judicial

Convocan a marchar a la ciudad judicial por los vendedores ambulantes detenidos

La convocatoria es a las 8 de la mañana, concentrarán en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Salta. Una de las chicas privadas de la libertad, tiene 15 años y está embarazada.

Detuvieron al exlíder de "Los Monos" para liberarlo horas después por un "error judicial"

La policía capturó a Ariel "El Viejo" Cantero en la zona sudeste de la capital santafesina, mientras conducía un auto gris. Pudieron localizarlo por una foto que se tomó junto al cantante de "Cumbia 420", L-Gante. Leer más

Revés judicial para intendente acusado de abuso sexual

La Corte de Justicia dictaminó sobre la arbitrariedad del funcionario al inhabilitar el comercio de una joven por no acceder a sus propuestas "amorosas".

"Con este sistema judicial jamás vamos a saber lo que le pasó a Santiago"

Mientras la causa siga paralizada y con un juez como Gustavo Lleral, que dijo que Santiago Maldonado "se ahogó solo", advierte Andrea Ántico, nunca se podrá saber qué fue lo que pasó ese 1° de agosto de 2017, cuando el joven desapareció en medio de la persecución y represión de la Gendarmería en la Lof en resistencia Cushamen. El reclamo de su familia por verdad y justicia recae sobre el Estado argentino, sobre los medios de comunicación que omitieron o desfiguraron información vital, y sobre el Poder Judicial, que sigue negando la desaparición forzada.

La Corte Suprema dispuso el regreso a la presencialidad plena del Poder Judicial

Lo dispuso en la acordada n°24/2021. Quedan exceptuados los trabajadores que presenten factores de riesgo o comorbilidades.

Mauricio Macri apeló la prohibición judicial para salir del país y presentó abogados

El expresidente Mauricio Macri designó al abogado Pablo Lanusse como su defensor en la causa en que está acusado de ordenar tareas de inteligencia ilegal sobre los familiares de los marinos fallecidos en el submarino ARA San juan y apelo la orden judicial que le impide la salida del país.La presentación la realizó el letrado, exfiscal federal y exfuncionario, ante el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, que citó a Macri a prestar declaración indagatoria el 20 de octubre próximo.Ante la presentación del letrado, Bava le concedió tres días para revisar el expediente que tiene una parte visible de manera virtual y otras piezas reservadas, que deben ser consultadas de manera presencial porque contienen supuestos datos de inteligencia.En medio de las tensiones con la Policía, Axel Kicillof anunció un aumento salarial para la BonaerenseAsimismo el juez le concedió a Lanusse la apelación de la decisión de impedir la salida del país. Si bien aun no hay una decisión tomada sobre la presencia de Macri la semana que viene en Dolores en la indagatoria, allegados al expresidente ya venían anticipando que es su intención desligar esta audiencia de las elecciones. Por eso una posibilidad es que busquen pedir una prórroga hasta después del 14 de noviembre.La denuncia contra Macri fue presentada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, que recibió a los familiares de los marinos del ARA San Juan, que son querellantes en la causa, en un aval político a este reclamo para que el expresidente comparezca ante los estrados judiciales.Del encuentro, participaron más de 20 madres, esposas, cónyuges y hermanas de los tripulantes del submarino hundido el 15 de noviembre de 2017. La reunión fue virtual y allí Caamaño expresó su solidaridad y compromiso en la búsqueda de justicia.09-07-2021 Mauricio Macri, expresidente de Argentina POLITICA Eduardo Parra - Europa PressAntes de escuchar sus testimonios, la titular de la AFI repasó el proceso por el cual se hallaron en la base de Mar del Plata los informes de inteligencia que realizó el organismo sobre ellas mientras reclamaban por la búsqueda de la nave que permanecía desaparecida. La interventora agregó que "era esperable hallar pruebas de espionaje político a la oposición de entonces, pero nunca sobre las familias de las víctimas del ARA San Juan. Fue lo más doloroso que encontramos desde que comenzó la Intervención de la AFI".Por su parte, la abogada Valeria Carreras agradeció a la interventora el espacio para las madres, hermanas, hijas, esposas y cónyuges, quienes el miércoles 20 de noviembre seguirán con atención la declaración indagatoria a Macri, en el marco de la investigación por tareas de inteligencia ilegal.La denuncia es de octubre de 2020, luego del hallazgo de partes de información que mostraban tareas de seguimiento realizadas por la AFI al menos entre enero y julio del 2018. La documentación -que incluía fotografías de los y las familiares durante actividades públicas y datos sobre futuros reclamos a funcionarios nacionales- fue descubierta en la Base de Mar del Plata del organismo mientras se analizaba material en distintos soportes con el objetivo de responder un requerimiento de la justicia federal de Dolores por otra causa relacionada con inteligencia ilegal.

Namibia concede la ciudadanía al hijo de una pareja homosexual tras dos años de litigio judicial

La Justicia de Nambia ha fallado este miércoles a favor de conceder la ciudadanía a la hija de una pareja homosexual nacida en marzo de 2019 en Sudáfrica a través de un vientre de alquiler, poniendo así fin a un litigio de más de dos años en un país donde no están reconocidos los derechos de la comunidad LGTBI.El juez Thomas Masuku ha decidido que la primogénita del namibio Phillip Lühl y de su pareja el mexicano Guillermo Delgado es ciudadana de ese país africano por ascendencia y ha solicitado al Ministerio de Interior que emita un certificado para reconocer el nuevo estatus legal de la niña.La pareja, que reside en la capital del país, Windhoek, había sido inscrita en Sudáfrica como padres de la menor, Yona, pero el certificado no contó con el visto bueno de las autoridades de Namibia, que solicitaron una prueba de paternidad de ambos.El juez Masuku no solo ha desestimado la petición del Ministerio de Interior, sino que también ha ordenado pagar las costas del proceso judicial al Estado, informa el periódico 'The Namibian'.La ciudadanía de la pequeña Yona es parte de una batalla legal en la que Lühl y Delgado todavía esperan lograr el mismo estatus para sus otras dos hijas, Maya y Paula, nacidas en vientres de alquiler el pasado mes de abril, en Sudáfrica.Si bien la homosexualidad sigue siendo ilegal en Namibia bajo una arcaica legislación contra la sodomía de 1927, rara vez es aplicada. Hasta la fecha, Sudáfrica sigue siendo el único país del continente que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo tras aprobar la norma en 2006.

Se abrió un nuevo capítulo judicial

Barraguirre consideró que la Corte Suprema debería definirse sobre los fueros que asisten a los legisladores provinciales.

Qué dice el demoledor informe sobre la situación de la Obra Social del Poder Judicial

Tras conocerse que la Justicia investiga los supuestos desmanejos de la gestión a cargo de un funcionario vinculado al ministro Juan Carlos Maqueda y con un primer diagnóstico, la Corte ordenó una auditoría en el organismo. Leer más

Pacto con Irán: tras el sobreseimiento a Cristina Kirchner, se abre otra pelea judicial y podría intervenir la Corte

Las querellas anticiparon que apelarán el fallo. Y se discute qué sala de Casación debe resolver el reclamo.

A 24 años de la Tragedia de Austral: qué pasó y cómo está la causa judicial

Las familias de las víctimas reclaman que los acusados no queden impunes por el incidente del vuelo 2553 de Austral, donde fallecieron 74 personas y no quedó ningún sobreviviente. Hay más de 35 imputados. Leer más

Pacto con Irán: el día que Cristina Kirchner gritó ante el tribunal y denunció que la causa era "un disparate judicial y político"

Fue durante una audiencia virtual que ella misma había solicitado. Habló más de 70 minutos y apuntó contra Mauricio Macri.

Quién es Elena Highton de Nolasco, la promotora de la perspectiva de género en el Poder Judicial

La magistrada participó de la creación de distintos espacios para asistir a víctimas de violencia de género y trata de personas. Su carrera profesional y las controversias en torno a la segunda mujer nombrada jueza del máximo tribunal en democracia. Leer más

Escándalo judicial en San Isidro: procesan y piden el desafuero del fiscal Scapolan, acusado de ser jefe de una asociación ilícita

Lo hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado. La acusación: ser jefe de una banda de policias, funcionarios judiciales y abogados que armaban causas y se quedaban con droga secuestrada en operativos.

Guerra judicial: las causas que comenzaron a agitarse con el inicio de la campaña electoral

El kirchnerismo y el macrismo aguardan movidas en expedientes judiciales clave. ¿La falta de propuestas las convierten en un activo de cara al 14 de noviembre? Leer más

La oposición y los magistrados rechazan el proyecto de reforma judicial porteña

En la sesión de este jueves se tratará un proyecto de ley que impulsa el oficialismo en el que se busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional. Leer más

Los jueces advierten que la reforma judicial porteña genera un "conflicto institucional sin precedentes"

Los jueces nacionales advirtieron hoy que la ley que podría aprobarse hoy en la legislatura porteña para que todas las causas penales, civiles, comerciales o laborales que tramiten en la Ciudad sean apeladas ante el Tribual Superior de Justicia de la Ciudad, "generan una situación de incertidumbre" y provocan "un conflicto institucional sin precedentes".Así lo expresó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en un comunicado en el que interpretaron que esta ley es una forma de traspaso encubierto de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, al que se oponen.La encrucijada: quién gobierna el día después"Nos encontramos nuevamente frente a otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional", dijeron los jueces que rechazaron "enfáticamente" los proyectos de ley para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sea el "Tribunal Superior de la Causa" en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional.Indicaron que es otra de las "apetencias por desarticular la Justicia Nacional" y explicaron que "la ciudad de Buenos Aires, aun con su régimen de gobierno autónomo, no es una provincia de las que constituyeron la Federación, sino un territorio federalizado en 1880 como traumática culminación del proceso de organización nacional".Dijeron que quieren desarticular la justicia nacional "confunden el traspaso de competencias con el impropio "traspaso" de órganos judiciales y del Ministerio Público", como prevé el convenio de transferencia progresiva de la Justicia Nacional. "Bajo pretendidos proyectos de ley, se persigue modificar las competencias de la Justicia Nacional, careciendo ese órgano legislativo de competencia para abordar semejante desafío", dijeron.Este intento lo frenó la Cámara Civil en el caso "Ferrari c/ Levinas". "Frente al fracaso de la justicia porteña para atribuirse competencias que le son ajenas, se intenta este nuevo camino, tan improcedente como el anterior, y que ahora involucra en el desaguisado a otro órgano local como es la legislatura porteña".Los jueces dijeron que esta decisión prolongará los procesos, "genera una situación de incertidumbre general" y "da lugar a un conflicto institucional sin precedentes".Tensión en la LegislaturaLa Legislatura porteña tiene previsto tratar hoy un proyecto de ley que permite que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga como máximo tribunal de apelación de las causas civiles, laborales, comerciales, incluso penales, que tramitan ante la justicia nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires.De este modo si un juez comercial dicta un fallo, lo revisaría la Cámara Comercial y el tribunal superior en lugar de ser la Corte Suprema de Justicia, debería ser, primero, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Si es que prospera esta iniciativa, luego, sí actuaría la Corte Nacional.El kirchenrismo ya denunció que esta ley es a medida de la causa del Correo de la familia Macri para que la justicia porteña, más cercana a Juntos por el Cambio, dicte un fallo que los favorezca. Pero lo cierto es que la defensa de los Macri ya intentó recurrir la negativa para apartar a la fiscal Gabriela Boquin del caso ante la el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, pero la Cámara Comercial lo desconoció. Pueden intentarlo de nuevo, con otros incidentes de esta causa, si se aprueba esta ley.

Elecciones: la principal preocupación de Cristina Kirchner es el frente judicial

La derrota oficialista en las PASO resultó una advertencia también en ese terreno. Si se repite en las legislativas, clausuraría definitivamente varios proyectos. En especial, la reforma del Ministerio Público Fiscal. Y es un interrogante el impacto en la Justicia

Legislatura porteña: una reforma judicial enfrenta a los jueces y al kirchnerismo con Juntos por el Cambio

Con los jueces nacionales en alerta máxima ante lo que interpretan como un avance sobre su jurisdicción, la Legislatura porteña tiene previsto tratar hoy un proyecto de ley que permite que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga como máximo tribunal de apelación de las causas civiles, laborales, comerciales, incluso penales, que tramitan ante la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires.De prosperar la iniciativa, si un juez comercial dicta un fallo, lo revisaría la Cámara Comercial y el tribunal superior ya no sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino primero el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Recién luego se involucraría la Corte nacional.El kirchnerismo ya denunció que esta ley es a medida de la causa del Correo de la familia Macri, para que la Justicia porteña, mas cercana a Pro, dicte un fallo que los favorezca. Pero lo cierto es que la defensa de los Macri ya intentó acudir ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para apartar a la fiscal Gabriela Boquín del caso del Correo, pero la Cámara Comercial lo desconoció. Pueden intentarlo de nuevo, con otros incidentes de esta causa, si se aprueba esta ley.Elisa Carrió asume el rol de "manager" de Juntos por el Cambio y marca la cancha sobre el vínculo con el Gobierno"Esta ley tiene nombre y es Correo. Es un gesto, es darle una herramienta más a Mauricio Macri por parte de los legisladores oficialistas para que pueda dilatar esta causa. El Tribunal Superior de Justicia ya aceptó la competencia y la Cámara de la Justicia Nacional ya desconoció sus fallos, con lo que todo quedará en manos de la Corte", dijo a LA NACION la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira.Esta reforma trae controversia porque implica que mediante una ley local se reformulen disposiciones de los códigos procesales nacionales que regulan las causas civiles, comerciales, penales o laborales, por ejemplo. Además, implica una especie de traspaso encubierto de la Justicia Nacional a la Ciudad, por lo que los jueces nacionales se pusieron en alerta para frenar la ley que pueda surgir de la sesión de este jueves. Por eso es que los jueces nacionales de las tres listas que integran la Asociación de Magistrados y Funcionarios se opusieron tajantes, dijeron referentes de las listas a LA NACION.Martín OcampoLa iniciativa es impulsada por los bloques de Juntos por el Cambio en la Legislatura que hoy tienen previsto aprobar esta norma, pues tienen los votos necesarios para hacerlo, explicó a LA NACION Martín Ocampo, legislador porteño y ex ministro de Justicia de la Ciudad.Ocampo defendió la ley porque dijo que es de autonomía de la Ciudad, que defiende los derechos de los porteños a litigar ante la Justicia local, que es un acto reparativo y que le da a los porteños la misma cantidad de instancias que tienen en las provincias para defender sus derechos.Gastón Blanchetiere, legislador del partido Confianza Pública y miembro del bloque Vamos Juntos, le dijo a LA NACION que el Superior Tribunal de Justicia a lo sumo puede habilitar un recurso extraordinario, pero "no puede dar vuelta un decreto de quiebra, del Correo por ejemplo, excepto que sea dictado violando preceptos constitucionales". Y agregó: "No implica una tercera instancia".La oposición, en cambio, sostiene que se trata de tener un "control político" de determinadas causas judiciales. Neira dijo que el oficialismo porteño busca tener un "control político-jurídico sobre determinadas causas". Y señaló que es "vergonzoso" poner a la Legislatura a hacer este gesto para Macri.La diputada Lucía Cámpora, del Frente de Todos, advirtió: "Intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad. Y sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri"."Esta ley abre la puerta a un conflicto judicial. El problema práctico surgirá cuando el Tribunal Supremo de la Ciudad le ordene a la Cámara que se revoque una medida y la Cámara diga 'no tengo por qué hacerte caso'", explicó Neira.El proyecto que llegará al recinto se titula "Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales". Sin embargo, uno de sus artículos modifica la Ley 402, de "procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad". Se establece que los recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puedan proceder "contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal".¿Puede la defensa de los Macri intentar que algún incidente, como la quiebra por ejemplo, de la causa del Correo sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Pueden intentarlo cuando se apruebe esta ley, pero haciendo algún planteo constitucional, y el tribunal a lo sumo podría abrirle el recurso para que intervenga la Corte. La Justicia Nacional por ahora ya bloqueó esta posibilidad y el tema lo tiene la Corte. El Procurador Eduardo Casal dictaminó contra los deseos de los Macri.De hecho, hay otros precedentes de la Justicia porteña que están en manos de la Corte. El leading case para saber hasta dónde llegan las facultades la Justicia Nacional y las de la Ciudad, es el caso del periodista Gabriel Levinas, ante la falta de una ley o convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.La familia del artista León Ferrari litigó contra Levinas. La Justicia civil lo condenó a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010. Contra ese fallo, Levinas dedujo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que pertenece a la Justicia local. La Cámara Civil -Justicia Nacional con asiento territorial en la ciudad- hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. Hasta que el caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que -antes de decidir- le pidió opinión al procurador Casal. La Procuración opinó contra el deseo de Levinas y de los legisladores de Juntos por el Cambio.El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteña- estableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia Nacional (que ya existía asentada en el territorio porteño) a la órbita local. Es más, los jueces nacionales se resisten a ese traspaso.A falta de una ley o convenio específico y la demora de mas de 26 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante su jurisprudencia fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que versa sobre la interpretación y aplicación del derecho común, cuyo conocimiento corresponde a la ciudad de Buenos Aires.Juan Manzur, el conservador que fabrica pesosPero quienes se oponen a que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise los fallos de la Justicia Nacional sostienen que la Justicia porteña no tiene potestad para revisar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Civil, que solo pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia. Hay convenios y leyes de transferencia parcial, que no alcanzan a la Justicia laboral, civil o comercial.La Corte avanzó tímidamente con varios fallos con el aval a la Justicia local. Eel último de ellos es el fallo Bazán, de 2019, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tiene potestad para intervenir en conflictos de competencia entre jueces no federales radicados en la Capital Federal.

