judicial

Abogado defendió a Alejandro Char por reconocer a su hijo tras fallo judicial: "Nadie puede abandonar a quien no conocía"

El alcalde de Barranquilla aseguró que reconocerá de manera voluntaria a Steven Castellanos Ramos como su hijo

Código Civil, sociedades y concursos: las 15 reformas que está diseñando el equipo judicial de Milei

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el ex juez de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, expusieron en un evento de la Fundación Faro la batería de medidas que trabajan modernizar el ordenamiento jurídico y "limitar al máximo posible la discrecionalidad judicial"

Causa Bailaque: allanaron a un operador judicial y a una empresa que figura en la causa de los Cuadernos de las Coimas

ROSARIO.-Efectivos de Gendarmería Nacional, por orden del juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, allanaron cuatro domicilios -dos en Santa Fe y dos en Ciudad de Buenos Aires- vinculados al operador judicial y escribano santafesino Santiago Busaniche, involucrado en la causa que tiene como principal acusado al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, actualmente preso en su casa en Rosario. En paralelo a estos allanamientos contra Busaniche, las fuerzas federales llevaron adelante un operativo en la constructora EDECA. Esta firma está siendo investigada por el traspaso de un terreno que terminó en manos de un familiar de Bailaque. Según señalaron fuentes judiciales, se analiza en la causa si la firma habría sido beneficiada con una decisión del juez a cambio de la sesión de un terreno. EDECA, una empresa especializada en ingeniería y construcción civil que se dedica a la ejecución de obras públicas y privadas de gran envergadura, fue una de las compañías que estuvo involucrada en la llamada causa de los Cuadernos de las Coimas.El objetivo de los allanamientos contra Busaniche tuvieron como objetivo el secuestro de su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el Smartphone de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe, que la justicia ya analizó, figuran conversación entre ambos. Vaudagna es uno de los arrepentidos en esta causa, junto con el financista Fernando Whpei, extitular de Radio Rivadavia.En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra otro financista, Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.Quién es BusanicheBusaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.Es nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, con vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún por qué hay una orden que viene desde "arriba", de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.A la par, se gesta una extorsión contra el financista, de acuerdo a la investigación, que paga cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia, donde aparece con nitidez, Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100 mil dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.El nombre de Busaniche genera pánico cada vez que se nombra, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.A la par de este paso trascendente en la causa hay otro punto importante que pasa por Whpei, quien selló un acuerdo de colaboración con los investigadores. El financista habría revelado los nexos entre Busaniche y Vaudagna y cómo funcionó esta relación en la maniobra para extorsionar a Iglesias. Además, Whpei habría admitido que el juez federal Gastón Salmain lo benefició en una operación de compra de dólares, al aceptar un pedido que hizo la mutual que dirigía para adquirir divisas a precio oficial, cuando la brecha con el blue era notoria.Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.Este tema que se planteó en la comisión de disciplina, donde está siendo investigado Salmain, se produjo luego de que el fiscal Federico Reynares Solari comenzara a investigar a este magistrado por un comportamiento que podría ser inusual, al fallar a favor de estudios jurídicos de manera recurrente que presentaban recursos contra Anses.Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos. Reynares Solari notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.La maniobra que se habría montado y que se investiga es la clásica, conocida como fórum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia. Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.Luego de que se abriera esta investigación contra este magistrado se produjo un hecho llamativo. Salmain comenzó a excusarse "masivamente" de las causas previsionales, lo cual produjo un problema entre los abogados que representan este tipo de causas. Esto llevó al Colegio de Abogados de Rosario a que planteara su preocupación sobre el tema.

Otro revés judicial para Daniel Quintero: Fiscalía lo investigará por el nombramiento de Alejandro Calderón como gerente de EPM en su alcaldía

La investigación preliminar del caso, por parte de la Procuraduría, se originó en 2023, tras una queja presentada dos años antes

Se complicó la situación judicial de Valentina Olguín, la cantante que usó el CUIT de gobernadores para importar ropa

La Justicia Federal de Tucumán amplió la imputación contra Valentina Olguín, la cantante oriunda de Santiago del Estero que usó los datos fiscales de seis gobernadores para importar ropa del exterior. El fiscal Agustín Chit también pidió que la joven se acerque al juzgado a declarar el próximo 4 de noviembre. Luego de que los juzgados locales de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa se declararan incompetentes, fue la Justicia Federal de Tucumán la que retomó el control de todo el caso y pasó la imputación de "contrabando simulado" a "contrabando simulado en concurso real", de acuerdo con lo que confirmó el portal tucumano Tendencia de Noticias. Según el Código Penal, esto ocurre cuando una persona comete dos o más delitos de forma independiente. En tanto, las penas se acumulan entre sí e implican la prohibición de salida del país. Respecto al tribunal de San Juan, se acordó un resarcimiento de $500.000 que será destinado a una fundación ligada al Hospital de Niños del distrito.A Olguín se la acusa de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los seis mandatarios para hacerle frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana.La causa se originó tras una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió un mail por una compra que no había hecho. Al poco tiempo se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; La Pampa, Sergio Ziliotto; San Juan, Marcelo Orrego; y San Luis, Claudio Poggi, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.Según se reconstruye en la investigación, Olguín superó el tope de US$3000 que la Aduana impone como límite para envíos courier de forma personal. Así, al exceder ese margen, utilizó los datos fiscales de los gobernadores para recibir en su domicilio indumentaria de una marca estadounidense.Tras la presentación en la fiscalía en diciembre de 2024, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio porteño de la joven, en el barrio de Núñez, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y papeles que tenían escritos varios CUIT. La causa está a cargo de Chit y fue radicada en el juzgado federal de Tucumán de José Manuel Díaz Vélez.En su primera declaración, Olguín admitió que había superado su límite de compras y argumentó que los datos que usó estaban disponibles online. El fiscal federal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar."No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento que CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retuvieran más los paquetes", indicó Olguín en mayo en diálogo con LN+ a modo de descargo.Ya a fines de ese mes, la cantante fue procesada y embargada por $5 millones. Como el juez no ordenó la prisión preventiva, Olguín permanece en su domicilio en el barrio porteño de Núñez.

Gustavo Petro cumple orden judicial y se retracta de sus acusaciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos, pero mantiene cuestionamientos por el caso Pecci

Tras la retractación formal, Petro insistió en que sus cuestionamientos sobre la investigación del asesinato del fiscal Pecci persisten y pidió explicaciones

Explosión en la escuela de Palermo: cómo evolucionan los alumnos internados y qué se sabe de la investigación judicial

Tras la explosión de un experimento durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe ocurrido ayer por la mañana, y la posterior internación de cuatro de los cinco menores heridos, hoy el Ministerio de Salud porteño dio a conocer el nuevo parte médico. Actualmente, son dos los chicos que se encuentran hospitalizados. El que se encuentra en un estado más grave es un alumno de 16 años, quien estaba a cargo del experimento con fuego y alcohol etílico que produjo el incidente. El menor sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. Según fuentes del Ministerio de Salud porteño, ayer el adolescente fue ingresado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y fue derivado inmediatamente a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica e intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico, detalla el último parte médico, sigue siendo reservado. También resultaron heridos otros cuatro alumnos, con lesiones similares pero de menor gravedad, de los cuales tres fueron hospitalizados ayer. Actualmente, solo uno de ellos permanece internado. Ayer fue derivado del Hospital Fernández al Hospital de Quemados. De acuerdo al parte médico, se encuentra estable.Ayer, el menor fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general, confirmó la jefa de guardia, Valeria Fernández. "Tiene un 18% [del cuerpo quemado] y las quemaduras son intermedias, que no requieren de injertos todavía. Como mínimo tendrá un mes de internación", contó, en diálogo con los medios. Detalló, a su vez, que el joven permanecería en la terapia infantil del hospital y que en 48 horas debería volver a ingresar al quirófano para que se le realicen nuevas curaciones bajo anestesia general. "La zona más afectada es el tórax y flanco derecho", sumó.Qué fue lo que sucedióSegún pudo reconstruir LA NACION a partir del testimonio de testigos, ayer por la mañana, alumnos de segundo, cuarto y quinto año del Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, llevaron a cabo una feria de ciencias, en la que participaron como visitantes padres, madres y también alumnos de otros años y cursos. El evento iba a realizarse originalmente en el aula de química, pero a último momento fue trasladado al Salón de Actos. El experimento fallido pertenecía a un grupo de chicos de último año de secundaria. "Era un recipiente donde ponían alcohol etílico con otros componentes no inflamables que hacían que el fuego saliera de diferentes colores", explicó uno de los presentes a este diario. Según pudo reconstruir hasta el momento la fiscalía a cargo de la investigación, el alumno de 16 años tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión. Otros dos menores resultaron salpicados por las llamas.De acuerdo a lo que relataron los testigos, un grupo de adultos intentó extinguir el fuego utilizando guardapolvos. Fuentes del Ministerio de Educación de la ciudad detallaron que en el salón donde ocurrió el incidente había matafuegos y que la escuela cumplía las normas de Escuela Seguras. "Lo que ocurrió fue por un negligencia en la manipulación de los elementos", afirmaron. Voceros de esta cartera dijeron estar trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos, para "reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros".El documento saldría mediante una resolución firmada por la titular de la cartera, Mercedes Miguel. "Esto no existía antes", dijeron fuentes del Ministerio a este diario. MedidasLa Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo de Miguel Ángel Kessler, dispuso una serie de medidas para obtener declaraciones testimoniales de los adultos que estaban presentes, para establecer cuántos docentes estaban a cargo de la feria y dónde se encontraban al momento de la explosión. Además, se busca establecer si el experimento que causó la explosión era el único que presentaba un grado de riesgo o si también había otros previstos con un riesgo similar. La fiscalía investiga la posible responsabilidad de los adultos a cargo "por haber permitido que un menor manipule elementos inflamables, lo que podría derivar en una imputación por lesiones culposas por omisión del deber de cuidado", detallaron.

A un año de la muerte de Liam Payne, cómo avanzó la causa judicial

En el primer aniversario del hecho ocurrido en Palermo, habrá homenajes para recordar al ex One Direction. Cómo sigue la investigación.

Escoltas del abogado David Cohen declaran tras homicidio en Ciudad Judicial; aseguran no haberse dado cuenta que lo vigilaban

Los escoltas aseguraron que el abogado no había comentado nada sobre amenazas

Daniel Briceño denunció presunto despilfarro en la Unidad de Víctimas y aclaró fallo judicial: "Eventos, logística y shows"

El concejal de Bogotá aseguró que los recursos destinados a la atención de víctimas se empleó con fines políticos. Reveló millonarios gastos en rubros distintos a la misionalidad de la entidad

Poder Judicial insta a mujeres indígenas a denunciar agresiones sexuales y proteger los derechos de sus comunidades

Durante el II Encuentro de Lideresas Indígenas en Chanchamayo, más de 500 representantes de comunidades participaron en un diálogo sobre acceso a la justicia intercultural y medidas de protección

Caso Laurta: las alertas que el sistema judicial ignoró antes del doble femicidio

A lo largo de casi dos años, distintos organismos intervinieron con denuncias, medidas de protección y alertas migratorias, pero la coordinación entre ellos fue limitada. Las advertencias sobre el riesgo que representaba Pablo Laurta nunca lograron transformarse en una protección efectiva para las víctimas. Leer más

Tras su regreso al país, Fabiola Yañez reactiva la disputa judicial contra Alberto Fernández

La ex primera dama aterrizó desde España junto a Francisco, quien ya tuvo un reencuentro "muy cariñoso" con su padre. El Gobierno le restituyó la custodia de la Policía Federal tras un pedido de Alberto Fernández. Leer más

Doble femicidio en Villa Serrana: el TSJ abrió una investigación administrativa sobre la actuación judicial

Se trata de una instancia preliminar a la apertura de un sumario. Bajo la lupa todos los fiscales y jueces que tomaron decisiones después de la denuncia de Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio. Se confirmó que el cuerpo hallado en Entre Ríos pertenece al remisero Martín Palacio. Leer más

Icfes respondió a orden judicial sobre los registros académicos de Juliana Guerrero: esto dijo la entidad

La controversia que involucra a la exfuncionaria del Ministerio del Interior se centra en la ausencia de un requisito legal para graduarse y en las decisiones que buscan esclarecer si su diploma fue otorgado irregularmente

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: uno de los 'cerebros' del crimen seguirá en prisión tras importante decisión judicial

El Juzgado 29 Penal del Circuito confirmó la detención de Héctor Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía

Doble femicidio en Córdoba: contención inmediata, familias de acogimiento y la evaluación judicial que definirá con quién vivirá el niño

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, detalló el resguardo afectivo y técnico, el esquema de familias de acogimiento y el proceso judicial que decidirá la guarda. No habrá institucionalización y se prioriza su entorno comunitario. Leer más

Fiscalía de CDMX confirma muerte de David Cohen tras sufrir ataque armado en instalaciones de Ciudad Judicial

El jurista era representante legal y tenía cercanía con personajes como Sebastián Rulli, el exjugador Salvador Carmona y "Billy" Álvarez

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: "Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona"

Así fue el ataque contra el exabogado de Billy Álvarez, David Cohen, en Ciudad Judicial

También representó a otras figuras públicas como Sebastián Rulli y al jugador Salvador Carmona

Anuncian decisión judicial en el caso de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, por caso de secuestro y tortura

El juez que lleva el caso consideró el estado de salud y edad del papá de la artista antes de anunciar esta determinación

Disparan contra abogado en Ciudad Judicial de la colonia Doctores, atacante sería menor y queda herido

Un agente de la Policía de Investigación repelió el ataque

La Cámara Federal revocó el perdón judicial al empresario Horacio Busso y directivos de Cotreco

Habían sido sobreseídos por Alejandro Sánchez Freytes. Ahora el expediente será analizado por el nuevo subrogante del JF1, Carlos Ochoa. El vocal Eduardo Ávalos sostuvo que la asociación ilícita fiscal no puede ser incluida en la ley de regularización de deudas 27.743. Leer más

El PP, tras declaración judicial del jefe Gabinete de Ayuso: "García Ortiz se sentará en banquillo y él es solo testigo"

Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho

Accedieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, la PROCELAC pidió reducir las multas que deberán pagar los condenados

Una camarera recibe un billete de lotería como propina y gana 6 millones de euros: fue el inicio de un infierno judicial que terminó con un secuestro

Cuatro compañeros de trabajo presentaron una demanda contra ella, alegando la existencia de un acuerdo verbal entre los empleados para repartir el dinero

El PP denuncia la "inseguridad jurídica" y el "bloqueo de la Justicia" por la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños

La nueva estrategia judicial de José Luis Espert en sus causas por lavado de dinero

Cambió de abogados y plantearon que las investigaciones por su vínculo con "Fred" Machado queden unificadas.Pidieron que el expediente de los viajes y el de la transferencia de 200 mil dólares se investiguen en Comodoro Py. Una próxima declaración que podría complicar a Espert.

Uno de los narcos prófugos por el triple crimen aprovechó los beneficios de la puerta giratoria judicial

