Un proyecto de ley, identificado como SB 1052, propone varios cambios en el sistema educativo de Florida. La iniciativa plantea impedir el ingreso de estudiantes sin estatus migratorio regular a universidades y colleges públicos, limitar el acceso a ayudas financieras, modificar reglas de becas y establecer nuevos beneficios para sectores específicos.¿Cómo transformaría el proyecto de ley SB 1052 el acceso educativo en Florida?Uno de los puntos centrales del proyecto de ley SB 1052, presentado por la senadora republicana de Vero Beach, Erin Grall, es la creación de una nueva sección dentro de los Estatutos de Florida que establece criterios estrictos de admisión. Según esta disposición, solo podrán ser aceptadas como estudiantes aquellas personas que sean ciudadanas de EE.UU. o que se encuentren legalmente en ese país.Esta restricción aplicaría tanto a las universidades estatales como a las instituciones del Florida College System. En la práctica, la norma impediría que los indocumentados inicien o continúen estudios en el sistema público de educación superior del estado.El proyecto no contempla excepciones basadas en tiempo de residencia, trayectoria académica previa ni otros factores. El estatus migratorio se convierte así en un requisito excluyente para el acceso institucional, lo que marca un cambio relevante respecto de políticas anteriores.Cómo el SB 1052 afecta la educación para adultos en FloridaLa iniciativa legislativa también modifica el acceso a los programas de educación general para adultos. Estos, ofrecidos por distritos escolares, colleges públicos y organizaciones comunitarias financiadas por el estado, quedarían limitados a personas con ciudadanía estadounidense o presencia legal.Entre las ofertas afectadas se incluyen cursos de inglés como segundo idioma y programas de preparación para exámenes de equivalencia de educación secundaria. Estos espacios suelen funcionar como una vía de inserción educativa y laboral para poblaciones migrantes.Asimismo, el proyecto revisa los criterios de elegibilidad para programas como Alternativa de Graduación a la Educación Tradicional (GATE, por sus siglas en inglés). En estos casos, se refuerza el enfoque de que los beneficios educativos financiados por el estado estén reservados exclusivamente para quienes cumplen con los requisitos establecidos.El SB 1052 y los cambios en becas y ayuda financiera en FloridaOtro eje significativo del proyecto de ley es la modificación de las normas que regulan la ayuda financiera estatal. La propuesta introduce la ciudadanía o la presencia legal como condición inicial e indispensable para acceder a becas, subvenciones y programas de asistencia para el pago de matrícula.Esto incluye programas ampliamente utilizados dentro del sistema educativo de Florida. Bajo el nuevo esquema, ningún estudiante que no cumpla con el requisito migratorio podría recibir fondos estatales, independientemente de su rendimiento académico o situación económica.El SB 1052 también ajusta los criterios de programas como Bright Futures al revisar la forma en que se calculan promedios académicos y otros requisitos de elegibilidad. Estas modificaciones buscan alinear el uso de recursos públicos con las nuevas prioridades establecidas por la legislación.¿Cuándo entraría en vigor la nueva ley educativa en Florida?El proyecto de ley SB 1052 fue presentado formalmente en el Senado de Florida el 5 de enero de 2026. La próxima sesión legislativa comenzará el 13 de enero, momento en el cual la iniciativa podrá ser asignada a comités y debatida.De avanzar en el proceso legislativo y obtener la aprobación correspondiente, incluida la firma del gobernador Ron DeSantis, la ley entraría en vigor el 1° de julio de 2026. Su implementación implicaría una reconfiguración significativa del acceso a la educación pública en Florida.El debate legislativo definirá si estas reformas se convierten en norma. Mientras tanto, el proyecto ya plantea un escenario de cambios profundos en admisiones, financiamiento y regulación.
Con la irrupción de la IA y una vida laboral más extensa, las universidades se enfrentan a nuevos desafíos para ser relevantes. Una posible respuesta, dice el autor de esta columna, es cerrar la brecha entre la educación formal y la no formal y adoptar un modelo de formación que fomente el aprendizaje a lo largo de la vida
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria indica que esta medida busca que los alumnos matriculados terminen sus estudios
De acuerdo con estudios mundiales, la cantidad de estudiantes que utilizan IA generativa para sus evaluaciones aumentó un 88% con relación al año pasado. Ante esta tendencia, profesores de EE.UU. están adoptando viejos métodos de evaluación para sus alumnos.La estrategia de los profesores ante el uso de la IA en los alumnosDe acuerdo con The Washington Post, un número creciente de profesores utiliza un viejo y clásico método: exámenes orales en sus evaluaciones para que los alumnos respondan las preguntas sin el uso de herramientas como ChatGPT."El aula es un gimnasio y yo soy la entrenadora personal de sus alumnos", explicó Catherine Hartmann, profesora en la Universidad de Wyoming.Hasta el momento, sus estudiantes han adoptado el formato de examen. Lily Leman, una estudiante de doble especialización en español e historia, rindió un examen oral para cerrar una materia y admitió sentir temor al principio. "Con este examen, francamente, no sé cómo se usaría la IA", señaló la alumna. Otras de las estrategias que han implementado los educadores es el uso de software para detectar trabajos no humanos. No obstante, un estudio presentado por de Washington Post arrojó una tasa de falsos positivos del 50%. Exámenes a mano para evitar el uso de la IALas evaluaciones escritas a mano también son una herramienta que usan los docentes para desalentar el uso de IA. La vuelta a los exámenes presenciales, hechos a mano, impulsó el regreso de los "cuadernos azules": cuadernillos de papel que fueron un clásico en las universidades a fines del siglo pasado.Este año, las ventas de libros azules en el año escolar aumentaron más del 30 % en la Universidad Texas A&M y casi el 50 % en la Universidad de Florida. Durante los dos últimos años académicos, las compras del producto en la Tienda Estudiantil de California se incrementaron un 80%. Uso de la IA en las instituciones educativas en todo el mundo De acuerdo con la encuesta realizada por HEPI (UK), cerca del 88% de los estudiantes utilizan herramientas de IA para explicar conceptos, resumir artículos y sugerir ideas de investigación. La principal razón detrás de su uso parte de ahorrar tiempo (según el 51% de los encuestados), seguido de cerca por mejorar la calidad de su trabajo.Otros resultados del sondeo muestran cómo se usa la inteligencia artificial en las escuelas, su impacto en las evaluaciones y el nivel de capacitación que ofrecen las instituciones. Los principales datos son:El 45% de los estudiantes dijo haber utilizado IA en la escuela.El 34% aseguró que se esforzaría más si los exámenes fueran evaluados parcial o principalmente por IA.El 36% afirmó haber recibido capacitación en habilidades de IA por parte de su institución.La proporción de quienes creen que el personal universitario está "bien equipado" para trabajar con IA subió del 18% en 2024 al 42% en 2025.
