laboral

Ante la resistencia de las provincias, el Gobierno prioriza la "modernización laboral" y fragmenta la reforma tributaria

El Poder Ejecutivo no enviará al Congreso una reforma tributaria integral. En lugar de eso, buscará avanzar con los cambios impositivos incluidos en el proyecto de "modernización laboral". La decisión marca un giro: el oficialismo desacelera su ambición reformista y se concentra en lo que cree posible aprobar en el corto plazo. El principal obstáculo del Congreso llega desde las provincias. Los gobernadores se resisten a convalidar recortes en impuestos coparticipables que afecten su recaudación.Según ratificaron distintas figuras del oficialismo, el plan se trastocó y ahora la idea es avanzar con ajustes tributarios escalonados, pero no con un paquete general."Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral", explicó un referente parlamentario del Gobierno. La hoja de ruta ideal, admiten en el oficialismo, serían adendas que incluyan tributos provinciales y tasas municipales, pero ese escenario hoy luce lejano.El esfuerzo que hace Nación bajando impuestos para que el emprendedor tenga más libertad, lo tira a la basura cualquier intendente con ímpetu recaudador.El 2027 es una gran oportunidad para pintar de violeta concejos deliberantes e intendencias de toda la Argentina. https://t.co/HjsxTGLtJ5— Martin Menem (@MenemMartin) January 8, 2026La eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 durante su tratamiento en Diputados terminó de enfriar los planes. Allí el Gobierno había incluido la derogación de dos leyes que considera especialmente onerosas para las cuentas públicas: el financiamiento de los servicios de discapacidad y de las universidades nacionales. "Eso obligó a frenar la baja de cargas patronales", sintetizaron en la presidencia de Diputados. Lo deslizó en diciembre el propio ministro de Economía, Luis Caputo, durante una charla con inversores, según constató LA NACION. "Esta primera parte de la reforma tributaria va más a personas jurídicas. Focalizamos en lo laboral", respondió sobre el tema. Ante la consulta de este medio, en Economía eludieron dar mayores precisiones.El envión posterior a las últimas elecciones, con el que la Casa Rosada aspiraba a sancionar un trío de reformas â??tributaria, penal y laboralâ?? entró así en una meseta. Sin un proyecto impositivo en agenda y sin que haya ingresado formalmente la anunciada reforma penal â??pese a haber sido incluida en el decreto de convocatoria a extraordinariasâ??, la única iniciativa en pie es la de modernización laboral. A eso apunta ahora toda la energía oficial.El proyecto incluye un capítulo de ajustes tributarios, pero de alcance acotado. Forma parte de una estrategia de cambios escalonados a futuro. "Es, en sí misma, la reforma tributaria más importante que se haya hecho", defendió un senador libertario, que evita hablar de postergaciones y prefiere el término "gradualismo". "No se puede hacer todo al mismo tiempo", argumentó.Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, el texto aún debe superar el filtro del recinto del Senado y luego recorrer todo el trámite en Diputados. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, planea usar la segunda quincena de enero para aceitar negociaciones y llegar con los votos alineados. El objetivo es evitar que se desarme un capítulo sensible: el de los ajustes tributarios impulsados por Economía.El mayor escollo vuelve a ser el diálogo con los gobernadores. El tramo impositivo de la reforma laboral incluye una reducción de tributos coparticipables, en particular modificaciones en el impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de ingresos provinciales. El proyecto prevé bajar las alícuotas para sociedades en los tramos más altos y eximir del tributo a los alquileres destinados a vivienda.El malestar en las provincias no es nuevo. En los últimos dos años, Milei utilizó la billetera como herramienta política: premió a los aliados con mayores giros discrecionales y restringió fondos a los mandatarios más distantes de la Casa Rosada. En un contexto sin obra pública nacional y con un escenario electoral competitivo en el horizonte, la resistencia se profundiza.Hay una certeza compartida entre los gobernadores: el oficialismo buscará disputarles el territorio en 2027. Catorce de los 24 mandatarios pueden y buscarán reelegirse. Nadie está dispuesto a resignar recursos en el tramo decisivo de su gestión.Están habilitados a renovar su mandato: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).Diego Santilli es otro de los funcionarios activos en el período estival. La semana pasada recorrió junto a Torres las zonas afectadas por el fuego en Chubut. El ministro del Interior proyecta, además, visitar a otros nueve mandatarios provinciales en lo que resta de enero, con la reforma laboral como principal eje de conversación.Mientras tanto, el Gobierno celebró en diciembre la sanción de la ley de "inocencia fiscal", orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares y fortalecer las reservas. En el camino quedó el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscaba prohibir el déficit y penalizar a los funcionarios que aprueben gastos sin respaldo.También sigue en carpeta la reforma de la Ley de Glaciares, un guiño a las provincias cordilleranas y, en particular, a las que integran la Mesa del Cobre. El proyecto apunta a reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras millonarias. Aunque Milei lo incluyó entre los temas a tratar, su debate quedó en suspenso. Para varios gobernadores, avanzar en esa discusión será una de las condiciones para aceptar nuevos ajustes que impacten sobre sus recursos.

Reforma laboral: el Gobierno reabre esta semana la negociación y mete presión a los gobernadores

Patricia Bullrich ratificó que el oficialismo está abierto a cambios para garantizar la sanción de la ley. Santilli y la CGT recorren las provincias en una competencia por el apoyo de gobernadores clave.

Reforma laboral: los gobernadores levantan la guardia y reeditan el pedido de "compensación" por Ganancias

CÓRDOBA.â?? El recorrido del ministro del Interior, Diego Santilli, para tratar de garantizar los votos para la aprobación de la reforma laboral sigue por provincias en las que sus gobernadores son aliados de La Libertad Avanza (LLA). Esta semana estará con el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo. La excepción será el pampeano Sergio Ziliotto, del peronismo no kirchnerista.El camino del ministro del Interior se complica por el artículo 191 del proyecto que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, golpea la coparticipación. La estimación de los gobernadores es que el impacto en los giros automáticos rondaría entre $5000 millones y $6000 millones mensuales. En esa línea, insisten en que si la ley sale así las provincias deben ser "compensadas". La iniciativa de la Casa Rosada apunta a reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. Según el Iaraf, el costo fiscal sería 0,22% del PBI ($1,9 billones anuales). A Nación le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones.Ese es el contexto que enfrentan los libertarios, que quieren tratar la reforma en el Senado el próximo 11 de febrero. Así, ya inició contactos con legisladores la jefa del bloque, Patricia Bullrich, a los que se suma el trabajo del ministro del Interior. Ya en los encuentros que mantuvo desde que asumió, el tema estuvo presente, pero en aquella primera gira la clave era el presupuesto que se terminó sancionando a fin de año.El bloque de senadores libertarios tiene 20 integrantes y se suma el monobloque del cordobés Luis Juez. Para arrancar el debate necesita de 37. Los diez de la UCR no están, todavía, garantizados. Los gobernadores son claves en el "poroteo" que ya comenzaron a realizar los libertarios. Con los radicales, precisamente, tienen relación las dos próximas visitas de Santilli. Es que en ese bloque, siete senadores responden directamente a los gobernadores. En el caso de Chaco, Silvana Schneider reporta directamente a Zdero, fue su vicegobernadora. Por esa provincia, LLA tiene a Juan Godoy, mientras que el tercero es el peronista Jorge Capitanich.Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez están alineados con Cornejo e integran también el bloque radical. La tercera senadora por la jurisdicción es la justicialista Anabel Fernández Sagasti.En esa lista también están los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, quienes ganaron sus bancas con el impulso del exgobernador Gustavo Valdés, a quien sucedió su hermano Juan Pablo Valdés, que también verá a Santilli. Corrientes tiene especial interés para el oficialismo, ya que el tercer senador es Carlos Camau Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas junto a la cordobesa Alejandra Vigo. Ambos votaron diferente en el presupuesto: él acompañó el proyecto y ella se abstuvo. De seguro, Martín Llaryora será parte de los diálogos de Santilli. Los dos senadores radicales por Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, acompañaron el presupuesto pese a las críticas del gobernador Maximiliano Pullaro, quien mantiene una relación difícil con la Rosada. Hasta ahora nunca se reunió con Santilli, quien hace unos días estuvo con Ignacio Torres (Chubut), a quien le responde la senadora Edith Terenzi. El Ministro volverá al sur el miércoles y recorrerá las zonas afectadas por los incendios. Aunque no está el cronograma completo del ministro, entre los encuentros estarían en agenda el misionero Hugo Passalacqua, quien cuenta con dos senadores; el salteño Gustavo Sáenz (uno) y el tucumano Osvaldo Jaldo (uno). También es un interlocutor habitual en estas situaciones Raúl Jalil (Catamarca), que cuenta con una senadora. En la anterior ronda, Santilli estuvo con 20 gobernadores, con lo que seguramente la lista se prolongará para incluir a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Otra vez GananciasCuando, en 2023, Sergio Massa ministro de Economía y candidato a presidente puso en marcha el "plan platita" que incluyó la eliminación de la cuarta categoría en Ganancias y el plan Compre sin IVA, la coparticipación de noviembre registró una caída real de 12,4%, la más severa desde julio del 2020 en plena pandemia del Covid 19. Los gobernadores, sin distinción de partido, iniciaron una cruzada pidiendo una "compensación". El reclamo fue tanto para la gestión de Fernández como para el recién electo Javier Milei. Propusieron, entonces, que se coparticipara la mitad de la recaudación del impuesto al cheque. Finalmente, Milei restituyó la cuarta categoría de Ganancias y no renovó el Compre sin IVA.Para remediar el impacto en las cuentas provinciales, antes de irse, Massa giró $113.402 millones del Fondo Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), el mismo que los mandatarios provinciales insisten en que debe coparticiparse.

