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El Gobierno prorrogó un nuevo aumento del impuestos a los combustibles
El Gobierno oficializó una nueva prórroga hasta enero de 2026 en la suba del impuesto para combustibles líquidos y dióxido de carbono, el cual repercutirá en los valores de la nafta y el gasoil. A través del Decreto 840/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se fijaron modificaciones al cronograma de incrementos previstos en la normativa vigente.Desde el mes de enero de 2018, se posterga la entrada en vigencia de los aumentos mediante decretos, que debería actualizarse cada tres meses por inflación. Sin embargo, las últimas administraciones han frenado esas subas para evitar un impacto directo en el precio que paga el público. Con esta nueva medida, la suba de los tributos que quedó pendiente de 2024, sumada a las actualizaciones que correspondían a los primeros tres trimestres de 2025, recién se aplicará a partir del 1° de enero de 2026 para la nafta súper, virgen y el gasoil. Pese a la postergación general, el Decreto N° 840/2025 sí establece una aplicación parcial y limitada de la suba para el mes de diciembre de 2025, cuyos montos específicos figuran en una tabla anexa al decreto, lo que confirma un incremento segmentado antes de fin de año. Para las naftas se aplicará una suba de $16,377 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,003 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $13,546 por litro para el gravamen general, $7,335 para la alícuota diferencial que rige en regiones y zonas específicas del interior del país, y $1,544 por litro por el gravamen al COâ??.El Gobierno justificó la decisión al decir que busca estimular el crecimiento económico a través de un esquema fiscal "sostenible". El impuesto al dióxido de carbono grava específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, sumándose al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática junto con el resto de los tributos para mantener su valor real en términos fiscales y ambientales.
El Gobierno otorgó un préstamo a Río Negro para recuperar El Bolsón tras los incendios forestales
El dinero será destinado para el Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación del Bolsón, que fue creado para asistir a los ciudadanos que perdieron sus viviendas y recuperar el área natural
¿Cuánto habrá que pagar? El Gobierno cambió el esquema de subsidios para la luz y el gas, y habrá aumentos
A partir del 1° de enero, el Gobierno implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones. Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), según se precisó: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.La Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución con los lineamientos del nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF) y abrió una consulta pública que se extenderá durante 15 días hábiles.Si no hay cambios tras ese proceso, el régimen comenzará a regir desde enero de 2026. Como se mencionó, esto implicará aumentos de tarifas en algunos casos â??según el tipo de usuario y la época del añoâ?? y la pérdida de la bonificación para 140.000 familias de ingresos medios.Actualmente, reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas por red. Se trata de hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,25 millones. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT ($1,8 millones).El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres CBT (hoy, $3,6 millones). Por lo tanto, los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio de manera automática.Debido a la alta informalidad, el Estado continuará analizando el patrimonio de cada usuario para detectar casos en los que haya subsidios otorgados de manera indebida (como ocurrió con el 15% de los residentes de Nordelta que había solicitado la ayuda).Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si superan esos límites, abonarán el costo pleno por el excedente. Hasta ahora, los subsidios cubrían el 100% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y de hasta 250 kWh para ingresos medios. En la práctica, el Estado subsidiará un volumen mensual menor de electricidad. El costo promedio anual residencial es de US$75 por kWh.En gas, el subsidio del 50% se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se multiplica por cinco por las bajas temperaturas. El resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno, equivalente a US$3,80 por millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector). El Gobierno dispuso además que el precio del gas para los hogares se mantenga estable durante todo el año, a diferencia de lo que ocurre en la industria y el comercio, donde el valor sube a US$4,50 en invierno y baja a US$2,90 en verano cuando hay menos demanda. Los bloques de consumo subsidiado no sufrirán modificaciones porque contemplan las necesidades estacionales de cada región.De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios. Así, ese mes la electricidad tendrá un subsidio total del 75%, y el gas â??que no cuenta con subsidios en veranoâ?? un descuento del 25%. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000. En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.Los usuarios residenciales pagan hoy en promedio el 55% del costo de la electricidad y el gas. Con el nuevo esquema, en 2026 la cobertura pasará al 76% en electricidad y al 79% en gas.Los hogares de ingresos altos (7,32 millones de usuarios de electricidad y 4,46 millones de gas) también sentirán el impacto del nuevo esquema. Hasta ahora pagaban un valor de referencia que estaba subsidiado de manera indirecta y no reflejaba el costo real del sistema. A partir de enero, la Secretaría de Energía publicará los costos reales del gas y la electricidad. El cambio también afectará con fuerza a las industrias y comercios que no tienen contratos firmados a largo plazo y deben pagar el precio de mercado (spot) en cada momento.En cuanto a los usuarios de garrafas, se incorporarán al nuevo régimen los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($15.000) en invierno y al 50% del costo por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (www.argentina.gob.ar/subsidios).El objetivo del Gobierno es reducir el gasto en subsidios energéticos del 0,65% del PBI proyectado para este año al 0,5% (US$3000 millones), según el proyecto de presupuesto 2026. En 2024, ese gasto había sido de 0,9% del PBI.Según fuentes oficiales, la depuración del padrón se mantuvo activa durante todo el año. Allí se detectaron, por ejemplo, 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en countries y clubes de campo que recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos."Con este paso, el Gobierno reafirma su decisión de ordenar la política de subsidios energéticos, cuidar la plata de los argentinos y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible, en el que la ayuda social deje de ser un beneficio generalizado y vuelva a cumplir su función esencial: proteger a los usuarios residenciales vulnerables, bajo un esquema claro y con mayor previsibilidad en el impacto de las facturas a lo largo del año", señalaron desde la Secretaría de Energía.
Sigue la crisis en IOSFA: el Gobierno avanza con dividir la tercera obra social más grande del Estado
El Ejecutivo impulsa la separación de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, aunque enfrenta una deuda superior a $200.000 millones y advertencias sobre el riesgo de desintegración del sistema
En plena negociación con las provincias, crece el optimismo en el Gobierno por la sanción del Presupuesto 2026
El Poder Ejecutivo permuta acuerdos menores por apoyos legislativos. Las últimas reuniones en agenda
El Gobierno aplicará un nuevo esquema de subsidios en luz, gas y garrafas desde 2026: los detalles y el impacto en las tarifas
A partir de enero próximo, se implementará un sistema unificado de asistencia energética para hogares; la cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión
El factor clave que necesita el Gobierno para que el riesgo país perfore los 600 puntos, según analistas
El indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 650 unidades, tras tocar un mínimo de 598 a principios de noviembre. La importancia de que baje para poder regresar al mercado voluntario de deuda
Cuáles son los precios que más subieron y cuáles los que más se atrasaron en lo que va del gobierno de Milei
Variaciones en servicios y productos esenciales generaron una recomposición entre rubros, con consecuencias directas en los bolsillos de la población
Un gobierno empoderado y gradualista impulsa un debate anacrónico
El año tiende a terminar de manera muy similar al anterior: con un gobierno fortalecido y una oposición dividida, ensimismada y resignada, pergeñando tácticas de supervivencia frente a la renovada ola violeta. Este clima singular, fruto del sorpresivo resultado electoral, se produce a pesar de que el Gobierno solo ha conseguido logros módicos. Buena parte del electorado prefirió creer que esto fue consecuencia de los obstáculos interpuestos, en especial en el Congreso a partir del segundo trimestre, y no de los flagrantes errores no forzados del propio oficialismo, incluidos los episodios que implicarían potenciales hechos de corrupción. En síntesis, una sólida primera minoría de votantes libertarios eligió ver en Milei una víctima de "la casta" en lugar de un presidente con preocupantes tendencias a cometer chambonadas. Con números incomparablemente más favorables en ambas cámaras, el Gobierno enfrenta ahora el desafío de despejar las dudas y mostrar efectividad y contundencia en el prometido e imprescindible proceso de reformas estructurales. Es, sin embargo, un programa político que huele a naftalina: desde comienzos de la década de 1990 se conoce como el Consenso de Washington, gracias al impulso de John Williamson, un reconocido economista que se propuso, con éxito, sistematizar la experiencia acumulada en un gran número de países para luchar contra la inflación y adecuar las reglas del juego macro y microeconómicas a un mundo en pleno proceso de globalización.La Argentina implementó parcialmente algunas de las recetas en la primera mitad de esa década, pero luego abandonó esos esfuerzos para mejorar la competitividad sistémica del país en virtud de la obsesión de Carlos Menem por lograr una segunda reelección. Es decir, hace casi tres décadas que ignoramos el menú de políticas económicas que prácticamente todos los países democráticos y desarrollados adoptaron en el último medio siglo, con las desastrosas consecuencias que padecimos en materia de estanflación, incremento de la pobreza y disminución de la calidad de vida. Muy pocas naciones experimentaron una reversión similar hacia el populismo estadocéntrico (Venezuela, Bolivia, parcialmente Ecuador aunque sosteniendo la dolarización). México sufrió una regresión política y en parte económica con la llegada de AMLO primero y Claudia Sheinbaum después, aunque el neopriísmo de Morena implicó un deterioro en cámara lenta, excepto el estrepitoso fracaso en materia de seguridad pública.El debate sobre las reformas progresó significativamente, tanto en la región como en el mundo. Se habla ahora del Consenso de Londres 2025, un conjunto de principios para el siglo XXI presentado en un reciente volumen editado por Tim Besley, Irene Bucelli y Andrés Velazco, docentes de la London School of Economics, que surge de una reflexión crítica respecto del Consenso de Washington por ignorar factores sociales e institucionales, fundamentales para impulsar el progreso económico inclusivo y sustentable. Los autores enfatizan la cuestión del bienestar con una perspectiva integral (no solo material). Incluyen cuestiones como el estatus social, el respeto y el reconocimiento público, en parte vinculado a la existencia de derechos y acceso a la justicia. También señalan la importancia de las políticas de innovación para impulsar el crecimiento y la necesidad de desarrollar capacidades que impliquen resiliencia frente a la volatilidad y los shocks externos. Así, la "mejor" combinación