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Universidades en Bogotá podrán cubrir matrículas de jóvenes con nuevos créditos condonables del Icetex

Nueva convocatoria ofrece respaldo financiero a jóvenes para cursar estudios universitarios, técnicos y tecnológicos en instituciones privadas, facilitando la continuidad académica y el desarrollo profesional en la capital y municipios cercanos

Congreso: proponen aclarar los requisitos para el nombramiento excepcional de docentes de universidades públicas

La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, presentó el proyecto de ley 13236 para precisar los requisitos, plazos y procedimientos aplicables a este nombramiento

Sunedu ordena cierre de siete universidades en 2025 y estudiantes quedan en incertidumbre

Medida alcanza a instituciones con deficiencias en infraestructura y supervisión académica, y obliga a implementar planes de cierre tras la denegatoria del licenciamiento

Con recortes del Gobierno, las universidades argentinas igual avanzan en un ránking global

El Ránking QS Latinoamericano evalúa los campos disciplinarios más sobresalientes e influyentes de la Educación Superior de la región, con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado sobre el rendimiento de cada universidad. Leer más

Más Madrid reclama en el Congreso retirar el nombre de Juan Carlos I de universidades, hospitales y vías públicas

Otra donación histórica de MacKenzie Scott: dio USD 276 millones a universidades con gran porcentaje de estudiantes negros

La filántropa entregó fondos a cinco HBCUs y elevó su contribución total reciente a más de 500 millones de dólares para este tipo de instituciones.Su generosidad tiene una raíz personal, tras una ayuda clave que recibió en su juventud.

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

"No quisiera morime tonta", dice una estudiante de 95 años y un abuelo declara que quiere el diploma porque se lo prometió a su nieto. La oferta de cursos y talleres para las personas de 50 en adelante crece a la par del interés de los adultos mayores por seguir aprendiendo

Jorge Asís: "La construcción política de Milei fue ejemplar y tendría que ser estudiada en las universidades"

El escritor y analista político reflexionó sobre el rumbo del gobierno libertario, la actualidad del peronismo y su relación con la familia Menem

Paro de transporte del 14 de noviembre: universidades anuncian clases virtuales y reprogramaciones para ese día

Las medidas incluyen virtualidad temporal, tolerancia en ingresos administrativos y uso opcional de instalaciones para la comunidad

Mineducación pide investigar hechos violentos en universidades y alerta sobre "paramilitarismo"

El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó la creación de un puesto de mando unificado para indagar los recientes actos violentos en universidades públicas, alertando sobre el riesgo de que resurjan prácticas de "paramilitarismo"

Universidades: docentes ratificaron el paro de tres días para exigir que se cumpla la ley de financiamiento

La protesta será en todo el país. Exigen que se reabran las negociaciones paritarias para rediscutir salarios y lanzaron una consulta nacional para definir nuevas medidas de fuerza

Universidades: docentes ratificaron el paro de tres días para exigir que se cumpla la ley de financiamiento

La protesta será en todo el país. Exigen que se reabran las negociaciones paritarias para rediscutir salarios y lanzaron una consulta nacional para definir nuevas medidas de fuerza

España ofrece puestos de trabajo de bibliotecario en universidades, sin oposición y cobrando un sueldo de 1.700 euros al mes

En plataformas de empleo existen diferentes tipos de convocatorias, desde plaza en universidades hasta en entidades públicas de distintas regiones del país

Cómo la Inteligencia Artificial está transformando las universidades

Las instituciones de educación superior personalizan trayectorias académicas y predicen riesgos de abandono gracias a la IA

Senado: la creación de dos universidades en el nuevo foco de atención en la relación entre oficialismo y oposición

Diputados las aprobó en octubre de 2023 y perderán estado parlamentario en febrero. Habrá un plenario para dictaminar mañana. "Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo", la frase que genera desconfianza entre dialoguistas tras el guiño peronista sobre la ley de DNU

Lanzan críticas contra Petro por incumplir promesas de educación en Cartagena: "De prometer universidades a fabricar excusas"

El senador Jorge Benedetti enfatizó en que el jefe de Estado colombiano llegó a decir que se construiría una universidad en los Montes de María años atrás

Jóvenes de Bogotá podrán acceder a 9.500 cupos en universidades y formación técnica a través de cinco convocatorias

Nuevas líneas de apoyo permiten a estudiantes destacados y en situación vulnerable avanzar hacia carreras profesionales sin barreras tradicionales ni requisitos de historial crediticio

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn: "Los mejores trabajos ya no serán para quienes tengan los títulos más prestigiosos o hayan estudiado en las mejores universidades"

Para Roslansky reclutadores hoy buscan perfiles capaces de manejar nuevas herramientas digitales.En este contexto, los títulos ya no son el único indicador de competitividad profesional.

Sheinbaum niega recorte a universidades estatales y promete compensar ajustes al IPN y TecNM

Ministerio Tic ofrece cursos digitales gratuitos de las mejores universidades del mundo certificados por gigantes tecnológicos

La alianza entre el mintic, la oit y actores internacionales ofrece rutas de aprendizaje en habilidades tecnológicas, facilitando la inserción laboral en mercados internacionales

Oscar Zago: "Las leyes de Garrahan, Discapacidad y Universidades tienen que estar en el presupuesto"

Los proyectos fueron aprobados y promulgados, pero su aplicación continúa en pausa hasta que se asignen los fondos necesarios. Al mismo tiempo, otras iniciativas siguen pendientes, como la regulación de las apuestas online, la reforma del Código Penal y la nueva ley de hidrocarburos. Leer más

Se encuentran abiertas las inscripciones en varias universidades públicas: cómo aplicar, hay opciones presenciales y virtuales

Algunas de las principales universidades estatales ofrecen alternativas académicas para 2026, con plazos específicos, valores de PIN y procedimientos en línea

Universidades, clubes y parroquias: una alianza por la educación

Una búsqueda de abrir espacios institucionales comprometidos a generar la esperanza de una sabiduría en común, con todos, para todos, por todos

Las universidades públicas de Madrid van a la huelga los días 26 y 27 de noviembre: "No permitiremos que la conviertan en negocio"

Miembros de los seis centros denuncian que la inversión autonómica del Gobierno de Ayuso solo alcanza el 0,5% del PIB, que queda lejos de 1% que exige la ley estatal

Beca Permanencia cierra convocatoria: Fecha máxima para que estudiantes de universidades públicas postulen

Pronabec ofrece 8.000 becas integrales para continuar la carrera universitaria sin barreras económicas. El proceso es gratuito, virtual y concentra expectativas en miles de jóvenes de todo el país

Paro de transportistas 4 de noviembre: Las universidades que darán clases virtuales a sus alumnos

Las restricciones por la paralización del servicio público generan que casas de estudio trasladen sus actividades académicas al entorno digital para evitar riesgos y dificultades de acceso

Malas noticias para Florida: DeSantis ordenó restringir el ingreso de extranjeros a universidades

El gobernador Ron DeSantis anunció una medida para poner fin a la prioridad de estos visados en el sistema educativo superior.

Cayó la matrícula de estudiantes negros en universidades de élite tras la prohibición de la "acción afirmativa"

Se revirtieron décadas de avances en diversidad y hay preocupación por el futuro de la inclusión en la educación superior.

El precio real de estudiar en Harvard o Stanford en EE.UU.: el ranking de las universidades más caras

El costo de estudiar en las mejores universidades de élite en Estados Unidos continúa en aumento, y un reciente gráfico muestra el monto que deben desembolsar los padres para que sus hijos asistan a estas instituciones. Harvard, uno de los colegios más prestigiosos, se ubica en el puesto 10 de la lista encabezada por la Universidad de Chicago, cuya matrícula supera los 71.000 dólares.Cuánto deben pagar los estadounidenses para estudiar en las mejores universidadesPara abordar el constante aumento del costo real de la educación en el país norteamericano, Visual Capitalist publicó un gráfico que muestra con exactitud el dinero requerido. Con cifras que van desde US$59.000 hasta poco más de US$71.000, los valores superan ampliamente a los de las entidades privadas promedio.En concreto, los padres que buscan enviar a sus hijos a las instituciones educativas más prestigiosas deben abonar los montos detallados a continuación:The University of Chicago: US$71.300.Duke University: US$70.300.Yale University: US$69.900.North Western University: US$69.400.Stanford University: US$67.700.Johns Hopkins University: US$66.700.Princeton University: US$65.200.Massachusetts Institute of Technology: US$64.300.University of Pennsylvania: US$63.200.Harvard University: US$59.300.Comparación con las universidades promedio de EE.UU.En contraparte, el precio de la matrícula en las entidades privadas promedio de Estados Unidos es de US$43.400. En el caso de las entidades públicas, el dinero a desembolsar es US$29.200 si está fuera del estado, mientras que aquellos que acuden a una institución en su estado pagan solo US$11.600.Al comparar los valores, el primer dato que resalta es que los colegios de élite cobran un 50% más que los US$43.400 que deben abonar quienes asisten a una universidad privada sin fines de lucro típica de cuatro años. El incesante incremento del dinero requerido provocó en los últimos años una inusual partida de estudiantes hacia otros países.Estudiar en Estados Unidos: el éxodo de inscripciones en las universidadesUn informe del College Board exhibe que entre el otoño de 2019 y 2022, la matrícula total en educación postsecundaria atravesó una reducción del 5%. En números precisos, disminuyó en 21.000 en el sector privado sin fines de lucro de cuatro años y en 13.000 en el sector con fines de lucro.A su vez, el aumento en el monto que los estudiantes deben pagar para obtener la mejor formación jugó un rol fundamental en el éxodo. Los datos del informe Puertas Abiertas del Instituto de Educación Internacional, citados por Visual Capitalist, confirman esta situación. Según los autores, el número de estadounidenses que obtuvieron títulos en el extranjero aumentó de cerca de 50.000 en 2019 a más de 90.000 en 2024.El panorama estudiantil refleja las complicaciones en la oscilante economía a nivel nacional. Los investigadores del College Board indicaron también que entre 1993 y 2023 el ingreso promedio aumentó un 54% para las familias más acaudaladas del país. Durante el mismo período, solo incrementó en un 37% para la población con menos entradas de dinero.Esta partida de estudiantes responde además al congelamiento de la financiación. El informe muestra que la financiación estatal y local por estudiante aumentó cada año desde el año escolar 2012-13 hasta el ciclo de 2021-22. En el período 2022-23, la subvención fue igual que en el anterior período (US$11.040).

El 34% de las universidades españolas ha abierto expedientes a sus profesores por acoso, pero solo el 20% ha sido despedido

Más del 90% de las instituciones desarrollan campañas de sensibilización y políticas de inclusión, aunque persisten desafíos en la integración y seguimiento

El Garrahan y las universidades van a la Justicia contra Milei por la falta de presupuesto

Recurrieron a la Justicia con múltiples denuncias. Exigen el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso que declaran la emergencia de las universidades y en pediatría. No descartan nuevas medidas de fuerza.

Las universidades van a la justicia

El enojo social se materializó en denuncias. Distintas instituciones educativas llevarán el incumplimiento de la gestión de Milei a instancias judiciales.

Universidades debatieron el futuro educativo en la era de la inteligencia artificial

La ciudad de Londres hospedó a presidentes y líderes de 40 universidades mundiales para participar de la 15° edición de "Reinventing Higher Education", el foro internacional impulsado por IE University y coorganizado con Imperial College London, en el que se disertó sobre la era de la inteligencia artificial y su visión sobre el futuro de la educación. El lema de la conferencia de este año se centró en "Educación Superior 4.0: integrar la ciencia, la inteligencia artificial y el aprendizaje permanente para un futuro centrado en el ser humano".El primer encuentro del foro reunió a los participantes en la sede de Finantial Times en Londres. Durante la presentación de bienvenida, Santiago Íñiguez de Onzoño -presidente de IE University- habló sobre los avances de la ciencia y la educación y su impacto: "Nuestra responsabilidad como educadores consiste en crear puentes entre disciplinas, entre naciones, personas y la tecnología, para que la educación siga siendo la fuerza más poderosa del progreso". Durante el viernes, día 2 del evento, el foro invitó a los líderes académicos al campus de South Kensington de Imperial College London. Durante ambas jornadas, los líderes académicos y analizaron los principales retos globales de las universidades, entre los que se encuentran la búsqueda por la equidad y el acceso a la educación, el potencial de la inteligencia artificial para enriquecer la experiencia de los alumnos y profesores en las universidades, y el futuro de la educación en un contexto global cambiante y disruptivo.Entre los líderes que disertaron en el foro, estuvieron Peter Haynes, rector y vicepresidente de Imperial College London; Jess Wade, física e investigadora de la Royal Society en Imperial College London; Ikhlaq Sidhu, decano de IE School of Science and Technology; Lucas Grosman, presidente de la Universidad de San Andrés; Zheng Xinye, vicepresidente de Renmin University; Ahmad Hasnah, Presidente de Hamad Bin Khalifa University; Deborah Prentice, vicerectora de la University de Cambridge; y Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey.Presencia argentina en LondresLucas Grosman, presidente de la Universidad de San Andrés, fue uno de los flamantes invitados del evento y disertó en el panel de "Aprendizaje permanente para una fuerza laboral flexible", junto a Nelson Baker (Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos), Mikael Lindström (KTH Real Instituto de Tecnología, Suecia) y Emma McCoy (LSE, Gran Bretaña).Durante el evento de Reinventing Higher Education, los organizadores anunciaron que la próxima edición de la conferencia será en Arabia Saudita, en la Universidad King Fahd de Petróleo y Minerales, del 20 al 22 de octubre de 2026. El foro se consolidó nuevamente como un punto de encuentro global para reflexionar sobre el futuro de las universidades y el impacto de la educación en la socidad.

Ley de Financiamiento Universitario: las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento

Lo resolvió el plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Un decreto no puede suspender una ley", aseguraron. Leer más

Conflicto: las universidades nacionales presentarán un amparo para que Milei aplique la ley de financiamiento

Los rectores de las universidades públicas nacionales acordaron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795) durante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Sin embargo, aún restan detalles de la estrategia jurídica. Horas antes, el Consejo Superior de la UBA también aprobó que iniciarían acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo ejecute de manera efectiva la ley. El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la norma de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. "Un decreto no puede suspender una ley", dijo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Además de la acción judicial, los rectores de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.Por su parte, Fedun -la Federación de Docentes Universitarios- y Conadu -la federación nacional de docentes universitarios- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Se reunirán la próxima semana para decidir las próximas medidas.