Gregorio Dalbón: "Cristina ha sufrido violencia judicial, política y periodística"

El abogado del Presidente y la vicepresidenta participó del Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes del Posgrado en Periodismo. Por qué fue dificil defender a CFK. El delito que cometió Alberto Fernández. Y las causas contra Patricia Bullrich y Eduardo Feinmann. Leer más

"Presoducto". Inauguran en Mendoza una ciudad judicial junto a la cárcel con un túnel para trasladar detenidos

MENDOZA. Frente a la demanda ciudadana de Justicia, la provincia puso en marcha el nuevo Polo Judicial Penal, en las inmediaciones de la Penitenciaría provincial de Boulogne Sur Mer. Con una concepción enfocada en hacer más eficientes y rápidos los procesos, desde lo funcional y edilicio tiene una novedad: un "presoducto", un túnel que conecta la ciudad judicial con la cárcel, lo que permite evitar los traslados de los internos a la hora de presentarse a las audiencia.Esta inauguración forma parte de un proceso de transformación que comenzó en 2016, con el inicio de la oralidad de los procesos judiciales, y luego, con la instrumentación de los juicios por jurados, que ya superan la veintena.Crimen del DJ: Cómo se reconstruyó con las cámaras de seguridad el recorrido de los homicidasEl nuevo sitio, levantado sobre un predio de casi 100.000 m², cuenta con 17.000 m² de superficie construida, con un total 25 salas de audiencias, cuatro de ellas preparadas específicamente para el desarrollo de los debates por jurados populares. El total de la inversión superó los 3.000 millones de pesos.Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)Funcionarios satisfechosEl acto de corte de cintas fue liderado por el gobernador, Rodolfo Suárez, y el presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, quienes se mostraron sorprendidos, satisfechos y expectantes por la función que cumplirá en el nuevo complejo judicial.De hecho, Suarez llegó a compararlo con el polo judicial de la capital chilena. "Se trata de una obra de enorme envergadura; podemos cotejarla en tamaño y concepto con la Ciudad Judicial de Santiago de Chile, que da cobertura a toda el área metropolitana del país vecino".Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)Indicó que los trabajos se sumarán a "las importantes reformas procesales" de "estos cinco años y medio de gestión continua para hacer primar la transparencia, la apertura en el acceso a la información y la participación de las víctimas en los procesos, que junto con mecanismos como el de la oralidad y la conciliación, vienen produciendo mejoras en la inmediatez y la calidad del servicio de Justicia a la ciudadanía".El mandatario provincial resaltó el objetivo de dar respuestas a la constante demanda ciudadana de justicia."Estos nuevos edificios constituyen un mensaje que apunta a mostrar la centralidad de la Justicia y el orden en Mendoza y, sobre todo, es un mensaje claro a la sociedad de que aquí no da lo mismo estar del lado del delito que del lado de los ciudadanos decentes. Por eso, en Mendoza la Justicia trabaja con seriedad y las penas se cumplen. Puedo afirmar que tenemos un gobierno decidido a producir todas las mejoras que sean necesarias para respaldar la vida en armonía como valor supremo", expresó el mandatario.En tanto, el titular del máximo tribunal, indicó: "Este nuevo edificio es parte de un modelo, de una visión de futuro, de la concreción de un ideal de administración de Justicia de Mendoza, que se forjó de manera colaborativa entre los tres poderes del Estado. Sin esta coordinación, los cambios son imposibles. Este nuevo sistema penal se construyó de cara a la ciudadanía y con la participación de ella. Y esto se ve reflejado no solo en juicios por jurado, sino por la transparencia que estamos mostrando en la administración de justicia, logrando un escrutinio social más intenso en nuestra labor".Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)Disposición ediliciaLa obra consta de tres edificios: uno para la Corte, otro para el Ministerio Público Fiscal y el tercero denominado Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), el cual comenzó a funcionar el año pasado.De hecho, ya está proyectado otro edificio completo para el Ministerio de la Defensa Pública, el cual compartirá espacio con el MPF, indicaron desde la Justicia, considerando que las tres unidades actuales duplicarán la capacidad de funcionamiento del Poder Judicial de la provincia.A la hora de diseñar el proyecto se pensó en un ingreso con una sala de audiencias, con el objetivo de poner en valor el paradigma de la oralidad. Por eso, cuando se accede al edificio de la Corte se observa este espacio que remite a los "nuevos tiempos para la administración de justicia".Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)El túnelCon la puesta en marcha del polo judicial se abre también un ducto subterráneo con más de 300 metros de extensión que conecta con la Estrada, ubicada en el complejo penitenciario San Felipe, junto a Boulogne Sur Mer.De acuerdo con la explicación de las autoridades, por ese túnel circularán de manera independizada los detenidos hasta cada una de las salas de audiencia en las que deben presenciar los debates, instancia que aguardarán en celdas contiguas.Asimismo, hay una sala de monitoreo en el subsuelo, desde donde se accede a todo el sistema de vigilancia de los tres edificios y a los controles de acceso."Es un día de suma importancia, damos el primer paso para la puesta en funcionamiento del polo judicial. Es la cara visible de la transformación de la justicia de Mendoza. Esta infraestructura representa el hito de la manera de administrar justicia. Con oralidad, publicidad, transparencia y ejercicio efectivo de la función ciudadana de juzgar", indicó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y Coordinador del Fuero Penal, José Valerio.Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)Por su parte, el ex gobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, quien inició el proceso durante su gestión, dio su visión de la funcionalidad del nuevo complejo."Cada metro de este edificio está preparado para que se tenga un mejor servicio de Justicia, optimizando los lugares, con alto equipamiento de tecnología para audiencias, toma de declaraciones, peritajes, y ya está teniendo resultados contundentes", indicó el titular de la UCR nacional, quien destacó que, por ejemplo, en el foro laboral se han reducido la cantidad de causas al 50% desde el 2017.Inauguración del Polo Judicial Penal de Mendoza, la nueva "ciudad judicial" que está comunicada, con un túnel, con la cárcel de Boulogne Sur Mer (Gobierno de Mendoza/)Asimismo, Cornejo aseguró que en el fuero civil se achicaron plazos y procedimientos al tiempo que se agilizaron las resoluciones en el fuero penal. "Cuando asumí, en el 2015, las estadísticas promediaban 13 años una causa penal y hoy el proceso dura menos de un año y los juicios rápidos solo cuatro meses", indicó.El ex gobernador considera que la actual infraestructura va a brindar mejores servicios de Justicia y un ahorro del Estado que se amortiza en inversión realizada. "Se ahorra en traslados de detenidos y demás. En 2015, más del 66% de los presos estaba sin condena. Hoy, el 75% ya está con condena. La agilidad es superior a como lo era seis años atrás. Queda mucho para hacer, pero vamos en el camino correcto", completó Cornejo.

La Obra Social del Poder Judicial quedará bajo la órbita de la administración de la Corte

Por unanimidad, los cinco jueces de la Corte Suprema decidieron que de ahora en más dependerá de Daniel Marchi, a cargo de la Secretaría General de Administración. Leer más

La Corte Suprema tomó medidas por la denuncia de "malversación" en la Obra Social del Poder Judicial

El máximo tribunal dispuso que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación pase a depender de la Secretaria General de Administración a cargo de Daniel Marchi.

Allanan la Obra Social del Poder Judicial por una denuncia de malversación de fondos

La Policía Federal realizaba allanamientos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a raíz de una denuncia por presunta malversación de fondos sobre el presidente de dicho servicio médico, Aldo Tonón. Leer más

Modifican el sistema de evaluación para funcionarios del Porder Judicial

El objetivo es acortar los plazos de selección.

Modifican el sistema de evaluación para funcionarios del Poder Judicial

El objetivo es acortar los plazos de selección.

Britney vs. Spears, el nuevo documental de Netflix sobre la batalla judicial del momento

Se estrenará este martes, un día antes de que la cantante vaya a tribunales por el juicio contra su padre por la tutela legal.

Directiva de Huawei agradece "apoyo" de China tras ser liberada por un acuerdo judicial

"Es ese rojo brillante chino que me guía en este largo camino de retorno", dijo Meng Wanzhou, quien estuvo en arresto domiciliario por "fraude bancario".

La Corte dividida, el mejor escenario para la estrategia judicial de Cristina Kirchner

El kirchnerismo duro salió a criticar al nuevo presidente de la Corte, con ese esperanza de ahondar la fractura. En el Congreso y la Justicia están convencidos de que la vice aprovechará los dos meses que le quedan con poder para tratar de anular los 7 procesamientos que tiene.

Aragonès celebra que Puigdemont quede en libertad pero critica "la persecución judicial"

El presidente de la Generalitat Pere Aragonès ha celebrado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quede en libertad tras ser detenido la noche del jueves en Cerdeña (Italia), pero critica la "persecución judicial que desde hace cuatro años le fuerza a vivir en el exilio"."Exigimos la libertad total de Carles Puigdemont y de todos los represaliados. La represión sólo parará con amnistía y autodeterminación", ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.Está previsto que Puigdemont quede en libertad este viernes después de que el Ministerio Fiscal no haya presentado medidas cautelares contra él, aunque de momento deberá permanecer en la isla de Cerdeña.

Definieron quién investigará la causa por la "mesa judicial" del macrismo

El expediente quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Es porque su investigación "evidencia un objeto procesal más amplio".

Gobierno dice que Puigdemont debe ser juzgado: la detención "obedece a un procedimiento judicial en curso"

El Gobierno de España ha señalado este viernes que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano" y ha apuntado que la detención en Cerdeña obedece "a un procedimiento judicial" que está en curso.El Ejecutivo ha manifestado su respeto por "las decisiones de las autoridades italianas" como --ha asegurado-- que ya lo hizo cuando "los tribunales españoles y europeos" dictaron "resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan" al expresidente catalán."La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales", ha asegurado Moncloa.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido este jueves en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS). Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha explicado en redes sociales que Puigdemont "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado", y que la detención se produce "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal --según establece el Estatuto del TJUE--, se encuentra suspendida".

Bases del preacuerdo judicial de Peiti

Es la causa en la que los acusadores pretenden sentar en el banquillo al senador Armando Traferri, por ahora sin suerte.

ADEPA y la Corte Suprema premiaron a periodistas por su cobertura judicial

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) premió a periodistas de Clarín, Infobae y La Gaceta de Tucumán por su cobertura de temas judiciales, categoría auspiciada por la Corte Suprema de Justicia.Los premios fueron entregados por el presidente de la Corte, el juez Carlos Rosenkrantz, en el salón Gorostiaga del Palacio de Tribunales.El máximo galardón fue otorgado por Rosenkrantz a Natalia Iocco, periodista de Clarín, por el artículo "Yo fui jurado: ¿sentido común y veredicto justo?". También fueron premiados Gustavo Durval Rodríguez, de La Gaceta, y Mariel Fitz Patrick, de Infobae.Cómo será la reapertura de las fronteras ante la baja de casos de CovidDurval Rodríguez recibió el segundo premio por el artículo "Sedición Policial. La trama oculta de los saqueos de 2013â?³, mientras que Fitz Patrick recibió una mención especial por la nota "Coronavirus en Argentina: al menos 12 personas contrajeron la enfermedad por la falta de precauciones de una clínica en Vicente López". Junto a Rosenkrantz, presidieron el acto el titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Martín Etchevers, y el ministro de la Corte Horacio Rosatti.Carlos Rosenkrantz entrega el primer premio para Natalia Iocco (Ricardo Pristupluk/)Antes de la entrega del premio y los diplomas, Etchevers agradeció el apoyo de la Corte Suprema de la Nación y de su presidente a la continuidad del reconocimiento a los periodistas. "Esta es una ceremonia muy valorada por la prensa argentina. Y sin dudas es una gran responsabilidad compartir estos premios nada menos que con la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, el que representa como símbolo la independencia y la autonomía del Poder Judicial, el que está llamado a garantizar la vigencia de los principios constitucionales, a sostener el Estado de Derecho, a proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos", dijo el titular de Adepa."Todos conceptos familiares para nuestra profesión, el periodismo, que nació en las democracias modernas como un contrapeso institucional, como la expresión de la ciudadanía -en sus diferentes voces y miradas- para acceder a la información pública, para auditar los actos de gobierno, para asegurarse el escrutinio del poder", agregó.Etchevers homenajeó a dos personas fundamentales para Adepa y para el periodismo argentino, que fallecieron en los últimos meses y que actuaban como jurados. "Tanto Gregorio Badeni como Lauro Laiño han sido parte fundamental de estas distinciones", dijo.José Claudio Escribano y Martín Etchevers, durante la premiación en la Corte Suprema (Ricardo Pristupluk/)Por su parte, el presidente de la Corte Suprema manifestó: "Sé perfectamente que la labor de los periodistas especializados en temas judiciales no es fácil". Y agregó que con el compromiso de informar el periodismo judicial sobrelleva estos desafíos. "Por eso nosotros estimamos mucho a quienes como ustedes se dedican a ayudarnos a difundir lo que hacemos los jueces del país», aseguró.Estuvieron los miembros del jurado Jorge Reinaldo Vanossi y Roberto Luqui, el presidente de la Comisión de Premios de Adepa, José Claudio Escribano, y su director ejecutivo, Andrés D'Alessandro.

Con un reclamo judicial, piden que el Gobierno devuelva las piedras de la primera marcha por las víctimas del Covid-19

La polémica que generó que el Gobierno retirara de la Plaza de Mayo las piedras que se depositaron allí durante la primera marcha de homenaje a las víctimas del coronavirus derivó en una presentación judicial. La organización Acción Conjunta Republicana reclamó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°10 que se devuelvan esas rocas retiradas tras la manifestación del 16 de agosto, que el Gobierno planteó que utilizaría para construir un memorial.El pedido de la organización es que se dicte una medida cautelar anticipada para "que el Estado nacional devuelva a su lugar de origen las piezas que conforman el memorial de las piedras en homenaje a los fallecidos por la pandemia Covid-19â?³.Las piedras del 16A, en el interior de Casa Rosada."El Gobierno Federal no tiene competencia territorial sobre el ejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires desde la declaración de autonomía de dicha urbe y, por lo tanto, no puede disponer sobre los objetos que se emplacen o dejen de emplazar en la Plaza de Mayo, mantenida y custodiada por el Gobierno de la Ciudad en base a las transferencias de competencias acaecidas a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996â?³, se argumentó en el escrito judicial.La CGT avanza hacia la reunificación con la vuelta de Pablo MoyanoLa presentación fue realizada por el abogado Mariano Peracca, en representación de tres integrantes de Acción Conjunta Republicana: Liliana Sotto, Ana de Elizalde y Aura Marina Ríos Flores. Entre las pruebas documentales que se aportaron figuran fotos de Sotto al depositar piedras en homenaje a su madre fallecida."Durante la madrugada del 17 de agosto de 2021, sin previo aviso, las piedras fueron retiradas de forma intempestiva, unilateral e inconsulta, del memorial, desmantelándose el mismo a espaldas de todos los ciudadanos", subrayaron en la presentación de Acción Conjunta Republicana, que se define como "un espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional"."El mismo Gobierno Nacional que era señalado como responsable por gran parte de los que expresaron su dolor, se estaba apropiando de la muestra de dolor de estos últimos, quienes una vez más se sintieron ultrajados por tal muestra de falta de humanidad", subrayaron en el escrito.Marcha de las Piedras en Plaza de Mayo. Sábado 4 de septiembre de 2021 (LANACION/Santiago Filipuzzi/)Después de la Marcha de las Piedras del 6 de agosto, el reclamo se reeditó con otra movilización, el 4 de setiembre. Tras esa protesta, y para evitar el retiro de las piedras nuevamente, mantuvieron una vigilia varios integrantes de Acción Conjunta Republicana y Equipo Republicano, dos agrupaciones que suelen participar de marchas contra el Gobierno.

