federal
El motochorro que ultimó a un cabo de la Policía Federal para robarle es un adolescente de 14 años
El motochorro que asesinó de un balazo al cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Alberto Gerez para robarle la moto en el partido bonaerense de Tres de Febrero tiene apenas 14 años.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y policiales. El sospechoso fue aprehendido después de una investigación de la que participaron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la División Homicidios de la PFA.También fue aprehendido otro adolescente, de 15 años. Se trataría del conductor de la moto en la que circulaban los dos motochorros que protagonizaron el robo y homicidio.Motochorros mataron a un policía para robarle la moto"Si bien los dos sospechosos, por su edad, son inumputables, se disouso una medida de seguridas sobre ambos. El que disparó tiene 14 años", dijeron las fuentes consultadas.Gerez, que tenía 36 años y cumplía funciones en la División Redes Exteriores de la PFA, fue asesinado el lunes pasado en la localidad de Loma Hermosa, en Tres de Febrero.El ataque de los motochorros, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió a las 20.20 en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa.En las imágenes se puede observar que la moto en la que circulaban los delincuentes se puso a la par del vehículo de Gerez. En ese momento, uno de los motochorros amenazó con un arma de fuego al cabo de la PFA.El ladrón obligó a Gerez a bajarse de la moto y le arrebató la mochila. Mientras caminaba para atrás, el policía hizo un movimiento con una de sus manos, como si buscara sacar su pistola reglamentaria de uno de sus bolsillos. Entonces, el motochorro comenzó a disparar. Efectuó al menos dos disparos contra el cuerpo del cabo de la PFA, que cayó gravemente herido y, poco después, falleció.Tras disparar, el delincuente dejó abandonada la mochila de la víctima y escapó a toda velocidad en la moto del cabo de la PFA."El médico policial que revisó el cuerpo de la víctima determinó que presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo", informaron fuentes policiales.La investigación del homicidio de Gerez quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de San Martín."Al hacer un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad se determinó que los motochorros se desplazaron desde San Martín hacia Tres de Febrero por la avenida Márquez y que después del homicidio volvieron a San Martín, donde fueron visto en la villa El Curita, en José L. Suárez", informaron fuentes de la investigación.
Dos chaqueños ocuparán cargos clave en la Justicia Federal tras la firma de Milei
El Poder Ejecutivo completó el proceso de designación de María Virginia Ise y Patricio Sabadini. La primera integrará la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, mientras que el segundo conducirá la Unidad Fiscal Federal de la capital chaqueña. Leer más
Le niegan la libertad bajo fianza al exsoldado acusado de un violento ataque incendiario frente a la sede federal de ICE en Manhattan
El FBI calificó el caso como un acto de extremismo antigubernamental y antiestadounidense, mientras la defensa de Andrew Arrabaca alegó indicios de problemas de salud mental
Nueva regla federal para camioneros entró en vigor hoy, martes 21 de julio: todas las actualizaciones
Este martes 21 de julio entraron en vigor enmiendas y correcciones en las regulaciones impuestas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA, por sus siglas en inglés). La disposición impacta directamente en las empresas de transporte, conductores comerciales y autoridades estatales de licencias.Qué establece la nueva regla federal para camioneros en EE.UU.La regla elimina referencias y corrige errores para mejorar la claridad de las normas vigentes. Según el texto de la norma en el Registro Federal, el objetivo es asegurar que el marco legal refleje con exactitud las operaciones actuales del sector de transporte.Más allá de las aclaraciones, la medida no impone nuevos requisitos ni modifica las obligaciones de cumplimiento para los transportistas. Por esta razón, la agencia implementó los cambios sin un periodo previo de notificación y consulta pública.La normativa rige para todos los actores que participan en el transporte interestatal de carga y pasajeros. Las autoridades buscan una aplicación de los estándares de seguridad en todo el territorio nacional.Uno por uno: los cambios para camioneros en EE.UU.La nueva regulación introduce modificaciones en diversos apartados del código federal de seguridad. Los principales cambios son:Definición de Peso Bruto (GVWR): cualquier vehículo con una clasificación de 10.001 libras (4536 kilos) o más es siempre un vehículo motorizado comercial. Esta condición se mantiene independientemente de si la unidad circula sin carga en un momento específico.Registros de neumáticos: los autotransportistas ya no tienen la obligación de anotar el tamaño de las llantas en sus expedientes de identificación vehicular. La agencia considera que este requisito es "obsoleto" para los fines de supervisión actuales.Terminología médica: el término "varianza médica" se reemplaza por "exención o renuncia" en las calificaciones de los conductores. Este ajuste previene confusiones legales en las operaciones transfronterizas con Canadá.Direcciones administrativas: las oficinas de los centros de servicio en las regiones del Medio Oeste y el Oeste actualizan sus ubicaciones oficiales. Los cambios afectan a las sedes en las ciudades de Matteson y Lakewood.Peticiones: el proceso para solicitar cambios en las reglas se simplifica a través de un enlace directo al portal federal de reglamentaciones.Correcciones ortográficas: la norma rectifica la escritura de términos técnicos sobre el desgaste de las mangueras de frenos. También se actualizan las referencias a las autoridades extranjeras que emiten las licencias de conducir.Responsabilidad financiera: se eliminan términos redundantes en la descripción de los vehículos de carga pesada para el transporte de materiales peligrosos. Esta edición técnica clarifica los niveles mínimos de seguro que deben mantener las empresas.Las disposiciones de la nueva norma para camioneros se pueden modificar por separadoLa FMCSA establece que los apartados de esta regla final son de carácter independiente y separable. Si un tribunal invalida un punto específico, las demás correcciones conservarán su plena validez jurídica.La regulación también facilita el acceso a documentos históricos de salud a través del sitio web oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esta información es necesaria para la correcta interpretación de ciertos estándares de salud ocupacional de larga data.
Causa ANDIS: Spagnuolo volvió a pedir la suspensión del peritaje de los audios ante la Cámara Federal
La defensa del exfuncionario libertario apeló una resolución del juez Ariel Lijo que ratificó los lineamientos del estudio forense. El acusado se niega a aportar una muestra de su voz para compararla con las grabaciones
Información sobre precios de combustibles: un juez federal declaró inconstitucional la resolución que eliminó el sistema estatal
La demanda se presentó contra un dictamen del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida, impulsada por el Gobierno nacional, generó el reclamo judicial de una asociación civil
Dos motochorros mataron a un policía federal para robarle su moto
Cuando el policía amagó a sacar su arma reglamentaria, uno de los ladrones le disparó dos veces. Todo quedó registrado en un video. Leer más
Giro postal o cheque bancario: las condiciones que impuso un juez federal para que "El Mayo" pague 15 mil millones de dólares
La declaración de culpabilidad del narcotraficante ante una corte derivó en una orden que detalla con precisión cómo, dónde y bajo qué condiciones deberá entregar
Una jueza federal ordena que Paramount y Warner suspendan su fusión por 14 días
La magistrada dictó una restricción temporal tras el reclamo de doce estados, que buscan frenar una operación valuada en USD 81.000 millones mientras la Justicia analiza argumentos antimonopolio
El Gobierno pidió al Consejo de la Magistratura que active el concurso para reemplazar a Martín Irurzun en la Cámara Federal
El magistrado cumplió 75 años el sábado, el máximo permitido sin un nuevo aval del Ejecutivo y el Senado. La Corte Suprema de Justicia aún tiene bajo estudio un recurso del juez, que pretende permanecer en el cargo
El procesamiento de un narco rosarino expuso otra vez las demoras del fuero federal
ROSARIO.- Ocurrió con los jefes de la organización narcocriminal conocida como Los Monos, como también con Esteban Alvarado. La Justicia Federal siempre llega tarde, o espera que el fuero provincial abra una causa contra un narco o un homicida para hacerlo en espejo en el ámbito federal. Esa lentitud estuvo o está bajo la lupa, como sucede con el caso del exjuez Marcelo Bailaque, detenido en su domicilio con una tobillera electrónica, entre otras cosas, por corrupción y por beneficiar a Alvarado al darle tiempo, un insumo que para un criminal es muy valioso. Por lo menos demoró tres años en autorizar escuchas telefónicas contra quien era el narco más importante de Rosario.En el caso de Fernando Sebastián Vázquez, conocido como Narigón, ocurrió algo parecido. Y desde hace unos días dejó de ser un fantasma. El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a este narco con prisión preventiva como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel. El juez también trabó un embargo sobre sus bienes por apenas 4.680.000 pesos, una cifra que delata la edad del expediente: es el monto de una causa que quedó congelada en 2018, cuando Vázquez se fugó de un operativo de la Policía Federal y se convirtió en uno de los prófugos más buscados de Santa Fe. Volvió a ser visible para los investigadores a partir de su intervención en los crímenes de Andrés Pillín Bracamonte y su lugarteniente en la barra de Rosario Central Ricardo Attardo, en noviembre de 2024, que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.El procesamiento, dictado a instancias de la Unidad Fiscal Rosario a cargo de Federico Reynares Solari, cierra un círculo que tardó casi una década. La causa â??expediente FRO 28847/2014â?? nació de una tragedia: la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas de diseño en la fiesta electrónica de Punta Stage, en Arroyo Seco, el 1° de enero de 2017.Una denuncia señaló entonces a un vendedor que habría ingresado las pastillas al predio donde bailaban 3200 personas, con búnkeres en el macrocentro rosarino y una cocina de drogas camuflada en una veterinaria situada en Oroño y Saavedra. A partir de las escuchas ordenadas por el entonces fiscal federal Claudio Kishimoto, la División Antidrogas de la Federal reconstruyó una red con dos núcleos: uno encabezado por Cristian "Negro" González, un hombre ligado a Los Monos que operaba los puntos de venta de Villa Moreno, y otro, más arriba en la cadena, dirigido por un tal "Seba" que abastecía de cocaína al primero. Ese proveedor era Vázquez.Las transcripciones telefónicas que reproduce la resolución muestran el lenguaje cifrado del negocio, con las "medias remeras", el "pescado" y las "torrejas" como unidades de medida. En una de esas conversaciones, González le reclama mercadería a "Seba" porque "me dicen todos que consiguen en otro lado más barata". En otra, ante la presión de la vigilancia, Vázquez le advierte: "Hay que cambiar los números urgente". La preventora documentó, además, el desfile de compradores en la casa de la pareja de Vázquez, María Laura Ríos, en Viamonte 1076, de donde González se retiraba con bolsas y cajas.El final de esa etapa fue cinematográfico. El 9 de junio de 2018, los federales escucharon que Vázquez iba a encontrarse con su propio proveedor, Andrés Daniel Uriz, en Ferreyra y Juan B. Justo, en Arroyito. Uriz le entregó dos panes compactados de cocaína â??poco más de dos kilosâ?? a cambio de 120.000 pesos. Cuando los intervinientes advirtieron la presencia policial, Vázquez huyó en un Volkswagen Fox, lo abandonó en Leguizamón al 1000 y se esfumó. Ríos quedó detenida con la droga en el auto; Uriz, con la plata en su camioneta. El resto de la banda cayó en los allanamientos posteriores y fue condenado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 3: González recibió 18 años de prisión, en un fallo que Casación confirmó en 2023.Vázquez, en cambio, siguió siendo un espectro. La resolución de Vera Barros registra un detalle que retrata la impunidad de esos años: mientras estaba prófugo y con captura vigente, el Narigón nombró abogado defensor y presentó pedidos de exención de prisión, que el juzgado rechazó en 2019. Es decir: litigaba a través de sus letrados mientras el Estado era incapaz de encontrarlo.Como publicó LA NACION, Vázquez fue durante años una figura central y a la vez inasible del mapa narco rosarino. Un mayorista que abastecía a varias bandas â??tuvo vínculos con Los Monos, entre ellos con Ramón "Monchi" Machuca, y luego con la órbita de Los Menoresâ?? pero que se movía con un perfil tan bajo que ninguna investigación lo rozaba. En su casa del barrio Abasto desfilaban vendedores que se llevaban la "mercadería" en cajas. Manejaba autos de alta gama sin tener ingresos formales. Algunas fuentes atribuyen esa invisibilidad no a su astucia sino a los aportes que habría hecho durante más de una década a distintos sectores de la policía.Su nombre volvió a la superficie por el crimen que sacudió a Rosario: la ejecución de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, jefe y segundo de la barra de Rosario Central, el 9 de noviembre de 2024, a 150 metros del Gigante de Arroyito. Los fiscales provinciales identificaron una Citroën Air Cross â??a nombre de Alejandro Vázquez, su hermano, sin antecedentesâ?? que trasladó a los sicarios desde el barrio 7 de Septiembre hasta las inmediaciones del estadio. Para la fiscalía, el Narigón fue quien puso a los tiradores en la escena, en el marco del reacomodamiento del negocio narco que consolidó a Los Menores en el control de la hinchada canalla. En octubre pasado estuvo a punto de caer en un complejo termal de Victoria, Entre Ríos, pero escapó al monte después de que el comisario local ventilara la búsqueda ante los medios. Recién el 16 de junio de este año la Tropa de Operaciones Especiales lo atrapó en una casa de pasillo de Villa Gobernador Gálvez, el refugio clásico de los narcos rosarinos. La provincia ofrecía 25 millones de pesos de recompensa.Tras ese arresto por el homicidio de Pillín Bracamonte a pedido de la Justicia santafesina, finalmente el fuero federal imputó también a Vázquez por su participación en la venta de sustancias psicoaptivas. "De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización", según informó el Ministerio Público Fiscal al detallar el procesamiento.Y se agregó: "El juez federal Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización. Asimismo, justificó la prisión preventiva en el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años durante los cuales el imputado logró mantenerse evadido de la Justicia Federal".
Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes
Empresarios gaseros aseguran que al menos 30 expendios de Gas LP han recibido amenazas de un grupo criminal vinculado a la Chokiza, exigen pagos semanales de 15 mil pesos
Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal
El exgobernador panista de Baja California fue presentado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría causado un daño de más de 4 mil millones de pesos
Cambio climático aumenta llegada de sargazo a Quintana Roo: Gobierno federal busca crear plan integral
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que atender la causa de origen es un asunto internacional, sin embargo, dijo que en México se buscará contenerlo
Final del Mundial: Córdoba desplegará un operativo interfuerzas con Policía Federal y Gendarmería para los festejos
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el dispositivo será presentado este viernes. Participarán fuerzas provinciales y nacionales para reforzar los controles durante una eventual celebración por la final entre Argentina y España. Leer más
La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales
Se lo acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. El exjefe de Gabinete anunció que apelará la medida. "Aborrezco la judicialización de la política", sentenció
El procurador Casal se opuso al recurso del juez Martín Irurzun para continuar cinco años en la Cámara Federal
El dictamen consideró inadmisible el planteo del magistrado, que cumplirá 75 años el 18 de julio y necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo
Renunciar a tu trabajo sin perder dinero: lo que la Ley Federal te obliga a recibir como finiquito (y no es negociable)
Aunque una persona firme que deja todo, la Ley Federal del Trabajo mantiene el pago de sueldos pendientes, aguinaldo proporcional, vacaciones no tomadas y 25% adicional por descanso
El Senado avaló a Sabadini e Ise para dos cargos de la Justicia Federal en Chaco
Patricio Sabadini recibió acuerdo para conducir la Unidad Fiscal de Resistencia, mientras que María Virginia Ise fue respaldada para integrar la Cámara Federal de Apelaciones. Las designaciones deberán completarse con los nombramientos y las juras. Leer más
La Cámara Federal le reclamó al juez Lijo que envíe todas las pruebas de la causa ANDIS para resolver los procesamientos
El exdirector de la Agencia, Diego Spagnuolo, está procesado junto a otros 18 acusados, entre ellos otros funcionarios libertarios, intermediarios y empresarios. El tribunal superior tiene bajo estudio las apelaciones de las defensas
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio: Gobierno federal y Jalisco afinan detalles del nuevo proyecto de agua
La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia
Denunciaron al juez federal de Formosa que se fue a ver el Mundial sin autorización
Pidió licencia con goce de sueldo, pero faltó a su trabajo durante cinco días en los que debía estar operativo. Tampoco tenía autorización para salir del país. La presidenta de la Cámara Federal de Resistencia llevó el caso al Consejo de la Magistratura
Causa $LIBRA: la Cámara Federal ya fijó audiencia para una decisión clave sobre los querellantes
El tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py recibió las apelaciones de los inversores apartados del caso. Y los citó el 10 de agosto para escuchar sus argumentos
Las otras causas sensibles que tramitan en la sala de la Cámara Federal que el Gobierno busca reconfigurar
El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio. Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral. La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan "concatenado" entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo. Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.$LIBRA y otros expedientesDesde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli. El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti â??ya indagadaâ?? una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo. El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.
Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de dos juzgados del conurbano bonaerense
Se trata de Ana María Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi. La Cámara Federal de San Martín pidió su designación para atender las vacantes que persisten en Moreno y Morón
El Gobierno designó a Ana Juan como jueza federal de Hurlingham
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Ana María Cristina Juan asumirá al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, un tribunal creado en 2015.
Movimientos sociales preparan marchas, piquetes y una Marcha Federal contra el Gobierno
La convocatoria comenzó a tomar forma tras el fallo que habilitó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, que dejará sin la prestación mensual de $78.000 a más de 900.000 beneficiarios desde agosto. Leer más
Movilizaciones, marcha federal y piquetes: el plan de lucha de los movimientos sociales contra el Gobierno
Cuáles son las manfiestaciones previstas para los próximos meses y qué planean para la movilización de "Los Cayetanos" el 7 de agosto. Los reclamos por el cierre de programas sociales y del Salario Social Complementario son unos de los principales reclamos
El Gobierno oficializó la designación de Ana Juan como jueza federal
El gobierno nacional designó a Ana Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La funcionaria, que se desempeñaba en un lugar estratégico de la Cámara Federal y despertó desde hace meses elogios y suspicacias en Comodoro Py, compareció tres veces ante la Comisión de Acuerdos en el Senado.Tal como informó LA NACION, se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023, consiste en una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.Su nombre completo es Ana María Cristina Juan, tiene dos hijos y es esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente Javier Milei. A Juan se le asigna un estilo "directo" y "eficaz", que la dejan en "sobradas" condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal. Además es una secretaria letrada expeditiva, cuyo extenso y ascendente recorrido le permite enfrentar sin apuros las suspicacias que se alzaron en torno a su postulación. Además, pese a ser especialista en materia penal y doctora, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su "personalidad" y "oficio".En una exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado en abril, Juan destacó lo "difícil" que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección y afirmó: "Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos".La jueza se recibió hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo. Llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990, y comenzó como auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos Salas que conforman la Cámara; también ganar, por unanimidad, el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura.
El juez Irurzun llega a la Corte con su planteo para quedarse en la Cámara Federal
El camarista Martín Irurzun logró llegar a la Corte Suprema con su planteo para permanecer como juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña: consiguió que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que se negó a darle la medida cautelar que Irurzun pide, le habilitara no obstante el camino al máximo tribunal para que sus ministros tomen una decisión final.Irurzun cumple 75 años el sábado próximo; por eso, la suya es una carrera contrarreloj. En principio, si para entonces el Presidente no envió su pliego al Senado y la Cámara alta no le dio su acuerdo para seguir en el cargo por cinco años más, él debe dejar definitivamente el tribunal. Pero Irurzun pretende que le concedan una medida cautelar que frene este proceso mientras se resuelve la cuestión de fondo que él planteó. Irurzun pidió que se declare inconstitucional el límite de 75 años que la reforma de la Carta Magna le puso al mandato de los jueces. La Cámara Federal que Irurzun integra tiene dos salas de tres jueces cada una y es un tribunal de enorme importancia para la política porque revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py; entiende en casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.El Gobierno avanza con decenas de nombramientos en los tribunales y rediseña una nueva Justicia; y eso incluye a la Cámara Federal porteña. Decidió reemplazar a Leopoldo Bruglia -que había llegado por decreto- y nombrar a Pablo Yadarola, muy cercano al ministro Juan Bautista Mahiques, y a Pablo Bertuzzi, que estaba en la misma situación de Bruglia, pero decidió concursar por el cargo al que había sido trasladado. Bruglia, en cambio, sostiene que está siendo objeto de discriminación y se compara con Carlos Mahiques, el padre del ministro, quien también había llegado por traslado al cargo de camarista de Casación. El caso de Mahiques padre también tiene una similitud con el de Irurzun porque a Mahiques, su hijo sí promovió que el Presidente lo volviera a nombrar este año, cuando cumplió 75.El fallo de hoy, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, lleva las firmas de los jueces Luis María Márquez y Clara Caputi.Tal como adelantó Joaquín Morales Solá en LA NACION, la Corte tiene ahora solo cuatro días para resolver si le concede -o no- la cautelar para que Irurzun siga siendo juez. En su apelación, Irurzun pidió que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se excuse de actuar en este caso, porque él fue constituyente por el peronismo en 1994 y aprobó, por lo tanto, el artículo sobre la edad de los jueces. Como Ricardo Lorenzetti no está en Buenos Aires, solo queda el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien debería convocar a un sorteo para elegir a cuatro conjueces de la Corte que traten el tema. Todo en muy poco tiempo. Si Irurzun debe dejar su cargo, el Consejo de la Magistratura abrirá un concurso para que el Poder Ejecutivo nombre a un nuevo camarista. Mientras tanto, oficiará como suplente alguno de los jueces de la Sala I, el tribunal para el que Milei nombró a Yadarola y Bertuzzi.El fallo de la CámaraMarquez y Caputi, los camaristas que hoy le allanaron a Irurzun su camino a la Corte Suprema, rechazaron la semana pasada el planteo del juez. Ratificaron un fallo de primera instancia que había desestimado la cautelar por considerar que no existía "verosimilitud en el derecho" en el reclamo del magistrado.Caputi y Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin, de 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento, con aval del Senado, para los jueces que alcancen el tope de 75 años.Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio."La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda", dijo Iruruzun, que sostuvo que "se ha extinguido" ese estándar. En el caso Schiffrin, Rosenkrantz había votado en disidencia, en contra de la validez del topo de 75 años impuesto por los convencionales constituyentes.Los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal, en contra de lo planteado por Irurzun, sostuvieron que no se puede suponer que la Corte haya cambiado de postura solo por el cambio en su composición. Los camaristas subrayaron que "basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente".
La Justicia Federal ordenó congelar billeteras virtuales e intimó a las plataformas a entregar los datos de los usuarios
La medida cautelar de congelamiento sobre cuentas de criptoactivos en Binance, Bybit y otras plataformas busca la reconstrucción de la ruta de fondos en la causa por la criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei. Leer más
Un grupo antisemita irrumpió el pleno alegato en el juicio político al juez federal Alfredo López
El juicio político contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López tuvo hoy ribetes escandalosos cuando un grupo antisemita interrumpió a los gritos al senador Luis Juez cuando pedía la destitución del magistrado. Los revoltosos fueron desalojados del recinto."Yo me la banco", dijo Juez. "Con el tamaño que tengo puedo ser patovica en un pelotero", bromeó fiel a su estilo, a pesar de que los revoltosos le lanzaban descalificaciones."Insultó a las Malvinas y a la bandera", le gritaban y otros hacían alusión al dominio del Estado de Israel sobre los funcionarios judiciales.Así, el cuarto día de audiencias en el jury de enjuiciamiento al juez federal de Mar del Plata López terminó en escándalo y con momentos de tensión dentro y fuera del recinto. En medio de los alegatos finales de la acusación formulada por Juez y el consejero abogado Alberto Maques, se respiró tensión cuando un grupo que apoyaba al magistrado irrumpió en gritos antisemitas contra el senador cordobés, cuando pedía la destitución de López. El momento de tensión generó que el presidente del tribunal Marcelo Bartumeu Romero pidiera la evacuación de la sala y la presencia policial para que el juicio continuara únicamente con la presencia en la sala, de asesores y miembros del Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento.Luego de que salieran de la sala, el grupo de adherentes a la defensa de López, comandado por el dirigente Raúl Padró, estaba completamente exacerbado en la puerta del organismo.Lanzaban gritos antisemitas y homofóbicos contra todo el Poder Judicial, mientras eran invitados a retirarse por los policías del edificio judicial que está situado en la calle Libertad, frente al Teatro Colón. Además del jury contra el juez López se encuentran pronto a comenzar los procesos de enjuiciamiento al juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, y al juez federal de Rosario Gastón Salmain.El jurado de enjuiciamiento contra López está conformado por el juez Bartumeu Romero, del Tribunal Oral en lo Criminal 25; el juez federal Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca (LLA Tierra del Fuego) y María Florencia López (Unión por la Patria La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA Santa Fe) y Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria Corrientes), y la abogada Ana Beatriz Fernández, de Rosario.López, en su alocución inicial, se defendió de las acusaciones en su contra de utilizar expresiones antisemitas en redes sociales, citando un fallo en favor de Javier Milei en una disputa con un niño con autismo de 12 años que pidió que se le ordenara al Presidente retirar un tuit que aludía a él y lo asociaba a "los kukas".La fiscalía reclamó la destitución de López tras citar mensajes de su cuenta de la red social X que el propio acusado reconoció que eran de su autoría. Se lo acusó de atacar a la comunidad judía, incitar al hostigamiento digital y difundir ideas conspirativas.La defensa, en cambio, habló de una "persecución ideológica" y se amparó en la libertad de expresión y en la "independencia judicial". Luego del dictamen de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó."Cuando nos tocó examinar su conducta en la comisión, nos planteamos si estábamos frente a la libertad de opinión que tiene cualquier ciudadano. Pero a medida que nos fuimos adentrando en la investigación de la causa, en ese órgano colegiado, plural, en el que coincidimos muy pocas veces, hubo una mirada unívoca, única. La conducta del juez López es absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal", afirmó el senador Juez.Incluso, Juez señaló que creyó que López iba a tener una actitud reflexiva e iba a disculparse, algo que no sucedió. La acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre "a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria", el pedido de retuits contra la "judiada (sic) interna y externa", la invitación a contestar "a estos fariseos" al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo "bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar".Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP.La defensa del juez López afirmó que no hubo "actos discriminatorios contra la comunidad judía", se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se "arrogaron" el derecho de cuestionar a un magistrado de la Nación "como si fuera en nombre de toda una colectividad" y criticó la "teatralización" de la acusación.
Un migrante tenía green card, votó en una elección federal y ahora lo detuvo el ICE en Nueva Jersey
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la detención de un migrante que tenía residencia legal, o green card, y presuntamente votó en las elecciones de 2022 en Nueva Jersey. Ahora, está acusado de emitir el sufragio de manera ilegal y hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía.La detención del ICE del migrante que tenía green card En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto de Marian Charitun, ciudadano de Eslovaquia y residente en EE.UU. con green card.El hombre de 62 años vivía en el condado de Middlesex, y en 2018 se registró para votar en los comicios. Según la ley estadounidense, para inscribirse y emitir el sufragio en las elecciones federales es necesario ser ciudadano estadounidense. En su formulario de registro, Charitun certificó falsamente estar naturalizado. Tras la aprobación de su solicitud de registro, aún sin ser ciudadano, votó en los comicios de medio término del 8 de noviembre de 2022, celebrados en parte para elegir a un miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.Tras votar, Charitun solicitó la ciudadanía a través de una petición de naturalización (formulario N-400). El proceso exige que el migrante jure, bajo pena de perjurio, que la información proporcionada es completa, veraz y correcta. Al entregarlo, el migrante afirmó falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en ninguna elección federal. "Votó ilegalmente en las elecciones estadounidenses y luego mintió al respecto cuando intentó solicitar la ciudadanía", declaró sin embargo la subsecretaria interina Lauren Bis. "Nuestro mensaje a los extranjeros que votan en las elecciones estadounidenses es claro: los encontraremos, los arrestaremos y enfrentarán las consecuencias, incluyendo cargos penales y la deportación", sentenció.Qué penas puede enfrentar el migrante que votó en una elección federalTras la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Charitun enfrenta cargos por votar ilegalmente en una elección federal y por hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense.Si lo encuentran culpable, el cargo de votar conlleva una pena máxima de un año de prisión. En tanto, el cargo de obtención ilegal de la ciudadanía o naturalización conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).El objetivo del ICE de encontrar a migrantes que votan ilegalmenteEl 9 de junio, la Oficina de Prensa del DHS compartió un comunicado en el que anunció que el asesor jurídico general, James Percival, pidió al ICE que aplique sanciones más estrictas contra quienes voten sin cumplir los requisitos."Estas disposiciones incluso permiten la deportación de extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos si participan ilegalmente en nuestras elecciones", remarcó el DHS. Luego, sostuvo que no se requiere una condena penal para invocar estas disposiciones.El SAVE America Act propone exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales"La importancia de unas elecciones libres, justas y honestas es indiscutible. Haciendo eco de las palabras del presidente Trump, 'el derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean debidamente contados y tabulados, sin dilución ilegal, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección'", declaró Percival.La orden surge en medio del intento de la administración federal para reforzar la seguridad en el proceso de elecciones. Previo a la detención de Charitun, el DHS informó sobre el caso de Denise Nataly Migliore, residente permanente legal en Louisiana y nacida en Australia.La mujer está acusada de falsificar su ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en una elección federal. Posteriormente, presuntamente emitió su sufragio en las elecciones de 2022 y 2024.Por estas acciones, enfrenta cargos de votación ilegal en una elección y por hacer declaraciones falsas para registrarse como votante.
El Gobierno envió al Senado los pliegos de los jueces Yadarola y Bertuzzi para la Cámara Federal
El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de los dos candidatos que eligió para renovar la Cámara en Criminal Federal porteña, un tribunal clave que interviene en las causas de corrupción y revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Así lo informaron a LA NACION fuentes del Gobierno.Los elegidos son el juez Pablo Bertuzzi, que ya integraba, por traslado, esta Cámara Federal, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, con quien viajó a Lago Escondido, viaje por el que ambos estuvieron imputados por la justicia federal de Bariloche y fueron sobreseídos cuando el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py. Noticia en desarrollo
Milei envió al Senado los pliegos de los jueces Bertuzzi y Yadarola para la estratégica Cámara Federal
Las postulaciones, que forman parte de un grupo de seis aspirantes, ingresarán a la Comisión de Acuerdos y requerirán el aval de los senadores antes de que el Presidente pueda firmar sus nombramientos
Encontraron a un ex policía federal enterrado en un médano en Las Toninas: hay dos detenidos
Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, estaba desaparecido desde fines de junio tras el incendio de su casa. El cadáver fue localizado por un perro rastreador y detuvieron a un adulto y a un menor. Leer más
Hallaron enterrado en un médano el cuerpo de un expolicía federal que era buscado desde hacía casi tres semanas: hay dos detenidos
La búsqueda de Alfredo Alberto Carbano terminó con un desenlace macabro. Después de más de dos semanas de incertidumbre, el cuerpo del jubilado de 71 años, exintegrante de la Policía Federal Argentina, fue encontrado enterrado en una zona de médanos de Las Toninas, a poco más de un kilómetro del lugar donde días antes había aparecido abandonada su camioneta. Por el crimen permanecen detenidos un hombre de 31 años y un adolescente de 17, quienes habían declarado inicialmente como testigos, pero con el avance de la investigación quedaron bajo sospecha.El hallazgo se produjo durante un amplio operativo realizado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, en el que participaron efectivos de la Sub DDI La Costa, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. Fue uno de los perros especializados el que marcó un sector de los médanos donde, tras comenzar la excavación, los investigadores encontraron el cuerpo de Carbano enterrado bajo la arena.La desaparición del expolicía había sido denunciada el 26 de junio, el mismo día en que un incendio afectó su vivienda, ubicada en las calles 13 y 4 de esa localidad balnearia. Cuando las autoridades acudieron para controlar el fuego comprobaron que el hombre no se encontraba en la propiedad y que no existían indicios sobre su paradero.Dos días más tarde apareció abandonada su camioneta en otra zona de médanos, a unas cinco cuadras de la vivienda. Ese hallazgo reforzó la sospecha de que Carbano podía haber sido víctima de un delito y dio origen a una intensa búsqueda que se prolongó durante más de 15 días.Con el correr de los días, los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la víctima y centraron la atención en dos personas que mantenían una relación frecuente con ella. Se trataba de un hombre de 31 años y un adolescente de 17 que, según establecieron los investigadores, solían visitar la vivienda, compartían reuniones, consumían bebidas alcohólicas e incluso en ocasiones permanecían a dormir allí.Según consigna el medio marplatense 0223.com.ar, ambos fueron convocados inicialmente como testigos, pero el análisis de las cámaras de seguridad y algunas contradicciones detectadas en sus declaraciones terminaron por comprometer su situación procesal. A partir de esos elementos, la fiscalía solicitó sus detenciones y avanzó con una serie de allanamientos para reunir nuevas pruebas.Los procedimientos, encabezados por el fiscal general de Dolores Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré, incluyeron cinco allanamientos simultáneos, uno de ellos en la propia vivienda de Carbano.Durante esos operativos fueron secuestrados palas, machetes, un hacha, una barreta, 12 teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a distintos peritajes. Además, los investigadores encontraron en la casa de la víctima una frazada con manchas de sangre que también quedó incorporada al expediente para su análisis científico.La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el crimen se habría producido durante uno de los encuentros que los sospechosos mantenían con la víctima. Según esa línea, luego del homicidio ambos habrían trasladado el cuerpo utilizando la camioneta de Carbano hasta la zona de médanos, donde finalmente fue enterrado para intentar ocultar el crimen.La causa aún intenta establecer cómo fue asesinado el jubilado y cuál fue el móvil del homicidio, mientras continúan las pericias sobre los elementos secuestrados y el análisis de las evidencias recolectadas durante los allanamientos.El nombre de Carbano ya había trascendido públicamente dos meses antes de su desaparición. En mayo, la Justicia Federal había ordenado un allanamiento en su domicilio en el marco de una causa por presunto acopio de material explosivo. Durante ese procedimiento se secuestraron panes de trotyl, granadas, municiones y otros elementos que posteriormente fueron desactivados por personal especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, los investigadores no establecieron ninguna vinculación entre aquel expediente y el homicidio que ahora busca esclarecer la Justicia.Uno de los principales interrogantes que intenta responder la pesquisa es cuándo ocurrió exactamente el homicidio y cuál fue la dinámica del ataque, algo que debería comenzar a esclarecerse con la autopsia.Los dos detenidos permanecen alojados a disposición de la Justicia y en las próximas horas serán indagados. A partir de esas declaraciones y de las pruebas que continúan incorporándose al expediente, la fiscalía definirá la imputación formal que recaerá sobre cada uno de ellos.
PAN acusa al Gobierno Federal de preparar el regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa
El blanquiazul sostiene que la reaparición del mandatario con licencia ocurre bajo una narrativa de protección impulsada por Morena
Suba del salario mínimo federal a US$25: qué empleos pueden beneficiarse con la "Living Wage for All Act"
Un proyecto presentado en el Congreso de Estados Unidos propone elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora, una cifra que multiplicaría por más de tres el piso vigente desde 2009. La iniciativa fue impulsada por el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, y cuenta con una propuesta paralela en la Cámara de Representantes promovida por la congresista Delia Ramírez, de Illinois.Qué empleos recibirían los mayores aumentos con el salario mínimo federal de US$25De acuerdo con el texto de la Living Wage for All Act, los principales beneficiados serían trabajadores que hoy perciben salarios cercanos al mínimo federal o que se encuentran bajo regímenes especiales de remuneración. Entre los sectores que podrían registrar los mayores incrementos aparecen:Empleados de restaurantes y bares.Trabajadores que reciben propinas.Personal de hoteles y alojamientos turísticos.Empleados de supermercados y comercios minoristas.Trabajadores de limpieza y mantenimiento.Personal de atención al cliente.Empleados de servicios recreativos y entretenimiento.Trabajadores de pequeñas empresas con salarios cercanos al mínimo federal.Según explicó Murphy y recogió The Washington Post, el proyecto busca responder al aumento del costo de vida y a la pérdida de poder adquisitivo de millones de trabajadores estadounidenses. Los impulsores de la medida sostienen que casi la mitad de la fuerza laboral del país gana menos de US$25 por hora.Qué cambios propone la ley para trabajadores con propinas y otros gruposUno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la eliminación gradual del denominado "crédito por propinas", un sistema que actualmente permite que determinados empleadores computen parte de las gratificaciones recibidas por los trabajadores como parte de su remuneración.Si la iniciativa prospera, los empleadores deberán pagar el salario mínimo completo, mientras que los empleados conservarán íntegramente las propinas que reciban. La propuesta también contempla modificaciones para otros grupos:Trabajadores menores de 20 años.Personas con discapacidades incluidas en programas especiales que permiten salarios inferiores al mínimo general.Empleados alcanzados por excepciones salariales contempladas en la legislación federal.En qué estados de EE.UU. tendría un mayor impactoEl efecto sería más visible en los estados que mantienen el salario mínimo federal de US$7,25 por hora o montos cercanos. Por esa razón, los trabajadores de estados como Texas, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y Tennessee podrían experimentar aumentos más significativos que quienes residen en jurisdicciones con sueldos mínimos más elevados.Actualmente, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), algunas de las jurisdicciones con los salarios mínimos más altos son:Washington: US$17,13 por hora.Nueva York: hasta US$17 por hora.Connecticut: US$16,94 por hora.California: US$16,90 por hora.Hawái: US$16 por hora.Cómo aumentaría el salario mínimo federal según el proyectoLa propuesta no contempla una suba inmediata hasta los US$25 por hora, sino un proceso gradual. Durante el primer año, el salario mínimo federal pasaría de US$7,25 a US$12 por hora.Las grandes corporaciones tendrían hasta seis años para alcanzar los US$25 por hora.Los pequeños negocios dispondrían de un plazo de 13 años para llegar a esa cifra.El proyecto define como grandes empresas a aquellas con ingresos brutos de al menos US$1000 millones o con más de 500 empleados.Cuándo se votará el proyecto para subir el salario mínimo federalPor el momento, no existe una fecha definida para la votación de la iniciativa. La propuesta fue presentada el 25 de junio en el Senado por Chris Murphy y la versión de la Cámara de Representantes, identificada como H.R. 8555, fue remitida el 28 de abril de 2026 al Comité de Educación y Fuerza Laboral para su análisis. Antes de llegar al pleno de ambas cámaras, los proyectos deberán superar distintas etapas legislativas, lo que incluye el tratamiento en comisión.
Trump designó a Matthew Wielicki para dirigir el programa federal de investigación climática en Estados Unidos
La Casa Blanca entregó el control del organismo responsable de la Evaluación Nacional del Clima a un exprofesor de geociencias crítico del consenso científico sobre el calentamiento global
Caso Skanska: el Tribunal Oral Federal 4 dará su veredicto en el juicio contra Julio De Vido y José López
La fiscalía pidió para ambos 5 años de prisión por presunto fraude y coimas en los contratos para ampliar los gasoductos. Además, por falta de pruebas, requirió la absolución de 17 de los 30 imputados
La Secretaría de Seguridad de Sinaloa atraviesa una etapa de reorganización con apoyo del gobierno federal
El anuncio se dio al término de la conferencia de prensa del Surutatazo 2026
La diputada De la Sota denunció al ministro de Salud ante la justicia federal por incumplir un fallo
CÓRDOBA.- La diputada nacional Natalia De La Sota denunció ante la justicia federal de Córdoba al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo acusa de haber desconocido la sentencia del juez Hugo Vaca Narvaja que ordenó la regularización de pagos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad de Incluir Salud y PAMI."El gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad que no se están cumpliendo", explicó De la Sota.La diputada retuvo su banca por Defendamos Córdoba, un espacio que puso en marcha el año pasado antes de las elecciones legislativas, cuando abandonó el peronismo cordobés. Hace unos días se reunió con el dirigente del PJ porteño Juan Manuel Olmos para dialogar sobre la "construcción de una alternativa a Milei con sentido federal".Olmos fue vicejefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Fernández. Defendamos Córdoba emitió un comunicado en el que contó que en la reunión se "analizaron las alternativas de construcción frente al modelo libertario que deteriora los salarios, endeuda a las familias, destruye el empleo registrado y cierra fábricas". Reclamo de pagoEl 24 de junio pasado, Vaca Narvaja dictó el fallo de fondo en el caso de la cautelar que había firmado hacía un mes, en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. "Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación, pero sin efectos suspensivos", explicó entonces el magistrado a LA NACION.Ese fallo conminó a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo. No hubo cumplimiento, denuncian los afectados. Desde el PAMI indicaron a este diario que sí pagaron y que no tienen deudas atrasadas de discapacidad.La acción de amparo fue presentada por la señora AA del C, quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, MIC. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de "retraso mental grave" y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C representa a su hijo y a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la "desatención del resto de los integrantes del colectivo". Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.
Rocha Moya asegura no tener protección federal, pero PRI exhibe video de presunto resguardo policial
El gobernador con licencia afirmó que no cuenta con seguridad de corporaciones federales; la oposición pidió aclarar quién está a cargo de su resguardo
La Cámara Federal rechazó los planteos de nulidad de Alberto Fernández en la causa por violencia de género
El tribunal resolvió que todas las actuaciones son válidas, a pesar del apartamiento de Julián Ercolini. También dispuso que el juez actual, Daniel Rafecas, complete las medidas probatorias que reclama el expresidente
La Cámara Federal sobreseyó a dos financistas uruguayos acusados de lavar activos para un funcionario kirchnerista
Estaban involucrados en una causa por la que irá a juicio Gustavo Gentili, extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). El tribunal de apelaciones revocó sus procesamientos al verificar que no sabían del origen ilícito del dinero
Muerte del instructor de vuelo en Córdoba: la investigación pasó a la Justicia Federal y la aeronave sigue bajo custodia
La causa por el fallecimiento de Leandro Bertazzo, ocurrido durante un vuelo de instrucción en Toledo, quedó en manos del fiscal federal Carlos Gonella. Continúan las pericias sobre el avión y la investigación busca esclarecer cómo ocurrió el hecho. Leer más
Una colombiana fue condenada a más de 17 años de cárcel federal en Estados Unidos por tráfico sexual de menores
En coordinación con un ciudadano venezolano, la connacional judicializada publicitaba a las jóvenes víctimas en sitios web y contrataba encuentros con "compradores"
Muerte y misterio: la Justicia Federal investiga si una falla en la puerta influyó en la caída del piloto cordobés
CÓRDOBA.- La causa por la muerte del instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, ocurrida el sábado por la tarde en Córdoba, pasó a manos del fiscal federal Carlos Gonella, de turno durante la feria judicial.El expediente fue remitido por la fiscalía de instrucción de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, luego de que se declarara incompetente para intervenir. Antes de ello, tomó las primeras medidas de prueba, entre ellas la custodia policial de la aeronave Cessna 150G.El sábado por la tarde, el Cessna 150G era piloteado por una joven de 22 años que ya contaba con licencia, pero debía completar horas de vuelo, por lo que tenía que operar acompañada por un instructor. Era el segundo viaje que Bertazzo realizaba ese día desde el aeródromo Coronel Olmedo."Era una persona amable, no había indicios de que pudiera hacer algo así"Eduardo Álvarez, director de la escuela de aviación donde trabajaba Leandro, el joven que se arrojó desde la avioneta, comentó cómo lo vio horas antes del hecho.ð??? En Código Nación con @deboraplager pic.twitter.com/cFFCLV7pf1— La Nación Más (@lanacionmas) July 6, 2026Según el relato de la joven, Bertazzo le pidió que mantuviera el rumbo previsto y le dijo: "Vos sabés lo que tenés que hacer". Después se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, guardó el celular, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión y cayó.Hasta ayer, las fuentes judiciales consultadas por LA NACION coincidían en que la hipótesis que cobraba más fuerza era la de un suicidio. Sin embargo, finalmente la fiscal provincial se declaró incompetente. Según algunas fuentes allegadas a la causa, ahora se investiga también si pudo haber existido algún problema en la puerta de la aeronave que provocara su apertura.De acuerdo con el comunicado oficial, el fiscal general Gonella está abocado a la investigación. Hasta el momento no se han presentado querellantes en la causa.La Justicia aguarda además el informe que debe elaborar la Junta de Investigación de Aviación Civil.Cuando Eduardo Álvarez, director de la empresa donde trabajaba Bertazzo, habló con el padre del instructor el sábado por la tarde, el hombre le comentó que su hijo atravesaba "un mal momento". Días antes, había realizado una consulta en una clínica psiquiátrica. En su ámbito laboral desconocían esa situación. Bertazzo era soltero y no tenía hijos.Álvarez precisó que los protocolos obligan a suspender un vuelo cuando existe alguna condición que pueda afectar la aptitud del piloto, aunque subrayó la complejidad de detectar este tipo de situaciones cuando no son explicitadas. "Estamos todos shockeados", admitió.Bertazzo, piloto comercial que incluso se había postulado recientemente para ingresar en una compañía privada, trabajaba desde hacía cuatro años en la escuela Flying Parrot Córdoba. También había desarrollado parte de su trayectoria profesional en Chile.Sus compañeros lo describen como un profesional muy capacitado, reconocido además por su buen humor. El director de la empresa resaltó que acumulaba casi una década de formación continua y experiencia en la actividad, lo que lo había convertido en una referencia habitual para los estudiantes que daban sus primeros pasos en la aviación.En sus redes sociales, el instructor indicaba que poseía la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATP) otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el nivel más alto de certificación para pilotos. Esa habilitación es requisito para desempeñarse como piloto al mando en aerolíneas de transporte regular y, por lo general, exige acreditar 1500 horas de vuelo, aprobar un examen escrito específico y completar el programa de formación correspondiente.
El Gobierno aprobó un plan federal para coordinar la respuesta ante el fenómeno El Niño
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un protocolo para fortalecer la prevención y la respuesta frente a inundaciones y crecidas en la Cuenca del Plata. La Agencia Federal de Emergencias será la encargada de coordinar su implementación y podrá actualizarlo según evolucione el fenómeno climático.
Red federal de puertos de acá
El gremio de Conductores Navales SICONARA- Rosario impulsa un proyecto para crear un corredor santafesino de transporte multimodal (fluvial y ferroviario) con alcance nacional capaz de vincular puertos, ferrocarriles, carreteras, industrias, centros energéticos y economías regionales bajo una visión común de desarrollo nacional.
El juez Martín Irurzun tuvo otro fallo adverso en su intento de continuar como camarista federal
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar solicitada por el juez Martín Irurzun, con la que buscaba permanecer en su cargo en la estratégica Cámara Federal, más allá de los 75 años.Al magistrado, que cumple la edad límite el 18 de julio próximo, solo le queda reclamar ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la jubilación.El Gobierno decidió no enviar al Senado el pliego de Irurzun para darle una reválida a su acuerdo por cinco años más, y quiere la vacante en la Cámara Federal para colocar a otro magistrado. Esta sería la tercera vacante a disposición del Gobierno en el tribunal, que es clave para los casos de corrupción. Los otros dos camaristas a reemplazar son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo. Irurzun reclamó suspender los efectos del artículo de la Constitución Nacional, que impone el límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del juez de primera instancia, quien había desestimado la acción preventiva por considerar que no existía "verosimilitud en el derecho" en el reclamo del magistrado.Los camaristas María Claudia Caputi y Luis María Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin del año 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento del Senado para los jueces al alcanzar el tope de 75 años.Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio."La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda", dijo Iruruzun, y por eso planteó que "se ha extinguido" ese estándar.Sin embargo, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvieron que no se puede suponer que la Corte hubiera cambiado de postura solo por el cambio en su composición.Los camaristas subrayaron que "basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente".
Siete meses después, la Justicia federal investigará la desaparición de Delicia Mamani como un caso de trata de personas
Primero hubo un mensaje improbable enviado desde el celular. "Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes". Esas mismas palabras, ajenas, como dictadas por alguien, fueron replicadas en una carta convenientemente encontrada días después. Pero la farsa de la partida voluntaria de Delicia Mamani, una estudiante de magisterio de 25 años, no alcanzó a disuadir a sus compañeras y docentes de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, en Córdoba, que ya habían activado las redes de búsqueda y organizado movilizaciones para visibilizar lo que denunciaban como otro caso de captación con fines de explotación. Después de más de seis meses de reclamos, finalmente la Justicia ordenó que la causa pase al fuero federal al reconocer la existencia de indicios suficientes que apuntan al delito de trata de personas. "Recién ahora la investigación mira hacia una red de trata, donde hay un captor y cómplices. Medio año después estamos mirando allí donde la Justicia debió buscar desde el principio. Ese tiempo en la vida de una persona es un montón", se lamenta la abogada Natalia Lescano, quien junto a Alina Dutto, se ofrecieron a trabajar ad honorem en el caso representando a María Mamani, madre de Delicia. "Han querido fingir una ida voluntaria de alguien que es mayor de edad, y justamente porque se trata de una mujer que supuestamente se fue por sus propios medios, nadie la busca", asegura. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TeleSISA (@telesisaoficial) La madre de Delicia hablaba de aquel 21 de noviembre de 2025, cuando Delicia salió, como todos los días, de su casa en Punta de Agua, un paraje rural en el centro de la provincia, al sur de la capital cordobesa. Caminó sola los tres kilómetros hasta la parada del colectivo interurbano. Una vez en la ciudad de Córdoba no ingresó al curso del segundo año del profesorado de Educación Primaria. Ahora se sabe que en su mochila cargaba dos jeans y una notebook. No llevaba dinero ni el pasaporte. Tampoco ensayó alguna despedida especial. "Después de mucho esfuerzo, Delicia había llegado a regularizar materias y estaba rindiendo los finales; por eso nos pareció extraño que faltara al curso. El martes 24 de noviembre una compañera suya vio en TikTok que una influencer daba la noticia de que la estaban buscando en Jujuy. No entendíamos nada, pues ella vivía y estudiaba en Córdoba. Esa fue la primera alarma de que algo no andaba bien", recuerda Mara, docente de Delicia y una de las mujeres que acompañó a la familia a realizar la denuncia por su desaparición. El sábado 29 de noviembre, ocho días después de la última vez que Delicia fue vista, una comitiva de docentes y estudiantes del "Carbó" ingresó al despacho de la Unidad Judicial N°2 de Córdoba para reclamar, a través de una denuncia formal, que se realicen todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de la joven. En su resolución de hace algunos días, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba consideró que podría haber "desprotección e intervención de terceros al evaluar el silencio absoluto de Delicia, su borrón digital abrupto, la vulnerabilidad que sufría por su realidad socioeconómica, la existencia de registros de movimientos fronterizos contradictorios y la sospecha de intervención de personas con antecedentes de explotación laboral y coerción económica". "Nosotras -insiste la abogada Lescano- venimos denunciando con nombre y apellido a quien consideramos que puede saber dónde está Delicia, pero la Justicia provincial demoró el traspaso al fuero federal. Después de seis meses empezamos una investigación de cero". "La queremos viva y sana" El apuntado por las denunciantes es Cancio Tencuri Flores, esposo de una de las hermanas de Delicia. Pero en la familia nadie lo llama por su nombre: para todos es "El viajante", por la costumbre de moverse de un lugar a otro sin trabajo fijo, aunque con insondables ingresos de dinero. Él mismo fue quien se apuró a radicar la primera denuncia por la desaparición de la joven en Jujuy con un detalle escandaloso: lo hizo haciéndose pasar por el hermano de Delicia. También fue el responsable de enviarle a la madre de la joven desaparecida videos que la muestran en la terminal de Villazón, Bolivia, junto a un mensaje perturbador: "María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas". Esas imágenes fueron tomadas desde una pantalla de monitoreo, es decir, un material al que solo tiene acceso personal de seguridad, lo que obliga a descartar la actuación solitaria de Tencuri Flores. "Hemos denunciado a esta persona porque sabemos que en octubre, antes de la desaparición de Delicia, estuvo en Córdoba reclamándole a la madre una deuda de dinero y le ha dicho que se la iba a cobrar con su hija. Él ya se había llevado a Delicia contra su voluntad a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva. Suponemos que ahora la ha vendido o entregado para algún tipo de trabajo esclavo o de explotación sexual. Todas las hipótesis de trata son posibles", afirma Lescano. El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, tomó nota de la denuncia de la querella y trascendió, pese al estricto secreto de sumario, que ya libró una orden de captura contra el cuñado de Delicia con resultado negativo hasta el momento. "Las docentes y compañeras de Delicia hicimos el trabajo que debió haber hecho la Justicia. Como comunidad educativa, exigimos que se activen los protocolos de búsqueda porque la queremos viva y sana. Las personas no desaparecen: en algún lado están", concluyó la docente de la joven. "Hipervulnerabilidad" "La Argentina está obligada a cumplir con ciertos estándares internacionales de derechos humanos y cuando se trata de desapariciones de niñas y mujeres existen las 100 Reglas de Brasilia, que ponen el foco en las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. En el caso de Delicia hay condiciones de hipervulnerabilidad", destaca la abogada Natalia Lescano, que representa a la querella. Las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad son un conjunto de principios acordados en 2008 en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Su objetivo es garantizar un acceso efectivo a la Justicia para quienes se encuentran en situaciones de desventaja â??por razones económicas, sociales, de género, condición migratoria, entre otrasâ??, recomendando medidas específicas para que los sistemas judiciales las atiendan de manera adecuada y sin discriminación. "La realidad de Delicia es muy dura, de una pobreza que te duele en el alma. Vive en un rancho de adobe con piso de tierra en el medio del campo. Además, tiene una discapacidad motriz. Todo esto formó en ella una personalidad retraída; le costaba mucho establecer vínculos, siempre estaba callada", destaca Mara, docente del segundo año del profesorado de Educación Primaria que cursaba Delicia en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, de Córdoba. En este contexto, la abogada de la familia invocó las Reglas de Brasilia para que la Justicia reconozca a Delicia como sujeto de derecho en situación de vulnerabilidad y actúe en consecuencia, "con celeridad, sensibilidad y perspectiva de derechos humanos". Otro punto clave que plantea es la posibilidad concreta de que estemos frente a un caso de trata de personas. Este tipo de delito se sostiene muchas veces sobre la captación de mujeres jóvenes, pobres, migrantes y de personalidad reservada. La historia personal de Delicia responde sin dudas a ese patrón. La trata de personas, además, implica activar protocolos específicos, articular con organismos especializados y desplegar una búsqueda que no se limite al entorno inmediato de la víctima.
Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa
Al menos una aeronave forma parte del despliegue, según videos compartidos por testigos en la zona
Ocho integrantes del Tren de Aragua a juicio federal con riesgo de pena de muerte por asesinatos en Chicago y Dallas
Los acusados perpetraron ejecuciones y secuestros en los estados de Illinois y Texas. Tras una serie de investigaciones interagenciales, las autoridades confirmaron que la organización venezolana está bajo estricta persecución en territorio estadounidense
Empieza el juicio político a un juez federal de Mar del Plata acusado de postear mensajes antisemitas en redes
Se trata de Alfredo López, titular del Juzgado Federal Nº4 de la ciudad balnearia hasta hace pocas semanas. Está suspendido y señalado por mal desempeño de sus funciones. Enfrentará un jury en el Consejo de la Magistratura
Hace 50 años Montoneros detonó una poderosa bomba en el corazón de la Policía Federal
La banda de Firmenich atacó la superintendencia de Seguridad. Hubo 23 muertos y más de 100 heridos. Fue uno de los más grandes golpes de la guerrilla y generó conmoción en la dictadura.
La Cámara Federal unificó dos causas por el "rulo financiero" en el juzgado de Ariel Lijo
La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación "integral, coherente y eficiente", además de asegurar el derecho de defensa. Boico entendió que "la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza" y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.Por eso, para la "mejor y más pronta administración de justicia", y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance "sensiblemente superior", Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.
La Cámara Federal unificó dos causas clave por el "rulo cambiario" que involucran a Elías Piccirillo y Martín Migueles
Son investigaciones por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación durante el cepo cambiario. Quedarán, desde ahora, a cargo del juez federal Ariel Lijo
La Cámara Federal acumuló dos causas del rulo con el dólar y quedaron a cargo del juez Lijo
Había una disputa entre ese magistrado y María Servini, que investigan las maniobras durante el gobierno de Alberto Fernández.
SNTE presiona a gobierno federal por reforma a la USICAMM y pide cambios al sistema de pensiones
El sindicato magisterial pidió abrir mesas de análisis sobre jubilaciones y adeudos laborales
Es oficial: el proyecto de ley federal que beneficia las ebikes y el transporte público en EE.UU.
El Congreso deberá debatir una legislación que dará grandes inversiones en el sector.Con apoyos de los dos grandes partidos, se daría un salto de calidad en infraestructura y transporte del país.
Donald Trump anunció USD 415,9 millones en ayuda federal para Florida ante la temporada de huracanes 2026
La mayor parte del fondo se dirigirá al norte y el Panhandle, y la agencia nacional dará a conocer pronto el desglose por regiones
Villarruel recordó a los policías caídos en el ataque al comedor de la Federal y reclamó "Verdad, Justicia y Reparación" para sus familias
La vicepresidenta conmemoró la fecha con un mensaje en redes sociales donde apuntó contra la organización Montoneros, a 50 años del ataque. Leer más
El PJ Federal prepara un acto en el Norte y busca adhesiones lejos de la interna kirchnerista
Será en agosto, en una provincia que aún no está definida. Las opciones son Jujuy y La Rioja. El esquema pretende hacerse fuerte en el interior y esquivar las peleas bonaerenses
Nahuel Gallo brindó detalles sobre su detención en Venezuela y pidió ser el único querellante de la causa ante la Cámara Federal
Nahuel Gallo se presentó este miércoles ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, brindó detalles sobre su detención en Venezuela -que duró más de 448 días- y expresó sus argumentos para apelar la decisión de unificar a todas las querellas en la causa que se tramita en el país contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad.Durante su testimonio, el gendarme contó cómo transitó el casi año y medio que pasó privado de su libertad en territorio venezolano, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 hasta su liberación el 1 de marzo de este año.Por otro lado, Gallo explicó sus motivos para la apelación que presentó ante la decisión del juez Sebastián Ramos de unificar a los querellantes. El gendarme se había acercado a los tribunales por primera vez el pasado 30 de abril, en aquel caso como testigo. Luego, su defensa pidió incorporarlo como querellante, hecho que fue avalado por Ramos. Sin embargo, el magistrado decidió después la unificación con las denuncias del resto de los damnificados. Ahora los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberán decidir si conservan o revocan la resolución.Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro.No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido.Confíoâ?¦ pic.twitter.com/TBQZkKFjaa— Nahuel Gallo (@nahuollag) July 1, 2026"Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro. No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido", manifestó Gallo vía X tras su presentación.A su vez, indicó que confía en que la "Justicia avance" y que la "impunidad no tenga la última palabra". Además, le agradeció a su equipo legal, Claudio Nuncija, Alfonso Martinotti, Alejandro Ferreira y Rodrigo Guzmán Espoz.Su primera declaraciónEl gendarme se presentó por primera vez ante la Justicia el pasado 30 de abril y denunció haber sufrido "torturas" por parte del régimen chavista durante su arresto en Venezuela."Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido", manifestó en redes en aquel momento.La causa contra Maduro y otros funcionarios, entre ellos, Diosdado Cabello -quien permanece en funciones como ministro del Interior-, se inició a principio de 2023, por impulso del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
El reclamo por la AMIA rompió las fronteras: 50 intendentes sellaron un pacto federal contra la impunidad
En un encuentro inédito en la calle Pasteur, jefes comunales de 14 provincias firmaron una declaración conjunta para exigir justicia y combatir el antisemitismo. Leer más
Un juez federal suspendió temporalmente la escolta obligatoria a periodistas del New York Times dentro del Pentágono
NUEVA YORK.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Defensa suspender temporalmente su exigencia de que los periodistas de The New York Times estén acompañados por un escolta oficial cada vez que realizan coberturas dentro del Pentágono, en nuevo revés para los esfuerzos del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, por restringir el acceso de los medios.El juez del Distrito de Columbia, Paul L. Friedman, emitió una medida cautelar preliminar que impide aplicar esa política al considerar que viola la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana -que protege la libertad de prensa- , mientras continúa el proceso judicial iniciado por el diario contra las restricciones del Pentágono.En la orden no se especifica si los periodistas de otras organizaciones también quedarían exentos de esa política.El periódico demandó al Departamento de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses. Las demandas han alimentado una creciente tensión entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno republicano, tanto en el ámbito público como en los tribunales.STATEMENT:The Department strongly disagrees with today's decision. This ruling strips away reasonable security measures and will make it easier for sensitive and classified information to reach our adversaries. Unescorted access to the Pentagon allowed journalists to observeâ?¦ pic.twitter.com/r5ZYtvT5UL— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 30, 2026El Times celebró el fallo de Friedman."La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el Ejército", señaló el vocero Charlie Stadtlander."El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución", agregó el vocero.El vocero del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento "discrepa enérgicamente" con la decisión de Friedman."Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios", escribió Parnell.LitigiosEn octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adoptó una política que le otorgaba al Pentágono la facultad de revocar las credenciales de prensa de los periodistas considerados un "riesgo para la seguridad" si buscaban obtener determinada información de militares que no estuvieran autorizados a hablar con los medios de comunicación.En una demanda presentada en diciembre, The New York Times sostuvo que esas normas constituían una violación inconstitucional de la Primera Enmienda, y el juez Friedman falló a favor del medio en marzo.Un día hábil después, el Pentágono publicó un conjunto revisado de normas que incluía el requisito de que los periodistas estuvieran acompañados por un escolta oficial. Antes de ese cambio, los reporteros podían desplazarse sin escolta por algunas áreas del edificio. El Pentágono, además, apeló el fallo de marzo.En una resolución preliminar emitida en abril, un tribunal de apelaciones permitió al Pentágono mantener vigente la norma de los escoltas mientras continuaba el litigio, en parte porque el juez Friedman no había abordado ese requisito específico en el caso original.Posteriormente, en mayo, el Times presentó una segunda demanda para anular la obligación de contar con un escolta, al considerar que se trataba de una medida de represalia y que vulneraba la libertad de prensa.La decisión del martes significa que el tribunal ya ha escuchado los argumentos sobre la política de escoltas y ha determinado, de manera preliminar, que esta vulnera de forma independiente la Constitución, escribió el juez Friedman.El Pentágono sostuvo que la política de escoltas es fundamental para cumplir con su obligación de proteger la seguridad nacional y que los periodistas que circulan sin acompañamiento pueden "mantener una presencia física constante cerca de áreas sensibles dentro del Pentágono", según la declaración judicial de uno de sus funcionarios.Además, argumentó que los reporteros habían aprovechado esa libertad de movimiento para obtener información sensible.Sarah Welch, abogada del Departamento de Justicia que representa al Pentágono, sostuvo que la norma de los escoltas no "interfiere" con las tareas de recopilación de información periodística y que "la Primera Enmienda no garantiza el derecho a la forma de acceso más conveniente".Durante una audiencia celebrada en junio sobre la política, un abogado de The New York Times rechazó los argumentos del Pentágono y sostuvo que el propio equipo de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas se beneficiaba de su interacción con los periodistas."El verdadero valor está en poder hablar con la gente y establecer relaciones. Es una calle de doble sentido", afirmó Theodore J. Boutrous Jr., abogado del estudio Gibson Dunn que representa al medio.Desde que el Pentágono impuso sus primeras restricciones, The New York Times y otras organizaciones periodísticas abandonaron voluntariamente los espacios de prensa dentro dentro del departamento y continúan cubriendo sus actividades desde el exterior del edificio, mientras un nuevo grupo de periodistas acreditados por el Pentágono ocupa actualmente las oficinas destinadas a la prensa. Agencias AP y ANSA y diario The New York Times
El gendarme Nahuel Gallo contó ante la Cámara Federal detalles del calvario que vivió en Venezuela
Relató la detención, la acusación por espionaje, lo que vivió en El Rodeo y pidió ser querellante único en la causa que se instruye en Argentina
La jueza federal en Nueva York retrasa el juicio federal contra Luigi Mangione hasta enero de 2027
La magistrada Margaret Garnett movió la selección del jurado al 5 de enero y fijó los alegatos para el 25, al evitar que el trámite se superponga con el proceso estatal de septiembre
Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra
Un magistrado de la Cámara Federal de Mar del Plata pidió que le paguen por el trabajo de un lugar vacante en su tribunal.El Consejo de la Magistratura lo rechazó porque es pagar dos veces por una misma función.Una resolución judicial le dio la razón al camarista.
La Corte Suprema de EEUU resguardó la autonomía de la Reserva Federal y bloqueó el despido de su gobernadora
El tribunal otorgó a Donald Trump un poder sin precedentes para remover a voluntad a los jefes de los organismos reguladores, pero excluyó al banco central en una votación de 5-4
El acusado Luigi Mangione vuelve a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio
La sesión, prevista para las 11:30 horas locales, revisará el cuestionario para candidatos a integrar el panel y el cronograma del proceso en la causa que se tramita en paralelo a un expediente local por el asesinato de Brian Thompson
Zdero felicitó a Santilli y evitó hablar del caso Adorni: "Mirada federal"
En su mensaje, pidió "responsabilidad" y "trabajo en equipo", pero no hizo referencia a la salida de Manuel Adorni ni a la crisis política que atravesó el Gobierno nacional. Leer más
Críticos del PSOE afirman que el Comité Federal es un "club de fans" de Sánchez que va al "suicidio voluntariamente"
Presentan un proyecto para elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora: a qué trabajadores alcanzaría
Un senador demócrata presentó un proyecto de ley para incrementar gradualmente el salario mínimo federal en Estados Unidos hasta US$25 por hora, tras 17 años sin actualizaciones. La medida busca responder a la crisis de asequibilidad y recuperar el apoyo de votantes de la clase trabajadora.Cómo es el proyecto que busca elevar el salario mínimo federal a US$25 por horaEl senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) presentó el jueves 25 de junio de 2026 un proyecto de ley titulado "Living Wage for All Act" (Ley de Salario Vital para Todos). La medida apunta a elevar el salario mínimo federal a US$25 la hora, mediante un sistema de incrementos graduales. Actualmente, el monto fijado es de US$7,25, y no se actualiza desde el año 2009.Bajo los términos de la propuesta, el sueldo base aumentaría de la siguiente manera:Primer año: subiría de los actuales US$7,25 a US$12 por hora.Grandes corporaciones: tendrían un plazo de seis años para alcanzar los US$25.Pequeños negocios: dispondrían de un periodo de 13 años para llegar a la meta.El texto legislativo define como grandes empresas a las compañías cuyos ingresos brutos son de al menos US$1000 millones o aquellas que tienen más de 500 empleados."Los demócratas deben ofrecer soluciones que estén a la altura de los problemas que enfrenta la gente", expresó Murphy, citado por The Washington Post.La cifra de US$25 surge de cálculos realizados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Los investigadores analizaron un salario digno al considerar gastos como alimentación, cuidado infantil, atención médica, vivienda y transporte.Según los impulsores del proyecto, casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense gana menos de US$25 por hora.Living Wage for All: objetivo del proyecto de ley y a qué trabajadores afectaríaEl objetivo final es que el salario mínimo signifique dos tercios del salario por hora medio nacional. Una vez alcanzada esta proporción, el monto se ajustará automáticamente cada año para mantener ese nivel.Asimismo, la ley busca eliminar las categorías de empleados que cobran sumas inferiores a la mínima, las cuales actualmente se aplican a:Trabajadores que reciben propinas: se eliminaría gradualmente el "crédito por propinas". Los empleadores deberán pagar la remuneración mínima completa además de las propinas que reciban los trabajadores, quienes conservan el derecho a retenerlas.Trabajadores jóvenes (menores de 20 años): se incrementaría el monto inicial para estos trabajadores hasta que iguale la cantidad mínima general.Personas con discapacidades: se prohibiría la emisión de nuevos certificados especiales que permitían pagar sumas inferiores y se eliminarían los actuales gradualmente.La propuesta atraviesa la etapa inicial del proceso legislativo. Según The Washington Post, es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, debido a que los republicanos controlan ambas cámaras. Los estados de EE.UU. con los salarios mínimos más altos y actualizaciones de 2026De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 34 estados, territorios y distritos tienen actualmente salarios mínimos superiores al piso federal de US$7,25 por hora. Sin embargo, otras jurisdicciones siguen atadas al mínimo, lo que mantiene fuertes diferencias salariales según el lugar de residencia del trabajador. De acuerdo con el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), las jurisdicciones cuyos sueldos base son los más elevados del país corresponden a las siguientes:Washington: US$17,13/hConnecticut: US$16,94/hCalifornia: US$16,90/hNueva York: hasta US$17/h en NYC, Long Island y WestchesterHawái: US$16,00/hSi se incluyen jurisdicciones no estatales, la suma más alta es la de Washington D. C. con US$17,95/h.Por otro lado, este año se realizaron diversas actualizaciones por inflación y calendario el 1° de enero. Los siguientes estados experimentaron incrementos del salario mínimo en 2026, según el Proyecto Nacional de Derecho Laboral:Washington: US$17,13Nueva York: US$17 (con tarifas de US$16 para ciertos sectores)Connecticut: US$16,94California: US$16,90 (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)Hawái: US$16Rhode Island: US$16Nueva Jersey: US$15,92Colorado: US$15,16Arizona: US$15,15Maine: US$15,10Missouri: US$15Nebraska: US$15Vermont: US$14,42Michigan: US$13,73Virginia: US$12,77Dakota del Sur: US$11,85Minnesota: US$11,41Ohio: US$11Montana: US$10,85
Con el locro como protagonista: una gran celebración federal acompañará los festejos por la independencia
Del 5 al 12 de julio, Vea ofrecerá una agenda de eventos inspirados en las tradiciones nacionales con encuentros culturales, platos típicos y experiencias para sus clientes
El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral
La reunión de la dirección socialista marca el comienzo de la recta final del mandato con un presidente que apuesta por mirar a las próximas elecciones pese a los casos que afectan al partido, las tensiones con sus socios y unas encuestas poco favorables
Tellado (PP) critica el Comité Federal del PSOE: "De tintes norcoreanos, lo más parecido al silencio de los corderos"
Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026
Claudia Sheinbaum, Ronald Johnson y Brooke L. Rollins, estuvieron presentes durante la inauguración de la planta productora
El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral
El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a hacer "autocrítica" y a tomar medidas de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción
Sánchez asegura ante el Comité Federal que el PSOE no se financió ilegalmente y defiende sus medidas anticorrupción
Besteiro llama desde el comité federal del PSOE a "no ser ingenuos" frente a las "operaciones de desgaste político"
Illa, antes del Comité Federal del PSOE: "Avanzar, esperanza, esperanza, esperanza y nada de miedos"
Sánchez asegura ante el Comité Federal que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y defiende sus medidas anticorrupción
El PSOE celebra este sábado un Comité Federal en plena crisis por la corrupción y se esperan críticas de Page y Barbón
El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios
El funcionario de California planteó cambios en las normas de sucesión y en el uso de deudas respaldadas por acciones para reducir la carga tributaria de grandes fortunas. Además, propuso un "fondo público" ligado a la economía de la IA
Revés para Trump: una jueza federal modifica el plan que limita los préstamos estudiantiles desde julio
Una jueza federal de Estados Unidos suspendió de manera preliminar una parte de la implementación de las nuevas reglas impulsadas por la administración de Donald Trump para limitar el acceso a los préstamos estudiantiles destinados a programas de posgrado en distintas áreas de la salud. Qué decidió la jueza Beryl Howell sobre los préstamos estudiantiles de posgradoDe acuerdo con Associated Press, la disputa gira en torno a los nuevos límites para los préstamos federales destinados a estudiantes de posgrado, incluidos quienes cursan carreras de enfermería, terapia física, salud pública y otras disciplinas.La normativa deriva de la ley One Big Beautiful Bill Act, que estableció topes para los préstamos federales y cuya entrada en vigor estaba prevista para julio. Hasta ahora, los estudiantes de posgrado podían solicitar financiamiento federal por un monto equivalente al costo total de sus estudios. Con las nuevas reglas, los programas de posgrado no profesionales quedarían sujetos a un límite de 100.000 dólares, mientras que los considerados programas profesionales tendrían un tope de US$200 mil. Además, los nuevos límites fijan topes anuales de US$20.500 para posgrados no profesionales y US$50.000 para programas profesionales.El conflicto surgió por la manera en que el Departamento de Educación redefinió el concepto de "título profesional". Esa nueva interpretación dejaba fuera a varias profesiones sanitarias que tradicionalmente requieren una extensa formación académica, lo que reduciría así el acceso de sus estudiantes a un mayor nivel de financiamiento.Por qué el fallo sobre préstamos estudiantiles golpea al plan de TrumpSegún informó Associated Press, la jueza federal Beryl Howell, del Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos, ordenó suspender la aplicación de la nueva definición elaborada por el Departamento de Educación mientras el proceso judicial sigue su curso.En su resolución, Howell concluyó que los demandantes probablemente lograrán demostrar que la agencia excedió las facultades otorgadas por el Congreso al modificar el significado de "título profesional". La magistrada cuestionó especialmente que el departamento incorporara requisitos adicionales que no figuraban en la legislación aprobada por los legisladores.Entre esos nuevos criterios figuraba la exigencia de que quienes obtuvieran un título profesional debían poder ejercer su actividad sin la supervisión de otro profesional. Para la jueza, el Congreso nunca autorizó al Departamento de Educación a introducir ese tipo de modificaciones.Además, Howell sostuvo que restringir el acceso a los préstamos para determinados estudiantes podría tener consecuencias negativas para el interés público. En su fallo expresó preocupación por el hecho de que la pérdida de oportunidades educativas resulte "perjudicial para el público, particularmente en comunidades desatendidas que pueden enfrentar una escasez de trabajadores de la salud y otros profesionales críticos".La resolución no elimina los límites generales a los préstamos establecidos por la ley. Lo único que queda suspendido es la nueva definición administrativa utilizada para determinar qué carreras califican como programas profesionales.Programas de salud afectados por la definición de título profesional del Departamento de EducaciónDe acuerdo con Associated Press, el Departamento de Educación incluyó dentro de la categoría de programas profesionales únicamente las siguientes áreas:Farmacia. Odontología. Medicina veterinaria. Quiropráctica. Derecho. Medicina. Optometría. Medicina osteopática. Podología. Teología. Psicología clínicaLa exclusión de otras profesiones motivó la presentación de la demanda. Ocho organizaciones nacionales acudieron a la justicia en representación de estudiantes y profesionales de distintos sectores sanitarios y educativos.Entre los grupos afectados se encuentran quienes cursan programas para convertirse en enfermeros especializados, terapeutas, trabajadores de salud pública, patólogos del habla y del lenguaje, asistentes médicos y otros profesionales que no fueron incluidos dentro de la nueva definición del gobierno federal.Los demandantes sostuvieron que la medida obligaría a numerosos estudiantes a abandonar sus estudios o a recurrir a préstamos privados con condiciones financieras más exigentes para completar sus carreras.Qué dijo la AANP tras el fallo por los préstamos estudiantiles de enfermeríaSegún un comunicado de la American Association of Nurse Practitioners (AANP), la organización recibió favorablemente la decisión del tribunal federal dentro de la causa AANP v. McMahon, presentada junto con una coalición de organizaciones nacionales vinculadas a la salud, la educación y distintas profesiones.La entidad explicó que el tribunal consideró probable que los demandantes tengan éxito al demostrar que el Departamento de Educación adoptó una definición distinta de la establecida por el Congreso y, por ese motivo, ordenó suspender las partes cuestionadas de la regulación mientras continúa el proceso judicial.La presidenta de la AANP, Valerie Fuller, afirmó: "Este es un paso importante para los estudiantes de enfermería especializada, así como para el futuro de la fuerza laboral sanitaria y para los pacientes que dependen de ellos para acceder a la atención médica. Nos complace que el tribunal haya reconocido las serias preocupaciones legales planteadas por esta norma".Qué pasa con los préstamos estudiantiles antes del 1° de julioLa decisión judicial no pone fin al conflicto legal. Según el comunicado de la AANP, el litigio continuará desarrollándose en la justicia federal, donde se resolverá de manera definitiva si el Departamento de Educación tenía autoridad para modificar la definición de título profesional.Por su parte, Associated Press informó que el Departamento de Educación señaló mediante un comunicado escrito que "revisará la orden y tomará las medidas apropiadas".
Tras 12 años vacante, Javier Milei designó al juez federal en Bariloche: qué causas tendrá que resolver
Un abogado local fue designado al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que tiene intromisión en la detención del Jones Huala y otros conflictos por usurpaciones mapuches. El juzgado funciona desde 2014 con subrogancias
Perdió Trump: el fallo de una jueza anula una orden ejecutiva de Trump para crear una lista federal de votantes
La jueza federal Indira Talwani anuló disposiciones de la Orden Ejecutiva 14399, firmada por Donald Trump, que establecía la creación de un registro nacional de votantes. La magistrada concluyó que el presidente no posee facultades para introducir cambios de alcance nacional en la administración de las elecciones federales.La jueza anuló la creación del registro federal de votantes que ordenó TrumpLa sentencia, emitida el 25 de junio, estableció una prohibición permanente para aplicar varios puntos del decreto de Trump. La demanda había sido presentada por una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, que cuestionó la legalidad de las medidas.Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el rechazo al proyecto que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) elaborar un listado nacional de ciudadanos habilitados para votar. Según la jueza Talwani, el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para confeccionar ese registro."La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones. El poder del presidente de velar por que las leyes se ejecuten fielmente refuta la idea de que él deba ser un legislador", escribió Talwani en la sentencia.La decisión también sostuvo que la orden ejecutiva vulneraba el principio de separación de poderes al atribuir al presidente funciones que la legislación federal reserva al Congreso y a las autoridades estatales."La sección cinco de la Orden Ejecutiva no puede requerir que los estados conserven los registros de todos los materiales electorales durante cinco años", dijo la jueza. En ese sentido, declaró las secciones dos y tres de la Orden Ejecutiva como "legalmente nulas" y dispuso que "la sección cinco es meramente precatoria".La orden ejecutiva de Trump regulaba las eleccionesEl decreto, firmado en marzo, proponía reforzar los controles sobre la inscripción de votantes mediante mecanismos de verificación de ciudadanía administrados por organismos federales. Además, planteaba que el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) solo distribuyera boletas de voto por correo bajo determinadas condiciones vinculadas al intercambio de información entre los estados y el gobierno federal.La iniciativa también contemplaba la incorporación de nuevos requisitos técnicos para el envío de boletas, como sobres con identificación oficial y códigos de seguimiento. Además, impulsaba investigaciones contra funcionarios electorales que incumplieran los criterios establecidos por la orden.Cómo impacta el fallo contra la medida de Trump en las elecciones de noviembreLa resolución judicial emitida el 25 de junio mantiene sin cambios las normas estatales que regirán las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. Como consecuencia del fallo, el USPS no podrá modificar la entrega de boletas por correo con los criterios previstos en la orden ejecutiva."El USPS carece de autorización estatutaria para promulgar regulaciones vinculantes sobre la votación por correo", señaló Talwani.Tampoco podrán imponerse nuevas exigencias para el diseño o distribución del material electoral. La decisión evita que los estados deban realizar cambios administrativos o destinar recursos para adaptar sus sistemas a los requisitos previstos por el decreto presidencial.Los estados mantienen el control de sus elecciones con este falloLas autoridades estatales conservarán la administración de sus propios registros de votantes sin intervención del gobierno federal. La jueza también rechazó la posibilidad de utilizar bases de datos federales para revisar la elegibilidad de los electores, al considerar que esa tarea corresponde exclusivamente a cada estado conforme a su legislación.Asimismo, quedó sin efecto la instrucción dirigida al Departamento de Justicia para priorizar investigaciones contra funcionarios electorales que actuaran de acuerdo con las normas estatales.
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Una jueza federal anuló la orden ejecutiva de Trump sobre la creación de listas federales de votantes
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