federal

Muerte del instructor de vuelo en Córdoba: la investigación pasó a la Justicia Federal y la aeronave sigue bajo custodia

La causa por el fallecimiento de Leandro Bertazzo, ocurrido durante un vuelo de instrucción en Toledo, quedó en manos del fiscal federal Carlos Gonella. Continúan las pericias sobre el avión y la investigación busca esclarecer cómo ocurrió el hecho. Leer más

Una colombiana fue condenada a más de 17 años de cárcel federal en Estados Unidos por tráfico sexual de menores

En coordinación con un ciudadano venezolano, la connacional judicializada publicitaba a las jóvenes víctimas en sitios web y contrataba encuentros con "compradores"

Muerte y misterio: la Justicia Federal investiga si una falla en la puerta influyó en la caída del piloto cordobés

CÓRDOBA.- La causa por la muerte del instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, ocurrida el sábado por la tarde en Córdoba, pasó a manos del fiscal federal Carlos Gonella, de turno durante la feria judicial.El expediente fue remitido por la fiscalía de instrucción de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, luego de que se declarara incompetente para intervenir. Antes de ello, tomó las primeras medidas de prueba, entre ellas la custodia policial de la aeronave Cessna 150G.El sábado por la tarde, el Cessna 150G era piloteado por una joven de 22 años que ya contaba con licencia, pero debía completar horas de vuelo, por lo que tenía que operar acompañada por un instructor. Era el segundo viaje que Bertazzo realizaba ese día desde el aeródromo Coronel Olmedo."Era una persona amable, no había indicios de que pudiera hacer algo así"Eduardo Álvarez, director de la escuela de aviación donde trabajaba Leandro, el joven que se arrojó desde la avioneta, comentó cómo lo vio horas antes del hecho.ð??? En Código Nación con @deboraplager pic.twitter.com/cFFCLV7pf1— La Nación Más (@lanacionmas) July 6, 2026Según el relato de la joven, Bertazzo le pidió que mantuviera el rumbo previsto y le dijo: "Vos sabés lo que tenés que hacer". Después se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, guardó el celular, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión y cayó.Hasta ayer, las fuentes judiciales consultadas por LA NACION coincidían en que la hipótesis que cobraba más fuerza era la de un suicidio. Sin embargo, finalmente la fiscal provincial se declaró incompetente. Según algunas fuentes allegadas a la causa, ahora se investiga también si pudo haber existido algún problema en la puerta de la aeronave que provocara su apertura.De acuerdo con el comunicado oficial, el fiscal general Gonella está abocado a la investigación. Hasta el momento no se han presentado querellantes en la causa.La Justicia aguarda además el informe que debe elaborar la Junta de Investigación de Aviación Civil.Cuando Eduardo Álvarez, director de la empresa donde trabajaba Bertazzo, habló con el padre del instructor el sábado por la tarde, el hombre le comentó que su hijo atravesaba "un mal momento". Días antes, había realizado una consulta en una clínica psiquiátrica. En su ámbito laboral desconocían esa situación. Bertazzo era soltero y no tenía hijos.Álvarez precisó que los protocolos obligan a suspender un vuelo cuando existe alguna condición que pueda afectar la aptitud del piloto, aunque subrayó la complejidad de detectar este tipo de situaciones cuando no son explicitadas. "Estamos todos shockeados", admitió.Bertazzo, piloto comercial que incluso se había postulado recientemente para ingresar en una compañía privada, trabajaba desde hacía cuatro años en la escuela Flying Parrot Córdoba. También había desarrollado parte de su trayectoria profesional en Chile.Sus compañeros lo describen como un profesional muy capacitado, reconocido además por su buen humor. El director de la empresa resaltó que acumulaba casi una década de formación continua y experiencia en la actividad, lo que lo había convertido en una referencia habitual para los estudiantes que daban sus primeros pasos en la aviación.En sus redes sociales, el instructor indicaba que poseía la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATP) otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el nivel más alto de certificación para pilotos. Esa habilitación es requisito para desempeñarse como piloto al mando en aerolíneas de transporte regular y, por lo general, exige acreditar 1500 horas de vuelo, aprobar un examen escrito específico y completar el programa de formación correspondiente.

El Gobierno aprobó un plan federal para coordinar la respuesta ante el fenómeno El Niño

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un protocolo para fortalecer la prevención y la respuesta frente a inundaciones y crecidas en la Cuenca del Plata. La Agencia Federal de Emergencias será la encargada de coordinar su implementación y podrá actualizarlo según evolucione el fenómeno climático.

Red federal de puertos de acá

El gremio de Conductores Navales SICONARA- Rosario impulsa un proyecto para crear un corredor santafesino de transporte multimodal (fluvial y ferroviario) con alcance nacional capaz de vincular puertos, ferrocarriles, carreteras, industrias, centros energéticos y economías regionales bajo una visión común de desarrollo nacional.

El juez Martín Irurzun tuvo otro fallo adverso en su intento de continuar como camarista federal

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar solicitada por el juez Martín Irurzun, con la que buscaba permanecer en su cargo en la estratégica Cámara Federal, más allá de los 75 años.Al magistrado, que cumple la edad límite el 18 de julio próximo, solo le queda reclamar ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la jubilación.El Gobierno decidió no enviar al Senado el pliego de Irurzun para darle una reválida a su acuerdo por cinco años más, y quiere la vacante en la Cámara Federal para colocar a otro magistrado. Esta sería la tercera vacante a disposición del Gobierno en el tribunal, que es clave para los casos de corrupción. Los otros dos camaristas a reemplazar son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo. Irurzun reclamó suspender los efectos del artículo de la Constitución Nacional, que impone el límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del juez de primera instancia, quien había desestimado la acción preventiva por considerar que no existía "verosimilitud en el derecho" en el reclamo del magistrado.Los camaristas María Claudia Caputi y Luis María Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin del año 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento del Senado para los jueces al alcanzar el tope de 75 años.Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio."La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda", dijo Iruruzun, y por eso planteó que "se ha extinguido" ese estándar.Sin embargo, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvieron que no se puede suponer que la Corte hubiera cambiado de postura solo por el cambio en su composición.Los camaristas subrayaron que "basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente".

Siete meses después, la Justicia federal investigará la desaparición de Delicia Mamani como un caso de trata de personas

Primero hubo un mensaje improbable enviado desde el celular. "Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes". Esas mismas palabras, ajenas, como dictadas por alguien, fueron replicadas en una carta convenientemente encontrada días después. Pero la farsa de la partida voluntaria de Delicia Mamani, una estudiante de magisterio de 25 años, no alcanzó a disuadir a sus compañeras y docentes de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, en Córdoba, que ya habían activado las redes de búsqueda y organizado movilizaciones para visibilizar lo que denunciaban como otro caso de captación con fines de explotación. Después de más de seis meses de reclamos, finalmente la Justicia ordenó que la causa pase al fuero federal al reconocer la existencia de indicios suficientes que apuntan al delito de trata de personas. "Recién ahora la investigación mira hacia una red de trata, donde hay un captor y cómplices. Medio año después estamos mirando allí donde la Justicia debió buscar desde el principio. Ese tiempo en la vida de una persona es un montón", se lamenta la abogada Natalia Lescano, quien junto a Alina Dutto, se ofrecieron a trabajar ad honorem en el caso representando a María Mamani, madre de Delicia. "Han querido fingir una ida voluntaria de alguien que es mayor de edad, y justamente porque se trata de una mujer que supuestamente se fue por sus propios medios, nadie la busca", asegura. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TeleSISA (@telesisaoficial) La madre de Delicia hablaba de aquel 21 de noviembre de 2025, cuando Delicia salió, como todos los días, de su casa en Punta de Agua, un paraje rural en el centro de la provincia, al sur de la capital cordobesa. Caminó sola los tres kilómetros hasta la parada del colectivo interurbano. Una vez en la ciudad de Córdoba no ingresó al curso del segundo año del profesorado de Educación Primaria. Ahora se sabe que en su mochila cargaba dos jeans y una notebook. No llevaba dinero ni el pasaporte. Tampoco ensayó alguna despedida especial. "Después de mucho esfuerzo, Delicia había llegado a regularizar materias y estaba rindiendo los finales; por eso nos pareció extraño que faltara al curso. El martes 24 de noviembre una compañera suya vio en TikTok que una influencer daba la noticia de que la estaban buscando en Jujuy. No entendíamos nada, pues ella vivía y estudiaba en Córdoba. Esa fue la primera alarma de que algo no andaba bien", recuerda Mara, docente de Delicia y una de las mujeres que acompañó a la familia a realizar la denuncia por su desaparición. El sábado 29 de noviembre, ocho días después de la última vez que Delicia fue vista, una comitiva de docentes y estudiantes del "Carbó" ingresó al despacho de la Unidad Judicial N°2 de Córdoba para reclamar, a través de una denuncia formal, que se realicen todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de la joven. En su resolución de hace algunos días, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba consideró que podría haber "desprotección e intervención de terceros al evaluar el silencio absoluto de Delicia, su borrón digital abrupto, la vulnerabilidad que sufría por su realidad socioeconómica, la existencia de registros de movimientos fronterizos contradictorios y la sospecha de intervención de personas con antecedentes de explotación laboral y coerción económica". "Nosotras -insiste la abogada Lescano- venimos denunciando con nombre y apellido a quien consideramos que puede saber dónde está Delicia, pero la Justicia provincial demoró el traspaso al fuero federal. Después de seis meses empezamos una investigación de cero". "La queremos viva y sana" El apuntado por las denunciantes es Cancio Tencuri Flores, esposo de una de las hermanas de Delicia. Pero en la familia nadie lo llama por su nombre: para todos es "El viajante", por la costumbre de moverse de un lugar a otro sin trabajo fijo, aunque con insondables ingresos de dinero. Él mismo fue quien se apuró a radicar la primera denuncia por la desaparición de la joven en Jujuy con un detalle escandaloso: lo hizo haciéndose pasar por el hermano de Delicia. También fue el responsable de enviarle a la madre de la joven desaparecida videos que la muestran en la terminal de Villazón, Bolivia, junto a un mensaje perturbador: "María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas". Esas imágenes fueron tomadas desde una pantalla de monitoreo, es decir, un material al que solo tiene acceso personal de seguridad, lo que obliga a descartar la actuación solitaria de Tencuri Flores. "Hemos denunciado a esta persona porque sabemos que en octubre, antes de la desaparición de Delicia, estuvo en Córdoba reclamándole a la madre una deuda de dinero y le ha dicho que se la iba a cobrar con su hija. Él ya se había llevado a Delicia contra su voluntad a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva. Suponemos que ahora la ha vendido o entregado para algún tipo de trabajo esclavo o de explotación sexual. Todas las hipótesis de trata son posibles", afirma Lescano. El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, tomó nota de la denuncia de la querella y trascendió, pese al estricto secreto de sumario, que ya libró una orden de captura contra el cuñado de Delicia con resultado negativo hasta el momento. "Las docentes y compañeras de Delicia hicimos el trabajo que debió haber hecho la Justicia. Como comunidad educativa, exigimos que se activen los protocolos de búsqueda porque la queremos viva y sana. Las personas no desaparecen: en algún lado están", concluyó la docente de la joven. "Hipervulnerabilidad" "La Argentina está obligada a cumplir con ciertos estándares internacionales de derechos humanos y cuando se trata de desapariciones de niñas y mujeres existen las 100 Reglas de Brasilia, que ponen el foco en las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. En el caso de Delicia hay condiciones de hipervulnerabilidad", destaca la abogada Natalia Lescano, que representa a la querella. Las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad son un conjunto de principios acordados en 2008 en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Su objetivo es garantizar un acceso efectivo a la Justicia para quienes se encuentran en situaciones de desventaja â??por razones económicas, sociales, de género, condición migratoria, entre otrasâ??, recomendando medidas específicas para que los sistemas judiciales las atiendan de manera adecuada y sin discriminación. "La realidad de Delicia es muy dura, de una pobreza que te duele en el alma. Vive en un rancho de adobe con piso de tierra en el medio del campo. Además, tiene una discapacidad motriz. Todo esto formó en ella una personalidad retraída; le costaba mucho establecer vínculos, siempre estaba callada", destaca Mara, docente del segundo año del profesorado de Educación Primaria que cursaba Delicia en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, de Córdoba. En este contexto, la abogada de la familia invocó las Reglas de Brasilia para que la Justicia reconozca a Delicia como sujeto de derecho en situación de vulnerabilidad y actúe en consecuencia, "con celeridad, sensibilidad y perspectiva de derechos humanos". Otro punto clave que plantea es la posibilidad concreta de que estemos frente a un caso de trata de personas. Este tipo de delito se sostiene muchas veces sobre la captación de mujeres jóvenes, pobres, migrantes y de personalidad reservada. La historia personal de Delicia responde sin dudas a ese patrón. La trata de personas, además, implica activar protocolos específicos, articular con organismos especializados y desplegar una búsqueda que no se limite al entorno inmediato de la víctima.

