El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar un "doble rasero" y le reprocha sus relaciones con países que, a su juicio, vulneran los derechos humanos
El líder del PP critica la falta de Presupuestos durante toda la legislatura, acusa al Ejecutivo de gobernar "a golpe de improvisación" y reivindica a su partido como garantía de estabilidad y gestión
"La alcaldía me dijo que era un camino rural que conecta los pequeños pueblos. Nadie me informó de que había un proyecto en marcha", afirma
El presidente del Gobierno desembarca en Huelva para dar inicio a la precampaña andaluza del PSOE
En diálogo con Infobae Colombia, la fórmula detalló su hoja de ruta, que prioriza la creación de una fiscalía antimafia, un tribunal de aforados, la recuperación del sistema de salud y el impulso de políticas de empleo, educación y acceso a la justicia para la ciudadanía
La autoridad ambiental reportó dificultades en la continuidad de los tratamientos y protocolos veterinarios debido a la ocupación del centro. En paralelo, se adelantan espacios de diálogo con las comunidades presentes para buscar una salida a la situación
Altos funcionarios del actual Ejecutivo enfrentan investigaciones penales por presuntas irregularidades en contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad documental. Las diligencias judiciales abarcan diferentes etapas y afectan la gestión de entidades clave en el país
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema, que tiene la función de revisar las condenas de funcionarios y exfuncionarios por corrupción, podría pasar de 13 a 9 miembros.Así se lo propusieron sus actuales integrantes al Gobierno, que se mostraron a favor de dejar sin cubrir la cuatro vacantes que tiene y seguir funcionando con los nueve jueces que la ocupan actualmente.Esta iniciativa se dio a pesar de que ya se realizaron en el Consejo de la Magistratura los concursos para elegir a los reemplazantes y hay candidatos seleccionados que esperan ascender.La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la última reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.Mahiques, según revelaron a LA NACION fuentes judiciales y del Gobierno- les dijo que lo hablaran entre ellos y que, si había consenso, se podía avanzar. "En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí", dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia.En la cartera argumentan que la cantidad de jueces que integran cada tribunal no es uniforme, ya que depende de lo que establezca la ley específica para cada fuero y la carga que tengan.El argumento del Gobierno a favor del planteo de cambiar la conformación fue más allá: "Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?".En esa reunión, los jueces de Casación explicaron al ministro que ocurre lo mismo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que tiene actualmente tres del total de cinco jueces.También les dijeron que con nueve jueces estaban bien y que no era necesario cubrir las vacantes que dejaron la salida de los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa, jubilados, y Juan Carlos Gemignani, quien recientemente renunció al tribunal.Hablaron de las estadísticas que revelan que la productividad de las diferentes salas es buena y que no está afectada por las vacantes, según reconstruyeron fuentes del tribunal de Casación. Todos los argumentos iban en línea con dejar sin integrar el tribunal.Los jueces funcionan en salas de tres jueces cada uno, que se reparten las diferentes causas que deben revisar. Cuando en una sala hay una o dos vacantes, se sortea a un juez de otra sala. Por eso es que todos los jueces están trabajando en diversas causas y así se lo explicaron al ministro.El otro argumento que se comentó, ya fuera de la reunión y en conversaciones posteriores de pasillo entre los magistrados, es que los jueces, de este modo, ya funcionan como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.Este sistema manda que la Cámara de Casación tiene la forma de un "colegio de jueces", donde cada magistrado es sorteado para cada caso. Los camaristas señalaron que al actuar como subrogantes, funcionan prácticamente con la misma modalidad que el colegio de jueces.Tras la reunión, en el comunicado oficial dijeron que el Gobierno y la Cámara de Casación "ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho".Ninguno de los magistrados se arroga la paternidad de la idea de no cubrir las cuatro vacantes, que circuló entre los jueces y que llegó a tomar incluso la forma de proyecto de ley. Hay dos borradores.Es que para que la Cámara Federal de Casación pase de tener 13 a 9 jueces, se debe reformar la ley orgánica para la justicia nacional y federal. Hay dos proyectos que empezaron a circular en los tribunales de Comodoro Py y hasta en el Palacio de Justicia, dijeron fuentes judiciales. En la Cámara de Casación negaron el detalle de los proyectos, que otras fuentes dijeron haber tenido en sus manos.Claro que para aprobarlos es necesario un acuerdo político que requiere que un sector de los aliados del Gobierno lo apoye. Un esfuerzo demasiado grande con un alto costo. El otro problema surge porque el Consejo de la Magistratura ya realizó el concurso para cubrir las vacantes. Los mejor posicionados son Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal. Obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes. Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).Deben celebrarse audiencias personales entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares.Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna. Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller. También está entre los posicionados, Jorge Gorini, que condenó a Cristina Kirchner, Diego Amarante, juez en lo Penal Económico, que proceso a Claudio Tapia y trabajó 15 años en la Casación.A ninguno de los concursantes le hace gracia la idea de que no se cubran las vacantes, después de participar en esta selección que arrancó en 2022 y que aún resta concluir."La única razón que se me ocurre es favorecer la concentración de poder en pocas manos", dijo uno de los concursantes indignado por esta iniciativa.Otro señaló que las estadísticas no respaldan esta idea y otro mencionó que "no se entiende cuál sería la ventaja para la sociedad de tener menos jueces, pero pagando lo mismo en sueldos. Menos gente trabajando y ni siquiera hay un ahorro", en alusión a una versión, confirmada en la Casación, que los magistrados propusieron mantener el presupuesto y repartirlo no entre 13, sino entre 9 camaristas.Los perfiles de algunos de los concursantes que están mejor posicionados no son del agrado del Gobierno y eso podría ser uno de los argumentos determinantes en la Casa Rosada para apoyar la idea de reducir la cantidad de cargos en el tribunal.