Universidades de Estados Unidos buscan abogados y estudiantes argentinos

La ciudad de Buenos Aires es el escenario elegido para realizar la Feria de Maestrías en Derecho (LL. M Fair 2025) organizada por EducationUSA Argentina, que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).Este evento, que es gratuito, se realizará el próximo 23 de octubre de 17 a 20 horas en el Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention Center, ubicado en San Martín 1225, CABA.La feria de maestrías en derecho Este encuentro está dirigido a estudiantes, abogados y profesionales del Derecho que estén interesados en continuar su formación académica en universidades estadounidenses. Allí los interesados podrán contactar a representantes de prestigiosas instituciones educativas de los Estados Unidos donde presentarán sus programas de Maestrías en Derecho, que incluyen múltiples orientaciones y especializaciones, oportunidades de prácticas profesionales y acceso a una red global de alumni.¿Qué podrán hacer los asistentes a esta feria? Conocer de primera mano la oferta académica de los programasAcceder a información exclusiva sobre ayuda financiera y becasRecibir asesoramiento personalizado de asesores EducationUSA, representantes universitarios y staff de la Embajada de los Estados UnidosObtener detalles sobre exámenes estandarizados, becas Fulbright y procesos de visado, entre otra información útil Requisitos para postular a las maestríasEn primer lugar, es clave conocer todo lo que van a necesitar para aplicar este tipo de programas:Poseer un título de abogadoAcreditar dominio del inglés (TOEFL o IELTS).Presentar certificado analítico Enviar entre dos y tres cartas de recomendaciónRedactar un ensayo personalAdemás, enviar un CV con experiencia laboral será altamente valoradoCompletar la postulación formal en cada universidadDinero necesarioUn punto clave para aquellos que están interesados en realizar una maestría en los Estados Unidos son los costos. En este sentido es importante tener en cuenta que para realizar esta capacitación se debe abonar una matrícula, una cuota mensual y deben considerar los costos de alquiler y alimentos, entre otros gastos cotidianos. Para tener en claro el monto necesario Carolina Taltinian, coordinadora nacional de EducationUSA Argentina, revela que un programa de Maestría en Derecho (LL.M.) en los Estados Unidos puede representar una inversión significativa para estudiantes internacionales. En promedio, el costo total anual oscila entre US$35.000 y US$120.000, dependiendo de la universidad y la ciudad elegida. Según detalla Taltinian, la matrícula suele situarse entre US$35.000 y US$90.000, mientras que los gastos de vida, que incluyen alojamiento, alimentación, transporte, libros, seguro médico y otros costos personales, pueden sumar entre US$15.000 y US$30.000 adicionales por año académico."Las universidades más prestigiosas y ubicadas en ciudades con alto costo de vida, como Nueva York o Boston, se encuentran en el extremo superior de este rango. En tanto, instituciones públicas o localizadas en ciudades más pequeñas pueden ofrecer alternativas más accesibles", aclara la coordinadora de EducationUSA Argentina. Pero más allá del gran monto de dinero necesario deben tener en cuenta que se puede llegar a reducir notablemente porque existen becas completas y ayudas financieras. "Todas las instituciones que participan en nuestra feria ofrecen oportunidades de beca o ayuda financiera", suma la especialista.Este punto es importante porque justamente durante este evento los asistentes podrán hablar directamente en cada stand de las instituciones sobre los porcentajes de becas, sus requisitos y los costos que deberán pagar. Además, podrán averiguar si pueden aplicar a las becas Fulbright, que contará con un stand propio. "Estas últimas becas representan una oportunidad de apoyo económico reconocida a nivel mundial", asegura Taltinian.¿Cuánto duran, por lo general, los másters? Los programas de Master of Laws (LL.M.) en los Estados Unidos suelen tener una duración de un año académico a tiempo completo, es decir, entre nueve y diez meses. Generalmente se cursan de agosto o septiembre hasta mayo. Otro tema importante es si durante esos meses los estudiantes argentinos pueden trabajar para solventar sus gastos. Si bien la visa F1 permite trabajar hasta 20 horas semanales, solo se permite hacer tareas dentro del campus, por lo que los trabajos que suelen elegir aquellos que hacen LL. Ms son ayudantías o tareas administrativas.Eso sí, cuando terminan la capacitación podrán aplicar a un programa de entrenamiento. "Los estudiantes internacionales que completan un LL.M. en los Estados Unidos con una visa F-1 pueden acceder al programa de Optional Practical Training (OPT). El OPT permite trabajar en el país norteamericano hasta 12 meses en un empleo directamente relacionado con el área de estudios, que en este caso es Derecho. Es una oportunidad muy valiosa para ganar experiencia profesional y aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa", destaca la coordinadora de EducationUSA Argentina.Antes de concluir Taltinian explica que hacer un LL.M. en los Estados Unidos es una opción estratégica para muchos abogados argentinos que buscan ampliar sus horizontes profesionales. "Más que un título representa una experiencia académica y cultural de alto nivel. Permite estudiar con profesores líderes, perfeccionar el inglés jurídico y construir redes de contactos internacionales. Además, para los argentinos resulta especialmente atractivo porque ofrece herramientas y perspectivas que complementan la formación local, facilitando la inserción en despachos internacionales, organismos multilaterales o proyectos de derecho comparado. Por eso decimos que la EducationUSA LL.M. Fair es una plataforma única para explorar estas posibilidades, acercando a los interesados a universidades estadounidenses y brindando información clave para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico", finaliza.Por último, es importante aclarar que, aunque la participación es gratuita, requiere inscripción previa en la web. Además, en ese mismo sitio podrán consultar la lista completa de universidades que participarán de esta feria.

Las universidades nacionales irán a la Justicia para que Milei aplique la ley de financiamiento

El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo a través del Boletín Oficial hoy, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. ¿Qué argumentan? Que la medida "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".Ante esto, los rectores de las universidades públicas nacionales y los sindicatos docentes preparan una presentación judicial conjunta para pedir el inmediato cumplimiento de la ley. La oposición, en tanto, condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas.El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá mañana a las 13 en un plenario extraordinario de rectores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para definir la estrategia. "Seguramente podremos acordar hacer una acción jurídica entre todas las universidades en conjunto. Entendemos que tendrá que definir el Poder Judicial la aplicabilidad o no de la ley, y seguimos planteando la necesidad del presupuesto 2026", adelantó a LA NACION Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa. "Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone. Y es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en este caso que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, refiere a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para encontrar una respuesta. En consecuencia, corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley", consideró, Franco Bartolacci, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario. La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ."Lamentablemente no podemos decir que no lo vimos venir. El antecedente de la emergencia en discapacidad dejó, una vez más, a las claras que el Gobierno no solo es cruel con áreas muy sensibles del Estado si no que también poco quiere tener que ver con la democracia y la división de poderes. Tenemos una ley aprobada con dos tercios de ambas cámaras y el Gobierno insiste en buscar artilugios técnicos para dañar la educación", sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Por su parte, Fedun -la federación que agrupa a los docentes universitarios- y Fatun -que representa al personal no docente- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país y participarán de la acción judicial conjunta. "La comunidad universitaria va a recurrir a la Justicia, pero nos preocupa mucho que se pone en peligro el sistema democrático cuando un Presidente no cumple con la ley. Le pide al Congreso que diga de dónde sacar los fondos cuando ya hace dos años que el Poder Ejecutivo discrecionalmente decide los fondos de toda la administración pública porque no tiene presupuesto", opinó Jorge Anró, Secretario Adjunto de Fatun. Y agregó: "Con los salarios de hambre que estamos cobrando, con las becas congeladas hace casi dos años y las obras paralizadas, me parece que es el momento para que la comunidad universitaria diga hasta acá llegamos y que frenemos el funcionamiento de la universidad". El Secretario General de Fedun, Daniel Ricci, dijo: "Nos parece lamentable que el Presidente no acate una ley que ha emitido el Poder Legislativo, es una cosa nunca vista en la historia de la democracia de nuestro país. Más allá de la medida de fuerza que realizamos hoy, también estamos llamando a todos los argentinos que se expresen electoralmente el 26 de octubre apoyando las propuestas que defiendan la universidad pública".

"Crueldad institucional": legisladores acusan a Milei por suspender leyes del Garrahan y las universidades

El Gobierno promulgó las normas votadas por amplia mayoría, pero frenó su aplicación. En el Congreso hablan de violación constitucional y anticipan demandas. Leer más

Podrías ir a prisión hasta 8 años si compras tu tesis: universidades y expertos advierten sobre el fraude académico

El Código Penal castiga el plagio con penas efectivas, y las universidades pueden retirar el título hasta diez años después. Expertos alertan sobre las graves consecuencias legales y académicas

La reglamentación sin fondos para el Garrahan y las Universidades dinamitó el intento de acuerdo sobre el Presupuesto 2026

La publicación de la reglamentación de leyes sin definir fondos detonó el enojo de legisladores dialoguistas, quienes ahora evalúan dictámenes propios y mociones de censura contra el oficialismo

Paro universitario: cuándo será y en qué universidades

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a paro por 24 horas en todo el país para este martes 21 de octubre. "Luego de dos años de intensa lucha quedó demostrado que los y las argentinas queremos financiamiento para nuestras universidades", dicen.

Universidad regional sorprende y supera a los Andes y la Nacional en el ranking de mejores universidades de Colombia 2026

La Universidad de la Costa destacó por su avance en investigación y proyección internacional, consolidándose como un nuevo referente académico para la región Caribe y el país

"No más excusas": los médicos del Garrahan y las universidades reclaman la aplicación de las leyes que les otorgan más fondos

Esta semana vence el plazo para que el Gobierno promulgue las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambas normas obligan al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para los sectores y contemplan una recomposición salarial. En las últimas horas, los médicos del Hospital Garrahan y las universidades volvieron a reclamar por su reglamentación ante el riesgo de que la Casa Rosada opté por no aplicarlas, como sucedió con la ley de discapacidad. En nombre del equilibrio fiscal, Javier Milei había vetado ambas normas, que luego fueron ratificadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Gobierno y en la oposición, sin embargo, circularon durante todo el día diferentes versiones sobre el vencimiento del plazo. Mientras hay quienes consideran que el Ejecutivo tenía hasta hoy para firmar y las normas podían salir publicadas mañana en el Boletín Oficial, fuentes de la Jefatura de Gabinete contestaron a LA NACION que las leyes se publicarán y el plazo para hacerlo vence mañana a la medianoche. Por su parte, voceros del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la ley de emergencia pediátrica se publicará esta noche porque el plazo vence a la medianoche. Voceros de la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, no contestaron a la consulta antes del cierre de esta nota. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para mañana a un paro en el Hospital Garrahan y a una concentración en Plaza de Mayo con sectores de discapacidad y estudiantes universitarios, en reclamo por la aplicación de las tres leyes. De la protesta también participará la Asociación Gremial Docente, el gremio docente minoritario de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En paralelo, Fedun -la federación que agrupa a los docentes universitarios- y Fatun -que representa al personal no docente- anunciaron un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Mientras tanto, algunos legisladores y rectores ya se preparan para trasladar la disputa al terreno judicial."Hoy vence el plazo para que el Gobierno aplique la ley de emergencia pediátrica. Los anuncios fueron solo promesas de campaña, pero nada cambió. En el Hospital Garrahan seguimos sin mejoras. No queremos profesionales precarizados ni médicos forzados a renunciar. Se está rompiendo la formación de las nuevas generaciones. La emergencia pediátrica puede frenar el desfinanciamiento, puede evitar la destrucción del sistema público de salud infantil", dicen los médicos del centro de alta complejidad en el video difundido.Y siguen: "La ley fue aprobada cuatro veces y todavía no se aplica. Es una muestra del desprecio hacia la infancia argentina. La salud de los niños no puede esperar. Exigimos que se aplique la ley de emergencia pediátrica. La infancia merece respeto. La salud pública se defiende. No más excusas. No más mentiras". La ley le ordena al gobierno de Milei aplicar un refuerzo presupuestario que incluye una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial - incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no- y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extra y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas."Nuestro miedo es que se promulgue parcialmente y no termine de solucionar el problema. Por ejemplo, que no apliquen la recomposición salarial, que no acepten los cambios en las residencias o que no hagan la inversión en infraestructura", dijo a LA NACION Pablo Puccar, jefe de la sala de cuidados intermedios y moderados del Garrahan. Por su parte, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también reclamaron la aplicación de la ley de financiamiento universitario. "Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave. Y recordamos que la ley sancionada por el Congreso ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes", dijeron en un comunicado luego de la reunión del Comité Ejecutivo. "No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada. Hemos privilegiado siempre los canales institucionales y hemos insistido una y otra vez antes las autoridades respectivas", plantearon, y recordaron que asistieron dos veces al Congreso y convocaron a tres marchas federales universitarias. La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI.Hoy, el oficialismo intentó activar la discusión del Presupuesto 2026, pero los bloques de Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y de Democracia reclamaron la aplicación de las tres leyes sancionadas y aún incumplidas antes de avanzar: la emergencia en discapacidad, el financiamiento pediátrico y el presupuesto universitario.

Los docentes universitarios realizarán otro paro nacional: piden que se aplique el financiamiento para las universidades

Conadu convocó a otra medida de fuerza en rechazo de la falta de respuesta por parte del Gobierno para promulgar la normativa que fue aprobada por el Congreso. También preparan una jornada de protestas

El top 10 de universidades que respetan el medio ambiente: sin rastro de Madrid o Barcelona y sin presencia de la privada

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El nuevo ranking académico evalúa a casi 800 instituciones de educación superior y revela amplias diferencias en desempeño, costos y oportunidades laborales

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Estudiantes de estratos 1 a 4 y de instituciones públicas podrán beneficiarse de créditos subsidiados y apoyos especiales, facilitando la graduación y el bienestar académico en universidades y centros tecnológicos

El Garrahan se moviliza junto a las universidades: "No ha cambiado nada"

Trabajadores del hospital convocaron a participar de la marcha en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento.

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Alumnos de al menos siete universidades, entre estatales y privadas, acudirán este martes a la movilización nacional en Lima y Callao, impulsados por la reciente crisis política y el anuncio de nuevas protestas

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El 23 de octubre se realizará una feria educativa para conocer todas las formaciones.Los requisitos y cómo anotarse.

