de que uno de los inversores que pugna por ser reincorporado al expediente como querellante, Juan Patricio Marchetto, criticara que el fiscal Eduardo Taiano recomendara sobreseer a Milei, Davis y los demás acusados sin haberla citado antes a ella y a otros potenciales testigos que él había propuesto para impulsar la investigación.Según la letrada, la inclusión de su apellido en la presentación de Marchetto repercutió en los medios de comunicación y volvió a asociar públicamente su nombre con una investigación de alta exposición política e institucional, tras haber afrontado múltiples episodios que, según relató, afectaron su tranquilidad y sus decisiones cotidianas desde el estallido del escándalo en febrero de 2025.Nicoletti denunció que, "mientras esta causa había comenzado a adquirir una intensa exposición pública", una persona se presentó a 100 metros de su vivienda, manifestó que pertenecía a los "servicios secretos" y le transmitió un mensaje. "Me indicó que debía cuidarme", recordó, tras dejarle claro que conocía dónde residía, lo que la llevó a abandonar ese domicilio.La abogada subrayó que no se trató de una advertencia anónima recibida por teléfono o por algún medio impersonal, sino de la presencia física de alguien que conocía dónde residía. Eso, dijo, era "un dato relativo a mi esfera personal que no se encontraba destinado a ser públicamente conocido".Apriete en el SheratonEn su presentación judicial, Nicoletti también aludió a un episodio que afrontó un colaborador de su estudio jurídico mientras ella todavía asesoraba a Davis en asuntos legales en la Argentina. Al menos cinco personas abordaron a su colaborador y lo trasladaron al hotel Sheraton de Retiro, tras identificarse como supuestos integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.Durante la reunión que se desarrolló en un salón o reservado de ese hotel, detalló la letrada, "se formularon preguntas directamente relacionadas con mi persona, con mi vínculo profesional con Hayden Davis, con mi relación con él y con mi posición frente al Presidente".Según reveló LA NACION en abril de 2025, ese encuentro se habría producido durante la segunda quincena de marzo del año pasado, cuando los emisarios ahondaron sobre cada actividad de Davis en la Argentina. Es decir, qué hizo, qué lugares visitó y con quiénes se reunió, ya fueran funcionarios del gobierno de Javier Milei o del sector privado. Es decir, como si cotejaran la versión del propio Davis. Más relevante, preguntaron una y otra vez si el joven había firmado documentación durante sus varios viajes a la Argentina y, en ese caso, quiénes tenían o podían tener originales o copias de esos papeles.En su presentación, la abogada aclaró expresamente que no le consta que esas personas pertenecieran realmente a los organismos de inteligencia cuya representación dijeron tener. Por eso, evitó atribuirles una identidad institucional que no está en condiciones de acreditar. Pero, aclaró, "sí puedo afirmar que el encuentro tuvo lugar". Su preocupación, explicó, reside en que un integrante de su estudio fue individualizado y entrevistado por un grupo que procuró obtener información sobre su actividad profesional y sus relaciones personales.Nicoletti también mencionó episodios de hackeo y accesos indebidos a sus redes sociales, algunos de los cuales, sostuvo, fueron documentados oportunamente y tuvieron repercusión pública, aunque no atribuyó esos incidentes a una persona determinada ni afirmó que, por sí solos, demuestren la existencia de una amenaza actual. Los incorporó, en cambio, a la sucesión de circunstancias que considera necesario evaluar de manera integral.En su escrito, la letrada incluyó un planteo inusual. Recordó que el propio juez y el fiscal Eduardo Taiano afrontan cuestionamientos por un "supuesto favorecimiento de la situación procesal del Presidente", lo que la coloca en " una particular situación de vulnerabilidad". ¿Por qué? Porque, sostuvo, se ve obligada a pedir protección "precisamente ante las autoridades judiciales" cuya actuación está cuestionada, lo que justifica "extremar los recaudos de confidencialidad". En su escrito, la abogada también expresó preocupación por el clima de confrontación pública alrededor de la causa. En particular, mencionó las declaraciones de Milei durante la gala anual 2026 de la Fundación Faro, celebrada el 23 de octubre, cuando el Presidente individualizó por sus nombres a periodistas que habían cubierto el caso $LIBRA y afirmó que eran "los que se tienen que quemar en la hoguera".Aunque Nicoletti no fue mencionada por el mandatario, sostuvo que esas palabras le generaron inquietud por haber sido pronunciadas en el contexto de una investigación con la que ella también quedó públicamente asociada. Aclaró, sin embargo, que no considera que esas expresiones constituyan por sí mismas una amenaza dirigida contra ella ni atribuye al Presidente una intención concreta respecto de su persona. DomicilioLa preocupación por su seguridad, según explicó, ya tuvo consecuencias concretas. Nicoletti afirmó que abandonó su anterior vivienda y que actualmente reside de manera temporal en un departamento de bajo perfil en la ciudad de Buenos Aires, con seguridad las 24 horas. Solicitó que la dirección no se haga pública y que cualquier información adicional necesaria para evaluar el riesgo sea incorporada mediante presentaciones reservadas.También pidió que se contemple expresamente la situación de su hijo, mayor de edad, que vive en la provincia de Buenos Aires y no convive con ella. La abogada advirtió que la divulgación de información sobre su domicilio, su vehículo, sus actividades deportivas y sus desplazamientos podría exponerlo, pese a que no tiene intervención en los hechos investigados.En ese sentido, describió una consecuencia directa sobre su vida familiar: dijo que limitó los encuentros personales con su hijo por temor a que la observación de sus propios movimientos permitiera identificarlo, localizarlo o reconstruir sus rutinas. No afirmó, sin embargo, que tenga conocimiento de que su hijo esté siendo seguido.Nicoletti también solicitó que se contemple preventivamente la situación de su hermano, Lucas Nicoletti, abogado que trabaja con ella en el estudio jurídico. Aclaró que no denuncia una amenaza concreta contra él, sino que pretende que su vínculo familiar y profesional sea considerado al evaluar medidas de resguardo.En ese sentido, la letrada pidió al juez que disponga con urgencia una evaluación técnica del riesgo, adopte las medidas de protección que considere adecuadas y preserve la confidencialidad de la información que pueda facilitar su localización o la de sus familiares. También solicitó que no se demoren las medidas urgentes que pudieran resultar necesarias a la espera de esa evaluación.
El magistrado encargado del proceso contra el exmandatario de Venezuela murió a los 92 años, informaron fuentes judiciales locales.La pérdida del juez representa un cambio significativo en el juicio que involucra al antiguo líder venezolano.
Philip Young, de 50 años, y otros cuatro hombres están siendo juzgados por los delitos de abuso sexual, voyerismo y administración de drogas, de los que fue víctima Joanne, la esposa de Young.El caso es uno más de los tantos ocurridos en el país en el último tiempo.