La desintegración del triángulo de hierro y el colapso del gabinete por el caso Adorni. Situaciones insólitas de la motosierra, desconexión entre ministros y disputas internas. Caída en las expectativas, y la esperanza por el "trimestre dorado". Hipótesis electorales del círculo rojo. "El polvorín" que inquieta a Kicillof. Las obras sociales sindicales en estado crítico. Visita de lobistas de EEUU
Con el jefe de Gabinete corrido de escena, Karina toma la gestión: ya no juega sola y apura acuerdos con los gobernadores para adelantar elecciones provinciales y cambiar el clima político. El mitin porteño que dejó afuera a Adorni: los aliados piden su paso al costado pero él juega la carta Milei. La micro copa la calle mientras el oficialismo "descarna" la inflación. Axelismo for export y el fenómeno Bregman
Pese al avance judicial, el jefe de Gabinete considera que puede retomar su presencia en redes sociales. El choque entre facciones del oficialismo se profundiza con la pelea en la arena digital. El trasfondo de la disputa y la sobrevida de los dirigentes apuntados
Las expectativas de la gente se vienen deteriorando, pero aún hay mucho margen para revertir el deterioro. Se aceleró la baja del riesgo país por el mejor clima en los mercados globales
El triunviro de la central obrera cuestionó las políticas de Javier Milei y resaltó el rol de la calle Azopardo. También, dijo que el oficialismo demostró desesperación en su estrategia judicial para mantener la reforma laboral. Leer más
Desde APYME cuestionan el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y advierten que la política económica del Gobierno profundiza la crisis del entramado productivo. Caída del consumo, apertura importadora y falta de interlocución oficial configuran un escenario crítico para el sector. Leer más
Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. "Ya tiré toda la carne al asador", fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban. Allí estaban Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullirch, Martín y Lule Menem, e Ignacio Devitt.Pero eso fue sólo una parte del planteo del ministro. Inmediatamente después reclamó una señal política contundente que disipara las desconfianzas de los mercados, que hacen que el riesgo país no baje como debería, si se observan los fundamentals del programa. En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política.Y un dato adicional muy importante: Caputo también dijo ese día que el acuerdo que proponía debía cerrarse "ahora", no el año próximo. Su argumento fue que el programa necesita dar señales de sustentabilidad en este momento crítico, para poder enderezar las variables antes del ingreso al clima electoral (que en el Gobierno vaticinan que se va a disparar después del Mundial), para cuando ya sea tarde y los incentivos para consensuar sean menores. Recordó el impacto económico que generó en 2025 la incertidumbre política, cuyos efectos, según su diagnóstico, sobreviven hasta ahora. Como era de esperar, el planteo tan vehemente del ministro generó un sacudón interno. No cayó bien que el principal garante del rumbo económico le endilgara al ala política la responsabilidad del éxito. "Fue rara la argumentación, porque desde diciembre venimos aprobando en el Congreso todos los proyectos que mandamos", comentó un testigo de la conversación.La primera reacción fue de Karina Milei, quien en línea con lo que viene siendo su estrategia electoral desde el año pasado, mostró su desacuerdo con la idea de negociar abiertamente con los gobernadores. Volvió a plantear allí su intención de fortalecer LLA en todo el país, objetivo que debería plasmarse en los armados provinciales. Fue la primera vez que hubo un contrapunto entre Caputo y Karina en una reunión de este tipo. "Ella sintió que se le estaba metiendo en su propio territorio, el electoral", interpretó uno de los testigos. Bullrich y Santiago Caputo, con matices avalaron la posición del titular de Hacienda, aunque con una advertencia: el objetivo central es lograr la reelección del Presidente, y los acuerdos locales deben estar ordenados en función de esa consigna. En consecuencia, habrá provincias donde convendrá pactar, y otras en las deberán competir contra el gobernador local.Dos altos funcionarios que hablaron en los últimos días con Javier Milei, interpretaron que el Presidente avala la posición más dura de su hermana, no sólo por su escasa vocación por los acuerdos políticos, sino porque tiene una visión más técnica de las prestaciones del plan económico. Aunque la sintonía entre Luis Caputo y Milei es absoluta, son varios los altos funcionarios que últimamente notan en el ministro una mayor preocupación que en el líder libertario por el enfriamiento económico. Tiene motivos. Marzo cerró un trimestre decididamente malo, con indicadores de inflación y salarios negativos. Abril debería ser otra cosa.Si bien el debate que abrió Caputo no continuó en las semanas siguientes y quedó pendiente de resolución, en el sector de Karina Milei dan cuenta de que algunos resortes se activaron. Un primer paso fue la reunión que tuvieron este lunes la hermana del Presidente, Santilli y Lule Menem con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, los más cercanos de Pro y la UCR.Si bien ese encuentro se difundió como de gestión, la realidad es que allí se habló esencialmente de la estrategia electoral. El mendocino se llevó el compromiso que había ido a buscar: que el año próximo habrá una PASO entre un candidato suyo y Luis Petri, y que se impondrá un fair play en la campaña, es decir, un compromiso de que Milei no va a desbalancear la competencia en favor de su exministro. Frigerio, en tanto, integra el reducido lote de gobernadores, junto con Carlos Zdero y Claudio Poggi, con los que la Casa Rosada está decidida a reeditar el acuerdo electoral que hicieron el año pasado. Hay una consigna en estos movimientos que reside en el empoderamiento de los socios más fieles. Tampoco LLA tiene grandes nombres allí.La idea del Gobierno es avanzar después con los aliados del segundo anillo, tratativas que van a ser mucho más complicadas. En ese lote están Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Osvaldo Jaldo, al que podría sumarse Claudio Vidal. En la ciudad irán con candidatos propios, si es necesario, enfrentando a Pro (Bullrich recibió esta semana un aval explícito de Karina Milei para que empiece a armar su campaña). Lo mismo en Córdoba. Santa Fe es una incógnita.Pero en estas conversaciones empieza a filtrarse otra novedad importante: en el Gobierno se está debatiendo la posibilidad de acordar con los mandatarios aliados un desdoblamiento electoral. Esto representaría un giro en la lógica que imperó hasta ahora, a partir de la enseñanza del año pasado, cuando el oficialismo perdió casi todas las elecciones locales, y después ganó en la nacional. La evaluación es que esta estrategia puede ser peligrosa en 2027, porque una seguidilla de derrotas en las provincias adversas podría derivar en mayor incertidumbre económica, que a la vez haga naufragar la reelección. Otra vez, las variables económicas y políticas enlazadas. Por eso una idea que se evalúa es dosificar el calendario con triunfos en provincias aliadas, para neutralizar las probables derrotas en distritos desfavorables. Pero este planteo todavía es resistido por el propio Milei, quien entiende que lo mejor sería generar un efecto arrastre de su postulación presidencial hacia sus candidatos en las provincias, todos votando el mismo día.Agitación en la JusticiaAsí como Toto Caputo fue quien enlazó la economía con la política, otro ministro, Juan Bautista Mahiques, terminó por ligar la política con la justicia para conectar los tres nudos que hoy tienen maniatados al Gobierno. El problema es que no está claro por dónde se puede empezar a desatar esa madeja.Su arribo al gabinete encrespó de un modo previsible la interna inmortal entre Karina Milei y Santiago Caputo, no sólo porque marcó un cambio en la conducción del ministerio, sino porque abrió la puerta a un combate subacuático en todos los territorios. Un ejemplo mínimo de esta semana surge al preguntarse por qué se enardeció tanto la pelea digital entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan. La primera respuesta indica que fue una reacción porque la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a once tuiteros de Las Fuerzas del Cielo que difundieron datos personales del karinista Sebastián Pareja. Había mucha bronca acumulada y estalló.Pero podría haber otra explicación complementaria, porque en el sector de Santiago Caputo están convencidos de que la fiscal Ramírez está en el área de influencia de Mahiques, y ven detrás de su decisión una voluntad del ministro por erosionar al asesor presidencial. Algo similar viene ocurriendo con las causas de la AFA, en donde cada movimiento que hace Mahiques es inmediatamente interpretado como una acción destinada a beneficiar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, por su vínculo con el mundo del fútbol. Esto ocurrió cuando se supo que los candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Cámara en lo Penal Económico son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, a quienes le atribuyen una sintonía con el ministro. Este Tribunal es el que estará a cargo de revisar la investigación por la retención de aportes previsionales por parte de la AFA, causa en la que ya están procesados Tapia y Toviggino. Cuando imperan las suspicacias, cada detalle es una conspiración.Pero el problema mayor no anida en la guerra de operaciones dentro del propio Gobierno, sino en el extraordinario impacto que tuvo el recambio en Justicia dentro de Comodoro Py. Para un sector poderoso de la casta que mora en esos tribunales el arribo de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, fue interpretado como "una declaración de guerra". Se trata de la cofradía que impulsaba a Guillermo Montenegro para el ministerio y que se sintió marginado y enfrentado. Esta agrupación de intereses mutuos se referencia en el juez Ariel Lijo, y cuenta con una participación activa de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, y la bendición de María Servini. Su terminal en el Gobierno fue siempre Santiago Caputo. Detrás del cortinado, se mueve Ricardo Lorenzetti. Y directamente en las sombras, Antonio "Jaime" Stiuso.Esta agrupación está muy activa últimamente. Por un lado, en el plano político, para incidir en los nombres de los postulantes a definir para los juzgados vacantes. También para entrar en la discusión si es que se reabre la negociación por la Corte y la Procuración. "Quieren ser tenidos en cuenta. La designación de Mahiques y de Viola fue tomada como una provocación", argumentan desde ese sector.Estas inquietudes animaron la conversación que este miércoles a la noche mantuvo un grupo de comensales, encabezados por Lijo y Martínez de Giorgi, que por esos misterios del destino, tienen a su cargo las tres causas que más preocupan al Gobierno: $LIBRA, Andis y la de Adorni. Con la excusa de festejar el cumpleaños del salteño Sáenz, se juntaron los dos jueces, el homenajeado, los gobernadores Jalil y Jaldo, un trío de senadores de sus provincias, Guillermo Andrada, Flavia Royón y Sandra Mendoza (ellas dos integrantes de la comisión de Acuerdos), a los que se sumó la jujeña Carolina Moisés. En la Casa Rosada deberían prestar atención a esa cena, si es que pudieran conocer el carácter de esa tertulia.En torno de ese remolino judicial se agitan versiones, sospechas y especulaciones que atraviesan Comodoro Py por estos días. ¿Es cierto que Viola hizo correr la versión de que ya había "hablado" con Gerardo Pollicita, y de que eso enardeció al fiscal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿O que Karina Milei le puso bolilla negra al juez Mariano Borinsky, después de que cometió la herejía de reunirse con Santiago Caputo en la Casa Rosada, a la vista de todos, porque estaba enojado después de que hundieran su proyecto de reforma del Código Penal?Esta agitación judicial tiene particularmente estresado a Mahiques, que conoce bien el paño y sabe que se le está complicando el cumplimiento de la promesa que le hizo a Karina Milei de ocuparse de las causas que la salpican. No tiene dudas de que el ritmo que llevan las investigaciones más sensibles no es habitual en la justicia federal, y entiende que es una reacción por su designación. Así se lo comentó a miembros del Gabinete. Pero el ministro tiene una herramienta muy poderosa en sus manos: decenas de designaciones de jueces pendientes, que le permiten moldear un nuevo mapa judicial. En el fondo, lo que está en juego es un nuevo esquema de poder en los tribunales.En este contexto no sorprende que Mahiques se haya subido ayer al avión que llevó a los hermanos Milei a Israel. Es su viaje oficial inaugural. Según dicen en su entorno, lo invitó el propio Presidente. Los dos hablan con bastante frecuencia, evidencia de que, por primera vez desde que asumió, Milei se está interesando