Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Los firmantes, entre los que también se encuentran Aida Quilcué, Ariel Ávila, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, exigen que se respeten los derechos fundamentales de los detenidos
El alcalde de la capital manifestó su desacuerdo con la petición firmada por los legisladores, porque el proceso judicial ha sido exhaustivo y cuenta con el respaldo de jueces competentes
Cayó ex funcionario público cercano a Víctor Manuel Álvarez Puga
Ángela María Chisacá Bogotá fue secuestrada por dos hombres que llegaron hasta su residencia en el municipio de Girardot. Gracias a un operativo se pudo dar con los hoy detenidos. El líder de la banda es un desmovilizado de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC)
La de este jueves es la novena jornada del debate judicial que se lleva a cabo dos veces por semana y de forma virtual.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
ROSARIO. En la investigación sobre la estafa cripto que perjudicó cientos de inversionistas en San Pedro, provincia de Buenos Aires, se abrió un capítulo inesperado: las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, que lograron algo inédito en la Justicia argentina, como lo fue haber congelado 3,5 millones de dólares en criptomonedas tras haber conseguido dilucidar la trazabilidad del dinero virtual, ahora pidieron la captura internacional de dos malayos, acusados de haber sido los cerebros de esta estafa tipo Ponzi en la que cayeron quienes esperaban, cada día, que a través de una app "la China Ali" les dijera cómo tenían que invertir su dinero para ganar plata sin hacer nada.El Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás ordenó la detención internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, dos ciudadanos de Malasia acusados de liderar una sofisticada red de estafas. Las fiscales bonaerenses solicitaron la circulación de las alertas de ambos a través de Interpol, tras determinar que ya habían abandonado la Argentina.Chong, de 30 años, y Pang Siew Li, son los principales artífices de la plataforma virtual RainbowEx, un esquema de defraudación informática que captó grandes sumas de dinero de inversores argentinos prometiendo ganancias ficticias en criptoactivos.La metodología era simple, pero efectiva: ambos crearon una plataforma digital que presentaba transacciones falsas de compra y venta de criptomonedas. Los inversores depositaban pesos argentinos, dólares estadounidenses o activos digitales creyendo que estaban participando en operaciones reales. El dinero era transferido a cuentas controladas por la red criminal y nunca retornaba. Hay otros involucrados en San Pedro que ya están detenidos.En la investigación judicial se reveló que RainbowEx no era un proyecto improvisado. La infraestructura técnica estaba alojada en servidores de Alibaba Cloud específicamente configurados para la región de Singapur, mientras que los servicios de correo electrónico provenían de proveedores vinculados a empresas radicadas en China. Todo apuntaba a una operación profesional con raíces técnicas profundas en Asia.Los simuladoresPara consolidar la credibilidad de la plataforma, los malayos coordinaron un evento de promoción el 21 de septiembre de 2024 en el hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reserva fue solicitada por su empresa vinculada, ALPHA BASH PLT, con dirección registrada en Kuala Lumpur.El evento incluyó la contratación de los actores polacos Filip Walcerz y Maurycy Beniamin Lyczko. La idea era generar un componente de confianza adicional entre los potenciales inversores. Los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias desde cuentas malayas y efectivo entregado en el hotel.Lo que distingue este caso es la dimensión transnacional de la operación, según lograron determinar las fiscales Viviani y Marcantonio, con el trabajo conjunto que aportó Julio Pérez Carretto, de la Unidad de Ciberdelitos. Cuando las autoridades judiciales comenzaron a investigar los fondos congelados en la plataforma de criptomonedas Tether, recibieron contactos de abogados chinos interesados en desbloquear los activos digitales.Una letrada identificada como Jun Sun, perteneciente al bufete Shanghai Landing Law Firm, se comunicó directamente con la Procuración General de Buenos Aires para consultar sobre los motivos del congelamiento de criptoactivos. Los registros muestran que la firma se especializa en casos relacionados con criptomonedas.Paralelamente, las direcciones de correo electrónico utilizadas para intentar acceder a los fondos bloqueados mostraban un patrón geográfico claro: fueron creadas desde direcciones IP de Hong Kong y utilizadas desde Laos. Una de ellas (xiaoli319998@gmail.com) fue generada específicamente el 18 de junio de 2024, apenas tres meses antes del evento en el hotel Emperador en Buenos Aires.En la investigación se logró dilucidar una trama sobre un personaje conocido como "La China Ali", descripto como una persona de rasgos orientales que enviaba alertas a los inversores en San Pedro para que compraran y vendieran criptomonedas en horarios específicos. Esta intermediaria nunca fue identificada formalmente, pero su rol sugiere una estructura de operadores locales coordinados desde el exterior.ð??¨ DECEPCIÓN ð??¨#RainbowEx / #KnightConsortium "La china" también es una actriz contratada (Kristin N, de Indonesia). ð??https://t.co/S5I6BldFo2 pic.twitter.com/9JXr4cdKKM— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024De acuerdo con los registros oficiales, Chong y Pang ingresaron oficialmente a la Argentina en el mismo período en que se realizó el evento en el hotel Emperador. Luego esa puesta en escena, ambos partieron en un avión con destino a Turquía, desde donde presumiblemente continuaron hacia Asia.Uno de los mayores desafíos para la Justicia es que la totalidad de criptoactivos bloqueados en Tether no han podido ser incautados formalmente. Para acceder a esos fondos sería necesaria la cooperación de quienes controlan las claves de acceso a las billeteras digitales, es decir, los propios investigados o sus cómplices.Este caso expone una modalidad criminal sofisticada: operadores de origen asiático que utilizan la Argentina como mercado de captación de fondos, coordinados desde nodos técnicos en China, con soporte legal internacional y movimientos logísticos que los posicionan en múltiples jurisdicciones simultáneamente.La operación RainbowEx no fue un acto aislado sino parte de una estructura profesionalizada que probablemente replica el mismo esquema en otros países de la región. Las conexiones con bufetes legales en China, servidores de hosting en Singapur, y actores locales en Argentina sugieren una red multinacional dedicada a captar inversores latinoamericanos con promesas cripto falsas.Con la orden de Interpol activada y solicitudes de extradición por vía diplomática iniciadas, las autoridades argentinas buscan que ambos malayos sean ubicados en territorio asiático. Luego, se iniciarán los trámites, después de la eventual detención, para la extradición a la Argentina.