Según las cifras oficiales, ya hay mil que fueron recuperados o restituidos. Las historias de vecinos que esperaron décadas.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió no intervenir en la disputa judicial por una normativa migratoria que permitía mantener inactivos determinados expedientes de deportación. Con esta decisión, continúa vigente el fallo que anuló una regla formalizada durante el gobierno de Joe Biden y dejó a la administración de Donald Trump la posibilidad de avanzar con la expulsión de algunos inmigrantes.Qué decidió la Corte Suprema sobre los cierres administrativosEl pedido de revisión fue presentado por las ciudades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con la organización Centro Legal de la Raza. Los demandantes buscaban revertir las restricciones impuestas a los jueces de inmigración, quienes ya no pueden recurrir al cierre administrativo en las condiciones contempladas por la regulación anulada.La resolución del máximo tribunal fue emitida sin una firma individual y con una frase corta que detalló: "Se deniega la solicitud de suspensión presentada ante el Juez Alito y remitida por él al Tribunal". De esta manera, quedó en pie el acuerdo judicial entre Texas y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que dejó sin efecto la normativa a escala nacional.Qué es el cierre administrativo de los casos migratoriosDe acuerdo con The Washington Post, el cierre administrativo es un mecanismo utilizado desde 1990 que permite suspender temporalmente un expediente sin eliminarlo de manera definitiva. Durante ese período, el proceso permanece inactivo y puede reanudarse posteriormente, según las circunstancias del caso.Esta herramienta se empleaba, entre otras situaciones, cuando una persona tenía pendiente una solicitud de residencia, un visado u otro procedimiento que podía modificar su situación migratoria. También podía beneficiar a víctimas de delitos y menores que buscaban acceder a mecanismos de protección previstos por la legislación estadounidense.En 2024, según lo retomado por Courthouse News, el gobierno de Biden incorporó formalmente esta práctica a una regulación de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). El objetivo era establecer criterios para su aplicación y ofrecer a los tribunales una alternativa para administrar el volumen de expedientes pendientes.Por qué Texas cuestionó la norma que afecta a las deportacionesEl fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el 22 de junio del año en curso contra el gobierno federal al sostener que la regulación permitía mantener indefinidamente abiertos determinados casos de personas sin estatus migratorio regular. El estado consideró que esa posibilidad equivalía a conceder una forma de amnistía sin una resolución definitiva.Con la llegada de Trump al gobierno, el DOJ dejó de defender la disposición aprobada durante la administración Biden. En conjunto con Texas, solicitó que la norma fuera declarada ilegal y anulada en todo el país norteamericano.El juez federal Reed O'Connor aceptó el acuerdo y emitió una orden que bloqueó la regulación. Las ciudades y organizaciones que se opusieron a esa resolución cuestionaron el procedimiento por considerar que la decisión se adoptó con rapidez y sin una revisión suficiente al eludir las instancias administrativas habituales.Deportaciones: cómo puede afectar el fallo sobre el cierre a los inmigrantesLa principal consecuencia es que los procesos de deportación ya no pueden quedar suspendidos mediante este mecanismo en los términos de la norma anulada. Por eso, algunas personas con solicitudes de regularización pendientes podrían enfrentar la continuidad de sus expedientes antes de obtener una respuesta sobre su situación legal.Entre los afectados potenciales se encuentran inmigrantes que tramitan la residencia por vínculos familiares o que esperan decisiones sobre visados. También podrían verse perjudicadas personas que buscan protección después de sufrir delitos o que necesitan tiempo para completar procedimientos migratorios.Las organizaciones demandantes advirtieron, además, que la medida podría reducir la disposición de algunos inmigrantes a denunciar delitos o colaborar como testigos por temor a ser deportados. También señalaron que el avance de los expedientes podría aumentar la presión sobre los tribunales y generar consecuencias para las comunidades locales."Este peligroso abuso del proceso judicial amenaza el estado de derecho y sienta un precedente preocupante para desmantelar políticas federales sin una participación pública significativa ni un escrutinio judicial", dijeron las ciudades demandantes en un comunicado conjunto, según lo retomado por Reuters.Las cifras oficiales sobre los expedientes migratorios inactivosLos datos gubernamentales muestran un incremento de los expedientes bajo cierre administrativo durante los últimos años:En 2021 se contabilizaron 266.198 casos inactivosEn 2022, 291.340En 2023, 319.182En 2024, 348.556Para el tercer trimestre de 2025, la cifra llegó a 361.614Desde la implementación de este mecanismo, más de 360.000 inmigrantes habrían quedado comprendidos en esta modalidad. Los registros también reflejan períodos prolongados de inactividad: el promedio general informado es de 6120 días, equivalente a unos 16 años y medio.
El acumulado llegó a 1.108.586 cuadros, mientras que las neumonías sumaron 142.177. El Ministerio de Salud informó una tendencia descendente en la circulación de virus respiratorios, aunque el virus sincicial respiratorio sigue siendo el más detectado en la vigilancia de pacientes internados. Leer más
La aeronave está equipada con una camilla, balones de oxígeno, conexión eléctrica y sistema de protección para atender evacuaciones aeromédicas y urgencias durante la visita del pontífice
MENDOZA.â?? El brote de meningitis en esta ciudad sigue sumando casos. A la muerte de dos pacientes adultos que contrajeron la bacteria y la confirmación de otros dos infectados, quienes evolucionan de manera favorable, se sumó, en las últimas horas, la confirmación de un quinto contagiado. En paralelo, detallaron las autoridades sanitarias mendocinas, se investiga la causa de muerte de otros dos pacientes. En caso de confirmarse la presencia en su cuerpo del agente patógeno, conocido como Serratia marcescens, se elevarían a siete los infectados y a cuatro las víctimas fatales.Todas las personas cuyo contagio fue confirmado o se encuentra bajo investigación fueron intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Privado, principal centro de atención de PAMI en Mendoza, donde actualmente se realiza una exhaustiva investigación epidemiológica para dar con el "fómite" u objeto contaminante. Son varias las hipótesis que se barajan. La principal es que la contaminación ocurrió durante las cirugías. Según pudo saber LA NACION, ya se han tomado distintos cultivos en la sala quirúrgica y actualmente las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de los resultados. "No todos los pacientes tenían el mismo tipo de intervención. Unas fueron cirugías de una fístula; otra fue traumatológica. Es por eso que podemos pensar en algún procedimiento común que hayan tenido al recibir anestesia o alguna infusión", indicaron desde el Ministerio de Salud.De acuerdo con los especialistas, la bacteria hallada no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo, por lo que se la asocia a los cuidados sanitarios. Podría surgir producto de la contaminación de insumos e instrumentos que se pueden compartir en una cirugía, así como por la contaminación de fluidos, que pueden ser medicamentos, soluciones de infusión y soluciones anestésicas, o por algún otro "fómite" o vector pasivo contaminado que se use en la cirugía.El quinto confirmado no corresponde a una nueva infección ocurrida después de las medidas de control, sino a una anterior. Se trata de un paciente que fue intervenido en el quirófano del Hospital Privado en septiembre pasado. Este antecedente se incorporó recientemente a la investigación ampliada y su relación con el resto de los casos, todos operados en octubre, continúa en estudio.Cómo avanza la investigación"Se ha hecho una inspección al quirófano buscando materiales que pudiesen estar contaminados; también se ha investigado todo lo que tienen los pacientes en común, y estamos manejando distintas hipótesis. Por ahora, el quirófano sigue cerrado", señaló Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología de Mendoza, quien se mostró preocupada por lo ocurrido, ya que atenta contra lo que se denomina "quirófano seguro", en cuanto a las barreras sistémicas que se colocan para evitar episodios de riesgo. Por tal motivo, desde Salud confirmaron a este diario que todos los procedimientos hospitalarios serán revisados. "Vamos a ordenar y a hacer una mejora integral del proceso quirúrgico para evitar que esto se repita", indicaron desde la cartera sanitaria. Cuando obtengan los resultados de la pesquisa, afirmaron, tomarán las medidas que correspondan, que podrían contemplar sanciones y acciones judiciales. La cartera sanitaria tomó aviso de la situación el pasado miércoles, cuando se detectó que dos pacientes que habían ingresado al Hospital Central, el principal efector de la provincia, fueron diagnosticados de meningitis por un "germen poco habitual" que ataca el sistema nervioso central. Todas las meningitis son de notificación obligatoria. Al detectar la misma bacteria en ambas personas y notar que las dos habían sido intervenidas quirúrgicamente en octubre en el mismo centro médico, se dio comienzo a la investigación."Nos pusimos en alerta; llamamos a las autoridades sanitarias, que estaban al tanto de la situación y habían cerrado el quirófano, el cual se mantiene cerrado hasta ahora, para investigar de qué se trata esta situación", explicó Falaschi.En este sentido, desde el Ministerio de Salud indicaron que se encuentran abocados a dar con los motivos y el origen del brote, por lo que trabajan junto con la Dirección de Fiscalización y Habilitaciones, el Departamento de Farmacias y la Dirección de Epidemiología, bajo el programa provincial de Control de Infecciones, para determinar cómo este germen pudo haber llegado a los pacientes. "Por las características de la infección, que se da rápidamente en el postquirúrgico inmediato, pensamos que ya no vamos a tener más pacientes afectados", aclaró Falschi.
Snapchat e Instagram enfrentan su primer juicio por acusaciones de adicción en jóvenes. El proceso, que inicia en Los Ángeles, podría extenderse hasta diciembre.Líderes de las plataformas, como Zuckerberg y Spiegel, testificarán. Las demandas alegan daños psicológicos a adolescentes, con casos consolidados en California.
Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez investigados por los presuntos delitos cometidos antes, durante y después del lanzamiento y colapso de $LIBRA, y el pedido de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), otro inversor reclamó ahora que se dicte la "nulidad absoluta" del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió a esos sobreseimientos. El pedido de nulidad lo presentó Martín Romeo, por sí mismo y como apoderado de dos "pretensos querellantes", Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le dio la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le da la ley para eso. En particular, cuando "el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor" de los sospechosos.El planteo de Romeo apunta a la resolución que Martínez de Giorgi dictó el viernes, cuando sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados "no encuadran en una figura legal". También benefició a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y a los "cueveros" Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol como tal todavía esté bajo revisión. Pero remarcó que el juez no le dio la oportunidad de opinar sobre el dictamen de Taiano. "Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal", sostuvo. Por eso reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo de manera subsidiaria pidió que revoque la decisión y ordene seguir investigando.La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva facultades para intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió entonces en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva sus facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y argumentó que la investigación "no se completó", en línea con el planteo del otro inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, que apeló anteayer el sobreseimiento. Romeo destacó que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se citó a los testigos que había solicitado; entre ellos, Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.Romeo también objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de "herramientas técnicas bajo licencia". Y detalló que tampoco se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.El inversor también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración cuando, según Romeo, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.Romeo también reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio "a favor de los imputados" y "aisladamente", en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó:â?¢ La ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025.â?¢ La anotación "Pago Javier kari" hallada en el teléfono de Novelli.â?¢ La nota sobre el "acuerdo final" discutido con "H.", que preveía pagos atados al apoyo presidencial.â?¢ Los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada.â?¢ Los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso.â?¢ La orden "Pero borra" que Novelli le envió a Terrones Godoy."El dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo", concluyó Romeo. Sostuvo que, al aceptar ese planteo, el juez ejerció un "control meramente aparente" sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.
Las personas diagnosticadas no estaban vacunadas y tuvieron contacto con un caso identificado el 12 de octubre en el condado de Macon
El abogado de la familia Marzano explicó que la reparación económica acordada entre ambas partes es distinta de la investigación por el presunto uso de un sello falso, que continúa en otra fiscalía
Este miércoles 27 declararán siete testigos. La Justicia revisará pericias sobre vehículos, rastros de olor y la actuación de "El Americano". Leer más
El exfiscal general de Chihuahua lo aseguró en la continuación de su audiencia inicial desde el Altiplano, en la que posteriormente fue procesado por traición a la patria
El caso recuerda la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez en 2021, aunque las autoridades todavía deben determinar las circunstancias del fallecimiento más reciente.
Desde el estallido del brote en mayo, se reportaron casi 4.900 muertes hasta el 25 de octubre a causa de la enfermedad, que ya se extendió por 5 países. Leer más
El mandatario afirmó que el procedimiento buscó incriminar a dos repartidores detenidos tras el doble homicidio y anunció que el Estado ofrecerá disculpas institucionales conforme a los mecanismos previstos por la ley guatemalteca
Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como "amicus curiae" solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo LA NACION.El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar "de forma prematura", con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados."Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia."En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa "a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública".Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.Tal como informó LA NACION, la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a LA NACION fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación "garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito", tal como establece la ley, dijeron. Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano "no estuvo a la altura del caso", al que debió imprimirse la "máxima diligencia", con "coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad". De acuerdo con las entidades, "ocurrió lo contrario".En ese sentido, sostuvieron que:Hubo múltiples controversias sobre el rol del fiscal y recurrentes pedidos de recusación.Se filtró a la prensa información sensible, lo que sugiere un manejo digitado de los tiempos en el análisis de prueba clave.Algunos dictámenes y piezas de prueba se subieron al sistema de gestión de expedientes solo después de conocerse por la investigación periodística.El fiscal Taiano desoyó una y otra vez los pedidos de las querellas y de Inecip y Cipce para citar a indagatoria al Presidente, a fin de que explicara su posible participación en los hechos.El dictamen fiscal que sustenta el sobreseimiento ni siquiera está cargado en el sistema de gestión de casos, por lo que las partes e interesados no pueden analizarlo.Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron "prematuros" porque "la propia investigación no está agotada", pidieron que la PIA se involucre. "No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad", remarcaron. "La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar".
En la capital del país se han realizado 23 mil 949 visitas de campo, casa por casa, para la localización de personas
El alto tribunal concluyó que la prohibición para litigar debe igualar los 72 meses de cárcel, pues los hechos ocurrieron tras la reforma legal de 2015 y verificó la sanción sobre derechos y funciones públicas
La diligencia bajo juramento fue fijada para el 12 de noviembre por la delegada tercera ante la Corte Suprema, a petición de la defensa del exmandatario
Así lo expresó la contadora y tributarista, Elisabet Piacentini, quien luego advirtió por el aumento de los costos para las empresas: "Las alícuotas pueden ir desde 1,9% hasta casi el 20%". Leer más
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había dictado el sobreseimiento de Javier y Karina Milei, además de otros nueve implicados.La comparación con la investigación contra Cristina Kirchner.
El juez Lino Mirabelli procesó al expresidente de ARSAT tras revelarse mensajes con directivos de la firma ALS y el lobbista VIP Santiago Pando Soldati para supuestamente desviar fondos estatales. Leer más
El organismo independiente contabilizó 95 personas castigadas bajo severo encierro en el año y exigió atención médica inmediata para el dirigente Félix Navarro tras permanecer 66 jornadas confinado dentro de una celda en Matanzas
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA el viernes pasado. Sobreseyó a Javier y a Karina Milei, y al resto de los acusados, con un fallo de 60 hojas basado, fundamentalmente, en un dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que hasta el momento no se conocía. El dato más notable es su fecha: está firmado el día anterior a la sentencia de los sobreseimientos. LA NACION accedió a su contenido y ratificó la fecha de presentación con fuentes oficiales.Esto quiere decir que el jueves, el juez recibió el dictamen, una presentación espontánea que no dice responder a consulta alguna, en la que, de forma inesperada, Taiano decide no seguir adelante con la investigación que tenía delegada. Y un día después, Martínez de Giorgi sobresee a todos los acusados. El juez hubiera podido limitarse a decir que, sin impulso fiscal, no podía seguir adelante. Pero eligió adentrarse en la revisión completa de las pruebas de la causa y en el análisis jurídico de las figuras penales adjudicadas al Presidente, a su hermana y al resto de los acusados. En 26 horas, revisó las 58 hojas del dictamen fiscal y tuvo lista la sentencia final para su causa.Taiano firmó su dictamen a las 11:32 del jueves y Martínez de Giorgi suscribió su fallo a las 14:29 del viernes. La sentencia estaba escrita desde al menos las 13:30 de ese día, que fue cuando la firmó el secretario de la causa.Fuentes del juzgado dijeron a LA NACION que Taiano ya le había avisado a Martínez de Giorgi que iba a presentar su dictamen y que el juez quiso dejar firmada su sentencia el viernes mismo porque "tenía un viaje programado".Por decisión del propio Martínez de Giorgi, Taiano era el único capaz de impulsar esta investigación porque el 3 de julio pasado el juez les quitó a las presuntas víctimas del caso la condición de querellantes (acusadores particulares) que tenían desde el 20 de marzo de 2025. Esa decisión fue confirmada el 4 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día de integración con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei.Los cinco inversores desplazados de la causa apuestan ahora a un último recurso: que la Cámara Federal de Casación revise esta situación y los reponga como querellantes. Llegan en una situación de debilidad a ese tribunal porque la Cámara Federal no les concedió el recurso (no les habilitó el camino) y, por ende, fueron "en queja". Por eso, lo primero que deberá hacer ahora la Casación es resolver si les abre o no el recurso. Ayer, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, presentó un "pronto despacho" para apurar esa decisión del tribunal. Con la expectativa de que le den la razón, Marchetto -patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik- apeló en paralelo los sobreseimientos.El dictamen de TaianoEn su dictamen del jueves pasado, Taiano hizo un resumen de las pruebas reunidas hasta el momento en el expediente y concluyó que no había "sustento fáctico alguno" para continuar con la investigación. Según el fiscal, no hay delito posible y no vale la pena seguir investigando. El inversor Marchetto, en su presentación de ayer, se quejó de que Taiano no hubiera esperado siquiera pruebas que él mismo había ordenado y que estaban en trámite. "Al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas", afirmó. Para Marchetto, "la contradicción resulta evidente" porque "si la propia investigación todavía procuraba determinar quién controlaba determinadas billeteras, reconstruir movimientos de activos, completar extracciones forenses y esclarecer relaciones personales y económicas entre los protagonistas, difícilmente pudiera afirmarse simultáneamente que se encontraba agotada toda posibilidad razonable de atribuir relevancia penal a los hechos". El presunto inversor damnificado destacó que una de las pruebas pendientes, dispuesta por el fiscal y no terminada, fue la ampliación de un análisis sobre "los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco", un jubilado argentino y un trader colombiana que recibieron cinco millones de dólares de Hayden Davis. Marchetto dijo: "El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar". En su presentación del jueves, Taiano dedicó 40 páginas a repasar todas las pruebas reunidas en la causa y analizó luego la relación de los acusados con los delitos que se les habían imputado. En cuanto a Karina Milei, sostuvo que "los denunciantes señalaron que habría recibido una suma de dinero para facilitar las reuniones del Presidente de la Nación con los empresarios extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski", pero que "lo cierto es que de la prueba incorporada al expediente no ha sido factible acreditar esa sospecha preliminar".El fiscal, que en representación de la sociedad es quien impulsa las investigaciones penales, dijo que "no se puede sostener una imputación con meras suposiciones e inferencias sin sustento fáctico alguno que den cuenta de la posible comisión de un delito" y afirmó que, en este caso, "no se ha podido probar un intercambio indebido, es decir, una conexión entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta".En cuanto a la supuesta estafa adjudicada a Javier Milei y el resto de los acusados, el fiscal sostuvo que no estaban "configurados los elementos requeridos por la norma para afirmar la comisión" del delito de estafa, dado que "el proyecto efectivamente existía; que el token fue efectivamente lanzado; que el ecosistema blockchain involucrado era real; que las empresas participantes tenían existencia concreta y que la operatoria desarrollada se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain". Según el fiscal, "podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token", pero "nada de ello convierte los hechos en una estafa".En cuanto a los dos hombres que recibieron los millones de Davis, Taiano dijo que "se detectaron movimientos de dinero por parte de dos personas que habrían sido identificadas como Flavio Camilo Rodriguez Blanco y Orlando Mellino, días antes del lanzamiento de $LIBRA". Pero afirmó: "Lo cierto es que, de los informes de la UFECI, del análisis de trazabilidad efectuado por el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina y del análisis producido por la DATIP no fue posible relacionar a los nombrados con las maniobras denunciadas, como así tampoco acreditar que estos tuvieran un vínculo o relación con las personas investigadas". Para descartar los otros delitos adjudicados a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoya en informes originados por organismos dependientes del propio Poder Ejecutivo. Taiano dice que "no debe perderse de vista que la resolución del titular de la Oficina Anticorrupción en el marco del expediente SISA 22.632, concluyó que el nombrado [Milei] no había cometido infracción alguna a la ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública". El fiscal afirma: "En definitiva, las circunstancias valoradas y las conclusiones arribadas por la Oficina Anticorrupción, organismo encargado de interpretar los alcances de la ley de ética pública, me eximen de efectuar mayores consideraciones respecto del delito reprimido en el artículo 248 del CPN [abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos]."Y añade: "Aunado a ello, es menester destacar que tanto la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de Presidencia [secretaría cuya titular es Karina Milei] fueron contundentes al informar que no se registraron actos administrativos y que no constan registros sobre un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el presidente de la nación Javier Milei relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados días previos al lanzamiento del Token "$Libra".
