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Incorporan a Renovación Popular en investigación por lavado de activos

Poder Judicial ordenó que indaguen al grupo político por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht.

Los dichos de Milei sobre el blanqueo encendieron las alarmas en el GAFI, que evalúa a la Argentina en su lucha contra el lavado de dinero

Mientras la Argentina rinde su prueba ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de caer nuevamente en la lista gris, el Gobierno impulsó, como parte del paquete fiscal, un blanqueo de capitales. Al momento de defender esa iniciativa, Javier Milei dijo en una entrevista, dos semanas atrás, que "le importa un rábano" de dónde provengan los dólares.Los dichos del Presidente encendieron alarmas en el GAFI, según reconstruyó LA NACIÓN de altas fuentes, donde observan con minuciosidad los instrumentos y la voluntad que tiene la dirigencia argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El sistema político busca evitar que la Argentina caiga en la denominada "zona gris" de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo.El nuevo blanqueo está delineado en el título 2 de la ley enviada por el Gobierno al Congreso bajo el título "Régimen de Regularización de Activos". En la iniciativa oficial, tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Y se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin ninguna penalidad. Por encima de esa cifra, la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones (como tener inmobilizados los fondos por un período) y, si no, irá del 5% en adelante. Es un blanqueo más económico que el impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, en el que la alícuota era del 10%.En su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni buscó aclararlos. "Con respecto al tema del blanqueo, del porqué y de los montos, y lo que quiso plantear el presidente -y es la línea que vamos a seguir siempre- es, porque si tenés dinero que en algún momento, por diferentes circunstancias que en su mayoría de las veces ha sido por escaparte de las garras de la política y de la presión impositiva y del cambio de reglas de juego permanentes que hay en Argentina, ¿por qué vamos a seguir castigándote por haber tratado de proteger tu patrimonio?", dijo. Aunque Milei dijo que para él determinadas cosas "no son delito", desde la Casa Rosada buscaron aclarar que se refería al dinero que no pagó impuestos para "resguardar la propiedad privada" y no a delitos como el narcotráfico o la trataPatricia Bullrich también buscó relativizar los riesgos de habilitar un nuevo blanqueo y, en su viaje a Estados Unidos, debió ratificar que el país tendrá "todos los mecanismos de cuidado de blanqueo de dinero que provenga de organizaciones que utilizan la Triple Frontera o la vía del narcotráfico". El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, también viajó a Washington en las últimas horas para participar de la Spring Week del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde, según supo LA NACION, explicó el proyecto a las autoridades estadounidenses.Los sinceramientos fiscales no suelen ser bien percibidos en las mesas de evaluación del GAFI, dado que en esos regímenes los controles sobre el origen de los fondos a declarar tienden a relajarse. Una fuente oficial consultada por LA NACION dijo que el proyecto fue puesto en conocimiento de las autoridades del GAFI antes de ser presentado al Congreso, con la intención de evitar que la Argentina sea observada por la iniciativa. El GAFI exige que la Argentina tenga herramientas óptimas para determinar el origen de los fondos. Con distintas características, todos los gobiernos desde el retorno de la democracia en 1983, impulsaron un régimen de sinceramiento fiscal para dinero o bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior."La base del proyecto es similar al impulsado en 2016, que estaba validado por el Gafi", justificó una fuente oficial consultada por LA NACION.Las características de este nuevo sinceramiento son muy similares a las de la ley 27.260 impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Son proyectos muy similares, aunque en sus aspectos económicos este es considerado "más barato" por la alícuota que se impone para traer determinados montos. Hay algunas diferencias sutiles pero no menores, sobre todo en torno a la actitud que deberá tener la AFIP frente a quienes adhieran y declaren sus activos.Entre un proyecto y el otro se pasó de la obligación de la AFIP de cumplir con la ley 25.246 como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a la generalidad de que la AFIP cooperará, según las palabras utilizadas. "La interpretación de la norma podría permitir la relajación de los controles", dijo a LA NACION un abogado con trayectoria en organismos abocados a prevenir el lavado de activos que aseguró que en la redacción de las leyes esas palabras no se utilizan sin conocimiento del efecto que podrían producir.En el proyecto anterior la AFIP estaba dispensada de formular una denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, que son los delitos de naturaleza tributaria, pero estaba obligada a informar respecto de los delitos previstos en la ley 25.246. En el nuevo proyecto se establece lo siguiente: "Ninguna de las disposiciones de este Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley y sus modificaciones.Un gran debate que se suele dar en torno a los blanqueos tiene que ver con qué sujetos están autorizados a ingresar. El proyecto de ley del blanqueo durante la gestión de Cambiemos fue aprobado en julio pero meses después, mediante un decreto, Macri modificó los términos de esa normativa y permitió que los familiares de funcionarios pudieran entrar al régimen, siempre que pudieran acreditar que esos bienes "se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad" a que sus familiares se desempeñaran en la función pública. Producto de ese cambio, Gianfranco Macri, hermano del entonces presidente, pudo blanquear más de $63,5 millones, según declaró ante la AFIP.Este nuevo blanqueo incluye, en sus condiciones subjetivas -respecto de quiénes pueden ingresar y quiénes no-características similares a las del blanqueo promovido por Macri. Quedan excluidos del blanqueo aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en el sector público en los últimos cinco años a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y aquellos que actualmente desempeñen la función pública. Los cónyuges, ascendientes y descendientes de los sujetos alcanzados quedan también excluidos de los beneficios del régimen, al igual que los excónyuges que lo hubieran sido durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos.En el capítulo de "Familiares de funcionarios públicos" se establece: "Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer grado, por consanguinidad o afinidad, de los funcionarios públicos". Y también abarca a los excónyuges y exconvivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 40 [funcionarios públicos] que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.En la lista de "bienes excluidos", el proyecto impulsado por el Gobierno impide la regularización de activos que estuvieran depositados en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el GAFI como de Alto Riesgo, que se encuentran en la lista negra, o de Bajo Monitoreo Intensificado, que es la denominada lista gris.

Caso Odebrecht | Piden enviar a juicio oral a Jorge "Corcho" Rodríguez, su primo y dos uruguayos por presunto lavado de activos

