judicial

El Ministerio de la Mujer solicita al Poder Judicial medidas de protección para la hija de Andrea San Martín

Tras la entrevista en cámara Gesell, la entidad estatal activó atención legal y psicológica para la menor, mientras el Poder Judicial evalúa el pedido dentro de la investigación contra la influencer.

Caso Solórzano Foppa en Guatemala: Organismo Judicial atribuye al Ministerio Público el cambio de ropa de los hermanos Choc Toz

La institución indicó que la diligencia buscaba preservar posibles indicios para peritajes y precisó que su personal de seguridad no intervino, mientras la Policía Nacional Civil acompañó el procedimiento bajo sus competencias

Presidente legislativo en Honduras advierte que se aprobarán "las reformas penales aunque el poder judicial no las respalde"

El funcionario también defendió las medidas relacionadas con los tatuajes alusivos a maras y pandillas y anunció que analizarán la habilitación de nuevos espacios penitenciarios ante el posible aumento de la población carcelaria.

Detención judicial contra dos agentes antiextorsión acusados de tráfico de drogas en Honduras

La información divulgada por el portavoz judicial vincula los delitos atribuidos a los policías con afectaciones a la salud pública y al orden estatal, sin precisar las características del material referido.

Cocinar, cuidar y cultivar también implica riesgos: el Ministerio Trabajo deberá reglamentar por orden judicial la seguridad social de las mujeres campesinas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la cartera evaluar los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y reglamentar su acceso al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no coticen bajo la modalidad contributiva

Nuevo capítulo judicial: citan por separado a Facundo Moyano y a Candela Arizaga por la orden de restricción de acercamiento que pesa sobre el exdiputado

El hijo de Hugo deberá presentarse con su abogado en el centro porteño este jueves a las 10, mientras que la modelo fue citada para las 13. Aunque se especula que ella no se presentará. La defensa de Moyano buscará que se levanten las restricciones.

Demandas cruzadas entre una profesora de tango y una alumna: infidelidad, agresiones y un final judicial sin vencedoras ni vencidas

La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que desestimó una demanda y una contrademanda por daños y perjuicios entre dos mujeres vinculadas por una relación académica y personal con un profesor de tango. El conflicto se extendió durante varios años y derivó en varias denuncias penales, pero ninguna de las partes logró probar la responsabilidad de la otra por los hechos que alegaba

Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos un cargo de tortura aplicado a pocos acusados en la historia judicial

La acusación ampliada, presentada por fiscales federales, incorpora una norma de 1994 invocada contra ocho personas identificadas por Reuters y suma este delito a las imputaciones previas por narcotráfico en su contra

Peritajes y acusaciones de fraude: el primer pleito judicial que enfrentaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

La disputa por la pensión de su hijo revive el choque legal entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano por una camioneta, un caso resuelto tras dos años de acusaciones de falsificación y peritajes en tribunales

Redadas del ICE sin orden judicial: 22 fiscales generales desafían al DHS por arrestos de inmigrantes

El 19 de octubre, una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal de apelaciones un escrito para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La iniciativa busca respaldar un litigio que cuestiona los procedimientos de detención utilizados por las autoridades federales.¿Qué reclaman los 22 fiscales generales por las redadas del ICE sin orden judicial?De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Illinois, el fiscal general Kwame Raoul encabezó la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El documento respalda la demanda Escobar-Molina contra DHS, que cuestiona la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Washington D. C. La coalición sostiene que la legislación federal establece dos condiciones que los agentes de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben cumplir para detener a una persona sin una orden judicial:Contar con una causa probable para creer que el individuo se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.Tener motivos fundados para considerar que esa persona podría escapar antes de que las autoridades obtengan la autorización correspondiente.Kwame Raoul cuestionó las políticas migratorias de la administración TrumpEl fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, criticó las actuaciones de las autoridades federales y afirmó que sus métodos afectan la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones. "La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales", declaró Raoul.El funcionario también manifestó que mantendrá su posición junto con los demás integrantes de la coalición para defender los derechos de los extranjeros. "Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades", sostuvo.Cómo afectan las detenciones migratorias a las comunidades de EE.UU.En la presentación judicial, los fiscales generales describieron las consecuencias que atribuyen a los procedimientos de control migratorio cuestionados. El escrito identifica diferentes ámbitos que, según los funcionarios, resultaron perjudicados:Educación: las operaciones provocaron que algunos estudiantes dejaran de asistir a clases.Trabajo agrícola: las actuaciones de las autoridades interrumpieron actividades del sector.Salud pública: el temor a los operativos desalentó a personas que necesitaban atención médica.Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de los hogares.Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los vínculos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.El antecedente judicial del caso Escobar-Molina contra el DHSLa controversia ya había registrado una resolución previa en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.La decisión se produjo durante el desarrollo del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias efectuadas sin órdenes judiciales. La nueva intervención de los fiscales generales se presentó ante una instancia de apelaciones mediante un escrito destinado a respaldar los argumentos contra las prácticas del organismo federal.¿Qué estados participan en la acción contra el DHS?Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones se sumaron al documento presentado ante la justicia federal. Los fiscales generales participantes representan a: ArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaHawáiMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregonRhode IslandVermontVirginiaWashington

Anthropic propone que EE.UU. pueda bloquear modelos de IA peligrosos con autorización judicial

Anthropic, creador del asistente de inteligencia artificial Claude, propuso su propio marco de regulación ante la falta de una ley federal, según el cual Washington podría vetar un modelo de IA peligroso pero solo con la autorización de un juez. La iniciativa fue presentada a legisladores estadounidenses, reveló el medio Politico.El texto plantea que Washington pueda bloquear un modelo de IA en caso de riesgo inminente de causar más de 50 muertos o heridos graves o pérdidas por más de 1000 millones de dólares. Todo, bajo el visto bueno de un juez.Asimismo, se obligaría a los desarrolladores de IA a "poner a prueba los modelos más potentes", a transparentar sus resultados frente al público, así como a "someterlos a una evaluación independiente" y "mantener un sólido programa de seguridad", dijo un portavoz de Anthropic a la AFP el pasado viernes.Bajo el gobierno de Donald Trump, las empresas de IA están solo obligadas a decretos y compromisos voluntarios. El mandatario republicano se opone a frenar el auge de esta tecnología que impulsa la economía estadounidense.El Congreso se mantiene dividido frente al tema, y no ha aprobado nada relacionado. La seguridad de la IA cobró relevancia tras las revelaciones de una serie de incidentes causados por sistemas avanzados de inteligencia artificial que se escaparon del control de sus creadores. En junio, Anthropic fue obligada por Washington a suspender sus modelos más avanzados por casi tres semanas tras ser vetada por el Pentágono.Las relaciones de la empresa con el gobierno de Trump mejoraron recientemente. "Nuestra propuesta (de regulación) también otorga al gobierno federal la capacidad de bloquear o disuadir el despliegue de los modelos más potentes cuando resulte peligroso", remarcó el vocero de Anthropic.Alarma mundialLa propuesta de Anthropic se da en un escenario de gran temor e incertidumbre respecto al avance de la IA. De hecho, los propios empresarios hicieron un llamado de atención en el último para frenar el ritmo de desarrollo de esta tecnología.Uno de ellos fue Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien aseguró que uno de los principales riesgos es que la humanidad termine perdiendo el control sobre su propio futuro. Además, reclamó reglas de seguridad comunes para las empresas que desarrollan los modelos más avanzados y sostuvo que "ninguna cantidad de presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia".A su vez, Altman consideró necesario que las técnicas destinadas a garantizar la alineación y la seguridad de los sistemas avancen al mismo ritmo o incluso por delante de las capacidades de los modelos. "Necesitamos formas de asegurar que las técnicas de alineación y seguridad se mantengan por delante del progreso en las capacidades de los modelos", sostuvo.También destacó como peligroso la excesiva concentración de poder en manos de quienes controlen las tecnologías más avanzadas. Según advirtió, una inteligencia artificial extraordinariamente poderosa podría convertirse en una herramienta para que una persona, una empresa o incluso un país impongan sus intereses sobre el resto.Con información de AFP

ICE en California: el fiscal Rob Bonta cuestiona los arrestos sin orden judicial y exige evaluar el riesgo de fuga

