Las restricciones fueron anunciadas después de la detención de un marine de 20 años, acusado de matar y robar a una mujer japonesa en Naha. Las fuerzas estadounidenses suspendieron además sus operaciones durante 48 horas para realizar actividades de capacitación y disciplina. Leer más
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Carlos Andrés Migales Viera (31) fue asesinado frente a su esposa y sus hijas el domingo a la madrugada en Palermo.Hay dos sospechosos detenidos, un arma secuestrada y un dato clave: la puerta del departamento no estaba forzada y solo se podía abrir con un código de acceso.
El gobierno de los Estados Unidos creó en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y aprobó formalmente un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.Así lo informó el Ministerio de Seguridad Nacional. Según se explicó, de los fondos asignados, 7,5 millones de dólares estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país."La Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con los Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de la oficina del Departamento de Estado de los EE. UU., especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá base en nuestro país y contará con USD 7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, multiplicando por diez la inversión en cooperación. Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden", sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.Según explicaron las fuentes, la decisión de los Estados Unidos implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá profundizar el desarrollo de proyectos conjuntos y la adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales."La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional. La Argentina y Estados Unidos vienen profundizando su cooperación en materia de seguridad a través del intercambio de información, la inteligencia criminal, la capacitación, la asistencia técnica y el trabajo operativo conjunto", se explicó en un comunicado de prensa.Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben.Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de @StateINL, la oficina del Departamento de Estado de EE.UU. especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendráâ?¦— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 5, 2026Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se afirmó: "La cooperación entre ambos países en inteligencia criminal e interdicción permitió fortalecer las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y avanzar en la desarticulación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas".
Juan Manuel Melgarejo Ochante fue atacado durante la madrugada por dos hombres que llegaron en motocicleta cuando permanecía dentro de su vehículo en la avenida Baños del Inca
Alexandra Toro Montezuma falleció al interior de un bus en el que se trasladaba junto a su hija menor de edad. Su pareja, Adrián Azuaje Solís, también involucrado en el atentado, estaba en el vehículo y resultó gravemente herido
La progenitora buscó durante casi cuatro años conocer el paradero de su hija, desaparecida en agosto de 2016. Tras confirmarse el asesinato, mantuvo el reclamo de justicia frente a demoras en la investigación y decisiones judiciales cuestionadas por la familia
El estudio expone las deficiencias de las corporaciones estatales mientras Chihuahua mantiene operaciones contra grupos criminales y enfrenta la disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea, que suma 113 homicidios en cuatro municipios del noreste desde septiembre de 2024
Lo hizo el mismo día en que vencía el plazo y luego de su cómplice, Romain Bouvier.Ambos deberán afrontar un segundo juicio, que abordará los hechos y los elementos del caso desde el principio.
"Por favor, ¿podría abrazar a mi mamá antes de irme? Por favor, deje que abrace a mi mamá", rogaba una joven de 18 años a la jueza. No la dejaron: los guardias la acompañaron hasta una puerta. Ella lloraba mientras le decía a su mamá que la amaba, y la madre le respondía lo mismo desde el fondo de la sala.A Christa Pike la acababan de sentenciar a muerte mediante un método que todavía se llevaba a cabo en los Estados Unidos de los años noventa: la silla eléctrica. La jueza leyó el veredicto: "Se ordena la ejecución por choque eléctrico [...] Que Dios se apiade de usted". La declaraban culpable del asesinato y conspiración en el crimen de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido el 12 de enero de 1995.Christa tenía apenas 18 años. Colleen era su compañera en el programa Job Corps en Knoxville, Tennessee, una institución federal pensada para dar capacitación laboral a jóvenes vulnerables que, bajo la superficie, albergaba una cultura descontrolada de violencia e intimidación. En ese entorno, Christa había entablado una relación con Tadaryl Shipp, un joven que mostraba tanto dominación hacia ella como afecto.La sentencia de 1996 convirtió a Christa en la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en dos siglos y en la más joven de la era moderna de la pena capital en ese estado. Lleva tres décadas esperando en el corredor de la muerte, intentando apelar para que se escuche el trasfondo de su historia, una vida de traumas que habrían reconfigurado su condena a cadena perpetua. Pese a los recursos planteados, la Justicia fijó la fecha para su ejecución: el próximo 30 de septiembre.La directora académica del Cornell Center on the Death Penalty Worldwide resumió el dilema del caso ante The Guardian: "Si ejecutan a Christa Pike, se confirmará que la pena de muerte no está reservada para lo peor de lo peor, sino para los más dañados y vulnerables entre nosotros". Para entender la dimensión de la frase es necesario reconstruir antes el pasado de Pike.Abuso sexual y negligencia infantilDetrás de la imagen de adolescente común que se vio incluso durante el juicio (el pelo atado, las facciones todavía aniñadas, el gesto desconsolado) se esconde una doble historia: la de una asesina despiadada y brutal, y la de una víctima de abusos sistemáticos, incluso dentro de su propia familia, desde muy temprana edad.La doctora Bethany Brand, una de las mayores especialistas internacionales en evaluación de trauma y disociación, lo desarrolló en su informe psiquiátrico forense de 2023: "La vida de Christa se caracterizó por la pobreza, el abuso sexual, físico y emocional extremo y crónico, así como por la negligencia en la infancia [...]. En comparación con las personas que he evaluado en más de 30 años de práctica clínica, el abuso y la negligencia infantil de Christa son verdaderamente extremos".Desde que era bebé, su madre, Carissa, trabajaba turnos dobles y debía dejarla al cuidado del padre, Glenn Pike, desempleado y alcohólico. Testimonios de familiares incluidos en los peritajes describieron que Christa gateaba entre "pilas de excremento de perro por toda la casa" y platos sucios acumulados. Quizás por eso, y por la falta de cariño en su hogar, la niña buscó afecto en la única persona que se lo daba: su abuela paterna, Delfa. Años más tarde, su propia madre lo admitiría: "La abuela Delfa fue más madre para Christa que yo".Pero cuando Christa cumplió dos años, Delfa se mudó con su nueva pareja, Ernest Johnson, quien la sometió a abusos sexuales de índole oral. Para garantizar su silencio, la amenazaba con matarla a ella y a sus mascotas. También la castigaba encerrándola en la oscuridad de un gallinero, donde las arañas le caminaban encima y la picaban. Ese recuerdo, esa fobia, la acompañó el resto de su vida.En la escuela primaria, Christa intentó pedir auxilio como pudo: para una tarea, dibujó a un hombre con "un pene enorme y rostro de demonio". Pero en vez de preocupación por parte de las autoridades, obtuvo el reto: según un expediente de la Facultad de Derecho de Cornell, la maestra se horrorizó, la tomó bruscamente del brazo y la arrastró hasta la dirección. Nadie llamó a la policía ni a los servicios de protección infantil. Fue un grito de ayuda que nadie escuchó.La fuente constante de caos y peligroEso fue solo el principio de una larga cadena de abusos. Más adelante, cuando su madre se iba a trabajar, la dejaba al cuidado de la tía abuela Norma, que ya tenía un historial de violencia familiar, incluso contra la propia Carissa cuando esta era chica. A Christa la castigaba obligándola a quedarse sentada durante horas en una bañera con agua helada, y cuando lloraba pidiendo agua, le daba para tomar, en cambio, Alka-Seltzer, un antiácido estomacal.A los 11 años fue abusada por un vecino de 37, conocido en el barrio por sus antecedentes de pedofilia, Claude Davis. Christa intentó contárselo a su madre y a su hermana, pero ninguna le creyó. En las entrevistas con Brand, ella misma recordó el impacto de ese momento: "Fue horrible. Me devastó que mi madre y mi hermana no me creyeran. Mi hermana dijo que estaba mintiendo [...]. Eso me hizo sentir que no valía nada".Solo cuando desarrolló una infección ginecológica grave a causa del abuso intervino una docente y se hizo la denuncia policial. Como detalla una nota de The Guardian, el agresor se declaró culpable de cargos menores, obtuvo una pena en suspenso y volvió a vivir a pocos metros de la parada de colectivo a la que Christa iba cada mañana.Su adolescencia no fue mucho mejor. Su madre tuvo varias parejas, y muchas de ellas fueron problemáticas. Danny Thompson, por ejemplo, había fabricado un látigo de cuero que dejaba colgado en la pared como amenaza cotidiana y con el que la golpeaba. Christa recordó un episodio puntual: sabiendo que ella no sabía nadar, la tiró a una pileta para "enseñarle a la fuerza".Más tarde, Steve Kyaw, otra pareja de su madre, la sometió a tocamientos y agresiones físicas directas. Cuando ella intentaba defenderse, él la atacaba verbalmente: la llamaba "puta". Puede parecer un detalle menor, pero para su defensa, años después, no lo sería. También acumulaba cajas con material pornográfico en la vivienda, lo que para ella representó un acercamiento muy temprano a la sexualidad.A los 12 años, la muerte de su abuela Delfa la sumió en una depresión profunda: fue entonces cuando intentó suicidarse por primera vez, con una sobredosis de medicamentos. Ya consumía alcohol y marihuana sin que nadie en su familia se lo impidiera. La negligencia solo iba en aumento.Otros dos hechos la marcarían de por vida. A los 16 años quedó embarazada, pero su madre y el médico del centro de salud le dijeron que el bebé nacería con deformidades graves y la presionaron para abortar. Muchos años después se enteraría de que le habían mentido. A los 17 sufrió otro abuso sexual, esta vez de un desconocido: se defendió golpeándolo en la cabeza con una piedra y logró huir. Según los estudios posteriores, ese episodio también sería determinante en el crimen que cometería casi un año más tarde."Christa experimentó más adversidades infantiles que el 99,3% de la población estadounidense [...]. En lugar de ser un lugar de seguridad y protección, el hogar representó la fuente constante de caos y peligro desde que era una niña pequeña hasta su adolescencia", concluyó la doctora.La noche que lo cambió todoEn el otoño de 1994, Christa se inscribió en el programa Job Corps de Knoxville para estudiar Enfermería. Ahí conoció a Tadaryl Shipp, de 17 años, conocido en el lugar por su violencia. Pero ella estaba acostumbrada al maltrato: según los peritos, había desarrollado una "lógica distorsionada" según la cual estar junto a un joven agresivo la mantendría "protegida". Enseguida iniciaron una relación. No se sabe con precisión qué pasó entre ambos desde entonces hasta la noche del 12 de enero de 1995.En el juicio se habló de un triángulo amoroso y de celos: la joven sospechaba que Colleen Slemmer quería conquistar a Shipp. Entonces llegó el plan. Una noche le dijeron a Colleen que habían conseguido marihuana. Con esa excusa, la llevaron a un bosque cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Y se desató el horror.Shadolla Peterson, de 18 años, vigilaba. Shipp y Christa atacaron: golpearon y patearon a Colleen, la apuñalaron con un cúter y le cortaron la garganta. Los peritos determinaron que la tortura duró cerca de 40 minutos. Colleen, consciente, llegó a pedir que pararan. Pero Christa enloquecía cada vez más: según Brand, la víctima se defendía repitiéndole lo mismo que los hombres de su infancia le decían: "puta". Para los especialistas, esa palabra funcionó como un gatillo.El ataque terminó cuando le fracturaron el cráneo con pedazos de asfalto y piedras. Christa incluso se llevó un fragmento del cráneo como recuerdo. Después, Shipp le talló un pentagrama en el pecho a Colleen, un símbolo satánico.Lo que fue determinante es que, al día siguiente, Christa volvió al lugar del crimen junto a compañeros del instituto. Según el testimonio de los oficiales, citado en el expediente psiquiátrico, se mostraba eufórica, riendo y haciendo preguntas a la policía: un comportamiento que, para los peritos, reflejaba la pérdida total del juicio propia de un estado maníaco no tratado."Me gustaría verla freírse"El juicio, desarrollado en marzo de 1996 en el condado de Knox, estuvo cruzado por la indignación social. Los medios locales se enfocaron en la brutalidad del hecho y en la simbología del pentagrama.La familia de Colleen Slemmer exigió el castigo máximo. En declaraciones recogidas por el periódico local Knox News, Raúl Martínez, padrastro de la víctima, dijo minutos después del veredicto: "Me gustaría verla freírse, ¿de acuerdo? Lo siento, pero así es como me siento".En contraste, la asistencia legal de Christa fue calificada después por organismos de derechos humanos como una falla grave de representación: sus dos abogados de oficio carecían de experiencia en casos capitales. El abogado principal nunca había llevado un caso de pena de muerte, y su asistente no tenía trayectoria en juicios por homicidio.El hecho más cuestionado hasta hoy es que, la noche anterior a que determinaran la pena, la defensa descartó presentar el informe social de tres volúmenes preparado por un psicólogo perito, que establecía esta vida de abusos y sus efectos psiquiátricos en Christa. En su lugar, solo llamó brevemente a declarar a sus padres y a una tía.Por otra parte, la legislación de Tennessee fijaba en los 18 años la frontera legal para la pena capital. Su novio y coautor tenía 17 al momento del crimen, por lo que la ley lo eximió de la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de condicional. En cambio, como ella había cumplido los 18 pocos meses antes, quedó expuesta a la ejecución. Sin evidencia atenuante presentada ante el jurado, el voto fue unánime por la pena de muerte."Christa estaba rota"Durante casi 30 años, Christa fue la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, y pasó más de 27 años en confinamiento solitario dentro de una celda de 2,4 por 3 metros. Recién en prisión recibió un diagnóstico que podría haber cambiado el curso de su sentencia: trastorno bipolar tipo I, que implica episodios de manía intensa y psicosis. A eso se suman trastornos de estrés postraumático complejo, amnesia disociativa y trastorno de despersonalización. Solo entonces pudo empezar a tratarse.Brand escribió en su informe: "Después de años de psicoterapia y medicamentos para tratar su enfermedad mental, Christa es reflexiva, de temperamento equilibrado, brillante, divertida y tiene esperanza. Muestra un profundo arrepentimiento por sus acciones [...]. Es verdaderamente una persona diferente de la que era en el momento del asesinato".En la petición de clemencia de 226 páginas presentada ante el gobernador de Tennessee, Bill Lee, su equipo legal no pide la absolución ni la liberación, sino la conmutación de la pena por cadena perpetua sin libertad condicional. Como destaca el texto de la solicitud: "Christa estaba rota, no era malvada. Fue quebrada por un sistema de salud mental, juvenil y de justicia penal que la ignoró, la diagnosticó erróneamente y la trató mal a cada paso".En sus propias reflexiones, incluidas en la solicitud de misericordia, Christa asume la responsabilidad de sus actos sin justificarse: "Tuve más que mi parte justa de trauma mientras crecía, y me di cuenta de que muchos otros lo han sufrido y no cometieron delitos violentos. No uso eso ni ninguna otra cosa como excusa por lo que hice. No hay excusa para lo que hice. Hay razones para la manera en que actué. Pero nada excusa el crimen y el daño que les causó a tantas vidas [...]. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento todo lo que ocurrió esa noche".Por su parte, la madre de Colleen expresó hace tres años respecto del pedido de conmutación de pena: "No les está importando la víctima, y es necesario que les importe, porque esto es muy duro para la familia. Pasé por un infierno, y no está bien. Colleen fue torturada. [Christa] no debería tener más apelaciones, sus apelaciones ya fueron hace dos años. Así que no entiendo por qué derepente volvió al foco. Fue sentenciada a muerte, pasaron 28 años".
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Septiembre cerró con una seguidilla de femicidios en distintos puntos del país. Varias víctimas habían denunciado y contaban con medidas que debían haberlas protegido. Ada Rico advirtió a PERFIL sobre las fallas del sistema y la falta de monitoreo de los agresores. Leer más
La ceremonia, prevista para las 12:30, será transmitida en directo por YouTube, según comunicó la Presidencia durante una cadena nacional que mostró imágenes de la nueva infraestructura penitenciaria y declaraciones de Laura Fernández
La Jefa de Gobierno de la CDMX presentó su segundo informe de gobierno en el Auditorio Nacional
La Policía hondureña identificó al detenido como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años. La víctima, era su presunta pareja, según las primeras investigaciones
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Los actores Jason Romo y Eduardo Barquín protagonizan "Mejor ya vámonos", un cortometraje LGBT+ escrito y dirigido por el cineasta Miguel Arath
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Los peruanos acuden este domingo 4 de octubre nuevamente a las urnas, después de haber participado en las elecciones generales de abril y en la segunda vuelta presidencial de junio. Esta vez elegirán a más de 13.000 autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030, en un país marcado por la inseguridad, expansión de las extorsiones, asesinatos y falta de obras para enfrentar el Fenómeno El Niño
Las pruebas materiales, los videos y un teléfono incautado permitieron establecer la identidad de un hombre conocido como alias Eduar, quien continúa prófugo de la justicia
Una encuesta regional aplicada en 17 naciones ubica a esta nación centroamericana a 57 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano en percepción de seguridad ciudadana
La joven tenía 28 años, era conocida en las pasarelas de París y provenía de una acaudalada familia.Fue a buscar a uno de sus cuatro hijos a la escuela y nunca regresó.
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La ONU responsabilizó a Estado paraguayo por graves violaciones. Carmen Villalba, tía de las niñas, y Laura Villalba, madre de una de ellas, permanecen presas bajo un régimen de aislamiento extremo. Sus abogados avanzan con reclamos internacionales. Leer más
El jugador de los Kansas City Chiefs se asoció con su hermano Jason y General Mills.La propuesta volvió a circular por las reacciones enfrentadas que provocó entre los consumidores.
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Un crimen premeditado, una víctima consciente durante casi una hora y un fragmento de cráneo guardado como trofeo. Treinta años después, el fármaco letal no alcanzó para matar a la única mujer del corredor de la muerte de Riverbend, en lo que habría sido la primera ejecución femenina en el estado en más de dos siglos
La noche del 1 de octubre de 1993, mientras la niña jugaba con dos amigas que se habían quedado a dormir, un extraño irrumpió en el hogar y se la llevó. La policía estuvo a punto de atrapar al secuestrador antes de que la asesinara, pero un sistema de comunicación radial obsoleto impidió que lo identificaran. El hallazgo que permitió resolver el caso, la truculenta confesión del asesino y sus burlas en el tribunal que lo condenó a muerte
La solicitud fue presentada después de la audiencia de coerción, y el abogado Plutarco Jáquez afirmó que busca esclarecer los hechos y precisar las responsabilidades, sin señalar a otro sospechoso concreto
Se cumplen 33 años del secuestro y asesinato de una niña de 12 años en Petaluma, California. El caso tuvo un instante en que pudo resolverse de otra manera, y esa noche cambió más de lo que nadie imaginaba
Fuerzas federales, estatales y municipales mantienen un despliegue con más de 6 mil elementos
Un hijo asesinado por un mafioso. Un padre investigador que tomó el caso en sus manos y devino fiscal amateur. Dos balas en el buzón del chalet de Parque Patricios, con un mensaje directo: "Ni medios ni redes". El crimen lumpen que lo persigue por ir hasta el hueso, la custodia permanente en la puerta de su casa y la decisión de encerrarse y salir solamente protegido con chaleco antibalas.Esta es, en versión breve, la noche oscura del alma que vive Francisco Di Luciano, el papá de Gianfranco, desde el 14 de abril de 2024, cuando un asesino, prófugo por un asesinato previo, empezó a revolear tiros al aire en un boliche de San Justo y una bala le pegó a su hijo en la frente. Taiel Tambussi, el asesino, fue condenado a 34 años de prisión en Sierra Chica, pero hoy la Justicia provincial revisa el caso y podría bajarle la pena, usando probablemente el manual abolicionista de Eugenio Zaffaroni.Mientras, Tambussi se dedica a amenazar a Di Luciano desde su cuenta de Instagram, en la que publica libremente historias con facas, porros y chicas que lo visitan para tener relaciones sexuales. Las imágenes son públicas y navegan por internet. Una pesadilla que le puede suceder a cualquiera, una noche cualquiera, a una familia cualquiera, en un giro impredecible y desgraciado de la vida.El crimen de Gianfranco Di Luciano, en un boliche teatro de San Justo, es el síntoma de un entramado mafioso profundo y muy difícil de desarmar por una sola fuerza política. Desvela el verdadero bajo fondo de una Argentina que, en algún momento, se perdió. Se rompió. Un mar de sangre que no tiene solución rápida porque una parte del poder también está implicada en el juego y los detalles de esta tragedia lo revelan con claridad. En una palabra, el agujero negro es hondo y tanto o más complejo como enderezar una economía enferma.Los Di Luciano eran una clásica familia de clase media. Hinchas de Huracán, Gianfranco, de 20 años en el momento de su asesinato, jugaba al futsal en el club de Parque Patricios. La noche que empezó el infierno, el sábado 13 de abril de 2024, habían pasado un día familiar en el club. Hacia la noche, el chico se preparó para ir a bailar, como cualquier fin de semana.Hasta aquel día, Gianfranco no había salido de CABA durante los fines de semana. Hasta ese momento, las mafias del conurbano eran tan ajenas para los Di Luciano como los extraterrestres. Solo veían los casos por televisión. Y nada, pero nada, conectaba al plácido chalet de Parque Patricios con la sordidez de la zona más picante de La Matanza.Tambussi, en cambio, hacía rato que era amo y señor en el feudo de Fernando Espinoza, el intendente al que no le entran las balas porque, entre otras cosas, vive cómodamente en Puerto Madero. Casi de la edad de Gianfranco, el asesino se crio en la marginalidad de La Matanza, un municipio atractor de tragedias que, tal vez, algún día debería cambiar su nombre.En 2023, el asesino de Gianfranco ya había matado a Rafael Indalecio Pardo, un jubilado que salía de una farmacia. Había ido a comprar remedios. Un crimen a la luz del día, en pleno centro de Ramos Mejía. A Pardo lo asesinaron Tambussi y su banda, pero el único "prófugo" fue Tambussi. Pero lo más raro es que no huyó a Machu Picchu ni se reinventó en otra provincia. Se quedó en su casa, en San Justo. "Prófugo".El joven asesino manejaba mucho efectivo. Tanto que era capaz de sobornar con 200 dólares al DJ de cualquier boliche para que pasara su música preferida. Y se ponía muy pero muy nervioso cuando no le cumplían sus caprichos. Eso fue justamente lo que sucedió la madrugada del domingo 14 de abril, cuando Tambussi llegó con parte de su banda, un menor de edad -también hoy preso por el asesinato de Gianfranco- y dos chicas. Se instaló en el VIP del local, que hoy está cerrado por la tragedia.Alan, un amigo de la víctima, lo había convencido para hacer una aventura diferente: ir a un boliche del conurbano. Así llegaron a Woodstock, ubicado en el centro de San Justo. Dos países estaban a punto de enfrentarse: el que está fisurado y el que aún tiene esperanzas de salir adelante. El resultado estaba cantado, pero Gianfranco no podía saberlo. Tampoco sus padres, que se quedaron dormidos viendo una serie, sin sospechar que, en apenas unas horas, jamás volverían a ser los mismos.A las 5 de la mañana del domingo, Tambussi, que había entrado armado al local, se enfureció con el DJ. Sacó una pistola Bersa 9 mm y empezó a disparar hacia arriba. El cuarto disparo impactó directamente en la frente de Gianfranco. Lo mató al instante. Pero la muerte no detuvo al criminal; de Woostock se fue hacia una fiesta clandestina en Villa Palito, intentó matar a dos policías y recién allí fue capturado.Fue el fiscal Matías Folino, que tuvo el caso por apenas 20 horas, quien logró la detención porque todo lo que vino después fue el infierno mismo para los Di Luciano. El día del juicio por el crimen, Tambussi, supuestamente un joven marginal, tenía un buffette de cinco abogados para defenderlo.¿Tendrá algún padrino poderoso? ¿Será recaudador de un entramado ilegal? ¿Tendrá algo que ver con alguna parte de la policía o de la política? ¿Qué impacto tiene el ajuste en la provincia con la necesidad de recaudar más dinero ilegal para alimentar las cajas negras del poder? ¿Y por qué no hay jefes de policía presos en la provincia de Buenos Aires, como sí los hay, por ejemplo, en Santa Fe? Tirando del hilo de este crimen surgen las sospechas más tenebrosas de la Argentina.Después de las diez amenazas de muerte que recibió y las infinitas visitas de encapuchados al jardín de su casa con mensajes mafiosos, Di Luciano le pidió a la Justicia que le abran el celular a Tambussi para averiguar quiénes eran sus jefes. Hasta ahora, no obtuvo respuesta.Al menor secuaz de Tambussi, identificado como WRV, la Justicia le dictó arresto domiciliario, pero sin tobillera electrónica por considerarla estigmatizante. Di Luciano sospechó que el chico no iba a cumplir la pena y un día de enero se pertrechó con agua y alimentos y se fue hasta Ciudad Evita, donde vivía el segundo asesino. Como sospechó, lo vio caminando tranquilamente por el barrio, lavando su auto y fumando un porro. Volvió a denunciarlo. Le dieron otra oportunidad. Di Luciano siguió sospechando y el Día del Amigo de 2025 volvió al barrio de WRV y confirmó su sospecha: de nuevo, no estaba en su domicilio ni tampoco era controlado. Recién entonces lo encarcelaron.Ahora Tambussi apeló a la Cámara de Casación provincial, con buenos abogados. Un recurso de ese estilo, con un buffette de elite, puede costar unos 10.000 dólares. ¿Quién le proveyó ese dinero?Investigador de lujo sobre la problemática del conurbano, el historiador Jorge Ossona describe en un artículo publicado en Clarín la modalidad subterránea y peligrosa de vecinos que se organizan para hacer justicia por mano propia usando geolocalizadores. Impotentes como se sentía Di Luciano, ya no son padres investigadores, sino que van por el escarnio. Los escarnios son grabados.Ossona lo describe así: un "rastrero" -frecuentemente, menor de edad- capturado en el barrio es juzgado por pequeñas multitudes próximas a la comisión del delito. Suelen desnudarlos y lanzar a continuación patadas, trompadas, hay cinturonazos y eventuales empalamientos. Luego, se los ridiculiza ordenándoles entonar canciones infantiles o insultos autoinculpatorios. Un video, bastante difundido, consistió en hacerle cantar (a un joven delincuente) el Himno Nacional para detener los golpes: no sabía la letra.Como herramienta populista, la baja de la imputabilidad en menores puede ser efectiva. Pero como una ley aislada, sin una política integral que sume a la mayoría de las fuerzas políticas democráticas, suena como recetar una aspirina para curar un cáncer.