Los cinco ciudadanos de Mendoza imputados por hurto en el centro comercial de Miami rompieron el silencio desde su provincia para rechazar las acusaciones en su contra. Los turistas aseguraron su inocencia y calificaron el episodio como un malentendido que no supieron gestionar ante las autoridades norteamericanas.Las declaraciones de los argentinos acusados de robar en MiamiJuan Pablo Rúa en diálogo con el programa Mediodía Noticias (El Trece) afirmó que los hechos señalados por la policía "no son ciertos" y negó la participación en una banda criminal. "Quiero comunicarle a la sociedad que nosotros no robamos. No somos una organización delictiva. Ha habido una confusión que no supimos manejar", declaró.En la misma línea, insistió en la inexistencia de pruebas directas en su contra, aseguró que no tiene "nada que lo incrimine" y lamentó que el caso les generó "un daño tremendo". El imputado refutó la teoría de una operación sofisticada con una frase contundente: "No somos mecheros VIP; si alguien quisiera robar, no deja la tarjeta en cada negocio".El grupo en su conjunto afirmó desde el hotel en Mendoza que todo se trató de "un hecho confuso". Juan Manuel Zuloaga sumó su testimonio ante el medio Uno de Mendoza para defender la reputación de los viajeros. "Quisimos dar la cara y hablar para explicar que no somos ladrones, somos gente de bien, trabajadores. Muchos nos conocen y pueden dar fe de eso", manifestó.La barrera del idioma y el descargo de los acusadosDiego Luis Xiccato describió el momento de la interceptación policial y apuntó a las dificultades comunicativas como eje del conflicto: "Cuando pasábamos por un detector, sonó la alarma. Vino seguridad y la policía nos increpó. No entendía lo que me pedían ni lo que me preguntaban. Quizás ese fue el malentendido", explicó.El imputado aseguró que el grupo es "gente laburante" y denunció que atraviesan "una condena social muy grande e injusta". Xiccato detalló a Canal 7 su incapacidad para comprender el idioma: "No entendía lo que me decían, porque me hablaban y me hacían preguntas en inglés", dijo."Me desenvolví mal ante la policía. Fue un problema de idioma. Jamás tuve un problema con la policía, ni acá ni en otros países", agregó. Los imputados señalaron también que, durante la audiencia, carecieron de la posibilidad de defenderse.La estrategia legal y las pruebas del expedienteRoberto Castillo ejerce la defensa de dos de los acusados. El letrado consideró que la causa se sustenta por ahora en "una sospecha policial" basada en la interacción de dos de los acusados con una valija y prendas sin ticket. Además, cuestionó el tratamiento mediático del caso: "Lo complicado es defenderse ante los medios, que invierten la carga de la prueba y el principio de inocencia", sostuvo.El abogado confirmó la existencia de compras con efectivo y tarjeta. Los acusados pagaron fianzas de entre 4000 y 4500 dólares fijadas por la jueza Mindy Glazer. El desembolso total de 21.000 dólares permitió su libertad y el regreso a la Argentina la semana pasada vía Chile. La justicia programó la audiencia de cargos para el 29 de enero próximo.Informes oficialesLos informes oficiales identifican a los detenidos como Juan Pablo Rúa, Diego Luis Xiccato, Mauricio Aparo-Orlando, Sebastián Moya y Juan Manuel Zuloaga-Arenas. La policía concretó las detenciones el domingo pasado en el área de Sweetwater durante el operativo "Fiestas Seguras". Las cámaras de seguridad muestran el retiro de valijas de la tienda Burlington sin pasar por caja y su uso posterior en locales de Columbia y The North Face para ocultar prendas.El informe policial detalla el inventario hallado en las valijas:Una camiseta Tommy Hilfiger por el valor de 16.99 dólares.Dos paraguas Tommy Hilfiger (US$19,75 cada uno).Cinco camperas (Columbia, The North Face y otras) por US$620.Un sweater (US$21,99).Dos remeras (US$22,25 cada una).Un cinturón (US$24,75).Un pantalón deportivo (US$42,25).Dos jeans (US$94,5).Una billetera (US$27,25).Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
"No nos hace falta robar", aseguraron los cinco mendocinos que fueron acusados de hurto y orquestación de un plan por la Justicia de Estados Unidos tras haber sido detenidos en el Dolphin Mall. Leer más
Dos de los cinco mendocinos acusados de robar mercadería de varias tiendas del Dolphin Mall, en Miami, hablaron este lunes desde Mendoza y afirmaron que todo se trató de "un hecho confuso". Los turistas, que enfrentan cargos en Florida por presuntos robos cometidos durante su visita al centro comercial, negaron haber actuado de manera coordinada y rechazaron las imputaciones que figuran en los informes policiales.En una entrevista con Mediodía Noticias (El Trece), Juan Pablo Rúa sostuvo que él y sus amigos están siendo señalados por hechos que "no son ciertos". "Quiero comunicarle a la sociedad que nosotros no robamos. No somos una organización delictiva. Ha habido una confusión que no supimos manejar", afirmó. También aseguró que no tiene "nada que lo incrimine" y que el caso les generó "un daño tremendo". "No somos mecheros VIP; si alguien quisiera robar, no deja la tarjeta en cada negocio", añadió.Diego Luis Xiccato, otro de los imputados, describió el inicio de la intervención policial: "Cuando pasábamos por un detector, sonó la alarma. Vino seguridad y la Policía nos increpó. No entendía lo que me pedían ni lo que me preguntaban. Quizás ese fue el malentendido". Aseguró que el grupo es "gente laburante" y que están atravesando "una condena social muy grande e injusta". Ambos señalaron que, durante la audiencia, no tuvieron posibilidad de defenderse y que pagaron la fianza por recomendación legal para seguir el proceso fuera de prisión.El abogado defensor, Roberto Castillo, afirmó que lo que existe hasta ahora es "una sospecha policial" basada en la interacción de dos de los acusados con una valija y prendas sin ticket. "Lo complicado es defenderse ante los medios, que invierten la carga del principio de inocencia", dijo. Sostuvo que hubo compras realizadas tanto en efectivo como con tarjeta y que el trámite judicial que atravesaron es el habitual. Todos retornaron al país la semana pasada, tras abonar fianzas de entre 4000 y 4500 dólares fijadas por la jueza Mindy Glazer.Según los reportes policiales, los cinco â??Rúa, Xiccato, Mauricio Aparo-Orlando (49), Sebastián Moya (41) y Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49)â?? fueron detenidos el domingo pasado en el marco del operativo "Fiestas Seguras".Las cámaras de seguridad del mall los muestran retirándose de Burlington con valijas sin haber pasado por caja y utilizándolas minutos después en locales de Columbia y The North Face para ocultar prendas y otros artículos.Dos de ellos también fueron registrados en una tienda Tommy Hilfiger. Más tarde, agentes los interceptaron en una parada de ómnibus. La policía informó que llevaban artículos valuados en unos US$950, mientras que los otros tres portaban mercadería por más de US$1100. En total, se recuperaron productos por más de US$2000.Los cinco están imputados por "esquema organizado para defraudar" y "hurto múltiple en tiendas" y deberán presentarse a una audiencia el próximo 29 de enero, instancia en la que podrán presentar descargos, negociar un acuerdo o avanzar a juicio. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando las grabaciones para determinar si existieron otros episodios en el centro comercial o en zonas cercanas.
WASHINGTON.- En el primer día completo de este mandato del presidente Donald Trump, indultó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht , quien fue condenado por crear el mayor mercado negro en línea de drogas ilegales y otros bienes ilícitos de su época.En los siguientes meses, concedió clemencia a otros, como el líder de una pandilla de Chicago, Larry Hoover, y el capo de la droga de Baltimore, Garnett Gilbert Smith . Y la semana pasada, indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por dirigir su país como un vasto "narcoestado" que ayudó a introducir al menos 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.En general, Trump -que hizo campaña contra la crisis de drogas en Estados Unidos y prometió tomar medidas contra el tráfico en la frontera- indultó a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, según un análisis del Washington Post. También otorgó indultos o conmutaciones de penas a casi 90 personas más por delitos relacionados con estupefacientes durante su primer mandato, según el análisis.Al mismo tiempo, Trump amenazó con tomar medidas militares contra Venezuela por acusaciones de que el gobierno venezolano apoya el narcotráfico y presionó al Pentágono para realizar ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe. Estas acciones contradictorias fueron criticadas por los demócratas y otros quienes afirman que el amplio uso de la clemencia por parte de Trump contradice sus promesas de mano dura contra las drogas."El presidente afirma tomar medidas para detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos, pero ¿cómo protege esto a los norteamericanos del flujo de narcóticos que ingresa a nuestro país?", declaró el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) en el Senado, en relación a Ulbricht y Hernández. Consultada por las contradicciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el indulto al presidente hondureño no dificulta la defensa de los ataques letales de la administración contra presuntos narcotraficantes."El presidente fue muy claro en su búsqueda de impedir que los narcóticos ilegales lleguen a nuestras fronteras por tierra o por mar. También quiere corregir los errores del Departamento de Justicia, utilizado como arma durante la administración anterior", dijo.Cuando se le preguntó sobre la serie de indultos y conmutaciones de penas de Trump, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el mandatario había ejercido su autoridad constitucional y atacó al expresidente Joe Biden. "Los únicos indultos que se deberían criticar son los del presidente Autopen, que indultó y conmutó las sentencias de criminales violentos, incluidos asesinos de niños y asesinos en masa, y eso sin mencionar los indultos que 'firmó' para miembros de su familia como Hunter", dijo Jackson.Trump y sus asesores afirmaron sin fundamento que el personal de Biden utilizaba habitualmente un bolígrafo automático para firmar documentos sin su conocimiento.Trump ejerció uno de los mayores poderes de la presidencia mucho más este año que en su primer mandato. Indultó a casi todos los aproximadamente 1500 acusados â??