El Departamento de Justicia presentó una nueva acusación contra el exfuncionario por una presunta filtración de defensa nacional ocurrida hace una década, con un mecanismo legal inédito que busca eludir la prescripción
Apelan el sobreseimiento de Milei por el caso $LIBRA con cuestionamientos al proceder del juez y del fiscal. Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la causa. El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana.El rojo por turismo fue de US$918 millones en el tercer trimestre del año. Hubo poco más de 1.026.000 argentinos que viajaron al exterior y gastaron alrededor de US$1595 millones. Mientras tanto, llegaron casi 690.000 turistas extranjeros al país por barco y avión y gastaron cerca de US$677 millones, según datos del Indec. De todas formas, la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país se redujo frente al año anterior.Avanzan los preparativos por la llegada del Papa al país. En el barrio porteño de Palermo comenzaron los primeros cortes de calle para montar las estructuras desde donde León XIV va a oficiar una misa. La visita del Papa en la Argentina se va a desarrollar desde el 8 al 11 de noviembre, mientras que las restricciones al tránsito se van a extender hasta el 14 de noviembre.Israel celebra las primeras elecciones generales después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Las encuestas ubican al actual primer ministro Benjamin Netanyahu y al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot como los principales protagonistas de la jornada. Cerca de 7,3 millones de ciudadanos judíos, musulmanes, cristianos, drusos y de otras comunidades tienen derecho a votar a partir de los 18 años.Harry Kane ganó el Balón de Oro. El delantero inglés de 33 años resultó ganador de la distinción de la revista francesa France Football, cuya ceremonia se celebró en Londres por primera vez en la historia de la premiación. Leo Messi, ganador ocho veces de este premio, no asistió a la ceremonia: quedó quinto detrás de Mbappé, Yamal y Rodri.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
El juez Lino Mirabelli procesó al expresidente de ARSAT tras revelarse mensajes con directivos de la firma ALS y el lobbista VIP Santiago Pando Soldati para supuestamente desviar fondos estatales. Leer más
La Relatoría pidió esclarecer las circunstancias del crimen de Julián Andrés Hincapié y determinar si estuvo relacionado con su labor informativa. Además, instó a las autoridades a identificar a los responsables y adoptar medidas efectivas para proteger a los comunicadores en situación de riesgo
La filial cumplió las obligaciones pactadas en 2023 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un proceso relacionado con el esquema de sobornos vinculado al proyecto Ruta del Sol II
Gerardo Mendoza pidió esclarecer los crímenes y reforzar la protección de las víctimas. La Defensoría reportó 118 feminicidios en Colombia entre enero y septiembre
La Secretaría de Salud informó el 23 de octubre que el país acumulaba ocho positivos distribuidos en Distrito Central, Atlántida, El Paraíso y Olancho, antes de detectarse circulación local del virus.
Apenas un día hábil después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los otros nueve acusados en el caso $LIBRA, uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación, con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la pesquisa.El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación penal tras invocar su derecho como "pretenso querellante" y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana, mientras que la Casación Penal debe definir si los reincorpora al expediente o los excluye de manera definitiva.Marchetto presentó su escrito de apelación, de 40 carillas, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en "contradicciones" y "confusiones" al firmar su resolución, efectuó una "valoración fragmentaria" de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una "fundamentación aparente".El argumento central de Marchetto fue que el juez Martínez de Giorgi confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, que el juez concluyó que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal cuando, según el inversor, debió sostener, como máximo, que los elementos reunidos hasta ahora no le permitían acreditar una hipótesis delictiva.A lo largo de su recurso, Marchetto cuestionó en duros términos el proceder durante todo el proceso del fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras todavía subsistían diligencias que él mismo había ordenado y que todavía no habían concluido."Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", sostuvo el damnificado.Entre las medidas que se encuentran pendientes, Marchetto destacó la ampliación de las pericias telefónicas encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los "cueveros" que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis. En la misma línea, el inversor afectado también cuestionó que el fiscal Taiano jamás citó a declarar a varios testigos que podían aportar información relevante para reconstruir los hechos. Entre ellos, Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Hayden Davis en la Argentina.El recurso también remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía evaluarse junto con las diligencias que continuaban en curso y los elementos que, según su presentación, todavía requerían esclarecimiento.El rol del PresidenteEn su apelación, el inversor sostuvo que el expediente contiene indicios que debían analizarse de manera integral para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, el viernes 14 de febrero de 2025. Y en ese sentido, uno de los puntos centrales es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo $LIBRA apareció en su cuenta de X a las 19:01:22.A esa secuencia, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el público conociera el activo. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones."Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo", destacó.Para el inversor, la relevancia de esos elementos reside en la necesidad de esclarecer si existió alguna coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones efectuadas antes de su difusión pública y la intervención del Presidente. El recurso cuestiona que esos hechos hayan sido evaluados de manera fragmentaria, sin agotar las medidas necesarias para determinar qué relación pudo existir entre ellos.La apelación también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron la liquidez aportada por los compradores. Marchetto cuestionó que no se hubiera profundizado en quiénes recibieron esos fondos, qué información tenían cuando realizaron sus operaciones, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una porción sustancial del dinero terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.El informe de la DATIPOtro de los capítulos centrales de la apelación se refirió al tratamiento que recibió el informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, ya que Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.Marchetto cuestionó ese razonamiento. Sostuvo que el sumario administrativo no había acreditado que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros ni que el informe hubiera sido manipulado. La presentación también señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.El inversor planteó, por eso, un interrogante sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. "Sigue resultando cuanto menos curioso" conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.El derecho a apelarLa presentación de Marchetto tiene, además, una dimensión procesal. El inversor fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado, lo que confirmó la Cámara Federal. Pero su exclusión todavía está bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que debe resolverse.Marchetto advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación resolviera su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica: podría ser reincorporado a un expediente cuya investigación ya habría quedado definitivamente cerrada.Para sostener su derecho a recurrir, citó el plenario "Zichy Thyssen", de 2006, que estableció como doctrina plenaria que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de Casación, e invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley; entre ellos, el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.