en el laberinto judicial. Habría influido en ese cambio la presión de su propia hermana, quien se dio cuenta de la sensibilidad del tema hace ya varios meses.La estabilidad fugazEl estancamiento económico, las riñas políticas y las disputas judiciales configuran una especie de estrecho de Ormuz que tiene estrangulada la gestión del Gobierno. Emerge en este cuadro un síndrome que ya se ha transformado en una evidencia empírica: al Gobierno le cuesta demasiado lograr períodos prolongados de estabilidad, en general por errores autoinfligidos.Si se repasa la montaña rusa del último año se nota con claridad que los mejores momentos de la gestión coinciden con períodos de orden interno y objetivos comunes y, por el contrario, las fases duras conviven con las disputas intestinas y la dispersión de propósitos.En enero del año pasado, Milei estaba en un gran momento, después de cerrar un 2024 con varios objetivos cumplidos. Pero a fin de ese mes fue a Davos, y agitó a todos con su discurso cargado de polémicas. Después se sumó $LIBRA y se agrietó la interna Karina-Santiago por el diseño electoral. De enero hasta abril fue una etapa de retroceso.En abril se cerró el acuerdo con el FMI y en mayo LLA ganó la ciudad, metas que habían unificado a todas las tribus. Momento de alza. Pero el exitismo posterior agrietó el clima y sin rivales enfrente se pasó a una etapa de ciénagas. Derrotas provinciales, adversidad en el Congreso, inestabilidad financiera, y el golpe bonaerense. Crisis, quizás la peor. Pero después vino el tuit de Scott Bessent y la recuperación de la elección de octubre. Otra vez para arriba. Tras el triunfo, recambio de gabinete, internas, y nuevamente dificultades. En diciembre se produjo la renovación del Congreso y las sesiones extraordinarias fueron verdaderamente extraordinarias. Se aprobaron todas las leyes y Milei fue a la Asamblea cargado de gloria. Eso ocurrió el 1 de marzo. Tres días después se realizó el recambio en Justicia, y otra vez el vía crucis.Esta sintética recorrida permite visualizar la disfuncionalidad operativa que muestra el Gobierno y que habilita una dimensión más profunda para el planteo que hizo en la mesa política el ministro Caputo. Hay un encadenamiento de factores económicos, políticos y judiciales anudados entre sí que están trabando este pasaje de la gestión y que configuran un modelo inestable. Se entiende su pedido de reacción urgente.
La llegada de 22 personas de distintas nacionalidades forma parte de un mecanismo bilateral que establece traslados semanales, enfocado en brindar protección y alternativas legales a quienes arriban bajo esta iniciativa conjunta
Las últimas encuestas muestran que la aprobación baja y perforó el umbral del 40%. De a poco se acerca a ese 30% que se considera como "su base" de votantes. Cuáles son las tendencias en distritos clave. Leer más
SANTIAGO, Chile.- El pasado miércoles, en un pasillo del Congreso en Valparaíso, un periodista le hizo a la vocera presidencial Mara Sedini una pregunta que en el país se responde sola: si el Estrecho de Magallanes es chileno.No surgía de la nada. Horas antes, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, había afirmado que "la boca de Magallanes es argentina", y en La Moneda necesitaban una respuesta rápida. Sedini guardó silencio, derivó la consulta a cancillería y cerró con un "vamos al almuerzo". La escena se viralizó en minutos.Esa noche, el canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo que afirmar lo que la vocera no dijo: que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes "es indiscutible" y se funda en los tratados de 1881 y 1984. Al día siguiente, Sedini explicó que "no sabía de qué me estaban realmente preguntando".En momentos en que la popularidad del presidente José Antonio Kast registra una fuerte caída en su primer mes de gobierno, desde el 58% de aprobación inicial al 40% actual, el episodio condensó el principal problema que enfrenta el gobierno: una estrategia comunicacional que prometía profesionalismo, pero ya mostró grietas. Y Sedini quedó como su rostro más expuesto.Mara Sedini, su apuesta comunicacional, quedó atrapada en el deterioro de un gobierno que prometía profesionalismo pero enfrenta desafíos mayores a los anticipados."El proceso de instalación ha enfrentado problemas comunicacionales y políticos dentro de la propia coalición", dice a LA NACIÓN Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UDP."Se generó una expectativa inicial de querer hacer las cosas de un modo diferente, con mayor eficiencia y profesionalismo, pero en la práctica ha tenido problemas con la agenda de seguridad y dificultades para instalar su agenda económica", añade.Sedini: de la campaña al gobiernoMara Sedini Viancos, 40 años, periodista, actriz y cantante, fue el rostro más visible de la campaña de Kast en la segunda vuelta. Grabó jingles, animó cierres, participó en debates y le puso cara a una candidatura que buscaba mostrarse más cercana.El rap que interpretó circuló ampliamente en redes sociales, donde también fue material de memes y parodias. Antes de ingresar a la política, fue panelista habitual del programa "Sin Filtros", donde su estilo confrontacional le dio notoriedad. Su perfil mediático, sin militancia partidaria, parecía encajar con lo que Kast necesitaba para comunicar renovación política.En el oficialismo y fuera de él aparecieron comparaciones con Camila Vallejo, exministra vocera de Gabriel Boric, como si Sedini fuera la respuesta de la derecha a ese modelo. Pero la similitud terminaba en la fotogenia. Vallejo llegó con años de experiencia política. Sedini desembarcó desde la televisión y la radio, sin haber gestionado una crisis política de envergadura."La vocería en Chile es fundamental, y quien ocupa ese cargo no solo tiene un rol de portavoz, sino también político", afirma Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello."Un buen vocero nunca debe ser la noticia, sino contar la noticia", agrega.Esa diferencia se hizo visible desde el comienzo. Sedini no diseñó decisiones polémicas como el alza de combustibles o el recorte del 3% en los ministerios. Pero tuvo que defenderlas en los matinales, donde cometió errores de cifras y fue imprecisa en conceptos técnicos.Factor combustibleEl fin de la luna de miel llegó el 26 de marzo. La administración de Kast anunció que la nafta de 93 octanos subía $370 chilenos por litro (US$0,38), mientras el diésel aumentaba $580 (US$0,60). La guerra en Irán había disparado el precio internacional del