El gobierno presentó una apelación y participará en una audiencia citada de forma urgente por la jueza estadounidense. Evalúa otros recursos en el sistema judicial norteamericano ante el reclamo millonario del fondo Burford
Desde hace una década, Colorado y los servicios de streaming tienen una disputa por el pago de impuestos. El Tribunal de Apelaciones del estado concluyó el pasado 3 de julio que Netflix entra en la definición de "propiedad tangible" y, por lo tanto, debe estar sujeto al impuesto sobre ventas. Este falló podría verse reflejado en el incremento de costo del servicio para los usuarios.Las razones por las que Netflix podría subir sus precios en ColoradoEl servicio de streaming y el Departamento de Ingresos de Colorado buscaron ponerle fin a un debate que inició hace 10 años: ¿Netflix vende un producto tangible y, por lo tanto, debe pagar impuestos? Así lo reportaron medios locales, como CPR News.En Colorado, la ley que define qué bienes están gravados es la Emergency Retail Sales Tax Act (Ley de impuesto sobre las ventas minoristas). Esta norma entró en vigor en 1935, es decir, 72 años antes de que Netflix se convirtiera en un servicio de streaming, en 2007.Aunque Netflix lleva una década con el argumento de que esa ley no aplica a su servicio porque no es algo palpable, el juez Matthew Grove dictaminó que las suscripciones sí son tangibles después de interpretar y adaptar el estatuto al tiempo presente."Dejar de lado casi un siglo de práctica histórica simplemente porque los avances tecnológicos han alterado la forma específica de entrega, mientras que el producto en sí mismo ha permanecido prácticamente inalterado, es un paso que no estamos dispuestos a dar", concluyó el juez Grove, según Courthouse News Service.Qué dice la ley de Colorado sobre los productos que deben pagar impuestosDe acuerdo con el Departamento de Ingresos de Colorado, el estado aplica un impuesto sobre todas las ventas minoristas de bienes personales y tangibles.El debate en el tribunal giró en torno a si la suscripción a un servicio de streaming es algo tangible. Esa era la característica decisiva para definir si Netflix debía pagar impuestos o no.Como informó CPR News, Netflix argumentó que, para que un producto sea tangible, la gente debía percibirlo con la vista y el tacto.Por el otro lado, el Departamento de Ingresos dijo que tangible hace referencia a la propiedad personal que puede ser percibida por cualquiera de los sentidos.La corte comparó el caso de Netflix con el de otros productos, como los libros electrónicos y las ediciones digitales de periódicos impresos, según Courthouse News Service. Ambos ejemplos sí están sujetos a impuestos en Colorado, en concordancia con la ley.En el fallo a favor del Departamento de Ingresos, el juez Grove escribió: "La evolución de la definición de 'bienes corporales' es necesaria, según la opinión del tribunal, porque gravar únicamente las cosas que se pueden tocar excluiría todo lo que se vende digitalmente, desde fotos hasta música y revistas".Hasta el momento, Netflix no emitió su postura después de la resolución, ni anunció si esta decisión impactará en el costo para los usuarios en Colorado.Según la firma de abogados Clark Hill, el fallo podría sentar un precedente para que otros servicios de suscripción en el estado y también en el país. Netflix y Colorado tienen una disputa por impuestos desde hace diez añosEl conflicto legal entre Netflix y Colorado empezó en 2015. Hace diez años, el Departamento de Ingresos acusó al servicio de streaming de deberle 8.5 millones de dólares en impuestos al estado, según reportó el medio Colorado Politics.En 2021, la agencia especificó que Netflix sí debía pagar impuestos porque, aunque el streaming como tal no es un bien, las series y películas que reciben los usuarios sí lo son.Ese año, Netflix le pagó impuestos a Colorado, pero después pidió que le fueran reembolsados. La agencia rechazó su petición y la empresa levantó una demanda.De acuerdo con Colorado Politics, en 2024 el Tribunal de Distrito de Denver falló a favor de Netflix.La jueza Sarah B. Wallace estuvo de acuerdo con el argumento de que los bienes tangibles son aquellos que pueden ser tocados, por lo que las suscripciones de streaming no debían gravarse. Pero todo cambió con el último fallo.
En CABA conviven dos órdenes judiciales: la justicia provincial y la nacional. "La Corte Suprema exhorta desde hace una década a los gobiernos de la Nación y la Ciudad a continuar con el traspaso de los fueros ordinarios al PJ porteño", sostiene el autor. ¿Por qué no se cumple? Leer más
El Gobierno solicitó esta tarde ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la suspensión de la sentencia de Loretta Preska que ordena transferir el 51% del paquete accionario de la petrolera antes del 15 de julio. Los argumentos que dieron los abogados del país
Durante la Comisión de Seguimiento Electoral, el ministro del Interior aseguró que los cuestionamientos llevaron a que la Registraduría ofreciera respuestas concretas
En sus redes sociales, Sebastián Marill, especialista de Latam Advisors que sigue la evolución del tema, comentó la noticia en sus redes. En qué situación se encuentra el litigio. Leer más
La batalla por la ciudadanía en Estados Unidos dio un giro importante este jueves, con la suspensión de un juez federal de New Hampshire
El gobierno de Javier Milei apeló este jueves la decisión de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos -Burford y Eton Capital- que ganaron el juicio por la expropiación de la compañía petrolera.La decisión fue difundida por Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.ð???Argentina no espera decision Juez Preska y apela fallo que obliga al país entregar las acciones de YPF. ð???Argentina didn't wait for Judge Preska to decide on motion to stay and has appealed the turnover ruling. pic.twitter.com/ykKdieaYaj— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 10, 2025El origen de la disputaBurford Capital -el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso tomó control de YPF tras aprobar la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, que en ese entonces era accionista mayoritaria. En total, se desembolsaron US$5371 millones, pero los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para vender el resto de las acciones al Estado argentino, a la vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. Esto, argumentan los demandantes, provocó una caída en el valor de sus acciones. En este contexto, la jueza Preska determinó en primera instancia que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país debe pagar una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.Noticia en desarrollo
De esta forma, el Gobierno no esperó la respuesta a los dos escritos presentados por la Procuración del Tesoro para que se suspenda el fallo.
La gestión de Javier Milei está furiosa con lo que considera "buitres domésticos", asegura que no negociará con Burford y que pedirá apoyo oficial a EEUU. Cómo sigue la estrategia
Aunque logró alcanzar la órbita y completó la reentrada de forma controlada, los paracaídas no se desplegaron antes del aterrizaje, lo que provocó el impacto de la cápsula en el océano Pacífico
Los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron al Estado argentino por la expropiación de YPF, presentaron hoy un escrito en conjunto ante la Justicia estadounidense para oponerse al pedido de suspensión del fallo que ordena al país transferir el 51% de las acciones de la petrolera.La semana pasada, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y le ordenó entregar su participación en YPF en un plazo de 14 días, de los cuales ya pasaron ocho. El Estado argentino respondió al día siguiente con un escrito en el que anticipó que presentará la apelación en los próximos días.Ante este escenario, la defensa de los demandantes acusó al Gobierno de seguir intentando postergar el cumplimiento del fallo. "La República logró demorar con éxito la sentencia durante más de ocho años y ahora ha aplazado su cumplimiento durante casi dos años más, sin que se haya concedido una suspensión. Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal", dijeron los abogados de los demandantes.En su escrito, los fondos citaron como ejemplo los proyectos de ley presentados la semana pasada en el Congreso por dos diputados â??Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federalâ?? y dos senadores â??los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blancoâ?? que buscan blindar el traspaso.También mencionaron declaraciones del gobernador bonaerense y exviceinterventor de YPF, Axel Kicillof, quien en una conferencia de prensa afirmó que solo los "tontos" creerían en las promesas de la oferta pública de adquisición (OPA) que, según el fallo de Preska, el Estado debió lanzar cuando expropió la compañía. "Calificó las decisiones de la Corte como 'disparates jurídicos' y 'absolutamente absurdas', y dijo que 'los vientos de privatización están soplando de nuevo'", indicaron los demandantes.Por estos motivos, Burford y Eton Park â??el otro fondo demandanteâ?? pidieron a la Justicia estadounidense que no conceda la medida cautelar. Solicitan que se concrete el traspaso de acciones o, en su defecto, que cualquier suspensión quede condicionada al pago de una fianza, según el escrito firmado por Paul D. Clement, abogado de los demandantes."La defensa de los fondos presenta de forma errónea supuestas pruebas del daño que les causaría la suspensión. Por ejemplo, sostienen que un borrador de proyecto de resolución presentado por Pichetto y Agost Carreño, que menciona la vigencia de la prohibición legal de transferir las acciones expropiadas sin previa aprobación del Congreso, es en realidad un 'proyecto de ley ingresado la semana pasada'", opinó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro."Desde luego, mucho más daño le causaría a la Argentina que no se suspendan los efectos de la orden, mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York aún no resolvió el recurso presentado por el país. Esa sentencia condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones a Burford y podría ser revocada. Si Preska rechaza la suspensión, la defensa argentina pedirá a la Cámara que la conceda", agregó.Mientras tanto, se espera que la defensa argentina presente la apelación contra la orden de Preska. En paralelo, el Estado ya había apelado el fallo de primera instancia sobre la expropiación de YPF, que lo obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.Las tres partes â??la Argentina, YPF y los fondosâ?? ya presentaron todos los escritos requeridos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ahora aguardan la conformación del panel de tres jueces que resolverá la fecha de la audiencia en la que se tratará el caso, que podría celebrarse en los próximos meses.Los fondos Burford y Eton Park también apelaron con el objetivo de que YPF sea incluida como responsable de la estatización, mientras que el Estado argentino pidió revisar la sentencia.La semana pasada, el Gobierno presentó un escrito ante la jueza Preska en el que solicitó suspender la orden hasta que la Cámara revisora se expida sobre el fondo del asunto. Paralelamente, avanza en la preparación de esa apelación, que será presentada antes de mediados de mes.El fondo Burford Capital le compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen -que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF- entraron en quiebra.
El cantante tiene una entrañable amistad con su excompañera de 'Timbiriche'
Los fondos Burford Capital y Eton Park solicitaron a la jueza rechazar el pedido de suspensión que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera. Iniciativas de repudio en el Parlamento y críticas del gobernador al proceso judicial. Antes había sido Brainbridge, que reclama por bonos en default desde el 2001
A pesar de que han transcurrido once días desde que el alto tribunal anuló la intervención estatal, la falta de notificación oficial del fallo ha impedido que Keralty retome la administración
El piloto está imputado de haber causado peligro al aterrizar en una cancha de polo del barrio "La Herradura", en Pinamar, en medio de una actividad deportiva con público. Una Cámara Federal lo sobreseyó pero Casación ordenó un nuevo fallo
El Tribunal Oral Federal absolvió a Aída Ayala en la causa por presunta defraudación al Estado. La exintendenta criticó al radicalismo chaqueño y la Fiscalía anticipó que apelará el fallo. Leer más
El dólar al público terminó a $1.260 en el Banco Nación y el dólar mayorista avanzó a $1.240, máximos desde la eliminación de los controles cambiarios. El ADR de la petrolera perdió 3,2% en Wall Street
Tras la decisión judicial que ordena ceder el 51% de las acciones, Horacio Marín aseguró que la medida perjudica al Estado argentino, pero no a la compañía que conduce. Leer más
Horacio Marín aseguró, además, que el precio de la nafta no va a modificarse por la decisión judicial tomada en Estados Unidos. Además habló de la "uberización" de las estaciones de servicio
La abogada y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y presidenta de la Comisión Directiva del CELS, María José Guembe, recordó en la 750 su formación y los obstáculos que hubo que sortear hace dos décadas para avanzar en las condenas por lesa humanidad.