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

Al menos una aeronave forma parte del despliegue, según videos compartidos por testigos en la zona

Ocho integrantes del Tren de Aragua a juicio federal con riesgo de pena de muerte por asesinatos en Chicago y Dallas

Los acusados perpetraron ejecuciones y secuestros en los estados de Illinois y Texas. Tras una serie de investigaciones interagenciales, las autoridades confirmaron que la organización venezolana está bajo estricta persecución en territorio estadounidense

Empieza el juicio político a un juez federal de Mar del Plata acusado de postear mensajes antisemitas en redes

Se trata de Alfredo López, titular del Juzgado Federal Nº4 de la ciudad balnearia hasta hace pocas semanas. Está suspendido y señalado por mal desempeño de sus funciones. Enfrentará un jury en el Consejo de la Magistratura

Hace 50 años Montoneros detonó una poderosa bomba en el corazón de la Policía Federal

La banda de Firmenich atacó la superintendencia de Seguridad. Hubo 23 muertos y más de 100 heridos. Fue uno de los más grandes golpes de la guerrilla y generó conmoción en la dictadura.

La Cámara Federal unificó dos causas por el "rulo financiero" en el juzgado de Ariel Lijo

La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación "integral, coherente y eficiente", además de asegurar el derecho de defensa. Boico entendió que "la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza" y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.Por eso, para la "mejor y más pronta administración de justicia", y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance "sensiblemente superior", Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.

La Cámara Federal unificó dos causas clave por el "rulo cambiario" que involucran a Elías Piccirillo y Martín Migueles

Son investigaciones por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación durante el cepo cambiario. Quedarán, desde ahora, a cargo del juez federal Ariel Lijo

La Cámara Federal acumuló dos causas del rulo con el dólar y quedaron a cargo del juez Lijo

Había una disputa entre ese magistrado y María Servini, que investigan las maniobras durante el gobierno de Alberto Fernández.

SNTE presiona a gobierno federal por reforma a la USICAMM y pide cambios al sistema de pensiones

El sindicato magisterial pidió abrir mesas de análisis sobre jubilaciones y adeudos laborales

Es oficial: el proyecto de ley federal que beneficia las ebikes y el transporte público en EE.UU.

El Congreso deberá debatir una legislación que dará grandes inversiones en el sector.Con apoyos de los dos grandes partidos, se daría un salto de calidad en infraestructura y transporte del país.

Donald Trump anunció USD 415,9 millones en ayuda federal para Florida ante la temporada de huracanes 2026

La mayor parte del fondo se dirigirá al norte y el Panhandle, y la agencia nacional dará a conocer pronto el desglose por regiones

Villarruel recordó a los policías caídos en el ataque al comedor de la Federal y reclamó "Verdad, Justicia y Reparación" para sus familias

La vicepresidenta conmemoró la fecha con un mensaje en redes sociales donde apuntó contra la organización Montoneros, a 50 años del ataque. Leer más

El PJ Federal prepara un acto en el Norte y busca adhesiones lejos de la interna kirchnerista

Será en agosto, en una provincia que aún no está definida. Las opciones son Jujuy y La Rioja. El esquema pretende hacerse fuerte en el interior y esquivar las peleas bonaerenses

Nahuel Gallo brindó detalles sobre su detención en Venezuela y pidió ser el único querellante de la causa ante la Cámara Federal

Nahuel Gallo se presentó este miércoles ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, brindó detalles sobre su detención en Venezuela -que duró más de 448 días- y expresó sus argumentos para apelar la decisión de unificar a todas las querellas en la causa que se tramita en el país contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad.Durante su testimonio, el gendarme contó cómo transitó el casi año y medio que pasó privado de su libertad en territorio venezolano, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 hasta su liberación el 1 de marzo de este año.Por otro lado, Gallo explicó sus motivos para la apelación que presentó ante la decisión del juez Sebastián Ramos de unificar a los querellantes. El gendarme se había acercado a los tribunales por primera vez el pasado 30 de abril, en aquel caso como testigo. Luego, su defensa pidió incorporarlo como querellante, hecho que fue avalado por Ramos. Sin embargo, el magistrado decidió después la unificación con las denuncias del resto de los damnificados. Ahora los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberán decidir si conservan o revocan la resolución.Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro.No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido.Confíoâ?¦ pic.twitter.com/TBQZkKFjaa— Nahuel Gallo (@nahuollag) July 1, 2026"Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro. No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido", manifestó Gallo vía X tras su presentación.A su vez, indicó que confía en que la "Justicia avance" y que la "impunidad no tenga la última palabra". Además, le agradeció a su equipo legal, Claudio Nuncija, Alfonso Martinotti, Alejandro Ferreira y Rodrigo Guzmán Espoz.Su primera declaraciónEl gendarme se presentó por primera vez ante la Justicia el pasado 30 de abril y denunció haber sufrido "torturas" por parte del régimen chavista durante su arresto en Venezuela."Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido", manifestó en redes en aquel momento.La causa contra Maduro y otros funcionarios, entre ellos, Diosdado Cabello -quien permanece en funciones como ministro del Interior-, se inició a principio de 2023, por impulso del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

El reclamo por la AMIA rompió las fronteras: 50 intendentes sellaron un pacto federal contra la impunidad

En un encuentro inédito en la calle Pasteur, jefes comunales de 14 provincias firmaron una declaración conjunta para exigir justicia y combatir el antisemitismo. Leer más

Un juez federal suspendió temporalmente la escolta obligatoria a periodistas del New York Times dentro del Pentágono

NUEVA YORK.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Defensa suspender temporalmente su exigencia de que los periodistas de The New York Times estén acompañados por un escolta oficial cada vez que realizan coberturas dentro del Pentágono, en nuevo revés para los esfuerzos del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, por restringir el acceso de los medios.El juez del Distrito de Columbia, Paul L. Friedman, emitió una medida cautelar preliminar que impide aplicar esa política al considerar que viola la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana -que protege la libertad de prensa- , mientras continúa el proceso judicial iniciado por el diario contra las restricciones del Pentágono.En la orden no se especifica si los periodistas de otras organizaciones también quedarían exentos de esa política.El periódico demandó al Departamento de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses. Las demandas han alimentado una creciente tensión entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno republicano, tanto en el ámbito público como en los tribunales.STATEMENT:The Department strongly disagrees with today's decision. This ruling strips away reasonable security measures and will make it easier for sensitive and classified information to reach our adversaries. Unescorted access to the Pentagon allowed journalists to observeâ?¦ pic.twitter.com/r5ZYtvT5UL— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 30, 2026El Times celebró el fallo de Friedman."La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el Ejército", señaló el vocero Charlie Stadtlander."El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución", agregó el vocero.El vocero del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento "discrepa enérgicamente" con la decisión de Friedman."Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios", escribió Parnell.LitigiosEn octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adoptó una política que le otorgaba al Pentágono la facultad de revocar las credenciales de prensa de los periodistas considerados un "riesgo para la seguridad" si buscaban obtener determinada información de militares que no estuvieran autorizados a hablar con los medios de comunicación.En una demanda presentada en diciembre, The New York Times sostuvo que esas normas constituían una violación inconstitucional de la Primera Enmienda, y el juez Friedman falló a favor del medio en marzo.Un día hábil después, el Pentágono publicó un conjunto revisado de normas que incluía el requisito de que los periodistas estuvieran acompañados por un escolta oficial. Antes de ese cambio, los reporteros podían desplazarse sin escolta por algunas áreas del edificio. El Pentágono, además, apeló el fallo de marzo.En una resolución preliminar emitida en abril, un tribunal de apelaciones permitió al Pentágono mantener vigente la norma de los escoltas mientras continuaba el litigio, en parte porque el juez Friedman no había abordado ese requisito específico en el caso original.Posteriormente, en mayo, el Times presentó una segunda demanda para anular la obligación de contar con un escolta, al considerar que se trataba de una medida de represalia y que vulneraba la libertad de prensa.La decisión del martes significa que el tribunal ya ha escuchado los argumentos sobre la política de escoltas y ha determinado, de manera preliminar, que esta vulnera de forma independiente la Constitución, escribió el juez Friedman.El Pentágono sostuvo que la política de escoltas es fundamental para cumplir con su obligación de proteger la seguridad nacional y que los periodistas que circulan sin acompañamiento pueden "mantener una presencia física constante cerca de áreas sensibles dentro del Pentágono", según la declaración judicial de uno de sus funcionarios.Además, argumentó que los reporteros habían aprovechado esa libertad de movimiento para obtener información sensible.Sarah Welch, abogada del Departamento de Justicia que representa al Pentágono, sostuvo que la norma de los escoltas no "interfiere" con las tareas de recopilación de información periodística y que "la Primera Enmienda no garantiza el derecho a la forma de acceso más conveniente".Durante una audiencia celebrada en junio sobre la política, un abogado de The New York Times rechazó los argumentos del Pentágono y sostuvo que el propio equipo de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas se beneficiaba de su interacción con los periodistas."El verdadero valor está en poder hablar con la gente y establecer relaciones. Es una calle de doble sentido", afirmó Theodore J. Boutrous Jr., abogado del estudio Gibson Dunn que representa al medio.Desde que el Pentágono impuso sus primeras restricciones, The New York Times y otras organizaciones periodísticas abandonaron voluntariamente los espacios de prensa dentro dentro del departamento y continúan cubriendo sus actividades desde el exterior del edificio, mientras un nuevo grupo de periodistas acreditados por el Pentágono ocupa actualmente las oficinas destinadas a la prensa. Agencias AP y ANSA y diario The New York Times

El gendarme Nahuel Gallo contó ante la Cámara Federal detalles del calvario que vivió en Venezuela

Relató la detención, la acusación por espionaje, lo que vivió en El Rodeo y pidió ser querellante único en la causa que se instruye en Argentina

La jueza federal en Nueva York retrasa el juicio federal contra Luigi Mangione hasta enero de 2027

La magistrada Margaret Garnett movió la selección del jurado al 5 de enero y fijó los alegatos para el 25, al evitar que el trámite se superponga con el proceso estatal de septiembre

Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

Un magistrado de la Cámara Federal de Mar del Plata pidió que le paguen por el trabajo de un lugar vacante en su tribunal.El Consejo de la Magistratura lo rechazó porque es pagar dos veces por una misma función.Una resolución judicial le dio la razón al camarista.

