La implementación del sistema acusatorio marcará un punto de inflexión para los procesos penales, apostando por la celeridad y la transparencia
Se espera que el líder castellanomanchego abogue por la salida del presidente del Gobierno, en la línea de sus últimas intervenciones, pero no se prevé que otros miembros del cónclave dediquen sus reproches a Sánchez ante la ausencia de disidentes en el máximo órgano entre congresos
La ministra de Seguridad Nacional se refirió también a las detenciones realizadas por la acometida contra la casa de José Luis Espert, tras considerar que se habría tratado de un "acto planificado"
La ministra de Seguridad criticó la investigación que lleva adelante la justicia porteña.El pasado 10 de junio, militantes ingresaron al canal y causaron múltiples destrozos.
La denuncia alertaba sobre un adolescente de 17 años, residente en el país, que aparentemente habría tomado contacto con la organización terrorista por Telegram.También estaba en contacto con un ciudadano uruguayo detenido por una situación similar.
El presidente de Estados Unidos responsabilizó a Jerome Powell de frenar el crecimiento económico y de afectar al país por no aplicar con mayor rapidez un alivio en las condiciones monetarias
De cara al cónclave socialista, el partido aguarda con expectación el anuncio de medidas para recuperar su imagen frente a la corrupción y evitar una situación similar tras fallar todos los controles con quien hasta hace tres semanas era el número 3 de la formación
María Servini deslizó que la expresidenta quedaría libre antes de cumplir los seis años de pena domiciliaria."Es una prisión conflictiva y llega un momento que no la pueden contener", justificó.
Esta nueva disposición del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán permitiría que se le pudieran retirar los cargos por narcotráfico en la instancia del Distrito Sur de Nueva York
La represalia se desató tras los dichos de Elon Musk, quien advirtió públicamente a los legisladores republicanos que "perderán sus primarias el año que viene" si respaldan la reforma fiscal de Trump. Leer más
El mandatario estadounidense afirmó que, sin el apoyo de su gobierno, las compañías SpaceX y Tesla no podrían seguir operando y se verían obligadas a cerrar y trasladarse a Sudáfrica. "Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos", declaró
El gobernador de Córdoba recibió a la diputada nacional en El Panal con el fin de gestar un proyecto político que dispute poder desde la región centro. Sus declaraciones sugieren una estrategia de largo plazo para competir con el oficialismo y el kirchnerismo. Leer más
Aunque el Consejo de la Magistratura lo había citado como parte del proceso de acusación para destituirlo, ahora conservará el beneficio de la jubilación.
El magistrado es investigado por causas vinculadas al narcotráfico y enfrentaba un jury de enjuiciamiento. Antes de ser destituido, presentó su dimisión
Para el profesor de la UBA, en el feudo de Gildo Insfrán la voluntad popular no se puede expresar libremente, y la reelección eterna también niega la vigencia del sistema democrático.
El texto, de 940 páginas, enfrenta críticas por eliminar subsidios sociales, reducir la cobertura médica y favorecer recortes de impuestos para sectores de altos ingresos
A instancias de habitantes de Orán la justicia federal de Orán ordenó al organismo nacional hacerse cargo del mal estado de esta ruta. Vialidad apeló esta decisión y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones. El fiscal sostuvo que están en juego el derecho a la libre circulación, a la seguridad, a la vida y a la integridad física de las personas que circulan por esta ruta.
El nuevo presidente del Movimiento CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Fernando de Nevares, sostuvo que "el desarrollo federal que la Argentina necesita está especialmente condicionado por los derechos de exportación (DEX)".Salida. Una multinacional del agro pone a la venta un negocio y hay una energética local con interésEn diálogo con LA NACION, luego de asumir como titular de la entidad para el período 2025-2026, el directivo expresó que los DEX (retenciones) afectan especialmente a las regiones del interior más alejadas de los puertos. "Hay zonas donde hoy no se puede producir y se podría hacerlo sin los DEX", sostuvo. Para De Nevares, más allá de la discusión sobre la reducción temporal de los DEX, que llega a su fin para los granos gruesos el próximo martes, habría que impulsar un proyecto de ley para que la baja del tributo sea progresiva. "No de un día para otro, porque la estabilización de la macro es muy importante, no solo para el sector, sino para toda la Argentina", dijo, y reclamó la necesidad de tener "reglas claras y de faros largos, porque es importante para cualquier empresa, y el sector no es la excepción".De Nevares recordó que "desde el 2002, que las retenciones se pusieron en teoría temporalmente, hasta el 2024 la recaudación por los DEX fue de 170.000 millones de dólares. Y la verdad es que los indicadores macroeconómicos de reservas, pobreza, desarrollo del interior e infraestructura no tuvieron el reflejo de esa recaudación".El presidente del Movimiento CREA advirtió que la permanencia de los DEX también afecta la tecnología utilizada en la producción. "Vienen a poner en jaque a la intensificación y la tecnificación de los sistemas y, por lo tanto, también a la sostenibilidad. La rotación, la aplicación de tecnología y la fertilización se reducen a lo mínimo indispensable para poder sostener la producción porque si no quedan afuera, por falta de precio o por negocio", sostuvo.El INTAAdemás de la situación de los DEX, el presidente del Movimiento CREA se refirió a la reforma que promueve el Gobierno en el INTA y a los desafíos que tiene la entidad en el mediano plazo.Respecto de la reestructuración del organismo, De Nevares reiteró la postura de los CREA, que se opone a que se excluya a la entidad del consejo de dirección del organismo y que se termine con la autarquía. "Tenemos la esperanza de que se repiense esa decisión que está poniendo, para nuestro gusto, el carro delante del caballo", expresó. "Se está decidiendo achicarlo sin pensar el para qué, no hay un norte claro", añadió.Según De Nevares, "CREA es la única institución del Consejo actual que tiene ciencia aplicada y extensión y está en todo el territorio. No hay provincia que no tenga CREA". "Estamos a favor del impulsar el cambio de un INTA aggionado a los tiempos que corren porque se está discutiendo esto mismo en todo el mundo", sostuvo.De cara a un congresoRespecto del Movimiento CREA dijo que enfrentan el desafío de "mantener el proceso de transformación" de la entidad para "volvernos una organización más ágil, ante un contexto cambiante y complejo".De Nevares, que es productor en la zona de Bragado y 25 de Mayo, entre otras zonas, adelantó los contenidos que tendrá el Congreso Nacional CREA que se realizará el 18 y 19 de septiembre próximos en Tecnópolis. "El lema es descubrir la energía transformadora y con varios ejes: demográfico, tecnológico, la naturaleza, las personas y los equipos", señaló."El 40% está pensado como los viejos congresos tradicionales, de auditorio, y otro 40% está buscando la conexión entre distintas partes de la red; el otro 20% será para la parte recreativa y de intercambio entre las personas que asisten", explicó.Nuevas autoridadesEn la asamblea del Movimiento CREA, el presidente saliente, Jorge Saenz Rozas agradeció a las autoridades que lo acompañaron durante su gestión y destacó: "Sigamos creciendo estratégicamente, tanto por caminos tradicionales como no tradicionales para lograr mayor impacto en las personas, en las empresas, en la Argentina y más allá de nuestras fronteras."La nueva comisión directiva del Movimiento CREA quedó conformada por:Presidente: Fernando de NevaresVicepresidente: Guillermo ZorraquínSecretario: Sebastián SabattiniProsecretario: Francisco MontovioTesorero: Ariel GarcíaProtesorero:Lucas GandolfiVocal titular: Álvaro Tomás Vocal titular: Stephanía Gil de MarchiVocal suplente: Rafael CuetoVocal suplente: Federico Ahets EtcheberryRevisor de Cuentas: Tomás CopelloRevisor de Cuentas: Diego Dalla FontanaVocales Regionales:Vocal Región Centro: Gabriela ChialvoVocal Región Chaco Santiagueño: Danel Leiva Vocal Región Córdoba Norte: Roberto MansoVocal Región Este: Hernán FinneganVocal Región Litoral Norte: Mariano LanzVocal Región Litoral Sur: Santiago Tomás KennyVocal Región Mar y Sierras: Rafael LlavallolVocal Región Noroeste Argentino: Diego FaliveneVocal Región Norte de Buenos Aires: Joaquín SolariVocal Región Oeste: Tomás DorronzoroVocal Región Oeste Arenoso: Rubén RadioVocal Región Patagonia: Simón SoubrieVocal Región Santa Fe Centro: César BerteroVocal Región Santa Fe Norte: Alicia OlivaresVocal Región Santa Fe Sur: Roberto Matarazzo SwornVocal Región Semiárida: Segundo AgrasarVocal Región Sudeste: Carolina HoussayVocal Región Sudoeste: Fermín UrrutiVocal Región Valles cordilleranos: Guillermo Donnerstag
El economista y analista financiero aseguró que la "guerra inédita" entre Donald Trump y el chairman de la Fed Jerome Powell provoca la caída del precio del dólar en el mundo. Leer más
El jefe de gabinete se refirió al "Plan de Concesiones de la Red Vial Federal" que contempla la construcción y mantenimientos de rutas nacionales. Leer más
Dirigentes peronistas y aliados en Salta coincidieron en la urgencia de construir una alternativa seria y plural frente al proyecto de Milei. Desde Pablo Kosiner hasta Malvina Gareca, pasando por Miguel Calabró y "El Indio" Godoy, el reclamo de unidad se vuelve impostergable de cara a octubre.