El fiscal de La Matanza, Carlos Adrián Arribas indicó que la hipótesis más firme sobre que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez indica que el triple crimen estuvo motivado "por un robo de droga"."El móvil incorporado y sobre el que ahora estamos incorporando pruebas sería por un robo de droga", expresó el representante del Ministerio Público en la puerta del Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad del Gobierno porteño, en Chacarita.Al mismo tiempo que fiscal revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza allanaron una vivienda de dos plantas en Parque Chacabuco para tratar de apresar a uno de los tres prófugos buscados por los tres femicidios.Este acusado fue identificado por fuentes judiciales como Alex Roger Ydone Castillo, el traficante de drogas peruano, imputado como presunto coautor de los femicidios de Brenda, Morena y Lara.Según fuentes oficiales, Ydone Castillo debía estar preso cuando, hace tres semanas, las tres jóvenes fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela.Desde 2006 a la actualidad, Ydone Castillo gozó de los beneficios de la puerta giratoria judicial. Hace 19 años, fue apresado por vender drogas. Recuperó la libertad y, en 2012, fue detenido nuevamente por el mismo delito. Apresado otra vez en febrero de 2020, fue liberado tres meses después, durante la pandemia de coronavirus. Figuró en el listado de 4500 presos de distintas cárceles del país, beneficiados por libertades anticipadas concedidas por cuestiones humanitarias y para evitar los contagios del Covid-19 en un ambiente confinado como un penal. Con un pedido de extradición de la Justicia de Perú, cuando los efectivos de la Policía Federal fueron a buscarlo en 2022, no lo encontraron.Tampoco lo hallaron los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza cuando, en las últimas horas, fueron a detenerlo en su casa de Saraza al 1500, en Parque Chacabuco. Dicho allanamiento fue ordenado por el fiscal Arribas, luego de una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo del Gobierno porteño, en Chacarita. Allí los investigadores del triple homicidio hallaron una imagen en la que se observó a Ydone Castillo cuando ingresaba en la vivienda de dos plantas situada en Parque Chacabuco.A pesar que tenía cinco causas penales abiertas en la Justicia peruana y tres procesos en la Argentina, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, la Cámara de Casación Federal le concedió la prisión domiciliaria. Nunca regresó a la cárcel. Hace tres semanas volvió a aparecer en la mira de los investigadores argentinos cuando quedó grabado por una cámara de seguridad de Florencio Varela en el momento que comandaba un Volkswagen Fox blanco con techo negro, patente NAG - 813, en la denominada caravana de la muerte, de la que también formaba parte la Chevrolet Tracker blanca en la que Brenda, Morena y Lara eran trasladadas al lugar en el que las mataron."Ese martes [por el 23 de septiembre] a la noche Alex me pidió que lo acompañara a dejar el auto a Quilmes. Volviendo yo lo senté y le dije que me contara que es lo qué estaba pasando. Él me dijo que había comprado droga, no sé cuánto, pero varios kilos, que compraron en conjunto con otros, mucha más droga) y me contó que dos días antes del hecho [del triple crimen]se habían robado la mercadería,casi 400 kilos de drogay me dijo 'perdí plata'. Entonces me siguió contando que el 19 [de septiembre], en realidad,no iban a lastimar a las tres chicas, sino que era a un tipo al que lo iban a apretar para sacarle información de donde estaba la droga", dijo en su indagatoria Florencia Ibáñez, la joven que tenía una relación amorosa con Alex y que viajaban en el Fox blanco.Según consta en el expediente, dicho vehículo figuraba a nombre de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos, nacido en Huancayo, Perú. Pero, aparentemente, el verdadero dueño sería Ydone Castillo y lo usaba para distribuir drogas. Tanto el Volkswagen Fox, como un Chevrolet Cruze blanco fueron grabados por cámaras de seguridad de Villa Domínico, partido de Avellaneda y de Quilmes, el 18 de septiembre, un día antes de los femicidios. En una de esas imágenes quedaron registrados los sospechosos en un local de comida peruana, en la colectora del Acceso Sudeste, en lo que habría sido una reunión para planificar el triple crimen.

Coljuegos crea unidad de policía judicial para combatir fraudes en juegos de azar

Una nueva dependencia especializada investigará irregularidades en el sector de apuestas, utilizando tecnología avanzada y métodos de análisis para proteger los fondos públicos y garantizar la transparencia en la industria colombiana

El PP evita opinar sobre la declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez: "Es él quien tiene que dar explicaciones"

JNE acusa al Poder Judicial de invadir sus funciones tras fallo que habilitó a Unidad Popular: TC admitió demanda

La controversia se originó luego de que un juzgado ordenara la inscripción del partido político, liderado por Duberlí Rodríguez, pese a que presentó su registro fuera del plazo legal establecido

La causa contra el exjuez Bailaque sumó un nuevo arrepentido y el foco ahora apunta a un misterioso operador judicial

El financista Fernando Whpei se transformó en el nuevo arrepentido de la causa que tiene al exjuez federal Marcelo Bailaque detenido en su domicilio, luego de que el 1° de julio pasado el presidente Javier Milei aceptara su renuncia. Desde hace varias semanas, este hombre de negocios de Rosario, quien fue titular del Grupo Unión, negociaba con los fiscales federales sellar un acuerdo judicial para morigerar su posible condena.Whpei está detenido en su domicilio desde mediados de mayo. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que el financista se transformó en el segundo arrepentido de esta causa. El primero fue el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, quien declaró varias horas entre enero y marzo pasado, cuando admitió cometer delitos y sobre todo contó detalles de las maniobras que tramaron con Bailaque y Whpei para extorsionar al financista Claudio Iglesias en 2019, quien habría pagado cerca de 200.000 dólares para que no prosperara una causa trucha por lavado de dinero narco, que se originó con un anónimo. Las versiones de que Whpei se plegaría a la figura del arrepentido surgieron cuando su abogado Emiliano Díaz renunció a la defensa del financista, y asumió su lugar Renzo Biga, un penalista que trabaja en tándem con los letrados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, quienes fueron convencionales constituyentes por La Libertad Avanza. Desde ese momento, los rumores fueron tomando más cuerpo, hasta que el jueves de la semana pasada, a través de contactos con los fiscales en Buenos Aires, a través de zoom, se cristalizó su ingreso al lote de los arrepentidos.Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y -según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner. Hasta unas semanas antes de que fuera candidato del peronismo, Alberto Fernández les facturaba a Whpei servicios de una supuesta asesoría económica y política, según admitieron fuentes de su entorno hace unos meses.Whpei aportó datos que serán relevantes en las causas en las que está involucrado. Como Vaudagna ya tomó ese camino en marzo pasado, y admitió haber participado de la extorsión contra el empresario Claudio Iglesias, Whpei apuntaría también contra Bailaque. Los trascendidos señalan que Whpei avaló la teoría del caso, es decir, habría admitido haber recibido el dinero de Iglesias, algo que complica al exmagistrado, pero además aportó información sobre otras personas que están siendo investigadas en la causa, entre ellas, el escribano y abogado santafesino Santiago Busaniche.Este hombre se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen por las influencias que tiene en la justicia. Busaniche aparece en el teléfono de Vaudagna, extitular de Arca Rosario, pero además los fiscales lograron determinar que tuvo un rol importante en dos momentos en que se gestó y se desarrolló la extorsión contra el financista Claudio Iglesias.Nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, Busaniche tuvo vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún por qué existió una orden que vino desde "arriba", de lo más alto del Poder Judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.A la par, se gestó una extorsión contra Iglesias, de acuerdo a la investigación, que pagó cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia donde aparece con nitidez Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100.000 dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.El nombre de Busaniche genera resquemor cada vez que se menciona en el ámbito judicial, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.A la par de este paso trascendente en la causa hay otro punto importante que pasa por Whpei, quien durante las últimas semanas negoció con los fiscales plegarse a la figura de arrepentido. La clave está en lo que estaba dispuesto a aportar a una causa que tiene muchos intereses en juego y también preocupaciones de funcionarios que están actualmente activos en sus cargos, como el magistrado federal Gastón Salmain.Este juez está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que omitió antecedentes que no lo favorecían para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso anterior en el Poder Judicial, del que fue cesanteado, cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.Este tema que se planteó en la comisión de disciplina, donde está siendo investigado Salmain, se produjo luego de que el fiscal Federico Reynares Solari comenzara a investigar a este magistrado por un comportamiento que podría ser inusual, al fallar a favor de estudios jurídicos de manera recurrente que presentaban recursos contra Anses.Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país, con oficios que ordenan pagos millonarios que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos. Reynares Solari notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.