La estrategia de la Politécnica pasa por no perder del radar a los estudiantes de bajo rendimiento escolar, mientras recupera el "prestigio" de los egresados de universidades rechazadas por SUNEDU
Los nuevos lineamientos regulan traslados internos y externos, fijan un pago especial para graduados y buscan mejorar la gestión administrativa de la admisión universitaria
El Presidente negó que se eliminen fondos educativos y habló de "mentiras", mientras el vicerrector de la UBA advirtió que el artículo 30 quita pisos de inversión. Leer más
Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet, explicó que el presupuesto 2026 ponen a Argentina como el país con menor presupuesto parao universidades pública en América Latina.
El reciente informe resalta el avance de las instituciones de educación superior del país, destacando su desempeño en investigación, calidad académica y proyección profesional
Si la situación ya era frágil, el año que viene será peor: el Ejecutivo decide incumplir la Ley de financiamiento y las casas de estudio se desangran. Tras la sanción del presupuesto, se confirma un recorte de fondos que pone en peligro el inicio del cuatrimestre. Peligra la autonomía.
En 2025 hubo sorpresas porque la mayoría de sorteos salieron con bola blanca
Rectores de las principales instituciones denuncian una elección irregular y una designación exprés que vulnera la legitimidad democrática del sistema universitario peruano ante el JNE
Este estado experimenta cambios significativos en el ámbito de la educación. Luego de varias décadas de liderazgo, la disminución de inscripciones de estudiantes extranjeros ha sido notable.
Sería por decreto. En Casa Rosada garantizan que no afectará las asignaciones a las provincias y se esperanzan con la aprobación de la ley en el Senado
Una iniciativa distrital amplía el acceso a distintos niveles de formación para jóvenes conforme a criterios establecidos por la administración de Bogotá
La historia enseña que destruir símbolos quiebra los pueblos. Educación, salud pública y fútbol resisten. Leer más
Tras el traspié en Diputados, en el que el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, pero con las derogaciones en la ley de Emergencia en Discapacidad y la del financiamiento universitario, lo que atenta contra su búsqueda del superávit fiscal, en el Gobierno ya evalúan alternativas para lograr su sanción. Apuntan a introducir cambios, pero sin tocar el déficit cero, principal vector de la administración libertaria. Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se evalúa no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario. En cuanto a la primera se evalúan modificaciones como mantener la declaración de emergencia en materia de discapacidad, previendo que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones. Y que dicha pensión sea compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles. También se mantendría la compensación de emergencia retroactiva. Se adecuaría a fin de que se abone la diferencia entre el porcentaje de variación del valor de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también se establecería que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado. Se reconocería como mecanismo de ajuste, que el valor de los aranceles sean determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, en forma conjunta. También se modificaría el artículo referido a las auditorías para que estas "cumplan con todos los recaudos en protección de los ciudadanos y habilite al Poder Ejecutivo a acelerar el procedimiento de baja de aquellas mal otorgadas en fraude al Estado". Se eliminaría la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría el régimen vigente (pensión por invalidez laboral). De este modo se eliminarían los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión. En cuanto al financiamiento universitario, también se propone no insistir con las derogaciones de financiamiento educativo y se sugieren cambios en una serie de momificaciones. En cuanto a gastos de funcionamiento, se habla de un aumento del 20% respecto a los créditos asignados en 2025 para gastos de funcionamiento universitario. En materia de salario se contemplaría una actualización salarial escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego 4 aumentos periódicos del 2 % durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.Para junio, el Poder Ejecutivo evaluaría compensar las eventuales diferencias entre la actualización salarial propuesta y la variación del IPC. También se reconocería el aumento en materia de becas previstas por la normativa. Entre los cambios evaluados se volverían a incorporar los artículos previstos en el capítulo XI del proyecto de ley que no referían a estas leyes. Y se agregaría el artículo relacionado a la coparticipación para que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al compromiso con Ciudad de Buenos Aires.
Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal
En Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números. Aseguran que representa "un esfuerzo económico enorme" para el Poder Ejecutivo
A las 10 está citada la Comisión para emitir dictamen, y se mantiene el hermetismo sobre la postura del oficialismo sobre el proyecto votado en la Cámara Baja, que frenó su enésimo intento por frenar financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Los detalles. Leer más
El diputado analizó el año legislativo y el primer tramo del gobierno de Milei, alertó sobre el cambio en la política cambiaria, el avance de las importaciones chinas, y sostuvo que "el gobierno requiere acuerdos y consensos, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras". Leer más
En una sesión marcada por el debut de tres legisladores correntinos, la provincia acompañó la aprobación general del proyecto libertario. El rol de Diógenes González. Leer más
Legisladores de distintas bancadas sostienen que es ilegal anular leyes por vía del Presupuesto. Analizan denunciar a los funcionarios por incumplimiento de sus funciones o directamente a los diputados que avalaron el dictamen con ese articulado incluido.
El acuerdo impulsa acciones conjuntas en docencia, investigación, extensión y vinculación territorial. Forma parte de la política provincial de articulación con el sistema universitario para ampliar oportunidades educativas y científicas en la región. Leer más
Son herramientas para educación, salud o para ayudar a los vecinos.Desarrolladas por argentinos en laboratorios, startups o municipalidades, asombraron y recibieron un premio.
El Gobierno logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, en una sesión ya convocada por el oficialismo. La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario con el acompañamiento -en disidencia- del interbloque Pro-UCR y de gobernadores aliados.En total hubo tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria. El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición -incluidos aliados del Gobierno- venía reclamando. Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido "suspendidas" por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido esas leyes con mayorías agravadas.La discusión de este mediodía estuvo conducida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch -a cargo de la comisión de Presupuesto- mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el Presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas. El dictamen oficial obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo. Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades."Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos pero no hay para la discapacidad", sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas. La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Ayer, además, envió la reforma de la Ley de Glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios. La disidencia de Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD.Al cerrar, Martínez sostuvo que su bloque seguirá defendiendo esas banderas con convicción, más allá de los resultados electorales, y afirmó que siempre existen alternativas cuando se combinan -dijo- cabeza, corazón y coraje.Otros puntos del proyectoEl proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -una vez pagados los intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación "determinará las diferencias de ingresos", ahora se indica que "podrá determinar" esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.
Diversas instituciones internacionales mantienen abiertas sus convocatorias de becas para estudiantes colombianos, con alternativas en diferentes niveles y áreas de formación
Más de un año de seguimientos permitió identificar a los responsables de actos vandálicos, que utilizaban identidades falsas y coordinaban acciones mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería
El mandatario anunció a través de su cuenta de X una recompensa de $100 millones para las personas que aporten datos que conduzcan a la detención de estas personas
El listado reflejó una caída en la posición de una institución respecto al año anterior, aunque otras universidades nacionales lograron mantenerse entre las cincuenta primeras
Un informe de la Fundación CYD señala que el gasto público sobre el PIB ha mostrado una ligera mejora, pasando del 0,69 % en 2015 al 0,75 % en 2022, aunque aún lejos del objetivo del 1 % establecido por la LOSU
Muchos rectores universitarios, presidentes de colegios profesionales, secretarios generales de sindicatos, intendentes y gobernadores deberían estar inquietos y hasta quizá preocupados por la situación de Chiqui Tapia.El "modelo AFA" es muy similar al que se ha consolidado en otras instituciones de la Argentina, donde el personalismo, la opacidad, la eternización en el poder y el silenciamiento de las voces críticas tienden a imponerse como métodos de conducción.Lo que se discute alrededor de Tapia es mucho más que una gestión circunstancial en la entidad rectora del fútbol. Se discute un modelo dirigencial que se ha enquistado en muchos estamentos del Estado y de la sociedad civil. Es un formato de cooptación institucional, en el que no se asumen responsabilidades transitorias de conducción con vocación de servicio, sino que se aprovechan las instituciones para proyectos personales de poder y, muchas veces, de negocios. No caben las generalizaciones, por supuesto, pero ¿no suena familiar en muchas asociaciones, entidades intermedias y casas de altos estudios convertidas en pequeños feudos de dirigentes atornillados a sus poltronas dirigenciales?El debate nacional que se ha instalado sobre la conducción de la AFA debería propiciar una discusión más amplia sobre la salubridad dirigencial en la Argentina. Puede parecer ingenuo, pero quizá sea una buena oportunidad para que muchas instituciones se sometan a un sencillo test: ¿cuán lejos o cuán cerca estamos del "modelo Chiqui Tapia"? Para contestar la pregunta tal vez sea útil intentar un inventario de las características de ese modelo.La primera particularidad es, sin duda, el personalismo; la idea de que no hay un líder, sino "un patrón"; alguien que tiende a eternizarse en el poder, que busca la reelección indefinida o que encuentra la manera de gobernar desde las sombras con algún "testaferro" ocasional que ocupe el cargo formal. ¿No hay una similitud congénita entre Tapia y los barones del conurbano?En el caso de los sindicatos, este rasgo ha alcanzado niveles grotescos. Dirigentes como Armando Cavalieri, Luis Barrionuevo, Hugo Moyano, Julio Piumato o Andrés Rodríguez, por citar solo algunos casos, llevan entre 30 y 40 años al frente de esas organizaciones. La alternancia y la renovación dirigencial son vistas como una amenaza. Se naturalizan, sí, los cargos hereditarios y la cooptación de los órganos de fiscalización y control. Son organizaciones que, en términos de calidad democrática, quedaron ancladas en el siglo pasado.Pero algo no demasiado diferente ocurre en ámbitos académicos y profesionales en los que se supone que deberían funcionar otros escrúpulos institucionales. En la Universidad de La Plata, por ejemplo, el exrector Fernando Tauber va por su tercer mandato como presidente, y en los períodos en los que no pudo ser reelecto por restricciones estatutarias ocupó una vicepresidencia con plenos poderes. Es un modelo que ya había aplicado Oscar Shuberoff en la UBA -donde gobernó 16 años- y que ahora sigue, desde el cargo formal de vicerrector, Emiliano Yacobitti.Los "Chiqui Tapia" universitarios o sindicales se sienten identificados con una idea que el titular de la AFA expresó con claridad hace pocos días desde una tarima: "A mí me eligen los dirigentesâ?¦ Y me quedan muchos años más". Detrás de esa frase asoma otra de las características centrales del "modelo": una suerte de clientelismo vip que se asegura el respaldo de los que votan en asambleas para que "el patrón" siga en el poder. Es un sistema de repartos y toma y daca que suele traducirse en impactantes mayorías o hasta en sospechosas unanimidades a la hora de definir reelecciones.Lo que suele presentarse como consenso encubre, muchas veces, otra característica esencial del "modelo Tapia": el disenso puede costar muy caro. Lo ha comprobado Juan Sebastián Verón, castigado por plantear una crítica y "sacar los pies del plato". ¿Solo ocurre en la AFA? No es aventurado afirmar que si Verón fuera profesor de la UBA o de la UNLP -por mencionar a dos de las universidades más importantes de la Argentina- también estaría pagando las consecuencias de asumir una posición crítica. ¿O no hemos visto en claustros universitarios que se impidan conferencias por el hecho de que el disertante no piensa como "debería pensar"?En este modelo dirigencial, se desalienta el debate interno y se penaliza la discrepancia. A veces se apela a mecanismos menos burdos que el que aplicó Tapia, pero los que se apartan del discurso oficial y se atreven a discutir dogmas y formatos de gestión suelen ser condenados a una especie de destierro institucional. La uniformidad es otra de las notas salientes del formato de conducción que representa Tapia. Se vio en la reunión en la que se decidió entregar una copa por decreto a Rosario Central: nadie abrió la boca. Hay una regla que no está escrita en ningún lado, pero que tiene plena vigencia