El fiscal general de California, Rob Bonta, impulsó una nueva acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia, que cuestionan las detenciones migratorias civiles realizadas sin orden judicial.Nueva acción judicial contra el ICELa coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS. Este tipo de documento permite que instituciones ajenas a las partes principales de un litigio aporten argumentos e información para respaldar una posición ante la justicia.El planteo busca mantener una medida cautelar que exige al gobierno federal respetar las condiciones legales para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial. Según los fiscales, la práctica cuestionada no contempla de manera sistemática todos los requisitos previstos por la legislación federal y genera consecuencias que alcanzan a personas e instituciones que no participan directamente de los operativos."La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas", dijo Bonta en un comunicado. "Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales", aseguró.Qué exige la ley para que el ICE detenga a una persona sin orden judicialLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece condiciones para que los agentes puedan realizar determinadas detenciones civiles sin contar previamente con una orden judicial. De acuerdo con el argumento presentado por la coalición, deben existir motivos fundados para considerar que la persona permanece en EE.UU. sin autorización legal y que podría escapar antes de que sea posible obtener una orden.Bonta y los demás fiscales sostuvieron que los agentes federales realizan arrestos sin evaluar de manera individual el riesgo de fuga. La presentación consideró que esa omisión excede las facultades establecidas por el Congreso y plantea cuestionamientos relacionados con la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las protecciones vinculadas con la actividad judicial."California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes", señaló Bonta. "Seguiremos luchando, defendiendo a nuestros vecinos y alzando la voz por los derechos y la dignidad de cada persona", agregó.El fiscal general californiano también cuestionó el uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible. Según la coalición, estas modalidades pueden dificultar que la población reconozca a los funcionarios, provocar confusiones con delincuentes y facilitar que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE.Los operativos migratorios y sus efectos en los tribunales y la seguridad públicaOtra de las acciones impulsadas por Bonta apunta a las intervenciones del ICE dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones. El fiscal sostuvo al presentar una demanda que la presencia de agentes migratorios en esos espacios puede desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la justicia."Hemos visto cómo se han desestimado cargos penales graves y se han puesto en peligro casos enteros porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar", aseguró el fiscal general. "Nuestro sistema de justicia no puede funcionar así. Me preocupa profundamente que, hoy, tengamos que acudir a los tribunales por centésima vez en menos de dos años para hacer cumplir la ley", agregó.En Los Ángeles, según los datos incluidos en el escrito de amicus curiae, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local disminuyeron un 28% después de los operativos del ICE. La coalición vinculó este fenómeno con una menor disposición a recurrir a las instituciones.Cómo afectan las detenciones del ICE a la educación, la salud y la economíaLos documentos judiciales describieron consecuencias en el ámbito educativo. Algunas familias evitan enviar a sus hijos a las escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos durante los traslados. También se señaló un aumento de las necesidades de asistencia psicológica entre estudiantes afectados por la incertidumbre y el miedo a una separación familiar.En materia sanitaria, los fiscales advirtieron que algunas personas postergan consultas médicas, cancelan turnos o evitan acudir a centros de atención. La coalición sostuvo que estas conductas pueden dificultar la prevención y el tratamiento de enfermedades, además de afectar el funcionamiento de los servicios comunitarios.El impacto económico también formó parte de la presentación. Los operativos pueden reducir la asistencia de trabajadores a sus empleos y disminuir la cantidad de clientes en los comercios. Los sectores mencionados incluyen la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil, actividades que dependen de la continuidad de sus plantillas laborales.Qué estados respaldan la demanda contra el DHS y el ICELa coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia. Entre las jurisdicciones participantes también se encuentran:ArizonaConnecticutDelawareHawáiIllinoisMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregónRhode IslandVermontVirginiaWashingtonLa presentación judicial busca que se mantengan las restricciones cautelares mientras avanza el litigio sobre las detenciones sin orden judicial. Los fiscales sostuvieron que las autoridades migratorias deben cumplir los requisitos legales antes de privar de libertad a una persona.

Lula desafía a Bolsonaro a revelar sus cuentas y prepara una ofensiva judicial para impugnar su candidatura

BRASILIA.- A cinco días del balotaje más reñido de los últimos años, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó este martes una petición formal ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para levantar el secreto bancario, fiscal y telefónico tanto suyo como de sus familiares directos de los últimos ocho años.La medida, sin embargo, está condicionada a que su adversario, el senador Flavio Bolsonaro, y el clan del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) adopten exactamente la misma providencia, apuntando directamente a las empresas y cuentas offshore que la justicia y la prensa vienen rastreando en torno a la familia de su contrincante.La maniobra traslada la pulseada por la transparencia y las acusaciones cruzadas de corrupción al centro de la justicia. Con sondeos que marcan un virtual empate técnico, pero con Flavio adelante numéricamente, el movimiento intenta arrinconar al bolsonarismo frente al electorado indeciso y desgastar a la campaña opositora."Estoy dispuesto a que la sociedad brasileña sepa quién es ladrón en este país, quién es corrupto. Quiero ver si él (Flavio) tendrá coraje de levantar su secreto bancario y telefónico", dijo Lula este martes en San Luis, estado de Maranhão, noreste de Brasil, durante una actividad de campaña.Já apresentei o pedido para derrubar meu sigilo. Protocolamos pedido para liberar os dados dos meus filhos e da @JanjaLula também. Agora, o Brasil quer saber se Flávio Bolsonaro fará o mesmo. pic.twitter.com/143vHlTClu— Lula (@LulaOficial) October 20, 2026Supuesta injerenciaLa ofensiva judicial no se limita al pedido de transparencia. En paralelo, el equipo de Lula solicitará también este martes al TSE la anulación de la candidatura de Flavio Bolsonaro, según indicó una fuente de la campaña del presidente.El recurso, que buscará impugnar la postulación del senador, se basa en una supuesta "injerencia" de Meta en la contienda. Según esa fuente, el gigante tecnológico estadounidense habría incurrido en una "manipulación algorítmica" destinada a perjudicar al mandatario en la búsqueda de su cuarto mandato."Lula está en una situación de desventaja numérica en las encuestas y necesita tener la iniciativa política en esta última semana", dijo a LA NACION Leandro Gabiati, doctor en Ciencia Política y director de Dominium Consultoría en Brasilia. "El desafío forma parte de esta lógica: provocar al adversario, obligarlo a responder y tratar de desgastarlo", agregó.El analista subrayó, sin embargo, que existen límites en esta estrategia: "En una elección tan polarizada, las acusaciones de corrupción no alteran las convicciones de quienes ya tienen una posición definida y difícilmente modifican el comportamiento de los electores indecisos. El elector que todavía no tomó una decisión probablemente esté esperando respuestas más concretas sobre sus problemas cotidianos, especialmente la economía, el costo de vida y la seguridad pública".En la última encuesta de Datafolha, publicada el jueves pasado, Flavio Bolsonaro reúne el 47% de las intenciones de voto contra 45% de Lula, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos. En votos válidos, el senador suma 51% y el presidente, 49%. En la primera vuelta, del 4 de octubre, el senador obtuvo 47,03% de los votos válidos y Lula, 45,16%, con una diferencia de 2,2 millones de votos.Secreto bancarioLa petición sobre el secreto bancario, firmada por Lula, fue leída en el cuartel general de la campaña petista en Brasilia por el secretario nacional de Comunicación del Partido de los Trabajadores (PT), Éden Valadares, junto al abogado del PT Angelo Ferraro. El texto autoriza la apertura de los datos del presidente; de su esposa, "Janja" da Silva; y de sus hijos Lurian, Marcos Claudio, Fabio Luis, Sandro Luis y Luis Claudio. Propone además que la información se divulgue a través del TSE o de otro sitio de acceso público.Del otro lado, la petición exige idéntica providencia de Flavio y de sus familiares: el exmandatario Jair Messias Bolsonaro, Rogeria Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro y Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, esposa del candidato.El desafío alcanza también a las personas jurídicas de las que los candidatos sean socios o administradores, o en cuyas cuentas figuren como responsables financieros o "usuarios máster". En el caso de Lula, la campaña indicó que hay una sola: LILS Palestras, Eventos e Publicações, de la que el presidente es socio no administrador.La lista atribuida a Flavio es más larga. Citando informaciones de prensa, el documento menciona un estudio unipersonal de abogacía, la aseguradora All In One, la empresa Bolsonaro Digital y Bravo Grafeno Tecnologia e Inovação, que según el texto comparte domicilio con el llamado "Careca do INSS", figura central del escándalo de descuentos irregulares a jubilados.Menciona también Alcazar Holdings, una empresa offshore registrada en la isla de Madeira, en Portugal, propiedad del abogado Willer Tomaz, "en cuya cuenta bancaria el candidato Flavio Bolsonaro figuraría como usuario máster, según una investigación de la Policía Federal divulgada por la prensa", dice textualmente el documento."La divulgación pública de los datos bancarios, fiscales y telefónicos de los dos candidatos antes del próximo miércoles 21 es fundamental para que la población brasileña esté debidamente informada y pueda decidir libremente a quién votar", sostiene el texto firmado por Lula, que invoca el artículo 14 de la Constitución sobre la probidad administrativa y la moralidad para el ejercicio del mandato."Hoy llegó la hora de la verdad", dijo Valadares tras la lectura. "Fueron muchas semanas de crisis, de confusión, de cobertura en los noticieros que pudo haber generado una incomprensión en parte de la población sobre quién es quién, quién está involucrado con quién." Y agregó: "Hoy el presidente Lula marca, en la historia de la política brasileña, un desafío sin igual. El que no debe, no teme".El dirigente fue más allá: "Nuestro adversario es investigado por corrupción en dos causas en la Justicia. El presidente Lula es un hombre honesto, tiene la vida limpia".En septiembre, tras el levantamiento del secreto de una de esas investigaciones por parte del Supremo Tribunal Federal, la campaña petista comenzó a difundir piezas que señalaban a Flavio como investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Banco Master, en una causa abierta en julio sobre el financiamiento de Dark Horse, una película homenaje a Jair Bolsonaro.Quantos aqui já foram presos por corrupção? Só você , Lula! pic.twitter.com/XCojFnPIIY— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 19, 2026Según reveló en mayo el sitio Intercept Brasil, el senador negoció con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y detenido desde marzo, un aporte de unos 134 millones de reales -unos 24 millones de dólares- para la producción, de los cuales al menos 61 millones habrían sido efectivamente desembolsados.Valadares confirmó que la apertura de los datos de Lula depende de lo que haga su rival: "Si él abre, nosotros también abriremos". Consultado sobre por qué el presidente no divulga sus datos sin esperar a su adversario, respondió: "Si fuera candidato único, sí, pero tenemos dos candidaturas. El presidente no está haciendo un desafío para probar su inocencia, que el pueblo brasileño conoce, sino para mostrar quién realmente debe y quién realmente está enredado".El abogado Ferraro precisó que la petición ya fue presentada ante la presidencia del TSE y que debe seguir un trámite de distribución a uno de los jueces. La campaña petista aseguró que no conversó sobre el tema con el presidente del tribunal, Kassio Nunes Marques, y que se limitó a protocolar el pedido.La campaña de Flavio no se había pronunciado este martes sobre el reto lanzado por el oficialismo. El presidente brasileño había propuesto por primera vez este desafío el domingo, durante el debate presidencial en la red Bandeirantes. El senador evitó entonces responder si lo aceptaría, dijo que no tenía nada que esconder y contraatacó acusando al presidente de manejar dinero "por fuera".Al término del debate, recurrió a la ironía. "(Lula) Propone el quiebre del secreto telefónico cuando ni siquiera tiene celular", dijo el senador, y aseguró que todos sus bienes están declarados ante el fisco.

