Se trata del fondo para el Transporte Eléctrico Federal, cuyas actividades quedaron relegadas a partir del Decreto 234/2025
El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), un mecanismo financiero creado para financiar obras de ampliación del sistema de energía eléctrica en alta tensión. La medida, oficializada a través del Decreto 234/2025 publicado en el Boletín Oficial, responde, según explica el texto de la norma, a irregularidades observadas por las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía en relación al funcionamiento y la gestión de los recursos del fondo.El FFTEF fue constituido por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, en particular, ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión destinadas al abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas. Para ello, se recaudaba un recargo en la tarifa eléctrica de 0,0006 pesos por kilovatio-hora (kWh), asignado específicamente al fondo.Según el Decreto 234/2025, el cierre del FFTEF no implica la eliminación del recargo tarifario, sino que los fondos continuarán destinándose a la financiación de obras identificadas por la Secretaría de Energía. La medida también establece que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica seguirá orientado a proyectos de infraestructura en el transporte de energía eléctrica.El decreto cita informes de la SIGEN y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía que señalan deficiencias en la administración del FFTEF. Entre las observaciones mencionadas se encuentra la falta de manuales o instructivos internos formalizados, el incumplimiento del "Reglamento de Contrataciones CAF" y la inexistencia de un sistema integral de gestión y registro financiero. Según la auditoría de la SIGEN, las operaciones del fondo se registraban sin un sistema informatizado adecuado.Las auditorías también indicaron demoras en la ejecución de obras financiadas por el FFTEF, lo que generó incrementos en los costos de los proyectos. En algunos casos, se identificaron hasta 47 re-determinaciones de precios en una misma obra. Asimismo, se advirtió que el fondo no contaba con indicadores estadísticos para medir el impacto de su gestión.Otro punto señalado en el decreto es el crecimiento en la dotación de personal del fondo fiduciario, que pasó de nueve empleados en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año, a pesar de que la normativa vigente establece que los fondos fiduciarios públicos no pueden contar con estructura de personal permanente o temporario a su cargo.Según el decreto, se registraron gastos no relacionados con el objeto del fondo, como la contratación de servicios gastronómicos para eventos internos y la celebración de la firma de un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Como parte del proceso de disolución, las sumas líquidas, los títulos públicos y otros activos financieros del FFTEF serán transferidos a la Secretaría de Energía para continuar con la ejecución de proyectos en curso.La administración de los fondos destinados al transporte eléctrico quedará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que asumirá el rol de comitente en los contratos de obra en curso. Asimismo, la Secretaría será responsable de la documentación técnica y la supervisión de las obras financiadas con los recursos reasignados.El Decreto 234/2025 también establece modificaciones que implican una redistribución de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Bajo la nueva disposición, el 60% de los fondos se destinará a subsidios para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales, mientras que el 40% restante se asignará al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.
El principal candidato a suplir a Cesar Lorduy en la institución es Álvaro Echeverry un petrista confeso que podría dar beneficios al Pacto Histórico para las elecciones de 2026
La Secretaría General del Senado sostuvo que el 11 de marzo de 2025 notificaron al Centro Democrático y a Cambio Radical sobre la convocatoria
En la imagen donde se alerta sobre su desaparición, se especifican datos personales y físicos, como su estatura, su peso y su tipo de sangre, además de señalar el sector donde fue visto por última vez
La Justicia confirmó 79 aportantes falsos en la campaña de Cambiemos, que gobernaba la provincia de Buenos Aires en 2017. En dicha elección legislativa, Esteban Bullrich venció a Cristina Kirchner. Leer más
Condena por prevaricación y malversación a exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios tras irregularidades en la compra del edificio 'La Perla Negra' y el polígono en Portillo
La Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos de Cambiemos y dejó firme un fallo que desaprobó la rendición de gastos de la campaña en Buenos Aires en las elecciones PASO y generales de 2017, ya que se encontraron 79 aportantes que negaron haber financiado a la coalición que lideró Mauricio Macri y que tenía a María Eugenia Vidal como su referente bonaerense.La causa se inició a partir del control de los informes finales de recursos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires correspondiente a la campaña por las elecciones primarias del 13 de agosto de 2017 y generales del 22 de octubre de ese año para diputados y senadores nacionales. La tarea la efectuó el Juzgado Federal de La Plata con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla.Luego de diversas rectificaciones de los informes presentados por parte de Cambiemos y de dictámenes del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, el juez desaprobó los informes finales de campaña e impuso multas a los partidos que conformaron la alianza. Asimismo, rechazó los pedidos de exención de sanción requeridos por el Partido Conservador Popular y la Coalición Cívica.El magistrado consideró que existían numerosas irregularidades en cuanto a los aportantes privados y deficiencias respecto al origen de los aportes privados provenientes de personas físicas. Entendió que no podía tenerse por demostrado el origen y destino de los fondos de la campaña, ya que las subsanaciones que había solicitado el auditor no habían sido cumplidas.La Cámara Nacional Electoral confirmó por su parte la decisión del magistrado federal de La Plata. Destacó que 79 personas señaladas como aportantes negaron su contribución en la campaña; mientras que de las otras 19 que admitieron los aportes, solo uno presentó el comprobante correspondiente.Contra esa medida de la Cámara, tanto Cambiemos como Pro interpusieron un recurso extraordinario, que fue denegado y motivó la presentación de un recurso de queja. Ahora la Corte desestimó la queja por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, sin dar mayores razones. El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.En su fallo de 2022, Ramos Padilla sancionó con multas a la alianza Cambiemos y a Pro, por $3.246.965; a la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y a los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, que la mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, se jactaba de haber enviado a los periodistas, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados a Pro que habían realizado aportes mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1500. En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos "no coincidía" con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, "los DNI no se correspondían". "Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales", añadió.También se detectó que 40 aportantes "podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos".Paralelamente, se detectaron 209 personas "que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses" y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20.000 pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos "no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral", y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
Solo un pequeño porcentaje de las revocatorias fueron decididas de oficio, mientras que la mayoría fueron solicitadas por los mismos afectados. El concejal Fuchi explicó cómo se solicita el trámite
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, manifestó el riesgo de un posible regreso de mafias interesadas en los recursos del Fondo de Paz, que suman aproximadamente $5,3 billones
La constructora no habría cumplido con los plazos previamente estipulados en los contratos de compraventa, afectando así la planificación y estabilidad de las familias que confiaron en el proyecto
Luego de que la institución fuera sometida a una auditoria, las autoridades denunciaron un faltante en materia de documentación e información que deberían brindar a los afiliados
Integrantes de la comunidad Misión Chorote 2 caminan a la capital salteña por reclamos relacionados con el proceso electoral. También reclaman vivienda, trabajo, cloacas y la personería jurídica.
En el marco del estado de emergencia, se realizaron intervenciones en varios distritos de la capital. Autoridades advierten que los controles migratorios se reforzarán en los próximos días
Representantes del órgano institucional acudieron a la comisaría Chacra Colorada en Breña, donde evidenció una serie de trabas hacia la joven madre, quien fue arrastrada con un vehículo donde iba su expareja
La decisión se da luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero en contra del legislador
Luis Eduardo Barrera habría adjudicado un contrato a la empresa Hafira Ve Hatziva, la cual, según las investigaciones, no cumplía con los estándares necesarios para garantizar el manejo adecuado de los recursos públicos
Más de 20 postulantes descalificados mencionaron que aspirantes que estaban en los primeros puestos fueron descalificados por criterios no académicos, que una empresa sin experiencia estuvo a cargo de la prueba psicotécnica, entre otros cuestionamientos
Organizaciones señalan que redadas migratorias recientes incumplieron un acuerdo legal que restringe las acciones de ICE en seis estados del medio oeste estadounidense
En la adjudicación de 175 claves hubo sobreprecios; el proceso está pausado y se investiga
Una evaluación de 46 marcas por la Profeco expuso incumplimientos de normas oficiales en ingredientes, etiquetado y calidad sanitaria de bebidas envasadas
La congresista Alexandra Vásquez denunció ante la Procuraduría y la Contraloría que el contrato por 19.000 millones de pesos para la alimentación de cerca de seiscientos alumnos no cumple con los estándares nutricionales establecidos
Dentro del centro penitenciario encontraron caletas con alucinógenos, celulares y un listado de víctimas de extorsión
El peaje instalado en inmediaciones de la autopista Internacional del municipio es el mismo que fue objeto de un ataque con explosivos atribuido al ELN, el 19 de febrero de 2025. Entre tanto, los habitantes insisten en que el cobro no ha beneficiado la malla vial ni el municipio en general
Según La República, la adquisición de los blindados se realizó sin licitación pública, a pesar de que el modelo había sido previamente descartado. La Contraloría advirtió que el proceso carece de plazos definidos y garantías
La Cámara Nacional Electoral ordenó que se repitan los comicios en tres localidades. En ambos sectores se acusan de fraude. El enfrentamiento que se trasladó al Senado
El organismo emitió un comunicado en el que asegura que "tanto a la aeronave como a la tripulación y a los pasajeros se les realizaron los controles de rutina". Leer más
LA PLATA.- La red hidrométrica de la provincia de Buenos Aires, creada para recopilar datos hidrológicos sobre caudales de agua de ríos y arroyos de este territorio, es deficiente en su funcionamiento pese a que existe una ley que ordena un protocolo para evitar las consecuencias de catástrofes climáticas de magnitud, como la que ocurrió en Bahía Blanca.A partir de estas inconsistencias, el bloque de la Coalición Cívica (CC) presentó ayer un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dirigido al gobernador Axel Kicillof para garantizar el acceso público a la información sobre los recursos hídricos, conforme a la ley vigente. Se trata de la ley 14.520, ideada para prevenir eventos climáticos, proyectar obras hidráulicas y salvar vidas.Un acuerdo en medio de una crisis mundialLa ley 14.520 fue votada por la Legislatura provincial después de la trágica inundación de La Plata de 2013, que dejó más de 89 muertos. Más de una década después, la parálisis del Estado para prevenir la inundación en Bahía Blanca, que ya dejó al menos 16 muertos, es alarmante, según denunció Marcelo Díaz, exdiputado provincial y autor de la norma sancionada."Le ley está lejos de cumplirse: no hay un banco de datos hidrológico de la provincia, ni ningún sistema de alertas", dijo en similar sentido la diputada Romina Braga, de la Coalición Cívica, autora del pedido de informe presentado ayer. La CC es la fuerza política que tiene como referente nacional a Elisa Carrió.Las autoridades del entre Agua provincial no respondieron los motivos por los que no se avanzó en cumplir la ley 14.520, creada para dar impulso a una red hidrométrica integrada por estaciones de relevamiento de datos "in situ"; estaciones remotas y una estación central, donde se deberían recibir los datos trasmitidos por aquellas. Esta ley prevé un Banco de Datos Hidrológicos que registre los siguientes detalles: la ubicación y característica de cada estación; la medición de caudales determinados por aforos hidráulicos en ríos y arroyos; niveles de aguas superficiales y subterráneas; intensidad y duración de precipitaciones; magnitud de evaporación; índice de saturación; medición de humedad ambiental; direcciones y velocidades de los vientos; cantidad de radiación solar; calidad del agua y, toda otra variable que estime procedente relevar la Autoridad del Agua."El Poder Ejecutivo nunca avanzó en todos los aspectos pertinentes para implementar el Banco de datos Hidrológicos y el procedimiento a seguir en la recolección de los datos", dijo Díaz, diputado mandato cumplido por GEN, el partido vinculado a Margarita Stolbizer.De acuerdo a la misma ley, la Autoridad del Agua debe publicar un anuario hidrológico, confeccionado en base a todos los datos sistematizados indicados en el artículo anterior y suministrado por el Banco de Datos Hidrológicos, así como informes públicos de previsión de situaciones que se consideren relevantes. Las inscripciones, modificaciones, alteraciones o cancelaciones en el Catastro de Aguas, a instancias de parte o de oficio, deberían ser publicadas por dos veces en 15 días en el Boletín Oficial y en un diario de la zona, siguiendo el procedimiento establecido en este Código para el otorgamiento de concesiones de uso de agua pública.La autoridad del Agua es hoy presidida por Daniel Costamagna. Es un organismo que depende del ministerio de Infraestructura y Servicios, que dirige Gabriel Katopodis.En la página oficial del organismo se informa que la autoridad del Agua "realiza el mantenimiento de la Red Hidrométrica Provincial, basado en mediciones "in situ" de alturas de escalas y caudales, tarea realizada por técnicos especializados o aforadores"."Esta información está georreferenciada. La misma es indispensable para evaluar la disponibilidad de agua, y propender a la equilibrada gestión del recurso hídrico superficial, mediante un racional aprovechamiento, protección y saneamiento para los diferentes usos del recurso", según el único informe en línea de la Autoridad del Agua. No hay más información pública que esa reseña. No hay un Banco de Datos publicado para acceso de los municipios tal como ordena la ley, que dispone la realización y publicación de un anuario hidrológico."Cabe consignar que a partir del año 1957, se comenzó a diseñar una red hidrométrica en toda la Provincia que permitió tener un conocimiento aproximado del comportamiento del recurso hídrico, fundamentalmente superficial. Paralelamente se realizaron muchos estudios hidrogeológicos sobre áreas determinadas. En la actualidad la situación referida a la medición de parámetros hidrológicos no difiere de la realizada desde su creación", aseguró Díaz.Ante una consulta de LA NACION, desde la Autoridad del Agua se informó: "Como primer paso para construcción de estos modelos, es necesaria la utilización de los datos hidrológicos de las 64 cuencas provinciales. Entre las redes utilizadas para la obtención de los datos hidrometereológicos, se encuentran: el Servicio Meteorológico Nacional, IHREDA (Instituto de Hidrológica de llanuras- Redimec SRL y Autoridad del Agua), la Red Hidrológica Nacional, el Instituto Hidrológico de Llanuras, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Instituto Nacional del Agua, la red de la Universidad Nacional de Luján, Hidrología Naval; redes de lluvias informales de los partidos de Ayacucho, General Lavalle, Madariaga; red de precipitaciones participativa con toma de la ciudadanía implementada por ADA, red participativa de la ciudadanía de medición de niveles de agua a través de escalas hidrométricas implementada por ADA, la red de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, sensores remotos, entre otras fuentes de datos".En el gobierno de Kicillof, a través de la Autoridad del Agua, señalaron a LA NACION: "Actualmente se encuentra en fase de implementación la instalación de 15 nuevas estaciones automáticas de monitoreo hidrometeorológico (EMA), en la cuenca del Río Reconquista, financiada a través de un Préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del proyecto "Programa de saneamiento ambiental de la cuenca del río Reconquista", con el cual se tendrá acceso a los datos de lluvia, humedad ambiente, viento, nivel de napa freática, altura de agua del Río Reconquista, calidad de agua"."En el mismo orden- aseguró la Autoridad del Agua-, está en instancia de licitación la red compuesta por 40 estaciones automáticas a ser financiada por el Préstamo BID denominado Drenaje urbano, abarcando el Noroeste y sur del territorio provincial, para lo cual se han definido los sitios y características a implementar, respetando en algunos casos, el emplazamiento de estaciones preexistentes (no activas) que cuentan con récords históricos de datos muy valiosos. También se encuentra en etapa de licitación el proyecto que prevé una red de estaciones compuesta por 15 EMA en la cuenca del Río Luján a ser financiada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe".Finalmente, la Autoridad del Agua admitió que el Banco que Datos está demorado: "Los dispositivos descriptos conformarán el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH) de la provincia de Buenos Aires, el que además articulará con las otras redes de monitoreo que actualmente se utilizan como fuente de información".
Es a raíz de las acusaciones sobre el ingreso de Belén Arrieta, organizadora del CPAC, la conferencia de EE.UU. en la que participó el Presidente. El organismo emitió un comunicado y rechazó cualquier tipo de irregularidad.