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Miles de estudiantes de zonas apartadas encuentran nuevas oportunidades gracias a una estrategia nacional que transforma el acceso universitario y redefine el futuro académico en regiones históricamente excluidas

Fecha límite en octubre: cómo aplicar al programa gratuito para estudiar en las universidades estatales de Texas

El programa de solicitud gratuita en universidades estatales de Texas, ofrece la oportunidad de aplicar sin costo a los residentes del Estado de la Estrella solitaria durante octubre. A través de la Ley del Senado, SB 2231, se exige a las instituciones públicas de educación superior eximir las tarifas en estas fechas.Semana de solicitud gratuita en Texas 2025: fechas, quiénes califican y cómo inscribirseLa Semana de la Solicitud Gratuita para la Universidad permite que los residentes del Estado de la Estrella Solitaria que apliquen a sus estudios de pregrado a través de ApplyTexas, no abonar tarifas. El programa tendrá su primera edición en 2025 y solo serán aceptadas aquellas que se presenten del 13 al 19 de octubre de 2025. Desde entonces, está previsto que se repita todos los años en la misma fecha: la segunda semana completa de octubre, de lunes a domingo. Se trata de una propuesta inédita en el Estado de la Estrella Solitaria, que apunta a eliminar barreras económicas y abrir nuevas oportunidades educativas.Podrán participar los residentes que tramiten su solicitud a través de ApplyTexas, la plataforma oficial de admisiones. Esto incluye tanto a quienes aspiran a ingresar por primera vez a la universidad como a los estudiantes que buscan transferirse desde otro entidad.Todas las instituciones educativas públicas del Estado de la Estrella Solitaria están obligados a eximir las tarifas de trámite durante esta semana, se incluye también a todos los community colleges (colegios comunitarios) financiados y operados por el estado texano.Abbott anuncia semana de solicitud universitaria sin costo: qué incluye y a quién beneficiaTras anunciar la medida, un mes atrás, el gobernador Greg Abbott destacó la importancia de este programa: "Texas prioriza las oportunidades para que los estudiantes obtengan la mejor educación que necesitan para tener éxito en empleos bien remunerados y de alta demanda después de graduarse".En un comunicado oficial, el mandatario estatal remarcó que durante esta semana los texanos "podrán solicitar ingreso a sus universidades preferidas sin costo", una medida pensada para dar frutos a mediano plazo, ya que "al apoyar a nuestros estudiantes hoy, estamos invirtiendo en un Texas más fuerte para el futuro".Por otro lado, el comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés), Wynn Rosser, explicó: "Además del ahorro de costos, combinado con otras herramientas disponibles para los texanos para planificar y alcanzar metas, la semana de solicitud gratuita elimina una barrera para que más estudiantes puedan dar su primer paso hacia la educación superior".Cómo presentar tu admisión sin pagar tarifa en ApplyTexas: requisitos y pasosPara calificar para la matrícula estatal, una institución de educación superior de Texas debe clasificarlo como residente del estado de acuerdo con las leyes estatales y federales. De acuerdo con el sitio web oficial, en la mayoría de los casos, para ser considerado residente estatal, el estudiante o sus padres deben vivir en la jurisdicción sureña como su residencia permanente durante doce meses consecutivos justo antes del semestre en que planea inscribirse en la universidad.Por otro lado, aclararon que la exención aplica únicamente a las admisiones de pregrado (undergraduate admissions). Las solicitudes para programas de posgrado (graduate program applications) no están cubiertas por esta exención durante el evento.

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Ante el anuncio de una nueva jornada de movilizaciones en todo el país, distintas universidades han dispuesto medidas excepcionales para proteger a sus estudiantes y personal, priorizando la continuidad académica a distancia

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La última edición del programa de becas Roberto Rocca benefició a estudiantes de 14 comunidades y 19 universidades, promoviendo la capacitación en ingenierías y ciencias aplicadas con foco en la movilidad social y la equidad educativa

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Times Education: qué posiciones ocupan las nueve universidades argentinas que figuran entre las casi 2000 mejores del mundo

El Times Higher Education World University Rankings 2026 evaluó a más de 1900 instituciones de 108 países y regiones. Su metodología combina 18 indicadores que miden la calidad de la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y la proyección internacional. Además de los datos objetivos, incorpora encuestas globales de reputación entre especialistas y líderes universitarios.Así, la Universidad Austral encabeza el listado argentino, ubicándose en el rango 1201-1500 a nivel mundial. Las otras instituciones nacionales incluidas son la Nacional de Córdoba, la Nacional de Cuyo, la Nacional de La Plata, la Nacional de Quilmes, la Nacional de Rosario, la Nacional de San Martín, la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Nacional del Litoral, todas ubicadas a partir del puesto 1501 o más.La Universidad Austral fue reconocida, por segundo año consecutivo, como la mejor de la Argentina en este ranking. "Registra un crecimiento sostenido en la cantidad de publicaciones indexadas en Scopus [una de las bases de datos científicas más grandes del mundo] y, sobre todo, en su impacto. Medido por el indicador FWCI, con un valor de 1,57, es de los más altos del país y supera la media global", explicó el vicerrector de Investigación de la Universidad Austral, Juan B. Etcheverry.En cuanto al indicador de citas por artículo â??que varios rankings utilizan para medir la calidad de la producción científica y no solo su cantidad, la cual puede depender del tamaño o la antigüedad institucionalâ??, Etcheverry destacó que "la Universidad Austral se mantiene de manera constante entre las diez instituciones con mayor impacto de publicaciones en América Latina".América Latina muestra un leve retroceso entre las 200 universidades consideradas de elite. En total, fueron clasificadas 170 instituciones de 12 países de la región: Brasil lidera con 59, seguido por Chile (29) y Colombia (24). La Argentina ocupa el séptimo lugar, con nueve universidades en el listado, frente a ocho en la medición anterior y solo tres hace dos años."El umbral de ingreso es especialmente exigente: requiere al menos 1000 publicaciones en Scopus en los últimos cinco años. Apenas un puñado de universidades argentinas cumple con este requisito y, entre ellas, solo cuatro o cinco son privadas; de estas, apenas dos lograron ingresar este año", señaló Julio Durand, coordinador de la Unidad de Reputación Institucional de la Universidad Austral.Esta institución tuvo este año su posición más baja hasta el momento: en 2024 se ubicaba en el rango 1001-1200, mientras que en esta edición descendió al 1201-1500. "La tabla del Times es un baño de realidad para las universidades latinoamericanas y, en particular, para las argentinas", señalaron desde la institución.Por su parte, Phil Baty, director de Asuntos Globales del Times Higher Education World University Rankings, advirtió que, aunque la presencia de América Latina se cuadruplicó en la última década, la competencia internacional es cada vez más intensa: "Asia Oriental está desplazando a los centros tradicionales de poder en la educación superior".¿Por qué la UBA no aparece en este ranking?La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más destacada del país, ocupa el puesto número 10 en otra clasificación, el QS World University Rankings: Latinoamérica y el Caribe. En primer lugar, aparece la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seguida por la Universidad de San Pablo (2), la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) (3), el Tecnológico de Monterrey (4) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (5).En cambio, en el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR 2026), la UBA no figura entre las clasificadas. Desde la institución explicaron que no participa activamente de este ranking, ya que este no recopila los datos de forma directa, sino que requiere que las propias universidades los envíen. "Hace más de diez años que no participamos, porque exige que uno le provea toda la información. Además, tiene variables pensadas para universidades anglosajonas, como la inversión privada en investigación, algo prácticamente marginal en las universidades argentinas", señalaron.THE WUR evalúa a las instituciones según los estándares del mundo anglosajón, principalmente del Reino Unido y de los Estados Unidos. Por eso, el top cinco está encabezado por la Universidad de Oxford, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Princeton, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard.En este listado global, la Pontificia Universidad Católica de Chile â??líder en el QS en América Latinaâ?? desciende al rango 401-500, aunque se mantiene como la tercera mejor de la región. La Universidad de San Pablo la supera, ubicándose entre las posiciones 201 y 250, y se consolida como la número uno de la región.THE WUR exige que cada institución haya publicado al menos 1000 artículos en Scopus durante los últimos cinco años, un umbral que pocas universidades argentinas logran alcanzar. A ello se suman factores estructurales: los recortes presupuestarios y la inflación han reducido la capacidad de producción científica del país, lo que afecta directamente su desempeño en estos indicadores."Si el ranking quiere tomar la información pública y procesarla, no hay problema; pero para responder todo lo que piden habría que tener un departamento dedicado a eso, y sinceramente, no nos representa demasiado", concluyeron desde la UBA.

Hay 9 universidades argentinas en el ranking de Times, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

La Universidad Austral es la mejor clasificada del país, en el rango 1201-1500 a nivel global. América Latina no aparece en el top 200. A diferencia de otros rankings, la participación en este es voluntaria. Pero el umbral para entrar también es exigente, sobre todo en el área de investigación

La nueva tarifa para visas H-1B complica la contratación de docentes internacionales en escuelas y universidades en EEUU

Este visado permite a empresas y organizaciones estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren altas calificaciones

Estas son las universidades de Colombia con los profesionales más apetecidos: ranking internacional las recomienda

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Ayuso recurrirá al Supremo el decreto sobre universidades privadas propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez

A través de un Real Decreto, el Ejecutivo introduce filtros de calidad más estrictos para la creación de nuevos centros

Nuevas reglas para la visa H-1B en EEUU: aumento de costos y límites a empleadores tecnológicos y universidades

La Casa Blanca formalizó una actualización normativa que endurece los requisitos académicos, restringe exenciones históricas y eleva el costo del proceso para trabajadores extranjeros altamente calificados

Paro de transportistas: ¿Qué universidades mantendrán la virtualidad pese al levantamiento de la protesta?

El gremio de choferes y cobradores llegaron a una serie de compromisos con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte

El Gobierno endurece los requisitos de creación de universidades privadas para frenar su expansión "sin precedentes en la historia"

A través de un Real Decreto, el Ejecutivo introduce filtros de calidad más estrictos para los proyectos de creación de nuevos centros

Sanidad financiará 1.783 nuevas plazas de Medicina en universidades públicas

El Gobierno pide a las comunidades un esfuerzo compartido para financiar la educación universitaria pública

Paro de transportistas este martes 7 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán sus clases presenciales?

La Universidad de Lima y la PUCP han sido las primeras instituciones en confirmar que pasarán a la virtualidad, como medida preventiva ante la continuidad de las manifestaciones convocadas por un sector del gremio de transporte público

CEO de LinkedIn advierte que los mejores trabajos no serán para los que vayan a las mejores universidades

Ryan Roslansky destaca que la disposición a incorporar nuevas tecnologías y habilidades blandas como la empatía y la comunicación marcarán la diferencia en un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial

Paro de transportistas, lunes 6 de octubre: ¿universidades suspenderán clases y exámenes parciales? Esto es lo que dijeron

Dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, anunció que la paralización de labores en Lima y Callao será inicialmente por 24 horas. Sin embargo, de haber otro asesinato, podría extenderse

La "cocina" de QS: cómo se arma el ranking de las mejores universidades del mundo (y por qué genera polémica)

Florence Webb, responsable de la metodología del ranking que elabora Quacquarelli Symonds, explicó cómo se construye la medición, respondió a las principales críticas y analizó los resultados de Argentina. Esta semana la compañía británica organizó en CABA una cumbre regional sobre educación superior

"El mayor problema de la Justicia empieza en las universidades"