petróleo. Pero la decisión de trasladar el costo al consumidor tuvo impacto político inmediato.Una encuesta de Cadem mostró que un 49% desaprobaba la forma en que Kast conducía su gobierno, frente al 34% registrado dos días después de la investidura. La aprobación cayó diez puntos en semanas."Hasta ahora ha impactado de manera increíble. Nunca un presidente había bajado tanto su aprobación a menos de un mes de asumir", afirma Munita.La caída coincidió con otro anuncio complejo: un recorte parejo del 3% en todos los ministerios."Esta terapia de shock, transferencia directa de precios de combustible y reducción de gasto fiscal generó un fuerte ambiente de incertidumbre", sostiene Claudio Fuentes.El contraste quedó rápido a la vista: un gobierno que hizo de la seguridad su principal bandera anunciaba ajustes en áreas sensibles, mientras el alza de combustibles golpeaba el bolsillo.La vocería bajo presiónSedini no solo quedó expuesta. También terminó atada a una estructura de poder que la hizo responsable sin darle verdadera autoridad.El diseño comunicacional de Cristián Valenzuela, jefe estratégico del Segundo Piso, es descrito en el oficialismo como centralizado. Sedini prepara las vocerías con su equipo, pero la línea final pasa por Palacio y por el director de la Secom, Felipe Costabal.A diferencia de voceros anteriores como Vallejo o Francisco Vidal, que participaban de las reuniones donde se tomaban decisiones, Sedini recibe muchas veces la línea ya definida y la ejecuta."Un aspecto deficitario del gobierno han sido las comunicaciones, en varios ministerios. Este déficit incluye a la ministra, pero no es solo de ella", dice Fuentes."Como gobernar es comunicar, se han producido problemas importantes en los mensajes que el gobierno envía a la ciudadanía", añade.Ante el desgaste, La Moneda optó por relevarla en los temas más complejos. Para la megareforma económica instaló como voceros al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; al de Interior, Claudio Alvarado; y al de la Segpres, José García Ruminot. Sedini pasó a un papel menos expuesto.El episodio del Estrecho de Magallanes terminó por consolidar la percepción de una vocería debilitada.Lo que vieneAhora viene lo más difícil para Kast. El presidente presentó más de 40 medidas enmarcadas en el Plan de Reconstrucción Nacional, también conocido como Ley Miscelánea. Pero la coalición oficialista no tiene mayoría propia y los votos del Partido de la Gente serán determinantes."El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que deberá sumar votos de sectores de centro y del Partido de la Gente", advierte Fuentes."Para ello deberá modificar su agenda original incorporando beneficios para consumidores, pequeñas empresas y sectores medios. El desafío principal será conseguir los votos necesarios para un proyecto complejo", añade.Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, pone el foco en otro desafío: comunicar reformas pensadas para rendir efectos en el mediano y largo plazo."La inmediatez con que se exigen resultados debe ser combatida con una correcta transmisión de la intención de la reforma", dice a LA NACIÓN."La coordinación buscando voto a voto el apoyo a la iniciativa se vuelve un desafío no menor", completa.Munita plantea otra duda que hoy flota en Palacio: si el desgaste por el combustible será transitorio o si Kast enfrenta el fantasma de los votos prestados.Kast todavía tiene margen para corregir. La agenda de seguridad puede ordenarle prioridades. La economía podría darle aire si mejora el contexto. Algunas reformas podrían avanzar con acuerdos parciales. Pero el arranque dejó una señal difícil de borrar: llegó prometiendo orden y control político. En semanas, su administración quedó discutiendo errores no forzados, silencios innecesarios y crisis evitables.
Se podrían generar conflictos gremiales por la intención de la Secretara de Trabajo de no homologar cláusulas de convenios que considera inviables. Leer más
Uno de los objetivos de la gira del ministro de Economía por Washington era cerrar el financiamiento anunciado con el Banco Mundial y el BID. Una por una, todas las alternativas de financiamiento que utilizará el equipo económico
Reapareció en público en Chaco y Corrientes. En mayo estará en Mendoza.Considera que el ruido en la economía es de la política y cree que el Gobierno no podrá destratar más a los aliados. Tiempo para el bridge.
Al término de la presidencia de Alberto Fernández, los asalariados formales percibían en promedio 131,2% más que los empleados no declarados. Dos años después, esa diferencia se redujo 30 por ciento. Los cambios por deciles de ingresos y sus causas
El plazo para que los animales comiencen a regresar al refugio es de dos semanas
Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, el gobierno de Javier Milei planeta avanzar con las leyes "Hojarasca" y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Leer más
El proyecto busca que empresas ensamblen vehículos en el país con beneficios arancelarios y facilidades para importar equipos. La apuesta es reducir costos, atraer inversión y generar empleo, aunque aún hay condiciones y dudas sobre su impacto real
La iniciativa, prevista para ejecutarse en dos meses, forma parte de la Estrategia Nacional de Formalización Laboral al 2040 y tiene como objetivo reducir la informalidad laboral.
La reciente denuncia del presidente Petro llevó a la activación de estrategias urgentes coordinadas con organismos internacionales y a la convocatoria de inteligencia extraordinaria
La decisión llega tras años de controversia en torno a la metodología de medición y el impacto de los datos en la política antidrogas nacional e internacional
Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Leer más
Se hará un reempadronamiento de los beneficiarios de las pensiones.Se establece la incompatibilidad de la pensión con cualquier vínculo laboral formal.También ingresó la reforma de la ley de Salud Mental.
Valencia sostuvo que el país vive el inicio del año más violento de la última década, detallando un incremento del más del ochenta por ciento en acciones terroristas frente a la administración anterior
Más de treinta hogares afrontan un plazo breve para abandonar espacios habitacionales vinculados a su empleo mientras reclaman respuestas oficiales y preparan acciones legales
Les dio 10 días de corrido para que dejen los pabellones del complejo donde se encargan del mantenimiento.Nación declaró "prescindible" el emblemático edificio y anunció su concesión.