LA PLATA.- La red hidrométrica de la provincia de Buenos Aires, creada para recopilar datos hidrológicos sobre caudales de agua de ríos y arroyos de este territorio, es deficiente en su funcionamiento pese a que existe una ley que ordena un protocolo para evitar las consecuencias de catástrofes climáticas de magnitud, como la que ocurrió en Bahía Blanca.A partir de estas inconsistencias, el bloque de la Coalición Cívica (CC) presentó ayer un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dirigido al gobernador Axel Kicillof para garantizar el acceso público a la información sobre los recursos hídricos, conforme a la ley vigente. Se trata de la ley 14.520, ideada para prevenir eventos climáticos, proyectar obras hidráulicas y salvar vidas.Un acuerdo en medio de una crisis mundialLa ley 14.520 fue votada por la Legislatura provincial después de la trágica inundación de La Plata de 2013, que dejó más de 89 muertos. Más de una década después, la parálisis del Estado para prevenir la inundación en Bahía Blanca, que ya dejó al menos 16 muertos, es alarmante, según denunció Marcelo Díaz, exdiputado provincial y autor de la norma sancionada. "Le ley está lejos de cumplirse: no hay un banco de datos hidrológico de la provincia, ni ningún sistema de alertas", dijo en similar sentido la diputada Romina Braga, de la Coalición Cívica, autora del pedido de informe presentado ayer. La CC es la fuerza política que tiene como referente nacional a Elisa Carrió. Las autoridades del entre Agua provincial no respondieron los motivos por los que no se avanzó en cumplir la ley 14.520, creada para dar impulso a una red hidrométrica integrada por estaciones de relevamiento de datos "in situ"; estaciones remotas y una estación central, donde se deberían recibir los datos trasmitidos por aquellas. Esta ley prevé un Banco de Datos Hidrológicos que registre los siguientes detalles: la ubicación y característica de cada estación; la medición de caudales determinados por aforos hidráulicos en ríos y arroyos; niveles de aguas superficiales y subterráneas; intensidad y duración de precipitaciones; magnitud de evaporación; índice de saturación; medición de humedad ambiental; direcciones y velocidades de los vientos; cantidad de radiación solar; calidad del agua y, toda otra variable que estime procedente relevar la Autoridad del Agua."El Poder Ejecutivo nunca avanzó en todos los aspectos pertinentes para implementar el Banco de datos Hidrológicos y el procedimiento a seguir en la recolección de los datos", dijo Díaz, diputado mandato cumplido por GEN, el partido vinculado a Margarita Stolbizer.De acuerdo a la misma ley, la Autoridad del Agua debe publicar un anuario hidrológico, confeccionado en base a todos los datos sistematizados indicados en el artículo anterior y suministrado por el Banco de Datos Hidrológicos, así como informes públicos de previsión de situaciones que se consideren relevantes. Las inscripciones, modificaciones, alteraciones o cancelaciones en el Catastro de Aguas, a instancias de parte o de oficio, deberían ser publicadas por dos veces en 15 días en el Boletín Oficial y en un diario de la zona, siguiendo el procedimiento establecido en este Código para el otorgamiento de concesiones de uso de agua pública.La autoridad del Agua es hoy presidida por Daniel Costamagna. Es un organismo que depende del ministerio de Infraestructura y Servicios, que dirige Gabriel Katopodis. En la página oficial del organismo se informa que la autoridad del Agua "realiza el mantenimiento de la Red Hidrométrica Provincial, basado en mediciones "in situ" de alturas de escalas y caudales, tarea realizada por técnicos especializados o aforadores"."Esta información está georreferenciada. La misma es indispensable para evaluar la disponibilidad de agua, y propender a la equilibrada gestión del recurso hídrico superficial, mediante un racional aprovechamiento, protección y saneamiento para los diferentes usos del recurso", según el único informe en línea de la Autoridad del Agua. No hay más información pública que esa reseña. No hay un Banco de Datos publicado para acceso de los municipios tal como ordena la ley, que dispone la realización y publicación de un anuario hidrológico."Cabe consignar que a partir del año 1957, se comenzó a diseñar una red hidrométrica en toda la Provincia que permitió tener un conocimiento aproximado del comportamiento del recurso hídrico, fundamentalmente superficial. Paralelamente se realizaron muchos estudios hidrogeológicos sobre áreas determinadas. En la actualidad la situación referida a la medición de parámetros hidrológicos no difiere de la realizada desde su creación", aseguró Díaz. Ante una consulta de LA NACION, desde la Autoridad del Agua se informó: "Como primer paso para construcción de estos modelos, es necesaria la utilización de los datos hidrológicos de las 64 cuencas provinciales. Entre las redes utilizadas para la obtención de los datos hidrometereológicos, se encuentran: el Servicio Meteorológico Nacional, IHREDA (Instituto de Hidrológica de llanuras- Redimec SRL y Autoridad del Agua), la Red Hidrológica Nacional, el Instituto Hidrológico de Llanuras, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Instituto Nacional del Agua, la red de la Universidad Nacional de Luján, Hidrología Naval; redes de lluvias informales de los partidos de Ayacucho, General Lavalle, Madariaga; red de precipitaciones participativa con toma de la ciudadanía implementada por ADA, red participativa de la ciudadanía de medición de niveles de agua a través de escalas hidrométricas implementada por ADA, la red de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, sensores remotos, entre otras fuentes de datos".En el gobierno de Kicillof, a través de la Autoridad del Agua, señalaron a LA NACION: "Actualmente se encuentra en fase de implementación la instalación de 15 nuevas estaciones automáticas de monitoreo hidrometeorológico (EMA), en la cuenca del Río Reconquista, financiada a través de un Préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del proyecto "Programa de saneamiento ambiental de la cuenca del río Reconquista", con el cual se tendrá acceso a los datos de lluvia, humedad ambiente, viento, nivel de napa freática, altura de agua del Río Reconquista, calidad de agua"."En el mismo orden- aseguró la Autoridad del Agua-, está en instancia de licitación la red compuesta por 40 estaciones automáticas a ser financiada por el Préstamo BID denominado Drenaje urbano, abarcando el Noroeste y sur del territorio provincial, para lo cual se han definido los sitios y características a implementar, respetando en algunos casos, el emplazamiento de estaciones preexistentes (no activas) que cuentan con récords históricos de datos muy valiosos. También se encuentra en etapa de licitación el proyecto que prevé una red de estaciones compuesta por 15 EMA en la cuenca del Río Luján a ser financiada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe".Finalmente, la Autoridad del Agua admitió que el Banco que Datos está demorado: "Los dispositivos descriptos conformarán el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH) de la provincia de Buenos Aires, el que además articulará con las otras redes de monitoreo que actualmente se utilizan como fuente de información".
Aunque se han girado 1.6 billones de pesos a diferentes hospitales, solo se tiene registro de ejecución de 317 mil millones de pesos, lo que genera incertidumbre sobre el paradero de 1.2 billones de pesos
El proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a los 31.700 millones de pesos
La causa contra el exintendente de Lomas de Zamora Martin Insaurralde por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, luego de su paseo por el Mediterráneo con el yate El Bandido cambió de juez. Hasta ahora el caso estaba en manos del juez Ernesto Kreplak, quien subrogaba el juzgado federal de Lomas de Zamora, y la Cámara Federal de La Plata designó a Luis Armella, el juez federal de Quilmes.Kreplak, cercano al peronismo bonaerense, dejó la causa al vencerse su suplencia, sin llamar a declaración indagatoria a Insaurralde, como había pedido el fiscal Sergio Mola.El fiscal había presentado, junto con la procuraduría especializada en lavado (Procelac), a cargo de Diego Velasco, un informe en el que se describían posibles testaferros del exintendente de Lomas de Zamora, maniobras para adquirir propiedades y autos sin su nombre y gastos injustificados con sus ingresos, incluidos casi un centenar de viajes internacionales.Entre ellos estaba el viaje de 2023 realizado con su a"acompañante" Sofía Clerici a Marbella, donde navegaron en "El Bandido", mientras tomaban champagne frances Veuve Clicquot y comían langostas., lo que encendió una fuerte polémica-En la causa está imputada Jésica Cirio, la exesposa de Insaurralde, y Clérici. La fiscalía pidió investigar además, al sobrino y a los hijos del exintendente y exdiputado nacional, además de un grupo de empresarios, supuestos testaferros.Clérici, que se presentó en la causa como "acompañante de viajes", reapareció en los medios tras postear sus fotos con Insaurralde a bordo del "El Bandido", para anunciar que será madre, aún sin pareja.""Es un proyecto que vengo pensando desde hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido", reveló. Dijo que decidió "hacerlo sola, con muestras dinamarquesas. Va a salir un vikingo", expresó risueña.El juez Kreplak, había dispuesto dar intervención a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para realizar el peritaje cuestionado por el fiscal Mola y la querella, que estuvo a cargo de la asociación civil Poder Ciudadano y de la Unidad de Información Financiera (UIF).Ante el nuevo juez Armella, la fiscalía pidió la nulidad de ese peritaje y señaló "supuestas irregularidades" al disponerlo, ya que no se optó por algún organismo oficial, como el cuerpo de peritos de la Corte Suprema o del Ministerio Público, ni tampoco de peritos oficiales designados previamente.Asimismo, criticó que se hubiera designado a la UBA para hacer un peritaje sin que se definiera el objeto del estudio. Cuestionó que no se hubieran seguido las disposiciones del Código en materia de peritajes.La fiscalía advirtió que el juez designó un perito sin disponer puntos de pericia, ni determinar el objeto a analizar.Mola ya había objetado este estudio, en una decisión que Kreplak rechazó con críticas al fiscal, porque consideraba que era una maniobra dilatoria. Mola le respondió que la dilación fue del juzgado, que demoró los allanamientos pedidos y no dispuso casi ninguna medida durante su actuación en la causa.Ahora la fiscalía pretende que el magistrado Armela anule esa indicación de su antecesor. Asimismo, apeló ante la Cámara Federal de La Plata la incorporación de la UBA como perito.Esta son solo partes de las medidas con las que la acusación particular y las querellas quieren dar un nuevo impulso a la investigación, que no tuvo más avances en dos años.Armella es el juez federal de Quilmes y está subrogando en Lomas de Zamora. Su nombre viene rodeado de controversias. Fue el juez federal que llevó adelante hasta 2012 la causa Riachuelo. Ese año, la Corte Suprema lo apartó por irregularidades en las contrataciones y solicitó a la Justicia y al Consejo de la Magistratura que investiguen sus responsabilidades. En 2012, una denuncia del diario Página 12 reveló que algunas de las empresas contratadas para el saneamiento del Riachuelo tenían entre sus titulares a familiares del juez.La Corte reaccionó ante la publicación y requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) un informe que detalle todas las contrataciones, apartó a Armella y ordenó al Consejo que lo investigue.El magistrado fue denunciado por el kirchnerismo en el caso de la "Gestapo sindical", acusado de coordinar con agentes de la SIDE durante el gobierno macrista las causas contra el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina. Fue sobreseído en un fallo que está firme y el proceso contra Medina, que se había anulado, se reactivóArmella se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y realizó una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Católica de La Plata. Ya había trabajado en la Justicia de Quilmes, pero en el fuero ordinario: fue fiscal en el departamento judicial de Quilmes y ocupó cargos en distintos juzgados penales de este partido.En 2003 se inscribió en el Concurso 90 para cubrir la vacante en el Juzgado Federal de Quilmes y quedó en tercer lugar en la terna aprobada por el Consejo, detrás de Beatriz Torterola y Domingo Montanaro. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado y, tras la aprobación, asumió como titular del juzgado en agosto de 2004.
