La Comisión Permanente ha decidido archivar (por seis votos contra dos) la queja presentada por colectivos LGTBI contra el magistrado que quería procesar al cómico y comparó su broma con volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras contra los homosexuales
Benjamín lleva casi cuatro años preso sin condena. Su familia denuncia una motivación racista de los denunciantes, irregularidades procesales, violencia institucional y un entramado de poder que busca quebrarlos. El racismo atraviesa cada paso de un expediente que parece no querer llegar nunca a juicio.
Cuidar el bienestar emocional de los operadores judiciales fortalece al sistema. Qué herramientas se usan para ayudar a los jueces a manejar la presión
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, insistió acerca de la legitimidad de las elecciones y reiteró la responsabilidad de los juzgadores
El empresario y presidente del Club Estudiantes de Río Cuarto está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al ingreso de celulares y drogas en prisiones. Las decisiones judiciales sobre su situación procesal han generado tensiones entre el juez de Control y el fiscal a cargo de la investigación. Leer más
Pese a que la justicia de Familia en la que se discute la cuota por alimentos para Fabiola Yañez había dicho que el centro de vida del niño es Madrid, un juez de Faltas dictaminó que deberá viajar a la Argentina durante una semana por mes.
"José Luis Espert se hace el malo en los medios de comunicación, pero cuando alguien reacciona, sale corriendo a pedirle auxilio a la mafia judicial de Milei y Bullrich", afirmó Penacca.
La decisión suspende el flujo de fondos provenientes de la administración de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales, lo que afecta el presupuesto y la operatividad de las principales entidades del sistema judicial
En un expediente donde no hay imputaciones, el titular de Delitos Complejos consideró infundado el pedido de apartamiento. Disputa por la apertura de teléfonos secuestrados. Leer más
En la mesa de "Comunistas" se examinaron los antecedentes de la estatización de la compañía, concretada en 2012, y se analizaron las implicancias del fallo adverso en tribunales internacionales, que obliga al Estado argentino a entregar 51% de las acciones de la petrolera a los acreedores. Leer más
"De cumplirse la sentencia de la Jueza L. Preska sin chistar, YPF volverá a ser una empresa privada extranjera, y nuestras riquezas y recursos naturales -léase Vaca Muerta, en el caso-, pasarán a ser de titularidad de un fondo buitre", advierte el autor y analiza todo lo que perderíamos como Nación. Leer más
En las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se observa a dos grupos de hombres enfrentándose con machetes y objetos contundentes, en medio del tránsito peatonal y vehicular
El Presidente reúne a sus ministros desde las 9.30 para analizar la decisión judicial de Nueva York. Quiénes son los hombres clave del Gobierno para avanzar en el caso
Este lunes el Alto Cuerpo emitió la acordada que establece cómo se abonarán los incrementos graduales anuales. La primera etapa implica una suba de 4,16% "neta de bolsillo" que se abonará con el sueldo de julio. Autoconvocados se reorganizan. Leer más
Ambientalistas advierten que el árbol corre riesgo de muerte y cuestionan la falta de planificación en las obras. El conflicto crece en la previa de la Cumbre Climática que organiza el gobierno provincial. Leer más
La jueza Loretta Preska dispuso el pago a Bainbridge Fund, que tiene sentencia a su favor por USD 100 millones originada en el default de la deuda
Se presentaron 618 aspirantes de los 740 admitidos. La evaluación se realizó en la UNC con tecnología para garantizar la transparencia. Leer más
El proyecto aprobado por el Congreso permite acceder a datos personales, fiscales y médicos en tiempo real; cualquier persona podrá ser monitoreada sin orden judicial ni sospecha previa, alerta la organización civil
Una semana después que se conociera el embargo a Lácteos Vidal, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, resolvió "archivar" provisoriamente el embargo preventivo por 167 millones de pesos solicitado por el sindicato, hasta tanto se analice la impugnación presentada por la parte demandada. La pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, atraviesa un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022.Verduras donde reina el frío extremo: la misión que cambió todo en tres bases argentinas de la AntártidaLa medida responde a la causa N° 30061/2022 y fue tomada luego de que Lácteos Vidal objetara la liquidación presentada por Atilra, que incluía astreintes por un monto estimado en 157 millones de pesos, que respondían a una multa por cada día que no reincorporaba a los trabajadores despedidos. En 2022, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.Según fuentes vinculadas a la empresa, esa liquidación no había sido previamente consentida y fue objetada por considerar que los montos reclamados carecen de sustento legal.La semana pasada se conoció una nueva resolución del juez Ramonet en la que ordenó un embargo preventivo de más de $167 millones a pedido del gremio Atilra, en medio de un conflicto gremial que ya lleva casi tres años. Esa decisión judicial se conoció un día antes de una audiencia de conciliación en la que la empresa volvió a presentar una oferta para cerrar el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como lo había sugerido el propio juez en una instancia anterior. Sin embargo, según relató Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y tampoco participó el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria. Ahora, se conoció que el juez Ramonet decidió no enviar por ahora el oficio al banco para ejecutar el embargo y resolvió, en cambio, correr traslado de la impugnación a la parte actora. Esta maniobra dilata la resolución por la medida cautelar, al mismo tiempo que deja en suspenso la ejecución de las sanciones económicas diarias pretendidas por el sindicato. "El juez hizo el embargo preventivo, pero no sacó la cédula al banco. Nosotros hicimos la impugnación, además de la cautelar hay pendiente una queja, como yo no reincorporo al personal, el juez me quiere cobrar astreintes, porque ellos [el gremio] presentaron el pedido de cautelar", dijo Bada Vázquez.En junio del 2024, Ramonet había aumentado las astreintes por "incumplir" con la reincorporación de parte de los trabajadores despedidos, tras una medida de fuerza realizada en julio de 2022 en la planta de la firma en la localidad de Moctezuma. El monto era de $10.000 por empleado por día y ahora trepó a $50.000, un 400% más. Sin embargo, una resolución posterior había dejado sin efecto ese aumento de la multa. Ahora, no obstante, corrió traslado y suspendió las astreintes. "Ya era escandaloso que me notificaran de un embargo, cuando hoy en día hay un artículo en la Ley Bases que dice que bloquear una empresa es injuria grave y causal de despido. Así que me siga amenazando con las astreintes ya es escandaloso, creo que al menos reconsideró el error grave y por eso suspendió el embargo", dijo Bada Vázquez. Además, señaló: "Sigo esperando justicia y que se entienda que bloquear una empresa, no dejar trabajar, violar el derecho de libertad de trabajo, tenga algún día consecuencias para quien lo hace y podamos ser algún día un país normal, donde se respete la propiedad privada y el trabajo en libertad". La tensión entre Lácteos Vidal y Atilra se mantiene como uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia laboral dentro del sector lácteo. La causa continuará su curso a la espera de las nuevas decisiones judiciales. Por ejemplo, a principios de este mes, el mismo juez declaró "abstracta" su propia medida cautelar que ordena la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa. Esto sucedió dado que los trabajadores decidieron iniciar reclamos por indemnización por despido ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). El gremio Atilra, en tanto, apeló esta decisión en la Cámara de Apelaciones, y se espera una sentencia.