La industria de biodiésel expresó su preocupación por el revés judicial en EE.UU. y evalúa una apelación

Luego de que se conociera un fallo de la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos que le da la razón a una decisión en contra del biodiésel argentino al Departamento de Comercio norteamericano, la industria exportadora local expresó su rechazo al revés judicial. Analiza una apelación.La Argentina viene intentando recuperar ese mercado cerrado en 2016 cuando se comenzaron a aplicar restricciones que terminaron derivando en medidas antisubsidios y antidumping. En 2018, tras un cambio en el esquema de retenciones que aplicó el país, tanto el gobierno argentino como la firma exportadora LDC buscaron que Comercio de EE.UU. aceptara un cambio de circunstancias en los derechos de exportación. Así, intentaron que se revea un arancel antisubsidio del 72,28%.Domínguez recibirá el lunes a la Mesa de Enlace y prepara los "ejes de gestión" y medidas"Consideramos que el fallo no es justo, estamos analizando la posibilidad de apelarlo trabajando juntos con la Cancillería para defender los intereses de la Argentina. Para la Argentina, es muy importante tener los mercados abiertos, diversificar sus exportaciones y los destinos de las mismas", señaló Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)."Vamos a seguir insistiendo en buscar algún tipo de arreglo justo y razonable para mantener ese mercado abierto", agregó.Hoy la Argentina solo tiene disponible en plenitud el mercado de la Unión Europea. Hasta allí, tras un acuerdo con el bloque de parte del sector privado, puede enviar un volumen de unos 1,2 millones de toneladas de biodiésel por año, aunque viene colocando por debajo de ese volumen. Vale recordar que ese mercado estuvo cerrado cuatro años desde 2013 también por restricciones que se le habían impuesto a la Argentina. La reapertura vino luego de un panel ganado a Europa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una rebaja de aranceles que aplicó el bloque europeo.ConflictosAdemás de EE.UU., la Argentina hoy tiene dificultades para acceder al mercado de Perú, que también tiene restricciones al producto argentino.La National Biodiesel Board (NBB), una agrupación de productores de ese biocombustible que en Estados Unidos en 2016 impulsó las restricciones contra la Argentina, celebró el fallo judicial.Kurt Kovarik, vicepresidente de Asuntos Federales de NBB, expresó: "La Coalición de Comercio Justo de NBB y los miembros están agradecidos de que el Departamento de Comercio apoyó a los productores de biodiésel de EE.UU. Y tomó las decisiones correctas para mantener las condiciones de comercio justo. NBB participó durante toda la revisión para garantizar la evidencia de que el expediente estaba actualizado y completo. Nos complace que la revisión del tribunal respalde el resultado de ese proceso".

El Salvador tendrá que informar a la CIDH sobre el impacto de la reforma judicial en el caso de El Mozote

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado salvadoreño informar sobre el impacto que tendrá la reforma judicial sobre la investigación de la masacre de El Mozote, ya que el juez encargado del caso tendría que renunciar en virtud de la normativa que exige el cese de jueces mayores de 60 años.La petición de la CIDH tiene lugar después de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Tutela Legal María Julia Hernández informaran a la corte de que la reforma representa un nuevo obstáculo en la investigación del caso.Según la información recogida por el diario 'La Prensa Gráfica', El Salvador tenía hasta este viernes para remitir un informe detallado sobre las reformas. Sin embargo, y ante la solicitud, el Estado salvadoreño ha pedido una prórroga. La CIDH le ha dado cuatro días más, hasta el próximo martes."Lo que nos afecta en esta situación es que se está dañando el proceso que ha venido trabajando el juez", ha explicado en rueda de prensa el director ejecutivo de Tutela Legal, Ovidio Mauricio. "Además, son funcionarios del Ejecutivo los que han denigrado y obstaculizado la investigación que lleva el juez (Jorge Guzmán)", ha agregado, antes de subrayar que "no se puede estar jugando con el pueblo haciendo este tipo de estrategias políticas".La batería de reformas de la Ley de Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa --aliada del presidente, Nayib Bukele-- significará la expulsión de más de 150 jueces al establecer que aquellos de más de 60 años o con más de 30 años de servicio serán cesados.Uno de ellos es Guzmán, al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.

Revés judicial: EEUU ratificó sanción para el biodiésel argentino

La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos confirmó que tras una investigación del Departamento de Comercio, no hace lugar a la revisión de una medida antisubsidios que perjudica al producto exportado.

Revés judicial para Argentina: Estados Unidos mantendrá las sanciones para el biodiésel

La Corte de Comercio Internacional norteamericano lo confirmó luego de un análisis que no hace lugar a la revisión de una medida antisubsidios que perjudica al producto que se exportaba.

Revés judicial en EE.UU.: se mantendrán sanciones contra el biodiésel argentino

El gobierno de la Argentina y el exportador de biodiésel LDC Argentina S.A. perdieron su apuesta por aranceles antisubvenciones más bajos de Estados Unidos, cuando la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos confirmó el martes el análisis del Departamento de Comercio sobre el régimen de impuestos a las exportaciones de la nación sudamericana.En 2016, Estados Unidos importó de la Argentina alrededor de US$ 1,2 mil millones en biodiesel, un combustible elaborado a partir de aceites vegetales o grasas animales, según Comercio. En 2017, el departamento determinó que estas importaciones estaban siendo subsidiadas injustamente y Estados Unidos comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28%.En 2018, el gobierno de Argentina solicitó al Departamento de Comercio que revisara estos aranceles a la baja mediante una revisión de circunstancias cambiantes.El departamento determinó de manera preliminar que el régimen de impuestos a las exportaciones de Argentina ya no estaba diseñado y estructurado para alentar el desarrollo de la industria del biodiésel aguas abajo asegurando la disponibilidad de soja relativamente barata. Esto habría reducido sustancialmente los tipos de derechos compensatorios estadounidenses.Pero en los resultados finales de Comercio, el departamento se revirtió. El departamento dijo que "el régimen fiscal de exportación de Argentina está cambiando, lo que lleva a Comercio a concluir que no hay suficientes circunstancias cambiantes para justificar una reducción de los aranceles. El gobierno argentino y LDC demandaron.El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. confirmó los resultados de la revisión de ComercioComercio sopesó adecuadamente la evidencia del expediente, incluido el diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiesel, dijo el tribunal de comercio. Si bien la diferencia temporal constante puede restar valor a la conclusión de Comercio, "los numerosos cambios en el régimen fiscal de exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para las mercancías que agregan valor a través de su producción, restan valor a la conclusión de que los subsidios sujetos a medidas compensatorias se encuentran en la investigación subyacente ya no estaba en su lugar ", dijo el tribunal.El tribunal también rechazó el argumento de los demandantes argentinos de que las conclusiones de Comercio se basaban inadmisiblemente en especulaciones. "Aunque el Departamento de Comercio basó sus conclusiones en parte en predicciones sobre el régimen fiscal de exportación de Argentina en el futuro inmediato, estas predicciones se basaron en tendencias establecidas por pruebas sustanciales de antecedentes y circunstancias existentes", dijo el tribunal.Los demandantes no mantuvieron su argumento de que Comercio emitió los resultados de su revisión después de la fecha límite reglamentaria, concluyó el juez Gary S. Katzmann.Trade Law Defense PLLC representa al gobierno de Argentina. White & Case LLP representa LDC. Cassidy Levy Kent (EE. UU.) LLP representa a la Coalición de Comercio Justo de la Junta Nacional de Biodiesel, que se unió al caso en oposición a la reducción de los aranceles.

La venganza de un albañil al que no le pagaron por su trabajo, terminó en una guerra judicial

Destruyó el baño que él mismo había reformado por una deuda de 5 mil dólares. La dueña dijo que estaba esperando que finalizara la obra.

Tras al derrota electoral, el frente judicial le da a Cristina Kirchner razones para preocuparse

Cristina Kirchner tiene razones para temer que una eventual debilidad política complique su situación judicial. Es que en los tribunales siguen sembradas causas judiciales por corrupción, más o menos avanzadas, que le pueden provocar más o menos dolores de cabeza a mediano plazo.Pero su objetivo es no solo se trata de evitar el impacto de la debacle electoral sobre los casos donde la situación judicial de la vicepresidenta se puede complicar, sino permitir que las causas que están activas contra Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos no pierdan el ritmo que tuvieron en los últimos meses.Los amagues de renuncia de los ministros y funcionarios kirchneristas en el Gabinete no incluyeron a los alfiles del kirchenrismo en el ala judicial, que se mantuvieron firmes en sus puestos. Desde el procurador del tesoro Carlos Zannini, pasando por Juan Martín Mena, viceministro de Justicia e interlocutor habitual en tribunales, Gerónimo Ustarroz, su delegado en el Consejo de la Magistratura, Félix Crous, titular de la oficina Anticorrupción, Ricardo Nissen, titular de Inspección General de Justicia, con control sobre las sociedades anónimas, ni la interventora del AFI, Cristina Caamaño. Tampoco renunció el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, con acceso a los reportes de operaciones sospechosas de empresas y particulares. Eso hace pensar que cualquiera sea la decisión de la vicepresidenta, ninguna de ellas abarca la idea de perder el control sobre el área judicial para defenderse o tener activas los casos por ejemplo del Correo Argentino, contra los Macri o monitorear a las empresas en su constitución o en su giro comercial.La renuncia del ministro de Justicia Martín Soria pasó inadvertida en los tribunales, donde ni siquiera pisó el cuarto piso para visitar a la Corte Suprema desde que asumió, así que su gestión quedó en declaraciones altisonantes y tuitazos, nada que preocupe a los jueces.,Cristina Kirchner necesita mantener una cuota de poder relevante para seguir buscando soluciones para sus problemas judiciales. Así lo afirmaron media docena de jueces y fiscales federales consultados por La Nacion que no tienen en sus manos expedientes ligados a la vicepresidenta.Cambiaron los vientos luego del resultado electoral y para noviembre se pronostican vientos borrascosos desde la misma dirección. El olfato judicial está afinado. "Cristina Kirchner no puede perder cuotas de poder con las causas que tiene. Estando en el poder, independientemente del cargo que sea, siempre es más fácil", resumió un juez que ya analizó varios casos cercanos al poder. La semana próxima ya va a haber algunas pistas cuando se conozcan los alegatos en el juicio contra Cristóbal LópezCristina Kirchner está siendo juzgada por la causa de Vialidad Nacional, acusada de direccionar la obra pública en favor de Lázaro Báez; tiene pendiente el juicio por los casos Hotesur y los Sauces, y la Justicia debe decidir si confirma o no la continuidad del juicio contra ella por la firma del Pacto con Irán, cuyo futuro pende de un hilo. Y siempre está elevada a juicio el caso de los cuadernos de la corrupción, la más complicada de todas las acusaciones.En la causa de Vialidad Nacional restan que declaren en el juicio oral y público unos 70 testigos, incluido el propio Alberto Fernández y los otros jefes de Gabinete, entre ellos el presidente la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.Allí la fiscalía está confiada en que la prueba que se viene acumulando le alcanza para acusar a Cristina Kirchner de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez. Las defensas en cambio, creen que no alcanzan las evidencias. El fiscal Diego Luciani confía en los documentos para sustentar su acusación. Por lo pronto Báez ya fue condenado por lavado de dinero y los jueces que le impusieron la pena de 12 años de prisión dijeron que la plata lavada por el empresario provino de la corrupción en la obra pública (la que se juzga en el juicio contra Kirchner) y de la evasión fiscal. Otro fallo de esta semana que complica el horizonte es la confirmación del procesamiento del financista de los Kirchner, Clarens a Cámara federal porteña, confirmó el procesamiento del financista Ernesto Clarens, por haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de más de 160 millones de dólares que supuestamente provenían de la obra pública concedida por el gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez. Es una causa conectada con la que siendo juzgada Cristina Kirchner.Pero este juicio pende de un hilo, pues la Corte tiene en sus manos nueve recursos de la defensa de Cristina Kirchner que podrían determinar la nulidad de todo el proceso. Por eso es importante mantener poder. Máxime cuando la Corte esta en los próximos 10 días cambiando de presidente, en plena crisis política del Gobierno. Carlos Rosenkrantz, designado por Mauricio Macri tiene mandato hasta el 1de octubre, nadie sabe si se postula o no a la reelección, pero se perfila Horacio Rosatti para sucederlo. Esta nueva Corte acaso analice los recursos de Cristina Kirchner en esta causa.El caso más inminente que puede tener un desenlace en los tribunales es el juicio por la firma del memorándum con Irán. En esa causa los jueces Gabriel López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado ya convocaron a seis audiencias para decidir si declaran nulo el caso porque dos de los jueces que intervinieron en el caso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaron a Macri cuando era presidente. Es probable que el pedido de nulidad del caso avance, aunque luego esa decisión debe ser revisada por la Cámara de Casación Penal.En la Casación también están eligiendo nuevo presidente en las próximas semanas, o meses. Y de esa elección va a depender la integración de las salas de tres jueces que revisan los casos. El juez que sea elegido presidente deja de integrar su sala, ya no vota y es reemplazado por otro de sus colegas (con igual o diferente perfil), por lo que esta elección de presidente de la Casación puede impactar en la integración de la Sala I del tribunal que debe revisar el caso del Pacto con Irán y el caso de Los Sauces y Hotesur.En la causa de Los Sauces y Hotesur, aún debe concluirse un peritaje para que los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grumberg y Daniel Obligado le pongan fecha al juicio oral y público, que abarca a Cristina Kirchner, y a sus hijos, Máximo y Florencia, acusados de lavado de dinero.El caso de los cuadernos de la corrupción -revelado por La Nacion- es acaso la causa que más complicas a la vicepresidenta donde está acusada de comandar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios para mantener sus contratos con el Estado. Allí hay funcionarios que confesaron haber cobrado y empresarios que confesaron haber pagado, se reconstruyó la ruta de los bolsos con dinero, que terminaban en el Sur o en el departamento de los Kirchner, según dijo y escribió el chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno.Ese caso está plagado de planteos de nulidad a la instrucción que realizaron el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Esos planteos ya superaron la Cámara Federal y la Cámara de Casación. Algunos están a estudio de la Corte. Otra razón más para que la vicepresidenta confíe en poder recuperar su performance electoral y se preocupe por conservar el poder.

La duda que sembró "Wado" de Pedro y la "rosca" judicial: la semana en tribunales en medio de la crisis del Gobierno

Un llamado clave después de las PASO llevó más tarde a la sorpresa y el desconcierto mientras Cristina Kirchner y Alberto Fernández hacían públicas sus diferencias. La mirada puesta en el ministro del Interior y el escenario en Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura

En medio de la crisis del Gobierno, se agrava la situación judicial de Cristina Kirchner

La cámara federal ordenó que se defina su situación procesal en la causa de la Ruta del Dinero K y un tribunal decide si se anula el juicio oral por el pacto con Irán.

El 76 por ciento apoyaría la destitución de Bolsonaro si incumple una orden judicial

El 76 por ciento de la población brasileña ha manifestado su respaldo a un posible 'impeachment' o destitución del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, si incumple una orden judicial.El propio Bolsonaro afirmó el pasado 7 de septiembre que no cumpliría ningun orden judicial del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que investiga al mandatario brasileño. Si finalmente la incumple, supondría un delito de responsabilidad y abriría la posibilidad de un 'impeachment'.Según el estudio de Datafolha, el 21 por ciento considera que no debería recibir castigo alguno si incumple un mandato judicial y el 3 por ciento no quiso opinar. El estudio se realizó a partir de 3.667 entrevistas en 190 ciudades brasileñas entre el 13 y el 15 de septiembre.Por edades, los jóvenes --16-24 años-- son los que más defienden el 'impeachment' con un 86 por ciento y también tiene especial apoyo entre el tramo más pobre (82 por ciento). También es más popular entre quienes suspenden a Bolsonaro (94 por ciento).Por contra, los más tolerantes al incumplimiento de dictámenes judiciales son los más ricos (32 por ciento), los empresarios (39 por ciento) y quienes aprueban el desempeño de Bolsonaro (59 por ciento).

Los audios explosivos de Fernanda Vallejos: ya identificaron al "traidor" y habrá denuncia judicial

Era un grupo de chat "íntimo". La caza de brujas de "Pedro" y otra charla filtrada.

Estados Unidos reconoce que la reforma judicial de Ucrania es "fundamental" para el desarrollo del país

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido este jueves que al reforma judicial de Ucrania es "fundamental" para fortalecer el estado de derecho y atraer inversión extranjera al país europeo.Este punto ha punto clave para el desarrollo de Ucrania ha sido aceptado tanto por la Administración estadounidense, como por el Gobierno ucraniano, la sociedad civil y "otros socios internacionales", ha detallado el portavoz del Departamento, Ned Price, en un comunicado.Price ha recordado que en el mes de julio se promulgó una "ley histórica" que abría la ventana de oportunidad para una "verdadera reforma del poder judicial" y que, incluso, los socios internacionales nombraron expertos para apoyar esta renovación."Sin embargo, el 13 de septiembre, el Consejo de Jueces de Ucrania se negó a nominar jueces ucranianos para participar en el proceso, una negativa que amenaza con descarrilar la promesa de una reforma judicial real", ha lamentado.En respuesta a esto último, Price ha aseverado que "todavía hay tiempo" y que el Consejo de Jueves puede "cumplir con su obligación de implementar la ley y presentar nominaciones"."Seguimos firmemente comprometidos a ayudar en esta reforma crítica para que el pueblo de Ucrania pueda confiar en sus tribunales y jueces y para que Ucrania pueda continuar su camino hacia la integración euroatlántica", ha apuntado.Finalmente, desde Estados Unidos consideran que la reforma judicial no solo favorecerá en estos aspectos al país, sino que también se generarán más empleos y oportunidades económicas. "El pueblo ucraniano no merece menos", ha zanjado Price.

Araceli Fulles y la urgencia de una reforma judicial feminista

El ministro Martín Soria presentó su renuncia, pero la "segunda línea" judicial se quedó en sus lugares

El viceministro de Justicia Juan Martín Mena; Carlos Zannini en su rol de procurador del Tesoro; Félix Crous en la Oficina Anticorrupción (OA) y el hombre del Gobierno en el Consejo de la Magistratura Gerónimo Ustarroz, no levantaron su mano para anotarse en la lista de dimitentes. Leer más

La línea judicial del Gobierno se diferenció del ministro Martín Soria y no puso la renuncia a disposición de Alberto Fernández

Funcionarios que responden a Cristina Kirchner no pusieron a disposición de Alberto Fernández sus salidas. Quiénes son

Venezuela utiliza el sistema judicial para sofocar a la disidencia, dicen investigadores de la onu

CARACAS, 16 sep (Reuters) - El sistema de justicia de Venezuela ha perpetuado violaciones a los derechos humanos como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo el jueves un grupo de investigadores de Naciones Unidas.El informe fue publicado por una misión independiente de investigación de derechos humanos de la ONU, que en 2020 concluyó que el gobierno de Maduro ha cometido violaciones sistemáticas equivalentes a crímenes de lesa humanidad."La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales", señala el informe.Los investigadores agregaron que tienen motivos para creer que los jueces y fiscales no protegen a las personas que se perciben como adversarios del gobierno de Maduro, debido a que emplean detenciones arbitrarias, privan a los detenidos de su derecho a la defensa y utilizan la prisión preventiva como una medida de rutina en lugar de una medida excepcional.Los aliados de Maduro han descrito informes anteriores de la misión de investigación como campañas de desprestigio impulsadas por Washington, que mantiene un amplio programa de sanciones destinado a obligar a Maduro a abandonar el poder.El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Brian Ellsworth. Escrito por Deisy Buitrago, editado por Javier Leira)

Carlos Zannini y la línea judicial de Cristina Kirchner no se pliegan a las renuncias en masa

Carlos Zannini, uno de los cuadros más importantes del cristinismo dentro del Gobierno, no tiene planes de dejar la Procuración del Tesoro. A diferencia de los funcionarios que, con Eduardo de Pedro a la cabeza, renunciaron en masa, el jefe de todos los abogados del Estado no ofreció su dimisión. Así lo informó a LA NACION una fuente cercana a él, que dijo que no proyecta hacerlo.Tampoco ofrecieron sus renuncias otros funcionarios clave del área de Justicia que responden a Cristina Kirchner. No lo hizo Juan Martín Mena, número dos del ministerio y hombre de confianza de la vicepresidenta, ni Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de De Pedro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.La derrota desnudó la fractura de la coalición de gobiernoLa lista de los funcionarios del área que no dieron señales de estar de salida incluye también a Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, y a Ricardo Nissen, que está al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ). Tampoco renunció la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Así lo ratificaron a LA NACION fuentes cercanas a ellos.De este modo, en lo que a Justicia respecta, hoy solo está en riesgo el cargo del ministro, Martín Soria. El resto de la estructura -mucho más cercana al cristinismo que a Fernández- se mantiene. "No me correspondería renunciarle al Presidente. En todo caso, al ministro, que renunció", fue la explicación que dio un funcionario del área que fue nombrado, formalmente, por una decisión ministerial.Juan Martín Mena, número dos del Ministerio de Justicia, no presentó su renuncia, informaron a LA NACION fuentes del ministerioZannini fue secretario de Legal y Técnica y cerebro jurídico del kirchnerismo. Tiene con Cristina Kirchner una historia que se remonta a cuando Alberto Fernández no existía todavía en el mundo k. Hoy, como procurador del Tesoro, controla la estrategia judicial de unos 2.200.000 procesos en los que el Estado es parte. Se trata, básicamente, de juicios radicados en la Corte Suprema y en tribunales del exterior (el más grande, el de YPF). Desde que asumió, fue prioridad en la gestión de Zannini como procurador el caso del Correo Argentino, en el que litiga contra el grupo Macri.Carlos Zannini sale del Senado (Hernán Zenteno/)Vacunado antes de que le tocara su turno -y registrado como "personal de salud"-, es uno de los acusados en el caso del Vacunatorio VIP y la jueza María Eugenia Capuchetti, que había cerrado la causa contra él, debe decidir ahora si lo cita a indagatoria. Además, está procesado y en juicio por la causa del memorándum con Irán junto con la vicepresidenta. Por ese caso, que hoy está amenazado por una catarata de planteos de nulidad, Zannini estuvo preso 107 días durante el gobierno de Mauricio Macri.Zannini fue uno de los fundadores, en los 80â?², de Los Muchachos Peronistas, la unidad básica del barrio El Carmen, en Río Gallegos, donde nació el kirchnerismo. Desde entonces, en Santa Cruz y Buenos Aires, fue arquitecto legal de sus principales proyectos. Llegó a ser presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz antes de su salto a la Secretaría de Legal y Técnica nacional, siempre por impulso de Néstor Kirchner. En 2015, fue Cristina quien intentó encumbrarlo al ubicarlo como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, en la fórmula que terminaría perdiendo con Mauricio Macri-Gabriela Michetti. Mientras compartieron gobierno, a Zannini y a Fernández se los percibía como rivales internos por la confianza del matrimonio Kirchner. Cuando lo nombró en su gobierno, el Presidente se esforzó por destacar que había sido una decisión nadie le había "impuesto".El hermano de WadoGerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Wado de Pedro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (Twitter/)Tal como informó Carlos Pagni en LA NACION, Ustarroz tampoco presentó su renuncia -ni planea hacerlo-. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde se deciden los nombramientos de los jueces nacionales y federales, y se controlan sus desempeños.Ustarroz tiene en estos momentos un desafío que es clave: destrabar los concursos para designar jueces en Comodoro Py; sobre todo, el de la Cámara Federal porteña. Está en juego el nombramiento de tres de los doce jueces de primera instancia y de dos de los seis camaristas que controlan las causas más sensibles para la política. Pese a que el Gobierno anunció proyectos grandilocuentes, el recambio de jueces fue, hasta ahora, la única reforma judicial en la que consiguió avances reales. Para destrabar los concursos, Ustarroz necesita sumar votos que hoy no tiene. La derrota del oficialismo en las elecciones del domingo y la crisis desatada ayer no lo ayudan.El caso de TaianaEn la lista de los que se quedan está también el recientemente nombrado ministro de Defensa, Jorge Taiana, otro hombre con larga experiencia política, que siempre respondió a Cristina Kirchner. Aunque que salió de su gobierno (era canciller) enfrentado con ella, en 2017 la acompañó en la boleta de Unidad Ciudadana.Jorge Taiana, ministro de Defensa (Fabián Marelli/)

La reacción del Poder Judicial tras la crisis en el gobierno nacional

Como a gran parte del esquema de poder, la puesta a disposición de las renuncias de los funcionarios del ala kirchnerista al presidente Alberto Fernández llegó de manera intempestiva e imprevista a los Tribunales. Leer más

Alicia Castro analizó la derrota del Gobierno en las PASO: "La ciudadanía reclama una Reforma Judicial"

Frente a la sorpresiva derrota en las elecciones primarias del Frente de Todos a nivel nacional, la exembajadora ante Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro, fue crítica con el Gobierno e invitó a hacer una autocrítica. "El manejo de la pandemia no es bueno", cuestionó.Desde su cuenta de Twitter, Castro puso las cartas sobre la mesa y analizó los resultados electorales. Le marcó al oficialismo que "el negacionismo de nuestra militancia no sirve". Además, planteó: "El Gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para salvar vidas".Resultados de las PASO 2021 en la provincia de Buenos Aires: municipio por municipioTambién reflexionó sobre la carga impositiva en relación con las necesidades económicas que dejó el coronavirus. "¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Hora de hacer grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. Que paguen más los que más tienen. Impuesto a los sectores beneficiados: telecomunicaciones, sector farmacéutico, sector del comercio virtual".Tal como lo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner el año pasado pasado, la exembajadora también apuntó contra el gabinete de Alberto Fernández: "Hace un tiempo, Kirchner denunció que 'hay funcionarios que no funcionan'. Sin embargo, nada cambió. ¿Reconocerá hoy el Gobierno que no puede ubicar a sus amigos y candidatos en puestos clave, sino a servidores públicos reconocidos, accesibles y comprometidos?".1-QUE PASÓ? La autocrítica construye. El negacionismo de nuestra militancia no sirve: El manejo de la pandemia no es bueno. El gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para SALVAR VIDAS. Lo dijimos hace tiempo, Insistimos: https://t.co/Dltmfn2xzj HILO ð?§µâ?? Alicia Castro (@AliciaCastroAR) September 13, 2021Por otro lado, Castro reclamó la falta de participación del ala dura del kirchnerismo dentro del oficialismo. Para explicar los resultados de las PASO, también observó la dinámica dentro del Frente de Todos y cuestionó las internas.Mapa electoral:los resultados en todo el país"El FdT nació como una coalición electoral, pero está aun pendiente que funcione como una coalición de gobierno. Cristina Kirchner, el kirchnerismo que aportó votos, historia, energía, estrategias, está escasamente representado en las políticas", sostuvo. "La ciudadanía reclama y merece una Reforma Judicial", señaló la exfuncionaria.Para sumar aspectos negativos al interior del frente oficialista, la exembajadora señaló: "Hay demandas claras sin atender: por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior, el fin de la concesión de la Hidrovía Paraná. Es un clamor popular. ¿Por qué no escucharlo?".Y se dirigió de forma directa a Fernández: "El Presidente prometió escuchar el contundente mensaje de las urnas. Sugirió que cambiará el rumbo y que termina su gestión en dos años. Hora de escuchar a la mayoría de votantes que lo llevamos al poder. No queremos al amigo Larreta de presidente, pero tampoco a Massa".Castro hizo lo propio con los encuestadores, a quienes los mandó a su casa. "Todos fallaron. No predijeron la derrota del FdT a lo largo y ancho del país, ni el voto en blanco. Sería mejor que el Gobierno escuche al pueblo. Precios de alimentos y medicamentos inaccesibles, sin controles. Sin plan y sin esperanzas, no hay votos", lanzó.Frente a las profundas propuestas para reformar la Justicia, dijo: "Sufrimos durante el macrismo el armado de causas judiciales contra los dirigentes políticos opositores. Hoy Argentina aun tiene presas y presos políticos. No es justo. La ciudadanía reclama y merece una Reforma Judicial. Es hora".

VÍDEO: El Poder Judicial cursa invitación al Rey para presidir en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces

En 2020 Felipe VI no asistió a este acto al que tradicionalmente acude a pesar de que la Casa del Rey confirmó en un principio su asistenciaMADRID, 13 Sep. 2021 (Europa Press) -El Poder Judicial ya ha cursado la invitación al Rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.Fuentes del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos. Se valora su celebración antes de que finalice el año.En caso de que el Rey Felipe VI acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que en 2020 no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Entonces, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.Según fuentes, en esa ocasión, el órgano de gobierno de los jueces había cursado la invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos.Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas señalaron que no era la primera vez que un monarca no presenciaba la entrega de despachos.El año pasado se celebró en madridA expensas de lo que ocurra en este 2021, el año 2020 era el segundo año consecutivo en el que este acto sufría cambios en su normal celebración, ya que en 2019 con motivo del 40 aniversario de la Constitución se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el Rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar la semana pasada en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.Debido a esta nada habitual ausencia, en 2020 las asociaciones de jueces pidieron explicaciones tanto al Gobierno como al CGPJ. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demandó en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no iba a asistir, ya que según varios medios de comunicación el origen estaba en que el Gobierno había "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad".Imágenes disponibles en europa press televisiónUrl de descarga:https://www.europapress.tv/politica/597663/1/poder-judicial-cursa-invitacion-rey-presidir-entrega-despachosTeléfono de contacto 91 345 44 06

El Poder Judicial cursa la invitación al Rey para que presida en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces

En 2020 Felipe VI no asistió a este acto al que tradicionalmente acude a pesar de que la Casa del Rey confirmó en un principio su asistenciaMADRID, 13 Sep. 2021 (Europa Press) -El Poder Judicial ya ha cursado la invitación al Rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.Fuentes del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos. Se valora su celebración antes de que finalice el año.En caso de que el Rey Felipe VI acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que en 2020 no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Entonces, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.Según fuentes, en esa ocasión, el órgano de gobierno de los jueces había cursado la invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos.Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas señalaron que no era la primera vez que un monarca no presenciaba la entrega de despachos.El año pasado se celebró en madridA expensas de lo que ocurra en este 2021, el año 2020 era el segundo año consecutivo en el que este acto sufría cambios en su normal celebración, ya que en 2019 con motivo del 40 aniversario de la Constitución se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el Rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar la semana pasada en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.Debido a esta nada habitual ausencia, en 2020 las asociaciones de jueces pidieron explicaciones tanto al Gobierno como al CGPJ. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demandó en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no iba a asistir, ya que según varios medios de comunicación el origen estaba en que el Gobierno había "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad".

Optimismo por los cambios que habrá en el Poder Judicial

CORRIENTES.- Los abogados que participaron del encuentro del Foro Multisectorial con Walter Ceballos, representante del gobierno nacional en esta provincia, consideraron que la renovación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y la declaración del estado en comisión de los jueces podrían constituirse en la base de la respuesta de la intervención federal a los reclamos de "justicia y castigo para los responsables de la crisis".En la reunión, Ceballos reveló un alto conocimiento de la situación politica, económica y social. Así lo confirmaron los asistentes al encuentro con representantes de sectores sociales, empresariales y profesionales locales.El presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Corrientes, Miguel Seba, manifestó optimismo con relación a la futura gestión de Ramón Mestre cuando lo consultó La Nación . Remarcó haber sido informado de que se pondrá el acento en encaminar las soluciones a los "afligentes problemas inmediatos y mediatos de Corrientes".En lo atinente a la Justicia dijo que la conversación giró sobre la conveniencia de que las designaciones o confirmaciones de magistrados "se hagan en el menor plazo posible, porque no se puede ignorar que un juez que está confirmado se despega de la influencia del poder político". Amplió el concepto diciendo que " asimismo, no se puede ignorar que un juez en comisión se siente presionado y no logramos la Justicia independiente que queremos".Los participantes del encuentro recibieron la seguridad de que "la intervención al Poder Judicial será lo más corta posible" y que la situación de jueces y camaristas se analizará "caso por caso".Con idéntico moderado optimismo se refirió a la conclusión de las conversaciones el presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, Jorge Benchetrit Riera.Por su parte, Ceballos dijo que la "conversación con correntinos" (como definió a la que mantuviera con el arzobispo correntino, monseñor Domingo Castagna, y la multisectorial) sirvió para ampliar y mejorar los conocimientos sobre la crisis.DiálogoDijo que su misión fue encaminada a abrir canales de diálogo "entre el correntino común y el gobierno de la intervención, con la irrenunciable vocación de gobernar la Argentina aún en el último rincón de la Patria". Agregó que el diálogo con los manifestantes de la plaza y el puente se canalizará a por medio de "los sectores que representan los genuinos intereses de los correntinos que quiere empezar a resolver sus problemas".No incluyó expresamente a los partidos políticos de Corrientes. La presencia en el lugar del Comandante de Gendarmería (R) Teodoro Semhan obligó a preguntar si dialogaría con el Partido Nuevo, dado el rol político del gendarme en las filas partidarias a lo que respondió : "No ha hablado conmigo ni lo va a hacer".Aseguró que la clase politica correntina fracasó "cuando hubo en un mismo día dos gobernadores". Dijo que hay un "deterioro de la credibilidad política, un fracaso institucional y político con distinto grado de responsabilidad proporcional a los espacios del poder público que manejaron cada uno de los representantes correntinos".Jorge Raúl Requena

Revés judicial contra Telefónica Argentina, que reclamaba la inconstitucionalidad de la fijación de tarifas

Después de que el Gobierno argentino considerara esenciales los servicios de telecomunicaciones y fijara un marco regulatorio de tarifasMADRID, 12 Sep. 2021 (Europa Press) -La Justicia argentina ha rechazado esta semana una solicitud de Telefónica en el país sudamericano para que se declarara inconstitucional un decreto por el que el Gobierno designó como servicio esencial a los servicios de telecomunicaciones y fijó un marco regulatorio de tarifas en el sector.En concreto, Telefónica Argentina presentó una medida de inconstitucionalidad y otra cautelar sobre el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 690. Sin embargo, el juzgado Contencioso Administrativo Federal número cinco rechazó tal solicitud de la cautelar, sosteniendo que la empresa "no alcanzó a demostrar la verosimilitud" de un supuesto perjuicio invocado en la presentación judicial.En lo que respecta a la solicitud de inconstitucionalidad del DNU, el juzgado indicó debe "ser fundado sobre la base del perjuicio de la disposición le acarrea a la generalidad de las personas, mas no de aquel que solo se proyecta sobre algunas ellas por las particulares condiciones en que se encuentran".La compañía argumentó en el juicio celebrado esta semana que la declaración como servicio público y la fijación de un régimen de regulación de precios "afectan de manera directa al estatus jurídico de las licencias y los derechos de las cuales actualmente es titular y bajo las cuales presta servicios".No obstante, la Justicia argentina consideró que en el caso no corresponde acceder a la cautelar solicitada "puesto que no se hallan acreditados los requisitos necesarios para su procedencia".Tras la resolución, Telefónica ya ha confirmado que va a presentar un recurso de apelación, indicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.La sentencia emitida por el juzgado Contencioso Administrativo contra los intereses de Telefónica Argentina contrasta con la emitida por la Cámara Contencioso Administrativo Federal el pasado 13 de mayo, por la que se suspendieron los efectos del DNU 690 y se admitió la solicitud de cautelares de Telecom, una 'teleco' argentina.El decreto nacional de urgencia 690.El pasado 21 de agosto, en el marco de la pandemia, el Gobierno argentino publicó el DNU 690, por el que declaró como servicio esencial a las telecomunicaciones y fijó un marco regulatorio para las tarifas.De este modo, la Administración de Alberto Fernández puso en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la política de fijación de tarifas para asegurar la universalidad del servicio en el contexto de la pandemia.Tras la emisión del DNU, varias empresas de la industria publicaron una carta en contra de tal decreto, aludiendo que "semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de millones de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de servicios que reciban en el futuro".