con este tipo de dirigentes: "Si querés discrepar, discrepá, pero atenete a las consecuencias".El silencio remite a otro patrón que se repite: alrededor de esas conducciones personalistas se instala una atmósfera de temor y de obsecuencia. Como rigen más la arbitrariedad y la voluntad de "el jefe" que la letra de los reglamentos o los estatutos, muchos creen que la mejor forma de defender los intereses que representan es congraciarse con el "mandamás", no confrontar con él.De esa ausencia de debate se desprende otra particularidad del modelo: la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la resistencia a las auditorías y los controles externos. En muchos casos se maneja la institución como si fuera una empresa familiar o un negocio personal. Por eso hay una reacción instantánea contra cualquier intención de abrir los libros contables, examinar los contratos o revisar la "caja chica". Y lo que se administra en muchas de esas instituciones no es pobreza, exactamente. Es una obviedad hablar del enorme poder económico de los sindicatos, con entramados empresarios en los que se mezclan la organización con los intereses familiares. También es multimillonario el mundo de los "servicios a terceros" que prestan las universidades y el flujo de aportes que manejan algunas cajas e instituciones profesionales. Ni hablar de las compraventas y comisiones en los clubes de fútbol.Muchos cargos que son ad honorem, como el de titular de la AFA, el de cualquier club, el de secretario de un gremio o el de presidente de un colegio profesional, se convierten, en algunos casos, en actividades bien rentadas gracias a la aplicación ventajosa de algunos artículos estatutarios. Los rubros de "viáticos", "viajes" y "gastos de representación" forman parte de esos temas que no se discuten, no se miran, no se revisan. En este tipo de organizaciones, la "justicia" depende del Ejecutivo. La AFA es un buen ejemplo: los tribunales de ética y de disciplina los designa Tapia. Y se permite incorporar a varios jueces, para tener protección en Comodoro Py.Por supuesto que no son todos iguales, y existen en la dirigencia intermedia modelos virtuosos, con liderazgos éticos y comprometidos. Hay colegios profesionales del interior que tienen expresamente vedada la reelección de sus titulares, en lo que representa un síntoma de higiene y calidad institucional. Hay muchos dirigentes que honran su función: sacrifican ingresos y donan su tiempo personal con vocación de servicio. Pero también es cierto que Tapia no ha inventado un modelo propio, sino que representa un estilo y un formato de conducción que suena familiar en otros ámbitos. Hay que reconocerle, sin embargo, la virtud de haber llevado las cosas a niveles tan grotescos que ha provocado una sana reacción social y ha activado reflectores que hoy intentan echar luz sobre esos mundos oscuros.El "modelo AFA" sobrevive siempre en la penumbra. Pero tiene otra característica: son sistemas que, por su propia naturaleza, se van enviciando y sobregirando. Y un día quedan demasiado expuestos. Es lo que le pasó a Chiqui Tapia: creyó que podía hacer cualquier cosa; se pasó de rosca y se permitió caprichos burdos de dictadorzuelo. Así, hoy todos vemos lo que era evidente desde siempre.La apropiación de cualquier institución para construir un bastión de poder personal puede funcionar durante años, incluso durante varias décadas, pero un día empieza el derrumbe: se descascara el revoque y termina cayéndose la pared. ¿Tomarán nota los "Chiqui Tapia" que hoy se aferran, con menos visibilidad, a sus despachos o sillones? Si se produjera esa reacción, no habrá sido en vano la copa a Rosario Central.
Se ha publicado el proyecto de reglamento que fija criterios mínimos para programas a distancia y semipresenciales, y se abrió una consulta pública para recibir aportes de universidades y ciudadanos
Solo tres instituciones nacionales se destacaron y dentro de una lista más amplia. Las mismas bajaron su lugar con respecto al ranking anterior.
La nueva edición del Latin America University Rankings de Times Higher Education mostró un retroceso para las instituciones argentinas: solo quedaron tres en el top 100 regional, en contraste con ocho en la edición previa. La Universidad Nacional de La Plata es la mejor posicionada, en el puesto 62
Los autos eléctricos sólo reducen emisiones si la energía que los alimenta proviene de fuentes limpias. La experiencia de El Fantástico, el coche autónomo del Tec de Monterrey y el Politécnico de Milán, muestra cómo la investigación interdisciplinaria y las alianzas universitarias pueden impulsar un modelo latinoamericano de transición energética y movilidad sostenible
Jóvenes con buen rendimiento académico y escasos recursos económicos podrán culminar sus carreras universitarias gracias a la Beca Permanencia 2025, que ya tiene a sus 8.000 beneficiarios confirmados por Pronabec
La prestigiosa editorial de la Universidad de Oxford ha elegido "Rage Bait" como su palabra del año 2025. El término describe la estrategia digital que busca deliberadamente explotar las emociones negativas. Por su parte, el Diccionario de Cambridge escogió "parasocial" como la palabra del año 2025.
Tras no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad, cinco instituciones deberán culminar sus actividades y garantizar el traslado o continuidad de sus estudiantes
Una de las federaciones docentes hará paro del 1 al 6 de diciembre
Los estudiantes piden que la presidenta de la comunidad destine por lo menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional a la enseñanza superior pública
La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas llama a los alumnos, docentes y trabajadores a la protesta contra el proyecto de ley de universidades de la Comunidad de Madrid
El objetivo es potenciar habilidades de liderazgo, ampliar la visión global y fomentar el intercambio cultural entre jóvenes profesionales argentinos y estadounidenses para impulsar perfiles con mayor proyección internacional. Leer más
La nueva regulación tendrá carácter obligatorio en todos los centros educativos de la capital de Antioquia: cerca del 40 % de los estudiantes de colegio han utilizados los dispositivos
La universidad mexicana escaló nueve posiciones en el ranking
El programa impulsado por Atenea priorizará en bienestar estudiantil, apoyos económicos y servicios integrales para facilitar el ingreso y permanencia de nuevos estudiantes
La iniciativa contempla beneficios como tutorías, acompañamiento psicosocial y un subsidio equivalente a un salario mínimo por semestre
El secretario de Educación añadió que la Universidad Autónoma Metropolitana también forma parte de la estrategia
Nueva convocatoria ofrece respaldo financiero a jóvenes para cursar estudios universitarios, técnicos y tecnológicos en instituciones privadas, facilitando la continuidad académica y el desarrollo profesional en la capital y municipios cercanos
La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, presentó el proyecto de ley 13236 para precisar los requisitos, plazos y procedimientos aplicables a este nombramiento
Medida alcanza a instituciones con deficiencias en infraestructura y supervisión académica, y obliga a implementar planes de cierre tras la denegatoria del licenciamiento
El Ránking QS Latinoamericano evalúa los campos disciplinarios más sobresalientes e influyentes de la Educación Superior de la región, con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado sobre el rendimiento de cada universidad. Leer más
La filántropa entregó fondos a cinco HBCUs y elevó su contribución total reciente a más de 500 millones de dólares para este tipo de instituciones.Su generosidad tiene una raíz personal, tras una ayuda clave que recibió en su juventud.