Xavier García Albiol se declara inocente en juicio sobre antenas móviles en Badalona; la Fiscalía pide casi tres años de prisión por presuntas irregularidades en autorización de instalaciones sin licencia
La entidad aseguró que la decisión se tomó dentro del marco legal y no de manera arbitraria
A punto de cumplirse 15 años del anuncio de su creación, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) dejará de existir, según anunció el Ministerio de Salud esta tarde. Un nuevo decreto que prepara el Gobierno para reducir la estructura del Estado -y que alcanzaría a todos los ministerios- incluirá lo que en la cartera sanitaria definen como la "centralización" de tareas del INC en una de las secretarías de esa dependencia. "Solo es un cambio administrativo que apunta a corregir problemas encontrados", afirmaron.EL MINISTERIO DE SALUD ABSORBERÁ LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER pic.twitter.com/94WDiwvECF— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) March 6, 2025 El anuncio ocurre una semana después de que se viralizara un mensaje en redes sociales de la responsable del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el que denunció que el Ministerio de Salud lo había desmantelado. Por ley, entre sus funciones se había incluido la de garantizar el acceso a través del Banco Nacional de Drogas a los analgésicos opioides (metadona y morfina) para el alivio del dolor de los pacientes oncológicos con cobertura pública y estaba a cargo de comprar esas drogas de uso controlado. Salud salió a cruzar esa denuncia: responsabilizó a la médica Mariana Pechenik, autora del mensaje, de haber comprado opioides de manera "sobredimensionada" y que terminaron venciéndose sin distribuir a los hospitales del país. Eran 400.000 comprimidos de morfina que debían utilizarse antes del 31 de julio del año pasado. El INC los habría adquirido entre 2022 y 2023.A mediados de enero, había presentado su renuncia la directora del INC, Verónica Pesce. En ese organismo refirieron que había sido luego de que desde Salud le solicitaran 56 bajas de contratos, que inicialmente habían sido treinta. Ese es uno de los principales frentes de conflicto con los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Nacional, sobre todo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En diciembre del año pasado, el INC contaba con 177 empleados. En enero último, no le renovaron contrato a 57 y, actualmente, en el ministerio dicen que son 120 y que todos pasarán a trabajar en la cartera sanitaria, dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Aún no podían confirmar si existirá en el organigrama un área nueva específica o de coordinación.VAMOS A GARANTIZAR UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER Decidimos que el @MinSalud_AR absorba las funciones del Instituto. Esto se dio a partir de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos a punto de vencerse, compras ineficientes y programasâ?¦ https://t.co/tVCtxK5Kpy— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 6, 2025 "El Ministerio de Salud va a absorber las funciones del INC y la decisión se tomó después de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos con vencimiento en fecha próxima, compras ineficientes y estructuras duplicadas con el propio ministerio", señalaron hoy a LA NACIÓN desde esa cartera a propósito del anuncio oficial. "Es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico -continuaron-. Esta medida no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el instituto."Centralización En esa cartera a cargo de Mario Lugones afirmaron que desde hace varias semanas participa en las reuniones del gabinete de Salud la coordinadora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), Florencia Moreno. Ese registro, que la Fundación Kaleidos creó hace un cuarto de siglo, se integró al INC cuando empezó a funcionar en 2010. Una copia del borrador de una nueva edición del ROHA, con datos actualizados de la incidencia del cáncer que se diagnostica en chicos y adolescentes en el país, ya estaría sobre el escritorio de Lugones."El Ministerio de Salud ha tomado la decisión de centralizar las funciones del INC para eliminar la duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente, manteniendo y garantizando programas, acceso a medicamentos y tratamientos", anunció el Gobierno. "Tras una serie de relevamientos sobre su funcionamiento, se detectaron problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas", enumeraron.En el informe técnico que Salud elevó a la Casa Rosada para fundamentar esa decisión mencionan como ejemplo que las tareas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer del INC también las realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica del ministerio o que las responsabilidades de los programas nacionales de control y prevención del cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal "ya están contempladas en las de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles".También hacen referencia a "graves fallas" al comprar fármacos "que no se ajustaron a los cambios de demanda", donde incluyeron la adquisición de opioides hace dos años. "Se compraron sin ningún criterio de cantidad y precio, lo que devino en vencimientos y un perjuicio para la administración del Estado, ya que se tuvieron que tirar 400.000 unidades de morfina vencida por una mala planificación", escribieron. Reiteraron ante la consulta, como hace una semana, que revisarán los procesos de compra de 2022 y 2023 porque "los primeros resultados hablan de licitaciones 'infladas' en precio y cantidad".A la par del anuncio de Salud, Lugones tuiteó sobre la medida que se oficializaría recién cuando el Gobierno la publique dentro de un decreto que está preparando sobre la reorganización de todos los ministerios, aunque en la práctica ya venía ejecutándose. De hecho, aseguraron en Salud que el personal del INC conocía lo que se iba a anunciar hoy."Es importante dejar en claro que esta medida no afectará la continuidad de ninguno de los programas -escribió el funcionario-. Solo tiene como objetivo corregir los problemas encontrados. En el marco del reordenamiento del sistema de salud que estamos impulsando consideramos que es necesario normalizar el funcionamiento del INC, por eso avanzamos con esta integración de funciones."
El extitular de la cartera de Justicia durante la administración de Iván Duque Márquez, habló para Infobae Colombia sobre el caso que involucra al ex jefe de Estado; el primero en ser llevado ante la justicia ordinaria, acusado de presunta manipulación de testigos y fraude procesal
La concejala Quena Ribadeneira aseguró que el evento se realizó sin que el pago completo ingresara a las cuentas de la entidad. Además, alertó por licitaciones cuestionadas y denuncias de maltrato a contratistas
El predio incautado luego de la muerte del narcotraficante que perteneció al cartel de Medellín fue entregado a Agrotesoro, una organización campesina comprometida con la justicia agraria y la sostenibilidad en el uso de la tierra
Jesús Iván Ospina habría violado los principios de contratación pública al favorecer a dos de sus primos mientras fungió por primera vez como alcalde del municipio entre 2016 y 2019
La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar si los recursos asignados al sector salud fueron utilizados con fines distintos dentro de la entidad prestadora de salud, ya que tienen indicios que podrían señalar una posible desviación de fondos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos de acusados y víctimas en la causa por irregularidades durante la investigación del atentado a la AMIA, pero las condenas no se ejecutarán porque hay mas recursos pendientes.Uno de los planteos desestimados es el del extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, rechazado "por falta de fundamentación autónoma" y por no refutar todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada. También el del exjuez Galeano fue rechazado por falta de sentencia definitiva.El 28 de febrero de 2019, el Tribunal Federal N° 2 condenó a Anzorreguy a cuatro años y medio de prisión por considerarlo autor del delito de peculado, en concurso real con el de encubrimiento.En tanto, Galeano fue condenado a seis años de prisión. El tribunal lo consideró partícipe necesario del delito de peculado, en concurso real con prevaricato, junto con el de privación ilegal de la libertad agravada, reiterada. Además del delito de encubrimiento. Fue absuelto de otros hechos de los que estaba acusado.Contra esa decisión, los defensores y los querellantes en representación de las víctimas, presentaron recursos de casación.El 11 de abril de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal redujo ambas penas: le impuso a Anzorreguy la pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional y condenó a Galeano a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua.Contra esa sentencia, las defensas de Anzorreguy y Galeano presentaron sendos recursos extraordinarios, que fueron rechazados. Los acusados fueron a la Corte en queja.Con la firma de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Javier Leal de Ibarra, Pablo Candisano Mera y Jorge Di Lorenzo, se rechazaron los planteos.Horacio Rosatti se excusó por razones de decoro, ya que fue ministro de Justicia entre 2004 y 2005, y firmó un decreto que reconoce la responsabilidad del Estado argentino por la denegatoria de justicia con la causa del atentado.La defensa de Galeano interpuso un recurso de casación horizontal, que a la fecha se encuentra en trámite, es por ello que su condena aún no quedó firme.Lo mismo hicieron los fiscales exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, para quienes quedaron firmes, con doble conforme, las absoluciones por los delitos de peculado, por el pago y de coaccioÌ?n a un testigo. Con relacioÌ?n a la privacioÌ?n de libertad de los policías, que estuvieron acusados en la causa y luego absueltos, los fiscales fueron a la Casación con un recurso horizontal, porque el tribunal oral los absolvió y un fallo de Casación los condenó. Buscan allí el doble conforme respecto de los policiÌ?as.La Corte también rechazó los planteos de las querellas que cuestionaron la absolución de Víctor Stinfale y Ana Boragni por prevaricato; la absolución de Galeano, Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar y Carlos Castañeda por encubrimiento y falsedad ideológica respecto de la "Pista Siria"; la absolución de Rubén Beraja y de Mullen y Barbaccia. Por otro lado, cuestionaron las penas impuestas a los condenados por su escasa cuantía.