Según el medio estadounidense, un conjunto de factores pone en riesgo tanto la continuidad del plan económico oficial como las posibilidades del mandatario de buscar la reelección en 2027. Leer más
La propuesta normativa, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, plantea nuevos compromisos para empresas tecnológicas, escuelas y familias, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los menores en Internet
Las iniciativas ingresaron el viernes con la firma de Javier Milei y ministros del área social y judicial. Fue tras la reunión de la mesa política convocada por Manuel Adorni
"Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella", asegura
El pozo abastecía a 25 pipas de 100 mil litros todos los días
En la Secretaría de Trabajo no convalidarían dos puntos del convenio firmado por Armando Cavalieri y las cámaras. Sucedió algo similar con el acuerdo del Sindicato de Camioneros. Las claves de un escenario conflictivo
Tras la ensayada paz, las discrepancias existentes en el círculo rojo del mandatario parecen haber florecido. Los movimientos y las posturas contrapuestas
El diputado Jaime López Vela calificó la decisión de la Secretaría de Salud estatal como una "barbaridad"
La equidad en la asignación de recursos y la transparencia serán esenciales para que la entrega de maquinaria pesada fortalezca efectivamente a los municipios hondureños.
Consumidores y sindicatos denuncian que las nuevas medidas benefician a los dueños de las estaciones de servicio, que han disparado sus márgenes, y defienden fijar un precio máximo al combustible
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca mantener el precio del combustible en México
El plan nacional pretende integrar a productores, organismos públicos y empresas privadas en una plataforma regulada que priorizará la capacitación técnica y la equidad
Julián Quintana, defensa del exdirectivo de la EPS, aseguró que el interventor habría recibido la instrucción de no entregar la administración y anunció que, de ser necesario, acudirá a otras instancias judiciales
Es creciente el acercamiento del país caribeño al bloque del que fue suspendido en 2017.El giro de Trump con Delcy Rodríguez y la potencial competencia petrolera de Venezuela con Argentina.
Enviará un proyecto al Congreso junto a una reforma a la ley de Salud Mental.Diputados tratará el miércoles la ley Hojarasca.
El procurador General envió una carta al comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Hugo Alejandro López Barret, para pedirle acciones en favor de los aspirantes a la Presidencia
Tras su captura en Colombia en 2025, Jefferson Alexander Muriel Caicedo fue solicitado por delitos relacionados con organización criminal y tentativa de homicidio
La medida aplica a tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
La Casa Rosada analiza denunciar al juez Raúl Horacio Ojeda, que fue asesor del kirchnerismo y suspendió la reforma laboral a pedido de la CGT.El debate se da luego de que el juez Raúl Horacio Ojeda, que intervino en primera instancia, rechazara la presentación del procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, con el argumento de que se presentó "sin contar con matrícula profesional". En esa "exclusión por incompatibilidad", como consideró Ojeda, incluyó también a los subprocuradores, Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, que también intervienen en el caso. El argumento fue rebatido de plano desde la Procuración y la Casa Rosada. Aludieron al fallo "Punte", de la propia Corte Suprema, en el que se consideró que: "no cabe exigirle al Sub Procurador del Tesoro de la Nación su inscripción en la matrícula federal, para actuar como representante del Estado Nacional en la causa, en virtud de su calidad sobreviniente, pues la ley le impide ejercer la profesión de abogado con motivo del cargo que desempeñaâ?³, en referencia a la ley 22.192.En la jefatura de los fiscales consideraban este viernes que: "Si hasta anoche (en referencia a cuando se presentó el per saltum) hablábamos de gravedad institucional ahora estamos frente a un intento de avasallamiento absoluto sobre el Poder Ejecutivo del derecho de defensa del Estado Nacional y supondría un abuso de poder inadmisible por parte de un magistrado de la justicia ordinaria".En ese sentido, fuentes de la Procuración aludieron a que se está analizando: "denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura, solicitar a la Corte Suprema una ampliación del per saltum para considerar la causa urgente en base a este hecho nuevo y denunciar al juez penalmente por abuso de poder"El per saltum presentado en la noche del jueves señala que, con la sola presentación, debe tener "efecto suspensivo" sobre la sentencia de Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.Tal como contó LA NACION, el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración, que encabeza Amerio, realizó esta presentación.Ojeda es un juez laboral de primera instancia que fue funcionario del Ministerio de Trabajo como jefe de asesores de Juan Carlos Tomada durante el kirchnerismo. Su fallo congeló las principales reformas de la ley de modernización laboral que logró el Gobierno.En lugar de apelar a la Cámara Laboral o de esperar un fallo de la Justicia contencioso administrativo federal, el Gobierno fue directamente a la Corte en un recurso de salto de instancia. Es algo excepcional y busca una respuesta rápida del máximo tribunal, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley.
Guillermo Hang, economista, advirtió que el principal logro oficial "está crujiendo" y que la recuperación del consumo aún no aparece. Leer más
Lo hizo, por segundo año consecutivo, en la última cumbre del Grupo gubernamental de Empoderamiento de las mujeres -EWWG según sus siglas en inglés-, cuestionando al término "género" y la Agenda 2030.