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Fotomultas: una extraña maniobra judicial pone en riesgo la investigación contra el exministro D'Onofrio

La causa de las fotomultas, que obligó a renunciar al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio, está en vilo por una llamativa y sospechosa maniobra judicial. El juez provincial Juan Pablo Masi le pidió a su colega del fuero federal, Adrián González Charvay, a cargo de un expediente por lavado de dinero, que se declare incompetente y le mande esa causa a La Plata. La jugada sorprendió a todos los abogados defensores. El fiscal Álvaro Garganta se opuso en duros términos: dijo que el juez Masi no conoce el otro expediente y que no tiene competencia para investigar un delito federal. Masi le pidió a Charvay que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El juez provincial argumentó que no se pudo acreditar un delito federal, como sería el lavado de dinero. "Ya desde el vamos la denuncia promovida por ante el juzgado federal de Campana, si bien menciona el tipo, en modo alguno describe una maniobra de lavado de dinero en la forma que ha explicitado la autoridad financiera y que ha sido materia de transcripcioÌ?n supra. Las investigaciones llevadas a cabo por mi distinguido colega federal no parecen haber podido acreditar este extremo", sostuvo Masi. En la causa de lavado, González Charvay viene acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D'Onofrio y sus allegados. Tal como informó LA NACION, hay datos relevantes que llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D'Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho.Además de D'Onofrio y Pombo, fueron imputados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el ex juez Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y HeÌ?ctor Marcelo SuaÌ?rez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).Cuando comenzó la investigación, el juez González Charvay levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y realizó varios allanamientos. Uno de los operativos fue en el hotel Sheraton de Pilar, donde funcionaban una peluquería y una financiera ligadas a Pombo. También se allanó una financiera trucha en la ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112.000 reales.La jugada de Masi sorprendió al fiscal Garganta, que ya se opuso a acumular las dos causas. El representante del Ministerio Público sostuvo que el magistrado "ha excedido su jurisdiccioÌ?n" y hasta calificó la decisión como "un disparate". "¿QueÌ? causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusioÌ?n? No hay constancia en la presente investigacioÌ?n que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024â?³, sostuvo Garganta en su dictamen. ¿Por qué ahora?, se preguntan en Tribunales. Lo cierto es que ocurre tras la aparición de dos testigos de identidad reservada que pusieron en jaque a D'Onofrio y sus allegados. Uno de esos "arrepentidos", tal como reveló LA NACION, declaró que Pombo se reunía con jueces de Faltas en la sede del Ministerio de Transporte. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela. Los dos testigos declararon en la causa de La Plata, a cargo de Garganta y Masi. En realidad se trata de una megacausa que investiga el funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.En ese expediente también se investiga el patrimonio de los principales imputados. Hace un mes, el fiscal Garganta le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. Cuando la causa comenzaba a avanzar, el juez Masi implementó una jugada sospechosa. Ese magistrado arrastra un antecedente muy polémico. En 2019, intervino en una causa que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis "Chiche" Peluso. Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios. Por ese polémico fallo, Masi terminó con una acusación por prevaricato y tuvo que afrontar un Jury, que luego fue desestimado. El abogado que lo defendió en ese proceso también representó a D'Onofrio en la causa de las fotomultas. Por ahora parece solo una casualidad. La maniobra de Masi puso en vilo a todos los actores. La decisión final quedó en manos del juez federal de Campana. Antes deberán opinar todas la partes. "Se formó un incidente y se puso en vista a todos", dijo una fuente judicial.

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Denuncia judicial: un diputado nacional pidió investigar a Luis Caputo y a Juan Pazo por la suspensión de las retenciones

CÓRDOBA.- El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Córdoba, Oscar Agost Carreño denunció a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional por la aplicación temporaria de las retenciones cero a las exportaciones de granos. La presentación quedó en manos de la Fiscalía Federal 3, de esta ciudad, a cargo de Maximiliano Hairabedián.El legislador pide que la Justicia analice si el decreto 682/2025 por el que se suspendieron las retenciones incurrió en delitos como administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. La solicitud de investigación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo y el titular de Arca, Juan Pazo.Gestión crucial: la Argentina pidió a la Unión Europea ser considerada de riesgo bajo en deforestaciónLa baja rigió tres días, período en el que se cumplió la meta de ingresos de los US$7000 millones previstos. Así el 25 de septiembre los derechos de exportación volvieron a su nivel anterior. El diputado que presentó la denuncia plantea que la eliminación temporaria generó un costo fiscal de unos US$1500 millones y presuntamente benefició a un grupo de cerealeras y exportadoras, algunas de las cuales supuestamente declararon exportaciones sin la tenencia física de los granos.De hecho, según datos oficiales, Louis Dreyfus Company [LDC Argentina], uno de los mayores jugadores, se consolidó como la principal beneficiaria de la medida, al liderar el ranking de registraciones con 3.546.300 de toneladas de un total de 19.591.831 de toneladas en el lapso de tres días que duró la medida. En total, el Gobierno consiguió que se anotaran Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$7.012.598.143. Hubo siete exportadoras que se quedaron con 17 millones de toneladas, y que concentraron el 86% de los registros totales del negocio.Agost Carreño entiende que debe investigarse si existió un acuerdo previo y confidencial con las empresas, por lo que los funcionarios denunciados "habrían actuado con conocimiento y voluntad" de favorecerlas.El diputado es presidente del PRO Córdoba, el que fue intervenido por Mauricio Macri, que perdió en la Justicia Electoral en dos instancias, por lo que el legislador reasumió el cargo. Para las elecciones de octubre presentó su propia lista. En el Congreso trabaja con Encuentro Federal.LA NACION consultó a Economía respecto de la presentación de la denuncia pero, hasta el momento, no hay comentarios."Columna vertebral": impulsan una nueva ley de biocombustibles con un mayor corte y más materias primasAntes del legislador, ya se había presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta administración fraudulenta que alcanza a Javier Milei; al jefe de gabinete, Guillermo Francos; a Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y señala como "partícipes necesarios" a cinco exportadoras principales: Bunge Argentina, LDC Argentina, Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina y Cargill SACI.En tanto, Jonatan Baldiviezo, creador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizó otra ante la Justicia Federal de CABA junto con Claudio Lozano, candidato a diputado y presidente de Unidad Popular; María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya. Menciona a los mismos funcionarios y empresas y entiende que habrían existido negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública.

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Eduardo Sosa, el funcionario judicial que batalló 30 años para ser reivindicado

RÍO GALLEGOS.- El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Eduardo Sosa, el procurador general de justicia de Santa Cruz que fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.Treinta años después, Eduardo Sosa está muy cerca de volver al cargo en medio del tembladeral que sacude al poder judicial de la provincia.El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner. En paralelo, la Legislatura busca renovar el Tribunal Superior de Justicia, que había sido copado por el kirchnerismo.Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación."Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa", afirma Sosa a LA NACION, sin perder el tono moderado de sus palabras.¿Aceptará asumir?: "En este estado de convulsión que está viviendo el poder judicial, si yo puedo aportar algo constructivo, lo haré", asegura.Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a sosa. Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad. La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo. El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte. La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.Un pedido de disculpasEn estos treinta años, Sosa continúo con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional. Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado. "El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional", detalló Sosa. Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: "El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado", sostiene. Y agrega: "Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial". La sesiónEl lunes se realizará la sesión extraordinaria.En la Legislatura, Vidal tiene mayoría ajustada, pero para la aprobación necesita contar con dos tercios de los presentes.Según las últimas votaciones, le faltaría solo uno para alcanzar los 16 votos necesarios, si es que los 24 diputados se sientan a sesionar. La moneda de una reparación histórica, treinta años después, vuelve a estar en el aire.