Con una integración de conjueces, el máximo tribunal rechazó apelaciones, entre ellas del condenado ex juez Galeano. De esta forma, dio por terminada la causa conocida como "Amia Brigadas" que investigó a los policías
El congresista del Pacto Histórico aseguró que el exmandatario presenta unos comportamientos extraños con tal de que, según el senador, evadir su responsabilidad en el proceso
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la veracidad de los testimonios presentados por Iván Cepeda, asegurando que algunos testigos fueron influenciados y que su defensa siempre actuó con transparencia ante la justicia
La investigación apunta contra la Agencia de Administración de Bienes del Estado que funcionó durante la presidencia de Alberto Fernández. Además, advierten por las pérdidas millonarias
Samuel Tcherassi lidera un movimiento para revocar el mandato de Alejandro Char. Critica el modelo de ciudad, la inseguridad y lanza su propia campaña política
El cierre se enmarca en un operativo de fiscalización intensificado en el distrito, luego del incendio ocurrido en el Real Plaza de Trujillo. Las autoridades también han inspeccionado otros comercios como Saga y Plaza Vea
La puesta en valor de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica tuvo un presupuesto asignado de $52 millones. La obra se adjudicó el 8 de octubre de 2019
Son números del gobierno de Alberto Fernández, cuando se invirtieron más de 52 mil millones de pesos. El 31% de las casas aún no fueron aprobadas
Karen Agnifilo señaló que la defensa no ha recibido la mayoría de las pruebas y acusó a las autoridades de ocultar información clave en el caso
Petróleos Mexicanos fue señalado por irregularidades que ascienden a 1.105 millones 138 mil 600 pesos
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento en la empresa Jan de Nul en una causa vinculada con la licitación frustrada de la Hidrovía. El allanamiento había sido solicitado por el fiscal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la investigación del caso, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al caso.La causa se inició este mes por una denuncia de la Coalición Cívica por presunto direccionamiento del pliego de licitación de la vía navegable. En la presentación que originó el expediente se cuestionó la deuda por US$78 millones que el Estado tiene con Jan de Nul, encargada de dragar la vía navegable por donde pasa el el 80% de las exportaciones argentinas. Según el pliego de la licitación frustrada, quien se quedara con la concesión de la Hidrovía iba a tener que pagarle esa suma al Gobierno para que cancelara la deuda.La denuncia se realizó poco antes de que cayera la licitación para dragar y señalizar la Hidrovía, en la que se elegiría la compañía que iba a quedarse con su concesión durante al menos 30 años.Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a LA NACION que el allanamiento fue realizado ayer y que la firma cumplió con todos los requisitos solicitados. Esta acción judicial se desarrolla en la investigación motivada por la presentación de la Coalición Cívica en la que señalaron presunto direccionamiento del pliego de la Hidrovía que, hace una semana, el Gobierno dio de baja.En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que la acusación de presunto direccionamiento "carece de objetividad y constituye un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente". Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.Tal cual informaron fuentes con acceso al expediente, esta primera búsqueda de documentación se concentró en recolectar archivos vinculados a la deuda cercana a US$78 millones que el Estado mantiene con Jan de Nul. De hecho, en el pliego frustrado, una de las condiciones estipulaba que el ganador de la concesión debía pagar un canon de US$78.878.596 "en concepto de regularización de deuda pendiente", según el artículo 11.Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había observado "elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos". Entre ellas, mencionó que "no consta en actuaciones" que exista esa deuda y por ese monto.El allanamiento ocurrió a menos de una semana de que el Gobierno diera de baja la licitación que buscaba empresas que realicen el dragado y balizamiento de la Hidrovía a cambio de otorgarles la concesión, es decir el cobro del peaje, cuya facturación anual alcanza los US$410 millones, según estimaciones del Ejecutivo.Todo el proceso anterior a la anulación de la compulsa estuvo plagado de reclamos y acusaciones cruzadas. Por un lado, varias empresas, entre ellas la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen reclamaban que la licitación estaba supuestamente hecha a medida para que ganase Jan de Nul, algo que siempre negaron en la compañía y en las filas oficialistas. Luego de conocer que sólo hubo una oferta que se presentó, la de DEME, el tablero cambió y fue el Gobierno quien acusó a dicha firma por la "posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional".En consecuencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo iba a comenzar una investigación contra DEME en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo descentralizado que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía. LA NACION realizó múltiples consultas y, a una semana de la apertura de sobres y la decisión de anular la licitación, todavía no hay constancia de que se haya abierto un expediente sobre el tema."Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado", se defendió DEME a través de un comunicado.En el sector agroindustrial consideraron fundamental retomar la iniciativa ya que las obras de dragado podrían permitir cargar buques con más exportaciones. Tal cual indicó una fuente del sector portuario, actualmente los barcos viajan con cerca del 60% de su bodega completa y, si se aumentara la profundidad de la vía, ese porcentaje podría elevarse hasta 90%.
Según indicó el ente de control, la ANT habría adquirido predios cuyo suelo está clasificado como no apto para la producción agrícola y agraria, además de retrasos en la entrega de predios a las comunidades
En la acusación están involucradas diversas instituciones estatales y gubernamentales
CÓRDOBA.â?? En la secuencia de cinco crímenes y ocho intentos de homicidios de recién nacidos que se produjeron entre el 11 de marzo y el 7 de junio del 2022 en el Hospital Neonatal de Córdoba hubo un punto de quiebre.Fue la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando se produjeron dos muertes y dos descompensaciones. Son los últimos casos que integran la causa que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, como presunta autora material y a diez exfuncionarios y profesionales, imputados por encubrimiento, omisión de deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica.Los médicos y enfermeros que estuvieron esas horas del 6 y 7 de junio coincidieron en los términos "terror", "espanto" y "horror" para definir lo que se vivió al presenciar descompensaciones y muertes que no tenían una explicación médica.El obstetra Ariel Carretero, quien intervino en el parto de Angeline, la beba que murió el 6 de junio, admitió: "Me imaginé que alguien pudo estar provocando esto. Pero es una suposición". Antes había dicho que en el hospital se hablaba de la posibilidad que un lote de vitamina K estuviera provocando efectos adversos.Valeria María Quiroga, neonatóloga y jefa de guardia, fue una de las testigos que ante el jurado popular y los magistrados de la Cámara Séptima del Crimen, contó que cuando Angeline murió, al no encontrar "una causa médica ni visible" resolvieron en el equipo pedir la autopsia judicial. Aseguró que acordaron la decisión Liliana Asís, Marta Gómez Flores, Alejandro Escudero Salama y Adriana Moralez, todos imputados en el juicio.Horas después de la muerte de Angeline, hija de Yoselín Rojas, murió Melody, beba de Brisa Molina. "Horrible, espantoso. Nos acompañamos entre todos, pero no podíamos dar explicación a lo que pasaba", aseguró Quiroga. Además de esos dos fallecimientos, se descompensaron P., la nena de María Martín y M., de Ludmila Torres. "Tuvimos que usar recursos máximos de reanimación", señaló sobre ese caso, quien registró altos valores de insulina.Angelina Galleto, neonatóloga, también estuvo en la jornada del terror. Precisó que cuando la llaman por otro beba "grave", P., ve una lesión importante en la región costal izquierda, que se extendía hacia el tórax y la espalda. "Yo recibí a esa niña. Cuando la levanté apenas nació, no tenía nada en la espalda", detalló. La debieron llevar a terapia y constataron que el nivel de potasio en sangre era de 13, muy por encima del valor normal. El electrocardiograma también mostraba signos de una hiperpotasemia.Los peritos médicos interdisciplinarios que ya declararon marcaron que los problemas que ocasionaron las dos muertes con autopsias y los dos sobrevivientes descompensados el 6 y el 7 de junio de ese año son de una "posibilidad estadística excepcional" similar a "que caiga dos veces en un mismo lugar un rayo. No dos, sino varias veces más". Coincidieron en que los niveles de insulina y de potasio detectados son muy altos.Faltantes de medicamentosEn las últimas semanas también declaró Patricia Seccone, una de las encargadas de la farmacia del Neonatal, quien detalló un faltante de 20 dosis de potasio en junio del 2022. Según indicó, fueron extraídas sin la justificación correspondiente. Ese conteo lo realizó cuando es escándalo por las muertes ya había estallado.Mencionó que, si bien había botiquines en cada servicio para uso del personal, todos tenían acceso a los dispensarios de otros sectores. Al retirar un medicamento se debe asentar en una planilla. Pero advirtió que "cualquier persona se podía disfrazar de médico" y entrar sin ser detectada.Contó que en abril, la jefa de Neonatología Gómez Flores hizo un informe porque ya había cuatro casos sospechosos (son parte de la causa juzgada) y pidió analizar un lote de vitamina K. El resultado fue negativo, no era la causa de los problemas. Aunque se reemplazó el lote, las descompensaciones siguieron.El juicio Hospital Materno Neonatal de Córdoba cumplió ya un mes y medio. Los testimonios de las madres de las víctimas fueron, por su contenido, los más impactantes emocionalmente, además de que varias aportaron datos concretos sobre el comportamiento que tuvo la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, con sus criaturas.También declararon los peritos forenses toxicológicos y médicos, quienes para los dos casos que tuvieron autopsia inmediata no dudaron en plantear que hubo un "agente externo" que provocó la hiperpotasemia. Igual de terminantes fueron para tres sobrevivientes, dos con altos niveles de insulina y uno de potasio.Desde el 6 de enero la enfermera Brenda Agüero, acusada de cinco asesinatos más otros ocho en grado de tentativa, y diez exfuncionarios y profesionales enfrentan a un jurado popular y a los integrantes de la Cámara Séptima del Crimen. Para ella, si se comprueban los delitos, solo es posible la prisión perpetua.En estas semanas Agüero no mostró reacciones emocionales ante las declaraciones ni siquiera cuando algunas madres la señalaron incluso con gestos. La excepción fue el primer día cuando tuvo una crisis de llanto por el "acoso" de los fotógrafos, según explicó después. Su defensor, Gustavo Nievas, la calificó de "perejil".Como todos los acusados, ella puede pedir hablar cuando quiera a lo largo del proceso. Hasta el momento solo lo hizo en la segunda audiencia para contar su vida y cómo pasa sus días en la cárcel de Bouwer, donde está presa desde agosto del 2022. Sobre la causa refirió: "Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso".