La Corte Suprema de EEUU resguardó la autonomía de la Reserva Federal y bloqueó el despido de su gobernadora

El tribunal otorgó a Donald Trump un poder sin precedentes para remover a voluntad a los jefes de los organismos reguladores, pero excluyó al banco central en una votación de 5-4

El acusado Luigi Mangione vuelve a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio

La sesión, prevista para las 11:30 horas locales, revisará el cuestionario para candidatos a integrar el panel y el cronograma del proceso en la causa que se tramita en paralelo a un expediente local por el asesinato de Brian Thompson

Zdero felicitó a Santilli y evitó hablar del caso Adorni: "Mirada federal"

En su mensaje, pidió "responsabilidad" y "trabajo en equipo", pero no hizo referencia a la salida de Manuel Adorni ni a la crisis política que atravesó el Gobierno nacional. Leer más

Críticos del PSOE afirman que el Comité Federal es un "club de fans" de Sánchez que va al "suicidio voluntariamente"

Presentan un proyecto para elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora: a qué trabajadores alcanzaría

Un senador demócrata presentó un proyecto de ley para incrementar gradualmente el salario mínimo federal en Estados Unidos hasta US$25 por hora, tras 17 años sin actualizaciones. La medida busca responder a la crisis de asequibilidad y recuperar el apoyo de votantes de la clase trabajadora.Cómo es el proyecto que busca elevar el salario mínimo federal a US$25 por horaEl senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) presentó el jueves 25 de junio de 2026 un proyecto de ley titulado "Living Wage for All Act" (Ley de Salario Vital para Todos). La medida apunta a elevar el salario mínimo federal a US$25 la hora, mediante un sistema de incrementos graduales. Actualmente, el monto fijado es de US$7,25, y no se actualiza desde el año 2009.Bajo los términos de la propuesta, el sueldo base aumentaría de la siguiente manera:Primer año: subiría de los actuales US$7,25 a US$12 por hora.Grandes corporaciones: tendrían un plazo de seis años para alcanzar los US$25.Pequeños negocios: dispondrían de un periodo de 13 años para llegar a la meta.El texto legislativo define como grandes empresas a las compañías cuyos ingresos brutos son de al menos US$1000 millones o aquellas que tienen más de 500 empleados."Los demócratas deben ofrecer soluciones que estén a la altura de los problemas que enfrenta la gente", expresó Murphy, citado por The Washington Post.La cifra de US$25 surge de cálculos realizados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Los investigadores analizaron un salario digno al considerar gastos como alimentación, cuidado infantil, atención médica, vivienda y transporte.Según los impulsores del proyecto, casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense gana menos de US$25 por hora.Living Wage for All: objetivo del proyecto de ley y a qué trabajadores afectaríaEl objetivo final es que el salario mínimo signifique dos tercios del salario por hora medio nacional. Una vez alcanzada esta proporción, el monto se ajustará automáticamente cada año para mantener ese nivel.Asimismo, la ley busca eliminar las categorías de empleados que cobran sumas inferiores a la mínima, las cuales actualmente se aplican a:Trabajadores que reciben propinas: se eliminaría gradualmente el "crédito por propinas". Los empleadores deberán pagar la remuneración mínima completa además de las propinas que reciban los trabajadores, quienes conservan el derecho a retenerlas.Trabajadores jóvenes (menores de 20 años): se incrementaría el monto inicial para estos trabajadores hasta que iguale la cantidad mínima general.Personas con discapacidades: se prohibiría la emisión de nuevos certificados especiales que permitían pagar sumas inferiores y se eliminarían los actuales gradualmente.La propuesta atraviesa la etapa inicial del proceso legislativo. Según The Washington Post, es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, debido a que los republicanos controlan ambas cámaras. Los estados de EE.UU. con los salarios mínimos más altos y actualizaciones de 2026De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 34 estados, territorios y distritos tienen actualmente salarios mínimos superiores al piso federal de US$7,25 por hora. Sin embargo, otras jurisdicciones siguen atadas al mínimo, lo que mantiene fuertes diferencias salariales según el lugar de residencia del trabajador. De acuerdo con el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), las jurisdicciones cuyos sueldos base son los más elevados del país corresponden a las siguientes:Washington: US$17,13/hConnecticut: US$16,94/hCalifornia: US$16,90/hNueva York: hasta US$17/h en NYC, Long Island y WestchesterHawái: US$16,00/hSi se incluyen jurisdicciones no estatales, la suma más alta es la de Washington D. C. con US$17,95/h.Por otro lado, este año se realizaron diversas actualizaciones por inflación y calendario el 1° de enero. Los siguientes estados experimentaron incrementos del salario mínimo en 2026, según el Proyecto Nacional de Derecho Laboral:Washington: US$17,13Nueva York: US$17 (con tarifas de US$16 para ciertos sectores)Connecticut: US$16,94California: US$16,90 (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)Hawái: US$16Rhode Island: US$16Nueva Jersey: US$15,92Colorado: US$15,16Arizona: US$15,15Maine: US$15,10Missouri: US$15Nebraska: US$15Vermont: US$14,42Michigan: US$13,73Virginia: US$12,77Dakota del Sur: US$11,85Minnesota: US$11,41Ohio: US$11Montana: US$10,85

Con el locro como protagonista: una gran celebración federal acompañará los festejos por la independencia

Del 5 al 12 de julio, Vea ofrecerá una agenda de eventos inspirados en las tradiciones nacionales con encuentros culturales, platos típicos y experiencias para sus clientes

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

La reunión de la dirección socialista marca el comienzo de la recta final del mandato con un presidente que apuesta por mirar a las próximas elecciones pese a los casos que afectan al partido, las tensiones con sus socios y unas encuestas poco favorables

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El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a hacer "autocrítica" y a tomar medidas de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción

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El funcionario de California planteó cambios en las normas de sucesión y en el uso de deudas respaldadas por acciones para reducir la carga tributaria de grandes fortunas. Además, propuso un "fondo público" ligado a la economía de la IA

Revés para Trump: una jueza federal modifica el plan que limita los préstamos estudiantiles desde julio

Una jueza federal de Estados Unidos suspendió de manera preliminar una parte de la implementación de las nuevas reglas impulsadas por la administración de Donald Trump para limitar el acceso a los préstamos estudiantiles destinados a programas de posgrado en distintas áreas de la salud. Qué decidió la jueza Beryl Howell sobre los préstamos estudiantiles de posgradoDe acuerdo con Associated Press, la disputa gira en torno a los nuevos límites para los préstamos federales destinados a estudiantes de posgrado, incluidos quienes cursan carreras de enfermería, terapia física, salud pública y otras disciplinas.La normativa deriva de la ley One Big Beautiful Bill Act, que estableció topes para los préstamos federales y cuya entrada en vigor estaba prevista para julio. Hasta ahora, los estudiantes de posgrado podían solicitar financiamiento federal por un monto equivalente al costo total de sus estudios. Con las nuevas reglas, los programas de posgrado no profesionales quedarían sujetos a un límite de 100.000 dólares, mientras que los considerados programas profesionales tendrían un tope de US$200 mil. Además, los nuevos límites fijan topes anuales de US$20.500 para posgrados no profesionales y US$50.000 para programas profesionales.El conflicto surgió por la manera en que el Departamento de Educación redefinió el concepto de "título profesional". Esa nueva interpretación dejaba fuera a varias profesiones sanitarias que tradicionalmente requieren una extensa formación académica, lo que reduciría así el acceso de sus estudiantes a un mayor nivel de financiamiento.Por qué el fallo sobre préstamos estudiantiles golpea al plan de TrumpSegún informó Associated Press, la jueza federal Beryl Howell, del Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos, ordenó suspender la aplicación de la nueva definición elaborada por el Departamento de Educación mientras el proceso judicial sigue su curso.En su resolución, Howell concluyó que los demandantes probablemente lograrán demostrar que la agencia excedió las facultades otorgadas por el Congreso al modificar el significado de "título profesional". La magistrada cuestionó especialmente que el departamento incorporara requisitos adicionales que no figuraban en la legislación aprobada por los legisladores.Entre esos nuevos criterios figuraba la exigencia de que quienes obtuvieran un título profesional debían poder ejercer su actividad sin la supervisión de otro profesional. Para la jueza, el Congreso nunca autorizó al Departamento de Educación a introducir ese tipo de modificaciones.Además, Howell sostuvo que restringir el acceso a los préstamos para determinados estudiantes podría tener consecuencias negativas para el interés público. En su fallo expresó preocupación por el hecho de que la pérdida de oportunidades educativas resulte "perjudicial para el público, particularmente en comunidades desatendidas que pueden enfrentar una escasez de trabajadores de la salud y otros profesionales críticos".La resolución no elimina los límites generales a los préstamos establecidos por la ley. Lo único que queda suspendido es la nueva definición administrativa utilizada para determinar qué carreras califican como programas profesionales.Programas de salud afectados por la definición de título profesional del Departamento de EducaciónDe acuerdo con Associated Press, el Departamento de Educación incluyó dentro de la categoría de programas profesionales únicamente las siguientes áreas:Farmacia. Odontología. Medicina veterinaria. Quiropráctica. Derecho. Medicina. Optometría. Medicina osteopática. Podología. Teología. Psicología clínicaLa exclusión de otras profesiones motivó la presentación de la demanda. Ocho organizaciones nacionales acudieron a la justicia en representación de estudiantes y profesionales de distintos sectores sanitarios y educativos.Entre los grupos afectados se encuentran quienes cursan programas para convertirse en enfermeros especializados, terapeutas, trabajadores de salud pública, patólogos del habla y del lenguaje, asistentes médicos y otros profesionales que no fueron incluidos dentro de la nueva definición del gobierno federal.Los demandantes sostuvieron que la medida obligaría a numerosos estudiantes a abandonar sus estudios o a recurrir a préstamos privados con condiciones financieras más exigentes para completar sus carreras.Qué dijo la AANP tras el fallo por los préstamos estudiantiles de enfermeríaSegún un comunicado de la American Association of Nurse Practitioners (AANP), la organización recibió favorablemente la decisión del tribunal federal dentro de la causa AANP v. McMahon, presentada junto con una coalición de organizaciones nacionales vinculadas a la salud, la educación y distintas profesiones.La entidad explicó que el tribunal consideró probable que los demandantes tengan éxito al demostrar que el Departamento de Educación adoptó una definición distinta de la establecida por el Congreso y, por ese motivo, ordenó suspender las partes cuestionadas de la regulación mientras continúa el proceso judicial.La presidenta de la AANP, Valerie Fuller, afirmó: "Este es un paso importante para los estudiantes de enfermería especializada, así como para el futuro de la fuerza laboral sanitaria y para los pacientes que dependen de ellos para acceder a la atención médica. Nos complace que el tribunal haya reconocido las serias preocupaciones legales planteadas por esta norma".Qué pasa con los préstamos estudiantiles antes del 1° de julioLa decisión judicial no pone fin al conflicto legal. Según el comunicado de la AANP, el litigio continuará desarrollándose en la justicia federal, donde se resolverá de manera definitiva si el Departamento de Educación tenía autoridad para modificar la definición de título profesional.Por su parte, Associated Press informó que el Departamento de Educación señaló mediante un comunicado escrito que "revisará la orden y tomará las medidas apropiadas".