De descansos a reportes: las reformas que cambiarán la gestión laboral en California

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Círculo rojo: disputas regionales, negociaciones por la reforma laboral y apuntes de verano

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Al menos tres sujetos en motocicletas lineales ingresaron al predio y uno de ellos simuló interés en adquirir la cosecha para atentar contra el exjugador

Reforma laboral: cómo postergaría el propio Gobierno la vigencia de cambios claves y qué efectos habría en las jubilaciones

Las medidas contenidas en el proyecto de reforma laboral que implican una reducción de costos para las empresas afectando las cuentas fiscales, con el fin de incentivar la inversión y el empleo formal, no entrarían en vigencia con la sola aprobación de la ley. Por el contrario, la fecha de su puesta en marcha sería definida discrecionalmente por el Ministerio de Economía que, para hacerlo, observaría el cumplimiento de las metas fiscales. Es decir, al no plantearse en la iniciativa cómo se cubriría el costo fiscal de las medidas -una falencia por la cual el Gobierno vetó leyes impulsadas por la oposición-, el objetivo del oficialismo es ahora lograr que el Congreso le otorgue al Gobierno la facultad de decidir cuándo poner en vigencia tanto el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones, como la rebaja de las contribuciones al sistema jubilatorio vinculada a esa herramienta y otras medidas de alivio impositivo para empresas, como los cambios en Ganancias. Lo explicado surge de un artículo, el 212, que fue agregado al texto al firmarse en el Senado el dictamen de las comisiones de de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich y por Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza.En esa parte del texto -subido a la página web de la Cámara Alta- se mencionan, según pudo observar LA NACION, los títulos que contienen medidas con efecto negativo en la recaudación, y se indica que entrarán en vigencia "cuando así lo disponga el Ministerio de Economía a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal".Esos títulos del proyecto son el número II (sobre el mencionado FAL), el XXIII, referido al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el XXIV, sobre modificaciones a leyes impositivas, y el XXV, sobre reducción de la carga tributaria (elimina impuestos internos). Todas esas medidas no tendrían una fecha concreta de entrada en vigencia en caso de aprobarse la ley.Contribuciones socialesUna de las medidas más significativas dentro de ese paquete es la que implica que, con la condición de que ingresen dinero regularmente a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, se les otorgaría a los empleadores una rebaja de la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses. Esa reducción no provocaría una caída de los ingresos previsionales, porque no se prevén cambios ni al cálculo de los haberes iniciales, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Por tanto, los recursos que no le lleguen a la Anses por contribuciones patronales, le deberán llegar desde otras fuentes. De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse en 2026, o crecer de manera más moderada que otros años, por una razón diferente: una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal de las moratorias por las cuales en los últimos años fue otorgada la mayoría de las prestaciones.¿Cuál es la rebaja de contribuciones prevista? Según el texto del dictamen -que en este punto fue modificado respecto del original- se prevé una reducción de tres puntos porcentuales "en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social". El beneficio está mencionado en el título referido al FAL y se busca establecer que rija por las relaciones laborales abarcadas por esa herramienta (excluye al empleo en la construcción y en servicio doméstico).En otras palabras, se busca que la creación del FAL tenga un efecto neutro para el empleador en cuanto al costo. Si bien se alimentaría con un pago equivalente al 3% de las remuneraciones, la contraparte sería una rebaja de igual magnitud en las contribuciones sociales.Las alícuotasLa ley 27.541, hoy vigente, determina una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pequeñas y medianas empresas, además de entidades y organismos del sector público). El texto enviado al Congreso incluía un cambio en las alícuotas, con una baja de tres puntos, algo que llevaba a interpretar que el beneficio previsto sería más amplio, porque el pago al FAL implicaría un alivio de tres puntos adicionales a los tres ya rebajados. En el dictamen, el artículo que modificaba las alícuotas fue eliminado. Los recursos de esas contribuciones se distribuyen en los subsistemas de la seguridad social, según apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo (financia el seguro de desempleo y planes de fomento al empleo), y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI. Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería compensar el desvío de parte de los recursos, disponiendo el envío a la Anses de más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal.Los pagos de la seguridad social tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de diferentes tributos con asignación específica (como la totalidad del impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit.Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 (al tercer trimestre) el 84,5% de los recursos de la Anses fueron "propios" (aportes y contribuciones e impuestos con asignación específica), y el 15,5% fue cubierto por el Tesoro. En 2024, los recursos propios cubrieron el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2020 ese porcentaje subió año a año (en pandemia, se tocó el piso de 55%). En términos de PBI, en 2025 se usaron recursos propios por el equivalente al 4,7%, en tanto que provino de otras fuentes el 0,9%.El traslado de fondos al FAL representa para el sistema previsional una pérdida aproximada de 0,5% del PBI, según dijo a LA NACION el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses. "Es un monto no decisivo, pero relevante y, como no se modifican los beneficios, entonces para cubrir el gasto -si no aumenta la recaudación- la diferencia la tiene que cubrir el Tesoro", afirmó. ¿Más empleos?El comentario referido al eventual aumento de la recaudación alude a las expectativas de una mayor creación de empleos. ¿Cuánto podría crecer la ocupación formal si se aprueba la ley? "Imposible responder -analizó Giordano-. Pero hay que tener en cuenta que hay que hacer una reforma previsional no solo por el déficit; hay que hacerla porque la Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), porque se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y porque aumenta la expectativa de vida y baja la natalidad."Están considerando una mayor afluencia de impuestos" para el pago de prestaciones, sostuvo Pérez, quien enfatizó que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto.La ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la inflación, ni prevé una suba del bono de hasta $70.000 para los ingresos más bajos. Tampoco se proyecta ningún pago extraordinario para las jubilaciones y pensiones. Y, si bien el Gobierno pretendió quitarle la movilidad a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al salario familiar del empleo formal, ese punto no se aprobó, por lo cual seguirán los reajustes mensuales.

Santilli con los gobernadores: devolución de favores para destrabar la reforma laboral

El ministro recorre las provincias sin recursos frescos de Nación y bajo la férrea tutela del jefe del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo. El "Colo" ahora busca cumplir promesas de gestión y compensaciones indirectas. La estrategia oficial apunta a no depender de mayorías ajustadas, sino a consolidar números amplios. La agenda de roscas para la semana que viene: desde el radical mendocino Alfredo Cornejo hasta el peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa. Leer más

Comenzaron las negociaciones por la reforma laboral: qué tan cerca está el Gobierno de conseguir los votos

El oficialismo apunta a sancionar la ley en febrero, en el segundo tramo de sesiones extraordinarias. Los contactos informales ya comenzaron. El rol clave de los gobernadores

Reforma laboral: qué cambios aceptaría el Gobierno y la gira de la CGT para presionar a los gobernadores

La semana próxima comenzarán las negociaciones en el Senado para modificar el proyecto y facilitar su sanción legislativa, pero los líderes cegetistas irán a las provincias para frenar la versión más dura de la iniciativa

La nueva reforma laboral: lo que puede mejorar y lo que no resolverá

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, sus fundamentos, alcances y limitaciones, con el propósito de distinguir qué aspectos resultan valiosos, cuáles generan objeciones jurídicas y qué expectativas erróneas se le asignan al derecho del trabajo como herramienta para resolver problemas estructurales del empleo.