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, un primo y dos contadores uruguayos afronten un juicio oral, acusados de haber blanqueado 1.715.000 dólares provenientes del entramado de coimas que lideró la firma brasileña Odebrecht en la Argentina a través de tres sociedades comerciales extranjeras y la compra de un helicóptero.Rívolo consideró concluida la etapa de recolección de evidencias contra "Corcho" Rodríguez, su primo Carlos Alberto Rodríguez y los uruguayos Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, quienes habrían reintroducido ganancias delictivas millonarias en el circuito legal a través de la firma Helicopter Corporation SA.El juez federal Sebastián Casanello deberá ahora evaluar si comparte el criterio del fiscal Rívolo y remite las actuaciones a sorteo para que el caso recale en un tribunal oral, luego de que la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los Rodríguez, Molinolo y Dentone a mediados del mes pasado, resolución que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal."Le imputo a Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz haber intervenido en la maniobra tendiente a poner en circulación la suma de 1.715.000 dólares, fondos de origen ilícito, con la finalidad de dotarla de apariencia de licitud", planteó Rívolo, quien quedó a cargo del expediente tras el fallecimiento de su colega Federico Delgado. El fiscal abundó: "Participaron en la adquisición del helicóptero Eurocopter EC 130 B4, número de serie 7002, matrícula LV-CFO"."Las maniobras tuvieron su inicio el 30 de marzo de 2012, cuando se empezaron a registrar movimientos bancarios en el entramado de sociedades controladas por Jorge Rodríguez, a partir de transferencias de dinero provenientes de la constructora Odebrecht", detalló el fiscal. "Esas sociedades eran Sabrimol Trading SA (radicada en Uruguay, constituida por Dentone y Molinolo), Capital Investment y Latin Financial (radicadas en Edimburgo, Reino Unido, constituidas por Dentone y Molinolo), empresas que a esa fecha no registraban actividad comercial", detalló.Rívolo argumentó, además, que la causa que tiene a Rodríguez como principal acusado por presunto lavado de activos deriva, a su vez, de la investigación por el supuesto pago de sobornos que Odebrecht y otras empresas abonaron a funcionarios argentinos para quedarse con el contrato para construir una planta potabilizadora de agua para AYSA."Los fondos utilizados en la operación de lavado, a través de la compra y venta del helicóptero -explicó Rívolo- provinieron del circuito de pago de sobornos por parte de la multinacional brasilera Odebrecht en el marco de la ejecución de la obra planta potabilizadora Paraná de las Palmas. En este sentido, se verificó que Rodríguez, Molinolo y Dentone, habrían intervenido en calidad de intermediarios en el pago de sobornos dirigidos a funcionarios públicos del ex Ministerio de Planificación Federal y de la empresa estatal AYSA."Consultado por LA NACION, Rodríguez siempre rechazó la acusación y negó ser dueño de Sabrimol Trading y otras sociedades comerciales bajo sospecha. También descartó haber tenido cualquier rol o participación en un entramado delictivo. Sus abogados expresaron, además, su sorpresa ante el pedido de Rívolo de elevar la investigación a juicio oral en momentos en que se espera que la Cámara de Casación Penal defina si admite o rechaza el pedido de impugnación del auto de procesamiento y un planteo de prescripción.La defensa de Rodríguez planteó, también, que no se ingresó dinero alguno al país y que tanto ese helicóptero como otras aeronaves se compraron con financiación bancaria local, "quedando el proceso reducido a una sola operación de compra efectuada en el Uruguay, apalancada a través de préstamos debidamente acreditados". Y remarcaron que el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) demostró que "los fondos no provenían de cohecho a funcionarios públicos y que la compra de la aeronave fue efectuada con sumas de dinero ajenas a los hechos".La posición de Rodríguez contradice a la firma Odebrecht, que reconoció esos sobornos ante las autoridades brasileñas y estadounidenses, y refrendaron algunos de sus máximos ejecutivos; entre ellos, su exvicepresidente para América Latina, Luiz Antonio Mameri, tras acogerse en su país al régimen del "delator premiado". Mameri identificó a Rodríguez como el beneficiario de un "acuerdo indebido" por US$6,5 millones que habría distribuido entre los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.El fiscal Rívolo, en tanto, consideró probado en esta investigación que Rodríguez habría blanqueado sus presuntas ganancias delictivas del entramado Odebrecht a través de una maniobra que comenzó en 2012 y que se habría completado en 2016, y que provocó un "alerta de monitoreo" del Banco de San Juan, la intervención de la unidad antilavado (UIF) y una denuncia en 2019 de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)."Se comprobó que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios públicos argentinos en dos etapas, la primera para la adjudicación de contratos y la segunda para destrabar pagos adeudados por el Estado. En esta última etapa actuaba como intermediario Jorge Rodríguez, junto con Dentone y Molinolo", afirmó el fiscal Rívolo. "En efecto, ese dinero se introdujo al mercado a partir de la utilización de un grupo de sociedades controladas por Jorge Rodríguez".

Fernando Burlando habló sobre Romina Uhrig y la imputación por lavado de dinero: "Es complicado"

El abogado de la ex diputada brindó detalles sobre la causa.Aseguró que Walter Festa no colaboró para que ayudar a su clienta ante la Justicia.

Susana Villarán: PJ incorpora a su fundación Unidos para Transformar en proceso por lavado de activos

Jueza Margarita Salcedo estima que, de comprobarse los actos ilícitos, correspondería disolver y liquidar la fundación que la exalcadesa habría creado con aportes ilícitos de Odebrecht y OAS

Autocontrol desestima reclamación de Iberdrola contra Repsol por lavado de imagen verde

Lavado a través del transporte

El caso de los seguros | El fiscal Carlos Rívolo investiga si hubo lavado de dinero y convocó a una unidad especializada

La causa de los seguros avanza con foco en el análisis del patrimonio de los imputados, tanto de los brokers como de los exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández.El fiscal Carlos Rívolo solicitó la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que colabore con la investigación en curso sobre los movimientos de fondos de los acusados. La decisión, tomada ayer, se dió luego de una serie de medidas cautelares dispuestas por el juez Julián Ercolini, entre las que estuvo la inhibición general de bienes de 33 personas físicas y jurídicas.El fiscal solicitó que la Procelac intervenga y colabore para hacer una indagación exhaustiva de los patrimonios a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos. Se trata de una unidad especial, dependiente de la Procuración General de la Nación, experta en crímenes económicos: además del lavado, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo y el contrabando, entre otros. Sin embargo, se la requirió específicamente por un potencial lavado de dinero.Esta semana, el juzgado dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre los imputados, en la causa que investiga presuntos hechos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.Ahora, los imputados avanzan en la designación de abogados y definen sus estrategias judiciales. Héctor Martínez Sosa eligió al estudio Vergara, aunque fuentes que conocen no aclararon si también defenderá a su mujer, María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández. Martínez Sosa es empresario, amigo y acreedor del expresidente, además de marido de su secretaria.Alberto Fernández aún no informó quién ejercerá su defensa. Alberto Carlos Pagliano, expresidente de Nación Seguros, contrató a Fernando Enrique Pinto, defensor de Martín Insaurralde, y Brian Kelly, presidente de la compañía San Ignacio, una de las empresas más favorecidas con los negocios que se investigan en esta causa, deberá buscar un abogado nuevo debido a que Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, renunció por "honorabilidad y respeto", luego de que LA NACION diera a conocer el rol que había asumido en este expediente.La lista de los 33 acusados cuyos bienes fueron inhibidos incluye también a otros brokers y sus compañías, como Pablo Andrés Torres García, empresario asociado con Pro y el Frente Renovador; Osvaldo Alfredo Tortora, presidente de Bachellier SA; Héctor Basilio Villaverde, presidente de San German Seguros SA, y Castello Mercuri, broker y aportante a la campaña de 2019 de Alberto Fernández.También, a Mauro Damián Tanos, ascendido a gerente general de Nación Seguros durante el gobierno de Javier Milei y desplazado de ese cargo la semana pasada, a su pareja y a otro exfuncionario removido junto con Tanos: Marcos Federico Eufemio, exgerente de Compras de Nación Seguros.