"No quisiera morime tonta", dice una estudiante de 95 años y un abuelo declara que quiere el diploma porque se lo prometió a su nieto. La oferta de cursos y talleres para las personas de 50 en adelante crece a la par del interés de los adultos mayores por seguir aprendiendo
El escritor y analista político reflexionó sobre el rumbo del gobierno libertario, la actualidad del peronismo y su relación con la familia Menem
Las medidas incluyen virtualidad temporal, tolerancia en ingresos administrativos y uso opcional de instalaciones para la comunidad
El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó la creación de un puesto de mando unificado para indagar los recientes actos violentos en universidades públicas, alertando sobre el riesgo de que resurjan prácticas de "paramilitarismo"
La protesta será en todo el país. Exigen que se reabran las negociaciones paritarias para rediscutir salarios y lanzaron una consulta nacional para definir nuevas medidas de fuerza
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En plataformas de empleo existen diferentes tipos de convocatorias, desde plaza en universidades hasta en entidades públicas de distintas regiones del país
Las instituciones de educación superior personalizan trayectorias académicas y predicen riesgos de abandono gracias a la IA
Diputados las aprobó en octubre de 2023 y perderán estado parlamentario en febrero. Habrá un plenario para dictaminar mañana. "Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo", la frase que genera desconfianza entre dialoguistas tras el guiño peronista sobre la ley de DNU
El senador Jorge Benedetti enfatizó en que el jefe de Estado colombiano llegó a decir que se construiría una universidad en los Montes de María años atrás
Nuevas líneas de apoyo permiten a estudiantes destacados y en situación vulnerable avanzar hacia carreras profesionales sin barreras tradicionales ni requisitos de historial crediticio
Para Roslansky reclutadores hoy buscan perfiles capaces de manejar nuevas herramientas digitales.En este contexto, los títulos ya no son el único indicador de competitividad profesional.
La alianza entre el mintic, la oit y actores internacionales ofrece rutas de aprendizaje en habilidades tecnológicas, facilitando la inserción laboral en mercados internacionales
Los proyectos fueron aprobados y promulgados, pero su aplicación continúa en pausa hasta que se asignen los fondos necesarios. Al mismo tiempo, otras iniciativas siguen pendientes, como la regulación de las apuestas online, la reforma del Código Penal y la nueva ley de hidrocarburos. Leer más
Algunas de las principales universidades estatales ofrecen alternativas académicas para 2026, con plazos específicos, valores de PIN y procedimientos en línea
Una búsqueda de abrir espacios institucionales comprometidos a generar la esperanza de una sabiduría en común, con todos, para todos, por todos
Miembros de los seis centros denuncian que la inversión autonómica del Gobierno de Ayuso solo alcanza el 0,5% del PIB, que queda lejos de 1% que exige la ley estatal
Pronabec ofrece 8.000 becas integrales para continuar la carrera universitaria sin barreras económicas. El proceso es gratuito, virtual y concentra expectativas en miles de jóvenes de todo el país
Las restricciones por la paralización del servicio público generan que casas de estudio trasladen sus actividades académicas al entorno digital para evitar riesgos y dificultades de acceso
El gobernador Ron DeSantis anunció una medida para poner fin a la prioridad de estos visados en el sistema educativo superior.
Se revirtieron décadas de avances en diversidad y hay preocupación por el futuro de la inclusión en la educación superior.
El costo de estudiar en las mejores universidades de élite en Estados Unidos continúa en aumento, y un reciente gráfico muestra el monto que deben desembolsar los padres para que sus hijos asistan a estas instituciones. Harvard, uno de los colegios más prestigiosos, se ubica en el puesto 10 de la lista encabezada por la Universidad de Chicago, cuya matrícula supera los 71.000 dólares.Cuánto deben pagar los estadounidenses para estudiar en las mejores universidadesPara abordar el constante aumento del costo real de la educación en el país norteamericano, Visual Capitalist publicó un gráfico que muestra con exactitud el dinero requerido. Con cifras que van desde US$59.000 hasta poco más de US$71.000, los valores superan ampliamente a los de las entidades privadas promedio.En concreto, los padres que buscan enviar a sus hijos a las instituciones educativas más prestigiosas deben abonar los montos detallados a continuación:The University of Chicago: US$71.300.Duke University: US$70.300.Yale University: US$69.900.North Western University: US$69.400.Stanford University: US$67.700.Johns Hopkins University: US$66.700.Princeton University: US$65.200.Massachusetts Institute of Technology: US$64.300.University of Pennsylvania: US$63.200.Harvard University: US$59.300.Comparación con las universidades promedio de EE.UU.En contraparte, el precio de la matrícula en las entidades privadas promedio de Estados Unidos es de US$43.400. En el caso de las entidades públicas, el dinero a desembolsar es US$29.200 si está fuera del estado, mientras que aquellos que acuden a una institución en su estado pagan solo US$11.600.Al comparar los valores, el primer dato que resalta es que los colegios de élite cobran un 50% más que los US$43.400 que deben abonar quienes asisten a una universidad privada sin fines de lucro típica de cuatro años. El incesante incremento del dinero requerido provocó en los últimos años una inusual partida de estudiantes hacia otros países.Estudiar en Estados Unidos: el éxodo de inscripciones en las universidadesUn informe del College Board exhibe que entre el otoño de 2019 y 2022, la matrícula total en educación postsecundaria atravesó una reducción del 5%. En números precisos, disminuyó en 21.000 en el sector privado sin fines de lucro de cuatro años y en 13.000 en el sector con fines de lucro.A su vez, el aumento en el monto que los estudiantes deben pagar para obtener la mejor formación jugó un rol fundamental en el éxodo. Los datos del informe Puertas Abiertas del Instituto de Educación Internacional, citados por Visual Capitalist, confirman esta situación. Según los autores, el número de estadounidenses que obtuvieron títulos en el extranjero aumentó de cerca de 50.000 en 2019 a más de 90.000 en 2024.El panorama estudiantil refleja las complicaciones en la oscilante economía a nivel nacional. Los investigadores del College Board indicaron también que entre 1993 y 2023 el ingreso promedio aumentó un 54% para las familias más acaudaladas del país. Durante el mismo período, solo incrementó en un 37% para la población con menos entradas de dinero.Esta partida de estudiantes responde además al congelamiento de la financiación. El informe muestra que la financiación estatal y local por estudiante aumentó cada año desde el año escolar 2012-13 hasta el ciclo de 2021-22. En el período 2022-23, la subvención fue igual que en el anterior período (US$11.040).