"Se detectaron cuatro casos con distintas condiciones anormales, además de otros sospechados de contener documentación falsa", denunció el municipio capitalino. Leer más
Ariel Ricardo Correa detalló que se le habría asignado un nuevo esquema de pagos ya que "el partido debía destinar fondos" al programa de 'Chibolín'
Según el ente de control, funcionarios encabezados por el superintendente delegado Francisco Melo, se habrían apoderado de información confidencial sin relación con el escándalo de los pasaportes
Nuevo León dio seguimiento a la solicitud de juicios en contra del gobernador de MC, la presidenta consideró que la situación se deriva a los intereses de oposición
Fue a raíz de una serie de denuncias.Este miércoles a las 13 horas vence el plazo para presentar ofertas para el dragado de esta vía navegable central para el comercio exterior.Hablan de un negocio de hasta US$ 20.000 millones.
La licitación de la concesión de la Hidrovía sumó un nuevo capítulo lejos de los puertos y cerca de los despachos judiciales. Así como lo hizo cuando la gestión de Alberto Fernández intentó lanzar la misma compulsa en 2021, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el que señaló que hay "elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento", o sea, la licitación. El documento, que lleva la firma del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, pertenece al expediente abierto después de una presentación de la Coalición Cívica en la que habían pedido la intervención del organismo judicial porque "podría haber un direccionamiento" en las condiciones del pliego. A tan sólo un día de que se termine el período para recibir ofertas y abrir el primer sobre de cada uno de los competidores, la PIA no sólo observó posibles irregularidades, sino también sostuvo que "correspondería que esa Agencia Nacional de Puertos y Navegación adecúe los plexos licitatorios".Se trata de la licitación más grande de la gestión del presidente Javier Milei. El ganador se quedará durante 30 años con un negocio que, según calcula el Gobierno, podría facturar hasta US$410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que llevan y traen bienes a través de la Hidrovía. El pliego otorga la concesión al ganador, a cambio de que este se haga cargo de las obras de dragado y señalización.El tamaño del contrato despertó el interés de varias empresas como las belgas Jan de Nul y DEME, la danesa Rohde Nielsen, y las de Países Bajos, Boskalis y Van Oord. Precisamente, Jan de Nul es la que se encuentra en el centro de las acusaciones.DEME realizó presentaciones judiciales como la de la CC ante la PIA. A su vez, otra compañía, Rohde Nielsen, también se presentó ante la Justicia para pedir que declaren nula la nulidad que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dispuso sobre un reclamo suyo en el marco de la compulsa. "La licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan de Nul", incluyó en el escrito judicial."No existe el direccionamiento", contestó el Gobierno en un escrito de 88 páginas publicado el lunes en el Boletín Oficial. Misma postura adoptó la compañía acusada de ser beneficiada.Los puntos de la licitación que más controversia generaron son cuatro. El primero llegó con el artículo 16 del pliego, sobre personas no habilitadas para contratar. El punto 8 excluye de la competencia a "toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma". Esto dejó fuera de carrera a las compañías chinas, como por ejemplo, China Communications Construction Group Co. (CCCC). Tal cual contó LA NACION, en un contexto geopolítico de gran acercamiento entre Milei y Donald Trump, el embajador chino en Buenos Aires le hizo llegar su malestar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.La segunda polémica del pliego refiere al tiempo transcurrido entre su publicación, el 20 de noviembre, y la fecha de apertura de sobres con las ofertas, que originalmente iba a ser el 29 de enero, pero se corrió al 12 de febrero, después de pedidos empresariales. Entonces, quedó un período de 95 días. En 1993, cuando se lanzó la única licitación exitosa de concesión de la Hidrovía, dicha ventana otorgó más de 200 días, según documentos oficiales. Los críticos señalan que esto habría favorecido a Jan de Nul, que es la firma que mejor conoce la traza. Sin embargo, desde el entorno de la empresa argumentaron que la elaboración del pliego habría comenzado en agosto del año pasado, con una participación amplia, a partir de la cual cualquier interesado podría haber tenido información previa.Luego de la cronología, la inclusión del factor antecedentes para valorar ofertas también provocó cuestionamientos. "Se valorarán los antecedentes del representante técnico propuesto, con experiencia en ese cargo en cualquier obra de dragado de mejora y/o mantenimiento en vías fluviales navegables, canales de acceso a puertos o dragado de recintos portuarios en los últimos diez años en la Argentina", contiene el pliego. Esta no es una condición excluyente para presentar ofertas, pero el misterio de cuánto peso tendrá sobre el puntaje otorgado a cada competidor generó diferencias. Un profesional técnico consultado por LA NACION indicó que "hay una que va a estar mejor parada que las otras en ese sentido, pero ¿preferís que te opere un médico experimentado o uno que recién se recibió?".El último punto de la polémica está vinculado al método de evaluación de las ofertas que será utilizado para seleccionar al ganador. Según se explica en los artículos 29, 30 y 31 del pliego, se creó una fórmula polinómica compuesta en mayor proporción por el precio de la tarifa que los concursantes decidan cobrarles a los barcos de la Hidrovía y, en menor proporción, por el puntaje por sus antecedentes económicos y técnicos, y su plan de trabajo de obras. La gran duda es cómo ponderará el hecho de tener experiencia en la Argentina. Además, si bien tiene mayor influencia, la ecuación para definir al ganador puede entregarle la concesión a alguien que no necesariamente haya presentado la oferta de peaje más barata.Pese a los señalamientos de algunas empresas, cerca de Jan de Nul esgrimieron que no es una fórmula que los favorezca a ellos, sino que prioriza la oferta económica "sin sacrificar la calidad técnica".La historia de la Hidrovía muestra que licitarla fue una verdadera misión imposible para los últimos gobiernos. Todo empezó en 1993, con el pliego inaugural y el primer ganador: un consorcio compuesto por la belga Jan de Nul y Emepa, del empresario Gabriel Romero. La concesión la prorrogó en 2010 Cristina Kirchner hasta 2021. En la Causa Cuadernos, Romero admitió haber pagado coimas por US$600.000 para obtener la prolongación del contrato.El macrismo había realizado un pliego para cuando finalizara dicha prórroga, pero perdió las elecciones. La gestión de Fernández intentó lanzar una licitación, pero tras acusaciones de presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, también intervino la PIA. El organismo señaló "irregularidades advertidas en el expediente administrativo por el que se llevó a cabo el procedimiento de la Licitación Pública N° 13/2021, que abarcan etapas iniciales del procedimiento, como la confección de los correspondientes pliegos de bases y condiciones, pero también posteriores, como los sistemas utilizados para calificar oferentes y sus respectivas ofertas". El dictamen de la PIA hundió el intento de compulsa. Desde entonces, el Estado se hizo cargo de la concesión a través de la compañía pública Administración General de Puertos (AGP), que cobra la tarifa y, pese a las acusaciones judiciales, contrató de manera directa a Jan de Nul y Emepa para que desarrollen las tareas de mantenimiento. Todo se mantuvo así hasta que el ímpetu privatizador libertario llevó a querer liquidar la AGP, cuya cúpula fue removida la semana pasada.