de reformas económicas no tendrá el impacto buscado sin un sistema político de calidad que garantice la vigencia del Estado de Derecho. El mejor ejemplo de las limitaciones de este sesgo economicista anacrónico es Perú: predomina el orden monetario y fiscal, pero sufre por la inexistencia de un sistema político mínimamente estable y funcional. También hace tiempo que los países desarrollados discuten nuevas políticas industriales. El economista turco Dani Rodric tiene propuestas muy sugerentes en esta materia, totalmente alejadas del proteccionismo clásico.Ninguna de estas cuestiones forma parte del debate actual en nuestro entorno. El Presidente declama su fe en las reformas estructurales, pero sin que se hayan registrado avances. El Gobierno puso foco en un plan de estabilización que, a los tumbos, permitió ir desacelerando la inflación, por mucho tiempo la principal preocupación de los argentinos. Ahora está en torno del 30% anual, un umbral casi siete veces superior al promedio en la región, exceptuando Venezuela. Bolivia vive una crisis económica considerada terminal, que explica el colapso del MAS de Evo Morales, como consecuencia de una dinámica inflacionaria similar a los niveles de nuestro país: lo que para nuestros vecinos es un entendible espanto, a nosotros nos produce una plácida sensación de tranquilidad. La tarea de estabilizar la economía está lejos de haber sido concluida y los especialistas aseguran que viene la etapa más compleja: llegar primero a un dígito anual y bajarlo luego todo lo posible hasta converger con el promedio mundial.En paralelo, el Gobierno tampoco concretó las promesas respecto de un genuino compromiso con la desregulación: fue una marcha segmentada, zigzagueante y parcial debido a, entre otras cosas, una serie de medidas cautelares y rechazos parlamentarios que revirtieron o congelaron los impulsos liberalizadores. El Ministerio de Desregulación y Privatizaciones, liderado por Federico Sturzenegger, funcionó como un emisor de luces de bengala que señalizaba hacia dónde pretendía dirigirse Milei con su utopía de sociedad desestatizada. Con esfuerzos fugaces y un impacto limitado en la práctica, avanzó en varias áreas. En algunas, como la industria aerocomercial (la política de cielos abiertos), las importaciones de autos híbridos y eléctricos, el absurdo sistema de registro automotor o el comercio electrónico, se lograron efectos rápidos y relevantes. Pero vencida la delegación de facultades que otorgaba la denominada Ley Bases, el balance es magro. Por ejemplo, en materia de la política de privatizaciones, solo se avanzó con la empresa Impsa en febrero de este año (había sido estatizada durante el gobierno anterior para evitar su quiebra). Más: trascendió que esta administración estaría revisando los planes para privatizar Fabricaciones Militares, para buscar asociaciones puntuales con el sector privado. Vale la pena recordar que Donald Trump impulsa el ingreso del Estado norteamericano como accionista de empresas líderes en el área tecnológica, incluida la inteligencia artificial. ¿Buscará Milei emular a su par norteamericano también en este aspecto?La expectativa, sin embargo, se centra en las reformas estructurales. El Presidente varias veces aseguró que su administración ya había implementado cientos de ellas, en un uso cuestionable o directamente incorrecto de un término que tiene, de acuerdo con la literatura especializada, una aplicación muchísimo más restringida: la política fiscal/tributaria, monetaria, comercial, financiera, previsional, laboral y de la administración pública. Podría incluirse la cuestión de la salud por su enorme impacto en el gasto público y, en países federales, el régimen que reparte recursos con los Estados provinciales. Como mucho, una decena de áreas de política pública. Lo llamativo es que con todo el poder acumulado y frente a un año sin elecciones, Milei se autolimita a impulsar las reformas tributaria y laboral. Al margen de los títulos, de acuerdo con lo trascendido, en ambos casos el enfoque predominante es muy gradualista. ¿Por qué se aplazó el debate sobre la cuestión previsional, determinante en términos fiscales? La "profunda revolución libertaria" tiende a parecerse demasiado a un programa de gobierno de cuño reformista, casi menchevique. Escenas de larretismo explícito.
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
En medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, el Gobierno anunció que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que tiene fecha para el próximo viernes 5 de diciembre y donde la selección argentina conocerá a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada deslizaron a LA NACION que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.Leé la nota completa acá
La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización
La caída del ex secretario de organización del PSOE es un duro golpe para Pedro Sánchez, pero en el partido ya tienen asumido el coste político: "Ya veníamos llorados"
La Justicia permitió que el Gobierno nacional siga participando en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito
Según los fiscales, el exmarido de Cirio habría usado fondos provenientes de la corrupción para disfrutar de un altísimo nivel de vida que se conoció públicamente en 2023, cuando se viralizaron fotos donde se lo veía en Marbella, navegando en el yate "El Bandido", con la modelo Sofía Clerici, en un viaje donde gastó más de 40.000 euros y 8000 dólares. Leer más
Gobierno de Puebla combate al "cártel de las concesiones"
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"¿De qué se ríe?": Claudia López lanzó pulla a Iván Cepeda y enlistó los escándalos del Gobierno Petro
La precandidata recordó presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y el caso de corrupción de la Ungrd
Precandidato presidencial se agarró en vivo con funcionario del Gobierno Petro por participar en política: "Respete, no me intimide"
Mauricio Gómez Amín y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, interrumpieron el desarrollo del debate en el Congreso de infraestructura de Cartagena
Gobierno ofrece millonaria recompensa por información sobre asesinato de teniente coronel en Popayán
El Ministerio de Defensa anunció un incentivo económico de hasta $200 millones para quienes aporten datos que permitan identificar y detener a los responsables del crimen contra Rafael Granados Rueda, ocurrido el 27 de noviembre
El Gobierno, ante otra hora de la verdad
El Gobierno empieza a afrontar la hora de la verdad en varios frentes. Superado con más éxito de lo pensado el desafía electoral, le llega el momento de aprobar una sucesión de exámenes decisivos.Las reformas de fondo, cuyos proyectos todavía son borradores a los que les faltan hasta varias discusiones puertas adentro de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, corren a la par de una situación heterogénea y compleja de la economía real, de la que dan cuenta los indicadores oficiales, las estadísticas sectoriales y las noticias en los medios de comunicación. El eje de las novedades ya solo pasa tangencialmente por las cuestiones financieras y el mercado cambiario, tras la intervención de Estados Unidos y las elecciones, sino que toca realidades más concretas y más cercanas a las vivencias de los ciudadanos comunes y los empresarios, que la administración de Javier Milei debe administrar.La combinación de factores exhibe la magnitud de los desafíos por abordar, empezando por la primera discusión en el ámbito político institucional, que será la del presupuesto 2026, el cual parece tener abierto el camino para avanzar en el Congreso. Pero también aún le quedan muchos detalles por debatir, sobre todo los referentes de los legisladores cuyos votos necesitan sumarse al nuevo y ensanchado bloque oficialista que debutará dentro de 12 días. En ese terreno, el estado de las cuentas públicas provinciales, así como la situación de los distintos sectores productivos y comerciales (locales y regionales) juegan un rol decisivo. Por ahora, el tránsito que va del ordenamiento de las principales variables nacionales (exitoso, en buena medida), al del desarrollo y crecimiento (pendiente, en la mayoría de los casos) se desenvuelve sobre un terreno en el que sobran accidentes, en algunos casos graves, que se han profundizado en el último mes.El apoyo al cálculo nacional de gastos e ingresos anticipado en general por los gobernadores más amigables, que hoy componen una notable transversalidad política (desde peronistas y radicales hasta amarillos del Pro) y tiene escasas excepciones, muestra una gran diversidad de demandas y expectativas. Planteos que el hiperactivo ministro del Interior, Diego Santilli, no termina de satisfacer, aunque logra mantener a sus interlocutores esperanzados y entretenidos, en todo sentido. Es un experto en la materia.Mientras el proyecto de Presupuesto sigue ese curso, casi en simultáneo se abrió la discusión anticipada por la reforma laboral, cuyo texto todavía continúa bajo control del maximalista ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ha renovado con ímpetu su cruzada evangelizadora para sumar adhesiones y explicar las bondades de la iniciativa. La desregulación del Estado y del mercado de trabajo son viejas obsesiones y objeto de elaboración desde hace mucho tiempo de "El Coloso", que está empeñado en demostrar que su construcción teórica puede pasar a la realidad y, en esa realidad, tener éxito. Es decir, que sirva para que haya más inversiones y se creen nuevas fuentes de trabajo, además, de las que asume que se destruirán. Un gran reto para este momento, en el que se vienen perdiendo miles de puestos, como ha quedado expuesto en los últimos días, con algunos casos resonantes.Si bien el proyecto podría presentarse antes de fin de año y no se trataría hasta febrero en sesiones extraordinarias, las sesiones finales del Consejo de Mayo ya muestran diferencias y reclamos de diversa índole de los representantes de los sectores empresarios y gremiales. Unos por poco y otros por mucho, aunque por los sindicalistas allí solo haya amigables con el Gobierno. Es el caso del albañil Gerardo Martínez, que después de la reunión de anteayer en la Casa Rosada pasó por el despacho de su (¿ex?) poderoso amigo Santiago Caputo, quien también tiene en un lugar destacado de su agenda al más joven integrante del flamante triunvirato cegetista, Cristian Jerónimo. Además del contenido, la oportunidad para la presentación de la reforma laboral es motivo de diferencias entre los sectores involucrados. En los titulares de los medios de estos días se destacó la revelación hecha por la nación, sobre la base de datos oficiales, del récord en seis años de apertura de proceso preventivos de crisis para evitar despidos y suspensiones durante 2025 en empresas afectadas por la situación económica.Casi en simultáneo se difundió el cierre de, al menos, dos grandes empresas con la consecuente destrucción de cientos de empleos en el Gran Buenos Aires y los despidos efectuados por otra compañía de consumo masivo muy conocida, lo que avivó la discusión y le agregó matices. El irresuelto debate sobre el huevo y la gallina siempre vuelve y cómo se salde dependerá, como siempre, menos por acumulación de argumentos que por la pericia y el imperio del poder (de convencimiento y seducción) en este caso del oficialismo o por la capacidad de resistencia de quienes se oponen, que hoy están en retroceso y fragmentados, pero no derrotados. La torpeza y el maximalismo siempre puede unir a enemigos circunstanciales. Y en esta administración ya hubo experiencias, que en la Casa Rosada aseguran que se convirtieron en enseñanzas. La capacidad de aprendizaje será puesta a prueba.Del lado del Gobierno consideran aquellos casos críticos como ejemplos de las dificultades que las compañías tienen por los costos locales, entre los cuales siempre subrayan con marcadores flúo el ítem laboral, así como los impuestos y tasas subnacionales. Sin embargo, el hecho de que en la mayoría de las situaciones de crisis se incluyen otros