Tras 12 años vacante, Javier Milei designó al juez federal en Bariloche: qué causas tendrá que resolver

Un abogado local fue designado al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que tiene intromisión en la detención del Jones Huala y otros conflictos por usurpaciones mapuches. El juzgado funciona desde 2014 con subrogancias

Perdió Trump: el fallo de una jueza anula una orden ejecutiva de Trump para crear una lista federal de votantes

La jueza federal Indira Talwani anuló disposiciones de la Orden Ejecutiva 14399, firmada por Donald Trump, que establecía la creación de un registro nacional de votantes. La magistrada concluyó que el presidente no posee facultades para introducir cambios de alcance nacional en la administración de las elecciones federales.La jueza anuló la creación del registro federal de votantes que ordenó TrumpLa sentencia, emitida el 25 de junio, estableció una prohibición permanente para aplicar varios puntos del decreto de Trump. La demanda había sido presentada por una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, que cuestionó la legalidad de las medidas.Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el rechazo al proyecto que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) elaborar un listado nacional de ciudadanos habilitados para votar. Según la jueza Talwani, el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para confeccionar ese registro."La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones. El poder del presidente de velar por que las leyes se ejecuten fielmente refuta la idea de que él deba ser un legislador", escribió Talwani en la sentencia.La decisión también sostuvo que la orden ejecutiva vulneraba el principio de separación de poderes al atribuir al presidente funciones que la legislación federal reserva al Congreso y a las autoridades estatales."La sección cinco de la Orden Ejecutiva no puede requerir que los estados conserven los registros de todos los materiales electorales durante cinco años", dijo la jueza. En ese sentido, declaró las secciones dos y tres de la Orden Ejecutiva como "legalmente nulas" y dispuso que "la sección cinco es meramente precatoria".La orden ejecutiva de Trump regulaba las eleccionesEl decreto, firmado en marzo, proponía reforzar los controles sobre la inscripción de votantes mediante mecanismos de verificación de ciudadanía administrados por organismos federales. Además, planteaba que el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) solo distribuyera boletas de voto por correo bajo determinadas condiciones vinculadas al intercambio de información entre los estados y el gobierno federal.La iniciativa también contemplaba la incorporación de nuevos requisitos técnicos para el envío de boletas, como sobres con identificación oficial y códigos de seguimiento. Además, impulsaba investigaciones contra funcionarios electorales que incumplieran los criterios establecidos por la orden.Cómo impacta el fallo contra la medida de Trump en las elecciones de noviembreLa resolución judicial emitida el 25 de junio mantiene sin cambios las normas estatales que regirán las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. Como consecuencia del fallo, el USPS no podrá modificar la entrega de boletas por correo con los criterios previstos en la orden ejecutiva."El USPS carece de autorización estatutaria para promulgar regulaciones vinculantes sobre la votación por correo", señaló Talwani.Tampoco podrán imponerse nuevas exigencias para el diseño o distribución del material electoral. La decisión evita que los estados deban realizar cambios administrativos o destinar recursos para adaptar sus sistemas a los requisitos previstos por el decreto presidencial.Los estados mantienen el control de sus elecciones con este falloLas autoridades estatales conservarán la administración de sus propios registros de votantes sin intervención del gobierno federal. La jueza también rechazó la posibilidad de utilizar bases de datos federales para revisar la elegibilidad de los electores, al considerar que esa tarea corresponde exclusivamente a cada estado conforme a su legislación.Asimismo, quedó sin efecto la instrucción dirigida al Departamento de Justicia para priorizar investigaciones contra funcionarios electorales que actuaran de acuerdo con las normas estatales.

Un peritaje de la Policía Federal puso en jaque la versión de Milei y Novelli apuesta por frenar la causa $Libra

Un informe técnico contradijo el relato oficial sobre la criptomoneda mientras la defensa intenta apartar a quienes impulsan la acción judicial y reclaman avances. Leer más

Enma López pide dejar sus cargos en la Ejecutiva Federal para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid

Exagente federal acusado de falsificar documentos llevará su juicio en libertad

Carlos "N", exelemento de la Policía Federal Ministerial, entregó los documentos apócrifos en noviembre de 2025

Bendodo pide a los socialistas "alzar la voz" en su Comité Federal ante la corrupción

Una jueza federal anuló la orden ejecutiva de Trump sobre la creación de listas federales de votantes

La magistrada de Boston señaló que la medida es "inconstitucional" y "viola la separación de poderes", dado que la Constitución no asigna atribuciones sobre las elecciones al presidente, sino a los estados y al Congreso

Gobierno Federal niega crisis de apagones en Nuevo León y otras entidades, tras un mes de fallas en el servicio de CFE

Además de Nuevo León, diversas entidades del país enfrentaron interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento y alta demanda derivada de las altas temperaturas; los horarios y colonias variaron según cada estado

Una jueza federal bloqueó las nuevas restricciones a los préstamos estudiantiles del gobierno de Trump

La magistrada suspendió la parte de la norma sobre topes de endeudamiento de los préstamos estudiantiles federales que buscaba reducir los límites para quienes quedaran incluidos en la definición de "título profesional" elaborada por la administración del presidente

Facundo Cortés Olmedo y Soledad Mancini, los nombres para completar la Cámara Federal de Córdoba

El Poder Ejecutivo remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta 21 pliegos para cubrir las vacantes en tribunales nacionales y federales. Leer más

La inflación que más preocupa a la Reserva Federal en EEUU alcanzó su nivel más alto en tres años pero la economía creció más de lo esperado

Los precios al consumidor subieron un 4,1% interanual en mayo, impulsados por la gasolina y los semiconductores. El PBI ganó un 2,1% entre enero y marzo, más de lo estimado previamente

Un grupo de críticos del PSOE pide al Comité Federal elecciones generales y que nombre una gestora

Patxi López augura un "cierre de filas" en torno a Sánchez en el Comité Federal del PSOE pese al aviso de Junts

Un juez federal exige que la administración de Trump explique la lona en la fachada del Kennedy Center

La orden del magistrado Christopher Cooper obliga a presentar un informe sobre el propósito y el estado del recubrimiento y el andamiaje. Además, pide una actualización sobre construcción, programación y acceso público

Deportación acelerada en EE.UU.: el fallo federal que beneficia a Trump y preocupa a los migrantes

Una Corte federal de apelaciones permitió al gobierno de Donald Trump volver a aplicar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos. La medida amplía el alcance de este procedimiento y afecta a inmigrantes que no puedan acreditar dos años de permanencia continua en el país norteamericano.Qué resolvió la Corte de Apelaciones de D.C. sobre la remoción expeditaLa resolución fue emitida el 23 de junio por la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia y dejó sin efecto una orden previa que había frenado la expansión de la deportación acelerada (conocida en inglés como expedited removal). Con este fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recupera la facultad de aplicar el mecanismo en una escala más amplia."El tribunal de distrito suspendió la expansión, sosteniendo que probablemente violaba el debido proceso. Debido a que no es así, anulamos la suspensión", detalló el juez Justin Walker, quien redactó la opinión de la corte.La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces mediante una votación dividida de dos votos contra uno. El tribunal concluyó que los demandantes no lograron demostrar que los procedimientos vigentes impidan ejercer el derecho a ser escuchado.La mayoría sostuvo que las reglas actuales ofrecen mecanismos de notificación y oportunidades para que los afectados presenten información sobre su situación migratoria.El sistema de deportación acelerada permite que determinadas personas sean expulsadas del país norteamericano sin pasar por una audiencia ante un juez de inmigración ni por los procedimientos administrativos habituales."A diferencia de otros procedimientos exigidos por ley que pueden tardar años en completarse, la deportación acelerada a menudo toma solo unos pocos días", señaló Walker.Deportación acelerada en EE.UU.: a quiénes alcanza el nuevo criterioHasta ahora, esta modalidad se utilizaba principalmente en zonas cercanas a la frontera y sobre personas que habían ingresado recientemente a EE.UU. Con la decisión judicial, las autoridades migratorias podrán aplicar el procedimiento en cualquier estado. El fallo permite volver a aplicar el criterio temporal de dos años a escala nacional: la medida alcanza a inmigrantes indocumentados que no logren demostrar una residencia continua de al menos dos años en territorio estadounidense. De esta manera, un oficial migratorio podrá ordenar la remoción de una persona sin necesidad de iniciar un proceso judicial ordinario, siempre que considere que no existen pruebas suficientes sobre el tiempo de permanencia."Este procedimiento puede dar lugar a que las personas sean deportadas sin siquiera preguntarles cuánto tiempo han estado en EE.UU. Es lamentablemente inadecuado para las personas encontradas en el interior del país", dijo en la resolución el juez Robert Wilkins, quien expresó su desacuerdo con la mayoría.ACLU y defensores de migrantes cuestionan el fallo sobre remoción expeditaDiversas entidades dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes cuestionaron la decisión judicial y advirtieron sobre posibles consecuencias para quienes enfrenten este procedimiento."El fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno intenta deportarlas", dijo uno de los abogados demandantes, según lo retomado por NBC News.Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señaló que la falta de una audiencia ante un juez puede incrementar el riesgo de errores en la determinación del estatus migratorio de una persona. "La insistencia de la administración Trump en las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto", agregó.Qué documentos pueden acreditar dos años de presencia en EE.UU.Uno de los mecanismos disponibles consiste en presentar documentación que permita acreditar una presencia continua en EE.UU. durante al menos dos años. Entre las pruebas que suelen utilizarse figuran:Contratos de alquilerFacturas de serviciosDeclaraciones impositivasRegistros médicosDocumentos escolaresComprobantes laboralesOtra alternativa se aplica cuando una persona manifiesta temor de regresar a su país de origen por riesgo de persecución o tortura. En esos casos, las autoridades deben derivar la situación a una evaluación especializada para determinar si corresponde continuar el proceso migratorio ante un juez.

Una jueza federal prohíbe a Trump implementar el requisito de prueba de ciudadanía para votar

La magistrada Denise Casper convirtió en definitiva una cautelar que frenaba la medida y consideró que el requisito impulsado por la Casa Blanca vulnera la separación de poderes, al recordar que el texto constitucional no asigna atribuciones sobre las elecciones al presidente

Franco Bagnato comenzó en Radio 10 con una mirada federal y sin una mirada política de la actualidad

Radio 10 AM 710 se encuentra en pleno proceso de renovación para sus días sábados y domingos. La emisora busca dejar atrás el peso de la agenda política y económica más dura, apostando en su lugar por formatos más relajados y entretenidos.En este contexto de cambios, ya se dieron por finalizados los ciclos que ocupaban la franja de 10 a 12, tales como Conflicto de intereses -el programa a cargo de Ariel Zak los sábados- y Reloj de Arena, el clásico ciclo conducido por Liliana López Foresi los domingos.El último fin de semana marcó el debut de Buen día Argentina, el ciclo conducido por Franco Bagnato. Con una marcada mirada federal, el programa tiene como objetivo empatizar con la audiencia desde un lado más humano, sin dejar de lado la música y el buen humor. Esta incorporación representa, además, el regreso de Bagnato a su histórica vocación radial.Bagnato está acompañado por Paula Marusich, Gustavo Romero, Roberto Gerbasi, Sebastián Fernández, Brenda Prestia e Ian Lombardía.La reestructuración de la grilla podría no terminar acá: según pudo saber LA NACION, en julio se proyectan más cambios y ya se habla fuertemente del pase de un reconocido ciclo de una AM competidora para ocupar una franja de los domingos, lo que se confirmaría en las próximas horasRadio Jai en peligro de cierre tras 33 años al aire por falta de recursosLa histórica emisora judía hispanoparlante Radio Jai FM 96.3, con sede en Buenos Aires, atraviesa una profunda crisis económica que podría derivar en su cierre definitivo luego de más de tres décadas de transmisión ininterrumpida.El anuncio fue realizado por su director y cofundador, Miguel Steuermann, durante una entrevista en Net TV, donde reconoció con crudeza la situación actual del medio: "Nos hemos quedado sin recursos y tenemos unos costos operativos que no podemos sostener. Ejercer el periodismo independiente en la Argentina resulta cada vez más complejo desde el punto de vista económico".Fundada en 1992 por Daniel Minujin y Miguel Steuermann, Radio Jai se consolidó como la primera emisora judía de Latinoamérica con transmisión las 24 horas. Su nacimiento se produjo pocos meses después del trágico atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, convirtiéndose rápidamente en un faro informativo y cultural de referencia para la comunidad judía argentina y para oyentes de todo el mundo a través de sus plataformas digitales.De concretarse el cese de sus actividades, se pondrá fin a una trayectoria histórica de 33 años en el aire.