Exclusivo: la Sindicatura General de la Nación descubrió millonarios subsidios girados desde el Programa de Fortalecimiento Comunitario que no fueron rendidos. Con el dinero del Estado contrataban abogados para que los defiendan después de haber usurpado tierras. También partidas que podrían no habrían llegado a su destino. "No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos", sostienen los auditores
La procuraduría informó que se encuentra evaluando posibles sanciones e infracciones
Manuel Adorni ratificó que continuarán las revisiones de todos los beneficios otorgados en La Ciudad de Buenos Aires a la vez que desde este mes la ANDIS y el PAMI comenzarán a auditar a los más de un millón de personas que recibieron esa pensión, sobre todo durante la última administración kirchnerista
El Gobierno anunció que comenzó la auditoría de más de un millón de pensiones por discapacidad laboral, tras las irregularidades en la asignación y cobro de esos beneficios que surgieron en un primer relevamiento en las localidades con más anomalías que surgían al cruzar información.En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) trabajará con el PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. En noviembre pasado, LA NACION publicó que la auditoría -que por entonces estaba terminando de diseñarse- alcanzaría también a los servicios de salud, educación y transporte, dado que contaban ya con casos concretos en los que instituciones no operaban adecuadamente. En ese momento, preveían que eso sucediera "en un alto porcentaje" de prestadores contratados.En la cartera a cargo de Mario Lugones argumentan que la elección del PAMI para auditar 1.013.400 casos con pensiones no contributivas por invalidez laboral otorgadas es su alcance territorial y capacidad operativa para relevar a más de mil prestadores. En una primera etapa, según había podido conocer este medio, se enviarían unas 400.000 cartas documento para revisar caso por caso."Este mes se empiezan a mandar las cartas documentos a los beneficiarios. El mes pasado enviaron 1100 en Buenos Aires y solamente el 31,6% se presentaron, 759 no cumplían o no se presentaron", dijo Adorni hoy."El objetivo es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten", señalaron en Salud sobre el anuncio en Casa de Gobierno.En esa cartera, las autoridades definen la forma en la que operaba el sistema como "un escándalo". En Salta, por uno de los ejemplos que habían puesto a LA NACION, detectaron el cobro de prestaciones de educación, transporte o salud que no se habían brindado: obligaban a firmar por el servicio a personas que recibían la pensión por discapacidad con la amenaza de que perderían el beneficio."Se espera que, durante los primeros días de febrero, los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan. Es por eso por lo que se cuenta con el apoyo del PAMI, que tiene una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores", informaron desde el equipo de Lugones.En la Andis, fueron surgiendo más irregularidades durante el año pasado del cruce de datos del Programa Incluir Salud -a través del que liquidan esas prestaciones- con los del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Identificaron, por ejemplo, que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como "activos", con prestaciones mensuales y presenciales. En la agencia detallaron en ese momento que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores." Calcularon que unas 102 instituciones "percibieron indebidamente" $1355 millones en el país.La auditoría que el Gobierno informó hoy que comenzó esta semana será "un proceso escalonado y progresivo" para hacer "una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes".Por etapasEstá diseñada en tres etapas, antes de emitir los dictámenes en aquellos casos que no cumplan con los requisitos exigidos, que son: tener incapacidad total y permanente (la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad laboral), no percibir jubilación, pensión, retiro o prestación contributiva o no contributiva; no ser empleado en relación de dependencia, ni estar registrado como autónomo o monotributista del régimen general (se puede ser titular del monotributo social); no tener ingresos ni recursos suficientes que permitan la subsistencia (si son menores, se tiene en cuenta el ingreso de madres, padres o tutores) ni tener familiar o cónyuge con obligación legal de proporcionar alimento o sustento económico; ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua; si son menores, los padres o los tutores deben haber residido como mínimo tres años sin interrupción), y no estar detenido o a disposición de la Justicia.El mes pasado se actualizaron los requisitos de la evaluación médica para acceder a una pensión y son: presentar un certificado médico con el diagnóstico y el grado de incapacidad firmado por un profesional de un centro de salud oficial o la Andis, el resumen de la historia clínica actualizado con los tratamientos realizados y estudios complementarios que respalden el diagnóstico y la incapacidad indicada."Cada etapa de la auditoría está diseñada para garantizar la integridad del proceso y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el Gobierno de Alberto Fernández", enfatizaron en Salud minutos antes del anuncio oficial.Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión anterior y en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.Para esta auditoría, primero se enviarán cartas documento a los beneficiarios de las pensiones. Recibirán, ya asignado, un turno con un médico de PAMI "para que presenten toda la documentación requerida", explicaron. Luego, serán los médicos de la obra social de jubilados y pensionados los que harán los controles necesarios para "garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión", plantearon.La última etapa será para procesar la información relevada en las oficinas de PAMI. "Los profesionales de la Andis analizarán la documentación de cada beneficiario -continuaron en la cartera sanitaria-. Por último, se emitirán los dictámenes y las resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión."Desde mediados de julio del año pasado, cuando Adorni exhibió en conferencia de prensa copia de actuaciones en las que se veía la radiografía de un perro en un expediente para tramitar la pensión por discapacidad laboral, en la Andis avanzaron con "revisiones segmentadas", por localidades.En los primeros más de 10.000 beneficiarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a la pensión -que ronda los $260.000-, 212 personas estaban procesadas, con condena o presas. En diciembre pasado, en Chaco, solo un 13,6% de los 2344 beneficiarios que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo la pensión. Se habían citado a 2689 residentes de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Castelli y Presidencia de la Plaza. Hubo 1796 (66,8%) casos que pasaron al trámite de "baja", según informó la Andis. En ese momento, 183 casos pasaron a revisión médica.En la agencia citaron algunos ejemplos: el de una mujer que había recibido la pensión por amputación del brazo derecho, pero tenía "ambos brazos intactos" y el de otra beneficiaría a la que se le había otorgado el beneficio por tener cáncer de mama y no solo "nunca le habían diagnosticado la enfermedad, sino que confesó nunca haber realizado una mamografía".También detallaron "múltiples casos" con un patrón de falta de coherencia en los diagnósticos y rigor (por ejemplo, una menor tenía una pensión por pie plano). "Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario", citaron en la Andis por otro de los casos evaluados.En Salud afirman que las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina y estiman que un 60-70% de prestadores no están brindando servicios de forma regular. PAMI recibió de la Andis datos de 1123 instituciones que tienen convenio para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios que reciben esas prestaciones.
La jefa de la entidad, Carmen Velarde, reiteró la importancia de que los ciudadanos actualicen su información para evitar inconvenientes el día de la votación
Los Fondos de Desarrollo Local (FDL), destinados a mejorar la infraestructura y calidad de vida de los bogotanos, fueron mal gestionados en varias localidades, de acuerdo con la denuncia del ente de control
La Policía Metropolitana aseguró que el deceso fue por un paro derivado de infecciones, mientras que los familiares denuncian signos de violencia física en el cuerpo del hombre
El organismo de control detalló que este proyecto estaba financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un valor superior a los 15.900 millones de pesos
La intervenida Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), administrada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), enfrenta una crisis financiera sin precedentes que afecta a miles de trabajadores agrarios en la Argentina. Un informe de gestión y de auditoría reveló evidencia de severas irregularidades en la administración de fondos durante los últimos años y que la deuda acumulada hasta el momento de la intervención ascendía a más de 97.000 millones de pesos.En el informe, el interventor Marcelo Petroni anunció que se implementaron medidas para asegurar la continuidad de los servicios médicos, atender urgencias y reorganizar los recursos con el fin de maximizar la eficiencia y transparencia en la administración. El informe y la auditoría, presentados ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), también fueron remitidos al Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, donde se investiga al secretario General de la Uatre, José Antonio Voytenco, por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.En octubre del año pasado, la Superintendencia se presentó como particular damnificada en la causa, solicitando a la Justicia la intervención de Osprera. Luego, a fines de noviembre, el interventor tomó control de la obra social y, en la actualidad, debe lidiar con una deuda total que ascendería a $97.889 millones al 31 de octubre de 2024.El detalle del informe de auditoríaLa deuda total es un 94% superior a la informada previamente.Identificaron obligaciones impagas con prestadores médicos, farmacias y proveedores de servicios esenciales.Detectaron desvíos de fondos y falta de documentación en procesos clave.Irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones: sobrefacturación y contratos sin contraprestación.Estructura sobredimensionada con fines políticos sin beneficio a los afiliados.Durante este período de intervención también se presentaron denuncias penales por amenazas y amedrentamientos contra el Interventor de Osprera por parte de sectores vinculados a la gestión anterior, según precisaron.José Voytenco acusó al Gobierno y a la Justicia de "una operación" para quedarse con la obra socialEl dirigente chaqueño José Voytenco apuntó contra el Gobierno y a la Justicia. "Los allanamientos fueron parte de una operación política y judicial bochornosa basada en una falsa investigación periodística", argumentó en diálogo con Radio Mitre. Y planteó: "Creo que la Superintendencia de Servicios de la Salud se ha extralimitado en sus funciones".De acuerdo a cifras que publicó la Superintendencia, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. En consecuencia, en el Gobierno hablaron de "serias dudas" sobre el manejo del dinero. La SSS está a cargo de Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud tras la salida de Mario Russo.Según la orden de allanamiento que dispuso el juez federal Federico Villena en octubre pasado, el denunciante, Marcelo Andrada, quien es secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido a Voytenco y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una "mansión" en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados.En ese entonces, Voytenco no respondió al llamado de LA NACION y en Radio Mitre no fue consultado sobre su patrimonio. Por su cargo en Osprera, Voytenco percibe un salario de $14.005.643 mensuales."El juez Federal Federico Villena dictó una medida judicial que nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. La denuncia la hicieron opositores a los que les he ganado y estoy hoy legítimamente al frente del gremio", sostuvo Voytenco.
