judicial

Fuente: Infobae

08/07/2025 02:50

Un heredero se niega a pagar al contador-partidor judicial que gestionó la herencia familiar: la Justicia le condena a abonarle 6.610,13 euros

El juez consideró que los honorarios eran razonables y proporcionales a la complejidad de la intervención, y que su cuantificación, aunque inspirada en normas colegiales hoy derogadas, resultaba válida como criterio orientativo

Fuente: Infobae

07/07/2025 11:23

El proyecto aprobado por el Congreso permite acceder a datos personales, fiscales y médicos en tiempo real; cualquier persona podrá ser monitoreada sin orden judicial ni sospecha previa, alerta la organización civil

Fuente: La Nación

30/06/2025 14:18

Un juez decidió suspender el embargo millonario contra una pyme láctea que atraviesa un conflicto judicial

Una semana después que se conociera el embargo a Lácteos Vidal, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, resolvió "archivar" provisoriamente el embargo preventivo por 167 millones de pesos solicitado por el sindicato, hasta tanto se analice la impugnación presentada por la parte demandada. La pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, atraviesa un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022.Verduras donde reina el frío extremo: la misión que cambió todo en tres bases argentinas de la AntártidaLa medida responde a la causa N° 30061/2022 y fue tomada luego de que Lácteos Vidal objetara la liquidación presentada por Atilra, que incluía astreintes por un monto estimado en 157 millones de pesos, que respondían a una multa por cada día que no reincorporaba a los trabajadores despedidos. En 2022, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.Según fuentes vinculadas a la empresa, esa liquidación no había sido previamente consentida y fue objetada por considerar que los montos reclamados carecen de sustento legal.La semana pasada se conoció una nueva resolución del juez Ramonet en la que ordenó un embargo preventivo de más de $167 millones a pedido del gremio Atilra, en medio de un conflicto gremial que ya lleva casi tres años. Esa decisión judicial se conoció un día antes de una audiencia de conciliación en la que la empresa volvió a presentar una oferta para cerrar el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como lo había sugerido el propio juez en una instancia anterior. Sin embargo, según relató Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y tampoco participó el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria. Ahora, se conoció que el juez Ramonet decidió no enviar por ahora el oficio al banco para ejecutar el embargo y resolvió, en cambio, correr traslado de la impugnación a la parte actora. Esta maniobra dilata la resolución por la medida cautelar, al mismo tiempo que deja en suspenso la ejecución de las sanciones económicas diarias pretendidas por el sindicato. "El juez hizo el embargo preventivo, pero no sacó la cédula al banco. Nosotros hicimos la impugnación, además de la cautelar hay pendiente una queja, como yo no reincorporo al personal, el juez me quiere cobrar astreintes, porque ellos [el gremio] presentaron el pedido de cautelar", dijo Bada Vázquez.En junio del 2024, Ramonet había aumentado las astreintes por "incumplir" con la reincorporación de parte de los trabajadores despedidos, tras una medida de fuerza realizada en julio de 2022 en la planta de la firma en la localidad de Moctezuma. El monto era de $10.000 por empleado por día y ahora trepó a $50.000, un 400% más. Sin embargo, una resolución posterior había dejado sin efecto ese aumento de la multa. Ahora, no obstante, corrió traslado y suspendió las astreintes. "Ya era escandaloso que me notificaran de un embargo, cuando hoy en día hay un artículo en la Ley Bases que dice que bloquear una empresa es injuria grave y causal de despido. Así que me siga amenazando con las astreintes ya es escandaloso, creo que al menos reconsideró el error grave y por eso suspendió el embargo", dijo Bada Vázquez. Además, señaló: "Sigo esperando justicia y que se entienda que bloquear una empresa, no dejar trabajar, violar el derecho de libertad de trabajo, tenga algún día consecuencias para quien lo hace y podamos ser algún día un país normal, donde se respete la propiedad privada y el trabajo en libertad". La tensión entre Lácteos Vidal y Atilra se mantiene como uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia laboral dentro del sector lácteo. La causa continuará su curso a la espera de las nuevas decisiones judiciales. Por ejemplo, a principios de este mes, el mismo juez declaró "abstracta" su propia medida cautelar que ordena la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa. Esto sucedió dado que los trabajadores decidieron iniciar reclamos por indemnización por despido ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). El gremio Atilra, en tanto, apeló esta decisión en la Cámara de Apelaciones, y se espera una sentencia.

Fuente: Infobae

29/06/2025 06:22

El PSOE quiere aprovechar la ley de carrera judicial para devolver a los jueces de paz la capacidad de celebrar bodas

Fuente: La Nación

29/06/2025 03:18

Caso $LIBRA: Declaró Hayden Davis y avanza la causa judicial en EE.UU

En una declaración espontánea que presentó el lunes pasado ante el juzgado federal de Nueva York en el que tramita la demanda colectiva -class action- en su contra, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis adjudicó el colapso de la criptomoneda $LIBRA a la decisión del presidente Javier Milei de borrar el tuit en el que le había dado visibilidad. Insistió en que no se trató de una estafa, sino de un proyecto que buscaba financiar a pequeñas empresas y proyectos educativos.Con la declaración de Davis se produjo un avance en el expediente abierto en la justicia norteamericana a partir de la presentación que hicieron en ese estamento inversores de Estados Unidos damnificados por el auge y el súbito desplome de la criptomeneda. Es una causa en la que se intenta determinar si se configuró algún delito en la operación de $LIBRA y en la que no están imputados ni el presidente Milei ni su hermana, la secretaria general de la Presidencia. Davis afirmó en su declaración, de apenas tres carillas, que el lanzamiento de $LIBRA se gestó en un par de meses. Lo hizo al aducir que el proyecto "ni había sido concebido" en noviembre de 2024, pese a las constancias oficiales que sugieren indicios en contrario. Por ejemplo, los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada, que exponen que entró el 21 de ese mes junto a otro protagonista del escándalo, Mauricio Novelli. Y esa misma noche, según reconstruyó la nacion, Davis y sus allegados celebraron que Milei "les había firmado todo".El proyecto $LIBRA "se impulsó con el fin de beneficiar a pequeños negocios en la Argentina", remarcó Davis, quien buscó despegarse también de las sospechas que lo rodean sobre el presunto trasiego de información privilegiada para beneficio propio o de terceros -es decir, el delito de insider trading-, como también de quienes adquirieron esa meme coin segundos antes del lanzamiento y ganaron fortunas, lo que se conoce en el sector como "sniping"."No tenía conocimiento previo de que existían esos 'snipers' ni tengo conocimiento directo de quiénes son", aclaró. "Yo no fui uno de esos 'snipers' y no compré ninguna $LIBRA para mí ni para ninguna otra persona".La irrupción sorpresiva de Davis en el proceso que tramita en Manhattan fue a través de un escrito que presentaron sus abogados cuando los demandantes todavía no habían logrado notificarlo de la class action. Optó por tomar la iniciativa con el objetivo evidente de cuestionar la competencia de los tribunales federales de Nueva York para investigar el lanzamiento de $LIBRA y juzgar, por tanto, a sus impulsores.Davis, como CEO de la firma Kelsier Ventures, planteó que no tiene domicilio ni propiedades en Nueva York, ni mantuvo reuniones vinculadas al proyecto en esa ciudad o el estado, como tampoco encaró negociaciones ni hizo publicidad de ningún tipo que puedan vincularse a Manhattan o sus alrededores. Por el contrario, remarcó que "el Proyecto Viva La Libertad! se concibió en la Argentina", con lo que buscó reforzar la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre lo ocurrido.Davis introdujo en el expediente la mención a Milei. "Tras el lanzamiento del proyecto, el presidente Javier Milei publicó en X sobre $LIBRA. Como suele ocurrir con las meme coins, esto generó interés y, como resultado, compras, lo que impulsó el precio de $LIBRA", sostuvo. "Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación. Entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina"."La decisión del presidente Milei""Inmediatamente después del lanzamiento, muchos en redes sociales atacaron a $LIBRA calificándolo de falso o estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas", insistió, antes de adjudicarle una supuesta responsabilidad al jefe del Estado argentino en el colapso del criptoactivo por su decisión de retirar el apoyo a la iniciativa poco después de haberla promovido. "La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente".Davis aludió así a la orden de la Justicia estadounidense de embargar más de US$55 millones en criptoactivos, semanas después de que el CEO de Kelsier Ventures sondeó a los tribunales argentinos con una propuesta. Adujo que podría devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasado, que pertenecen a un abanico amplio de inversores, según reveló LA NACION el 9 de este mes.La propuesta de Davis, según reconstruyó este diario, consistía en girar esos fondos a la Argentina, a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos. Pero el embargo que en Nueva York dispuso la jueza federal Jennifer Rochon terminó de tabicar esa posibilidad.Durante las próximas semanas, en tanto, el ida y vuelta vinculado al caso $LIBRA entre la Argentina y Estados Unidos podría sumar otro capítulo. En particular, tras lo ocurrido esta semana durante la reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.Aunque no termina de conformarse ni designarse sus autoridades, la comisión convocó a varios especialistas. Y algunos, como Santiago Siri y Fernando Molina, evidenciaron la imposibilidad de que Milei accediera por internet al website o al código alfanumérico -el "contrato"- de $LIBRA. Es decir que alguien le acercó esos datos, en una aparente contradicción con lo que afirmó el jefe del Estado en los días iniciales del escándalo.

Fuente: Perfil

29/06/2025 01:18

Orden judicial: Vialidad deberá reparar rutas nacionales en Formosa

El fallo responde a una demanda impulsada por organizaciones civiles y sindicales. Las rutas 11, 81, 86 y 95 presentan un deterioro alarmante con consecuencias fatales y alto impacto económico. Leer más

Fuente: La Nación

28/06/2025 23:18

Tensión en el Poder Judicial: denuncian a un magistrado en Chubut que había criticado un aumento de sueldos

RAWSON. - En medio de un escándalo que mantiene en vilo al Poder Judicial de Chubut, el juez de Cámara de Esquel, Claudio Petris, renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados tras una denuncia en su contra por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.Petris y la Asociación habían ocupado el centro de la escena en las últimas semanas por una denuncia contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut por un aumento "encubierto" de sueldos.Tras semanas de escándalo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dieron marcha atrás con un aumento salarial que alcanzaba hasta el "60 por ciento de la remuneración" y puso a los 6 magistrados en el ojo de la tormenta política. La decisión se tomó tras una escalada en la que intervino el propio gobernador Ignacio Torres: "no voy a tolerar mas privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial", advirtió Torres, quien insistió en el objetivo de "depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos públicos.El jueves pasado, en Comodoro Rivadavia, Torres encabezó la inauguración de la Ciudad Judicial junto al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos,Rogelio Frigerio; y de Jujuy,Carlos Sadir. Allí, ratificó el plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.La Asociación, que alertó sobre los aumentos, justificados como "fondos reservados" dentro del Superior, mantiene una relación distante del propio Torres a raíz de la posición de la institución contraria a la eliminación de los fueros que promueve el gobernador chubutense.La entidad instaló el tema del incremento salarial de los jueces del Superior tras emitir un comunicado en el que expresó su "sorpresa e indignación" y manifestar su "repudio" a un aumento salarial que calificaban de encubierto y otorgado en forma exclusiva a los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Las últimas resoluciones del Superior Tribunal autorizando los incrementos habían puesto en ojo de la tormenta al máximo tribunal, integrado actualmente por Javier Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Mario Luis Vivas y Andrés Giacomone. Para justificar el aumento en los "gastos de representación", los jueces del Superior habían tomado una acordada del 1989 que, según los denunciantes, quedó sin efecto tras la aprobación de la denominada "ley de porcentualidad".En sucesivas apariciones y críticas, la Asociación enfatizó que estas decisiones "generan mayor conmoción considerando el contexto socioeconómico" actual, un contexto que, paradójicamente, "precisamente se utiliza como excusa para no dar los aumentos correspondientes" según la normativa vigente a "todos los integrantes y agentes del Poder Judicial".Se recordó que la función de magistrado impone respetar los principios éticos de austeridad e integridad, y que estas decisiones "empañan la función" de quienes cumplen su deber y tienen un "impacto negativo en la percepción sobre la legitimidad e independencia del Poder Judicial", generando "desconfianza" en la ciudadanía.Además del cuestionamiento salarial, en los comunicados rechazaron "todas las designaciones y ascensos de funcionarios/as en altos cargos del Poder Judicial que hayan incumplido el constitucional mandato y legal de efectuar concursos públicos". Consideran que el concurso público es la "garantía de un acceso igualitario a toda la ciudadanía y del respeto a la carrera judicial".La marcha atrásTorres se sumó a la polémica y cuestionó el "auto aumento" del Superior Tribunal de Justicia y el incremento salarial que recibirán los senadores nacionales. Además, exigió un censo de empleados en todos los poderes y "un Estado sin castas"."No vamos a tolerar más privilegios", sentenció. El gobernador exigió que el Poder Judicial realice el mismo censo de empleados públicos que ya ejecutó el Ejecutivo y que se aplicará ahora en el Poder Legislativo. "No puede haber islas de impunidad dentro del Estado", advirtió. El objetivo es "depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos", se indicó.Así extendió la polémica a todo el Poder Judicial. A principios de mayo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial en contra de la enmienda constitucional que pondrá a votación de los ciudadanos la eliminación de los fueros para funcionarios.Ese intento de frenar la eliminación de los fueros fue duramente criticado por Torres. "No puede haber una vara para uno y para otros. Tampoco puede haber privilegios. Que se opongan a la decisión del Ejecutivo de eliminar los fueros es una falta de respeto", afirmó este año durante la reainuguración de la Casa de Gobierno de Chubut.El jueves pasado y en el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, Torres ratificó la realización del plebiscito para eliminar los fueros.Además, frente al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti; Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad."Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?", sostuvo Torres.Denuncia y renunciaEn medio de la escalada de escándalo, Petris renunció al frente de la Asociación de Magistrados a raíz de una denuncia por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción. A través de una carta dirigida a la Asociación, sostuvo que "me resulta suspicaz que, un día después de la denuncia presentada por la Asociación contra la cúpula del Superior Tribunal de Justicia -estrechamente vinculada al Gobierno-, y de que el Señor Gobernador me haya acusado pública y directamente de impedir el plebiscito para la eliminación de los fueros de los magistrados por haber firmado una acción de inconstitucionalidad que fue decidida en una Asamblea en la que participaron muchos asociados/as, haya circulado por las redes sociales una publicación sin firma, de autoría desconocida, que me acusa de supuestos hechos, como dije inexistentes". Agregó que "la ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no solo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder destinada a desacreditarme a mí y a la institución que tuve el honor de presidir".Sostuvo que"el anonimato y la ausencia de denuncias me impiden ejercer mi defensa y ofrecer la prueba que desacredita cada una de las acusaciones que contienen esas publicaciones". Agregó que, de existir una investigación judicial, "no me escudaré en los fueros constitucionales, que como venimos señalando en forma sostenida no tienen el sentido de impedir la investigación de los organismos judiciales correspondientes, ni de garantizar impunidad".

Fuente: Infobae

28/06/2025 22:23

Tras casi un mes de protestas, no hay acuerdo firmado; acusan falta de compromisos reales por parte del Gobierno capitalino y el Tribunal Superior de Justicia

Fuente: Infobae

28/06/2025 11:22

La pareja de la mujer hallada muerta en Guadalajara pasa a disposición judicial

Fuente: Infobae

28/06/2025 10:08

Bolaños afirma que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de los jueces y fiscales

Fuente: Infobae

28/06/2025 08:23

La decisión del Gobierno de instrumentar, por decreto, una reforma en el estatuto de la Policía Federal (PFA) no solo apunta a modernizar esta fuerza de seguridad al estilo FBI, como anunciaron este martes con bombos y platillos el presidente Javier Milei y la ministra del área, Patricia Bullrich. Desde la oposición advirtieron que en la letra chica del decreto hay cláusulas que le confieren a esta fuerza atribuciones discrecionales para llevar adelante su labor, como realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial. El decreto en cuestión -el 383/2025- se dictó en el uso de las facultades delegadas en la Ley Bases y, en líneas generales, dispone que la tarea de la Policía Federal estará orientada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos. El decreto elimina por completo las funciones y atribuciones de la PFA en materia de seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires, culminando así el proceso de transferencia iniciado en 2016. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en cuestiones de seguridad en otras jurisdicciones de manera subsidiaria o cuando sea expresamente solicitada.La polémica surge con el articulado del nuevo estatuto, incorporado como anexo del decreto en cuestión. El artículo 6, que detalla las facultades que tendrá la PFA, permite por caso que esta fuerza pueda actuar en diversas situaciones sin necesidad de una orden judicial previa, advierten en la oposición. En efecto, el decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales" (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea "en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención" (artículo 6to. Inciso 13); "registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir" (art. 6to, inciso 8); o detener a una persona "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Todas ellas "sin necesidad de autorización judicial" (art. 6 inciso 7).Por lo pronto, desde la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura. "La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo â??planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interiorâ??. Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria".El legislador advirtió que "lo más preocupante" del decreto es que se le otorga a la PFA "facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia", al crear una agencia de espionaje "sin control parlamentario". "Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir", señaló. En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), advirtió que este decreto confirma "la deriva autoritaria del gobierno de Milei" y su intención de "avanzar hacia un estado de excepción que desmorone los cimientos democráticos". "Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de [Juan] Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular", sostuvo. Desde el bloque de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales opositores, la Mariela Coletta señaló que "esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería â??como mínimoâ?? pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea". "Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos", agregó.Uno de sus compañeros de bancada, el formoseño Fernando Carbajal, fue tajante: "Con el decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario".Listo. Con el Decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario. pic.twitter.com/LvccFHNUHp— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 17, 2025También Margarita Stolbizer, de GEN, cuestionó el decreto. "Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación -indicó-. Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás. Una república no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto".Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por como te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial. pic.twitter.com/GHtwbki1pJ— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025

Fuente: Infobae

18/06/2025 06:18

Fuente: Infobae

16/06/2025 03:10

Las pintadas amenazantes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tras firmar el fallo que dejó firme la condena de la expresidenta Cristina Kirchner merecieron el repudio de importantes asociaciones de jueces del continente y de consejeros de la magistratura.El miércoles pasado aparecieron veladas amenazas y agraviantes panfletos en el macrocentro de Santa Fe contra el presidente de la Corte Suprema, oriundo de esta ciudad, de la cual fue su intendente en la segunda mitad de la década de los 90.En un grafiti pintado en una de las paredes detrás del mástil de la Plaza España, frente a la sede del PJ provincial y a otras dependencias provinciales, se podía leer "Ojo Rosatti".La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el Consejo de la Magistratura de la Nación expresaron su profunda preocupación por esos mensajes que motivaron que su presunto autor, un militante del kirchnerismo santafesino, fuera identificado y su casa allanada. Consideraron que se trata de "un intento de condicionar el ejercicio independiente de la función judicial en Argentina".La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales expresó "más enérgico repudio y extrema preocupación". Señalaron los magistrados que estas intimidaciones son "un acto de extrema violencia institucional" que atenta directamente contra la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la "integridad del sistema republicano de gobierno".La postura fue compartida y reforzada por la Federación Latinoamericana de la Magistratura e integrantes del Consejo de la Magistratura que suscribieron una declaración conjunta. Allí sostuvieron que se busca "condicionar el ejercicio independiente de la función judicial" y entendieron que esos actos son una "injerencia indebida e intimidante" y una "intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional", y que no es "admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones".Un hombre, identificado como Roberto Mauricio Acosta, fue detenido en su domicilio, donde según un informe de la Policía Federal "se secuestraron elementos de interés, tales como una remera partidaria del PJ, folletos con la imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la leyenda 'proscribirla no te llena la heladera' ".En varias zonas de la ciudad de Santa Fe ya habían aparecido panfletos con diferentes leyendas. Una de ellas atacaba al mismo titular de la Corte Suprema con un texto agresivo: "Rosatti Supremo HdeP". En otro, se consignaba la leyenda: "Cristina es Democracia".Las tres declaraciones de las entidades subrayaron la importancia del Poder Judicial. "La ley es producto de los consensos democráticos, y su observancia es una condición necesaria para la vigencia del régimen democrático. El Poder Judicial ejerce el rol de autoridad pública de aplicación de la ley y es fundamental para asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución y custodiar los derechos y garantías que esta enuncia", dijeron.Y mencionaron que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un "derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho".El presidente de la FLAM que firma la declaración es Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Asociación de Magistrados. También suscribieron los consejeros jueces del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Diaz Cordero y María Alejandra Provítola.

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