sociales
Urtasun inaugura el Archivo Histórico de Movimientos Sociales en Alcalá (Madrid)
Derechos Sociales prepara una macroencuesta sobre violencias machistas y discapacidad
Los movimientos sociales marchan hacia la quinta presidencial de Olivos en reclamo de alimentos para los comedores
En una semana de alta conflictividad, los movimientos sociales retomaron hoy la protesta y se movilizan a la quinta presidencial de Olivos en reclamo por alimentos para los comedores comunitarios y en rechazo a la reestructuración del plan Potenciar Trabajo que instrumentó el gobierno de Javier Milei.La jornada, impulsada por un amplio grupo de organizaciones, entre las cuales se encuentra el Polo Obrero, encabezado por Eduardo Belliboni, Libres del Sur y el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), comenzó pasadas las 10 de la mañana, cuando la columna principal comenzó su marcha hacia la residencia presidencial, epicentro de la movilizavión, desde avenida Maipu y Zufriategui, partido de Vicente López. Habrá réplicas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, pero ninguna en la Capital Federal. Así, los grupos piqueteros buscan eludir la intervención de la Policia de la Ciudad, apegada al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."Denunciamos el desguace del Programa Potenciar Trabajo, y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector, y el congelamiento de los montos del sector", indicaron las agrupaciones sociales en un comunicado previo a movilización. "La señora (ministra de Sandra) Pettovello, que jamás recibió a las organizaciones sociales, dice que el 50 % de los comedores no existe. Bien ¿Por qué, si fuera cierto, no entrega la comida al 50 % que sí existe según ella misma dice ?", apuntó la Unidad Piquetera, un bloque de organizaciones más combativas, en otro comunicado. "Es sencillamente una mentirosa", cerraba."Van cinco meses de abandono del gobierno de Milei a los comedores populares. Siguen sin designar funcionarios que se hagan cargo de dar respuestas. Estamos frente a un desgobierno que ejecuta un genocidio económico. Esta vez, vamos a exigir una respuesta a donde viven Milei y Pettovello. Vamos a hacer un piquete en la quinta de Olivos", indicó Matías Gayol, uno de los dirigentes del bloque piquetero.Noticia en desarrollo
Protesta piquetera contra Milei: organizaciones sociales cortarán rutas de todo el país y marcharán a Olivos
La principal manifestación es coordinada por el Frente de Organizaciones en Lucha y comenzará a las 10.Reclaman por la eliminación de los programas de empleo.
Illa (PSC) anuncia un plan para que vuelvan sedes sociales de empresas a Cataluña "sin amenazas"
Presentan un proyecto para reutilizar con fines sociales los bienes decomisados de actividades delictivas
Con la presencia de legisladores de distintos bloques políticos, un grupo de organismos no gubernamentales presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitiría preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados provenientes de actividades delictivas complejas para destinarlos a fines sociales.El proyecto, denominado "Bien Restituido", fue elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e impulsado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina.Los apellidos políticos detrás de los registros automotorEn concreto, la iniciativa propone que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial; se estima que los activos que tiene está en sus manos ascienden a los $100.000 millones. Sin embargo, según advierten los impulsores de la iniciativa, el sistema está funcionando de manera deficiente, ya que dichos activos, en su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico.Para revertir esta situación, los impulsores del proyecto insisten en la necesidad de instrumentar cambios en la actuación del sistema judicial. Admiten que no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales, al tiempo que advierten que la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron, además de las referidas organizaciones, jueces y fiscales y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.Durante la presentación del proyecto, que tiene como principal impulsor al juez federal Sebastián Casanello, estuvieron presentes los diputados Margarita Stolbizer (GEN), Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria); Pamela Calletti (Innovación Federal) y Esteban Paulon (Socialismo), entre otros. Allí se detallaron los principales puntos de la iniciativa que, en líneas generales propone, además de aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado, transparentar la cantidad y la gestión de esos activos. Dicha administración debería estar a cargo de una agencia autosustentada y especializada a tal efecto, reza el proyecto."Esta ley permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella", exaltan los impulsores de la iniciativa.
La Justicia procesó a una banda por una estafa millonaria: conseguían planes sociales a beneficiarios y les cobraban la mitad
Tres hombres fueron procesados por formar una asociación ilícita entre 2017 y 2019.Los detectaron como a Chocolate: sacaban plata de los cajeros con varias tarjetas a la vez.