A sus 92 años, murió el ex juez federal Julio Cruciani

Durante dos décadas, Cruciani construyó una carrera marcada por investigaciones de alto impacto y su presencia en los medios. Se retiró en 2005 para dedicarse a la política

Triunfo migrante: una jueza federal bloquea la base de datos de ciudadanía pedida por Trump

La jueza federal Sparkle Sooknanan anuló el 22 de junio la ampliación del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). La reforma había sido impulsada tras una orden ejecutiva de Donald Trump y permitía usar registros del Seguro Social, información sensible y consultas masivas para revisar padrones electorales.SAVE y Trump: qué decidió la jueza Sparkle SooknananLa decisión dictada por Sooknanan favoreció a League of Women Voters, sus filiales estatales y al Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), que cuestionaron el rediseño de la herramienta federal.La magistrada dejó sin efecto el SAVE modificado de 2025. El caso había sido asignado originalmente al juez James Boasberg antes de pasar a manos de Sooknanan. También anuló los avisos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que habían formalizado la expansión.El fallo sostuvo que las agencias federales crearon un banco centralizado con información privada de ciudadanos estadounidenses. Entre esos registros figuraban números de Seguro Social, condición de ciudadanía y otros datos protegidos.League of Women Voters celebró en un comunicado el fallo. Marcia Johnson, directora de activación y justicia de la organización, dijo: "Los esfuerzos para crear una base federal de votantes para facilitar purgas electorales amenazan el derecho fundamental en el corazón de nuestra democracia". Joan Porte, presidenta de League of Women Voters of Virginia, afirmó que la decisión protege a votantes frente a un sistema ilegal y propenso a errores. Según dijo, nadie debería temer que un registro incorrecto o un error burocrático ponga en riesgo su inscripción. M. Christian Green, presidenta de la sede en Louisiana, afirmó que el fallo marca un límite al uso indebido de información personal por parte del gobierno federal. También remarcó que las agencias deben respetar la privacidad y la seguridad de todos los votantes.Orden ejecutiva de Trump: origen del conflicto por SAVEEl conflicto comenzó tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de marzo de 2025. El texto se tituló "Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses" y pidió a agencias federales facilitar herramientas para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar o en proceso de inscripción.A partir de esa instrucción, el DHS y la SSA firmaron un acuerdo para conectar SAVE con archivos del Seguro Social. La modificación se lanzó públicamente el 22 de mayo de 2025, sin aviso previo ni período de comentarios antes de su aplicación. Sooknanan aseguró que las agencias actuaron con prisa para cumplir la orden ejecutiva. DHS y SSA: los cambios que ampliaron el sistema SAVESAVE existía desde 1986. Su uso tradicional apuntaba a confirmar estatus migratorio o nacionalidad para beneficios públicos, licencias, subsidios, credenciales oficiales o controles de antecedentes. La reforma de 2025 cambió ese alcance. La jueza identificó tres modificaciones principales en la herramienta:Registros de ciudadanos nacidos en Estados Unidos: la versión anterior no incluía de forma general a personas nacidas en el país norteamericano, salvo casos puntuales vinculados a trámites migratorios.Acceso a archivos del Seguro Social: la nueva modalidad incorporó datos de la SSA, con números completos o parciales de Seguro Social.Consultas masivas: los usuarios autorizados podían cargar listas con múltiples casos y revisar grandes grupos de personas.Estos cambios permitían a autoridades estatales y locales usar la plataforma para revisar padrones. Para la jueza, esa ampliación transformó una plataforma migratoria en un mecanismo federal de verificación electoral.Ciudadanos naturalizados: cómo los datos de la SSA podían afectar el padrónUno de los puntos centrales del caso fue el impacto sobre ciudadanos naturalizados. La jueza explicó que la SSA no siempre tiene información actualizada sobre cambios de estatus migratorio o ciudadanía. Una persona pudo pedir su número de Seguro Social antes de naturalizarse. Si luego no actualizó ese dato ante la agencia, el archivo podía marcarla como no ciudadana pese a su situación real.Por eso, SAVE podía devolver resultados incorrectos. El fallo recalcó que esos errores podían activar pedidos de prueba adicional, cancelaciones de registros electorales o investigaciones estatales. La magistrada rechazó el argumento del gobierno de que una clasificación equivocada no causaba un daño grave porque la mera sugerencia de no ciudadanía puede generar consecuencias severas, tanto para ciudadanos naturalizados como para nacidos en Estados Unidos.Texas y SAVE: los votantes que recibieron avisos de ciudadaníaLa demanda incluyó testimonios de personas afectadas por los cruces de información. Entre ellas figuró J. Doe 1, una profesora universitaria de Texas y ciudadana naturalizada, cuyos datos del Seguro Social fueron incorporados a SAVE con una marca incorrecta de no ciudadanía.La demanda original se presentó el 30 de septiembre de 2025. El expediente también mencionó a votantes que recibieron avisos para demostrar su ciudadanía. Algunos tuvieron que presentar documentos dentro de plazos fijados por autoridades electorales para conservar su inscripción. Otros casos llegaron a cancelaciones de registro. Para el tribunal, esas consecuencias demostraban que el uso de información inexacta no era un riesgo hipotético, sino un problema real dentro del proceso electoral.Ley de Seguridad Social: el límite legal al uso de datos de la SSASooknanan sentenció que el SAVE modificado violó la Ley de Seguridad Social. Esa norma protege los números de Seguro Social y registros relacionados frente a divulgaciones no autorizadas. A su vez, señaló que no había dudas de que la herramienta ampliada exponía esos archivos. El problema no era solo la consulta del número, sino también el empleo de información asociada que la SSA había recibido para otros fines.El gobierno intentó justificar el intercambio con normas migratorias. La magistrada rechazó esa defensa porque esas leyes no autorizaban a crear un banco nacional ni a ignorar límites fijados por el Congreso.Ley de Privacidad de 1974: por qué cayó la ampliación de SAVEEl veredicto también concluyó que las agencias violaron la Ley de Privacidad de 1974. Esa norma protege a las personas frente al uso y la divulgación de registros personales sin consentimiento. Para el tribunal, la SSA había recopilado datos con fines vinculados al Seguro Social, empleo y beneficios. Su reutilización para verificar padrones no era compatible con ese objetivo inicial.La jueza subrayó que la ley exige avisos claros cuando una agencia crea o modifica un sistema de registros. También exige una oportunidad real de comentarios antes de aplicar un nuevo uso de la información.

Murió el ex juez federal Julio Cruciani a los 92 años: había tenido a cargo causas resonantes de corrupción

El ex magistrado se desempeñó durante dos décadas en el fuero penal económico y estuvo al frente de expedientes clave como la Operación Langostino. También tuvo actividad política y llegó a ser candidato a cargos legislativos por el Partido Federal. Leer más

La Justicia Federal de Córdoba ratificó que PAMI e Incluir Salud deben pagar deudas

CÓRDOBA.- El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, fundó el fallo de fondo de la cautelar que hace un mes había dictado en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. "Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos", explicó el magistrado a LA NACION. El nuevo fallo conmina a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo.La acción de amparo fue presentada por la señora A. A. del C., quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, M. I. C.. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de "Retraso Mental Grave" y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C es curadora de su hijo M.I.C quien tiene "retraso mental grave" y representa a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la "desatención del resto de los integrantes del colectivo". Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.El fallo resalta una contradicción en la postura de Nación, ya que por un lado, Incluir Salud sostenía que la Provincia de Córdoba era la "primera obligada" a brindar las prestaciones a M.I.C pero, por otro lado, terminó pagando esas mismas facturas en mayo pasado.Como el cumplimiento fue solo "parcial e individualizado", Vaca Narvaja considera que la resolución debe tener efecto expansivo a todo el colectivo representado y ordena que se cancelen las facturas de todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos de la clase, no solo del caso testigo.Es decir, para el magistrado el cumplimiento con la amparista individual fue una estrategia que terminó por confirmar la arbitrariedad de la demora respecto al resto de las personas con discapacidad, quienes permanecían en un estado de "desamparo e incertidumbre".

Revés para Trump: Nueva York demanda al gobierno federal por paquete de leyes que protegen a los migrantes

Nueva York presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para defender un paquete de leyes estatales que limitan la cooperación con el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), refuerzan la transparencia en los operativos migratorios y restringen el uso de recursos públicos en la aplicación de políticas federales de inmigración. Nueva York demanda al gobierno de Trump por leyes sobre ICE y operativos migratoriosSegún un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, la demanda busca proteger un conjunto de leyes estatales aprobadas recientemente que establecen mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad y regulan la participación de autoridades locales en procedimientos migratorios federales.El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva YorkEsta acción judicial de Nueva York se presentó después de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) demandara al estado para bloquear disposiciones sobre identificación de agentes, uso de máscaras y acuerdos 287(g), mediante los cuales autoridades locales pueden colaborar con funciones federales de inmigración.Además, el denominado "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, advirtió sobre un incremento de agentes federales de inmigración en Nueva York como represalia por la aprobación de estas medidas.Qué leyes migratorias busca defender Nueva York frente al Departamento de JusticiaEl nuevo paquete legislativo incorpora varias disposiciones destinadas a modificar la forma en que actúan las fuerzas de seguridad dentro del estado, especialmente en contextos relacionados con la inmigración.Entre las medidas más importantes se encuentran:La prohibición para que agentes policiales locales, estatales y federales oculten su identidad mediante el uso de máscaras cuando interactúan con la población. La obligación de que todos los agentes exhiban de manera visible su identificación y el organismo al que pertenecen. La prohibición para que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren acuerdos que les permitan actuar como agentes migratorios federales. La prohibición de detener personas únicamente por infracciones civiles relacionadas con las leyes federales de inmigración. La prohibición de utilizar subsidios públicos para financiar centros de detención migratoria de carácter civil. Uno de estos cambios comenzará a regir este viernes 26 de junio y apunta directamente a la identificación obligatoria de los agentes que participan en operativos dentro del territorio estatal.Otra de las iniciativas centrales es la denominada Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), que busca asegurar que las fuerzas de seguridad municipales concentren sus recursos en los problemas de seguridad comunitaria y no en la ejecución de políticas federales de deportación masiva.Operativos del ICE en Nueva York: identificación de agentes, máscaras y control estatalDe acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora, las autoridades estatales consideran que la creciente presencia de agentes federales encapuchados generó preocupación en distintas comunidades del país norteamericano.El documento sostiene que numerosos operativos vinculados a la agenda de deportaciones masivas se llevaron adelante con funcionarios que no se identificaron correctamente ante la población, una situación que, según el estado, deteriora la confianza pública y aumenta el riesgo de que personas ajenas a las fuerzas de seguridad suplanten a agentes oficiales.Hochul desafió a Homan en conferencia de prensaQué dijeron Kathy Hochul y Letitia James sobre la demanda contra la administración TrumpLa gobernadora defendió la legislación y cuestionó la presión ejercida por el gobierno federal. "Una placa conlleva la responsabilidad de mantener la confianza pública. Los neoyorquinos merecen saber quién está haciendo cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se utilizan para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni para promover la agenda de una agencia federal fuera de control", afirmó Kathy Hochul.La mandataria agregó que las nuevas normas representan los valores de Nueva York y dejó en claro que el estado no abandonará esas políticas ante las amenazas provenientes de Washington. Por su parte, la fiscal general Letitia James apuntó directamente contra los agentes federales que participan en los operativos migratorios. "Al ocultar sus rostros y negarse a portar identificación, ponen en peligro a los neoyorquinos y evaden deliberadamente la rendición de cuentas", sostuvo la fiscal general.

Movimiento Ciudadano exige auditoría federal al PAN: piden revisar 117 mil mdp ejercidos por Sinhue en Guanajuato

Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron un punto de acuerdo para que la ASF revise el ejercicio de recursos públicos

Denuncian al Servicio Penitenciario Federal por mantener a Jones Huala varias horas expuesto a temperaturas extremas

La defensa del activista mapuche presentó una denuncia por el presunto delito de acción pública. Fue obligado a permanecer cuatro horas en el patio de la cárcel donde está detenido. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está en huelga de hambre desde el 27 de abril

Jueza federal de Miami aplaza por un mes la audiencia de Álex Saab mientras su defensa completa el equipo legal

La Fiscalía no se opuso a la solicitud presentada por los abogados del empresario colombiano, quien continuará detenido en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial

Estaban valuados en US$100.000: la Policía Federal recuperó más de 200 documentos históricos vinculados San Martín, Rosas y otras figuras históricas

El Ministerio de Seguridad informó que logró recuperar más de 200 documentos históricos, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del combate al tráfico ilícito de bienes culturales.Entre el material recuperado se destacan cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales.La investigación se inició a partir de las tareas de prevención que habitualmente desarrolla el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, mediante el monitoreo y la verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.Como resultado de esas tareas, los investigadores detectaron que, a través de un sitio web de acceso público, se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del estado nacional y provincial argentino.Las piezas eran ofrecidas por un valor inicial de US$100.000 en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría nº 7 a cargo de Diego Fernando Arce.La Justicia ordenó una presentación con allanamiento en el lugar señalado y el posterior traslado de la documentación a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, para la realización de las pericias correspondientes.