Según la causa judicial, Surrbac lavó $25 millones en vehículos e inmuebles

El organismo que combate el lavado de dinero considera que está agotada la pesquisa contra dirigentes del gremio, encabezados por Saillén y Catrambone. Leer más

El inesperado gesto de Wanda Nara a Maxi López en medio de su guerra judicial

Wanda Nara sorprendió a todos con un gesto amistoso hacia Maxi López. La empresaria y el exfutbolista están enfrentados en la Justicia desde hace varios años por la cuota alimentaria que el futbolista presuntamente se niega a pagar en relación a sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Sin embargo, esta vez la situación tuvo un giro inesperado por la actitud de la modelo en una publicación de Instagram."Nos mintió a todos": el detalle de la casa de Juana Viale que contradice una frase de la conductoraLa revista Caras compartió en esa red social imágenes de López acompañando sus hijos al colegio en París, Francia, donde estuvo varios días de visita para pasar tiempo con ellos. En las postales, se puede ver a los cuatro abrazados y sonriendo para la cámara antes de entrar a clases. La publicación, al parecer, enterneció a Wanda, que decidió darle like.El guiño no pasó desapercibido ante sus seguidores, que inmediatamente se percataron de la situación. "El 'me gusta' de Wanda, estoy muerta"; "Apa, Wanda dando like a la publicación" y "Bien el like de Wanda" fueron algunos de los comentarios que reflejaron el entusiasmo de los usuarios.El gesto de Wanda Nara en una imagen de Maxi López con sus tres hijos que sorprendió a sus seguidores (Instagram/)Esta semana, Nara dio una entrevista a una revista italiana en la que se refirió a la relación con su expareja y su decisión de dejarlo todo por amor. También recordó qué fue lo que la llevó a separarse en 2013. "Entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. No me merecía una traición", sostuvo en diálogo con Confidenze."Cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de la Argentina y entregué mi carrera para permitirle seguir adelante", relató. Tras la ruptura, volvió a la Argentina, donde se reencontró con Mauro Icardi. "Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga", sostuvo.Maxi López pasó una semana con sus hijos en París, donde se los pudo ver a todos muy felices (Instagram Maxi López/)En la última semana, López viajó a la capital francesa para estar con sus hijos. Juntos, los cuatro varones pasearon por la Torre Eiffel, fueron juntos al colegio y prepararon pastas en familia. Hace unos meses, el futbolista había acusado a Wanda de no permitirle ver a Valentino, Constantino y Benedicto en el Día del Padre, pero ella lo negó y aseveró que siempre puede reunirse con los menores. Cabe recordar que ambos están enfrentados en la Justicia, ya que la empresaria reclama una abultada deuda por cuota alimentaria que data de años atrás.

Merkel propone diálogo a Polonia para superar la disputa por el sistema judicial

La canciller alemana, Angela Merkel, ha defendido este sábado el diálogo como vía para resolver el conflicto entre la Comisión Europea y Polonia relativo a la reforma del sistema judicial."La política es algo más que ir a los tribunales", ha declarado Merkel tras una reunión en Varsovia con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.Según Merkel, es posible que esas conversaciones ya se estén llevando a cabo. De lo contrario, Alemania se comprometería para que se concretasen, ha apuntado.Bruselas y Varsovia llevan tiempo enfrentados por las reformas del sistema judicial polaco tras las acusaciones de que el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) está dañando la independencia del poder judicial. El Tribunal Constitucional polaco examina actualmente si la legislación polaca prevalece sobre la de la Unión Europea.El martes, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) aplicar sanciones contra Polonia por entender que Varsovia incumple el mandato de cesar las actividades de la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema polaca, que puede castigar a jueces.

El ex juez César Melazo habló desde la cárcel: "Soy víctima de una persecución política y judicial"

Preso hace más de tres años, denuncia que hubo una trama de corrupción política, judicial y policial detrás de su detención. Apuntó contra María Eugenia Vidal y el procurador Julio Conte Grand. "El miedo de esta gente es que yo sé lo que ellos hacen y lo que hicieron", advierte

Gobernador de Florida presenta una apelación a la resolución judicial que permite la obligatoriedad de mascarilla

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado una apelación de emergencia a la resolución judicial en la que se le pide que permita que los centros escolares puedan imponer el uso obligatorio de mascarilla.DeSantis ha presentado esta apelación con el fin de bloquear la orden judicial que permitirá a los distritos escolares de Florida exigir el uso de esta medida para detener la propagación del coronavirus, algo que el gobernador ha intentado liberalizar, tal y como recoge la cadena NBC.El juez John Cooper ya dictaminó a finales de agosto que la prohibición de las normativas sobre el uso de mascarilla de DeSantis era ilegal, algo que el Estado apeló rápidamente, lo que derivó en que el falle judicial fuese suspendido.Sin embargo, este miércoles, Cooper se ha negado a continuar con esta situación y ha dictaminado que Florida deberá levantar inmediatamente la prohibición a los centros escolares de obligar a usar mascarilla pues el país no vive "tiempos normales", sino que está inmerso en una pandemia y hay "niños que no pueden ser protegidos por la vacunación"."Los niños están en riesgo y brindan al menos algo de protección con el uso de mascarilla", afirmó Cooper en la Corte, según recogió la filial de NBC en Miami.En este punto, DeSantis ha lanzado una apelación de emergencia de 41 páginas en la que solicita al Tribunal de Apelaciones competente que intervenga y restablezca la suspensión automática al primer fallo de Cooper a la espera de que se complete la apelación."El nivel adecuado de seguridad en las escuelas y otros entornos públicos es una cuestión política reservada enteramente a los representantes electos que son públicamente responsables", ha criticado el equipo del gobernador en el documento.La judicialización de este tema vive un nuevo capítulo mientras que los fallecimientos en el estado de Florida a causa de la COVID-19 alcanzaron un nuevo récord el mes pasado. Desde el inicio de la pandemia se han registrado casi 47.000 decesos y más de 3,3 millones de casos confirmados.

El caso de la "mesa judicial" contra Macri fue la razón por la que la AFIP desistió de acusar a Cristóbal López

La estrategia judicial de Cristóbal López está funcionando como un mecanismo de relojería. Impulsó una causa en el juzgado de María Servini contra Mauricio Macri, a quien acusó de extorsionarlo mediante los integrantes de su "mesa judicial", y los avances de este expediente fueron determinantes para que la AFIP dejara de acusarlo en el juicio oral que enfrenta por el pago de 8000 mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles.Son justamente las constancias de este expediente, donde se mantiene con pedido de captura en Uruguay el exasesor de Macri Fabián Rodríguez Simón, los que fundaron la decisión de Mercedes Marcó del Pont de desistir de la querella que llevaba adelante en el juicio oral contra López y su socio, Fabián de Sousa.La economía, ante el alarmante espejo de AlfonsínLa causa depende ahora de que el fiscal que lleva adelante el juicio oral acuse a los empresarios, o de lo contrario, sin impulso fiscal, ni acusación, el proceso quedará en la nada.Esto es así porque el otro acusador en este juicio, la AFIP, desistió de ser querellante en la causa, decisión que fue comunicada ayer en una breve audiencia de juicio realiza por zoom. Este desistimiento de la acusación de la AFIP, que alcanza también a Ricardo Echegaray, es el último eslabón de una cadena de decisiones del Gobierno y del organismo recaudador, en orden librar al grupo Indalo de problemas judiciales.Lo que determinó a la AFIP a desistir de su rol de querellante es la contracausa iniciada por Indalo contra Macri por la mesa judicial, que tramita en el juzgado de Servini. Allí, tras una denuncia de De Sousa y donde declaró el propio López, se junta evidencia que señala que la AFIP de Macri centró en él y en Lázaro Báez sus investigaciones. Funcionarios de la AFIP fueron procesados por Servini."Desde que esta Administradora Federal asumió sus funciones han sido recurrentes las evidencias de fuentes internas (informes de auditoría, sumarios disciplinarios, entre otras) y externas (denuncias administrativas, requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa basados en abusos de autoridad y desvíos de poder", contra López, dijo la AFIP. Y señaló que "la matriz de tales hechos -acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019- tienen un rasgo en común, a saber, que tuvieron finalidades de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos".En particular, destacó la AFIP que Servini puso de relieve "la creación de sistemas informáticos de recaudación tributaria para el 'seguimiento' de tan solo dos grupos económicos, entre los que se encontraba aquel que integra la contribuyente Oil Combustibles SA".En esta larga lista de acciones, la AFIP otorgó a López un plan de pagos para que pudiera regularizar su situación con respecto al impuesto a los combustibles.Un año después de que el Congreso aprobara la moratoria fiscal que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, los empresarios López y de Sousa lograron que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles. La jueza María Soledad Casazza determinó que como López y De Sousa obtuvieron el apoyo de la AFIP y de la amplísima mayoría de sus acreedores, no había motivos para continuar con el proceso de quiebra.Para López y De Sousa, la resolución judicial significa un paso decisivo en sus esfuerzos por recuperar el Grupo Indalo y posicionarse otra vez entre los empresarios más poderosos.Tras la derrota de Mauricio Macri -al que acusan de haberlos perseguido- y el triunfo de Alberto Fernández -quien los había asesorado como abogado-, la situación de López y De Sousa empezó a revertirse. Quedaron en libertad, buscaron recuperar el control de Oil Combustibles y de todo el Grupo Indalo. Y ahora consiguieron dejar fuera del juicio oral que enfrentan a unos de los acusadores estatales, la AFIP.La AFIP desistió también de apelar el sobreseimiento de Lázaro Báez en otra causa en Bahía Blanca.Ahora, la acusación correrá exclusivamente a cargo del fiscal Juan García Ellorio. Nadie sabe a ciencia cierta lo que hará el fiscal.Los nuevos aires en la AFIP beneficiaron no solo a Oil, sino también a Echegaray, pues el organismo recaudador le levantó la suspensión y volvió a cobrar su sueldo, vacaciones y antigüedad. Lo decidió Mercedes Marcó del Pont, tras un planteo del exadministrador, que había denunciado "una persecución política" del gobierno de Mauricio Macri.El alegato del fiscal Garcia Ellorio tendrá lugar el 23 de septiembre próximo. Si no acusa, todos serán absueltos. Este juicio comenzó en junio de 2019. Un peritaje incorporado al juicio fue interpretado por los acusados como el golpe final contra la acusación, aunque la fiscalía podrá evaluarlo cuando le toque alegar.El Tribunal Oral Federal N°3, que deberá dictar sentencia en esta causa, está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso.García Elorrio interviene actualmente, también, en el juicio oral por la tragedia de Austral, por el cual también se espera que exponga su alegato en la próxima semana. También participó de la acusación y el pedido de seis años de prisión contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo.En este tramo del caso, López, De Sousa y Echegaray son acusados de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles. De Sousa tiene como abogado a Beraldi y Ary Llernovoy, quienes se ocupan de los frentes judiciales de Cristina Kirchner. López es representado por Fabián Lertora, y Echegaray designó a León Arslanian y Martín Arias Duval.

Jair Bolsonaro cede y modera el tono tras sus ataques al Poder Judicial y la amenaza de golpe

RÍO DE JANEIRO.- Luego del impacto negativo por las marchas del martes pasado y de sus amenazas golpistas, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, bajó este jueves el tono de su retórica e intentó enfriar la crisis institucional con un comunicado en el que aseguró que no tuvo la "intención de agredir a ninguno de los poderes".Bolsonaro moderó el tono en una "declaración a la nación" de 10 puntos publicada por escrito, un intento de pacificar la relación con otros poderes. El contenido mostró a un Bolsonaro irreconocible comparado con el del martes, que había amenazado con incumplir fallos y había pedido al juez que se "encuadre o pida salir" del cargo.11 de Septiembre: el Servicio Secreto de Estados Unidos comparte fotos inéditas de los atentados de 2001"En la vida pública, las personas que ejercen el poder no tienen derecho de tirar de la cuerda al punto de perjudicar la vida de los brasileños y la economía", aseguró el mandatario. "Mis palabras, a veces contundentes, sucedieron en el calor del momento y de las peleas que siempre buscaron el bien común", afirmó en la declaración.El presidente brasileño buscó desarmar la bomba que había plantado el martes, con las más fuertes amenazas de ruptura institucional desde que está en la presidencia. En la nota dijo que tiene "diferencias naturales" con el juez Alexandre de Moraes, que lleva adelante la investigación por la promoción de fake news, y garantizó que está dispuesto a dialogar con los otros poderes.Dura crítica de Human Rights Watch al gobierno de Nicaragua por la orden de detención del escritor Sergio RamírezEl comunicado presidencial, interpretado como una búsqueda de pacificación, ayudó a descomprimir la situación en el mercado brasileño, que había reaccionado con pesimismo a las protestas antidemocráticas. El dólar retrocedió casi 2% y el principal índice de acciones de San Pablo, el Ibovespa, subió 1,72%, y recuperó parte de las pérdidas de la jornada anterior.El retroceso de Bolsonaro se produjo mientras sectores de la oposición buscan instalar nuevamente en agenda la discusión de un eventual impeachment, ignorado por el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, único brasileño capaz de habilitar el trámite parlamentario."La armonía entre poderes no es mi voluntad, sino la determinación constitucional que todos, sin excepción, deben respetar", escribió el presidente. "Reitero mi respeto a las demás instituciones de la República. Democracia es esto: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajando juntos en favor del pueblo y todos respetando la Constitución".La nota fue divulgada luego de una reunión del jefe del Estado con el expresidente Michel Temer en el Palacio del Planalto, convocado como mediador en el clímax de la crisis con el Poder Judicial.Según pudo confirmar LA NACION, Temer fue convocado por Bolsonaro el miércoles y el presidente dispuso este jueves un avión oficial para buscarlo en San Pablo. El expresidente se convirtió en el puente entre Bolsonaro y Moraes, que conversaron telefónicamente, y además colaboró en la redacción de la nota. El juez del máximo tribunal, blanco predilecto de Bolsonaro, fue nombrado en 2017 luego de ser nominado por Temer.O leão virou um rato ð???Grande dia! ð???â?? João Doria (@jdoriajr) September 9, 2021"El león se convirtió en una rata. Gran día", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de San Pablo, João Doria, minutos después de publicada la carta. Más temprano, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Fernando Barroso, había acusado a Bolsonaro de estar "destruyendo las instituciones para encubrir el fracaso económico y social" de su gobierno.La escalada de Bolsonaro en los actos por el Día de la Independencia provocó entre sus seguidores más radicalizados una reacción fuera del cálculo del Planalto. Movimientos bolsonaristas de camioneros mantenían todavía este jueves cortes parciales en autopistas y rutas en más de una docena de estados, en apoyo al presidente y contra la Corte.Bolsonaro envió la noche del miércoles un audio a grupos de seguidores en el que pidió el levantamiento de los cortes porque "perjudican la economía, provocan desabastecimiento e inflación". El gobierno aún esperaba la liberación de los caminos.

La Cámara Comercial alertó a la Corte que Ricardo Nissen se alzó contra un fallo judicial

Los jueces en pleno de la Cámara Comercial avisaron a la Corte que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, desoyó y desconoció una sentencia que dejaba sin efecto su decisión de que le imponía a las sociedades anónimas la obligación de designar igual cantidad de mujeres que de hombres en sus órganos de administración y fiscalización. Recordaron con firmeza que los funcionarios de la administración no pueden desoir los fallos judiciales recurriendo a la "ignorancia o desprecio de sus sentencias".Once jueces de la Cámara Comercial, en un acuerdo general extraordinario, con la excusación de dos magistrados y la ausencia de los otros tres, rechazaron con energía la resolución de Nissen que desconoció el fallo de los propios camaristas, ordenó promoverles juicio político y ratificó la obligación de la sociedades de imponer igualdad de género en los directorios.Los jueces comerciales le avisaron a la Corte y por su intermedio al Poder Ejecutivo, que Nissen se estaba alzando contra los fallos judiciales, desconociendo las decisiones de los jueces, tildándolas de "antijurídicas", "inválidas" y "exorbitantes" .Los camaristas comerciales, en un inusual tono de reproche, dijeron que Nissen, como todos, puede apelar los fallos que no le gusten, pero que su decisión que "le negó eficacia" al fallo de la justicia comercial implica un "inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por los jueces", pues una decisión administrativa no puede juzgar el acierto o desacierto de una sentencia judicial.Admitir esto, dijeron los camaristas indignados, implica consentir que el funcionario de turno quiera o no consentir una orden judicial, "lo cual es manifiestamente inadmisible en el constitucional esquema de división de poderes"."La esencia de nuestro sistema republicano de gobierno radica, precisamente, en el principio de la división de poderes, en la limitación de las facultades y atribuciones de los distintos órganos y en que ningún departamento gubernamental pueda ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas", recordó la Cámara.Las autoridades administrativas de cualquier jerarquía, afirmaron los jueces, no pueden "trabar, turbar ni desconocer, en forma alguna, la acción de los jueces", y "deben cumplir con el deber de acatamiento" de sus decisiones, sin que puedan "sustraerse por acto de propia autoridad a la autoridad ejercida por los magistrados, menos, recurriendo a la ignorancia o desprecio de sus fallos".Los camaristas dijeron que es "inadmisible que un organismo administrativo niegue de plano esa autoridad [judicial] predicando la eficacia sustitutiva a un acto ratificatorio propio fundado nada más que en una opinión contraria a la de los jueces"."Casi es innecesario agregar que la libertad se ve amenazada cuando los poderes ejercen facultades no concedidas o las exorbitan, pues si hay algo que ha consagrado la Constitución, y no sin fervor, es la limitación del poder de gobierno", enfatizaron.Recordaron que el sistema republicano que establece tres poderes del Estado "no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado"."El exceso no puede ser justificado, ni siquiera, bajo la idea de la conveniencia de que por un mecanismo más eficaz se consigue el objetivo buscado, pues ello en modo alguno justifica la franca violación de la separación de poderes que supone la asunción, por parte de uno de ellos, de competencias que sin lugar a dudas corresponden a otros", remarcaron.Por eso decidieron "rechazar enérgicamente" todo acto que se aparte del ejercicio de las atribuciones que el orden institucional impone a cada poder del Estado, comunicar este pronunciamiento a la Corte y al Gobierno, a la Inspección General de Justicia y al Consejo de la Magistratura, donde los jueces habían sido denunciados.Los camaristas que firmaron este acuerdo extraordinario son María Elsa Uzal, Héctor Chomer, Matilde Ballerini, Alfredo Kölliker Frers, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Pablo Heredia, Gerardo G. Vassallo, Juan Garibotto, Miguel Bargalló, Ángel Sala, Hernán Monclá.Se excusaron Julia Villanueva y Eduardo Machín, firmantes de la sentencia ignorada por Nissen y no intervinieron Alejandra Noemí Tevez, Ernesto Luchelli y Rafael Barreiro.El origen del conflictoEl fallo que Nissen desconoció había sido firmado por los jueces de la Sala C de la Cámara en lo Comercial. La Justicia había dicho que esas resoluciones que obligan a la paridad de género en los directorios conllevan una "discriminación inversa" y que resultan un "avasallamiento de los derechos de los accionistas" de designar a administradores y fiscalizadores de su más absoluta confianza, sin que el género de esas personas deba ser un factor de decisión.El fallo había dado la razón a siete empresas del sector del transporte que objetaron las resoluciones 34 y 35 que la IGJ emitió el año pasado. Para los camaristas, tanto los objetivos buscados por la IGJ como los planteos de las empresas se centraban en el "concepto de igualdad constitucional y a su contracara: la prohibición de discriminar", que abordaron en su fallo.En ese sentido, Villanueva y Machín coincidieron en que "la igualdad frente a la ley o igualdad 'estática' o 'formal' debe entenderse complementada con un concepto dinámico de ella que apunte a la 'realidad' que es objeto de esa regulación legal", para de ese modo evitar lo que se denomina "la ficción de igualdad". Y señalaron que en todo caso es una tarea del Congreso legislar sobre el asunto.La reacción de Nissen, quien se desempeñó como apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en la firma Hotesur, también había sido duramente cuestionada por más de medio centenar de académicos de diferentes grados y especialidades, quienes acusaron a la IGJ de desconocer la división de poderes, el debido control de los actos de Gobierno que la Constitución la reconoce a la Justicia y de manejarse de manera autoritaria al insistir con medidas declaradas nulas en los estrados judiciales.

Fue condenado por violar a una nena por años, pero no irá preso por demoras en el proceso judicial

Ocurrió en Chubut. Como el dictado de la pena tardó mucho, el hombre quedará libre. Situación que podría mantenerse por varios años.

JJpD muestra su "preocupación" ante el "atentado a la inamovilidad judicial" en El Salvador

Expresa su apoyo a los jueces del país centroamericano tras la reforma de la Ley de Carrera JudicialMADRID, 8 Sep. 2021 (Europa Press) -La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante la situación judicial en El Salvador después de que la Asamblea Legislativa del país centroamericano aprobara una reforma de la Ley de Carrera Judicial que "supone la expulsión inmediata" de "un tercio de los jueces".En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación judicial ha asegurado que la reforma "constituye un atentado a la inamovilidad judicial", lo que considera un "elemento indispensable para una justicia independiente".Así, JJpD ha expresado su "apoyo a las juezas y jueces de la República de El Salvador" y ha recordado que su independencia "constituye la garantía fundamental del ejercicio su función jurisdiccional de forma objetiva e imparcial", así como de la "salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas frente a cualquier ataque, proceda de donde proceda".La asociación ha subrayado el hecho de que la reforma se haya adoptado "con dispensa de trámite y sin debate parlamentario", prescindiendo de las "vías legalmente establecidas para la remoción de miembros de la Carrera Judicial".Federación centroamericana de juecesEn este sentido, ha recordado que la reciente decisión adoptada en El Salvador se suma a otras anteriores y ha señalado, particularmente, la del pasado 1 de mayo, que supuso la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Plena. A su juicio, estas actuaciones contribuyen a "diluir la división de poderes fortaleciendo la concentración de poder en manos de la Presidencia de la República".JJpD ha apoyado el comunicado de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia del pasado 1 de septiembre de 2021 y ha llamado la atención a los operadores jurídicos españoles y europeos y a la comunidad internacional sobre lo que considera "un ataque a la democracia salvadoreña, contrario a la Constitución de la República y a las convenciones internacionales en materia de justicia y Derechos Humanos".

Padre de Britney Spears solicita fin de la tutela judicial

Los ángeles (ap) â?? el padre de britney spears presentó una solicitud el martes para poner fin a la curaduría que ha controlado la vida y el dinero de la cantante durante 13 años.James Spears entregó la solicitud en la Corte Superior de Los Ángeles."Tal como el señor Spears ha dicho una y otra vez, lo único que quiere es lo mejor para su hija", señala el documento. "Si la señorita Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede hacerse cargo de su propia vida, el señor Spears cree que ella debería tener esa oportunidad", añade.La jueza Brenda Penny, quien está a cargo del caso, debe aprobar la acción.De momento no había respuesta a un correo electrónico enviado al abogado de la cantante en busca de comentarios.James Spears había sido el blanco de gran parte de la molestia que rodea la curaduría, tanto por parte de su hija como del público.Una solicitud del abogado de Britney Spears para retirarle la tutela al padre iba a ser escuchada en la próxima audiencia del caso programada para el 29 de septiembre.James Spears señaló en un escrito del 12 de agosto que planeaba renunciar como el curador de sus finanzas, pero no ofreció un calendario. Cedió el control sobre las decisiones de vida de la cantante en 2019, manteniendo únicamente la supervisión de su dinero.En repetidas ocasiones ha señalado que no hay ninguna justificación para su destitución y que todas sus acciones han sido pensando en el bienestar de su hija.La tutela fue establecida en 2008, cuando Britney Spears empezó a tener problemas mentales muy públicos, en un momento en que los medios de comunicación estaban obsesionados con cada momento de su vida, las hordas de paparazzi la seguían agresivamente a todas partes y perdió la custodia de sus hijos.___Dalton está en Twitter como: https://twitter.com/andyjamesdalton

Estados Unidos retomó en Guantánamo el proceso judicial contra el presunto cerebro del 11-S

Las audiencias estuvieron suspendidas por la pandemia. Khalid Sheikh Mohammed podría ser condenado a muerte.

Mesa judicial: el presidente de la Corte juró ante la Justicia que no es amigo de Macri y que no habló de Cristóbal López

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, declaró bajo juramento como testigo ante la Justicia que no es amigo de Mauricio Macri, quien lo propuso para ese cargo, y aseguró que lo une una relación de amistad con sus allegados Fabián Rodríguez Simón y Mario Quintana. Aunque fue enfático al asegurar que nunca habló con ninguno de los exfuncionarios acusados de integrar la "mesa judicial" de Cambiemos sobre los problemas judiciales que atravesaba el empresario Cristóbal López y el Grupo Indalo.Rosenkrantz declaró ante la jueza María Servini, que investiga a Macri y a exfuncionarios de su entorno acusados de integrar una "mesa judicial" que presuntamente amenazó y buscó extorsionar a Cristóbal López, según denunció el empresario, para que apoyara al gobierno de Cambiemos desde C5N, o de lo contrario las empresas de Indalo iban a tener problemas económicos.Padrón Electoral 2021: dónde voto en las PASO y en las generalesLópez enfrenta un juicio oral que está finalizando, acusado de retener 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, dinero que utilizó para agigantar su grupo económico. Y su empresa Oil Combustibles fue declarada en quiebra.Servini realizó un peritaje sobre las llamadas telefónicas que efectuó y recibió Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Macri en temas judiciales y que ahora está en Uruguay a la espera de un juicio de extradición, pues la jueza pidió su captura luego de que no se presentara a indagatoria. Ese estudio determinó que existieron 59 contactos entre el juez de la Corte -la mayoría desde antes de que asumiera su cargo y algunas posteriores- con Rodríguez Simón.Pepín Rodríguez Simón, en Montevideo (Marcelo Zina/EGMFotos/)La hipótesis de la acusación es que en esas conversaciones se habló del Grupo Indalo, cuestión que Rosenkrantz negó de plano al responder por escrito el pliego de 14 preguntas que le planteó la jueza.Dijo Rosenkrantz que conoce a Rodríguez Simón desde hace 40 años y que sus familias son amigas, señaló que sus temas habituales de conversación eran sus asuntos familiares, sus lecturas y circunstancias que vivieron en común. Destacó que su amistad perdura aunque hace un tiempo que no tienen contacto.De Macri dijo que no es amigo. "Conocí a Mauricio Macri de manera circunstancial, estimo que que en el año 2011, cuando el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Andrés, en la época en que yo era rector, lo invitó a dar una charla", indicó. Recordó que lo saludó e intercambiaron palabras de cortesía. Luego, dijo que posiblemente en 2012 o 2013, participó de un almuerzo con académicos e intelectuales, alrededor de 25 o 30 personas, donde disertó Macri."No me une una relación de amistad alguna con Macri", reafirmó el juez de la Corte. Y dijo que no conoce personalmente ni tuvo contacto con ninguno de los otros imputados en el expediente donde se investiga a la "mesa judicial" de Cambiemos.Macri y Rosenkrantz, poco después de que el juez asumiera como presidente de la Corte (Silvana Colombo/)Sobre Mario Quintana, otro de los imputados, dijo que es amigo desde hace 20 años y su cliente desde hace 17 años, que atendió problemas de su empresa y que mantiene un vínculo que se extiende a sus familias.Con respecto a José Torello, también investigado en la causa, dijo que no es amigo, sino que lo conoció hace 25 años y tiene una relación social.Sostuvo el juez que solo supo de los asuntos del Grupo Indalo por los diarios o por las causas en las que le tocó intervenir como juez de la Corte. También afirmó que no habló con Pepín Rodríguez Simón de ningún asunto vinculado con Cristóbal López o su grupo ni antes del 14 de diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri propuso por decreto su nombre para la Corte, ni después de esa fecha.Asimismo, reafirmó que no tuvo ningún contacto con Macri ni personalmente ni por terceros entre el 25 de octubre y el 14 de diciembre de 2015, cuando se firmó el decreto. Dijo que fue Pepín Rodríguez Simón quien le comentó que Macri estaba considerando su nombre para integrar la Corte y que le preguntó si estaba dispuesto a aceptar el cargo.Fabián de Sousa y Cristóbal López denunciaron presiones del macrismoEn ese período dijo haber tenido contactos con Mario Quintana, por razones laborales y de amistad, pero ninguna vinculada con el caso de Indalo o Cristóbal López. Y declaró que si bien sabía que Pepín concurría a la Casa Rosada, no sabía que tuviera oficina allí y que acudiera con regularidad."Los únicos conflictos judiciales que conozco en los que estuvieron involucradas empresas del Grupo Indalo y/o los señores Carlos Fabián de Sousa o Cristóbal Manuel López son aquellos en los que intervine como ministro de la Corte. Nunca hablé ni intercambié información alguna, ni directa, ni indirectamente sobre el grupo Indalo y/o los señores Carlos Fabián de Sousa o Cristóbal Manuel López con las personas mencionadas en el pliego de preguntas [que son todos los funcionarios de Cambiemos imputados en el caso] que ahí respondo", afirmó López.El entrecruzamiento de las llamadas de Rodríguez Simón fue confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y abarcó desde enero de 2016 hasta fin de agosto de 2019. El análisis de contactos de Rodríguez Simón incluyó 10.738 llamadas.La jueza analizó si esas llamadas de Rodríguez Simón se corresponden con situaciones de amenazas y presiones que denunciaron los integrantes del grupo Indalo, Fabián de Sousa y Cristóbal López.La historia del Banco Provincial de Santa Fe: el fraude de 500 millones de dólares, una causa de 31 años y ningún imputadoTras ese análisis, la jueza llamó a indagatoria a Rodríguez Simón, que se encontraba en Uruguay. La jueza pidió su captura y el exasesor de Macri pidió asilo como refugiado. Pero Uruguay le negó esa posibilidad. Ahora deberá decidir la Justicia uruguaya si lo reconoce como refugiado o si avanza su proceso de extradición. Mientras tanto, Servini avanzó con la causa con otras indagatorias.Rosenkrantz está punto de cumplir su mandato como presidente de la Corte y esa elección interna se realizará después de las PASO. Los tres nombres en danza para ocupara el cargo de presidente son Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y el propio Rosenkrantz, que no da pistas de si se presenta o no a la reelección.

Fallo judicial definitivo: la marca Maradona queda para Matías Morla y las hermanas de Diego

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el pedido de los herederos.

Covid-19: AstraZeneca y UE anuncian acuerdo sobre vacunas que pone fin a litigio judicial

El vicepresidente de la unidad de negocios de AstraZeneca, Ruud Dobber, destacó que "nos permite avanzar y trabajar en colaboración con la Comisión Europea para ayudar a superar la pandemia".

Alemania: piden suspensión judicial de huelga de maquinistas

BERLÍN (AP) â?? La operadora ferroviaria alemana Deutsche Bahn solicitó el jueves una orden judicial de emergencia para frenar la huelga de varios maquinistas que ha interrumpido el tránsito en todo el país por tercera vez este verano.Deutsche Bahn considera que la última huelga del sindicato GDL es ilegal. La empresa señaló que ha incrementado su oferta en las negociaciones con los representantes sindicales y ahora propone un "bono por coronavirus" único de hasta 600 euros (700 dólares) a sus afiliados.Está previsto que el paro, que comenzó con los trenes de mercancías el miércoles y se amplió a los de pasajeros el jueves, finalice el 7 de septiembre.Si sigue adelante, afectará a muchos de los que regresan a casa tras las vacaciones estivales en dos estados del país.

Pacto con Irán: el show de las audiencias sigue sumando episodios al realismo mágico judicial

Aunque tiene la causa desde hace tres años, y las partes habían ofrecido pruebas y testigos, el TOF 8 sigue forzando el código procesal con el limbo de un "no juicio".

Más dudas en el caso del policía que compró una pala y desapareció: una escucha judicial desnuda las irregularidades en las pericias

Dos policías del área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad hablan de un informe paralelo entregado a sus superiores, diferente al que se presentó en la Justicia. "Para mí va a ser un arma de doble filo", dice uno de los interlocutores. La familia del policía desaparecido, Arshak Karhanyan, convocó a una marcha en Tribunales para este jueves

La reforma judicial y la toma de tierras en el Sur, ejes de un debate en el Colegio de Abogados de la Ciudad

El seminario también abordó la economía y el federalismo. Participaron diputados nacionales, juristas y especialistas de otros ámbitos que coincidieron en la necesidad de generar consensos.