En una declaración espontánea que presentó el lunes pasado ante el juzgado federal de Nueva York en el que tramita la demanda colectiva -class action- en su contra, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis adjudicó el colapso de la criptomoneda $LIBRA a la decisión del presidente Javier Milei de borrar el tuit en el que le había dado visibilidad. Insistió en que no se trató de una estafa, sino de un proyecto que buscaba financiar a pequeñas empresas y proyectos educativos.Con la declaración de Davis se produjo un avance en el expediente abierto en la justicia norteamericana a partir de la presentación que hicieron en ese estamento inversores de Estados Unidos damnificados por el auge y el súbito desplome de la criptomeneda. Es una causa en la que se intenta determinar si se configuró algún delito en la operación de $LIBRA y en la que no están imputados ni el presidente Milei ni su hermana, la secretaria general de la Presidencia. Davis afirmó en su declaración, de apenas tres carillas, que el lanzamiento de $LIBRA se gestó en un par de meses. Lo hizo al aducir que el proyecto "ni había sido concebido" en noviembre de 2024, pese a las constancias oficiales que sugieren indicios en contrario. Por ejemplo, los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada, que exponen que entró el 21 de ese mes junto a otro protagonista del escándalo, Mauricio Novelli. Y esa misma noche, según reconstruyó la nacion, Davis y sus allegados celebraron que Milei "les había firmado todo".El proyecto $LIBRA "se impulsó con el fin de beneficiar a pequeños negocios en la Argentina", remarcó Davis, quien buscó despegarse también de las sospechas que lo rodean sobre el presunto trasiego de información privilegiada para beneficio propio o de terceros -es decir, el delito de insider trading-, como también de quienes adquirieron esa meme coin segundos antes del lanzamiento y ganaron fortunas, lo que se conoce en el sector como "sniping"."No tenía conocimiento previo de que existían esos 'snipers' ni tengo conocimiento directo de quiénes son", aclaró. "Yo no fui uno de esos 'snipers' y no compré ninguna $LIBRA para mí ni para ninguna otra persona".La irrupción sorpresiva de Davis en el proceso que tramita en Manhattan fue a través de un escrito que presentaron sus abogados cuando los demandantes todavía no habían logrado notificarlo de la class action. Optó por tomar la iniciativa con el objetivo evidente de cuestionar la competencia de los tribunales federales de Nueva York para investigar el lanzamiento de $LIBRA y juzgar, por tanto, a sus impulsores.Davis, como CEO de la firma Kelsier Ventures, planteó que no tiene domicilio ni propiedades en Nueva York, ni mantuvo reuniones vinculadas al proyecto en esa ciudad o el estado, como tampoco encaró negociaciones ni hizo publicidad de ningún tipo que puedan vincularse a Manhattan o sus alrededores. Por el contrario, remarcó que "el Proyecto Viva La Libertad! se concibió en la Argentina", con lo que buscó reforzar la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre lo ocurrido.Davis introdujo en el expediente la mención a Milei. "Tras el lanzamiento del proyecto, el presidente Javier Milei publicó en X sobre $LIBRA. Como suele ocurrir con las meme coins, esto generó interés y, como resultado, compras, lo que impulsó el precio de $LIBRA", sostuvo. "Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación. Entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina"."La decisión del presidente Milei""Inmediatamente después del lanzamiento, muchos en redes sociales atacaron a $LIBRA calificándolo de falso o estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas", insistió, antes de adjudicarle una supuesta responsabilidad al jefe del Estado argentino en el colapso del criptoactivo por su decisión de retirar el apoyo a la iniciativa poco después de haberla promovido. "La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente".Davis aludió así a la orden de la Justicia estadounidense de embargar más de US$55 millones en criptoactivos, semanas después de que el CEO de Kelsier Ventures sondeó a los tribunales argentinos con una propuesta. Adujo que podría devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasado, que pertenecen a un abanico amplio de inversores, según reveló LA NACION el 9 de este mes.La propuesta de Davis, según reconstruyó este diario, consistía en girar esos fondos a la Argentina, a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos. Pero el embargo que en Nueva York dispuso la jueza federal Jennifer Rochon terminó de tabicar esa posibilidad.Durante las próximas semanas, en tanto, el ida y vuelta vinculado al caso $LIBRA entre la Argentina y Estados Unidos podría sumar otro capítulo. En particular, tras lo ocurrido esta semana durante la reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.Aunque no termina de conformarse ni designarse sus autoridades, la comisión convocó a varios especialistas. Y algunos, como Santiago Siri y Fernando Molina, evidenciaron la imposibilidad de que Milei accediera por internet al website o al código alfanumérico -el "contrato"- de $LIBRA. Es decir que alguien le acercó esos datos, en una aparente contradicción con lo que afirmó el jefe del Estado en los días iniciales del escándalo.
El fallo responde a una demanda impulsada por organizaciones civiles y sindicales. Las rutas 11, 81, 86 y 95 presentan un deterioro alarmante con consecuencias fatales y alto impacto económico. Leer más
RAWSON. - En medio de un escándalo que mantiene en vilo al Poder Judicial de Chubut, el juez de Cámara de Esquel, Claudio Petris, renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados tras una denuncia en su contra por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.Petris y la Asociación habían ocupado el centro de la escena en las últimas semanas por una denuncia contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut por un aumento "encubierto" de sueldos.Tras semanas de escándalo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dieron marcha atrás con un aumento salarial que alcanzaba hasta el "60 por ciento de la remuneración" y puso a los 6 magistrados en el ojo de la tormenta política. La decisión se tomó tras una escalada en la que intervino el propio gobernador Ignacio Torres: "no voy a tolerar mas privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial", advirtió Torres, quien insistió en el objetivo de "depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos públicos.El jueves pasado, en Comodoro Rivadavia, Torres encabezó la inauguración de la Ciudad Judicial junto al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos,Rogelio Frigerio; y de Jujuy,Carlos Sadir. Allí, ratificó el plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.La Asociación, que alertó sobre los aumentos, justificados como "fondos reservados" dentro del Superior, mantiene una relación distante del propio Torres a raíz de la posición de la institución contraria a la eliminación de los fueros que promueve el gobernador chubutense.La entidad instaló el tema del incremento salarial de los jueces del Superior tras emitir un comunicado en el que expresó su "sorpresa e indignación" y manifestar su "repudio" a un aumento salarial que calificaban de encubierto y otorgado en forma exclusiva a los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Las últimas resoluciones del Superior Tribunal autorizando los incrementos habían puesto en ojo de la tormenta al máximo tribunal, integrado actualmente por Javier Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Mario Luis Vivas y Andrés Giacomone. Para justificar el aumento en los "gastos de representación", los jueces del Superior habían tomado una acordada del 1989 que, según los denunciantes, quedó sin efecto tras la aprobación de la denominada "ley de porcentualidad".En sucesivas apariciones y críticas, la Asociación enfatizó que estas decisiones "generan mayor conmoción considerando el contexto socioeconómico" actual, un contexto que, paradójicamente, "precisamente se utiliza como excusa para no dar los aumentos correspondientes" según la normativa vigente a "todos los integrantes y agentes del Poder Judicial".Se recordó que la función de magistrado impone respetar los principios éticos de austeridad e integridad, y que estas decisiones "empañan la función" de quienes cumplen su deber y tienen un "impacto negativo en la percepción sobre la legitimidad e independencia del Poder Judicial", generando "desconfianza" en la ciudadanía.Además del cuestionamiento salarial, en los comunicados rechazaron "todas las designaciones y ascensos de funcionarios/as en altos cargos del Poder Judicial que hayan incumplido el constitucional mandato y legal de efectuar concursos públicos". Consideran que el concurso público es la "garantía de un acceso igualitario a toda la ciudadanía y del respeto a la carrera judicial".La marcha atrásTorres se sumó a la polémica y cuestionó el "auto aumento" del Superior Tribunal de Justicia y el incremento salarial que recibirán los senadores nacionales. Además, exigió un censo de empleados en todos los poderes y "un Estado sin castas"."No vamos a tolerar más privilegios", sentenció. El gobernador exigió que el Poder Judicial realice el mismo censo de empleados públicos que ya ejecutó el Ejecutivo y que se aplicará ahora en el Poder Legislativo. "No puede haber islas de impunidad dentro del Estado", advirtió. El objetivo es "depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos", se indicó.Así extendió la polémica a todo el Poder Judicial. A principios de mayo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial en contra de la enmienda constitucional que pondrá a votación de los ciudadanos la eliminación de los fueros para funcionarios.Ese intento de frenar la eliminación de los fueros fue duramente criticado por Torres. "No puede haber una vara para uno y para otros. Tampoco puede haber privilegios. Que se opongan a la decisión del Ejecutivo de eliminar los fueros es una falta de respeto", afirmó este año durante la reainuguración de la Casa de Gobierno de Chubut.El jueves pasado y en el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, Torres ratificó la realización del plebiscito para eliminar los fueros.Además, frente al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti; Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad."Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?", sostuvo Torres.Denuncia y renunciaEn medio de la escalada de escándalo, Petris renunció al frente de la Asociación de Magistrados a raíz de una denuncia por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción. A través de una carta dirigida a la Asociación, sostuvo que "me resulta suspicaz que, un día después de la denuncia presentada por la Asociación contra la cúpula del Superior Tribunal de Justicia -estrechamente vinculada al Gobierno-, y de que el Señor Gobernador me haya acusado pública y directamente de impedir el plebiscito para la eliminación de los fueros de los magistrados por haber firmado una acción de inconstitucionalidad que fue decidida en una Asamblea en la que participaron muchos asociados/as, haya circulado por las redes sociales una publicación sin firma, de autoría desconocida, que me acusa de supuestos hechos, como dije inexistentes". Agregó que "la ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no solo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder destinada a desacreditarme a mí y a la institución que tuve el honor de presidir".Sostuvo que"el anonimato y la ausencia de denuncias me impiden ejercer mi defensa y ofrecer la prueba que desacredita cada una de las acusaciones que contienen esas publicaciones". Agregó que, de existir una investigación judicial, "no me escudaré en los fueros constitucionales, que como venimos señalando en forma sostenida no tienen el sentido de impedir la investigación de los organismos judiciales correspondientes, ni de garantizar impunidad".
Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, reveló que el futbolista peruano deberá depositar una suma tres veces mayor a la que él propuso.
A pesar de la decisión judicial, Vizcarra continúa siendo investigado por otros posibles delitos de corrupción vinculados a su gestión como gobernador en Moquegua entre 2011 y 2014
La falta de un contrato sólido pone en riesgo la expedición de pasaportes. Las acciones del Gobierno y la posible intervención internacional marcan el rumbo
La sentencia impuesta contra el famoso productor ha afectado directamente al contenido en plataformas del entrevistador
La Corte Suprema limita la capacidad de los jueces para bloquear la agenda del presidente
Tras casi un mes de protestas, no hay acuerdo firmado; acusan falta de compromisos reales por parte del Gobierno capitalino y el Tribunal Superior de Justicia
Abandonó el Chateau Libertador con Isabella y Francesca luego de 12 horas de espera.
La reconocida agrupación de cumbia acumula intereses por no cumplir una sentencia judicial, mientras el músico revela detalles de las difíciles condiciones laborales
El gobernador había firmado la medida a días del cierre de las alianzas. Las elecciones serán el 31 de agosto. Leer más
El estreno de la serie biográfica de Menem, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, estuvo en peligro debido a disputas legales entre los herederos del expresidente. Un revés judicial permitió a Prime Video avanzar con el lanzamiento mundial.
Tras invalidar a 46 candidatos electos en las votaciones del Poder Judicial, la presidenta mencionó que es una decisión del INE de qué manera prosigue la elección o descalificación
La senadora del Pacto Histórico descalificó a Lozano y anunció acciones legales, tras la orden de un juez que le exige borrar publicaciones con datos privados del equipo de prensa de su colega
Tras un paro de 20 días, continúan negociaciones entre los trabajadores y las autoridades para levantar el paro
El letrado señaló que, para evitar el desorden y la superposición de decisiones, es crucial que las autoridades cumplan con los procedimientos y las resoluciones legales, sin excepciones
El Consejero Arturo Castillo señaló que la distribución de acordeones es un gasto prohibido por la Constitución y un posible supuesto de nulidad
Quedan sin validar 850 cargos de jueces y magistrados por diferencias internas en el Consejo General; Consejeros discrepan sobre los promedios mínimos requeridos en licenciatura y especialidad
La Corte tomó una decisión que puede cambiar cómo se aplica la ley en el país, en casos de abuso
El próximo ministro a presidente de la SCJN compartió los detalles sobre el arranque de actividades en el órgano
El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra conminó a que se respalde a las organismos judiciales, luego de las decisiones que han tomado y son adversas al Ejecutivo
El caso ha generado rechazo entre directivos de clínicas, quienes advierten sobre el impacto de este tipo de fallos en un sistema de salud ya colapsado
Especialistas en derecho penal se pronunciaron tras la resolución del Poder Judicial que suspende a Benavides como fiscal supremo y de la Nación. Decisión se ejecuta aunque se apele, pero podría ser revocada por la Sala Suprema Penal Permanente
La colectividad envió cartas a la Fiscalía y Procuraduría expresando su preocupación frente al manejo del proceso relacionado con Andrés Julián Rendón, el cual aún no ha sido adelantado, pese a las declaraciones de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo
El Consejo de Magistratura cesanteó al subadministrador del Poder Judicial, Federico Vincent, responsable del área de Recursos Humanos, acusado de haberse liquidado suplencias como si fuera un juez y de haberse pagado sueldos por encima de lo que correspondía, al haber reducido sus aportes jubilatorios.El funcionario estaba a cargo de la Subadministración General y de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, pero fungía de administrador, cargo que está vacante desde la salida de Claudio Cholakian. Vincent llegó a ser uno de los funcionarios más poderosos en el manejo del presupuesto y los recursos del Poder Judicial. La decisión de removerlo fue tomada por la Comisión de Administración y Financiera, a cargo de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. También ordenó evaluar si corresponde hacer una denuncia penal.Vincent dijo a LA NACION que su cesantía se debe a una decisión política: "Acá hay un motivo político para sacarme porque Rosatti [Horacio, el presidente de la Corte y el Consejo] y Robles [Silvio, secretario de Rosatti] me pidieron cosas que no correspondían y no quise cumplir".Cuando LA NACION le preguntó qué cosas le pidieron, él respondió: "No, eso no lo puedo decir".Según Vincent, el pago de subrogancias le había sido concedido por el Consejo en la gestión anterior y la diferencia en el porcentaje a aplicar por descuentos de jubilaciones es una cuestión de interpretación de la ley que debe discutirse con la Anses y no con el Consejo. "Me dejaron sin trabajo después de 29 años", se quejó el funcionario que dijo que "es una cuestión política" "Molestaba mucho, evidentemente. Se quejan de que tenía una sumatoria de poder, pero fue el poder que me dio el Consejo", dijo. Se quejó de que la acumulación de tareas lo hacía trabajar 11 horas diarias con llamadas de concejeros los fines de semana. Vincent ingreso a los tribunales en 1996 como auxiliar y desembarcó en el Consejo de la Magistratura tras su creación. Escaló posiciones hasta quedar a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y, en paralelo, de la Subadministración General del Consejo.La decisión que puso fin a la carrera de Vincent fue votada por los integrantes de la Comisión de Administración Financiera y quedó plasmada en dos resoluciones que fueron notificadas a todos los consejeros. A fin del año pasado, el Consejo ordenó investigarlo. Un cuerpo de auditores avanzó en febrero pasado, con declaraciones e informes, en seis expedientes que se abrieron en su contra por supuestos desmanejos. Para defenderse, Vincent nombró al abogado José Manuel Ubeira, que en algunos asuntos representa a la expresidenta Cristina Kirchner.En uno de los sumarios quedó en la mira acusado de haber modificado el porcentaje de descuento jubilatorio a su favor. Es que, como máxima autoridad de la Administración General, por la vacancia de su titular, y siendo Director de Recursos Humanos, el funcionario habría ordenado a sus inferiores modificar el descuento jubilatorio que históricamente se hacía sobre su sueldo. Eso produjo un incremento extra de 6.932.807 de pesos en su salario final al mes de mayo de 2024. Lo hizo sin seguir procedimiento alguno, sin haberse excusado, sin contar con un dictamen jurídico que lo avalara y cuando aún estaba pendiente una respuesta que él mismo había generado. Dispuso que, en lugar de descontársele el 18 por ciento en concepto de retención jubilatoria -como sucede con el sueldo de los funcionarios judiciales-, se le empezara a descontar el 11 por ciento y con tope. Por ese hecho también fue investigado en su momento quien era el segundo de Vincent en la Dirección de Recursos Humanos. Otra de las acusaciones en su contra tuvo que ver con haber permitido o facilitado que dos agentes judiciales pudieran eludir la cuota alimentaria que judicialmente les correspondía pagar. Según el sumario, les liquidó horas extras en recibidos distintos, sin que existiera una causa válida. El Cuerpo de Auditores consideró que "el Dr. Federico Arturo Vincent, a cargo entonces de la Dirección General de Recursos Humanos, habría tenido un manejo arbitrario y discrecional de la oficina". Asimismo, le reprochó "tomar decisiones y dar instrucciones susceptibles de perjudicar a terceros, en el caso de los menores cuyo interés superior se encuentra constitucionalmente protegido, como así el interés del Consejo de la Magistratura, afectando su transparencia, contrario a los principios de ética pública".En la lista de sumarios también aparece el cobro indebido de un suplemento por subrogancia. Es que desde marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2022 Federico Vincent percibió sumas por subrogancia en carácter de Director General de Recursos Humanos, con un beneficio patrimonial directo, dado que representa el 33% más del sueldo. A partir de esa fecha, percibió el mismo porcentaje, pero con el cargo de Secretario Letrado de la Corte Suprema, hasta fines de febrero de 2024. En rigor, las subrogancias están previstas para jueces cuando ocupan un cargo que está vacante. Aquí, la acusación señala que no hubo disposición administrativa de la autoridad competente para habilitar la percepción de ese suplemento en favor de Vincent ni tampoco pasó a tener el cargo de secretario de Corte que justificara esa decisión en beneficio propio. A Vincent también lo investigaron por arrogarse la representación judicial del Consejo de la Magistratura. Fue en el juicio de desalojo iniciado contra el Consejo de la Magistratura por tres juzgados federales de Morón. El funcionario se presentó en el expediente y solicitó de "urgencia" una audiencia, sin contar con facultades para ello y, posteriormente, presentó "una propuesta económica" a la parte actora.Después de la evaluación del Cuerpo de Auditores, la Comisión de Acusación dispuso "la sanción de cesantía al funcionario Federico Arturo Vincent" por las causales del pago de subrogancias y la liquidación de su sueldo."Notifíquese a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que analice las presentes actuaciones y, en caso de corresponder, informe en tiempo y forma las medidas judiciales y extrajudiciales que en derecho le correspondan iniciar a este Consejo de la Magistratura", agregó la comisión.
La presidenta reprochó las acusaciones de Alejandro Moreno sobre que la SCJN será influenciada por Morena
En un inesperado giro judicial que golpeó a la estrategia migratoria de Donald Trump, una jueza federal en Nashville ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado de forma ilegal que se convirtió en un símbolo de las expulsiones aceleradas implementadas por el presidente. Aunque el fallo cuestionó duramente la solidez del caso penal y descartó los argumentos de peligro o fuga, el hombre continuará detenido por autoridades migratorias, al menos por ahora.El fallo que desarmó los argumentos del gobierno contra Ábrego GarcíaLa jueza federal Barbara Holmes, con sede en Nashville, consideró que el gobierno no presentó evidencia suficiente ni fiable para justificar la detención preventiva de Kilmar Ábrego García, acusado de participar en una red internacional de contrabando de inmigrantes. Su decisión desestimó los principales argumentos de los fiscales, incluidos los supuestos vínculos del extranjero con la pandilla MS-13, su presunto riesgo de fuga y las afirmaciones sobre actividades que involucrarían menores de edad.Según el análisis del fallo, Holmes subrayó que la acusación se sostenía en testimonios inconsistentes, en su mayoría provenientes de testigos cooperantes con extensos antecedentes criminales, muchos de los cuales buscan beneficios procesales. A su vez, calificó el relato presentado por el Departamento de Justicia como "poco fiable", "contradictorio" y, en algunas partes, directamente como "absurdo".La magistrada escribió que, con la cantidad de recursos asignados a la investigación desde abril, si existiera evidencia concreta de una pertenencia de Ábrego a la MS-13, ya se habría presentado. Además, puntualizó que no posee antecedentes penales registrados ni pruebas sólidas que lo vinculen a una conducta violenta.Las acusaciones que enfrenta Kilmar Ábrego GarcíaA pesar del cuestionamiento al caso, Ábrego aún enfrenta cargos penales por contrabando de personas en territorio estadounidense. Según la acusación, habría transportado inmigrantes indocumentados entre Texas y Maryland, en donde cobró entre 1000 y 1500 dólares por viaje.La causa se basa en un incidente ocurrido el 30 de noviembre de 2022:Ese día, la Patrulla de Carreteras de Tennessee detuvo a Ábrego por exceso de velocidad en la Interestatal 40, en el condado de Putnam.Viajaba en una Chevrolet Suburban modificada con una tercera fila de asientos para llevar más pasajeros.Dentro del vehículo había nueve hombres de origen hispano.Ábrego afirmó que provenían de una obra en St. Louis, pero datos de su celular y del lector de matrículas lo ubicaron en Texas esa misma mañana.Durante una audiencia celebrada el 13 de junio pasado, el agente Peter Joseph, del Departamento de Seguridad Nacional, sostuvo que Ábrego habría ganado hasta US$100 mil anuales por participar en esta red de contrabando, según citaron desde The New York Times. Sin embargo, la jueza Holmes desestimó buena parte de su testimonio, al remarcar que los supuestos testigos colaboradores obtuvieron beneficios a cambio de sus declaraciones, incluida la suspensión de deportaciones.Una liberación condicionada que no garantiza su salida: ¿Qué pasará con Ábrego?Si bien el fallo representa una victoria parcial para la defensa de Ábrego, su liberación de la custodia criminal no implica que recobre la libertad. El gobierno apeló la decisión ante el juez de distrito Waverly Crenshaw, mientras que el Departamento de Justicia dejó en claro que permanecerá bajo detención migratoria.Esto implica que, aunque se ordenó su excarcelación mientras espera el juicio penal, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede retenerlo por cuestiones administrativas vinculadas a su estatus migratorio. En ese caso, podría solicitar una fianza ante un juez de inmigración, aunque ese proceso suele llevar tiempo y no garantiza su excarcelación inmediata.Cuándo se espera el juicio y qué puede pasarLa causa penal contra Kilmar Ábrego García avanza ahora hacia una etapa decisiva. El juez Waverly Crenshaw deberá revisar el fallo de la jueza Holmes sobre la detención preventiva, mientras que la fecha del juicio aún no se fijó formalmente. Se espera que las próximas audiencias definan si se sostiene la acusación por contrabando de personas y si se revisa su situación migratoria.Entre tanto, la defensa sostiene que todo el proceso judicial en su contra es una represalia por la atención mediática y jurídica que generó su deportación ilegal. "Estamos satisfechos con el análisis cuidadoso del tribunal y su reconocimiento explícito de que el señor Ábrego García tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, ambos derechos que nuestro gobierno ha intentado negarle", expresó Sean Hecker, uno de sus abogados, tras conocerse el fallo.El caso se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para la doctrina migratoria de Donald Trump y su implementación sin matices. La falta de pruebas contundentes, las acusaciones sin respaldo sólido y las irregularidades procesales llevaron a que el caso Kilmar Ábrego García se transforme en un emblema de los límites judiciales a las deportaciones masivas.
Desde su programa 'Tenebrozo', el comediante hizo una sátira de la dirigente respecto a la propuesta de la 'no validación' de los resultados
La presidenta nacional de Morena ha recibido comentarios cuestionando su postura
La exmandataria compartió un mensaje del diputado Leopoldo Moreau, que habló de "dictadura de los jueces" y cuestionó la decisión de solicitar autorización a la Justicia para visitarla mientras cumple con los seis años de prisión por la causa Vialidad. Leer más
¿Avocamiento ilegal? Juzgado declaró la sustracción de la materia por la intervención presuntamente ilegal de la JNJ. Fiscalía solicitó copias del expediente judicial como parte de la investigación contra los consejeros que dejaron sin efecto la sanción contra la exfiscal de la Nación
El diputado nacional cuestionó las restricciones judiciales impuestas a Cristina Kirchner, advirtiendo sobre un posible avance del Poder Judicial que podría afectar derechos políticos y la autonomía parlamentaria en el país
La jueza Ana del Rosario Osorio Sosa concluyó que no había una "amenaza cierta e inminente" de detención arbitraria contra la Fiscal de la Nación
Un proceso judicial cuestionado pone en jaque la credibilidad de testigos, evidencia recopilada y la interpretación de la justicia bajo el ojo mediático
SANTA FE.- El grupo agroexportador Vicentin se quedó con poco margen judicial para evitar el cramdown, un proceso donde cualquier interesado puede formular una propuesta por la compañía que cayó en concurso de acreedores y adeuda más de US$1500 millones. Ahora se sumó otra derrota jurídica. El recurso de inconstitucionalidad con el que la empresa atacó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rafaela fue denegado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial.En su análisis, el Tribunal consideró que el planteo de la empresa no cumplió con uno de los requisitos formales exigidos por la Ley 7055, en particular el referido a la "propuesta y mantenimiento de la cuestión constitucional en todas las instancias del proceso". Para recordar, en mayo pasado la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó un fallo para que se realice un proceso de cramdown. En rigor había respaldado una resolución que había dictado el juez del concurso de la cerealera, Fabián Lorenzini."Vuelven las dudas": la Bolsa de Comercio de Rosario habla de "incertidumbre" por la siembra de trigo en una importante región Si bien la Cámara reconoció que Vicentin cumplió con varios de los recaudos exigibles -como la legitimación, la fundamentación coetánea y la interposición en término-, entendió que no sostuvo de forma oportuna ni explícita la supuesta violación constitucional que invocó.En consecuencia, según se interpreta, para el Poder Judicial de la provincia el acuerdo de acreedores en el concurso que consiguió Vicentin oportunamente, es asunto cerrado. Es decir, se ratifica la invalidez del acuerdo por "abusivo e ilegal".Queda un último paso, el que se generó con el recurso de queja que Vicentin planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese trámite no impide las acciones correspondientes en la provincia. En consecuencia, tras su decisión, la Cámara de Rafaela debe girar el expediente al juez de primera instancia, es decir Fabián Lorenzini, de Reconquista, para que organice el período de salvataje o cramdown. El reciente fallo, que lleva la firma de los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, dispone que la cerealera se haga cargo de las costas, fijadas en el 25% de los honorarios que se regulen en primera instancia. Antes de dictar la resolución, la sala trasladó la pretensión empresaria a las partes; esto es, Commodities SA, la Fiscalía de Cámaras y la Sindicatura concursal.Como se informó oportunamente, el recurso había sido formalizado el 28 de mayo pasado por la concursada con motivo del rechazo judicial a su propuesta de pago en el marco del concurso preventivo. Entre los principales argumentos, la empresa había expresado varios agravios constitucionales que, según su criterio, invalidaban lo resuelto primeramente por la Corte provincial, y luego refrendado por la Cámara de Rafaela.Este nuevo período que se abrirá en la prolongada resolución de la causa Vicentin, desde la presentación judicial realizada a fines de 2019, es conocido como cramdown. Se trata de una etapa prevista en la Ley de Concursos y Quiebras del país, que se activa cuando el deudor no logra que su propuesta de pago sea aprobada por la mayoría de los acreedores, o no sea homologada por el Poder Judicial. Esta última variante es la que se aplica en este caso.Durante este período, que deberá ser abierto por el juez Lorenzini, permitirá que los interesados en comprar los bienes de Vicentin puedan presentar propuestas. Si se presenta una propuesta viable y obtiene las mayorías legales, puede ser homologada por el juez, incluso sin el consentimiento del deudor.Mientras las cuestiones judiciales sacuden al grupo Vicentin, cuya conducción está intervenida, en las tres plantas operativas de la firma (San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda) se trabajan normalmente en el procesamiento de granos aportados por ocho firmas que aceptaron el sistema de fasones. Desde junio se garantizó actividad por otros cinco meses en dichas plantas, que llevó tranquilidad a los 1700 trabajadores.El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo, Daniel Succi, admitió ante una consulta de este medio, que la operatoria sigue sin inconvenientes aunque los trabajadores aguardan conocer los siguientes pasos judiciales para evaluar en qué condiciones se mantendrán las fuentes laborales."Este sistema malévolo": productores del norte advirtieron sobre una situación difícil y pidieron eliminar las retencionesPor otra parte, por resolución dictada por el juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, los cuatro directivos de la firma que se encontraban detenidos -Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti-, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos, recuperaron su libertad, previo pago de una fianza de US$1 millón cada uno.
El Partido Acción Nacional presentó recursos para buscar la invalidación de la elección del Poder Judicial donde se renovaron 881 cargos
En la mesa de "Comunistas" se debatió sobre la resolución de la controversia que, si bien parece terminada, sigue manteniendo bajo la lupa cualquier manifestación popular que se produjese frente a su domicilio de San José 1111, con las consecuencias judiciales que ello podría ocasionar. Leer más
La declaración de Josef Maiman desmiente la versión inicial de Alejandro Toledo y su entorno, aportando pruebas sobre el flujo de dinero proveniente de sobornos durante su mandato presidencial
Tras las recientes polémicas de algunos candidatos al PJ, Sheinbaum instó a la ciudadanía a denunciar a magistrados que no cumplan con perfil de las elecciones
Lo que alguna vez fue un cartel que decía "La Posada", una hostería emblemática de Villa La Angostura, hoy aparece tapado con bolsas de nailon. El pasto también está largo, a pesar de ser plena temporada de verano en el pueblo patagónico, aunque eso no impide que la gente que camina por la bicisenda al lado de la ruta se tome un descanso y se siente a mirar desde esa colina el paisaje que protagoniza el lago Nahuel Huapi. También es el lugar de disputa de un conflicto con la comunidad mapuche que llevó al cierre definitivo del complejo turístico en septiembre de 2022.El empresario Sebastián Falus, fundador y CEO del Grupo Tije, se imaginó cuando compró La Posada, en el año 2006, la construcción de un corredor turístico con los otros hoteles que se ubican dentro del recorrido que hace la ruta nacional 40. El proyecto incluía un hospedaje para congresos y convenciones de categoría cinco estrellas y crear una escuela de hotelería, que implicaba el desembolso de unos US$23 millones y la creación de unos 120 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero cuando compró el terreno lindero para construir de acuerdo con el código urbanístico de la zona y quiso poner en marcha la iniciativa, al poco tiempo se enteró de que también había heredado un juicio por reivindicación de tierras."Uno de los socios era uno de los propietarios del Hotel Sheraton de Iguazú [hoy Meliá]. Aprovechando su experiencia en hoteles de congresos y eventos, se comenzó un estudio de prefactibilidad y encontramos la propiedad para poder avanzar en una carta de intención con Starwood, con el fin de hacer un desarrollo bajo la categoría Luxury Collection de Sheraton. Cuando miré a Villa La Angostura, identifiqué que prácticamente no tenía industria, pese a ser un lugar paradisíaco. El turismo está solo un par de meses al año, mientras que el pueblo tenía una gran necesidad de que exista alguna economía que pueda darle movilidad social a la población. En aquella época los congresos, los eventos médicos, generalmente se hacían en Buenos Aires, Iguazú o algunos en Bariloche, no mucho más", contó a LA NACIÓN.Para armar un hotel de congresos y convenciones se tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder atraer eventos locales e internacionales. Tiene que haber un hospital cerca, contar con un aeropuerto a menos de 100 kilómetros de distancia (en este caso, Bariloche), que las habitaciones tengan un mínimo de 40 metros cuadrados y que se pueda llegar al lugar por asfalto. Esta última condición es una característica que pocas calles de Villa La Angostura cumplen. Incluso hoy, donde está La Posada, hace más de un año que la ruta 40 se convirtió en ripio a la espera de que se termine de construir el camino de la circunvalación."La única posibilidad para hacer ese proyecto era adquirir La Posada y el terreno de al lado, para después unirlo catastralmente. Así sumamos unos 11.000 metros, para que nos permitan construir 3000 metros, y la idea era usar la infraestructura de los otros hoteles de la zona para completar la demanda. Iba a mover económicamente a todo el pueblo. El proyecto se presentó al municipio, al Ministerio de Turismo de Nación. La inmobiliaria nos dice que tiene el mejor lugar hasta el Hotel Correntoso, con una vista eterna al Nahuel Huapi, de fondo el Cerro Dormilón. Pero nos dijeron que había 'un temita reivindicatorio', algo menor. Compramos de buena fe, y a los seis meses nos enteramos de que era una tramoya con abogados de por medio, contra la familia Quiroga. Ellos tienen el otro lote, el de al lado del que compramos, lo que se conoce como Puerto Elma. A partir de ahí, arrancó un problema bárbaro", agregó Falus.Tres fallos a favor en la JusticiaLas idas y vueltas en la Justicia comenzaron 20 años atrás. En 2005, Carlos Popik (quien un año después le vendió el terreno al Grupo Tije) inició una acción reivindicatoria por el derecho a la propiedad contra Elma Quiroga y Carlos Miranda, pertenecientes a la Comunidad Lof Paichil Antriao. En el expediente, denuncia que cuando escrituró estaba "libre de ocupantes", pero que al momento de hacer las delimitaciones del terreno con un agrimensor para construir una vivienda surgieron "algunas discusiones con los vecinos" por cuestiones de límites y posesión. Empezaron los gritos, los insultos, las amenazas, según aparece detallado en la causa judicial.Del otro lado de la demanda, la Comunidad Lof Paichil Antriao alega ser preexistentes al Estado argentino y que al menos tienen cinco generaciones anteriores que desarrollaron "su cultura ancestral" en el pueblo. Y agregaron que en 1902, el entonces presidente Julio Roca reconoció la propiedad del Lote pastoril Nº 9 mediante un decreto a su bisabuelo Antriau, un terreno que abarca 625 hectáreas."El lote incluía gran parte de las tierras donde hoy se asienta la ciudad de Villa La Angostura", aclara el fallo en primera instancia, en el que el juez Andrés Luchino, del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, analizó más de 100 años de historia de tierras patagónicas y resolvió a favor de Popik. Entre los argumentos, señaló que los Antriao vinieron a la Argentina en 1890 desde San Pablo (situado a 21 kilómetros de Osorno, Chile) y que se asentaron en lo que hoy es el pueblo. En 1898 también llegaron los Paichil, familia amiga. Y en 1902 Roca convocó a los adjudicatarios de las tierras, pero como nadie apareció, nacionalizó a las familias y les donó el lote. Con el paso del tiempo, sus herederos vendieron "legalmente a terceros"."Es obvio que no se trata de tierras que tradicionalmente ocupa la Comunidad, sino de tierras que alguna vez ocuparon sus miembros (cuya propiedad les fue reconocida por el Estado Nacional), pero que luego fueron vendidas legítimamente por sus sucesores, estando tales actos jurídicos firmes y hallándose entonces sus consecuencias bajo el amparo de la garantía de inviolabilidad prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional (SIC)", reafirmó el juez en febrero de 2019.A lo largo del fallo, recogió el testimonio de miembros de la Comunidad, en el que reivindican que el lote se encuentra dentro de las 600 hectáreas que reclaman como propias. "La realidad es que esta es la historia de lo sucedido de acuerdo al derecho vigente al momento de su ocurrencia (...) y reitero tales actos -múltiples enajenaciones hechas a lo largo de 78 años- se encuentran hoy firmes de modo irretroactivo. De lo contrario, habría que decretar la nulidad de todas las escrituras públicas que se encuentran dentro de las 625 hectáreas reclamadas por la demandada, lo que abarcaría por cierto a toda la ciudad de Villa la Angostura (SIC)", expresó.El juez ordenó restituir el lote en un plazo de 30 días, pero los abogados de Lof Paichil Antriao apelaron y el fallo quedó en suspenso. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén declaró "desiertos" los recursos impuestos por Elma Quiroga y la comunidad mapuche. Los acusados recurrieron al Tribunal Superior de Neuquén, que en julio de 2020 volvió a respaldar la decisión que tomaron las autoridades anteriores. Finalmente, elevaron el reclamo hasta la Corte Suprema, que al día de hoy no se pronunció. Será su decisión el resultado de la disputa.Mientras tanto, hay una orden de desalojo, firmada por Luchino hace un año y medio, que todavía no se ejecutó.Manifestaciones, polémica nacional y cierreLuego de los fallos a favor, en abril de 2021 la comunidad Lof Paicil Antriao hizo distintas "actividades de reafirmación territorial" frente a La Posada. El tema llegó a escalar a nivel nacional, y tuvo repercusión entre figuras como Waldo Wolff, quien pidió que "intervenga urgente el Estado provincial y nacional". O Laura Alonso, quien habló de "otra toma ilegal en el sur". Al poco tiempo, el tema volvió a pasar al olvido. Un año y medio después, en septiembre de 2022, La Posada comunicó su cierre definitivo y 16 personas fueron despedidas.Esto ocurre ahora. Grupos insurgentes invadieron el Hotel La Posada de Villa la Angostura, desafiando el fallo firme a favor del hotel por parte de la justicia, en desafío a la jueza y a las medidas dictadas por DNU Nacional.Intervenga urgente el estado provincial y nacional. pic.twitter.com/zPVVSAmJl7— Waldo Wolff (@WolffWaldo) April 10, 2021"Hace seis años unificamos el terreno catastralmente. Para el municipio y para la provincia, el lote de 11.000 metros cuadrados es de Tije Inversiones. Sobre nuestro lote esta gente construyó rampas, un quincho, un estacionamiento de cemento sobre la playa, abrieron una guardería náutica, una proveeduría comercial. Talaron arrayanes, coihués. Y nosotros hicimos infinidad de denuncias ante el municipio, ante Parques Nacionales, ante prefectura. Más allá de que fracasó el proyecto, hay daño ambiental y un riesgo real de incendio forestal, pero nunca nadie nos respondió. Ahora, cuando dijimos entonces de no pagar tasas por la parte del lote que me lo destrozaron y que no lo puedo utilizar, me dijeron que tengo que pagar por todo el terreno. Ahí, sí, lo reconocen", cuenta Falus. De hecho, semanas atrás hubo un incendio estructural en la zona, con peligro de extenderse a las casas linderas.A pesar de las reiteradas consultas de LA NACION, la comunidad Lof Paicil Antriao no respondió sobre las acusaciones, en un momento en el que el municipio de Villa La Angostura busca desalojarlos del camping Correntoso. Tampoco respondió la intendencia a cargo de Javier Murer a las consultas hechas por este medio. Una disputa similar tiene con el basquetbolista Emanuel Ginobili en otro terreno que hay en el pueblo. En tanto, desde Parques Nacionales confirmaron que el muelle que se construyó sobre ese terreno no está habilitado, dijeron que "se van a promover los desalojos" y que a finales de enero levantarían las boyas del lugar, donde tienen poder de acción. Sin embargo, a pesar de que pasaron casi seis meses, no hubo novedades sobre este tema."Hoy perdimos el interés en hacer el proyecto. No se puede tener un hotel, con huéspedes, si tenés parte del terreno tomado. Si tenemos que vender, vendemos, pero también es difícil hacerlo con todo lo que conlleva. Nunca nadie nos respondió una carta, no pensamos que el Estado iba a estar en contra. No podemos dejar de sospechar que estos actos pueden constituirse en hechos de encubrimiento y corrupción. Así, no hay incentivos para hacer inversiones, nadie quiere poner un peso cuando ve situaciones como las que también sucedieron en el lago Mascardi", cerró Falus.
La prioridad del exparticipante es reconstruir su vida y avanzar en sus proyectos personales tras este complejo episodio en su vida
En la misma sesión, se definirá también el futuro legal de la madre del Monstruo, su pareja y otros presuntos miembros de su red criminal
En las últimas horas, Camila Mayan recibió una noticia poco alentadora con respecto a la causa que le inició a Alexis Mac Allister, en la que le reclama una compensación económica por los cinco años que vivieron juntos en Inglaterra, mientras su expareja desempeñaba su carrera como futbolista en el Brighton & Hove Albion de la Premier League. La justicia argentina trasladó el reclamo de la influencer a los Tribunales de Reino Unido, por lo que deberá analizar cuáles serán sus nuevos pasos legales.Luego de conocerse la noticia, la joven fue consultada al respecto en diálogo con A la tarde (América TV). "Todo bien, estamos viendo qué hacemos ahora", comenzó y aclaró que aún existen otras instancias legales: "No necesariamente hay que ir directamente a otro país... Voy a ver qué hago".En lo que respecta al fallo, manifestó que la decisión no fue inesperada para ella. "Es más de lo mismo", afirmó. Además, destacó que los procesos judiciales suelen prolongarse en el tiempo, por lo que la demora en la resolución no le resultó extraña. Sobre la posibilidad de que el futbolista tuviera contactos en el sistema judicial, respondió: "No tengo forma de saberlo. No tengo acceso a esa información. Quizás la otra parte sí tenga conexiones. Deberían preguntarles a ellos, yo no tengo conocimiento al respecto. Nunca me involucré en esas cuestiones y no lo hago ahora".La integrante de Patria y Familia, ciclo de streaming que se transmite en Luzu TV, negó haber sido quien filtró la noticia sobre la nueva relación de Mac Allister con Ailén Cova, a quien se la conocía por ser la mejor amiga del mediocampista. "No fui yo... La noticia salió en otro lado y yo me enteré por la tele como todo el mundo", aseguró.Y agregó: "No soy yo la que anda contando cosas a la prensa, así que me toca a mí lidiar con todo esto". En cuanto a los señalamientos que la tildan de "mediática", sostuvo: "Eso les conviene a ellos decirlo". Cabe recordar que después de la ruptura, la cual ocurrió tras del triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Mayan señaló que no tuvo contacto con Mac Allister y que todavía está espera que le devuelva algunas de sus cosas que quedaron en Inglaterra. "No puedo reclamar eso en la Justicia", aseveró y completó: "Cada uno tendrá que vivir con su conciencia".Mientras Camila recibía este martes la noticia del revés judicial, Mac Allister se preparaba para asistir, junto a su flamante novia, al casamiento de Kevin Mac Allister, uno de sus hermanos. A través de su perfil de Instagram, en donde acumula 162.000 seguidores, la pareja del futbolista lució su embarazo con un atuendo de la diseñadora argentina Jotti Harriague y se llevó todas las miradas.Se trató de un vestido al cuerpo color bordó con una caída fluida y que además de estilizar su figura dejaba a la vista su pancita. El delicado atuendo lo complementó con joyas de Swarovski, el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural, en tonos cálidos. Por su parte, el futuro papá portó un traje esmoquin negro y camisa blanca.
La decisión del Gobierno de instrumentar, por decreto, una reforma en el estatuto de la Policía Federal (PFA) no solo apunta a modernizar esta fuerza de seguridad al estilo FBI, como anunciaron este martes con bombos y platillos el presidente Javier Milei y la ministra del área, Patricia Bullrich. Desde la oposición advirtieron que en la letra chica del decreto hay cláusulas que le confieren a esta fuerza atribuciones discrecionales para llevar adelante su labor, como realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial. El decreto en cuestión -el 383/2025- se dictó en el uso de las facultades delegadas en la Ley Bases y, en líneas generales, dispone que la tarea de la Policía Federal estará orientada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos. El decreto elimina por completo las funciones y atribuciones de la PFA en materia de seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires, culminando así el proceso de transferencia iniciado en 2016. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en cuestiones de seguridad en otras jurisdicciones de manera subsidiaria o cuando sea expresamente solicitada.La polémica surge con el articulado del nuevo estatuto, incorporado como anexo del decreto en cuestión. El artículo 6, que detalla las facultades que tendrá la PFA, permite por caso que esta fuerza pueda actuar en diversas situaciones sin necesidad de una orden judicial previa, advierten en la oposición. En efecto, el decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales" (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea "en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención" (artículo 6to. Inciso 13); "registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir" (art. 6to, inciso 8); o detener a una persona "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Todas ellas "sin necesidad de autorización judicial" (art. 6 inciso 7).Por lo pronto, desde la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura. "La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo â??planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interiorâ??. Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria".El legislador advirtió que "lo más preocupante" del decreto es que se le otorga a la PFA "facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia", al crear una agencia de espionaje "sin control parlamentario". "Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir", señaló. En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), advirtió que este decreto confirma "la deriva autoritaria del gobierno de Milei" y su intención de "avanzar hacia un estado de excepción que desmorone los cimientos democráticos". "Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de [Juan] Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular", sostuvo. Desde el bloque de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales opositores, la Mariela Coletta señaló que "esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería â??como mínimoâ?? pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea". "Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos", agregó.Uno de sus compañeros de bancada, el formoseño Fernando Carbajal, fue tajante: "Con el decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario".Listo. Con el Decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario. pic.twitter.com/LvccFHNUHp— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 17, 2025También Margarita Stolbizer, de GEN, cuestionó el decreto. "Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación -indicó-. Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás. Una república no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto".Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por como te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial. pic.twitter.com/GHtwbki1pJ— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025
El senador panista consideró que el porcentaje de participación ciudadana fue bajo
La restricción había sido establecida para limitar el acceso de vehículos foráneos a la ciudad en horarios específicos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima determinó que la situación legal del exjefe de Estado cambió tras una orden judicial, dejando sin efecto su solicitud de hábeas corpus
La influencer le exige una compensación económica al futbolista de 6 millones de dólares.Afirmó que desde el entorno del deportista la tilda de "mediática" porque les resulta útil en la demanda.
Carlos Alberto López Ramírez deberá cumplir con 43 días de servicio comunitario y no podrá acercarse a la madre de sus hijos durante un año tras sentencia
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana cuestionó el rol de la justicia y los medios de comunicación en medio de horas clave para definir el futuro de Cristina Kirchner.
ás que un cambio de reglas, esta casación funciona como una alerta para el entorno empresarial
El organismo electoral confirmó el nombre de las personas que ocuparán los cargos vacantes para cada una de las instancias
La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, celebra la declaratoria de validez y participación ciudadana en el proceso electoral; relaciona la renovación judicial con la necesidad de erradicar la corrupción e impunidad en la SCJN
La autoridad electoral avaló la entrega de las constancias de mayoría a candidaturas ganadoras de la SCJN
Arturo Castillo Loza habló sobre "prácticas antidemocráticas" acreditadas en 818 casillas instaladas para la inédita elección
Exmandatarios del Grupo IDEA advierten sobre "debilitamiento institucional"; señalan riesgos de subordinación institucional ante el Ejecutivo y pérdida de independencia
A las presiones K para que se declare un paro general cuando la ex presidenta vaya a Tribunales se sumó un gesto inconsulto de Pablo Moyano que molestó a Hugo, su papá
Todos tienen sentencias por corrupción y estuvieron presos, excepto la ex presidenta, cuya situación de define la semana que viene. Las causas y las penas de cada uno de ellos
La Justicia autorizó la reapertura parcial del complejo más popular del conurbano. Los feriantes retomarán la actividad este lunes bajo estrictas condiciones fiscales, laborales y comerciales. Leer más
El predio Urkupiña comunicó que recibió la autorización para volver a operar. Aún no se sabe cuándo lo harán Ocean y Punta Mogote.
Según reveló el periodista Javier Ceriani en el programa 'Chismes no like', Calderón habría pagado a empleados de un tribunal para manipular una demanda en su contra interpuesta por el vendedor del predio
El diputado radical criticó el silencio del peronismo cordobés ante la condena a Cristina Fernández de Kirchner y rechazó las acusaciones de persecución política. Afirmó que existen diferencias de escala en los casos de corrupción entre gobiernos justicialistas y no justicialistas. Leer más
Oposición, organizaciones civiles y ciudadanos han interpuesto decenas de recursos legales contra el proceso para elegir ministros, jueces y magistrados
Jean Carlos Montero Huaylinos es señalado como uno de los responsables del abuso y muerte de la joven madre de familia, en San Bartolo
Los bordes de Salta en la frontera norte son una de las zonas calientes del tráfico de drogas. Los contrabandistas tienen multiforme ingenio para ganar los primeros metros en territorio nacional a los cargamentos de cocaína producida en Bolivia. Por esa primera línea de contención se moverán unidades militares, según lo dispuesto en el llamado Operativo Roca. Y la Justicia dio ahora un fuerte respaldo al nuevo sistema de patrullaje que desplegará personal de las Fuerzas Armadas en esa zona. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, rechazó un hábeas corpus con el que diversas organizaciones buscaban frenar esa iniciativa del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, que procura dar apoyo efectivo a la actividad antidrogas de las fuerzas federales de seguridad. No se trata de una opinión menor, sino de una mensaje decisivo sobre la validez legal de los patrullajes previstos ya que el Juzgado Federal de Orán es un actor clave la investigación de causas narco y recepción de denuncias y decomisos por el tráfico de drogas. El magistrado Montoya había convocado a una audiencia virtual a las partes para resolver la presentación realizada en contra de ese plan impulsado por la administración de Javier Milei. En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Defensa expusieron ante Montoya las reglamentaciones que sustentan ese despliegue militar, según indicó el diario El Tribuno. Los argumentos convencieron al juez federal de Orán, que con el rechazo de la reclamada medida preventiva de hábeas corpus brindó un respaldo al Operativo Roca.La recepción judicial de estos patrullajes marca también la preocupación compartida por las autoridades del Norte sobre la necesidad de poner los mayores obstáculos posibles al avance de las bandas narco. Es diferente a lo expuesto durante los mandatos de la ahora condenada y por entonces presidenta Cristina Kirchner. En ese momento habían llegado al Edificio Libertador objeciones judiciales a la presencia militar en la frontera norte. Era otro tiempo, por ejemplo, en el juzgado federal de Orán estaba otro magistrado, Raúl Reynoso, que en 2015 sería procesado y cuatro años después condenado a 13 años de prisión por sus relaciones con los narcotraficantes de la zona. En esa época, no querían ojos extraños en la zona. Distinto es el caso ahora, con el Operativo Roca bien recibido tanto por funcionarios judiciales como políticos locales. El propio ministro Petri tuvo el mes pasado importantes reuniones en Salta para reunir apoyos clave para esa iniciativa, que se une a otras reformas como el Servicio Militar Voluntario. No solo se encontró con el gobernador Gustavo Sáenz, sino que tuvo un encuentro en el que dio detalles del despliegue a un auditorio compuesto por la presidenta de la Corte de Justicia provincial, Teresa Ovejero, y los fiscales federales de Salta Eduardo Villalba y Ricardo Toranzos, entre otros funcionarios judiciales. El rechazo del hábeas corpus con el que se intentó frenar el despliegue es otra señal sobre el apoyo judicial al operativo. En el campo táctico, los militares buscarán con el movimiento de sus patrullas negar el terreno a los contrabandistas de drogas. Una frontera seca, con zonas de montes y áreas de difícil acceso, es la zona de tráfico hormiga, en movimientos de varios hombres que pueden llegar a sumar 100 kilos de cocaína en las mochilas. La intención oficial es bloquear por presencia los lugares hoy descubiertos. Sin que se trate esa maniobra de una tarea de seguridad, sino de un operativo militar de patrullaje de frontera, durante los cuales los uniformados puede intervenir ante un delito en flagrancia. El apoyo a la Gendarmería, en ese caso, será permitir que la fuerza federal concentre sus recursos en golpes definidos por investigaciones y en los operativos en los caminos que cruzan Salta, cuando el contrabando hormiga se transforma en cargamentos consolidados de cocaína, como los 97 kilos de esa droga descubiertos ayer a partir de un control en la ruta nacional N°9.
Luego de tres semanas clausurado, el complejo de ferias La Salada podrá volver a abrir sus puertas. Así lo decidió el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que investiga a las cúpulas de este polo textil informal por lavado de dinero y que, el pasado 22 de mayo ordenó la detención de 15 personas, entre ellas Jorge Castillo, autoproclamado "El Rey de La Salada", y la clausura total del predio. La resolución no especifica en qué fecha los vendedores van a poder volver a sus respectivos puestos de feria. Esta decisión dependerá de la fiscal interviniente, quien deberá "merituar la viabilidad técnica y fáctica, como así también la posibilidad material", de la apertura parcial o total del predio, que se hará bajo intervención judicial. Sí especifica, sin embargo, que previo a la apertura, tendrán que estar dadas las condiciones necesarias, que incluyen varios cambios de índole administrativo y fiscal. En el documento se plantea la previa transformación de las operaciones de este polo textil informal -el más grande de la Argentina-, para "asegurar la legalidad y transparencia" de su funcionamiento, y "evitar futuras infracciones".Dentro del predio de 18 hectáreas que ocupan las ferias de La Salada, donde trabajaban más de 30.000 personas y donde la informalidad era la norma, solo se autorizará "el desarrollo comercial y laboral lícito", se detalla en la resolución. Dicha actividad estará regulada por la articulación de distintos entes estatales: la Fiscalía Federal interviniente, el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y, en representación del gobierno nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Una de las primeras medidas necesarias para la reapertura del predio será la designación de un interventor, quien estará a cargo, en principio, por un plazo de 90 días, de la administración general de las tres ferias que componen el complejo: Urkupiña SA, Punta Mogote SCS y Cooperativa Ocean. También deberá asegurar la regularización de la situación fiscal de activos y pasivos del complejo, llevar un registro contable de la actividad de la feria y "asegurar que se llevan a cabo buenas prácticas de negocios y gestión", entre otras funciones. Evitar el uso de dinero en efectivoDe acuerdo con el documento, toda la actividad del predio deberá "efectuarse de manera legal". Esto implica que se deberá registrar a todos los empleados en relación de dependencia, evitando la contratación irregular. También se deberá registrar de forma completa cada venta y se deberá instalar "un sistema de aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, evitando el uso de "dinero en efectivo".La resolución destaca, a su vez, que, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos, se podrá solicitar nuevamente la clausura del predio. La autorización de reapertura del predio ocurrió tras semanas de protestas encabezadas por empleados de La Salada, entre ellos vendedores, trapitos, personal de mantenimiento y especialmente miles de carreros, los transportistas que se dedican a transportar la mercadería desde los puestos de venta hasta los vehículos de los compradores. Según destaca la resolución, la decisión de habilitar la apertura del predio responde a un conjunto de problemáticas que trascienden el plano de lo "estrictamente penal" y alcanzan "una dimensión social relevante, en tanto afecta directa e indirectamente a una vasta comunidad de personas trabajadoras, cuya subsistencia se ve comprometida". "La continuidad de esta medida podría provocar un daño de magnitud incierta, en términos de cohesión social, desarrollo económico local y bienestar de núcleos familiares completos", sigue. La informalidad es la normaEn La Salada, la informalidad es la norma. En sus 18 hectáreas funcionaban hasta hace tres semanas 8.000 puestos de feria, de los que dependían de manera directa 30.000 empleados, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A estos trabajadores habría que sumar otros miles de beneficiarios indirectos, que incluyen miles de talleres clandestinos familiares, y los compradores. Entre los compradores hay comerciantes al por mayor de todo el país, e incluso de estados vecinos. En este complejo de ferias, la vulnerabilidad de la mayoría de los trabajadores contrasta con la riqueza que amasaron sus administradores, muchos de ellos hoy detenidos por lavado de dinero. Solo Punta Mogote tuvo ingresos de $26.827 millones entre 2021 y 2025, se explicita en la causa judicial que terminó en la detención de Castillo, su mujer y su hijo. Solo para graficar la situación, cabe resaltar que en los allanamientos realizados en su casa, en un country con haras en Luján, se secuestraron $430 millones, más de US$2,5 millones y máquinas para contar billetes.
Las pintadas amenazantes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tras firmar el fallo que dejó firme la condena de la expresidenta Cristina Kirchner merecieron el repudio de importantes asociaciones de jueces del continente y de consejeros de la magistratura.El miércoles pasado aparecieron veladas amenazas y agraviantes panfletos en el macrocentro de Santa Fe contra el presidente de la Corte Suprema, oriundo de esta ciudad, de la cual fue su intendente en la segunda mitad de la década de los 90.En un grafiti pintado en una de las paredes detrás del mástil de la Plaza España, frente a la sede del PJ provincial y a otras dependencias provinciales, se podía leer "Ojo Rosatti".La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el Consejo de la Magistratura de la Nación expresaron su profunda preocupación por esos mensajes que motivaron que su presunto autor, un militante del kirchnerismo santafesino, fuera identificado y su casa allanada. Consideraron que se trata de "un intento de condicionar el ejercicio independiente de la función judicial en Argentina".La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales expresó "más enérgico repudio y extrema preocupación". Señalaron los magistrados que estas intimidaciones son "un acto de extrema violencia institucional" que atenta directamente contra la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la "integridad del sistema republicano de gobierno".La postura fue compartida y reforzada por la Federación Latinoamericana de la Magistratura e integrantes del Consejo de la Magistratura que suscribieron una declaración conjunta. Allí sostuvieron que se busca "condicionar el ejercicio independiente de la función judicial" y entendieron que esos actos son una "injerencia indebida e intimidante" y una "intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional", y que no es "admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones".Un hombre, identificado como Roberto Mauricio Acosta, fue detenido en su domicilio, donde según un informe de la Policía Federal "se secuestraron elementos de interés, tales como una remera partidaria del PJ, folletos con la imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la leyenda 'proscribirla no te llena la heladera' ".En varias zonas de la ciudad de Santa Fe ya habían aparecido panfletos con diferentes leyendas. Una de ellas atacaba al mismo titular de la Corte Suprema con un texto agresivo: "Rosatti Supremo HdeP". En otro, se consignaba la leyenda: "Cristina es Democracia".Las tres declaraciones de las entidades subrayaron la importancia del Poder Judicial. "La ley es producto de los consensos democráticos, y su observancia es una condición necesaria para la vigencia del régimen democrático. El Poder Judicial ejerce el rol de autoridad pública de aplicación de la ley y es fundamental para asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución y custodiar los derechos y garantías que esta enuncia", dijeron.Y mencionaron que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un "derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho".El presidente de la FLAM que firma la declaración es Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Asociación de Magistrados. También suscribieron los consejeros jueces del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Diaz Cordero y María Alejandra Provítola.
La detención se realizó en una de las calles del barrio Chino, en el municipio de Turbaco
WASHINGTON.- En un fuerte revés judicial para el gobierno de Donald Trump luego de seis de una tensa disputa con el estado de California, un juez federal emitió esta noche una orden que bloquea la orden del presidente para el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, y dispuso que la Casa Blanca devuelva el control de las fuerzas al gobernador Gavin Newsom."Sus acciones fueron ilegales, tanto excediendo el alcance de su autoridad estatutaria como violando la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", escribió del juez de distrito Charles R. Breyer, de California, sobre las órdenes de Trump. Se espera que la administración republicana apele, lo cual estiraría el conflicto judicial."En nuestro sistema constitucional, no corresponde al gobierno federal asumir el poder de policía de un estado cuando no está satisfecho con el vigor o la rapidez con que éste hace cumplir sus propias leyes", explicó el juez. "Muy al contrario, los fundadores reservaron ese poder, y otros, a los estados", añadió. No estaba claro de inmediato cómo cambiaría la situación sobre el terreno en las próximas horas.El fallo se produjo horas después de la conmoción que generaron las imágenes del senador demócrata de California Alex Padilla al ser expulsado por la fuerza y esposado este jueves tras interrumpir una conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Poco después, el legislador fue liberado, según informó su oficina."Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria [Noem]", dijo Padilla, antes de ser empujado fuera de la sala por dos hombres, en una escena que se hizo viral en las redes sociales. Luego fue esposado en un pasillo, según se vio en las imágenes.Noem estaba dando una conferencia de prensa sobre los operativos del gobierno para arrestar migrantes que en los últimos días desencadenaron manifestaciones y el despliegue de militares ordenado por Trump, entre ellos más de 4000 agentes de la Guardia Nacional de California y unos 700 marines.Newsom, convertido en la cara visible de la oposición a Trump, había presentado una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en contra de sus deseos. Posteriormente, California lanzó una moción de urgencia pidiendo al juez que impidiera a los efectivos ayudar en las redadas migratorias, a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).El gobernador argumentó que las tropas fueron desplegadas originalmente para proteger edificios federales, y quería que el tribunal impidiera que los efectivos ayudaran a proteger a los agentes de inmigración durante las redadas. También advirtió que la participación de la Guardia Nacional solo aumentaría las tensiones y promovería disturbios, que comenzaron el viernes pasado.La administración Trump calificó la demanda de "burda maniobra política que pone en peligro vidas estadounidenses", en su respuesta oficial del miércoles pasado.Normalmente, la autoridad para convocar a la Guardia Nacional recae en los gobernadores, pero hay circunstancias limitadas en las que el presidente puede desplegar esas tropas. Trump federalizó a miembros de la Guardia Nacional de California en virtud de una autoridad conocida como Título 10.La demanda argumentó que el Título 10 requiere, entre otras cosas, que el presidente pase por los gobernadores al emitir órdenes a la Guardia Nacional.Para contener los disturbios en un área del centro de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass declaró el martes un toque de queda entre las 20 y las 6 del día siguiente. "Prevemos que durará varios días", declaró.
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