La Cámara de apelaciones avaló el decreto de Gustavo Valdés que reglamentaba las "adhesiones materiales" para los comicios del 31 de agosto. Leer más
La Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana sostuvo que los contenidos generados causan el mismo daño que los reales. A partir de un caso por distribución de material sexual de menores, una jueza afirmó que "basta una simple observación" para identificar a los niños. Leer más
Un minucioso análisis del fallo injusto de la jueza Loretta Preska
El economista Cristian Folgar advirtió que el estatuto de YPF impide adquirir el 51% de la empresa estatal. Según el reglamento, se puede tener menos del 15% o el 100%. Leer más
La Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana consideró que las fotos y videos generados con IA son igualmente de dañinas que las reales.La Justicia consideró que este tipo de contenido -artificial- llevaría a "normalizar la pedofilia".
Ingresaron proyectos de declaración en Diputados y el Senado. El radicalismo, el peronismo y los provinciales acompañan, mientras LLA y el PRO definen su posición
La Corte Suprema dictó ayer un fallo clave en favor de las herederas de la actriz Beatriz Salomón, quien denunció que fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico que tenía como protagonista a su entonces marido. Tras conocerse la noticia, Bettina Salomón y Noelia Ferriols, las hijas de la exvedette, celebraron la decisión de la Justicia con un breve y emotivo texto que le dedicaron a su mamá y que compartieron, de forma conjunta, en sus redes sociales. "Hoy es un día especial mamá, me gustaría que estés presente .. después de todo lo que sufriste y te tocó vivir. Por fin hay buenas noticias. Desde donde estés estás haciendo justicia por todo el mal que hicieron", fueron las palabras que las dos jóvenes decidieron publicar en sus cuentas de Instagram junto al fallo. Las chicas, además, le dedicaron un párrafo a la abogada que las representa, Ana Rosenfeld. "Muchas gracias Ana Rosenfeld por todo lo que hiciste por nosotras en estos años y por seguir estando", completaron. View this post on Instagram A post shared by Noe Ferriols Salomon (@noeferriolss)Un fallo que las volvió a unirEn abril de 2022, cuando Bettina decidió denunciar ante la Justicia a Alberto Ferriols, su papá, por amenazas, la relación entre las hermanas se resintió. Fue la periodista Andrea Taboada, en LAM, quien reveló el enfrentamiento: mostró un chat entre ellas donde Bettina le reclamaba por alguna de sus cosas que habían quedado en su casa. "Podés venir a casa que no va a haber nadie. ¿Y pensás que nos hace bien todo este escándalo?", le preguntaba Noelia a Bettina. "A vos nunca te importó cómo yo me sentía, mientras vos estuvieras bien, ya estaba, pasando por encima todo lo que pasó, sabiendo todo igual te pusiste de su lado", fue la respuesta de Bettina. "¿Cómo te hace quedar eso? Se supone que eras mi hermana. Eso demuestra tu falta de querer y carácter, vos misma me decías que la pasabas mal. Los tíos no me hicieron daño, al contrario, siempre que pasaba algo con Alberto vos veías cómo me retorcía del dolor y no te importó. Tu padre fue el que me hizo daño, no los tíos y lo sabés", sumó. Un año después, Bettina protagonizó un extenso mano a mano con Socios del Espectáculo. Durante la charla, habló de su relación con Noelia. "Estuve hablando mucho con la psicóloga, y cuando pasó todo esto creo que la juzgué muy mal a mi hermana. Ella no tiene la culpa de nada ni tampoco de ponerse del lado de él. Es una situación muy difícil. Somos tres, dos nos estamos peleando y uno queda en el medio. Y en parte la entiendo", reconoció Bettina.En este sentido, la joven reveló que antes eran mejores amigas y que hoy quiere volver a eso. Incluso aseguró que la extraña mucho. "Somos dos polos opuestos que se complementan", expresó y agregó: "Cuando mi mamá estaba nosotras éramos uña y mugre, pero pasó todo esto y mi mamá estaría medio decepcionada de nosotras dos, de que nos estemos llevando así. Ella siempre halagaba que éramos buenas hermanas y ahora siento que estaría muy orgullosa de nosotras, aunque sea por separado".Ayer, en el posteo que Noelia compartió en su cuenta de Instagram, Bettina dejó un mensaje que llamó la atención y conmovió a todos los que quieren que las hermanas sean unidas. "Estamos juntas", escribió junto a un corazón rojo y un emoji de abrazo.El fallo que celebraron las hijas de SalomónEn octubre de 2004, la actriz fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico de Punto Doc, ciclo emitido por América TV, donde su pareja, el médico Alberto Ferriols, había sido grabado por una cámara oculta, teniendo "trato sexual" con una paciente travesti durante una consulta médica para una cirugía estética.Si bien tanto Salomón como Ferriols recibieron una indemnización por el daño a su intimidad y honor, en las últimas horas el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra el canal América TV y los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura, responsables del programa Intrusos en la Noche que se emitió un rato después de Punto Doc y al que asistieron invitados la actriz y su pareja. "Las escenas sexuales del esposo de la actora exhibidas en la cámara oculta resultaron ajenas a la actividad por la cual ella â??popular actrizâ?? adquirió notoriedad y carecían de interés general, por lo que constituyeron una intromisión en su intimidad", sostuvo la sentencia tras la apelación de Salomón en 2019. "Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia", sostuvo la presentación.
El Comité Nacional y el senador Maximiliano Abad alertaron sobre los efectos institucionales y económicos del fallo del tribunal de Nueva York
En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo clave en favor de las herederas de la actriz Beatriz Salomón. En octubre de 2004, la actriz fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico de Punto Doc, ciclo emitido por América TV, donde su pareja, el médico Alberto Ferriols, había sido grabado por una cámara oculta, teniendo "trato sexual" con una paciente travesti durante una consulta médica para una cirugía estética. Si bien tanto Salomón como Ferriols recibieron una indemnización por el daño a su intimidad y honor, en las últimas horas el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra el canal América TV y los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura; responsables del programa Intrusos en la Noche que se emitió un rato después de Punto Doc y al que asistieron invitados la actriz y su pareja . "Las escenas sexuales del esposo de la actora exhibidas en la cámara oculta resultaron ajenas a la actividad por la cual ella â??popular actrizâ?? adquirió notoriedad y carecían de interés general, por lo que constituyeron una intromisión en su intimidad", sostuvo la sentencia tras la apelación de Salomón en 2019. "Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia", sostuvo la presentación.Según declaraciones de la propia Salomón, ella "nunca consintió la exposición de aspectos de su vida íntima" sino que "fue invitada al programa Intrusos en la noche, junto con su entonces esposo, para hacer una defensa sobre supuestas operaciones ilegales realizadas en el consultorio médico, siendo el propósito subyacente de los demandados filmar en forma oculta y artera la reacción de la pareja ante las escenas del cirujano teniendo trato sexual con una persona travestida".La noche DLa noche del 6 de octubre de 2004 significó un antes y un después en la vida de Beatriz Salomón. Por ese entonces, la "exchica Olmedo" se encontraba disfrutando de un momento pleno. Mientras que en el plano profesional brillaba en el teatro, en el personal estaba feliz con la familia que había formado junto al cirujano plástico Alberto Ferriols y sus dos niñas adoptadas, Bettina y Noelia. Sin embargo, de un momento a otro, todo se desmoronó.Esa noche de primavera, Salomón y Ferriols habían sido invitados a Intrusos de Noche, ciclo conducido por Jorge Rial y Luis Ventura. ¿El motivo? Punto Doc -programa periodístico producido por Cuatro Cabezas y conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin- iba a emitir un informe sobre el médico y querían que ellos estuvieran ahí para ver en vivo su reacción. Según se señaló, la exvedette se había enterado que el ciclo iba a tener a su marido como protagonista y, pensando que se trataba de una denuncia de mala praxis, le solicitó al ciclo de chimentos un espacio para tener su derecho a réplica. Sin embargo, nunca imaginó que el informe iba a hacer foco en la vida sexual de Ferriols, mostrando cómo el cirujano le ofrecía sus servicios a una travesti a cambio de recibir favores sexuales. "Me citaron a mí y a mi exmarido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía", dijo Salomón, muchos años después, en una entrevista radial.Tras la exposición mediática de la que fue víctima, la actriz decidió separarse de Ferriols e iniciar una demanda múltiple por daño moral, intromisión en su vida privada y pérdida de chance profesional. Según ella, esa cámara oculta a su pareja dañó completamente su imagen artística, motivo por el cual las ofertas laborales empezaron a escasear y las deudas crecieron. También, aseguró ser parte de una "lista negra" que la mantuvo vetada de todos los programas producidos y emitidos por América TV.Justicia después del infiernoDoce años después de aquella noche imborrable en la historia de la televisión, el Juzgado Civil 40 falló a favor de Salomón, y condenó a la productora Eyeworks Argentina (ex Cuatro Cabezas), al canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin. La actriz fue indemnizada con 14.593.551 de pesos, más los intereses generados a lo largo de esos años de litigio. En total, la suma a desembolsar ascendía a los 30 millones de pesos."Después de 12 años de mucho dolor, donde pasé de todo, empezando por la censura, todos hicieron una tragedia de mi vida, todo se convirtió en un infierno, todo lo que te pueda decir es poco. Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. (...) Yo estaba en el tope, y me bajaron de un ondazo. Sólo espero que estos sinvergüenzas no se atrevan a apelar", decía la actriz de Extinguidas tras conocer la resolución judicial de enero de 2017.Y lo que Beatriz tanto temía sucedió. A fines de mayo de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, Tognetti, Lewin, Rial y Ventura, al considerar que no había prueba suficiente para culpabilizarlos. Del mismo modo, bajó el monto con el que Eyeworks tenía que indemnizar a Salomón: lo estableció en 600 mil pesos -con intereses, unos 3 millones de pesos- , pero le exigió que pague todas las costas del juicio."Esto representa un golpe muy fuerte para Beatriz. Nos duele porque es una lucha que llevamos adelante desde hace 14 años para que se reconozca no sólo el daño moral que se le ocasionó, sino también la pérdida de chance profesional a la que se vio expuesta", le explicó su abogada Ana Rosenfeld a LA NACION por ese entonces. Nueva apelación y triunfoEn 2019, antes de fallecer debido a un cáncer de colón, Salomón decidió apelar llevando el caso a la tercera y última instancia posible, la Corte Suprema de Justicia. Que América TV, Rial y Ventura también paguen por el daño sufrido fue su pedido. "Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia", sostuvo la presentación por aquel entonces. A su vez, se remarcó que "al día siguiente del show destructivo, el programa Intrusos en la Noche reiteró la difusión de aquellas escenas sexuales y de la reacción de ella y de su exmarido al conocerlas, violentando nuevamente su derecho a la intimidad". También se hizo hincapié en el daño sufrido por sus hijas, frente a "una burda intromisión en la vida privada familiar".Este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le dieron la razón a Salomón: "Un examen adecuado de las circunstancias comprobadas de la causa permite concluir tanto que los mencionados demandados se entrometieron también en la intimidad de la actora causando más daño, como en la inexistencia de un claro e indubitable consentimiento de su parte que pudiese justificar dicha intromisión", advirtió el fallo que firmó recientemente la Corte Suprema."En el supuesto particular de los personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares â??como es el caso de la actoraâ??, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos a sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión", se afirmó en este fallo que es clave porque fija estándares para analizar cómo juegan entre sí los derechos de libertad de expresión, el interés público y el derecho a la intimidad.Hoy, 21 años después de esa noche en la que la vida de Beatriz Salomón cambió para siempre, sus hijas Bettina y Noelia recibieron justicia por el daño y hostigamiento mediático del que fue víctima su familia.