La mandataria nacional tocó el tema este viernes durante su conferencia de prensa matutina
El organismo de control le pidió a Transmilenio aclarar si en la licitación se tuvieron en cuanta todas las tecnologías con estándares de emisión Euro VI
Se trata de $300 millones que fueron otorgado en concepto de subsidios a 147 bodegas para el mejoramiento de su infraestructura enoturística
El secretario general del gremo que reúne a trabajadores rurales y estibadores dijo que la obra social retrasa la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos y con VIH, tampoco cubre los servicios y demora los reintegros. Además,denuncian la intromisión de un diputado de La Libertad Avanza.
La medida correctiva perjudica en primera instancia a 9 cabildantes que repitieron periodo de gestión hasta 2027. El concejal Antonio Bohórquez se pronunció al respecto al afirmar que buscará agotar los recursos disponibles para ejercer sus derechos
La Fiscalía evalúa si existen fundamentos para iniciar una investigación preliminar contra los magistrados por posibles irregularidades en la adquisición de inmuebles, a raíz de reportajes emitidos en los últimos días
Omertá Excelente el editorial de la nacion sobre la omertá, pacto mafioso para que la corrupción quede impune. Un mal endémico que hoy está presente en todos los estratos sociales de la Argentina como un hecho cultural que corroe su futuro, afectando todos los ámbitos, ya sean públicos o privados. Arreglos, coimas, cohechos, retornos. Controlador y controlados son socios. Pero de eso no se habla. Espero que los hechos que menciona el editorial no queden impunes, caiga quien caiga. Tiene el gobierno central las herramientas para ello y espero que esa frase de que "quien las hace las paga" se cumpla. Sin honestidad, educación y trabajo es imposible que la Argentina salga adelante.Julio I. BottinoDNI 8.462.866 Sin irregularidades Algo sigue muy podrido en Dinamarca. Después de 16 meses de investigación, la Legislatura bonaerense decidió que no existieron irregularidades en el caso de personas que, ligadas a ella, extrajeron reiteradamente -durante muchos meses consecutivos- dinero de decenas de cuentas bancarias de presuntos sueldos, abiertas a nombre de personas que, en su mayoría, ni figuran como dependientes provinciales. ¿Qué nos queda después de esta clase de resoluciones?Alejo NeyeloffDNI 1.822.372Presupuesto Es una vergüenza que el primer presidente argentino que tiene título de economista gobierne el país sin el presupuesto que establece la Constitución nacional.Marta AcuñaDNI 4.957.970La universidad La excelente columna de opinión de la Dra. Daura sobre la universidad me lleva a realizar algunas reflexiones. Algo debe andar mal en la educación mundial para que las universidades deban ocuparse de formar sólidamente en aspectos socioafectivos y espirituales al estudiante, tarea que empieza en la familia y sigue en el nivel primario y secundario. Son también de esas etapas el desarrollo de la curiosidad (preescolar), la ética y el humanismo (primaria y secundaria). Lo mismo sobre creatividad: se deben incentivar desde el preescolar, aplicarse siempre y, en la universidad, aprender su teoría (que pocas enseñan). El desarrollo de las mal llamadas habilidades blandas y muchas "duras" específicas, por otro lado, es un requerimiento de las empresas, que cada vez quieren invertir menos dinero en la formación del personal. La única forma de que la universidad se reinvente es volviendo a ser el centro más elevado de formación de profesionales en todos los campos del conocimiento. La universidad no debe confundir sus elevados fines con los medios, parches de otros niveles educativos (que, por el momento, también deben atenderse tardíamente).Héctor J. FasoliDNI 12.498.457 Libertades Me preocupa muchísimo que una persona que alardea de la libertad al mismo tiempo condene la libertad de pensar distinto y amenace con buscar a los disidentes hasta el último rincón del planeta para exterminarlos. O sea, en nombre de la libertad no concibe la libertad de pensar distinto. Podrá encaminar una economía descarriada (aunque aún falte muchísimo), pero de la forma en que pregona su visión de "la libertad" no logrará jamás encaminar esta nación. La Argentina ha perdido más de medio siglo en experimentos de todo tipo -económicos, ideológicos, sociales- y así estamos. Quiera Dios que no perdamos otros cuatro años más y le enseñe el camino correcto.Roberto ArósteguiDNI 4.753.044A ver si se espabilan Hace ya un tiempo que veo con enorme satisfacción que varios medios, en especial este diario, han tenido la valentía de asomarse a la verdad respecto de los tristes hechos sucedidos en nuestra patria en la década del 70. De esa manera, han dejado meridianamente claro que el combate contra el terrorismo dio comienzo en un período constitucional, tal como ha quedado demostrado por los sucesos históricos ya varias veces detallados en la nacion. Desde luego, estamos hablando del año 1973. Sé que no dispongo de espacio suficiente para referirme con detalle a la temática de los mal denominados delitos de lesa humanidad, bajo cuya errónea calificación se están muriendo cientos de prisioneros injustamente encerrados. Así, por ejemplo, deberíamos hablar del Estatuto de Roma, que los jueces federales aplican descaradamente respecto de hechos sucedidos en una época en la que tal dispositivo no se encontraba vigente. En suma, aplicaron retroactivamente una norma penal, lo cual no solo está prohibido por nuestra Constitución, sino que también lo está, y expresamente, por el mencionado estatuto. Pero claro, para utilizar las desagradables palabras a las que es tan afecto el Excmo. Sr. Presidente de la Nación, que en rigor no me gustan: ¿a quién carajo le importa?¡Pues bien, parece que sí le importa a la gente, conforme a las notas que se están publicando en estos tiempos! ¡Se quitó una mordaza y las palabras salieron al aire en una tremenda explosión de sinceridad!Sin embargo, parece que los únicos que no se han enterado son los jueces federales. ¿Serán sordos, serán ciegos o simplemente babiecas y cobardes?¡A ver si se espabilan, vuestras señorías!Francisco García Santillánfgs@abogadosgs.com.arBarrios privados Entiendo perfectamente que el acceso a los barrios privados sea de un minucioso control. Pero por favor les pido a los propietarios que contesten el llamado de la guardia para que permitan el acceso a sus invitados y desarrollen todos los QR de invitados. Así nos beneficiamos los propietarios y los invitados, que dejamos de hacer largas colas bajo el sol para el ingreso.Marta LavalleDNI 13.137.994En la Red FacebookParo de trenes"¿Dónde estará la utilidad en dejar sin transporte a los laburantes? ¿De qué sirve estropear la vida de tanta gente sin recursos?"- Ana Baumann"Paro, paro, paro, paro, paro... exactamente lo que voté"- Raúl Pescio"La medida se sentirá fuerte en el interior del país"- Claudio Horacio SánchezLos textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)
Según el abogado de la familia Cóndor, un video presentado en la Fiscalía muestra que los efectivos policiales involucrados en la investigación del caso tenían conocimiento de la ubicación de Darwin Condori, quien fue identificado como el último contacto de Sheyla antes de su desaparición
Un informe de la AGN abarca desde "problemas financieros y de infraestructura" hasta errores en la manipulación de muestras biológicas. La respuesta del Malbrán
En una auditoría, la Contraloría Distrital identificó anomalías en los procesos de adquisición de algunas propiedades relacionadas con los pagos. Al parecer, el dinero fue entregado a terceros y no a los propietarios
La Justicia declara improcedente la rescisión del contrato del empleado. La entidad no supo probar los motivos
El concejal de Bogotá, que hace parte del partido Centro Democrático, reiteró sus acusaciones contra el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Jorge Londoño, al que señaló de detrimento patrimonial
El exgobernador de Santander también es hermano de Richard Aguilar, que también fue gobernador de Santander y en concordancia con sus familiares, terminó siendo investigado por irregularidades en proyectos de contratación
La ANMAT definió prohibir su fabricación, comercialización y promoción, tanto en el mercado local como en plataformas de ventas en línea.
En una auditoría, el ente de control identificó un total de 16 hallazgos disciplinarios, de los cuales dos tienen incidencia fiscal por $47.261 millones
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal a empresas como Olímpica, Dafiti, Huawei y Totto por omitir información clave en sus promociones durante el viernes de descuentos