La Policía Federal extradita desde Uruguay a los dos franceses detrás de los cargamentos de cocaína ocultos en encomiendas

Hoy, a las 22.15, llegarán a la Argentina extraditados desde Uruguay Ahmed Adda Belkocir, de 46 años, e Isaac Ben Daoude, de 36, los dos ciudadanos franceses acusados de estar detrás del intento del contrabando de 35 kilos de cocaína hacia Europa ocultos en encomiendas que simulaban estar destinadas a empresas multinacionales.Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. El operativo de traslado de los dos sospechosos estará a cargo de una comitiva de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).Los uniformados viajarán a Uruguay en un ferry de la empresa Buquebus a las 7.30 y volverán al país, con los detenidos, a las 22.15. Una vez en territorio argentino, por disposición del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, los dos sospechosos serán entregados por el personal de la PFA a detectives de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA). Después, serán indagados por el magistrado.La denominada "Operación Oh là là" comenzó el 24 de abril pasado, cuando personal de la Dirección General de Aduanas y detectives de la PSA detectaron un envío sospechoso en el "sector courier" de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza."Dentro de una caja plástica oculta en la encomienda se encontraron 11 ladrillos de cocaína, acondicionados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, modalidad característica utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos. Con un peso total de más de 11 kilos, el valor de los estupefacientes superaba los 165.000 dólares", informó en su momento la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un comunicado de prensa. En el despacho se había declarado el envío de paquetes de azúcar.El hallazgo de la cocaína originó una investigación internacional en cooperación entre la Argentina y Francia y una entrega vigilada para develar quiénes eran los partícipes de la maniobra de contrabando de droga en la nación europea.En la Argentina la causa quedó a cargo del juez Aguinsky, con intervención del fiscal Germán Bincaz. El magistrado ordenó reemplazar los 11 kilos de cocaína que había en la encomienda y hacer una entrega vigilada del cargamento para detener en París a los destinatarios de los estupefacientes.Tras despachar la encomienda, Belkocir y Daoude se fueron de la Argentina: viajaron a Uruguay en un vuelo que despegó del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En ese momento todavía no pesaba sobre ellos una orden de captura nacional e internacional.A partir de las imágenes de las filmaciones de las cámaras de seguridad, los detectives del caso pudieron identificar el taxi con el que los dos sospechosos llegaron al Aeroparque Metropolitano."Una vez que se identificó el taxi, se ubicó al chofer y fue citado a prestar declaración testimonial. Poco después, conocida la información de dónde se había iniciado el viaje, se determinó el lugar donde habían estado alojados los dos sospechosos: un departamento de Palermo alquilado de forma temporaria", explicaron fuentes judiciales.Por orden del juez Aguinsky se allanó el departamento alquilado por los dos sospechosos y se secuestró documentación de importancia para la causa.Mientras avanzaba la pesquisa, un segundo envío fue detectado días después en Ezeiza. En esta oportunidad, la cocaína â??más de 12 kilosâ?? había sido escondida dentro de un compresor de aire. "Los investigadores habían advertido similitudes entre ambos cargamentos y lograron establecer conexiones entre los sospechosos involucrados", se agregó en el citado comunicado de prensa.Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo: estaban por embarcar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para regresar a Buenos Aires. Intentaron viajar con documentos argentinos, dijeron fuentes del caso. El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de Montevideo Huberto Álvarez decidió hacer lugar a la extradición solicitada por el gobierno argentino.A fines de mayo pasado, por orden del juez Aguinsky, personal de la ARCA y detectives de la PSA allanaron un departamento en Palermo que había sido alquilado por los dos sospechosos franceses.Y, en una caja que los inquilinos habían dejado "olvidada" en el living había 12 kilos de cocaína.El departamento en Mansilla 3800 no es la única propiedad alquilada por los sindicados narcos detrás de las "encomiendas contaminadas". También eran inquilinos en un edificio de la avenida Juan B. Justo, en Palermo."Uno de los departamentos había sido alquilado por un año, el otro por un lapso menor de tiempo. Y no se descarta que haya más propiedades alquiladas por los sospechosos. En los próximos días se podrían identificar otras dos propiedades", dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.Los investigadores sospechan que en los otros departamentos que habrían alquilado puede haber más cargamentos de cocaína. "Podría ser una operatoria de atomización del riesgo el no tener toda la carga ilegal junta", explicaron los voceros consultados.

El impulso federal para aumentar el número de médicos de atención primaria en EE. UU. se ha desvanecido, según un estudio

Healthday Spanish

Imputaron a otro integrante de un clan narco por el asesinato de un agente de la Policía Federal

ROSARIO.- Hoy fue imputado Jorge Muñoz como partícipe del homicidio de Rodolfo Manfredi, el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue acribillado hace nueve días en un pasillo de Villa Banana Muñoz, quien pertenece al clan narco que domina ese sector del barrio junto con su hermano Eduardo â??actualmente prófugoâ??, fue detenido el viernes pasado tras una serie de allanamientos que se llevaron adelante en esta ciudad por orden del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra. En la audiencia, el juez federal Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva para Muñoz por el plazo de seis meses. El fiscal había pedido el doble. Desde la muerte de Manfredi se produjeron seis detenciones en torno a un crimen que provocó una fuerte conmoción en la PFA, ya que este agente nacido en Tucumán y que se desempeñaba hasta hace unos meses en el conurbano bonaerense fue asesinado mientras cumplía funciones. Su compañero Emilio Gómez Villafañe -también oriundo de Tucumán- fue herido de gravedad y se recupera en un sanatorio de Rosario. En los allanamientos que se llevaron adelante el fin de semana, los agentes federales también secuestraron droga fraccionada, lista para su comercialización, lo que dejó en evidencia que la banda continúa activa tras el asesinato de Mandredi y los derribos de tres presuntos puntos de venta de drogas, procedimientos que se efectuaron el viernes pasado. Los investigadores aún no lograron detener a Eduardo Muñoz, hermano de Jorge, líder de esta banda narcocriminal que opera en Villa Banana y que tiene vínculos con los máximos referentes de la banda de Los Monos. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos sobre el paradero de Eduardo Muñoz, un hombre que domina ese sector del barrio con una violencia extrema. Jorge Muñoz es parte del clan familiar que quedó bajo la lupa judicial luego del asesinato de Manfredi. Su hermano Luis Muñoz había sido detenido horas después del ataque y luego quedó preso e imputado como autor del homicidio. Jorge Muñoz declaró que él no estaba en el momento en que acribillaron a Manfredi, aunque los investigadores tienen varios testimonios que lo sitúan en el lugar. También afirmó que él está peleado con sus hermanos y que merodea el barrio por un problema de adicciones, es decir, porque se provee de drogas para consumo. Su declaración contrasta con lo que se investiga a partir de este homicidio. Eduardo Muñoz tiene vínculos históricos con los referentes de la banda de Los Monos, como Dalmacio Saravia, apodado Sapo, y su hijo Leandro Saravia, conocido como Leo Rey. Ambos están detenidos.Este hombre de Villa Banana tomó más protagonismo en esta terminal alineada a Máximo Cantero, conocido como El Viejo, tras la caída de los Saravia, narcos de origen marginal que tienen una fuerte influencia en las villas Banana y Vía Honda. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe derrumbó tres búnkeres de venta de drogas en el barrio donde fue asesinado el policía Manfredi, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, consideró que el operativo "alivia" al barrio, que vive situaciones de violencia derivadas del narcomenudeo. El funcionario consideró que los vecinos "llevan años de esta situación" y aclaró que la tarea "no finaliza hoy", sino que hay que "seguir trabajando y avanzando en la causa".Esa zona está dominada por los Muñoz, que son quienes quedaron en pie en ese territorio tras la detención de los Saravia. En diciembre de 2023, la Justicia federal de Rosario condenó al Sapo Saravia, de 60 años, a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes agravada. En la misma sentencia cayeron su hijo, Leo Rey, con una pena de cuatro años, y Eduardo Rodolfo Muñoz â??su cuñadoâ?? también con una sentencia de cuatro años de cárcel, como partícipe secundario en la comercialización.Pero la organización no quedó desarticulada. En agosto de 2024, ocho meses después de la condena, se secuestraron más de 2000 envoltorios de cocaína y un trozo compacto de 300 gramos de esa droga en el cruce de Rueda y las vías del ferrocarril. En febrero de 2025, nuevos allanamientos en el bulevar 27 de Febrero confirmaron que la maquinaria seguía en marcha. En noviembre de ese año, un segundo juicio condenó a Dalmacio Saravia a ocho años más, esta vez junto a Marianela Muñoz â??su concubinaâ??, quien recibió tres años en suspenso por integrar la organización en Villa Banana.Las investigaciones habían revelado algo más que una sociedad criminal entre Saravia y Marianela: ella era la encargada de las tácticas de contrainteligencia. Ocultaba pruebas, coordinaba alertas para que la banda no fuera desbaratada. La extracción forense de datos de sus celulares fue determinante. Los registros del Sistema Único de Visitas del Servicio Penitenciario confirmaron que Marianela figuraba como concubina de Saravia â??alojado en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) II de Marcos Pazâ?? y, al mismo tiempo, como hermana de Eduardo Muñoz, también detenido en esa unidad.Ese dato genealógico lo dice todo: Marianela Muñoz era el eslabón entre Saravia y su propio hermano menor, Eduardo Rodolfo Muñoz. Y Luis Miguel Muñoz, uno de los dos imputados en la causa por el asesinato del agente Manfredi, es hermano de ambos.

Murió Alan Greenspan, el histórico presidente de la Reserva Federal de EE.UU.

El economista, que condujo la FED entre 1987 y 2006, falleció a los 100 años. Fue considerado durante años como el "maestro" de la política monetaria, aunque su legado quedó atravesado por la crisis financiera global que estalló poco después de su retiro. Leer más

Murió a los 100 años Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos

Apodado "Maestro" y "Oráculo", estuvo al frente de la FED entre 1987 y 2006, durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.Falleció a causa de las complicaciones provocadas por el Parkinson, informó su esposa.

Murió Alan Greenspan: el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU tenía 100 años

Su conducción del banco central coincidió con uno de los ciclos de crecimiento más largos de la historia reciente, en un periodo que atravesó el final de la Guerra Fría y el auge de la era digital

La justicia federal estudia aplicar la pena de muerte al exmilitar afgano acusado de asesinar a una integrante de la Guardia Nacional

El proceso judicial por el tiroteo junto a la Casa Blanca pone bajo escrutinio los protocolos de seguridad y el historial migratorio del sospechoso, mientras fiscales analizan medidas excepcionales ante la gravedad del caso

Un tribunal federal reactiva en Ohio las restricciones al uso de redes sociales de menores de 16 años

El fallo dividido habilita otra vez la norma y tensa la pulseada con empresas tecnológicas por su alcance y su encaje con la libertad de expresión

Detienen y procesan a exjefe de gendarmería de la extinta Policía Federal por desaparición forzada

La captura fue realizada en La Piedad, Michoacán; habría comedido el delito mientras era funcionario

El Gobierno apura los cambios en la estratégica Cámara Federal, que decide sobre las causas de corrupción

El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli. Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. "Tiene una segunda chance", dijeron funcionarios del Gobierno. Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.Expedientes sensiblesYa están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa. Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario. El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino. El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino. Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio "Chiqui" Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza. En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.RenovaciónLas fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces. Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate. El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.