El productor musical seguirá detenido a la espera de la sentencia definitiva del tribunal federal
En un nuevo revés para la administración Trump, este martes, un juez de distrito falló a favor de miles de migrantes que podrán recuperar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La nación fue designada inicialmente para el beneficio en 2010 y en 2024 recibió una extensión que terminaba en febrero de 2026.Un juez federal impide poner fin al TPS de miles de haitianosEl juez de distrito Brian M. Cogan en Nueva York bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de terminar con el estatus para los haitianos antes de lo previsto. Asimismo, dictaminó que adelantar la expiración por al menos cinco meses es ilegal.La agencia federal decidió cancelar, a principios de este año, la extensión de 18 meses del TPS para Haití que había sido otorgada por la Administración Biden. La nueva fecha de finalización se estableció para el 3 de agosto de 2025.La opinión del juez establece que la decisión del DHS de terminar anticipadamente las protecciones legales viola el estatuto del programa, que requiere una cierta cantidad de notificación antes de reconsiderar una designación, de acuerdo con The Associated Press."Cuando el gobierno otorga un beneficio durante un período de tiempo fijo, un beneficiario puede razonablemente esperar recibir ese beneficio al menos hasta el final de ese período fijo", indica la sentencia.El fallo de Cogan agrega que la secretaria del DHS, Kristi Noem, "no tiene autoridad estatutaria ni inherente para anular parcialmente la designación de TPS de un país". "Su anulación parcial debe ser anulada por ser ilegal según la Ley de Procedimiento Administrativo", sentenció.El juez ordenó al gobierno federal mantener vigente la designación de Haití al TPS hasta al menos febrero de 2026, a menos que se cancele legalmente. "El fallo no impide que el DHS cancele la designación en el futuro, siempre que cumpla con los requisitos legales", indica CNN.El nuevo anuncio del DHS para cancelar el Estatus de Protección Temporal de Haití El pasado 27 de junio, el DHS anunció la terminación de la protección temporal para Haití. "La designación del TPS para el país vence el 3 de agosto de 2025 y la terminación entrará en vigor el martes 2 de septiembre de 2025â?³, señaló la agencia en un comunicado."Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal", declaró un portavoz del DHS. Acerca de los motivos, la comunicación indica que la situación ambiental en la nación ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos puedan regresar a casa sin peligro. "Tras consultar con socios interinstitucionales, la secretaria Noem determinó que las condiciones en Haití ya no cumplen con los requisitos legales del TPS", explica. El informe expresa que la decisión se basó en una revisión de las condiciones en Haití realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y en consulta con el Departamento de Estado. "Animamos a estas personas a aprovechar los recursos del Departamento para regresar a Haití, que pueden gestionarse a través de la aplicación CBP Home. Los ciudadanos haitianos pueden solicitar un estatus legal a través de otras solicitudes de beneficios migratorios, si cumplen los requisitos", precisan."Seguiremos luchando": demandantes se pronuncian ante el falloLa demanda fue presentada en marzo por nueve titulares de TPS haitianos y grupos de defensa, incluida la Asociación del Clero Evangélico Haitiano y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios 32BJ. El documento argumentó que la repentina reducción trastornó vidas y obligó a las familias a prepararse para la deportación mucho antes de lo esperado.Manny Pastreich, presidente del sindicato, describió el fallo como un "paso importante", pero dijo que la lucha no ha terminado. "Seguiremos luchando por los derechos de nuestros miembros y de todos los inmigrantes contra la Administración Trump, en las calles, en el trabajo y también en los tribunales. Y cuando luchamos, ganamos".
El especialista advirtió sobre el impacto fiscal del juicio en Nueva York y consideró "drástica" la posibilidad de entregar el 51% de las acciones de YPF. Leer más
A 21 años de la cámara oculta contra Alberto Ferriols que marcó la vida de la ex vedette, el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra América TV y los periodistas.. El reclamo, que fue iniciado por Salomón en vida, ahora es llevado adelante por sus hijas, Noelia y Bettina.
El operador de corredores de cambio, Gustavo Quintana, explicó que, "en los primeros días del mes siempre hay mayor demanda por dólar ahorro". Leer más
El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos para frenar el fallo de Preska. Sostiene que cumplir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF generaría un daño irreparable para el país. En paralelo en la Casa Rosada trabajan en la apelación sobre la cuestión de fondo, que se estima podrían presentar antes de mediados de mes.Kicillof defendió la expropiación de YPF. El gobernador bonaerense dio una conferencia de prensa para responder las críticas: "quieren hacer política y campaña electoral con esto", dijo el mandatario provincial. Cargó además contra la jueza Preska y sugirió que Milei tiene vínculos con el fondo Burford.Lula da Silva pidió permiso para visitar a Cristina Kirchner en su arresto domiciliario. La solicitud la planteó el abogado de la expresidenta. El mandatario de Brasil llega hoy a la noche al país y parte de regreso mañana después del mediodía, tras participar de la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro tempore. No está previsto que mantenga una bilateral con el presidente Milei.Donald Trump dijo que Israel aceptó un alto el fuego de 60 días en Gaza. El presidente estadounidense comunicó que aguarda una respuesta del grupo terrorista Hamas. "Espero que por el bien de Medio Oriente, Hamas acepte este acuerdo, porque no mejorará, solo empeorará", dijo Trump. El grupo terrorista tiene aún secuestradas a 50 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.Quedó definido el cronograma de los cuartos de final del Mundial de Clubes. Al Hilal y Fluminense, protagonistas de los dos batacazos de la última ronda, se enfrentan el viernes por un pase a las semifinales. Luego, en segundo turno, Palmeiras vs Chelsea. El sábado PSG se mide ante Bayern Munich, y más tarde Real Madrid contra Borussia Dortmund.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Luego de que la jueza de Nueva York Loretta Preska ordenara al país que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno presentó un escrito en el que pidió la "suspensión de la decisión".Se trata de un documento al que pudo acceder LA NACION, dirigido hacia el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la jueza Preska en donde la defensa argentina argumenta que la magistrada se "excedió en su jurisdicción" y que no "hay posibilidad material de expropiar las acciones".El fallo de la jueza de 76 años establece esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preska podría haber "consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo".La presentación completa del Gobierno"Distinguida Jueza Preska:En representación de la República Argentina (la "República"), me dirijo respetuosamente a Usted para solicitar una audiencia previa a la presentación de una moción, conforme a la Regla 62(d) de Procedimiento Civil Federal, tendiente a suspender la orden de este Tribunal, dictada el 30 de junio de 2025, que ordena a la República entregar sus acciones de YPF S.A. a los demandantes (Petersen ECF N.º 742; la "Orden de Entrega"), hasta tanto se resuelva la apelación de dicha orden o, en su defecto, para que se otorgue una suspensión provisoria que permita a la República solicitar la medida ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.Este Tribunal debería suspender la ejecución de la Orden de Entrega mientras se sustancia la apelación, en ejercicio de su facultad tradicional para garantizar la correcta administración de justicia (Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 421 (2009)). La moción cumple claramente con los cuatro requisitos para conceder una suspensión: (1) demostrar una probabilidad significativa de éxito en la apelación; (2) acreditar un daño irreparable si no se concede la suspensión; (3) probar que la suspensión no causará un perjuicio sustancial a la parte contraria; y (4) considerar dónde radica el interés público (Nken, 556 U.S. en 434). Estos factores se evalúan de forma flexible: más peso en un factor puede compensar otro (Thapa v. Gonzales, 460 F.3d 323, 334 (2d Cir. 2006)). Los dos primeros son los más determinantes (Nken, 556 U.S. en 434).Primero, la República tiene altas probabilidades de éxito en la apelación. Para cumplir este requisito, basta con demostrar la existencia de una cuestión legal seria y que el equilibrio de intereses pese claramente a favor de conceder la suspensión (In re 650 Fifth Ave. & Related Props., 2020 WL 3000382, en 2 (S.D.N.Y. 4 de junio de 2020) (Preska, J.)). La Orden de Entrega plantea cuestiones jurídicas complejas y relevantes, como el alcance del derecho común federal frente a la inmunidad soberana legal, puntos que el Segundo Circuito aún no abordó y sobre los cuales incluso el Gobierno de los Estados Unidos discrepa con el criterio de este Tribunal (Petersen ECF N.º 679, pág. 1). Específicamente, este Tribunal resolvió, entre otros puntos, que (1) la FSIA sustituye completamente al derecho común federal aplicable a la ejecución de bienes soberanos ubicados en el extranjero; (2) el requisito de la FSIA § 1610(a)(2) de que los bienes estén "en Estados Unidos" puede cumplirse si un tribunal ordena a un Estado soberano modificar su legislación para permitir la transferencia de dichos bienes al país; y (3) que las acciones de una sociedad extranjera se consideran "usadas para actividades comerciales en Estados Unidos" si la empresa realiza negocios aquí, aunque las acciones solo se ejerzan en su país de incorporación y sede principal (véase Orden de Entrega, págs. 15-20, 25).Segundo, la República sufrirá un perjuicio irreparable si no se concede la suspensión. La Orden de Entrega exige expresamente que la República ceda su participación controlante en la mayor empresa energética de Argentina, participación que el derecho argentino obliga a mantener como cuestión de interés nacional sustancial (véase Petersen ECF N.º 578-1, Ley de Expropiación de YPF, Art. 10). En términos generales, "la pérdida de una participación controlante en una sociedad puede constituir un daño irreparable para el cual no hay compensación adecuada en dinero" (Wisdom Import Sales Co. v. Labatt Brewing Co., 339 F.3d 101, 113, 114 (2d Cir. 2003)). Además, la Orden de Entrega supone que los fallos dictados en Petersen y Eton Park â??basados en la interpretación del derecho argentino por este Tribunal y actualmente en revisión por el Segundo Circuitoâ?? serán confirmados. Si los demandantes toman control de las acciones de YPF y proceden a venderlas â??tal como ya manifestaron su intención de hacerlo (Petersen ECF N.º 587, Réplica de los Demandantes, pág. 19)â?? "será imposible revertir la situación" (In re 650 Fifth Ave., 2020 WL 3000382, en 3).Tercero, los demandantes no sufrirán perjuicio por la suspensión, ya que esta mantendría el status quo mientras se resuelve la apelación ante el Segundo Circuito. La República no tiene intención ni facultad de vender sus acciones de YPF sin intervención del Congreso argentino. Esta exigencia legal elimina cualquier riesgo de disposición indebida de activos durante la apelación (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3). Asimismo, asegura que la suspensión respete la Regla 62(d), garantizando los derechos de la parte contraria.Cuarto, el interés público apoya claramente la suspensión, dada la gravedad y excepcionalidad de este caso. A diferencia de una disputa comercial ordinaria entre dos empresas (EJ Brooks Co. v. Cambridge Security Seals, 2016 WL 908633, en 2 (S.D.N.Y. 2 de marzo de 2016) (Preska, J.)), este litigio afecta la soberanía y el orden jurídico interno de Argentina. La Orden de Entrega obliga a un Estado extranjero a modificar o, en su defecto, infringir su propia legislación para transferir las acciones (véase Petersen ECF N.º 577, Oposición de Argentina a la Entrega, págs. 5, 7-8). Además, la medida tiene consecuencias inmediatas para YPF, empresa cotizante en bolsa, con un 49% de su capital en manos de accionistas privados y más de 23.000 empleados (véase Petersen ECF N.º 560). Por ello, mantener la situación actual protege mejor el interés público, considerando a los terceros involucrados (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3).En caso de que el Tribunal no conceda la suspensión durante la apelación, solicitamos subsidiariamente que se ordene una suspensión provisoria para que la República pueda gestionar el recurso ante el Segundo Circuito, tal como se realiza habitualmente en disputas comerciales (Arctic Ocean Int'l Ltd. v. High Seas Shipping Ltd., 2009 WL 5103283, en 2 (S.D.N.Y. 28 de diciembre de 2009) (Preska, J.)). Si alguna orden debe suspenderse, es esta: afecta activos estratégicos de un Estado extranjero, contradice la posición oficial de los Estados Unidos y la apelación pendiente plantea cuestiones de relevancia sustancial bajo el derecho argentino y estadounidense".
"Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", expresaron los letrados argentinos en un escrito que solicita que se suspenda el fallo por la expropiación de YPF. Leer más
Agustín Rossi, exjefe de Gabinete, cuestionó el fallo de la jueza Preska donde se privilegió el estatuto privado de la compañía por sobre la ley nacional que permitió su estatización. Advirtió que la decisión favorece a fondos buitres y pone en riesgo el control estratégico sobre Vaca Muerta. Leer más
En la mesa de "Comunistas" se examinaron los antecedentes de la estatización de la compañía, concretada en 2012, y se analizaron las implicancias del fallo adverso en tribunales internacionales, que obliga al Estado argentino a entregar 51% de las acciones de la petrolera a los acreedores. Leer más
Realiza una presentación ante la jueza de Nueva York Loretta Preska. Solicitaron suspender el fallo que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la medida.
Burford Capital y Eton Park no verían con malos ojos activar un canal para negociar con la Argentina luego de la sentencia en contra del país en el proceso por la estatización de la petrolera. Leer más
La economista Delfina Rossi analiza el impacto del fallo internacional por YPF, el rol del gobierno de Javier Milei ante los fondos buitres y los riesgos crecientes de default por un esquema de deuda que "no es sostenible". Leer más
El Poder Ejecutivo pidió ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días. La Casa Rosada aspira a estirar los tiempos durante varios meses y cree que el valor del juicio es mucho menor a los USD 16.000 millones
El Gobierno mantuvo a lo largo de todo el día distintas reuniones con eje en el fallo de la justicia estadounidense sobre YPF y la estrategia que se desarrollará a partir de ahora. En la Casa Rosada, donde se desarrollaron al menos dos de esos encuentros por el tema, ratificaban la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que anticipó este lunes el propio presidente, Javier Milei. Preska ordenó este lunes a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. Se trataría de una forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.Consultados por este diario por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del palacio de gobierno aseguraron que estaban siendo estudiados en estos momentos.Por lo pronto, en el corazón libertario, consideran el fallo de Preska como de "imposible cumplimiento". Lo consideran así por distintas razones, entre ellas por un tema jurisdiccional y porque, en el país, cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener dos tercios de los votos. Respecto del primero de los puntos, las acciones de YPF del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, por lo que la justicia estadounidense no podría concretar la quita. El otro punto que jugaría a favor de Argentina es el que establece que la ley que permitió la expropiación de la petrolera prohíbe que se transfieran las acciones sin la previa aprobación del Congreso.En la sede de Gobierno también negaban que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay. A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su exsocio, Alberto Bianchi, fue testigo a favor de Burford y en contra del Estado argentino en este litigio.Stampalija tiene un plus que por estas horas resaltaban en el Gobierno: es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Abogado por la Universidad Austral, Stampalija tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York. En tanto que en los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio el buffet Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación del país desde que comenzó el conflicto. En línea con el descargo que ayer hizo Milei en redes, en los que apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina Kirchner, al momento de la expropiación de la compañía, en Casa Rosada se lamentaban hoy por el "impacto negativo" y la "falta de credibilidad que genera lo que pasó". En ese sentido agregaban: "Es parte de la herencia recibida", decían. "Es un peso más para los esfuerzos que tiene que hacer el país. Un elemento más de la herencia recibida", dijo una de las fuentes consultadas. Noticia en desarrollo
El Gobernador de Buenos Aires, quien fuera funcionario durante la estatización, le responde al Presidente sobre las acusaciones por el fallo adverso en Estados Unidos. Leer más
Así lo definió Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina, quien además aseguró que el ataque de Javier Milei al gobernador bonaerense Axel Kicillof implica "justificar la acción" de la jueza estadounidense.
El ADR de la petrolera argentina subió solo un centavo, a USD 31,46 en Wall Street. La jueza Loretta Preska ordenó al Estado resarcir con USD 16.100 millones a fondos que demandaron al país por la expropiación en 2012
El gobernador Axel Kicillof está convencido de que el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, que volvió a poner sobre el tapete la controversia por la expropiación de YPF de la que él fue protagonista como ministro de Economía de Cristina Kirchner en 2012, tiene motivaciones políticas y electorales. "Siempre sale un fallo así cuando hay campaña", interpretan en La Plata, en la antesala de un pronunciamiento público del mandatario.Pero más allá de las conjeturas políticas, Kicillof trabajó en las últimas horas sobre un documento interno de Movimiento Derecho al Futuro (MdF), su agrupación dentro del PJ, que plantea "diez razones" para defender su actuación en la década pasada, luego de haber recibido duras acusaciones de todo el arco político y en especial del presidente Javier Milei por el resultado de aquella determinación adoptada por la administración kirchnerista. El documento, al que tuvo acceso LA NACION, se titula "El juicio en Nueva York por la recuperación de YPF, diez razones". Y enumera en apartados los argumentos que desplegará esta tarde en la conferencia que, desde las 18, ofrecerá en la sede de la Gobernación. El primero de los puntos se denomina "Privatización y vaciamiento de YPF". El texto indica: "La intervención y el proyecto de expropiación de la participación mayoritaria en YPF fue la forma de frenar el vaciamiento de la empresa y las graves consecuencias macroeconómicas y energéticas que generaba".LA ENTREGA AVANZAUna jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Seâ?¦— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025La segunda razón del documento axelista fue encabezada con la frase "La decisión de expropiar" y señala: "En virtud de su Constitución y sus leyes, como cualquier país, Argentina tiene derecho soberano para expropiar bienes por razones de utilidad pública sin interferencias. Esto no le decide el Poder Ejecutivo sino el Congreso por mayoría". El texto suma: "Ante el vaciamiento de YPF, y luego de varias conversaciones y advertencias a Repsol, el Estado nacional no podía quedarse con los brazos cruzados".Kicillof, que entre ayer y hoy mantuvo reuniones con "técnicos y especialistas" con los que compartió las decisiones en 2012, expondrá una tercera razón para aquella medida, que definirá como "el erróneo o imposible camino de realizar una compra de mercado". En ese apartado, el documento indica que "el estatuto de la empresa estaba redactado para los accionistas privados y su interés de lucro. En este caso, las razones fueron de interés público y el estatuto de una empresa privada NUNCA (dice en mayúsculas) puede tener mayor valor que la Constitución Nacional y la Ley de Expropiaciones".La cuarta "razón" del axelismo para defender a su jefe político hace foco en la participación del Poder Legislativo. "Toda la operación de recuperación de YPF fue realizada por decisión del Congreso y por amplia mayoría, con votos del oficialismo y la oposición", sostiene el texto y agrega: "A favor estuvieron diputados del oficialismo, la UCR, el Frente Amplio Progresista, el peronismo federal y la Coalición Cívica".En el quinto apartado del documento, sobre el que pivoteará Kicillof en su presentación de esta tarde, se hace foco en "la actual demanda en Nueva York de Burford Capital contra Argentina". Bajo ese título se afirma que "un fondo buitre llamado Burford Capital compró en 2015 las demandas de Petersen y Eton Park contra Argentina, pagando 15 millones de euros con el objetivo de obtener una ganancia multimillonaria". Y se señala que "la demanda fue inventada y está siendo financiada por Burford Capital", algo que "no es más que una apuesta especulativa para transferir los recursos económicos de nuestro país a los fondos buitre de Burford".El punto seis entre las razones axelistas apunta contra el tribunal neoyorquino que entiende en la causa. "La Corte, en marzo de 2023 resolvió que los demandantes deben ser indemnizados por Argentina por no haber hecho una Oferta Pública de Adquisición. Paradójicamente, la jueza Preska (sucesora de Griesa en el tribunal de Nueva York), admitió en su sentencia que todas las cuestiones relevantes del caso están regidas por derecho argentino".La "séptima razón" habla de una afectación a la "soberanía argentina". Y asegura: "En marzo de 2023 la jueza Preska le dio la razón a fondo buitre pero no fijó el monto de la indemnización que, según ella, Argentina debe pagar a los demandantes por el supuesto incumplimiento". Mientras que en el octavo punto, el documento se pregunta por las "alternativas que había" a la expropiación de YPF y enfatiza: "Tanto desde el punto de vista legal, como estratégico y macroeconómico el camino elegido fue el correcto".La novena "razón axelista" es directamente una reivindicación de lo actuado, pese a los cuestionamientos que recibe cada vez que la Justicia norteamericana avanza con alguna medida contra el Estado argentino. "Hoy, a diez años de esa decisión, podemos decir que no solo se logró recuperar la empresa de bandera y su papel en el desarrollo de la producción y en la distribución del ingreso; sino que también a través de la recuperación de YPF se le dio vida a Vaca Muerta", se afirma en el documento del MdF.El último punto del texto, que completa las diez razones, señala que "desde que se recuperó el control de YPF, su aporte y su valor para el desarrollo y la soberanía nacional es incalculable". Y apunta: "La recuperación del control de YPF permitió revertir el declino de la producción de petróleo y de gas. Si se hubiera mantenido la tendencia de la producción de YPF entre los años 2005 y 2012, las importaciones de petróleo y gas natural a lo largo de los últimos 10 años hubiesen superado los 35.500 MUSD".