Verdaderos expertos en lavado

Ambos están acusados de montar una estructura de narcolavado. También decomisaron seis kilos de droga y vehículos.

Comenzó el juicio por los 'Panama Papers': La larga lista de peruanos involucrados en el mayor escándalo por lavado de dinero

Centenar de cuentas offshores fueron creadas por la firma panameña Mossack Fonseca, a través de la cual personajes políticos, telesivisos y empresarios habrían hecho negocios poco transparentes, sin sustentar el origen de su dinero. El reciente 8 de abril, la justicia panameña ha iniciado el juicio contra el bufete

Nicolás Petro sufrió nuevo revés en la Corte Suprema: negaron nulidad del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

El hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, buscaba que se anulara el proceso penal por el injustificado incremento patrimonial de $1.053 millones, luego de que confesara que recibió dinero de los polémicos empresarios Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca

La fiscalía pidió condenar a Lázaro Báez a seis años de cárcel en otro caso de lavado de dinero de la corrupción

La fiscalía pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a seis años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, frente a las playas de Uruguay. En el mismo proceso, la UIF ya reclamó una condena de nueve años y la AFIP, una pena de siete años y medio de cárcel.El fiscal Abel Córdoba realizó este lunes el pedido de penas y ahora será el turno de las exposiciones de los abogados defensores. Luego, el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.Ante las críticas, el Gobierno defendió la postulación del juez Lijo para la Corte y negó un pacto de impunidad con CristinaLos problemas judiciales de Báez, lejos de terminar, se agravan día a día. El empresario favorito de Néstor Kirchner ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K", que en rigor es la primera parte de este expediente.Allí se lo juzgó por lavar dinero de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias al exterior desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de los Kirchner.A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico. El empresario se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un country bonaerense.Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y un departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.El fiscal Abel Córdoba pidió para Baez como coautor principal 6 años y para los coautores Pérez. Gadín, Chueco, Goff Dávila y Carradori 5 años. Y para los participes necesarios Guthux y Acosta 4 años y 6 meses que es el mínimo. En el caso de Fariña, el fiscal Córdoba aclaró que pidió una condena de 4 años por este hecho, aunque valoró que por sus conductas le correspondería una pena de 5 años, pero por sus aportes como colaborador entendió que debía reducirse el pedido de condena en un año.La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que alegaron en este tramo final del juicio oral.La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión.Los acusados intervinieron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.

CNV actualiza normativa sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La medida, en coordinación con la Unidad de Información Financiera, tiene como objetivo prevenir y evitar el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Una Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audi y dos BMW y una Ducatti, la flota de lujo de un acusado de lavado

El principal sospechoso había sido detenido en diciembre pasado, pero la investigación por lavado de activos continuó y en las últimas horas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió 30 inmuebles que serían de su propiedad y en un country de Córdoba descubrió una flota de autos de lujo: una Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audi y dos BMW y una moto Ducatti.El testaferroAsí lo informaron a LA NACION fuentes de la PSA. La fuerza federal de seguridad, con la colaboración de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por orden del juez Alejandro Sánchez Freytes, hizo cinco allanamientos en las ciudades cordobesas de Valle Escondido y Villa Allende."En diciembre pasado se detuvo a un sospechoso por el delito de lavado de dinero. "Con la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la fiscalía actuante, junto a personal de la Dirección General Impositiva (DGI) dependiente de AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor económico. Se pudo verificar que se utilizó la figura de "testaferro" para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas", explicaron fuentes oficiales.Los voceros de la PSA dijeron que, durante la investigación, se determinó que se determinó que el socio del sospechoso detenido en diciembre pasado tenía, en un barrio cerrado de Córdoba, una flota de autos de lujo, que fueron secuestrados por el personal policial.La flota decomisada se trata de: una moto marca Ducatti modelo Xdiavel un auto marca Porsche modelo Cayman Sun auto marca Ferrari modelo Dino 208 GTun auto marca BMW modelo M3un auto marca Jaguar modelo XJS V12un auto marca Audi modelo TTun auto marca BMW modelo modelo Z4un auto marca Audi modelo Q5"Además, en los allanamientos se secuestraron más de 33.000 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa", agregaron fuentes de la PSA.

Por lavado: por primera vez extraditarán a la Argentina a un trader que recibió criptomonedas de una millonaria estafa

Primero pensó que era un problema del homebanking. No sospechó que, pronto, iba a ser una víctima de una estafa virtual. Cuando en la pantalla salió el aviso de que tenía que esperar para continuar con la operación, decidió adelantar otra parte de su trabajo, en un corralón de materiales de Florida, en Vicente López. Pocos minutos después, cuando volvió a la computadora de su escritorio, leyó los dos correos que le acaban de llegar, donde se le informaba sobre las dos trasferencias exitosas a cuentas de otro banco que, supuestamente, había hecho por un monto de 3.000.000 de pesos. Las destinatarias del dinero eran dos hermanas de apellido Bustamante, quienes un rato después, tras quedarse con un porcentaje por "prestar" su identidad y sus cajas de ahorro, lo giraron a una plataforma donde lo transformaron en criptomonedas y se lo enviaron a una billetera virtual de un trader, que fue identificado y detenido en Paraguay. Ahora, la Justicia argentina pidió la extradición del sospechoso.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. "Será la primera extradición a la Argentina de un trader cripto en una causa por una estafa virtual", afirmó un detective que participó de la investigación.El sospechoso fue identificado por fuentes de la investigación como Rodrigo David Díaz Acosta, de nacionalidad paraguaya.El momento en que una banda de estfadores retira del banco 30.000.000 de pesosEn enero pasado, LA NACION había informado sobre una banda que en la Argentina, según fuentes judiciales, se habría hecho de un botín de más de mil millones de pesos. Díaz Acosta sería parte de dicha organización.Los ciberdelincuentes, según explicaron las fuentes consultadas, se dedicaban a introducir, vía correos electrónicos, malware o virus troyano para poder obtener las credenciales bancarias de distintas empresas que operan en la Argentina y después hacer transferencias electrónicas a cuentas de "mulas" que prestan sus nombres y cajas de ahorro para recibir el dinero robado a cambio de un porcentaje.La investigación de la estafa al corralón de Vicente López, como el resto de la operatoria de la banda internacional, estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso."Con el correr de la investigación, se estableció que las dos destinatarias del dinero, las hermanas Bustamante, producto de la estafa al corralón de Vicente López se quedaron con un porcentaje de dichas operaciones, unos 300.000 pesos y luego lo giraron a una plataforma de servicios financieros y transformaron el botín en criptomoneda, en este caso ERC20 (de la red Ethereum), y lo transfirieron a la cuenta de David Díaz Acosta, un trader de nacionalidad paraguaya", explicaron fuentes judiciales.Hace diez días, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en San Rafael, en Mendoza, a las dos sospechosas que habrían recibido el dinero extraído de la cuenta bancaria del corralón de Vicente López."En la investigación salieron a la luz pruebas fehacientes de que las personas involucradas habrían efectivamente participado en la comisión del delito de defraudación informática mediante el uso no autorizado de suplantación de identidad, conocido como phishing. Con los datos obtenidos, el juez de San Rafael solicitó colaboración al personal de la División Unidad Operativa Federal San Rafael para dar con el paradero de las involucradas. Tras una serie de tareas de inteligencia, los agentes pudieron establecer que ambas jóvenes, de 19 y 33 años, eran hermanas y que se alojaban en un departamento de San Rafael", informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado de prensa.En el allanamiento en San Rafael, del que también participaron especialistas del Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA, se secuestraron seis teléfonos celulares, tarjetas de memoria, un cuaderno con anotaciones, una CPU y dos pendrive."Esta mecánica guarda relación con la metodología que surge de la causa donde los estafadores se habrían hecho de un botín de 1000 millones de pesos, en la que se encuentra detenido un ciudadano de nacionalidad venezolana y otros sospechosos con orden captura por delitos de idéntica factura, y cuyo procedimiento es íntegramente similar a la presente investigación. Teniendo en cuenta la existencia de sospechosos de nacionalidad paraguaya, la Ufeic solicitó la colaboración del Ministerio Público de Paraguay para identificar e individualizar correctamente a las personas que habrían participado del plan criminal. Esto dio lugar a un procedimiento internacional conducido por la fiscal Irma Llano Pereira. Tras el mismo, se detuvo a varias personas, entre ellas a Díaz Acosta, también apuntado en otras investigaciones por maniobras similares", explicaron fuentes judiciales.En la citada investigación, donde los estafadores se habrían hecho de un botín de 1000 millones de pesos, los investigadores buscaban a un prófugo de nacionalidad paraguaya: Federico Fernández Alcaraz, de nacionalidad paraguaya, quien logró escapar en enero pasado cuando personal policial allanaba su domicilio en el barrio porteño de Retiro.Fernández Alcararaz fue uno de los sospechosos que quedaron filmados cuando retiraban por ventanilla de un banco de la ciudad de Buenos Aires 23.000.000 de pesos.