Los expedientes incluyen presuntos vínculos con organizaciones criminales, secuestro, homicidio, delitos contra la salud, corrupción y redes de extorsión
Los equipos de Guatemala y Estados Unidos retomarán esta semana las mesas técnicas contra redes criminales transnacionales, con una agenda bilateral incluirá narcotráfico, seguridad fronteriza, lavado de dinero, corrupción, tráfico ilícito de migrantes y ciberdelincuencia, tras la recién concluida visita de fiscales federales estadounidenses al territorio nacional
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El excandidato presidencial cuestionó el tono de la mandataria, quien afirmó que su paciencia está a prueba ante la demora del Legislativo en responder a su solicitud de facultades
La condenada por el homicidio de Colleen Slemmer en 1995 tiene fecha para la inyección letal fijada para el 30 de septiembre, tras el rechazo del gobernador Bill Lee a su pedido de clemencia
DUBLIN, California.- Un estacionamiento de un complejo deportivo, una tarde de sábado y una pareja de septuagenarios que se alejó a pie después de una ráfaga de disparos. Así comenzó la investigación por la muerte de Jonathan McKinsey, un ejecutivo de The New York Times de 40 años, cuyo asesinato expuso además una trama familiar marcada por un divorcio conflictivo, denuncias de violencia doméstica y acusaciones cruzadas de abuso.McKinsey, director de ingeniería del área de juegos de The New York Times, fue hallado en el estacionamiento del Dublin Sports Grounds, al este de San Francisco. Tenía múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en el lugar. La policía detuvo poco después a sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, un matrimonio que vive en Dublin.Las autoridades no informaron un móvil. Los dos sospechosos permanecen detenidos en la cárcel de Santa Rita, sin posibilidad de fianza, y deberán comparecer ante la Justicia el miércoles. Además de la acusación por asesinato, enfrentan cargos por conspiración, disparo intencional de un arma con negligencia grave y puesta en peligro de menores, informó la BBC.Hubo testigos que describieron una escena tan breve como brutal. Assad Razawi dijo que oyó entre cinco y seis disparos desde el parque y luego vio a un hombre desplomarse en el estacionamiento. También aseguró haber visto a un hombre y una mujer alejarse con calma. Un sargento que pasaba por el lugar vio a McKinsey en el suelo mientras la central recibía llamados al 911. Los sospechosos permanecían todavía en las inmediaciones cuando fueron detenidos.Un matrimonio rotoEl crimen ocurrió en medio de una separación particularmente áspera. McKinsey había pedido el divorcio en diciembre y él y su esposa, Candice Jang, vivían separados. Ambos habían solicitado órdenes de restricción por violencia doméstica y habían presentado acusaciones graves contra el otro. Una audiencia judicial por el divorcio estaba prevista para el 2 de octubre.En 2025, Jang denunció que McKinsey la había agredido físicamente, incluido un empujón que derivó en la fractura de una vértebra, y que había golpeado en la cara a uno de sus hijos, de seis años. En otro episodio, la policía encontró a su segundo hijo, de dos años, solo en una habitación después de que McKinsey saliera de compras. La mujer también denunció que su marido maltrataba emocionalmente a su madre.Por esos hechos, fue acusado de dos cargos menores de abuso infantil, se declaró no culpable y recuperó la libertad con la condición de completar 12 clases de crianza.Luego, en diciembre pasado, McKinsey dio su propia versión. En su pedido de restricción por violencia doméstica sostuvo que había sido víctima de años de violencia por parte de su esposa y que temía por la seguridad de sus hijos. La acusó de golpearlo con una sartén, herirlo con un espejo, obligarlo a ingerir una cucaracha y descuidar a los chicos. También afirmó que el episodio del niño de dos años había sido una maniobra deliberada para incriminarlo. Ese mismo mes, solicitó el divorcio.La transición y la familiaMcKinsey -quien antes de trabajar en el diario neoyorquino trabajó en compañías tecnológicas como Oracle y Coursera- estaba en plena transición a mujer y, en sus presentaciones judiciales, sostuvo que parte del conflicto con sus suegros estaba atravesado por su identidad de género. Acusó a su suegra de haber usado insultos contra él y contra uno de sus hijos después de que el niño se probara vestidos. Según dijo, le dijo a su nieto que era un "maricón repugnante" y un "pervertido". También denunció que su suegro lo había golpeado en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía por su transición en 2010, y que su mujer le arrancó los tubos médicos del cuerpo en medio del tratamiento.Jang, por su parte, sostuvo que McKinsey la había herido durante una discusión y que también había maltratado emocionalmente a su madre. En su presentación aseguró que durante una pelea él la había sujetado de los antebrazos y arrojado contra el borde de una mesa, lo que le habría provocado fracturas en vértebras de la parte superior de la espalda.Las acusaciones eran tan graves como recíprocas y seguían bajo disputa. No había una resolución definitiva que estableciera la veracidad de ese conjunto de denuncias cuando, el sábado, los disparos trasladaron el conflicto familiar a una investigación por homicidio. La policía no explicó qué ocurrió en los minutos previos al ataque ni por qué los padres de Jang habrían abierto fuego.Con información del diario The New York Times
El Departamento del Tesoro sancionó a el exesposo de la gobernadora de Baja California, a quien señala como presunto operador político del Cártel de Sinaloa
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ROSARIO.- Lorenzo "Jimi" Altamirano no tenía nada que ver con Newell's: quienes lo conocían decían que era antifútbol. Tocaba el bajo en bandas punk, hacía malabares en los semáforos y soñaba con volver a viajar a Brasil. La noche del 1 de febrero de 2023 lo eligieron al azar en una esquina de la zona oeste, lo subieron a un auto robado y lo ejecutaron frente al Coloso Marcelo Bielsa. En uno de sus bolsillos dejaron un papel. Su cuerpo fue apenas el soporte de un mensaje dirigido a los jefes presos de la barra leprosa. Los fiscales lo definieron con una palabra que resume la crueldad del caso: "envase". Tres años y medio después llegó una condena. El juez Fernando Sosa homologó este lunes el acuerdo entre los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello y el defensor público Iván Russo, por el cual Daniel Mateo Bommer, de 25 años, recibió 11 años de prisión por ser integrante de una asociación ilícita, autor de amenazas calificadas y partícipe secundario del homicidio calificado de Altamirano. La pena unifica una condena anterior de un año y medio por tenencia de drogas dictada por la Justicia federal. Según la acusación, Bommer era una pieza operativa de la organización que Pablo Nicolás Camino manejaba desde la cárcel federal de Rawson: conseguía los autos que luego se usaban en los ataques, guardaba armas y hacía de enlace entre el jefe preso y los sicarios. El día del crimen, su teléfono se comunicó una y otra vez con Alexis "Tato" Romero, a quien tenía agendado como "TT", y con Camino, registrado como "trotro". Para la Fiscalía, esas llamadas sirvieron para coordinar el asesinato entre quien lo ordenó y quienes lo ejecutaron. Esa noche, además, su celular impactó en una antena cercana al estadio. No alcanzó para atribuirle la autoría material. Condenado y blanco La pista que llevó hasta Bommer surgió de la propia violencia de la banda. El 4 de febrero, tres días después del crimen, recibió once disparos en Iriondo y 3 de Febrero. Sobrevivió. Internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, contó que hacía "trabajos" para Camino. Los investigadores sospechan que quisieron matarlo sus propios compañeros porque sabía demasiado. Poco después, un informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) elaborado a partir de datos de informantes de San Francisquito, Parque Casado y Bella Vista advertía que uno de los asesinos de Jimi había sido baleado. Bommer escapó de Rosario y se refugió en un hogar cristiano de rehabilitación en Villa Bosch, en el conurbano bonaerense, para dejar las drogas y esconderse de los sicarios que lo buscaban. Allí lo detuvieron el 20 de julio de 2023. En su imputación dijo que era hincha fanático de Newell's y que conocía a Camino de la cancha. A las 21.19 de aquel miércoles, Altamirano fue obligado a subir a un Renault Sandero en 27 de Febrero e Iriondo. El auto había sido robado a punta de pistola dos días antes en Chacabuco y Cochabamba. Lo llevaron hasta el ingreso del estadio, sobre la calle Morcillo, lo hicieron bajar y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. El papel que dejaron nombraba a Damián "Toro" Escobar, Leandro "Pollo" Vinardi y Gerardo Gómez, los referentes de Los Monos en la barra, y les exigía que "dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario". Ese mismo día, dos jóvenes en moto balearon la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez y dejaron carteles con un texto casi idéntico. Seguidilla de ataquesEl crimen de Jimi instaló en Rosario una idea que hasta entonces parecía lejana: que la guerra narco podía caer sobre cualquiera que estuviera en la calle en el momento equivocado. Camino se había presentado durante años como leal a Ariel "Guille" Cantero y había compartido pabellón con Vinardi en Piñero. La relación se quebró a fines de 2022 por una deuda de 60.000 dólares vinculada a un cargamento de cocaína. Junto con Eric Mansini y Leandro Vilchez, también presos en Rawson, Camino desató una ofensiva para golpear los negocios formales e informales de la barra de Newell's. La secuencia fue vertiginosa. El 19 de febrero balearon el carrito de comidas de Agustín "Tato" Leguizamón. Al día siguiente ejecutaron a Jorge Gustavo Maturano en su casa y, durante su velatorio, dispararon con una ametralladora contra la gente que estaba en la puerta: Pablo Sebastián Latorre murió y seis personas quedaron heridas. El 28 de febrero mataron a Benjamín Echavarría. El 2 de marzo, a las 2.53, balearon el supermercado Único de José Roccuzzo, suegro de Lionel Messi, y dejaron un cartel: "Messi, te estamos esperando". La Fiscalía le atribuye a Camino la instigación de cinco homicidios y 18 balaceras. Los Monos respondieron con una exhibición de poder: durante la despedida de Maxi Rodríguez, con Messi en la cancha, desplegaron en la tribuna una bandera de más de 40 metros con un mono, un pollo y un toro. Camino, apodado "El Carnicero" desde que en 2018 mató a puñaladas y con alambre a Rubén "Tubi" Segovia en la cárcel de Coronda, está preso desde 2015. Construyó su poder sin pisar la calle, a través de celulares que circulaban por boquetes en las paredes de los penales. Ya tiene una perpetua por el doble crimen de las hermanas Marianela y Estefanía Gorosito, además de otras condenas que suman 40 años. A mediados de este mes protagonizó un incidente en el penal de Marcos Paz. El 13 de octubre comenzará el juicio oral por esta saga de violencia. En el banquillo estarán Camino, Romero, Uriel Enrique, señalado como otro de los tiradores, y otros cuatro acusados. La familia de Jimi, que marchó a los tribunales para que su muerte no quedara "como un caso más", espera ese debate para que se juzgue a quienes eligieron a un músico al azar para convertirlo en mensajero.
Los enfrentamientos que dejaron al menos siete muertos en Huité revelan décadas de implantación territorial de estructuras narco y la incapacidad del Estado para responder con autoridad plena ante ellas
La resolución dejó sin efecto el planteo extraordinario de los ex policias Gabriel Alejandro Isassi y Juan José Nieva, condenados por el ataque contra el adolescente de 17 años que jugaba en Barracas Central
La viuda del exsenador publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció la determinación del mandatario y pidió que se conozca toda la verdad sobre este magnicidio
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La Delegación de Gobierno está recabando datos sobre el suceso
El 28 de septiembre de 1919, una turba de miles de supremacistas blancos atacó los tribunales de Omaha y se llevó a un trabajador afroamericano falsamente acusado de atacar a una mujer blanca. Lo golpearon, lo colgaron de una soga y le dispararon decenas de veces al cuerpo, para después quemar su cadáver. Fue el caso emblemático de la ola de violencia racial que sacudió a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El horrorizado recuerdo Henry Fonda, testigo directo del asesinato
La víctima, quien sería una ciudadana extranjera, aún no ha sido identificada. Cerca del cadáver se encontró una botella que contendría gasolina y Criminalística recogió evidencias
La Cámara Federal de Casación modificó la sentencia que había dictado el Tribunal de General Roca. Los sentenciados son cinco funcionarios de la Prefectura Naval. También les retiraron la inhabilitación para ejercer cargos públicos
La víctima había solicitado una orden de alejamiento tras sufrir agresiones y amenazas previas. El presunto agresor fue localizado por la Policía en estado crítico
El presidente colombiano aseguró que es cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia
Fanor Abdel Tovar Salinas fue asesinado cuando cerraba su puesto de hamburguesas en la urbanización Naranjal; familiares reunieron videos para identificar a los responsables
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El 24 de septiembre de 2025 fueron encontrados, enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela, los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Un año después, la investigación federal permitió reconstruir una organización con 18 imputados, presencia territorial en distintos puntos del AMBA, vínculos con el narcotráfico, circuitos de dinero y una logística que habría sido utilizada antes y después de los asesinatos. Sin embargo, pese al volumen de evidencia reunida por los investigadores, todavía persiste una pregunta visceral: ¿por qué las mataron? Leer más
El Ministerio Público homologa recursos en nueve regiones tras detectar brechas de personal, infraestructura y transporte. La reorganización incluyó traslados temporales de técnicos y vehículos hacia dependencias con falta de plazas, mientras la DICRI priorizó la compra de insumos básicos ausentes durante cerca de diez años
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La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el ataque ocurrido en marzo de 2022 en pleno centro de París, después de una pelea dentro de un bar. El exintegrante de Los Pumas recibió seis disparos en una secuencia que duró apenas unos minutos. El tribunal descartó la premeditación y aplicó penas apenas inferiores a las reclamadas por la Fiscalía. Antes de conocer el veredicto, los dos principales acusados por el crimen volvieron a dirigirse a la familia de la víctima y pidieron perdón. Leer más
La Justicia de París dictó sentencia contra los dos militantes de extrema derecha que acribillaron al ex integrante de Los Pumas en 2022. El tribunal desestimó las coartadas de los ex militares y cerró un proceso judicial que duró más de cuatro años. Leer más
La fiscalía realiza 13 allanamientos en inmuebles vinculados con la familia del exfuncionario Miguel Martínez. Los procedimientos, efectuados con apoyo policial y pericial, permitieron decomisar teléfonos, memorias USB y papeles relacionados con la gestión estatal en Jocotenango, Santa Lucía Cotzumalguapa y la capital guatemalteca durante la jornada
Hace unos días fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, tras ser acusado de nexos con el grupo Los Cromo, una célula del CJNG
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El juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas llega este viernes a su instancia definitiva en París, luego de tres semanas de audiencias. Loïk Le Priol y Romain Bouvier son los principales acusados por el homicidio ocurrido en marzo de 2022.