Agarrón entre Petro y pequeños industriales por escándalo de Ungrd y reformas sociales: "Este gobierno no ha comprado ni comprará congresistas"
El presidente de Acopi manifestó en un video publicado en redes sociales que pedirá que no se tramiten las reformas pretendidas por el Gobierno nacional, luego de conocerse el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Trabajo y agentes sociales ultiman el acuerdo para la reforma del subsidio de desempleo
Cayó otra banda que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero de los beneficiarios
Todo comenzó de una situación similar al inicio del expediente que descubrió una millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense, donde una organización delictiva cobraba el sueldo de supuestos "ñoquis": dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. El horario de las extracciones y la cantidad de operaciones llamó la atención de un policía que recorría la zona para prevenir delitos y derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios.Así surge de un expediente judicial donde en las últimas horas la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola procesó a tres sospechosos de integrar la organización ilícita que con la operatoria se habría beneficiado con 3.000.000 de pesos."Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y luego, obtenido el ingreso, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera", sostuvo la jueza Provítola en su reciente resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás."Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad", según el expediente judicial.Al acercarse a los sospechosos, el uniformado advirtió que en el cajero automático se podía leer: "bienvenida Alejandra Claudia A." y en poder de uno de los hombres secuestró seis tarjetas "las cuales poseían inscripto con marcador indeleble un número de cuatro cifras".Pocas horas después, la jueza Provítola ordenó allanar los domicilios de los sospechosos donde se secuestraron elementos de importancia para la causa, como "una nota manuscrita que decía 'MAXI TOTAL 156.000â?², una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación". Una de las anotaciones estaba encabezada con la leyenda "para compartir" y tenía varios nombres de supuestos beneficiarios de planes sociales.Fuentes judiciales informaron a LA NACION que los tres sospechosos procesados serían "punteros políticos" o "referentes sociales" en barrios del conurbano.Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la jueza Provítola procesó a dos de los imputados como coautores del delito de "defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades"."Con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa. Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes", según la citada publicación.Y se agregó: "Los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas Argentina Trabaja, después llamado Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos".En la reciente resolución, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de tres sospechosos como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de "defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión".Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica.La magistrada también trabó un embargo sobre los tres hombres procesados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.
"Chocolates planeros": detienen por asociación ilícita a tres dirigentes que ofrecían planes sociales y se quedaban con la mitad del dinero
Como en el caso de Chocolate Rigau, en La Plata, todo comenzó con un policía que detectó a personas sacando dinero con varias tarjetas en un cajero automático. Se estima que se habrían beneficiado con las suma de $3.000.000. Buscan saber quiénes más formaron parte de la organización criminal
Procesan y encarcelan a tres "chocolates" de sur del GBA que cobraban comisiones por planes sociales
La jueza Alejandra Provítola los procesó como miembros de una asociación ilícita que extorsionaba a por lo menos 20 personas carenciadas para sacarles una comisión de sus planes sociales. Fueron detenidos mientras operaban un cajero automático en la CABA.
Maíllo apuesta por una IU "plural" y "vinculada con alianzas sociales y políticas" que "no se mire a sí misma"
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "Entre víctimas y verdugos debe haber justicia, no la falsa concordia de PP y Vox"
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 visita Mauthausen con motivo del aniversario de la liberación del campo de concentración nazi, donde estuvieron presos miles de españoles durante la II Guerra Mundial
Un intendente de Corrientes fue condenado por el reparto de planes sociales a personas que nunca cobraron el beneficio
Se trata de Diego Caram, jefe comunal de Mercedes. Lo hallaron culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación y sustracción de documentos públicos. También fueron condenados otros cinco funcionarios
Sumar exige explicaciones a Interior ante informaciones de otro caso de infiltración policial en colectivos sociales
Volver al Trabajo: cómo es el nuevo programa de planes sociales
En ese marco, los extitulares del Potenciar Trabajo continuarán cobrando sin interrupciones, dado que el traspaso es automático. No es necesario hacer trámites y nadie puede dar de baja el plan por el traspaso. Leer más
Los comunes piden a Defensa ceder a ayuntamientos sus propiedades en la Costa Brava para destinarlas a fines sociales
El debate sobre las sedes sociales se reaviva en Cataluña, pero sin indicios de cambios
Movimientos sociales que marcharon con la CGT criticaron al Gobierno y piqueteros desafiaron el protocolo policial
En marchas separadas, un sector de las organizaciones barriales participó de la movilización por el día del trabajador junto a la central obrera, mientras que partidos de izquierda la criticaron