Para el economista, Lucas Carattini, "el mercado siempre descontó que tarde o temprano la Argentina iba a tener que tener un acuerdo por este juicio". Leer más
En la Argentina de hoy, siempre es bueno recurrir a cualquier extremo para demonizar a una figura política a la que se quiere destruir, y no se trepida en mentir, alterar los hechos, falsear los textos legales, y dedicarse a interpretaciones sofisticas que no resisten un análisis serio. Leer más
Una trama judicial que comenzó hace más de una década atraviesa sus capítulos más determinantes para el futuro de YPF y las finanzas nacionales. Las decisiones que tomen los tribunales de Nueva York pueden representar miles de millones de dólares en juego. La reciente orden de la jueza Loretta Preska para que el gobierno de Javier Milei entregue acciones de la petrolera como parte de pago intensifica la presión sobre la Argentina.¿Cuál es el origen del juicio y por qué se condenó a Argentina?El conflicto judicial se origina en la forma en que el Estado argentino ejecutó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, mediante el incumplimiento de las normas internas de la compañía. El estatuto de la propia petrolera, una compañía con cotización en la Bolsa de Nueva York, exigía que cualquier cambio de control accionarial obligaba al nuevo dueño a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.El día que Axel Kicillof habló de la expropiación de YPFEl gobierno argentino, con el entonces vice ministro de Economía Axel Kicillof como figura central, ignoró esta cláusula. La negativa a extender la oferta a los accionistas minoritarios constituyó el núcleo de la demanda. En su momento, Kicillof desestimó las advertencias legales con una frase que quedó para el registro. "Tarad*s son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto", cuestionó el ahora gobernador bonaerense en el Congreso. Esto resultó en la decisión de la jueza Loretta Preska, que consideró que el Estado argentino incumplió el contrato y lo sentenció a pagar una indemnización millonaria.Quiénes demandaron a la ArgentinaLos demandantes originales fueron los accionistas minoritarios perjudicados por la decisión de no realizar la OPA. Se trata de las empresas Petersen Energía Inversora SAU y Petersen Energía SAU, propiedad de la familia Eskenazi, que en conjunto poseían el 25% de YPF. Estas compañías habían adquirido su participación con créditos bancarios que planeaban pagar con los dividendos de la petrolera. Cuando el Estado tomó el control y suspendió el pago de utilidades, las firmas del Grupo Petersen entraron en un proceso de concurso de acreedores en España. El otro demandante fue el fondo Eton Park Capital, que poseía el 3,04% de las acciones de YPF. Ambos litigantes argumentaron que la Argentina, al no realizar la oferta pública, los privó de la posibilidad de vender sus tenencias en las mismas condiciones que Repsol, que finalmente recibió una compensación de US$5000 millones.Cómo ingresa el fondo Burford Capital a la disputaEl fondo Burford Capital no era accionista de YPF. Su ingreso al caso se produjo a través de un mecanismo financiero y legal. En 2015, el síndico que administraba la quiebra de las empresas Petersen en España identificó que el único activo de valor era la posibilidad de iniciar un juicio contra la Argentina en Nueva York.Para obtener fondos, el síndico subastó los derechos para financiar ese litigio. Burford Capital ganó la subasta con una oferta de 15 millones de euros. A cambio, acordó financiar todo el proceso judicial y, en caso de una sentencia favorable, recibir un porcentaje del cobro.¿La familia Eskenazi recibe dinero con este fallo?La participación de la familia Eskenazi en un eventual cobro es indirecta y no está garantizada. El acuerdo establece que Burford retiene el 70% de la indemnización. El 30% restante, que con la sentencia actual equivale a unos US$5100 millones, se destina a pagar a los acreedores de la quiebra de las empresas Petersen.Según datos del expediente, la deuda de las compañías en el proceso concursal español, acumulada desde 2012 con intereses, ronda los US$5000 millones. Solo si existiera un sobrante después de cancelar la totalidad de esa deuda, el remanente iría a los accionistas de las sociedades españolas, es decir, a la familia Eskenazi.En qué estado se encuentra el proceso judicialLa jueza Preska ordenó a la Argentina la transferencia del 51% de las acciones de YPF a una cuenta en el Banco de Nueva York Mellon en un plazo de 14 días, como pago parcial de la sentencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no puede cumplir esta orden directamente, ya que una ley del Congreso prohíbe la venta de ese paquete accionario. Preska sugirió dos caminos: cambiar la ley o negociar un acuerdo.La Argentina presentó, en paralelo, una apelación al fallo de fondo ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, que debe resolver sobre el tema. La parte perdedora en esa instancia todavía tiene el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El revés judicial sufrido por la Argentina e YPF frente el fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York generó interrogantes sobre los actores detrás de la demanda. Más allá de los tecnicismos legales, emerge la figura de Burford Capital, un fondo con un modelo de negocios particular y una apuesta audaz en el caso YPF.Miradas de la Argentina de hoy: ¿Que va a pasar con las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino? ¿Qué es Burford Capital y cómo opera?Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones con un enfoque específico: proporciona capital y financiación al sector legal. En esencia, se dedica a financiar litigios y arbitrajes a cambio de una parte de las ganancias si el caso resulta exitoso. Sus acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.En el caso de YPF, Burford Capital intervino tras la renacionalización de la petrolera en 2012 y la posterior quiebra de las empresas de Petersen. El fondo inglés compró los créditos contra YPF y Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios, incluyendo al Grupo Petersen de la familia Eskenazi.¿Cuál fue la estrategia de Burford Capital en el caso YPF?En 2015, Burford Capital inició el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas sociedades, radicadas en Madrid, recibían las utilidades generadas por YPF para cubrir los créditos que habían tomado para adquirir el 25,4% de la petrolera entre 2008 y 2011.Cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid decidió reclamar al Estado argentino e YPF, ante la falta de recursos para financiar un juicio prolongado, Burford Capital se hizo con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones.Evolución de la participación de Burford Capital en el caso YPFInicialmente, Burford Capital tenía derecho al 70% de la recuperación en el caso Petersen. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, fue vendiendo partes de su porcentaje. En 2016, se desprendió del 1% por US$4 millones, y en 2017, vendió otra transacción por US$40 millones. Estas transacciones revelaron una revaloración de su inversión inicial de US$17 millones, que alcanzó los US$400 millonesPara 2019, Burford Capital había cedido a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones. A pesar de estas ventas, aún conserva una parte significativa de los beneficios. Se estima que el 30% restante de las ganancias permanece en manos de la administración del concurso, que luego debería distribuirlo entre los acreedores del Grupo Petersen.Eton Park Capital Management, un fondo de cobertura creado por Eric Mindich, también participó en el litigio contra YPF. Aunque cerró sus operaciones en 2017 debido a malos resultados, Eton Park fue financiado por Burford para fortalecer el reclamo judicial.Burford invirtió US$26 millones en los reclamos de Eton Park y acordó embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda. Se presume que Eton Park se quedará con el 25% restante si logran el cobro.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El megabufete sostiene el 70% de los derechos de juicio de las empresas de Petersen que eran dueñas de 25% de las acciones de la petrolera cuando se estatizó.Quién es el dueño del fondo y cómo le fue en la anterior causa contra el Estado.
La resolución de la Justicia de EEUU ordena a la Argentina a transferir sus acciones Clase D de la petrolera al Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días desde la fecha de la orden. Los detalles
"Lo que está pasando es contra el Estado argentino, no contra la acción de YPF", explicó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati, con respecto a dónde impactará el fallo de la jueza Loretta Preska. Leer más
Ayer los ADR's marcaron una baja de 5,6%. En el mediodía norteamericano, la petrolera argentina ya opera en números positivos. La bolsa local también mejora y se reacomodan las cotizaciones. Leer más
La periodista se refirió al impacto del fallo de la jueza Loretta Preska por el juicio de YPF y comentó: "A quienes siguen el tema YPF no les sorprendió la dureza del fallo". Leer más
Algunos analistas financieros explican cómo impacta la decisión de la jueza norteamericana que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los fondos demandantes que ganaron el juicio por la estatización de la empresa en 2012. Leer más
El exdiputado le respondió al actual titular de la Cámara Alta recordándole la decisión de su tío, el expresidente Carlos Menem, de vender la "acción de oro" de la empresa que permitió su privatización.
El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías analizó este lunes en LN+ la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones a los fondos Burford y Eton Capital. En ese marco, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que el fallo "viola leyes" norteamericanas y argentinas y planteó qué podría hacer el gobierno de Javier Milei. "Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma la jueza y por cómo lo hace, que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenta en el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por US$16.000 millones", introdujo Saravia Frías en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni en LN+.En esta línea, sostuvo que Preska "llegó a un punto de hartazgo" porque "no quiere que su sentencia de US$16.000 no quede incumplida", y por eso la jueza decidió ir por las acciones argentinas. Al ser consultado por los argumentos que considera erróneos, el exprocurador del Tesoro sostuvo: "La jueza, básicamente, considera que pueden utilizarse las acciones del Estado que tiene en YPF, que están en una sociedad financiera argentina depositadas, como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas".Luego, ejemplificó: "La Ley de Inmunidad Soberana en Estados Unidos impediría utilizar este tipo de activos como un modo de pago, un mecanismo. También hay un principio internacional que se llama International Comity (en español, 'cortesía'), que es histórico. Este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país. En este caso sería la Argentina. ¿Cuál es el asunto interno de nuestro país? La ley de expropiación de YPF, que en uno de sus artículos establece que no se puede disponer del 51% de las acciones sin el consentimiento expreso del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios".Tras ello, explicó que la jueza Preska, en su fallo, manifestó la existencia de esa ley argentina, pero que pide que se modifique para poder entregar las acciones como parte de pago. "El fallo dice, 'yo conozco esta ley, modifíquela y, si no, haga un acuerdo con los acreedores'. Es muy paradójico esto porque la ley de expropiación ha sido la causa por la que se dictó la sentencia. Y ahora está pidiendo que se viole la ley de expropiación para cumplir su sentencia. Entonces, se viola la ley de inmunidad soberana y el principio de International Comity de no inmiscuirse en asuntos ajenos. Esto pone a la Argentina en una disyuntiva grave", advirtió Saravia Frías. En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario detalló qué haría si fuese el actual procurador, que asume el rol de jefe de abogados del país para defender a la Argentina en este tipo de cuestiones. "El fallo de Preska está apelado y debe decidirse. Hay una gran posibilidad, técnicamente hablando, de que el monto de la sentencia -los US$16.000 millones- se reduzca porque para calcular el monto, la jueza tomó en consideración el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento (2012) y el aplicable (2023)", dijo.Y siguió: "Hay otros argumentos para hacer reducir el monto de la sentencia. Y los argumentos técnicos hay que sumarle esta relevancia política para que ingrese en un sistema de toma de decisiones acelerado con la importancia que tiene".Por otro lado, aventuró qué podría hacer el Gobierno nacional, que ya adelantó que va a apelar en todas las instancias posibles. "En el fallo se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso. Por lo menos tiene que haber una declaración conjunta firmada para apoyar la necesidad de no violar una ley. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar", insistió. Luego, a nivel jurídico, consideró: "Hay que hacer actuar a la Justicia argentina. No es solamente la causa penal, es también accionar. Hay que lograr una protección con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema de la República Argentina actuando en un proceso de estas características, donde se dé protección a la ley". En tanto, explicó cómo se podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos con la intención de que se revierta este fallo. "El gobierno argentino puede presentar un per saltum (un recurso extraordinario para llegar directamente al máximo tribunal), es la manera más directa. Hay que utilizarlo y pedir que se respete la ley", marcó.Finalmente, se refirió a la sintonía política entre Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que a pesar de eso la jueza Preska -designada por George H. W. Bush, también republicano- falló en contra de la Argentina. "Pesa la política y pesa mucho. Es fundamental hacer planteos jurídicos atinados. Cuando uno hace planteos meramente políticos, expresiones de deseo de orden político, es un error. Se necesita dar fundamento, esto es lo que resuelve un expediente", sostuvo.Y cerró: "Tenemos una oportunidad muy grande de que esto se resuelva y que llegue a la Corte Suprema. La urgencia de hoy es llegar a la Cámara [de Apelación], que frene el proceso de ejecución que tiene errores desde el punto de vista de la ley americana, la ley argentina y está llevando al país a una enorme injusticia. Hay que evitarlo y hay chances de hacerlo, sin duda".El juicioEl juzgado de Preska ordenó ayer a la Argentina que en un plazo de 14 días entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera que tuvo lugar en 2012. Este pedido es como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.000 millones más intereses que se determinó en 2023.Además, en otro fallo, la Justicia estadounidense solicitó que el Estado entregue parte de las acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago de la sentencia relacionada con la deuda en default de 2001, de alrededor de US$100 millones. Así la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó dos fallos de alto impacto en el mismo día. El pedido de la jueza sorprendió al gobierno de Milei, dado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito para pedir que se rechazara esa solicitud de los demandantes en noviembre del año pasado. Milei ya confirmó que apelará. Preska determinó en primera instancia que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
El Presidente reúne a sus ministros desde las 9.30 para analizar la decisión judicial de Nueva York. Quiénes son los hombres clave del Gobierno para avanzar en el caso
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana analizó el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska y aseguró que la actitud del Gobierno de Javier Milei se puede encuadrar fácilmente en traición a la patria.