La compra busca modernizar y potenciar la flota de la Fuerza Aérea del Perú, mediante el reemplazo progresivo de aeronaves como los MiG-29 y Mirage 2000, que cuentan con cerca de cuatro décadas de antigüedad
"Evidentemente a diferencia de lo que piensa Patricia, Manuel tiene el cuero bastante más duro que el mío, por lo visto no le hace tan mal la situación", sostuvo el economista. Leer más
El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas. Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.Se basó en "el colapso financiero del Estado", la "violación del orden presupuestario", la "intromisión en la división de poderes" y la supuesta "parcialidad de los jueces" que decidieron hasta ahora en el caso.El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría "una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas".El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos. Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: "Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado "deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario".Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables. Por ello, consideraron que el fallo representa "una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo".El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas. Piden apartar a los juecesA su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia. El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para "garantizar la imparcialidad".El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores. El camino judicialEl derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional. Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general. Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una "sentencia anticipada" irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores. La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei. Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Más de medio año después de que fuera cedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el histórico complejo de hoteles de Chapadmalal será desalojado. Empleados y familiares que habitan el establecimiento que fue símbolo del turismo social fueron intimados a dejar las propiedades en los próximos diez días corridos. Sino, afrontarán el desalojo. A mitad del año pasado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, trasladó las Unidades Turísticas de Chapadmalal a la AABE, encargada de definir su destino final. La decisión fue tomada luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea "autosuficiente".Scioli declaró la "innecesaridad" de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera para su traspaso a la Agencia.El complejo no puede venderse porque se ubica en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural en 2013. La AABE es la única que posee la habilitación para su venta. A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró en conferencia de prensa que el Gobierno avanzó con una concesión a 30 años del complejo para "atraer inversión privada que restaure y eleve su calidad". El objetivo era que "pase finalmente a estar al servicio de la gente y que se reduzca la carga de su mantenimiento para el Estado". En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había apoyado la decisión y asegurado que el Estado "no debe proveer el servicio de hotelería", una actividad "compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y no conoce". Este viernes cursaron las intimaciones que obligan a los residentes a retirarse del complejo en los próximos diez días corridos. Se trata de 50 personas que viven en las inmediaciones hace dos décadas: 30 empleados y 20 personas sin un vínculo laboral con el complejo. Estas últimas serían familiares de los trabajadores del establecimiento, confirmaron fuentes cercanas a la AABE y la Secretaría de Turismo a LA NACION. El motivo detrás de la intimación habría sido la ocupación irregular de las propiedades de parte de los familiares de los empleados. Desde el traslado del complejo a la Agencia, solo quedaban trabajadores en guarda por seguridad y mantenimiento de limpieza. La historia del complejo ChapadmalalEl complejo fue construido durante la presidencia de Juan Domingo Perón con el objetivo de brindar alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto de Turismo Social. El decreto para su creación, firmado en 1945, justo antes de que asuma el mandatario, impulsó la construcción de una ciudad balnearia para los empleados públicos nacionales y trabajadores de todas las disciplinas pagando precios bajos.Esto significó un cambio en el turismo, antes reservado para la clase alta: millones de familias pasaron sus primeras vacaciones frente al mar en este establecimiento que ocupa casi 75 hectáreas de bosques y playas. Tiene nueve hoteles con tres plantas, 19 bungalows o chalets, un polideportivo y edificios para la administración, correo, y ermita. Sin embargo, sufrieron un gran abandono en las décadas siguientes. El gobierno de Alberto Fernández se decidió a reformarlo y reinaugurarlo en 2022, con una inversión que superó los $7500 millones. Estuvo a cargo del predecesor de Scioli, Matías Lammens. Sin embargo, con el paso del tiempo, las unidades volvieron a deteriorarse por falta de mantenimiento y abandono de la gestión libertaria.
El viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría impulsado en un grupo de WhatsApp la candidatura del aspirante presidencial del Pacto Histórico
Las más organizaciones solicitan que la ONU contraste las políticas y acciones oficiales con los testimonios de los colectivos
El titular de la cartera de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires cuestiona el modelo económico nacional y reivindica la inversión productiva como motor del desarrollo provincial. Leer más
Los documentos del Banco Central dan cuenta de un circuito que movió, al menos, US$900 millones y cuya trazabilidad se perdió entre 2022 y 2023. Esta es la trama del dólar blue, que sumó un nuevo sumario de la entidad monetaria, pero también empezó a crecer en los tribunales. Los expedientes alcanzaron notoriedad pública con allanamientos en el BCRA a fines del año pasado, luego de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Allí se investiga quiénes eran responsables de controlar esas transferencias, así como sus posibles beneficiarios.El BCRA resolvió tres sumarios financieros que exponen un pasamanos millonario. Dos de ellos ya eran conocidos: el de Gallo Cambios, que investiga la venta de US$474 millones, y el de Mega Latina, que llega a US$466 millones. Ahora, se agregó el de Stema Cambios, que fue proveedora de dólares de las dos anteriores en un circuito que incluye a bancos y que es descripto en los documentos firmados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a cargo de Juan Curutchet. "En el marco de las tareas de inspección antes mencionada, constató que Stema Cambios SA habría adquirido, desde enero hasta junio de 2023, divisas a valores oficiales para luego venderlas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y, a su vez, abastecieron a otras entidades", sostuvo el sumario contra dicha casa de cambio.En paralelo a las tareas del BCRA, fuentes judiciales consultadas por LA NACION señalaron que sus fojas primero buscan reconstruir el circuito del dinero y, en función de ello, aparece la pregunta: ¿quién debía controlarlo? En ese sentido, el Central abrió cinco procedimientos a funcionarios "para determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA y/o la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública".A los movimientos de los millones de dólares hay que ubicarlos en el tiempo. Era una época de cepo, restricciones para acceder a los dólares que sufrían desde hospitales hasta industrias, y brecha entre el precio de venta del dólar oficial y el del blue, que era más caro. El "negocio del rulo", comprar barato y vender más alto, no habría existido sin esto último.LA NACION consultó a exautoridades del BCRA, quienes no emitieron comentarios al momento de publicación de esta nota. Sin embargo, hace casi tres meses, la misma fuente había defendido la gestión de Miguel Ángel Pesce al alegar que había reforzado controles, algo que implicó en su momento la revocación de permisos a 40 casas y agencias de cambio y la suspensión de otras 55.A su vez, las casas de cambio se defendieron dentro de los sumarios. Stema sostuvo que cumplió las normativas de control interno y adujo que las operaciones realizadas estaban permitidas. El mismo argumento esgrimió Gallo Cambios. En tanto, Mega Latina planteó la nulidad del sumario y reiteró que su accionar "estuvo ajustado a los parámetros objetivos de la norma".La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por LA NACION aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como "el rey del dólar blue". Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un "activo mercado paralelo" durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.El Banco de Servicios y Transacciones (BST) aparece en el sumario más nuevo, el de Stema, como el primer vendedor de dólares. La casa de cambio le compró US$180.050.000 entre enero y junio de 2023. "Se observó en dichos extractos bancarios que STEMA CAMBIOS S.A. retiró los dólares comprados al BST en efectivo, desarrollándose esta operatoria desde el 31.01.23 al [07.02.23], perdiéndose de esta forma la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida", se lee en el documento oficial.Este también se observa en otros sumarios. "Mega Latina SA compró dólares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST)", destacó el BCRA. La cifra: US$327 millones. Y sobre la metodología de obtener los billetes, la documentación agregó que "la entidad (la casa de cambio) retiró en efectivo por caja los días 27, 28 y 31.07.23 un total de USD 15.175.000.-".Ante la consulta de LA NACION, desde el banco BST aseguran que esas operaciones fueron anteriores a los sumarios en cuestión y que se desarrollaron dentro de la normativa del BCRA.La ruta del dólar continuaba. De una casa de cambio a otra. "Gallo Cambios compró dólares estadounidenses en mayor medida a los operadores Mega Latina y Stema Cambios", indica uno de los sumarios. Y el 92,7% de los dólares que vendió Gallo Cambios salieron en billete a otros operadores del sistema.Allí aparece otra fase del mecanismo investigado: casas de cambio que recibían dólares, también pesos, pero no registraban operaciones de divisas, según señalan los sumarios. Un ejemplo de ello es el caso de Andie SRL, que le compró casi US$4,5 millones a Stema y US$84,4 millones a Gallo Cambios.Andie SRL se hizo de dólares, pero también de pesos "sin haber registrado operaciones a su nombre", algo que disparó las sospechas sobre el origen de esos fondos. "Entre el 27/05/23 y el 31/05/23 recibió transferencias por un total de $27.217.653.426 (sic)â?³, recabó el Central. Y así no fue la única casa de cambio. "Soy Vos SAS entre el 31/01/23 y el 09/02/23 recibió transferencias por un total de $6.343.280.000â?³, acompaña el texto de la documentación.Sobre Gallo Cambios, el Central destacó que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos a esta casa tuvieron su autorización revocada entre 2022 y 2024, es decir, durante la gestión de Pesce y la actual. Entre ellas, se encuentra Fenus, cuya accionista, según un informe oficial del segundo semestre de 2023, era Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.Para los investigadores, la entrada de pesos y la falta de operaciones de cambio registradas como contrapartida son el punto crítico del circuito, en el que presuntamente los dólares, que en principio eran adquiridos a valor oficial, llegaban al mercado blue. Pero también hay otra operatoria que es investigada como supuesta vía de salida de los dólares físicos. Tal como publicó LA NACION, el sumario contra otra casa de cambio introdujo a los mutuos o préstamos en esta operatoria.Este sumario alude a "transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas" entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en la base Nosis permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.Uno de estos casos alude a un hombre que en 2019 recibía la AUH y, cuatro años después, obtuvo un mutuo (préstamo) por US$150.000 con la casa de cambio Concordia Inversiones. Su domicilio fiscal se encuentra en Laferrere, en medio de una calle de tierra.
Después de 15 días de no poder asistir a sus tareas periodísticas en la Casa de Gobierno, siete periodistas acreditados lograron volver a sus puestos. Leer más
El Ejecutivo oficializó nuevas restricciones en zonas limítrofes del Perú para reforzar la seguridad y el control migratoriopor un plazo de 60 días
Este viernes vencía el plazo legal que lo obligaba a transferir $2.5 billones a las casas de estudio, que ya organizan una movilización masiva. El Ejecutivo ya había presentado un per saltum ante el máximo Tribunal para rehabilitar artículos de la Reforma laboral.
El Gobierno decidió respaldar al jefe de Gabinete pese al avance de la causa judicial, en un contexto donde el impacto del caso se combina con el malestar económico y la creciente desconfianza entre los datos oficiales y la percepción cotidiana de la sociedad
Mediante un DNU, se aprobó la realización de "Daga Atlántica" y el operativo naval "PASSEX", con participación conjunta de fuerzas argentinas y estadounidenses en medio de un alineamiento estratégico con Washington. Leer más
Se trata de una modificación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF), que permitirá a las empresas exportadoras comprar al exterior con mayor facilidad
La Procuración del Tesoro realizó la presentación ante el máximo tribunal. Alegan que la normativa actual es de "imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento". Los escenarios posibles
La secretaria de Cultura indicó que se buscará garantizar la presencia del cine mexicano en las plataformas digitales
Rosa Icela Rodríguez reiteró que cualquier definición sobre la decisión corresponde al Vaticano
La diputada de La Libertad Avanza y amiga del presidente Javier Milei protagonizó un nuevo capítulo de la disputa dentro del Gobierno que sostienen Karina Milei y Santiago Caputo.
"Si lo llevan a leyes, el Gobierno de España las va a recurrir con toda la fuerza del Estado de derecho", ha señalado Pedro Sánchez este viernes en Barcelona
Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno de México diariamente trabaja con el Alto Comisionado de la ONU
La reasignación de Q2 mil millones destinada al alivio en los precios no alterará el financiamiento a educación, salud y seguridad pública, asegurando que la ayuda llegue sin comprometer la estabilidad financiera del Estado
Procuraduría en Materia Constitucional pide a los magistrados rechazar demanda de la Defensoría del Pueblo, que considera que la norma privatiza la petrolera estatal
A través del Decreto 253, la administración de Javier Milei habilitó a nueve distritos a gestionar corredores nacionales bajo el sistema de obra pública por peaje. Leer más
Municipios reportaron faltantes de dosis clave y demoras en la entrega, en un contexto que afecta la cobertura en niños, adultos mayores y grupos de riesgo, mientras las autoridades anticipan una normalización en los próximos días