Corte amplía protección a prepensionados que cumplen las semanas, pero no la edad, en fallo sobre estabilidad laboral reforzada

La decisión permite que trabajadores próximos a la edad de jubilación, aunque ya hayan completado su tiempo de aportes, puedan acogerse a una protección especial

El Gobierno se resiste a los cambios en el proyecto de reforma laboral y apura el apoyo de los gobernadores

El oficialismo defienden el fondo para indemnizaciones y las negociaciones por empresas, pese a las críticas de la oposición.Las provincias en alerta por una caída en la coparticipación por una rebaja en Ganancias.

El peronismo empieza a reunir a su tropa para el debate de la Reforma Laboral

Sus diputados y senadores se reunirán la semana que viene para preparar las discusiones sobre el proyecto. Las estrategias con los gobernadores, las presiones de la Casa Rosada y de la CGT en los distritos y la falta de consenso

¿Qué cambia con la nueva reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso?

El artículo clave de la reforma laboral que pasó inadvertido y que deja la baja de impuestos en manos de Caputo

Un cambio incorporado en el dictamen de mayoría en la Cámara alta modificó el esquema de aplicación de los beneficios fiscales y trasladó al área económica la potestad de definir su puesta en marcha

Convocatoria laboral con más 1.000 empleos para este lunes 12 de enero: conoce dónde postular

El evento contará con asesoría para armar un CV, impresión inmediata del documento y la posibilidad de tramitar el CUL, que acredita antecedentes y formación

La inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados crece un 35 % desde 2021

Si se acerca a la jubilación, Colpensiones pide revisar la historia laboral para evitar demoras en el reconocimiento pensional

Colpensiones alertó a afiliados entre 55 y 60 años sobre la revisión anticipada de su historial laboral, un trámite clave para evitar retrasos en la pensión de vejez por errores, vacíos o inconsistencias en semanas cotizadas y datos personales registrados en el sistema

Modernización laboral: impostergable política de Estado

Cuando se habla de modernización laboral, surgen inmediatamente -desde lo ideológico- voces dispares y afirmaciones dogmáticas, como que se van a quitar derechos y que no servirá para nada en términos de creación de empleo. Quizá hay algunas cosas que se ignoran o se omiten. Primero: el cambio tecnológico es vertiginoso y no se detiene, lo que impacta inequívocamente en la producción y el empleo. Segundo: la Argentina tiene una crisis de empleo que implica que, desde hace por lo menos 15 años, no se registra crecimiento, en términos reales, que represente nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado. Mucho menos si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico. Todo ello, debido también al "miedo a contratar", producto de nuestro irrealista y litigioso régimen laboral.Tercero: la pérdida de competitividad que se advierte en muchos sectores de la economía es el resultado de la "tormenta perfecta", que constituyen tanto el modelo laboral aún vigente como las otras reformas estructurales pendientes -sean la fiscal, la logística y otras- y las derivadas de la pérdida de productividad, la falta de capacitación en las nuevas habilidades y oficios que exigen los modernos sistemas productivos, afectados por la transformación tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial, entre otras.Thomas L. Friedman, en un reciente artículo publicado en LA NACION titulado "Por qué creo que estamos en la era del Policeno", destaca que "la fusión completa que se está produciendo entre la aceleración del cambio climático y las rápidas transformaciones en tecnología, biología, cognición, conectividad, ciencia de los materiales, geopolítica y geoeconomíaâ?¦ ha desencadenado una explosión de todo tipo de fenómenos que se combinan entre sí, a tal punto que hoy en día los sistemas binarios parecen estar dando paso a sistemas poligonales. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados hacia la inteligencia artificial general polimática, el cambio climático se precipita en una policrisisâ?¦ el comercio, antes binario, se dispersa en redes de suministro polieconómicas y nuestras sociedades se diversifican en mosaicos cada vez más polimórficos".El dilema no es si hace falta o no una modernización, sino cómo se completa un proceso que lleve a reglas laborales universalmente respetadas y aplicables en todos los emprendimientos productivos, cualquiera que sea su dimensión; bajo un esquema normativo flexible y adaptable a las distintas actividades, industrias y contextos productivos que nos conduzcan a la formalización de la economía, con mecanismos de entrada simple al empleo formal, a la capacitación en nuevas competencias laborales que resultan fundamentales para afrontar esos nuevos desafíos y a estar en condiciones de "competir en el mundo", y no meramente de "no hacer nada", que "esa es la mejor forma de defender a los trabajadores dependientes formales", sin tener en cuente que -en la realidad- constituyen cada vez una proporción menor del empleo en nuestro país.Una informalidad del orden del 50% no viene sola, sino incluso con desconocimiento de las nuevas realidades productivas y negación del impostergable aggiornamento que nuestro país necesita no solo para competir, sino también para integrarse a cadenas de valor ante los grandes retos que hoy nos plantean la energía, la minería, la economía del conocimiento y, en general, la transformación productiva por el impacto de la tecnología. Quienes objetan cualquier cambio aducen argumentos tales como derechos adquiridos, la intangibilidad de las conquistas o que no se puede admitir dar menos derechos que los que hoy existen.Sin embargo, ante situaciones críticas similares en materia de empleo, productividad y competitividad, nadie ignora que muchos países, ya sean de Occidente o de otras regiones del mundo -incluso de América Latina- adecuaron sus marcos laborales para generar más empresas y más empleo, y lograron revertir el ciclo de destrucción de empleo y fuentes de trabajo formales del sector privado. Y -en cambio- gran parte de nuestros gobiernos de turno en las últimas décadas las únicas reformas laborales que promovieron o admitieron fueron una regulación del contrato de trabajo de la década del 70 o una ley de empleo que no enfrentó los problemas que en los años noventa ya existían -y que, obviamente, se han profundizado con los cambios que el mundo ha seguido mostrando-, ¿cuál es la panacea?; ¿cuál es el bien tutelado cuando la informalidad, la anomia y la falta de preparación para los nuevos trabajos siguieron siendo la constante, agravada por el desacople entre norma y realidad?No pensamos que el camino deba ser ignorar que ya no estamos ante la primera, la segunda, la tercera ni siquiera la cuarta revolución industrial: es un desafío del mundo actual que debemos encarar por la vía del diálogo, la búsqueda de consensos y la creación de un entorno integral favorable e intrínsecamente propicio para la creación de empresas y de empleo. La modernización laboral es para ello un paso fundamental que, por supuesto, deberá ir acompañado de otras medidas y un entorno económico propicio, previsible y, por ende, confiable. Debemos tener muy presente que, si no hay más y mejores empresas, tampoco habrá nuevo empleo privado.Pero, para que haya nuevos emprendimientos -sean micro, medianos o grandes-, debe haber capital humano capacitado y una normativa laboral que respete los derechos fundamentales en el trabajo, pero que ello no signifique condenar apriorísticamente a su empleador. Bajar el miedo a contratar, con mecanismos de salida previsibles y reglas claras, es condición necesaria para generar empleo. Las leyes laborales deben cumplirse en su real alcance y contenido, y no liberar el sistema para privilegiar "presunciones" que se contraponen con las "evidencias"; no atacar la productividad e innovación, no inventar incapacidades laborales ni exagerar su magnitud, apartándose del Baremo de incapacidades que rige de manera obligatoria -y no meramente indicativa- en nuestro país.No castigar al que generó empleo con reclamos infundados e intereses impagables. En concreto, no estimular la industria del juicio, sino respetar el derecho a la litigiosidad efectivamente causada y dentro de los parámetros de las pautas normativas. No puede ser que nuestro país haya disminuido muy positivamente la siniestralidad laboral, pero a la vez haya crecido geométricamente la litigiosidad por riesgos del trabajo, desnaturalizando su sentido y alcance, y conduciendo, inexorablemente, otra vez a un modelo de desprotección cuando el seguro de riesgos del trabajo deje de funcionar por tales distorsiones.Por otro lado, reivindicar los convenios colectivos de trabajo sectoriales de 1975 todos sabemos que es pura retórica, pues nada tienen que ver las condiciones de trabajo, los sistemas de organización de la jornada, la naturaleza de las prestaciones o beneficios, o la mayoría de las históricas "categorías" laborales con las que emanan de una realidad que, 50 años después, tenemos como contexto. Un sistema laboral moderno debe poder adaptarse a la realidad específica de cada industria, actividad y región. Parece ser que se pretende ignorar u ocultar que detrás de esas cláusulas ya sin vigencia hubo otras que poco tienen que ver con el contrato de trabajo y sus contenidos.Una nueva ley está llamada a existir. Su contenido final dependerá del trámite y consenso parlamentario, pero de lo que no cabe la menor duda es de que no podrá ni deberá ignorar que, sin empresas, no hay empleo y que, si no hay seguridad jurídica, nadie contrata y -por el contrario- antes de adaptarse o invertir en productividad y competitividad, se muda o, directamente, cierra. En definitiva, la Argentina debe construir su futuro sobre bases sustentables, recuperando el valor del trabajo y reconociendo que es imprescindible adecuarlo para la productividad y competitividad que han de generar un marco necesario para la inclusión y el efectivo desarrollo productivo nacional, con las oportunidades que hoy puede generar al país la economía mundial. Las transformaciones tecnológicas, productivas y culturales del siglo XXI nos exigen actualizar nuestras instituciones para que vuelvan a servir al propósito original: incluir más personas en el mundo del trabajo formal, registrado y digno.