Vicente López: se complica la situación judicial del abogado que arrolló y mató a un piloto de aviones

Santiago Mazzini, el abogado prófugo de la Justicia después de haber arrollado y matado con su camioneta a un piloto de aviones con el que había tenido una discusión de tránsito, recibió un nuevo revés en su estrategia defensiva. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó el rechazo al pedido de eximición de prisión, por lo que la orden de detención continúa vigente.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por los jueces Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela, integrantes de la Sala II de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.El abogado de Mazzini, Diego Szpigiel, había recurrido ante el tribunal de alzada después de que el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli rechazara el pedido de eximición de prisión. Los jueces Pitlevnik y Cayuela también deben resolver sobre la apelación a la orden de detención.La víctima de la acción de Mazzini, el piloto de aviones Julián Giménez, falleció la semana pasada, después de pelear por su vida durante 20 días."Fue un arrebato de ira que terminó en tragedia. Nada nos va a devolver a Julián. Él [por Mazzini], además de arruinar nuestra vida, se arruinó la suya. Tenemos el dolor de haber perdido el sol de nuestras vidas. Él [el prófugo] tiene su castigo personal. Tiene que presentarse ante la Justicia", había dicho al canal de noticias LN+ el padre de la víctima, Gustavo Giménez, el día en que velaron los restos de su hijo.La investigación del caso, que ocurrió el 4 de este mes en Florida, Vicente López, está a cargo del fiscal Martín Gómez. El funcionario imputó a Mazzini del delito de homicidio y pidió su detención, ordenada por el juez Rossignoli hace tres semanas.Murió Julián Giménez, el piloto de Aerolínea Argentinas que fue atropellado después de una discusión de tránsito cuando circulaba con una moto por el partido bonaerense de Vicente López (Instagram/)Para Szpigiel, su cliente no está prófugo. El abogado, además de apelar el rechazo a la eximición de prisión, recurrió la orden de detención que pesa sobre Mazzini. El letrado defensor sostiene que las presentaciones ante el tribunal de alzada son de carácter suspensivo de las medidas ordenadas."Si la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechaza las apelaciones presentadas se evaluará que es lo más conveniente para hacer", había dicho a LA NACION Szpigiel cuando se cumplieron dos semanas de que la Justicia ordenara la detención de Mazzini.ð??¨ P R Ó F U G O â??ï¸?â? ï¸?Santiago Tomás Mazzini es buscado por homicidio en grado de tentativa en la localidad de #VicenteLópez.â??ï¸? Si tenes información llamá al 911 pic.twitter.com/XKzRAiiht2â?? Personas Desaparecidas BA (@PerDesBsAs) August 11, 2021El hecho por el que está imputado el abogado Mazzini ocurrió el 4 de este mes, pocos minutos después de las 16, en la avenida San Martín y Juan B. Justo, en Florida, Vicente López."Todo indica que, tras una discusión entre ambos conductores, que se extendió por unas cuadras, en el cruce de la avenida San Martín y las vías del ferrocarril Mitre el motociclista rompió de un golpe el espejo retrovisor del lado del conductor de una camioneta Jeep Renegade. En ese momento, el imputado cambió la dirección de circulación y embistió a la moto. La pasó por arriba", explicó a LA NACION una fuente al tanto de la investigación.La víctima fue trasladada en grave estado al Hospital Municipal de Vicente López, Doctor Bernardo Houssay, y luego fue derivado a la Clínica Olivos, donde finalmente murió.El brutal hecho fue captado por una cámara de seguridad y presenciado por una mujer que caminaba por la zona; esa testigo usó un Punto Seguro (sistema de alerta y contención municipal) para comunicar el hecho a un operador, que dio aviso para enviar una ambulancia y personal policial al lugar.Primero llegó un móvil del Comando de Patrulla Municipal. "El motociclista le dijo al personal policial y municipal que llegó al lugar de los hechos que se sentía mal. Entonces, se llamó con urgencia a una ambulancia. El conductor de la camioneta sostuvo que había embestido a la moto después de que el joven le golpeara el espejo retrovisor", dijeron los informantes.La víctima fue trasladada de urgencia en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). "Las imágenes son contundentes. El conductor de la camioneta buscó atropellar a la víctima. Se dirigió directamente contra la moto", afirmó en su momento una fuente con acceso al expediente.

Fiesta en Olivos: Alberto Fernández busca cerrar un acuerdo judicial antes de las elecciones para evitar más costos políticos

Mientras la imagen pública del Gobierno cae y afecta la campaña proselitista, en la Casa Rosada apuestan a un trámite procesal express para lograr que el juez federal Casanello acepte la reparación económica ofrecida por el Presidente

Un nuevo fallo judicial ordena subir las jubilaciones para compensar el ajuste que hizo el Gobierno en 2020

La Cámara Federal de Mendoza resolvió ordenarle a la Anses que aumente el haber previsional de un jubilado, con el objetivo de evitar que los efectos del ajuste al bolsillo que se hizo el año pasado se perpetúen en el tiempo. En otras palabras: los jueces que analizaron la causa "Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajustes varios", resolvieron reconocer la validez de la suspensión de la movilidad durante el año pasado pero, a la vez, dispusieron que el ingreso mensual se incremente de tal manera que, a partir de los ingresos de enero de este año, lo que cobre la persona sea lo que le correspondería percibir en caso de haber seguido vigente la fórmula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 durante la gestión de Juntos por el Cambio.El conflicto tiene su origen en diciembre de 2019, cuando el Congreso aprobó, a pedido del presidente Alberto Fernández, la ley 27.541. Entre otros puntos, esa norma suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional que había estado vigente en 2018 y 2019. Esa suspensión fue, en principio, por un período de 180 días, pero luego se la prorrogó por decreto de necesidad y urgencia hasta el 31 de diciembre día de 2020. El 4 de enero de este año, en tanto, se puso en vigencia la ley 27.609, con una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.Mientras duró la suspensión, el Poder Ejecutivo decidió otorgar subas a las jubilaciones de manera discrecional, que resultaron, para todo 2020, de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos (el aumento más bajo le correspondió al haber máximo y el más alto, al mínimo). En caso de haberse aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados y pensionados habrían recibido un incremento de 42,1%. Así, mientras que el ingreso mínimo resultó en diciembre de 2020 de $19.035, habría llegado a $19.990 con la ley que se dejó en suspenso. Y el haber máximo, en tanto, habría sido de $146.454, en lugar de los $128.089 que efectivamente se pagaron en ese último mes de 2020 y también en enero y febrero de 2021.La política previsional decidida por el gobierno de Fernández provocó un ajuste para los bolsillos estimado en unos $100.000 millones solamente el año pasado; pero los efectos siguen durante este año y los siguientes, porque los porcentajes de subas que surgen de la nueva fórmula de movilidad se están aplicando sobre haberes más bajos, respecto de lo que serían en caso de no haber mediado la suspensión. Esto último es, justamente, lo cuestionado por los jueces.Según el fallo, cuya argumentación fue dada por el juez Manuel Alberto Pizarro y avalada por Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, es aceptable que durante el año pasado, mientras estaba declarada la situación de emergencia por la ley de diciembre de 2019, se pagaran esos montos, resultantes de aplicar porcentajes inferiores a los de la fórmula. Pero no fue evaluado como correcto, en cambio, que este año se siga convalidando el ajuste. Y, por eso, se entiende que desde enero último los ingresos mensuales de los jubilados deberían ser equivalentes en sus montos a los que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión de la fórmula anterior.Si se siguiera ese criterio, en septiembre próximo el haber mínimo llegaría a $27.223 y el máximo, a $199.442. En cambio, las cifras serán de $25.922 ($1301 menos) y de $174.433 ($25.009 menos), respectivamente. Quien cobraba $30.000 a principios del año pasado tendría un haber de $58.054 (en la práctica, cobrará $52.509) y quien percibía $50.000, uno de $96.756.(recibirá, en cambio, $85.883).Tal como se menciona en la sentencia dada por la justicia federal de Mendoza, la resolución que ella conlleva es muy similar a la dispuesta en junio pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca en la causa "Martínez, Eduardo Rubén c/ Anses s / Reajustes varios". Allí se le había ordenado a la Anses "integrar el haber previsional de diciembre de 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta".

"Si no hay premios y castigos en el Poder judicial, es muy poco lo que se puede hacer", dijo Gustavo Beliz

El Consejo Económico y Social, que preside Gustavo Beliz, trabaja en la elaboración de un código de ética para la magistratura, en medio de los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. También se comenzó a discutir un código de ética para la actividad de la construcción, reveló el propio funcionario, al participar en un encuentro virtual organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).Allí expuso, a través de videos, el senador nacional Esteban Bullrich, quien hizo un fuerte llamado a la unidad y a superar las divisiones. Faltaron a la cita los candidatos María Eugenia Vidal y Joaquín de la Torre, ambos de Juntos por el Cambio.Gerardo Morales volvió a criticar a Martín Lousteau por su acompañamiento a Facundo Manes, y salieron a cruzarlo"Si no existe una clara noción de premios y castigos en el Poder Judicial, es muy poco lo que se puede hacer", dijo Beliz, al justificar la definición de normas éticas para los jueces y fiscales que se discuten en el organismo, que reúne a empresarios, trabajadores y representantes del sistema académico y científico y de la sociedad civil.Cuando faltan dos semanas para las PASO del 12 de septiembre, Beliz reclamó "transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, sobre todo en estos tiempos de aportes digitales", al advertir que en estas modalidades los sistemas de control son más complejos.El ejemplo de Enrique ShawLa grieta, la corrupción y los caminos para encontrar diálogos entre el mundo empresario y la política fueron los temas centrales que surgieron en el encuentro de ACDE, cuyo tema convocante fue: "Diálogo empresario-político: camino hacia el bien común".La convocatoria para reflexionar sobre el rumbo del país se realizó con motivo de celebrarse el centenario del nacimiento de Enrique Shaw, el empresario argentino fundador de ACDE, que podría convertirse en el primer hombre de negocios en ser declarado santo por la Iglesia, al encontrarse avanzada la causa de beatificación en el Vaticano.Moderó el encuentro el directivo empresario Fernando Ambroa, quien presentó un diagnóstico sobre el diálogo en el escenario político y advirtió que hoy "la palabra está devaluada y se ve una falta de coherencia".Previamente, la señora Sara Critto de Eiras, nieta del fundador de ACDE, recordó que su abuelo consideraba que "el empresario debe trabajar por elevar y desarrollar a las personas, armonizando las decisiones con el bien común".En un video grabado, el senador Bullrich puso como ejemplo de vida la trayectoria de Shaw. Destacó su compromiso con el país, la humildad, generosidad y coherencia, y señaló que "esas virtudes faltan hoy en la dirigencia". Advirtió que, en general, "vamos todos a una discusión a ganar, no a ver cómo podemos ayudar, que es la única manera de saltar la grieta".El senador, que enfrenta con entereza una enfermedad neurológica, sostuvo que "una grieta es una decisión: Solo existe porque nosotros hablamos de ella". Y afirmó que "la paz es un objetivo de todos y debe ser una construcción de todos".El senador nacional Esteban Bullrich dijo que "la grieta solo existe porque nosotros hablamos de ella" (ACDE/)"Datos tóxicos"En su exposición, Beliz afirmó que "la Argentina está intoxicada, cargada de información tóxica" y planteó el desafío de "pasar de la simple acumulación de datos a la información, a la comunicación y a la comunión". Dijo que "esos datos tóxicos no siempre son información y mucho menos conducen a una adecuada comunicación".Frente a los signos de la grieta, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación pidió "no caer en la trampa permanente de la confrontación y el deseo de figurar". Y contrapuso ejemplos de una "adecuada construcción", como la formación del Consejo Económico y Social."El que rezonga continuamente no puede ser dirigente", resumió, con una cita de Enrique Shaw, y pidió que "por cada cinco minutos de hablar, haya veinte minutos de escuchar". Mencionó como avances la ley de economía del conocimiento y los acuerdos alcanzados en paz en las convenciones colectivas de trabajo, las cuales, apuntó, "no deben reducirse a la discusión salarial".La oposición acusó a Alberto Fernández de promover el "adoctrinamiento" en las aulas por su defensa a la docente militanteTras señalar que "la pandemia generó una concentración de riqueza escandalosa", afirmó que "los paraísos fiscales son infiernos sociales", al citar esta vez palabras del papa Francisco. Enseguida, aclaró que "eso no implica asfixiar a las pequeñas y medianas empresas".Beliz sostuvo, en ese sentido, que "la presión tributaria en la Argentina no es asfixiante, hay un problema de evasión, sobre todo de sectores concentrados"."Es posible cerrar la grieta. Requiere una actitud distinta y una atención en os problemas centrales. Nadie tiene la verdad revelada en la Argentina y nadie puede tirar la primera piedra. Se necesita coordinación, cooperación y que cada uno actúe con responsabilidad", expresó el funcionario.Cerró el encuentro el vicepresidente de ACDE, Ignacio Gorupicz, quien definió a Enrique Shaw como promotor de la cultura del encuentro. "Hay un futuro para nuestro país y solo podremos construirlo sobre la base del trabajo con mayúscula, registrado, productivo y de calidad", concluyó.

Los 10 puntos principales de la presentación judicial de Alberto Fernández por la foto en Olivos

Pese a las rimbombantes declaraciones de Dalbón, el Presidente no lo nombra como su abogado, sino que se representa a sí mismo. Insiste en que no hubo delito, aunque ofrece una compensación al Malbrán, difundiendo el monto de su sueldo "en mano". Leer más

El editorial de Luis Majul: "Nuevo giro judicial contra el Presidente"

En +Voces, su programa de LN+, Luis Majul se refirió al escándalo en torno a la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez durante la cuarentena estricta de 2020 y aseguró que "una nueva denuncia ante la Justicia Federal de San Isidro podría afectar la estrategia del presidente Alberto Fernández y sus principales funcionarios".Fue gerente de un shopping y una piña le cambió la vida: la intimidad jamás contada de El Mago sin dientes"(La denuncia) ingresó este lunes. El denunciante es un abogado llamado Leandro Jorge Vascello. Cayó en el juzgado Federal número uno de Sandra Arroyo Salgado. Allí, el letrado denuncia los hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre en el quincho de la Quinta presidencial de Olivos. Se trataba de un festejo de fin de año al que asistieron más de 70 personas", comenzó Majul.Y siguió: "El doctor Vascello no solo denunció al Presidente. También denunció al jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el ministro del interior, Eduardo Wado de Pedro; el secretario General de la presidencia, Julio Vitobello, entre otros"."En ese momento, regía el DISPO (distanciamiento social preventivo obligatorio). Inmediatamente después de recibir la denuncia, el fiscal federal de san isidro, Federico José Iuspa envió una nueva certificación a su colega de Comodoro Py, Ramiro González. Así, no solo mostró su intención de quedarse con toda la causa, sino también corroboró un dato esencial: que, a pesar de las versiones publicadas en los medios, nadie presentó, ante Ramiro González ninguna denuncia sobre hechos sucedidos en el ámbito de la Ciudad. Por ejemplo: una denuncia sobre ingresos y egresos en la casa rosada", señaló Majul.Realeza: el audaz vestido que arruinó la historia de amor entre un príncipe y una plebeyaY explicó: "Es decir: cada vez parece más claro que los sucesos a los que Alberto quiere dar por terminados de una vez, deberían ser investigados, como sostiene el articulo 36 del código de procedimientos, en el ámbito físico y geográfico donde tuvieron lugar. Es decir: en la quinta de olivos, donde tiene jurisdicción de Justicia Federal de San Isidro".Acto seguido, señaló que "una parte de los funcionarios de la justicia federal de San Isidro están indignados porque se sienten víctimas de lo que entienden como una clara maniobra de forum shoping". "Es mas: algunos de ellos se preguntan por qué la denuncia contra Alberto Fernández, Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet, su hijo Jerónimo, Wado de Pedro y Daniel Llermanos, a pesar de haber sido presentada ante la justicia federal de Comodoro Py de inmediato pasó a la de San Isidro y fue desestimada sin demoras y de manera silenciosa por el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli", retrató y sumó: "Allí sospechan también que hubo un manejo de la política para sacarles a Alberto y Moyano el pesado problema de encima".Más adelante, señaló que "sobre la última denuncia que acabamos de informar, falta la decisión final del fiscal Iuspa". "Fuentes seguras dijeron que Iuspa podría resolver la cuestión en horas y pedir de manera oficial toda la causa, lo que caería como un balde de agua fría no solo en el Presidente sino en los funcionarios y dirigentes denunciados", apuntaló Majul."Al mismo tiempo, desde la fiscalía de Ramiro González, en Comodoro Py, se insiste en que el funcionario podría imputar al Presidente si no se presenta a declarar en las próximas horas", concluyó.

Veedor judicial reconoció asfixia a AECSA y así se favorecía Rappallini

Roberto Pons testificó en el juicio Oil Combustibles y dejó el descubierto la comisión de delito del macrismo contra Indalo. Aseguró que la concesionaria de la autopista Ezeiza-Cañuelas hubiera "tenido un flujo positivo" si el gobierno de Macri no le bloqueaba aumento de la tarifa del peaje.