tópicos que harían inviable los negocios, al tiempo que los que cierran las fábricas anuncian que se dedicarán a importar lo que antes producían acá, suman otras variables que el Gobierno elude discutir, como el tipo de cambio y la competencia desleal de productores de otros países. En ese plano se inscribe el planteo de laUnión Industrial (UIA) en el que advirtió sobre la caída registrada de actividad durante este año y la afirmación de que el sector está peor que en 2022. Entre las causas, la entidad señaló el "aumento exponencial de importaciones", en especial desde China, que afecta principalmente a la industria de electrodomésticos. Precisamente a eso se dedicaba la planta de Whirpool que acaba de cerrar sus puertas en Pilar. La cuestión es motivo de alta preocupación en ese municipio del conurbano norte, ya que en su parque industrial cerraron dos plantas esta semana, y desde comienzos del año el número de los que dejaron de producir se acerca a la decena. Para satisfacción del Gobierno, la UIA también manifestó su reclamo por las deudas que las provincias mantienen en concepto de saldos a favor por Ingresos Brutos pagados, que es considerado por todos los sectores productivos como el más regresivo de los tributos, y, al mismo tiempo, es gran soporte de los erarios provinciales y municipales. Es ese un motivo más de discusión para el presupuesto 2026, anticipatorio del debate para la reforma fiscal, que se pretende tratar a partir de marzo próximo y que será crucial para encaminar la economía y las inversiones en la última parte del mandato de Javier Milei, con la pretensión de pavimentar el camino a su reelección. Todo eso es lo que empezó a jugarse.La situación socialEl factor económico-social vuelve a cobrar así suma relevancia, una vez bajada la inflación y alcanzado el superávit fiscal, con el enorme logro de que el "mayor ajuste de la historia" no haya tenido un impacto político-electoral negativo ni conflictos sociales severos. En esa dimensión, el año par, sin elecciones que puedan justificar la tentación de adoptar políticas económicas, financieras y cambiarias destinadas a asegurarse un resultado favorable en desmedro del ordenamiento fiscal y cambiario, abre nuevas incógnitas por despejar. La gran pregunta es si este gobierno logrará romper con los antecedentes de 2014, 2018 y 2022 que marcaron el comienzo del fin de los tres gobiernos anteriores al de Milei. Sobre todo, el de hace siete años, cuando la gestión de Mauricio Macri se deslizó por un tobogán que se detuvo solo en el arenero de la derrota de 2019, después de haberse impuesto ampliamente en los comicios de medio término, que lo llevaron a soñar con una reelección y varios años de país amarillo, y terminaron en una pesadilla.El inédito y rotundo respaldo personal e institucional de la administración de Donald Trump a Milei y el ordenamiento de los fundamentos de la economía antes mencionados dan argumentos e ilusionan al Gobierno y a sus afines. En cambio, escépticos y opositores marcan algunas inconsistencias, problemas no resueltos y dificultades en el empalme entre el viejo y el nuevo país promisorio prometido.A las observaciones de muchos economistas sobre las fragilidades en materia de reservas, que el equipo de Luis Caputo, continúa relegando, y las dudas sobre el valor del tipo de cambio, con su consecuente impacto en la competitividad de las empresas radicadas en el país, se han sumado noticias más pedestres sobre dificultades concretas que tocan a la población masivamente, de las que dan cuenta indicadores oficiales, además de la pérdida de empleos. En ese plano se destacan los titulares de los últimos días sobre la caída del consumo mayorista y en supermercados así como el aumento en la actividad económica intermensual e intermensual restringido a sectores de relativo impacto masivo, mientras rubros con mano de obra intensivos siguen estancados o en caída, tanto en la comparación mes a mes como contra el mismo mes del año anterior."El Gobierno no la tiene fácil, pero si encamina la economía, se reactiva la actividad y aumenta un poco la capacidad adquisitiva de la mayoría se va a quedar un rato largo porque enfrente no solo no hay nadie con popularidad y legitimidad, sino que ninguno articula un mensaje alternativo de futuro y, mucho menos, capaz de penetrar en la sociedad", admite un opositor blando de origen peronista que se ilusionó y se frustró rápido con la creación de Provincias Unidas, la unión transitoria de gobernadores que pretendía ubicarse como opción por encima de la polarización libertaria-kirchnerista. Ese espacio se debate hoy entre un fin precoz y un relanzamiento improbable. No siquiera tiene asegurada una organización unificada y consistente en la Cámara de Diputados, donde pretendía hacer valer su número y su disposición negociadora. El debate del Presupuesto podría profundizar diferencias, si la discusión sobre la elección de autoridades de bloque no lo hace estallar antes.Del lado de la hasta ahora (y, probablemente, por poco tiempo más) oposición mayoritaria, que encarna el perokirchnerismo, oscilan entre el diagnóstico de un fracaso inevitable de la política económica del gobierno nacional que les dé nueva vida como alternativa y los más realistas que advierten sobre la incapacidad para ofrecer una alternativa que no sea recordar mejores tiempos idos, que ya nadie recuerda. Esto último no asoma sencillo para el peronismo. Como se señala en el muy interesante libro de reciente aparición "El último año de Perón", de Gustavo Nahmías, en el peronismo hay un mecanismo constitutivo "un término que lo nombra: el retorno", el cual conjuga "dos temporalidades: un presente que se sustrae al pasado, para que ese pasado vuelva a insertarse en el presente a fin de resignificarlo y reorganizarlo". Esa construcción de sentido no parece hoy encontrar suficiente plafón para poder afincarse en este presente y proyectarse a futuro. "El recuerdo de los años dorados no solo ya va quedando en sepia, sino que es impresionante el impacto que hasta en muchos krichneristas fieles están teniendo los testimonios que salen a la luz en la Causa de lo Cuadernos. El aura de Cristina se está apagando, pero tampoco asoma algo suficientemente distinto y potente que proyecte hacia el futuro", señala un excolaborador de Cristina Kirchner, que es parte de la disputa que se vive al interior del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.Los decisivos exámenes finales que empieza a enfrentar ahora el Gobierno, despejada ya la incógnita electoral de medio término, dependen casi en su totalidad de si mismo. Siempre y cuando, como ya es recurrente, no aparezcan tormentas externas que pongan en cuestión la fortaleza de lo ya construido.
Puente Ciudad de la Paz: tras el fallo judicial que prohíbe removerlo, el gobierno porteño frena la segunda etapa de la obra
Tras la medida cautelar de la Justicia que, por impulso de vecinos y asociaciones patrimonialistas, ordenó al gobierno porteño suspender cualquier intento de demolición o desarme del Puente Ciudad de la Paz, la administración local decidió acatar la medida y frenó la segunda etapa del proceso iniciado para el reemplazo de la centenaria estructura, que une los barrios de Palermo y Colegiales. Aunque esto fue celebrado por quienes luchan por la permanencia del viaducto histórico, admiten que el conflicto está lejos de darse por cerrado.Hace poco más de un mes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 había considerado que existía "un riesgo real e inminente de que se produzca un daño irreparable al patrimonio cultural de Buenos Aires" y ordenado suspender cualquier intento de demolición o desarme del puente, construido en 1919 y protegido mediante su catalogación como bien patrimonial. Lo hizo en respuesta a la acción de amparo colectivo impulsada por dos asociaciones civiles frente a la licitación convocada por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) para la instalación de una nueva estructura.Ahora, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la Resolución Nº 606, firmada el 17 de noviembre por el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua. El documento estableció que la Etapa 2 de la obra "Puente Ciudad de la Paz" queda sin efecto "hasta tanto se haya dictado sentencia firme en la causa EXP 215671/2025-0â?³. Para las organizaciones impulsoras del amparo, la decisión representa un avance relevante. Desde Basta de Demoler explicaron: "Es muy importante que en tan poco tiempo se haya definido todo. Es obvio que la movilización vecinal fue bastante importante. Esto no lo hizo solo Basta de Demoler, si no hubiesen estado todas esas movilizaciones, esto no hubiese salido adelante".Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, su fundador, Jonatan Baldiviezo, coincidió en que la resolución se ajusta a lo dispuesto por la Justicia. "Es algo positivo porque el gobierno en cierta forma decidió acatar la medida cautelar. La resolución que da de baja la etapa 2 del puente es simplemente un cumplimiento de lo dictado por el juzgado contencioso administrativo. Al estar suspendida todo tipo de demolición, no tenía ningún sentido avanzar con la licitación, porque estaba prohibido cualquier trabajo que implicara afectar la estructura".La mencionada etapa incluía el diseño y la fabricación de una nueva estructura metálica de cuatro tramos destinada a reemplazar la existente.Baldiviezo también advirtió que el trasfondo del conflicto continúa abierto. "Esto no implica que el gobierno haya desistido de su voluntad de demoler el Puente Ciudad de la Paz, sino que solamente está acatando la prohibición de demolerlo establecida por la Justicia". En paralelo, desde Basta de Demoler remarcaron que el proceso está lejos de darse por cerrado. "Sabemos que las Autopistas Urbanas SA (AUSA) suspendieron la licitación hasta que se resuelva la cuestión legal, pero también sabemos que el gobierno de la ciudad siempre apela los fallos judiciales, así que sabemos que acá no se terminó", afirmaron.En ese sentido, llamó la atención la circular en la que AUSA prorroga la apertura de ofertas de la licitación solamente hasta el 5 de enero de 2026, una fecha cercana en la que es imposible que se haya dictado la sentencia definitiva del litigio judicial. El conflicto, que ya acumula varios capítulos, movilizó a los vecinos de la zona. En diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la estructura fue cerrada al tránsito por riesgo estructural. Sin embargo, las obras de reparación no comenzaron hasta fines de 2024. El 31 de marzo de este año se reabrió al tránsito vehicular, en un acto encabezado por Jorge Macri y Bereciartua. Cuatro meses después, AUSA lanzó la licitación para construir una estructura más amplia que permitiera el paso de camiones, con respaldo del jefe de gobierno. Justificaron la iniciativa en supuestas fallas estructurales y problemas de seguridad, aunque los informes técnicos oficiales contradijeron esa versión. El llamado para la obra chocó con la catalogación que protege a la estructura, por lo que luego AUSA solicitó al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) la descategorización. Luego de varias sesiones frustradas, la votación rechazó el pedido.La suspensión de la etapa 2 abre ahora un período de espera entre las partes: la Ciudad, por un lado, y los vecinos y organizaciones patrimonialistas, por el otro. "El gobierno va a quedar a la espera de lo que termine resultando en la decisión final del juicio, como también lo haremos nosotros", señaló Baldiviezo.Desde Basta de Demoler dijeron que permanecerán alertas. "Vamos a estar muy atentos a lo que siga sucediendo porque sabemos que el gobierno de la ciudad no va a aflojar y sabemos que van a apelar", afirmaron."El próximo paso para nosotros y para los vecinos es pensar un proyecto positivo en el puente y en su entorno. Los vecinos tienen ganas de proponer un arreglo: rampas para personas con movilidad reducida, mejoras en los terrenos linderos y también una pequeña plaza vecinal. Ojalá podamos organizarnos para avanzar con eso", concluyeron.