El Gobierno retoma la agenda y reorganiza las negociaciones por la Reforma Laboral

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La CGT negocia con senadores dialoguistas para frenar la reforma laboral de Javier Milei en el Senado

Mientras la central obrera busca sumar apoyos en la Cámara alta para bloquear los artículos más sensibles de la reforma laboral, el Gobierno activa negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios para sostener la iniciativa y evitar cambios. Leer más

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La CGT apunta a los indecisos para bloquear la reforma laboral de Milei en el Senado

Mientras el Congreso baja la persiana por el receso de verano, hay un actor que decidió no tomarse vacaciones. Frente a una reforma laboral que amenaza con mermar sus ingresos y capacidad de representación, la CGT aceleró las gestiones políticas para bloquear el proyecto impulsado por Javier Milei en el Senado. La estrategia es clara: salir a disputar los votos del centro político, entre radicales, bloques provinciales y peronistas no kirchneristas que no responden a la Casa Rosada pero tampoco se alinean con una oposición frontal.La tarea quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera. Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro -dos de los tres secretarios generales de la CGT- encabezan las conversaciones. El tercero, Jorge Arguello, de Camioneros, representa la facción más intransigente.La reforma ya cuenta con dictamen de comisión. Fue respaldada por los libertarios y acompañada, con disidencias, por Pro, la UCR y los bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo votó en contra. Pero la avanzada que lideró Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, se empantanó antes de llegar al recinto. La discusión quedó postergada para febrero ante la posibilidad concreta de que el texto sea desguazado artículo por artículo.El quiebre terminó de consolidarse durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, una sesión que profundizó la desconfianza entre el Gobierno y sus aliados tradicionales. Desde entonces, los libertarios se concentraron en recomponer ese vínculo, una tarea que dejó en suspenso el avance de la reforma laboral.En la CGT leyeron el aplazo como la primera batalla ganada. Con febrero cada vez más cerca, intensificaron los contactos con senadores indecisos que se corrieron del oficialismo. El objetivo es reunir entre siete y ocho voluntades para bloquear los artículos más sensibles, aquellos que -según advierten- golpean directamente el financiamiento sindical y erosionan su rol de intermediación.Entre los nombres con los que hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio "Camau" Espínola. También apuntan a los santacruceños de Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que evitan subordinarse sin matices a la Casa Rosada.Por lo bajo, en la central obrera deslizan un reproche hacia el bloque PJ, al que acusan de correrse de la pelea fina por los votos. "Nadie va a hablar por nosotros", repiten los más críticos. La queja expone, además, una tensión interna: mientras Jerónimo y Sola apuestan al diálogo parlamentario y evitan la amenaza de un paro general, el sector más duro -referenciado en Camioneros, bajo la conducción Argüello- presiona por una confrontación abierta.El corazón del conflicto está en la letra chica del proyecto. La CGT apunta contra la ampliación de las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar servicios mínimos en caso de huelga; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre los pactos sectoriales; y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, hoy fijada por convenio.Pero el punto que genera mayor resistencia -y que incluso en el Gobierno admiten que podría no reunir los votos necesarios- es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) como alternativa al régimen de indemnizaciones. El fondo se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores, recursos que dejarían de ingresar al sistema previsional y serían administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. "Desfinancia el sistema previsional y de salud y le entrega al Estado un manejo discrecional de esa caja", advierten en la CGT.El 10 de diciembre pasado, la central obrera mantuvo un primer encuentro con el bloque PJ del Senado. Fue el punto de partida de una ofensiva política más amplia para frenar una iniciativa que califican de "inconstitucional" y "antisindical". Luego tendieron puentes con los gobernadores de Provincias Unidas, con una cumbre inicial en el Banco de Chubut, de la que participaron los Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), antes incluso de que el texto oficial ingresara al Congreso.Pullaro lo explicó en términos generales: "Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto. Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea".Del otro lado, el Gobierno también mueve fichas. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una gira durante enero para sumar respaldo de los gobernadores: en las últimas horas se encontró con Torres en Chubut y prevé reunirse con al menos diez mandatarios provinciales. Chaco y Mendoza figuran entre las próximas paradas, con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, dos aliados electorales de los libertarios.Bullrich, en tanto, planea activar las reuniones la próxima semana. La estrategia oficial es avanzar en espejo en el Senado y Diputados, donde Martín Menem sigue de cerca el trámite, para evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de origen y dilaten el calendario. En esa pulseada, la CGT apuesta a llegar a febrero con los votos necesarios para torcer el rumbo de la reforma.

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Santilli inició su ronda con gobernadores: Torres confirmó su apoyo al Código Penal pero duda frente a la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, abrió este miércoles su nueva ronda de encuentros con gobernadores, ahora para colectar apoyos para las reformas que el Gobierno impulsará en el segundo tramo de las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Desde la mañana, Santilli visitó al mandatario de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, pero se impusieron otras urgencias: más allá de que el ministro fue a buscar respaldo para las reformas de Javier Milei, la reunión estuvo atravesada por la problemática de los incendios que aquejan a la provincia. Debido a esto, el encuentro entre ambos fue en El Hoyo y no en la capital provincial. Esa localidad es una de las más afectadas por los focos de incendios que por estas horas abarcan más de 2000 hectáreas, según contaron fuentes del Poder Ejecutivo provincial a LA NACION.Antes de la recorrida por los sectores incendiados â??en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alercesâ?? y de la reunión formal, se hizo una conferencia de prensa en la que Torres (Provincias Unidas) y Santilli (LLA), dos excompañeros de espacio en Pro, buscaron mostrar cooperación. La relación de Torres con el gobierno nacional fue oscilante, con picos de altísima fricción con el Presidente y otros momentos de colaboración y firma de convenios. En la conferencia, el gobernador de Chubut ratificó su apoyo a través de sus legisladores al proyecto de reforma del Código Penal. "El Código Penal tiene que tener mayores penas. El compromiso desde la provincia es que vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen", dijo Torres ante Santilli, desde la Oficina de Turismo de El Hoyo. En la rueda de prensa participaron también el intendente Cesar Salamín y el fiscal Carlos Díaz Mayer.De momento, fuentes ligadas al gobernador ratificaron ante LA NACION su respaldo a la modificación del Código Penal pero remarcaron que no tiene una postura tomada aún sobre la reforma laboral y que debatirá ese tema en un encuentro próximo con el diputado y las dos senadoras de su provincia que le responden. El Gobierno tiene ahí una ventana para intentar lograr su colaboración.El diputado es Jorge "Loma" Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo, quien ya expresó públicamente su rechazo a la reforma laboral que propone la Casa Rosada, al igual que la mayoría de sectores gremiales, incluida la CGT. Las senadoras son Edith Terenzi y Andrea Cristina. Asimismo, Torres se prepara para presentar ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por la deuda de la Nación con la caja previsional de Chubut. En la gobernación calculan que asciende a $50.000 millones. Ese tema ya está en debate con Santilli y con el Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, pero desde la provincia aclaran que irán a la Corte igual, independientemente de cómo camine la negociación por las reformas. Por su parte, el ministro del Interior habló en la conferencia de prensa de hoy de una situación de "gravedad absoluta" por los incendios y sostuvo la necesidad de "ir a fondo en la búsqueda de los criminales" que los provocaron. Además, aseguró que hay "disposición" del Ejecutivo nacional para dar "apoyo" y "logística". En base a datos del Ministerio Público Fiscal chubutense, al menos dos de los focos se activaron de manera intencional, por lo que la provincia puso una recompensa de $50 millones para dar con los responsables. Asimismo, Torres afirmó que 10 familias afectadas serán asistidas a través del Ministerio de Desarrollo Humano provincial junto al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Desde la cartera nacional no dieron mayores precisiones sobre cómo será la atención ante la consulta de LA NACION. Aunque el fuego fue el tema principal, Santilli lo que busca es respaldo político. Su primera rueda de gobernadores derivó en la aprobación del primer presupuesto de la era libertaria, por apoyo de determinadas provincias que â??días antes de la votaciónâ?? fueron beneficiadas en el reparto de ATN y fondos del Consenso Fiscal 2017. Los gobernadores más vinculados al kirchnerismo â??Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa)â?? quedaron excluidos del diálogo.En noviembre de 2025, Torres se encontró con Santilli en la Casa Rosada y los acompañó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego, durante la votación del presupuesto, Ávila se abstuvo en Diputados, mientras que Terenzi y Cristina votaron afirmativamente en el Senado. De larga data en estos bretes, ahora Santilli trabaja para conseguir respaldos para la reforma laboral, la inocencia fiscal y la reforma del Código Penal. Por eso no se tomará vacaciones. Después de Torres, y a lo largo del verano, tiene planeado ver a otros nueve mandatarios aliados de la Casa Rosada.