Nuevo revés judicial para José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos

La Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de su defensa para anular la investigación y ratificó al fiscal Fernando Domínguez en la causa

Maru Campos apoyará a la FGR en caso de César Jáuregui y sella el destino del exfiscal de Chihuahua: "Ahora decide el Poder Judicial"

La gobernadora indicó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial y sostuvo que cualquier cooperación con autoridades federales debe realizarse por conductos institucionales

El Supremo aplica la amnistía a Puigdemont y pone punto y final a su proceso judicial

El Supremo aplica la amnistía a Puigdemont y acerca al final su proceso judicial

Poder Judicial revisará prisión preventiva de Víctor Polay Campos por el caso Las Gardenias: audiencia fue programada para el 12 de noviembre

La medida fue impuesta en diciembre de 2025, en el marco del proceso penal por el ataque en el bar 'Las Gardenias'

Policía judicial detiene a una mujer por presuntamente trasladar a la sospechosa del crimen de Fleming

Los agentes realizaron allanamientos en La Capri y San Miguel, en Desamparados, donde capturaron a Roxana Zeledón, quien quedó bajo custodia mientras se define su situación jurídica por los hechos ocurridos en Guanacaste

Cuestionan la prórroga del principio de oportunidad de alias Narcochofer: piden explicaciones por el beneficio judicial en cinco investigaciones

El rincipio de oportunidad fue aprobado inicialmente el 5 de septiembre de 2024. Tuvo una primera prórroga el 28 de agosto de 2025 y un juez autorizó otra extensión en agosto de 2026, al considerar que aún debía rendir testimonios en procesos derivados de su colaboración

La legitimación procesal y el caso judicial ante los DNU

Toda persona debería poder impugnar decretos presidenciales inválidos para preservar la división de poderes y evitar que la nulidad constitucional quede sin aplicación

El ICE en California: los espacios de los campus universitarios donde los agentes pueden entrar sin orden judicial

En California, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pueden entrar sin orden judicial a estacionamientos, plazas y otros espacios exteriores de acceso público de los campus universitarios. Las detenciones en el Estado Dorado generaron preocupación entre estudiantes y autoridades educativas.En qué espacios de los campus universitarios el ICE puede entrar sin orden judicialSegún explicó la Fiscalía General de California en su guía actualizada de septiembre de 2026, los agentes federales pueden ingresar sin autorización judicial a las áreas universitarias abiertas al público. El documento, publicado bajo la dirección del fiscal general Rob Bonta, estableció que el requisito de una orden depende de la expectativa razonable de privacidad en cada espacio.Según CalMatters, entre los espacios de los campus donde los oficiales pueden entrar sin una orden judicial figuran:Estacionamientos: los sectores de aparcamiento abiertos al público.Plazas y patios exteriores: las áreas comunes sin restricciones de acceso.Calles y veredas: los espacios de circulación pública que atraviesan o forman parte de los campus.Los responsables universitarios reconocieron que sus posibilidades de impedir el ingreso de agentes migratorios a estas zonas son limitadas. El presidente de Allan Hancock College, Kevin Walthers, advirtió: "Si los agentes del ICE quieren venir y caminar por el centro del campus, pueden hacerlo".Qué sectores de las universidades de California requieren una orden judicialLa Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege contra registros e incautaciones irrazonables. La guía de Bonta explicó que los oficiales necesitan una autorización judicial para acceder a determinados espacios privados.Las aulas y oficinas de acceso restringido forman parte de las áreas no públicas de los establecimientos educativos. En los centros universitarios alcanzados por las normas estatales, las autoridades no pueden permitir voluntariamente el ingreso del ICE a esos sectores sin una orden judicial firmada.En ese sentido, las habitaciones de las residencias estudiantiles cuentan con protecciones adicionales. Los agentes necesitan una orden judicial, el consentimiento válido del residente o una excepción reconocida legalmente, como una situación de emergencia que exija una intervención inmediata.La guía también distinguió las órdenes judiciales de las administrativas. Los documentos del ICE, como los formularios I-200 e I-205, no autorizan por sí solos el acceso a sectores no públicos.Esta diferencia también importa para los arrestos del ICE sin orden judicial en California. La posibilidad de entrar en una plaza universitaria no elimina los requisitos legales para detener a una persona.Así, la guía recordó que los agentes necesitan una sospecha razonable para realizar determinadas detenciones de control y causa probable para efectuar arrestos.El arresto del ICE en Allan Hancock College que generó preocupaciónEl 5 de octubre de 2026, agentes federales ingresaron al estacionamiento número dos de Allan Hancock College, en Santa María, y detuvieron al padre de una estudiante.La institución confirmó el episodio mediante un comunicado oficial. Allí, precisó que ocurrió aproximadamente a las 9.45 hs (hora local) y que los oficiales abandonaron las instalaciones inmediatamente después del arresto.El establecimiento afirmó que no recibió un aviso previo sobre la presencia de los agentes y que tampoco participó en el operativo.Por su parte, la hija del detenido, Mayrin, de 18 años, relató a CalMatters que su padre la llevaba a una clase de estadística. Ambos llegaron al estacionamiento después de advertir que un vehículo negro los seguía."Pedía ayuda a la gente. Lloraba. Era una mezcla de emociones, sobre todo estaba preocupada por mi padre", contó la joven.Su padre había emigrado desde México y vivía en EE.UU. desde hacía aproximadamente dos décadas. Mayrin, ciudadana estadounidense, permaneció unos 20 minutos dentro del vehículo después de la detención, hasta que recibió asistencia del personal universitario.Por su lado, Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), negó ante CalMatters que el ICE hubiera arrestado a una persona dentro de ese campus.La ley de California que obliga a las universidades a avisar sobre el ICELa ley SB 98, vigente desde el 20 de septiembre de 2025, estableció obligaciones de notificación ante la presencia confirmada de agentes migratorios en instituciones educativas.La norma alcanza a los colegios comunitarios, a la Universidad Estatal de California y a determinadas instituciones privadas. También solicita su implementación en la Universidad de California.La ley exige informar sobre la presencia del ICE en las escuelas y obliga a las instituciones alcanzadas a comunicar los operativos confirmados a su comunidad educativa.Los avisos deben incluir la fecha, el horario y el lugar de la presencia de agentes, además de enlaces a recursos de asistencia. No pueden revelar información personal que permita identificar a los afectados.

Fuerte repudio empresario al fallo judicial que absolvió a un dirigente sindical por un piquete

Entidades empresarias manifestaron su preocupación por la decisión judicial que consideró una protesta sindical legítima el bloqueo a una distribuidora de San Pedro en 2021. Advirtieron sobre sus efectos en la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y las inversiones. Leer más

Claudia Sheinbaum niega daño ambiental por planta de gas en el Golfo de California pese a suspensión judicial en Sonora

La mandataria ha reiterado que este proyecto fue aprobado durante el sexenio de López Obrador

La Corte Suprema confirmó condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del cartel de la Toga: "La ética judicial es innegociable"

El fallo lo declaró responsable de concierto para delinquir y cohecho propio, y mantuvo su absolución por tráfico de influencias y pidió al Gobierno activar las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su extradición desde Canadá, donde permanece fuera del alcance de la justicia nacional

Es oficial | Florida prohíbe las redes sociales para menores de 15 años gracias a un fallo judicial favorable para DeSantis

Un fallo judicial permite al estado aplicar las restricciones de una ley firmada en 2024.Qué cambia según la edad y qué obligaciones tendrán las plataformas.

Gobierno cerrará la zona temporal de los Comandos de Frontera en Putumayo pese a fallo judicial: "No tengo plata"

Desde el Ejecutivo advirtieron que la falta de presupuesto impide mantener el espacio donde permanecen 58 antiguos integrantes del grupo guerrillero en tránsito civil

RDI: un cargo judicial clave para Vaca Muerta tensa la relación entre Río Negro, Neuquén y la Nación

El periodista Rodis Recalt analizó en Ronda de Investigación (RDI) la disputa por la vacante de la Cámara Federal de General Roca y los intereses que rodean a los tres integrantes de la terna. Leer más

Defensa debe responder a la petición judicial sobre desapariciones de la guerra sucia, pide Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, que se ha reunido unas cuatro veces con el colectivo Eureka

Nuevo revés judicial para la Reforma Laboral de Javier Milei: frenaron otros dos artículos

Un fallo judicial hizo lugar a una cautelar del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y frenó, por un plazo inicial de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva. Leer más

Julio Iglesias, ante un nuevo revés judicial: la Fiscalía española respaldó avanzar con las denuncias por abuso sexual

La denuncia fue presentada a principios de año por dos ex empleadas del cantante, quienes relataron presuntas agresiones y condiciones de trabajo abusivas en sus propiedades del Caribe durante 2021. Leer más

La Comunidad de Madrid intensifica su ofensiva judicial contra la acampada de Sol

El Poder Judicial de República Dominicana redujo un 93 % su inventario de expedientes en siete años

Siete años de trabajo institucional quedan documentados en informes que revelan avances en digitalización, tiempos de tramitación y acceso remoto a trámites, junto con tareas aún pendientes para la próxima administración

Caso Lydia Cacho: excomandante de la Policía Judicial de Puebla sale libre tras cumplir condena por tortura contra la periodista

Agentes policiales torturaron a la comunicadora en 2005 tras la publicación de "Los demonios del Edén", investigación que destapó una red de pederastia con empresarios y funcionarios

Poder Judicial ordena exonerar de multas a electores afectados por retrasos en las elecciones del 12 de abril

El fallo establece que el beneficio alcanza a los ciudadanos de las mesas de sufragio que comenzaron a funcionar después de las 11:00 a. m. y ordena al JNE reforzar sus controles

HBO Max presenta 'Guerra', el divorcio judicial de Sienna Miller y Dominic West

George Kay, creador de Lupin y Hijack, está detrás de la serie

"Chiqui" Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras investigan pagos de FIFA

El presidente de la AFA asistirá mañana a una reunión del Consejo del organismo, mientras un fiscal que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito pidió datos sobre USD 189.000 acreditados en su cuenta entre 2018 y 2020

El Poder Judicial de Guatemala inicia una nueva presidencia con Jenny Noemy Alvarado Tení

La magistrada recibió las insignias de Claudia Paredes en un acto oficial y prometió fortalecer la confianza ciudadana, la transparencia procesal y los resultados medibles durante el período 2026-2027 institucional

La persecución judicial a Ricardo Nissen

La Cámara de Casación confirmó el procesamiento del extitular de la Inspección General de Justicia que, en su momento, denunció a Hidden Lake (Lago Escondido), la sociedad del magnate Joe Lewis. Había sido sobreseído 4 veces.

Una inmobiliaria aprovechó el limbo judicial por la ley de tierras y ofreció a extranjeros campos con lago privado en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un informe publicado por el Observatorio de Tierras reveló la promoción inmobiliaria de un exclusivo campo de 2943 hectáreas en Alto Río Pico, provincia de Chubut. El lugar se ofrece con un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La oferta fue difundida de manera explí­cita, tanto en castellano como en inglés, el 30 de septiembre, un día después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia quitara los límites a la venta de tierras a extranjeros.Tal como advirtieron desde el Observatorio de Tierras -organismo de investigación académica integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet dentro del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria-, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre pasado, se abrió una "ventana temporal" de diez dí­as en la que el régimen de protección de tierras rurales quedó desmantelado de hecho por fallos judiciales, hasta que la Corte Suprema dispuso una suspensión provisoria del artí­culo 154 del DNU 70/2023. Esa disposición restituyó temporalmente la Ley de Tierras Rurales.Sin embargo, durante ese lapso, la inmobiliaria Loma Alta publicó avisos con consignas como "Volvió el interés extranjero por el campo argentino". Si bien desde la cuenta de Instagram Loma Alta Propiedades se realizaron cinco posteos en esos días, entre ayer y hoy fueron eliminados los últimos tres. En esas publicaciones se destacaba que "la Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo". En el sitio web de Loma Alta también eliminaron hoy la propiedad en venta. En Loma Alta no respondieron a las consultas de LA NACION. El investigador Matías Oberlin explicó que ese tipo de publicaciones violan las restricciones expresas de la normativa vigente, que prohí­be la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que contengan espejos de agua permanentes o de gran envergadura, así­ como la compra de tierras situadas en zonas de seguridad de frontera. "Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta", indicó.Asimismo, el relevamiento del Observatorio puso bajo sospecha la estructura detrás del anuncio. La propiedad fue difundida bajo el nombre de Loma Alta Propiedades, una firma creada en redes sociales a fines de septiembre que no cuenta con número de CUIT ni inscripción formal, por lo que funcionarí­a como una empresa fachada o fantasma.Al rastrear las publicaciones en portales inmobiliarios como Zonaprop, el organismo detectó que la comercialización estaba a cargo de Martín Gough, corredor inmobiliario matriculado Nº 71, según la información del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut. Gough, además de presidir la asociación de karting AVOCH en Esquel, figura en el Boletí­n Oficial de Chubut como socio y directivo de la firma Ameghino 830 Propiedades, constituida junto al contador Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo.El nombre del contador de Esquel arrastra un pesado antecedente judicial en la provincia. Vernengo se encuentra imputado en la causa penal que investiga una presunta administración fraudulenta y confección de balances falsos en perjuicio de la Mutual Aonikenk, integrada por trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.La investigación de la fiscalí­a sostiene que entre 2019 y 2022 se desplegó una maniobra para desviar entre 100 y 190 millones de pesos pertenecientes a las cuotas y créditos de los afiliados, mediante retenciones de sueldo, cambio de cheques por efectivo y balances falsificados para ocultar el dinero.Aunque en septiembre de 2024 el juez de garantías José Luis Ennis había dictado el sobreseimiento de los imputados, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó recientemente -y de manera unánime- ese fallo por considerarlo prematuro. Así, se reactivó la causa y se ordenó avanzar hacia el juicio oral y público. Para evitar dilaciones procesales y asegurar el juzgamiento, el Ministerio Público Fiscal sumó hace tres meses la calificación alternativa de estafa genérica.Según pudo saber LA NACION, las actividades del contador no se limitan a la cordillera chubutense: Jorge Vernengo se desempeña además como apoderado del Fideicomiso Inmobiliario Brisas del Nahuel, entidad que comercializa lotes y emprendimientos en la zona este de San Carlos de Bariloche.Por otro lado, lo cierto es que el anuncio del campo a la venta de casi 3000 hectáreas con lago privado en Chubut no representa un caso aislado. La comercialización de terrenos con costa de lago o de rí­o es una constante en Bariloche -con desarrollos en los lagos Nahuel Huapi o Gutiérrez- así­ como en otras localidades patagónicas como Cholila, Lago Puelo o San Martín de los Andes. De hecho, esta oferta habitual de suelo ribereño mantiene encendido el debate social y jurí­dico alrededor del cumplimiento del camino de sirga (artí­culo 1974 del Código Civil y Comercial, que exige dejar libre una franja de 15 metros en las márgenes de rí­os y lagos públicos) y de las normas que garantizan el dominio público del agua y la soberaní­a territorial."Desde el Observatorio de Tierras entendemos que una regulación tan importante para proteger nuestras tierras, ríos y lagos debe quedar firme con la caída del DNU 70. Por otro lado, se vuelve urgente que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para obtener rápidamente información respecto a lo sucedido en la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia", aseguraron los responsables del informe.

Confirmado | FKA Twigs podrá hablar de los supuestos abusos de Shia LaBeouf tras resolver una disputa judicial

El acuerdo elimina las restricciones de confidencialidad que la cantante cuestionaba por considerarlas contrarias a la ley de California.

Una pelea en el transporte automotor generó una disputa judicial sin precedentes

Por ahora, hay dos posibilidades. Podría ser un fraude millonario con las tarjetas SUBE en el Gran Buenos Aires que tiene a un grupo empresario como protagonista. O se podría tratar de una enorme difamación de tres cámaras de colectiveros que van con todo contra un grupo competidor. Así de opuesta es la visión de cada parte en un enfrentamiento judicial sin precedentes entre los dueños de los colectivos metropolitanos que se instaló en el medio de los tribunales de Comodoro Py. La disputa tiene dos contrincantes. Por un lado, el Grupo La Nueva Metropol, de dos de los hermanos Zbikosky; por el otro, cuatro cámaras de dueños de colectivos, entre ellas, la que integra la poderosa compañía DOTA con alrededor del 40% de las unidades metropolitanas.Además de las acusaciones, de una retención de alrededor de $6500 millones de subsidios y de dos causas penales, el asunto enfrenta a dos fiscalías y dos juzgados federales con expedientes que tratan sobre hipótesis contrapuestas. Es una de las batallas políticas, judiciales y empresarias más complejas y encarnizadas de los últimos años.El núcleo del conflicto gira en torno a una supuesta manipulación u omisión intencionada del cambio de sección tarifaria. El mecanismo puesto bajo la lupa era simple: las unidades omitían cambiar manualmente las consoladoras de cobro SUBE o marcaban directamente tarifas máximas de quinta sección (correspondientes a recorridos de más de 27 kilómetros) a pasajeros que en realidad realizaban trayectos cortos, de primera o segunda categoría (de 0 a 6 kilómetros).El resultado económico de esta supuesta distorsión fue doblemente gravoso. Por un lado, y siempre en caso de que se pruebe, perjudicó a los usuarios en cada viaje cotidiano. Por el otro â??y con un volumen financiero aún mayorâ??, se alteró el sistema de distribución de subsidios estatales.El punto es que la regulación vigente asigna una ponderación clave a la denominada Distancia Media Abonada (DMA). Lo que se investiga es si las prestatarias que inflaron artificialmente la cantidad de pasajes de larga distancia lograron captar una porción indebida y desproporcionada de la bolsa fija de recursos públicos que paga el fisco nacional. Como se trata de un monto global, si uno cobra más, otro percibe menos. De ahí las quejas de las empresas competidoras. Ahora bien, nada de esto está probado aún.Para comprender la magnitud de la controversia, es necesario reconstruir la secuencia que derivó en el enfrentamiento en Comodoro Py. Todo empezó en abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte emitió la resolución 45, mediante la que se aprobó una nueva metodología para el cálculo del subsidio. En síntesis, le entrega mayor peso financiero a los pasajes vendidos en secciones de mayor distancia, en desmedro de los más cortos.En mayo de 2025, varias cámaras acusaron a Sargento Cabral y otras líneas del Grupo Metropol de una "alteración masiva e intempestiva" de los boletos. Decían que los tickets de la primera sección prácticamente desaparecían y, como contrapartida, subían los más largos.En diciembre, esas cámaras, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía. Mientras ese expediente sumaba los primeros movimientos en el ministerio, el denunciado grupo Metropol movió la primera ficha judicial y denunció penalmente a los presidentes de las cuatro cámaras y al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini. Pidió que se investiguen los delitos de defraudación contra la administración pública y estafa (o tentativa de estafa) e imputó a Roberto Rodríguez (Ctpba), Daniel De Ingeniis (Cetuba), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (Ceutupba), e incluyó también al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.El Grupo Metropol planteó que los competidores promovieron presentaciones administrativas con datos manipulados o sin sustento técnico, para inducir a error a las autoridades y hacer una retención ilegítima de los subsidios asignados a Metropol. El monto que aún está interdicto es de alrededor de $6500 millones. Esa denuncia quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello.Lejos de quedar ahí, la cosa se puso peor. Un par de días después, en enero de 2026, un ciudadano, Alejandro Díaz Pascual, denunció a los directivos de las empresas de La Metropol. Ese expediente, con trámite ante la fiscalía de Franco Picardo y el juzgado federal de Julián Ercolini, sumó a los cuatro presidentes de las cámaras como querellantes. Dicen que las empresas del grupo omitían deliberadamente la marcación manual del cambio de sección tarifaria en las validadoras SUBE y emitían pasajes de tarifas máximas a usuarios que realizaban trayectos cortos. Siempre según la denuncia, la maniobra provocaba un doble impacto económico: cobraba boletos sobrevaluados directamente al pasajero e inflaba de forma artificial la "Distancia Media Abonada" (DMA). Al tratarse de un sistema de compensaciones de suma fija, esto permitía captar indebidamente una porción mayor de la masa de subsidios estatales, perjudicando las arcas públicas y restando ingresos a las demás empresas del sector.Dos causas penales y dos pericias opuestasAsí, avanzaron dos causas penales opuestas sobre un mismo hecho. Mientras tanto, en sede administrativa, además de retener algo más de $6000 millones, empezaron las auditorías sobre 12.244 colectivos del AMBA. Y como no podría ser de otra manera, a dos denuncias opuestas, a dos fiscales que sostienen hipótesis acusatorias diametralmente opuestas y a dos jueces federales, se sumaron dos investigaciones administrativas que dicen cosas distintas. El primero es el "Informe de firma conjunta - Cierre de auditoría" del 8 de julio de 2026, elaborado por las direcciones de Gestión Técnica del Transporte, la de SUBE y la de Gestión de Fondos Fiduciarios, y la Subsecretaría de Transporte Automotor.Ese documento sostiene que "no surgían elementos para afirmar la existencia de una defraudación al Estado Nacional ni un perjuicio patrimonial cierto al erario público", además de descartar manipulación informática, hackeo o alteración externa en los dispositivos y tarjetas del SUBE.Cuenta que las irregularidades en la marcación manual de las secciones en las consolas a bordo no constituían un hecho aislado ni exclusivo de las empresas denunciadas (Grupo Metropol / Sargento Cabral), sino que se trataba de un problema operativo extendido a casi la totalidad del sistema. Además, dice, los desvíos afectaban la métrica de la Distancia Media Abonada y alteraban la distribución interna de subsidios entre empresas privadas (un sistema de suma fija o "suma cero"), pero sin generar un mayor gasto o erogación mayor para el Estado.El 14 de septiembre, la administración pública pareció reescribir su postura con el Informe Técnico Consolidado y Ampliatorio, que lleva la firma de Alejandro Gastón Seijas, Director Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Economía. En este documento, el funcionario consolidó datos de la CNRT y mapas de calor de Nación Servicios. Concluyó que las alteraciones en las validadoras SUBE no obedecieron a cambios en las pautas geográficas de movilidad de los pasajeros, sino a la omisión del seccionamiento a bordo para cobrar tarifas más altas. Sobre esa base, Seijas calificó las medidas preventivas de retención de subsidios como "idóneas, proporcionales y técnicamente fundadas" y actualizó el total de ajustes del sistema nacional a $7.156.656.110,69, de los cuales la firma Sargento Cabral S.A.T. (operadora de las líneas 136, 163 y 182 del Grupo Metropol) concentró el 84,23%, acumulando un recorte de $6.028.363.505,88.Este dictamen expuso una severa contradicción con las actuaciones previas del propio organismo. El 8 de julio de 2026, el mismo Seijas había suscripto el Cierre de Auditoría, donde afirmó de forma categórica que no existía defraudación al Estado Nacional ni perjuicio patrimonial cierto al erario público. Pocas semanas después, el 12 de agosto de 2026 (nota NO-2026-78049042-APN-DNGFF#MTR), el funcionario reiteró a la Justicia que las variaciones en la Distancia Media Abonada no generaban un mayor gasto para las arcas públicas por tratarse de un sistema de suma fija. El repentino cambio de postura de septiembre â??donde pasó de descartar el daño patrimonial a validar el multimillonario recorte a Metropolâ?? se convirtió en uno de los argumentos centrales del fiscal Marijuán."A partir de mayo de 2025, de manera simultánea y abrupta, las líneas investigadas registraron un colapso superior al 90% en la emisión de boletos de primera y segunda sección, mientras que la emisión de pasajes de tarifa máxima experimentó una explosión exponencial del 260%", se lee en el documento. El cotejo de mapas de densidad geoespacial confirmó que los hábitos físicos de viaje de la población trabajadora del conurbano se mantuvieron invariables. Lo único que se modificó drásticamente fue la tarifa registrada en la validadora a bordo.Algo de esta pelea fenomenal se empezó a ordenar hace unas semanas. Casanello se quedó, por ahora, con las dos causas, y por lo tanto, Marijuan con lo suyo. Pero claro, son dos expedientes opuestos con hipótesis de investigación en las antípodas. En el despacho del juez federal quedó todo lo que instruyó su fiscal a raíz de lo que sostiene La Nueva Metropol, pero también llegó el trabajo que instruyó Picardi, en el que las cámaras que acusan a este grupo empresario.Marijuan no se quedó quieto y pidió la indagatoria de los presidentes de las organizaciones de colectivos y del exsecretrario de Transporte, Luis Pierrini. Fue una manera de ignorar la investigación de Picardi. Pero Casanello evitó la definición y optó por tener en cuenta ambas acusaciones y mantener la investigación viva y, ante la evidente colisión entre los fiscales, reasumió la instrucción del expediente, además de proveer medidas de prueba complementarias.Así quedó la cuestión, entre una estafa o una difamación con uso de información falsa. Más de $6000 millones retenidos y una disputa sin precedentes en Comodoro Py.

Flavio Bolsonaro visitará a su padre, en prisión domiciliaria, tras una autorización judicial

BRASILIA.- El candidato conservador Flavio Bolsonaro visitará este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, luego de que la corte suprema de Brasil lo autorizara a retomar los encuentros, a dos semanas de la segunda vuelta electoral.La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, quien hizo lugar a un recurso presentado por los abogados del exjefe de Estado el 5 de octubre, un día después de que Flavio fuera el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.De esta forma, el magistrado pone fin a una restricción vigente desde el 13 de julio, luego de que Flavio, hijo mayor del exgobernante, divulgara en las redes sociales una carta de su padre en apoyo a su candidatura presidencial, lo que vulnera las restricciones previstas en ley contra los presos inhibidos de sus derechos políticos.Flavio Bolsonaro irá al balotaje con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva el 25 de octubre tras haber obtenido en la primera vuelta del 4 de octubre 47% de los votos frente a 45% del gobernante izquierdista, que busca un cuarto mandato.El senador tenía prohibidas las visitas desde julio por divulgar una carta de su padre en apoyo a su campaña durante una transmisión en YouTube.El juez Alexandre de Moraes consideró entonces que el candidato violó la prohibición impuesta a su padre de expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.La suspensión, de 90 días, terminó el domingo.El magistrado autorizó el lunes a retomar las visitas, pero mantuvo la prohibición de que tengan "finalidad político-electoral", según la decisión.Tampoco podrá divulgar "cualquier manifiesto o declaración" de Jair Bolsonaro, incluso por terceros y por cualquier medio.La defensa del exmandatario (2019-2022) había pedido al juez el 5 de octubre, un día después de la votación, que se adelantara el fin de la restricción o que autorizara a Flavio al menos una visita "de naturaleza exclusivamente familiar".Moraes no decidió hasta que venció el plazo."Estoy ansioso, son más de tres meses sin poder verlo", afirmó Flavio Bolsonaro tras asistir a una misa en ocasión del día de Nossa Senhora Aparecida, y dijo que visitará a su padre este martes por la mañana.El senador describió la suspensión de visitas como "una decisión sin ningún criterio, sin ninguna humanidad, sin ningún amparo legal" para "separar a un líder político de quien está compitiendo por la presidencia, y a un padre de un hijo"."Quiero ver cómo está su ánimo con todo lo que pasó (...). Quiero mirarlo a los ojos, darle un abrazo. Me alegró mucho que, precisamente el día de Nuestra Señora de Aparecida, me autorizaran a visitar de nuevo a mi padre. Hoy solo quiero agradecer a todos los que rezan por nuestro Brasil. Estoy aquí para hacer mi parte", agregó.Jair Bolsonaro es aún considerado líder de la derecha y ultraderecha brasileñas y su hijo hizo campaña con la promesa de seguir su camino en la presidencia del país.El senador, de 45 años, ha obtenido el apoyo de otros candidatos de la derecha para la segunda vuelta y es favorito de acuerdo con los sondeos.Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Lula.Está en prisión domiciliaria en Brasilia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña que lo llevó al poder.Días antes de las elecciones, su esposa, Michelle Bolsonaro, dijo que estaba "ansioso" y que ha tenido días "difíciles".Flavio ha insistido en los últimos días en que, si gana en segunda vuelta, su padre le pondrá la banda presidencial.Flavio aparece como favorito de cara al balotaje frente a Lula, según encuestas publicadas la semana pasada.Agencias AFP, ANSA y diario O Globo

Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra el Mayor del Ejército venezolano acusado de robar material militar

La familia de Marvín Rafael Cequera Mendoza y sus abogados denuncian que el tribunal les negó acceso efectivo al expediente. Fuentes oficiales lo señalan de haber participado en operaciones irregulares con armas, municiones y explosivos

Vocales progresistas del Poder Judicial piden una renovación equitativa de sus comisiones

Demora judicial y fallo multimillonario: la condena por un muro sin protección a centímetros de una cancha de fútbol

La Justicia marplatense resolvió un litigio de larga data originado por las graves lesiones que sufrió un joven por la falta de protección perimetral en un predio deportivo. El tribunal fijó una indemnización que incluye gastos médicos, tratamientos y secuelas físicas, y además ordenó obras urgentes de protección y señalización

Daniel Quintero perdió una nueva batalla judicial contra Federico Gutiérrez: juez negó tutela por señalamientos de corrupción

El despacho judicial confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales reclamados

La batalla judicial de la otra 'Maricarmen' para obtener plaza en una residencia: Madrid solo la considera mayor y no dependiente con un 72% de discapacidad

Un juzgado de lo Social acaba de condenar al Gobierno de Ayuso por discriminar por su edad a una mujer y no proporcionarle los recursos asistenciales que necesita. Tendrá que pagar 10.000 euros por daño moral

Consejo de la Magistratura: una disputa judicial mantiene frenada la elección de uno de los representantes académicos

El organismo tiene 20 miembros y dos bancas reservadas al ámbito académico. Una ya fue definida para Diego Molea de cara al período 2026-2030; la otra sigue pendiente por una causa que cuestiona el sistema electoral diseñado por el Consejo Interuniversitario Nacional

Hotesur y Los Sauces, doce años de un laberinto judicial: Casación decidirá si Cristina Kirchner enfrenta uno o dos juicios por lavado

Una audiencia fijada para el 15 de octubre definirá el esquema del tercer proceso oral que deberá afrontar la ex presidenta. La Fiscalía y la UIF advierten que separar los debates podría fragmentar el análisis de maniobras que consideran conectadas

Portugal condena las sanciones de EE. UU. a la CPI por amenazar la independencia judicial

Portugal critica las sanciones de EE.UU. a la corte internacional, señalando que afectan la autonomía judicial y el combate a la impunidad.La medida coincide con el Nobel otorgado a Navi Pillay, exjueza del tribunal, generando reacciones globales por su impacto en el derecho internacional.

Facundo Moyano y Candela Arizaga publicaron nuevas fotos juntos en Madrid en medio de una investigación judicial

El exdiputado compartió imágenes con su pareja durante un viaje por España y escribió: "Antes muero que dejarte". La fiscal que investiga una causa por presunta violencia de género busca entrevistar a la joven. Leer más

Órgano Judicial prepara registro de condenados por violencia contra las mujeres en Panamá

La plataforma, contemplada en una ley aprobada en 2013, sigue en fase de revisión y ajustes. El sistema permitirá recopilar datos sobre las víctimas, las sanciones impuestas y las medidas adoptadas por los tribunales.

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

A los 95 años, el exgobernante sigue comunicándose por escrito mientras crecen las especulaciones sobre su estado físico. Un reportaje de The Atlantic revela, además, que los contactos secretos con su entorno se habrían roto por una exigencia de la Casa Blanca

Caso Liceo Naval: Poder Judicial realiza mañana audiencia de esclarecimiento y cita a testigos

El nuevo abogado del menor afectado afirmó que una reconstrucción de los hechos podría revictimizarlo, pero argumentó que "con la versión de todos los testigos se llegaría al esclarecimiento puntual"

Victoria judicial para el expríncipe Andrés: la Justicia declara ilegales los registros de sus dos viviendas tras su detención por su vínculo con Epstein

Este giro en el caso no cierra la causa, ya que la investigación sobre el expríncipe Andrés no ha sido declarada ilegal

Ex policía judicial enfrentará proceso penal casi 30 años después de presuntamente torturar a una mujer

Una jueza dictó auto de formal prisión contra Vito "N", antiguo elemento judicial acusado de forzar la confesión de una inocente

Del silencio administrativo al secreto judicial

Hay decisiones judiciales cuyos efectos exceden los límites de un expediente. La adoptada por el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, al declarar reservadas las actuaciones iniciadas para obtener información pública sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia, pertenece a esa categoría. Se trata de una resolución que plantea una seria contradicción institucional, ya que cuando están en juego recursos públicos, contrataciones y remuneraciones de funcionarios, la publicidad debe ser la regla y el secreto, una excepción.La paradoja es evidente: se restringió el acceso a una causa cuyo objeto es, precisamente, garantizar el acceso a información que el Estado se negó a proporcionar.El amparo fue promovido luego de requerir datos sobre designaciones, remuneraciones, contrataciones y movimientos de fondos de la intervención ejercida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la administración del puerto de Ushuaia. Durante el trámite, el organismo entregó parte de la documentación al juzgado, pero pidió mantenerla bajo reserva, alegando la existencia de datos personales. El juez aceptó el planteo y el expediente dejó de estar disponible para la consulta pública.El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación y sostuvo que la decisión desatiende los estándares vigentes en materia de acceso a la información. Recordó, además, que la remuneración de funcionarios públicos no constituye un dato sensible y señaló que, ante información específicamente protegida, corresponde evaluar su separación o reserva parcial antes que cerrar un expediente completo.El problema resulta todavía más significativo por la magnitud de los recursos involucrados. La intervención está a cargo de la Anpyn, mientras que la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) participa de tareas administrativas y del manejo de fondos. Se trata, paradójicamente, de una sociedad estatal cuya disolución y posterior liquidación fue dispuesta por el actual gobierno mediante el decreto 3/2025.A pesar de encontrarse en liquidación, durante 2026 la AGP continuó convocando licitaciones millonarias relacionadas con el puerto de Ushuaia, algunas por cientos de millones de pesos y otras por varios millones de dólares. Esa circunstancia no permite prejuzgar sobre la legalidad de las contrataciones. Pero hace, precisamente, más necesario conocerlas ya que transparencia no significa culpabilidad, sino control.Si un organismo puede negar información, obligar al solicitante a recurrir a la Justicia y, una vez iniciado el amparo, obtener la reserva del expediente, el derecho de acceso corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo perfecto: primero el silencio administrativo; después, el secreto judicial.Para el periodismo, las consecuencias son evidentes. La libertad de expresión no consiste solo en poder publicar aquello que ya se conoce. Supone también poder investigar, preguntar y acceder a documentos públicos para controlar los actos del Estado. Cuando esa posibilidad se restringe, el afectado inmediato puede ser un medio de comunicación, pero el perjudicado final es el ciudadano.Ante esto, Fopea pidió revisar la decisión. Lo que está en discusión es qué grado de transparencia deben garantizar las instituciones cuando se pregunta por el destino del dinero público.En una república, la regla debe ser sencilla: a mayor cantidad de recursos públicos administrados, mayor transparencia. Nunca al revés.

Florida solicitó una orden judicial temporal contra Meta para desactivar funciones que generan adicción en niños y adolescentes

El fiscal general James Uthmeier pidió retirar el desplazamiento infinito, la reproducción automática y la publicidad, establecer límites diarios de uso, restringir filtros corporales, eliminar cuentas de menores de 14 años y reforzar la verificación de edad en Instagram y Facebook

Ley de Tierras: un fallo judicial obliga al Gobierno a preservar los datos sobre tierras rurales

Un fallo judicial exigió al Gobierno resguardar el registro de campos en manos de extranjeros tras el reclamo de la Defensoría bonaerense, mientras la oposición en el Congreso afina su estrategia para revertir la desregulación del DNU 70/23 y proteger el suelo nacional. Leer más

Acusan al sobrino de Dolly Parton de evadir una notificación judicial en medio de la disputa por el patrimonio de la cantante

Bryan Seaver solicitó aplazar una audiencia mientras busca representación legal

Abogado de Olmedo López se refirió al traslado de su cliente a la cárcel La Picota por orden presidencial: "Existe una orden judicial"

José Luis Moreno, abogado penalista que defiende al exdirector de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres) también se mostró en desacuerdo con la decisión que también cobijó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la misma entidad durante el gobierno de Gustavo Petro

Adriana Lucía aseguró que Vincent Ramos, 'influencer' afín a De la Espriella, no cumplió con orden judicial: la había vinculado con "Bendito Menor"

La cantante también pide sancionar al activista político con multa y arresto, según lo estipulado en la ley

Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso

El Ejecutivo cuestionó la decisión que ordenó aplicar la norma mientras rectores y gremios universitarios convocaron a una marcha en reclamo de recursos, salarios y becas

Poder Judicial propone nueva reforma a la Ley de Amparo y su Ley Orgánica a un año de la reforma judicial

La propuesta conjunta plantea nuevos mecanismos de coordinación, ajustes administrativos y cambios para la elección judicial de 2028

Falla eléctrica, calor asfixiante en plena fiesta de 15 y una condena judicial: cuánto deberá pagar el salón

La celebración quedó arruinada por un corte de energía, fallas en la climatización y la ausencia de servicios contratados, como pantallas y efectos lumínicos. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra el salón de fiestas por incumplimiento contractual y ordenó indemnizar a la familia por los perjuicios ocasionados

Acolfutpro pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión del decreto sobre negociación colectiva y entrar al proceso judicial

La agremiación de futbolistas pidió su reconocimiento como parte en el litigio e interpuso un recurso contra el fallo que frenó la norma, en su afán de sentarse a negociar con los clubes directamente, por primera vez en su historia

Pity Álvarez, ante una nueva instancia judicial: los peritos concluyeron que "comprende el sentido y alcance del proceso"

La defensa firmó el informe en "disconformidad total". Así, el juicio por el homicidio de Cristian "Gringo" Díaz se reanudará este viernes 9 de octubre. Leer más

Un informe alerta del peso de las asociaciones en los nombramientos de la cúpula judicial

Minedu recupera más de 3.000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar 04 en Breña tras desalojo judicial

La diligencia, con participación de la Policía Nacional y el Poder Judicial, restituyó al colegio Mariano Melgar 04 unos 3.000 metros cuadrados destinados principalmente a actividades físicas de alumnos de inicial y primaria

Jueces y magistrados señalan impacto de la Reforma Judicial en la confianza empresarial y la inversión

Datos de Data Coparmex muestran una menor percepción de certeza sobre la protección de la propiedad, los contratos y el acceso al amparo

Familia de Rosa Elvira Cely sigue sin recibir indemnización de la Subred Centro-Oriente, pese a fallo judicial: "Esto no es justo"

El pacto conciliatorio suscrito en diciembre de 2023 fijó un máximo de 70 días hábiles para los desembolsos, pero han pasado dos años y nueve meses sin que se efectúe alguno

Poder Judicial dicta prisión preventiva por 18 meses contra investigados por el asesinato de "China Polo"

El presunto sicario, Luis Obispo Díaz, afirmó que una persona apodada 'Pure' estaría detrás del asesinato de la periodista y excandidata al Gobierno Regional de Áncash

Nuevo revés judicial para el cordobés que lleva 30 años en el corredor de la muerte

CÓRDOBA.- Fracasó una nueva instancia jurídica para sacar al cordobés Víctor Saldaño del corredor de la muerte, en el que lleva 30 años. La Corte Suprema de Texas rechazó el recurso presentado por el abogado Benjamin Wolff, designado por los tribunales de ese estado norteamericano como parte de la defensa penal poscondena.Wolff intentó demostrar que el cordobés tenía "problemas mentales, que no es consciente de lo que le pasa" y que el Estado de Texas debía "hacerse cargo del daño que le produjo en estas décadas en el pasillo de la muerte". El abogado incluso estuvo en la Argentina para recoger testimonios que demostraran que Saldaño tenía perturbaciones mentales desde niño.De esa manera, la alternativa final para el único argentino condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos es que el gobierno de ese país acepte la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de sacarlo de prisión y enviarlo a un hospital para enfermedades mentales.Hace poco más de un mes su madre, Lidia Saldaño, recibió una carta de su hijo. Hacía tiempo que no le escribía. "Eran varias hojas; recordaba el nombre de su sobrina y decía que le habían acercado un libro sobre el Che Guevara. También pedía que le llevaran algo de dinero para comprar dulces en las máquinas de la prisión. Parecía estar mejor que cuando fue derivado a una internación psiquiátrica", describe.La mujer también se comunicó con la Cancillería, a donde le dieron un informe y le contaron que habían ido a ver a su hijo y le habían dejado unos dólares para las compras dentro de la prisión.Condena y revisionesEl 25 de noviembre de 1995, el cordobés y un amigo mexicano abordaron a un comerciante en el estacionamiento de un supermercado en Plano, Texas. Con un arma lo forzaron a subir al vehículo; lo llevaron a la zona del lago Lavon, en las afueras de la ciudad. Le robaron 50 dólares y un reloj (que fue encontrado en poder de Saldaño cuando lo detuvieron) y lo mataron de cinco tiros.Los fiscales calificaron el delito como capital murder (homicidio capital)", que en Texas es castigado con la pena de muerte. El primer juicio fue en 1996; Chávez confesó su participación en el asesinato y el robo y fue condenado a prisión perpetua, mientras que a Saldaño le dictaron la pena de muerte por homicidio agravado. Esa primera sentencia fue anulada en 2000 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando Texas â??a través de su procurador generalâ?? "confesó un error" al reconocer que la sentencia estaba viciada por un testimonio basado en "estereotipos raciales". La anulación no implicó que saliera del corredor de la muerte; allí esperó el nuevo juicio, que en 2004 ratificó la pena de ejecución.Casi en paralelo a que su familia recibió noticias de él, en otro estado, Tennessee, la convicta Christa Pike sobrevivía a dos intentos de ejecución mediante inyección letal. Igual que Saldaño, ella lleva 30 años en el corredor de la muerte.En el caso de Saldaño, la Corte Suprema de Texas ya había rechazado un primer recurso presentado por Wolff en el que pedía la libertad del cordobés o que fuera traspasado a un hospital psiquiátrico. Juan Carlos Vega, abogado de Saldaño ante la CIDH, señaló a LA NACION: "Estados Unidos cumple y acepta las decisiones que la favorecen. La Comisión ya detalló que las dos condenas de Saldaño están impregnadas de racismo judicial. Afecta directamente a uno de los 'tesoros' de los Estados Unidos: su sistema jurídico. Texas no lo ejecuta por esto mismo, por la condena de la CIDH, que los Estados Unidos integran".Personalmente, Vega considera que Texas espera que "Víctor muera de viejo", ya que "el promedio en el corredor de la muerte es de 15 años y él lleva 30â?³. Saldaño está en la prisión Allan B. Polunsky, en una celda que mide aproximadamente 3 por 2 metros y cumple aislamiento unas 23 horas por día.

A disposición judicial los implicados en la agresión a un integrante de la acampada en Oviedo

A disposición judicial los cinco detenidos en València tras la manifestación de vivienda

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

La agenda judicial incluye una declaración en el 'caso Leire Díez' el 8 de octubre y comparecencias en la causa de Plus Ultra en torno a las elecciones, además de varias diligencias todavía pendientes de fecha

OpenAI enfrenta una nueva citación judicial por los riesgos cibernéticos de sus modelos de IA

La compañía deberá entregar la documentación que exige la citación sin que el Departamento de Justicia de California haya establecido una fecha límite pública para esa respuesta

Los detenidos en València tras la manifestación de vivienda, mañana a disposición judicial

De "tranquilo, no estoy imputado" a seis investigaciones: el cerco judicial que ahora enfrenta el mandamás del fútbol argentino

"¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada", replicó Claudio "Chiqui" Tapia cuando LA NACION lo abordó en enero de este año. Pero esa tranquilidad quedó atrás. Tapia está ahora alcanzado, junto con distintos integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por al menos media docena de investigaciones judiciales en la Argentina y Estados Unidos, que incluyen hipótesis de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes y tributos.En Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exfuncionarios y exempleados jerárquicos de la AFA. Buscan reconstruir desde adentro â??y bajo reservaâ?? cómo funcionaron la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron particular interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino y estuvo vinculado con operaciones de la entidad por millones de dólares desde y hacia Estados Unidos. También procuran conocer qué tiene para decir Leandro Petersen, responsable saliente de las áreas comercial y de marketing de la AFA.En la Argentina, Tapia y Toviggino enfrentan distintos frentes judiciales, aunque no en la misma condición procesal en cada uno de ellos. En el fuero en lo Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por al menos $19.000 millones. El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino en esa causa, y la Cámara de Apelaciones confirmó esas decisiones, por lo que el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral.Dada su situación procesal, Tapia debió pedir autorización para viajar a Estados Unidos a presenciar el Mundial, mientras que Toviggino optó por quedarse en la Argentina. Al volver, el titular de la AFA protagonizó una situación confusa con autoridades norteamericanas en el aeropuerto de Nueva York, por lo que debió aclarar que el FBI no le había incautado su teléfono celular.En el fuero federal, en tanto, la Corte Suprema debe resolver la disputa de competencia entre distintos tribunales que intervienen en la investigación sobre la propiedad de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. Hasta ahora, el expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia.La investigación tuvo un primer impulso en diciembre pasado, cuando Rafecas allanó el predio de Pilar. Días después, la Cámara Federal dispuso que el expediente tramitara en el fuero Penal Económico, donde quedó a cargo de Aguinsky. Pero González Charvay, juez federal de Campana, reclamó la causa. Aguinsky se negó a remitirla y la disputa llegó a la Cámara Federal de San Martín, que resolvió a favor de González Charvay.González Charvay intervino en el expediente hasta mayo y también incorporó a esa pesquisa la investigación que llevaba adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, vinculada con TourProdEnter. Pero la discusión por la competencia no terminó allí: después de dos decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal â??en las que el juez Mariano Borinsky votó en sentidos diferentesâ??, la definición quedó en manos de la Corte Suprema.A todo esto se sumó una investigación a cargo del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El pedido no prosperó y ambos permanecen en libertad.En Buenos Aires, además, Tapia quedó formalmente imputado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó en septiembre al juez Ariel Lijo más de 20 medidas de prueba para avanzar en la reconstrucción patrimonial del presidente de la AFA, entre ellas el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y bursátil.Horas antes de que el fiscal Pollicita lo imputara por presunto enriquecimiento ilícito, Tapia había rectificado su declaración jurada. Añadió casi $1000 millones que no había informado en su declaración jurada patrimonial. El abogado Gregorio Dalbón, que defiende a la AFA, sostuvo que se trató de "una omisión material en una declaración administrativa".

Adolescentes denunciados por agresión sexual en el Liceo Naval pasarán Navidad y Año Nuevo en Maranguita: Poder Judicial rechaza apelaciones

Las defensas de los seis adolescentes habían apelado la decisión que ordenó su internamiento preventivo por cuatro meses, pero el Poder Judicial confirmó la medida

La nueva batalla judicial de Florida con la IA: solicita una medida cautelar para frenar a ChatGPT

Florida abrió un nuevo capítulo en su disputa judicial con la inteligencia artificial (IA) al pedir una medida cautelar contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, que busca frenar el desarrollo de ChatGPT bajo las condiciones actuales y restringir determinadas funciones. La ofensiva se suma a la reciente regulación escolar sobre IA que el estado aprobó en septiembre.Qué pide Florida contra OpenAI y ChatGPTSegún Axios, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó una medida cautelar temporal contra OpenAI y ChatGPT. El funcionario sostuvo que la empresa no cuenta con capacidad suficiente para regular su propia tecnología y pidió que un tribunal intervenga durante el avance de la demanda estatal.La presentación busca impedir que OpenAI desarrolle nuevos modelos de inteligencia artificial sin supervisión externa. De acuerdo con Reuters, Uthmeier también pidió que la empresa mantenga a los menores de edad fuera de ChatGPT y que el servicio no atribuya características humanas a la plataforma.La Oficina del Fiscal General de Florida confirmó el 28 de septiembre la solicitud de una medida cautelar temporal contra OpenAI y Sam Altman. El organismo publicó además la moción presentada ante la Justicia, que amplía las medidas que el estado pretende obtener durante el proceso.Cómo comenzó la demanda de Florida contra OpenAILa disputa comenzó meses antes. El 1° de junio, la misma oficina anunció una demanda civil contra OpenAI y Altman por presuntas prácticas engañosas y daños a residentes de Florida. La fiscalía acusó a la compañía de priorizar la velocidad de lanzamiento y los beneficios comerciales sobre la seguridad de los usuarios.El reclamo estatal sostuvo que ChatGPT llegó al público, incluso a menores, pese a advertencias internas y externas sobre posibles riesgos. También atribuyó a la plataforma fallas vinculadas con autolesiones, violencia, recolección de datos de menores y errores que, según la demanda, OpenAI minimizó.La fiscalía relacionó el caso con una investigación penal iniciada después del tiroteo del 17 de abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida. El comunicado oficial señaló que los fiscales revisaron conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, autor del ataque que dejó dos muertos y varios heridos. En otro episodio en el estado, OpenAI alertó al FBI por un hombre que utilizó ChatGPT para detallar planes violentos contra su expareja.La supervisión externa que Florida reclama para la IABloomberg Law indicó que la solicitud pretende imponer una autorización previa antes de que OpenAI lance nuevos modelos. El medio explicó que Florida reclama una revisión de seguridad de terceros y describió el pedido como una forma de supervisión externa sobre uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial.La presentación también cita incidentes de seguridad relacionados con modelos de OpenAI. Entre ellos aparecen el acceso no autorizado a la plataforma Hugging Face y un episodio vinculado con un sistema de salud del gobierno australiano. Estos antecedentes forman parte del argumento de Florida sobre los límites de la autorregulación de las empresas de IA.El pedido judicial coincide con una política estatal más amplia sobre inteligencia artificial. En septiembre, Florida adoptó reglas para las escuelas públicas que exigen transparencia sobre las herramientas utilizadas, consentimiento de los padres para determinadas interacciones y alternativas sin IA para estudiantes que no participen. OpenAI presentó una versión de ChatGPT que ofrece servicios financierosEl gobernador Ron DeSantis también cuestionó a las empresas de IA y rechazó posibles rescates federales para compañías del sector. El antecedente se suma a los casos vinculados con el uso de la plataforma para situaciones de violencia que forman parte del debate sobre sus mecanismos de seguridad.Qué respondió OpenAI ante el pedido de FloridaOpenAI rechazó la idea de que la empresa ignore los riesgos. Reuters citó al portavoz Drew Pusateri, quien afirmó que la compañía pausó el entrenamiento de sus modelos más capaces y que no retomará ese trabajo hasta contar con protecciones adicionales.El vocero sostuvo además que los gobiernos cumplen un papel importante en la creación de estándares de seguridad. Pusateri señaló que OpenAI busca trabajar con Florida y otros estados en reglas que alcancen a toda la industria y no solo a una compañía.

Suspenden del cargo a proveedora interina del Poder Judicial en Costa Rica por presuntos sobreprecios y anticipos ficticios

La investigación apunta a supuestas irregularidades en contrataciones, obras y mantenimientos, así como a una eventual sustracción de fondos mediante adelantos de caja chica que no corresponderían a gastos reales

Halle Berry y Olivier Martinez: un inicio complicado, un divorcio que duró ocho años y una nueva disputa judicial

La historia de amor entre Halle Berry y Olivier Martinez comenzó en 2010, cuando se conocieron durante el rodaje de Aguas profundas y terminó cinco años después con un proceso de divorcio que se extendió durante años. Para Berry, además, se trató de su tercer matrimonio, después de sus uniones con el beisbolista David Justice y el músico Eric Benét. Casados desde 2013 y padres de Maceo, los actores atravesaron desde entonces una serie de desacuerdos que continuaron incluso después de que su divorcio quedara formalmente resuelto, en 2023. Ahora, un nuevo conflicto relacionado con su hijo volvió a enfrentarlos y los colocó en el centro de la escena.Un inicio complicadoLa protagonista de Gatúbela y el intérprete francés se conocieron en el set de Aguas profundas, una película de acción que llegó a los cines en 2012. En ese momento, la actriz acababa de terminar su relación con Gabriel Aubry, el padre de su hija Nahla, y atravesaba con él una disputa por la custodia de la niña. Berry y Aubry se habían separado el mismo año en que ella comenzó su relación con Martinez.En 2012, un enfrentamiento entre Aubry y el actor francés terminó en una pelea física en la casa de Berry. El altercado ocurrió cuando Aubry había ido a dejar a su hija Nahla y ambos hombres resultaron heridos. La policía acudió al lugar y Aubry fue detenido por un cargo menor de agresión. El episodio tuvo consecuencias judiciales y, poco después, Berry y Martinez anunciaron su compromiso.Después de dos matrimonios truncos, Berry se volvió a casar. La pareja formalizó su unión el 13 de julio de 2013 en Francia, unos meses después de confirmar que esperaba su primer hijo juntos. En octubre de ese año nació Maceo, el segundo heredero de Berry y el primero de Martinez.Berry y Martinez mantuvieron su vida familiar lejos del ojo público. Hasta que en octubre de 2015, ella presentó una demanda de divorcio y Martinez hizo lo propio al día siguiente. En paralelo, anunciaron la decisión en un comunicado conjunto que difundió la revista People. "Con el corazón triste hemos llegado a la decisión de divorciarnos", señalaron entonces. "Seguiremos adelante con amor y respeto y nos deseamos felicidad. Esperamos que la prensa respete este momento y, lo más importante, la privacidad de nuestro hijo, mientras atravesamos este difícil período", completaron.Cuando comenzó el proceso de divorcio, Martinez pidió compartir la custodia legal y física de Maceo, que por entonces tenía dos años. Berry, en cambio, no solicitó específicamente la custodia compartida o exclusiva, sino que pidió que se resolviera de acuerdo con lo que fuera mejor para el niño. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a trasladarse al terreno de la crianza.Aquel deseo de mantener una relación cordial no impidió que, con el paso del tiempo, surgieran nuevos desacuerdos. En marzo de 2016, ya separados, fueron fotografiados durante unas vacaciones en Puerto Vallarta junto a Nahla y Maceo. La escena mostraba a la familia reunida, pero no significó una reconciliación: según reportes de entonces, el viaje se hizo pensando en los chicos y el proceso de divorcio continuaba.Un divorcio que se extendió durante ocho añosBerry y Martinez tardaron casi ocho años en cerrar definitivamente su divorcio. En agosto de 2023, finalmente alcanzaron un acuerdo que estableció la custodia legal compartida de Maceo y fijó las condiciones económicas y prácticas para su crianza. El acuerdo estableció que Berry debía pagar US$8000 mensuales en concepto de manutención, además de hacerse cargo de determinados gastos escolares y extracurriculares de su hijo. También fijó reglas sobre vacaciones, fines de semana, traslados y decisiones relacionadas con la educación y la atención médica de Maceo.Además, Berry debía pagar el 4,3% de cualquier ingreso anual superior a los US$2 millones. El acuerdo también contempló sesiones de counseling individual y familiar para Maceo. El cierre del divorcio, sin embargo, no significó el final de los desacuerdos.Los constantes enfrentamientosEn 2024, Berry volvió a recurrir a la Justicia y pidió la custodia legal exclusiva de Maceo. En su presentación cuestionó la participación de Martinez en decisiones relacionadas con la educación y las necesidades de su hijo y lo acusó de no asumir un rol activo en la crianza compartida. El actor rechazó esas acusaciones y sostuvo, a través de sus abogados, que Berry estaba construyendo una versión de los hechos para apartarlo de las decisiones sobre Maceo.En mayo de ese año, ambos habían acordado participar en un proceso de terapia de coparentalidad para resolver sus conflictos y mejorar la manera en que tomaban decisiones sobre su hijo. El proceso contemplaba sesiones individuales y, luego, encuentros conjuntos con un profesional elegido por ambos. En agosto, Berry pidió que la Justicia interviniera porque, según sostuvo, Martinez había interrumpido el proceso y no había participado de las sesiones conjuntas previstas. Un juez rechazó entonces su pedido de intervención urgente.Así, aun con el divorcio formalmente resuelto, las diferencias entre ambos continuaron alrededor de la crianza de Maceo.El confuso episodio con Maceo que los llevó de nuevo a las primeras planasEl último capítulo de la disputa entre Berry y Martinez comenzó el 26 de septiembre de 2026. Según una presentación judicial realizada por el actor, ese día Maceo lo llamó para pedirle que fuera a buscarlo a la casa de su madre porque había tenido un enfrentamiento físico con ella. "La situación se agravó y la demandante se abalanzó sobre nuestro hijo y comenzó a agredirlo físicamente", sostuvo Martinez en los documentos judiciales.Según el relato del actor, Berry habría tomado a Maceo del cuello durante la discusión. Martinez pidió la custodia exclusiva de su hijo y una orden de restricción contra su expareja. También incluyó en su presentación acusaciones sobre otros episodios anteriores. Todas estas afirmaciones forman parte de su presentación judicial y fueron rechazadas por Berry a través de su abogada.La letrada de la actriz, Marina Beck, calificó el planteo de "completamente infundado y deliberadamente engañoso" y sostuvo que existen antecedentes judiciales que, según ella, muestran incumplimientos de Martinez vinculados con las órdenes de la Justicia y con las intervenciones educativas y terapéuticas de Maceo.El 1° de octubre, un juez de Los Ángeles concedió de manera temporal una orden de restricción solicitada por Martinez y modificó provisoriamente el régimen de visitas de Berry. La medida no determina la veracidad de las acusaciones y quedó prevista una nueva audiencia para el 16 de octubre.Más de una década después de que Berry y Martinez se conocieran en el set de una película, la relación que alguna vez los llevó al altar vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, el nuevo enfrentamiento tiene a Maceo en el centro de una disputa que continúa incluso después del divorcio.

Abel Furlán sufrió otro revés judicial en la batalla para recuperar la conducción de la UOM y de la obra social

La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la decisión que declaró incompetente a ese fuero para intervenir en la causa iniciada por el ex líder metalúrgico contra el interventor Alberto Biglieri y ordenó que sea remitida a la Cámara de Apelaciones del Trabajo

Panamá mira al espacio y refuerza su cooperación judicial con Argentina

Cuatro iniciativas llegaron a la Asamblea Nacional con alcances que incluyen tecnología satelital, protección del patrimonio y herramientas para investigar delitos que atraviesan fronteras.