Más del 90% de las instituciones desarrollan campañas de sensibilización y políticas de inclusión, aunque persisten desafíos en la integración y seguimiento
Recurrieron a la Justicia con múltiples denuncias. Exigen el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso que declaran la emergencia de las universidades y en pediatría. No descartan nuevas medidas de fuerza.
El enojo social se materializó en denuncias. Distintas instituciones educativas llevarán el incumplimiento de la gestión de Milei a instancias judiciales.
La ciudad de Londres hospedó a presidentes y líderes de 40 universidades mundiales para participar de la 15° edición de "Reinventing Higher Education", el foro internacional impulsado por IE University y coorganizado con Imperial College London, en el que se disertó sobre la era de la inteligencia artificial y su visión sobre el futuro de la educación. El lema de la conferencia de este año se centró en "Educación Superior 4.0: integrar la ciencia, la inteligencia artificial y el aprendizaje permanente para un futuro centrado en el ser humano".El primer encuentro del foro reunió a los participantes en la sede de Finantial Times en Londres. Durante la presentación de bienvenida, Santiago Íñiguez de Onzoño -presidente de IE University- habló sobre los avances de la ciencia y la educación y su impacto: "Nuestra responsabilidad como educadores consiste en crear puentes entre disciplinas, entre naciones, personas y la tecnología, para que la educación siga siendo la fuerza más poderosa del progreso". Durante el viernes, día 2 del evento, el foro invitó a los líderes académicos al campus de South Kensington de Imperial College London. Durante ambas jornadas, los líderes académicos y analizaron los principales retos globales de las universidades, entre los que se encuentran la búsqueda por la equidad y el acceso a la educación, el potencial de la inteligencia artificial para enriquecer la experiencia de los alumnos y profesores en las universidades, y el futuro de la educación en un contexto global cambiante y disruptivo.Entre los líderes que disertaron en el foro, estuvieron Peter Haynes, rector y vicepresidente de Imperial College London; Jess Wade, física e investigadora de la Royal Society en Imperial College London; Ikhlaq Sidhu, decano de IE School of Science and Technology; Lucas Grosman, presidente de la Universidad de San Andrés; Zheng Xinye, vicepresidente de Renmin University; Ahmad Hasnah, Presidente de Hamad Bin Khalifa University; Deborah Prentice, vicerectora de la University de Cambridge; y Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey.Presencia argentina en LondresLucas Grosman, presidente de la Universidad de San Andrés, fue uno de los flamantes invitados del evento y disertó en el panel de "Aprendizaje permanente para una fuerza laboral flexible", junto a Nelson Baker (Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos), Mikael Lindström (KTH Real Instituto de Tecnología, Suecia) y Emma McCoy (LSE, Gran Bretaña).Durante el evento de Reinventing Higher Education, los organizadores anunciaron que la próxima edición de la conferencia será en Arabia Saudita, en la Universidad King Fahd de Petróleo y Minerales, del 20 al 22 de octubre de 2026. El foro se consolidó nuevamente como un punto de encuentro global para reflexionar sobre el futuro de las universidades y el impacto de la educación en la socidad.
Lo resolvió el plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Un decreto no puede suspender una ley", aseguraron. Leer más
Los rectores de las universidades públicas nacionales acordaron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795) durante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Sin embargo, aún restan detalles de la estrategia jurídica. Horas antes, el Consejo Superior de la UBA también aprobó que iniciarían acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo ejecute de manera efectiva la ley. El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la norma de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. "Un decreto no puede suspender una ley", dijo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Además de la acción judicial, los rectores de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.Por su parte, Fedun -la Federación de Docentes Universitarios- y Conadu -la federación nacional de docentes universitarios- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Se reunirán la próxima semana para decidir las próximas medidas.