El exgobernador de Córdoba y el diputado radical participaron en La Plata de una jornada sobre desarrollo federal. Cuestionaron al kirchnerismo y al gobierno de Milei, y llamaron a conformar una nueva alternativa política. Leer más
El organismo plantea flexibilizar el ratio de apalancamiento suplementario, una medida que podría liberar más de 200.000 millones de dólares y cambiar el rol de los bancos en el mercado del Tesoro
Tras el fallido intento del Gobierno de completar la integración de la Corte Suprema en abril pasado, el Senado reanudó hoy el tratamiento de los proyectos que proponen ampliar el número de jueces del máximo tribunal. En esta oportunidad fueron invitados cinco expertos en la materia que, de manera unánime, coincidieron en que la futura integración de la Corte debería contemplar criterios de equidad de género y una perspectiva federal. El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales: allí expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Alberto García Lema, convencional constituyente, y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La discusión se circunscribió a los aspectos jurídicos que implicaría la eventual ampliación de los miembros del máximo tribunal; los senadores deliberadamente evitaron dar la discusión política sobre el tema a la espera de que maduren las negociaciones entre el Gobierno y los bloques de la oposición. Por ahora la Casa Rosada se muestra esquiva y evitó pronunciarse sobre la conveniencia o no de incrementar el número de jueces de la Corte, que hoy funciona actualmente con solo tres de sus cinco integrantes. En el Senado avanza la idea de que se amplíe a siete o nueve miembros. Así lo anticipó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, del peronismo federal, al cierre del encuentro. "Queremos contar con la participación del Poder Ejecutivo, insisto con esto, porque es el que propone a los candidatos a integrar la Corte", señaló."Esperamos arribar a un pronto dictamen, aunque sabemos que es difícil en este año electoral", añadió.El oficialismo, empero, dilata las definiciones a la espera del recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación que, admiten, es compleja. ExposicionesEn el arranque de las exposiciones, María Esther Cafure de Battistelli insistió en que la futura integración de la Corte Suprema contemple la paridad de género."¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la Corte Suprema de Justicia? Si en todos los tribunales del interior del país tenemos mujeres integrando los tribunales superiores. Por supuesto que no es paritaria, pero la intervención paritaria es hoy una obligación: ya la tiene el Poder Legislativo", sostuvo la jurista, quien rechazó la propuesta de introducir un cupo femenino en el máximo tribunal. "El cupo ya está superado. Sería un paso atrás", enfatizó. A su turno, el constitucionalista Gil Domínguez coincidió en que una ley de ampliación de los miembros de la Corte debería incluir la "paridad de géneros" como así también una perspectiva federal, aunque insistió en que la norma por aprobarse no debería limitarse a esta cuestión sino que debería apuntar a una reestructuración integral del funcionamiento del máximo tribunal. "Este tema (de la ampliación de miembros de la Corte) que es muy importante, pero si se trata de forma aislada, será un pequeño paso y no va a generar una reorganización eficaz del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia", advirtió.A juicio de Gil Domínguez, la Corte Suprema debería oscilar entre nueve, once o trece integrantes. "De esta manera, hay ciertas variables que por una cuestión de proporcionalidad aritmética tendrían más relevancia que si mantenemos esta Corte de cinco", indicó.Gil Lavedra, por su parte, planteó sus reparos. "Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros y a la vez estoy plenamente de acuerdo respecto al género y respecto también a la perspectiva federal. ¿Por qué creo que en este momento esto no sería conveniente? Porque la Argentina, como todos sabemos, padece de una muy baja institucionalidad, y respecto de la Justicia, de una crisis de confianza. Si se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde intereses políticos, se va a agudizar esa desconfianza", indicó. A su turno, García Lema introdujo la cuestión de la eficacia en la labor de la Corte. "El concepto de eficacia en la prestación del servicio de justicia debe ser tenido en cuenta para la determinación del número de miembros de la Corte Suprema. Si es un número excesivo, el concepto de eficacia se ve agravado", advirtió el convencional constituyente quien, al igual que Gil Lavedra, cuestionó los proyectos que proponen ampliar la Corte para dividirla en salas. "La Corte Suprema tiene en sus manos determinar la constitucionalidad de las normas. Si estuviera dividida en salas, podría haber eventualmente contradicción en sus sentencias", sostuvo, y coincidió en que la futura integración debería contemplar la cuestión federal como la de género."Una Corte de siete o de nueve miembros puede tener una representación regional que equilibre, como lo dicen las normas, las diferentes necesidades de nuestro territorio si a las provincias se las agrupara por regiones", sugirió.
Estaba imputado por colaborar en la fabricación de los explosivos utilizados en el ataque ocurrido en mayo, que dejó varios heridos y fue clasificado como acto de extremismo ideológico por las autoridades federales
Dicho sujeto fue capturado junto con droga valuada en casi medio millón de pesos
El gobernador de Misiones participó del encuentro de mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones. Se firmó un proyecto de ley que será presentado al Congreso para modificar la asignación de recursos fiscales nacionales. Leer más
"Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final", afirmó Jerome Powell el martes durante su comparecencia ante un panel del Congreso
Entrevistado por la 750, Franco Bartolacci, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario explicó que la situación es insostenible, ya que el 80 por ciento del personal docente cobra salarios por debajo de la línea de pobreza.
El fiscal federal Zurueta reprochó que el Ministerio Público de la Acusación jujeño no se comunicó con su fiscalía pese a que por la cantidad de droga incautada el 20 de junio es una maniobra de transporte de estupefacientes, un delito de exclusiva índole federal. También dijo que el MPA pudo haber interferido con una investigación federal en curso.