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Una variable clave luce auspiciosa para la economía argentina y proyecta buenas noticias para el gobierno de Javier Milei. Con sólidas perspectivas para la próxima cosecha agrícola, los precios de las commodities, como la soja, lucen fuertes y podrían implicar que las exportaciones incrementen su valor en al menos US$1400 millones.Eso concluyen las proyecciones iniciales que manejan en la consultora LCG, en los primeros análisis del potencial de la cosecha 2026 y el ingreso de divisas al país por la exportación de granos y sus derivados. Y si bien son estimaciones preliminares, mientras en el campo se cosecha el trigo y recién empieza la siembra de soja de primera, el escenario luce auspicioso en materia de actividad y divisas, con un Banco Central (BCRA) cuyas reservas netas se acercan a cero."Los precios de la soja están hoy igual o apenas mejor que para esta fecha el año pasado, pero en 2024 se empezaron a caer a fines de diciembre y en el primer trimestre de 2025. Las perspectivas de pecio son mejores y hoy nadie espera que se caigan, aunque si Brasil tiene una buena cosecha, y ellos producen el triple que nosotros, los precios se pueden caer", dijo el economista Gabriel Caamaño, titular de Outlier, quien advirtió que el precio FOB promedio de noviembre a dólares constantes te da US$430 por tonelada, un nivel similar a 2024.El incipiente viento de cola para el campo argentino comenzó en octubre de este año, en el marco de las negociaciones entre China y Estados Unidos. "Es permitió que el gigante asiático reiniciara las compras a su par norteamericano", apuntaron en LCG, y destacaron que el precio de la tonelada de soja en Chicago rebotó un 8% en las últimas semanas.Ahí aparece una "buena noticia" para el Gobierno. Según las proyecciones preliminares de la Bolsa de Comercio de Rosario, la próxima cosecha de soja estará en torno a 47 millones de toneladas (tn). "Recién arranca, pero empieza muy bien porque hay buenas reservas de agua en el suelo. La etapa crítica de la soja es a partir de la segunda quincena de enero y la primera de febrero, pero si las condiciones de agua empiezan bien, es mucho mejor", dijo Caamaño.Si bien la expectativa de cosecha total es apenas inferior a las 49,5 millones de tn de la campaña anterior, desde LCG apuntaron que, por "el efecto precio", el valor de las exportaciones de soja y derivados podría ser mayor en US$1400 millones, con un efecto tanto por ingreso de divisas como recaudación por retenciones.Mientras tanto, el trigo también avanza hacia un resultado positivo. Sin el efecto precio de la soja, en este sector se proyecta una cosecha superior a la del año pasado: con una producción total de más de 24 millones de toneladas (fueron 20 millones en 2024), podría dejar un saldo exportable de hasta 13 millones de tn."Va a ser una muy buena cosecha, bastante más grande que la del año anterior, y puede ayudar a construir un puente en diciembre y enero, para cubrir las liquidaciones de exportaciones hasta la soja", planteó Caamaño, en referencia al flujo de dólares al país. En octubre y noviembre, las liquidaciones de agroexportadores fueron mínimas en términos históricos, afectadas por el régimen de eliminación de retenciones temporal por un cupo de US$7000 millones que el Gobierno implementó en septiembre."Hay que ver cuántas divisas los productores ya adelantaron en la ventana de retenciones cero. El grueso fue soja, pero hubo una parte de trigo. La expectativa es que las ventas de trigo de esta cosecha ayuden a cubrir el hueco de liquidaciones de la soja que ya se vendió. Si el saldo exportable son US$3000 millones, habrá que ver de eso cuánto queda y se liquida en diciembre y enero y cuánto ya se liquidó", señaló Caamaño.De acuerdo con las estimaciones de LCG, el valor de la cosecha de trigo, dado el incremento en la producción, crecerá un 24% interanual. En el sector crece el entusiasmo por la dinámica de este cultivo, y en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) hablan de una "megacampaña", con rindes promedio nacionales récord de 37,7 qq/ha."Si bien falta mucho por cosechar, ya se observan rendimientos unitarios récord en las tres provincias más importantes de la Argentina. Es el caso de Buenos Aires, que podría estar arrojando 40,8 qq/ha, superando la marca del 2021/22 de 39,5 qq/ha. Lo mismo sucede en Córdoba, que superaría con 36,8 qq/ha los 36 que obtenía en aquel entonces. En Santa Fe, la proyección de rinde está en 42,2 qq/ha, también excediendo lo obtenido en el 2010/11 (40,6 qq/ha)", remarcaron en la entidad.Las buenas perspectivas se replican para el maíz, con un incremento del 17% en las expectativas de superficie sembrada, y una producción de 61 millones de toneladas, una "cifra inédita" para el país, según las primeras proyecciones de la BCR, que implicaría un incremento estimado del 20% en cantidades. "En la suma, con mayores cantidades agregadas y mejores precios, el año que viene el valor de la producción agrícola (trigo, maíz y soja) podría incrementarse casi US$4000 millones", concluyeron en LCG.
Tras el avance para confluir en un frente propio, Jalil y Figueroa se mostraron con el Gobierno
Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Neuquén, Rolando Figueroa, dos de los mandatarios que este mediodía avanzaron en la posible creación de un frente común apartado de la órbita de Cristina Kirchner, se mostraron esta tarde con el Gobierno nacional.Fue poco después de que se hayan reunido en la Casa de Salta en la ciudad de Buenos Aires, con Gustavo Sáenz oficiando de anfitrión, y con Osvaldo Jaldo de Tucumán. Aunque habían dado señales de sumarse, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Hugo Passalacqua, de Misiones, finalmente no enviaron representantes. En el Congreso se especula con un interbloque que los reúna para tener más influencia en el reparto de comisiones y en las negociaciones con Nación. El piso inicial será entre 12 y 15 diputados, cifra que habilitaría el acceso a bicamerales claves.Tras la reunión, Figueroa se dirigió al Palacio de Hacienda, a pocas cuadras de la Casa de Salta. Fue para reunirse con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro para avanzar con la adecuación del régimen de exportaciones. Se trata de un pedido no solo de Figueroa, sino de varios otros gobernadores, como Claudio Vidal, de Santa Cruz, que hoy también participó del cónclave. Y con el cual el Gobierno avanzó en busca de apoyos para conseguir la aprobación de diferentes iniciativas parlamentarias, como el presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otras.Luego del encuentro, Adorni utilizó su cuenta de la red social X para subir un mensaje sobre el tema: "Seguimos avanzando en la quita de retenciones al petróleo convencional. Hoy se sumaron Santa Cruz y Neuquén al esquema iniciado con Chubut para adecuar el régimen de exportaciones, preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo. Menos impuestos es más producción y más trabajo para los argentinos. Fin".Seguimos avanzando en la quita de retenciones al petróleo convencional. Hoy se sumaron Santa Cruz y Neuquén al esquema iniciado con Chubut para adecuar el régimen de exportaciones, preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger elâ?¦ pic.twitter.com/RSscspZEo0— Manuel Adorni (@madorni) November 27, 2025Menos de media hora después de ese encuentro, a la Casa Rosada llegó Jalil para reunirse a partir de las 16.30 en el Salón de Escudos, del Ministerio del Interior, con su titular Diego Santilli y con Adorni, para firmar el compromiso del Régimen de Exportación en Planta. Algo que el Gobierno ya había hecho días atrás con Sáenz y que representa otro gesto de la nueva faceta dialoguista de la administración libertaria, que comenzó tras las elecciones. Y en la que los interlocutores del Gobierno se fueron reuniendo con los diferentes mandatarios provinciales, escucharon sus pedidos y tomaron nota. Avanzando primero con todo lo que no implique "billetera", pero que sí soluciona demandas de las provincias. Por eso en la Casa Rosada se muestran proactivos a dar lugar a detalles que simplifican legislaciones burocráticas como el Régimen de exportación en planta.La postura del grupo "No vamos a reclamar nada que el Gobierno no haya prometido", advirtió Sáenz al abrir la agenda presupuestaria. "Vamos a insistir con las obras comprometidas. Queremos que la Argentina crezca de manera simétrica. Nos vamos a poner firmes para que este país sea federal. Invitamos a todos los que quieran sumarse", concluyó.A su lado, Jaldo reforzó la línea: "Estamos para sumar y acompañar, pero tiene que ser recíproco. La Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie. Es positivo que el ministro del Interior, Diego Santilli, esté dialogando con los gobernadores. Es el momento de aportar".
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El estimador mensual de septiembre fue positivo en 0,5% y alejó el escenario recesivo proyectado por las consultoras. El Indec aclaró que todos los meses los nuevos indicadores de producción mensual hacen modificar "hacia atrás" la serie histórica.Así, ni el segundo ni el tercer trimestre tuvieron caída económica.
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El Gobierno le baja el tono a las críticas de la CGT por la reforma laboral y se enfoca en los detalles del texto
El Gobierno no tiene pensada una gran puesta en escena para la presentación de las reformas que va a impulsar hacia la segunda parte de la gestión. Sin embargo, lo que sí reina es el optimismo con respecto al devenir de los textos que al menos públicamente, y sin conocerse la letra fina, ya cosecharon algunos enemigos. Este jueves por la mañana, en los pasillos de la Casa Rosada le bajaban el tono a las críticas que se escucharon de parte de la CGT, que anticipó no acompañará los cambios en materia laboral si es que las modificaciones suponen una pérdida de derechos. "En la CGT no coincidimos ni estamos de acuerdo", sostuvo el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, representante de la central obrera en el Consejo de Mayo, el órgano que trata las reformas de manera consultiva pero no vinculante, que se reunió ayer. Los dichos de Martínez cosechan consenso entre la mayoría de los dirigentes sindicales. Terminado el encuentro del Consejo de Mayo, el líder de la Uocra se posicionó en "las antípodas" de la reforma laboral, dijo que así no la piensan apoyar, aunque dejó una puerta abierta para seguir con las charlas. Fuentes de la Casa Rosada dijeron hoy que existe "más acuerdo de lo que se supone" sobre el texto de la iniciativa, que todavía no se conoce, pero que incluye un capítulo sobre el financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales, y otro referido a la democracia sindical, un tema que el Gobierno nunca respaldó cuando se trató en comisión en el Congreso. Otras voces al tanto de los debates en el Consejo de Mayo coincidieron con esta visión de que las conversaciones están aceitadas para que avance la reforma. Para restarle tenor a las críticas que llegan desde la central sindical y que fueron apilándose, en Balcarce 50 hasta llegaron a afirmar que la CGT y el Gobierno tienen el mismo objetivo: lograr que aumente la masa de trabajadores formales. Entendían además como esperables los planteos que fueron sumándose desde el ámbito sindical. La postura de la gestión libertaria es unívoca con respecto a una cuestión: conceptualmente la reforma no se toca. Aunque eso no quiere decir que no se contemple cierto margen de maniobra para acomodar pormenores y así dejar más contentos a los actores que forman parte de la mesa de discusión. "El diablo está en los detalles", dijo un conocedor de la cuestión. Esos virajes podrían hacerse durante el debate en comisión. Todo indica que si hay una convocatoria formal a la CGT, las conversaciones oficiales las llevará el ministro del Interior, Diego Santilli. Cerca del mediodía del jueves, a la central obrera no había llegado ninguna citación. Después del mitin con los otros consejeros, Martínez pasó ayer por las oficinas del estratega Santiago Caputo, quien suele llevar los diálogos informales con la central obrera. Consultado por LA NACION sobre este cara a cara, Martínez respondió sobre el estratega de Javier Milei, al que llamó por su nombre de pila: "Estuvimos hablando de la preocupación que tenemos [en la CGT]. Santiago es un asesor que habla con los distintos sectores y escucha la opinión de los trabajadores sindicales". Presionada por las vertientes más izquierdistas del gremialismo para que active medidas contra el Gobierno, la CGT se mantiene en la postura dialoguista. Esa tesitura se mantiene independientemente del cambio de cúpula que hubo en central, ahora con Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) al frente.Desde el inicio de la gestión de Milei, el Gobierno sostuvo que los paros generales benefician el discurso libertario porque terminan por molestar a los trabajadores. Esa postura no cambió. Sin embargo, en la CGT todavía no se puso en debate la posibilidad de activar una huelga. En tándem, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Santilli trabajan en conseguir los apoyos para estos textos también vinculados a los compromisos de la gestión libertaria con Estados Unidos. Los dos ya hicieron un book de fotos con gobernadores y sumarán unas imágenes más esta tarde, cuando en el Ministerio de Economía se firme la baja de las retenciones al petróleo para Neuquén y Santa Cruz, con Rolando Figueroa y Claudio Vidal, que ayer además ya pasó por Balcarce 50. El texto de reforma laboral ingresará al Congreso para debatirse en las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 10 de diciembre.
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Una obra social intervenida por el Gobierno activa el Procedimiento Preventivo de Crisis
La obra social de los trabajadores rurales (Osprera), intervenida por la gestión de Javier Milei hace un año, solicitó en la Secretaría de Trabajo iniciar un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para asegurar la continuidad de la atención médica a sus afiliados. Así lo informó en un comunicado la intervención de la prestadora médica, a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo "Lule" Menem. Petroni fue designado temporalmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que le renovó el mandato al frente de la intervención. La decisión de Petroni de activar el PPC se da un día después de que el juez federal Sebastián Casanello hay dispuesto una serie de medidas de pruebas en la causa en la que investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a otras personas vinculadas a la gestión libertaria de haber orquestado un supuesto "plan criminal para hacerse con la conducción del gremio (Uatre)", a cargo hoy de José Voytenco, un dirigente del PJ chaqueño. La causa judicial indaga posibles maniobras para desestabilizar la representación gremial de los trabajadores rurales, incluyendo la imposición de una intervención en Osprera, que la Uatre denunció como un "acuerdo criminal" con fines políticos y para "direccionar negociados". Casanello emitió ayer una resolución de 15 páginas que detalla cinco ejes principales de investigación, que responden a un pedido formulado por la defensa de Uatre para reconstruir la presunta cadena de decisiones que derivaron en la intervención de la obra social.Casanello intimó a la Secretaría de Trabajo a entregar, en un plazo de 10 días, 19 expedientes completos relacionados con seccionales de Uatre donde se registraron conflictos o intervenciones directas. Esto apunta a desentrañar irregularidades en procesos administrativos que podrían haber sido manipulados para justificar la intervención. Interviene el fiscal Guillermo Marijuan. Tras este avance de la Justicia, Petroni comunicó hoy el inicio del trámite del PPC en la prestadora médica de la Uatre. "Actualmente, Osperera destina un 16% del gasto mensual al personal, duplicando el límite del 8% establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud. El PPC permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales", informó la intervención. Y añadió, para justificar su decisión: "El Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica, sin paralizar su funcionamiento. En este caso, se aplicará para preservar prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar relaciones con prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial". De crisis en crisis, Osprera también fue auxiliada por el gobierno del Frente de Todos. El 7 de diciembre de 2023 recibió un subsidio de $3350 millones en concepto de "apoyo financiero". Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control. Duró hasta que la administración de La Libertad Avanza decidió intervenirla por decreto y desplazar al titular del gremio.
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La Casa Rosada prevé girar fondos de ATN y reconocer, en particular, a aquellos gobernadores que mermaron el gasto en sus distritos. La fase final de las tratativas antes de publicar proyectos clave
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Los jubilados, pensionados y titulares de la PUAM serán los únicos en recibir el pago adicional junto con el aumento del 2,3% aplicado por inflación. Leer más
El PP reprocha al Gobierno en el Senado el avance del narcotráfico en Andalucía
Más de 240 mujeres denuncian haber sido drogadas por un alto funcionario del Gobierno de Francia durante entrevistas de trabajo
La policía halló una hoja de cálculo titulada "Experimentos" en la que el acusado anotaba cómo reaccionaban las víctimas al diurético que les administraba, que les provocaba fuertes ganas de orinar
El PSOE está "tranquilo" y no teme "nada" de lo que diga Ábalos porque "no salpica ni al partido ni al Gobierno"
Jueces ven con "preocupación" el "ataque" del Gobierno por la condena al fiscal general: "Una presión inaceptable"
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A través de la Resolución 1341/2025, el Ministerio de Seguridad estableció un marco normativo para la identificación de personas mediante rastros de olor, buscando unificar criterios y mejorar la validez de pruebas en casos complejos
El Congreso vota hoy una iniciativa de ERC para que el Gobierno investigue y repare malos tratos en la 'mili'
El Gobierno dispuso aumentos en las jubilaciones y asignaciones familiares desde diciembre
El Gobierno dispuso un incremento del 2,34% en las asignaciones familiares y en los parámetros que determinan su pago, lo que impactará también en las jubilaciones que incorporan asignaciones complementarias. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 361/2025 de la Anses, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, veteranos de Malvinas y perceptores de asignaciones universales. Según el organismo, los ajustes responden al esquema de movilidad previsto en la Ley 27.160 y a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor informadas por el Indec.La resolución recuerda que el régimen de asignaciones familiares comprende a trabajadores de los sectores público y privado, titulares del sistema de riesgos del trabajo, beneficiarios del SIPA, monotributistas, desempleados, personas con pensiones no contributivas por invalidez, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. La medida deja afuera de esta actualización a la Ayuda Escolar Anual, que se ajusta una vez por año en marzo, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 63/2025.Los nuevos valores se configuran según categoría de beneficiario y zona geográfica. En el caso de los jubilados que reciben asignaciones familiares, el valor actualizado por hijo queda fijado en $61.252 para los ingresos más bajos, mientras que la asignación por hijo con discapacidad parte de $199.434, con variaciones según tramo de ingresos y localidad. En tanto, la ayuda escolar anual se mantiene en $42.039, aunque en zonas diferenciales asciende a montos superiores. Entre los trabajadores registrados, la asignación por hijo se establece en $61.252 en el tramo inicial y desciende en forma progresiva hasta $12.892 para los niveles superiores del tope de ingresos. Las zonas con adicionales específicos elevan esos montos hasta los $132.075. La asignación por hijo con discapacidad presenta un rango de entre $199.434 y $398.364, según la zona y el nivel de ingresos del grupo familiar. Para la Ayuda Escolar Anual se mantiene un valor base de $42.039, que crece en áreas con diferenciales regionales.Los perceptores del seguro de desempleo reciben montos equivalentes a los establecidos para los trabajadores en relación de dependencia. La asignación por hijo se sitúa en $61.252 en el primer tramo y disminuye a $12.892 en los niveles superiores. La asignación por hijo con discapacidad se ubica entre $199.434 y $89.043, según el rango de ingresos.En el caso de los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, la mayoría de los conceptos no tiene límite de ingresos. La asignación por hijo se ubica en $61.252, mientras que la asignación por hijo con discapacidad asciende a $199.434, con incrementos en zonas diferenciales que elevan la ayuda escolar hasta $56.075.Los titulares de asignaciones universales también forman parte del esquema actualizado. La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo quedan en $122.492 en la zona general. La AUH por discapacidad asciende a $398.853, mientras que en áreas diferenciales alcanza $518.509. La ayuda escolar anual se mantiene en $42.039 y se replica para su versión por hijo con discapacidad. Los trabajadores monotributistas mantienen una estructura de montos equivalente a la del régimen general: $61.252 en el tramo inicial para la asignación por hijo y $12.892 en los niveles superiores. La asignación por hijo con discapacidad se fija en $199.434, mientras que la ayuda escolar anual continúa en $42.039, sin modificaciones por la movilidad mensual.Por su parte, los trabajadores temporarios o de trabajo permanente discontinuo reciben montos especiales debido al régimen laboral aplicado. En este caso, la asignación por hijo queda unificada en $122.492 en casi todos los tramos y zonas del país. La asignación por hijo con discapacidad asciende a $398.853, mientras que la ayuda escolar anual parte de $42.039, con variaciones según la región.La resolución incorpora además un cambio relevante en materia de ingresos. Se establece que, si alguno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.511.024, el hogar queda excluido del cobro de asignaciones, incluso cuando la suma total de ingresos no sobrepase el límite general previsto en los anexos.La normativa cierra instruyendo su publicación y remisión al Registro Oficial, de modo que los valores entren en vigencia para todos los hechos generadores ocurridos a partir de diciembre y se integren al esquema de movilidad mensual que rige para el sistema de prestaciones administrado por el Gobierno.