La ciudad de Buenos Aires es el escenario elegido para realizar la Feria de Maestrías en Derecho (LL. M Fair 2025) organizada por EducationUSA Argentina, que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).Este evento, que es gratuito, se realizará el próximo 23 de octubre de 17 a 20 horas en el Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention Center, ubicado en San Martín 1225, CABA.La feria de maestrías en derecho Este encuentro está dirigido a estudiantes, abogados y profesionales del Derecho que estén interesados en continuar su formación académica en universidades estadounidenses. Allí los interesados podrán contactar a representantes de prestigiosas instituciones educativas de los Estados Unidos donde presentarán sus programas de Maestrías en Derecho, que incluyen múltiples orientaciones y especializaciones, oportunidades de prácticas profesionales y acceso a una red global de alumni.¿Qué podrán hacer los asistentes a esta feria? Conocer de primera mano la oferta académica de los programasAcceder a información exclusiva sobre ayuda financiera y becasRecibir asesoramiento personalizado de asesores EducationUSA, representantes universitarios y staff de la Embajada de los Estados UnidosObtener detalles sobre exámenes estandarizados, becas Fulbright y procesos de visado, entre otra información útil Requisitos para postular a las maestríasEn primer lugar, es clave conocer todo lo que van a necesitar para aplicar este tipo de programas:Poseer un título de abogadoAcreditar dominio del inglés (TOEFL o IELTS).Presentar certificado analítico Enviar entre dos y tres cartas de recomendaciónRedactar un ensayo personalAdemás, enviar un CV con experiencia laboral será altamente valoradoCompletar la postulación formal en cada universidadDinero necesarioUn punto clave para aquellos que están interesados en realizar una maestría en los Estados Unidos son los costos. En este sentido es importante tener en cuenta que para realizar esta capacitación se debe abonar una matrícula, una cuota mensual y deben considerar los costos de alquiler y alimentos, entre otros gastos cotidianos. Para tener en claro el monto necesario Carolina Taltinian, coordinadora nacional de EducationUSA Argentina, revela que un programa de Maestría en Derecho (LL.M.) en los Estados Unidos puede representar una inversión significativa para estudiantes internacionales. En promedio, el costo total anual oscila entre US$35.000 y US$120.000, dependiendo de la universidad y la ciudad elegida. Según detalla Taltinian, la matrícula suele situarse entre US$35.000 y US$90.000, mientras que los gastos de vida, que incluyen alojamiento, alimentación, transporte, libros, seguro médico y otros costos personales, pueden sumar entre US$15.000 y US$30.000 adicionales por año académico."Las universidades más prestigiosas y ubicadas en ciudades con alto costo de vida, como Nueva York o Boston, se encuentran en el extremo superior de este rango. En tanto, instituciones públicas o localizadas en ciudades más pequeñas pueden ofrecer alternativas más accesibles", aclara la coordinadora de EducationUSA Argentina. Pero más allá del gran monto de dinero necesario deben tener en cuenta que se puede llegar a reducir notablemente porque existen becas completas y ayudas financieras. "Todas las instituciones que participan en nuestra feria ofrecen oportunidades de beca o ayuda financiera", suma la especialista.Este punto es importante porque justamente durante este evento los asistentes podrán hablar directamente en cada stand de las instituciones sobre los porcentajes de becas, sus requisitos y los costos que deberán pagar. Además, podrán averiguar si pueden aplicar a las becas Fulbright, que contará con un stand propio. "Estas últimas becas representan una oportunidad de apoyo económico reconocida a nivel mundial", asegura Taltinian.¿Cuánto duran, por lo general, los másters? Los programas de Master of Laws (LL.M.) en los Estados Unidos suelen tener una duración de un año académico a tiempo completo, es decir, entre nueve y diez meses. Generalmente se cursan de agosto o septiembre hasta mayo. Otro tema importante es si durante esos meses los estudiantes argentinos pueden trabajar para solventar sus gastos. Si bien la visa F1 permite trabajar hasta 20 horas semanales, solo se permite hacer tareas dentro del campus, por lo que los trabajos que suelen elegir aquellos que hacen LL. Ms son ayudantías o tareas administrativas.Eso sí, cuando terminan la capacitación podrán aplicar a un programa de entrenamiento. "Los estudiantes internacionales que completan un LL.M. en los Estados Unidos con una visa F-1 pueden acceder al programa de Optional Practical Training (OPT). El OPT permite trabajar en el país norteamericano hasta 12 meses en un empleo directamente relacionado con el área de estudios, que en este caso es Derecho. Es una oportunidad muy valiosa para ganar experiencia profesional y aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa", destaca la coordinadora de EducationUSA Argentina.Antes de concluir Taltinian explica que hacer un LL.M. en los Estados Unidos es una opción estratégica para muchos abogados argentinos que buscan ampliar sus horizontes profesionales. "Más que un título representa una experiencia académica y cultural de alto nivel. Permite estudiar con profesores líderes, perfeccionar el inglés jurídico y construir redes de contactos internacionales. Además, para los argentinos resulta especialmente atractivo porque ofrece herramientas y perspectivas que complementan la formación local, facilitando la inserción en despachos internacionales, organismos multilaterales o proyectos de derecho comparado. Por eso decimos que la EducationUSA LL.M. Fair es una plataforma única para explorar estas posibilidades, acercando a los interesados a universidades estadounidenses y brindando información clave para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico", finaliza.Por último, es importante aclarar que, aunque la participación es gratuita, requiere inscripción previa en la web. Además, en ese mismo sitio podrán consultar la lista completa de universidades que participarán de esta feria.
El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo a través del Boletín Oficial hoy, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. ¿Qué argumentan? Que la medida "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".Ante esto, los rectores de las universidades públicas nacionales y los sindicatos docentes preparan una presentación judicial conjunta para pedir el inmediato cumplimiento de la ley. La oposición, en tanto, condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas.El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá mañana a las 13 en un plenario extraordinario de rectores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para definir la estrategia. "Seguramente podremos acordar hacer una acción jurídica entre todas las universidades en conjunto. Entendemos que tendrá que definir el Poder Judicial la aplicabilidad o no de la ley, y seguimos planteando la necesidad del presupuesto 2026", adelantó a LA NACION Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa. "Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone. Y es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en este caso que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, refiere a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para encontrar una respuesta. En consecuencia, corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley", consideró, Franco Bartolacci, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario. La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ."Lamentablemente no podemos decir que no lo vimos venir. El antecedente de la emergencia en discapacidad dejó, una vez más, a las claras que el Gobierno no solo es cruel con áreas muy sensibles del Estado si no que también poco quiere tener que ver con la democracia y la división de poderes. Tenemos una ley aprobada con dos tercios de ambas cámaras y el Gobierno insiste en buscar artilugios técnicos para dañar la educación", sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Por su parte, Fedun -la federación que agrupa a los docentes universitarios- y Fatun -que representa al personal no docente- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país y participarán de la acción judicial conjunta. "La comunidad universitaria va a recurrir a la Justicia, pero nos preocupa mucho que se pone en peligro el sistema democrático cuando un Presidente no cumple con la ley. Le pide al Congreso que diga de dónde sacar los fondos cuando ya hace dos años que el Poder Ejecutivo discrecionalmente decide los fondos de toda la administración pública porque no tiene presupuesto", opinó Jorge Anró, Secretario Adjunto de Fatun. Y agregó: "Con los salarios de hambre que estamos cobrando, con las becas congeladas hace casi dos años y las obras paralizadas, me parece que es el momento para que la comunidad universitaria diga hasta acá llegamos y que frenemos el funcionamiento de la universidad". El Secretario General de Fedun, Daniel Ricci, dijo: "Nos parece lamentable que el Presidente no acate una ley que ha emitido el Poder Legislativo, es una cosa nunca vista en la historia de la democracia de nuestro país. Más allá de la medida de fuerza que realizamos hoy, también estamos llamando a todos los argentinos que se expresen electoralmente el 26 de octubre apoyando las propuestas que defiendan la universidad pública".