Ya he escrito otras veces acerca de lo fecundo que es el ajedrez para el florecimiento de los niños prodigios. En ese sentido se parece a las matemáticas y a la música. En su largo historial se encadenan nombres famosos como Paul Morphy, Samuel Reshevsky, Bobby Fischer o Judit Polgar. Y en la actualidad, nada menos que nuestro Faustino Oro. Pero Faustino no es el único prodigio ajedrecístico del presente. La vertiginosa informatización del ajedrez, la sintonía del juego con todo el mundo de las computadoras, ha facilitado que los niños aprendan en muy rápido, mucha ciencia y arte de juego, que poco tiempo atrás llevaba toda una vida asimilar. Cito un ejemplo: el gran maestro ruso, Lev Polugaievsky, (fallecido en 1995) uno de los mejores jugadores del mundo en los años setenta, llevaba en sus famosos cuadernos, anotadas rigurosamente a mano, miles de jugadas y variantes, escrupulosamente estudiadas por él mismo, como, por ejemplo, la célebre variante de la defensa Siciliana que lleva su nombre. Hoy, todo ese ingente trabajo de miles de horas, tanto en su aspecto analítico, como en su tipeo, la computadora lo resuelve en pocos minutos. Faustino mismo ha declarado que nunca leyó un libro de ajedrez. Es que ya no hace falta. Toda la información esencial está en las bases de datos de fácil adquisición, y todos los análisis necesarios de las aperturas, los aportan los módulos informáticos.Pero tampoco es cuestión de que los genios del ajedrez vayan a aparecer como si se tratase de hongos después de la lluvia. En la actualidad hay algunos casos puntuales, además de Faustino Oro. Vamos a posar la mirada en tres casos específicos y sobresalientes, uno mayor de edad, y dos menores, que el propio Faustino.El mayor es el turco Yagiz Erdogmus, al que ya me he referido otras veces. Tiene 15 años, y entre sus muchos logros está el de ser el jugador más joven de la historia en haber alcanzado los 2700 de puntuación Elo. Un récord que Faustino, actualmente con 2560, está en condiciones de superar, aunque se trata de un objetivo difícil. Erdogmus, en la nómina actual tiene 2731 de Elo, y es el jugador 17 del mundo. Como estos datos claramente indican, es algo más que una promesa, e indudablemente se perfila una rivalidad por venir con nuestro as de espadas. Menos conocido para el público argentino es el ruso Roman Shogdzhiev, de once años. Este chico, hace unos meses, desplazó a Faustino del récord de ser el maestro internacional más joven de la historia. Es un año y tres meses y pico más joven que Oro, y tiene 2445 de ranking Elo. Habrá que ver como es su evolución, y si se consolida como un jugador de proyección de alto nivel, cosa que en Faustino es notoria, pero que no se puede dar por hecha en todos los casos. Como sea, por números, se trata de otro prodigio contemporáneo del ajedrez.Pero el caso más llamativo tal vez sea el de Bodhana Sivanandan. Es una niña inglesa de once años, de ascendencia india. Viene batiendo todos los récords de precocidad que en el ajedrez femenino ostentaba Judit Polgar, desde hace cerca de cuarenta años. También es campeona inglesa femenina, y fue el primer tablero del equipo femenino en las recientes olimpiadas de Samarcanda en Uzbekistán. En Inglaterra, Sivanandan, tiene un tirón mediático similar al que tiene Faustino Oro en Argentina.Como vemos, hay varios chicos en la actualidad que pueden considerarse prodigios. Otra historia es si llegarán a consagrarse entre los mejores ajedrecistas del mundo. En el caso de Faustino Oro, esa perspectiva no sólo se apoya en los números objetivos. También es destacadísimo en una rama de creciente importancia como es el ajedrez rápido; su compromiso con el ajedrez es absoluto, y su progreso constante. Recién cumplió trece años, y su nivel de juego es de un gran maestro fuerte.
La persecución penal de los delitos migratorios sumó 255 nuevos casos en Texas durante una semana de octubre de 2026. La cifra la dio a conocer el fiscal federal Justin R. Simmons, quien detalló que las actuaciones incluyen acusaciones contra personas señaladas por facilitar el ingreso irregular de extranjeros y contra ciudadanos extranjeros que habrían regresado a Estados Unidos después de ser expulsados.Operation Take Back America: así actúa el DOJ contra inmigrantes irregularesLos procedimientos forman parte de la estrategia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) denominada "Operation Take Back America", creada para concentrar recursos federales en el control migratorio y la investigación de organizaciones criminales transnacionales. La iniciativa también busca llevar ante la Justicia a personas con antecedentes penales que vuelven a ingresar al territorio estadounidense sin autorización.Entre los expedientes difundidos por la fiscalía figuran un caso relacionado con el presunto ingreso de dos menores mediante documentos de identidad ajenos y varias detenciones de personas con condenas anteriores. Las autoridades señalaron que las investigaciones se desarrollaron en distintos puntos del distrito, que comprende 68 condados y aproximadamente 660 millas (1062 kilómetros) de frontera.Tráfico de menores y reingresos después de deportacionesUno de los casos destacados involucra a Hilary Freyre, ciudadana estadounidense acusada de intentar ingresar a dos menores indocumentados por el puerto de entrada Paso Del Norte. Según el DOJ, habría presentado actas de nacimiento e identificaciones correspondientes a sus propios hijos biológicos para hacer pasar a los menores como integrantes de su familia.Las inconsistencias detectadas durante la inspección motivaron una revisión adicional. En el procedimiento se incautaron US$1123 y $5400 pesos mexicanos.Otro expediente corresponde a Oscar David Hernandez-Gonzalez, también identificado como Juan Higera-Medrano. El ciudadano mexicano fue detenido después de saltar de un vagón durante una inspección ferroviaria en El Paso. La fiscalía indicó que fue deportado siete veces y que registraba condenas anteriores por agresión sexual, prostitución y allanamiento de edificios.También fueron informados los casos de Raul Azahel Zubia-Alvidrez y Ruben Salazar-Lopez. El primero fue detenido cerca del puerto de entrada de Fort Hancock y tiene antecedentes por robo agravado, asalto y agresión con agravantes. Salazar-Lopez fue arrestado en las inmediaciones de Eagle Pass y, de acuerdo con la información oficial, acumula cuatro deportaciones y condenas previas por reingreso ilegal y agresión contra un familiar.La fiscalía apunta a reincidentes vinculados con el tráfico de migrantesLa lista de actuaciones incluye a Juan José Aguilar-Gonzalez, detenido en Balcones Heights durante una parada de tránsito. Según los registros mencionados por las autoridades, fue condenado anteriormente por reingreso irregular y tráfico de personas, con antecedentes que se remontan a 2006 y 2008, respectivamente.En Manor, en el área metropolitana de Austin, fue arrestado Galdino Cortes-Cortes. El hombre fue deportado en 2021 después de una condena por tráfico de extranjeros. Además, contaba con antecedentes por agresión agravada con arma mortal y conducción bajo los efectos del alcohol.Otro de los casos corresponde a Anacleto Silva-Herrera, detenido cerca de Del Rio. La fiscalía señaló que fue deportado en tres ocasiones y que en diciembre de 2023 recibió una condena por posesión de cocaína con intención de distribuirla. Por ese delito cumplió una pena de 37 meses de prisión. En tanto, Fermin Gonzalez-Sanchez quedó bajo custodia federal después de ser localizado en el centro de detención de adultos del condado de Bexar. Tras cuatro deportaciones previas, enfrenta un quinto cargo formal por reingreso ilegal.Qué es la Operation Take Back America y cómo funcionaEl DOJ estableció la Operation Take Back America el 6 de marzo de 2025 mediante un memorando de la Fiscalía General Adjunta. La iniciativa reorganiza recursos federales para aplicar las políticas de seguridad pública y control migratorio de la administración del presidente Donald Trump.El programa articula las Fuerzas de Ataque contra el Crimen Organizado y las Drogas (Ocdetf, por sus siglas en inglés) con Project Safe Neighborhoods (PSN), una iniciativa orientada a la prevención y persecución de delitos. Entre sus objetivos figuran:Investigar redes de tráfico de personas y narcóticosCombatir pandillas y cárteles transnacionalesFacilitar el procesamiento penal de extranjeros con antecedentes delictivosLas directrices también instruyen a los fiscales a priorizar los cargos más graves que puedan probarse y a solicitar la detención preventiva cuando corresponda conforme a la legislación. La estrategia contempla, además, una mayor coordinación con las autoridades estatales y locales para identificar investigaciones que puedan tramitarse ante tribunales federales.Qué agencias participan en los operativos migratoriosLas actuaciones en el Distrito Oeste de Texas contaron con la participación de distintas dependencias federales, entre ellas:La Patrulla FronterizaEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)Los U.S. MarshalsLa Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés)La cooperación con las fuerzas policiales locales busca facilitar la identificación de sospechosos, reunir pruebas y avanzar con las causas penales. La iniciativa nacional también contempla acciones contra organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito a través de la frontera.La fiscalía aclaró que las querellas y acusaciones presentadas forman parte de procedimientos judiciales y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, las personas imputadas conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad penal ante un tribunal.