La Justicia aceptó revisar el sobreseimiento de "Chiqui" Tapia en una causa por supuesto lavado de dinero

Es por la demanda que realizó la empresa de criptomonedas Bybit por presunto "lavado de activos" y "desbaratamiento de derechos acordados" en un acuerdo de publicidad con el seleccionado. Leer más

Misa de Crisma, Última Cena y lavado de pies a mujeres presas: con una salud fortalecida, el papa Francisco encabezó las celebraciones de Jueves Santo

El rito comenzó con una misa dedicada a los sacerdotes de la Iglesia. El Santo Padre luego se trasladó a la prisión de Rebibbia.El Viernes Santo, liderará el Vía Crucis, cuyas meditaciones fueron escritas por él mismo, algo que no había ocurrido antes.

La UIF pidió condenar a Lázaro Báez a nueve años de cárcel en otro caso de lavado de dinero de la corrupción

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a nueve años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. En el mismo proceso, la AFIP reclamó una condena para Báez de siete años y medio de cárcel.Con los alegatos de las querellas -el 8 de abril será el turno del fiscal Abel Córdoba- y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.Ante las críticas, el Gobierno defendió la postulación del juez Lijo para la Corte y negó un pacto de impunidad con CristinaLos problemas judiciales de Báez, lejos de terminar, se agravan día a día. El empresario favorito de Néstor Kirchner ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K", que en rigor es la primera parte de este expediente.Allí se lo juzgó por lavar plata de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita al exterior. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de la exfamilia presidencial.A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico.Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que alegaron en este tramo final del juicio oral.La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión.Los acusados intervinieron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.

El Colegio de Público de la Abogacía presentó un amparo contra la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes

El Colegio de Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que preside Ricardo Gil Lavedra, presentó un amparo contra la reglamentación que obliga a los profesionales del derecho a reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes. Luego de que se sancionó la ley antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó el mandato para los abogados que se involucren en transacciones sospechosas por o en nombre de un cliente.La presentación fue realizada por Juan Pablo Echeverría, gerente de Legales del Cpacf, y quedó radicada en el juzgado nacional en lo contencioso administrativo a cargo de Rita María Teresa Ailán. El amparo apunta contra el decreto 278/2024 que reglamentó la ley 27739.Condenaron a prisión perpetua a los responsables de los crímenes de "La Noche de los Lápices"Hasta la sanción de esta norma, estaban obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales. La inclusión de los abogados generó el rechazo inmediato de Gil Lavedra, quien consideró inconstitucional a la nueva norma. "Es una aberración que rompe la confidencialidad entre el abogado y un cliente", le dijo a LA NACION.La resolución que publicó la UIF excluye de la obligación a los abogados contratados para un litigio. "No es cliente toda persona humana o jurídica nacional o extranjera que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos", se explica en el artículo segundo inciso d.En cambio, se considera cliente pasible de ser reportado "a toda persona humana, jurídica u otras estructuras jurídicas -nacionales y/o extranjeras-, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial".La ley fue un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno argentino. Supervisores del GAFI estuvieron hasta este martes inspeccionando la situación del país ante el lavado de activos y el terrorismo. Entre otras cosas, los miembros del GAFI se fijaron en la cantidad de reportes y resoluciones finales y en las condenas. El país estaba en la lista gris del GAFI y para modificar su situación, que se revisará en octubre, debe cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, esta nueva ley, que incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.En definitiva, la obligación de los abogados es reportar una operación sospechosa, por ejemplo, si un cliente le pide la compra o venta de un inmueble que supere 700 salarios mínimos, la administración de bienes u activos cuando el monto supere los 150 salarios mínimos, la administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles.La resolución de la UIF incluye organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas."La relación entre un abogado y su cliente se encuentra al amparo de un deber de confidencialidad imprescindible para asegurar una tutela judicial efectiva y garantizar acabadamente la garantía constitucional de defensa en juicio", reaccionó el Colegio Público de la Abogacía este lunes, cuando se publicó la reglamentación de la UIF. "Así, la violación de este secreto se encuentra tutelado bajo amenaza punitiva (art. 156 del Código Penal)", completó."Obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio e, incluso, puede hacer incurrir a los letrados en responsabilidades penales", advirtió el excamarista que juzgó a las Juntas Militares.La Argentina, bajo la lupa del GAFITal como publicó LA NACION en febrero, la evaluación del organismo internacional anti lavado de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó bajo observación. La aprobación de la revisión del GAFI es esencial para estar alineado con la política norteamericana contra el terrorismo y el lavado dinero, algo que sobre todo Javier Milei, considera esencial.El Gobierno dice que enviará gendarmes para proteger la embajada en Caracas, donde están refugiados opositores a Nicolás MaduroEl proyecto de ley que se preveía tratar en el Senado fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza y el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.