En una cumbre federal, representantes provinciales consensuaron avanzar en la eliminación de fondos fiduciarios específicos y redistribuir los recursos hacia las jurisdicciones. Chaco se alineó con el reclamo. Leer más
El túnel conocido como "El Tornillo" fue afectado por las intensas lluvias que provocó el huracán "Erick"; la obra tardó 15 años en concluirse
La denuncia de la empresa Prodesur S.A., representada por Fernando Burlando, apunta a un esquema de sobornos dentro del Consejo Federal Pesquero. El caso ya unificó causas y podría derivar en cambios profundos en la asignación de permisos de captura. Leer más
Gobernadores de diferentes fuerzas políticas volverán a reunirse para unificar un postura sobre una reforma fiscal. Buscan respuestas del gobierno ante la fuerte caída de la recaudación. Leer más
Diputados de Unión por la Patria y el radicalismo impulsaron una iniciativa para ponerle un freno al decreto que el Gobierno oficializó la semana pasada, que autoriza a la Federal a realizar actividades sin orden judicial, como requisas y patrullaje en las redes sociales.
La movilización tiene como objetivo presionar al Congreso para que apruebe, el próximo 2 de junio, la ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior. Leer más
En un juego a tres bandas, un sector de la UCR presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el DNU que reorganizó la fuerza federal en una suerte de nuevo "FBI". Paralelamente, en el Congreso varias fuerzas ya alzaron su voz para impugnar la nueva norma y sus puntos más polémicos, como el control el ciberpatrullaje, y la capcidad de requisar y hasta detener de forma arbitraria. La tercera pata es la de CFK, quien insiste en desplazar a Bullrich de los procedimientos para poder cumplir con su prisión domiciliaria. Leer más
Recortes, equilibrio y deuda en niveles manejables se combinan en el panorama para las administraciones provinciales, que enfrentan la tradición de incrementar el gasto en los años impares
El exministro de Seguridad de Santa Fe y exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuestionó la reforma por decreto de la carta orgánica de la Policía Federal. Reclamó una discusión seria en el Congreso y afirmó que el Gobierno "no sabe cómo diseñar una fureza de investigaciones".
El edificio de San José 1111, en el barrio de Constitución, amaneció con un importante operativo de seguridad. Convocan a las 17 a un banderazo en defensa de CFK. Ayer, le coloraron la tobillera electrónica a la exmandataria.
El fallo respalda el despliegue de 4.000 efectivos durante 60 días para proteger propiedades y personal federal, pese a la oposición del gobernador de California
"Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal", dijo una de las representantes de la fiscalía. La jueza federal Mariela Giménez puso énfasis en la supuesta connivencia del SPF.
No es la primera vez que la quimera del "FBI argentino" pretende graficar la necesaria reforma que desde el año 1958 la Policía Federal requiere y que en estos cuarenta y pico de años de democracia ningún gobierno ha podido concretar, más allá de la voluntad de algunos de ponerla en las hojas accesorias de la agenda. En los primeros gobiernos de la vuelta a la democracia, la reforma de la PFA no fue parte de la agenda gubernamental o legislativa. Entre 1983 y 1999, se produjeron algunas modificaciones importantes como la sanción de la ley que invalidó como prueba cualquier confesión que un imputado hiciere frente a la policía o la promulgación de una reforma al Código Procesal Penal que vedó a los agentes policiales de interrogar a los sospechosos o detenidos. Todas reformas parciales, necesarias para la democratización de las prácticas policiales, pero no concebidas desde un criterio integral de qué servicio policial se buscaba, y resistidas por la propia fuerza que esgrimió que se recortaban sus facultades para combatir el delito. Los gobiernos de los Kirchner incluyeron la participación comunitaria en prevención del delito, la auditoría civil del accionar policial, reforma en los programas de formación policial con énfasis en el respeto por los derechos humanos, equipamiento y coordinación entre las fuerzas federales y provinciales. Estas definiciones discursivas finalmente no se tradujeron en proyectos de ley concretos.Durante el gobierno de Macri, las referencias al tema de seguridad sólo se hicieron presentes a partir del discurso (solo discurso) antimafias y el sobredimensionamiento de las acciones de su Ministra, pero careciendo otra vez de reformas profundas, y sufriendo la Policía Federal el traspaso de personal y recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En 2021 la Policía Federal Argentina cumplio 200 años de existencia, en esa ocasión la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en el gobierno de Alberto Fernández, entendió oportuno la elaboración de una propuesta integral de adecuación de la institución que tenía por objetivo "fortalecer las capacidades de la PFA como agencia orientada a la investigación de delitos federales, delitos complejos y delincuencia organizada" y que debería estar orientada por los criterios de economía institucional, profesionalización, federalización y adecuación a estándares internacionales de Derechos Humanos, creando mediante Resolución MSEG 119/2020, la Comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la PFA, pensando en una propuesta integral de actualización institucional, con la participación de la propia institución en el proceso de autoevaluación, diagnóstico y elaboración de reformas que serían puestas a consideración legislativa.Se trabajó sobre la formación inicial especializada de acuerdo con los escalafones, priorizando la investigación criminal. También se discutirían los regímenes escalafonarios, la participación de las mujeres en todas las áreas y jerarquías, y la inclusión de los principios básicos de actuación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con especial énfasis en el respeto por el derecho de las minorías. Luego de varios meses de trabajo, la debilidad del gobierno nacional de aquel momento dejó trunco el proceso.El actual Decreto 383/2025, que es presentado de forma equivocada por el gobierno de Javier Milei como una Reforma Policial, enuncia en sus considerandos conceptos con los que nadie que conozca en la materia de seguridad, podría estar en desacuerdo, al momento que se refiera a una reforma de la Policía Federal, tales como la ampliación de sus funciones federales, la priorización en la investigación criminal compleja, la mayor profesionalización de sus integrantes y la modernización de los recursos. No obstante ello, la reforma y actualización de una de las instituciones históricas de la fundación de la Nación (la PFA lo es), no puede quedar atrapada en un Decreto que establece un puñado de decisiones de carácter ministerial que solo apuntan a la colonización de varios aspectos constitutivos de la institución policial, tales como el presupuesto, las compras y contrataciones, la asignación de los Recursos Humanos, la limitación de ingresantes, o el direccionamiento de sus planes de estudio. Por otro lado, esta intervención (y banalización) de la estructura organizacional de la Policía continúa, sin ningún criterio de técnica normativa, en un Anexo al que pretenden darle el nombre de Estatuto y que su contenido de once carillas pareciera devariar entre la premura (vencían las facultades delegadas) y la pereza. En ese "Estatuto" se termina de cristalizar la "intervención" de la institución, toda vez que a la organización existente de superintendencias y direcciones, se le agregan dos superestructuras inmediatamente debajo de la Jefatura de Policía, llamadas Departamento Federal de Investigaciones y Departamento Federal de Coordinación, concentrando cada una de ellas distintas dependencias y gran poder dentro de la Institución, con el peligro de romper la cadena de mandos y recortando las figuras del Jefe y Subjefe de la Policía Federal.Como contraprestación a lo mencionado, en el mismo Estatuto, se establecen dentro de los artículos referidos a las funciones y las facultades de la Policía Federal una cantidad de criterios de actuación que solo normativizan el temperamento adoptado por la Ministra Bullrich respecto de su concepto de intervención policial, muchas veces desapegado de la ley y los principios de actuación ya consagrados por organismos internacionales.Con este panorama y si la presentación pública de la "Reforma" continúa priorizando lo cinematográfico (clase B), el toma y daca entre funcionarios políticos y jefes policiales, y la frontera con la ilegalidad, no sólo una vez más fracasará la oportunidad de avanzar con la reforma policial que la Federal necesita sino que, además, se provocará un daño a la institución difícil de revertir en el mediano plazo. *Silvia La Ruffa es ex secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación*Eduardo Villalba es ex secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación
El encuentro fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Buscan realizar un diagnóstico federal para fortalecer la respuesta a la problemática.
Operativo en Tijuana desmantela célula con influencia en zona fronteriza
Constitucionalistas alertaron sobre posibles violaciones a derechos individuales y calificaron de inconstitucional la reforma de la Policía Federal. Leer más
Los diputados Mónica Macha y Cristian Castrillo consideraron que el reglamento viola la Ley Nacional de Inteligencia y que amplía discrecionalmente las facultades de la PFA. Leer más
La concentración se realizó este miércoles en Resistencia, en sintonía con la marcha nacional a Plaza de Mayo tras la confirmación de la condena contra la exmandataria. Leer más
El Gobierno oficializó ayer una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), a través del Decreto 383/2025, con el objetivo de reorientar la fuerza exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. La medida implica la derogación del decreto-ley de 1958. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y penal cuestionaron con dureza tanto el contenido del nuevo estatuto como el procedimiento utilizado para aprobarlo.El nuevo marco legal establece una estructura organizativa centrada en dos grandes departamentos -Investigaciones y Coordinación-, un rediseño de protocolos y jerarquías, y mayores atribuciones en inteligencia criminal y actividades de ciberpatrullaje en el ámbito digital. La PFA dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y se centrará en delitos federales, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.Pero mientras el Ejecutivo promueve la reforma como una modernización necesaria y eficiente, varios constitucionalistas encendieron las alarmas sobre su legalidad y sus posibles efectos sobre los derechos individuales.Para Andrés Gil Domínguez, la norma es directamente inconstitucional. "El Decreto Delegado 383/2025 mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 [Ley Bases]", aseguró el abogado constitucionalista. A su juicio, el Gobierno "está colegislando" y avanzando en un terreno vedado por la Constitución: "Mediante la sanción de dicha norma, el Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas", publicó.Gil Domínguez fue más allá: "Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno". El experto advirtió sobre "perfilamientos en base a características personales" y "requisas sin orden judicial", y señaló que la PFA podría convertirse en "una suerte de inteligencia aislada del sistema de inteligencia formal". Y concluyó: "Esto es Venezuela". El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, también expresó reparos sobre el alcance del decreto. Aunque reconoció que se apoya en la Ley Bases, consideró que "es dudoso que esto sea una reorganización de dependencias administrativas, que es lo que permite la Ley Bases", y que en realidad, "al amparo de este permiso, avanzan más allá".Gil Lavedra cuestionó especialmente la habilitación para actuar sobre medios digitales y la ampliación de facultades de detención. "Los puntos que me parecen complicados son: ¿qué significa la prevención en los medios digitales? Dice que se protegen la libertad de género y la libertad de expresión, pero están patrullando las redes", señaló. También criticó la posibilidad de detenciones por averiguación de identidad: "Se parece a las viejas detenciones por antecedentes, cuando la persona está en actitud sospechosa. Es una habilitación para detenciones que pueden ser arbitrarias".Respecto de la función de "registrar y calificar a las personas" sospechadas de ciertas actividades, Gil Lavedra fue contundente: "¿Qué es esto? ¿Un registro de piqueteros? ¿De vendedores ambulantes? Me parece un paso atrás". En resumen, definió la reforma como "una restricción en materia de derechos" y sostuvo que "se otorgan facultades a la policía muy opinables jurídicamente que restringen derechos indebidamente".El constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con los cuestionamientos jurídicos, aunque evaluó positivamente el objetivo de reorganizar la PFA. "Lo primero que observé es que no se puede hacer por decreto, tiene que ser necesariamente por ley, porque es un tema absolutamente ligado a lo penal", explicó. Según dijo, tanto las materias penales como fiscales "requieren, por nuestra Constitución, principio de legalidad".Sabsay celebró la idea de un rediseño de la fuerza: "Me parece muy bien este reordenamiento. Es cierto que la Policía de la Ciudad ya está cumpliendo lo que hacía como policía local la Policía Federal. También es interesante que se cree una suerte de FBI argentino". No obstante, volvió a marcar un límite: "Siempre que eso no sea utilizado para espiar a los adversarios y meterse en sus redes. Aparentemente estarían dadas todas las seguridades de que no, pero estamos en Argentina, ¿no es cierto?".El abogado Alejandro Carrió planteó objeciones jurídicas al decreto al considerar que avanza sobre facultades que, según la Constitución, requieren una ley del Congreso. "Toda restricción a los derechos de las personas debe tener como fuente una ley del Congreso", indicó. En ese marco, recordó que la detención por averiguación de antecedentes ya fue regulada por una norma específica â??la ley 23.950â?? que reemplazó al viejo decreto-ley 333 de 1958. "La capacidad de retener a una persona por hasta diez horas está prevista en la ley vigente, pero con los medios tecnológicos actuales ese plazo resulta excesivo", señaló.Carrió también advirtió sobre el uso de expresiones poco precisas en el estatuto, como la posibilidad de que la policía registre y califique a personas según las actividades que realizan. "Es un lenguaje ambiguo, sin definiciones claras, y con una fuente normativa que no es la adecuada", explicó. En cuanto al monitoreo de espacios digitales, observó que el decreto no establece qué autoridad fijará las pautas de actuación ni cuáles serán los límites. "Eso genera incertidumbre sobre qué puede considerarse como información privada y quién lo determinará", dijo. Según el jurista, la falta de precisión y de respaldo legislativo "podría dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad".El Club de la Igualdad-UCR expresó preocupación por el nuevo Estatuto, ya que "sin necesidad de autorización judicial permite hacer tareas de inteligencia en espacios públicos digitales, como redes sociales, con fines persecutorios y contrarios a la letra y espíritu de la Constitución Nacional y del Código Penal", planteó la institución en un comunicado. "El gobierno de Milei, presuntamente en aras de una proclamada 'libertad' avanza antidemocráticamente y restringe cada vez más las libertades y garantías de un auténtico Estado de Derecho", agregaron.
El organismo sostuvo en un comunicado que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha disminuido, pero sigue siendo elevada"
La tonelada de maíz ronda los 9 mil pesos; advierten alza en el precio de la tortilla hasta los 23 pesos
Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), que prestaba servicio en la Superintendencia de Seguridad y Custodia, fue detenido acusado de ser un "tirador" de la denominada mafia china.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. El hecho por el que fue detenido el sospechoso, identificado como Hernán Gómez, de 27 años, ocurrió el 20 de mayo pasado en un supermercado chino de la ciudad de Mercedes.Un policía de la Federal fue detenido acusado de ser tirador de la mafia chinaEse día, un desconocido ingresó en el comercio y después de arrojar un mensaje intimidatorio, efectuó un disparo en la zona de las cajas. Después escapó.El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del supermercado. El mensaje estaba escrito en chino mandarín y decía: "Hoy solo es una pequeña advertencia para ti. El jefe se pondrá en contacto por WeChat [una aplicación multipropósito china] inmediatamente, de lo contrario soportarás las consecuencias".El agresor escapó en un automóvil Ford Fiesta gris. La investigación del ataque quedó a cargo del fiscal de Mercedes Lisandro Massón.El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján, que hicieron las tareas investigativas."La recolección de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado por el 'tirador' y después se pudo comprobar que el autor del disparo era Gómez, un agente de la Policía Federal", explicaron fuentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.El sospechoso quedó imputado de abuso de arma agravado, amenazas agravadas y coacción agravada.
Diputados nacionales de diferentes partidos criticaron muy duramente las modificaciones implementadas por el Gobierno a través del Decreto 383/2025.
A través del Decreto 383/2025, la fuerza contará con una nueva misión y cambios en toda su estructura
La decisión del Gobierno de instrumentar, por decreto, una reforma en el estatuto de la Policía Federal (PFA) no solo apunta a modernizar esta fuerza de seguridad al estilo FBI, como anunciaron este martes con bombos y platillos el presidente Javier Milei y la ministra del área, Patricia Bullrich. Desde la oposición advirtieron que en la letra chica del decreto hay cláusulas que le confieren a esta fuerza atribuciones discrecionales para llevar adelante su labor, como realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial. El decreto en cuestión -el 383/2025- se dictó en el uso de las facultades delegadas en la Ley Bases y, en líneas generales, dispone que la tarea de la Policía Federal estará orientada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos. El decreto elimina por completo las funciones y atribuciones de la PFA en materia de seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires, culminando así el proceso de transferencia iniciado en 2016. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en cuestiones de seguridad en otras jurisdicciones de manera subsidiaria o cuando sea expresamente solicitada.La polémica surge con el articulado del nuevo estatuto, incorporado como anexo del decreto en cuestión. El artículo 6, que detalla las facultades que tendrá la PFA, permite por caso que esta fuerza pueda actuar en diversas situaciones sin necesidad de una orden judicial previa, advierten en la oposición. En efecto, el decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales" (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea "en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención" (artículo 6to. Inciso 13); "registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir" (art. 6to, inciso 8); o detener a una persona "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Todas ellas "sin necesidad de autorización judicial" (art. 6 inciso 7).Por lo pronto, desde la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura. "La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo â??planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interiorâ??. Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria".El legislador advirtió que "lo más preocupante" del decreto es que se le otorga a la PFA "facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia", al crear una agencia de espionaje "sin control parlamentario". "Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir", señaló. En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), advirtió que este decreto confirma "la deriva autoritaria del gobierno de Milei" y su intención de "avanzar hacia un estado de excepción que desmorone los cimientos democráticos". "Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de [Juan] Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular", sostuvo. Desde el bloque de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales opositores, la Mariela Coletta señaló que "esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería â??como mínimoâ?? pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea". "Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos", agregó.Uno de sus compañeros de bancada, el formoseño Fernando Carbajal, fue tajante: "Con el decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario".Listo. Con el Decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario. pic.twitter.com/LvccFHNUHp— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 17, 2025También Margarita Stolbizer, de GEN, cuestionó el decreto. "Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación -indicó-. Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás. Una república no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto".Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por como te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial. pic.twitter.com/GHtwbki1pJ— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025
La magistrada Julia Kobick suspendió la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que obligaba a declarar únicamente su género asignado al nacer en sus documentos
Expertos advierten que la reforma mantiene la estructura operacional de la fuerza, las prerrogativas como la detención por antecedentes y la falta de control.
El Presidente dio más precisiones sobre los cambios aplicados en la figura de la Policía, la cual los autoriza a manejar más libertad de acción para investigar y detener a personas que consideren sospechosas. "Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel", aseguró. Leer más
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien renunció a su cargo pero esa renuncia no fue aún aceptada, no se presentó hoy en el Consejo de la Magistratura para defenderse y quedó más cerca de su juicio político.El magistrado, acusado de actuar en connivencia con narcotraficantes y de extorsionar a empresarios, permanece en su casa, con arresto domiciliario.Bailaque había sido citado este martes para defenderse en el Consejo de la Magistratura, pero optó por no ir y envió su descargo por escrito. El juez federal rosarino había sido citado en los términos del artículo 20 de la Comisión de Acusación, similar a la declaración indagatoria. El magistrado decidió presentar un escrito en su defensa en el expediente 129/2024, donde se investiga su conducta. Además se convocó a una nueva reunión de la Comisión de Acusación para el jueves 19 de junio a las 10.30.La Comisión de Acusación analiza el asunto porque es probable que no se le acepte la renuncia a Bailaque, para que siga siendo juez y en tal condición enfrente un jury que acabe con su destitución.La diferencia entre la destitución y la renuncia es que en este último caso tendría derecho a cobrar su jubilación. Bailaque presentó la última semana su renuncia al cargo condicionando que se haga efectiva a partir del 1 de julio. La decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de rechazarla, el juez continuará bajo investigación de la Comisión de Acusación, que deberá seguir el trámite disciplinario hasta llegar al Jury de Enjuiciamiento.A fines de mayo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad tres acusaciones contra el juez Bailaque. De la votación no participaron los dos consejeros del kirchnerismo, Vanesa Siley y Rodolfo Taihlade, que estaban en México como veedores por una actividad del Congreso -pidieron cambiar la fecha, pero se decidió avanzar-. Tampoco votó la radical Roxana Reyes, que se excusó porque un asesor suyo es hijo del abogado del juez Bailaque.Los cargosLos cargos que pesan sobre el juez y podrían apartarlo de sus funciones son tres. Se lo acusa, por un lado, de haber actuado con imparcialidad en causas asociadas a Esteban Lindor Alvarado, un líder narco de Rosario, con quien Bailaque, entre otras cuestiones, compartió contador. Se trata de Gabriel Mizzau, cuyo hijo, además, trabajó en el juzgado de Bailaque.A pesar de tener estos vínculos con Alvarado, el juez Bailaque no se apartó de causas en las que se lo investigan e, inclusive, habría obstaculizado algunas medidas de prueba, como intervenciones telefónicas."En concreto se ha analizado si la relación entre el doctor Bailaque y su amigo Mizzau pudo haber afectado el avance de una causa contra Esteban Alvarado", dijo Álvaro González, que encabezó la investigación del Consejo y el proyecto de citación.El segundo cargo contra el juez es haber armado una causa trucha contra el empresario y agente bursátil Claudio Iglesias para extorsionarlo, una maniobra que habría requerido la colaboración del financista Fernando Whpei, amigo de Bailaque, y el extitular de la AFIP rosarina, Carlos Vaudagna, que declaró como arrepentido y señaló que la causa fue, en efecto, orquestada.El tercer cargo formulado contra el juez surge de en una causa en la que debió investigar a Whpei. La entidad financiera de su amigo habría sido "indebidamente beneficiada", según describió Álvarez."En los tres cargos se que se imputan al doctor Marcelo Bailaque haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro que les exigimos a los magistrados de la Nación", se indicó en la imputación al magistrado.
El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain explicó los alcances del decreto de este martes. "Estas facultades que llaman mucho la atención están en el Código Procesal Penal", aclaró el especialista en la 750. La única novedad: la creación de una súper estructura para garantizar el lugar de comisarios generales y mayores.
La medida cambia el rol operativo de la fuerza y, en algunas circunstancias, autoriza investigaciones sin orden judicial. Su principal objetivo será centrarse en delitos federales y complejos. Leer más
Junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Presidente dio detalles de la medida que autoriza a los uniformados a tener más libertad de acción para investigar, pero también para detener a personas ante la sospecha de un delito
El Gobierno Nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025. Esta normativa aprueba un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) e impulsa una significativa transformación de la fuerza de seguridad. La medida busca modernizar la institución y reorientar sus capacidades operativas.¿Cuáles son los principales cambios en el funcionamiento de la PFA?El cambio más significativo es el de la misión principal de la PFA, que ahora será la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos. También colaborará en la desarticulación de organizaciones criminales. Con esta redefinición, la PFA abandona definitivamente sus competencias sobre la seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta función sobre los asuntos de la Ciudad se transfirió progresivamente al gobierno porteño desde un convenio en 2016. La nueva normativa, que deroga el decreto-ley de 1958, establece una estructura organizativa con dos pilares: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).Cómo se financiará la modernización y qué pasará con el personalLa reforma implica una reducción del tamaño de la fuerza y una reconversión de su perfil operativo. El Ministerio de Seguridad Nacional fijará un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes. Este cupo no superará el registrado en 2025 y disminuirá de forma progresiva.El ahorro presupuestario que genere la disminución en la cantidad de ingresantes se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA. Este programa se enfocará en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y el rediseño de procesos.Qué otras facultades tendrá la PFALa PFA actuará como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales. Coordinará acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales. Realizará tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. También podrá operar en espacios digitales públicos â??como redes sociales y sitios web abiertosâ?? para tareas de prevención del delito, siempre que se respeten los derechos fundamentales.La publicación de esta norma coincide con el relanzamiento institucional de la PFA. El presidente Javier Milei tiene previsto un acto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este encuentro adquiere relevancia adicional, ya que este miércoles Bullrich supervisará el operativo de seguridad dispuesto para la movilización que acompañará a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.¿Quiénes liderarán la fuerza y cómo será el control interno?La Jefatura y Subjefatura de la PFA serán designadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Seguridad. En casos excepcionales y fundados, personas ajenas a la fuerza podrán ocupar estos cargos.Se fortalece la Dirección General de Asuntos Internos. Gozará de mayor autonomía funcional y un vínculo directo con el Ministerio de Seguridad. Podrá llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal requerirá debida fundamentación e información a la cartera de Seguridad, que tendrá capacidad de revisión o anulación. Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La exministra de Seguridad cuestionó la falta de control judicial y la omisión de un debate legislativo. Señaló, además, que el decreto busca "dejar todo en manos del Ministerio de Seguridad". Leer más
"Dejar de cumplir el rol de policías y transformarse en detectives". Con esa frase, calificados funcionarios del Gobierno resumieron a LA NACION los alcances de la reestructuración integral de la Policía Federal Argentina (PFA) publicada hoy en el Boletín Oficial."Se inicia hoy, es un proceso de transformación que no va a ser inmediato, pero sí paulatino. Se trata de establecer una nueva agencia federal de investigaciones. La Policía Federal Argentina se va a transformar en eso, una agencia de investigaciones federales, de investigaciones complejas, de investigaciones contra el crimen organizado", detallaron aquellos funcionarios respecto de los cambios que establece el Decreto 383/2025.Según las fuentes consultadas, la PFA como la conocemos en la actualidad, irá perdiendo paulatinamente las funciones de policía común, de seguridad. "Sí van a continuar las fuerzas especiales, como bomberos, buzos tácticos o pilotos, que van a colaborar en la tarea investigativa y en la custodia de objetivos estratégicos, como pueden ser la zona exterior de los aeropuertos o en la zona exterior de las centrales atómicas, que en la actualidad están a cargo de la Gendarmería", ejemplificaron."En los objetivos estratégicos argentinos obviamente que la Policía Federal va a seguir estando. Pero, fundamentalmente, va a ser una fuerza de investigadores, detectives altamente capacitados. La idea es que trabajen con la Justicia federal de todo el país. Será una Policía moderna y orientada a la investigación, porque el crimen organizado exige contar con una policía especializada, profesional y equipada", sumaron las fuentes consultadas.Los ejes principalesSegún pudo saber LA NACION, el corazón de la Policía Federal que se viene será el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que se incorpora al organigrama de la fuerza y reperfila la nueva misión y estructura que se le pretende dar a la institución.Se parte de un "rediseño integran de la ley orgánica, funciones y estructura operativa" de la Policía Federal, con el objetivo de convertirla en una "fuerza líder en la investigación de delitos federales y la persecución de organizaciones criminales complejas", explicaron fuentes del Gobierno.El DFI tendrá un perfil que estará "en línea con los estándares del FBI norteamericano y de las principales fuerzas internacionales", enfocado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.Esto supone un cambio en la formación de oficiales, con una profesionalización total y orientación en investigaciones, y ya no en tareas preventivas de policía urbana, labores que la Policía Federal prestaba en la Capital Federal antes de la creación de la Policía Metropolitana, antecesora de la Policía de la Ciudad, encargada de la seguridad en el territorio porteño.Los cambios, según explicaron fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad Interior, vienen de la mano de la autonomía porteña. "Por la Constitución Nacional de 1994 y la creación de las policías, primero Metropolitana y ahora la de Ciudad, la Federal ya no tiene esas funciones que originalmente tuvo al momento de su formación". Para llevar tranquilidad a los integrantes de la fuerza que hoy cumplen misiones de "policía", las fuentes explicaron que los cambios "serán paulatinos" y "van a empezar desde la formación misma de la Escuela de Cadetes". El nuevo Departamento Federal de Investigaciones incentivará el ingreso de universitarios graduados al escalafón Seguridad y la recapacitación especializada para el personal que sea asignado al área de investigaciones para llevarla a los estándares internacionales.Esto, dijeron las fuentes consultadas por LA NACION, irá de la mano de una modernización tecnológica, lo que implicará un plan de inversión en tecnología de punta aplicada a la investigación criminal, la incorporación de inteligencia artificial, bases de datos, tecnología forense avanzada y análisis criminal aplicado a las grandes organizaciones criminales.El DFI tendrá alcance federal. Las reformas operativas y los nuevos procesos de investigación serán descentralizados, con agencias regionales con capacidad de respuesta rápida y despliegue territorial a disposición de los juzgados federales de todo el país. La investigación en las redesEl Decreto incluye un anexo de 11 páginas con la nueva redacción del Estatuto de la PFA, en el que se marcan los puntos concretos de esta resolución; entre ellos, la normativa de patrullajes en redes abiertas, ciberpatrullajes, a partir de la certeza de que las investigaciones actuales requieren prestar atención a las redes tanto para detectar situaciones delictivas como para perfilación de sospechosos.Rápidamente aparecieron voces críticas sobre este punto. Los detractores indicaron que se corre el riesgo de que se recolecte información a partir de opiniones y que esto pudiera derivar en calificar como delitos las opiniones, cuya libertad está constitucionalmente garantizada a menos que representen específicamente un delito previamente tipificado en el Código Penal.Respecto de esta polémica, fuentes del Gobierno explicaron que en uno de los primeros puntos del anexo se señala taxativamente que toda la actividad investigativa -en este caso, la referida a lo que se conoce como ciberpatrullaje- deberá realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito. El artículo 6°, inciso 11, del Estatuto, establece que la PFA podrá "realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas". Esta facultad permite a la fuerza actuar de manera proactiva en entornos virtuales donde se gestan o manifiestan delitos como el grooming, la trata de personas o el narcotráfico, sin necesidad de intervención judicial previa, siempre que se trate de espacios accesibles al público. No obstante, el mismo artículo impone límites claros para proteger los derechos fundamentales. Las tareas digitales deberán realizarse "conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente" y deberán respetar "la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas". De este modo, el nuevo marco normativo busca equilibrar la eficacia en la prevención del delito con el resguardo de las garantías constitucionales.Más allá de eso, habilita el trabajo previo en las redes en busca de diversas clases de temas de interés para el trabajo policial de acuerdo con las pautas fijadas por el Ministerio. Esto comprende, por ejemplo, la compraventa de armas y municiones por fuera de los canales legales habilitados, la comercialización de objetos robados o falsificados, o compraventas engañosas que pudieran resultar una estafa o una trampa para la comisión de un delito posterior, como un robo. Ahí hay muchos patrones de conducta que se van repitiendo y esto habilita a fijarse, evaluar, llevar un registro, ver quiénes son las personas involucradas en esa clase de actividades ilícitas, explicaron expertos a LA NACION.
La reestructuración integral que dispuso el gobierno de Javier Milei sobre los alcances y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó con polémicas y las mayores críticas se centraron en lo que respecta al ciberpatrullaje que será una de las misiones claves de los uniformados.El Decreto 383/2025 incluye un anexo de 11 páginas con la nueva redacción del Estatuto de la PFA, en el que se marcan los puntos concretos de esta resolución; entre ellos, la normativa de patrullajes en redes abiertas, ciberpatrullajes, a partir de la certeza de que las investigaciones actuales requieren prestar atención a las redes tanto para detectar situaciones delictivas como para perfilación de sospechosos.Rápidamente, aparecieron voces críticas sobre este punto. Los detractores indicaron que se corre el riesgo de que se recolecte información a partir de opiniones y que esto pudiera derivar en calificar como delitos las opiniones, cuya libertad está constitucionalmente garantizada a menos que representen específicamente un delito previamente tipificado en el Código Penal.Una de las primeras en alzar la voz fue la exministra de Seguridad durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, que expresó en declaraciones radiales: "En este Gobierno es difícil pensar que van a usar el ciberpatrullaje para prevenir delitos".Respecto de esta polémica, fuentes del Gobierno explicaron que en uno de los primeros puntos del anexo se señala taxativamente que toda la actividad investigativa -en este caso, la referida a lo que se conoce como ciberpatrullaje- deberá realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito. Estos cambios quedaron plasmados en el artículo 6°, inciso 11, del Estatuto, que establece que la PFA podrá "realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas". Esta facultad permite a la fuerza actuar de manera proactiva en entornos virtuales donde se gestan o manifiestan delitos como el grooming, la trata de personas o el narcotráfico, sin necesidad de intervención judicial previa, siempre que se trate de espacios accesibles al público. No obstante, el mismo artículo impone límites claros para proteger los derechos fundamentales. Las tareas digitales deberán realizarse "conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente" y deberán respetar "la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas". De este modo, el nuevo marco normativo busca equilibrar la eficacia en la prevención del delito con el resguardo de las garantías constitucionales.Más allá de eso, habilita el trabajo previo en las redes en busca de diversas clases de temas de interés para el trabajo policial de acuerdo con las pautas fijadas por el Ministerio. Esto comprende, por ejemplo, la compraventa de armas y municiones por fuera de los canales legales habilitados, la comercialización de objetos robados o falsificados, o compraventas engañosas que pudieran resultar una estafa o una trampa para la comisión de un delito posterior, como un robo. Ahí hay muchos patrones de conducta que se van repitiendo y esto habilita a fijarse, evaluar, llevar un registro, ver quiénes son las personas involucradas en esa clase de actividades ilícitas, explicaron expertos a LA NACION.
La Policía Federal Argentina (PFA) experimentará una transformación radical tras la publicación del Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial este martes. La normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, redefine las funciones, competencias y estructura de la fuerza, enfocándola exclusivamente en la investigación de delitos federales y complejos. El decreto deroga el antiguo régimen legal de 1958 y pone en marcha un programa de modernización financiado con la reducción en el número de nuevos agentes.Uno de los cambios más significativos es la eliminación formal de las competencias de la PFA en materia de seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta función había sido transferida progresivamente al gobierno porteño a partir de un convenio firmado en 2016. A partir de ahora, la intervención de la PFA en otras jurisdicciones será subsidiaria, requiriendo la solicitud de la autoridad competente o la flagrancia de un delito.Cuál es la nueva misión de la Policía FederalLa nueva misión de la PFA se centra en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como en la colaboración para desarticular organizaciones criminales. Para cumplir con este objetivo, la fuerza será reestructurada en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Estos estarán conformados por superintendencias y direcciones generales especializadas en áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.El decreto establece una clara línea de mando, con una Jefatura y Subjefatura designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad. Excepcionalmente, estos cargos podrán ser ocupados por personas ajenas a la fuerza, siempre que existan razones fundadas.El proceso de reforma implica una reducción en el tamaño de la PFA y una reconversión de su perfil operativo. El Ministerio de Seguridad fijará un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar el número registrado en 2025 y deberá disminuir progresivamente. El ahorro presupuestario resultante se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA.Este programa se centrará en la adquisición de equipamiento, tecnología y la optimización de procesos, buscando fortalecer las capacidades de investigación y la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Se rediseñarán protocolos, mecanismos de coordinación y se capacitará al personal, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.El control interno de la fuerza también se verá reforzado. La Dirección General de Asuntos Internos gozará de mayor autonomía funcional, vínculo directo con el Ministerio de Seguridad y la facultad de llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal deberá ser debidamente justificado e informado a la cartera de Seguridad, que tendrá la potestad de revisar o anular la medida.La PFA mantendrá su rol como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales, podrá coordinar acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales y realizará tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. Además, podrá operar en espacios digitales públicos, como redes sociales y sitios web abiertos, para tareas de prevención del delito, siempre respetando los derechos fundamentales.Los principales cambios en la Policía FederalReestructuración interna: creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).Reducción de personal: se limitará el ingreso de nuevos suboficiales, destinando el ahorro a modernización.Modernización: inversión en tecnología, equipamiento y capacitación para mejorar la capacidad investigativa.Intervención en otros ámbitos: solo de forma subsidiaria o ante delitos flagrantes, a requerimiento de la autoridad competente.Nuevas atribuciones: autorización para operar en redes sociales y sitios web para prevenir delitos.Liderazgo externo: posibilidad de designar a personas ajenas a la fuerza como Jefatura y Subjefatura.
El objetivo plasmado en el decreto 383/2025, publicado este martes, es el de reorientar la misión de la Policía Federal "hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos". Leer más
La fuerza tendrá ahora como principal misión la investigación de delitos federales y complejos. Así lo estableció un Decreto publicado en el Boletín Oficial de este martes.
El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) para que quede orientada exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el decreto-ley de 1958 que regía la estructura de la fuerza y se puso en marcha un programa de modernización financiado con fondos reasignados por la reducción en la cantidad de ingresantes. El decreto establece que la PFA ya no tendrá competencias sobre seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que había sido progresivamente transferida a través de un convenio con el gobierno porteño en 2016.La medida redefine funciones, competencias, escalafones y recursos humanos de la institución, y establece como principal misión de la fuerza la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, también prevé la implementación de un sistema de seguimiento del desempeño institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.El decreto incluye un anexo con el nuevo Estatuto de la Policía Federal, que establece una estructura organizativa dividida en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Ambos estarán conformados por superintendencias y direcciones generales orientadas a áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.Uno de los cambios más significativos es la supresión formal de las funciones relacionadas con la seguridad local en el ámbito porteño. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en otros ámbitos jurisdiccionales de forma subsidiaria, a requerimiento de la autoridad competente o ante delitos flagrantes.El proceso de reforma busca reducir el tamaño de la fuerza y reconvertir su perfil operativo. El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a fijar un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar el registrado en 2025 y deberá disminuir de forma progresiva. La disminución en la cantidad de ingresantes generará un ahorro presupuestario que se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA.Este programa estará enfocado en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos, con el objetivo de modernizar las capacidades de investigación y fortalecer la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. También se contempla el rediseño de protocolos, mecanismos de coordinación y capacitación del personal, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.En el plano institucional, se establece una línea de mando clara. La Jefatura y Subjefatura serán designadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Seguridad, y podrán ser ejercidas tanto por oficiales en actividad como por personas ajenas a la fuerza, en casos excepcionales y fundados. También se fortalecen las atribuciones de las direcciones de Planeamiento, Evaluación y Cooperación Internacional.En cuanto al control interno, la Dirección General de Asuntos Internos contará con mayor autonomía funcional, vínculo directo con el Ministerio de Seguridad y la facultad de llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal deberá ser debidamente fundado e informado a la cartera de Seguridad, que tendrá capacidad de revisión o anulación.La fuerza podrá actuar como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales, coordinar acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales y realizar tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. También podrá operar en espacios digitales públicos â??como redes sociales y sitios web abiertosâ?? para tareas de prevención del delito, siempre que se respeten los derechos fundamentales.La publicación de esta norma en el Boletín Oficial, se da en el mismo día en que, como anticipó LA NACION, el presidente Javier Milei tiene previsto mostrarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del relanzamiento institucional de la PFA. El encuentro, además, cobra especial relevancia ya que el próximo miércoles Bullrich deberá supervisar el operativo de seguridad dispuesto para supervisar la movilización que acompañará a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.
La objeción principal es por la posibilidad de que los militares puedan detener en flagrancia. Desde distintos ámbitos se viene advirtiendo sobre el riesgo de que las fuerzas armadas se inmiscuyan en cuestiones de seguridad interna.
Según informó el Gobierno, el objetivo es transformar el funcionamiento interno de la fuerza para hacerla más eficiente en el abordaje de delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y las redes de crimen organizado. Leer más
El Presidente y la ministra de Seguridad presentarán los pormenores de un decreto que le dará más libertad de acción a los uniformados para investigar delitos en la web y detener a delincuentes, además de modificaciones estructurales en el organismo
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, justifica el cambio de sede del Comité Federal a Madrid por compromisos internacionales, tras la dimisión de Santos Cerdán por un informe de la UCO
Uno de los proyectos más ambiciosos del actual sexenio dará inicio con el objetivo de beneficiar a cientos de familias mexicanas
El mandatario aterrizó el sábado por la noche en Buenos Aires, tras una intensa gira internacional.El martes anunciaría un nuevo programa para una "PFA moderna".
La dirección socialista aborda las consecuencias internas del escándalo y los preparativos del Comité Federal del 5 de julio, donde se elegirá al nuevo secretario de Organización
El acto se realizará este martes en Palermo con la presencia de Milei, Patricia Bullrich y la cúpula de la PFA. Se anunciará una reforma estructural por DNU, con nuevos mecanismos de control, cambios en los ascensos y especialización en delitos complejos como el narcotráfico y la trata. Leer más
Las redadas recientes afectaron sectores estratégicos como el agrícola y el hotelero. Operativos generaron temor entre trabajadores y complicaron la estabilidad de las empresas
Se trata de Ramiro Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa. La Cámara de Bahía Blanca ratificó y agravó la acusación
Se trata de Raúl Reynoso, quien entre otras cosas aceptó "dádivas para otorgarle eximiciones de prisión" a Delfín Castedo, conocido como "El Patrón del Norte". La decisión fue dictada por unanimidad por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Alejandro Slokar
La inspección a una embarcación en la que participaban figuras locales e internacionales ocurrió durante una celebración programada por una cadena televisiva, a un año del inicio del torneo de fútbol más importante del planeta
Un tribunal federal impidió la aplicación de una orden ejecutiva impulsada por Donald Trump que pretendía modificar las reglas electorales de manera significativa, al imponer requisitos estrictos como la presentación obligatoria de documentación que acredite la ciudadanía para poder votar. La decisión representa un duro revés para la pretensión del presidente de Estados Unidos, que buscaba endurecer el proceso con el argumento de prevenir el fraude.El fallo judicial sobre la prueba de ciudadanía para votar y los argumentos detrás del bloqueoLa jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, falló a favor de una coalición conformada por 19 estados que había presentado una demanda para frenar la entrada en vigor de la medida firmada por Trump en marzo. La magistrada sostuvo que los estados demandantes probablemente demostrarían que el presidente se extralimitó en sus funciones constitucionales al dictar regulaciones sobre el sistema electoral sin la intervención del Congreso.Asimismo, Casper consideró que la orden ejecutiva amenazaba con excluir a sectores vulnerables del electorado. "La Constitución no otorga al presidente facultades específicas sobre las elecciones", escribió en su resolución. Por ese motivo, decidió suspender indefinidamente la implementación de la orden hasta que se resuelva el caso judicial.Entre los puntos clave que quedaron bloqueados por el fallo figuran:La posibilidad de que el gobierno federal exija documentos que acrediten la ciudadanía al momento de registrarse como votante.La instrucción a la fiscal general Pam Bondi de tomar acciones legales contra los estados que permitieran el conteo de votos por correo más allá del día de la elección.La amenaza de retirar fondos federales a aquellos estados que no cumplieran con los nuevos requerimientos.Estados afectados y la defensa de sus derechos: quiénes interpusieron la demanda contra TrumpDe los 19 estados que impulsaron la demanda, 13 cuentan con legislación que permite contabilizar los votos por correo recibidos luego del día de la elección, siempre que hayan sido enviados en plazo. Esto incluye a jurisdicciones como California, Nueva York, Illinois y Pensilvania. Su argumento fue que la orden ejecutiva de Trump interfería con sus competencias para organizar las elecciones conforme a sus propias leyes.Según la cobertura de The New York Times, esta no fue la primera resolución contraria a la iniciativa del mandatario republicano. En abril, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., también dictaminó que la orden era, en su mayor parte, inconstitucional, aunque no se pronunció de manera definitiva sobre el tema del conteo de votos posterior al día electoral.El caso tomado por la jueza Casper permitió ir un paso más allá y frenar también esa disposición, al considerar que los estados habían demostrado un interés jurídico legítimo para cuestionar los cambios que afectaban directamente sus procesos electorales.Los posibles efectos sobre los votantes de Estados Unidos El fallo hizo hincapié en que imponer una prueba de ciudadanía como requisito para registrarse podía tener un impacto desproporcionado sobre comunidades históricamente marginadas. En su análisis, la jueza identificó varios escenarios en los que ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar obstáculos significativos para reunir la documentación exigida por la orden.Entre los ejemplos citados se encuentran:Residentes de zonas costeras de Maine que, a pesar de ser ciudadanos, cuentan con certificados de nacimiento canadienses y carecen de pasaporte.Integrantes de tribus pueblo en Nuevo México que viven en áreas remotas y no poseen registros formales sobre su estatus ciudadano.Personas mayores, en situación de calle o que han cambiado legalmente su nombre, lo que dificulta la validación de su identidad.En Rhode Island, la obtención de un pasaporte puede alcanzar los 165 dólares, mientras que un acta de nacimiento en Providence cuesta aproximadamente US$22.La jueza sostuvo que estas barreras económicas y administrativas podían terminar por privar del derecho al voto a sectores como la población negra o los ciudadanos con menos recursos.
El Consejo Nacional de Partido Justicialista convocó a una reunión extraordinaria en su sede de la calle Matheu a la que asistirán representantes de todo el arco peronista. Leer más
Con el fin de "prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos", el Ejecutivo plantea una serie de cambios para reestructurar a la fuerza. El foco de la polémica se ubica en las detenciones, requisas y ciberpatrullaje sin orden judicial en determinadas circunstancias. Leer más
En una entrevista con la 750, el camarista federal Alejandro Slokar advirtió que la "inhabilitación judicial de candidatos incide directamente en la competencia democrática".