Aún sin certezas acerca de qué consecuencias traerá, la plaza financiera respondió a la decisión de la jueza Preska con algo de sobrerreacción
La jueza Loretta Preska emitió un fallo que obliga a entregar en 51% de las acciones que tiene en la petrolera de bandera al Burford Capital. El país va a apelar, como confirmó Milei. Opciones y dudas para lo que viene
El gobernador rechazó la orden de la jueza estadounidense que dispuso la entrega de las acciones a los fondos ingleses Burford Capital Limited. Además, denunció que Milei se puso del "lado de los poderes extranjeros". Leer más
El jefe de Gabinete afirmó que las decisiones tomadas durante la estatización de la petrolera generaron un perjuicio millonario y que la sociedad debe exigir responsabilidades a los ex funcionarios
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el fallo judicial emitido por la juez Lorretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera. "Es un disparate", dijo el mandatario a través de la red social X este lunes por la noche.En la misma publicación, ofreció respuesta a las críticas del presidente Javier Milei, quien lo responsabilizó por el fallo adverso. "Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger", planteó.LA ENTREGA AVANZAUna jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Seâ?¦— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025El posteo de Kicillof comienza con una apreciación sobre Preska: "Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino â??¡soberano!â?? entregue el 51% de las acciones y el control de YPF".Luego, en relación a la sentencia, sostiene a la vez que aclara: "Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger".Con el foco puesto en el jefe de Estado, el mandatario bonaerense advierte sobre un "vínculo" entre "la pasión norteamericana" del líder del Ejecutivo y la novedad en la causa, y desliza: "Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota muchoâ?¦".En otro tramo de su extenso descargo, Kicillof alude a la entrevista que Milei le concedió el domingo a la señala de streaming Neura y chicanea: "Casualmente anoche, el Presidente estuvo varias horas paveando disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente".Y asume: "A esta altura, qué duda cabe de que este Gobierno 'Nacional' no defiende a la Argentina: defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras. Al respecto, su candidato en la Provincia [José Luis Espert] lo acaba de confesar sin disimulo: aspiran a privatizar YPF".El gobernador anticipa más adelante que, "en virtud de la gravedad de tal riesgo", realizará este martes una conferencia de prensa a las 18. "Esta en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país", insiste.Finalmente, al pronunciarse sobre la expropiación de YPF en 2012, opinó que "fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el Gobierno de Cristina Kirchner y respaldada en el Congreso de la Nación por casi todas las fuerzas políticas"."Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Sobre todo, YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional. Ahora vienen por eso", reivindicó Kicillof.Y concluyó: "Frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada", desde la Provincia de Buenos Aires respondemos: YPF no se vende".Qué había dicho Milei tras el fallo en el juicio por YPFHoras antes, el jefe de Estado se había valido también de las redes sociales para expresarse en torno a la decisión judicial. Para el caso del Presidente, corrió el foco del fallo y se centró específicamente en Kicillof."Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", enfatizó.UN FALLO CONTRA KICILLOFNos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético deâ?¦— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025"Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires", sumó Milei. Y adelantó: "Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias"."Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: yo avisé que el soviético [Axel Kicillof] es un pelotudo", cerró.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno apelará "en todas las instancias" el fallo de la jueza Loretta Preska por la causa YPF. Según expresó en una entrevista emitida por LN+, la estrategia oficial contempla tanto una apelación de fondo como una presentación contra la decisión específica de la magistrada estadounidense. Además, el funcionario remarcó que la administración buscará agotar todas las herramientas legales disponibles.Durante la conversación, el periodista Luis Majul sugirió que la Argentina, tarde o temprano, deberá afrontar el pago derivado de la sentencia. Frente a esa observación, Francos reiteró que el Gobierno persistirá con las apelaciones y negó que el pago resulte inevitable en esta instancia del proceso.El proceso judicial se originó a partir de la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió la mayoría accionaria de la compañía. Desde entonces, distintos fondos de inversión litigaron en tribunales estadounidenses en reclamo por compensaciones.El jefe de Gabinete también planteó que hay un problema de fondo a nivel interno que es el criterio con el que se toman este tipo de decisiones que son "tan trascendentes para el país". En ese sentido, recordó que existen causas abiertas y denuncias presentadas en la Justicia vinculadas a la expropiación de YPF y otras operaciones que, según indicó, generaron "perjuicios millonarios" para el país.En un tramo de la entrevista, el funcionario apuntó directamente contra el exministro de Economía Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. Afirmó que ambos "han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver temas de la Argentina" y consideró que las decisiones adoptadas durante su gestión implicaron un fuerte impacto negativo para la economía nacional.También sostuvo que "el pueblo los tiene que hacer responsables" por los costos de esas políticas. Mencionó que la sociedad ya los responsabilizó al hacerlos perder las últimas elecciones presidenciales pero aseguró que "esto tiene que costar mucho más que eso". Además de la causa YPF, Francos recordó otros episodios como el acuerdo con el Club de París y el manejo de bonos durante la administración anterior.En cuanto a la voluntad del gobierno, explicó que buscan exponer "cuáles han sido los errores" para que la sociedad comprenda cómo estas decisiones contribuyeron al actual escenario macroeconómico del país.En otro tramo de la entrevista, Francos cuestionó los dichos recientes de Cristina Kirchner, quien había sostenido que el modelo del gobierno de Javier Milei "se cae" y que por ese motivo está condenada. "No sé cuáles son los números que mira la expresidenta para hacer esos comentarios", respondió el jefe de Gabinete. Además, le atribuyó responsabilidad por el deterioro económico acumulado y señaló que ella debería explicar porqué "desde el año 2003 al año 2023 -con un breve interregno de Macri- el país terminó en un desastre total".Francos también opinó sobre la situación judicial de la exmandataria y explicó que considera "razonable" la decisión inicial de otorgarle la prisión domiciliaria. Sin embargo, expresó dudas sobre el lugar elegido para cumplir la condena. Y agregó otros reparos respecto a la situación de la expresidenta: "Me parece inadmisible que esté, como cualquier dirigente político común, dirigiéndose al pueblo argentino como si no hubiese sido condenada. Todo tiene que tener límites: admitamos la prisión domiciliaria pero no el lugar y las condiciones".Noticia en desarrollo.
El gobernador salió al cruce del mandatario, que lo había responsabilizado por la medida adversa de la justicia de Estados Unidos.Kicillof consideró que la decisión es "de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía".
El gobernador bonaerense cuestionó al Presidente tras el fallo de la jueza Preska para entregar el 51% de las acciones de empresa petrolera argentina. Anunció que hará una conferencia de prensa este martes
Las acciones de la petrolera perdieron 5,6% y el S&P Merval cayó 2,7%. Los bonos en dólares restaron 1%. El dólar el mayorista alcanzó su punto más alto desde la salida del "cepo"
La jueza Loretta Preska condena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital.Pero al apelar el Estado puede esperar la decisión sin pagar los US$ 16.100 millones más intereses y sin entregar las acciones hasta que no decida la Cámara de Apelaciones de EE.UU.
Luego de que se conociera que la Justicia de los Estados Unidos ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio, el presidente Javier Milei confirmó que el Estado apelará el fallo.El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la indemnización de US$16.100 millones más intereses que decretó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en primera instancia. La Justicia determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización, pero eximió de responsabilidades a YPF.Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado y nunca se cumplió con el pedido de la jueza.Luego de un año y medio desde el pedido de garantía, Preska determinó hoy que el Estado argentino tenía 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM).La Argentina apelará esta decisión y podría solicitar que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, aunque es probable que la jueza Preska pida a cambio una garantía de pago, según se desprende del fallo recientemente publicado."Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal", escribió la jueza, antes de concederse la moción de embargo a los fondos demandantes."La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos, (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes", señaló el fallo.La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Santiago Castro Videla, luego de reemplazar a Rodolfo Barra. El gobierno de Javier Milei mantuvo los lineamientos de la gestión anterior y conservó la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
Los dos fondos beneficiarios del contundente fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, son lo que se conocen como fondos buitre o "carancho". Esto quiere decir, no tienen una liquidez orientada a realizar distintas clases de inversiones financieras, sino que se especializan en comprar grandes juicios, en general, a compañías en quiebra que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.Fue precisamente lo que hicieron, tras la renacionalización de YPF en 2012 y la quiebra de las empresas de Petersen, el fondo inglés Burford Capital Ltd (principal actor) y el estadounidense Eton Park (actor de reparto, llevado al juego por el propio Burford): compraron los créditos contra YPF y la Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios de la petrolera estatal, entre quienes figuraba con un rol central el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones que proporciona capital y financiación al sector legal. Su principal objetivo es financiar litigios y arbitrajes, y sus acciones cotizan -hoy en alza gracias a este fallo- en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.Fue la que inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid que recibían las utilidades generadas por YPF para ir cubriendo con ese ingreso los créditos que habían tomado para quedarse con el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.Ese plan quedó inconcluso con la reestatización en 2012, ya que entonces se dejaron de pagar dividendos, y los Eskenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que les habían prestado el dinero para comprarlas, entre quienes figuraban los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.Burford aparece en escena cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Luis Armando Betancor, decidió encarar el reclamo hacia el Estado argentino y la propia YPF tras hacer notar que el estatuto societario de la compañía obligaba al estatizador a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante, algo que la administración de Cristina Kirchner decidió obviar.Claro que, ante la falta de recursos para financiar un juicio que se presumía ya sería muy largo, Betancor abrió un concurso, y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones, a la que ya le auguraba una futura "recuperación de múltiplos sustanciales de esa cantidad".Este fondo lo blanqueó en su balance 2015, al informar a sus accionistas que había sido designado para financiar a los liquidadores de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron tras la expropiación, llevando adelante una demanda contra el Estado argentino e YPF en los tribunales de Nueva York. "Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen (del cual Burford deberá pagar gastos significativos)".Pero luego, a medida que el planteo avanzaba en la Justicia, fue vendiendo partes de su porcentaje. En diciembre de 2016, por caso, se desprendió del 1% de la participación en las ganancias que se pudiesen obtener, en este caso, por US$4 millones a "dos inversionistas globales". A comienzos de 2017, cerró otra transacción por el 10% con "inversores institucionales" por US$40 millones. Hasta ahí quedó claro que valoraron su inversión inicial de US$17 millones en US$ 400 millones.Esos desprendimientos se sucedieron al menos hasta 2019 (no hay registros posteriores), y se hicieron más usuales, al punto que llegó a ceder a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones y a un precio aún mayor, lo que hizo que el reclamo quede ya valuado por encima de los US$1000 millones.Pero queda el 30% restante de los beneficios, que se supone siguen en cabeza de la administración del concurso, quien luego debería repartir ese dinero entre los acreedores del Grupo Petersen, aunque en el mercado se cree que la familia Eskenazi tiene algún tipo de acuerdo privado con Burford para recibir también parte de la indemnización que el fondo buitre logre.Eton Park Capital Management era un fondo de cobertura creado por Eric Mindich, ex ejecutivo de Goldman Sachs, que poseía oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Fue cerrado en 2017 debido a malos resultados y la retirada de inversores. En la causa YPF, apareció financiado por Burford para que el reclamo judicial tuviera más "volumen". De hecho, en su balance anual de 2019, aseguró que llevaba invertidos US$26 millones en los reclamos de Eton Park, "que son esencialmente idénticos a los reclamos de Petersen y siguen el mismo camino de litigio en EE.UU.", y reveló que había acordado embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda, por lo que se supone que Eton Park se quedará con el 25% restante si logran el cobro.
El juicio en Nueva York por la estatización de YPF escaló a un nuevo nivel de tensión. Una decisión de la jueza Loretta Preska impactó de lleno en la estrategia de defensa argentina y puso en el centro del debate el futuro de las acciones de la petrolera. La magistrada avanzó con una medida que afecta directamente la propiedad de la compañía y genera un complejo escenario para el Gobierno.¿Qué ordenó la jueza Loretta Preska sobre YPF?La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación. La medida funciona como un método de pago por la sentencia adversa de primera instancia, que en 2023 fijó una compensación de US$16.100 millones más intereses para los demandantes.La obligación se debe a que la magistrada accedió a la solicitud de embargo que presentaron los litigantes, los fondos Burford Capital y Eton Capital. La orden obliga al país a transferir su participación mayoritaria en la compañía como parte del cumplimiento del fallo.Por qué esta decisión es sorpresivaEl dictamen de Preska resultó inesperado por varios motivos. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en noviembre pasado, presentó un escrito ante la Corte para solicitar el rechazo de ese pedido de embargo. El gobierno de Joe Biden fue alertado en su momento por la Procuración del Tesoro sobre las implicancias de una orden de este tipo sobre activos que se encuentran en otra jurisdicción. Además, las acciones de YPF que posee el Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Nueva York. Qué pasará ahora con las accionesEl Estado argentino no cumplirá con la orden de manera inmediata y apelará la decisión. El principal argumento legal local es que la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe en su artículo 10 la transferencia de las acciones expropiadas sin una previa aprobación del Congreso de la Nación."La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska", afirmó Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro. "La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación", detalló.El proceso judicial avanza en paralelo en la Corte de Apelaciones, donde tanto la Argentina como los fondos buscan una revisión del fallo de primera instancia. El Estado quiere revertir la sentencia, mientras que los demandantes piden que se incluya a YPF como responsable solidaria.Cuál es el origen del juicio por la expropiación de YPFEl litigio se centra en el incumplimiento del estatuto de la propia petrolera durante el proceso de estatización de 2012. Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como indicaba el reglamento de YPF. El artículo 7º de ese estatuto obligaba a cualquier inversor que adquiriese más del 15% de la compañía a realizar una oferta por el 100% del capital.La defensa argentina siempre planteó que la Constitución Nacional y la ley de Expropiación prevalecen sobre el estatuto de una empresa privada, pero una declaración del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue clave para el fallo. El día que Axel Kicillof habló de la expropiación de YPF"Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo Kicillof en el Congreso. La jueza Preska citó esta frase en su sentencia.Quiénes son los demandantesLos beneficiarios del fallo son dos fondos: Eton Park y Burford Capital. Eton Park ya era accionista de YPF al momento de la estatización. Burford Capital, en cambio, es un financista de litigios que compró el derecho a demandar a la Argentina en la justicia española, luego de la quiebra de las empresas Petersen.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La Justicia de los Estados Unidos le ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera.Es para pagar una indemnización equivalente a US$ 16.000 millones.El país perdería toda su posición en la petrolera.
El presidente responsabilizó al gobernador bonaerense de la orden de la jueza neoyorkina Loretta Preska, quien indicó que Argentina debe ceder el 51% de las acciones de la compañía a los beneficiarios del fallo por la expropiación. Leer más
El Presidente insultó al gobernador bonaerense y criticó su accionar en relación con la petrolera a través de un posteo en su cuenta de X. La Argentina tiene dos semanas para presentar la apelación
Las acciones de YPF se hunden hasta 6% lunes en Wall Street, luego de conocerse el revés judicial para la Argentina. La jueza Lorena Preska ordenó este lunes que el país entregue a los fondos demandantes el 51% de las acciones de la petrolera estatal, como parte del pago de la sentencia de US$16.000 millones por el juicio en Estados Unidos por la expropiación de la compañía. La reacción del mercado fue inmediata. Minutos después de conocerse el fallo, los papeles de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York se hundían un 6,6%, y operan en torno a los US$31,57 por acción, a pesar de haber iniciado la rueda a alza. Esta medida se produce en el contexto de los intentos de embargo por parte de los beneficiarios del fallo, liderados por el fondo Burford Capital. De hecho, poco después de conocido el fallo de Preska, se disparó el valor de la acción de Burford Capital Limited en la bolsa de Nueva York. Los números de Wall Street muestran que la cotización de este fondo se disparaba casi un 20%.Noticia en desarrollo.
Lo determinó la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de la petrolera. El país podrá apelar al fallo. Leer más
La jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar el 51% de su participación en la petrolera para satisfacer en parte el pago de USD 16.100 millones
Así lo reclamó la jueza Loretta Preska.La acción de YPF empieza a marcar un pronunciado rojo tanto en el mercado estadounidense como en el local.
FORMOSA (De una enviada especial).- Después de 29 años en el poder, Gildo Insfrán enfrenta este domingo una elección con un componente inédito: la Corte Suprema cuestionó la legalidad de su reelección indefinida. El fallo sacudió el tablero político local y transformó los comicios en un virtual plebiscito sobre el modelo de poder que domina Formosa desde 1995. Además de concejales y 15 legisladores provinciales, los formoseños votarán 30 convencionales constituyentes que podrían reformar el artículo 132 de la Constitución provincial, el que habilita la permanencia indefinida del gobernador.Lejos de replegarse tras el revés judicial, Insfrán respondió con pragmatismo. Aceleró inauguraciones, desplegó todo el peso territorial del aparato oficialista y se fijó un objetivo político: ganar con amplitud para deslegitimar, en las urnas, la advertencia de la Corte. "Último día de poder inaugurar obras porque así dice nuestra legislación electoral. Digo 'lastimosamente' porque nos quedaron un montón sin inaugurar", ironizó el viernes, durante la inauguración del Hospital de la Madre y la Mujer. Fue su última actividad institucional antes del inicio de la veda, aunque la maquinaria proselitista no se detuvo.El sábado, ya en plena prohibición de actos de campaña, decenas de personas hacían fila bajo una carpa azul frente al local partidario del concejal oficialista Marcelo Sosa. Esperaban una bolsa con alimentos y la boleta del sublema "17 de Octubre", que responde al gobernador. Este domingo, 488.951 formoseños podrán votar en 1501 mesas distribuidas en 261 establecimientos. Participan 1683 candidatos, organizados en cuatro lemas: el oficialista Partido Justicialista (56 sublemas), la Confederación Frente Amplio Formoseño (12), el Movimiento Libres del Sur (7) y La Libertad Avanza (3). Para garantizar la transparencia habrá 81 acompañantes cívicos: 9 de la ONG Red Ser Fiscal, 7 del Observatorio Interuniversitario (que agrupa a las universidades de Hurlingham, San Martín, Quilmes, la Nacional Pedagógica, Río Negro y José C. Paz), 20 del Observatorio de Estudios Electorales de la UNLP y 45 del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (Odepoe). Los primeros resultados se esperan para después de las 21.El Frente de la Victoria se presenta con listas únicas en las dos principales categorías: diputados y convencionales constituyentes. La exsenadora y exauditora general de la Nación, María Graciela de la Rosa, encabeza la boleta como convencional constituyente; y Rodrigo Vera, dirigente de máxima confianza de Insfrán, lidera la lista para la Legislatura. La interna se concentra en la categoría de concejales. Allí se enfrentan, entre otros, el sublema que postula a "Petu" Argañaraz -esposa del titular del Instituto Provincial de la Vivienda y referente del espacio del gobernador- y la lista que impulsa Malena Gamarra, apadrinada por el intendente de la capital, Jorge Jofré.En la oposición, el Frente Amplio Formoseño reúne a la UCR, Pro, el MID, Libertad y Progreso y Nuevo País. El espacio está dividido en dos vertientes: una encabezada por Francisco Paoltroni, exlibertario, junto a la radical Agostina Villaggi (víctima de una agresión en campaña por la que responsabiliza al concejal Sosa), y otra liderada por la diputada provincial Gabriela Neme, junto al abogado Guillermo Evans. Aunque con estilos distintos, ambas corrientes coinciden en que la elección constituyente es una oportunidad clave para frenar la avanzada reeleccionista del oficialismo.La Libertad Avanza, en tanto, busca consolidar su joven estructura en la provincia bajo el paraguas de Javier Milei. El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, y Emilio Grippaldi serán candidatos a convencionales por los sublemas "Las Fuerzas del Cielo" y "Despertando Leones". Para la Legislatura, la fuerza postula a Esteban Gabriel López Tozzi, presidente del partido a nivel local, y al titular del PAMI en la provincia, Héctor Adrián Brizuela.Confluencia Ciudadana, espacio progresista que reúne a Libres del Sur, Unidad Popular, un sector de la UCR y referentes del socialismo, competirá con listas únicas. Antonio Prieto encabeza la lista de convencionales y Néstor Sinsig, dirigente gremial y presidente de Unidad Popular, lidera la boleta de diputados.El sistema de lemas y sublemas vuelve a jugar a favor del oficialismo. De los 78 sublemas habilitados, el 70% responde a Insfrán. La herramienta legal, que permite acumular votos de listas internas bajo un mismo paraguas, pulveriza la oferta opositora y potencia el arrastre del PJ.En su cierre de campaña, Insfrán menospreció a la oposición local y polarizó directamente con la Casa Rosada. Apuntó contra los recortes del Gobierno nacional sin mencionar al Presidente, pero con una alusión directa al impacto en el sistema científico y de salud: "Se vanaglorian porque echan profesionales de calidad. Están destruyendo el Garrahan. Están emigrando nuestros profesionales. Están desmantelando instituciones como el Conicet", lanzó.La elección no se limita a la renovación de cargos. Es, sobre todo, una contienda por la permanencia. Un plebiscito de poder. La Corte Suprema encendió la alarma. Insfrán, sin embargo, parece dispuesto a revalidarse en las urnas para retomar la iniciativa política. Si logra la mayoría en la convención constituyente -como anticipan en el oficialismo-, podría impulsar una reforma que limite las reelecciones a dos mandatos, pero con una cláusula transitoria que reinicie el conteo desde cero. Esa movida habilitaría su permanencia hasta los 82 años.Mientras algunos opositores ya evalúan volver a la Corte con una cautelar para frenar una eventual nueva candidatura, otros creen que el fin de ciclo está cerca y especulan con que el gobernador empieza a preparar su sucesión.