Senador Alex Flórez denunció al gobernador de Antioquia por el presunto lavado de activos en la 'vaca' por las vías 4G

De acuerdo con el congresista, no se puede permitir que "plata ensangrentada de la mafia" ingrese a las arcas del departamento

Más control sobre las cripto: las billeteras deberán informar operaciones sospechosas a la UIF para prevenir el lavado de dinero

Al igual que los bancos, las fintech que operan con criptomonedas tendrán que enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando detecten un movimiento irregular. En la Comisión Nacional de Valores (CNV) ayer arrancó el registro de proveedores

Los abogados deberán reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes en algunos casos

Los abogados serán desde este martes sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando se involucren en transacciones por o en nombre de un cliente. Así quedó plasmado en la resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial y que reglamentó la nueva ley antilavado, sancionada en el Senado el 14 de marzo.La ley fue un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno argentino. Supervisores del GAFI estuvieron hasta el viernes inspeccionando la situación del país ante el lavado de activos y el terrorismo. Entre otras cosas, los miembros del GAFI se fijaron en la cantidad de reportes y resoluciones finales y en las condenas. El país estaba en la lista gris del GAFI y para modificar su situación, que se revisará en octubre, debe cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, esta nueva ley, que incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.Hasta ahora, estaban en esa lista los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales. El Colegio de Público de la Abogacía de la Ciudad, que preside Ricardo Gil Lavedra, adelantó en diálogo con LA NACION que presentará un amparo porque considera que se trata de una norma "inconstitucional". "Es una aberración que rompe la confidencialidad entre el abogado y un cliente", dijo Gil Lavedra.En este sentido, la resolución que publicó la UIF hoy excluye de la obligación a los abogados contratados para un litigio. "No es cliente toda persona humana o jurídica nacional o extranjera que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos", se explica en el artículo segundo inciso d.En cambio, se considera cliente pasible de ser reportado "a toda persona humana, jurídica u otras estructuras jurídicas -nacionales y/o extranjeras-, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial".En definitiva, la obligación de los abogados es reportar una operación sospechosa, por ejemplo, si un cliente le pide la compra o venta de un inmueble que supere 700 salarios mínimos, la administración de bienes u activos cuando el monto supere los 150 salarios mínimos, administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles.La resolución de la UIF incluye organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.Los abogados, en contraEl Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal adelantó su rechazo a que los abogados sean "sujetos obligados a informar ante la UIF las operaciones sospechosas que conozcan por su desempeño profesional en determinadas operaciones". En un comunicado que emitieron el día de la sanción de la ley, los letrados que conduce Gil Lavedra, explicaron en un texto: "La relación entre un abogado y su cliente se encuentra al amparo de un deber de confidencialidad imprescindible para asegurar una tutela judicial efectiva y garantizar acabadamente la garantía constitucional de defensa en juicio". "Así, la violación de este secreto se encuentra tutelado bajo amenaza punitiva (art. 156 del Código Penal)", completó.Todas las actividades que desarrolla un abogado, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional."Obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio e, incluso, puede hacer incurrir a los letrados en responsabilidades penales", advirtió el excamarista que juzgó a las Juntas Militares.La Argentina, bajo la lupa del GAFITal como publicó LA NACION en febrero, la evaluación del organismo internacional anti lavado de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó bajo observación. La aprobación de la revisión del GAFI es esencial para estar alineado con la política norteamericana contra el terrorismo y el lavado dinero, algo que sobre todo Javier Milei, considera esencial.El proyecto de ley que se preveía tratar en el Senado fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza y el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.

Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF

Mediante un DNU, los abogados pasan a ser Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera, en cumplimiento con lo pedido por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Leer más

Ercolini amplió los procesamientos del círculo de Daniel Muñoz por lavado de dinero

El juez federal Julián Ercolini amplió los procesamientos de las personas que integraron el círculo de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, por el delito de lavado de dinero en un caso derivado de la investigación de los cuadernos de las coimas. Además, trabó embargos de hasta $5000 millones.La causa en la que se dictó este fallo, al que accedió LA NACION, es un desprendimiento del caso de los cuadernos de las coimas, ya que el chofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno describió que los pagos ilegales de las empresas en ocasiones eran llevados al departamento de los Kirchner en Uruguay y Juncal, donde los recibía Muñoz. Y en este fallo se da por probado que el exsecretario de los Kirchner montó una estructura de empresas para poner en circulación el dinero que provenía de la corrupción.Los familiares de Daniel Muñoz, quien falleció en 2016, quedaron procesados como coautores del delito de lavado de dinero. El resto de las personas implicadas por haber hecho circular el dinero proveniente de la corrupción a través de distintos negocios quedaron procesadas como partícipes necesarios. El fallo de Ercolini también ordenó embargar por cuatro mil millones de pesos a cada una de las empresas en las que fue inyectado el dinero espurio.Según el fallo firmado por el magistrado, Muñoz "resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales, su derivación a los jefes y organizadores".Algunos de los afectados por este fallo que quedaron procesados son: Fausto Alejandro Machado, Marcelo Adrián Timpanaro, Fernando Martín Herrera, Andrés Mercuri, Mauro Gabriel Profético, Daniel Roberto Eloy Bona, Stella Marys Blanco, Alejandrina Pochetti, Sergio Esteban Todisco, Elba Diamantina Municoy, Alejandro Maximiliano Raele, Ricardo Leandro Albornoz, Pablo Alejandro Buscaglia, Susana Noemí Muñoz, Alejandro Daniel Vernet, Luis Antonio Gugino, Pablo Gastón Raies, Rubén Horacio Llaneza, Leonardo Daniel Llaneza, Carlos Temístocles Cortez, Amílcar Hector Acosta, María Soledad Candotti, Jorge Marcelo Ludueña, Gregorio Sebastián Ludman, Franco Daniel Muñoz, Daniel Ombar Blanco, Federico Carlos Zupicich, María Jesús Plo, Miguel Ángel Plo y Mariano Antonio Montes. También quedó procesado por lavado el ex jardinero de Néstor y Cristina Kirchner, quien hizo crecer su patrimonio y participó de la estructura investigada en esta causa.

Amplían procesamientos del entorno del ex secretario de los Kirchner y los embargan en U$S 500 millones por lavado de dinero

El juez Ercolini agravó la situación procesal de dos escribanos de los Kirchner y del "jardinero de Cristina" en una causa paralela a los Cuadernos de las Coimas que gira sobre el fallecido Daniel Muñoz. Además, congeló decenas de inmuebles en todo el país, empresas y autos de alta gama a pedido del fiscal Stornelli.

Hallan a una mujer fallecida en el túnel de lavado de una gasolinera en Alcalá (Sevilla)

Descubren el cadáver de una mujer en un túnel de lavado en una gasolinera de Sevilla

El cuerpo ha sido encontrado en el suelo, entre un vehículo y el túnel de lavado de una estación de servicio situada en Alcalá de Guadaíra. La Policía investiga lo ocurrido

Se aprobó la reforma de la Ley de Lavado de Activos de GAFI

Fue aprobada por unanimidad con 69 votos afirmativos. La sanción se produce mientras la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en la Argentina. Leer más

Atención contadores e inmobiliarias: la UIF aplica nuevas medidas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La iniciativa busca cumplir con las normativas nacionales e internacionales, incluidas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Imputan por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos a ocho personas

Desde el norte provincial el grupo proveía droga a Santiago del Estero y Córdoba. Bajo el modelo de clan familiar, sus integrantes acumularon una fortuna que intentaron legalizar con la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes.