â??del ataque al Capitolio de Estados Unidos de 2021. También indultó a una docena de congresistas, incluyendo al representante Henry Cuellar (demócrata por Texas), acusado el año pasado de soborno, lavado de dinero y conspiración.El republicano concedió clemencia a más de 230 personas en su primer mandato, y solo a dos de ellas en su primer año.El frenesí de los indultos dio lugar a una lucrativa industria artesanal. Divulgaciones públicas muestran que los grupos de presión gastaron más de 2,1 millones de dólares este año en empresas que abogan por indultos, clemencia y otras formas de alivio ejecutivo, más del doble del total gastado en 2024. Los registros también muestran que quienes buscan indultos pagaron hasta un millón de dólares para contratar a personas cercanas al presidente para que defiendan su caso."Elemento disuasorio"Los expertos afirman que los ataques a embarcaciones cerca de Venezuela no resultaron eficaces para limitar el flujo de drogas que ingresa al país, ya que el paso marítimo no se utiliza habitualmente para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que las drogas que contienen fentanilo, que contribuyeron a la mayoría de las muertes recientes por drogas, suelen fabricarse en México y contrabandearse a Estados Unidos a través de la frontera terrestre. Además, el gobierno no mostró pruebas de que las embarcaciones hundidas llevaran drogas a bordo y se dirigieran a Estados Unidos.La administración Trump afirmó que los ataques son un elemento disuasorio eficaz para otros narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa que suspendieron los ataques "porque ahora es difícil encontrar barcos para atacar, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión es fundamental". Sin embargo, los expertos afirman que no hay pruebas que muestren que el narcotráfico disminuyó."El narcotráfico es como el agua, encontrará la manera de entrar", dijo Regina LaBelle, exsubdirectora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. Los críticos de la guerra contra las drogas también afirmaron que el gobierno no abordó suficientemente la causa fundamental de las muertes en Estados Unidos: la adicción. Los defensores instaron al gobierno a invertir más en medidas de prevención de sobredosis, como la naloxona y otras opciones de tratamiento.La tasa de muertes por sobredosis aumentaron durante décadas, impulsada por el fentanilo desde 2015, hasta el final del mandato de Biden, cuando la tasa disminuyó.Los defensores advierten que los recortes a Medicaid y a las opciones de tratamiento financiadas por el gobierno podrían provocar un aumento. La Drug Policy Alliance, un grupo de izquierda, estimó que este año se recortaron al menos 345 millones de dólares de los programas federales que financian los servicios de prevención de adicciones y sobredosis. "Mientras intensificamos estas campañas militares y desinvertimos en esta infraestructura de salud, se resalta la contradicción de afirmar que estas acciones militares están salvando vidas norteamericanos de sobredosis", dijo Theshia Naidoo, directora general de defensa de política exterior de la Drug Policy Alliance.Los funcionarios norteamericanos afirman que Nicolás Maduro conspiró para traficar drogas a Estados Unidos y lo acusaron formalmente en 2020. El secretario de Estado, Marco Rubio afirmó que: "Hasta que el presidente decidió hacer algo al respecto, nadie discutía que Maduro estaba en el negocio del narcotráfico".Jeffrey Singer, experto en políticas de drogas del Cato Institute, señaló que "no hay coherencia". "Indulta a un narcotraficante, pero ordena fusilar in situ a narcotraficantes que no están en este país", agregó.Varios legisladores republicanos también expresaron escepticismo sobre el indulto de Hernández. El senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) declaró a la prensa: "Es confuso decir que potencialmente deberíamos considerar invadir Venezuela por un narcotraficante, y a su vez liberar a alguien", dijo Tillis.Trump y la Casa Blanca argumentaron los indultos que los delincuentes fueron tratados injustamente, lo que forma parte de la visión de Trump de que el sistema judicial se utilizó como arma en su contra. Liz Oyer, quien fue abogada de indultos del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Trump antes de que la despidiera -tras negarse a restituirle el derecho a poseer armas al actor Mel Gibson-, dijo que los presidentes usaron durante mucho tiempo sus poderes de clemencia para acortar las sentencias de delincuentes no violentos relacionados con drogas que cumplieron una condena considerable y mostraron signos de rehabilitación. "Hernández no cumple con ese estándar", dijo, destacando su breve tiempo en prisión y la falta de pruebas de que haya aceptado la responsabilidad de sus crímenes. "El indulto a narcotraficantes es prácticamente inaudito", agregó.Oyer describió la erosión del sistema tradicional de investigación de clemencia, reemplazado por un proceso determinado por el dinero y la influencia política. Durante décadas, los indultos y las conmutaciones eran revisados â??â??por funcionarios de carrera del Departamento de Justicia, encargados de evaluar si los solicitantes merecían una segunda oportunidad. Si bien presidentes de ambos partidos eludieron este sistema para beneficiar a sus aliados, Oyer afirmó que la amplitud de las intervenciones de Trump equivalen a un proceso paralelo de clemencia que elude las medidas diseñadas para prevenir el abuso.
Cuatro de los cinco amigos mendocinos salieron a defenderse públicamente."No armamos un viaje a Estados Unidos para robar 10 prendas, no nos hace falta", afirman.Seguirán el proceso judicial desde Argentina y confían en que serán sobreseídos. La Justicia de Estados Unidos los acusa de hurto y de orquestar un plan delictivo.
Terminó el juicio por la muerte de la bibliotecaria en la comisaría 10°, en 2017
El Tribunal Oral anuló la acusación fiscal por "inconsistente", "arbitraria" y "mal formulada", y dejó sin efecto toda la imputación. Leer más
Los exjefes de Gabinete Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, el ex titular del COMFER, Gabriel Mariotto, una decena de dirigentes de la AFA y de futbolistas argentinos agremiados fueron absueltos en el juicio oral por los fondos enviados por el Gobierno kirchnerista al programa Fútbol para Todos.El argumento usado para la absolución fue estuvo mal formulada la acusación fiscal.Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grumberg y Juan Michilini firmaron la sentencia leída en un zoom esta tarde ante todos los acusados.Dijeron que el alegado del fiscal federal Miguel Osorio y de la fiscal María Andrea Garmendia Orueta incumplió su deber legal "de formular conclusiones debidamente motivadas y técnicamente individualizadas respecto de cada uno de los hechos y personas imputadas"."No valoró la prueba del juicio, sino que pidió absolución a la mayoría de los acusados, que tenían una posición de responsabilidad, por ejemplo Mariotto, que era el administrador y lo dejó fuera del caso", señaló una fuente judicial. "Hizo una portación de apellidos caprichosamente, no distinguió si fueron fondos privados, cambió la congruencia de los hechos, no tuvo un hilo conductor la acusación, con la misma prueba pidió la condena de uno y la absolución de otros."Fue por unanimidad y los jueces hicieron un analsis pormenorizado para llegar a esa conclusión", dijo una fuente judicial y destacó que la coherencia no estaba en el alegato. "Dejó a los portadores de apellido con condenas y leves, a los demás los dejó afuera", indaron observadores del caso y destacaron que cuando el fiscal acusa mal pierde la oportunidad de hacerlo.Dijeron los jueces que esta omisión "constituye una violación directa del principio de congruencia, al no haberse precisado la plataforma fáctica atribuida a los encartados ni su correlato normativo, impidiendo así el indispensable control jurisdiccional y el adecuado ejercicio del derecho de defensa". Señalaron además que hubo "arbitrariedad" en la valoración de la prueba y que eso se evidenció "no solo en la ausencia de análisis crítico y razonado de los elementos incorporados al debate", sino también "en la falta de exposición de un hilo argumental mínimo que permita comprender la tesis acusatoria".Tan grandes fueron las falencias del alegato, que los jueces entendieron que la acusación fiscal era "jurídicamente inexistente".De hecho no cumplió con los requisitos esenciales de fundamentación por el Código Penal.Señalaron que tenía tantos déficits que "priva al alegato de eficacia jurídica, motivo por el cual corresponde declarar su nulidad, con la consecuencia necesaria de que este tribunal se vea impedido de valorar sus conclusiones a los fines previstos por la ley".Por eso es que en estas condiciones "la acusación formulada carece de idoneidad para sostener la pretensión punitiva del Estado" por lo que absolvieron a todos los acusados.Los absueltos son los exjefes de gabinete de ministros Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la Asociación de Futbol Argentino Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.También se encontraban acusados los exdirectivos de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron.Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de participes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.Sin embargo, en el final del juicio que comenzó en junio del año pasado, el fiscal Osorio dinamitó la causa y la dejó prácticamente vacía.Pidió para Fernández una pena de 3 años en suspenso y para 8 meses, en ambos casos de cumplimiento condicional. A Capítanich le achacó violación de sus deberes.La fiscal Garmendia Orueta es de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Para para el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; pidieron dos años en suspenso, un año de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes necesarios por el mismo delito, a Carlos Pandolfi -presidió la Fundación "El Futbolista" y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)- y a Norberto Monteleone -exgerente de FAA e integrante de la misma fundación.Para el resto el fiscal había pedido la absolución. Los jueces entendieron que el alegato no es válido porque con la prueba que se produjo en el juicio nunca pudieron haber sido esas as acusaciones, tan ligeras y menos los pedidos de absolución.Además señalaron fallas básicas como la falta de identificación de los hechos por los cuales pidieron las leves condenas y no se explicó porque se dejó de lado la evidencia que se ventiló en el juicio.Los fiscales ademas habái pedido devolverles los bienes embargados y secuestrados, que ahora si serán entregados a los exacusados. Los fundamentos de la decisión del Tribunal Oral se conocerá el próximo 11 de marzo y entonces este fallo podrá ser revisado por la Cámara Federal de Casación Penal a instancias del fiscal.
Los cinco turistas acusados de robar en el Dolphin Mall llegaron este jueves a Chile, y de allí se trasladaron a la provincia cuyana. Conservan sus visas, pero deberán presentarse ante la Justicia de EE.UU. en enero. La defensa apunta a responsabilizar de los robos a uno del grupo, asegurando que el resto actuó de forma legal. Leer más
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Los agentes fueron asegurados en un vehículos sin rótulos y con manchas de sangre
Salvador Plasencia se había declarado culpable de haberle facilitado ketamina al actor que fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles por una sobredosis de esta droga.
Mindy S. Glazer, jueza del Undécimo Circuito de Florida, impuso la fianza para los cinco mendocinos acusados del robo en el shopping mall. Por qué se hizo viral mucho antes, en una de sus audiencias de rutina.
Desde el mediodía, son indagados en Comodoro Py dos "operadores externos" de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), acusados de haber utilizado, sin ser funcionarios ni empleados públicos, un sistema interno de compra para favorecer a determinadas empresas, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el organismo. Se trata de Luciana Ferrari, que en el periodo investigado se desempeñó en la multinacional Roche, y Federico Santich, que es accionista de Profusión S.R.L y de la Droguería Profarma S.A., dos de las cuatro firmas favorecidas por el presunto direccionamiento. Para el fiscal Franco Picardi, Ferrari respondía, en los hechos, a los intereses de dos personajes centrales de la maniobra: Pablo Atchabahian, el médico urólogo quien fue su jefe cuando ambos trabajaron en la agencia, hoy detenido con preventiva; y Daniel María Garbellini, que se desempeñó como director del organismo hasta que se dieron a conocer los audios adjudicados al titular de Andis, Diego Spagnuolo, y ambos fueron desplazados por el Gobierno. Santich, por su parte, mantenía un vínculo con el otro director en las sombras del organismo, el exvocero de los supermercadistas chinos Miguel Ángel Calvete, que está condenado y detenido por proxenetismo en otro proceso. Ayer, en otra de las 15 indagatorias programadas, uno de los funcionarios de la agencia investigados agrietó el muro de silencio que, indagatoria a indagatoria, fueron construyendo quienes declararon hasta el momento.Se trata de Roger Grant, que apuntó hacia arriba en la organización: declaró que era su jefe quien le indicaba todo lo que debía hacer en su rol de Coordinador de Gestión de Urgencias. Su jefe era el funcionario Garbellini, quien, en los audios que dieron origen al caso, aparece como un hombre puesto en la agencia por Eduardo "Lule" Menem. PruebasEn uno de los intercambios recabados por la Justicia, el médico Atchabahian, que no trabajaba en la agencia, le sugirió a Garbellini brindarle una "ayuda" a Ferrari por su "compromiso" y por "aportar de afuera". Tras ello, Garbellini le facilitó a Ferrari usuario y contraseña del sistema interno Siipfis, a través del cual se realizaban las compulsas reducidas, en las que participaban apenas un puñado de empresas. "Este hecho reviste una gravedad inusitada -señala Picardi en su dictamen-, ya que se le otorgó acceso a información interna y sensible de un organismo estatal y de los destinatarios del Programa Federal Incluir Salud a alguien ajena a la administración pública". En otro mensaje, Ferrari le transmite a Garbellini que pese a estar de vacaciones en su trabajo privado formal, se encontraba disponible para la agencia. "Buen día Dani! Feliz Navidad! Sólo quería avisarte que cualquier cosa estoy disponible, la foto de WHATSAPP de que estoy de vacaciones es sólo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que necesiten", dice la comunicación. Ferrari fue desplazada de la multinacional Roche después de que se conoció el dictamen de Picardi. El fiscal sospecha que Santich también contaba con acceso al sistema interno mediante el cual fueron beneficiadas las empresas de las que es accionista.
Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al caso.Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero "apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar".En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini â??y procedía de conformidadâ?? en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían "podido" cotizar. Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. "A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando", señaló el fiscal Picardi en su acusación. Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios "general" y otro que denominaba "especiales". Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.
El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier detuvo hoy al asesor financiero Nicolás Alfonso, CEO de Focus Investment Management y gerente del IAEF. Lo imputó por colaborar con los líderes de la empresa para sacar el dinero al exterior. Salvo Adolfo Amuchástegui el resto acordó penas y resarcimientos. Leer más
Un remisero y la vecina del novio de una de las cuatro víctimas llegan a juicio acusados de "falso testimonio agravado". Sus relatos incriminaron a Martínez, que años después fue absuelto cuando se condenó a Javier "La Hiena" Quiroga como autor del crimen. Leer más
Camilo Cordero Fabbri dejó su cargo luego de que el Gobierno lo intimara a elegir entre su puesto en la OA o continuar como abogado de Miguel Ángel Calvete, detenido por un caso de explotación sexual. Leer más
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi levantó la inhibición total de activos que pesaba sobre los imputados del caso $Libra y ordenó embargos por solo US$25.400 durante 90 días. La decisión generó fuertes quejas entre los damnificados. Leer más
Desde el mediodía, indagan en Comodoro Py a dos exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), acusados de haber seguido de manera extraoficial instrucciones de Miguel Ángel Calvete en beneficio de un puñado de empresas. Se trata de un director de la agencia, Eduardo Nelio González, que estaba citado para las 12, y de Lorena Di Giorno, quien trabajaba en el área de compras investigada por la Justicia, y cuya indagatoria fue programada para las 13. Ambos contaban con acceso al sistema de compras interno mediante el cual, se sospecha, se realizó el direccionamiento de compras. Los dos, a su vez, mantenían un "estrecho vínculo" con Calvete, con quien compartían distintas sociedades. González integró junto a él la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L., que comparte domicilio con la consultroa Indecomm, también a nombre de Calvete. Calvete, que está preso en el marco de otro proceso donde fue condenado por proxenetismo en 2019, era vocero de los supermercadistas chinos y era una figura de consulta habitual entre los medios en temas de consumo masivo. Como resultado de los allanamientos a los domicilios vinculados a los principales implicados en el caso, la fiscalía se hizo de elementos que hacen suponer la existencia de pagos ilegales a González."Bancame que termine este kilombo", le contestó Calvete, cuando González le preguntó cuándo podía hacerse de los dólares, según figura en una conversación de junio de este año, antes de que explotara el caso. Luego, Calvete le define una fecha: "15/7". En un nuevo contacto entre ambos, correspondiente a septiembre, González le envía un audio a Calvete: "Mirá acabo de estar tomando un café acá en La Biela, de hecho sigo acá en La Biela con el amigo Willy, así que decime qué hacemos porque se va a perder eso, porque no hicimos más nada, bueno el lunes cuando voy a buscar la mía".Además, en uno de los cuadernos con anotaciones que la Justicia secuestró en un domicilio de Calvete, figuran notas vinculadas a González, con fechas y montos en dólares, una de las cuales coincide con el día indicado por Calvete, 15/7. En cuanto a Di Giorno, el fiscal Franco Picardi afirma en su dictamen: "Lorena Di Giorno -al igual que Eduardo Nelio "Pino" González-, se encontraba situada entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos de la ANDIS, en tanto funcionaria del organismo, y el de las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción objeto de esta pesquisa, cumpliendo órdenes de Miguel Ángel Calvete".Di Giorno, que integró con Calvete el directorio de la sociedad Verdabei, también habría recibido pagos por sus servicios desde el interior de la agencia, según la sospecha del fiscal. En un mensaje interceptado por la Justicia, Calvete le dice a Di Giorno: "Pasate por defensa si podés dps así te doy lo tuyo y vemos las cotizaciones".Defensa es la casona antigua de San Telmo, adonde Spagnuolo habría ido a cobrar 5 millones de pesos. Di Giorno, además, mantenía informado a Calvete sobre las novedades dentro de la agencia, incluidos algunos oficios judiciales. En las indagatorias anteriores, el denominador común entre los principales acusados fue el silencio.Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen un sistema de coimas dentro de la agencia, se negó a responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Picardi, aunque ensayó un breve descargo en el que rechazó las acusaciones. Calvete, que llegó a los tribunales de Retiro trasladado por la Policía de la Ciudad, siguió esa misma línea y optó por no declarar. Igual que Pablo Atchabahian, el médico urólogo acusado, como Calvete, de oficiar como un director externo de la agencia, que está detenido en el marco de esta investigación.Tampoco aceptó declarar el exfuncionario Daniel Garbellini, que fue echado de la agencia junto con Spagnuolo cuando estalló el caso.
El Tribunal rechazó los recursos de Dragonetti, Balan y Loson, que buscaban llevar sus casos a la Justicia electoral con el argumento de que eran "aportes de campaña". Leer más
Exdirectivos, asesores y políticos de alto nivel están involucrados en uno de los escándalos más fuertes del gobierno de Gustavo Petro
La situación generó temor en los vecinos, quienes recibieron amenazas y prefieren no brindar declaraciones para evitar represalias
Por primera vez el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos están en posición de acusar.Los frentes son dos: el jury contra los tres fiscales que llevaron el caso y la causa contra el parquetista Roberto Bárzola, hasta ahora sobreseído por prescripción.
La colaboración de fuerzas federales y estatales en la operación reveló la participación de taxistas, así como el uso de vehículos sindicales
Su padre, Fausto Isidro González, ha exigido a la fiscalía del estado que el caso de su hijo sea investigado por posible abuso policial y ejecución extrajudicial
El operativo deportó a 69 extranjeros en un vuelo chárter, entre ellos 49 ciudadanos colombianos, como parte del plan chileno para acelerar la salida de personas con antecedentes penales y procesos pendientes
Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Entre los capturados y acusados por las tropas aliadas estaban Hermann Göring, Rudolf Hess o Albert Speer. Allí nació el concepto de crímenes de lesa humanidad.18 acusados fueron declarados culpables y 3 fueron absueltos. 12 fueron condenados a muerte, tres a cadena perpetua y los demás a penas de entre 10 y 20 años de prisión.
La hija de Calvete tuvo que renunciar en Economía
El primero será Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra detenido en otra causa. Diego Spagnuolo debe presentarse mañana. La justicia investiga una red de corrupción que habría desviado más de 48 mil millones de pesos
Los dichos del padre de Máximo Thomsen y de Emilia Pertossi encendieron la polémica y reactivaron la discusión pública sobre el crimen que conmocionó al país. El estreno de "50 segundos", el caso de Fernando Báez Sosa expuso las tensiones entre las familias de los rugbiers condenados y los padres de la víctima. Leer más
Durante dos semanas, unos 40 testigos han pasado por el Tribunal Supremo para aportar nuevas pruebas de la inocencia o culpabilidad de Álvaro García Ortiz
Uno de los acusados en el caso de los cuadernos de las coimas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, envió una nota al tribunal que lleva adelante el proceso para oponerse a la posibilidad de que se agreguen más audiencias por semana al juicio y que sean presenciales.Los abogados de Wagner, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, señalaron en su escrito que agregar audiencias alteraría sus agendas con procesos en trámite y sostuvieron que hasta ahora en otros juicios ante el mismo tribunal, el sistema híbrido está dando resultados.La queja de los letrados se debe a que la Cámara de Casación llamó para el martes a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Carnero y Germán Castelli a una audiencia para ofrecerles mecanismos para agilizar el juicio.Los abogados mencionaron que no hubo menoscabo al derecho de defensa, como mencionaron los camaristas cuando advirtieron sobre los problemas derivados de la falta de audiencias presenciales.En la misma línea, indicaron que "no han visto mengua alguna de sus facultades y posibilidades, ya que la naturaleza hibrida de la instrumentación del debate, con consenso de todos, permite utilizar la presencialidad de imputados y testigos a expresa solicitud".Los defensores de Wagner mencionaron que en los casos Aysa, que tramita ante el mismo tribunal, y Gas Natural Licuado -que ya concluyó- "las audiencias de las que simultáneamente participan los mismos abogados ante este tribunal, se han desarrollado sin dificultad alguna, esta última con un avance operativo muy importante".Dijeron que de prosperar que se admitan tres audiencias semanales presenciales, "se descompensaría absolutamente la programación laboral de muchos de los abogados defensores presentes en este debate, que deben atender necesariamente otros juicios, con el inevitable correlato de perjudicar en terminos de asistencia horaria y de preparación, a sus propios defendidos"."Introducir ahora la inmediación coma formula excluyente de la continuación del debate pondría en crisis la validez de lo transcurrido hasta el momento por vía Zoom", señalaron. Y abundaron que "podría decirse que lo que sobra es una tendenciosa publicidad que alimenta las producciones televisivas y las entrevistas a funcionarios judiciales que, al decir de Miguel Angel Almeyra, debieran guardar un silente recato"."Es la opinión de estos letrados que vuestra excelencia y tambien la señora fiscal general deben ajustarse estrictamente al cronograma fijado por el tribunal en las audiencias preliminares, como garantía de legalidad y respeto al debido proceso", concluyeron.
El juez Aguinsky consideró que actuaban "con roles definidos y distintas jerarquías", aplicó la "ley antimafia" y calificó los hechos como "asociación ilícita, contrabando, falsificación de moneda y lavado de activos". Leer más
Prefectura, Policía Federal y Bomberos participan del operativo en el predio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, en 9 de Julio, Corrientes.