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Según una hermana de Yuli Catherine Felicidad Zapata Villa, hoy detenida en México, las autoridades mexicanas están buscando una historia de colombianos "para tapar a los verdaderos responsables"

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El organismo disciplinario responsabilizó al abogado de orquestar la liberación fraudulenta de un disidente de las Farc, hecho que derivó en la muerte de un policía y el suicidio de un fiscal

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En Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae, el streamer recordó sus primeros pasos en la universidad, el impacto del Counter-Strike en su vida y cómo tomó la decisión de dedicarse al mundo digital pese a las dudas de su familia. También analizó la transformación de la escena online y compartió su visión sobre las nuevas generaciones de creadores de contenido

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo "debe cumplirse" por orden judicial

El jefe de Gabinete afirmó que la orden judicial que obliga al Congreso a otorgar una pensión vitalicia al expresidente debe cumplirse. "No puedo politizar el hecho", señaló

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"Lo asesinaron": un abogado asegura que la policía tucumana mató a su hijo y que el Poder Judicial lo encubrió

El 20 de agosto de 2019, a las 15:20, Marcos Rougès (h.) iba camino a rendir un examen en la Facultad de Derecho. Pero nunca llegó. Al volante de su Nissan Tiida gris, dobló en una calle del centro de San Miguel de Tucumán, chocó contra un colectivo y detuvo la marcha. Cuando los primeros curiosos se acercaron, encontraron muerto al joven de 25 años que a los 16 había sido premiado por la Mont Pélerin Society, asociación académica internacional de economistas, filósofos y otros intelectuales que promueven el liberalismo clásico y el libre mercado, fundada por Friedrich Hayek en 1947. Un tiro en la cabeza había segado su vida.Ese instante es el hito de un misterio aún inexpugnable. Para la Justicia provincial ya no quedan dudas: la muerte ocurrida a la altura del 1218 de la avenida Sarmiento fue un suicidio. Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sostuvieron que el joven se disparó en la sien derecha con un revólver calibre 38 de su propiedad. Varios testigos afirmaron que Rougès (h) iba solo en el auto. Esa conclusiones fueron avaladas por todas las instancias de la Justicia local, que convalidaron la hipótesis de la muerte por mano propia.En cambio, para el abogado Marcos Aníbal Rougès, la muerte de su hijo fue producto de lo que él califica como "el más tremendo y silenciado homicidio estatal en la Argentina". Sostiene, tras haber revisado infinidad de veces las pruebas, los testimonios y el contexto, que su hijo no tenía ningún motivo para quitarse la vida. Afirma que "a Marquitos lo asesinó la policía", que lo acribillaron por error en un operativo montado para "cazar" a un presunto narco, y que, acto seguido, hubo un "masivo encubrimiento" de parte del Poder Ejecutivo y de la Justicia de Tucumán.En las últimas horas, su último recurso en el país fue resuelto en su contra: la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, por cuestiones procesales, el recurso de queja presentado. Afirma que eso no lo detendrá: adelantó a LA NACION que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está convencido de que la versión oficial es una mentira y que su hijo fue víctima de un entramado demasiado oscuro e inaceptable. Que detrás de la muerte de su hijo hubo irregularidades, encubrimiento del narcotráfico y participación policial.No solo eso: sostiene que la Corte Suprema de Justicia se ha negado a investigar su "teoría del caso", con lo que "viola el Protocolo de Minnesota conforme al cual la investigación en caso de sospecha de violencia estatal debe ser exhaustiva", y también, que no cumplió con la ley de víctimas 27.372, al no haberle concedido audiencia previo a emitir sentencia. En consecuencia, querelló por "incumplimiento de deberes de funcionario" a los tres jueces firmantes. El Ministerio Público de Tucumán, a las sospechas del padre, responde con las constancias del expediente. En él, aseguraron a LA NACION, están las pruebas irrefutables de que se trató de un suicidio.Marcos Aníbal Rougés afirma que cuando su hijo dobló en la calle Bernardo de Irigoyen fue interceptado a pocas cuadras de la Legislatura tucumana y habría sido asesinado por error por efectivos "parapoliciales sin uniforme" de la Brigadas de Investigaciones. Lo confundieron. Lo acribillaron. Y, según relató el padre a LA NACION, a Marcos (h.) le dispararon a la cabeza desde un techo. Sostiene que habría existido una orden ilegal del Ministerio Público Fiscal de Tucumán para montar una emboscada contra terceras personas. "Es un caso gravísimo de violencia estatal", dijo a LA NACION. La investigación que, según el padre, podría haber expuesto una red de abusos y complicidades estatales, fue sepultada por el peso del expediente oficial. Y, para él hay una sola razón para ello: "Compromete al poder político tucumano de la época. Están involucrados en el encubrimiento al menos el Ministro Público Fiscal y los cinco vocales de la Corte Suprema de Tucumán", aseveró. Lo que afirma haber descubierto es escalofriante: una cadena de irregularidades procesales, pruebas desaparecidas, dictámenes manipulados, archivos injustificados y un CD con fotografías clave de la autopsia oculto en el despacho del ministro fiscal de Tucumán. A partir de esas evidencias hizo su propia reconstrucción del caso: desde las cámaras de seguridad que captaron el auto baleado hasta los audios de una radio-operadora policial reprendiendo a los agentes que intervinieron en el hecho y en los que -sostiene Rougès- se habría escuchado una confesión involuntaria del crimen. Su investigación personal conecta los puntos que, según su opinión, la Justicia tucumana habría evitado unir: los presuntos autores materiales del asesinato, los supuestos encubridores institucionales y una eventual red judicial tejida durante décadas por el poder político local.La autopsia que desaparecióAtravesado por el dolor, pero determinado en probar que su hijo no se había matado, Marcos Antonio Rougès se sumergió dentro del expediente dispuesto a revisar exhaustivamente cada prueba, cada indicio, mientras intentaba evitar, procesalmente, el cierre de la causa. Luego de que le fuese denegado un recurso de Casación y antes de presentar el recurso extraordinario descubrió que el informe original de la autopsia nunca había sido incorporado al expediente. Y, cuando la Corte local ofició a las diversas reparticiones del Ministerio Público Fiscal para pedirlo, apareció un CD con fotografías tomadas en el curso de la autopsia en el despacho del ministro fiscal, Edmundo Jiménez.Esas imágenes -afirma Rougès-no solo eran diferentes a las que estaban agregadas en el informe del expediente, sino que demostraban que no había ninguna aureola de pólvora del lado derecho -a la altura de la sien, donde supuestamente se había disparado Marcos-, y que el orificio del lado izquierdo, en la parte superior del cráneo, también carente de aureola de pólvora, mostraba un típico orificio de disparo a "boca de jarro", o sea, muy cerca o prácticamente pegado. Según el relato del padre del joven el cuerpo habría sido manipulado y la autopsia habría sido adulterada, y la orden del ocultamiento vendría "de arriba". Por lo tanto, no podía tratarse de un suicidio. "Estas fotografías se contradecían con las de la autopsia y demostraban que la misma había sido armada. Indicaban que no se trataba de un suicidio mediante un disparo en la sien derecha con salida por la parte superior izquierda del cráneo, sino de un asesinato en el cual la bala entró por la parte superior del lado izquierdo del cráneo formando el orificio de 'boca de jarro', y luego salió por la sien derecha. Además, el tatuaje de pólvora que figuraba en las fotos agregadas a la autopsia desaparecida había sido efectuado en la morgue luego de enviarse al Ministro Fiscal las fotografías verdaderas y antes de emitir el dictamen autópsico con las fotografías tomadas luego de adulterar el cadáver", dijo Rougès padre a LA NACION. Las fotos que sí estaban en el expediente oficial, entonces, mostrarían