Los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2026, cuando los uniformados atendieron una discusión entre vecinos en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. La investigación busca esclarecer lo ocurrido durante la intervención y las circunstancias en las que el hombre falleció horas después
La exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro calificó la polémica como una "distracción" frente al desfalco en la EPS, que incluye un crédito por $221.000 millones y descuadres contables que ya investiga la Uiaf
El secretario general del organismo hemisférico expresó su respaldo a las familias afectadas y advirtió que la crisis de seguridad en el país caribeño exige una respuesta coordinada de la comunidad internacional
Las declaraciones de uno de los siete agentes detenidos por presunta siembra de pruebas abren una interrogante más profunda: la de una institución policial que, según uno de los propios implicados, no estaría al margen de estructuras delictivas y políticas
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema asumirá el expediente, que examina señalamientos sobre contratos de prestación de servicios y eventuales hechos contra la integridad sexual
La Resolución 1544-2026/SPC-INDECOPI atribuyó a la ANPD la fiscalización del deber de confidencialidad, al considerar que la conducta está tipificada como infracción grave en su reglamento vigente sobre la materia aplicable
Gustavo Petro, Kevin Gómez Paz y Alejandro Ocampo cuestionaron que Yasmín Rodríguez fuera presentada como baja de una organización armada
El sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve involucrados deja, a mi juicio, demasiadas preguntas sin responder. No hubo declaraciones indagatorias, los querellantes fueron apartados y una serie de elementos que podían resultar relevantes quedaron fuera de la investigación. Leer más
Germán Carlos Ojeda fue detenido en 1975 y despedido en 1976 mientras estaba encarcelado e incomunicado. Tras dos décadas de rechazos judiciales en Argentina , el organismo internacional concluyó que el Estado violó sus derechos. Leer más
Más de 30 años después de la muerte de Cristina Brítez Arce, la mujer que sufrió violencia obstétrica en la Maternidad Sardá con un embarazo de más de 40 semanas, el Gobierno oficializó la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pagará una multa de más de 200.000 dólares a los dos hijos de la víctima en concepto de indemnización. El Decreto 1255/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, formalizó la sentencia del 16 de noviembre de 2022 que había ordenado el pago de US$234.000 en concepto de gastos por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegro de costas y gastos. De esta forma, se dispuso el pago a los dos hijos de Brítez Arce, Ezequiel Martín y Vanina Verónica Avaro. Si bien la publicación especificaba que el desembolso debía realizarse en el plazo de un año a partir del 18 de enero de 2023, no aclara que se haya concretado ni que la totalidad de las restantes medidas ordenadas por la Corte Interamericana se encuentren cumplidas.El casoEn junio de 1992, Brítez Arce se acercó al centro de salud porteño con más de 40 semanas de embarazo y afirmó que sentía molestias. Fue internada y recibió el diagnóstico de feto muerto, por lo que los médicos decidieron inducir el parto. La mujer de 38 años, sin embargo, murió unas horas después. Luego de investigaciones iniciadas tras el fallecimiento, se descubrió que los obstetras no habrían tenido en cuenta su hipertensión ni su brusco aumento de peso (10 kilos en menos de 30 días), lo que le provocó las convulsiones que sufrió luego del parto. A su vez, se comprobó que el número de la historia clínica había sido adulterado para ocultar lo sucedido. De esta forma, los datos mostraron que ocho monitoreos que se le practicaron en la Maternidad Sardá a lo largo de la gestación arrojaban sufrimiento fetal por hipoxia (falta de oxígeno) y que la realización de tantos monitoreos mostraba que los obstetras sabían que estaban atendiendo a una paciente de riesgo, por lo que era preciso internarla mucho antes del parto.En una de las causas se procesó a dos de los obstetras y en otra se acusó de falso peritaje a los forenses Carlos Fernando Poggi (hijo del ex decano del Cuerpo Médico Forense Víctor Poggi) y Florencio Casavilla, ambos pertenecientes al Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. La llegada a la Corte InteramericanaDe esta forma, el caso "Brítez Arce y otros vs. Argentina" llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y fue elevado a la Corte Interamericana en 2021. El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de la mujer. También consideró que se habían violado los derechos a la integridad personal, en perjuicio de sus hijos menores de edad al momento de los hechos.En su sentencia, la Corte determinó que Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico que requería en función de su embarazo y sus factores de riesgo, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones. Por otra parte, el Tribunal consideró positivo que la Argentina haya reconocido su responsabilidad internacional en el caso, lo cual contribuyó al desarrollo del proceso y "a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas".El decreto fue oficializado con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; su par de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro dará a conocer su fallo el 22 de diciembre.Al juicio llegaron siete profesionales de la salud imputados de "homicidio simple con dolo eventual".Finalizadas la incorporación de pruebas y la etapa de alegatos, solo uno de ellos resultó absuelto. Qué penas pidieron para los otros seis.
Una denuncia señala presuntas irregularidades en el manejo de anticipos por $734 millones y posibles diferencias en las ofertas comerciales presentadas durante la ejecución de El Pesebre. Empresas de Norbert Vonblon habrían recibido parte de esos recursos, cuyo manejo y relación con Jorge Alfonso Molina García-Mayorga se pide esclarecer
Descargas de cortisol y un cuadro psicótico desataron el colapso del cantante en el escenario y obligaron a cancelar sus conciertos en Europa
El club brasileño publicó un comunicado para justificar su reclamo ante la Conmebol después de quedar eliminado de la Libertadores. Aseguró que el TAS habilitó provisoriamente al defensor, pero no descartó posibles sanciones.
Trabajó durante 16 años en Pequiven y no tenía antecedentes policiales. Sin embargo, Denny Zavala terminó condenado a más de dos décadas de prisión en un proceso donde, según la defensa, pesó más su parentesco consanguíneo con "El Rayao" que la existencia de pruebas directas
Videos, testimonios y registros sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua apuntan a la relación del exfuncionario con la operación que terminó con la muerte de dos agentes estatales y dos de esa agencia de EEUU
La joven Yasmín Rodríguez, de 22 años, falleció el 17 de octubre en la finca Rancho Grande, en Puerto Rico, Meta, durante una acción de tropas que dejó tres detenidos y material bélico incautado
Guillermo Flores, un vendedor ambulante de 54 años que trabaja en Chicago, Illinois, aseguró que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo obligaron a reducir sus jornadas laborales y permanecer en su casa durante varios días por temor a ser detenido. Aunque cuenta con una licencia comercial, paga impuestos y posee un permiso de conducir desde hace más de 14 años, la presencia de agentes migratorios en su vecindario afecta su actividad económica.¿Quién es el vendedor ambulante de Chicago que teme a las redadas del ICE?De acuerdo con un reportaje en Chicago Sun-Times/WBEZ, Flores lleva aproximadamente 16 años dedicado a la venta de alimentos en las calles de la ciudad. El trabajador utiliza un pequeño carrito para ofrecer vasos de mango, sandía, piña y pepino. También comercializa raspados, papas fritas y chicharrones.Durante una reunión mensual de la asociación de vendedores ambulantes, fue uno de los primeros participantes en llegar. Allí explicó que intenta cumplir con sus obligaciones fiscales y mantener su negocio dentro de las normas. "Estoy tratando de hacer todo correctamente", expresó al mencionar su habilitación para vender y su historial como conductor, sin accidentes ni revocaciones del permiso. Las jornadas laborales que pierde por temor a los operativos migratoriosLos reportes sobre la presencia de autoridades federales en su barrio afectan directamente sus ingresos. Flores relató que, cuando recibe información sobre procedimientos cercanos, prefiere permanecer en su domicilio y suspender las ventas.En algunas ocasiones, esa interrupción dura un día; en otras, se extiende durante una segunda jornada. Cada ausencia representa una pérdida económica por los productos que deja de comercializar. Sin embargo, abandonar completamente el horario diurno implicaría renunciar al negocio que construyó durante más de una década. Por ese motivo, optó por modificar algunas de sus tareas para continuar con su actividad.El comerciante explicó que otros trabajadores callejeros prefieren instalarse cerca de sus colegas para brindarse ayuda e intercambiar advertencias sobre posibles intervenciones de las autoridades. En su zona, únicamente cuenta con otro vendedor cercano.¿Cómo cambió sus horarios para evitar encuentros con agentes del ICE?Una de las principales modificaciones ocurrió en la compra de mercadería. Antes, Flores salía a adquirir sus insumos alrededor de las 7 hs. Ahora lo hace a las 5 hs, antes del amanecer, con la intención de disminuir las posibilidades de encontrarse con funcionarios de inmigración.Aunque adelantó las compras, continúa con la atención al público durante el día, pero dedica menos horas a esta actividad. La alternativa de trasladar el comercio a la noche tampoco le resulta conveniente porque teme sufrir un robo. "Tenemos que protegernos del ICE y también tenemos que protegernos de los robos", señaló.Los 1560 arrestos migratorios registrados en el condado de Cook durante 2026Entre principios de 2026 y la primera semana de agosto, el organismo federal realizó 1560 detenciones en el condado de Cook, según un análisis de Chicago Sun-Times/WBEZ elaborado a partir de registros obtenidos por el Deportation Data Project.Casi un año después del repliegue de la operación Midway Blitz, residentes migrantes describieron cambios en sus rutinas, compras antes del amanecer y una reducción de las salidas de sus viviendas. Organizaciones legales y comunitarias documentaron encuentros con funcionarios de inmigración en tribunales, escuelas y supermercados. En este marco, Baltazar Enriquez, presidente del Little Village Community Council, expresó que siente que en su comunidad se están "convirtiendo en gente de la noche". El dirigente aseguró que conoce a numerosas personas que comenzaron a trabajar en turnos nocturnos para reducir el riesgo de ser interceptadas.¿Qué consecuencias tienen los cambios de rutina para los inmigrantes de Chicago?Rosemary Magaña, terapeuta y directora de programas de la Coalition for Immigrant Mental Health, explicó que las actividades nocturnas pueden limitar las relaciones sociales que ayudan a afrontar situaciones de estrés. Las reuniones familiares, las visitas y las salidas de fin de semana forman parte de los encuentros que algunas personas dejaron de realizar. Por su parte, el psiquiatra Hugo Solari, de Cook County Health, indicó: "Todos los días, en mi práctica, escucho a pacientes hablar sobre cómo tuvieron que adaptar sus vidas para evitar encontrarse con el ICE".Algunos solicitan consultas médicas a distancia o medicamentos por correo, mientras otros postergan la atención preventiva. El especialista explicó que la ansiedad sostenida y las alteraciones del sueño pueden afectar tanto la salud física como la mental.
Aunque uno de los hermanos nació 31 minutos después, oficialmente fue registrado antes debido a la modificación del horario
El juez de Garantías de Esquina ordenó la medida sin plazo para Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, imputados por el presunto femicidio de la docente desaparecida desde principios de octubre en Corrientes. La investigación continúa en la zona del paraje El Malezal mientras se analiza el móvil del hecho. Leer más
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La Fiscalía General de la República sostuvo que el exfuncionario permitió el ingreso de agentes extranjeros durante un operativo antidrogas en la sierra chihuahuense, en el que murieron dos extranjeros
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que "no hay personas proscriptas" en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. "Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia", dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: "Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir".En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación "es una medida que está prevista hace muchos años en el Código".Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble conforme antes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja."Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado", aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. "Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso", aclaró.
El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que habían reclamado ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron por la compra de la criptomoneda cuyo lanzamiento había promocionado el Presidente en X. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien -se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva. Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. "La causa ya está herida de muerte", dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py. Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal -la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham. A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban "suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa". En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Les pedían prácticamente que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA. Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente. Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa conocida como Vacunatorio VIP y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, sostienen fuentes del Ministerio Público. Dicen que el fiscal pidió los sobreseimientos, el juez los dictó y la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso. La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan fuentes de Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Ellos no se lo concedieron (no le habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, "en queja", a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación los reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitados a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.
La entidad condenó los dichos del mandatario durante la conferencia realizada por la Fundación Faro de este viernes por la noche. Allí, Milei apuntó con nombre y apellido a periodistas que cubrieron dicho caso y fundamentalmente a los del diario La Nación a quienes calificó por "difundir basura".
El Ministerio de Salud reportó al cierre de la semana epidemiológica 41 un fallecimiento adicional por la infección, mientras la vigilancia de laboratorio contabilizó 64 diagnósticos en el país durante octubre
El subdirector de Operaciones de la PNC reconoce irregularidades en el traslado de los hermanos Choc Toz. El funcionario dijo ante diputados que los cambios de ruta y los transbordos entre patrullas no fueron reportados a los mandos superiores, lo que rompió la línea de mando, según su testimonio
Es el turno de la defensa de exponer sus argumentos ante un juez federal del Altiplano, luego de que la FGR presentara cerca de 150 datos de prueba
El presidente Javier Milei volvió a atacar este sábado a LA NACION y en particular al periodista Hugo Alconada Mon por la cobertura de la causa $LIBRA, la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores. Tras su sobreseimiento, por una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dijo que no descartaba tomar acciones legales. En diálogo con Radio Mitre, el mandatario reiteró que la cobertura de la causa judicial fue una "operación" y dejó abierta la puerta para iniciar acciones legales contra aquellos periodistas que siguieron el caso. Durante el programa de Gabriel Anello, Milei apuntó contra LA NACION y atacó directamente a su director Fernán Saguier. También trató repetidas veces de "delincuente" a Alconada Mon. Fue en la misma línea que su discurso del viernes por la noche en la Fundación Faro, donde enumeró a una serie de periodistas que cubrieron el caso -Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio- y los trató de "ensobrados y corruptos". Segundos después, advirtió: "Sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".Este sábado continuó con los ataques. "A mí me estuvieron ensuciando desde los medios de comunicación durante un año, ocho meses y nueve días. Concretamente el grupo LA NACION, bajo responsabilidad total y absoluta de Fernán Saguier, que amparó al delincuente de Hugo Alconada Mon diciendo mentiras durante todo este tiempo. Alconada Mon mentía sobre las cosas que pasaban en Estados Unidos. Ese mismo material se lo hacía llegar yo mismo a Saguier para tomar notificación de que estaba siendo calumniado, injuriado, manchado mi honor por un delincuente y aún así lo siguió", arremetió.Y acusó: "El problema era que LA NACION tenía una deuda fiscal y usaban esto para extorsionarme y presionarme. La deuda del Movistar [Arena]. Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor e intentar hacer un golpe de Estado". Luego, vinculó la cobertura mediática con la creación de la Comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso de la Nación. "Todas estas mentiras que se elaboraron, lo cual es una irregularidad institucional enorme, crearon la comisión del caso $LIBRA. ¿Desde cuándo el Congreso se tiene que dedicar a juzgar? Es un escándalo institucional enorme, es un avance sobre los poderes del Congreso respecto a la Justicia. Es un disparate institucional y además con operadores políticos que también trabajan en el diario LA NACION, con responsabilidad de los Saguier armándole causas a personas inocentes para extorsionar. Es un escándalo de una gravedad enorme", atacó.Al ser consultado sobre si tomará acciones legales tras su sobreseimiento, aseguró: "Lo tengo que evaluar con mis abogados porque es un escándalo de proporciones mayúsculas. Es una extorsión. Buscan generar caos, ensuciar la figura del Presidente y generar un golpe de Estado para intentar conseguir favores políticos".Y ante una pregunta de Anello sobre si el objetivo detrás de la cobertura de LA NACION era "que se caiga la causa sobre la deuda del Movistar Arena", Milei contestó: "Exactamente, ese era el móvil".También atacó a los "editorialistas" de este medio, en particular al periodista Joaquín Morales Solá. "Habría que leer las cosas que escribían sobre cómo tenía que ser el orden de la caída institucional. Veamos la pluma del otro delincuente de Joaquín Morales Solá. Cuando yo manifesté la corrupción del grupo Techint y le dije a Rocca 'don chatarrín de los tubitos caros', una de las plumas de Saguier salió a defender a Rocca cuestionando mis formas, como si fueran más graves que un acto de corrupción que perjudicaba a todos los argentinos", apuntó.La visita del papa León XIVEl Presidente se refirió a la recuperación del Sumo Pontífice y la reciente noticia de que no tendrá que realizar ningún tratamiento tras su operación de cáncer de pulmón. La información movió las esperanzas en la Argentina de que se concrete la visita planificada para el 7 de noviembre. "Lo importante es que se recupere y esté bien. Si bajo esa premisa puede venir a la Argentina, alegría, bendiciones, maravilloso, aleluya", afirmó. Luego, volvió a criticar a la prensa y aseguró que "hay periodistas que no quieren que venga". "Que el Papa venga a la Argentina y que sea en el gobierno que a mí me toca liderar, es un accidente histórico", sumó.También brindó elogios para el papa Francisco por no haber vuelto a la Argentina. "Me hace admirarlo más", aseguró. Y explicó: "No tengo dudas de que él quería venir. No vino porque sabía que iba a generar un terremoto político. Fíjese su grandeza que, siendo un Papa tan carismático y popular, no volvió a su tierra. Y yo creo que lo hizo por amor a su tierra". Su viaje a España y las elecciones en BrasilMilei habló de su polémico viaje al país, donde no fue recibido por el rey Felipe VI, y atacó a periodistas españoles. "Hay algunos imbéciles que creen que yo fui a buscar una foto. No hago política en el formato tradicional. Creer eso es propio de un estúpido y un imbécil. No pienso en esos términos. Donde yo considero que hay un lugar para dar una batalla por las ideas de la libertad, yo la voy a ir dar", expresó. Luego, volvió a criticar al mandatario español, Pedro Sánchez, como hizo en los últimos días: "España hoy está al frente de un liberticida, en un momento bisagra. Todos los desmanes habidos y por haber que puede hacer un tiranuelo, lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez. Él, su mujer, y todos los delincuentes que lo rodean. Es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea". También se refirió al balotaje en Brasil, donde se enfrentarán Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, y criticó al actual presidente. Acusó a Lula de ser un "ladrón, mentiroso y corrupto" y quien "levanta las mentiras con quien operan y mienten".
El CTI de la Fiscalía ingresó al centro penitenciario y uno de los señalados por las autoridades es el director del lugar, para definir el origen de esa cantidad de dinero
Dirigentes de todo el arco opositor condenaron los dichos que el presidente Javier Milei pronunció anoche, cuando afirmó que "se tienen que quemar en la hoguera" los "hijos de puta" y, entre ellos, nombró a distintos periodistas, tras haber sido sobreseído en la causa $LIBRA. Referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y Pro, entre otros, expresaron su repudio y su solidaridad con la prensa. Incluso, hubo representantes del oficialismo en el Congreso que también se atrevieron a desmarcarse del feroz ataque de Milei contra los periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. Consultada por LA NACION, la diputada libertaria Silvana Giudici, un alfil de Patricia Bullrich, sostuvo: "El trabajo de los periodistas es investigar, disentir, publicar información, incluidas sus opiniones e ideas con absoluta libertad"."Eso he defendido siempre, creo en la prensa como factor de equilibrio y contrapeso del poder", agregó Giudici, referente de Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Durante su discurso en la Fundación Faro, el mandatario sostuvo que la causa fue "utilizada políticamente por sectores de la oposición" y por "el grupo LA NACION y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos". A continuación enumeró a algunos de los periodistas que cubrieron el caso (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) y los trató de "ensobrados y corruptos". En tono desafiante, agregó: "Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron".Segundos después, alzando la voz, advirtió: "¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".Las cámaras mostraron a altos funcionarios del Gobierno sonriendo y aplaudiendo ante los dichos de Milei: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; Horacio Marín, titular de YPF; y el diputado Luis Petri, entre otros. La senadora Bullrich, que viene marcando cada vez más distancia con Milei y ha defendido la libertad de prensa en distintas oportunidades, optó por tomar de su copa y evitó el aplauso.Las declaraciones del Presidente desataron fuertes críticas de dirigentes de la oposición.Los diputados nacionales de Unión por la Patria Pablo Yedlin, Cecilia Moreau, Sabrina Selva, Nicolás Trotta y Juan Grabois, pertenecientes a distintas ramas del peronismo, se pronunciaron en las redes sociales. Desde el massismo, Moreau comentó: "Intolerable y peligroso". Ante la consulta de LA NACION, la legisladora agregó: "Me parecieron declaraciones muy graves y preocupantes. El Presidente volvió a demostrar, una vez más, lo mal que se lleva con la democracia y con sus pilares fundamentales, en este caso la libertad de prensa".LA SEÑAL QUE ESTABAN ESPERANDO LOS MERCADOSCon el riesgo país en el máximo del año y después de burlarse de la gente que no llega a fin de mes, Milei se para sin vergüenza en el atril y dice "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".Es uno de losâ?¦ pic.twitter.com/jvXXyIWU8U— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 24, 2026La Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió, salió en bloque a condenar los ataques. El presidente del partido y titular de la bancada en Diputados, Maximiliano Ferraro, que presidió la comisión especial investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, tildó a Milei de "sinvergüenza" y manifestó su solidaridad con la prensa.Su par Mónica Frade escribió: "La hoguera la lleva en su interior y lo está quemando. Será cenizas en un año".En esa línea, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, calificó el hecho de "una enorme gravedad institucional". "Milei utilizó una figura que nos retrotrae a la Edad Media en la que se condenaba a morir en el fuego de una hoguera al que pensaba diferente", puntualizó el intendente de Venado Tuerto.Y continuó: "Este tipo de comportamiento nos debe llevar a preguntarnos si es posible una convivencia democrática si todos toman su ejemplo y degradan con ese nivel de violencia a quienes cumplen con el trabajo de informar".Entre tanto, el diputado radical Pablo Juliano planteó: "Es uno de los peores ataques al periodismo desde la vuelta de la democracia. Toda mi solidaridad con los periodistas atacados. Cuidado, presidente. Quien siembra vientos cosecha tempestades".Los gobernadores de la UCR, en medio de negociaciones con el Gobierno por posibles acuerdos electorales, no se pronunciaron al respecto.Desde el Partido Socialista, el diputado Esteban Paulón lo calificó de "desquiciado, desequilibrado, temerario".DesquiciadoDesequilibrado Temerario Tomen nota todos los empresarios que pagan cientos de miles de dólares para devolver favores al gobierno a través de la Fundación Faro.Esto se va a terminar. Y nos vamos a acordar. pic.twitter.com/dMG24HRiPD— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 24, 2026También desde la Coalición Cívica, el legislador porteño Facundo Del Gaiso afirmó que a Milei "se lo recordará por los insultos contra los periodistas", y el exlegislador de la Ciudad Hernán Reyes sostuvo: "Estamos naturalizando que nos gobierne un energúmeno". Y se preguntó: "¿Cuánto falta para que la violencia pase del dicho al acto? ¿Quién garantiza que no cruce ese límite?".Críticas del macrismoDesde sectores más cercanos al oficialismo, aliados de La Libertad Avanza en el Congreso criticaron al Presidente. El jefe del bloque Pro en el Senado, Martín Goerling, dijo a LA NACION: "Me parece un despropósito y una locura. Viniendo de la máxima autoridad institucional de la Argentina, tiene que cuidar ese tipo de expresiones. Mi solidaridad con todos los periodistas insultados de esa manera y, por supuesto, no comparto las formas ni el fondo ni la manera en que se dirige el Presidente".El senador macrista planteó que Milei debería "enfocarse en cuestiones importantes que necesita la Argentina, en la gente que está necesitando respuestas urgentes a muchas cuestiones del día a día". El jueves último, el partido que lidera Mauricio Macri difundió un comunicado en el que abogó por defender la libertad de prensa y mantener "el respeto por quienes piensan distinto", luego del día de furia del Presidente en Madrid, donde insultó a Pedro Sánchez y a periodistas españoles. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Macri ni otras autoridades partidarias se habían expresado para repudiar los dichos de Milei. El diputado Oscar Zago, titular del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, afirmó a LA NACION: "Se va de mambo. No puede ser que cada uno que piense diferente sea una bosta, una mierda humana, ahora hay que quemarlos en la hoguera. Alguno le tiene que decir 'basta, terminémosla', porque siempre tiene una vuelta de más".Las reacciones en el PJ"Quienes aplauden como focas la amenaza de quemar en la hoguera (llamativo el método inquisicional elegido) a periodistas son corresponsables de avivar las llamas", escribió el tucumano Yedlin, en alusión al auditorio que celebró los dichos del Presidente.Algunas cosas que quedan cada vez más claro, Nada Marcha de Acuerdo al plan (#NMAP) y los nervios se notan.El poder judicial de Argentina se debe una fuerte reforma, nadie que haya leído la causa $Libra puede sobreseer sin llamar a declarar a NADIE a estos impresentables. Acáâ?¦ pic.twitter.com/9sxCGReIsx— Pablo Yedlin (@pyedlin) October 24, 2026Por su parte, Grabois dijo a LA NACION: "Existe una práctica sistemática de abuso de poder con la que Milei va rompiendo cada día los límites de un estado democrático en una constante apología a la violencia contra los colectivos que le molestan. Es un método que se alimenta de complicidades, aplausos y silencios".El dirigente social consideró que se trata de "un método fascista con amparo del poder económico e impunidad judicial". "Es lisa y llana persecución", señaló. Además, Grabois sostuvo que la "naturalización" de los insultos por parte de la "cúspide del poder" tendrá "consecuencias muy graves para la cultura democrática argentina". "Estamos en peligro de que nuestro país se convierta en una colonia bananera bajo un régimen autoritario", advirtió.
El presidente volvió a cargar contra la prensa tras la decisión del juez federal Martínez de Giorgi de cerrar la causa del criptoescándalo.
El presidente volvió a cuestionar a medios y periodistas por informar sobre el expediente por presunta estafa, cerrado ayer por la justicia federal. Habló de "operación" y dijo que evaluará acciones legales con sus abogados. Leer más
Un niño desaparecido. Una familia desesperada. Una provincia sacudida por acusaciones políticas de extrema gravedad. ¿Quién cobró por investigar y dónde están las pericias? Leer más
El balance epidemiológico emitido por las autoridades confirmó un marcado repunte de cuadros venéreos bacterianos, con una incidencia récord en el litoral caribeño que duplica los promedios globales del país
Un incremento en denuncias de mala conducta sexual en el Congreso llevó a crear un grupo de trabajo liderado por dos legisladoras, buscando reformas urgentes.El grupo propone ampliar prohibiciones de relaciones entre personal y simplificar el proceso de denuncias, con recomendaciones esperadas antes de fin de año.
La causa judicial finalizó con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y otras nueve personas, tras el aval del juez Marcelo Martínez de Giorgi al dictamen del fiscal.El expediente se cerró luego de un año y medio sin tomarle declaración a ninguna de las partes involucradas ni a funcionarios.
El Ministerio de Gobernación revisará la estructura policial tras las irregularidades en el procedimiento. El director general David Custodio Boteo confirmó que varios efectivos y el jefe de la Comisaría 13 fueron apartados de sus cargos, mientras la Inspectoría General inició pesquisas administrativas internas
La Libertad, Piura y Lambayeque concentran la mayor cantidad de contagios, mientras las autoridades intensifican las visitas domiciliarias para eliminar criaderos del mosquito