El debate sobre la calidad de la Justicia tiende a ser espasmódico y a girar alrededor de casos resonantes. La voz cantante la suelen llevar jueces o abogados de alto perfil que generalmente intervienen en la órbita federal y en los departamentos judiciales de mayor peso territorial. Para enriquecer esa discusión, sin embargo, es imprescindible escuchar otras voces y prestar atención a actores que viven y sufren la degradación del sistema en el ejercicio cotidiano de la profesión. Una de esas voces es la de Santiago Bertamoni, presidente del Colegio de Abogados de Junín, profesor universitario e integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Alejado de los reflectores y de la gran escena mediática, como la mayoría de los dirigentes y académicos del interior, Bertamoni aporta una valiosa perspectiva a partir de su propia experiencia, pero también desde un lugar institucional preservado de los juegos de poder y de los intereses políticos coyunturales. "En nuestro colegio no hay reelección y ningún presidente ha ocupado jamás un cargo político o partidario mientras cumplía esa función: asumimos un mandato sin aferrarnos a un cargo y con absoluta independencia profesional", dice como carta de presentación.Bertamoni ejerce la abogacía desde hace veinte años. En ese lapso ha visto un pronunciado deterioro del sistema judicial en todos sus eslabones, aunque asegura que todavía son muchos los buenos jueces y los buenos abogados.Se atreve a proponer debates incómodos y asegura que, antes de poner el foco en la selección de los jueces, tenemos que mirar con atención la formación universitaria de los abogados. En ese sentido, se anima a decir algo que parece tabú: las facultades de Derecho han privilegiado la cantidad por encima de la calidad. "Hoy se reciben abogados con una formación muy deficiente. Y eso ha degradado todo el servicio de justicia y el propio ejercicio de la abogacía. Dejamos a un Poder del Estado en manos de profesionales mal preparados", advierte.Muchas veces, lo que la sociedad o la mayoría quiere escuchar no es exactamente lo más justo. La justicia no siempre coincide con la percepción social de lo que se considera 'justo'Bertamoni llama la atención, además, sobre otro grave peligro: "Muchos jueces hoy buscan parecer justos ante la sociedad y agradar a la opinión pública en lugar de aplicar la ley y garantizar el debido proceso. Eso pasa por una ideologización de la Justicia, que amplía los márgenes de arbitrariedad y debilita la seguridad jurídica".De la calidad del sistema, de los dogmas que obstaculizan su propia transformación y de los riesgos que implica una Justicia que falla "según las modas ideológicas", habla en esta entrevista.-En la sociedad hay un alto índice de desconfianza hacia la Justicia. Lo marcan todos los estudios de opinión pública, donde aparece una asociación muy fuerte con la ineficacia, la lentitud e inclusive la corrupción. Desde la mirada de un abogado, ¿es un juicio justo o exagerado? -Yo creo que es un juicio mal planteado. Muchas veces, lo que la sociedad o la mayoría quiere escuchar no es exactamente lo más justo. La justicia no siempre coincide con la percepción social de lo que se considera "justo". Yo creo que el foco no debe ponerse en la percepción de justicia, muchas veces influida por las corrientes mediáticas y por las redes sociales, sino en la necesidad de que haya seguridad jurídica. Son dos cosas totalmente distintas. Se ha instalado la idea de que lo importante es el valor "justicia", y entonces se les demanda a los jueces que la solución del caso concreto sea "justa". Eso es una moralización del derecho, con el peligro de caer, además, en la ideologización del derecho. Porque ¿qué es lo justo? La respuesta nos remite al ideario, los valores y las visiones que cada uno tenga. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Justicia todos los días? Resolver expedientes, dirimir conflictos y controversias: ver si un contrato se cumplió o no se cumplió, si es pertinente pagar daños y perjuicios, si un empleado está bien despedido o no, si le corresponde una indemnización a una víctima de accidente de tránsitoâ?¦ Y eso requiere que los jueces prescindan de lo que ellos consideran que es lo justo, desprendidos también de lo que la sociedad consideraría justo, y resolver de acuerdo con las circunstancias del caso, según las pruebas y constancias del expediente y en el marco de las pretensiones que plantean las partes. En este mundo ideologizado, hay algo que resulta incómodo decir, pero que debemos asumirlo: a veces, lo mejor para el sistema es que pierda un juicio alguien que tiene derecho a ganarlo y que tenía razón para ganarlo. Hay un sistema desmadrado. Nosotros, la dirigencia en general, tenemos una responsabilidad. Tenemos un problema cuando la construcción de poder, que requiere ganar votos, influye sobre el deterioro del sistema-¿Cómo es eso?-Veámoslo en un ejemplo simple: supongamos que una mujer mayor de edad tiene un accidente de tránsito. Promueve una demanda contra el individuo que la chocó y le provocó lesiones, pero su abogado se olvida de ofrecer la prueba pericial mecánica, que es la prueba clave. Llega al final del proceso y el juez debe dictar sentencia. La pregunta es, ¿el juez debe suplir la negligencia del abogado para garantizarle el derecho a la indemnización a esa víctima? ¿O debe resolver lo que corresponde, que es desestimar la demanda porque estuvo mal planteada y no se ofreció la prueba indispensable? El valor justicia diría que "es justo" que la señora que resultó herida igual tenga una indemnización, pero la seguridad jurídica exige que esa persona pierda el juicio, aún cuando resulte injusto desde el punto de vista moral. Lo mismo cabe aplicar al derecho penal. Abrir el grifo a que los jueces suplan la negligencia de las partes nos lleva a un terreno muy peligroso. ¿Qué pasa si los jueces tienen la potestad para resolver mas allá de lo que las partes plantean y de lo que se prueba en el expediente? ¿Qué tranquilidad podríamos tener los ciudadanos si los jueces toman esa atribución en algunos casos y no en otros según su discrecionalidad? El movimiento actual, en el que se exalta el valor de "lo justo", lleva a que algunos jueces, por la presión social que reciben, dicten sentencias desmesuradas. Y ahí es donde se puede tener una "percepción de justicia", pero se pierde lo esencial del sistema, que es la garantía de ecuanimidad y seguridad jurídica. Entonces, ¿la acción judicial debe ser juzgada por la sociedad? Es una pregunta que debemos formularnos. Y ojo que no estoy haciendo una defensa de cómo funciona hoy la Justicia. -De todas maneras, la sociedad no hace un juicio técnico, por supuesto, pero sí tiene derecho a evaluar la calidad y la confianza que el sistema inspira. Y esa confianza hoy parece quebrada por hechos muy concretos: cualquier ciudadano al que le toque litigar o enfrentar un juicio, sea por un accidente, un conflicto laboral o un litigio de familia, se encuentra con un sistema ineficiente, lento, burocratizado, ideológica y políticamente contaminado, en el que una sentencia puede demorar veinte años. Entonces hay una desconfianza que parece basarse en una realidad tangibleâ?¦-Sí, estoy de acuerdo. Hay un sistema desmadrado. Nosotros, la dirigencia en general, tenemos una responsabilidad. Tenemos un problema cuando la construcción de poder, que requiere ganar votos, influye sobre el deterioro del sistema. Dicho de otro modo, a la hora de buscar apoyos, los dirigentes plantean los temas que la sociedad aprueba, prescindiendo de lo que está bien. Y lo que estaría bien es discutir qué queremos y qué esperamos de la Justicia. Este es un debate que la dirigencia no da: ¿queremos que los jueces fallen de acuerdo con el principio de legalidad y con las reglas del debido proceso o que se guíen por sus sesgos ideológicos y por su propia visión moral? Veámoslo en un ejemplo concreto: los jueces laborales declaran constantemente inconstitucionalidades de oficio a favor del trabajador, y sin embargo a ninguno se le ocurre declarar la inconstitucionalidad de oficio de la ley de convenios colectivos de trabajo, que es una ley completamente destructiva para las pymes. ¿Cómo funciona esa ley? Las cámaras y sindicatos de la Capital Federal firman los convenios colectivos de trabajo, y al taller mecánico de mi ciudad, Junín, le aplican el mismo convenio que firma Toyota para su planta de Pilar. Y no pueden tener el mismo régimen salarial. Pero la ley le impide al taller de Junín discutir mano a mano con el sindicato de su jurisdicción un convenio local. Pero no hay ningún juez que declare la inconstitucionalidad de oficio de esa norma porque, claramente, perjudica a la Pyme. Obviamente, eso pasa porque en la provincia de Buenos Aires la gran mayoría de los tribunales de trabajo tienen un sesgo ideológico que hace que para despedir a un trabajador haya que encontrarlo in fraganti matando con un hacha al empleador. Hoy tenemos una gran Corte Suprema de la Nación. Pero ¿qué pasa? No se respetan los precedentes ni los criterios que establece el máximo tribunal. Los tribunales inferiores no acatan lo que dice la Corte-Para muchos, la Justicia laboral es una cuestión que merece un tratamiento aparte.-El juicio laboral se ha convertido en un refugio de los malos trabajadores. Y hoy es un terreno fértil para el dictado de sentencias multimillonarias con un efecto muy destructivo para el trabajo. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que los ciudadanos, sea en un proceso civil, penal, de familia o laboral, tengan la certeza de que los jueces fallan de acuerdo con la ley, respetando los planteos de las partes y valorando, con las reglas de la sana crítica, las constancias objetivas de la causa. Es decir, si no está la prueba, el juez no puede inventarla. Hoy tenemos un "producto final" cuestionable porque los jueces han tomado un rol preponderante y muchos pasaron a creer que ellos pueden determinar qué es "lo justo". Hoy tenemos jueces que dicen en sus sentencias que debemos pasar del "Estado de derecho" al "Estado de justicia" y se arrogan la facultad de prescindir de las reglas del proceso para hacer justicia. Eso abre una caja de Pandora que no le da seguridad jurídica a nadie. Ninguna persona que vaya a un litigio podrá estar tranquila, entonces, de que el proceso se va a resolver de acuerdo con lo que la ley manda y lo que las partes han planteado en el expediente, sino que el juez va a resolver lo que él cree que corresponde. Y a eso hemos llegado por la demanda y la presión social que dice que el juez "debe hacer justicia". -En algunas cuestiones es la Corte Suprema la encargada de unificar la interpretación de la ley a través de sus fallos...-Hoy tenemos una gran Corte Suprema de la Nación. Pero ¿qué pasa? No se respetan los precedentes ni los criterios que establece el máximo tribunal. Los tribunales inferiores no acatan lo que dice la Corte. Veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la gestación por sustitución: el legislador no la reguló, de manera que no está permitida. Es una figura que contempló la comisión redactora del nuevo Código Civil, pero que quedó pendiente de regulación a través de una ley específica. Desde 2014, que se votó el código, hasta acá, el Congreso nunca la reguló. La Corte entonces dijo lo obvio: no está regulado, no está permitido. ¿Pero qué pasa en los tribunales inferiores? Muchos aplican sus propios criterios. Así tenemos un sistema desmadrado, a tal punto que se van quebrando las reglas y entonces cada juez se puede arrogar potestades y avasallar límites. Y eso tiene que ver con un sistema cada vez más ideologizado.-Usted plantea que en muchos casos la Justicia actúa por la presión social y mediática, pero también que hay un fuerte componente de ideologización en la mayoría de los fueros. ¿Qué pesa más? Porque daría la impresión de que en algunos casos especialmente resonantes puede influir la presión de la opinión pública, pero en la mayoría parecería pesar más el sesgo ideológico, en el que muchas veces se confunde el garantismo con el defensorismo.-El defecto está en el proceso. Hemos perdido de vista la finalidad de la Justica. Y hay un problema con el perfil de los jueces. Y ahí es donde yo digo que tenemos una discusión pendiente: ¿queremos jueces que se hagan notar por sus sentencias o que estén dispuestos a ceñirse a las reglas del derecho, aunque sus decisiones no sean del agrado de la sociedad? Es un debate central para el desarrollo económico del país: ¿"sensación de justicia" o seguridad jurídica? Si no, nos pasa lo que nos pasa: acá una hipoteca no se ejecuta nunca, los créditos no se pagan, los desalojos no se efectivizan, las sentencias no se cumplen. Entonces, ¿qué hace la economía? Mata el crédito. Esto lo vemos todos los días.Tenemos una planificación universitaria que consiste en tener más clientes, en ampliar la matrícula estudiantil para acumular presupuesto, porque el presupuesto se asigna según la cantidad de estudiantes-Y desde esa perspectiva, ¿no es fundamental el proceso de selección de jueces para garantizar profesionalismo, ecuanimidad, ajuste a las reglas del proceso?-Es fundamental, pero el proceso de selección de jueces llega tarde. ¿Qué puede revertir un Consejo de la Magistratura si tenemos un problema grave con la formación de los abogados? Hay preguntas que debemos hacernos: ¿cuántos abogados hay? El otro día un especialista nos daba este dato: en Inglaterra hay 20.000 abogados; solo en la provincia de Buenos Aires hay 65.000: un abogado cada 260 personas. Es imposible que ese profesional tenga un trabajo que le asegure rentabilidad y le permita ejercer dignamente. Es imposible que, además de vivir bien, pueda invertir en su capacitación para que su prestación vaya mejorando día a día.-Pero ahí hay un debate que la universidad se resiste a dar sobre la calidad, el régimen de ingreso, la exigencia y las condiciones de regularidad en el nivel de educación superior.-Por supuesto. Tenemos una planificación universitaria que consiste en tener más clientes, en ampliar la matrícula estudiantil para acumular presupuesto, porque el presupuesto se asigna según la cantidad de estudiantes. Esta es la gran crítica que yo le hago en este tema al gobierno nacional: respetemos el presupuesto, pero cambiemos la pauta de asignación. Porque con el sistema que tenemos, las universidades no le hacen perder la regularidad a nadie porque necesitan muchos estudiantes para tener más presupuesto. Y entonces se baja la exigencia para ampliar la matrícula. Tenemos que mirar qué pasó con la abogacía: antes era aspiracional ser abogado; era un camino de ascenso social en todo sentido. Hoy, muchos estudian abogacía como una segunda actividad: son martilleros, policías o penitenciarios que estudian abogacía. En algunas universidades privadas, estudiar Derecho hoy sale más barato que un curso de repostería. Entonces, si miramos el eslabón final, que es la selección de jueces, pero no ponemos el foco en la formación universitaria, empezamos mal. Hoy tenemos abogados que salen de la facultad casi sin saber leer ni escribir porque la universidad les permitió ingresar sin esas herramientas básicas. Y esta no es una carrera difícil como las ingenierías, donde el propio sistema hace de filtro y en primer año quedan muy pocos. Acá pasás.-¿Y por qué los colegios de abogados no plantean un gran debate alrededor de este tema?-Bueno, yo trato de plantearlo. Pero detrás de esto hay una serie de intereses. Yo defiendo la universidad pública, creo que no hay que quitarle recursos y mucho menos, autonomía, pero debería haber examen de ingreso y un replanteo del modelo. Porque voy a decir algo que suena feo, pero hemos ido a un sistema como el cubano: una reproducción de profesionales pobres. Y normalmente se pone el foco en la medicina, que está muy bien y es muy importante, ¿pero cuánto controlan los abogados de la vida pública? El Poder Judicial lo manejan los abogados, de manera que un tercio del Estado ya está en manos de ellos. Un alto porcentaje de los legisladores y de los funcionarios del Ejecutivo son abogados. Entonces, arriesguemos: el 50 por ciento del Estado está manejado por abogados. ¿No es importante la formación de los abogados? ¿Qué podemos esperar si los profesionales que manejan el 50 por ciento del Estado tienen una formación de baja calidad? Solo podemos esperar un desastre. Y esto es lo que nos está pasando. Mal que nos pese, el ingreso irrestricto y la gratuidad universitaria atentan contra la calidad. Porque hay una relación entre cantidad y calidad. Pero además tenemos que pensar en términos estratégicos: ¿cuál es nuestra matriz productiva? Energía, mineríaâ?¦ Necesitamos ingenieros, pero tenemos superpoblación de abogados. Y así se produce una estafa a los estudiantes: les das un título que no les garantiza el ejercicio digno de una profesión. Hoy hay miles de abogados que hacen trabajo de gestoría o lo que antes hacia un procurador. Creo que tenemos que discutir, entre otras cosas, un nuevo sistema de incorporación a la profesión. Tenemos que ir, por un lado, a un examen para ingresar a la facultad, para que las universidades se fortalezcan en la calidad, y por otro, pensar algún mecanismo similar al de las residencias médicas en el proceso de matriculación y de exigencias de formación y posgrado para acceder a determinados niveles de ejercicio profesional. Por ejemplo, para litigar ante la Corte. Hoy tenemos un sistema automático de habilitación profesional, sin garantía de idoneidad. Todo eso conspira contra la calidad.-La superpoblación de abogados genera además un exceso de litigiosidad, con una sobrecarga de demandas judiciales.-Claro, con tal de que tengamos trabajo, todo se judicializa. Por una necesidad de subsistencia, se desnaturaliza el sistema. Esto repercute, además, en el régimen jubilatorio, porque muchos abogados, en la provincia de Buenos Aires, no pueden cumplir con el pago de la cuota anual obligatoria para la Caja previsional, entonces a otros se les aplica un descuento casi confiscatorio para compensar los desequilibrios del sistema. Es un indicador de la inviabilidad económica de la profesión. ¿No habría que discutir una reforma estructural y un aumento de la edad jubilatoria? Este también es un debate que no damos. -¿Por qué hay tanta resistencia a encarar esas discusiones de fondo?-Una sociedad que no se abre a pensar y a debatir es una sociedad que no mejora. Y nosotros estamos dominados por dogmas y tabúes: esto no se toca, esto no se discute. En buena medida, esto ocurre porque caímos en la ideologización. Entonces, si sos mujer, tenés que ganar el juicio. La llamada perspectiva de género atenta contra la juridicidad, contra las reglas del proceso y, en definitiva, contra la seguridad jurídica. Hoy tenemos un sistema que toma los temas que están de moda y busca congraciarse con la sociedad. Esto empieza a penetrar desde el nivel universitario y moldea la formación de los abogados. Por supuesto que tenemos que asegurar la igualdad y la equidad de género, pero caer en la ideologización es un peligro. -¿La politización y la ideologización no afectan también a los colegios de abogados?-Hay que hacer un análisis de cada colegio. Yo puedo dar fe de nuestra institución: nosotros, en 65 años de historia, nunca permitimos la reelección de presidentes y aseguramos nuestra propia independencia. Desde ahí tratamos de plantear estos debates: ¿queremos dejar un poder del Estado, como la Justicia, en manos de profesionales mal preparados? ¿Podemos permitir que un fiscal, por tener algunas horas como docente, se pueda jubilar en la provincia de Buenos Aires a los 55 años? ¿Vamos a dejar el proceso judicial en manos de la inteligencia artificial? ¿Convalidamos la "justicia de género" por encima de las leyes? Estos son algunos de los temas que debemos discutir.UN ABOGADO PREOCUPADO POR EL SISTEMA JUDICIALPERFIL: Santiago BertamoniSantiago Bertamoni es abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral.Ejerció la docencia en la cátedra de Sociedades Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA. Preside desde 2022 el Colegio de Abogados de Junín. Integra el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en representación de los abogados del interior.Ejerce la profesión de abogado en forma independiente desde 2006 en distintas esferas del derecho civil y comercial.