un supuesto tatuaje de pólvora del lado derecho para simular un disparo de suicidio a corta distancia y una versión forzada del orificio del lado izquierdo para simular un orificio de salida.A pesar de los testimonios -ninguno directo-, ningún vecino escuchó nada en el lugar donde quedó el auto del joven, que es donde se habría disparado. "No tenía escapatoria, todas las esquinas estaban rodeadas de policías. Se confundieron de auto y lo ejecutaron a Marquitos. Había chicos que guardaban bicicletas y vecinos barriendo la vereda. Los disparos -se supone- habrían sido ejecutados con silenciadores", detalló el Rougès a LA NACION. Todas las versiones oficiales indican que Marcos quiso embestir a los oficiales de tránsito y, a partir de eso, terminó chocando el colectivo y pegándose un tiro. Pero los registros fílmicos, destaca Rougès padre, muestran una actitud completamente distinta: incluso antes de desvanecerse se ve que Marcos intentó detener el auto de manera cautelosa. Además, rompieron la ventanilla trasera derecha del auto -que estaba acribillada -apoyando el pie para rescatarlo, en lugar de la ventana más próxima a la víctima. "En ese vidrio estaban los impactos de las balas que asesinaron a Marcos. Aprovecharon para eliminar todo tipo de evidencia. Después armaron una carpa y empezaron a hacerle chapa y pintura al auto para borrar los agujeros de las balas. En las fotos de la fiscalía taparon los siete impactos de bala, pero en las grabaciones de las cámaras de seguridad se ven perfectamente: un enorme orificio de bala atrás, cuatro orificios de bala en el guardabarros delantero y una abolladura en donde, mirando con atención, se pueden notar los dos orificios de los balazos que entraron por el techo", aseguró Rougès padre a LA NACION. Las fotos Aunque la existencia del CD con las fotos fue informada a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, todos los vocales del máximo tribunal rechazaron el recurso extraordinario presentado por Rougès y no dispusieron ninguna investigación ulterior. Ningún fiscal, juez, secretario o prosecretario intervino. Nadie pidió explicaciones sobre la desaparición del informe original forense ni sobre la eventual adulteración del cadáver. Rougès afirma que, aunque las pruebas son claras, "el sistema" habría decidido protegerse a sí mismo. "El hecho de que aquel CD figurara en la oficina del Ministro Fiscal demuestra claramente que conocía la realidad del asesinato y contribuía a su ocultamiento", sentenció.Entre las pruebas que el padre afirma haber reunido por su cuenta se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el automóvil acribillado, antes de la intervención de los peritos. Habría recibido siete disparos. A partir de este escenario, explicó a LA NACION, empezó el "encubrimiento estatal".Además, habría audios comprometedores de la radio policial. En uno de ellas, una operadora se habría comunicado con dureza con los policías de la Brigada de Investigaciones. "Son salvajes ustedes. El chico está muerto. Ya venía con el balazo. Le han disparado por la espalda, una locura. Es un horror, está tirado. Yo he visto cómo fue la ejecución. Son todos de la brigada", se escucha en el audio, de baja calidad. Y, para el padre, eso es un claro indicio de que -previo a la respuesta de la operadora- habría habido una confesión al aire del asesinato de su hijo. Si eso es efectivamente así, toda la policía de la provincia pudo escuchar lo sucedido. Sin embargo, nadie intervino y nadie habló.Rougès está convencido de que la orden de frenar cualquier investigación contra la actuación policial vino de las altas esferas del poder, y que por eso ninguna instancia judicial ha querido investigar el caso, ni siquiera habiendo quedado expuestas las irregularidades más groseras. "El Ministerio Público Fiscal de Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán están incursos cuando menos en delitos de encubrimiento", afirmó a LA NACION. Los fundamentos del archivo de la causaLa Justicia tucumana y posteriormente la Corte Suprema De Justicia de la Nación, resolvieron archivar la investigación por la muerte de Marcos Rougés, argumentando que la muerte no configuró delito alguno y que no hubo participación de terceras personas. Ante la consulta de LA NACION sobre las dudas y acusaciones planteadas por el padre del joven, desde el Poder Judicial dijeron a este diario que lo que tenían para decir sobre el caso está en el expediente. En consecuencia, enviaron tres cuerpos de la causa judicial, más de mil fojas.Hay filmaciones, pericias técnicas, testimonios y estudios forenses. Con ese corpus probatorio la fiscalía sostuvo la hipótesis del suicidio.Las autoridades judiciales sostuvieron en el expediente que las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir paso a paso los últimos movimientos del vehículo. Para los magistrados, en todos los registros, el Nissan circuló en medio de dos autos -un Chevrolet Corsa y un Renault Clio-, manteniendo siempre los mismos intervalos de tiempo, lo que para los peritos prueba que no hubo detenciones, ascensos ni descensos de personas.En la maniobra de giro hacia la avenida Sarmiento, el auto aminoró la marcha, colocó la luz de giro, chocó contra un colectivo y se detuvo. Ello, según consta en uno de los tres cuerpos de la causa, a los que accedió LA NACION, hubiese sido imposible de realizar tras haber recibido un disparo en la sien. Minutos después, un transeúnte rompió el vidrio trasero derecho para intentar auxiliar al conductor. Según los peritos, los cristales estaban intactos antes del impacto, por lo que el disparo no pudo haber provenido desde afuera.Respecto del video editado y aportado por Rougès que atribuía la portación de armas de fuego a dos personas presentes en la escena, los técnicos del Ministerio Público concluyeron que los objetos que se veían en sus manos no eran armas, sino otros elementos de difícil identificación, posiblemente un teléfono celular o un cigarrillo.En el expediente se destacan seis declaraciones de testigos presenciales que, para la fiscalía, refuerzan la hipótesis del suicidio. Un inspector de tránsito incluso le habría dicho a otro testigo que, tras el choque, vio cómo el joven "se pegó un tiro en la cabeza". La mayoría de los testigos que declararon reconocieron que no escucharon la detonación, pero todos coincidieron en que nadie más salió ni entró al auto y que los vidrios estaban sanos hasta el intento de rescate. El chofer del colectivo también describió que, tras el roce, el vehículo quedó detenido y enseguida los agentes de tránsito le advirtieron: "Se ha matado".Las pruebas científicasLa autopsia reveló un disparo en la sien derecha con trayectoria intracraneal, efectuado a menos de 50 centímetros. "Siguiendo una dirección de derecha a izquierda, de abajo a arriba y de adelante hacia atrás, perfora piel y paquetes musculares, atraviesa el tejido óseo del hueso temporal derecho, penetra en la cavidad craneana produciendo gran destrucción de la masa encefálica con sus respectivas hemorragias y se exterioriza por región parieto occipital izquierda, produciendo lesiones gravísimas tanto a nivel óseo como encefálico, lo que constituye un traumatismo encefalocraneano, que fue lo que en definitiva llevó al óbito al causante", indica el informe. Además, los estudios químicos hallaron restos de pólvora (plomo, antimonio y bario) en la mano derecha de Rougés, en su campera de color verde, en su buzo negro, y en el interior del Nissan Tiida, excepto en el panel de la puerta trasera izquierda.Otro de los argumentos que, para la Justicia tucumana, sustentan el suicidio, se basa en que el proyectil y la vaina encontrados dentro del vehículo correspondían a un revólver calibre .38 Special marca Llama, serie 871001, que estaba registrado a nombre de la víctima, que era legítimo usuario (LU).Además, el ADN de Rougés se detectó tanto en sus manos como en el arma y en el resto de las partes peritadas. Los peritos confirmaron: el disparo fue autoinfligido y no hubo ingreso de otro proyectil desde el exterior.El análisis toxicológico dio negativo para alcohol y drogas. Un estudio anatomopatológico corroboró el tatuaje de pólvora en la herida de entrada. Por otro lado, informes vecinales y policiales descartaron operativos oficiales en la zona en el momento del hecho.