En plena ola de violencia en Rosario, el GAFI evalúa in situ a la Argentina y su plan contra el lavado de activos

La ola de violencia narco en la ciudad de Rosario coincidió con la visita de las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina, y el ataque a la fase económica del narcotráfico es una dimensión clave de la evaluación que concluirá el 26 de marzo. La cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de condenas por lavado de activos, de decomisos y de congelamientos de bienes son, entre una larga lista de puntos, algunas de las variables que evalúa el GAFI para calificar a la Argentina en su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.A la sombra del contundente rechazo de la Cámara Alta al mega DNU, la aprobación de la reforma de la ley de Lavado de Activos el jueves pasado pasó casi inadvertida, pero representa, en términos concretos, una ventaja a favor de la Argentina en su desempeño ante la evaluación. Entre otras cosas, endurece las sanciones al lavado, incluye a los abogados como sujetos obligados y a los proveedores de servicios de activos virtuales. Es un requisito mínimo del GAFI a la hora de calificar al país. El proyecto, impulsado durante el gobierno de Alberto Fernández tras un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI), tenía media sanción de Diputados y logró el aval unánime de todos los senadores. El sistema político busca evitar que la Argentina caiga en la denominada "zona gris" de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. La Argentina estuvo en esa lista entre 2010 y 2014 y esa categoría dificulta el acceso al financiamiento internacional, entre otras consecuencias jurídicas y económicas.Pero la sanción de la ley por sí sola no alcanza para cumplir los estándares técnicos internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades internacionales observan la calidad de las herramientas que tiene el país para la prevención y la sanción del lavado, pero sobre todo, en esta ronda, se observa la efectividad del sistema. Los acontecimientos violentos en la ciudad de Rosario son apenas una de las derivaciones del avance del narcotráfico. Las derivaciones económicas, como el uso del dinero ilícito que producen las bandas narco, motivaron que en el último año la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aumentaran sus esfuerzos e inauguraran sedes regionales allí para estar más cerca del territorio y poder mejorar su coordinación con la justicia federal de Rosario, señalada a lo largo de los años por sus deficiencias en la persecución y sanción del delito."Estamos en una etapa de descubrimiento del tema económico, ni siquiera de desarrollo. Particularmente en lo que refiere a Rosario los jueces y el sistema se han dedicado a ir lentamente por los hechos principales pero hubo un cambio hace poco menos de dos años y ahora empezaron a ver la dimensión económica", dijo a LA NACION un investigador con experiencia en materia de lavado. Un ejemplo, señaló la misma fuente, es la condena sin antecedentes que recibió el financista y expresidente de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, a siete años de prisión por narcotráfico. Lo particular de la condena es que Shanahan fue considerado parte de la organización criminal por vender dólares al jefe narco Julio Rodríguez Granthon. Aún así, el avance judicial es mínimo en relación a la dimensión del negocio narco que, según la misma fuente, "mueve en Rosario decenas de millones de dólares".La UIF inauguró el año pasado la delegación en Rosario en respuesta a una autoevaluación de riesgo. Según la información oficial de la central de inteligencia financiera, se registró en esa ciudad un gran incremento de reportes de operaciones sospechosas (ROS). Rosario es, según supo LA NACION, la zona en la que convergen la mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos. Que haya más sujetos obligados establece un mapa del tipo de actividad que se desarrolla en la zona. La dependencia, ubicada en la sede del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), fue creada durante la gestión de Juan Carlos Otero, extitular de la central de inteligencia financiera y sigue operativa. Aún así, las agencias regionales cumplen una función más similar a la de "mesa de entradas", por su cercanía a las zonas álgidas donde convergen la mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos, mientras que la totalidad de la inteligencia financiera se hace desde la ciudad de Buenos Aires, donde funciona la dirección de análisis. El nuevo titular de la unidad anti lavado, Ignacio Yacobucci, fijó como uno de los objetivos fortalecer el área de recupero de activos, que es una tarea que tiene entre sus pilares a la inteligencia financiera.Desde su desembarco, la agencia de la UIF de Rosario (que también abarca a Córdoba) participó de dos juicios orales allí: uno contra el "Delfín" Sacarías, juzgado por lavado, y otro contra Sebastián Romera, que tuvo sentencia en un juicio abreviado.Una fuente especializada en seguir las pistas financieras del narcolavado dijo a LA NACION que los puntos neurálgicos de la criminalidad económica no coinciden con las zonas en las que opera el narco, que suelen ser las más marginales de la ciudad. Las cuevas financieras, las concesionarias de autos, yates o incluso el transporte de caudales son algunas de las entidades y actividades que deben informar de manera obligatoria a la UIF y encienden las alertas por posibles operaciones sospechosas. El dinero que fluye por el tráfico de drogas muchas veces termina en cuevas financieras donde se reinvierte y adquiere otra fisonomía. En Rosario también se instaló, durante el año pasado, una sede de la Procelac, que está a cargo del fiscal coadyuvante Ramiro Argibay. Trabaja en coordinación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que también tiene una sede allí hace tiempo.A pesar del despliegue de entidades nacionales y federales en el territorio, un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) elaborado en base a la situación en Santa Fe y al que accedió LA NACION considera que no existen medidas efectivas que prevengan o obstruyan la utilización de activos ilícitos por parte de las bandas criminales violentas. Y no solo sostiene que a nivel nacional no hay herramientas eficaces sino que se concentra también en la responsabilidad del estado provincial."El Estado provincial se priva de utilizar de modo inteligente toda la información disponible tanto en sus bases de datos, como en la de los municipios (a las cuales podría acceder mediante acuerdos de cooperación) sobre la actividad económica de los delincuentes y sus allegados", indica el informe. Y sigue: " Esto supone lo que en el lenguaje corriente se denomina una autoprocastinación de sus potencias para mitigar el efecto de factores que lo afectan. Si el Estado provincial renuncia a reunir y analizar información financiera y patrimonial sobre actores delictivos violentos, difícilmente otro factor estatal pueda reorganizar esta medida".