La sentencia impuesta contra el famoso productor ha afectado directamente al contenido en plataformas del entrevistador
La medida afecta a muchas familias, ya que permite que ciertas órdenes del Gobierno empiecen a aplicarse en varios estados, aunque su legalidad todavía no se haya resuelto en los tribunales
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la decisión, diciendo "no podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares". El día anterior, había cuestionado duramente a la jueza Moira Fullana, calificándola de "militante" e "incompetente". Leer más
El productor deberá cumplir con la condena civil que se le impuso tras la demanda impulsada por la cantante
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que fue considerado calificado como una "victoria monumental" por Donald Trump, al limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente. Esta decisión abre la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país. A continuación, las preguntas clave sobre el caso.¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento y qué implica?La Corte aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington. Estas medidas habían detenido la aplicación de una directiva presidencial que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión limita el uso de estas "medidas cautelares a nivel nacional" o "universales", una herramienta judicial que se había vuelto más frecuente para bloquear políticas presidenciales, según The New York Times.¿Cómo afecta este fallo a la ciudadanía por derecho de nacimiento?El fallo no abordó la constitucionalidad subyacente de la orden de Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero debilita las herramientas legales que la bloqueaban a nivel nacional. Esto significa que, en teoría, la administración podría implementar la política en los 28 estados que no han presentado demandas en su contra, según The Washington Post. La orden ejecutiva de Trump buscaba que las agencias federales se negaran a reconocer la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. si no tenían al menos un progenitor que fuera ciudadano o residente permanente legal.¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento y por qué es un tema de debate?La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen". Históricamente, los tribunales han interpretado que esta enmienda extiende la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de las fronteras de EE.UU., no solo a los hijos de antiguos esclavos. Sin embargo, Trump ha argumentado que la enmienda "trataba de la esclavitud" y no de la "estafa de nuestro proceso de inmigración", buscando eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.¿Cómo reaccionó Donald Trump al fallo de la Corte sobre la ciudadanía por nacimiento?Trump celebró la decisión en su red Truth Social, calificándola de "victoria gigante" y afirmando que "incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado". En una conferencia de prensa, anticipó que su administración pondrá en marcha las políticas que fueron bloqueadas, incluida la de la ciudadanía por derecho de nacimiento.¿Cuál fue la postura de la jueza Sonia Sotomayor en su disidencia?La jueza Sonia Sotomayor, de origen latino, calificó la decisión de la mayoría como "una farsa del Estado de derecho". Advirtió que "ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen jurídico que crea la Corte" y que esta brecha legal golpeará sobre todo a los sectores vulnerables.Sus principales objeciones fueron:-La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, citando el fallo histórico "United States v. Wong Kim Ark (1898)".-La orden de Trump, "evidentemente inconstitucional". Calificó la orden ejecutiva como una "ilegalidad flagrante".-Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Defendió su uso para frenar la aplicación de normas inconstitucionales en todo EE.UU., no solo para los demandantes, cuando los daños afectan a múltiples personas.-Necesidad de brindar "alivio completo" a los demandantes. Argumentó que una orden limitada hubiera sido ineficaz y generado caos para familias y niños.-Amenaza al Estado de derecho. Alertó que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad, permitiendo al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado.-El interés público por encima del Ejecutivo. Sostuvo que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía.¿Qué son las medidas cautelares a nivel nacional y por qué son controvertidas?Son órdenes judiciales que bloquean temporalmente una política o regulación en todo el país mientras el litigio está en curso, si un juez considera que la acción puede ser inconstitucional o causar un daño inmediato. Su uso ha crecido significativamente, con 25 casos identificados entre enero y abril del segundo mandato de Trump, en contraste con 28 en toda la administración Biden y 86 en el primer mandato completo de Trump.Para la administración Trump, estas medidas han sido una "fuente de frustración" y han sido criticadas como "mandamientos judiciales sin ley" que convierten a los tribunales de distrito en un "poder judicial imperial". Sin embargo, sus defensores las ven como una herramienta crucial para que los tribunales "digan al actor clave a nivel nacional, el poder ejecutivo, que se comporte legalmente", según The New York Times.¿Cuáles son los próximos pasos para las impugnaciones legales?La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, lo que permite que su legalidad siga siendo impugnada. Los jueces de la Corte Suprema no abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden, dejando esa cuestión para otro momento.A pesar de la limitación de las medidas cautelares a nivel nacional, los demandantes aún tienen vías para buscar alivio:-Demandas colectivas (class-action lawsuits). La Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que los demandantes intenten seguir bloqueando la política a nivel nacional a través de estas demandas, según The Washington Post. En estas, un pequeño número de demandantes pide a un juez que emita un fallo que se aplique no solo a ellos, sino a otros que enfrentan circunstancias similares, según The New York Times.-Impugnaciones paralelas en múltiples distritos federales. Grupos de defensa legal han prometido encontrar soluciones, incluyendo estas impugnaciones, si fuera necesario.Horas después del fallo, grupos como CASA de Maryland y la American Civil Liberties Union (ACLU) ya presentaron nuevas demandas colectivas a nivel nacional buscando proteger a las personas afectadas por la política de ciudadanía, según publicó The Washington Post.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El presidente afirmó que su intención fue promover la acción de las autoridades, no señalar a un individuo, y aprovechó para hacer un llamado a un debate político respetuoso
La representante a la Cámara aseguró que la decisión del alto tribunal "erosiona las funciones constitucionales" de la Superintendencia Nacional de Salud y del Gobierno
En una histórica disidencia que puso en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, una jueza de la Corte Suprema de origen latino cuestionó con dureza el intento del presidente Donald Trump de redefinir el concepto de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Sonia Sotomayor, hija de inmigrantes puertorriqueños, expuso con fuerza los riesgos de debilitar los principios fundamentales de la Constitución frente a políticas que, según ella, podrían abrir la puerta a la ilegalidad estatal. "Es una parodia del Estado de derecho", sentenció.Sonia Sotomayor: la primera mujer latina en la Corte SupremaSonia Maria Sotomayor nació el 25 de junio de 1954 en el Bronx, Nueva York, en una familia trabajadora de origen puertorriqueño. Su madre, enfermera en una clínica de metadona, la crio sola, con énfasis en la educación. Desde muy joven, manifestó su deseo de convertirse en jueza, inspirado por una escena de la serie "Perry Mason", según recopilaron en el sitio Biography.Su formación académica consolidó ese anhelo. Se graduó con honores de Princeton en 1976 y recibió el prestigioso premio Pyne Prize. Luego cursó Derecho en Yale, donde fue editora del Yale Law Journal. Tras obtener su título en 1979, comenzó a trabajar como fiscal en el distrito de Manhattan, ocupándose de casos de asalto, asesinato, abuso infantil y brutalidad policial.A lo largo de su carrera, cosechó múltiples distinciones:En 1992, fue nominada por George H.W. Bush como jueza del tribunal federal del distrito sur de Nueva York.En 1998, fue ascendida a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito por el presidente Bill Clinton.En 2009, el presidente Barack Obama la designó para la Corte Suprema, siendo la primera mujer hispana y la primera mujer de color en alcanzar ese cargo.En su paso por los tribunales, participó en más de 3000 apelaciones y redactó casi 400 opiniones mayoritarias. Según The New York Times, es reconocida por hacer preguntas incisivas y por su rigor.La voz disidente frente al intento de anular la ciudadanía por nacimientoEn una resolución judicial vinculada a una Orden Ejecutiva impulsada por Donald Trump, que buscaba restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense, la jueza Sotomayor presentó una disidencia contundente. Argumentó que la propuesta era abiertamente inconstitucional y que el fallo de la mayoría colocaba al país norteamericano en una peligrosa senda de desprotección jurídica.Sus objeciones, que aparecen en el fallo, principales fueron las siguientes:La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda: Sotomayor recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense y que esa protección tiene raíces claras en el derecho consuetudinario inglés (jus soli). Mencionó el fallo histórico United States v. Wong Kim Ark (1898), que reafirmó esa interpretación y aclaró que solo se exceptúan los hijos de diplomáticos, fuerzas de ocupación enemiga y miembros de tribus soberanas.La orden de Trump, "evidentemente inconstitucional": la jueza calificó como flagrante la ilegalidad de la orden ejecutiva que pretendía excluir del derecho de ciudadanía a recién nacidos. Afirmó que, por más que el Gobierno quiera imponerla, no puede alegar perjuicio cuando la justicia le ordena ceñirse a lo que marca la ley. "Es difícil ver cómo podría causar algún daño hacer lo que la Constitución exige", escribió.Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Sotomayor defendió el uso de órdenes judiciales universales que frenan la aplicación de normas inconstitucionales en todo Estados Unidos, no solo para los demandantes. Señaló que históricamente los tribunales han recurrido a remedios amplios cuando los daños afectan a múltiples personas, y mencionó precedentes como Pierce v. Society of Sisters y Barnette para apoyar su postura.Necesidad de brindar "alivio completo" a los demandantes: para organizaciones y estados que promovieron la demanda, una orden limitada hubiese sido ineficaz. En sus palabras, dejar vigente la orden ejecutiva hubiese generado caos para familias y niños recién nacidos, y hubiese obligado a los estados a asumir cargas administrativas y económicas significativas.Amenaza al Estado de derecho: lo más grave, según Sotomayor, es que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad. "Permite al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado, ignorando la Constitución", alertó. Advirtió que esta brecha golpeará sobre todo a los sectores vulnerables â??los pobres, los sin educación, los invisiblesâ?? que no tienen medios para litigar.El interés público por encima del Ejecutivo: la jueza también argumentó que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que, como esta, perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía, sin documentos, sin servicios públicos y hasta en riesgo de ser deportadas.
La organización afirmó que la intervención estatal dejó a la entidad sin capacidad operativa ni financiera, responsabilizando al Gobierno de una estrategia premeditada y exigiendo justicia y reparación ante la Corte Constitucional
El presidente de Estados Unidos reaccionó a la decisión del máximo tribunal del país
WASHINGTON.- En una decisión tomada como un triunfo para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos para restringir la inmigración, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes permitir que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de la medida proceden en otras regiones.La decisión de seis votos contra tres, redactada por la jueza Amy Coney Barrett y dividida en líneas ideológicas, aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington que detuvieron la aplicación de su directiva mientras se desarrollaban los litigios que desafían la política del presidente.GIANT WIN in the United States Supreme Court! Even the Birthright Citizenship Hoax has been, indirectly, hit hard. It had to do with the babies of slaves (same year!), not the SCAMMING of our Immigration process. Congratulations to Attorney General Pam Bondi, Solicitor Generalâ?¦— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 27, 2025Esta es una importante victoria judicial para Trump y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos. El presidente lo celebró en su red Truth Social. "Victoria gigante", escribió. "Incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado. Tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración", añadió en el posteo. Anunció que dará una conferencia de prensa a las 11.30 (hora local) en la Casa Blanca.La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, señalaron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que su legalidad siga siendo impugnada. Los magistrados de la Corte tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, dejando potencialmente esa cuestión para otro momento.La orden ejecutiva de Trump para poner fin a la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales fue una de las medidas más polémicas del inicio de su segundo mandato, el 20 de enero pasado.El decreto ordenaba a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un progenitor que fuera ciudadano norteamericano o residente permanente legal.La administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las medidas cautelares a nivel nacional para que se apliquen solo a las mujeres embarazadas, los grupos de defensa de los inmigrantes o los estados que desafiaron la prohibición, lo que los opositores al presidente afirmaron que entraba en conflicto con la Constitución, las sentencias judiciales anteriores y la propia historia del país.Desde que Trump la firmó, la orden ejecutiva enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de los estados de Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso pasó a ser clave la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tenía la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.La Corte había anunciado en abril pasado que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva de Trump, lo que en ese momento generó una respuesta del presidente sobre la que había sido una de sus promesas de campaña. Trump afirmó que estaba "muy contento" de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido "muy malinterpretada". Sostuvo que la 14ta Enmienda -que se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos- en realidad "trataba de la esclavitud"."No se trata de que lleguen turistas y toquen un poco de arena y de repente haya ciudadanía", dijo Trump. "Todo se trata de la esclavitud", agregó.Durante muchos años, jueces y expertos en derecho constitucional en Estados Unidos han coincidido en que, aunque la 14ta Enmienda se añadió a la Carta Magna después de la Guerra Civil (1861-1865), no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.Ahora, el fallo dividido de la Corte limita el uso de medidas cautelares a nivel nacional, una maniobra judicial que creció durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez de distrito emitió una orden judicial a nivel nacional. Esos incluyen casos sobre temas que van desde la financiación federal hasta la diversidad, la equidad y las consideraciones de inclusión a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el tema en cuestión en la opinión de la Corte de este viernes que restringe su uso.Ese número contrasta con los 28 casos de medidas cautelares a nivel nacional que el Servicio de Investigación del Congreso identificó de la administración del expresidente Joe Biden y los 86 de todo primer mandato de cuatro años de Trump."Hoy, el Tribunal Supremo ordenó a los tribunales de distrito que detengan el interminable aluvión de medidas cautelares a nivel nacional contra el presidente", celebró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un posteo en X poco después de conocerse el fallo.Today, the Supreme Court instructed district courts to STOP the endless barrage of nationwide injunctions against President Trump. This would not have been possible without tireless work from our excellent lawyers @TheJusticeDept and our Solicitor General John Sauer. Thisâ?¦— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) June 27, 2025Bondi señaló que el Departamento de Justicia "continuará defendiendo celosamente las políticas de Trump y su autoridad para implementarlas". Las medidas cautelares universales han sido una fuente de frustración para la administración Trump en medio de un aluvión de desafíos legales a sus prioridades en torno a la inmigración y otras promesas de campaña.Por otra parte, la Corte preservó este viernes un elemento clave de la Ley de Asistencia Asequible -popularmente conocida como Obamacare- que ayuda a garantizar que las aseguradoras de salud cubran la atención preventiva, como las pruebas de detección del cáncer, sin costo alguno para los pacientes.
El presidente expresó su desacuerdo tras la decisión de la Corte Constitucional, advirtiendo sobre riesgos financieros y la urgencia de reformar el sistema de salud para evitar la quiebra de hospitales y clínicas
El secretario general de ATE Nacional destacó el rol de la justicia, que frenó la decisión del Gobierno de eliminar la jornada de descanso correspondiente al Día del Empleado Público.
La medida que se adoptará contra la polémica decisión de la jueza Moira Fullana fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni.Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.