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El "cubo negro" de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial

FLORENCIA.- Es la polémica del momento. En Florencia, la ciudad del Ponte Vecchio, el Cupolone de Brunelleschi, el campanario de Giotto, joya del Renacimiento, no se habla de otra cosa: el "cubo negro". Así fue bautizada esa "horrible" construcción tipo caja, hipermoderna y oscura, que surgió en el horizonte del centro histórico de Florencia, patrimonio de la Unesco, en las alturas de donde estaba el viejo teatro municipal. Fue un "puñetazo en el ojo" que alteró no sólo los nervios de los florentinos, sino, sobre todo, la magnífica estética de una de las ciudades más lindas del mundo. Y que provocó una controversia política y judicial que no se aplaca.Fue en agosto pasado, en medio del último y tórrido verano, que vecinos y amantes de Florencia pusieron el grito en el cielo. Después de años de obras, finalmente desarmaron los andamios que ocultaban la gran obra de reconversión del viejo teatro en un complejo residencial, con un hotel y departamentos de lujo de siete pisos. Y de repente irrumpió el "cubo negro" de la discordia, un shock visual, que se levanta en la zona del Lungarno meridional, a una cuadra del más que custodiado consulado de Estados Unidos, entre las vías Solferino, Magenta y Corso Italia.Supermoderna, la construcción, oscura, contrasta con el skyline florentino, sobre todo visto desde "di lá d'Arno", es decir, desde la orilla izquierda del río conocido por el Ponte Vecchio, que queda unos 700 metros más arriba. Como no podía ser de otra manera, enseguida se desató un tsunami de polémicas, protestas por parte del grupo Salviamo Firenze -que desde hace años lucha en contra de las especulaciones edilicias-, marcadas por varias preguntas: ¿Cómo fue posible que las autoridades competentes pudieran darle el visto bueno a una construcción tan dramáticamente disruptiva con el resto de la ciudad? ¿Hubo corrupción? ¿Cómo fue el proceso, que involucra al Partido Democrático (PD), de centroizquierda, desde hace décadas al frente de la gestión de Florencia?La fiscalía de la ciudad abrió hace un mes una investigación judicial, al momento contra ignotos, por abuso edilicio en violación de los códigos de los bienes culturales y el paisaje, que nadie sabe cómo terminará. Pero que podrá durar años, ya que son cientos de miles de páginas, documentos, autorizaciones, firmas, para controlar e investigar.Todo comenzó en 2013. La administración del entonces alcalde, expremier y hoy senador, Matteo Renzi, decidió convertir al Teatro Comunale -edificio del siglo XIX que albergó durante décadas al famoso Maggio Musicale fiorentino-, en un complejo residencial y hotelero, exigiendo que no superara la altura de la torre escénica y reduciendo la superficie ocupada de 21.000 a 18.000 metros cuadrados. En 2018 tuvo el visto bueno un primer proyecto: el edificio se dividiría en tres, creando un espacio interior, manteniendo la altura de la torre escénica.En 2020, tras dos intentos fallidos, la nueva propietaria, Cassa Depositi e Prestiti, vendió el antiguo teatro al grupo Blue Noble and Hines por 23 millones de euros (la mitad del valor estimado), quienes encargaron a Vittorio Grassi Architects la revisión del proyecto. En el rendering, los tres edificios, con 156 apartamentos de lujo destinados al turismo breve, aparecen tal como fueron construidos. El color de las partes superiores es crema, no negro. ¿Quién autorizó los cambios y cuándo?Mi visita al "cubo negro" de Florencia, polemico y ultra moderno complejo de deptos turísticos de lujo que contrastan con el resto de la ciudad renacentista, construidos donde estaba el teatro municipalâ?¦ En breve nota en @LANACION pic.twitter.com/fUu5dgt1YN— Elisabetta Piqué (@bettapique) September 27, 2025En la zona ahora bajo la lupa y sobre el banquillo, el coqueto Starhotels, un cinco estrellas, ya está trabajando a full. Y todo luce renovado y pulcro. Se ven obreros que van y vienen, trabajando a todo ritmo para darle los últimos retoques a los llamados "Teatro Luxury Apartments", que en octubre comenzarán a funcionar. En lo que era la fachada del antiguo teatro -que se mantuvo-, unos paneles indican que pronto abrirá un restaurante japonés, por supuesto también cinco estrellas. Altura y contrastes "Yo veía que los andamios iban subiendo y subiendo y, la verdad, cuando los sacaron, objetivamente me quedé muy mal. ¿Qué es esto? Pero, personalmente, me gusta este contraste de la fachada del teatro, lo único que quedó en pie y la estructura de vidrio", dice a LA NACION Francesca, dueña de la peluquería FreeStyle que queda justo en frente. "Sí, estoy de acuerdo con que es un puñetazo en el ojo, sobre todo viéndolo desde el otro del Arno, pero la verdad es que al crear los departamentos se ha revalorizado la zona, que en los últimos años estuvo muy degradada", apunta Francesca. "Para mí el gran error fue cerrar el teatro, yo trabajaba ahí hace 27 añosâ?¦ Pero si lo tenían que mantener cerrado y decadente, mejor que lo hayan revalorizadoâ?¦ Así que, para mí, que el cubo sea negro, verde, rojoâ?¦ Se trata de gustos, pero si uno va a otras ciudades, es normal que la arquitectura vaya evolucionando", opina.Fabrizio, que trabaja en el sector de la construcción, levanta los ojos cuando se le pregunta sobre el "cubo negro". "No sé, yo estoy en el rubro de los ascensores, las autoridades se la pasan pidiendo permisos de todo tipo que te paralizan, hay una burocracia terrible, pero con el complejo de departamento surgidos en el ex teatro municipal parece que no hubo frenos", comenta. "No sé si hubo corrupción, pero uno se hace preguntas porque cuando hay grandes inversores todo se vuelve posibleâ?¦ Y Florencia se ha convertido en la nueva Venecia, con grandes hoteles, gran turismo, así que tampoco hay que sorprenderse de todo esto", añade, escéptico.Cristina Acidini, reconocida historiadora de arte que fue titular de la Superintendencia Especial para los Bienes Históricos y Artísticos de Florencia de 2006 a 2014, tampoco se anima a hablar de corrupción. "En principio, mientras no se demuestre lo contrario, tiendo a descartarlo. El Poder Judicial está haciendo su trabajo, y si ocurrió algo de este tipo, lo podrá comprobar", dice a LA NACION. Actualmente presidenta de la Academia de Artes del Dibujo, de la Fundación Santa Croce y de la Fundación Casa Buonarroti, Acidini no le ahorra críticas al "cubo negro", considerado por sus detractores, que para el lunes organizan una nueva protesta, un "in-cubo" (en italiano, pesadilla) que ofende a la ciudad. "El impacto estético es muy negativo. El volumen es verdaderamente imponente y el efecto cromático es muy impactante. Deberán encontrar una solución que justamente tendrá que ver con eso, con un cambio de color", plantea. "Sería algo mínimo porque quizás lo más deseable sería poder destruir todo y comenzar de cero", dispara. "Pero no creo que se den las condiciones para eso por lo que, al menos, habría que negociar con los dueños un cambio de revestimientos, una medida, reitero, mínima, pero suficiente para reducir la perturbación estética que muchos de nosotros hemos sentido", suma.Tomaso Montanari, otro prestigioso historiador de arte, ensayista y rector de la Universidad para Extranjeros de Siena, en diálogo con LA NACION, tampoco ocultó su indignación con el "cubo negro". Una "porquería" que refleja la "prostitución" de Florencia a los grandes capitales, con la complicidad de todos, autoridades, dirigentes políticos, banqueros, arquitectos, urbanistas, florentinos. "No sé si hubo corrupción. Lo más grave fue la demolición del antiguo teatro, que no debería haberse demolido porque estaba perfecto. Y hubo mucha especulación edilicia y entre los especuladores, entre los socios, estaba el padre de Matteo Renzi, lo cual despierta muchas perplejidades", acusa.Y concluye: "Nadie es inocente, el cubo es una cosa horrible que viola y destruye la imagen de los Lungarni, que son el corazón mismo de Florencia y, como escribí en un artículo, al final es una cosa 'buena', que una operación de especulación inmobiliaria tan fea, tan sucia, corresponda a una arquitectura tan fea".

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San Lorenzo: una medida judicial pedida por Moretti, licencias y un club al borde del hartazgo social

Si uno escribiese esta historia, incluso dejando el final abierto que a estas alturas del mes de septiembre de 2025 tiene la misma en San Lorenzo, y se intenta reunir con las principales plataformas de streaming para llevar los últimos 20 meses de gestión al alcance de un celular o una pantalla para prácticamente cualquier mortal a lo largo y ancho del mundo, probablemente le rechacen el ofrecimiento por entender que, más allá de ser un club social con millones de hinchas, algunas situaciones carecerían de sentido. Y lo que podría ser una etapa de la historia de un club social y deportivo de los más importantes del país, se transformaría en pura ciencia ficción.Cuando nada era alegría, pero se intentaba trasladar tranquilidad la semana pasada ante una reunión de Comisión Directiva que generó una acefalía para el gobierno de Marcelo Moretti, por lo bajo, el propio directivo señalado -entre otros cientos de motivos- por llevarse 25 mil dólares al bolsillo personal de parte de la madre de un juvenil del club, dispuso ir a una mediación el próximo 17 de octubre, ya que a las oficinas del club llegó una notificación para una mediación prejudicial, un procedimiento legal y voluntario que busca resolver conflictos antes de que se inicie un juicio: Moretti busca impugnar la Comisión Directiva que derivó en la acefalía por considerarla nula por motivos administrativos, según supo LA NACION."Moretti continúa apelando a cualquier artilugio para volver. Piensa en él y no en San Lorenzo. Prioriza sus intereses personales por sobre los del club", mencionó una persona de peso del día a día azulgrana.Según pudo averiguar este medio, el expresidente argumenta su pedido de nulidad por el llamado de la convocatoria y que la cantidad de renuncias no alcanzarían para dejar la CD sin efecto.A todo esto, vale agregar que la Asamblea Extraordinaria, que se había convocado para este lunes 22 por la tarde con el objetivo de elegir una Comisión Directiva transitoria para que se hiciera cargo de San Lorenzo por la acefalía anteriormente mencionada, se suspendió por otra presentación judicial del exmandatario, durante el último viernes. "Moretti sigue exponiendo a San Lorenzo ante la justicia. Es de un peligro sin precedentes. Solo piensa en él", le esgrimió a este diario una persona del día a día del club.Es que este mismo lunes llegó la notificación judicial al club y la Mesa Directiva de la Asamblea oficializó la suspensión del cónclave. A todo esto, quien presidiera el club de manera interina, Daniel Matos, desde su rol de presidente de Asamblea, solicitó formalmente una licencia por 15 días, aduciendo motivos personales por obligaciones laborales impostergables.La situación parecía encaminarse de inmediato, pero los planes se trastocaron luego de la movida judicial que encabezó Moretti y expuso a Matos a esta situación.En su lugar queda el hoy el vice de la Asamblea, Ulises Morales, quien ya avisó que no tiene problemas para postergar o posponer sus cuestiones laborales, radicarse en Buenos Aires (es de Mendoza) y así lograr el traspaso de firma para darle operatividad al club. "Mantener la operatividad del club es nuestro objetivo, nada más", le reconocieron a LA NACION desde la Mesa Ejecutiva del club ante la consulta hecha por estas convulsionadas horas que atraviesa la institución.Ya con Ulises Morales como máxima autoridad, la Mesa de la Asamblea tenía previsto reunirse este miércoles para poner, entre otros ítems, una nueva fecha a la Asamblea determinante que designará a la CD transitoria. Así fue y ya hay nuevo día establecido para el encuentro: será el 13 de octubre, desde las 18.30. Allí se tratará, además del gobierno provisorio, el balance y el presupuesto.Igualmente, la cancha se embarró bastante con el absurdo avance judicial de Moretti: "Aunque quiera, no va a volver. No puede, no debe ni va a suceder eso", garantizaron en modo desafiante desde varios sectores políticos de San Lorenzo.¿Cómo está el pedido de quiebra que pesa sobre San Lorenzo?Por si fuera poco, San Lorenzo sigue con la soga al cuello respecto al fondo suizo AIMS Investment, que le exigió el pago de una deuda millonaria, lo que llevó al club a una situación de potencial quiebra desde agosto de 2025. "Es una bomba de tiempo. Hay que negociar y desactivarla, la quiebra no le sirve a ninguna de las partes, pero hay que mostrar capacidad de gestión para que el acuerdo no genere aún más desequilibrio. Jugar al distraído con el pedido de quiebra es suicida, hay que tomar cartas en el asunto ya y la demora de la Asamblea no ayuda", expresó Cesar Francis ante la consulta de este medio.Todo este disparate que se generó en las últimas semanas no colabora para una pronta resolución. "El Fondo los está esperando, pero nadie llama. Es absurdo. Se manejaron así en toda la gestión, parece a propósito", dijo una persona influyente del día a día que prefiere el anonimato ante este diario.

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Este es un delito regulado en el Art. 197 del Código Penal y, según la ley, constituye una vulneración de la intimidad

Era su novia, la dormía con cloroformo para violarla y la mató cuando ella lo descubrió: el atroz fallo judicial que lo dejó impune

El 23 de septiembre de 1988, Mel Ignatow citó a su exnovia Brenda Schaefer con la excusa de devolverle unas joyas. Una vez que la tuvo allí, la torturó, la violó y la mató con la ayuda de una cómplice que fotografió todo el proceso. La palabra que confundió al jurado que lo declaró inocente y el juicio por perjurio que lo llevó finalmente a la cárcel

Por un fallo judicial, el PAMI deberá volver a entregar medicamentos gratis a jubilados de CABA

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal 2 en respuesta a un amparo colectivo presentado por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde.

"Belén", de Dolores Fonzi: cine con verdad judicial y espejo para lo que aún debe asegurarse

La nueva película de Dolores Fonzi que reconstruye un caso real de criminalización tras un aborto espontáneo, tuvo un buen estreno: quedó cuarta en la taquilla. Llega en medio de reiterados reclamos por la provisión de insumos reproductivos. Leer más

A disposición judicial un hombre por el incendio forestal que arrasó 100 hectáreas en Granada en agosto

Donald Trump reclama a su Fiscal General que inicie "ahora" una investigación judicial contra rivales políticos de la Casa Blanca

En su mensaje a Pam Bondi, el líder republicano expresó su frustración por la falta de acciones legales contra un senador de California, la fiscal general de Nueva York, y un ex director del FBI. Adam Schiff y Letitia James, ambos demócratas, son señalados por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca.

Claudio Vidal acusó a Cristina y Máximo Kirchner de dar un "golpe judicial" en Santa Cruz

EL CALAFATE.- El gobernador Claudio Vidal denunció un "golpe judicial" en Santa Cruz y apuntó a Cristina y Máximo Kirchner. Lo hizo a través de sus redes sociales después que se conociera la medida del juez Marcelo Bersanelli â??exabogado de la expresidentaâ?? que suspendió la reforma de la ley 3949 impulsada por Vidal, que amplió de cinco a nueve los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. "Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz", afirmó Vidal. Violación de la división de poderes en provincia de Santa Cruz.Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes enâ?¦— ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) September 20, 2025Bersanelli, juez de primera instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de Río Gallegos, hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Empleados Judiciales de Santa Cruz "3 de Julio", y ordenó a la Cámara de Diputados que se abstenga de dar tratamiento a las ternas que fueron elevadas por el Poder Ejecutivo para la designación de los nuevos vocales del máximo tribunal provincial. La ampliación de la corte provincial, con la negativa del kirchnerismo fue aprobada en la Legislatura hace menos de un mes. Desde el vidalismo argumentaron que la decisión se impulsó para equilibrar una justicia cuyo máximo órgano responde al poder político que gobernó la provincia durante 32 años. La decisión impactó en la cúpula del poder judicial santacruceño, cuyos miembros han sido todos designados durante las sucesivas gestiones kirchneristas. "La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de Gobierno", sostuvo Vidal al conocerse el fallo de Bersanelli. El gremio judicial pidió a través de un amparo la declaración de inconstitucional de la ley 3949 por considerarla "irrazonable e incompatible con el sistema republicano" y que su constitucionalidad se encuentra comprometida."¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?", se preguntó Vidal sobre la medida de Bersanelli, quien ordenó suspender el tratamiento de los pliegos de los jueces por un término de diez (10) días o hasta que se dicte una resolución respecto de la medida cautelar principal peticionada, lo que ocurra primero."Como es de público y notorio conocimiento, ya se han elevado para su consideración por el Poder Legislativo las ternas para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia resultando inminente su tratamiento, se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de la medida interina señalada", sostiene Bersanelli.Entre las cuatro ternas enviadas por Vidal a la Cámara de Diputados se encuentra la que integra el exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, quien renunció a la Cámara de Diputados la semana pasada, lugar al que llegó en reemplazo de Vidal, quien no completó el mandato para asumir en la gobernación de Santa Cruz. Entre los doce candidatos también se encuentra el actual fiscal de Estado, Ramiro Castillo, y el juez de Caleta Olivia, Gabriel Contreras. Bersanelli, acompañó como abogado en varias diligencias ante la justicia federal de Río Gallegos a Cristina Kirchner y estuvo casado con una hermana de la exesposa de Máximo Kirchner, Rocío García, actual diputada provincial y una de las voces camporistas en la legislatura que argumentó contra la reforma judicial. El juez, que firmó el viernes la medida, tiene desde hace tres años el pliego aprobado por el Senado para integrar la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, que será el tribunal de alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tarea que actualmente lleva a cabo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal más independiente del poder kirchnerista. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones nunca se constituyó y Bersanelli sigue ejerciendo como juez de primera instancia en Río Gallegos. Entre los cinco actuales miembros del TSJ, el actual Gobierno cuestiona con especial ahínco a Fernando Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, a quien se cuestiona haber sido nombrado, sin contar con la antigüedad que exige la ley en el ejercicio de la abogacía. Basanta fue integrante de La Cámpora en la provincia y cercano al hijo de la expresidenta.-