La Ministra lo denunció penalmente a él y al intendente de Lomas de Zamora de organizar "barras bravas" para la marcha de los jubilados. El mandatario de La Matanza sostuvo que "lo que dice Bullrich es falso y no aportó pruebas". Leer más
Dicen que no aportó una sola prueba que sustente sus acusaciones. Milei quiere que siga a pesar del creciente reclamo.
LA PLATA.- Los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) respondieron a la denuncia formulada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que los acusó de financiar anteayer la movilización de militantes hacia el Congreso con el fin de generar caos.Los dos alcaldes exigieron pruebas a la funcionaria nacional y la acusaron de intentar tapar la represión de la policía, que dejó al menos un herido grave, el fotógrafo Pablo Grillo, que lucha por su vida en estado crítico."Me sorprendió la noticia de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso. Esto es absolutamente falso", dijo el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Y agregó: "Desbloquean nivel de mentira. Nuestro compromiso es con la democracia y con la paz. La verdad es que a los jubilados les cuesta sobrevivir y que reprimen con ferocidad para atemorizar.Estaba volviendo de ver obras en la Plaza San Martín de Turdera, y me sorprendió la noticia de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso. Esto es absolutamente falso.— Federico Otermín (@fotermin) March 14, 2025La respuesta de los intendentes, vía la red social X, llegó tras una denuncia penal de Bullrich presentada en la justicia federal. "Sin aportar ni una sola prueba y con vagas referencias a medios de comunicación, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el gobierno ordenó", respondió Espinoza, jefe comunal de La Matanza. "La organización de la movilización [...] implicaría la participación de los intendentes Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora", acusó Bullrich ante la justicia. Y argumentó esto "debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización".Fernando Espinoza fue el primero en responder a la funcionaria nacional por la misma red social X. "El objetivo fue pegar, gasear y llenar de balazos de goma a la gente, lo que terminó con un joven fotógrafo de Lanús, Pablo Grillo, luchando por su vida y con una jubilada de 81 años con graves heridas en la cabeza al ser golpeada por un policía y sufrir una fuerte caída", destacó el alcalde.El alcalde del municipio más grande del conurbano se explayó luego de que Patricia Bullrich acusara a las autoridades de La Matanza de movilizar militantes, piqueteros y barrabravas desde dependencias municipales hacia el Congreso de la Nación.La funcionaria ayer aseguró que hubo militantes movilizados desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora para generar caos. "Esto es un kircherismo extendido. Fue un intento de volver al viejo orden donde ellos dominaban la calle. No los vamos a dejar", acusó anoche la ministra de Seguridad, sin mostrar pruebas ni documentos. Concretamente la funcionaria nacional señaló que hubo concentraciones desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acusó a los "violentos" por incitación a la violencia y sedición. Y aseguró que allí incorporará fotos con micros despechados desde las plazas de esos municipios del Gran Buenos Aires.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, le contestó este viernes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria nacional denunciara que los manifestantes que protagonizaron los incidentes alrededor del Congreso el miércoles salieron desde la Municipalidad que gobierna el dirigente peronista. En un duro comunicado, el líder local cercano al gobernador Axel Kicillof aseguró que el Gobierno "trata de ocultar la terrible represión que ordenó"."La ministra Patricia Bullrich lanzó acusaciones mediáticas y presentó una denuncia en la que dice que, cuando la Justicia se las pida, aportará pruebas, las que deberían haber acompañado a la presentación judicial excepto que vía fake news las esté produciendo ahora. Sin aportar ni una sola prueba y con vagas referencias a medios de comunicación, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el gobierno ordenó", introduce el comunicado del municipio de La Matanza.En ese contexto, la intendencia de Espinoza afirma que el objetivo del gobierno de Javier Milei fue "pegar, gasear y llenar de balazos de goma a la gente" y que eso "terminó con un joven fotógrafo de Lanús, Pablo Grillo, luchando por su vida y con una jubilada de 87 años con graves heridas en la cabeza al ser golpeada por un policía y sufrir una fuerte caída".La ministra Patricia Bullrich, lanzó acusaciones mediáticas y presentó una denuncia en la que dice que, cuando la Justicia se las pida, aportará pruebas, las que deberían haber acompañado a la presentación judicial excepto que vía fake news las esté produciendo ahora.— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) March 14, 2025"Bullrich, acusó, primero públicamente y ahora difundiendo una denuncia, a nuestro municipio con absoluta falsedad, de haber convocado y organizado a grupos que fueron mandados a cometer desmanes. Busca desligar su responsabilidad inventando lo que no pasó, como es habitual en los libertarios. Pues bien, cuando quede absolutamente claro que es todo un invento para justificar la represión salvaje de anteayer, esperamos que la Ministra haga una conferencia de prensa y cuente cómo le fue en la justicia con este invento", cierra.El comunicado llega luego de que Bullrich presentara ante la Justicia una denuncia por "sedición atentado al orden constitucional y asociación ilícita" agravada a las 124 personas que detuvieron el miércoles las fuerzas de seguridad. Pero también en forma paralela, la administración libertaria apuntó contra los dos intendentes del PJ de La Matanza y Lomas de Zamora (gobernada por Federico Otermín) que, según sostuvo la ministra de Seguridad, avalaron o fogonearon la concentración de manifestantes a las puertas de sus municipios para luego trasladarse a la zona del Congreso. La intendencia de Otermín ayer también negó las acusaciones.Durante una conferencia de prensa el día después de la marcha que derivó en incidentes, Bullrich acusó: "Vamos a poner una foto de cómo salieron desde la municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente Fernando Espinoza. También salieron desde la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos y no les conviene que siga este Gobierno". Y remarcó: "Todo estuvo organizado desde distintos lugares con el objetivo de desestabilizarnos".Además, acusó a un "protegido de Luis Barrionuevo" [Leandro Capriotti] como el "máximo organizador de la marcha" del miércoles. Se refirió así a Leandro Capriotti, del club Chacarita Juniors, cuya hinchada fomentó la movilización de los simpatizantes de los clubes, calificados como "barrabravas" por el Gobierno."La violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo 'miguelito' para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones", se lee en la presentación que realizó el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto."La organización de la movilización [...] implicaría la participación de los intendentes Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, y Federico Otermin, de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización", dice el escrito.
Representantes de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular responsabilizan a la titular del Ministerio Público por la mala relación con otros poderes de Estado. Fiscal de la Nación suma cuatro demandas ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales por parte de parlamentarios y ministro del Interior
La esposa de Christian Cueva respondió las preguntas que no se emitieron durante su participación en el programa de Beto Ortiz
Aunque a través de sus cuentas oficiales el Ministerio del Interior sostuvo que el lunes 3 de marzo se ingresaría una nueva demanda contra la titular de la Fiscalía, todavía no se ha formalizado. Miembros de su gabinete evitaron responder sobre el caso
La titular del Ministerio Público suma así cuatro demandas ante el Parlamento. Los motivos van desde difundir información de una investigación, encubrimiento personal, desacato a ley hasta obstrucción de la justicia
El fiscal ante la Cámara de Apelaciones porteña, Mauricio Viera, ratificó la solicitud planteada por su colega de primera instancia para desvincular al intendente de La Matanza del proceso, iniciado tras una denuncia de una joven que trabajaba como secretaria privada del jefe comunal
El Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones, Mauricio Agustín Viera, decidió convalidar el pedido de sobreseimiento de la fiscal de primera instancia, quien se había sumado al pedido en igual sentido del fiscal anterior de la causa, Leonel Gómez Barbella.
La titular del Ministerio Público lamentó que el ministro del Interior haya sido alertado de la medida, incluso antes de que sea autorizada, hecho que exterminó el factor sorpresa necesario
El documento recomienda la sanción al corroborar que el legislador utilizó personal de su despacho para actividades vinculadas a la inscripción de una agrupación política, lo que ha generado una denuncia constitucional en su contra
Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes
La acusación por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se debilita en los tribunales bonaerenses. El fiscal ante la Cámara del Crimen, Mauricio Viera, se expresó a favor del sobreseimiento del jefe comunal en las acusaciones de abuso sexual que le formuló una ex empleada, Melody Rakauskas, y convalidó el pronunciamiento de la fiscal de primera instancia Mónica Cuñarro.De todos modos, Espinoza puede ir a juicio oral y público como lo solicitó la supuesta víctima, pero solo con la acusación particular de Melody Rakauskas como querellante, y sin la acusación del fiscal.El fiscal de Cámara, no obstante, consideró que se debe hace una transcripción completa de un audio aportado por Rakauskas, pues pone en duda la credibilidad de sus acusaciones originales. La querellante aportó un corte de 58 segundos pero la grabación completa es de casi 5 horas y 56 minutos.El fiscal ante la Cámara indicó que, en este caso, le corresponde como superior jerárquico de la fiscal Cuñarro, revisar el pedido de sobreseimiento como mecanismo de control y convalidación.El fiscal analizó un audio aportado por Melody Rakauskas en el que señala que hay contradicciones con el testimonio de Gustavo Cilia, donde se discute un posible acuerdo con Espinoza para dejar sin efecto la denuncia.Se menciona que Rakauskas ofreció grabar un video de la firma del acuerdo y sugirió realizar un documento donde diga que malinterpretó los hechos. Así, la mujer aparece como "negociadora", aludiendo a as condiciones del convenio e incluso se menciona que "teatralizaría una situación de miedo en la fiscalía si no se cumplía el acuerdo".El fiscal Viera dijo que "hay un impacto en la credibilidad de la querellante" y que "las conversaciones grabadas contradicen varias de [sus] afirmaciones y "sin duda quitan seriedad y credibilidad a las acusaciones".Otro párrafo significativo es uno donde Melody Rakauskas señala: "Cuanto te apuesto a que el tipo [por Espinoza] todavía piensa que me puede coger", y que "si una cogida vale en cambio poder (SIC), vamos", donde parece aludir que aceptaría ese encuentro si ello la beneficiaba.Por eso, el fiscal sugirió la transcripción total del material audible, más allá del recorte que aportó la denunciante.La joven había denunciado que fue víctima de abusó sexual "mediante tocamientos" en el interior del departamento donde vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021.El intendente había ido a su casa después de decirle que quería cenar con ella. Ella contó que había comenzado a trabajar en la municipalidad el 28 de abril de 2021, que la contratación fue "en negro" dado que nunca la registraron, que la llamaban por un nombre falso "desconociendo las razones a las que ello obedecía y que debía desempeñarse como secretaria privada con una remuneración prometida de $150.000 mensuales".En su denuncia afirmó que el 3 de mayo, durante una jornada de trabajo, el imputado le refirió que esa noche cenarían en su casa, lo que la tomó por sorpresa porque parecía una imposición.A los pocos días la escena se repitió. Incluso creyó que el imputado le ponía "algo" en la bebida, pero que durante esa noche no se "propasó", sino que solo le hizo preguntas de carácter muy personal. La tercera vez fue cuando ocurrió el supuesto abuso.La denuncia apunta a la madrugada del día 11 de mayo. Según relató la denunciante, el imputado refirió tener dolores cervicales y de espalda. Afirmó que estaba contracturado y ella le ofreció un remedio. Pero Espinoza le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mando a descansar, pero la respuesta fue: "No tengas miedo, dale". De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque "las mujeres de sus amigos tenían bigote"."Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa" y "que estaba todo bien pero no se sentía cómoda ", le dijo la joven, según su denuncia. Pero Espinoza "una vez dentro de la habitación se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior". Cuando volvió a pedirle que se fuera, "el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama". Y durante ese lapso, el imputado comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa.El relato no se corroboró, y la fiscal Cuñarro destacó que la denunciante tenía antecedentes de grabar a hombres casados y pedirles luego dinero. Además de resaltar las conclusiones de un peritaje psicológico que no favorecen la credibilidad de la denunciante.
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En diálogo con la 750 Mónica Cuñarro explicó los motivos por lo que considera que hay falta de pruebas para juzgar al intendente de La Matanza por presunto abuso sexual.
La solicitud fue realizada por la fiscal Mónica Cuñarro quien sostuvo que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación
El juez deberá determinar si hace lugar al pedido la defensa y la fiscal o eleva la causa a juicio, como solicitó la exsecretaria privada del intendente, Melody Rakauskas. Leer más
Según la fiscal Mónica Cuñarro, no hay "elementos de prueba que respalden la imputación, más allá de los dichos de la denunciante" Melody Rakauskas.La querella había solicitado la elevación de la causa a juicio oral.
La fiscal Mónica Cuñarro propuso sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en que está procesado por el abuso sexual de la joven Melody Rakauskas, al entender que no hay evidencias que sostengan la acusación y que la supuesta víctima usualmente se relacionaba con hombres casados para grabarlos y pedirles dinero.Espinoza está procesado por estos hechos, un encuadre que fue confirmado por un fallo de la Cámara del Crimen. Rakauskas pidió como querellante que se cierre la instrucción porque está completa y que el caso contra el jefe comunal matancero sea elevado a juicio oral.La fiscal Cuñarro sostuvo que Rakauskas tuvo un "patrón de conducta" que no hace verosímil su relato sobre la acusación al dirigente peronista.Cuando le dieron vista a Espinoza, propuso su sobreseimiento y, cuando le consultaron a la acusación, la fiscal Cuñarro dijo que no había pruebas.Ahora el juez a cargo del caso, Fernando Caunedo, que es subrogante, debe decidir si de todos modos lo eleva a juicio. Sin fiscal, es decir sin acusador público, pero con una querella -acusador particular-, el juicio oral se puede realizar igual.De todos modos, Espinoza planteó en la Cámara Nacional de Casación su sobreseimiento, que se revoque su procesamiento y se cierre el caso.Cuñarro envió el dictamen al fiscal general Mauricio Viera, en revisión, para que en todo caso sea aquel quien acuse o que permita seguir el caso en el juicio oral con el querellante. En su dictamen de 79 páginas, recordó que antes de este pronunciamiento, otros dos fiscales ya habían propiciado el sobreseimiento de Espinoza.La fiscal cuestionó la validez del relato de la supuesta víctima, al sostener que existen contradicciones y en su negativa a realizar una pericia psiquiátrica y aportar sus teléfonos celulares para realizar un peritaje.Dijo la fiscal que en este caso el relato de la supuesta víctima no está acompañado de una denuncia al 911, o de atención médica, ni del relato de testigos, denuncias policiales o cámaras.Además, dijo que no está en discusión que Espinoza fue a la casa de Melody esa noche, pero señaló que "las pruebas reunidas no permiten verificar que hubo un abuso sexual simple de su parte a la querellante".Cuñarro dijo que es derecho de la víctima no someterse a peritajes o no aportar sus elementos electrónicos para peritar, pero señaló que "no se puede obligar al Ministerio Público que llene los vacíos de esa decisión con afirmaciones basadas en la fe".En ese sentido, la fiscal evaluó que el relato de Melody está "significativamente cuestionado" porque no hay elementos que sustenten sus afirmaciones.Por el contrario, escribió que "hay un patrón de conducta en la denunciante consistente en relacionarse con hombres casados, generar o aprovechar situaciones comprometedoras y grabarlas y luego exigirles algún tipo de beneficio".Argumentó que la mujer radicó la denuncia sin instar la acción y, a partir de allí, inició una negociación con el imputado y tras un año y medio la dejó sin efecto.En los mensajes que intercambiaron dijo que la iniciativa de esa negociación era de Melody, pues es la que exige una reunión con Espinoza. Insistió la fiscal en que la negativa de la mujer a aportar sus mensajes es para ocultar otras que perjudicaran su versión. Incluso expresó que hay mensajes manipulados.El tercer elemento que destacó la fiscal Cuñarro es la negativa de la chica a hacer un peritaje, porque sostuvo que iba a poner en crisis su versión de los hechos. Y desestimó que Espinoza "tenga que tolerar una acusación basada en meros indicios que no se exhiben en cantidad, unívocos y graves".Entre la evidencia que valoró la fiscal Cuñarro se cuentan informes de la Cancillería sobre un episodio ocurrido en marzo del año pasado en el aeropuerto de Nueva Delhi. Allí Melody dijo que fue retenida por agentes indios, que la drogaron con una cantimplora con un líquido sospechoso para quitarle la vida y relacionó lo ocurrido con esta causa, cuando la llevaron a un hospital, donde los médicos aconsejaron su internación psiquiátrica.Los diplomáticos informaron a la justicia que lejos de intentar matarla fue Melody la que tomó medicamentos psiquiátricos para suicidarse, según le confió a su madre, que fue sometida a un lavaje de estómago y repatriada en un vuelo de regreso, con la indicación médica de someterse a una internación psiquiátrica.Por su parte, Melody en su acusación particular señala que sufrió "situaciones de violencia" a lo largo de los últimos años.Espinoza está procesado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia por incumplir una restricción perimetral de acercamiento a la víctima.La acusación sostiene que existió "abuso de poder" de Espinoza sobre Rakauskas en su condición de empleador. Según la víctima se habría reunido en tres ocasiones con fines laborales dentro de su departamento con Espinoza.En uno de esos encuentros, en mayo de 2021, Espinoza habría comenzado a insinuársele para luego forzarla y manosearla, a pesar de la resistencia de la mujer.Los camaristas que confirmaron el procesamiento del intendente valoraron el relato de la víctima y evidencias que coincidieron con sus dichos. Mencionaron que Melody fue a la municipalidad ante una oportunidad laboral y que, la causa se inició en 2021 luego de un mensaje que Espinoza le habría enviado a la denunciante.Con respecto al delito de desobediencia, los jueces consideraron que también debía confirmarse el procesamiento. De acuerdo al expediente, el 1 de julio de 2021, Espinoza habría quebrantado la disposición vigente desde el 4 de junio de ese año que le impedía acercarse a la denunciante o contactarse de cualquier forma con ella.Aquel día, el imputado la habría contactado a través de una expareja para que desistiera de la denuncia y además habría hablado por teléfono con ella. También, le habrían enviado un documento "en blanco" para remitir al juzgado para dar de baja la denuncia judicial.
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Los pacientes y los trabajadores del Centro de Medicina Física y Rehabilitación (Cemefir), un establecimiento público de La Matanza donde se atienden personas con discapacidad y lesiones neuromotoras, aseguran que el lugar será rematado y desalojado la semana que viene, como fruto de una hipoteca impaga y de la falta de resolución de un proceso de expropiación en el que intervienen el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y la Municipalidad de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza.Desde 2011, pesa sobre la institución de salud una hipoteca tomada por la cooperadora que administraba el lugar, cuyo monto fue en aumento. Según informó a LA NACION una fuente del centro médico bien informada sobre esa deuda, cuando la demanda se inició, el reclamo era por US$450.000; luego de una década, la Justicia determinó que la suma, más intereses, ascendía a US$750.000. Al mantenerse la falta de pago por parte de la cooperadora, la Justicia estableció una multa de US$100 diarios y, en la actualidad, se deben alrededor de US$1.200.000. El proceso judicial está en trámite en el Juzgado Civil y Comercial Nº1 de La Matanza, a cargo de la jueza Laura Mato. LA NACION se comunicó con el juzgado, pero rechazaron brindar información.En diciembre de 2021, la Legislatura bonaerense aprobó una ley de expropiación con la que se aspiraba a resolver los problemas del centro de salud. La norma fue impulsada por legisladores peronistas de La Matanza, como las exsenadoras Ana De Valle y María Reigada, y el actual diputado Ricardo Rolleri. El gobierno provincial debía depositar el pago del valor fiscal del bien, para luego cederlo a la municipalidad que conduce Espinoza, actual aliado de Kicillof dentro de la interna peronista con Cristina Kirchner y La Cámpora. Ese pago no se concretó. "La ley está promulgada y debe cumplirse", afirmó Rolleri a LA NACION. El diputado confía en que la situación se resolverá. "Estamos insistiendo para que se haga el pago", señaló."La cooperadora sacó un préstamo; se votó una expropiación, con un plazo de tres años para pagar, hasta el 23 de enero de 2025. Pasaba a remate si la Provincia no respondía. El 12 de febrero vendría el desalojo", advirtió Norma Kalenok, paciente del Cemefir, que tiene como interventor al doctor Vicente Gago.El Cemefir es el único centro de rehabilitación física gratuito en La Matanza y la zona, atiende entre 120 y 150 pacientes por día. Surgió en la década del 50, para el tratamiento de personas afectadas por la epidemia de poliomielitis. Tiene 30 empleados, entre municipales y monotributistas, que serían reasignados en otros puestos, en caso de que el cierre del lugar se concrete.El viernes, a las 9, se realizará un abrazo simbólico en la puerta del lugar, en la calle Perú 2433, en la localidad de San Justo. Participarán solo los pacientes porque los empleados, según contaron a LA NACION fuentes del centro de rehabilitación, son intimados con descuentos por la Secretaría de Salud Pública de La Matanza (que conduce el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia) en caso de plegarse a la protesta."Hoy, este espacio está en riesgo de desaparecer. El gobierno municipal y el provincial no atienden nuestros reclamos, funcionarios municipales solo se han acercado con palabras y promesas que no se concretan. Se pretende rematar el edificio, priorizando intereses privados por sobre la salud de cientos de familias", reza la convocatoria a la protesta que difundieron los pacientes del Cemefir.La Corte Suprema no dará marcha atrás"Desde diciembre se viene denunciando esta situación. Los pacientes hicieron un abrazo, algunos en sus sillas de ruedas o con sus bastones. El viernes, se acercó un funcionario de la Secretaría de Salud [municipal] y dijo que no se iba a rematar, que estaban haciendo los pasos administrativos. Los pacientes le pidieron ver papeles. Dijeron que los iban a citar y no lo hicieron", afirmó a LA NACION la concejala Natalia Hernández (del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda), que participó de los recientes reclamos en el centro de salud.LA NACION consultó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la intendencia de La Matanza, pero al cierre de esta nota no había recibido respuestas.
Delincuentes ingresaron a una vivienda en un distrito exclusivo de Lima y sustrajeron dinero en efectivo, joyas de oro y un dispositivo con información sensible mientras el propietario se encontraba fuera del país, lo que genera sospechas sobre un posible reglaje previo
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Patricia Juárez anunció que prepara una denuncia constitucional contra la titular de Ministerio Público por acusar a los parlamentarios por cumplir una prerrogativa que está en la Constitución, que es el ejercicio de su voto
El entonces vocero de la bancada de Acción Popular habría pedido el pago de este soborno para que modificar una norma sobre la pesca de atún en el Perú. El monto habría sido repartido entre integrantes del grupo denominado como 'Los Niños'
Señalado por un aspirante a colaborador eficaz y dos testigos, el congresista negó recibir haber recibido dinero en casa de la empresaria, pero admitió el encuentro en Punta Cana. "Fue pura casualidad", dijo
La hipótesis fiscal señala a Bélgica Arangoitia como parte de una organización criminal dirigida por su esposo, que habría recibido beneficios de la empresaria Sada Goday