"El lavado de activos del narcotráfico evidencia la falta de control del Estado"

Entrevista al director del Instituto de Seguridad y Criminología de la casa de altos estudios sobre la efectividad de las medidas anunciadas. Definiciones sobre cuán difícil es investigar el narcolavado. Leer más

Lavado de activos, la reforma aprobada en el Senado y el GAFI

Con motivo de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nuestro país, en la misma sesión en la que el Senado de la Nación rechazó el DNU del Presidente, sancionó con fuerza de ley el dictamen de mayoría que el 19 de abril de 2023 había sido aprobado la Cámara de Diputados con la reforma de muchos aspectos del régimen de prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva.Ese proyecto fue enviado originalmente al Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández, con vistas a que este año la Argentina enfrentaría el desafío de la evaluación del GAFI y se intentaba cumplir con requerimientos normativos que el Grupo de Acción Financiera exige en sus estándares internacionales (las 40 recomendaciones) con relación a estos temas.No obstante, la evaluación a la que la Argentina está siendo sometida tiene un componente de efectividad que es primordial superar y que, en atención a sus exigencias y la ponderación de otras evaluaciones de países analizados respecto de las cuales deben guardarse consistencia y calidad, conducirán a nuestro país inexorablemente a la temida "lista gris". En ella quedan incluidos los países en los que se verifican deficiencias importantes en el funcionamiento de los mitigantes para prevención, investigación y combate (que incluye no solo las condenas penales en casos relacionados con los riesgos delictivos del país, sino también el recupero de los bienes involucrados en las actividades criminales) del lavado de activos, sus delitos precedentes más significativos según el contexto del país y la financiación del terrorismo.La penetración en el sistema económico y financiero argentino de dinero vinculado al crimen organizado, y que pone en jaque la integridad y estabilidad, supone un riesgo también para el mundo global, y si la Argentina es puesta en la mira del GAFI, eso acarreará consecuencias e impacto en las finanzas y el comercio internacional. Dicho esto, intento destacar aquí los principales cambios que trae como novedad la normativa, más allá de la cantidad de interrogantes que surgen de esta breve introducción realizada para entender el contexto de una sanción exprés con luces y sombras.En general, la norma va a permitir "tildar" algunos casilleros para el cumplimiento técnico, pero contiene detalles que preocupan a los expertos en derecho penal y a los operadores privados que son colaboradores indispensables para el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.Una red importante de "sujetos obligados" que cooperan con el esfuerzo estatal en este tema son alcanzados con las imposiciones y exigencias de cumplimiento, y la nueva norma amplía ese universo de reportantes incluyendo, entre otros, a determinados abogados conforme la recomendación 22 del estándar internacional, y a los "proveedores de servicios de activos virtuales", mundo fintech/cripto para decirlo en lenguaje coloquial, para cumplir con la recomendación 15, organizando, con respecto a estos últimos, el registro y la supervisión prudencial en la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV).Mención aparte merecen las resistencias que ha traído la incorporación de ciertos abogados como sujetos obligados (ya están obligados algunos contadores y escribanos), pero entiendo que estas pueden ser superadas si se tiene en cuenta que no todos son afectados, que la norma resguarda razonablemente, a la luz de los bienes jurídicos en pugna, el secreto profesional y el derecho de defensa en juicio, y que deben comprometerse, al igual que las otras profesiones liberales alcanzadas, con el esfuerzo global para contrarrestar el avance de las organizaciones criminales que requieren sus servicios para armar estructuras jurídicas, administrar activos o involucrase con asesoramientos tendientes a estructurar y ocultar el dinero ilícito.En la nueva ley también han sido retocados aspectos importantes relacionados con las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque se ha perdido la oportunidad que recetaba el dictamen de la minoría en diputados, para reforzar la autonomía e independencia de la UIF, a la que se mantiene según la ley sancionada en la órbita del Ministerio de Economía (aunque este gobierno la trasladó a Justicia). Ademas de esa pérdida, se coló un control absolutamente indebido y con amplias facultades de la Comisión Bicameral de Inteligencia (este organismo no forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia -ley 25.520-), lo que podría afectar también su autonomía e independencia. En la época en que este proyecto fue remitido al Congreso, esa comisión estaba dominada por la actividad de Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, y basta leer en noticias públicas la actividad de esa comisión. Es importante saber que la UIF ya debía rendir cuentas en un informe anual al Congreso de la Nación y que de haberse recetado el dictamen de minoría referido, allí se preveían los controles adecuados y acordes con su buen funcionamiento y naturaleza.Dados los debates públicos con relación a la facultad de querellante de la UIF, destaco que la ley aprobada no contiene esa facultad (sí la contenía el dictamen de minoría), no obstante se encuentra receptada en el decreto 2226/11, aún vigente.Hay aspectos importantes de reforma vinculados al régimen sancionador de los sujetos obligados, a la creación de un "registro único de beneficiarios finales" de sociedades y otros vehículos jurídicos en la órbita de la AFIP, y una corrección importante para las organizaciones sin fines de lucro, que antes eran alcanzadas por el solo hecho de recibir donaciones a partir de un determinado monto, y con la reforma en un todo de acuerdo con la recomendación 8 del GAFI los esfuerzos se concentrarán en las que presenten riesgos a mitigar de financiación del terrorismo.Como últimas cuestiones a destacar de interés, se introducen reformas en el Código Penal con relación a la figura penal del lavado de activos, elevando el monto de punibilidad de 300.000 pesos a 150 salarios mínimos, vitales y móviles (hoy, unos 30 millones de pesos), lo que resulta acorde con el bien jurídico tutelado que es "el orden económico y financiero", que una operación de 300.000 pesos claramente no afecta. No obstante, han dejado subsistente una figura residual para operaciones por debajo de ese monto, desnaturalizando la finalidad loable de elevar dicho monto para la punibilidad. Con respecto a la financiación del terrorismo, se incorporan necesarias reformas también al Código Penal (con algunos cuestionamientos dogmáticos importantes) para sancionar la actividad de los "lobos solitarios", ante nuevas modalidades que adoptaron en los últimos años los atentados terroristas, y la financiación junto al mecanismo de congelamiento inmediato de fondos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva, donde la Argentina incumplía con todos los requerimientos normativos del GAFI.Con sus luces y sombras, hay nueva ley para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva en la Argentina.Exvicepresidenta de la UIF

Lavado de dinero y financiación del terrorismo: cómo es la nueva ley del Gobierno

Se trata de la primera modificación que se realiza al sistema de PLA/CFT desde hace trece años.

Confirman el procesamiento de Jorge "Corcho" Rodríguez por lavado de dinero en la compra de un helicóptero