El Congreso debate hoy instar al Gobierno a detallar los plazos de sustitución de los programas militares israelíes
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizaron la reunión de este miércoles por la mañana, en medio de un "relanzamiento" de la gestión. El encuentro se extendió por poco menos de dos horas y durante más de una fue el propio mandatario quien habló, según reconstruyeron a LA NACION distintas fuentes de la Casa Rosada.El mandatario se dirigió a sus ministros de buen ánimo, tal como se lo vio en el video del ingreso al Salón Eva Perón, abrazándose a su equipo. Una vez comenzado el cónclave, transmitió a sus ministros "la importancia de cuidar el triunfo electoral" de octubre pasado, según describió una de las voces consultadas.Leé la nota completa acáEl Gobierno expresó hoy formalmente su respaldo a la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU, cargo será elegido el año próximo. Lo hizo el canciller Pablo Quirno a través de un tuit en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores."Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante grave situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", señala el texto.Leé la nota completa acáLA PLATA.â?? En la antesala de la sesión convocada para aprobar el presupuesto 2026, una autorización para endeudarse por 3035 millones de pesos y la ley tributaria, el gobernador Axel Kicillof le hizo un nuevo guiño a La Cámpora tras mostrarse ayer con Máximo Kirchner.El mandatario visitó este miércoles Lomas de Zamora para fotografiarse junto al intendente Federico Otermín -expresidente de la Cámara de Diputados- y su mujer, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia y dirigente de La Cámpora.Leé la nota completa acáDespués de siete meses de parálisis, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, convocó para hoy a una sesión virtual del Consejo del Salario para definir el nuevo haber mínimo, que es hoy de $322.000. Sin embargo, el acuerdo estuvo lejos y el presidente Javier Milei tendrá cinco días para laudar y definir la suba de manera unilateral.Las cámaras empresarias ofrecieron un aumento de $4000 y elevar en cuotas el haber mínimo a $349.000 a abril de 2026. Las centrales obreras, en cambio, pidieron una suba mucho mayor. La CGT planteó llevar el salario mínimo a $512.000 ahora y a $553.000 en abril. Coincidió con esta postura una de las dos CTA. La restante, la Autónoma, pidió llevarlo a $736.000.Leé la nota completa acá
Tasas, inflación y dólar: la estrategia del Gobierno detrás de la última licitación de deuda en pesos
El Tesoro renovó casi el 100% de los vencimientos en la subasta del miércoles y liberó una porción menor de pesos al mercado. Cómo operaron los inversores
Jubilaciones: el Gobierno oficializó los haberes mínimo y máximo para diciembre 2025
Lo hizo a través de la Resolución 361/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial. Por intermedio de otra normativa, también actualizaron las sumas para AUH y asignaciones familiares.
El Gobierno delimita el temario y la extensión de las extraordinarias: todas las posibilidades en estudio
En pleno diseño de las reformas, el Poder Ejecutivo define si sesionará en continuado o habrá receso en enero. La potencial fecha para la oficialización del decreto
El Gobierno afronta un pleno clave para presupuestos en medio de la expectación por Ábalos
El Gobierno trabaja en la convocatoria a extraordinarias con la expectativa de avanzar con la reforma laboral
El Gobierno nacional trabaja por estas horas en la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán el próximo 10 de diciembre y se extenderán hasta fin de año. Ese plazo es el que hasta ahora está definido, en tanto que si bien lo más probable es que la actividad parlamentaria se retome en febrero, también de forma extraordinaria, todavía hay quienes no descartan la posibilidad de continuar durante enero. "Si es por nosotros trabajaríamos en enero también, pero no creemos que haya quórum para eso", se sinceró una voz del corazón libertario ante LA NACION. En la Casa Rosada recordaban que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, suele mencionar que le gusta trabajar en enero, pero a la par de eso admitían que el escenario no parecía del todo posible hoy, aunque no lo descartaban por completo. "Todavía hay un debate", sintetizaron. En tanto que, más allá de las fechas, el próximo viernes 5 podría llegar a conocerse el decreto con el que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias.Con la posibilidad de los tiempos del segundo tramo en duda, cobra más fuerza la posibilidad de que se imponga la idea de hacer las sesiones desde el 10 al 31 de diciembre y luego, desde comienzo hasta fines de febrero de 2026. A la par de que trabaja en las fechas, en el Gobierno se concentran en el trabajo que tendrán a partir del 10 de diciembre. Un día antes se conocerá el documento final del Consejo de Mayo, en el que está incluida la reforma laboral que, junto al presupuesto 2026, constituyen las principales metas de la administración libertaria para el mes próximo. Los gremios ya marcaron diferencias, pese a que no se conoce el texto definitivo. Tras el recambio legislativo que se dará entre fines de este mes y comienzos del próximo, el oficialismo del Senado buscará dar lugar al tratamiento de la Ley de Glaciares, con la mira en ampliar las áreas habilitadas de explotación. Se trata de un pedido que hicieron algunos gobernadores en diálogo con Balcarce 50, a lo largo de las últimas semanas de intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli.El tema Glaciares se sumará así al presupuesto 2026 y la reforma laboral en diciembre, cuando en la Cámara baja se buscará también lograr la aprobación del proyecto de presunción de inocencia fiscal con la mira en el debate de modificaciones en el régimen general y en blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea de la administración mileísta es incrementar el umbral del fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria.La reforma del Código Penal es otro de los puntos que el gobierno se trazó como objetivo y lo anunció a comienzos de octubre, pero también quedaría para febrero. El tema es considerado prioritario por la administración mileísta para dar su debate en la Cámara alta, con Patricia Bullrich a la cabeza.Bullrich es una de las grandes apuestas del Gobierno para la etapa legislativa que viene y en la que sienten que con su figura lograrán el peso que hasta ahora no tuvieron con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quienes las relaciones de Casa Rosada están completamente rotas. En tanto que también se ilusionan no solo con los números que ya tienen en ambas cámaras, sino en lo que pueden llegar a conseguir.En las últimas semanas el oficialismo consiguió administrar los tiempos tras las elecciones, sumar aliados y acercarse a eventuales socios parlamentarios. Para eso Adorni y Santilli, hicieron un rondín por las gobernaciones afines; mientras que Bullrich y Menem, al frente de las conversaciones en el Senado y Diputados, respectivamente, incorporaron nuevos perfiles a sus bloques. Además, La Libertad Avanza (LLA) también se benefició de la fragmentación de una oposición fisurada que no consigue articular una respuesta común.
Ábalos y Koldo afrontan su posible ingreso en prisión con varios avisos al Gobierno
El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
La consigna "Estados Unidos primero" (America First) que guió las campañas electorales de Donald Trump está proyectándose en el comercio internacional como en ningún otro campo. Datos: el promedio del arancel externo estadounidense el 1 de abril pasado, la víspera del anuncio de un nuevo régimen de protección, era de 2,6%. Hoy es de 16,5%. Esa variación significa una revolución global.Una de las consecuencias de ese incremento en las tarifas que deben pagar quienes exportan a los Estados Unidos es que el Tesoro de ese país recaudará 3 billones de dólares ("trillions" en inglés) en los próximos tres años. Es solo un detalle. La mutación más relevante es que Trump ha adoptado una estrategia de inserción de su país en la escena internacional que modifica una constante que hunde sus raíces en el comienzo de la posguerra. Una de las palancas con las cuales los Estados Unidos sostuvieron su hegemonía fue la aceptación de un déficit comercial significativo con el resto del mundo. Fue una de las formas en que se financió esa superioridad. Entre las numerosas derivaciones que tuvo ese enfoque está la reconstrucción de Europa después de la II Guerra.Trump decidió dar una violenta patada sobre ese tablero para llamar a regiones y países a participar de la negociación que hoy está en curso. La Argentina es uno de los protagonistas de esa discusión que siempre es bilateral. El secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Pablo Quirno anunciaron hace 15 días el marco de un acuerdo comercial cuyos detalles de conocerán el viernes de la semana próxima.Esta novedad internacional, que implica algo tan trascendente como la redefinición del nivel de apertura del mercado argentino frente a las empresas norteamericanas, presenta una curiosa simultaneidad con otro episodio: desde el sector industrial se le acaba de plantear al Gobierno la pretensión de que defina una política de protección. Es decir, que actúe como Trump.Las conversaciones de Washington con el resto del mundo tienen varias peculiaridades. Una de ellas es el personalismo con que Trump toma las decisiones. Un ejemplo se conoció el jueves pasado, cuando publicó una resolución por la que redujo el alcance del impuesto adicional de 40 puntos porcentuales que había aplicado sobre las importaciones de Brasil, enojado porque la Justicia de ese país sancionaba a su amigo Jair Bolsonaro. Trump explicó en ese texto que cambió de opinión, entre otras cosas, porque funcionarios suyos le habían hecho notar algunos errores o inconvenientes.Este estilo caudillesco, que se presume ajeno a la cultura anglosajona, se verifica también en el caso argentino. En la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos explicó a sus colaboradores en varias oportunidades que quería beneficiar a algunos sectores de la economía argentina "porque él es mi amigo y quiero ayudarlo". Señalaba a Milei.La ventaja que podría encontrar el gobierno argentino en esa simpatía debe ser equilibrada con una debilidad: la Casa Rosada tiene una dependencia extrema de Trump y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el terreno cambiario y financiero. Semanas antes de las elecciones legislativas Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se vieron al borde del abismo. Los empujaba hacia allí la carencia de dólares en el Banco Central, provocada por las compras de agentes económicos que suponían que después esos comicios ellos no podrían sostener el régimen de bandas cambiarias. Es decir, el precio que predeterminaron la para la moneda norteamericana. ¿La crisis se produjo por una conspiración de la dirigencia opositora, que temía a un Milei fortalecido en las urnas? ¿O el plan económico puso en evidencia sus inconsistencias, sobre todo en el terreno cambiario, tantas veces señaladas por economistas independientes? Lo dirán los historiadores. El resultado de esa tormenta fue que Trump y Bessent intervinieron con 20.000 millones de dólares para frenar la corrida contra el peso y la eventual bancarrota electoral.Milei y Caputo esperaban una ayuda adicional. La constitución de un fondo especial, de otros 20.000 millones de dólares, destinado a la recompra de bonos argentinos. Esa posibilidad despejaría las incógnitas que plantean los vencimientos de deuda de los próximos dos años, con una caída en picada del índice de riesgo-país. El plan debió ser descartado. Los bancos que debían aportar los dólares pidieron garantías que Trump y Bessent no podían aportar. El egocentrismo del presidente de los Estados Unidos debe reconocer el límite que le impone el sistema institucional y, sobre todo, la oposición de su país, que ya había encontrado un modo de atacar con el primer paquete de ayuda. En otras palabras: Trump es arbitrario, pero no es omnipotente.La primera señal de que había aparecido una dificultad la emitió Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan. "La Argentina no necesita ese dinero", diagnosticó con elegancia, para no ser inofensivo. Una desmentida para quienes creen que, por sus antecedentes laborales, los funcionarios de Economía y del Banco Central son niños mimados de ese banco. Dimon simpatiza con la Argentina, está rodeado de ejecutivos del país, pero antes que nada es un banquero.Que se hayan descartado los segundos 20.000 millones de dólares no significa que el gobierno de Milei no siga dependiendo muchísimo de los Estados Unidos. En principio, porque sigue vigente la hipótesis de que, si se presentara un problema de deuda, Trump socorrería de algún modo a su amigo. Algunos expertos adjudican a esa conjetura que el precio de los bonos no se haya derrumbado. De hecho, el índice de riesgo siguió instalado en alrededor de 650 puntos. Pero el cordón umbilical con la Casa Blanca tiene que ver con otro problema. El equipo económico se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a acumular un determinado nivel de reservas monetarias. Como cumplir con esa meta obligaría a comprar una masa de dólares cuyo tamaño modificaría la cotización, es decir, provocaría una depreciación del peso, Luis Caputo y su equipo se han propuesto ignorar el compromiso. Para que la revisión del programa sea aprobada por el Fondo necesitarán que Kristalina Georgieva autorice un waiver. Allí Caputo vuelve a necesitar de la abogacía de Trump y Bessent.El modo en que la sujeción financiera de la Argentina con los Estados Unidos se proyecta sobre toda la política exterior está cifrado en un detalle: cuando, después de la renuncia de Gerardo Werthein, Milei escogió a su nuevo canciller, señaló a Quirno, el secretario de Finanzas. Quirno, que conoce esa fragilidad en sus entrañas, es quien debe pulsear con los funcionarios norteamericanos los últimos detalles del acuerdo comercial.La negociación abre conflictos en el frente interno. El más sonoro es el que plantea la industria farmacéutica nacional, que ve más cerca que nunca la amenaza sobre la red la ha cobijado en materia de propiedad intelectual. ¿Quirno debe a ese entredicho su llegada a la Cancillería? La pregunta tiene sentido porque los laboratorios locales tuvieron en Werthein a un defensor tan tenaz que hasta llegó a desplazar de sus funciones a diplomáticos profesionales que defendían un acuerdo con Washington. Werthein tiene viejas relaciones familiares con grandes protagonistas de esa industria. Con el cambio de canciller ganó potencia la voz del prestigioso Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva del palacio de Hacienda. Lavigne es reconocido como un enfático defensor de la apertura comercial. El acuerdo anunciado por la Casa Blanca cuando Quirno se reunió con Rubio fue celebrado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que reúne a los principales laboratorios extranjeros. Esa cámara viene reclamando desde mucho tiempo atrás que la Argentina adopte un sistema más ágil y transparente para patentar medicamentos. Es una demanda frente al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) que, presidido por Carlos Gallo, funciona en Economía. Las empresas farmacéuticas reunidas en CAEMe se quejan de que el INPI es muy restrictivo en la concesión de patentes para nuevos medicamentos. Y que esa dificultad se combina con otra: la facilidad con la que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que dirige Nélida Bisio, autoriza la comercialización de medicamentos sin control de su autoría científica. La consecuencia es que, se quejan las multinacionales farmacéuticas, hay laboratorios argentinos que copian remedios producidos por sus competidores extranjeros, cuando la patente todavía está vigente, y consiguen comercializarlos sin restricción alguna. En el anecdotario de estas empresas siempre aparece el mismo nombre: Hugo Sigman, de Elea.La otra pretensión de los laboratorios norteamericanos es que en el mercado local existan también garantías para la protección de datos de prueba. Es decir, para la información generada a partir de estudios experimentales o ensayos clínicos destinada a ser ofrecida ante la autoridad regulatoria para demostrar la eficacia de un producto farmacéutico.Los dirigentes de CAEMe alegan, en defensa de sus reclamos, que sus asociados invierten 700 millones de dólares anuales en investigación clínica. Los laboratorios nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), señalan que, de aplicarse con los criterios expuestos en el acuerdo marco, el entendimiento con los Estados Unidos aumentaría los costos del sistema de salud en alrededor de 2300 millones de dólares. Esos empresarios se ufanan de haberle facilitado al país un ahorro de 3200 millones de dólares en ahorro de divisas y de 10.000 millones de dólares por reducción de precios en los últimos 10 años.La clave de esta disputa histórica no hay que buscarla en el acuerdo que Trump celebra con Milei. Hay otra dimensión crucial: es la regulación doméstica argentina. Los laboratorios extranjeros esperan que el gobierno de los Estados Unidos tenga la capacidad de presión suficiente para que Milei derogue la Resolución 118 del año 2012. Es una norma firmada por los ministros Juan Manzur y Débora Giorgi, durante la gestión de Cristina Kirchner, por la cual el patentamiento de nuevos productos farmacéuticos se volvería endiablado en el país.La resolución 118 es motivo de una polémica interna en el Gobierno. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, redactó un proyecto para eliminarla. Los beneficiarios de ese texto, afiliados a Caeme, susurran que se perdió en algún escritorio del Ministerio de Salud. Su titular, Mario Lugones, jura que nunca vio ese borrador. Algunos negociadores argentinos aseguran que la 118 será dada de baja. Es la colina más preciada en esta guerra de negocios.Entre los argumentos de los laboratorios nacionales figura uno bastante perspicaz: dicen que aplaudirán el trato con los Estados Unidos si es recíproco. Es una chicana con derivaciones internacionales. Las autoridades norteamericanas se han vuelto muy restrictivas en el otorgamiento de patentes. No por la amenaza argentina, claro. Es por la amenaza de China. La industria farmacéutica de ese país se está expandiendo. Entre 2018 y el año pasado las nuevas drogas aprobadas por las autoridades chinas pasaron de 162 a 172. "Los chinos se cansaron de copiar, pero ahora que establecieron una industria competitiva, quieren que se respete la propiedad intelectual", observa, risueño, un experto en el mercado farmacéutico.Otra dimensión impactante del acuerdo con los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual es la que afecta al sector agropecuario. Los grandes laboratorios de semillas defienden el derecho a cobrar por sus invenciones tecnológicas. Lo hacen en la venta del producto. Pero aspiran a hacerlo también cobrando un royalty por los granos que se cosecharon a partir de la siembra de esas semillas. Es una discusión importante por el aumento de costos que representa para los productores locales.Es el lado oscuro del entendimiento, si se lo mira desde el negocio agropecuario. Porque los productores de carne podrían festejar. Trump desea que los ciudadanos de su país consuman carne a menor precio. Por eso quiere abrir ese mercado. En la reunión con Milei pidió que se quintuplique la cuota de los productos argentinos con derecho a pagar un arancel de sólo 10%%. El representante de Comercio, Jamieson Greer, le hizo notar que era demasiado. Se calcula que habrá un incremento de 60.000 toneladas en la exportación de carne a los Estados Unidos. Sería multiplicar por cuatro el cupo actual.La negociación está abierta en dos sentidos. En la relación con los Estados Unidos, y también en la que el Gobierno establezca con los sectores afectados para reglamentar lo acordado en Washington. El sentido de esas dos conversaciones estará condicionado por los funcionarios encargados de llevarla adelante. Varios entendidos apuestan a que volverá a Cancillería Horacio Reyser, un funcionario que ganó prestigio durante la gestión de Mauricio Macri, sobre todo por la discusión del Acuerdo de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea y por las tratativas para el ingreso a la OCDE. Hay una razón especial para ese regreso: en aquella experiencia, la mano derecha de Reyser fue otro Pablo Quirno, el hijo del actual canciller.La inquietud de la industria farmacéutica local, de los agricultores perjudicados por el eventual cambio en la comercialización de granos o de las grandes terminales automotrices, también amenazadas por una apertura del mercado, se harán sentir en otro debate: el que se abrió sobre la conveniencia de que el gobierno formule una política industrial. Fue el principal mensaje de la última convención de la UIA, emitido en especial por Paolo Rocca, el líder de Techint. Rocca pidió un diálogo para analizar el efecto de una avalancha de importaciones, sobre todo procedentes desde China. Las razones del sector industrial son clásicas: no se puede exponer a las empresas argentinas a competir con el exterior con el actual sistema impositivo y laboral. Ahora tienen otro argumento: a instancias de Trump, el amigo de Milei, las principales economías del planeta se han vuelto proteccionistas. En los años 90, como acaba de recordar Federico Poli, se abrió una discusión entre la UIA y economistas más cercanos al gobierno de Carlos Menem, sobre la ventaja o desventaja de que haya intervenciones del Estado para proteger a algunas actividades industriales. Desde la UIA la voz cantante la llevaba Marcelo Diamand, cuyos trabajos sobre la restricción externa son la biblia de Cristina Kirchner. Roberto Rocca, padre de Paolo, defendía la necesidad de una estrategia especial para la industria en conferencias similares a la de la semana pasada. La defensa de la libertad más amplia del mercado quedó en manos de un académico liberal muy reconocido: Adolfo Sturzenegger. Es el padre del "Coloso". Ya lo planteó Mark Twain. La historia no se repite, pero rima.
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El ex jefe de Despacho de la Presidencia de la República y que había dado a conocer su intención de participar de la campaña al primer cargo de la Nación, tomará una nueva responsabilidad al interior del Ejecutivo, al que le restan 254 días al frente del país
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Miembros del gabinete y otros integrantes del Ejecutivo se pronunciaron frente al episodio registrado en Estocolmo, en apoyo al presidente de la República y su familia, cuando un medio de comunicación local grabó a su expareja y su hija menor, caminando por las calles de esta ciudad
Gobierno Petro habría escogido aviones Gripen por encima de jugosas propuestas de F-16 de Estados Unidos: cuál era la mejor opción
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Con baja de encajes y premio a inversores, el Gobierno renovó 96% de un mega vencimiento de deuda
Subieron las tasas para renovar pagos de deuda en pesos.Los títulos a tasa fija y ajustados por inflación, los más demandados.Poco apetito por bonos atados al dólar.
La CGT y empresarios pyme avanzan en una agenda común ante las reformas del Gobierno
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Feijóo dice que "cualquier Gobierno decente caería" tras confirmar Ábalos que Sánchez negoció "con un terrorista"
El Gobierno superó el test y renovó el 96% de lo que le vence esta semana
El Gobierno logró superar un test clave al colocar nueva deuda por $13,99 billones en una semana en que le vencen $14,6 billones. Esto quiere decir que consiguió refinanciar el 96,48% del vencimiento en un momento en que su tenencia de depósitos había caído hasta los $4,4 billones.De este modo, sólo debería emitir unos $450.000 millones para honrar el pago de lo no renovado, cifra que es apenas superior al 10% de sus ahorros. "En un contexto de liquidez acotada del Tesoro, el dato es positivo", valoraron desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec). La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $13,99 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones.Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha.â?? LECAP/BONCAP a:â?¡ï¸? 13/2/26â?¦— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 26, 2025"Un porcentaje de rollover interesante, sobre todo teniendo en cuenta los pocos pesos que le quedaban al Tesoro en la cuenta del BCRA. Además, se estiran plazos y se evita concentración y con tasas acordes a la expectativa de inflación para los próximos meses", coincidió el analista financiero Christian Buteler."Buen resultado con premio mínimo en la tasa con respecto al mercado secundario", observó por su parte Sebastián García, de Clave Bursátil.Todo fue al cabo de una licitación en la que ofreció al mercado diez títulos (seis eran reaperturas de otros ya antes emitidos) a plazos más largos que lo que veían siendo habitual -aunque menores ponderados a los que logró en la primera subasta posterior a las elecciones- y que van de los 77 a los 518 días y tras lograr demanda por 9 de ellos.Además, logró en algunos casos reducir costos, ya que validó rendimientos del 37,55 al 34,27% nominal anual -hasta un punto y medio más alto para los papeles a tasa fija- y del 7,34 al 7,79 por encima de la inflación en el caso de los instrumentos emitidos con ajuste por CER que venía de pagar al 9,5% a comienzos de mes.En sintonía, pactó márgenes del 4% sobre la tasa TAMAR (habiendo convalidado el 5% hace 20 días) y del 3,45% por encima del deslizamiento que tenga el dólar oficial por el "puchito" de $0,45 billones que captó con la Lelink por vencer a fin de abril del 2026 (la otra la declaró desierta), papel por el que había llegado a aceptar una sobretasa del 10% a mediados de octubre."Los títulos a tasa fija o con capital ajustado por inflación concentraron el 63% de lo adjudicado (el 36% del total solo en el BONCAP a 77 días). Además, los instrumentos DLK tuvieron baja demanda; se adjudicaron U$S317 millones en la Lelink a abril, con demanda total por U$S426 millones cuando había vencimientos de ese tipo por el equivalente a U$S2691 millones", hizo notar tras conocerse los resultados el analista Federico García Martínez.Allanó el camino en la previaEl Tesoro, que había realizado colocaciones de corto plazo y de papeles que ofrecían cobertura cambiaria en la previa de las elecciones para tratar de aminorar la presión sobre el dólar, enfrentaba vencimientos por casi $16 billones, cifra equivalente al 39,5% de la base monetaria.Para facilitar la administración de ese compromiso, en la previa a la subasta de hoy le había canjeado al Banco Central (BCRA) -que se hizo de muchos títulos al intervenir sobre el mercado para tratar de sostener sus precios en estos meses de incertidumbre política- sus tenencias por $1,3 billones de una Lecap (S28N5) y un título dollar-link (D28N5) por un Boncer (T30E6) y otra letra dolarizada (D16E6) por vencer en enero próximo.De este modo, redujo a $14,6 billones el compromiso inmediato, aunque medida en pesos constantes, igual el vencimiento quedó como el segundo más desafiante de los últimos años.De allí que el Gobierno apeló, por vía del BCRA, a otra maniobra para facilitar la renovación.Como vinieron haciendo otras administraciones, si bien flexibilizó la muy alta exigencia impuesta a los bancos por encajes, a su vez mantuvo la norma que les permite constituirla con títulos públicos -en el caso del 3,5% de los depósitos a la vista que capten del público- con bonos (excepto dollar linked) para alentar que los adquieran en las licitaciones públicas primarias con un plazo no menor a 60 días.Además, por si fuera poco, extendió hasta fines de marzo la exigencia adicional de 5 puntos emitida en agosto pasado sobre los depósitos a la vista que vencía en noviembre "para tratar de asegurar el roll over de los $4,4 billones que le vencen del título Tamar (M28N5)", recordaron desde Facimex Valores. De ese bono se colocaron esta vez $2,73 billones."El roll over apenas por debajo del 100% se debió en parte a la mayor preferencia por liquidez de cara a fin de año. Y aunque la Lecap de febrero fue el instrumento mas demandado (para el que tuvo que ceder un premio de alrededor de 200 puntos), el Tesoro fue capaz de continuar ampliando la boncap de abril 2027, de esta manera aumentando la liquidez en la parte larga de la curva de tasa fija", evaluó Eric Ritondale, economista jefe de Puente..
Programas sociales del gobierno federal superan los 4.5 billones de pesos, señala Ariadna Montiel
La secretaria de Bienestar federal enfatizó durante su comparecencia en el Senado el compromiso gubernamental con la justicia social
El Gobierno refinanció casi el 100% de los vencimientos por $14,6 billones y ahora la expectativa es qué pasará con las tasas
La Secretaría de Finanzas adjudicó $13,99 billones y anunció una tasa de refinanciación del 96,48% en la última licitación de noviembre
El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general de la ONU
El director general del OIEA competirá por suceder a António Guterres en 2027. Su perfil técnico, su protagonismo en crisis globales y el respaldo diplomático lo posicionan como una de las figuras más fuertes de la región para liderar Naciones Unidas en un año clave para la reforma del organismo. Leer más
Santilli completa el álbum de gobernadores mientras el Gobierno apuesta a los mandatarios del norte para quebrar al PJ en Diputados
En la Rosada no descartan un nuevo encuentro de Milei con los ejecutivos provinciales antes de fin de año. Reunión clave en la Casa de Salta en la Ciudad.
Llamado de atención al Congreso para que proteja los programas sociales ante la nueva reforma del Gobierno Petro
La ley de financiamiento trae nuevas cargas impositivas y ajustes presupuestarios que genera incertidumbre sobre el futuro de la inversión y el crecimiento en el país
El Gobierno respaldó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU
El Gobierno expresó hoy formalmente su respaldo a la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU, cargo será elegido el año próximo.Lo hizo el canciller Pablo Quirno a través de un tuit en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante grave situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", señala el texto.Agrega después que esas herramientas "son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional".Grossi ha adquirido un perfil alto a nivel internacional por su rol al frente de la OIEA, donde tuvo que lidiar con temas urticantes como las centrales nucleares en Ucrania en medio de la guerra, el programa atómico de Irán y las pruebas de Corea del Norte.Según un esquema rotativo no formalizado, esta vez le correspondería a América latina designar al reemplazante del portugués Antonio Guterres. Por esa razón, Grossi tendrá una rival fuerte en la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y en la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, quienes también se postulan para el cargo. Hay una fuerte presión internacional para que la próxima secretaria sea una mujer.El proceso para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas se inició formalmente el martes, cuando se pidió a los Estados miembros que propusieran candidatos para ocupar el cargo a partir del 1 de enero de 2027.En una carta conjunta, los 15 miembros del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General, de 193 miembros, invitaron a presentar candidaturas, marcando el inicio de la carrera para sustituir a Guterres como líder del organismo mundial.El próximo secretario general de la ONU, por ende, será elegido en 2026 para iniciar su mandato el 1 de enero de 2027.
Feijóo dice que "cualquier Gobierno decente caería" tras confirmar Ábalos que Sánchez "negoció con un terrorista"
Santa Cruz y Neuquén también firmarán con el Gobierno nacional una baja de las retenciones al petróleo
El objetivo del acuerdo es el incentivar las inversiones en pozos que se encuentran en declive. El detalle del convenio que ya se firmó con Chubut
El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de las Naciones Unidas
El anuncio lo hizo el canciller Pablo Quirno.Grossi es director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Sin acuerdo: el Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto
El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. Leer más
Nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz está en riesgo: Consejo de Estado admitió demanda contra resolución del Gobierno
El alto tribunal decidió estudiar la acción jurídica tras verificar que cumplía los requisitos legales, en un proceso que también incluye la acumulación de otro expediente relacionado con la designación presidencial
Gobierno alista decreto que limitará la contratación temporal en época de Fin de Año: gremios alertan riesgo de perder hasta 500.000 empleos
El borrador, divulgado por el Ministerio del Trabajo, introduce límites a la participación de personal temporal en las empresas y contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan las nuevas disposiciones
Afidro y Proesa plantearon tres propuestas para que el nuevo gobierno logre estabilizar y modernizar el sistema de salud: ¿una salidad a la crisis?
Una actualización técnica de la UPC, la transformación del Invima y la adopción de acuerdos basados en valor para tecnologías innovadoras fueron los ejes presentados para responder a la presión financiera y operativa que enfrenta el sistema
Reintegro del general Juan Miguel Huertas al Ejército en el Gobierno Petro habría sido "como pago de un favor"
El oficial, vinculado a procesos en la JEP y señalado por inteligencia extranjera, asumió un puesto estratégico tras rechazar otros cargos, lo que ha generado alarma entre mandos activos y retirados del Ejército colombiano
Ábalos decide sacar los trapos sucios del Gobierno para 'morir matando' si el Supremo le manda a la cárcel
En la semana de la vistilla en el Alto Tribunal, el exministro de Transportes corrobora una "cita secreta" entre Sánchez, Cerdán y Otegi, y señala al Gobierno por corrupción en el Ministerio de Transporte
Yategate: la Justicia avaló que el gobierno nacional siga en la causa contra Martín Insaurralde
La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del ex intendente de Lomas de Zamora y de su ex esposa Jésica Cirio.Así, la Unidad de Información Financiera continuará en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro podría reducir inversión y afectar el crecimiento en Colombia, aseguró Anif
Sectores económicos advierten que la ley de financiamiento del Gobierno podría aumentar los costos de insumos estratégicos, afectar la inversión y limitar el crecimiento en Colombia
Álvaro Uribe le propuso al próximo gobierno bajar los impuestos: "Están impagables"
El exmandatario colombiano instó a reducir la carga tributaria, advirtiendo que los altos gravámenes frenan la inversión y afectan a la población: "Se acabó la inversión"
Petro aseguró que no recibió información sobre presuntos nexos de funcionarios de su Gobierno con 'Calarcá': "Nunca supe"
El presidente se pronunció para reaccionar a las declaraciones que dio la fiscal General Luz Adriana Camargo sobre el nuevo escándalo que involucra a funcionarios del Gobierno nacional