Rafael Di Zeo, uno de los jefes de la barra brava de Boca Juniors, se casó este viernes con Carolina Condello, su pareja de hace varios años, en la Sede Comunal 5, ubicada en el barrio porteño de Boedo. Condello es abogada "con 12 años de experiencia en el Poder Judicial bonaerense" según su perfil de LinkedIn y se presenta en sus redes sociales como terapeuta holística, al tiempo que promociona sesiones de biodecodificación y servicios de lectura de tarot.Previamente, el histórico líder de La 12 estuvo casado con Soledad Spinetto, quien supo ser secretaria privada de Felipe Solá durante su mandato como gobernador de Buenos Aires."Ojo que hay piedras", se escucha decir a uno de los presentes que se acercó hasta el civil de Boedo donde los novios rubricaron su compromiso, según se pudo ver en las imágenes de la ceremonia, que rápidamente circularon por las redes sociales. Es que la noticia despertó el interés público, sobre todo en el mundo del fútbol."Rafa" Di Zeo, líder de la barra de Boca, se casó con su novia Carolina CondelloEn el video, puede observarse como Di Zeo sale de la Sede Comunal 5 junto a Condello, con quien se toma una foto y luego van hacia el encuentro de algunos invitados que les arrojan arroz.Condello es abogada "con 12 años de experiencia en el Poder Judicial bonaerense" según su perfil de LinkedIn y se presenta en sus redes sociales como terapeuta holística, al tiempo que promociona sesiones de biodecodificación y servicios de lectura de tarot. Se trata del segundo matrimonio de Di Zeo, ya que anteriormente estuvo casado varios años con Spinetto ex secretaria del exgobernador bonaerense Felipe Solá.La absolución de Di ZeoLas nuevas nupcias de Di Zeo se dan un mes después que la Justicia confirmara en segunda instancia su absolución en la causa que lo investiga por el doble homicidio ocurrido en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo en julio de 2013. En aquella oportunidad Marcelo Carnevale, de 33 años, y Ángel Díaz, de 44, fueron asesinados a balazos en medio de una disputa interna de la barra brava.Si bien a principios de 2023 el fiscal Aldo de la Fuente había pedido cuatro años de cárcel tras considerar que Di Zeo fue responsable del delito de "instigación a la formación de grupos destinados a cometer delitos en el marco de un espectáculo deportivo", la fiscalía "no logró determinar la identificación de las personas que efectuaron los disparos causantes de aquellas consecuencias", por lo que Di Zeo había sido absuelto en primera instancia.En relación con su situación judicial, el barra brava mantiene también un frente abierto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llegó a denunciarlo en noviembre del año pasado por amenazas e intimidación pública. En aquel entonces, la funcionaria acusó al líder de haber enviado un mensaje de audio de WhatsApp a una persona llamada Walter en donde sostuvo: "Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace".Según pudo saber LA NACION, los mensajes de voz de WhatsApp habrían sido enviados por Di Zeo después de conocer la decisión del Ministerio de Seguridad de aplicarle derecho de admisión por dos años a dos de sus lugartenientes, Fabián Kruger y Fernando Gatica por una serie de producidos en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario cuando Boca Juniors jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.Tras ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el barra brava, ratificada por la propia ministra Bullrich."Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", advirtió la funcionaria refiriéndose al líder de la 12.

Fuente: Ámbito

04/04/2025 10:49

Prohíben el ingreso a eventos deportivos a 16 barras de Vélez, tras el violento ataque a policías

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó un derecho de admisión para todo espectáculo deportivo contra los 16 barrabravas de Vélez que atacaron a unos policías vestidos de civil mientras jugaban un partido de fútbol recreativo.

Fuente: Página 12

03/04/2025 19:51

Un directivo de Deportivo Morón resultó herido cuando recibió golpes en la cabeza.La Policía intervino con balas de goma para intentar disuadir a los hinchas de Chacarita.

Fuente: La Nación

20/03/2025 00:36

Es imperioso terminar con las barras bravas

Las llamadas barras bravas son una vieja lacra de la Argentina. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que, si bien históricamente han estado vinculadas al mundo del fútbol, también se asocian con grupos políticos y sindicales, al tiempo que han crecido al calor del poder. Han sido utilizadas como fuerza de choque en ámbitos que no tienen nada que ver con los escenarios deportivos, como recientemente se vio en la movilización convocada el 12 de marzo en defensa de los jubilados, que derivó en inusitados episodios de violencia que hasta el momento permanecen impunes.A pesar de que las acciones delictivas de estos grupos constituyen un viejo problema y de que, en no pocas ocasiones, se ha intentado ponerles un límite mediante proyectos de leyes o programas especiales para prevenir y castigar la violencia en los estadios, los resultados han sido magros. Sencillamente, porque ha faltado la suficiente voluntad política para terminar con ellos y porque han sobrado complicidades del poder político y gremial, además de aquellas alimentadas por ciertos dirigentes de los clubes, para garantizar la supervivencia de estos mercaderes de la violencia.Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley antibarras, que propicia declarar a las barras bravas del fútbol organizaciones criminales. La iniciativa promueve, asimismo, investigar el papel de los dirigentes de los clubes y endurecer sanciones.El proyecto, que fue firmado por el presidente Javier Milei, apunta a tipificar los delitos en una clase de asociación ilícita especial. Del mismo modo, procura reforzar los mecanismos de inhabilitación administrativa para el ingreso a los estadios, una potestad que es del Estado desde 2016.Si las leyes no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, se transforman en letra muertaSi bien en 2024 se registró el más elevado nivel de personas a quienes, por sus antecedentes peligrosos, se les impidió entrar a las canchas de fútbol, la ministra de Seguridad sostuvo que no alcanza con eso, sino que hace falta desarmar a las llamadas barras bravas y quitarles la posibilidad de acceder a los numerosos negocios ilegales que, desde hace mucho tiempo, usufructúan.En forma cotidiana, estos grupos delictivos están asociados con distintos negocios que les brindan sustento para su despliegue territorial. Entre ellos, la reventa ilegal de entradas, que a menudo obtienen de dirigentes de los clubes a cambio de otro tipo de favores; la comercialización de drogas; "servicios" de seguridad; puestos de venta de comida o de merchandising ilegales en los estadios y sus alrededores, y el control de los estacionamientos a través de los tristemente célebres "trapitos". No faltan integrantes de estas barras que mantienen otras vinculaciones con el crimen organizado y sus ramificaciones, como el narcotráfico, el comercio de armas y los robos y secuestros.Resultaría fundamental que, esta vez, el Congreso se aboque con celeridad al tratamiento del nuevo proyecto de ley, para dar una señal de compromiso en la erradicación de estas verdaderas lacras.Habrá que tener en cuenta, sin embargo, que las mejores leyes no resolverán por sí solas el problema. Si no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, como acaba de ocurrir con la jueza Karina Andrade -quien liberó a la totalidad de los detenidos en la reciente movilización al Congreso-, se transforman en letra muerta.Terminar de una vez por todas con las violentas redes mafiosas, que hoy se extienden más allá de los estadios de fútbol, debe ser parte de una política de Estado. La inmensa mayoría de la población acompañará esa decisión.

Fuente: Página 12

20/03/2025 00:01

El Gobierno aportó hoy ante la Justicia elementos de prueba para la identificación de posibles involucrados en los incidentes del Congreso. El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich responsabilizó con nombre y apellido a 29 supuestos barrabravas por los serios desmanes producidos durante la macha por los jubilados, que derivaron en más de 114 detenciones y 53 heridos, entre ellos el fotográfo Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación."Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas", anunció Bullrich desde su cuenta de X. La funcionaria de Gobierno compartió su mensaje con un video en el que expone las caras de varios hombres a quienes acusa por los delitos ocurridos en la movilización en la Plaza del Congreso.Tras ello, el Ministerio de Seguridad aportó esta tarde ante la fiscalía interviniente en la causa a cargo de Franco Picardi una serie de pruebas, entre ellas, dos informes, con las que aseguró haber identificado a un grupo de personas "ejerciendo actos de violencia, arrojando piedras y atentando contra las Fuerzas de Seguridad".Tenemos pruebas y las presentamos.Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas. pic.twitter.com/6HbYZEdfwL— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2025"A través de un exhaustivo análisis de imágenes realizado por la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que incluyó el uso del sistema de reconocimiento facial "LUNA" y material fílmico captado por diversas dependencias, se logró identificar a varias personas que participaron activamente en los disturbios", informaron desde el Ministerio de Seguridad."En base a estos informes, el Ministerio de Seguridad ha solicitado a la Fiscalía interviniente la detención de 29 personas y la realización de allanamientos en sus domicilios con el fin de obtener más pruebas que permitan determinar su vinculación con organizaciones delictivas, tales como asociaciones ilícitas y barrabravas", señalaron desde el Ministerio de Seguridad, al tiempo que se requirió información urgente al Renaper y a otras instituciones pertinentes en pos de precisar los domicilios de los imputados.Sample HTML blockEn el pedido presentado por el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto, el Gobierno solicitó a la fiscalía que "tenga presente la prueba aportada" y requiera la detención de "las personas que surgen como posibles imputados de los hechos de autos". Asimismo, la cartera de Seguridad reclamó que "se libren informes urgentes para determinar los domicilios de los imputados ahora denunciados, y se ordenen allanamientos para lograr obtener pruebas que vinculen a los imputados con asociaciones ilícitas (organizaciones de Barrabravas) y el crimen organizado". La presentación del Gobierno se da luego el viernes pasado el fical Picardi solicitara a la ministra Bullrich, "registros, documentaciones e información" que puediera determinar la participación de barrabravas en la manifestación, luego que la cartera de Seguridad denunciara por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a "grupos organizados de barrabravas" de más de una veintena de clubes de fútbol. En aquella demanda también se apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quienes se los acusó de haber promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos. Además, este lunes el Gobierno denunció a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por el Ministerio de Seguridad por haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados, frente al Congreso, el miércoles pasado.

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