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de haber lavado de dinero con la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares, supuestamente originados en un depósito para el pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña Odebrecht para edificar obras de AySA.Confirmaron el procesamiento los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con la disidencia de su colega Mariano Llorens, que entendió que se debía seguir investigando la operación y que tenía que disponerse la falta de mérito de los acusados.Rodríguez recurrirá esta decisión. Allegados a la defensa del empresario, exnovio de Susana Giménez, señalaron a LA NACION que "no existió lavado de dinero, que el origen del dinero usado para la compra era lícito, que las sumas se encontraban en el mercado financiero y que no hubo operaciones irregulares, ni los fondos provenían de cohecho a funcionarios públicos". Y señalaron que la Cámara resolvió sin haber tenido en cuenta estos puntos.La acusación se basa en que Rodríguez enfrenta una causa por intermediar en el pago de coimas de Odebrecht para funcionarios del Ministerio de Planificación. El caso, que fue investigado por el juez Sebastián Casanello, está elevado a juicio. Ahora, este es un tramo conectado con el anterior.La operación de 2012, según la acusación, consistió en realizar operaciones para que Helicopter Corporation SA -cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez- comprara el helicóptero matrícula LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4. La fiscalía señaló que la operación se financió contra préstamos por US$1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez. La acusación mencionó que los derechos de cobro de los préstamos fueron cedidos cuatro años después a la firma nacional Fusion Blue Servicios Aéreos S.A., quien acordó con Helicopter Corporation SA la transferencia del helicóptero, como medio de cancelar dicha deuda.Helicopter Corporation adquirió el helicóptero matrícula LV-CFO mediante un préstamo contraído con la uruguaya Latin Financial que se habría materializado a través de tres contratos de mutuo firmados entre marzo y septiembre de 2012, por las sumas de US$250.000, US$715.000 y US$450.000. Pero la defensa alegó que la justicia argentina era incompetente porque todo tuvo lugar en Uruguay y porque no había delito. Alegaron que el dinero tiene procedencia lícita y está bancarizado, ya que llegó desde una cuenta de Odebrecht.Los jueces de la Cámara dijeron que está probado, con las limitaciones de esta etapa del proceso, "un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y particulares, para direccionar -en perjuicio de los intereses del Estado- los procesos licitatorios" de dos proyectos de AySA y "las dádivas que como contrapartida habrían pagado las empresas ganadoras a las autoridades estatales, a fin de asegurarse tales adjudicaciones"."Se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas, a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading. Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini", dijo la Cámara.Y sostuvo que Helicopter Corporation habría ingresado al país la suma de US$1.415.000 en septiembre de 2012, mediante la simulación de un préstamo otorgado por Latin Financial LP, que figuraba a nombre de Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, aunque en realidad pertenecería a Jorge "Corcho" Rodríguez, al igual que Sabrimol Trading. Asimismo, particularizó que estas firmas habían recibido sumas millonarias entre 2012 y 2014, provenientes de las sociedades offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos".Los camaristas dijeron que entre abril de 2012 y septiembre de 2014 hubo más de treinta transferencias de las cinco sociedades offshore utilizadas por Odebrecht, por US$10.000.000 y â?¬680.000. Como así también, de las firmas Latin Financial LP y Capital Investment Enterprises LP, por US$2.200.109, las cuales a su vez también recibieron dinero de dichas empresas, por US$2.000.000 y US$1.650.000, respectivamente.Por eso, concluyeron que parte del dinero "abarcado por las actividades ilícitas investigadas", es decir los sobornos, era canalizado hacia Sabrimol Trading por supuestas asesorías y proyectos publicitarios, pero que en realidad fue usado para comprar el helicóptero "un bien de elevado valor", radicado en la Argentina.Los camaristas dijeron que la maniobra se completó en 2016, cuando el helicóptero fue transferido a la empresa Fusion Blue, de Fabián Carballo, a cambio de los derechos de cobro de los mutuos. Carballo fue beneficiado con una falta de mérito y se revocó su procesamiento. Aquí se da la disidencia entre los jueces, ya que Bruglia y Bertuzzi entienden, junto con Casanello, que la reventa del helicóptero es parte del lavado, mientras que Llorens señala que no es así.Llorens comparte la idea de que el pago de sobornos de Odebrecht es el delito precedente y que Rodríguez está acusado de ser intermediario de esos sobornos, pero señala que no está claro el último tramo de la acusación en cuanto a la reventa de la aeronave. Dijo que hay una "la falencia de la instrucción a la hora de conectar los hechos relativos a la adquisición del helicóptero con su posterior venta cuatro años después". Por eso, en minoría, votó por revocar los procesamientos y dictar faltas de mérito.Bruglia y Bertuzzi formaron la mayoría para confirmar los procesamientos de Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz; los dos últimos, como responsables de la uruguaya Latin Financial. LP.La defensa de Rodríguez sostuvo que "no se ingresó ninguna suma de dinero al país" y también que "las compras de las aeronaves se habían efectuado con financiación bancaria argentina, quedando el proceso reducido a una sola operación de compra efectuada en el Uruguay, apalancada a través de préstamos debidamente acreditados". Y señaló que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que analizó la trazabilidad de las operaciones de compraventa de aeronaves por parte de Helicopter Corporation SA, apoyó su posición. Todo estos elementos serán objeto de sus recursos contra esta decisión de la Cámara.La defensa apuesta a que si se cae la acusación por la operación de 2016, el caso pueda ser declarado prescripto por el paso del tiempo, ya que la compra original de la aeronave fue en 2012.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso en marcha ayer el proceso de evaluación en el país de las políticas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.Ejecutivos de ese organismo multilateral, cuya evaluación resultará clave para una administración que proclama su intención de volver a insertar a la Argentina en el mundo occidental, iniciaron una visita que se extenderá hasta el 26 de marzo con un acto al que asistieron altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del GAFI en el Palacio San Martín.Allí estuvieron presentes el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin; el equipo evaluador del GAFI; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el procurador General de la Nación, Eduardo Casal; presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el ex presidente del GAFI y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi. Además, fueron parte del encuentro el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori y la directora de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra.El equipo evaluador del GAFI, que inició así la cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina, está integrado por representantes designados por seis diferentes países miembros de esa organización: uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT, quienes serán los encargados de elaborar un informe independiente que contenga análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas del organismo en nuestro país.Durante 20 días mantendrá una intensa agenda de reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y con representantes del sector privado.En dicho lapso sería clave que el Senado logre avanzar con el proyecto de ley que adecua la legislación vigente en materia de persecución y represión de los delitos de lavado de activos proveniente de actividades ilícitas a los estándares exigidos precisamente por el GAFI y que ya logró dictamen a favor.Sin embargo, la inactividad de ese cuerpo, en un contexto de lucha política entre el oficialismo y la principal oposición sobre el futuro del DNU con que la administración Milei impuso sus primeras decisiones, se presenta como un escollo difícil de superar.CriptomonedasEn medio de esta situación, el presidente de la CNV, Roberto Silva, se encuentra abocado a completar el directorio de ese ente, por lo que tiene previsto avanzar en dos nuevas designaciones, una de las cuales estará vinculada con la necesidad de un mejor control de la actividad con criptomonedas, ya que será el ente encargado del registro y la tutela sobre los oferentes con actuación en el mercado local.Este abogado, que se desempeñó por 31 años como socio del estudio Marval O'Farrell Mairal, tiene como tarea principal acompañar a las autoridades económicas en un progresivo desarme del cepo cambiario, como paso necesario para una normalización del mercado de capitales, que desde luego incluye la salida del cepo, todo ello en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central."Queremos remover todas las trabas que no tienen sentido e impulsar los instrumentos para que los participantes del mercado desarrollen y capten el dinero que haya en el mercado. De esta manera, lograremos que los inversores se encuentren con los demandantes de crédito de mediano y largo plazo, que es en definitiva de lo que se trata el mercado de capitales", explicó días atrás a LA NACION.Para todo ello, la evaluación del Gafi se plantea como "clave". Es un organismo internacional compuesto de 39 miembros, la Argentina lo integra desde el año 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales.El proceso iniciado se prolongará hasta octubre próximo, cuando el Plenario del GAFI debata en París el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.