Courroye solicitó que las penas requeridas para Le Priol y Bouvier incluyan la obligación de recibir tratamiento psicológico. Al exponer su posición ante el jurado, sostuvo que ambos tuvieron oportunidades de actuar de otra manera antes y después del ataque.El fiscal dedicó parte de su alegato a la situación de los otros dos acusados. A Antony S., juzgado por ocultación y destrucción de pruebas, le reprochó haber mentido durante su declaración y haber cambiado su versión después de una suspensión de la audiencia. En cuanto a Lyson R., renunció a solicitar que se la considere cómplice de la tentativa de asesinato, aunque mantuvo el pedido de tres años de prisión.Los pedidos de pena forman parte del alegato de la acusación. Será el jurado el que resuelva la responsabilidad de cada acusado al dictar la sentencia. El juicio en París por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú entró en su tramo final. Tras casi tres horas de alegato, el fiscal Philippe Courroye pidió el miércoles 27 años de prisión para Loïk Le Priol y 20 para Romain Bouvier, los dos principales acusados.La fiscalía también solicitó tres años de prisión para Lyson R. y tres para Antony S. Los debates se reanudaron el jueves con los alegatos de la defensa. El abogado de Le Priol, Xavier Nogueras, describió un caso "viciado" y "contaminado" desde el principio por "la apisonadora" de la prensa, que según él lo calificó de "crimen fascista"."Cuando se inyecta ideología en un crimen, se impide la serenidad necesaria" para comprenderlo, prosiguió Nogueras. "Los monstruos no existen", estima Hugues Vigier, abogado de Bouvier.La sentencia está prevista para el viernes, más de cuatro años después del asesinato de Aramburú, ocurrido el 19 de marzo de 2022.
Lo dijo el principal acusado en sus últimas palabras. La audiencia final coincidió con la llegada del Papa León XIV. Se espera que la deliberación del jurado demore horas.
Más de 1.300 uniformados intervenieron 24 microterritorios vinculados a homicidios, expendios y desplazamientos forzados. Los datos oficiales explican por qué esas zonas fueron el blanco prioritario
La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. AtenuantesPero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando "en su justa dimensión" los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba "buenas razones" para apartarse de ellas. Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que "indudablemente" mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas. Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión "ha de producir alguna consecuencia efectiva" en el resultado final.El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
El Tribunal Superior de la ciudad ratificó la pena del dueño del auto del que salieron los disparos que mataron en 2019 Héctor Olivares y Miguel Yadón.
La delegación norteamericana destacó la importancia de la cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia y América Latina
En mayo de 2021, Juan Jesús Fernández fue condenado a la pena de prisión perpetua al ser considerado partícipe necesario de los homicidios del diputado nacional Héctor Olivares y del asesor Miguel Yadón, doble crimen ocurrido en la Plaza del Congreso. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño confirmó la pena impuesta en primera instancia.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "El máximo tribunal porteño rechazó la queja interpuesta por la defensa de Fernández contra el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que confirmó la condena como partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía", se explicó en un comunicado de prensa. Cronología del caso del diputado OlivaresY se agregó: "Al evaluar la queja, el TSJ efectuó un análisis de los agravios expuestos por la defensa. Concluyó que aquella no se hizo cargo del razonamiento efectuado por la Cámara Nacional de Casación ni demostró que la respuesta a sus planteos haya sido insuficiente o irrazonable".El ataque a balazos del que fueron víctimas Olivares, que tenía 61 años, y Yadón, de 58, ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical riojano y su asesor, nacido en Catamarca, salieron a hacer su caminata matutina habitual alrededor de la Plaza del Congreso.A las 6.50, al pasar por segunda vez junto a un Volkswagen Vento estacionado detrás de un ómnibus, sobre Avenida de Mayo, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, el legislador y su amigo fueron baleados.Yadón cayó muerto de tres disparos: uno en el cuello, otro en una axila y el tercero en la pelvis. Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad; falleció tres días después.Los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, que integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9, condenaron a Fernández a prisión perpetua como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía cometido en dos ocasiones.El confeso asesino fue un primo de Fernández, Juan José Navarro Cádiz, que recibió una pena de 45 años de cárcel. Falleció en septiembre de 2023 cuando cumplía la condena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Había sido encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y portación de arma de guerra sin la debida autorización."Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que me perdonen", había dicho Navarro Cádiz en sus palabras finales del juicio antes de que los jueces se retiraran a deliberar.En su alegato, el fiscal del juicio, Ariel Yapur, descartó la agravante del crimen cometido por "placer", como había sostenido su colega Estela Andrades en el requerimiento de elevación a juicio, calificativo con el que coincidió la querella en el debate."Difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana", había afirmado el juez Mariano Iturralde cuando procesó a los dos sospechosos.Sobre el móvil del doble crimen, quedó plasmado en el expediente que los acusados quisieron probar la efectividad del arma utilizada, una pistola semiautomática calibre 40 con sistema de mira láser."Los coautores decidieron de común acuerdo efectuar una prueba de tiro en la cual se pondría en juego la efectividad del sofisticado y particular dispositivo, utilizando como blanco a dos personas indefensas", sostuvo el juez en la citada resolución.Delito más graveSi bien el delito más grave que les imputó a los acusados se castiga con prisión o reclusión perpetua en el Código Penal argentino, Yapur no podía pedir esa pena para Navarro Cádiz. El representante del Ministerio Público recordó que el tirador fue detenido en Uruguay y extraditado bajo determinadas condiciones previstas en el tratado en materia de asistencia penal entre ambos países; entre ellas está la imposibilidad de que recibiera una condena a prisión perpetua."La ley establece que el condenado a prisión perpetua debe cumplir como mínimo 35 años de prisión para poder solicitar â??sin tener garantizado que se le vaya a darâ?? la libertad condicional. Nosotros nos hemos comprometido con Uruguay a que la entrega que ellos hicieron del prisionero Navarro Cádiz iba a quedar condicionada a que garantizáramos que de ningún modo iba a cumplir una pena a perpetua ni una pena superior a la máxima prevista a la legislación uruguaya", había explicado el fiscal Yapur en su alegato.Por ello, señaló ante los jueces del tribunal que, luego de analizar la ley uruguaya, llegó a la conclusión de que, en un caso como este, donde hay concurso de delitos, se puede solicitar la pena máxima de "45 años de reclusión".