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Santilli visitó Chubut en el marco de una gira por varias provincias para ir sumando adhesiones para el debate parlamentario que arranca en febrero.En la Casa Rosada admiten que habría cambios en el proyecto original para sumar respaldo legislativo y evitar un choque con la CGT.

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Senadores y diputados del PJ le pidieron una reunión al gobernador para analizar el impacto fiscal del proyecto que impulsa Javier Milei en el Congreso. Estiman que la provincia y los municipios recibirían cerca $81.000 millones menos.

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Las provincias alertan que la reforma laboral les quitará fondos coparticipables

Será un verano tórrido para el Gobierno, en particular para el ministro del Interior, Diego Santilli. No tanto por las altas temperaturas, sino por la intensidad de las negociaciones en torno al proyecto de modernización laboral que deberá encarar con los gobernadores, quienes ya advirtieron que el capítulo impositivo incluido en la iniciativa implicará fuertes recortes en los ingresos que reciben por coparticipación. Los mandatarios pusieron en la mira las modificaciones propuestas en el impuesto a las Ganancias, uno de los tributos que más gravita en la coparticipación. El proyecto propone reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. De ser aprobada la ley, este alivio impositivo sería financiado en gran parte con menores envíos automáticos a los distritos.En efecto, de acuerdo a un informe de IARAF, se estima que el costo fiscal directo inicial anual de estas modificaciones en el impuesto a las Ganancias sería de 0,22% del PBI ($1,9 billones anuales). De este total, al gobierno nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA. $1,12 billones.La distribución de esa pérdida no es homogénea. Según el informe de IARAF, Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).Más allá del argumento oficial de que la reducción del impuesto a las Ganancias a sociedades busca mejorar la rentabilidad y estimular inversiones, el reparto de costos y beneficios genera resistencia en las provincias en momentos en que enfrentan menores ingresos por la caída de la actividad económica.Transferencias automáticasSi bien el año pasado las transferencias automáticas que se giraron a las provincias cerraron con una variación positiva del 1,7% real respecto de 2024, lo cierto es que la cifra se mantiene por debajo de todos los años desde 2018 a 2023, señala en su último informe Politikon Chaco. Los gobernadores hacen cuentas y advierten que si bien los giros automáticos aumentaron en promedio un 1,7%, esa suba estuvo mayormente impulsada por los envíos por compensación del Consenso Fiscal de 2017, los cuales el Gobierno distribuyó de manera discrecional en favor de las provincias amigas. En efecto, según el informe, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan tuvieron alzas mayores al 200% en términos reales. En cambio, provincias menos amigables como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no llegaron al 50% de variación.Las cifras hablan a las claras de un gobierno que se muestra dadivoso con los gobernadores dialoguistas y severo con aquellos enrolados en la oposición, estrategia que hasta ahora le dio resultado con la aprobación del Presupuesto 2026. Habrá que ver si esto le alcanzará para ir más allá con la ley de modernización laboral, la cual, así planteada, les rebanará a todas las provincias una tajada importante de su coparticipación. "Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta", advirtió el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) al advertir que la propuesta de reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las sociedades beneficiará a un porcentaje mínimo de empresas (las más grandes) en detrimento de las provincias. En efecto, en su artículo 190, el dictamen propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, reemplazando la alícuota del 30% por una del 27% y la del 35% por una nueva alícuota del 31,5%. Sólo el tramo 3 representa el 76% de la recaudación del impuesto porque compete a las que declaran más de mil millones de pesos anuales: solo 1856 sociedades, el 1% del total.Capitanich calculó que el costo fiscal de este beneficio para las empresas treparía a US$2179 millones. A ello se suma otra serie de modificaciones tributarias incluidas en el proyecto que, aunque menor, también tendrán impacto en la coparticipación que reciben las provincias. El artículo 191 del dictamen, por caso, propone "dejar sin efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley" los impuestos internos para los rubros de "los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves". Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de este beneficio -que beneficia a los contribuyentes de más altos ingresos- alcanza los U$S 334 millones anuales. Capitanich estima que el impacto fiscal sería mayor -U$S 548 millones-, pero más allá de las diferencias en los cálculos, advierte que este alivio tributario resulta irritante en momentos en que el Gobierno se resiste a aplicar las leyes de financiamiento a las universidades y al servicio de asistencia a las personas con discapacidad. "Estamos hablando de derogar los impuestos internos a vehículos de marca y de lujo, yates y artículos suntuarios. Son impuestos que se coparticipan desde 1996. Son recursos indispensables para las provincias. Debemos repensar esta situación", advirtió. El ministro del Interior y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, saben que las negociaciones serán arduas con la oposición y, en particular, con los gobernadores. Tras despachar el dictamen en los últimos días del mes pasado, la senadora Bullrich tiene previsto continuar la ronda de conversaciones a partir de la segunda quincena de este mes y llevar la iniciativa al recinto a mediados de febrero. Descuenta que se le incorporarán modificaciones al dictamen oficialista: el gran interrogante es si el capítulo tributario -una imposición del Ministerio de Economía- se mantendrá incólume o no.

Diego Santilli inicia una nueva gira por las provincias para conseguir apoyo a la reforma laboral

CÓRDOBA.- El oficialismo nacional espera empezar a tratar la reforma laboral en el Senado en la segunda semana de febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, arranca el miércoles una serie de una decena de visitas a gobernadores. El debut es con el chubutense Ignacio Torres. Si la "modernización" laboral, como prefieren decir desde la Casa Rosada, sale como está planteada impactará en un recorte de la coparticipación.Desde Interior comunicaron que durante este mes -repitiendo la estrategia aplicada para lograr la sanción del presupuesto- Santilli reactivará su agenda de viajes. "Busca llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral", plantearon.Aunque Torres había anunciado que en la última semana de setiembre presentaría una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la interrupción de las transferencias desde Anses, finalmente no la realizó. Abrió una instancia de negociación con Santilli casi en paralelo al debate del presupuesto en el Senado. Reclama $51.000 millones de deuda.Aclaró "no estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses". Seguramente el tema volverá a la mesa el próximo miércoles. A Torres le responde la senadora Edith Terenzi, quien acompañó la ley de presupuesto.La lista completa de gobernadores a visitar por el Ministro todavía se está armando. Incluirá a aquellos que tienen senadores cuyo acompañamiento de la reforma es clave para que La Libertad Avanza (LLA) logre la aprobación. Entre ellos están, el salteño Gustavo Sáenz (su senadora es Flavia Royón); el catamarqueño Raúl Jalil (cuenta con Guillermo Andrada); el tucumano Osvaldo Jaldo (Beatriz Álvarez está en el bloque Independencia) y el misionero Hugo Passalaqua (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut).La incógnita es si habrá "señales" para los mandatarios de provincias grandes del centro, como el cordobés Martín Llaryora (una senadora, Alejandra Vigo) y el santafesino Maximiliano Pullaro, con quien hasta ahora nunca hubo un encuentro individual.El dictamen de comisión del proyecto de reforma laboral incluye un artículo que establece una reducción de las alícuotas de Ganancias para las "sociedades de capital" en las escalas más altas. Ese impuesto es uno de los que más peso tiene en la coparticipación, por lo que hay gobernadores que podrían pedir un cambio o bien compensaciones. Según un cálculo del diputado de Fuerza Patria, Guillermo Michel, las provincias perderían $1.729.044 millones este año.Cuando ingresó al Congreso el proyecto de reforma laboral el tucumano Jaldo fue el primero en plantear que una "modernización" es necesaria pero subrayó que no pueden alterarse los derechos adquiridos. Son varios los mandatarios que en los encuentros mantenidos con Santilli adelantaron una opinión similar, aunque en esas reuniones el eje estaba en el presupuesto. En diálogo con LA NACION sostuvieron que había que dar la discusión pero que no se iba a votar "a libro cerrado" la propuesta del oficialismo. Para el presupuesto 2026, la Rosada resolvió repartir ATN. Diciembre fue un mes récord en la gestión de Javier Milei. Aun así, en dos años, a Nación le quedó sin distribuir el equivalente a 5,2% del superávit primario acumulado por el sector público no financiero.