El Gobierno promulgó las normas votadas por amplia mayoría, pero frenó su aplicación. En el Congreso hablan de violación constitucional y anticipan demandas. Leer más
El Código Penal castiga el plagio con penas efectivas, y las universidades pueden retirar el título hasta diez años después. Expertos alertan sobre las graves consecuencias legales y académicas
La publicación de la reglamentación de leyes sin definir fondos detonó el enojo de legisladores dialoguistas, quienes ahora evalúan dictámenes propios y mociones de censura contra el oficialismo
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a paro por 24 horas en todo el país para este martes 21 de octubre. "Luego de dos años de intensa lucha quedó demostrado que los y las argentinas queremos financiamiento para nuestras universidades", dicen.
La Universidad de la Costa destacó por su avance en investigación y proyección internacional, consolidándose como un nuevo referente académico para la región Caribe y el país
Esta semana vence el plazo para que el Gobierno promulgue las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambas normas obligan al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para los sectores y contemplan una recomposición salarial. En las últimas horas, los médicos del Hospital Garrahan y las universidades volvieron a reclamar por su reglamentación ante el riesgo de que la Casa Rosada opté por no aplicarlas, como sucedió con la ley de discapacidad. En nombre del equilibrio fiscal, Javier Milei había vetado ambas normas, que luego fueron ratificadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Gobierno y en la oposición, sin embargo, circularon durante todo el día diferentes versiones sobre el vencimiento del plazo. Mientras hay quienes consideran que el Ejecutivo tenía hasta hoy para firmar y las normas podían salir publicadas mañana en el Boletín Oficial, fuentes de la Jefatura de Gabinete contestaron a LA NACION que las leyes se publicarán y el plazo para hacerlo vence mañana a la medianoche. Por su parte, voceros del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la ley de emergencia pediátrica se publicará esta noche porque el plazo vence a la medianoche. Voceros de la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, no contestaron a la consulta antes del cierre de esta nota. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para mañana a un paro en el Hospital Garrahan y a una concentración en Plaza de Mayo con sectores de discapacidad y estudiantes universitarios, en reclamo por la aplicación de las tres leyes. De la protesta también participará la Asociación Gremial Docente, el gremio docente minoritario de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En paralelo, Fedun -la federación que agrupa a los docentes universitarios- y Fatun -que representa al personal no docente- anunciaron un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Mientras tanto, algunos legisladores y rectores ya se preparan para trasladar la disputa al terreno judicial."Hoy vence el plazo para que el Gobierno aplique la ley de emergencia pediátrica. Los anuncios fueron solo promesas de campaña, pero nada cambió. En el Hospital Garrahan seguimos sin mejoras. No queremos profesionales precarizados ni médicos forzados a renunciar. Se está rompiendo la formación de las nuevas generaciones. La emergencia pediátrica puede frenar el desfinanciamiento, puede evitar la destrucción del sistema público de salud infantil", dicen los médicos del centro de alta complejidad en el video difundido.Y siguen: "La ley fue aprobada cuatro veces y todavía no se aplica. Es una muestra del desprecio hacia la infancia argentina. La salud de los niños no puede esperar. Exigimos que se aplique la ley de emergencia pediátrica. La infancia merece respeto. La salud pública se defiende. No más excusas. No más mentiras". La ley le ordena al gobierno de Milei aplicar un refuerzo presupuestario que incluye una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial - incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no- y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extra y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas."Nuestro miedo es que se promulgue parcialmente y no termine de solucionar el problema. Por ejemplo, que no apliquen la recomposición salarial, que no acepten los cambios en las residencias o que no hagan la inversión en infraestructura", dijo a LA NACION Pablo Puccar, jefe de la sala de cuidados intermedios y moderados del Garrahan. Por su parte, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también reclamaron la aplicación de la ley de financiamiento universitario. "Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave. Y recordamos que la ley sancionada por el Congreso ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes", dijeron en un comunicado luego de la reunión del Comité Ejecutivo. "No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada. Hemos privilegiado siempre los canales institucionales y hemos insistido una y otra vez antes las autoridades respectivas", plantearon, y recordaron que asistieron dos veces al Congreso y convocaron a tres marchas federales universitarias. La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI.Hoy, el oficialismo intentó activar la discusión del Presupuesto 2026, pero los bloques de Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y de Democracia reclamaron la aplicación de las tres leyes sancionadas y aún incumplidas antes de avanzar: la emergencia en discapacidad, el financiamiento pediátrico y el presupuesto universitario.
Conadu convocó a otra medida de fuerza en rechazo de la falta de respuesta por parte del Gobierno para promulgar la normativa que fue aprobada por el Congreso. También preparan una jornada de protestas
Las universidades públicas invierten un 41% más en sostenibilidad que las privadas
El nuevo ranking académico evalúa a casi 800 instituciones de educación superior y revela amplias diferencias en desempeño, costos y oportunidades laborales
Estudiantes de estratos 1 a 4 y de instituciones públicas podrán beneficiarse de créditos subsidiados y apoyos especiales, facilitando la graduación y el bienestar académico en universidades y centros tecnológicos
Trabajadores del hospital convocaron a participar de la marcha en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento.
Alumnos de al menos siete universidades, entre estatales y privadas, acudirán este martes a la movilización nacional en Lima y Callao, impulsados por la reciente crisis política y el anuncio de nuevas protestas