El juicio en París por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú entró en su tramo final. Tras casi tres horas de alegato, el fiscal Philippe Courroye pidió el miércoles 27 años de prisión para Loïk Le Priol y 20 para Romain Bouvier, los dos principales acusados.La fiscalía también solicitó tres años de prisión para Lyson R. y tres para Antony S. Los debates se reanudarán este jueves con los alegatos de la defensa. La sentencia está prevista para el viernes, más de cuatro años después del asesinato de Aramburú, ocurrido el 19 de marzo de 2022. Qué pidió el fiscal para cada acusadoCourroye solicitó que las penas requeridas para Le Priol y Bouvier incluyan la obligación de recibir tratamiento psicológico. Al exponer su posición ante el jurado, sostuvo que ambos tuvieron oportunidades de actuar de otra manera antes y después del ataque.El fiscal dedicó parte de su alegato a la situación de los otros dos acusados. A Antony S., juzgado por ocultación y destrucción de pruebas, le reprochó haber mentido durante su declaración y haber cambiado su versión después de una suspensión de la audiencia. En cuanto a Lyson R., renunció a solicitar que se la considere cómplice de la tentativa de asesinato, aunque mantuvo el pedido de tres años de prisión.Los pedidos de pena forman parte del alegato de la acusación. Será el jurado el que resuelva la responsabilidad de cada acusado al dictar la sentencia.El argumento de la fiscalía sobre los disparos Uno de los puntos centrales de la exposición fue la secuencia del ataque. Courroye afirmó que cuatro balas impactaron en Aramburú, tres de ellas en la espalda, y sostuvo que Le Priol disparó cuando la víctima ya estaba herida. "Le Priol disparó contra un hombre que ya estaba herido", dijo ante el tribunal.El fiscal también cuestionó la reconstrucción en video 3D presentada por la defensa de Le Priol. A su entender, esa representación mostraba una secuencia favorable al acusado sin contar con todos los elementos necesarios para establecer de ese modo cómo ocurrieron los hechos.La legítima defensa es uno de los argumentos sostenidos por Le Priol. Courroye lo rechazó durante su alegato y advirtió al jurado sobre las consecuencias de aceptar esa tesis. También se refirió al estrés postraumático diagnosticado al acusado durante su paso por los comandos de marina: reconoció el diagnóstico, pero sostuvo que los elementos examinados en el juicio no permiten concluir que haya determinado su conducta en el momento del crimen.Qué falta antes de la sentenciaConcluido el alegato de la fiscalía, la defensa tendrá la palabra este jueves. Luego llegará la deliberación y el veredicto, previsto para el viernes. Hasta entonces, tanto la responsabilidad de los acusados como las penas solicitadas por Courroye permanecen sujetos a la decisión del jurado.
Las llamadas forman parte de las diligencias para reconstruir las coordinaciones previas al asesinato de la periodista, ocurrido durante una actividad de campaña en Caraz.
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Más de cinco años después de la desaparición de la adolescente Maydeleisis Rosales en La Habana, un inesperado testimonio entregado directamente a su madre ha reavivado las denuncias por un posible feminicidio
Tras la intervención de la presidenta, el mandatario estadounidense subrayó la necesidad de respuestas contundentes frente a las amenazas criminales
El fiscal Philippe Courroye definió el ataque como una "cacería humana" y solicitó duras penas para los extremistas Loïk Le Priol y Romain Bouvier. La querella descartó los argumentos de legítima defensa y estrés militar. El veredicto final se conocerá este viernes. Leer más
Durante una convención empresarial, el representante estadounidense afirmó que las organizaciones criminales aterrorizan y dominan comunidades
La fiscal Analía Cepedes confirmó que hay dos personas imputadas por el homicidio del adolescente de 16 años y explicó que investigan si el crimen estuvo vinculado con la agresión que, horas antes, la madre de Lautaro había denunciado contra su pareja. Leer más
En su alegato de este miércoles, el fiscal Philippe Carrouye pidió la pena más alta para Liok Le Priol (32) como autor del asesinato.Para Romain Bouvier (34) requirió una condena más baja, ya que le imputa el mismo delito, pero en grado de tentativa.El viernes se conocerá la sentencia.
La presidenta de Perú tiene previstas cuatro actividades este miércoles en Nueva York, además de un encuentro empresarial iberoamericano por la noche
Está previsto que este viernes 25 de septiembre finalice el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el exrugbier argentino que fue asesinado a balazos en París en 2022. Mientras tanto, este miércoles continúan las audiencias y comienzan a darse los alegatos finales con declaraciones de los abogados de la madre de la víctima, Cecilia Martín Aramburú, otros miembros de la familia y de Shaun Hegarty, el amigo que se encontraba junto a él al momento del ataque.Sophie Thonon-Wesfried, abogada de Cecilia Aramburú, fue la primera en tomar la palabra. "Tengo el difícil honor de defender el dolor de una madre. Perder a un hijo es indescriptible, impensable", reflexionó. La letrada retomó lo que ya había dicho su representada acerca de que se trató de un "crimen de odio" y que los asesinos tuvieron "impunidad"."La impunidad permeó la sociedad argentina durante veinticinco años", dijo la abogada, que buscó establecer un paralelismo con la violencia ocurrida en la Argentina durante la dictadura cívico-militar de 1976. Thonon-Wesfried explicó que Cecilia Aramburú tiene dos primos desaparecidos y "vio a su tía luchar toda su vida por la verdad".La familia de Aramburú tiene varios representantes en el juicio. Los hermanos de Federico, Isidro y Rosario Aramburú, también cuentan con defensa, encabezada por el abogado Félix Pelloux. La hermana, quien trabajaba con audiencias penales en un juzgado, dejó de ejercer "por miedo a enfrentarse a casos similares", contó Pelloux.La abogada de la viuda de Aramburú y de sus hijos llevó su alegato a lo que representó la trágica pérdida de su padre para los tres niños. "¿Cuántas balas, por qué, cuánto duró, dónde, sufrió, se le pudo haber salvado...?", fueron algunas de las preguntas que, según Marie Tortos, le hicieron a lo largo de los años a su madre. "No hay odio", aseguró la abogada respecto del sentimiento de la familia hacia Loik Le Priol y Roman Bouvier, los dos principales acusados por el asesinato. "Simplemente hay un deseo de verdad, de respeto. Los niños están en el tren (camino a París, en donde se hace el juicio). Están llegando. Tienen fe", añadió en declaraciones consignadas por el medio francés L'Equipe.En último lugar habló la abogada del también exrubier Hegarty, quien a lo largo de sus declaraciones dio más detalles sobre la madrugada del crimen y habló sobre la "culpa" que siente por no haber podido salvar a su socio y amigo. Véronique Massi apuntó directamente contra los acusados y consideró que dieron una declaración falsa. "Estamos presenciando, sintiendo y escuchando el poder de Le Priol, quien pensó que podía engañarlos", dijo y miró a la cara al francés de 32 años que se enfrenta a una condena a cadena perpetua. "Shaun es un hombre que lleva cuatro años sin poder respirar porque no deja de oír que él es el agresor. Eso es lo que le dijeron durante cuatro años", continuó la abogada, haciendo alusión a que, en su testimonio, tanto Le Priol como Bouvier afirmaron que sus disparos fueron en "defensa personal" por un ataque de Hegarty y Aramburú.Nuevas imágenesLa jornada también contó con la revelación de fotos y videos inéditos de los dos principales acusados durante su tiempo como miembros del movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD) y que fueron encontrados en el teléfono de Lyson R., expareja de Le Priol y acusada por complicidad en el asesinato. En las nuevas imágenes se puede ver a Bouvier y Le Priol posando con armas, balas y con las caras tapadas durante movilizaciones y manifestaciones. Los videos, a su vez, evocan a canciones alemanas, ejercicios paramilitares e incluso insultos racistas proferidos por los acusados. "Ese es el mundo en el que viví", justificó Le Priol. Si bien durante su testimonio la joven afirmó que "nunca había visto armas", los videos fueron capturados por ella. El juez le exigió una aclaración, pero Lyson R. aseguró que "ya no recuerda" y que su relación con Le Priol sólo duró dos años. Según afirmó, su ahora expareja era "tranquila y discreta".
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El proceso comenzó este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco. La madre de la víctima, su pareja y un allegado son juzgados por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. La querella también apunta a las intervenciones estatales previas al crimen. Leer más