El Gobierno no descarta introducir cambios en el proyecto de reforma laboral para lograr su aprobación

Para el Gobierno ya comenzó la cuenta regresiva de cara al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. A partir de ahora, tendrá poco más de un mes para reunir voluntades entre gobernadores, que inciden en sus legisladores en la Cámara alta. Por ende, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso se declaran abiertos a recibir sugerencias de la oposición dialoguista, a la que necesitará a la hora de la votación.Pero, al mismo tiempo, advierten que "se van tener en cuenta las sugerencias, siempre y cuando no se pierda el espíritu de la modernización". Hasta ahora, según coincidieron distintas voces, las principales dudas que recibieron en el Senado se focalizan en el funcionamiento y alcance del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así como en el capítulo tributario que incluye el proyecto, puesto que las provincias se quejan de que podrían recibir menos ingresos de coparticipación."Es una ley razonable, no una flexibilización extrema", sostienen en la administración que conduce Javier Milei, que tendrá para esta iniciativa como principales espadas a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Los cuatro se reunirán desde mediados de mes. La reforma laboral es la primera de las reformas de segunda generación que el Gobierno someterá al debate en el Congreso y aspira a poder tenerla sancionada antes de que finalice febrero, en las sesiones extraordinarias. Ya tiene dictamen desde el pasado 18 de diciembre en el Senado, pero su tratamiento se postergó.Por lo pronto, según pudo saber LA NACION, entre el 16 y el 26 de este mes se pondrá en marcha un equipo técnico encabezado por la abogada Josefina Tajes, que integra las filas de Bullrich. El objetivo es "monitorear todas las propuestas que hay, analizarlas y a partir de ahí arrancar", explicaron las fuentes. De esos intercambios se esperan que participen asesores y senadores "que se quieran acercar"."Trabajamos para que la ley salga", dijo a LA NACION una importante voz de las filas libertarias, con la mira puesta en lo que sucederá en la segunda etapa de sesiones extraordinarias en febrero. "Nuestra prioridad es que haya ley", completó un funcionario del Poder Ejecutivo en la misma dirección. En el oficialismo insisten en que la esencia que buscan es "generar empleo formal" y que bajo esa premisa trabajan de cara al debate en el Senado. Para el Gobierno es "fundamental" que se abran puestos laborales en el universo formal, antes de poder avanzar con cualquier otra reforma pendiente. Mientras que un sector del oficialismo se muestra más propenso al diálogo y abre una instancia para concretarlo, en la Casa Rosada también hay quienes se inclinan porque las cosas sigan como están: "¿Negociar más? Ya está bastante consensuada", evaluó una fuente del Ejecutivo. En el Senado, en tanto, las proyecciones son otras. Luego de concluido enero, aguardan allí la apertura de una segunda instancia, en la que los senadores analizarán lo que haya salido de allí. Eso será, estiman fuentes de LLA, luego del 26 y "hasta el 10 u 11â?³ de febrero, cuando la idea es bajar al recinto. "Pensamos que va a estar todo bastante cerrado para entonces", afirmaron. Con miras a esa cruzada clave para el oficialismo, y desde esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene planeado hacer 10 viajes para reunirse con gobernadores. "Busca llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral", dijeron cerca de su cartera. Fondo de Asistencia LaboralRespecto del Fondo de Asistencia Laboral, según indica el texto del proyecto, se financiará con el 3% del aporte obligatorio que realizan los empleadores y el Estado dejará de percibir ese monto. Ese dinero servirá para financiar total o parcialmente eventuales despidos. La iniciativa explica que la Agencia de Recaudación y control aduanero (ARCA) evaluará semestralmente el cumplimiento de la obligación."Hubo algunas dudas con respecto de FAL, entre ellas si todas las empresas tendrían que tener el mismo descuento o no", contempló una de las voces consultadas. En tanto, respecto de los aspectos tributarios contemplados en el texto, en el oficialismo cuentan que se recibieron consultas de gobernadores sobre el impacto de los cambios en las provincias. Para trabajar esas inquietudes, en el oficialismo explican que contarán con la asistencia del Palacio de Hacienda."Tuvimos un primer aproach. Los días que estuvimos analizando el proyecto de ley arrancamos con algunos cambios que se fueron incorporando", definieron fuentes al tanto de lo conversado en diciembre, como la precuela de lo que vendrá a partir del 16 de este mes. Como muestra de diálogo, en el oficialismo aseguran que también está el hecho de que se pasó de fecha la discusión, inicialmente pensada para fines de diciembre, porque consideraron que era "importante" trabajar para construir los consensos, tal como se hizo -con algunos tropiezos- para la aprobación del Presupuesto 2026. Por el momento, en el oficialismo admiten los diálogos con la oposición afín y explican que "no ha habido acercamiento con el kirchnerismo", en tanto que la CGT "ha pedido conversaciones y quedó en mandar cosas", algo que explican, aun no sucedió y sostienen que no saben de qué se trata, pero insisten: "Será una ley razonable, no una flexibilización extrema".

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Poder Judicial lanza convocatoria laboral enero 2026: sueldos de hasta S/ 10.000 en Lima y más de 15 regiones

Las vacantes están dirigidas a personas con secundaria completa, estudiantes universitarios, egresados, bachilleres y titulados, principalmente de la carrera de Derecho, pero también de Administración, Contabilidad, Economía y más

Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: "Simplemente no es cierto"

El presidente colombiano sostuvo que la proporción de trabajadores informales disminuyó durante su administración y descartó que la política de incremento salarial haya generado mayor informalidad

Estrés laboral: por qué se produce y cómo podemos aprender a regularlo, según un especialista

El cansancio y la tensión se volvieron una constante en la rutina de muchos argentinos. Sin embargo, el problema no es la existencia del estrés en sí, sino la dificultad para regularlo. Así lo explicó Carlos Sosa, experto en liderazgo, en una entrevista en LN+, donde advirtió que el exceso de presión impacta tanto en la salud como en la productividad."Los argentinos llegamos cansados y estresados a diciembre", señaló Sosa, y aclaró que el estrés siempre existió. "El problema no es el estrés, el problema es saber regularlo, cuándo ir lento y cuándo ir despacio", explicó. Estres laboral: como afecta a la salud y la productividadSegún el especialista, en la actualidad confluyen múltiples factores que intensifican esa carga: presión económica, incertidumbre laboral y el avance de la inteligencia artificial, que obliga a muchas personas a reinventarse profesionalmente.Para Sosa, el estrés puede entenderse como una acumulación de energía mal gestionada. "Es una sobrecarga de preocupaciones", resumió, y remarcó que, cuando no se canaliza, termina afectando el rendimiento y el bienestar emocional.El estrés también puede ser necesarioLejos de demonizarlo, el experto sostuvo que el estrés cumple una función. "Necesitamos estrés, pero regulado", afirmó. Para explicarlo, utilizó una metáfora: "Imagínense un velocímetro". De acuerdo a lo que describió, entre 0 y 90 la persona se encuentra apática, sin energía; entre 130 y 220, el nivel de estrés es excesivo y perjudicial. El punto óptimo está entre 90 y 130, donde aún es posible verbalizar lo que uno siente y pedir ayuda.En ese sentido, destacó la importancia de poner en palabras lo que sucede. "Verbalizar es importante, sea un proceso corto o largo", dijo, y explicó que expresar el malestar permite descomprimir la carga emocional antes de que se vuelva inmanejable.Escucharse para regularSosa remarcó que la clave para regular el estrés está en el autoconocimiento. "La pregunta clave es cómo me siento", subrayó. Según explicó, una persona puede comenzar el día con confianza y, ante un mensaje o una situación puntual, experimentar un cambio brusco en su estado emocional.Por eso, recomendó "escanearse constantemente". "Nuestro tablero de control es el cuerpo", afirmó, y precisó que las señales físicas y emocionales funcionan como alertas tempranas. Aprender a detectarlas a tiempo permite ajustar el ritmo, pedir apoyo y evitar que la sobrecarga se transforme en un problema mayor.

La Rural impulsa una modernización laboral para el trabajo agropecuario

La vicepresidenta segunda de la entidad, Eloisa Frederking, destaca que la propuesta contempla las particularidades de las economías regionales y del empleo estacional

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

El tribunal señala que la protección solo tiene carácter provisional y no genera por sí misma acceso a la regularización por vías excepcionales previstas en la ley de extranjería

Sigue la pelea entre Angélica Lozano y María Fernanda Carrascal por recargo nocturno en la Reforma Laboral: "Para verdades el tiempo"

Mientras que la senadora de Alianza Verde reiteró que su respaldo hacia la propuesta no buscaba un logro personal, la representante del Pacto Histórico sostuvo que su proposición fue presentada en un inusual horario

Jeff Bezos, sobre el futuro del mercado laboral: "Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA"

Para el creador de Amazon, es un empleado que tiene una característica distintiva.Considera que la innovación es la base de cualquier adelanto tecnológico.

Fue nutricionista de cuatro campeones del mundo en Qatar 2022 y ahora denuncia al Real Madrid por acoso laboral: "Tengo pesadillas cada noche"

Itziar González fue despedida de la Casa Blanca a mitad de este año.Asegura que recibió malos tratos de parte del cuerpo médico y de fisioterapia.

Sedapal lanza convocatoria laboral para este fin del 2025 y ofrece contratos indeterminados

La oferta laboral está dirigida a postulantes con secundaria completa y a profesionales titulados en distintas especialidades de ingeniería y operación de maquinaria pesada, con sueldos que van desde S/ 3.895 hasta S/ 7.290

Tras el Presupuesto, el Congreso cierra las puertas hasta febrero para retomar con las reformas laboral y penal

Las extraordinarias vencen este martes 30, pero se espera que Javier Milei las prorrogue.

Reforma laboral 2026 fija cuatro permisos remunerados obligatorios para trabajadores y amplía licencias pagadas

La Ley 2466 de 2025 introduce desde 2026 cuatro permisos remunerados obligatorios que deberán conceder los empleadores,

Reforma laboral: una historia de intentos fallidos y una anomia persistente

Desde el 4 de junio de 1943, cuando se impuso el modelo corporativo de representación sindical monopolizada y sin elecciones libres â??único actualmente vigente en el mundoâ??, hubo solo tres intentos de reforma laboral, todos realizados después del retorno a la democracia formal de 1983 y posteriormente revertidos.A tres meses de asumir el presidente Raúl Alfonsín, el Senado peronista rechazó la llamada "Ley Mucci" de democratización sindical. Posteriormente, la reforma laboral de 1991 (ley 24.013), durante la presidencia de Carlos Menem, consistió en la posibilidad de obtener empleo mediante contratos a plazo, pasantías y reducción de contribuciones, sin reformar la estructura sindical. El propio Menem luego derogaría, mediante decreto, en 1998, los contratos laborales promovidos originalmente, por la presión de los Moyano. Por último, la reforma laboral durante la presidencia de Fernando de la Rúa, conocida como "Ley Banelco", que priorizaba los convenios por empresa, fracasó debido a las denuncias de corrupción formuladas por la parte afectada: la CGT y los Moyano.Resultado: una creciente informalidad en el mercado de trabajo. Hoy, los puestos de trabajo privados registrados representan solo el 35% del total, lo que reduce al mínimo la base contributiva de la seguridad social para los jubilados y, por lo tanto, pone en jaque el sistema previsional.Autorizan a Latam a realizar vuelos domésticos en el paísEstá clara la fortaleza del bloqueo corporativo frente a la reforma del statu quo sindical, en alianza con el statu quo empresarial, contra la apertura económica.La ley de modernización laboral, presentada recientemente por el Poder Ejecutivo para ser tratada en el Congreso, apunta, entre otros aspectos, a reducir los costos de las indemnizaciones por despido y a priorizar los convenios por empresa por encima de los convenios sectoriales. La primera medida busca incentivar la generación de empleo formal y evitar que una indemnización por despido quiebre a las pymes. La segunda busca adecuar y priorizar los convenios colectivos a la realidad de las pymes, por encima de las condiciones de trabajo impuestas por los convenios colectivos sectoriales, negociados mediante acuerdos de cúpula entre la CGT y las cámaras empresariales representativas de grandes empresas.Pero la Argentina se caracteriza por las leyes que no se cumplen. Sea porque los argentinos no tienen incentivos para cumplirlas, lo que Carlos Nino definió como "anomia social", o porque existe una "anomia institucional", como propone Peter Waldmann, resultado de la incapacidad del propio Estado para operar como un sistema coherente de reglas.La anomia social se manifiesta en prácticas extendidas de informalidad y evasión de la ley. La anomia institucional resulta en marcos regulatorios inestables, reformas frecuentes, judicialización, superposición y contradicción de normas (ultraactividad legislativa), discrecionalidad, ausencia de rendición de cuentas, débil enforcement y uso selectivo y político del derecho.Tasas municipales: la presión impositiva impulsa una mudanza silenciosa de empresas dentro del paísEl reciente caso del "esguince" de los $300 millones resulta elocuente como ejemplo de la anomia institucional. Un camionero, dado de alta a las dos semanas por un esguince, tras diez sesiones de kinesiología, con una determinación médica de 0% de incapacidad, termina convirtiendo el caso en una demanda de $300 millones en la instancia judicial, haciendo caso omiso de la determinación de la ART. Cabe preguntarse para qué existen las ART si todo accidente laboral termina en instancia judicial. Las proyecciones indican que los juicios por riesgos del trabajo serán récord y estiman un costo de $2,3 billones.Pero resulta que no solo hay una ley vigente de ART desde 1995 para evitar precisamente la instancia judicial, sino que también hay una ley, la 27.438, de 2017, que, si se aplicara, haría que los juicios laborales fueran la excepción y que casi todos los casos se resolvieran en instancia administrativa, según sostienen representantes del sector asegurador. En consecuencia, hay anomia legislativa en materia laboral.La prevalencia de los convenios por empresa y por región, por encima de los convenios cupulares sectoriales nacionales, ya se había previsto en la ley 24.467 (Estatuto Pyme), de "segmentación de convenios colectivos", de 1995, aprobada por el Congreso, pero nunca promulgada. En los hechos, la segmentación pyme perdió relevancia operativa con la reversión del paradigma flexibilizador mediante la ley 25.877, de 2004, debido al reforzamiento de la negociación centralizada. Otra consecuencia de la anomia legislativa laboral.Una reforma laboral es exitosa si genera empleo formal y mejora el salario de bolsillo de los trabajadores y, en consecuencia, otorga sostenibilidad social a la modernización y al crecimiento del país.La clave, por lo tanto, no solo radica en que su contenido sea técnicamente adecuado y en que su aprobación legislativa supere el bloqueo corporativo, sino también en su implementación y aplicación rigurosas. Si seguimos con la misma justicia laboral facciosa, con un plano inclinado antiempresario, la reforma laboral será letra muerta.

Reforma laboral: una normativa mejor para los trabajadores y las PyMes

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El Gobierno alcanzó su primer objetivo, pero recalibra la reforma laboral

Con la primera sanción del Congreso para un presupuesto impulsado por la administración libertaria, la Casa Rosada se prepara para el segundo tramo del período de extraordinarias convocado por el Ejecutivo. Las dudas para el próximo round están concentradas en los cambios de la legilación laboral, donde los apoyos no están tan claros. Davos, la próxima escala. Leer más

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicia mi capacitación laboral si me registré en diciembre?

En los próximos días, los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

Kicillof y la CGT planean cómo frenar la reforma laboral

El gobernador llevó a parte de su gabinete al encuentro. Acordaron hacer "lo que sea necesario" para evitar la sanción de la ley.