Semarnat admite invasión de zona federal en playa de Punta de Mita, Nayarit: promete acceso público

La dependencia reconoció que una construcción invade los 20 metros de Zofamat en playa Las Cocinas y anunció una visita a la zona el próximo 25 de junio

El grupo narco que mató a un policía federal cortaba dedos con tenazas para mantener atemorizado a todo un barrio

ROSARIO.-Siempre hay pérdidas que forman parte de la dinámica del negocio narco. Es más benigno para los narcos "entregar" a la policía un búnker de venta de drogas, con unas pocas dosis de cocaína berreta, adulterada, adaptada al mercado popular, que resistir a los tiros, y aferrarse a algo que pierde sentido si se lo ve en proyección. Mucho peor es ir preso. El "kiosco" se reabre en otro lugar inmediatamente. La resiliencia de ese negocio rústico y marginal es casi inmediata. Ese no es el problema. Con los hermanos Muñoz, que viven en uno de los extremos de Villa Banana, era diferente. Se creían los dueños de una parte del barrio, que tenían aterrorizado.Una postal marca cómo era el dominio de este grupo narco, precario y marginal, en medio de una pobreza extrema: cuando "cortaban" cocaína, es decir, en el momento en que fraccionaban las dosis en papeles y bolsitas, cerraban la calle. Ningún vecino podía entrar ni salir. Los hermanos Muñoz eran amos y señores. Ante la ausencia total del Estado en ese lugar, ponían sus propias reglas, siempre con crueldad: a un vecino que se negó a vender drogas para ellos le cortaron un dedo con una tenaza. El pasillo de 27 de febrero y Gutemberg era de ellos, y también varias viviendas que habían usurpado. El barrio conocido como Villa Banana, en el sudoeste de Rosario, donde viven unas 7000 personas, tiene sus propias leyes. Sus pasillos angostos â??demasiado estrechos para que circule un patrulleroâ?? funcionan como trincheras, aunque una parte importante se urbanizó a través de un plan municipal que comenzó en 2016. Estos cambios mejoraron en un sector la vida de los vecinos. Otro sigue envuelto en la violencia que supura de esa criminalidad marginal.Los vecinos de ese extremo del barrio saben quién manda, quién vende y quién vigila. Y saben, sobre todo, que hablar tiene un precio. Esa geografía del miedo es el sustento de una organización narco que sobrevivió dos condenas judiciales, se reorganizó en tiempo récord y el 12 de junio de 2026 demostró de lo que era capaz: en menos de once minutos, detectó a tres policías federales que patrullaban de civil, los identificó, los cercó con un grupo de al menos diez personas y los atacó a tiros. El agente Rodolfo Arnaldo Manfredi murió con tres balazos en la espalda. Su compañero Emilio Gómez Villafañe -ambos oriundos de Tucumán- quedó internado en terapia intensiva, y se recupera lentamente. El tercer efectivo, Ricardo Barrios Zabala, logró escapar ileso.Lo que ocurrió esa noche fue la respuesta de una estructura criminal organizada, disciplinada y arraigada territorialmente frente a lo que consideró una intrusión inadmisible. La actuación temeraria de los policías, que habrían recibido la orden de entrar a ese lugar peligroso vestidos de civil, para ir a "comprar" cocaína y "marcar" el lugar, generó mucha bronca entre los agentes por las pésimas condiciones de trabajo en el marco del Plan Bandera en Rosario. "Los políticos se llevan los laureles y nosotros ponemos el cuerpo con salarios miserables", señaló un policía desplegado en Rosario que es oriundo del norte del país.La investigación judicial que reconstruye el crimen â??la audiencia de formalización que se realizó el 15 de junio ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, con los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra y Gonzalo Ruggeriâ?? permitió reconstruir esa arquitectura criminal. En el centro de toda la trama, aparece un apellido que se repite: Muñoz.Para entender quiénes son los Muñoz hay que remontarse a Dalmacio Saravia, el hombre que construyó el primer andamiaje narco en Villa Banana, ligado a Máximo Ariel Cantero, conocido como El Viejo, el fundador de la banda Los Monos.En diciembre de 2023, la Justicia Federal de Rosario condenó a Dalmacio Saravia, de 60 años, a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes agravada. En la misma sentencia cayeron su hijo, Leonardo Saravia, con una pena de cuatro años, y Eduardo Rodolfo Muñoz â??su cuñadoâ?? también con una sentencia de cuatro años de cárcel, como partícipe secundario en la comercialización.Pero la organización no quedó desarticulada. En agosto de 2024, ocho meses después de la condena, se secuestraron más de dos mil envoltorios de cocaína y un trozo compacto de trescientos gramos en Rueda y las vías férreas. En febrero de 2025 nuevos allanamientos en el Bulevar 27 de Febrero confirmaron que la maquinaria seguía en marcha. En noviembre de ese año, un segundo juicio condenó a Dalmacio Saravia a ocho años más, esta vez junto a Marianela Muñoz â??su concubinaâ??, quien recibió tres años en suspenso por integrar la organización en el barrio Villa Banana.Las investigaciones habían revelado algo más que una sociedad criminal entre Saravia y Marianela: ella era la encargada de las tácticas de contrainteligencia. Ocultaba pruebas, coordinaba alertas para que la banda no fuera desbaratada. La extracción forense de sus celulares fue determinante. Los registros del Sistema Único de Visitas del Servicio Penitenciario confirmaron que Marianela figuraba como concubina de Saravia â??alojado en el CPF IIâ?? y, al mismo tiempo, como hermana de Eduardo Muñoz, también detenido en esa unidad.Ese dato genealógico lo dice todo: Marianela Muñoz era el eslabón entre Saravia y su propio hermano menor, Eduardo Rodolfo Muñoz. Y Luis Miguel Muñoz, uno de los dos imputados en la causa por el asesinato del agente Manfredi, es hermano de ambos.El fenómeno que describe el expediente es clásico en el estudio de la criminalidad organizada: cuando el líder cae, la estructura no colapsa, se reconfigura. Quienes ocupaban posiciones periféricas o de segundo nivel ascienden â??por designación interna, por imposición violenta, o por acumulación de poder propio. En 2023, Eduardo Rodolfo Muñoz era considerado un partícipe secundario, un integrante fungible. Hoy, según la fiscalía, es el organizador de la banda: se encarga de recibir el material, acopiarlo y distribuirlo en los puntos de venta. Actualmente está prófugo â??se realizó una decena de allanamientos sin dar con él.Los investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA recogieron el testimonio de vecinos que, por miedo a represalias, no quisieron aportar sus datos: después de que detuvieran a Saravia, "Eduardo Rodolfo Muñoz, hermano de Marianela, con su grupo familiar comenzaron a tener poder dentro del barrio y de forma intimidatoria amenazaban a vecinos con el fin de apropiarse de sus viviendas. Muchos de estas personas, si no se iban de las casas, eran obligados a ser parte de la organización en estamentos inferiores, como vendedores, soldaditos y satélites."La vivienda operativa del grupo â??usada como punto de venta, guarda y acopio de sustancias ilícitas y armamentoâ?? está ubicada en el pasaje Gutenberg, ingresando por el Bulevar 27 de Febrero. Allí murió Manfredi.Según la PFA, la organización actual responde a la conducción de Eduardo Muñoz y a personas apodadas El Colombiano, Walter Diente de Lata, Toto, Bebe y Mojarra. También aparece mencionada una mujer conocida como Liliana, a quien le entregan el dinero recaudado de la comercialización en el barrio.Luis Miguel Muñoz â??el imputado detenidoâ?? era, junto a Mario Ezequiel Peralta, el encargado de custodiar los puntos de venta y colaborar en las tareas de acopio y fraccionamiento. Son los eslabones medios de una cadena que, según el expediente, opera con una coordinación y una velocidad de respuesta que sorprendió a los propios investigadores.El 12 de junio de 2026, tres agentes de la Policía Federal Argentina realizaban un patrullaje pedestre nocturno por Villa Banana. Iban de civil. Era pasada la medianoche. El agente Ricardo Barrios Zabala, el cabo Emilio Gómez Villafañe y el agente Rodolfo Manfredi ingresaron a pie por los pasillos entre Gutenberg y Gálvez para realizar tareas de identificación y observación. Tenían razones: en las semanas previas, esa zona había sido objeto de múltiples procedimientos con secuestros considerables de estupefacientes.El análisis de cámaras LINCE â??el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Feâ?? permitió reconstruir con exactitud milimétrica lo que pasó. El agente Manfredi descendió del móvil 13205 entre las 23.37 y las 23.40, mientras el vehículo permanecía detenido en Valparaíso, entre Gálvez y Virasoro. Se dirigió a pie hacia el interior del barrio.Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó reconstruido tanto en las imágenes como en el testimonio de Barrios Zabala. Apenas los detectaron, comenzaron los silbidos. Una señal de alerta que corrió de boca en boca por el pasillo. En minutos, se congregó un grupo de aproximadamente diez personas. Los rodearon. Les gritaban, los insultaban, los empujaban hacia afuera. Barrios Zabala dijo que escuchó la palabra "cobani". La única salida posible era hacia el Bulevar 27 de Febrero, por Gutenberg.Entonces, mientras los tres efectivos caminaban hacia esa salida, el grupo comenzó a disparar. Barrios Zabala describió al tirador principal: una persona de baja estatura, contextura flaca, de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, con ropa oscura y capucha, que extrajo un arma desde la cintura o la espalda. Los disparos fueron certeros. Tres impactos en la región posterior del cuerpo de Manfredi, con orificios de entrada y salida: murió por shock hipovolémico, según el pre informe de autopsia del Instituto Médico Legal de Rosario. Gómez Villafañe recibió dos balazos en el hemitórax izquierdo y la región inguinal, y llegó al Hospital Italiano en estado crítico, con cirugía de urgencia y pronóstico reservado al momento de la formalización. A Barrios Zabala los disparos no lo alcanzaron.Los policías respondieron el fuego. Luis Miguel Muñoz llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con al menos dos impactos de bala: uno en la región dorsal izquierda a la altura del quinto arco costal, otro en la región mamaria izquierda al nivel del sexto arco costal, y una lesión en la cara interna del brazo izquierdo. La fiscalía subrayó que esa cantidad de impactos hace menos probable que se trate de balas perdidas del enfrentamiento. Lo trasladó su hermano Juan Carlos Muñoz en un VW Voyage que el sistema LINCE rastreó cuadra por cuadra hasta la rampa de urgencias del HECA.El reloj marcó las 23.53 cuando llegó el primer móvil policial al lugar. Manfredi ya estaba muerto en la vereda oeste de Gutenberg. La jefa del servicio del Plan Bandera de la PFA en Rosario, ayudante Macarena Abigail Ortiz, estaba esa noche en el móvil 8205. Fue la primera en darse cuenta de que algo había salido mal. Muchos agentes de la fuerza le atribuyen a ella haberle dado la orden a Manfredi para entrar a la villa en total estado de desprotección.Alrededor de las 23.40 intentó comunicarse con Barrios Zabala, luego con Manfredi. Ninguno atendía. Entonces escucharon los disparos â??tres o cuatro, desde afuera del pasillo. Ordenó ingresar con los dos móviles disponibles."Apenas bajamos vimos un montón de gente corriendo hacia el lado de las vías", contó Ortiz en su entrevista ante el Ministerio Público Fiscal. "Nosotros seguimos corriendo por el pasillo, los cuatro ya habíamos desenfundado las armas." No encontraron a sus compañeros. Salieron, dieron la vuelta por las calles perimetrales, encontraron a Barrios Zabala en estado de shock en 27 de Febrero y las vías. Él les contó que a Gómez Villafañe ya se lo habían llevado al Hospital Italiano con un balazo. Iban camino al Italiano cuando Ortiz recibió el llamado que confirmaba lo peor: habían encontrado a Manfredi.El relato de Ortiz aporta a los investigadores una clave fundamental para entender el contexto de lo ocurrido: "Barrios me dijo que reconoció a las personas, y que ellos también los reconocieron. Es gente que vive en esa zona, y nosotros pasamos ocho horas diarias recorriendo el mismo sector, que no es muy grande. Conocen esos pasillos de memoria, la gente los conoce a ellos."Esa familiaridad mutua es la que explica la velocidad de la reacción. La organización no necesitó tiempo para evaluar si los tres hombres que caminaban por el pasillo eran policías: los conocía. Y la fiscalía señala que los procedimientos de semanas anteriores en la zona â??con secuestros importantes de drogaâ?? habían generado una presión que se cobró esa noche. Ortiz fue directa: "Esa gente evidentemente tiene que responder por todo ese material que pierden al ser secuestrado en los procedimientos. Reaccionaron así. Pero nunca había pasado algo así."Mientras Muñoz era trasladado al hospital, Mario Ezequiel Peralta â??el otro imputadoâ?? se acercó al cuerpo del agente Manfredi y le sustrajo el teléfono celular y la pistola reglamentaria. El dato surgió de vecinos que se acercaron voluntariamente a los policías durante el allanamiento posterior, sin querer identificarse. Peralta se los entregó a El Colombiano, según esos testimonios. El celular de Manfredi registra su último impacto de antena esa misma noche, a las 23.50, en calle Matienzo al 3500, a pocas cuadras del lugar del hecho. Después, silencio.Peralta tiene antecedentes concretos en la misma zona: en febrero de 2026 fue detenido vendiendo cocaína en Gutemberg y 27 de Febrero. Según el acta de ese procedimiento, la hostilidad de los vecinos fue tal que los policías debieron trasladar el operativo cinco cuadras.El expediente judicial tiene aún varios cabos sueltos, marcados en el propio documento con anotaciones internas que evidencian un trabajo en curso: falta el resultado del dermotest, y el número de días solicitados para la prisión preventiva aparece con signos de interrogación. Eduardo Rodolfo Muñoz â??el jefe de la organización, cuñado de Saravia, hermano de los imputadosâ?? sigue prófugo.

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Un camarista federal querelló al diputado kirchnerista Tailhade por llamarlo evasor

El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por calumnias e injurias y lo desafió a probar ante la Justicia la acusación de evasor que hizo contra el magistrado."Jamás le escamoteé un centavo al fisco", dijo Leal de Ibarra luego de que Tailhade denunciara en la red X que se acogió al beneficio de la inocencia fiscal porque había "negreado" dinero. Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, presentó la querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Tailhade ante el fuero federal de la Capital Federal. El magistrado acusó al diputado de haberle imputado en forma falsa un delito, la evasión de impuestos, en un mensaje publicado en la red social X que ya supera las 18.000 visualizaciones.En esa publicación, el diputado escribió que el magistrado "entró al régimen de Inocencia Fiscal después de haber negreado durante años un montón de guita", lo trató de "amo y señor" de su tribunal y cerró con una frase difamatoria: "Esta es la mugre del Poder Judicial"."Jamás mantuve un peso en negro ni le escamoteé un centavo al fisco", respondió Leal de Ibarra en su escrito de demanda, donde recordó que lleva 47 años en la Justicia sin una sola observación a su conducta. La presentación sostiene que el diputado "faltó a la verdad a cambio de un puñado de reacciones en una red social", y que no opinó ni conjeturó, sino que dio por cierto un hecho falso, a sabiendas de su falsedad.Leal de Ibarra consideró que no cabe la defensa de que se trató de un asunto de interés público. "No hay interés público que ampare la mentira", señaló, y dijo que "la libertad de expresión, por elevada que sea su jerarquía, no comprende el derecho a deshonrar con falsedades".El juez le da la posibilidad a Tailhade de probar lo que dijo, siendo consciente de que es falso y advirtió que su cargo no lo pone por encima de la ley: "La banca no es un fuero para la calumnia", señaló, con el patrocinio del abogado Mariano Fragueiro Frías.Leal de Ibarra pidió que se condene al diputado como autor de los delitos contra el honor y que la sentencia se publique a su costa. "Me difamó al atribuirme, falsamente, un delito que jamás cometí", sostuvo el magistrado.

El Tribunal Oral Federal 4 define si le otorga el arresto domiciliario a Lázaro Báez

La audiencia fue fijada para mañana a las 10 y se hará por videoconferencia, con participación de la fiscalía, los defensores y el empresario, conectado desde la Unidad Penitenciaria de Ezeiza

La agencia de transporte MARTA destaca la disminución de la delincuencia y las mejoras en la seguridad tras una auditoría federal

En una carta enviada a la Administración Federal de Tránsito durante una revisión sobre la protección laboral, la entidad atribuyó el descenso del 45% al refuerzo policial, la vigilancia tecnológica y operativos focalizados

Licencias CDL en Virginia: el pedido de exención del DMV que revisa el gobierno federal

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno federal una exención para poder extender la vigencia de las licencias de conducir comerciales (CDL) en Virginia y de los permisos comerciales de aprendizaje.DMV de Virginia pide extender 90 días las licencias CDL durante emergenciasEl pedido del DMV de Virginia a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa) busca una exención vinculada con los requisitos federales para licencias de conducir comerciales (CDL) y permisos comerciales de aprendizaje (CLP).De aprobarse la medida, se habilitaría a Virginia a extender por hasta 90 días las CDL y los CLP ante una emergencia declarada por el gobernador, una orden ejecutiva o una directiva que autorice la medida. En la actualidad, las reglas federales fijan un tope de un año para los CLP desde su emisión inicial sin nuevos exámenes generales y de endoso, mientras que las CDL no pueden otorgarse por más de ocho años.La medida no abarcaría licencias comerciales no domiciliadas. El beneficio alcanzaría solo a personas que recibieron estos permisos después de haber presentado prueba de ciudadanía o residencia permanente legal. Fmcsa abre comentarios públicos hasta el 17 de julio de 2026La Fmcsa abrió una instancia de comentarios públicos sobre el planteo del organismo estatal. Las observaciones deberán recibirse hasta el 17 de julio de 2026. Después de revisar la aplicación, los análisis de seguridad y los planteos presentados, la Fmcsa concederá o rechazará la exención. Si la aprueba, deberá publicar en el Registro Federal la disposición regulatoria de la que Virginia quedará exenta, el período de vigencia y las condiciones aplicables. Por qué Virginia busca prorrogar las CDL y los permisos CLPEl organismo estatal sostuvo que, durante emergencias declaradas, el acceso a oficinas y servicios del DMV puede quedar limitado por cierres temporales, menor dotación de personal, interrupciones de sistemas, restricciones de viaje y otros problemas de seguridad que afecten la atención presencial.Según la presentación, esas situaciones pueden impedir que conductores comerciales calificados completen renovaciones dentro del plazo correspondiente por circunstancias ajenas a su responsabilidad.El DMV de Virginia planteó que la pérdida de privilegios de conducción en ese contexto puede derivar en faltantes de personal y afectar el transporte de bienes y servicios esenciales, especialmente durante tareas de respuesta y recuperación ante emergencias.Los controles que aplicaría el DMV de Virginia para garantizar la seguridadEl DMV de Virginia afirmó que la medida no comprometería la seguridad y señaló que el organismo aplicaría controles internos para limitar el uso de la autorización en caso de obtenerla. Entre esas medidas, la entidad mencionó: El seguimiento en sistema de credenciales extendidas. La documentación de declaraciones de emergencia y directivas ejecutivas. La conservación de registros y la capacidad de auditoría. También indicó que todos los archivos estarían disponibles para la Fmcsa si la agencia los solicita.Cómo enviar comentarios a la FMCSA sobre el expediente FMCSA-2026-0892La Fmcsa pidió que las personas interesadas incluyan el número de expediente FMCSA-2026-0892 en cada presentación. También recomendó indicar la sección del documento a la que se refiere el comentario y explicar el motivo de la sugerencia o recomendación. Las opciones habilitadas para el envío de sugerencias son:Portal Federal eRulemaking.Correo postal: Dockets Operations, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Avenue SE, W58-213, West Building, Washington D. C. 20590-0001.Entrega presencial o mensajería: en la misma dirección del Departamento de Transporte, de lunes a viernes, entre las 9 hs y las 17 hs, excepto feriados federales.Fax: (202) 493-2251.

Wall Street cerró con caídas tras la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés

La rueda bursátil en Wall Street se dio vuelta y terminó en rojo, con el Nasdaq en baja y el Dow perdiendo más de 500 puntos, tras nuevas proyecciones sobre el costo del dinero

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Lo echaron de la Federal, fue "arrepentido" en el caso que terminó con la carrera de un fiscal y armó una banda para robar dos bancos: la historia de Carlos Maidana

Carlos Daniel Maidana integró la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que fue exonerado en 1995. Prófugo de la Justicia por extorsionar a "transas" peruanos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, se convirtió en "buche" de Adrián Baeta, un sargento de la policía bonaerense que tenía una relación de amistad con Diego Guastini, alias Dolarín, un contador que era el cerebro financiero detrás de las más poderosas bandas narcos que operaron en el país y que fue asesinado en 2019 después de dar detalles a la Justicia de las organizaciones para las cuales lavaba dinero o gestionaba la logística del cobro de la droga traficada. También fue imputado colaborador como "arrepentido" en una causa que destapó un escándalo judicial en San Isidro y terminó con la carrera de un poderoso fiscal. Ahora está preso: lo acusan de ser el jefe de una banda de boqueteros que planeaba robar dos bancos, uno en Baradero y otro en Morón.Así lo reveló el sitio de noticias Encripdata, especializado en narcotráfico y crimen organizado, y lo confirmó LA NACION a través de fuentes de la causa.Maidana tiene 59 años. Para detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron de la investigación que frustró el plan criminal, fue el jefe de la banda y el "orquestador general de la estructura delictiva".La investigación que llevó tras las rejas a Maidana comenzó el 19 de mayo pasado a partir de un correo electrónico que llegó a una casilla de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense. En ese e-mail una persona aportó información sobre el plan criminal. El denunciante, que finalmente declaró bajo reserva de identidad, aportó detalles precisos sobre una organización criminal que planeaba robar la sucursal Baradero del Banco Provincia y la sucursal Morón del Banco Nación. Indicó que los ladrones pretendían ingresar en las entidades bancarias por medio de sendos boquetes para robar las cajas de seguridad y acceder a las bóvedas del tesoro, donde se guardan lingotes de oro y fajos termosellados de dólares.La investigación quedó a cargo del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, con la intervención del fiscal federal Sebastián Basso."El correo daba precisiones sobre el esquema logístico y operativo de la banda y precisaba las identidades de los delincuentes que estaban detrás del plan criminal", dijeron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.La idea de asaltar la sucursal del Banco Nación situada en la avenida Rivadavia al 18.000, en Morón, fue denominada por la banda como Robo al Tesoro y contemplaba la "sustracción de lingotes de oro, dólares y vaciar las cajas de seguridad". Los "boqueteros" pensaban ingresar en el banco por dos locales linderos, una zapatería y una playa de estacionamiento."En Baradero, los ladrones tenían conocimiento de que el fondo de una casa lindera al Banco Provincia daba al sector de bóvedas", dijeron las fuentes consultadas.Los voceros de la investigación dijeron que se sospecha que los "boqueteros" tenían información determinante para concretar el plan criminal aportada por empleados infieles de las entidades bancarias.La banda contaba con el aporte de un delincuente conocido como "El Uruguyo", considerado un "artesano del boquete". Su función era el diseño técnico de las perforaciones tácticas que permitirían ingresar en los bancos desde locales linderos.La organización también estaba integrada por un especialista informático o "hacker", cuya misión era vulnerar los sistemas antisísmicos de los bancos. Este técnico llegó a realizar pruebas de campo el 17 de mayo pasado, golpeando paredes con macetas de cemento desde el patio de un inmueble lindero para verificar que las alarmas, previamente manipuladas, no se activaran.Además estaba "el proveedor", encargado de proveer desde los discos de corte y rotopercutoras hasta las 100 bolsas de arpillera destinadas a retirar los escombros sin levantar sospechas.Maidana operaba desde su quinta de la localidad de Paso del Rey, en Moreno. Para moverse utilizaba tres camionetas Toyota SW4 con chapas patentes adulteradas y una camioneta Volkswagen Amarok blanca "que presentaba como rasgo distintivo sus llantas y espejos retrovisores pintados en color negro". El expolicía iba armado con una pistola marca Taurus robada durante una "entradera" en Adrogué."Leones blancos"El sindicado líder de la banda fue exonerado de la Federal en 1995. Como se dijo, fue "arrepentido" en una investigación que puso fin a la carrera del fiscal Claudio Scapolan y que llevó a la cárcel a 24 integrantes de la policía bonaerense y a un grupo de abogados. Se trata de una causa que tramitó la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y en la que intervino el fiscal federal Fernando Domínguez.Una de las graves irregularidades que quedaron plasmadas en la causa fue "el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo conocido como "Leones blancos", de finales de diciembre de 2013. En la presentación del golpe ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más. Se sospecha que más de media tonelada "desapareció".Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar, según la causa judicial.Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas y que pertenecería al sargento Baeta.

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