Un nuevo intento de intromisión al Poder Judicial

Recientemente fue presentado en la Cámara de Diputados de La Nación un proyecto de ley que propone eliminar la facultad que actualmente tienen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elegir mediante sus votos a quien debe presidirla.El contenido de dicho proyecto resulta inaceptable desde el punto de vista Constitucional por cuanto importa una intromisión del Congreso de la Nación en el ámbito de las facultades que son exclusivas del Supremo Tribunal, cabeza del Poder Judicial de la Nación.El artículo 113 de nuestra Constitución es claro al respecto: "La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados."En el marco del referido precepto de nuestra Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el Reglamento para la Justicia Nacional mediante la Acordada de fecha 17 de diciembre de 1952.En el artículo 79 del referido Reglamento, se estableció que el presidente de la Corte debe ser elegido por la mayoría absoluta de votos de los ministros del Tribunal y que la duración en el cargo es de tres años.El proyecto de ley aquí cuestionado pretende privar a la Corte Suprema de ejercer una facultad que le es propia, como lo es la de reglamentar el modo de elegir a su propio presidente. Muy por el contrario, esta iniciativa propone que sea el propio Congreso de la Nación quien ejerza dicha potestad mediante la modificación del artículo 21 de un decreto ley de 1958, que nada decía con relación al asunto en cuestión.Concretamente, de aprobarse el proyecto aquí cuestionado, el presidente de la Corte será designado en orden de precedencia por antigüedad en el cargo y no mediante el voto libre de sus miembros, como se venía realizando hasta el presente.En primer lugar, cabe señalar que la reforma propuesta pone en evidencia una dudosa desconfianza en el criterio y prudencia que los ministros de la Corte Suprema de la Nación puedan tener a los efectos de elegir a quien ellos consideren que reúne las condiciones adecuadas para presidir dicho Tribunal en un momento determinado.En segundo término, deben ponerse de manifiesto las disvaliosas implicancias institucionales del contenido y espíritu del presente proyecto:Atenta contra el principio republicano de división de poderes invadiendo el ámbito específico de la Corte;Incurre en una regresión contraria al principio de progresividad, en lo que a la independencia del Poder Judicial se refiere yDebilita la confianza en nuestra calidad institucionalidad, la cual resulta clave a los efectos de atraer inversiones para generar más puestos de trabajo.Tales circunstancias nos obligan una vez más a poner el mayor de nuestros esfuerzos a los efectos de recordar que nuestra Constitución Nacional adoptó para su gobierno la forma "representativa republicana federal".Cuando hablamos de República hacemos referencia a la necesaria división e independencia de los distintos poderes del Estado y muy especialmente del Poder Judicial y del Ministerio Público, como garantes del estricto respeto de los derechos y garantías enunciados en nuestra Constitución Nacional.En cuanto a la conveniencia de dividir los poderes, cabe recordar a Madison cuando en una carta publicada el 1 de febrero de 1788 -El Federalista XLVIII-, sostenía que resulta evidente que ninguno de los tres departamentos debe poseer directa o indirectamente una influencia preponderante sobre los otros, en lo que se refiere a la administración de sus propios poderes. A renglón seguido, advertía que no podía negarse que el poder tiende a extenderse y que se le debe refrenar eficazmente para que no pase los límites que se le asignen.Con relación a la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial, siempre resulta oportuno recordar a Hamilton, cuando en esa misma época señalaba que el Poder Judicial es el más débil de los tres poderes y que en razón de tal circunstancia eran "precisas toda suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquellos" -El Federalista LXXVIII-.La advertencia de Hamilton mantiene plena vigencia en la actualidad, por cuanto a lo largo de nuestra historia el Poder Judicial y la Corte Suprema sufrieron innumerables intentos de ser limitados y/o restringidos en su independencia.No es propósito del presente artículo hacer una enumeración exhaustiva de tales circunstancias por cuanto excedería el objeto del presente, pero sí poner énfasis en la imperiosa necesidad de hacer el máximo de nuestros esfuerzos a fin de garantizar la existencia de un Poder Judicial independiente y eficaz.Tal exigencia es imprescindible por cuanto la función del Poder Judicial es esencial para el funcionamiento de nuestro sistema de Gobierno. Nuestros jueces no solo aplican la ley en el caso concreto, sino que además tienen el deber de garantizar que se respeten todos los principios y derechos enunciados en nuestra Constitución Nacional.Es por tal motivo que en la reforma Constitucional de 1994 se creó el Consejo de la Magistratura. Conforme lo señaló Bidart Campos, el objetivo perseguido por el constituyente era el de amortiguar la influencia político partidaria en los procesos de nombramientos y destitución de los jueces.A tales efectos, en el segundo párrafo del artículo 114 de la Constitución se estableció que el Consejo debía estar "integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley."Lamentablemente, el propósito del constituyente no pudo lograrse debido a que el Congreso de la Nación rompió el equilibrio en la integración del Consejo y lo dejó en manos de la política partidaria mediante la sanción de la ley 26.080.Debemos recordar que dicha ley fue declarada inconstitucional por una Cámara del Fuero en lo Contencioso Administrativo en 2015 y todavía está pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Tal circunstancia debilitó el principio de independencia de los jueces y resulta imperioso que la Corte Suprema confirme el fallo de primera instancia atento la inconstitucionalidad de la ley 26.080.Al igual que lo acontecido con la citada ley 26.080, el proyecto aquí cuestionado, presentado por el diputado nacional Emiliano Benjamín Yacobitti, en coautoría con su par Cristian Adrián Ritondo, no respeta lo establecido por la Constitución Nacional. En lugar de apuntalar la independencia del Poder Judicial, lo debilita y no respeta los principios republicanos. Es por tal circunstancia que dicho proyecto debe ser retirado del Congreso.La República se defiende con hechos concretos más que con discursos de barricada. De nuestros representantes necesitamos hechos, no palabras.* El autor es abogado

El Colegio de Abogados de CABA rechazó la intervención de la IGJ en una polémica decisión judicial

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto las Resoluciones Generales IGJ N°34/2020 y N° 35/2020, que implicaban la obligatoriedad de paridad de género en los órganos de gobierno y fiscalización de las sociedades comerciales, estatales y fundaciones. Se dio en el marco de un reclamo efectuado por una empresa de transporte, que alegaba que la medida de la IGJ iba en contra del derecho a la igualdad y de la no discriminación por motivos de género.El 12 de agosto, tras un proceso judicial, la Cámara falló a favor de la denunciante, dejando sin efecto las resoluciones de la IGJ para ese caso particular. Cinco días después, la IGJ, a cargo de Ricardo Nissen, abogado de la familia Kirchner, publicó en el boletín oficial la Resolución General 12/2021 12 con la intención de reafirmar la vigencia de las decisiones que la Cámara había rechazado.El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado rechazando esta medida administrativa por tratarse de un avance contra la independencia del poder judicial.El Gobierno se apronta a prorrogar el cepo a la exportación de carne"Ni la posición personal del Inspector General sobre esos asuntos, ni su intención de defender o reivindicar la competencia del organismo en materia de paridad de género (o en cualquier otra) justifican la emisión de esta inusual resolución en la que se desafía la autoridad del tribunal al ratificar "la plena vigencia de todo lo dispuesto" en las resoluciones administrativas que la sentencia dejó sin efecto", dijeron desde la entidad.El Colegio y otras organizaciones argumentan que la disconformidad con el contenido de un fallo no puede justificar la intromisión del poder ejecutivo en materia judicial. En el comunicado reafirmaron la importancia de asegurar el funcionamiento del sistema republicano y de no minimizar la conducta de interferencia de la IGJ.

El Presidente define su estrategia judicial y no se descarta buscar una conciliación

El presidente Alberto Fernández define su estrategia y evalúa asumir la responsabilidad judicial por el incumplimiento de la cuarentena en la quinta presidencial de Olivos durante los festejos por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto.Si bien considera que "por razones técnicas y jurídicas" no cometió un delito, según adelantó su abogado Gregorio Dalbón, el Presidente "insiste no solo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia".El defensor de una de las participantes del cumpleaños de Fabiola Yáñez denuncia "operaciones"En este punto, la estrategia que se analiza es la de buscar una conciliación, como se resolvió el caso de Luca Singerman, que regresó a la Argentina proveniente de Uruguay por barco con Covid-19 positivo y dejó en cuarentena a 400 pasajeros. Para cerrar la causa, el joven acordó un pago de 500.000 pesos para el Hospital de Niños.La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020El tema aún se encuentra en debate. Es que en la Casa Rosada algunos creen que el Presidente no infringió el artículo 205 del Código Penal, que establece que será penado "el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".El encargado de presentar los argumentos fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado. Yo creo que no fue un delito", dijo ayer el ministro coordinador.En ese sentido, el fiscal González desestimó una denuncia contra Facundo Moyano por realizar una reunión social en junio de 2020 cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El funcionario judicial interpretó que como no había pruebas de que alguno estuviera contagiado, no existió peligro en el caso concreto y el hecho "no afectó gravemente el interés público".La torta del cumpleaños de 39 de Fabiola Yañez llamó la atención de los usuarios en las fotos que se viralizaron del festejo en la quinta de Olivos del 14 de julio de 2020, en plena cuarentena estricta (Twitter / @gonziver/)Lo cierto es que hasta el momento Alberto Fernández no se presentó en la causa. El mandatario aguarda que el fiscal federal Ramiro González decida imputarlo o citarlo a indagatoria por el incumplimiento de la cuarentena.Charla con el Presidente"Estuvimos charlando con el Presidente el sábado y encontramos situaciones que tienen que ver por lo ya pensado por el fiscal de turno", adelantó Gregorio Dalbón en el programa La Inmensa Minoría. Y agregó que la celebración del cumpleaños de la primera dama "le va a traer consecuencias" al jefe del Estado."Cualquier situación en donde vos cometés un acto que no debiste haber cometido y que tiene una connotación en una causa penal, tiene consecuencias", precisó el abogado, que ya representa el Presidente en la denuncia contra Patricia Bullrich por daños y perjuicios, luego de que la titular de Pro sugirió que hubo pedidos de retornos a la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas.Cristina Kirchner junto a su abogado, Gregorio Dalbón"Me senté con él y le dije que la salida para hacer esto es afrontar las consecuencias de su actuar. Yo quiero realmente que sea un presidente diferente, quiero que Alberto Fernández se haga cargo de esta causa", confió Dalbón, que habló de "salidas alternativas" que "a la larga o la corta", terminarán con el sobreseimiento de Fernández.Mientras ajusta la táctica jurídica, hoy el gobierno nacional presentó un informe sobre los ingresos a la residencia oficial. La información la presentó la Casa Militar, que depende de la Presidencia de la Nación, más precisamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, uno de los incondicionales del jefe del Estado.El Gobierno espera para esta semana el contrato final con Pfizer por 20 millones de vacunasNo está claro, no obstante, que González y el juez Sebastián Casanello -que le delegó la causa al fiscal- vayan a quedarse con el expediente. Como ya informó LA NACION, el último viernes González le envió al fiscal de San Isidro Federico Iuspa la "certificación" de la causa. Iuspa se la había pedido para saber formalmente qué se investiga en Comodoro Py, porque en San Isidro tienen una denuncia similar. La regla es que lleve el caso el juez del lugar donde se cometió el presunto delito y a Olivos le corresponde San Isidro. Así, la causa podría caer en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Fiesta en Olivos: la investigación judicial podría continuar en los tribunales de San Isidro

El fiscal federal de ese distrito, Federico Iuspa, pidió a su colega porteño Ramiro González datos sobre la causa que tramita en Comodoro Py, y podría pedir su incompetencia.

Johnny rotten de los sex pistols pierde batalla judicial por uso de canciones en programa de tv

LONDRES, 23 ago (Reuters) - El exlíder de los Sex Pistols, John Lydon, perdió el lunes su batalla legal para evitar que otros miembros utilicen su música en una serie de televisión planeada sobre el ascenso de la banda de punk rock que conmocionó a Reino Unido y al mundo en la década de 1970.Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que Lydon, que actuaba en la banda como Johnny Rotten, podía ser superado por otros antiguos miembros de la banda según los términos de un acuerdo que alcanzaron en 1998.El guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook presentaron el caso para obligar a Lydon, de 65 años, a permitir que las canciones grabadas por la banda se utilizaran en la serie. El programa está basado en las memorias de Jones y está dirigida por Danny Boyle, cuyas películas incluyen "Slumdog Millionaire" y "Trainspotting".El juez rechazó las afirmaciones del abogado de Lydon que el voto mayoritario había reducido al cantante a "una especie de estado servil" y dijo que en realidad era "relativamente claro".La serie llamada "Pistol", que está siendo realizada por Disney, está programada para emitirse el próximo año.Lydon declaró a The Sunday Times en abril que había sido excluido del proyecto y dijo: "Si me pones en un rincón como una rata, voy a ir a por tu garganta. Aquí me enfrento a unas corporaciones que sólo quieren tomar el control". (Reporte de William Schomberg; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Rufino cobró abultado honorario pese al revés judicial para Argentina en Nueva York

El abogado amigo del prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón llevó adelante la estrategia judicial en la causa por la reestatización de YPF. Además, jugó un rol clave en la quiebra de Oil Combustibles.

La Corte Suprema dispuso el regreso de la presencialidad en el Poder Judicial a partir del 1 de septiembre

La medida alcanza a todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial mayores de 60 años que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Leer más

A partir del 1 de septiembre, el Poder Judicial volverá a la presencialidad

Lo resolvió la Corte Suprema en una acordada. Aplica para la justicia federal y nacional

Fiesta en Olivos: el antecedente judicial que podría beneficiar a Alberto Fernández

El mismo fiscal que tiene la causa sobreseyó a Facundo Moyano por una fiesta que hizo en su domicilio de Puerto Madero. Cómo fue el caso y con qué argumentos se cerró el expediente

Covid-19 y la reforma tecnológica en el Poder Judicial

Hay que pensar en la justicia 4.0 sin presentarla como la panacea de la evolución, pero quitándonos de encima los miedos y desconfianzas sobre el avance digital. Leer más

J'Accuse: Roman Polanski acude a la precisión quirúrgica para retratar un escandaloso proceso judicial

J'Accuse (Francia, 2019). Dirección: Roman Polanski. Guion: Robert Harris y Roman Polanski, basados en la novela de Robert Harris. Fotografía: Pawel Edelman. Edición: Hervé de Luze. Música: Alexandre Desplat. Elenco: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre, Melvil Poupaud, Mathieu Amalric, Laurent Stocker, Eric Ruf, Vincent Pérez, Michel Vuillermoz. Distribuidora: CDI Films. Duración: 131 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: excelente.El 13 de enero de 1898, el diario L'Aurore publicó en su portada una carta abierta al presidente de Francia titulada "J'Accuse" ("Yo acuso"), que con la firma de Emile Zola revelaba el escándalo que rodeaba al caso Dreyfus, con la destitución y el destierro de un capitán del ejército francés tras una acusación de espionaje que escondía una persecución por antisemitismo.Sin esta sucinta explicación, quienes desconozcan el acceso de la opinión pública a cómo el capitán Alfred Dreyfus fue injustamente despojado de su condición militar y encarcelado en la Isla del Diablo seguramente no podrán establecer en toda su dimensión la importancia que la denuncia de Zola tuvo para la historia de Occidente y para el futuro rol de la prensa. Porque J'Accuse la película, en la mirada del experimentado y polémico realizador Roman Polanski, no centra su objetivo en la figura de Zola, sino en la reconstrucción con fino detalle de todo el proceso judicial que, impregnado de corrupción, soportó el acusado entre 1894 y 1906. Es decir, Dreyfus como auténtico protagonista del caso, aunque no del film.Al rol encarnado por Louis Garrel como el militar caído en desgracia se le contrapone aquí el que delinea Jean Dujardin como el teniente coronel Georges Picquart, quien asume un reemplazo en el servicio secreto y descubre, junto a los vicios que exhibía esa oficina de inteligencia militar, un error de procedimiento que escondía otras intenciones.Aún frente a la excelencia con la cual Polanski acomete la realización de su ¿última? película debe advertirse que J'Accuse es una relato que necesita tiempo y cierta colaboración del espectador para que todo el entramado de la historia (ajustada al complejo caso real), sea plenamente abarcable a partir de la segunda mitad del film. Cuenta para ello con un equipo técnico donde se destaca una fotografía sólo disfrutable en la gran pantalla y un sólido elenco con los nombres más importantes del cine francés contemporáneo. La dirección de arte recrea al milímetro las tapas de Le Petit Journal que ilustraron el caso; y así la historia de J'Accuse (más allá de las analogías sobre el propio Polanski, como se sabe, con una condena judicial y terribles acusaciones sobre sus hombros), es abordada reflexivamente y sin emoción pero con precisión quirúrgica, demostrando que permanece inalterable y vigente en su alegato frente al deterioro institucional.

Alberto Fernández: "Macri despreció la educación y la salud y armó una mesa judicial para perseguir opositores"

El Presidente junto a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof en La Plata dio un duro discurso criticando la gestión anterior. Además, habló de las medidas de su gobierno para luchar contra la pandemia. Leer más

Índice de Paridad Política: las mayores desigualdades se dan en los partidos y el Poder Judicial

Es la conclusión de un informe del PNUD, ONU Mujeres e IDEA. El Ejecutivo y el Legislativo son los que más se acercan a la paridad.

Cristina Kirchner: "¿De qué república hablan quienes crearon una mesa judicial? ¡República de morondanga!"

La vicepresidenta denunció la "cacería de opositores" que se hizo durante el anterior gobierno, "en complicidad con jueces" y a través de "mesas judiciales", y se preguntó dónde estaba la oposición cuando se "perseguía y encarcelaba a opositores sin juicio". Leer más

Fabiola Yáñez se presentó en la causa judicial por su festejo en Olivos

La primera dama designó abogados en el expediente que se tramita en Comodoro Py por la violación de la cuarentena estricta durante su cumpleaños en julio de 2020. Leer más

Fiesta en Olivos: Fabiola Yáñez se presentó en la causa judicial

La Primera Dama designó abogados en la expediente judicial que tramita en Comodoro Py. Lo mismo hicieron otras siete personas que están en la foto del escándalo