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a su exabogado personal y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según informó un funcionario del Departamento de Justicia.Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto "total, completo e incondicional", que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman. La proclamación, publicada en internet el domingo por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors. Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intentâ??let their healing begin. #Federalist74 â??ï¸? pic.twitter.com/rDOtgpapCB— Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025Los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales. Pero la medida subraya los esfuerzos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.Otra figura clave incluida en la lista es Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos de Trump por impugnar su derrota electoral.La medida del magnate llega después de los amplios indultos concedidos a cientos de sus simpatizantes acusados por asaltar el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos condenados por atacar a las fuerzas del orden.La proclamación describió los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales de 2020 "como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense" y dijo que los indultos estaban diseñados para continuar "el proceso de reconciliación nacional".La causa de TrumpEl propio Trump fue acusado formalmente de delitos graves que lo señalaban de intentar revertir su derrota electoral de 2020, pero el caso presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue abandonado en noviembre tras la victoria del republicano sobre la demócrata Kamala Harris, debido a la política del Departamento que prohíbe procesar a presidentes en funciones.Giuliani, Meadows y otros mencionados en la proclamación habían sido acusados por fiscales estatales en relación con las elecciones de 2020, pero los casos se estancaron o avanzan lentamente. En septiembre, un juez desestimó el caso en Michigan contra 15 republicanos acusados de intentar certificar falsamente a Trump como ganador de las elecciones en ese estado clave.Giuliani, Powell, Eastman y Clark fueron considerados co-conspiradores en el caso federal presentado contra Trump, pero nunca fueron acusados de delitos federales.El exalcalde de Nueva York fue uno de los defensores más fervientes de las afirmaciones infundadas de Trump sobre un fraude electoral masivo tras las elecciones de 2020. Desde entonces, ha sido inhabilitado para ejercer la abogacía en Washington y en Nueva York por su defensa de las falsas afirmaciones electorales de Trump, y perdió un juicio por difamación de 148 millones de dólares iniciado por dos exfuncionarias electorales de Georgia cuyas vidas fueron devastadas por las teorías conspirativas que él promovió.Eastman, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman, en el sur de California, fue un estrecho asesor de Trump tras las elecciones de 2020 y redactó un memorando en el que detallaba los pasos que el vicepresidente Mike Pence podría seguir para detener el conteo de los votos electorales mientras presidía la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, con el fin de mantener a Trump en el cargo.Indultos por el asalto al CapitolioEsta serie de indultos no marca la primera vez que el mandatario norteamericano hace uso de sus potestades como presidente para incidir en favor de quienes apoyaron sus esfuerzos por desestimar su derrota electoral en 2020.Trump ya había emitido un decreto que liberó a más de 1500 de sus partidarios que tomaron por asalto el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando se pretendía certificar el triunfo electoral de Biden.Ese día, una turba de seguidores del presidente irrumpió en el recinto dejando destrozos a su paso y obligando a los legisladores presentes a esconderse. El enfrentamiento con la policía dejo unos 140 agentes de seguridad heridos y al menos cinco personas muertas.A principios de este año, apenas unas horas después de su regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una medida que permitió salir de prisión a los acusados, incluidos algunos condenados por agredir a policías.Agencias AP y Reuters
La medida beneficia a 77 aliados del mandatario republicano implicados en los esfuerzos de revertir la elección que perdió frente a Joe Biden. Leer más
La operación desmanteló una red internacional dedicada a la extorsión digital y el robo de información privilegiada a empresas multinacionales
Fiscales especializados de Ayacucho ordenaron la captura de tres efectivos, quienes enfrentan una investigación por el supuesto cobro de dinero a cambio de liberar a una persona requisitoriada
Santiago Viola presentó un recurso en representación de Norma Radice, hermana de Jorge, represor de la ESMA y quien está condenado por crímenes de lesa humanidad. Viola fue el abogado que presentó un recurso a pedido de Karina Milei para frenar la difusión de los audios de Diego Spagnuolo. Leer más
El cuerpo fue hallado la tarde del 1 de octubre de 2025 en dos maletas que estaban abandonadas en un canal de aguas en área rural de la comuna de Pudahuel, en Santiago
"Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir que se retiren. Ya pasó un tiempo prudencial". De ese modo el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, invitaba a retirarse a la segunda tanda de periodistas y fotógrafos que buscaban una instantánea de él y sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, y se ponía en marcha, en ese mismo momento, el juicio oral de la causa por los Cuadernos de las Coimas, con cada uno de los 87 imputados conectados de forma virtual.En el inicio del juicio, la secretaria del tribunal constató la presencia virtual de los 87 imputados y sus respectivos abogados. Le tomó más de 15 minutos. Entre ellos, se encontraba la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, que enfrenta el juicio desde su departamento en San José 1111, donde cumple la condena a 6 años por Vialidad.La lectura del requerimiento de elevación a juicio se vio interrumpida casi al comienzo. La cámara de la expresidenta enfocaba solo a su abogado, Carlos Beraldi, dejándola a ella fuera del cuadro. Lo mismo ocurría con otros tantos imputados."Les pido a las personas que no aparecen en cámara, que lo hagan", solicitó el juez Méndez Signori. La expresidenta volvió a aparecer, pero con el correr de los minutos se fue apartando nuevamente de la cámara, dejando solo su hombro. De a ratos, Beraldi intercambiaba algún comentario con ella, tapándose la boca con su mano.La antesala del juicio estuvo marcada por un mensaje de la expresidenta en redes, donde calificó de "bodrio y opereta judicial" a la causa; llamó "extorsionados" a los empresarios y funcionarios "arrepentidos" y describió a los cuadernos de Centeno como "truchos", desafiando indirectamente el peritaje realizado por la Gendarmería que estableció que eran auténticos y se correspondían con el puño escritural del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.También antes del inicio del juicio, los jueces abrieron la sala a los medios para que ingresaran y tomaran fotos. Los tres jueces se encuentran juntos en el TOF 7, una sala de colores apagados, techos altos y poco más de 4 metros cuadrados, ubicada en el sexto piso del Palacio de Tribunales. Una de sus paredes está reservada exclusivamente para cajas con expedientes que llegan hasta el techo. El inicio del juicio, previsto para las 9:30, se demoró más de una hora. Durante buen rato, los tres magistrados salieron e ingresaron al tribunal por una puerta lateral, como un empleado más, pasando por completo inadvertidos frente a las cámaras. Ya en la audiencia, la secretaria del tribunal leyó la primera parte de la acusación fiscal: relató cómo se iniciaron 6 de las 10 causas que componen el caso de los cuadernos que comenzó hoy. Contó que en abril de 2018 se le tomó testimonial al periodista del diario LA NACION Diego Cabot, quien había iniciado una investigación meses antes. "Se refirió a que contaba con información y documentación que podía resultar de interés", leyó.El periodista había recibido una caja con los ocho cuadernos donde el chofer Centeno realizó las anotaciones que dieron inicio a su investigación, escritos sobre hechos que se fueron revelando con mayor nivel de detalle con los años, donde, entre otras cuestiones, figuraban direcciones que luego Centeno confirmaría que eran los domicilios de empresas vinculadas al mundo de la construcción o el transporte.Luego se leyeron los 40 puntos del requerimiento de elevación de solo una de las causas que integran el juicio oral. Allí se despliegan solo algunos de los cargos que la fiscalía dice tener por acreditados contra la expresidenta: asociación ilícita, en carácter de jefa; cohecho pasivo, en calidad de coautora, en 26 oportunidades. A la secretaria le tomó más de media hora hacerlo. Luego, continuó con los hechos que la fiscal Fabiana León le imputa al exministro de Planificación, Julio de Vido, pero en la lectura la reemplazó uno de sus colegas. Noticia en desarrollo
La exfuncionaria será codefensora de Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A.En 2021 Gils Carbó fue procesada y enviada a juicio oral por presuntos hechos de corrupción.
El proceso se iniciará este jueves a las 9:30 y de forma virtual. Se juzga una asociación ilícita, en la que se acusa a la expresidenta de ser la jefa, que funcionó de 2003 a 2015 para recibir sobornos de contratistas del Estado. Seguí todas las novedades sobre el juicio por la causa Cuadernos en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
El juicio por el caso de los cuadernos de la coimas reúne, por primera vez en la historia argentina, a quienes fueron considerados como los funcionarios más poderosos hasta hace 10 años, incluida Cristina Kirchner, con los empresarios que manejaron durante décadas la obra pública en el país.Entre ellos se cuentan los máximos responsables del ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio De Vido y donde se centralizaba la obra pública, y las concesiones ferroviarias, el transporte y las autopistas. Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime. Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando. Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar. También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.
Ante la inminencia del comienzo del juicio oral y público por el caso conocido como cuadernos de las coimas, que arranca este jueves, en el Gobierno consideraron que esperan que la Justicia "avance hasta donde deba avanzar" y que "quienes sean culpables, paguen por lo que hicieron". El juicio será el segundo que lleve al banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. La exmandataria es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita integrada por funcionarios que cobraban retornos de parte de empresarios.Las declaraciones de fuentes de Casa Rosada fueron ante la consulta LA NACION en la antesala del comienzo del juicio que llevará, además de a la expresidenta, a otras 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios. El debate se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal."El choreo más grande de la historia de la humanidad", definió Milei el caso. Semanas atrás, el presidente Javier Milei se refirió a la exmandataria como "la chorra de la tobillera", en referencia al dispositivo electrónico que Kirchner tiene desde mayo pasado cuando le fue otorgada la prisión domiciliaria en el marco de la causa "vialidad". Ese caso fue el primero en el que la expresidenta terminó sentada en el banquillo de los acusados primero y condenada después. La ratificación de esa condena a seis años de prisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y desde entonces Kirchner cumple arresto domiciliario. El mandatario mencionó, entre otras causas judiciales de Kirchner no solo a "Vialidad", sino también a "Memorándum de Entendimiento con Irán" y a Cuadernos. Fue entonces que se refirió a ese expediente como "el choreo más grande de la historia de la humanidad".El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. VacantesEl juicio será llevado adelante por jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.La disponibilidad de los jueces está sujeta a vacantes sin cubrir en la justicia es un déficit que lleva años y que se acrecentó en el último año. En ese caso, el juicio por los cuadernos de la corrupción no son la excepción. Si bien el TOF 7 está completo con sus tres jueces, las agendas de estos en otros tribunales que deben subrogar complicó la organización del debate. En los TOF la mitad de los jueces están vacantes, por lo que los que están deben dividirse entre juicios de sus propios juzgados y otros que subrogan, lo mismo sucede con los jueces que deben quedar como suplentes -"cuarto juez"- que pertenecen siempre a otros tribunales y deben congeniar agendas. Si bien la situación de las vacantes de jueces es problemática desde hace años, se aceleró en el último tiempo. Fue luego de que las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año. Pasando casi del 33% de vacantes actual al 38% en el primer trimestre de 2026. La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia. Desde el Gobierno comparten la preocupación y prometen que luego de haber pasado las elecciones y ante la inminente nueva composición del Congreso, enviarán al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.
El ministro de defensa resaltó que la ofensiva contra estos grupos continúa y pidió a la comunidad apoyar con denuncias para combatir el crimen
La indignación vecinal y el debate sobre la protección ciudadana crecen en el distrito limeño tras el violento episodio
La Policía ha señalado que se trata de un dispositivo especial iniciado en 2024 por la Sección de Fugitivos
El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara respaldó a los fiscales de Homicidios de La Matanza, que consideran resueltos los casos de Brenda, Morena y Lara.
Penas en suspenso, multas y la suspensión de sus cuentas en redes sociales por meses para los acosadores. Leer más
PARIS.- Varios acusados comparecieron esta semana ante el tribunal correccional de París, por haber acosado cibernéticamente a Brigitte Macron por su género y su diferencia de edad con su marido, asimilándola a la "pedofilia". Los diez responsables de difundir el rumor transfóbico se defendieron afirmando haber querido hacer "humor" o "informar" sobre una falsa noticia mundial sobre la supuesta identidad trans de la esposa del presidente francés.Galerista, profesor, médium o informático: ocho hombres y dos mujeres desfilaron lunes y martes ante la justicia, en orden alfabético. Con edades entre 41 y 60 años, los acusados están sospechados de haber proferido numerosos comentarios malintencionados contra Brigitte Macron sobre su "género", su "sexualidad" y asimilando la diferencia de edad con su esposo a la "pedofilia", según la fiscalía de París.La investigación por ciberacoso fue confiada a la brigada de represión de la delincuencia contra la persona (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, conduciendo a varias detenciones, especialmente en diciembre de 2024 y febrero de 2025.Ausente del juicio â??cuyos interrogatorios se desarrollaron entre lunes y martesâ??, la esposa del jefe de Estado dijo a los investigadores que el rumor tuvo "un gran impacto" en su entorno y en ella misma, relatando que sus nietos escuchan todo el tiempo que "su abuela es un hombre" y que no hay encuentro diplomático de primer nivel, donde alguien le afirme no estar al corriente del rumor. Su abogado, pidió por eso a la hija menor de la primera dama, Tiphaine Auzière, que prestara testimonio."Es importante estar aquí hoy para expresar el perjuicio que sufrió mi madre", declaró Tiphaine este martes. "He visto realmente un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida", añadió."Está obligada a prestar atención a la elección de la vestimenta, a las posturas, porque sabe perfectamente que su imagen puede ser tomada y distorsionada al servicio de mentiras y teorías falaces sobre su identidad y su probidad", detalló."Es alguien que sufre ataques constantemente. [Mi madre] no puede ignorar todas las atrocidades que se dicen sobre ella", añadió.El 22 de junio de 1974, Brigitte Trogneux se casó con el banquero André-Louis Auzière (1951-2019) en Le Touquet-Paris-Plage. La pareja, que se separó cuando Brigitte conoció a Macron, tuvo tres hijos: Sébastien Auzière (1975), ingeniero estadístico, graduado de la Escuela Nacional de Estadística y Análisis de la Información, Laurence Auzière (1977), cardióloga, y Tiphaine Auzière (1984).Los acusadosEntre los acusados, el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido y seguido en redes sociales bajo el seudónimo de "Zoé Sagan". Su cuenta X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada a círculos conspirativos.El hombre está implicado en una serie de tuits y traducciones de mensajes de otros internautas, en 2023 y 2024, que difundieron la falsa información de que la esposa de Emmanuel Macron es una persona transgénero. En ellos sostiene, entre otras cosas, que "el caso Brigitte Macron es un secreto de Estado impactante que implica una pedofilia avalada por el Estado".Alto, delgado, vestido con un traje negro, este martes respondió a las preguntas del tribunal, embarcándose a veces en alegatos sobre literatura o el derecho de la prensa. En custodia policial, había explicado que quería dar a conocer "informaciones de interés público" sobre la primera dama, estimando que Brigitte Macron había "usurpado una identidad" para hacerse pasar por una mujer. Frente al tribunal, reivindicó nuevamente su derecho a expresar, como "satirista", un "punto de vista diferente al de la prensa dominante". "Soy un absolutista de la libertad de expresión", afirmó.Sin embargo, presentó sus mensajes sobre Brigitte Macron como el fruto de una experiencia artística, estimando haber "inventado el género literario de la nota ficción" al alimentar la inteligencia artificial con información sobre este asunto, y luego publicando en las redes sociales los textos que de ello derivaban."Los autores toman notas. Pero hoy, el cuaderno Moleskine ha sido reemplazado por X. Es una forma de bistró (bar) contemporáneo", justificó.Durante todo su interrogatorio, mencionó sistemáticamente su seudónimo, "Zoé Sagan", usando la tercera persona.-La inteligencia artificial escribe, pero ¿usted revisa y valida?â??, le preguntó el presidente del tribunal.-Sí. Zoé Sagan trata todos los temas de actualidadâ??, reconoció el acusado, asegurando al mismo tiempo que no necesariamente "respaldaba" lo que compartía.-Es Zoé Sagan quien habla [en X], no yo. Creé este personaje, como 'Madame Bovary' de Flaubertâ??, insistió.Negando, como los otros acusados interrogados el lunes, que estos mensajes pudieran constituir un ciberacoso contra Brigitte Macron, Aurélien Poirson-Atlan reclamó nuevamente, como antes del juicio, una "entrevista" con la esposa del presidente o con su hija, para poner fin al rumor. También estimó que la estrategia de la pareja presidencial, que permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de presentar denuncias contra los internautas que difundieron la información falsa, incluso en Estados Unidos, fue un "error absoluto": "Eso pone una moneda más en la máquina", dijo.Otra acusada, la "médium", "periodista" y "alertadora" de 51 años Delphine J., conocida bajo el seudónimo de Amandine Roy, quiso ejercer el lunes su derecho al silencio en el estrado, explicando que ya se había "expresado" ampliamente. La mujer contribuyó en gran medida a propagar los falsos rumores según los cuales, Brigitte Macron, nacida Trogneux, nunca habría existido y que su hermano Jean-Michel habría tomado esa identidad después de haber hecho la transición. Una acusación que también sugiere sin decirlo la supuesta homosexualidad del actual presidente francés. Amandine Roy lo hizo difundiendo un video viral de cuatro horas en 2021, y desde entonces retirado.Seguida por cerca de 20.000 personas en X, también encontró "excelente" un tuit de la influencer estadounidense de extrema derecha Candace Owens, posando con una camiseta que mostraba una portada manipulada de la revista Time, donde Brigitte Macron aparece como el"hombre del año". Al anunciarse el pequeño papel dado a la primera dama en una temporada de la serie Emily in Paris, Delphine J. se enfureció: "¡Boicoteen esa mierda!", escribió. Sin embargo, según su abogada, Maud Marian, Delphine J. solo "reaccionó a la actualidad", añadiendo que "ningún mensaje fue dirigido directamente a la señora Macron".Condenada por difamación en primera instancia en septiembre de 2024 por la justicia francesa, junto a Natacha Rey, a pagar varios miles de euros en daños y perjuicios a Brigitte Macron y 5000 euros a su hermano Jean-Michel Trogneux, fue absuelta en apelación el 10 de julio. Sin embargo, la corte de apelación no validó la tesis de las dos mujeres: la jurisdicción estimó que la afirmación según la cual Brigitte Macron habría "realizado una transición de género sin hacerla pública" no constituía "un atentado al honor", elementos necesarios para caracterizar la difamación. Brigitte Macron y su hermano han recurrido en casación contra esta decisión.Otro acusado en el caso, Jérôme A., de 49 años, explicó en lunes en el estrado que realizó una búsqueda en Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, poco antes de la audiencia. Según este informático, existirían "6 millones" de publicaciones sobre la pareja del jefe de Estado. El individuo está siendo procesado por haber difundido una decena de tuits "sarcásticos" sobre ella. "Una persona poderosa debe aceptar la crítica", se justificó. "¿Decir 'la zorra (poule, en francés)' de Brigitte Macron' es una crítica?", le preguntó la presidenta.Bertrand S., galerista de 56 años con más de 100.000 seguidores en X, denunció el día antes de la audiencia en X un juicio contra "la libertad de pensar" frente al "Estado mediático profundo".La diferencia de edad de 24 años entre los esposos Macron sirvió de pretexto para propagar ese rumor que se exportó mucho más allá de Francia. Nacida desde la elección de Emmanuel Macron en 2017, la noticia falsa transfóbica se volvió viral en Estados Unidos, donde los Macron iniciaron este verano juicios contra Candace Owens, podcaster y autora de una serie de videos titulada Becoming Brigitte ("Convirtiéndose en Brigitte").Varias personas juzgadas en París han difundido las publicaciones de la estadounidense, alegrándose de ver que el "asunto Brigitte" se internacionalizaba. Los acusados enfrentan hasta dos años de prisión.
La Unión Europea no solo cuestiona la falta de acceso a datos, sino también la efectividad de los sistemas para denunciar contenidos ilegales
El MPF los imputó de los delitos de "asociación ilícita destinada al contrabando", "puesta en circulación de dinero falso" y "lavado de activos agravado". Leer más
El estado en el que encontraron a la niña revela un acto de extrema violencia.Su madre pide que se haga justicia a pesar de que los implicados son menores de edad. Crónica del caso que sacude a un país.
La Fiscalía de la Nación también allanó sus viviendas y comisarías ubicadas en Independencia, Cercado de Lima, Carabayllo y Comas
Luis Alberto Rendón cumple actualmente una medida de aseguramiento en su domicilio al no allanarse a los cargos en su contra por secuestro simple y tortura
Liliana Mazure y Jorge Alvarez fueron a juicio junto a tres productores. Los habían procesado por un presunto desvío millonario de fondos estatales que, para los jueces, no logró probarse durante el debate
El economista y diputado nacional por Republicanos Unidos habló en un nuevo capítulo del programa en colaboración con UNICEF. La ley que quiere eliminar, por qué aumentaría la edad jubilatoria y la insólita conversación que tuvo con ChatGPT
Un operativo en Zona Bananera permitió la aprehensión de 'Francisco' y 'Dereck', señalados por exigir dinero a bananeros, ganaderos y empleados de concesiones en la región
A partir de las declaraciones indagatorias de Celeste Magalí González Guerrero y de Víctor Sotacuro Lázaro, dos de los nueve detenidos por su presunta responsabilidad en los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, hubo nueve asesinos en la casa de Florencio Varela donde mataron a las tres jóvenes, entre el 19 y el 20 de septiembre pasado.Hasta la indagatoria de Víctor Sotacuro Lázaro, los investigadores judiciales y policiales tenían elementos que indicaban que Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, Matías Ozorio y David Gustavo Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, habrían estado en la casa de Chañar y Río Jáchal cuando Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas.Pero, en su indagatoria, Celeste, que figura en el listado de las cuatro primeras detenciones, sumó a Manuel David Valverde Rodríguez, al mencionado Sotacuro Lázaro, a dos sospechosos a los que se refirió por su alias: Paco y Nero, nombró a Luis Alan Valverde Rodríguez por su parecido con Pequeño J en la escena del triple crimen. De confirmarse que la descripción de los hechos y los acusados tuvieron participaciones coincidentes con los relatos de Celeste y Sotacuro Lázaro, significa que al menos nueve sospechosos colaboraron en los femicidios de Brenda, Morena y Lara. Mucha gente. Con estas dos indagatorias, en las que los acusados no tienen la obligación de decir la verdad y constituyen un medio de defensa, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, comenzará con la denominada evacuación de citas para establecer mediante el refuerzo de pruebas científicas y testimoniales la veracidad de los dichos de Celeste y Sotacuro Lázaro. Con respecto a los tíos de Pequeño J, se determinó que Luis Alan Valverde Rodríguez, llegó a la Argentina el 30 de agosto pasado. Fue grabado por una cámara de seguridad instalada frente a la terminal fluvial de Puerto Madero cuando descendió de un barco en el que viajó desde Colonia.Mientras que Manuel David Valverde Rodríguez intentó ingresar en el país el 29 de agosto pasado. Sin embargo, en el puesto de la Dirección General de Migraciones de la terminal fluvial de Puerto Madero lo rechazaron debido a que aportó un domicilio inexacto. No obstante, de alguna forma habría logrado entrar en el país.Tanto Manuel David como Luis Alan, los tíos de Pequeño J tienen antecedentes penales en Perú. El primero de ellos fue procesado en nueve causas penales. Entre los delitos por los que estuvo acusado figuran robo agravado, lesiones graves y tenencia de explosivos. Mientras que Luis Alan fue acusado de homicidio y lesiones graves. Ambos formaron parte de la banda La Jauría y después pasaron al grupo de "Los Injertos del Nuevo Jerusalén", la organización que fundó el abuelo de Pequeño J. González Guerrero señaló la foto de Sotacuro Lázaro cuando describió al hombre que descendió de la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las tres jóvenes a la casa de Chañar y Río Jáchal."Duro es Sotacuro. Está por encima de Pequeño J o Julio. Es quien daba las órdenes", expresó Celeste, en su indagatoria.Triple crimen de Florencio Varela: quienes integran la banda de "Pequeno J" González Guerrero y Sotacuro coincidieron en que Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, estuvo en la vivienda donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara. La diferencia entre las declaraciones de ambos acusados fue que Sotacuro Lázaro se colocó fuera de la vivienda, dijo que actuó como remisero y que la madrugada del 20 de septiembre pasó a buscar al Loco David cerca de la vivienda.Al declarar ante el fiscal Arribas, el acusado Sotacuro Lázaro afirmó que el Loco David llegó con otros peruanos, agregó que los tres tenían la ropa manchada con barro y que su pasajero lo obligó a detenerse en la esquina de Amancio Alcorta y Perito Moreno, donde arrojó en un contenedor de basura las prendas de vestir sucias."En ese momento, no me pareció raro que estuvieran manchados con barro. En un momento 'El Loco David' me dijo 'qué mirás sapo'. Entonces me dediqué a manejar hasta la 1-11-14 y dejé de hablar", había dicho Sotacuro, al asegurar que no tuvo ninguna participación en los homicidios y que no estuvo en la escena del triple crimen.De los nueve sospechosos detenidos, tres son de nacionalidad peruana: Sotacuro Lázaro, Pequeño J y Villanueva Silva. También nacieron en Perú los investigados que aún no fueron detenidos: Morales Huamaní, Luis Alan Valverde Rodríguez, Manuel David Valverde Rodríguez y los señalados Nero y Paco.En tanto que Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Andrés Parra y Florencia Ibáñez son de nacionalidad argentina y figuran en la primera tanda de detenidos.Triple crimen: la situacion de los detenidos y profugos
El conductor denunció que los efectivos le advirtieron que el vehículo contaba con una orden de captura, por lo que aseguró que lo llevaron hasta un cajero automático