Debate regional. Frente a los cambios vertiginosos, cómo harán las universidades para mantenerse vigentes

"El 75% de los jóvenes de Latinoamérica reportan que tiene problemas al intentar conseguir un empleo. La paradoja existe cuando las empresas también están reportando que tienen un problema de escasez de talento: el 70% de las empresas en Latinoamérica reportan que tiene problemas en encontrar talento", resumió Esteban Veintimilla, director of Partnerships de QS, y fundador de 1Mentor, empresa que se dedica a analizar datos para cerrar la brecha entre la educación superior y el mercado laboral.Cómo hacen las universidades para mantenerse relevantes en un mercado y un mundo cambiantes fue uno de los principales debates que se abordó durante el QS Higher Ed Summit: Americas 2025, que este año se realizó en Buenos Aires. Varió entre quienes marcan las brechas con la demanda del mercado laboral y consideran que la oferta académica debe alinearse y quienes plantean que justamente por los cambios constantes, la universidad enseña a pensar críticamente y a tomar decisiones."Estamos viviendo una época de ambientes turbulentos que ocasionan fuerzas -la política, la globalización y la transformación digital- que influyen en el sistema educativo. Estas tres cosas hacen que las universidades tengamos un reto importantísimo que es mantener la pertinencia y la calidad. Pienso que a veces tenemos que hacer esfuerzos por hacer actualizaciones curriculares que se acoplen al mercado de la industria", consideró Manuel Ignacio Ayala Chauvin, vicerrector de Docencia de la Universidad Indoamérica de Quito, Ecuador. Chauvin remarcó que la visión de la universidad debe estar muy definida, como así también los estándares que cumplir. "Es recomendable para todos cumplir un estándar que nos permita tener impacto en la sociedad de las tres funciones que tiene una universidad y también tiene que entregar gente brillante a la sociedad. La función docente tiene que ser el alma de la universidad. Es lo más noble: ser docente y ser buen docente. En la parte de vinculación, tener impacto. A veces hacemos vinculación no concreta y creo que definir espacios de vinculación en donde se tenga impacto es importante. Y en el área de investigación debería generar soluciones reales a la sociedad. Siempre publicamos porque necesitamos tener por un indicador una cierta cantidad de artículos, pero esa cierta cantidad de artículos no tiene una influencia real en la sociedad", resumió. Angel Otero Mac Kinney, director de Planeamiento Estratégico de la Universidad Iberoamericana de México describió los desafíos similares que enfrentan los países de la región. En primer lugar, mencionó la transformación de la economía que obliga a pensar en nuevos perfiles profesionales y nuevas capacidades. "Hablando de factores sociales y económicos, somos países que acusan una terrible desigualdad, y eso nos invitó también como universidades a tomar un rol bastante crítico, nos invitan a ser agentes de transformación de cambio", marcó. Y por último, el cambio demográfico: "Una población más pequeña implica un reto de tener un público potencial de aspirantes a nuestras universidades cada vez más pequeño lo cual nuevamente nos lleva a pensar en nuevas formas de ofrecer valor como universidades". Habilidades demandadasA su turno, la doctora Ximena Córdova, presidenta de Caces (Council for Quality Assurance in Higher Education) sintetizó: "Las carreras tradicionales no van a desaparecer, pero necesitamos transformar eso hacia las habilidades que van a demandar en el futuro y ahí está el reto de las universidades. Tenemos que tomar en consideración estas nuevas herramientas blandas, conscientemente con la información que tenemos debemos poder lograr esos cambios necesarios para que nuestros graduados puedan tener la posibilidad de tener un empleo cuando se gradúen. Tener las carreras nuevas que necesitamos, pero transformemos también lo que existe y pongamos en el mercado gente con esas nuevas habilidades ya no solamente con los temas tradicionales". Según aportó Veintimilla, Forbes reportó que el 94% de las empresas está priorizando sus contrataciones basadas en competencias, más que en títulos universitarios.Y América Latina no está invirtiendo en estas iniciativas: a nivel global se han destinado más de U$500.000 millones en iniciativas de upskilling (perfeccionamiento) y reskilling (recualificación), pero esta región no figura, según datos de QS. "Lo que el mundo está diciendo es que necesitamos asegurarnos de que el talento siga progresando, invertir en el talento para que se desarrollen las economías porque si no, no podemos desempleada o subempleada", dijo a LA NACION Veintimilla.Rosario Duarte de Fortin, rectora de la Universidad Metropolitana de Honduras, también remarcó la importancia de la inversión y que debería ser un tema de Estado. "La única manera de competir en el mercado global, tal como está ahora, cambiante, con una velocidad extraordinaria, es que los estados y los gobiernos dispongan también de presupuestos, de recursos para apoyar a las universidades en la investigación. Y por qué no, ojalá fueran esfuerzos conjuntos con el sector privado y con el sector público. Eso daría una capacidad al país para superar los problemas más importantes", consideró. "Hay margen para una mayor inversión. El costo total de los estudios sigue siendo un obstáculo para el acceso de los estudiantes a nuestras universidades", planteó Tamara Vinacur, especialista senior en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Citó un estudio que al comparar Chile, Costa Rica, Perú y Colombia concluye que muchos esquemas de ayuda no cubren costos no arancelarios y remarcó que, para reducir el abandono, también habría que repensar los préstamos. La situación argentina"En la Argentina parecería no ser tan verdad", marcó la magister María Laura Rosso, rectora de la Universidad Siglo 21 y señaló: "Las personas que tienen una titulación universitaria ganan, en promedio, 139% más que aquellas personas que no han terminado la educación secundaria o no han accedido a la universidad. Si nos fijamos en quienes no han conseguido una titulación, siete de cada 10 trabaja en la informalidad, el número baja a dos de cada 10 cuando son personas que tienen estudios universitarios". "Nosotros somos unos convencidos de que la universidad es empoderar. Puede sonar como una palabra cliché, pero cuestionamos pensar únicamente en la empleabilidad cuando creo que justamente el empleo es lo primero que se va a perder. Me interesa un escenario donde nos preguntemos si las universidades estamos listas para generar competencias para que nuestros estudiantes sean capaces de resolver lo que vemos", reflexionó. Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá, coincidió: "La universidad me enseñó a pensar. Y creo que eso es lo que hacen: formar a sus estudiantes para que estén mejor capacitados a tomar decisiones en los campos en los que se quieran desempeñar".

Trump les exige a nueve universidades que se comprometan con su agenda si quieren acceder a fondos federales

WASHINGTON.- En una nueva ofensiva contra las universidades, esta vez basada en incentivos más que en castigos, la Casa Blanca invitó a nueve de las principales instituciones educativas de Estados Unidos que se comprometan con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.Las demandas están delineadas en un documento de nueve páginas, titulado "Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior", que pide a las instituciones, por ejemplo, congelar sus tasas de matrícula durante cinco años, prohibir el uso del sexo y el género como factores en su proceso de admisión y limitar el número de estudiantes internacionales, entre otros requisitos. Los firmantes también deben comprometerse a "transformar o abolir las unidades institucionales que deliberadamente castigan, menosprecian e incluso provocan violencia contra las ideas conservadoras", según el memorando.Firmar el acuerdo les daría a las universidades "múltiples beneficios positivos", incluyendo "subvenciones federales sustanciales y significativas" y "aumentos en los pagos generales donde sea posible", según una carta enviada a las universidades junto con el pacto. La misiva dice que se trata de una labor proactiva mientras el gobierno continúa investigando presuntas violaciones de derechos civiles en los campus de Estados Unidos.El pacto pide también a las universidades que acepten la definición de género que estableció el gobierno y la apliquen en los baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos del campus. También solicita que las universidades dejen de tomar en cuenta la raza y una amplia gama de otros datos demográficos de los estudiantes como parte del proceso de admisión, y que exijan a los solicitantes de licenciatura que presenten los exámenes estandarizados de acceso universitario SAT (Scholastic Assessment Test) o ACT (American College Test).El acuerdo propuesto de 10 páginas fue enviado el miércoles a algunas de las universidades públicas y privadas más selectivas del país: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus iniciales en inglés), la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown y la Universidad de Virginia. De momento se desconoce cómo o por qué se eligió a estas instituciones, y si otras universidades podrían recibir propuestas similares.Las nueve universidades podrían convertirse en "firmantes iniciales" y están siendo invitadas a proporcionar comentarios antes de que se establezca la redacción final, según la carta, y deberán tomar una decisión a más tardar el 21 de noviembre.El memorando representa un cambio en la estrategia del gobierno, que ahora ofrece recompensas, en lugar de castigos, como incentivo para adoptar la lista de deseos políticos de Trump. Muchas de las exigencias reflejan aquellas que hizo la Casa Blanca mientras recortaba miles de millones de dólares en fondos federales para Harvard, Columbia y otras instituciones acusadas de tener un sesgo liberal. Un juez federal anuló el mes pasado los recortes a Harvard, asegurando que el gobierno había excedido su autoridad.Muchas de las universidades dijeron que estaban analizando la propuesta y no tenían comentarios al respecto. Un comunicado de la Universidad de Virginia dijo que no había nada que sugiriera por qué fue elegida. El presidente interino de la universidad reunió a un grupo de administradores el jueves para revisar la carta.Los principales funcionarios del sistema de la Universidad de Texas se sintieron "honrados" de que el campus de Austin fuera elegido para formar parte del pacto y sus "posibles ventajas de financiamiento", de acuerdo con un comunicado de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes. "Hoy damos la bienvenida a la nueva oportunidad que se nos presenta y esperamos trabajar en ello con el gobierno de Trump", indicó Eltife.El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que, si alguna universidad en su estado firma el pacto, perderá acceso a fondos estatales, incluidos los Cal Grants, un programa de ayuda financiera estudiantil de 2800 millones de dólares. En una declaración en mayúsculas, Newsom, de filiación demócrata, dijo que California "no financiará escuelas que traicionen a sus estudiantes, profesores, investigadores y renuncien a la libertad académica".Agencias AP y AFP

La dura advertencia de Newsom contra las universidades y escuelas de California que se "dobleguen" ante Trump

El gobernador Gavin Newsom lanzó una advertencia sin precedentes contra las universidades y colegios de California frente a las presiones del gobierno federal. El mandatario estatal aseguró que toda institución académica que acepte el nuevo acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump, el llamado "Compact for Academic Excellence in Higher Education", perderá el acceso al financiamiento estatal, incluidas becas como las Cal Grants.Gavin Newsom y una amenaza directa al financiamiento estatalDesde Sacramento, Newsom declaró que la aceptación del plan federal tendría un costo inmediato para las entidades de educación superior de California. "Si alguna universidad de California firma este acuerdo radical, perderá miles de millones en financiamiento estatal â??incluidas las Cal Grantsâ?? al instante", enfatizó en un comunicado de prensa. Según el gobernador, este pacto representa una cesión peligrosa de la libertad académica a cambio de dinero federal. "California no financiará escuelas que vendan a sus estudiantes, profesores e investigadores, y que renuncien a la autonomía universitaria", remarcó.El plan diseñado por la administración Trump establece nuevas reglas sobre admisiones, disciplina estudiantil, libertad de expresión y políticas de diversidad. Sus detractores lo describieron como un intento de imponer una ideología conservadora en los campus bajo la amenaza de perder fondos federales. En el caso de California, Newsom fue categórico: si alguna institución se adhiere, la sanción vendrá del propio estado con la suspensión de recursos locales.El trasfondo del "acuerdo radical" de la administración TrumpEl llamado Compact for Academic Excellence in Higher Education fue presentado por la Casa Blanca como un marco para garantizar la "excelencia académica" en universidades que reciben fondos federales. Entre sus disposiciones, prohíbe considerar factores como raza, etnicidad, orientación sexual, identidad de género o religión en los procesos de admisión y contratación. Además, obliga a las entidades a garantizar un "mercado de ideas abierto" en el que no se penalicen opiniones conservadoras, incluso con la amenaza de reestructurar o eliminar unidades académicas que no cumplan con esa premisa.Otro de los puntos más polémicos se refiere a la definición de sexo y género, que el documento limita estrictamente a funciones biológicas reproductivas, con impacto directo en baños, vestuarios y deportes universitarios. También exige mantener una estricta neutralidad institucional, lo que impide que departamentos o facultades emitan pronunciamientos políticos o sociales, salvo en casos que afecten directamente al centro educativo.Las normas incluyen además un congelamiento de matrículas por cinco años, mayores controles financieros sobre el uso de las donaciones y la obligación de publicar estadísticas sobre el desempeño académico y las ganancias futuras de los egresados. En materia internacional, restringe el ingreso de estudiantes extranjeros y ordena un sistema de vigilancia sobre posibles vínculos con gobiernos o instituciones extranjeras.El alcance del plan federal de Trump al que atacó NewsomLos lineamientos del documento no solo afectan las políticas de diversidad o la contratación de docentes, también establecen criterios estrictos sobre la forma en que deben evaluarse los alumnos, al prohibir la inflación o reducción de calificaciones por motivos ajenos al rendimiento académico. Los resultados, además, deberán publicarse en paneles abiertos al público con comparaciones entre instituciones.En el capítulo financiero, obliga a las universidades con grandes fondos de dotación a destinar recursos a programas de ciencias duras, y llega incluso a prohibir que cobren matrícula a ciertos estudiantes si sus reservas superan los dos millones de dólares por alumno. También fija límites a la presencia de estudiantes internacionales, al establecer que no podrán superar el 15% del total de la matrícula de grado, con un máximo del 5% por país.Newsom describió el plan como una amenaza directa a los valores que hicieron del sistema público de universidades de California un referente mundial.

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: el registro se abrió y estas son las universidades que podrán participar

El programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos

Cuatro universidades peruanas destacan entre las mejores de América Latina según QS Ranking: ¿cuáles son?

Esta es la primera vez que cuatro casas de estudios superiores peruanas ingresan al top 100 del ranking que evalúa el desempeño académico, la investigación y la empleabilidad de las instituciones

Hospitales pediátricos y universidades. Los senadores que desafiaron los vetos de Milei y cambios de votos llamativos

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Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

La oposición reunió los dos tercios necesarios y rechazó los vetos del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema, obligando al Gobierno a promulgar ambas normas

Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Una contundente mayoría opositora restableció las leyes que el presidente bloqueó y ordenó así que entren en vigencia. El Poder Ejecutivo deberá garantizar los fondos para las casas de altos estudios y los hospitales pediátricos

Financiamiento a universidades: los números en juego y la pulseada detrás de la ley que Milei quiso resistir

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La UBA en el top 10 de las mejores universidades de América Latina

El dato surgió de un trabajo elaborado por Quacquarelli Symonds. L en el ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe. Leer más

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

Desde las 10, la Cámara alta tratará las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Pero se espera que el Gobierno no pueda sostenerlo, y que la oposición se alce con una nueva victoria legislativa

El Senado busca imponer el financiamiento a las universidades y hospitales pediátricos

El Senado pondrá a prueba, otra vez, los límites del poder presidencial. Desde las 10, la oposición buscará revertir los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Si consigue los votos, el Congreso volverá a imponerse sobre la Casa Rosada y el Gobierno quedará obligado a aplicar normas que intentó bloquear.Para La Libertad Avanza, el escenario es cuesta arriba: con apenas siete senadores propios y un puñado de aliados, todo indica que sufrirá un nuevo revés parlamentario, en una cadena de derrotas que se repite desde que el oficialismo quebró sus alianzas con varios gobernadores.Si la oposición logra imponerse, será la tercera vez que el Congreso doblega un veto presidencial. Antes ocurrió con la emergencia en discapacidad: Milei terminó promulgando la ley, pero suspendió su aplicación por decreto, con la firma de Guillermo Francos y del ministro de Salud, Mario Lugones. La Casa Rosada alegó que la norma carecía de fuentes de financiamiento claras.En este contexto, el kirchnerismo evalúa redoblar la presión. Tras obtener dictamen en comisión, podría intentar llevar al recinto el pedido de interpelación a Lugones. Más difícil parece, por ahora, citar a Karina Milei: la secretaria General y hermana del Presidente quedó a salvo luego de que un grupo de senadores peronistas se ausentara en la reunión en la que se definía el dictamen. Tampoco prosperó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haber congelado la emergencia en discapacidad.Para habilitar ese debate en el recinto, Unión por la Patria necesitará los dos tercios de los presentes. Sin el respaldo del radicalismo, que ya anticipó que no prestará sus votos, el bloque que conduce el formoseño José Mayans enfrenta un camino cuesta arriba para forzar esa discusión.Senadores del #BloqueUCR se reunieron, de forma presencial y virtual, para debatir los principales temas de la agenda legislativa, en vísperas de la sesión de mañana en el @SenadoArgentina. pic.twitter.com/MUExEWi2x0— Bloque UCR Senado (@ucrsenado) October 1, 2025Otros proyectosEl Senado también tratará la creación del sistema de "Alerta Sofía", un mecanismo de búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. El proyecto prevé un registro nacional, la coordinación entre Poder Ejecutivo y Judicial y la centralización de información para acelerar los operativos de localización.Además, se votarán dos convenios internacionales -con Francia y Austria- para evitar la doble imposición y la evasión fiscal.El detalle de las insistenciasEl proyecto de financiamiento universitario establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimestral. También prevé un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales ligadas al IPC, además de recomponer becas y ordenar auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría los $1,9 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI.La ley de emergencia pediátrica, en tanto, apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector.

Oficializan creación de 21 universidades públicas en 15 departamentos: lista de las nuevas casas de estudio

El reciente marco legal redefine el acceso y la gestión en la educación superior, con nuevas entidades que deberán adecuarse a estándares nacionales y regionales.

La huelga de estudiantes por Palestina vacía universidades e institutos: "La historia se repite pero ahora televisada y a todo color"

En varias ciudades de toda España, los alumnos se manifiestan para visibilizar su rechazo a la guerra y exigir la ruptura total de relaciones con Israel

El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades

Durante la sesión de este jueves, que comenzará a las 10, un conglomerado antilibertario insistirá con las leyes de emergencia pediátrica y de fondos educativos

"Que Milei cumpla la ley": marcha contra los vetos al Garrahan, universidades y Discapacidad

Bajo la consigna "El Garrahan y la Universidad no se vetan", se movilizarán al Congreso de la Nación para hacer la vigilia por el rechazo a los vetos. Las personas con discapacidad marcharán hoy miércoles al recinto.

El Senado prepara otra sesión clave por los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Con el antecedente de Diputados, la oposición confía en tener los votos para rechazar las medidas del Ejecutivo. El temario de este jueves también incluye designaciones judiciales y convenios internacionales. Leer más

Ranking QS: la UBA, en el top ten de las mejores universidades de América Latina

En un contexto de crisis por el presupuesto del nivel superior, la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse en el top ten de las mejores de América Latina, en la edición 2026 del QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe. En total, 45 instituciones argentinas, tanto públicas como privadas se clasificaron dentro del ranking que elabora la consultora internacional sobre calidad educativa Quacquarelli Symonds (QS). La clasificación fue liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidad de San Pablo y por la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil. La UBA se ubicó en el puesto número 10, igual posición que había ocupado el año anterior. Además, hubo 12 universidades argentinas entre las 100 mejores, aunque solo la UBA se encuentra entre las 20 primeras. De todas formas, quienes impulsan esta medición internacional advierten que los recortes de presupuesto y la inflación han erosionado la capacidad de las universidades argentinas, mostrando un impacto particularmente en los trabajos de investigación que se producen en el ámbito académico."Los resultados muestran que la principal universidad de la Argentina, la UBA, mantiene la décima posición, lo que demuestra su resistencia ante los retos de financiación. Es una de las universidades más reconocidas de América Latina entre los académicos y empleadores internacionales, ocupando el segundo lugar en los indicadores de reputación académica y entre los empleadores", señala el informe."La producción investigadora, medida por el número de artículos por profesor, supone un reto para las universidades argentinas, ya que ninguna de ellas se encuentra entre las 50 primeras en este indicador. Por su parte, los recursos docentes, medidos por la ratio de profesores por alumno, siguen siendo un punto fuerte para el país, que alcanza la puntuación media más alta de América Latina y el Caribe en este indicador, entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, y supera significativamente la media regional", apunta el informe.El documento sostiene que la UBA sostuvo su posición, "conservando su sólida reputación académica y entre los empleadores (segunda a nivel regional en ambos aspectos)", dice el texto. Y agrega: "Sin embargo, las universidades argentinas tienen dificultades con la producción investigadora, mientras que, por el contrario, los recursos docentes son uno de sus puntos fuertes", se explica.Impacto de los recortesEl vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, hizo su valoración sobre el rol del país: "El sistema de educación superior de la Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región. Sin embargo, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal", dijo.El Ranking Universitario Internacional QS 2026, incluyó 491 universidades de 26 países. Brasil es el más representado en la clasificación por un margen significativo, con 130 instituciones, casi el doble del número total de los siguientes países más representados, México y Colombia, con 67 cada uno.La Argentina es el cuarto país con mayor número de universidades clasificadas, con 45 instituciones, incluidas 12 entre las 100 mejores, aunque solo la UBA se encuentra entre las 20 primeras. La Argentina es uno de los 16 países de América Latina y el Caribe que han experimentado un descenso general en la clasificación este año, con un 44% (20) de sus universidades previamente clasificadas bajando posiciones, un 27% (12) subiendo y un 29% (13) manteniéndose estables en sus rangos o bandas, lo que le da una tasa de descenso general del -18 %. "Sin embargo, de los 16 países que experimentan un descenso, el de la Argentina es el segundo más pequeño, solo superado por Brasil, que registra una caída más leve, del -11 %", advierte el informe."El último ranking de universidades de Latinoamérica y el Caribe de QS confirma una jerarquía estable, sin nuevas incorporaciones entre las 20, las 10 o las tres primeras. El surgimiento de Chile como potencia regional continúa tras importantes retos históricos, con la Universidad Católica a la cabeza de la tabla y el país logrando una de las mayores concentraciones de universidades de primer nivel de la región", apuntó el vicepresidente de QS.El informe destaca que el sistema de educación superior de la Argentina es "ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región", indicó. Y siguió: "Sin embargo, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal".Resulta relevante que doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores. De ellas, cinco suben, cinco bajan y dos se mantienen estables. En particular, la Universidad Austral subió al top 25, la Universidad Torcuato Di Tella entró en el top 50 y la Universidad de Palermo (UP) ascendió al top 100.Desde la Universidad Austral, celebraron la novedad. "En esta nueva edición, la Austral asciende al puesto 25 en América Latina y el Caribe, y se posiciona tercera en el ámbito nacional, reafirmando su liderazgo como la primera universidad privada de la Argentina", señala el comunicado difundido por la institución. "Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en América Latina es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales", afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.Entre los indicadores evaluados, la Austral se destacó en reputación académica, citaciones por artículo, reputación entre empleadores, relación docente-estudiante, red internacional de investigación, producción de papers por profesor, staff con doctorado y presencia web."Además de liderar los indicadores de reputación, la UBA es también la institución de investigación más colaborativa a nivel internacional de Argentina, ocupando el octavo lugar a nivel mundial en la Red Internacional de Investigación (IRN - International Research Network). Sin embargo, ha experimentado fuertes caídas en todas las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor, lo que refleja un desafío no solo para las universidades argentinas, sino también para América latina y el Caribe en general", señala el informe.El reporte advierte que los resultados de la investigación representan un desafío particular para el país, ya que ninguna universidad se encuentra entre las 50 primeras en cuanto a artículos producidos por docentes, un indicador que se llama artículos por profesor. La Universidad Nacional de Mar del Plata (puesto 110 en la clasificación general) es la más productiva del país, ocupando la posición 62 en este indicador."Si bien se observan tendencias similares tanto en la influencia de la investigación como en la calidad del personal, hay casos destacados en cada uno de ellos, con la Universidad Torcuato Di Tella en sexto lugar en personal con doctorado y la Universidad Siglo 21 en puesto 12 en citas por artículo", dice el informe.En la medición de QS del tamaño de las clases, la proporción de profesores por alumno, un indicador de la experiencia de aprendizaje, la Argentina obtuvo muy buenos resultados. Cinco universidades se situaron entre las 20 primeras en este indicador y 11 entre las 50 primeras, más que cualquier otro país. La mejor clasificada, la Universidad Católica Argentina (UCA), ocupa el quinto lugar.La reputación entre los empleadores es otro punto fuerte de la Argentina, señala el informe, con tres universidades entre las 20 primeras en este indicador. Junto a la UBA, en segundo lugar, la Universidad Austral ocupa el puesto 15 y la UCA, el 16. Aunque sólida, la opinión entre los académicos es más moderada, con solo la UBA (segunda) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lugar 13 entre las 20 primeras. "Estos indicadores son los únicos en los que Argentina tiene experiencia y ha experimentado una mejora general", se explica.Entre las universidades argentinas que figuran entre las 150 primeras, la Universidad Nacional de Mar del Plata es la que más ha mejorado su posición, subiendo 15 puestos hasta situarse en el 110, gracias a las mejoras en reputación entre los empleadores e impacto web.El top 10Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)Universidade de São PauloUniversidad Estatal de Campinas (Unicamp)Tecnológico de MonterreyUniversidad Federal de Río de JaneiroUNESPUniversidad de ChileUniversidad de los AndesUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Universidad de Buenos Aires (UBA)

La UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina según el ranking QS

La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 del ranking QS regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la medición. La UNLP y la Austral completan el podio nacional

El Senado insistirá el jueves con las leyes de apoyo al hospital Garrahan y a las universidades públicas

El Senado sesionará este jueves con un temario que, otra vez, implicará un duro golpe político para el gobierno de Javier Milei, ya que se dispone a rechazar los vetos que el jefe del Estado aplicó sobre las leyes de apoyo al Hospital Garrahan y de refuerzo del presupuesto para las universidades públicas.La sesión está convocada para las 10 y el kirchnerismo buscará redoblar la apuesta y podría pedir el tratamiento de los pedidos de interpelación a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, que serán discutidos este miércoles en una serie de plenarios de comisión.Para poder tratar las interpelaciones Unión por la Patria necesitará reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes para poder habilitar su debate sobre tablas. El radicalismo ya anticipó que no aportará sus votos, por lo que el camino se le hará cuesta arriba al bloque que conduce José Mayans (Formosa) si es que pretende forzar el debate.Tal como lo establece la Constitución Nacional, también se requerirá del apoyo de los dos tercios para insistir en las leyes del Garrahan y de las universidades que fueron vetadas por Javier Milei y que, hace dos semanas, consiguieron la insistencia de la Cámara de Diputados.En este caso, todo indica que los números están y que el Gobierno se encamina a sufrir un nuevo revés legislativo que se suma a la racha que viene acumulando en ambas cámaras parlamentarias desde hace casi dos meses, cuando la Casa Rosada rompió sus alianzas con varios gobernadores por imponer sus reglas en el cierre de alianzas electorales en varios distritos.Si, tal como anticipan varias fuentes legislativas, ambas normas son ratificadas por la Cámara alta, serán tres las leyes que el Gobierno de Milei tendrá que aceptar a regañadientes. La anterior norma confirmada por el Congreso se registró hace dos semanas, también en el Senado, y fue la ley que declaró la emergencia en los servicios públicos de atención a la discapacidad.La situación del Gobierno amenaza complicarse con lo que se anticipa como un miércoles negro, en el que se discutirán en varios plenarios de comisión los pedidos de interpelación a Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones.En una jornada qiue copmenzará a las 11, este miércoles se discutirán tres pedidos de interpelación a la hermana del jefe del Estado para que comparezca ante el recinto de la Cámara alta para explicar los audios que la involucrarían en maniobras de corrupción en la contratación con proveedores del Estado.Con apenas siete senadores y un puñado de aliados de Pro y de radicales que responden a gobernadores que cerraron acuerdos electorales con la Casa Rosada, al oficialismo no le queda más que apostar a que la oposición no logre reunir las firmas necesarias para que las iniciativas avancen.El primero de los pedidos de interpelación a Karina Milei está previsto para las 12.15 en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y de Desarrollo Humano. El proyecto fue presentado por los kirchneristas José Leavy (Salta) y María Teresa González (Formosa) y pide la presencia de la funcionaria "a fin de brindar explicaciones sobre los audios adjudicados al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, en los cuales se la señala juntamente con Eduardo 'Lule' Menem, como responsables de supuestos pedidos de coimas en su área".Si por alguna razón este primer pedido no prosperara, el kirchnerismo tendrá una segunda oportunidad de cargar contra la figura de la hermana presidencial y principal armadora electoral del Gobierno. A las 13 está convocado otro plenario, en este caso de Asuntos Constitucionales con la comisión de Economía Nacional e Inversión, en el que estarán en tratamiento otros dos pedidos de comparecencia de Karina Milei en el recinto del Senado tal cual lo establece el artículo 71 de la Constitución Nacional.Uno de los proyectos fue presentado por el jefe de la bancada K en el Senado, José Mayans (Formosa), y está relacionado con el caso $Libra, el primero de los escándalos que salpicó a la administración libertaria y que tiene que ver con el involucramiento de Javier Milei en la difusión del lanzamiento de un "meme coin" que terminó con inversionistas estafados.

De Stanford a Babson: cuáles son las universidades en Estados Unidos con mayor impacto real en la carrera de sus graduados

El ranking desarrollado por The Wall Street Journal y College Pulse para 2026 destaca a las instituciones que mejor potencian las oportunidades profesionales y el crecimiento económico de sus egresados

Generación Z en Perú se aleja de las universidades: 35% decidió no seguir estudios superiores luego de acabar el colegio

Circunstancias personales, proyectos de emprendimiento y temor al endeudamiento figuran entre las razones que llevan a los jóvenes a dejar de lado la universidad

Senado: se confirmó la sesión del jueves para rechazar los vetos sobre emergencia pediátrica y universidades

El encuentro se iniciará desde las 10. También se aprobará la prórroga por cinco años de una camarista misionera. En el lote de proyectos a tratar aparece la implementación por ley del Alerta Sofía -desaparición de personas- y dos tratados impositivos internacionales que el kirchnerismo resiste votar

Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿habrá clases presenciales en universidades e institutos este jueves?

De acuerdo con los representantes de los principales gremios, alrededor de 10 mil unidades de transporte suspenderán sus actividades

Universidades e institutos públicos y particulares evalúan cancelar clases por el paro de transportistas del jueves 2 de octubre

Debido a la medida de fuerza anunciada por gremios de transportistas, casas de estudio ubicadas en Lima podrían mandar clases virtuales o suspender las sesiones

"QS no se paga": los autores del ranking de universidades más famoso del mundo le contestan al Gobierno

Leigh Kamolins, de la consultora británica, cuenta cómo lo hacen. Habló con Clarín sobre el sistemas universitario argentino y la discusión por los fondos.Y le responde al funcionario que dijo que la UBA "gasta" plata para quedar bien ubicado.

Alejandro Morduchowicz: "Ves gobernadores oponiéndose al ajuste en universidades, pero ellos están reduciendo recursos educativos o salario docente"

"En 2024 y 2023, tuvo más prensa la caída de los fondos para las universidades, pero el mayor ajuste se dio en la educación obligatoria", cuestiona. "La caída del gasto educativo se agudizó en 2024 y 2025 y en ambas partes, nación y provincias", plantea. "Con la derogación de la meta del 6 por ciento del PBI para educación, el Presidente propone de derecho algo que estaba sucediendo de hecho: no se venía invirtiendo a ese nivel", dice. "¿Por qué ningún gobernador dice nada al respecto de esta derogación? Porque las responsabilidades son concurrentes: ese objetivo lo incumplían tanto el Gobierno nacional como las provincias", señala. "Desde 2006 hasta 2023, el Estado nacional y las provincias dejaron de invertir en educación el equivalente al 8 por ciento del PBI, comparable a más de un año de inversión educativa", afirma. "Esto muestra que no es sólo responsabilidad de un solo partido político, ni de una provincia o sólo del Estado nacional", desarrolla. "Se llegó al 6 por ciento sólo en un año, en 2015", aclara. "Con la derogación de la meta del 6 por ciento del PBI para educación, el Presidente propone de derecho algo que estaba sucediendo de hecho: no se venía invirtiendo a ese nivel""El gasto educativo creció, pero también creció el gasto público total de las provincias y del país. ¿Los recursos para educación crecieron porque hubo una Ley de Financiamiento Educativo o porque creció el sector público argentino?", se pregunta. "Si se mira el presupuesto del Gobierno nacional del año 2016 y lo que efectivamente se gastó, fue muy similar", compara y sigue: "El gran ajuste empieza en 2017, 2018". "Los números también muestran que las provincias aprovechan la coyuntura para hacer ajustes", advierte. "En los '90, el Gobierno nacional, con Cavallo a la cabeza, no pudo disminuir la coparticipación, entonces les aumentó el gasto a las provincias transfiriendo las escuelas", explica. "En los 2000, hubo un gran crecimiento de la inversión educativa", dice. "Desde 2015, se empieza a ver, tendencialmente, una caída en el financiamiento educativo provincial y nacional", señala. "El salario tiene que ver con la posibilidad de atracción a la carrera docente", sostiene. "El salario docente es un instrumento de la política educativa. Debería ser una preocupación también para un gobierno nacional", cuestiona. "Hoy, diez años después, el salario docente en promedio cayó un 30 por ciento, aunque no en todas las provincias fue igual", subraya. "En 2024, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita", plantea. "Respecto de su PBI per cápita, la Ciudad de Buenos Aires compite con otros sectores del mercado laboral para atraer estudiantes a la docencia", dice. "Así como hubo una menor inversión educativa comparada con la que debería haber habido, también es cierto que la tendencia de la inversión educativa muestra que, incluso ahora, con alrededor del 5 por ciento del PBI, se está invirtiendo más que lo que se invertía hace veinte años", aclara. "En la medida en que no se revise qué se hizo cuando hubo recursos, vamos a repetir los mismos errores", concluye. El respetado experto en financiamiento educativo, Alejandro Morduchowicz, estuvo en La RePregunta. Morduchowicz fue especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es economista por la Universidad de Buenos Aires. Su último libro es Discusiones de la economía de la educación.¿Cuál es el presente del gasto educativo en la Argentina de Milei? Presupuesto 2026, ¿ajuste o no? Meta del 6 por ciento, ¿todos la incumplen? ¿Las provincias también ajustan, incluido las opositoras? Aumento histórico del presupuesto educativo: ¿por que no mejoran los aprendizajes? Salario docente, ¿un incentivo clave para tener docentes de mayor capital cultural? Morduchowicz hizo su análisis. Aquí, la entrevista completa. Milei y el ajuste educativo. ¿Se corta solo o cómo juegan las provincias? -Hay debate en torno al presupuesto educativo y al recorte en universidades. En este contexto, vuelve el tema educativo de la mano de la discusión en torno al presupuesto y el peso del gasto educativo. ¿Cómo se está comportando el gasto de educación en la Argentina, la curva larga que desemboca en 2024 y 2025? ¿Nos puede dar un panorama?-El financiamiento de la educación en la Argentina tuvo varios ciclos. Desde la vuelta de la democracia, ha tenido momentos de crisis y momentos de holgura. No es que en algún momento hubo una bonanza, pero sí momentos en que hubo más recursos. Ahora pareciera volver a una etapa de crisis. Desde la democracia, se dieron distintas instancias. Buena parte de las escuelas secundarias todavía estaban bajo la órbita del Estado nacional. Ya hace tiempo que no es así. Se suponía que en los '90 se había ordenado cierto panorama. En los 2000, hubo un gran crecimiento de la inversión educativa, de los recursos que se asignan para educación. Desde 2015 en adelante, se empieza a ver un deterioro o una caída, con sus más y sus menos, porque todo varía un poquito. Pero tendencialmente vemos una caída en el financiamiento provincial y nacional. Recordemos que hay una diferencia entre las universidades, de competencia de nación, respecto de todo lo que es no universitario: la educación obligatoria es una responsabilidad concurrente entre el Estado nacional y las provincias. Esta caída se agudizó en 2024 y 2025 y en ambas partes, nación y provincias. -Se generó un debate en torno al proyecto de presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. Incluye la eliminación de la obligación del Estado, en ese esfuerzo conjunto del Estado Nacional y las provincias, de llegar al 6 por ciento del PBI de inversión educativa cada año. Es una discusión muy atravesada también por lo políticamente correcto y no necesariamente por la honestidad intelectual. ¿Cómo ve esa decisión? -Voy a decir algo incómodo que me va a generar algún que otro reproche de algunos amigos. Lo que viene a hacer el Presidente o la política fiscal respecto de la educación es proponer de derecho algo que estaba sucediendo de hecho. No es que se venía invirtiendo a ese nivel. Yo propongo una contrapregunta por el lado del absurdo o un contrafáctico: ¿por qué ningún gobernador dice nada al respecto de esta derogación? Por esta historia de que las responsabilidades son concurrentes: incumplían tanto el Gobierno nacional como las provincias. La pregunta que me hago, y no tengo grandes respuestas o respuestas satisfactorias, es por qué el proyecto de presupuesto incluye esa derogación. ¿Es una provocación? ¿Es para resguardarse respecto de futuros incumplimientos, aunque hasta ahora nadie se había preocupado por eso? En el presupuesto, hay tres decisiones. Una es respecto de la Ley de Educación Nacional; otra es la Ley de Financiamiento y la Ley de Educación Técnica. La Ley de Educación Técnica era la única que era responsabilidad de Nación, pero desde hace lustros que la obligación de invertir en un fondo de educación técnica no se está cumpliendo. Era un compromiso del Gobierno nacional. Al principio, cuando empezó a regir, se cumplía. Hablo del año 2005, 2006, mucho tiempo atrás. En ese momento, se cumplía porque el incumplimiento de la Ley de Educación Técnica implicaba el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay un mandato que establece que tanto por ciento de los ingresos corrientes debe invertirse en ese ítem: si no se incluye en el presupuesto, se está incumpliendo. Pero como todas las leyes educativas o como buena parte de los mandatos de las leyes educativas se incumplen y no pasa nada, nadie dijo nada. Presupuesto educativo. Del kirchnerismo a Milei, ¿más continuidades que rupturasâ?¦ o no?-Desde la sanción de la Ley de Educación Nacional, o de la Ley de Financiamiento Educativo, o de estas leyes que ponen un marco de obligaciones y techos y pisos de inversión para los gobiernos nacionales y provinciales, el incumplimiento ha sido más la norma que la excepción y no ha habido consecuencias. -No, porque no había nada que dijera que podía suceder si se incumplía. Años atrás, Argentinos por la Educación, una ONG que se dedica a cuestiones educativas, hizo un cálculo de cuánto se dejó de invertir en educación. Yo lo actualicé a raíz de este nuevo panorama. Si uno considera que el mandato primero de la Ley de Financiamiento y después de la Ley de Educación Nacional era invertir el 6 por ciento del PBI, si uno considera la inversión año a año, ¿a cuánto llega la deuda educativa? Es decir, ¿cuánto menos se invirtió? Hasta 2023, hasta los últimos datos disponibles, se había dejado de invertir en educación el 8 por ciento del PBI por parte del Estado nacional y por parte de las provincias. Es una deuda equivalente a más de un año de inversión educativa. Los no tan jóvenes pueden recordar la década del '80 y el ahorro forzoso: esto es como si hubiera existido un ahorro forzoso y la sociedad y los gobiernos les deberían a los docentes más de un año de sus salarios. Entre un 80 y un 90 por ciento del presupuesto educativo es salario docente. Buena parte del ajuste recayó en educación. Lo que muestra esto es que no es sólo responsabilidad de un solo partido político, ni de una jurisdicción, ni de una provincia o del Estado nacional. Todo el mundo mira para otro costado. Por eso también señalo esto: es interesante ver que ningún gobernador, tampoco los opositores, diga nada respecto de estos tres puntos. Sí hubo alguna declaración de alguna provincia respecto de la Ley de Educación Técnica porque en ese caso, claramente, es responsabilidad del Estado Nacional. Pero en relación a las obligaciones concurrentes, todos miran para otro costado. -¿El Estado Nacional en gestiones anteriores, tanto kirchneristas como la única gestión de Cambiemos del expresidente Macri, respetó el artículo de la Ley de Educación Técnica? -No, hace años que se dejó de cumplir. Habría que hacer todo el seguimiento. Porque también sucedía algo: no eran pocos los recursos previstos. Hubo un cálculo muy generoso. En los primeros años, se enviaron más recursos de los que las escuelas técnicas de las provincias tenían capacidad de gastar. Se suponía que era para inversión en tecnología. ¿Pero cuánto es la reinversión que se puede hacer una vez alcanzado el objetivo de modernizar? Después, la inversión es para ir renovando. No había capacidad para reasignar esos recursos: la Ley tenía un mandato que destinaba esos fondos a la educación técnica. En algún momento, propuse ampliarlo para la educación en general. Estaba clarísimo que era para educación técnica. Ahí habría algún motivo para plantear la derogación, porque no es que no haya fondos para educación técnica: hay poquitito porque disminuyó todo el gobierno nacional. Pero con la derogación, el Gobierno está diciendo: no lo cumplo y ahora no tengo una obligación de cumplirlo. -En relación a por qué el Gobierno explicita que no va a tener en cuenta el objetivo del 6 por ciento del PBI en educación en general, que en definitiva nunca se cumplió, pero ahora queda explicitado: el hecho de incluir un objetivo como ése en una ley, aunque nunca se cumple, ¿es interesante como incentivo para los gobiernos tanto provinciales como el nacional para aumentar la inversión educativa, y no considerarla solamente gasto, y concebirla como variable clave de la mejora educativa? Aunque no se cumpla, eliminando esa obligación escrita a través de la Ley de Presupuestos, ¿se vuelve cada vez más laxa y preocupante esa concepción?-Vuelvo un poco atrás: participé y defendí mucho la mayor inversión en educación. En buena parte del sector educativo nos jactamos de contar con la Ley de Financiamiento Educativo. Una mirada alternativa diría que, en realidad, tener una Ley de Financiamiento Educativo muestra el poco autocompromiso de los gobiernos en relación a la educación. Fijan por una norma legal algo que de suyo deberían estar haciendo. Se tienen que autoimponer entre las provincias ese objetivo."En 2024, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita"-Se lo autoimponen casi artificialmente. La visión de país está tan fuera de plano en términos educativos que artificialmente se fijan objetivos de financiamiento.-Hoy, si los gobernadores y las provincias quisieran ser contrahegemónicos, bien podrían colegiarse en el Consejo Federal de Inversiones y acordar seguir invirtiendo en educación, o aumentar el gasto educativo. Nada se los impediría. No necesitan de una ley para hacer algo que es su propio mandato. No quiero pecar de ingenuo: los números también muestran que las provincias aprovechan la coyuntura para hacer ajustes. Cuando caen los ingresos, los salarios docentes caen más que los ingresos en las provincias. -¿Cómo es eso? Me interesa. ¿Podría profundizar? -No todas las provincias tienen las mismas posibilidades de financiar su educación, pero una mirada de largo plazo y en conjunto muestra que la Ley de Financiamiento marcaba que progresivamente se tenían que ir aumentando los recursos para educación. Se llegó sólo en un año, en 2015, que fue un muy buen año para la educación; hubo holgura. Ahora, cuando uno mira el gasto educativo, los recursos que se asignan a educación, y no me peguen porque digo gasto, comparado con el gasto público total, se ve algo inquietante: que el gasto educativo creció, los recursos para educación crecieron, pero también creció el gasto público total de las provincias y del país. La pregunta es: ¿los recursos para educación crecieron porque hubo una Ley de Financiamiento Educativo o porque creció el sector público argentino? Es decir, ¿Educación se benefició de ese crecimiento general o fue efecto de la Ley? Es un contrafáctico porque no sabemos qué habría pasado, qué hubiera sucedido si no hubiera existido la ley. Ahora, desde 2015, es decir, desde ese pico de gasto educativo, se ve que los ingresos fiscales en algunos momentos, por ejemplo, en 2024, un año crítico, con los ingresos fiscales en caída, la coparticipación en caída, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita. Es decir, si yo fuera de un sindicato, le diría al gobernador de la provincia: entiendo que cayeron los recursos, pero el sector educación está contribuyendo más al ajuste. Si los recursos fiscales cayeron de 100 a 90, los salarios cayeron de 100 a 80. -Cuando crecieron los recursos aplicados a educación junto con el crecimiento del gasto público total, ¿educación creció más que otros ítems? -Lo que se ve tendencialmente es que fue muy en paralelo. En realidad, no se benefició más que el sector público total, pero no se perjudicó. Para alguien que trabaja en educación no es poca cosa. Habría que ver al interior de cada provincia cuáles son los sectores que fueron favorecidos o más favorecidos. Pero esto que planteo sirve para entender por qué nadie protestó, nadie dijo nada. Explica por qué la gente de seguridad, de justicia, de salud de las provincias no dijo nada respecto del incremento en educación: porque hubo una bonanza o hubo una holgura para todos los sectores o para algunos sectores. Calidad educativa y salario docente. ¿Mejores ingresos para los docentes, mejores aprendizajes?-Sigue vigente la gran pregunta argentina sobre cómo mejorar la calidad de los aprendizajes. El tema económico claramente es una variable, sobre todo cuando impacta en el salario docente. ¿Cómo es esa curva del salario docente? ¿Y qué consecuencias está teniendo no sólo en la vida cotidiana de los docentes, que es obvio, sino en la calidad presente y futura de los aprendizajes?-Una reflexión que hay que hacer es en qué medida el salario docente es un instrumento de la política educativa. El salario docente debería ser una preocupación también para un gobierno nacional en un país federal como el nuestro, con la dinámica de la Argentina. Si ese salario permite atraer y retener a los mejores docentes, es un instrumento de la política educativa. Si solo tiene que ver con mantener el salario real, estamos hablando de la política salarial. Es muy sutil y son las dos caras de la misma moneda. -¿Se puede poner en estos términos? Los salarios pueden estar actualizándose en relación a la inflación; sin embargo, no alcanzan para ser lo suficientemente tentadores para atraer a personas que tienen vocación docente pero que pueden trabajar en otros sectores más redituables.-Y eso se ve sobre todo en jurisdicciones más ricas o más holgadas como la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de su PBI per cápita o su valor agregado bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires o determinadas jurisdicciones en la Argentina compiten mucho con otros sectores. No es lo mismo el mercado laboral del NEA que el mercado laboral de la Ciudad de Buenos Aires en términos de atracción de esos recursos. Ahora, si ese salario sirve para atraer y retener a los docentes, es parte de una política educativa. Tampoco tenemos todas las estadísticasâ?¦ Las estadísticas educativas siempre son un tema en la Argentina, aunque mejoraron muchísimo. Pero si es como dicen los docentes en redes sociales, que denuncian que faltan docentes, que hay idóneos, que se contrata muchachos que recién están en segundo o tercer año de su carrera profesional, eso es un indicio de que ese salario, más allá de la desmotivación y otras cosas que están sucediendo en términos de política educativa, tiene que ver con la posibilidad de atracción. Desde 2015 a esta parte, hubo una caída de más del 30 por ciento del salario real docente. Miro las estadísticas y pienso en un joven, una muchacha que haya visto las estadísticas del salario docente en 2014, 2015, cuando ingresó a la docencia. Hoy, diez años después, el salario docente en promedio cayó un 30 por ciento, aunque no en todas las provincias fue igual la caída. Ese docente tiene derecho a sentirse engañado. No sabemos cuánto incide esa caída en la calidad educativa, pero claramente no es la misma situación que diez años atrás. No sabemos si incide porque no hay suficiente investigación ni evidencia. Pero si incide, estamos teniendo un serio problema en la atracción. Un 30 por ciento de caída del salario real es casi un tercio de tus ingresos. No es poca cosa. 2015. ¿Por qué es un año clave en la historia del financiamiento educativo? De la holgura la escasez-Usted pone el foco en 2014 o 2015 como un año de quiebre de la curva de financiamiento educativo. ¿Con qué tiene que ver? El kirchnerismo podría plantear que el ingreso de otro signo político, como el gobierno de Cambiemos, empieza a cambiar la mirada sobre educación. Y la centroderecha podría plantear que por la decantación de los efectos colaterales del kirchnerismo, la Argentina tiene menos margen de maniobra para invertir en educación. ¿Cuál es su análisis? -Cada número tiene su historia y todos pueden decir algo: la educación es responsabilidad de veinticinco jurisdicciones, el Estado Nacional y 24 provincias. Éste es un país federal y las provincias tienen autonomía. Podrán decir a favor y en contra que existen las paritarias, no existen las paritarias y esto incide, pero eso forma parte de la discusión de la red social. Es un disparador para investigar que, en lo personal, uso muchísimo. Pero hay un dato muy llamativo, que en su momento discutimos con varios colegas: si se mira el presupuesto del Gobierno nacional del año 2016 y lo que efectivamente se gastó, fue muy similar. Hubo una reorientación del gasto, es decir, inicialmente no hubo una caída similar.-¿Similar a 2015, al último año de gestión kirchnerista?-Sí, se mantuvo muy similar, nada más que se orientó más al FONID. Hay algunas cosas que son un punto de inflexión. El gran ajuste empieza en 2017, 2018. Fui muy crítico con ese ajuste en ese momento. El argumento implícito y a veces explícito del Gobierno nacional era que la coparticipación en 2015, antes de irse Cristina Kirchner del Gobierno, convalida la acordada de la Corte que libera los recursos de la coparticipación. El argumento del Gobierno nacional era: pude financiar todo este gran incremento del gasto en educación porque me estaba quedando con parte de los recursos de las provincias; ahora que se los devolví, les toca a las provincias poner ese dinero porque ahora tienen la coparticipación.-Pero las provincias no tomaron esa posta.-No la tomaron. Mi crítica al Gobierno nacional es que éste es un país fuertemente presidencialista, con una historia educativa en financiamiento determinada: en otros países, no encontrás un especialista en financiamiento porque tienen otro tipo de problemas. Cada vez que hubo un momento de holgura en los recursos, y 15 por ciento de los recursos de coparticipación, lo que ordenó reponer la Corte, es una buena coyuntura, el Gobierno Nacional tomó nota de ese aumento de las provincias e intervino. Para no remontarme a 150 años de historia, miremos la historia reciente: en los '90, cuando empiezan a aumentar los recursos fiscales por la convertibilidad, el Gobierno nacional, con Cavallo a la cabeza, como no puede disminuir la coparticipación, les aumenta el gasto a las provincias transfiriendo las escuelas y los hospitales. Es decir, nota esa coyuntura y le dice: ahora te doy a vos las escuelas, te las arreglás y a largo plazo, crecieron. En 2004, nuevamente el Gobierno nacional toma nota de la recuperación post crisis 2001-2002 y dice: aprovechemos esta coyuntura, apoderémonos de parte de los recursos para educación e invirtamos más. Es decir, comprometamos que parte de ese crecimiento vaya a la educación. En 2016, se repone el 15 por ciento de coparticipación, pero el Gobierno nacional no hace nada. No sólo eso; también hay una suerte de preludio respecto de lo que va a suceder después: el Gobierno nacional empieza a decir que es un problema de las provincias porque las provincias tienen dinero. El exministro de Educación lo decía. Fue cuando se suspendieron las paritarias. Mi planteo es que si el salario es un instrumento de política educativa, no es un tema de las provincias. No le puede ser indiferente al Gobierno nacional lo que esté sucediendo en las provincias.-Se conjuga esa decisión del Gobierno nacional de 2016, 2017 con provincias que tampoco toman la posta de esa inversión educativa. -Y no lo hacen ni siquiera existiendo una Ley de Financiamiento. Hacen caso omiso y la soslayan; no les importa. El Estado nacional puede jugar un rol. Lo mismo sucede ahora, pero desde 2014, claramente y con el FONID a la cabeza, hay un punto de inflexión en las relaciones nación-provincias en educación. Gasto educativo a la baja. ¿Qué hizo el kirchnerismo? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hace Milei?-Estamos en esta Argentina, con un Gobierno nacional que tiene un discurso muy claro de achicamiento de funciones del Estado, que no considera naturales para el Estado. Está el mayor juego de las provincias y del sector privado contribuyendo a la lógica social. ¿Cuál es su análisis de la visión educativa del Gobierno? Ya van casi dos años de recorrido de la gestión educativa dentro del Ministerio de Capital Humano. -Hay varias cosas muy interesantes ya desde el año pasado. Podemos separar las dos áreas del ex Ministerio de Educación Nacional, universidades y educación básica, o educación obligatoria. Hay distintos condimentos, unos más teñidos de lo político, de discusiones ideológicas en relación con las universidades. En lo ideológico, la relación con las provincias es más una postura personal que se deriva de la disciplina económica del Presidente y su mirada. La primera de las medidas es respecto de la suspensión del FONID. También hay mucho para decir al respecto. -Se refiere al fondo complementario que Nación les enviaba a las provincias para suplementar los salarios docentes y mantener así una cierta equidad de los salarios a lo largo del país.-Era un adicional que representaba ya en el último año, según la provincia, entre un 5 y un 8 por ciento del salario. Fue la forma de resolver la Carpa Blanca de los '90. Hubo también momentos de mayor bonanza. Es curioso que en 2015, ese año de mayor inversión, fue el año más bajo del FONID, lo que uno jamás pensaría. Es contraintuitivo que el Gobierno nacional de ese entonces estuviera aportando para este fondo adicional del Estado nacional. Mi lectura es que era tanta la holgura que las provincias habían aumentado tanto los recursos para educación y para el salario que nadie estaba mirando lo que sucedía a nivel nacional. Era un buen momento para discutir el destino del FONID. En 2016, era muy bajo el FONID y el Gobierno nacional decidió reorientar los recursos que tenía para política educativa hacia ese fondo. Cuando viene el gobierno de Milei, en 2024 desaparece el FONID. Legalmente podía hacerlo porque ya no existía. Había una prórroga. Empiezan a caer todos los programas. En 2024 y en 2023, lo que tuvo más prensa y difusión fue la caída de las universidades, pero donde más ajuste hubo en el presupuesto educativo nacional fue en los recursos para educación básica. Pero la educación básica es como el coronel no tiene quien escriba: espera los recursos y no viene nadie. -No tiene poder de lobby sobre la agenda de la sociedad, sobre la agenda política. La Universidad moviliza marchas multitudinarias y la escuela básica no tiene un vocero efectivo. -No sólo eso. Ves gobernadores en las provincias criticando y oponiéndose al ajuste de las universidades, pero no miran la viga en el ojo propio: ellos están reduciendo sus recursos o el salario de los docentes. Tiene que ver con los efectos de la descentralización. La mirada política de la descentralización de los 90 fue dispersar el poder de protesta de los sindicatos docentes: tuvo efecto porque no es lo mismo tener un reclamo unificado que tener situaciones diferentes en veinticuatro provincias.-Quiero pasar a una cuestión central. La gran discusión es cuánto de esa inversión o gasto educativo, como se quiera ver, termina mejorando o no los aprendizajes. Sabemos que pruebas de aprendizaje de todo tipo y color no muestran una curva positiva en la mejora de los aprendizajes de los alumnos argentinos. ¿Qué es lo que falta para efectivamente producir un cambio? Si llegara un gobierno nuevo en dos años o si este gobierno renovara, pero asumiera una mirada distinta sobre la educación, ¿por dónde pasaría ese cambio? -Así como hubo una menor inversión educativa de la que debería haber habido, también es cierto que la tendencia de la inversión educativa del 4 por ciento del PBI muestra un aumento respecto de lo que había. Incluso ahora, con alrededor del 5 por ciento del PBI, se está invirtiendo más que lo que se invertía hace veinte años. -Ese dato agrava el tema de por qué ese aumento no conecta con la calidad educativa, y qué habría que hacer para que conecte. -Porque en ese financiamiento, no hay nada que indique que tenga que mejorar esa calidad. Esta es la imagen: si me das 10 mil dólares para arreglar mi casa, el resultado puede distar mucho del ideal o del que les gustaría a muchos, incluso a mí. Es decir, lo que importa no son solo los 10 mil dólares para arreglar o decorar mi casa sino lo que yo haga con esos 10 mil dólares. Trasladado a educación, es lo que pasa en educación un poquito más grave, o más macro. No hubo cambios sustanciales.La Argentina y la deuda pendiente de mejores aprendizajes. ¿Cómo torcer ese destino?-Usted tiene una mirada panorámica sobre la educación en América Latina y otras regiones del mundo. ¿Por qué en países de la región con historias muy parecidas a la de la Argentina hay una relación entre el gasto educativo y la calidad y mejoran sus indicadores y sus curvas mucho más que en la Argentina? De hecho, la Argentina está estancada o retrocede y esos países, Chile, Uruguay, Perú y otros, están mejorando. -En la Argentina, nadie le pone el cascabel al gato para decir qué es lo que habría que cambiar. La mirada tradicional argentina, tanto para educación básica como para universidades, es: vos dame los recursos que los manejo yo y voy a mejorar. Ese sería todo el planteo, no pasa. En los otros países, cada país toma sus propias medidas, pero tiene que ver con cuestiones como la carrera docente, el presentismo, el salario docente. También está qué se hace, antes o después: ¿aumentamos el salario y después introducimos los cambios o hacemos los cambios y después vemos los salarios? Como siempre en la Argentina, desaprovechamos la oportunidad de la holgura de recursos para discutir determinadas cosas y seguimos de largo. Y discutir en un contexto de ajuste es muy difícil. Me llama la atención que haya provincias que hoy están proponiendo reformas bastante impopulares y en paralelo están haciendo ajustes en sus salarios. Puedo hacer un listado y voy a hacer algo que siempre critico, un listado que queda como un listado de lugares comunes educativos. Primero, la formación docente, pero no me meto con la formación misma sino con quiénes están ingresando. En los profesorados, las condiciones son cada vez más laxas respecto de la trayectoria de los alumnos. Eso muestra que está pasando algo: quiénes son los que ingresan, quiénes son los que egresan, en qué condiciones. ¿Son los mismos los jóvenes que ingresan hoy a la docencia que los que ingresaban hace veinte o treinta años? No estoy hablando de la formación sino de qué está pasando en la propia etapa de reclutamiento.-El nivel socio económico, el capital cultural con que ingresan. -Son todas hipótesis y presunciones. También está la cuestión de la carrera. Puede ser una mala palabra en educación, pero soy economista y el tema de los incentivos no es menor. En mi mirada sobre las políticas o las acciones de política educativa de los últimos 30 años, veo que hubo una serie de acciones muy dispersas, no encaminadas a un objetivo. No hablo de la inclusión. La inclusión es un metaobjetivo. Es como hablar de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Fuimos más inclusivos es como decir estamos trabajando en pos de la igualdad. Es un discurso casi vacío de contenido. Pero en términos de medidas concretas, se debería ver qué es lo que estuvo pasando con todos esos recursos, cuánto se logró aprovechar, cuánto se desaprovechó. Hubo un excedente de la inversión: cuánto es lo que quedó de todo, un excedente respecto de lo que podría haberse invertido si no hubiera existido la Ley de Financiamiento, la holgura de recursos, etcétera. Y no es mucho lo que ha quedado. Sí, hubo aumento de salarios y eso es importante; ahora estamos en la otra oleada. Pero en la medida en que no se revise qué sucedió cuando hubo recursos, qué se hizo con esos recursos, vamos a repetir los mismos errores.

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