La CGT recibió a Axel Kicillof y busca apoyos para "frenar" la reforma laboral de Milei

Después de la convocatoria acotada que tuvo la marcha del jueves pasado en rechazo de la reforma laboral, la conducción de la CGT retomó hoy las conversaciones para sumar apoyos entre los gobernadores opositores, con el objetivo de bloquear el avance del ambicioso proyecto de Javier Milei en el Congreso. Mientras el Senado comenzaba a debatir el Presupuesto 2026, el triunvirato que lidera la central obrera, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, recibió al mandatario bonaerense Axel Kicillof para analizar la ley de "modernización laboral" que impulsa la Casa Rosada.Durante el encuentro, los popes gremiales reiteraron su inquietud por los "alcances" de la reforma que propone Milei. Según indicó la cúpula de la CGT en un comunicado, la iniciativa oficial es "regresiva, flexibilizadora y precarizadora". Además, consideran que "amenaza derechos históricos de las y los trabajadores y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país".En ese marco, los jefes de la central obrera ratificaron su "profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo". El jueves pasado, la CGT activó su plan de lucha en las calles para hacer una demostración de fuerza al Gobierno. Pero la convocatoria fue limitada: pese a que movilizó su aparato, la central no logró llenar la Plaza de mayo. En el acto, el triunvirato de secretarios generales de la central lanzó la amenaza de un paro general. ð?§¾ð??£ COMUNICADO CGT | REUNIÓN CON @Kicillofok (PBA)La CGT reafirma: vamos a dar la pelea en todos los ámbitos para frenar la reforma laboral y defender derechos: en la calle, en Diputados, en el Senado y en la Justicia.#CGT #TrabajoArgentino #IndustriaNacional #ReformaLaboralâ?¦ pic.twitter.com/m1vibAW6wf— CGT (@cgtoficialok) December 26, 2025El jueves, después de que la CGT se movilizara, el oficialismo logró aprobar el dictamen de la reforma laboral en el Senado, pero debió postergar su votación en el recinto para febrero.La idea original de la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, había sido sesionar esta semana. No obstante, el conflicto que se desató en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados obligó a demorar los planes del oficialismo.Tras verse con Kicillof, quien asistió al encuentro acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y un puñado de funcionarios, como Carlos Bianco y Andrés Larroque, la CGT advirtió que dará batalla en la calle, el Congreso y la Justicia para impedir el avance del proyecto presentado por el oficialismo" "Esta central obrera reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. En ese marco, daremos la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas: en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance", puntualizaron. Hace tres semanas, el Gobierno presentó una amplia reforma laboral que contempla modificaciones a las indemnizaciones, incentivos para facilitar la contratación de nuevos trabajadores y límites a los paros en las áreas definidas como esenciales.Uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral de Milei es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que el Gobierno apunta a "favorecer el pago de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado". El FAL se sostendrá con el 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).Además, la denominada "modernización laboral" afectará los mecanismos de recaudación de los sindicatos y podría impactar de lleno en la recaudación del sistema previsional. En la Casa Rosada aseguran que la merma se financiará con los ingresos del fisco generados por la reducción del gasto público.Uno de los puntos que más irrita a los gremios es la reducción de un punto -del 6 a 5 por ciento- del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios para financiar a las obras sociales.Respaldo a KicillofEn medio de la feroz interna por el liderazgo del PJ, la CGT volvió a respaldar a Kicillof, quien es resistido por La Cámpora por sus gestos de autonomía frente a Cristina Kirchner. Está claro que el gobernador bonaerense aspira a posicionarse como la contracara de Milei y sumar respaldos para su proyecto presidencial.Hoy, la cúpula de la central obrera destacó "la importancia del rol de Kicillof en el escenario federal" y elogiaron su gestión en Buenos Aires, "en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión".En las últimas semanas, el triunvirato que lidera la central obrera recibió a diputados nacionales e intendentes del peronismo con el fin de sumar respaldos para "frenar" la reforma laboral.

La CGT recibió a Kicillof: preocupación por la reforma laboral y el efecto de las medidas económicas de Milei

Compartieron un encuentro en la sede cegetista, donde los dirigentes gremiales ratificaron la estrategia en varios frentes para frenar el proyecto de ley del Gobierno. Coincidencias sobre el empleo y la producción

Jorge Fontevecchia y Carlos Tomada protagonizaron un profundo debate sobre reforma laboral

"El problema de la Argentina no son los derechos laborales, es la informalidad y una economía que no genera empleo sustentable", dijo Carlos Tomada. Para el exministro de Trabajo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, "facilitar el despido desresponsabiliza al empresario y convierte al trabajador en un número". Leer más

Rafael Alonso, experto en RRHH: "Un ambiente laboral tóxico te puede volver irreconocible"

El psicólogo especializado en temas laborales explicó cómo los entornos impactan en la actitud de los integrantes de un equipo.

"Tenemos que hacer un solo frente contra la reforma laboral"

Tras la marcha del 18 de diciembre, el ministro de Trabajo analiza los cierres fabriles y los despidos masivos. Advierte sobre la tensión social creciente y analiza la estrategia política para 2026 con Axel Kicillof como bandera de la oposición.

Reforma laboral: la baja de impuestos tendría un costo fiscal de 0,8% del PBI, pero el Gobierno no detalla cómo lo va a financiar

La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de "modernización laboral" que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) -unos US$ 5500 millones anuales- y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley. El impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición. Con el agravante de que el Gobierno, contrario a lo que pregona -e incluso impone como regla para todas las leyes que se discutan en el Congreso-, no explicita en ningún párrafo de su proyecto cuáles serán las fuentes de financiamiento de ese costo fiscal.La oposición se lo reprocha sin ambigüedades: mientras a ella se le achaca la sanción de dos leyes -las de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad- por su costo fiscal sin su correspondiente financiamiento -incluso intentó derogarlas en el presupuesto 2026 por ese motivo-, el Gobierno parece tener piedra libre para subir o bajar impuestos sin dar explicaciones ni considerar que de la recaudación federal no solo se sostiene la Nación, sino también las finanzas de las provincias. EstimacionesEl proyecto de modernización laboral contiene varios artículos impositivos. Uno de los más relevantes por su impacto fiscal es el que propone reducir las contribuciones que los empleadores pagan sobre el salario de sus empleados. Según la iniciativa, un 3% de esos aportes -que hoy financian el sistema jubilatorio- pasarán a solventar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos del sector privado. Además, el proyecto prevé la reducción de un punto -del 6 a 5% - del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios para financiar a las obras sociales.En otro capítulo del proyecto el Gobierno propone, además, una poda en el impuesto a las Ganancias corporativo -que beneficiaría principalmente a las grandes empresas-, a lo que se suma la eliminación de algunos impuestos internos a consumos como servicios de seguros, telefonía celular y satelital, compra de autos de lujo, embarcaciones o aviones.Los cambios que se propusieron en la reforma laboral, para la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. "La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral -indica-. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)", señala. La consultora CEPA también le puso números al costo fiscal de la reforma tributaria contenida en el proyecto laboral. Según sus cálculos, la reducción de contribuciones patronales implicará un impacto de U$S 2070 millones de dólares anuales. Asimismo, estimó que el costo fiscal de la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades sería de U$S 2279 millones de dólares anuales, a lo que se suman otros U$S 334 millones por la eliminación de impuestos internos a embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios.Los cálculos de la oposición van en una línea similar. El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) advirtió que, con la reducción de las contribuciones patronales previsto en el proyecto, el sistema de la Seguridad Social se vería desfinanciado en $4,8 billones, lo que significa un 0,46% del PBI y el equivalente de U$S 3000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales. Michel advirtió, además, que por la reducción en las alícuotas del impuesto a las Ganancias corporativo el Estado dejará de recaudar $3,1 billones, equivalentes a 0,3% del PBI; el beneficio, señala, quedará concentrado mayoritariamente, en solo 144 grandes empresas. "¿Dónde impacta esa caída de recaudación? En el tesoro nacional y en las provincias -responde Michel-. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de coparticipación federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $144 mil millones menos por mes". La discusión sobre el impacto fiscal de todo este paquete tributario todavía no se abordó en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado, aunque promete ser ardua. Por de pronto, el senador Jorge Capitanich (Unión por la Patria) estimó que el costo fiscal teórico del conjunto de medidas incluidas en el proyecto de modernización laboral tendría un costo fiscal total de U$S 5700 millones anuales, de los cuales U$S 3285 millones corresponden a las provincias. La cuestión ya se abrió a debate y es motivo de ácidos reproches de la oposición. "¿Dónde está la igualdad cuando aparece dinero para bajar el impuesto a los autos importados con un costo fiscal de 300 millones de dólares mientras no había para los jubilados, universidades y personas con discapacidad? ¿Dónde está la igualdad cuando aparece dinero para bajar impuestos internos a la electrónica o a los automóviles o para bajar o eliminar el impuesto cedular?", acicateó el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal).