judicial

Una jueza de Salta advirtió a un abogado por el uso incorrecto de inteligencia artificial en un escrito judicial

La magistrada detectó inconsistencias normativas y alertó que la IA no puede sustituir el análisis jurídico ni el control profesional del letrado, al intimarlo a corregir sus presentaciones para "evitar este tipo de graves errores"

Expropiación de YPF: vence el plazo judicial para entregar chats y crece la presión en Nueva York

El expediente avanza en tribunales estadounidenses con pedidos de información sensible y definiciones clave para el país. La magistrada a cargo rechazó planteos oficiales y endureció su postura frente a demoras Leer más

Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La decisión se fundamenta en la revisión de actuaciones que habrían limitado la libertad de un colaborador judicial, que se acogió a un acuerdo con la Fiscalía y optó por guardar silencio

La reforma electoral será tan profunda como la del Poder Judicial, adelanta presidenta del Senado

Laura Itzel Castillo Juárez subrayó que la magnitud de la propuesta impactará directamente en la estructura del Legislativo

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso "siguiendo el consejo de su defensa" en la causa judicial

"Como ya había comentado, hay una investigación abierta por la DANA. En este procedimiento permanezco como investigada, y por ello, no voy a responder a ninguna pregunta", ha asegurado

Petro sufrió un nuevo revés judicial: juzgado le ordenó retractarse de señalamientos contra la familia de Bernie Moreno, senador de EE. UU.

El jefe de Estado, que se había expresado en redes sociales contra el congresista colomboamericano y sus hermanos, Roberto y Luis Alberto Moreno, tendrá que echar para atrás sus duros señalamientos

Los repentinos movimientos de Milei y Karina en el Poder Judicial

La causa ANDIS alertó a la hermana del Presidente que activó a Santiago Viola y ocupó un asiento en el Consejo de la Magistratura.El Gobierno ya tiene fecha para transferir los juzgados laborales a la Ciudad, para que no sean un obstáculo para la reforma laboral.

Círculo rojo: agitado fin de año judicial y político, reforma laboral y delivery de fondos

Círculo rojo: agitado fin de año judicial y político, una explosiva denuncia en la Corte y delivery de fondos

Juez que uso indebidamente la IA para fallar en caso de abuso sexual podría ser sancionada: Comisión de Disciplina Judicial tomó decisión clave

La actuación disciplinaria se originó tras la nulidad de una sentencia condenatoria, al evidenciarse citas inexistentes, errores de motivación y un uso no supervisado de herramientas de inteligencia artificial

Papá de Abelardo de la Espriella perdió batalla judicial contra Petro por videos que lo relacionan con el "Ñeñe" Hernández

Un juzgado consideró que el accionante no agotó los mecanismos disponibles para solicitar la eliminación o rectificación de las publicaciones difundidas por el mandatario en la red social X

Acemi advirtió posibles consecuencias penales por desacato del Ministerio de Salud en el ajuste de la UPC: "Estamos frente a un fraude a resolución judicial"

La presidenta de la entidad, Ana María Vesga, respaldó la decisión de la Corte Constitucional de abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales para ajustar la Unidad de Pago por Capitación

Los padres del bebé asesinado en Ciudad Real pasarán este domingo a disposición judicial

Reforma laboral: se calienta la interna en la Rosada y crece el frente judicial

Karina Milei asegura que la nueva norma será sancionada antes de fin de año. Su optimismo contrasta con la preocupación de los funcionarios que mantienen dos años de conversaciones con el sindicalismo y advierten que enfrentan uno de los peores momentos desde el comienzo del gobierno libertario. La CGT no descarta presentar un amparo en Tribunales, porque el proyecto no tendría que haber ingresado por el Senado, sino por la Cámara de Diputados. Leer más

Escándalo con la AFA: qué se sabe de los allanamientos y la causa judicial hoy, 12 de diciembre

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Fuentes judiciales detallaron que, además de los agentes encargados del operativo, en el inmueble se encuentran seis peritos designados por el juzgado para tasar la finca -tres expertos de la Corte Suprema y tres del colegio de Martilleros de San Isidro-.El martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Los operativos se realizaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.Allanamiento en la quinta de PilarEl megaoperativo en la quinta de PilarAdemás de tasar el lugar, se hará también una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron las fuentes.En ese marco, el juez Rafecas ordenó que en caso de hallarse vehículos u otros objetos suntuarios en el lugar, también se los tase y releve.En imágenes, así es la quinta de PilarQuién es el dueño de la mansión La mansión está a nombre de Real Central S.A., de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, pero la sospecha es que ellos serían prestanombres de altos dirigentes de la AFA. La denuncia, presentada por la Coalición Cívica, plantea la sospecha de que podría ser del presidente de la AFA, Claudio Tapia, o del tesorero de la asociación, Pablo Toviggino.Antecedentes de la quintaLa quinta de Villa Rosa fue adquirida por el exfutbolista y director técnico Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, el 28 de julio 2023, fue vendida a la firma Malte SRL, que la tuvo a su nombre menos de un año. El 30 de mayo de 2024, la compró Real Central SRL.Malte SRL también está vinculada con la AFA: uno de los socios, creen los investigadores judiciales, sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, que está dentro de la estructura de la AFA.Malte SRL, además, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, según los registros públicos de la AFA: "Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL", informó la AFA. Indicó que se hizo así "teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación [del VAR], sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo".

El Gobierno impulsará una agenda legislativa clave: los roles en la negociación y la contención judicial

Con los proyectos enviados, la Casa Rosada centraliza la estrategia para motorizar la sanción de las reformas de segunda generación y el Presupuesto 2026. La cumbre preparatoria

La ciudad necesita un Código de Ética Judicial

La ciudad de Buenos Aires tiene la oportunidad de construir un sistema judicial moderno y confiable, distinto del modelo nacional que durante años sufrió abandono, demoras interminables y falta de reformas profundas. Pero para lograrlo no alcanza con infraestructura, tecnología o nuevos procedimientos: hace falta un marco ético claro que ordene expectativas y fortalezca la confianza ciudadana.La discusión no es técnica, sino profundamente política e institucional. Es necesario definir si queremos tener un código, por qué lo necesitamos y qué valores debe resguardar. Y ese debate, lejos de ser accesorio, es parte de la arquitectura básica de un Poder Judicial que aspire a ser ejemplar.La justicia porteña no arrastra el deterioro que sufrió la justicia nacional. Quienes hemos litigado toda la vida ante los tribunales nacionales sabemos que sus problemas no se deben a sus jueces ni a sus trabajadores, sino a un sistema al que la política abandonó durante años: expedientes que duran más de una década, infraestructuras obsoletas, procedimientos ineficientes y una ciudadanía que solo recuerda al Poder Judicial cuando le toca padecerlo.Ese modelo; lento, desgastado y sin reformas profundas, no debe replicarse en la ciudad. Por eso, el traspaso de competencias desde la Nación no puede ser una mera transferencia administrativa: debe ser una oportunidad para modernizar procedimientos, invertir en infraestructura, incorporar tecnología y construir un sistema más ágil, más transparente con respaldo en los derechos humanos y perspectiva de género, más cercano al ciudadano.Pero ninguna reforma será suficiente si no se sostiene sobre un pilar central: la calidad ética de quienes administran justicia.La Argentina ha demostrado, en momentos decisivos de su historia, que un Poder Judicial independiente y valiente puede cambiar el rumbo institucional del país. Nadie imaginaba, en su momento, que el Juicio a las Juntas podría realizarse sin interferencias. Y, sin embargo, sucedió. Hoy atravesamos otros procesos de enorme trascendencia vinculados a la corrupción estructural; procesos que, más allá de las opiniones personales, marcan un punto de inflexión para una sociedad que durante décadas toleró la corrupción como parte del paisaje.Para que esto sea posible, se necesitan jueces capaces, independientes y con convicciones éticas firmes. No alcanza con buena técnica jurídica: hace falta integridad, independencia, imparcialidad, principios que rigen la prudencia, responsabilidad y un compromiso profundo con el deber de impartir justicia.Un Código de Ética Judicial es, precisamente, el instrumento que permite dar claridad y previsibilidad a esos estándares. No se trata de perseguir ni de sancionar; se trata de orientar, de fijar criterios comunes, de definir qué espera la sociedad de quienes integran el Poder Judicial y qué conductas resultan incompatibles con esa función.Considero que la Ciudad Autónoma no debe copiar modelos ajenos ni adherir mecánicamente a códigos internacionales. La ética judicial debe construirse a partir del perfil del juez porteño que se busca y del rol que se espera de sus jueces, fiscales y defensores.Entonces, cada jurisdicción tiene su identidad, su cultura institucional y sus desafíos. Un código debe ser propio, genuino y funcional a esa realidad. Debe contemplar no sólo las conductas tradicionales, sino también los dilemas actuales: redes sociales, vínculos con otros poderes del Estado, conflictos de interés, independencia frente a la presión mediática y el manejo responsable de la información pública. A la vez que dar respuestas a consultas e interrogantes que surgen de la propia función, abordados en un Comité de Consulta Ética.A partir de la "Jornada de reflexión propuesta de un Código de Ética Judicial para la CABA" concluimos que la ética judicial no se impone: se construye. Requiere diálogo entre magistrados, legisladores, abogados, especialistas y la sociedad civil. Requiere reconocer que un sistema judicial no mejora solo con infraestructura o tecnología, aunque ambas sean esenciales, sino con personas que encarnen los valores que la sociedad necesita.En definitiva, avanzar hacia un Código de Ética Judicial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un gesto simbólico ni una reforma de manual. Es asumir la responsabilidad institucional de construir un Poder Judicial ejemplar, a la altura de la confianza que los ciudadanos merecen.Consejero del Consejo de la Magistratura CABA

Poder Judicial lanza nueva convocatoria laboral 2025 en Lima y 7 regiones: sueldos de hasta S/ 5.600

Los perfiles solicitados incluyen espacio para personas con secundaria completa, y abarcan Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros

Hugo Aguilar Ortiz rinde su primer informe en la Suprema Corte: independencia judicial y el reto de acercarse al pueblo

La modernización digital de la Suprema Corte incluye la digitalización de 181 oficinas y la actualización del Semanario Judicial de la Federación

La cobertura de vacantes y la reforma judicial, ejes del debate en la cena de la Asociación de Magistrados

El encuentro anual de jueces y funcionarios estuvo marcado por la preocupación ante la falta de designaciones y las advertencias sobre posibles cambios en el sistema de selección. Y recordaron a quienes integraron el Juicio a las Juntas: "Condenaron cuando debían condenar"

Ricardo Lorenzetti: "El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional"

El juez de la Corte Suprema advirtió que hay "40% de cargos vacantes" en los tribunales, y expresó su inquietud por la composición del máximo tribunal, que cuenta con tres miembros desde hace un año

Page, tras la sentencia a García Ortiz, pide a PP y PSOE "no deslegitimar" el modelo judicial que ellos han pactado

Irene Montero atribuye la sentencia contra García Ortíz al "golpismo judicial" contra el que el PSOE es "impotente"

Masivo homenaje del poder judicial a los camaristas del Juicio a las Juntas, a 40 años de la histórica sentencia

Con la presencia de varios de los integrantes de aquella Cámara Federal, la Corte Suprema en pleno, y numerosos funcionarios de la Justicia, se realizó este martes un acto de conmemoración, a cuatro décadas del proceso contra los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura

En la mira judicial. Un club nuevo, con un estadio que lleva el nombre de Tapia y la camiseta de Sur Finanzas

El último objetivo de los 33 allanamientos ordenados por la Justicia es el estadio denominado "Claudio Chiqui Tapia". No se trata de la cancha de Barracas Central, sino de la sede de Estrella del Sur, un club con menos de 20 años de vida, que cultivó un vínculo de admiración a la actual gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, y lleva en su camiseta el logo de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo. El club del Ascenso estaba afuera de todos los radares. En el estadio que lleva el nombre de Tapia hace de local Estrella del Sur, un equipo del partido de San Vicente que logró el salto a la "C" en octubre de 2024. En ese momento la AFA le dedicó un posteo: "Gran campaña, con invicto incluido hasta el momento, para el conjunto de Alejandro Korn, que obtiene su merecido derecho a participar en el Torneo de Primera División C en el 2025â?³.La investigación judicial llegó a Estrella del Sur porque es uno de los clubes del Ascenso que recibió aportes de Sur Finanzas. La camiseta del club exhibe el logo de la financiera de Vallejo, investigada por presunto lavado de dinero. Desde que LA NACION reveló el primer expediente judicial vinculado a Vallejo, el 2 de noviembre pasado, su empresa sólo emitió un comunicado en el que habló de "acusaciones infundadas".Como en otros clubes, Vallejo se involucró en el crecimiento de Estrella del Sur y utilizó esa relación para vincularse con la política. En sus redes compartió una foto junto al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y la camiseta del club. La publicación dice: "Desde Sur Finanzas reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento de los clubes y la construcción de espacios donde los sueños se hacen realidad en equipo". Ese día, el club disputó un partido contra Camioneros, el club de los Moyano.Estrella del Sur y Vallejo también tienen otro punto en común: su perspectiva sobre la gestión de Tapia al frente de la AFA. El club de San Vicente posteó distintos mensajes en apoyo al mandamás del fútbol argentino.El 29 de marzo de este año, Estrella del Sur recordó el octavo aniversario de Tapia al frente de la AFA: "!Gracias Chiqui por estos ocho años de crecimiento y compromiso con nuestro fútbol!". Antes de ese aniversario, en octubre de 2024, Estrella del Sur también le dedicó palabras a la dirigencia de la AFA: "Ratificamos nuestro apoyo incondicional a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentina y al Consejo Federal, encabezados por Claudio 'Chiqui' Tapia, Pablo Toviggnino, Javier Treuque y Dante Majori.", sostuvo en una publicación, previa a la reelección de Tapia.El club de San Vicente nació en marzo de 2006. En unos meses va a cumplir sus primeros 20 años de vida. Arrancó el año pasado en la última categoría y en el segundo torneo ya logró el ascenso a la Primera C. El operativo en el estadio de Estrella del Sur es parte de una ola de allanamientos ordenados por el juez Luis Armella, que instruye una causa contra el club Banfield que luego se alimentó con el contenido de la denuncia presentada por la DGI. Además de los clubes, también hay operativos en la sede la AFA y en las oficinas de la Superliga. El fisco acusó a Sur Finanzas PSP de presunto lavado de dinero y y habló de transferencias por $818.000 millones. Entre los sujetos a cargo de esas transferencias identificó a contribuyentes no confiables, que se encuentran en el registro de emisores de facturas apócrifas, sujetos no categorizados y monotributistas con escasa capacidad económica. De ahí proviene el concepto de "ejército de soldaditos", utilizado por uno de los investigadores de la DGI.Dentro del listado de transferencias que forma parte de la denuncia del fisco también se encuentran los clubes. San Lorenzo encabeza el ranking con $660 millones. LA NACION ya había revelado que Sur Finanzas le prestó al club que preside Marcelo Moretti más de $1600 millones y le giró un adelanto de $300 millones que, según autoridades de la institución de Boedo, fue gestionado por AFA.En el anexo también aparece Racing Club, con $100.005.990. Con la Academia, el dueño de Sur Finanzas ya tenía un vínculo comercial y hasta se ilusionó con tener alguna injerencia en la política interna del club. Durante la gestión del expresidente Víctor Blanco, Vallejo firmó un contrato para ser uno de los principales sponsors de la camiseta. La inversión inicial fue de US$1 millón, según un documento al que accedió LA NACION.La fiscal federal Cecilia Incardona reveló al impulsar la denuncia que a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP se hicieron transferencias con varios clubes. Además de San Lorenzo y Racing, mencionó a Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.De ese listado de clubes del Ascenso, solo aparece el monto de las transferencias de Temperley, con apenas $4.119.400, y de Morón, con otros $453.990. Del resto, no figura la cifra, según pudo constatar LA NACION.En el anexo de personas jurídicas que mandó la DGI también aparece Argentinos Juniors, según pudo comprobar este medio, el club que preside Cristian Malaspina, con $200 millones transferidos.Aunque forman parte de las transferencias señaladas por la DGI, los clubes hasta ahora no fueron denunciados. Las principales sospechas del Fisco y de la Justicia apuntan a otros movimientos.

Un árbol aplastó un auto en San Martín y el dueño le ganó la disputa judicial a la municipalidad

La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que ordenó una indemnización millonaria y actualizada a favor del damnificado. La controversia por la responsabilidad, la falta de mantenimiento y el impacto económico en la vida del propietario del vehículo

Magistrada del Poder Judicial de Veracruz pidió licencia por un año

La legislatura local autorizó que la funcionaria judicial deje su puesto tras la solicitud presentada por la propia jurista

Kicillof aguarda que la Nación avale la toma de deuda y no descarta hacer un reclamo judicial

Por ahora no habrá una presentación ante la Corte para que el Ministerio de Economía habilite la medida aprobada en la Legislatura. En La Plata esperan "agotar todas las instancias de diálogo" y deslizan que la cartera de Caputo "sabe que somos de las provincias más austeras"

Conflicto judicial: un camarista laboral desestimó un fallo del Superior Tribunal de Justicia porteño

El conflicto que se presenta en la Justicia nacional, que rechaza que sus decisiones sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, está generando situaciones curiosas.Un camarista laboral desestimó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que revocaba una condena contra una empresa y mandó al juez de primera instancia a ejecutarla.El camarista laboral es Gabriel de Vedia, de la Sala V, que explicó a LA NACION que no es que desconoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, sino que desestimó considerarlo como tal, porque rechazó el camino procesal que tomó la empresa para recurrir su sentencia.Señaló que la firma, en lugar de recurrir su condena ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso de queja y que el máximo tribunal reenvíe el caso a la Ciudad, fue directamente a buscar un fallo en la justicia porteña, sin seguir el procedimiento anterior."Si la Corte me indica que debe intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, yo obedezco", dijo el camarista.El caso es el de Stella Maris Goncalo contra la empresa Distribuidora Pompeya SRL por despido. Allí, el camarista De Vedia relató que la empresa, cuando se estaba ejecutando la condena "acompañó al proceso un documento en el cual se lee una resolución que habría dictado el STJ de la ciudad de Buenos Aires en el Expte Nro. TSJ 44430/2025-0 "DISTRIBUIDORA POMPEYA SRL s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'".Dijo el juez que "tal documento se introdujo bajo la firma electrónica del letrado interviniente por la parte perdidosa y lo cierto es que en las actuaciones no ha tomado intervención â??ni podría haberlo hechoâ?? ningún órgano ajeno al Poder Judicial de la Nación, cuya competencia ha sido asumida oportunamente y no fue declinada por las partes en momento alguno". El camarista entiende que el fallo del Tribunal Superior de Justicia es casi un papel sin valor de un órgano al que no le reconoce competencia."La faena pretendida por la parte perdidosa de acudir por vía oblicua, a un tribunal local, por fuera del trámite recursivo que habilitan los arts. 256, 257 y 258 CPCCN, violentan el debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional", dijo De Vedia, para quien el camino procesal debió ser diferente del que tomó el abogado de la empresa.Así, el magistrado desconoció el fallo del máximo tribunal porteño: "La pieza acompañada no es una decisión jurisdiccional adoptada en el marco del proceso tramitado en esta causa, en la cual esta sala ya se ha pronunciado y dictado sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión el 28 de febrero de 2025â?³, argumentó.Recordó que el recurso extraordinario de Distribuidora Pompeya SRL fue denegado, al igual que el planteado por la ley de la ciudad. Dijo que se desestimó porque "se pretendió impulsar la intervención de un tribunal ajeno". Por eso, afirmó que no tiene nada en lo que decidir, pues ya resolvió y mandó la causa al juez de primera instancia para que ejecute la condena contra la empresa. "En síntesis, del trámite regular de estas actuaciones no surge motivo alguno para reasumir la competencia oportunamente atribuida a esta Sala, pues no hay recurso introducido ni otro supuesto que justifique la 'consulta' en plena etapa ejecutoria, por ello se impone devolver las actuaciones a primera instancia para la continuidad del trámite según su estado, pues esta Sala no entiende por avocación", escribió el camarista en su fallo.Y recordó como una nota al pie: "Las decisiones emanadas de los órganos que integran la Justicia Nacional del Trabajo, una vez agotadas las instancias respectivas del procedimiento ordinario previsto en dicha ley, son recurribles únicamente en los términos previstos en los artículos 256, 257 y 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (Resolución de Cámara Nº 4, de fecha 12/2/2025)". Es decir, que no considera al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el caso.La Corte Suprema de la Nación estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad interviene como máximo tribunal de revisión de las causas de la justicia nacional en lo laboral, civil, comercial y penal. Los jueces nacionales resisten este fallo y redactaron acordadas para criticar a la Corte por esta decisión, en la que ven un menoscabo a sus funciones."Extrema gravedad"Por este caso de Distribuidora Pompeya, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) alertó sobre la extrema gravedad institucional del conflicto entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires."Desconocer la decisión de su superior genera una situación de extrema gravedad institucional", dijo Fores en su pronunciamiento. Sostuvo que "esta actuación quiebra la seguridad jurídica, vulnera la autoridad de los tribunales superiores y expone a las partes a demoras y costos procesales innecesarios"."Las sentencias de la Corte Suprema y de los superiores tribunales deben cumplirse. La Justicia no puede funcionar como un sistema de decisiones paralela, ni puede someter al ciudadano a la incertidumbre derivada de disputas internas", afirmó Pablo A. Pirovano, presidente de Fores.El foro remarcó la necesidad de restablecer la coherencia jerárquica del sistema judicial, asegurar el acatamiento de la doctrina de la Corte y evitar que los conflictos entre jurisdicciones afecten derechos y garantías de los litigantes.

Marcelo Gallo-Tagle: "El poder político busca eliminar al Poder Judicial, domesticarlo"

El Poder Ejecutivo avanza sobre el Poder Judicial en Estados Unidos y en Europa, y la pelea que vienen dando los jueces latinoamericanos en defensa de su independencia es un ejemplo para el resto del mundo. Así reflexiona el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que advirtió sobre un fenómeno creciente en la región y el mundo: el intento del poder político de "domesticar" a la justicia para eliminar los controles institucionales. Según el juez argentino, que estará en la presidencia de la FLAM hasta mayo de 2026, cuando los gobiernos de turno buscan el poder absoluto y se encuentran con fallos de inconstitucionalidad que frenan sus reformas, pasan a ver al Poder Judicial como un obstáculo que debe ser removido o neutralizado. Gallo Tagle destacó que, si bien en Argentina se logró frenar el avance de la "democratización de la justicia" en 2013, por el proyecto que impulsó Cristina Kirchner, ese modelo de cooptación política se concretó en México, donde se generó un precedente peligroso que otros mandatarios de la región observan con anhelo. En México, dijo, el narcotráfico cooptó la elección popular de los jueces.Desde su rol regional, el juez señala con preocupación que incluso países con tradiciones democráticas sólidas, como Costa Rica o Estados Unidos, están experimentando ataques inéditos a la independencia judicial. En este contexto, Gallo Tagle defendió la resistencia de la Asociación de Magistrados argentina como un modelo exitoso observado por sus pares internacionales, aunque admitió la necesidad de autocrítica frente a las deudas de la justicia con la sociedad, como la lentitud en los procesos. Además, rechazó la elección popular de jueces â??como se implementó en Bolivia y Méxicoâ??, argumentando que este sistema politiza la función judicial y favorece la llegada de magistrados alineados con el poder político o, peor aún, con el crimen organizado.â??¿Por qué es importante que un juez argentino presida la FLAM?â??Es un reconocimiento a la actividad que han desarrollado los jueces argentinos a través de la Asociación de Magistrados en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Es una labor que hemos llevado a cabo con mucho esfuerzo y contratiempos, pero con resultados exitosos en general. Eso es muy mirado desde la región por otros países que integran la Federación, los cuales están sufriendo avasallamientos que nosotros logramos superar, mientras que ellos, en algunos casos, no han podido o se encuentran en situaciones de debilidad para enfrentarlos.â??¿Se refiere a la democratización de la justicia de 2013 o estás hablando de hechos más recientes?â??Hablo de todas esas situaciones. Logramos frenar en aquel momento un avance, que era la "domesticación" de la justicia. Sin embargo, eso es lo que logró el presidente de México el año pasado al reformar su Constitución con la elección popular de los jueces.â??¿O sea que lo que se intentó acá, allá se concretó?â??Sí. Cuando visité México, quince días antes de que se concretara la reforma, Cristina Kirchner había estado allí. Se reunió con Manuel López Obrador y lo felicitó porque él estaba logrando lo que ella no pudo en Argentina. Quince días después, yo desembarqué para intentar explicar el alcance negativo de esa reforma, pero mi discurso resultó insuficiente porque los votos ya existían y se aprobó.â??¿Hay riesgo de que ocurra lo mismo en otros países de América Latina?â??No de forma tan contundente como en México, pero más de un país ya mostró su beneplácito con el sistema aprobado allí. El presidente Gustavo Petro en Colombia hizo comentarios favorables a la reforma mexicana. Cuando la Justicia declara la inconstitucionalidad de esas reformas, el poder político ve al Poder Judicial como un obstáculo. Como no logran domesticarlo ni politizarlo, buscan sacarlo del medio porque es el "poder incómodo".â??¿Cómo ve hoy la situación en la Argentina?â??Hoy en la Argentina no hemos tenido ningún tipo de presión externa por parte del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Justicia. En el tiempo que lleva la actual presidencia no hubo ataques a la independencia judicial. â??¿Tienen temor de que si avanza una reforma previsional se intente cambiar el régimen jubilatorio de los jueces?â??Se habla mucho de eso, pero entendemos que, si se analiza racionalmente, no debería ocurrir. Hoy el sistema previsional de los jueces no solo se autosatisface, sino que aporta al sistema general de la Anses. Nuestro aporte es del 18% y sin tope, mucho más grande que el de cualquier ciudadano. Es un sistema especial, no de privilegio.â??¿En qué otros países de Latinoamérica hay riesgo o se está violando la independencia judicial?â??Costa Rica, un país que siempre fue muy respetuoso de la independencia judicial. El presidente Rodrigo Chaves Robles, está mutando esa costumbre y nos obligó como FLAM a pronunciarnos ante ataques personalizados contra magistrados que dictan fallos incómodos para el Poder Ejecutivo. Algo parecido ocurre en Perú, donde hay una persecución desde el Congreso a los magistrados que cuestionan ataques a la independencia. Lo que tienen en común, y que también tuvo la Argentina, es que el avasallamiento busca correr del medio al poder que pone límites.â??¿Sus colegas de otros países cómo valoran la situación argentina?â??Observan esa situación cambiante según el Poder Ejecutivo de turno. Ven que algunos gobiernos son reacios a tolerar la independencia y atacan a los jueces, mientras que en otros períodos hay respeto. Lo que ven con buenos ojos es el desempeño y la eficacia de nuestra Asociación de Magistrados para llevar adelante esa defensa.â??¿Y la sociedad? ¿Sale en defensa del Poder Judicial o es una defensa gremial?â??Generalmente, la sociedad no sale en defensa del Poder Judicial, salvo en casos excepcionales como fue el intento de juicio político a la Corte. Lo más frecuente es que compren la imagen negativa que se instala. El poder político, para limar la división de poderes, trata de desprestigiar nuestra imagen.â??Pero seguro tiene una autocrítica, no va a decir que todo es perfecto...â??Jamás. Hay deudas muy graves: causas que tardan 20 años, problemas en el fuero laboral y civil... Estoy absolutamente de acuerdo. Que yo defienda la independencia no significa que hagamos todo bien. De hecho, cuando un juez no se desempeña correctamente, somos los primeros interesados en que sea expulsado, porque es una mancha para todos. â??Usted que recorre Latinoamérica, ¿qué tenemos que importar y qué tenemos para exportar?â??Exportamos la fortaleza y el éxito en la defensa de la independencia judicial. ¿Qué importar? La convicción en la defensa de la independencia, compartimos los mismos principios. Incluso Estados Unidos, que siempre fue nuestro modelo doctrinal, hoy muestra defectos similares en su cúpula judicial, con alineamientos ideológicos y ataques del poder político. Europa también vive situaciones terribles en España, Francia e Italia. Es como si Latinoamérica hubiera tenido los problemas primero y ahora ellos nos miran para ver cómo respondimos.â??¿Cuál es el riesgo de la elección popular de los jueces?â??La elección popular, como se implementó en Bolivia y México, politiza la carrera judicial. Obliga al juez a buscar patrocinadores y hacer campaña, lo que elimina su independencia. ¿Cómo le explicás a un ciudadano que el juez será imparcial si la otra parte financió su campaña? Además, la participación en esas votaciones suele ser bajísima. En Bolivia, con menos del 10% de participación, terminaron designados jueces alineados con el poder de turno. En México, con un porcentaje similar, ganan jueces alineados con el narcotráfico. Solo en Suiza (para jueces vecinales) y en algunos estados de EE.UU. (que están retirando el sistema) tienen voto popular; no es un modelo comparable al que se intenta imponer en nuestra región.â??Mencionaba que incluso en Estados Unidos y Europa están apareciendo problemas que parecían exclusivos de nuestra región. ¿Sienten que ellos ahora nos miran para buscar soluciones?â??Sí, nos miran porque tuvimos los problemas primero y quieren ver qué respuestas planteamos para enfrentarlos. Integramos la Unión Internacional de Magistrados, que engloba a 93 países, y en las últimas asambleas hemos escuchado informes preocupantes sobre avasallamientos que antes no se conocían, como recortes salariales y ataques políticos. Es curioso, pero ocurre algo inverso a lo que pasaba antes con la moda, que salía allá y llegaba acá tiempo después. Ahora es al revés: estas circunstancias ocurrieron primero en Latinoamérica y están empezando a ocurrir allá. La causa es la misma: al ser un "poder incómodo" que pone límites, buscan domesticarlo.

"Panzagate o pectoralesgate": Abal Medina, su andar con el torso desnudo y un caso que podría ser un golpe a la autoridad judicial

Si alguien pensaba que el caso Cuadernos había adquirido un formato foto carnet, donde se lucen apenas un rostro en proporciones mínimas, pues incurrió en un error. Este cronista, como muchos otros, abonaron la teoría de que, al menos, habría una dosis de decoro. Pero no fue así.En la última audiencia, el torso desnudo de Juan Manuel Abal Medina inundó la pantalla. Una caminata con la cámara abierta y un primer plano de un blanco propio de un nórdico del exjefe de Gabinete decoraron la sesión. A un mes de iniciado por Zoom, ya no quedan ni las formas de apuntar el rostro en el paradigmático juicio por corrupción más importante de la Argentina moderna. Inmediatamente, los pectorales del exfuncionario se convirtieron en tendencia en redes sociales. Y fue el propio imputado exhibicionista el que ofreció una explicación. "Estimados, comparto la nota que presentamos al tribunal sobre el panzagate" del viernes pasado", escribió en un texto en el que envió la presentación judicial.A continuación, sus explicaciones. "Visto que distintos medios periodísticos habrían atribuido presuntas imágenes personales durante el debate, intentando resaltar un inexistente actuar desconsiderado de mi parte, quiero aclarar al Tribunal a todo evento, y con las disculpas del caso, que el momento que se intenta malintencionadamente reflejar se corresponde a circunstancias bien anteriores al inicio de la audiencia", explica.Dice Abal Medina que esa preparatoria "se presume reservada y sin acceso al público como consecuencia del pedido del tribunal de conectarse una hora antes para colaborar con el inicio de las jornadas diarias".De acuerdo al escrito presentado por el hombre de torso blanco, estaba en su domicilio particular, a la espera de la conexión y del turno de "registración y chequeo de identidad", a los que cataloga "requisitos de mero trámite previo al inicio del juicio a través de Zoom". Finamente, las explicaciones definitivas: "Actué con el pleno convencimiento de que la cámara de mi computadora se hallaba apagada y que tampoco correspondía grabación ni registración alguna", escribió en el escrito judicial titulado "Hace saber". El "panzagate" o el "pectoralesgate", de acuerdo al lugar en el que se pose la vista al ver el video, es una muestra más de las particulares formas de un juicio se se esperaba como pocos. Se trata de un desplante a la formalidad jurídica y a la ejemplaridad de un proceso que, a diferencia de la gran mayoría de los que se dieron hasta ahora, no juzga un caso de corrupción sino un sistema que engendró la Argentina en el que los favores del Estado se pagaban con devoluciones de bolsos llenos de dinero.Aquella impunidad marginal que transitó por los subsuelos de edificios con piel de cristal es lo que ahora se debería sentar en el banquillo de los acusados. La oralidad y las formas de un juicio penal no son para la televisión, son para que los que nada tienen que ver clamen por su inocencia y los culpables, pues tengan su merecido. Pero más allá de las condenas, lo que la Argentina debiera procurarse después de este caso es un esquema de contratación estatal transparente y claro, que le ponga un límite preciso a las conductas de los funcionarios que vengan y que no deje todo librado a la buena conducta o a la moral del contratista que ocupe el cargo.La causa Cuadernos se ha convertido en una guarida para que los condenados se mantengan escondidos frente a una sociedad que no pide condenas, sino que más bien quiere saber qué pasó y sobre todo, cómo seguirá el camino de los negocios con el Estado de ahora en más. Los imputados parecen el logo de un canal de televisión que se posan en un ángulo perdido de la pantalla como para no aparecer jamás ni siquiera en cuadro. Julio De Vido deglute en cámara -para horror de un especialista en protocolo con la boca abierta- y un empresario hacía gala de la pulcritud de sus sábanas mientras retozaba en su cama. Se ríen, ponen la computadora lejos, posan loa abogados mientras resuelven otros menesteres y muchos acusadosRoberto Baratta, el exfuncionario que era el responsable de los viajes que hacía el chofer Oscar Centeno, hasta hace poco tiempo paseaba con su bicicleta con la tobillera, sin pudor y sin saludar a nadie por el country Mapuche. Y no son pocos los que lo vieron decenas de veces en los supermercados de la zona de Pilar. Durante las audiencias se sucederán decenas de certificados médicos para eximir a los imputados a presentarse, siquiera, a la pantalla virtual. Al menos, si se oficializa la posibilidad de estar con el torso desnudo, quizá sea una buena oferta como para que aban su camarita cuando disfrutan de la pileta. El martes, cuando se regrese del fin de semana largo, la famosa Sala AMIA, con capacidad para algo más de 200 personas y ubicada en el corazón de Comodoro Py, ya estará disponible. Pero no hay caso, la cosa seguirá por Zoom. La audiencia está citada para las 13.30 cuando se prenderá el Zoom y empezará otra velada más en la que, al menos, deberían estar todos vestidos.Hay un tema no menor: el tribunal oral de la causa Cuadernos funciona en el Palacio de Tribunales y no el edificio de Retiro. En los pasillos de la justicia federal se dice que los jueces se niegan a la mudanza a Comodoro Py y el abandono de sus despachos y de ahí que pidieron insistentemente el recinto en el que se juzgó a las juntas hace 40 años que, casualmente queda en el Palacio. Pero, más allá de la razón, el martes todo será por Zoom.La causa Caudernos va camino a ser un boomerang para institucionalidad argentina. Se trata de un formato que no tiene acusados en el banquillo sino personajes escondidos conectados a un Zoom. Desde la cama, desde un auto, desde 10 metros detrás de la cámara o con el torso desnudo en la previa. No hay apego a ninguna forma que, por caso, tomaron otros países para procesos paradigmáticos como el Mani Pulite en Italia, el Lava Jato en Brasil o el juicio a Alberto Fujimori en Perú, por citar algunos casos cercanos y conocidos.En la Argentina del siglo XXI, y después de estar en el tribunal durante 6 años, no fue posible adecuar una sala, pese a que se sabía desde hace meses cuándo iba a iniciar el proceso. El auditorio principal del Palacio de la Libertad (exCCK), el Centro de Convenciones de Tecnópolis, el Teatro Nacional Cervantes, el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional (con capacidad para 200 personas), son algunos de los lugares estatales que podrían haber servido para llevar adelante el proceso.Y si hubiesen golpeado la puerta del Gobierno de la Ciudad, por caso, aparecen decenas de salas en el Teatro o el Centro Cultural San Martín, o el Auditorio que se ubica frente a la Facultad de Derecho. El efecto adverso del caso Cuadernos empieza a verse en el horizonte, al menos si se mantienen las formas y podría convertirse en una amenaza para el estado de derecho, y no por la desobediencia ciudadana sino del propio deterioro institucional.Cuando jueces, fiscales y organismos de control abandonan la imparcialidad, la transparencia y el trato respetuoso, la autoridad jurídica se vacía de contenido. La ley deja de ser un mandato colectivo y se convierte en la voluntad del funcionario de turno. Y cuando la gente percibe que las reglas ya no son claras ni iguales para todos, la legitimidad â??el cimiento invisible que sostiene la obedienciaâ?? se desploma. La coerción podrá aumentar, pero el respeto no vuelve: sin justicia procedimental ninguna institución conserva autoridad. Lo que cae ya no es una norma, sino la confianza pública que mantiene cohesionada a una sociedad.La sociedad argentina se acostumbra mansa a espectáculos como este caso que se empieza a ver como una trinchera para ocultarse y difuminar los hechos. Cualquier lector que tenga que estar dos veces por semana por Zoom se preguntará qué hacer con su trabajo, con sus obligaciones. Pero ningún imputado tiene ese problema, como si la necesidad de trabajar no existiese más después del paso por la función pública. Cuando un juicio se traslada a Zoom, la Justicia pierde parte de su liturgia y, con ella, un componente central de su autoridad: la percepción pública de que el proceso es serio, controlado y solemne. La virtualidad diluye jerarquías, desordena los comportamientos y habilita escenas que jamás se darían en una sala física: imputados que se esconden de cámara, abogados conectados desde el auto, interrupciones triviales, excusas pueriles y actitudes que en un tribunal serían imposiibles. Lo que está en juego no es la tecnología, sino la credibilidad. Un juicio que debe transmitir rigor termina por parecer una videollamada. Y cuando la Justicia no se distingue de una reunión doméstica, es la propia idea de autoridad jurídica la que se desmorona.

El jefe de Estupefacientes detenido en Valladolid pasa mañana a disposición judicial

La Dian anunció remate judicial desde los $10 millones en todo el país: así puede participar en la subasta

Propiedades embargadas con valores de partida bajos aparecen en el catálogo de remates judiciales para diciembre, una oportunidad para los colombianos en diferentes zonas del país

Medida judicial provisoria: orden a una madre a pagar la cuota alimentaria de sus tres hijos

SANTA FE.- En un fallo de gran repercusión social, en las últimas horas la Justicia de Familia de los Tribunales Provinciales de Rosario, resolvió que una madre pague la cuota alimentaria de sus tres hijos, quienes viven con el padre desde octubre de 2024.En la resolución se mencionó expresamente que el padre se ocupa de sus hijos todo el día, con ayuda de familiares, sin que la madre hubiera realizado ningún aporte de dinero o en especie en favor de sus hijos.En la resolución, la Justicia afirmó que "la fijación de alimentos provisorios, de naturaleza cautelar", se basa en normas que otorgan al magistrado la facultad de establecer una cuota alimentaria, que rige hasta la sentencia y que no causa estado, según su prudente arbitrio y las circunstancias especiales del caso.En la resolución se "estimó prudente" fijar la cuota alimentaria en un 35% de los haberes de la madre, suma que no podrá ser inferior al equivalente a 1,5 del salario mínimo, vital y móvil ($483.300).El padre de un niño y 2 niñas -con el patrocinio de la abogada Silvia Cagna- reclamó la determinación de cuota alimentaria provisoria en favor de sus hijos contra la progenitora.Según los datos que maneja la justicia santafecina, desde que los chicos viven con el padre, este se ocupa "todo el día" de su crianza con ayuda de familiares, mientras la madre no realiza ningún aporte económico ni en especie. Por su parte, la demandada explicó que sus ingresos no son elevados y que se encuentra en una situación económica apremiante, además de estar realizando tratamiento psicológico y psiquiátrico.Sin embargo, el juzgado recordó que los alimentos provisorios son una medida cautelar que puede fijarse de inmediato para garantizar el sostén de los menores mientras avanza el proceso judicial, sin esperar una sentencia definitiva.En general, frente a estos casos que se les presenta, la Justicia aplicó normas que establecen que la obligación alimentaria recae sobre ambos padres, según sus capacidades, independientemente de quién tenga el cuidado personal.Por otra parte, se enfatizó que es una medida provisoria y cautelar, que busca una solución rápida para las necesidades de los menores mientras avanza el proceso principal.Además, la resolución marca un caso poco frecuente, ya que invierte el esquema tradicional y obliga a la madre -en este caso no conviviente- a hacerse cargo del aporte económico para sus hijos, mientras se define la situación de fondo.Responsabilidad Este fallo subraya la responsabilidad parental compartida, recordando que la obligación de contribuir a la alimentación, educación y desarrollo de los hijos es de ambos progenitores, y la Justicia interviene para garantizar el derecho de los niños a una vida digna, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.Pero la posición de la Justicia es la que marca diferencia en relación con otros casos. Se entiende que "la cuota alimentaria es responsabilidad de ambos padres, y la Justicia interviene para asegurar que se cumpla, incluso si debe ser la madre quien la pague o los hijos (en caso de padres mayores)".

Historia, causa judicial en Estados Unidos y conflicto político y fueros en Argentina

Detenida hace 20 años por una causa federal de drogas en Florida, encarcelada, condenada por un jurado y luego beneficiada por la anulación del veredicto, Lorena Villaverde regresó a la Argentina antes de que la Justicia de EE.UU. archivara su expediente por inactividad. Hoy, ya sin condena pero con un pasado borroso, su llegada al Senado está en suspenso. Del banquillo de un tribunal estadounidense a la lucha por mantener sus fueros y preservarse. Leer más

La causa de la financiera cercana a la AFA desató una guerra judicial

La representante del Ministerio Público Fiscal que venía investigando a la empresa Sur Finanzas S.A. fue denunciada ante Procurador por el magistrado Federico Villena. Se abre una etapa inesperada en uno de los casos que apuntan contra el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Acusan a Incardona de duplicar medidas. Leer más

Macarrón: "Yo salí con capa y espada a enfrentarme al mundo judicial"

El viudo de Nora Dalmasso habló después de la confirmación del juicio político contra los tres fiscales que llevaron a cabo la investigación. Dice que su familia fue convertida en sospechosa desde el comienzo, denuncia una "mala praxis judicial" que mantuvo imputado a su hijo adolescente y afirma que la causa se desvió por decisiones "descabelladas". Rechaza vínculos políticos con De la Sota y recuerda el daño emocional y profesional que sufrió. "Hicimos un gran equipo para enfrentar estos quince años", dijo sobre la lucha familiar. Leer más

Fallo judicial ordena indemnizar a un familia por el estallido de una mampara de baño

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda en base a una pericia que atribuía la responsabilidad a los hijos de 2 y 11 años

Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay Campos por el caso 'Las Gardenias'

La medida judicial busca garantizar la comparecencia del exdirigente del MRTA durante el proceso por crímenes cometidos contra integrantes de la comunidad LGTBI en la región San Martín entre 1989 y 1992

Sur Finanzas: analizan más de 50 teléfonos y escala la disputa judicial por las causas

La Justicia tiene en su poder más de 50 teléfonos secuestrados en los allanamientos realizados esta semana en una de las causas judiciales en torno al financista Ariel Vallejo. Entre los celulares se destaca, justamente, el dueño de Sur Finanzas, que lo entregó de manera voluntaria, el de su madre, Graciela Vallejo, y el del expresidente de Banfield, Eduardo Spinoza, pudo saber LA NACION de fuentes judiciales. En paralelo, sigue escalando la disputa por el manejo de la investigación. El juez federal Federico Villena, a cargo de la denuncia de la DGI contra Vallejo, denunció hoy a la fiscal Cecilia Incardona de intentar apropiarse de las dos causas que tramitan en los tribunales de Lomas de Zamora. La disputa comenzó la semana pasada, cuando Incardona cuestionó el sorteo que le asignó la causa a Villena y planteó que debía anexarse a otro expediente, donde se investiga a ex directivos de Banfield. El juez rechazó esa maniobra argumentando que las causas no tenían puntos de conexión: "Dada la incipiente investigación en curso ante este Juzgado, lo cierto es que tanto las personas físicas como las jurídicas que de momento se encontrarían imputadas no resultarían ser las mismas".En la causa de Banfield se investiga una maniobra de lavado de dinero. Ese expediente arrancó en julio y se alimentó esta semana con la información que aportó la DGI en el expediente principal por lavado y evasión. Con esos datos, Incardona pidió una serie de allanamientos, que fueron ordenados por el juez Luis Armella. Durante esos procedimientos, se secuestraron un total 52 teléfonos. "La mayoría son de empleados de Sur Finanzas en la sucursal de calle Seguí", explicó una fuente de la investigación. En el listado también aparecen los celulares de Federico José Spinoza. Oscar Fabián Tucker, Ignacio Javier Urquiza, y el expresidente de Banfield, Eduardo Spinoza. Vallejo entregó su teléfono el martes en la sede del juzgado de Armella. También llevó el de su madre, Graciela, que aparece en varias sociedades. En ese celular, pudo saber LA NACION, hay conversaciones con dirigentes de fútbol. Vallejo por ahora se mantiene en silencio. "Yo solo hablo con el Chiqui", dice por lo bajo, aunque la relación con el presidente de la AFA estaría en crisis. En total se allanaron 11 sucursales de la financiera. Los procedimientos fueron en Rivadavia 944 (Pinamar), donde se secuestraron tres celulares; Seguí 780 (Adrogué); Florida 501 (CABA); Alsina 711 (Banfield); Irigoyen 9443 (Lomas de Zamora); Rojas 61 (Monte Grande), Esteban Adrogué 1180 (Adrogué), Leandro Alem 246 (Monte Grande); Ramos Mejía 188 (Ezeiza), en el shopping Plaza Canning, y en el local del aeropuerto de Ezeiza. En la sede central, en el centro de Adrogué, además de teléfonos se llevaron mucha documentación y dinero en efectivo. Tras la ola de allanamientos, los investigadores ahora apuntan a analizar los documentos y el contenido de los teléfonos. Según pudo saber LA NACION, también se secuestraron contratos de sponsoreo de Sur Finanzas a diferentes clubes y varios contratos de compra venta de jugadores. Dos causas paralelasEsa causa está a cargo del juez Armella y de la fiscal Incardona. En cambio, la denuncia de la AFIP contra Vallejo sigue en el juzgado de Villena, que este viernes denunció a la fiscal de intentarse "apropiarse" de su causa. El juez decidió enviarle los detalles de la maniobra al procurador Eduardo Casal "para que en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública". Villena planteó que Incardona "retrasó el envío a sorteo" de la denuncia de la DGI y "forzó el inicio de una investigación penal preparatoria con pseudo medidas que no revestían ninguna urgencia, y postergó la real premura que debió haber otorgado, dada la gravedad de los hechos denunciados, al envío de esa denuncia a sorteo". No solo eso. El juez sostuvo que la causa contra los ex directivos de Banfield, radicada en julio de este año, casi no había tenido avances. "Desde el 18 de julio al 27 de noviembre -4 meses y 9 días- solo se recibió una declaración testimonial", sostuvo Villena al hacer lugar a la apelación. La disputa ahora deberá ser zanjada por la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, las dos causas avanzan en paralelo. Vallejo también tiene un expediente en el fuero Penal Económico, una causa de 2021 donde se investiga la operatoria de las casas de cambio, y otro expediente en el juzgado de María Servini.

Destapan nuevo caso de corrupción: funcionario creó nómina paralela para apropiarse de al menos $500 millones de la Rama Judicial

La Comisión de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 20 años al profesional de la administración judicial en Cartagena, tras comprobar los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación

La acción legal con la que el general (r) Rodolfo Palomino busca quedar en libertad mientras se define su situación judicial tras condena en primera instancia

El otrora director de la Policía Nacional de Colombia permanece recluido en un complejo militar ubicado en Bogotá, por los delitos de tráfico de influencia en servidor público

Presa y condenada: cómo fue el derrotero judicial por narcotráfico de la senadora electa Lorena Villaverde en EE.UU.

La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó LA NACION.La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como "USA v. Restrepo, et al".Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión. En ese sentido, LA NACION contactó a su vocero ayer y le transmitió diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que hoy contactó a este diario, planteó que atraviesa "un momento bastante complejo" e indicó que se contactaría, "inmediatamente", al salir de una reunión. Al cierre de esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que Villaverde "no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder" y que "no tiene vínculos con el narcotráfico". Se trata, indicaron, de "una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años", pero que "más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado". Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).Al momento de ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una "boutique" ubicada en la avenida Collins al 1000, había gestionado un número de la Seguridad Social -terminado en 9346- y se movía con una licencia de conducir emitido en el estado de Florida.Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, el Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable -al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.Días después, Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia oral.Culpable y clemenciaTras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las "Guías de Sentencia Federal". Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas "Guías".En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió -y logró- algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó LA NACION en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.Retorno a la ArgentinaEn el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó LA NACION. Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión -pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su "ayuda sustancial"-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.¿Qué pasó con ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que compulsó LA NACION.Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico "Fred" Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.¿Lo último que hay en el expediente "USA v. Restrepo, et al"? Un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde -o aportadas por ella- fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.

Alcalde Ulises Villegas se presenta como prófugo y desafía al Poder Judicial: "Estamos preparando una defensa contundente"

El burgomaestre de Comas cuestionó la resolución judicial en su contra y defendió la conclusión de la obra vinculada al caso. Tras participar de manera virtual en una sesión del concejo municipal, no volvió a aparecer públicamente y se mantiene vigente la orden para su captura

Trabaja en el Poder Judicial con secundaria completa: así puedes postular a la convocatoria laboral 2025 en Lima y 10 regiones

La institución abrió 27 vacantes para personal en 11 departamentos, con sueldos que van desde S/ 1.200 hasta S/ 7.400. Revisa aquí los requisitos, regiones disponibles y fechas límite de postulación

La definición de penas en el caso Strzyzowski se acerca a la feria judicial y podría demorarse al año próximo

El jurado popular ya declaró culpables a Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, pero aún no se definió qué pena recibirá cada uno. La fiscalía solicitó prisión perpetua para los tres.

Poder Judicial condena a Pedro Castillo a más de 11 años de cárcel: ¿Cuándo saldrá libre?

El expresidente Pedro Castillo fue condenado por conspiración para la rebelión. El 7 de diciembre del 2022 intentó dar un golpe de Estado junto con Betssy Chavez, Willy Huerta y Anibal Torres

Fuerte crítica del presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026: "Nos toca pedir limosnas"

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez advirtió que la reducción de recursos afecta la autonomía y el funcionamiento de los órganos judiciales, y señaló que la Constitución garantiza la independencia judicial solo "en el papel"

Puente Ciudad de la Paz: tras el fallo judicial que prohíbe removerlo, el gobierno porteño frena la segunda etapa de la obra

Tras la medida cautelar de la Justicia que, por impulso de vecinos y asociaciones patrimonialistas, ordenó al gobierno porteño suspender cualquier intento de demolición o desarme del Puente Ciudad de la Paz, la administración local decidió acatar la medida y frenó la segunda etapa del proceso iniciado para el reemplazo de la centenaria estructura, que une los barrios de Palermo y Colegiales. Aunque esto fue celebrado por quienes luchan por la permanencia del viaducto histórico, admiten que el conflicto está lejos de darse por cerrado.Hace poco más de un mes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 había considerado que existía "un riesgo real e inminente de que se produzca un daño irreparable al patrimonio cultural de Buenos Aires" y ordenado suspender cualquier intento de demolición o desarme del puente, construido en 1919 y protegido mediante su catalogación como bien patrimonial. Lo hizo en respuesta a la acción de amparo colectivo impulsada por dos asociaciones civiles frente a la licitación convocada por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) para la instalación de una nueva estructura.Ahora, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la Resolución Nº 606, firmada el 17 de noviembre por el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua. El documento estableció que la Etapa 2 de la obra "Puente Ciudad de la Paz" queda sin efecto "hasta tanto se haya dictado sentencia firme en la causa EXP 215671/2025-0â?³. Para las organizaciones impulsoras del amparo, la decisión representa un avance relevante. Desde Basta de Demoler explicaron: "Es muy importante que en tan poco tiempo se haya definido todo. Es obvio que la movilización vecinal fue bastante importante. Esto no lo hizo solo Basta de Demoler, si no hubiesen estado todas esas movilizaciones, esto no hubiese salido adelante".Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, su fundador, Jonatan Baldiviezo, coincidió en que la resolución se ajusta a lo dispuesto por la Justicia. "Es algo positivo porque el gobierno en cierta forma decidió acatar la medida cautelar. La resolución que da de baja la etapa 2 del puente es simplemente un cumplimiento de lo dictado por el juzgado contencioso administrativo. Al estar suspendida todo tipo de demolición, no tenía ningún sentido avanzar con la licitación, porque estaba prohibido cualquier trabajo que implicara afectar la estructura".La mencionada etapa incluía el diseño y la fabricación de una nueva estructura metálica de cuatro tramos destinada a reemplazar la existente.Baldiviezo también advirtió que el trasfondo del conflicto continúa abierto. "Esto no implica que el gobierno haya desistido de su voluntad de demoler el Puente Ciudad de la Paz, sino que solamente está acatando la prohibición de demolerlo establecida por la Justicia". En paralelo, desde Basta de Demoler remarcaron que el proceso está lejos de darse por cerrado. "Sabemos que las Autopistas Urbanas SA (AUSA) suspendieron la licitación hasta que se resuelva la cuestión legal, pero también sabemos que el gobierno de la ciudad siempre apela los fallos judiciales, así que sabemos que acá no se terminó", afirmaron.En ese sentido, llamó la atención la circular en la que AUSA prorroga la apertura de ofertas de la licitación solamente hasta el 5 de enero de 2026, una fecha cercana en la que es imposible que se haya dictado la sentencia definitiva del litigio judicial. El conflicto, que ya acumula varios capítulos, movilizó a los vecinos de la zona. En diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la estructura fue cerrada al tránsito por riesgo estructural. Sin embargo, las obras de reparación no comenzaron hasta fines de 2024. El 31 de marzo de este año se reabrió al tránsito vehicular, en un acto encabezado por Jorge Macri y Bereciartua. Cuatro meses después, AUSA lanzó la licitación para construir una estructura más amplia que permitiera el paso de camiones, con respaldo del jefe de gobierno. Justificaron la iniciativa en supuestas fallas estructurales y problemas de seguridad, aunque los informes técnicos oficiales contradijeron esa versión. El llamado para la obra chocó con la catalogación que protege a la estructura, por lo que luego AUSA solicitó al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) la descategorización. Luego de varias sesiones frustradas, la votación rechazó el pedido.La suspensión de la etapa 2 abre ahora un período de espera entre las partes: la Ciudad, por un lado, y los vecinos y organizaciones patrimonialistas, por el otro. "El gobierno va a quedar a la espera de lo que termine resultando en la decisión final del juicio, como también lo haremos nosotros", señaló Baldiviezo.Desde Basta de Demoler dijeron que permanecerán alertas. "Vamos a estar muy atentos a lo que siga sucediendo porque sabemos que el gobierno de la ciudad no va a aflojar y sabemos que van a apelar", afirmaron."El próximo paso para nosotros y para los vecinos es pensar un proyecto positivo en el puente y en su entorno. Los vecinos tienen ganas de proponer un arreglo: rampas para personas con movilidad reducida, mejoras en los terrenos linderos y también una pequeña plaza vecinal. Ojalá podamos organizarnos para avanzar con eso", concluyeron.

Terrorismo y crimen organizado: la UBA lanzó un centro estratégico con apoyo de figuras del Poder Judicial y el Congreso

La apertura del nuevo instituto de estudios reunió a jueces, fiscales, legisladores, embajadores y especialistas. Se destacó un mensaje del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y un reconocimiento al canciller israelí Gideon Sa'ar

La defensora Iris Marín ganó batalla judicial contra Armando Benedetti: archivaron denuncia en su contra por injuria y calumnia

La Fiscalía General de la Nación decidió cerrar la investigación, tras determinar que las declaraciones de la defensora se basaron en información verificada y divulgada previamente por varios medios de comunicación

Regresa la jueza vinculada a la red de Andrés Hurtado: María Vidal La Rosa asume presidencia en sala penal del Poder Judicial

Pese a las investigaciones por presuntas faltas muy graves y nexos con Andrés Hurtado, la magistrada volvió al PJ gracias a una medida cautelar

Revés judicial para el ICE: qué migrantes podrían solicitar fianza tras ser detenidos en EE.UU.

La jueza federal Sunshine Sykes, del Distrito Central de California, aprobó una certificación clave.

Estos fueron los argumentos del Poder Judicial para condenar a Martín Vizcarra a 14 años de prisión

El Poder Judicial también impuso 730 días multa y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al final de la audiencia, Martín Vizcarra se pronunció y dijo que la decisión "no es justicia, es venganza"

Martín Vizcarra: ¿Cuánto deberá pagar de reparación civil tras la sentencia del Poder Judicial por coimas?

El exmandatario recibió 14 años de cárcel, 9 de inhabilitación y una multa económica que se suma al monto de reparación fijado por el PJ

Historial judicial de Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino de 'Cuco Vanoy', revela vínculos con lavado de activos y empresas fachada de oro

El desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC estaba vinculado a redes de lavado de activos y exportación de oro ilegal, que generaron tensiones con distintos actores armados del Bajo Cauca

Diego Cadena bajo la lupa en el caso por paramilitarismo del hermano de Álvaro Uribe: asesoría a testigos y manipulación de testimonios en la causa judicial de Santiago Uribe

La decisión judicial contra Santiago Uribe también ordena a la Fiscalía investigar al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la administración de justicia

Fallo judicial condenó a una aerolínea a pagar "daño moral" por reiteradas reprogramaciones de vuelos

El fallo fue firmado por el juez federal Carlos Arturo Ochoa y obliga a la compañía aérea al pago de $1.300.000 pesos por el daño extrapatrimonial sufrido por el viajero y sienta precedente. Leer más

ERC pide al PSOE que, más allá de "llorar" por la condena al fiscal, cambie la ley en pro de un Poder Judicial "decente"

Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde recibió un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante y uno de los acusadores del caso donde está siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.El expediente se abrió en 2023 cuando se descubrió a Insaurralde navegando en el yate El Bandido en Marbella con la modelo Sofía Clerici.En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola, la UIF y el titular de la fiscalía antilavado (Procelac), Diego Velasco, pidieron indagarlo y desde entonces no hubo ninguna decisión al respecto del juez Luis Armella, que está este año frente del caso. Como se trata de un juzgado vacante, antes lo subrogaba Ernesto Kreplak.Insaurralde, en busca de debilitar la acusación, planteó que la UIF, que es la unidad antilavado que depende del Poder Ejecutivo, no puede ser querellante ni acusador, ya que un decreto del presidente Javier Milei le impide asumir ese rol.La Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo del juez Armella que rechazó esa pretensión e Insaurralde recurrió a la Cámara de Casación Penal para que revise ese fallo.Ahora, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, por mayoría, decidieron dejar a la UIF como querellante, con la disidencia del tercer magistrado, Mariano Borinsky.Hornos, que lideró la votación, dijo que el fallo recurrido no es una sentencia definitiva ni equiparable y por lo tanto el recurso debe ser rechazado. Incluso, afirmó que "la decisión recurrida â??que cuenta con un doble conforme judicialâ?? no supera el límite de impugnabilidad objetiva". El juez Carbajo coincidió con sus argumentos.En disidencia, el juez Borinsky entendió que se debía abrir el recurso porque se asemeja a uno definitivo, imposible de reparación ulterior, y votó por casar la sentencia y mandar a revocarla por el decreto de Milei que prohíbe a la UIF querellar.Los fiscales Mola y Velasco pidieron la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activosAdemás de Insaurralde, están imputados sus dos hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, su exesposa Carolina Álvarez y dos supuestos testaferros: su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadio.Los fiscales detallaron que los hechos investigados giran en torno a una supuesta trama de lavado de activos, en la que se habrían utilizado fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas de Insaurralde.El esquema abarca tres ejes fundamentales: la administración de inmuebles, la adquisición de automotores y la incorporación de fondos ilegales al sistema financiero formal.Insaurralde quedó en foco cuando viajó entre el 15 y el 20 de septiembre de 2023 a Marbella y se gastó mas de 40.000 euros y 8000 dólares, con Clerici.Este viaje forma parte de un patrón de gastos en el que Insaurralde pagó al menos 75 vuelos internacionales por casi 100.000 dólares.La Fiscalía sostiene que estos gastos, asociados a vuelos internacionales y paquetes turísticos de lujo, no tienen correlato con los ingresos legítimos que Insaurralde pudo haber percibido como funcionario público, sea en la intendencia de Lomas de Zamora como en la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof.

Abogado Iván Cancino respondió a crítica del alcalde Galán al sistema judicial: "No presione los jueces"

El abogado se pronunció tras los señalamientos del alcalde de Bogotá sobre la liberación de detenidos por hurto, defendiendo la labor judicial y pidiendo fortalecer la prevención y el trabajo policial en la ciudad

Podemos avisa que no basta con nombrar a una nueva fiscal general y reta al PSOE a actuar contra el "golpismo judicial"

CAL alerta grave amenaza judicial tras denuncia de la JNJ contra juez Torres Tasso por el caso Delia Espinoza

El Colegio de Abogados de Lima advierte que la ofensiva penal de la Junta Nacional de Justicia constituye un amedrentamiento al Poder Judicial y vulnera la separación de poderes en medio del caso Delia Espinoza

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

A través de una demanda de amparo, la defensa de la exmandataria acusa al Congreso de la República de destituirla sin respetar el debido proceso

Dina Boluarte pide al Poder Judicial anular su vacancia y acusa al Congreso de vulnerar su defensa

La exmandataria presentó un amparo para dejar sin efecto la resolución que la declaró incapaz moral permanente; afirma que el Parlamento actuó sin debido proceso y con notificación mínima

Un fallo judicial evita la tala de árboles en un conflicto entre vecinos

Un juez había ordenado retirar un sauce y un ciprés ubicados en el fondo de un inmueble, a raíz de una demanda presentada por el propietario lindero. La Cámara de Apelaciones revocó la medida y evitó la extracción

Helipuertos en Guatapé deberán cerrar y trasladarse por fallo judicial

El Consejo de Estado dispuso medidas urgentes tras denuncias de comunidades rurales por contaminación acústica y riesgos asociados a la cercanía de helipuertos con viviendas, escuelas y zonas sensibles

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

La Sala Penal Nacional revisará el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva por el caso "Las Gardenias", a pocas semanas de que venza la condena por terrorismo que el fundador del MRTA cumple desde 2006

Tras una orden judicial, la Fundación Valle del Lili reveló cuántos procedimientos de reafirmación de género ha practicado a menores

La cifra fue revelada en una respuesta oficial ordenada por una tutela y divulgada semanas después de que el caso de una joven que cuestionó la atención que recibió durante su transición cuando era menor de edad, reactivara el debate nacional sobre estos procedimientos en niños y adolescentes

Promulgan ley para incorporar a trabajadores del Poder Judicial al régimen laboral de la actividad privada

Una normativa publicada hoy otorga a colaboradores contratados bajo la modalidad CAS en la judicatura la posibilidad de acceder a los beneficios laborales y la protección del régimen de la actividad privada

Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno tras condenar el TS al fiscal general

El futuro judicial que puede 'salvar' al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

Mientras se conozca solo el fallo, pero no los detalles de la sentencia, García Ortiz y el Ejecutivo se verán presionados públicamente

Intentó declarar incapaz a su madre: la Justicia puso fin al calvario judicial de una mujer de 87 años

Con críticas al "embate constante" de la hija, se confirmó que una mujer de 87 años es plenamente capaz. La adulta mayor relató que ya "no aguantaba más" el proceso, que se extendió desde 2021 y la sometió a pericias, audiencias e inhibición de bienes

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica

La extrabajadora de limpieza fue detenida con el bebé en brazos en su vivienda y confesó el secuestro. Las autoridades investigan cómo logró vulnerar los controles del hospital

Vialidad empezó a reparar una ruta en la Patagonia, tras una orden judicial

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La provincia de Río Negro le ganó la pulseada a la Casa Rosada y, tras una orden judicial, Vialidad Nacional comenzó a reparar la ruta nacional 151, que conecta con La Pampa.Empleados con maquinarias de Vialidad Nacional inició tareas a unos 25 kilómetros de la localidad de Catriel, en uno de los sectores más deteriorados y peligrosos del corredor. "Este movimiento marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después de que la Justicia reconociera el abandono y ordenara medidas urgentes", señalaron desde el gobierno provincial.En octubre, y poco antes de las elecciones legislativas, el gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la ruta nacional 151, que presenta un avanzado estado de deterioro y resulta uno de los principales ingresos a la Patagonia. Días antes, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo de Hugo Greca, había hecho lugar al amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenó a Vialidad Nacional que ejecute de manera urgente las obras de reparación y mantenimiento.En la misma línea, hace pocos días quedó firme la sentencia que ordenó a Vialidad Nacional la reparación urgente de la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón. La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por el entonces senador -y actual gobernador- Weretilneck y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la ruta, en particular esos 120 kilómetros entre ambos destinos turísticos.Al asumir Javier Milei, el gobierno nacional redujo la inversión en obra pública para equilibrar las cuentas fiscales y con el argumento de que abrían la puerta a la corrupción. Además, el Gobierno aseguró que existía un exceso de personal sin funciones en el área de Vialidad.Desde entonces, provincias como Río Negro y Formosa fueron a la Justicia para reclamar que se retomen las obras.En el caso de la ruta 151, con la sentencia firme ahora corre el plazo para que Vialidad ejecute obras de forma inmediata y presente informes técnicos obligatorios que garanticen la seguridad del tramo.Desde el Ejecutivo rionegrino agregaron que si bien la apelación presentada por el gobierno nacional mantiene frenado el avance formal de la causa por la 151, "el inicio de reparaciones indica que Vialidad Nacional tomó nota de la gravedad del cuadro y de la responsabilidad que la Justicia le adjudicó en ambos procesos". Según dijeron, se trata de "una señal de que las decisiones judiciales comenzaron a ordenar las prioridades del organismo nacional".En el caso de la ruta 151, el fallo reconoce el derecho colectivo a la seguridad vial y responsabiliza a Vialidad Nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación, imponiéndole además la elaboración de un plan de mantenimiento integral de la calzada. Debe también garantizar el cumplimiento de las obras dentro de los seis meses posteriores a la sentencia.La demanda había denunciado el "estado calamitoso" de los 150 kilómetros de la Ruta 151 que atraviesan Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa. Se detalló que la falta de mantenimiento afecta a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, complica los traslados sanitarios y perjudica sectores productivos clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.

Poder Judicial ordena captura de Betssy Chávez: Ernesto Álvarez niega intervención en embajada de México

El juez Juan Carlos Checkley dictó cinco meses de prisión preventiva contra la ex ministra al considerar que incumplió las normas de conducta impuestas

El caso D'Onofrio: la trama judicial detrás de una red de favores y ocultamiento de bienes en el sistema vial bonaerense

La Justicia avanzó con nuevas medidas tras detectar maniobras financieras irregulares vinculadas a un vehículo de lujo y a presuntas operaciones ilícitas dentro del sistema de control provincial

Jordà (ERC) acusa a Sánchez de no impulsar una reforma judicial "democrática que hacía falta"

Tellado ve "acreditado" que el fiscal general es "un delincuente" y denuncia que se hable de "golpismo judicial"

Urtasun ve la condena a García Ortiz como "un intento de la derecha judicial de defender a Ayuso y golpear al Gobierno"

Sigue proceso judicial contra "Chakin", activista del medio ambiente en Nayarit, pese a acusar irregularidades

Isaac Cárdenas Valdez utilizó su cuenta oficial de Facebook para enviar un mensaje a las personas que lo han apoyado en esta confrontación legal

Albiach (Comuns) sobre la condena del Supremo al fiscal general: "Esta sentencia es un golpe judicial"

Sumar arremete contra la condena del TS al fiscal general, que califica de "golpe judicial en toda regla"

Podemos tacha de "puro golpismo judicial" la condena de inhabilitación del TS al fiscal general

La intervención judicial impidió que se subastara una calculadora inventada por Pascal en 1642

El tribunal administrativo de París anuló provisionalmente el permiso de exportación de la pieza, considerada única en el mercado privado. La Pascalina, creada entre 1642 y 1645, podría ser declarada tesoro nacional por su relevancia histórica y científica. Científicos y oenegés habían alertado sobre el riesgo de que una obra fundacional del cálculo moderno saliera del país.

Un juzgado nacional laboral recibió el premio FORES a la excelencia judicial

Se trata del juzgado nacional del fuero laboral N° 45, a cargo de la jueza Rosalía Romero. El tribunal premiado posee varias certificaciones de calidad IRAM 9001 y es muy reconocido por su propensión a arribar a acuerdos tempranos

Una pelea de perros desató una batalla judicial y dejó lecciones sobre convivencia

El hecho sucedió en 2020, en Mar del Plata. El dueño de uno de los animales había resultado mordido. El tribunal ratificó la condena por daños tras el incidente y mantuvo la culpa compartida. La responsabilidad de los dueños y el cumplimiento de las ordenanzas municipales fueron los ejes del fallo

Informe final de $Libra: Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron encubrimiento judicial

El informe final afirma que el Presidente violó deberes públicos, que funcionarios del Gobierno negaron información y que sectores del Poder Judicial frenaron medidas decisivas. El documento pide evaluar mal desempeño presidencial. Leer más

Denise Richards rompe el silencio tras el proceso judicial contra su exesposo Aaron Phypers

Richards reapareció públicamente días después del fallo que le concedió una orden de restricción por cinco años

Abren convocatoria de ingreso y ascenso en la Rama Judicial de Colombia: estos son los requisitos y cargos ofertados

El nuevo concurso de méritos permitirá a profesionales postularse a diversas posiciones en tribunales y juzgados, bajo estrictos principios de transparencia y equidad

Exjefe paramilitar 'don Berna' aseguró que solo dará su testimonio en proceso judicial por el crimen de Carlos Pizarro si la Corte Suprema da el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

La decisión de Diego Fernando Murillo Bejarano se conoció pocos días después de que el presidente Gustavo Petro firmó la renovación de gestores de paz de 'don Berna' y Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón

Contraloría alerta por retraso en el pago de bonificación judicial para 59.000 empleados: pondría en riesgo fiscal al Ministerio de Hacienda

Miles de trabajadores del sector justicia siguen sin recibir el ajuste salarial anual, mientras la supuesta falta de decreto del Gobierno nacional genera riesgos fiscales y posibles demandas contra el Estado colombiano

Canacol Energy solicitó protección judicial a corte canadiense por crisis financiera

La empresa de gas natural enfrenta dificultades económicas por incumplir pagos y recibir un laudo arbitral adverso, lo que la llevó a buscar reestructuración bajo supervisión judicial

Vladimir Cerrón aprovecha tragedia de policía para 'negociar' su libertad: "Lo opero si cambian mi situación judicial"

El prófugo líder de Perú Libre, que aspira a la presidencia, ofreció operar al suboficial Roger Quispe solo si se levantaba la orden de prisión preventiva en su contra. Su propuesta no tuvo éxito

El PP dice, tras negarse Ayuso al registro de objetores al aborto, que "si hay dudas", debe acudirse a la vía judicial

Esperó 18 años un fallo por su hija discapacitada: "No es culpa de los jueces, es la inoperancia del sistema judicial"

Javier Fernández Cronenbold es un hombre paciente. A sus 50 años, es sereno en sus gestos, no levanta el tono de voz, pero lo que tiene de calmo lo tiene de tozudo, persistente. Solo así se entiende que haya podido esperar 18 años una sentencia en el caso donde reclama una indemnización porque su hija, hoy de 23 años, fue víctima de una mala praxis médica al nacer, que le provocó una parálisis cerebral.Milagros está hoy en una silla de ruedas con sostén del tórax, se alimenta mediante un botón gástrico, no habla ni controla sus esfínteres, emite gemidos o sonidos guturales, realiza movimientos cefálicos sin propósito, no tiene control motor voluntario o respuesta a órdenes verbales y usa pañales. En su casa, una grúa que cuelga del techo ayuda a colocarla y sacarla de su silla. Entiende, da a entender sus deseos, da y recibe el amor de su padre, su mamá Cata y sus tres hermanos de 16, 20 y 22 años. Mili es la mayor.En 2007, sus padres demandaron al médico que la atendió, a la partera, a Swiss Medical Group SA y a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina SA, además de a las aseguradoras de todos ellos, por los daños sufridos como consecuencia de la atención brindada por los médicos durante el parto. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió aumentar la indemnización que había reducido un fallo de la Cámara Civil. Pasaron 18 añosâ??¿Qué pensás de los tiempos de todo este proceso?â??Es una locura. Cuando empecé esto, averigüé, buscábamos sentencias parecidas, que son juicios en otros países, que duran dos años o tres años. Pero nuestro sistema es así, porque acá no hay siquiera un caso de corrupción judicial en el medio, es así. Es la inoperancia del sistema judicial. No es ni siquiera culpa de los jueces. No tienen nada que ver, es que todo se puede apelar, siempre hay una chance de apelación de la apelación del recurso, la prueba de la prueba de la prueba y nunca se llega a un final. Es que es así.â??¿Si hubieras sabido que esto era así, habrías hecho lo mismo? -Digo, si hay otra persona que tiene una situación así, le diría que haga lo mismo, pero le contaría todo lo que hay en el medio y todo lo que tiene que pasar, que aún no terminó.Fernández Cronenbold cuenta a LA NACION: "Mili nació el 23 de enero del 2002, fue todo un embarazo totalmente normal, todo fantástico, todas las ecografías fantásticas. El día del parto tuvimos un monitoreo fetal a la 1 de la tarde. Ahora con el diario del lunes te digo que ya denotaba un sufrimiento fetal porque tenía una doble circular de cordón"."A las 7 de la tarde de ese día, Milagros nació por parto normal, pero le tendrían que haber hecho una cesárea de urgencia a las 3 de la tarde con su cuadro. O a las 5 de la tarde cuando llegó al médico. Con ese se acababa todo. Ahí con ese estudio, ya sabían por las pulsaciones del monitoreo fetal sobre la doble circular del cordón umbilical", explica el ingeniero.Milagros sobrevivió en esas condiciones a dos paros cardíacos luego del nacimiento. Uno en la propia sala de partos, de donde se la llevan y la reviven; y el otro esa misma tarde en neonatología, donde estuvo 23 días con respirador. La doble circular del cordón hizo que se estrujara y que no le llegara la sangre ni el oxígeno.â??¿Cómo fue la evolución posterior?â??Volvimos a ver al médico después y nos dice que estaba todo perfecto. Pero cuando contestan la demanda, cinco años después, ahí nos dicen que había una patología de la placenta. La inventan, por eso la sentencia de Cámara dice que hay dudas sobre el nexo causal de la parálisis, pero es un invento. La enfermedad la inventan en la contestación de demanda.â??¿Cómo se decidieron a demandar?â??Comenzó ahí una vida bastante compleja para nosotros ese año. Lo charlaba con amigos y me cayó la ficha de que algo tenía que averiguar. Al día siguiente llamo a un pariente que me deriva con su abogado, Héctor Iribarne, que es quien lleva nuestro caso. Esto fue cuando Mili todavía no había cumplido un año, en diciembre del 2002.â??¿Por qué tardaron 5 años en plantear la demanda?â??Teníamos una copia del monitoreo que no estaba en la historia clínica, sino que nos lo había dado el médico y buscábamos una copia de la historia clínica hasta que la conseguimos. Nuestro abogado, con el perito neurológico Ignacio Casas Parra, estudiaron el caso y nos dijeron: "Acá hay una mala praxis del tamaño de un elefante". Y empezó el trabajo de armar el reclamo, bastante complejo porque hay infinidad de rubros a reclamar de cosas que no pasaban aún con Mili, pero que iban a pasar con los años y aún no se conocían.â??¿Y qué pasó?-Tras un trabajo de investigación, la Justicia mandó allanar los cinco lugares donde podía estar la historia clínica original, la encontramos y ahí avanza la demanda en diciembre de 2007, con Mili de casi 5 años.â??¿Por qué diez años para recibir una respuesta del juez de primera instancia? ¿Negligencia o es así?â??Es un derrotero largo. Me lo habían advertido antes que esto iba a durar años. Esto dura años, años, años y años y encima todos los que están del otro lado juegan con eso, porque la dilución de los montos por el tema de los intereses es enorme. En cualquier sentencia civil de juicios muy viejos, cuando la indemnización se multiplica por tasa activa, se destroza, en comparación con el ajuste por inflación. Entonces, ellos también juegan con eso. De hecho, tuve algún acercamiento a través de un conocido en común y ellos sostenían que no iba a prosperar un juicio tan grande. Al final hubo dos o tres ofertas de arreglos irrisorios. Ahí está el poder medianamente aguantar el juicio, porque tengo otra fuente de ingreso, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y eso es lo que te da un poco de bronca.Fernández Cronenbold es ingeniero y tiene una PYME que se dedica a fabricar equipamiento médico.-No todo el mundo puede...â??Hay muchísima gente que está en la misma y no lo puede hacer porque le ofrecen dos pesos y tiene que agarrarlo porque no tienen otro remedio, ya que el costo de la discapacidad es altísimo. Todo es más caro, desde el vehículo que necesitás, la comida, los alimentos, las sillas. Algunas cosas tienen cobertura de la obra social, pero hay otras muchas que no y no entran en ninguna ecuación, como hacer un pasillo más grande o una habitación abajo, porque Mili no puede dormir arriba. Un montón de cosas.â??¿Y qué pasó ahí en el trámite del proceso? ¿Por qué demoró tanto?â??Hubo idas y vueltas, prueba, contraprueba, declaración, mediaciones, peritaje, otros del cuerpo médico forense, que esto, que lo otro. Traté de no meter a mi mujer en esto hasta que finalmente llegó diez años más tarde un fallo de primera instancia a favor. El fallo era bueno en un montón de cosas, le daban la culpabilidad absoluta.â??¿Te parece normal diez años?-Cuando sale el fallo, yo me pongo contento, qué sé yo, a todo esto Mili ya tenía 15 y cumplía 16. En ese momento me dijeron: "Falta un montón, no te alegres". Ahí entró el asunto en la Cámara Civil Sala K, que dicta una sentencia tres años después, con enormes injusticias. Le saca parte de la culpabilidad al médico y la partera y anula todo el lucro cesante de mi mujer, que no trabajó más desde que nació Mili. Solo para darle de comer estaba 6 o 7 horas por día.â??¿Qué pasó luego?â??El fallo de Cámara nos destrozó. Primero en términos económicos y nos dio mucha bronca. Tuvimos una charla con los abogados. Una abogada nos aconsejó no ir a la Corte porque nunca toman casos civiles. Pero bueno, fui a ver al estudio especializado en el recurso extraordinario, de Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar. Me pidieron estudiarlo un fin de semana. El lunes me dijeron: "Mira, son contados los casos en que la Corte toma un caso civil. Pero este tiene posibilidades porque en este la sentencia de Cámara es arbitraria y hay antecedentes similares". Así empezamos con el tema en la Corte cuatro años, hasta el fallo que revoca el fallo de la Cámara que redujo la indemnización y manda a dictar una nueva sentencia mayor.-Y pasaron 18 años y encima aún esto no terminó... ¿Tenés alguna expectativa porque se fijará un monto que puede ser otra vez recurrido?â??Entiendo que ahora deberíamos tener una nueva sentencia de Cámara en menor tiempo. Hay que ver si la Sala que tendrá que dictar la nueva sentencia lo hace pronto.â??¿Tenés alguna estimación de cuánto puede ser la indemnización? -No, porque es un lío calcular los intereses, tengo una idea, no me va a salvar ni mucho menos. Lo único que me va a dar es cierta tranquilidad para mi hija, sobre todo para cuando yo no esté. -¿Cómo pudieron mantener la entereza todo este tiempo con su esposa?â??Hay dos cosas. Una es que en todo lo que pude la mantuve afuera y otra cosa es que a terco no me van a ganar. Soy cabeza dura. Te vienen muchas trompadas encima que te las tenés que bancar. Hay situaciones que te dan ganas de mandar todo a la miércoles.-Y mientras la situación con tu hija en tu casa...â??No hay dos chicos con parálisis que sean iguales, algunos pueden brindar cariño como Mili, otros no. Otros caminan y hay otros que corren maratones. Mili hace algunas terapias, está en un colegio especial, hace terapia ocupacional para mantener la movilidad de los dedos.

Francisco Sagasti será procesado por presunto abuso de autoridad: Poder Judicial programó audiencia virtual para este 19 de noviembre

La diligencia abordará el cuestionado pase al retiro de 18 generales de la Policía en 2020, hecho por el que la Procuraduría exige una reparación civil de S/400 mil contra el exmandatario y dos exministros del Interior.

Hoy es el Día del Trabajador Judicial en la Argentina: ¿se pasa el asueto?

El Día del Trabajador Judicial en la Argentina se conmemora cada 16 de noviembre, en recuerdo a la fundación de la Confederación Judicial Argentina, un organismo claro para el desarrollo, funcionamiento y obtención de derechos de este sector. La jornada sirve también como una oportunidad para destacar la labor de todos los trabajadores de este poder del estado.Durante este día, todos los empleados del poder judicial cuentan con asueto. Sin embargo, este 2025 la fecha cae un domingo, por lo que existen ciertas dudas acerca del funcionamiento de este sector.¿Por qué se celebra hoy el Día del Trabajador Judicial en la Argentina?La historia del Día del Trabajador Judicial en la Argentina se remonta al 10 de noviembre de 1952 en el Congreso de Catamarca, donde se agruparon diferentes representantes gremiales de varias provincias del país, con el objetivo de unificar criterios y crear una entidad que congregara sus intereses. Luego de varios días de reuniones y debates, los dirigentes judiciales de distintos sectores del país decidieron fundar la Confederación Judicial Argentina el 16 de noviembre de 1952.Tres años más tarde, con la llegada del golpe militar, se determinó la cancelación de este día. Sin embargo, en 1958 la Confederación Judicial Argentina logró retomar su actividad. El 23 de septiembre de 1971 se llevó a cabo el nombramiento de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en el marco de una asamblea con más de 500 miembros. En 1990, Julio Piumato ejerció la dirección de este gremio. Durante su cargo, trabajó por la generación de nuevas estrategias, planes y derechos para todos los trabajadores de este sector.En abril de 2011, se estableció mediante la Ley 26.674 declarar el 16 de noviembre como el Día del Trabajador Judicial Argentino en recuerdo a la fundación de la Confederación Judicial Argentina, día que también se dictaminó como feriado para todos sus trabajadores: "se declara el dia 16 de noviembre de cada año como día del trabajador judicial argentino, y lo equiparo a los días feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales, para todos los trabajadores del poder judicial de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un cambio de opiniones, teniendo en cuenta la función jurisdiccional que cumple el Tribunal Fiscal de la Nación, acordaron: declarar feriado o inhábil a los efectos procesales el día 16 de noviembre de cada año."¿Se pasa el asueto de este año?Si bien esta fecha se encuentra determinada como un asueto para todos los trabajadores del poder judicial del país, no existe una norma explícita acerca de acatamiento en fines de semana. De esta manera, cada provincia puede trasladar esta fecha para decretar un día de descanso si lo desean. Para conocer cómo afecta esta jornada es necesario consultar con cada organismo provincial. Este 2025, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja resolvió el asueto judicial con suspensión de términos el lunes 17 de noviembre, a través de un acuerdo administrativo local. Lo mismo ocurre con la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, que determinó el traslado del feriado del 16 de noviembre al 17 de noviembre para la justicia provincial. suspendiendo así toda la actividad para esta fecha.

Fiscalía solicita detención judicial para conductor implicado en tragedia en Arequipa que dejó 37 muertos

Ministerio Público pide siete días de detención en flagrancia para Henry Apaclla, investigado por homicidio culposo agravado. Dosaje etílico arrojó presencia de alcohol en su organismo

El femicidio de Ángela Diniz: cuatro disparos en la cabeza y un escándalo judicial que dividió a Brasil en dos

Protagonista del jet set de su país en los setenta, fue asesinada por su pareja. En el primer juicio, se juzgó más su moral sexual que a su victimario. Pero el movimiento feminista logró dar vuelta las cosas

Sanidad iniciará un proceso judicial contra Madrid tras no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto