Suben las temperaturas y las jornadas se trasladan al aire libre, la playa o la pileta; disfrutar de los comienzos del verano puede volverse un desafío para quienes viven con incontinencia urinaria. El calor, enemigo absoluto en estos casos, no solo puede intensificar la sintomatología, sino también aumentar la incomodidad y la preocupación por posibles episodios en lugares públicos. Sin embargo, con algunos cuidados y estrategias simples, es posible atravesar esta temporada con más confianza.A pesar de que se trate de una condición asociada a la vejez, son cada vez más los artículos académicos que revelan que la incontinencia afecta a mujeres de todas las edades: jóvenes, madres recientes o mayores de 60 años. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Continencia, esta pérdida involuntaria de orina puede volverse en un problema social o higiénico para el paciente.El alimento que tiene proteína, zinc y omega-3 y que es muy sabroso para incorporar a la dieta"Alrededor del 50% de las mujeres van a experimentar un episodio en algún momento de su vida y las probabilidades aumentan exponencialmente cuando se entra en la menopausia", informa la Dra. Claudia Scalise, médica a cargo de la sección de Uroginecología y Suelo Pélvico en el Sanatorio Güemes.Según explica, sintomatología como el goteo constante, la urgencia por orinar, sensación de vaciado incompleto de la vejiga o de tener la ropa interior mojada, son algunas de las molestias que más asustan de cara al verano.Frente a esto, Tena, la compañía líder en productos para la incontinencia, confirma lo experimentado por los pacientes: "El calor provoca sudoración excesiva, lo que puede hacer que las personas con incontinencia se sientan incómodas o inseguras; además, la deshidratación puede influir en la función de la vejiga, haciendo que los síntomas de incontinencia empeoren".A los 53, cruzó nadando el Río de la Plata, un sueño postergado por añosFrente al malestar experimentado, la marca brinda tres consejos para evitar que la incontinencia arruine los días de sol:Mantener el cuerpo fresco: usar ropa ligera, transpirable y cómoda para evitar la acumulación de sudor que podría empeorar la sensación de incomodidad.Evitar bebidas irritantes: bebidas como el café, las gaseosas con cafeína o el alcohol pueden irritar la vejiga. Es mejor priorizar el consumo de agua, infusiones naturales y jugos sin azúcar.Usar productos adecuados: asegurarse de usar diariamente productos especiales para la incontinencia y, en caso de estar en la playa o pileta, que la ropa sea adaptable al agua.Otros 'tips' que brindan para sentirse mejor en los meses de calor son, por ejemplo, caminar en las horas en las que la radiación solar sea baja. "Al hacerlo por la mañana temprano o al atardecer se evita sufrir el calor extremo. Además, la caminata es un ejercicio de bajo impacto que ayuda a fortalecer el suelo pélvico y mejorar el control de la vejiga", señalan desde Tena.En cuanto al estrés social que genera que otras personas vean signos de la incontinencia, los expertos de la marca declaran: "el miedo al qué dirán o a un posible accidente puede generar estrés, ¡pero solo será un juego de la mente! Hay que intentar que la cabeza no arruine el momento".
La salud física, mental y emocional de los equipos adquirirán un rol central en las políticas de recursos humanos, impulsando la sostenibilidad y el compromiso dentro de las organizaciones
CÓRDOBA.- Diego Santilli jurará el martes como ministro del Interior. Antes de asumir el cargo, ya comenzó su contacto con los gobernadores. Acompañado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a Raúl Jalil (Catamarca) y a Ignacio Torres (Chubut) y a partir de mañana continuarán los encuentros individuales. En las provincias empiezan a poner a prueba la palabra del nuevo funcionario para cumplir lo que se compromete en las reuniones.Pero antes, Santilli debe tomar posesión de la cartera política en forma oficial: a las 15 del martes le tomará el juramento de rigor el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.A los encuentros del viernes con Torres y Jalil se sumarán el del lunes, con el cordobés Martín Llaryora y el sanjuanino Marcelo Orrego, más el salteño Gustavo Sáenz el próximo miércoles y una proyectada "gira" para visitar a gobernadores de provincias aliadas: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco). También habrá un encuentro -aún sin fecha- con el jefe de gobierno porteño y antiguo compañero de ruta en Pro, Jorge Macri.La primera parada de los consensos apunta al presupuesto 2026, en el que las provincias tienen en común tres puntos: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en el proyecto del Gobierno sumarán 569.426 millones para el año próximo; el impuesto a los combustibles (se prevé una recaudación de $7,6 billones y las provincias reclaman el 54%) y las cajas de jubilaciones no transferidas, para las que el oficialismo asignó $122.000 millones, una cifra muy baja para cumplir con la ley vigente, que demandaría unos $900.000 millones.En total, la cifra en juego supera los $5 billones, sin contar los fondos previstos por las leyes de presupuesto universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica, que la Casa Rosada no aplica ni contempló en el presupuesto. Tampoco incluye las demandas particulares de obras públicas de cada provincia. Una vez más, la expectativa de los gobernadores es determinar el margen de negociación de recursos que tiene Santilli. Es decir, si a diferencia de Guillermo Francos y Leandro Catalán, tiene autonomía para comprometer fondos. "Si le hacen dejar la billetera antes de recibirnos, estaríamos igual que antes", coinciden, a la vez que subrayan a LA NACION que Milei es consciente de que esa es la cuestión de fondo.También el Presidente visitará las provincias y buscará así un diálogo directo con los mandatarios que, descuentan, debería ayudar para los entendimientos.Además de los tres puntos claves, sigue pendiente una respuesta de Nación respecto a qué pasará con la obra pública. Economía incluyó en el proyecto de presupuesto 2026 unos $750.000 millones para proyectos de ejecución en las distintas jurisdicciones (sin contar trabajos interprovinciales). La lista incluye, por ejemplo, los arreglos de edificios nacionales, mantenimiento de parques nacionales y centrales de energía. El proyecto -para el que el oficialismo logró un dictamen de mayoría en comisión- no prevé el cumplimiento de leyes sancionadas con el apoyo de los gobernadores como la emergencia en discapacidad, en pediatría y la mejora de recursos para las universidades nacionales. El bloque de Encuentro Federal, integrado por los diputados de Provincias Unidas, entre otros, sacó un dictamen propio con modificaciones al texto oficialista y dando respuesta a los reclamos de los gobernadores.El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de Santilli, está tanteando a legisladores que responden a los gobernadores convocados por el Presidente a la reunión de la Casa Rosada (solo quedaron afuera los kirchneristas Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán). Fuentes cercanas a Menem indican a este diario que "seguramente" el nuevo ministro "tendrá más autoridad para cumplir lo que acuerde, porque ese era el problema". El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, es quien actúa como enlace entre Diputados y Economía por el presupuesto. El primer gesto de los gobernadores es no avanzar en la aprobación del presupuesto -aunque cuentan con el número de legisladores necesarios- en el período ordinario. Esperarán la asunción de los nuevos legisladores y su tratamiento en extraordinarias. Punto por puntoEl crédito presupuestario para los ATN para el año próximo representa $569.426 millones (147% más en términos reales al crédito presupuestario vigente a la fecha). La ley que fue impulsada por todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, y vetada por Milei, establece la remisión automática y diaria de esos recursos, considerándolos como parte de la masa coparticipable. Para vetarla, el Presidente argumentó que ese esquema altera la finalidad de los ATN, que es atender emergencias y desequilibrios financieros en las provincias. Una solución a mitad de camino -que en su momento fue barajada por Guberman- es que al final del año se reparta el remanente. La alternativa que se acuerde, dicen los mandatarios, tiene que estar en el presupuesto.En el caso de la nueva distribución del impuesto a los combustibles -cuya recaudación 2026 está estimada en $7,6 billones por Nación (72% más que este año)- eleva de 10,4% a 57,02% la participación de las provincias y de 10,4% a 14,29% la del Tesoro Nacional y elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior y de Vivienda. Tampoco este esquema está contemplado en el presupuesto 2026.En el caso de las 13 Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas a Nación, desde la asunción de la gestión libertaria no se giró ni un peso a ninguna, salvo a Entre Ríos y Córdoba por un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. El presupuesto establece $122.763 millones para atender esas obligaciones legales, mientras que el dictamen de minoría eleva el monto a $950.000 millones. A comienzos del 2024, Nación eliminó por decreto que los giros a estas cajas debían actualizarse con la misma fórmula que las jubilaciones. Incorporar en la ley de presupuesto nuevamente esa condición es importante para los casos en que la discusión llegue a la Justicia. Además, está la deuda acumulada por esta gestión con esas 13 provincias. Incluso los acuerdos con Rogelio Frigerio y Martín Llaryora son de pagos "a cuenta" de la conciliación definitiva. Por ejemplo, con Córdoba se consensuó una deuda hasta el 2021 de $400.000 millones y en marzo debe estar calculada desde ese año hasta el 2024.Los sistemas previsionales provinciales representan, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social. Para las 13 provincias que los administran, aun con diferencias entre ellas, tienen un "impacto fuertemente desestabilizante" en sus finanzas públicas. Por eso el instituto considera que debe haber una respuesta en el presupuesto 2026 que "genere las condiciones para un rápido ordenamiento" del tema. También vincula esa necesidad con dejar de acumular deudas y juicios contra la Anses.Para el primer punto, propone seguir la regla del presupuesto 2023 por la que esas cajas deben recibir mensualmente "la doceava parte del último déficit simulado por la Anses actualizado por movilidad previsional" y para resolver la deuda acumulada entiende que se "justifica apelar al uso de los ahorros acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La Anses estaría disponiendo de un activo para cancelar un pasivo, con efectos patrimoniales neutros".
El gobernador de Santa Fe visitó la Fiesta de la Frutilla en la ciudad de Coronda y reclamó a Casa Rosada mayor inversión en infraestructura y menos impuestos porque la provincia "necesita producir más"
El fondo de inversión estadounidense negocia su entrada como accionista mayoritario del club rojiblanco, lo que supondrá un cambio histórico en la estructura y gestión del club rojiblanco
En esta entrevista con 'Infobae España', reflexiona sobre los errores más comunes de los candidatos en una entrevista de trabajo, las habilidades más valoradas por los reclutadores y cómo las redes sociales pueden ser aliadas o enemigas en la búsqueda de empleo
El potencial del país continúa desaprovechado por problemas de infraestructura, regalías y regulaciones, mientras países vecinos logran exportaciones récord. El debate sobre la Ley de Glaciares y la necesidad de reformas claves
La Fiscalía Anticorrupción del estado ofrecía recompensa por información de su paradero
Con un mensaje en redes sociales, con algunas fallas de tipeo, el primer mandatario afirmó que está en su derecho de usar las redes sociales del Ministerio de Educación y del Servicio Geológico Colombiano para promocionar sus discursos y ejecutorias; pese a que vulneraría el principio de neutralidad
El tributarista advirtió sobre los riesgos fiscales de una reforma impositiva apresurada y analizó las causas detrás de la caída del 3,5% en la recaudación de octubre. Leer más
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó objeciones de acusados, ratificó la intervención de la UIF y la composición del tribunal, en vistas a la primera audiencia que comenzará este jueves
El diputado Germán Martínez advirtió que la eliminación de programas como el FORTASEG debilita a las policías locales
El ministro de Economía presentó el proyecto de Presupuesto 2026 en la Legislatura.Todavía no se formalizó la "letra chica" y los legisladores opositores esperan el texto completo.
El mandatario departamental aseguró que presentará el proyecto ferroviario que conectará Niquía y Barbosa, destacando su impacto en movilidad y desarrollo urbano
Cuando el poder de compra de los ingresos y la reforma laboral están sobre la mesa del debate de la política, los datos indican que, en el promedio de los últimos años, alrededor de 15 de cada 100 asalariados sufre "inseguridad alimentaria" -seis de ellos, de forma "severa"-, en tanto que el índice se eleva a 25 de cada 100 entre quienes trabajan por cuenta propia. Son estadísticas que confirman que tener una ocupación, incluso si es bajo relación de dependencia, no es sinónimo de quedar al margen de tener, por falta de recursos, una alimentación insuficiente o episodios de hambre.Las cifras surgen de un nuevo informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica, que señala que, en promedio entre 2022 y 2024, el 19,6% de la población ocupada de 18 años y más (considerando a asalariados y no asalariados) tiene inseguridad alimentaria, un índice algo menor al que surge de observar la situación de la población adulta total, sin diferenciar por situación ocupacional (en este caso, el porcentaje es de 21,3%).La situación está claramente influida por la elevada informalidad y la persistente precariedad laboral. Según el informe, entre los asalariados registrados (sin considerar el servicio doméstico), la inseguridad alimentaria afecta al 7,4%, un nivel sensiblemente inferior al promedio observado en el universo de dependientes.¿Qué significa ese indicador? El índice de inseguridad alimentaria se construye a partir de un puntaje asignado a cada entrevistado en función de las respuestas dadas, en el relevamiento de la UCA, a preguntas vinculadas con la posibilidad de acceder a alimentos. Se consulta si en los 12 meses previos los integrantes adultos de un hogar (por un lado), y los niños y adolescentes (por otro lado, ya que los puntajes son diferentes), redujeron las porciones de comida por insuficiencia de dinero para comprarla; y también se pregunta si a causa de la escasez de recursos los adultos y/o los niños del hogar sintieron hambre. En cada una de esas consultas, la respuesta implica sumar -o no- una cantidad de puntos.Una última pregunta indaga sobra la frecuencia con que eventualmente se experimentó hambre a causa de la poca cantidad de alimentos. Según la respuesta, se asigna un puntaje. El resultado final determina si hay seguridad alimentaria o inseguridad moderada o severa.Por ejemplo, si en un hogar contestan que los adultos disminuyeron las porciones de comida y que sintieron hambre "varias veces", sin que la situación afectara a los niños, la estadística ubica a ese hogar como uno con inseguridad alimentaria no severa. Si esa situación de carencia afectó a adultos y niños, la inseguridad es calificada como severa, incluso si en lo referido a la frecuencia se informa que la sensación de hambre fue ocasional.Como las preguntas se refieren a la situación de los hogares, se concluye que la vulnerabilidad revelada por los indicadores se extiende a quienes integran la familia de las personas con trabajo. En el caso de la población ocupada (en general), el 8,1% está en situación de inseguridad alimentaria severa, en tanto que el 11,5% sufre esa situación en grado moderado.La encuesta abarca centros urbanos del país con 80.000 habitantes o más, y en el último año las personas consultadas fueron 2894.Año a añoMás allá de las conclusiones del informe, referidas a datos promedio de los tres últimos años, la estadística de la ODSA observada período por período permite ver que en el grupo de los ocupados en general el índice de inseguridad alimentaria se elevó de 17,3% en 2022 a 18,8% en 2023 y a 22,5% en 2024. Las tendencias para lo ocurrido el año pasado fueron diferentes según se trate de asalariados y no asalariados. En el primer grupo, en 2024 el índice cayó levemente respecto del año previo, de 16,5% a 16,3%, en tanto que entre los no asalariados se detectó un agravamiento significativo: la incidencia de la inseguridad alimentaria pasó de 22,1% a 31,8%.En el caso de los asalariados, el índice se redujo de 9,1% en 2023 a 7,8% en 2024 entre quienes tienen aportes a la seguridad social. Entre los dependientes sin aportes, la incidencia empeoró, al pasar de 27,4% a 30,3%."De 2025 todavía no hay datos -dijo a LA NACION Ianina Tuñon, investigadora de la ODSA y coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia-, pero es posible que el índice haya mejorado, en sintonía con la merma de la pobreza y la indigencia, aunque las dinámicas de consumo en los hogares han cambiado". En línea con la última observación, señaló que "uno de los aspectos que afectó en 2024 fue la calidad de los alimentos consumidos".Diferencias por gruposLos datos de la ODSA focalizados en la población de asalariados confirman que la problemática se da con mayor intensidad en determinados grupos de edad y zonas de residencia. La inseguridad alimentaria es, en el segmento de quienes trabajan en relación de dependencia, de 18,9% en el conurbano bonaerense, de 14,8% en ciudades del interior del país, y de 7,1% en la Ciudad de Buenos Aires, según el promedio de los últimos tres años. Si se observa solo el grupo de asalariados con aportes, los índices son, en cada caso, de 10,5%, 7,4% y 1,8%, siempre según los datos promedio de los tres últimos años.En cuanto a edades, el grupo en el cual la incidencia es mayor es de el de personas de 35 a 54 años, entre quienes la inseguridad alimentaria afecta al 17,1% del total de asalariados y al 8,9% de los asalariados con aportes.Si bien en el grupo de asalariados en general los índices no muestran una diferencia significativa según se trate de varones o mujeres, sí se detectó una brecha de género en la incidencia de la inseguridad alimentaria entre quienes tienen aportes: el índice es en este caso de 6,6% entre ellos, y de 8,5% entre ellas.Reforma laboralSegún Tuñon, la cuestión de la inseguridad alimentaria en trabajadores podría incluirse en el actual debate sobre una reforma laboral. "Las ayudas alimentarias, como vales para almorzar en el trabajo o comprar alimentos -evaluó- podrían ser beneficios regulados no incluidos en los salarios, como hubo en los 90, pero con todo el potencial de lo digital para garantizar la transparencia".La alimentación suficiente y adecuada, recordó, "no solo implica un beneficio para los trabajadores en cuanto a su salud, sino también para el mercado, por su impacto en la productividad y en el sistema de salud, porque son muchas las enfermedades asociadas a lo alimentario, con costos muy elevados". Además, dijo que una estrategia de otorgamiento de vales podría estimular el consumo y ser un estímulo para la formalización del trabajo.
La parlamentaria es investigada tras la difusión de un reportaje que la muestra recibiendo servicios personales de sus asesores durante el horario laboral, lo que habría implicado un uso indebido de recursos del Estado
El exjefe de Hacienda aseguró que puso a disposición de las autoridades su pasaporte como acto de buena fe
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) encendieron las alarmas en el Congreso en pleno debate del Presupuesto 2026. Mediante una dura carta enviada a los presidentes de todos los bloques, las entidades advirtieron sobre el desfinanciamiento del Senasa, el organismo estatal clave para la sanidad y la certificación de exportaciones agroindustriales. Advierten que el "Tesoro extrae el 40% de sus recursos" de pagos genuinos de las empresas. Nuevo dueño: dos grupos en pugna dicen que cumplieron un requisito clave para quedarse con VicentinEn la misiva, ambas entidades, que represan a empresas a cargo del 60% de las exportaciones argentinas anuales, denuncian una situación paradójica: el Senasa genera más fondos de los que se le permite gastar. Según datos citados por las entidades, mientras la proyección de gastos autorizados para 2026 es de aproximadamente 200.000 millones de pesos, el organismo recauda cerca de 290.000 millones de pesos a través de las tasas que pagan las propias empresas del sector. Según destacaron, "el Senasa viene atravesando un proceso de reducción de personal idóneo en más de 600 funcionarios, sobre un plantel total que asciende a 5300 aproximadamente". A esto se le suma un fuerte deterioro salarial, donde el salario promedio no supera el millón y medio de pesos para profesionales con vasta experiencia y responsabilidades en garantizar sanidad e inocuidad para el mercado interno, así como para la exportación, según dijeron."Es decir, el Tesoro nacional extrae recursos genuinos del Senasa por cerca del 40% del pago de empresas argentinas", expresaron. Esos fondos, que provienen de servicios de registro, control, inspección y certificación, no se reinvierten en el organismo, lo que afecta directamente su capacidad operativa, según advirtieron. Las consecuencias de este drenaje de fondos ya son visibles, según la carta. La solicitud central al Congreso es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda "priorice la asignación de recursos propios plenos para el Senasa". Concretamente, piden que el Presupuesto 2026 habilite al organismo a "hacer uso pleno" del total de los recursos recaudados. "De esa manera, mejorar los ingresos salariales de los profesionales, así como la capacidad de trabajo y servicio que resultan imprescindibles para que la Argentina mantenga e incremente los mercados de exportación y no se apliquen subas de tasas que impactan negativamente en los costos de producción y comercialización", argumentaron.Aclararon que la propuesta no implica una erogación fiscal ni pérdida de recaudación, sino una asignación efectiva al organismo específico, que recauda dichas tasas y que, de otra manera, se encuentra inducido a seguir incrementando el valor de las mismas por encima de cualquier proyección inflacionaria, generando costos incrementales hacia la producción, comercialización, consumo y exportación agroindustrial."Desde CAA siempre hemos considerado a Senssa como un organismo estratégico. Tenemos un diálogo muy positivo con la gestión actual y entendemos clave que la ley de presupuesto lo dote de recursos propios que genera para mejorar los servicios sin necesidad de ajustar tasas de servicios que luego impactan en los costos de producción y comercialización", aclaró Gustavo Idígoras, presidente del CAA.Idígoras remarcó que si bien no hay riesgos de perdida de mercados ni de capacidad de certificación, se necesita un "Senasa con mayor capacidad para tener una estrategia exportadora fuerte". La carta llega en un momento clave, ya que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ingresó a Diputados el 15 de septiembre pasado y está siendo tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dicha comisión está presidida por el diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch. En tanto, la presidenta de Copal, Carla Martín Bonito, explicó que el pedido de la entidad, junto al CAA, "se enmarca en la necesidad de fortalecer todo el sistema nacional de control de alimentos, integrado por distintas instituciones públicas junto al Senasa, organismo clave para la sanidad animal y vegetal, la inocuidad alimentaria y la certificación de exportaciones agroindustriales argentinas. Fortalecer al Senasa es fortalecer la competitividad del país, la seguridad alimentaria y la confianza de los mercados en los productos argentinos". "Es importante contar con organismos robustos, ejecutivos y modernos para jugar el partido que se está jugando a nivel internacional. La Argentina produce todo lo que el mundo demanda, pero exportamos por debajo de nuestro verdadero potencial", precisó. La carta fue enviada a los diputados Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal; Germán Martínez, de Unión por la Patria; Gabriel Bornorini, de la Libertad Avanza; Cristian Ritondo, del Pro; Rodrigo de Loredo, Unión Cívica Radical (UCR); Pamela Calletti, Innovación Federal; Juan Manuel López, Coalición Cívica; Oscar Zago, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Pablo Juliano, Democracia para siempre, y Pablo Cervi, Liga del Interior.
La Secretaría de Salud argumentó que la reprogramación y cancelación de cirugías son por dar prioridad a casos urgentes
Legisladores del PAN indicaron que personal del hospital denunció el desabasto e incluso enviaron una carta al gobierno federal
Una situación que genera injusticia laboral y aumenta los niveles de estrés
Luego de una mesa técnica con congresistas de diversas bancadas, la cartera de educación confirmó que se restablecerán los subsidios a la tasa de interés de los préstamos educativos
El ministro de Salud defendió la solidez financiera del sector y destacó la inclusión de nuevos recursos provenientes de impuestos y aportes sociales
El funcionario llamó a esclarecer el destino de estos apoyos y a garantizar que los programas sociales realmente cumplan con su propósito original
"En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión", la Secretaría de Anticorrupción sobre el caso de María Teresa Castro Corro
La Corte Suprema rechazó hoy una veintena de recursos presentados por la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio de Vido y un grupo de empresarios en el marco de la causa Cuadernos y una causa conexa, con lo que allanó el camino para el inicio del juicio oral y público, el próximo jueves. La mayoría de los recursos fueron rechazados por no estar dirigidos a una sentencia definitiva. Además de la expresidenta y De Vido, presentaron recursos los empresarios Mario Ludovico Rovella, Carlos Wagner, Juan Carlos De Goycoechea, Cristóbal Manuel López, Patricio Gerbi, Ricardo Esteban Scuncia y Aldo Benito Roggio, entre otros. Los empresarios -procesados por el pago de coimas a funcionarios públicos del kirchnerismo entre 2003 y 2015- ofrecieron sumas millonarias para sortear el juicio oral que comienza la semana próxima, pero el Tribunal Oral Federal 7, en línea con el dictamen de la fiscal Fabiana León, rechazó sus planteos.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dijeron que los montos eran "insuficientes" para reparar plenamente el daño institucional y social generado por los hechos de corrupción, y rechazaron la maniobra, que fue encauzada a través de la figura de reparación integral del perjuicio. En tanto, el fallo de hoy de la Corte es el segundo revés para la expresidenta en la antesala del juicio. La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, rechazó su pedido para ser sobreseída antes de que se ponga en marcha el debate oral.La expresidenta enfrenta la acusación de ser la jefa de la asociación ilícita que habría montado el sistema ilegal de recaudación de sobornos por parte de los empresarios, a cambio de que estos mantuvieran sus contratos con el Estado, hechos que fueron alumbrados por una investigación del diario LA NACION.
A una semana y media del inicio del juicio oral, el máximo tribunal dejó firmes las decisiones que permiten avanzar con la causa Cuadernos. Se rechazaron planteos de Cristina Kirchner y exfuncionarios. También se reabre la investigación por lavado vinculada a Daniel Muñoz. Leer más
La vecina del barrio de Ibiza tiene 87 años y lleva siete décadas viviendo en la misma casa
El plan oficial contempla fondos para mantener la vía fluvial, proteger empleos portuarios y fortalecer la infraestructura logística, con énfasis en tramos estratégicos
DEF dialogó con Mario Katzenell, responsable de la investigación, la política industrial y la producción para la defensa, quien puso de relieve las necesidades y capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué tan necesaria es la colaboración con el empresariado?
La Red Nacional de Refugios reiteró sus acusaciones por la falta de claridad sobre los fondos dirigidos a los centros de apoyo
Enviadas por el MIDAGRI y el INIA, 25 muestras de ajíes peruanos fueron incorporadas al banco mundial de semillas de Svalbard, asegurando su conservación ante los efectos del cambio climático y posibles crisis globales
La exmandataria enfrenta una investigación por supuestas inconsistencias en la gestión de recursos destinados a proyectos regionales
El presidente estadounidense acusó a su homólogo colombiano de no actuar frente a la creciente producción y exportación de cocaína, por lo que lo acusó de estafar a Estados Unidos
Desde 2023 el sistema pagado, está en modo de prueba
El gremio de ciudades capitales impulsó un foro con autoridades y expertos en Bogotá, donde planteó soluciones a la crisis penitenciaria y solicitó nuevas fuentes de financiación
A pocas semanas de la votación que definirá el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, la Registraduría advierte que aún no recibe los fondos del Ministerio de Hacienda para garantizar la logística del proceso
El concejal alertó que la propuesta permitiría a los cabildantes acceder a recursos para viajes oficiales sin restricciones claras
La Feria Brujería ha generado una controversia religiosa y política: unos manifiestan su rechazo por el uso de recursos de la caja de compensación para financiar el evento, mientras que otros sectores lo defienden
La falta de respuesta técnica del Gobierno nacional mantiene bloqueados proyectos de infraestructura básica, generando incertidumbre y afectando la calidad de vida de comunidades que esperan acceso a servicios públicos
María Lourdes "N" presuntamente malversó 181 millones 454 mil 615 pesos pesos durante su ejercicio como funcionaria pública
La fragmentación geopolítica y los límites ambientales están transformando el modo en que el mundo produce, transporta y distribuye. La circularidad emerge como la nueva lógica para la supply chain
Carlos Carrillo sostuvo que hace falta compromiso para atender las situaciones de emergencia en el país
La iniciativa, impulsada por Claudia Pérez Giraldo, busca garantizar acceso igualitario a la educación superior, eliminando tarifas para jóvenes vulnerables y financiando el costo desde el Presupuesto General de la Nación
El Consejo de Estado confirmó que la capital colombiana no debe entregar el 10% de los recursos recaudados por multas de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios, poniendo fin a una disputa jurídica prolongada
La iniciativa presidencial plantea prohibir transferencias privadas, endurecer sanciones y crear un registro nacional
La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo electoral está abierto a cambios en su estructura: "Habrá debate sobre el costo de la democracia", afirma
Para tener mayor transparencia y supervisión en el uso del dinero para salud, a partir de febrero de 2026, la Adres solo podrá girar fondos a la Nueva EPS tras recibir un informe de viabilidad de la contralora
El presidente colombiano aseguró que estas empresas supuestamente se apropiaron indebidamente de recursos mediante Hidroituango
La abogada obtuvo 15 votos y asumirá funciones a partir del 23 de octubre para liderar la vigilancia fiscal sobre entidades y contratos públicos del distrito durante el periodo 2026-2029
Denuncian salarios estancados y escasos recursos humanos, ante una demanda creciente. Unas 42 trabajadoras se encargan de cubrir toda la Región VI sin viáticos.
La gerenta del Hospital local apuntó a tierras vinculadas a la Seabord, donde funciona el Ingenio El Tabacal, como posible foco infeccioso.
En Rosario, las actividades se realizarán desde las 8 en plaza San Martín. El martes 14 habrá un paro nacional docente.
Las querellas ya se hicieron ante la FGJEM y OSFEM, respectivamente
Según el medio regional, la falta de presupuesto pone en riesgo proyectos audiovisuales departamentales, además de afectar a más de 500 empleados directos e indirectos
Un informe del Iaraf revela que entre 1993 y 2024 sólo CABA y Buenos Aires ganaron participación en el reparto de fondos nacionales, mientras las provincias del NEA registraron caídas o estabilidad relativa en su coeficiente secundario. Los datos. Leer más
Un informe del Iaraf revela que, desde 1993, solo dos jurisdicciones mejoraron su participación en la distribución de los fondos nacionales
Destacados priistas explicaron el origen de los recursos usados
Chats y testimonios señalan a la senadora Martha Peralta y a Carlos Mijia, suegro de Olmedo López, como posibles artífices de un esquema de contratos irregulares en la UNGRD con incidencia en La Guajira
El Gobierno Nacional realizó el Consejo Regional Patagonia para evaluar la temporada de incendios que se avecina en el sur del país y coordinar esfuerzos con las provincias. Para ello, se reunió con representantes de Neuquén, Río Negro y Chubut y administradores de parques nacionales.El encuentro fue llevado adelante por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en la ciudad de Neuquén. Su director ejecutivo, Santiago Hardie, encabezó el consejo junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. También participó el director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, Jorge Heider."Nos parece muy importante porque sabemos que lo que viene es complicado. También sabemos que, si nos coordinamos y tenemos una definición bien clara, vamos a ser mucho más eficientes", explicó. En el Consejo se analizó la temporada 2025/2026 y el personal y los equipos que tiene cada jurisdicción, además del apoyo con pronósticos especiales.La decisión surge tras una dura temporada de incendios que azotó a la Argentina. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre una sequía inminente. Según el mapa de incendios publicado este martes por el organismo, hay 18 provincias que se encuentran en riesgo por el aumento de incendios forestales. Allí se encuentran las tres provincias que se reunieron en el consejo. También se registró allí vegetación inferior al mínimo. "Es imprescindible tener estas reuniones y coordinar con las provincias. Todos nos debemos a la ciudadanía, con lo cual es fundamental armar agenda de trabajo como venimos planteando", aseguró el presidente de la Administración de Parques Nacionales.Y sumó: "Planteamos lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos". Un estudio de la organización ambientalista Greenpeace determinó a principios de este año que los focos de la temporada 2024/2025 fueron los más graves en tres décadas y advirtieron que fenómenos como este pueden ser "una nueva normalidad". De las tres provincias incluidos en el estudio que analizó dicha temporada, Neuquén fue al que sufrió la mayor extensión de incendios forestales con 11.782 hectáreas afectadas. La siguió Río Negro con 10.218 y Chubut con 9722.El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, señaló que la iniciativa surgió para que las provincias pudieran organizarse preventivamente. "Para poder prevenir los incendios y, en caso de que tengamos la desgracia de que ocurra, poder trabajar coordinadamente con todos los recursos humanos y logísticos con que cuenta Nación, Parques Nacionales y cada una de las tres provincias". Además de Nicolini, por Neuquén estuvieron presentes las secretarias de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna y de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. En tanto, de Río Negro estuvieron por los ministros de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. Por Chubut asistieron los secretarios de Protección Civil, Eduardo Pérez y de Bosques, Abel Nievas.
En su exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda Carlos Guberman negó que el Tesoro cuente con los recursos para afrontar el gasto que demandan las recientes leyes que aprobó el Congreso y que el Poder Ejecutivo vetó, entre ellas la de financiamiento de las universidades y la de emergencia en los servicios de discapacidad. "Ojalá tuviéramos recursos sin afectar (al gasto) por 4 o 5 puntos del PBI. Estaríamos hablando de una recaudación de 25 puntos del PBI, cosa que está lejos. No existen esos recursos que le piden al jefe de Gabinete que asigne para pagar eso", enfatizó el funcionario ante una pregunta del diputado radical Martín Tetaz. Guberman justificó la decisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de suspender la plena vigencia de la ley sobre discapacidad -que fue insistida por ambas cámaras- hasta tanto se defina su fuente de financiamiento. "Se tomó la decisión de atender lo que es posible de la ley de discapacidad para dar una mejora en los valores del nomenclador de asistencia para el tratamiento para personas con discapacidad, pero se suspendieron los otros pagos porque no hay forma de que podamos afrontar 1.5 billón de pesos en compensación a los prestadores por el ajuste inflacionario", sostuvo. Guberman hizo una extensa defensa del proyecto de presupuesto 2026, el cual prevé un crecimiento del nivel de actividad (PBI) de 5,4% para 2025 y de 5,0% para 2026. En cuando a la inflación, el proyecto estima un incremento del IPC de 24,5% para 2025, lo que implica que, dado el nivel acumulado a agosto, desde septiembre la inflación mensual debería ser del 1,0%. En cuanto a la inflación de 2026, se prevé una variación del IPC del 10,1%, equivalente a una inflación mensual lineal del 0,8%.Estas estimaciones, empero, son más optimistas que las realizadas por el conjunto de las consultoras económicas reflejadas en el REM. Guberman ratificó las proyecciones plasmadas en el presupuesto. "No es buena practica casarse con un procedimiento (el del REM) que tiene atraso en el ajuste de las variables anuales", justificó.
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Un recurso "no es ocasión apropiada para el desahogo de la parte, calificando, incluso con el empleo de gruesos adjetivos, la actuación del instructor o su modo de razonar"
Se sabe, dominar el inglés es imprescindible a la hora de buscar trabajo.En esta línea, Povedano asegura que alguien con un nivel básico puede empezar a hablar inglés en solo 90 días.
El acusado exalcalde de Medellín, que tendrá que comparecer en los estrados judiciales por el caso de Aguas Vivas, se sacudió de los señalamientos que surgieron tras salir en respaldo del presidente Gustavo Petro e, incluso, poner a disposición su visa
"En 2024 y 2023, tuvo más prensa la caída de los fondos para las universidades, pero el mayor ajuste se dio en la educación obligatoria", cuestiona. "La caída del gasto educativo se agudizó en 2024 y 2025 y en ambas partes, nación y provincias", plantea. "Con la derogación de la meta del 6 por ciento del PBI para educación, el Presidente propone de derecho algo que estaba sucediendo de hecho: no se venía invirtiendo a ese nivel", dice. "¿Por qué ningún gobernador dice nada al respecto de esta derogación? Porque las responsabilidades son concurrentes: ese objetivo lo incumplían tanto el Gobierno nacional como las provincias", señala. "Desde 2006 hasta 2023, el Estado nacional y las provincias dejaron de invertir en educación el equivalente al 8 por ciento del PBI, comparable a más de un año de inversión educativa", afirma. "Esto muestra que no es sólo responsabilidad de un solo partido político, ni de una provincia o sólo del Estado nacional", desarrolla. "Se llegó al 6 por ciento sólo en un año, en 2015", aclara. "Con la derogación de la meta del 6 por ciento del PBI para educación, el Presidente propone de derecho algo que estaba sucediendo de hecho: no se venía invirtiendo a ese nivel""El gasto educativo creció, pero también creció el gasto público total de las provincias y del país. ¿Los recursos para educación crecieron porque hubo una Ley de Financiamiento Educativo o porque creció el sector público argentino?", se pregunta. "Si se mira el presupuesto del Gobierno nacional del año 2016 y lo que efectivamente se gastó, fue muy similar", compara y sigue: "El gran ajuste empieza en 2017, 2018". "Los números también muestran que las provincias aprovechan la coyuntura para hacer ajustes", advierte. "En los '90, el Gobierno nacional, con Cavallo a la cabeza, no pudo disminuir la coparticipación, entonces les aumentó el gasto a las provincias transfiriendo las escuelas", explica. "En los 2000, hubo un gran crecimiento de la inversión educativa", dice. "Desde 2015, se empieza a ver, tendencialmente, una caída en el financiamiento educativo provincial y nacional", señala. "El salario tiene que ver con la posibilidad de atracción a la carrera docente", sostiene. "El salario docente es un instrumento de la política educativa. Debería ser una preocupación también para un gobierno nacional", cuestiona. "Hoy, diez años después, el salario docente en promedio cayó un 30 por ciento, aunque no en todas las provincias fue igual", subraya. "En 2024, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita", plantea. "Respecto de su PBI per cápita, la Ciudad de Buenos Aires compite con otros sectores del mercado laboral para atraer estudiantes a la docencia", dice. "Así como hubo una menor inversión educativa comparada con la que debería haber habido, también es cierto que la tendencia de la inversión educativa muestra que, incluso ahora, con alrededor del 5 por ciento del PBI, se está invirtiendo más que lo que se invertía hace veinte años", aclara. "En la medida en que no se revise qué se hizo cuando hubo recursos, vamos a repetir los mismos errores", concluye. El respetado experto en financiamiento educativo, Alejandro Morduchowicz, estuvo en La RePregunta. Morduchowicz fue especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es economista por la Universidad de Buenos Aires. Su último libro es Discusiones de la economía de la educación.¿Cuál es el presente del gasto educativo en la Argentina de Milei? Presupuesto 2026, ¿ajuste o no? Meta del 6 por ciento, ¿todos la incumplen? ¿Las provincias también ajustan, incluido las opositoras? Aumento histórico del presupuesto educativo: ¿por que no mejoran los aprendizajes? Salario docente, ¿un incentivo clave para tener docentes de mayor capital cultural? Morduchowicz hizo su análisis. Aquí, la entrevista completa. Milei y el ajuste educativo. ¿Se corta solo o cómo juegan las provincias? -Hay debate en torno al presupuesto educativo y al recorte en universidades. En este contexto, vuelve el tema educativo de la mano de la discusión en torno al presupuesto y el peso del gasto educativo. ¿Cómo se está comportando el gasto de educación en la Argentina, la curva larga que desemboca en 2024 y 2025? ¿Nos puede dar un panorama?-El financiamiento de la educación en la Argentina tuvo varios ciclos. Desde la vuelta de la democracia, ha tenido momentos de crisis y momentos de holgura. No es que en algún momento hubo una bonanza, pero sí momentos en que hubo más recursos. Ahora pareciera volver a una etapa de crisis. Desde la democracia, se dieron distintas instancias. Buena parte de las escuelas secundarias todavía estaban bajo la órbita del Estado nacional. Ya hace tiempo que no es así. Se suponía que en los '90 se había ordenado cierto panorama. En los 2000, hubo un gran crecimiento de la inversión educativa, de los recursos que se asignan para educación. Desde 2015 en adelante, se empieza a ver un deterioro o una caída, con sus más y sus menos, porque todo varía un poquito. Pero tendencialmente vemos una caída en el financiamiento provincial y nacional. Recordemos que hay una diferencia entre las universidades, de competencia de nación, respecto de todo lo que es no universitario: la educación obligatoria es una responsabilidad concurrente entre el Estado nacional y las provincias. Esta caída se agudizó en 2024 y 2025 y en ambas partes, nación y provincias. -Se generó un debate en torno al proyecto de presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. Incluye la eliminación de la obligación del Estado, en ese esfuerzo conjunto del Estado Nacional y las provincias, de llegar al 6 por ciento del PBI de inversión educativa cada año. Es una discusión muy atravesada también por lo políticamente correcto y no necesariamente por la honestidad intelectual. ¿Cómo ve esa decisión? -Voy a decir algo incómodo que me va a generar algún que otro reproche de algunos amigos. Lo que viene a hacer el Presidente o la política fiscal respecto de la educación es proponer de derecho algo que estaba sucediendo de hecho. No es que se venía invirtiendo a ese nivel. Yo propongo una contrapregunta por el lado del absurdo o un contrafáctico: ¿por qué ningún gobernador dice nada al respecto de esta derogación? Por esta historia de que las responsabilidades son concurrentes: incumplían tanto el Gobierno nacional como las provincias. La pregunta que me hago, y no tengo grandes respuestas o respuestas satisfactorias, es por qué el proyecto de presupuesto incluye esa derogación. ¿Es una provocación? ¿Es para resguardarse respecto de futuros incumplimientos, aunque hasta ahora nadie se había preocupado por eso? En el presupuesto, hay tres decisiones. Una es respecto de la Ley de Educación Nacional; otra es la Ley de Financiamiento y la Ley de Educación Técnica. La Ley de Educación Técnica era la única que era responsabilidad de Nación, pero desde hace lustros que la obligación de invertir en un fondo de educación técnica no se está cumpliendo. Era un compromiso del Gobierno nacional. Al principio, cuando empezó a regir, se cumplía. Hablo del año 2005, 2006, mucho tiempo atrás. En ese momento, se cumplía porque el incumplimiento de la Ley de Educación Técnica implicaba el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay un mandato que establece que tanto por ciento de los ingresos corrientes debe invertirse en ese ítem: si no se incluye en el presupuesto, se está incumpliendo. Pero como todas las leyes educativas o como buena parte de los mandatos de las leyes educativas se incumplen y no pasa nada, nadie dijo nada. Presupuesto educativo. Del kirchnerismo a Milei, ¿más continuidades que rupturasâ?¦ o no?-Desde la sanción de la Ley de Educación Nacional, o de la Ley de Financiamiento Educativo, o de estas leyes que ponen un marco de obligaciones y techos y pisos de inversión para los gobiernos nacionales y provinciales, el incumplimiento ha sido más la norma que la excepción y no ha habido consecuencias. -No, porque no había nada que dijera que podía suceder si se incumplía. Años atrás, Argentinos por la Educación, una ONG que se dedica a cuestiones educativas, hizo un cálculo de cuánto se dejó de invertir en educación. Yo lo actualicé a raíz de este nuevo panorama. Si uno considera que el mandato primero de la Ley de Financiamiento y después de la Ley de Educación Nacional era invertir el 6 por ciento del PBI, si uno considera la inversión año a año, ¿a cuánto llega la deuda educativa? Es decir, ¿cuánto menos se invirtió? Hasta 2023, hasta los últimos datos disponibles, se había dejado de invertir en educación el 8 por ciento del PBI por parte del Estado nacional y por parte de las provincias. Es una deuda equivalente a más de un año de inversión educativa. Los no tan jóvenes pueden recordar la década del '80 y el ahorro forzoso: esto es como si hubiera existido un ahorro forzoso y la sociedad y los gobiernos les deberían a los docentes más de un año de sus salarios. Entre un 80 y un 90 por ciento del presupuesto educativo es salario docente. Buena parte del ajuste recayó en educación. Lo que muestra esto es que no es sólo responsabilidad de un solo partido político, ni de una jurisdicción, ni de una provincia o del Estado nacional. Todo el mundo mira para otro costado. Por eso también señalo esto: es interesante ver que ningún gobernador, tampoco los opositores, diga nada respecto de estos tres puntos. Sí hubo alguna declaración de alguna provincia respecto de la Ley de Educación Técnica porque en ese caso, claramente, es responsabilidad del Estado Nacional. Pero en relación a las obligaciones concurrentes, todos miran para otro costado. -¿El Estado Nacional en gestiones anteriores, tanto kirchneristas como la única gestión de Cambiemos del expresidente Macri, respetó el artículo de la Ley de Educación Técnica? -No, hace años que se dejó de cumplir. Habría que hacer todo el seguimiento. Porque también sucedía algo: no eran pocos los recursos previstos. Hubo un cálculo muy generoso. En los primeros años, se enviaron más recursos de los que las escuelas técnicas de las provincias tenían capacidad de gastar. Se suponía que era para inversión en tecnología. ¿Pero cuánto es la reinversión que se puede hacer una vez alcanzado el objetivo de modernizar? Después, la inversión es para ir renovando. No había capacidad para reasignar esos recursos: la Ley tenía un mandato que destinaba esos fondos a la educación técnica. En algún momento, propuse ampliarlo para la educación en general. Estaba clarísimo que era para educación técnica. Ahí habría algún motivo para plantear la derogación, porque no es que no haya fondos para educación técnica: hay poquitito porque disminuyó todo el gobierno nacional. Pero con la derogación, el Gobierno está diciendo: no lo cumplo y ahora no tengo una obligación de cumplirlo. -En relación a por qué el Gobierno explicita que no va a tener en cuenta el objetivo del 6 por ciento del PBI en educación en general, que en definitiva nunca se cumplió, pero ahora queda explicitado: el hecho de incluir un objetivo como ése en una ley, aunque nunca se cumple, ¿es interesante como incentivo para los gobiernos tanto provinciales como el nacional para aumentar la inversión educativa, y no considerarla solamente gasto, y concebirla como variable clave de la mejora educativa? Aunque no se cumpla, eliminando esa obligación escrita a través de la Ley de Presupuestos, ¿se vuelve cada vez más laxa y preocupante esa concepción?-Vuelvo un poco atrás: participé y defendí mucho la mayor inversión en educación. En buena parte del sector educativo nos jactamos de contar con la Ley de Financiamiento Educativo. Una mirada alternativa diría que, en realidad, tener una Ley de Financiamiento Educativo muestra el poco autocompromiso de los gobiernos en relación a la educación. Fijan por una norma legal algo que de suyo deberían estar haciendo. Se tienen que autoimponer entre las provincias ese objetivo."En 2024, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita"-Se lo autoimponen casi artificialmente. La visión de país está tan fuera de plano en términos educativos que artificialmente se fijan objetivos de financiamiento.-Hoy, si los gobernadores y las provincias quisieran ser contrahegemónicos, bien podrían colegiarse en el Consejo Federal de Inversiones y acordar seguir invirtiendo en educación, o aumentar el gasto educativo. Nada se los impediría. No necesitan de una ley para hacer algo que es su propio mandato. No quiero pecar de ingenuo: los números también muestran que las provincias aprovechan la coyuntura para hacer ajustes. Cuando caen los ingresos, los salarios docentes caen más que los ingresos en las provincias. -¿Cómo es eso? Me interesa. ¿Podría profundizar? -No todas las provincias tienen las mismas posibilidades de financiar su educación, pero una mirada de largo plazo y en conjunto muestra que la Ley de Financiamiento marcaba que progresivamente se tenían que ir aumentando los recursos para educación. Se llegó sólo en un año, en 2015, que fue un muy buen año para la educación; hubo holgura. Ahora, cuando uno mira el gasto educativo, los recursos que se asignan a educación, y no me peguen porque digo gasto, comparado con el gasto público total, se ve algo inquietante: que el gasto educativo creció, los recursos para educación crecieron, pero también creció el gasto público total de las provincias y del país. La pregunta es: ¿los recursos para educación crecieron porque hubo una Ley de Financiamiento Educativo o porque creció el sector público argentino? Es decir, ¿Educación se benefició de ese crecimiento general o fue efecto de la Ley? Es un contrafáctico porque no sabemos qué habría pasado, qué hubiera sucedido si no hubiera existido la ley. Ahora, desde 2015, es decir, desde ese pico de gasto educativo, se ve que los ingresos fiscales en algunos momentos, por ejemplo, en 2024, un año crítico, con los ingresos fiscales en caída, la coparticipación en caída, el salario docente individual cayó más que los recursos fiscales per cápita. Es decir, si yo fuera de un sindicato, le diría al gobernador de la provincia: entiendo que cayeron los recursos, pero el sector educación está contribuyendo más al ajuste. Si los recursos fiscales cayeron de 100 a 90, los salarios cayeron de 100 a 80. -Cuando crecieron los recursos aplicados a educación junto con el crecimiento del gasto público total, ¿educación creció más que otros ítems? -Lo que se ve tendencialmente es que fue muy en paralelo. En realidad, no se benefició más que el sector público total, pero no se perjudicó. Para alguien que trabaja en educación no es poca cosa. Habría que ver al interior de cada provincia cuáles son los sectores que fueron favorecidos o más favorecidos. Pero esto que planteo sirve para entender por qué nadie protestó, nadie dijo nada. Explica por qué la gente de seguridad, de justicia, de salud de las provincias no dijo nada respecto del incremento en educación: porque hubo una bonanza o hubo una holgura para todos los sectores o para algunos sectores. Calidad educativa y salario docente. ¿Mejores ingresos para los docentes, mejores aprendizajes?-Sigue vigente la gran pregunta argentina sobre cómo mejorar la calidad de los aprendizajes. El tema económico claramente es una variable, sobre todo cuando impacta en el salario docente. ¿Cómo es esa curva del salario docente? ¿Y qué consecuencias está teniendo no sólo en la vida cotidiana de los docentes, que es obvio, sino en la calidad presente y futura de los aprendizajes?-Una reflexión que hay que hacer es en qué medida el salario docente es un instrumento de la política educativa. El salario docente debería ser una preocupación también para un gobierno nacional en un país federal como el nuestro, con la dinámica de la Argentina. Si ese salario permite atraer y retener a los mejores docentes, es un instrumento de la política educativa. Si solo tiene que ver con mantener el salario real, estamos hablando de la política salarial. Es muy sutil y son las dos caras de la misma moneda. -¿Se puede poner en estos términos? Los salarios pueden estar actualizándose en relación a la inflación; sin embargo, no alcanzan para ser lo suficientemente tentadores para atraer a personas que tienen vocación docente pero que pueden trabajar en otros sectores más redituables.-Y eso se ve sobre todo en jurisdicciones más ricas o más holgadas como la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de su PBI per cápita o su valor agregado bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires o determinadas jurisdicciones en la Argentina compiten mucho con otros sectores. No es lo mismo el mercado laboral del NEA que el mercado laboral de la Ciudad de Buenos Aires en términos de atracción de esos recursos. Ahora, si ese salario sirve para atraer y retener a los docentes, es parte de una política educativa. Tampoco tenemos todas las estadísticasâ?¦ Las estadísticas educativas siempre son un tema en la Argentina, aunque mejoraron muchísimo. Pero si es como dicen los docentes en redes sociales, que denuncian que faltan docentes, que hay idóneos, que se contrata muchachos que recién están en segundo o tercer año de su carrera profesional, eso es un indicio de que ese salario, más allá de la desmotivación y otras cosas que están sucediendo en términos de política educativa, tiene que ver con la posibilidad de atracción. Desde 2015 a esta parte, hubo una caída de más del 30 por ciento del salario real docente. Miro las estadísticas y pienso en un joven, una muchacha que haya visto las estadísticas del salario docente en 2014, 2015, cuando ingresó a la docencia. Hoy, diez años después, el salario docente en promedio cayó un 30 por ciento, aunque no en todas las provincias fue igual la caída. Ese docente tiene derecho a sentirse engañado. No sabemos cuánto incide esa caída en la calidad educativa, pero claramente no es la misma situación que diez años atrás. No sabemos si incide porque no hay suficiente investigación ni evidencia. Pero si incide, estamos teniendo un serio problema en la atracción. Un 30 por ciento de caída del salario real es casi un tercio de tus ingresos. No es poca cosa. 2015. ¿Por qué es un año clave en la historia del financiamiento educativo? De la holgura la escasez-Usted pone el foco en 2014 o 2015 como un año de quiebre de la curva de financiamiento educativo. ¿Con qué tiene que ver? El kirchnerismo podría plantear que el ingreso de otro signo político, como el gobierno de Cambiemos, empieza a cambiar la mirada sobre educación. Y la centroderecha podría plantear que por la decantación de los efectos colaterales del kirchnerismo, la Argentina tiene menos margen de maniobra para invertir en educación. ¿Cuál es su análisis? -Cada número tiene su historia y todos pueden decir algo: la educación es responsabilidad de veinticinco jurisdicciones, el Estado Nacional y 24 provincias. Éste es un país federal y las provincias tienen autonomía. Podrán decir a favor y en contra que existen las paritarias, no existen las paritarias y esto incide, pero eso forma parte de la discusión de la red social. Es un disparador para investigar que, en lo personal, uso muchísimo. Pero hay un dato muy llamativo, que en su momento discutimos con varios colegas: si se mira el presupuesto del Gobierno nacional del año 2016 y lo que efectivamente se gastó, fue muy similar. Hubo una reorientación del gasto, es decir, inicialmente no hubo una caída similar.-¿Similar a 2015, al último año de gestión kirchnerista?-Sí, se mantuvo muy similar, nada más que se orientó más al FONID. Hay algunas cosas que son un punto de inflexión. El gran ajuste empieza en 2017, 2018. Fui muy crítico con ese ajuste en ese momento. El argumento implícito y a veces explícito del Gobierno nacional era que la coparticipación en 2015, antes de irse Cristina Kirchner del Gobierno, convalida la acordada de la Corte que libera los recursos de la coparticipación. El argumento del Gobierno nacional era: pude financiar todo este gran incremento del gasto en educación porque me estaba quedando con parte de los recursos de las provincias; ahora que se los devolví, les toca a las provincias poner ese dinero porque ahora tienen la coparticipación.-Pero las provincias no tomaron esa posta.-No la tomaron. Mi crítica al Gobierno nacional es que éste es un país fuertemente presidencialista, con una historia educativa en financiamiento determinada: en otros países, no encontrás un especialista en financiamiento porque tienen otro tipo de problemas. Cada vez que hubo un momento de holgura en los recursos, y 15 por ciento de los recursos de coparticipación, lo que ordenó reponer la Corte, es una buena coyuntura, el Gobierno Nacional tomó nota de ese aumento de las provincias e intervino. Para no remontarme a 150 años de historia, miremos la historia reciente: en los '90, cuando empiezan a aumentar los recursos fiscales por la convertibilidad, el Gobierno nacional, con Cavallo a la cabeza, como no puede disminuir la coparticipación, les aumenta el gasto a las provincias transfiriendo las escuelas y los hospitales. Es decir, nota esa coyuntura y le dice: ahora te doy a vos las escuelas, te las arreglás y a largo plazo, crecieron. En 2004, nuevamente el Gobierno nacional toma nota de la recuperación post crisis 2001-2002 y dice: aprovechemos esta coyuntura, apoderémonos de parte de los recursos para educación e invirtamos más. Es decir, comprometamos que parte de ese crecimiento vaya a la educación. En 2016, se repone el 15 por ciento de coparticipación, pero el Gobierno nacional no hace nada. No sólo eso; también hay una suerte de preludio respecto de lo que va a suceder después: el Gobierno nacional empieza a decir que es un problema de las provincias porque las provincias tienen dinero. El exministro de Educación lo decía. Fue cuando se suspendieron las paritarias. Mi planteo es que si el salario es un instrumento de política educativa, no es un tema de las provincias. No le puede ser indiferente al Gobierno nacional lo que esté sucediendo en las provincias.-Se conjuga esa decisión del Gobierno nacional de 2016, 2017 con provincias que tampoco toman la posta de esa inversión educativa. -Y no lo hacen ni siquiera existiendo una Ley de Financiamiento. Hacen caso omiso y la soslayan; no les importa. El Estado nacional puede jugar un rol. Lo mismo sucede ahora, pero desde 2014, claramente y con el FONID a la cabeza, hay un punto de inflexión en las relaciones nación-provincias en educación. Gasto educativo a la baja. ¿Qué hizo el kirchnerismo? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hace Milei?-Estamos en esta Argentina, con un Gobierno nacional que tiene un discurso muy claro de achicamiento de funciones del Estado, que no considera naturales para el Estado. Está el mayor juego de las provincias y del sector privado contribuyendo a la lógica social. ¿Cuál es su análisis de la visión educativa del Gobierno? Ya van casi dos años de recorrido de la gestión educativa dentro del Ministerio de Capital Humano. -Hay varias cosas muy interesantes ya desde el año pasado. Podemos separar las dos áreas del ex Ministerio de Educación Nacional, universidades y educación básica, o educación obligatoria. Hay distintos condimentos, unos más teñidos de lo político, de discusiones ideológicas en relación con las universidades. En lo ideológico, la relación con las provincias es más una postura personal que se deriva de la disciplina económica del Presidente y su mirada. La primera de las medidas es respecto de la suspensión del FONID. También hay mucho para decir al respecto. -Se refiere al fondo complementario que Nación les enviaba a las provincias para suplementar los salarios docentes y mantener así una cierta equidad de los salarios a lo largo del país.-Era un adicional que representaba ya en el último año, según la provincia, entre un 5 y un 8 por ciento del salario. Fue la forma de resolver la Carpa Blanca de los '90. Hubo también momentos de mayor bonanza. Es curioso que en 2015, ese año de mayor inversión, fue el año más bajo del FONID, lo que uno jamás pensaría. Es contraintuitivo que el Gobierno nacional de ese entonces estuviera aportando para este fondo adicional del Estado nacional. Mi lectura es que era tanta la holgura que las provincias habían aumentado tanto los recursos para educación y para el salario que nadie estaba mirando lo que sucedía a nivel nacional. Era un buen momento para discutir el destino del FONID. En 2016, era muy bajo el FONID y el Gobierno nacional decidió reorientar los recursos que tenía para política educativa hacia ese fondo. Cuando viene el gobierno de Milei, en 2024 desaparece el FONID. Legalmente podía hacerlo porque ya no existía. Había una prórroga. Empiezan a caer todos los programas. En 2024 y en 2023, lo que tuvo más prensa y difusión fue la caída de las universidades, pero donde más ajuste hubo en el presupuesto educativo nacional fue en los recursos para educación básica. Pero la educación básica es como el coronel no tiene quien escriba: espera los recursos y no viene nadie. -No tiene poder de lobby sobre la agenda de la sociedad, sobre la agenda política. La Universidad moviliza marchas multitudinarias y la escuela básica no tiene un vocero efectivo. -No sólo eso. Ves gobernadores en las provincias criticando y oponiéndose al ajuste de las universidades, pero no miran la viga en el ojo propio: ellos están reduciendo sus recursos o el salario de los docentes. Tiene que ver con los efectos de la descentralización. La mirada política de la descentralización de los 90 fue dispersar el poder de protesta de los sindicatos docentes: tuvo efecto porque no es lo mismo tener un reclamo unificado que tener situaciones diferentes en veinticuatro provincias.-Quiero pasar a una cuestión central. La gran discusión es cuánto de esa inversión o gasto educativo, como se quiera ver, termina mejorando o no los aprendizajes. Sabemos que pruebas de aprendizaje de todo tipo y color no muestran una curva positiva en la mejora de los aprendizajes de los alumnos argentinos. ¿Qué es lo que falta para efectivamente producir un cambio? Si llegara un gobierno nuevo en dos años o si este gobierno renovara, pero asumiera una mirada distinta sobre la educación, ¿por dónde pasaría ese cambio? -Así como hubo una menor inversión educativa de la que debería haber habido, también es cierto que la tendencia de la inversión educativa del 4 por ciento del PBI muestra un aumento respecto de lo que había. Incluso ahora, con alrededor del 5 por ciento del PBI, se está invirtiendo más que lo que se invertía hace veinte años. -Ese dato agrava el tema de por qué ese aumento no conecta con la calidad educativa, y qué habría que hacer para que conecte. -Porque en ese financiamiento, no hay nada que indique que tenga que mejorar esa calidad. Esta es la imagen: si me das 10 mil dólares para arreglar mi casa, el resultado puede distar mucho del ideal o del que les gustaría a muchos, incluso a mí. Es decir, lo que importa no son solo los 10 mil dólares para arreglar o decorar mi casa sino lo que yo haga con esos 10 mil dólares. Trasladado a educación, es lo que pasa en educación un poquito más grave, o más macro. No hubo cambios sustanciales.La Argentina y la deuda pendiente de mejores aprendizajes. ¿Cómo torcer ese destino?-Usted tiene una mirada panorámica sobre la educación en América Latina y otras regiones del mundo. ¿Por qué en países de la región con historias muy parecidas a la de la Argentina hay una relación entre el gasto educativo y la calidad y mejoran sus indicadores y sus curvas mucho más que en la Argentina? De hecho, la Argentina está estancada o retrocede y esos países, Chile, Uruguay, Perú y otros, están mejorando. -En la Argentina, nadie le pone el cascabel al gato para decir qué es lo que habría que cambiar. La mirada tradicional argentina, tanto para educación básica como para universidades, es: vos dame los recursos que los manejo yo y voy a mejorar. Ese sería todo el planteo, no pasa. En los otros países, cada país toma sus propias medidas, pero tiene que ver con cuestiones como la carrera docente, el presentismo, el salario docente. También está qué se hace, antes o después: ¿aumentamos el salario y después introducimos los cambios o hacemos los cambios y después vemos los salarios? Como siempre en la Argentina, desaprovechamos la oportunidad de la holgura de recursos para discutir determinadas cosas y seguimos de largo. Y discutir en un contexto de ajuste es muy difícil. Me llama la atención que haya provincias que hoy están proponiendo reformas bastante impopulares y en paralelo están haciendo ajustes en sus salarios. Puedo hacer un listado y voy a hacer algo que siempre critico, un listado que queda como un listado de lugares comunes educativos. Primero, la formación docente, pero no me meto con la formación misma sino con quiénes están ingresando. En los profesorados, las condiciones son cada vez más laxas respecto de la trayectoria de los alumnos. Eso muestra que está pasando algo: quiénes son los que ingresan, quiénes son los que egresan, en qué condiciones. ¿Son los mismos los jóvenes que ingresan hoy a la docencia que los que ingresaban hace veinte o treinta años? No estoy hablando de la formación sino de qué está pasando en la propia etapa de reclutamiento.-El nivel socio económico, el capital cultural con que ingresan. -Son todas hipótesis y presunciones. También está la cuestión de la carrera. Puede ser una mala palabra en educación, pero soy economista y el tema de los incentivos no es menor. En mi mirada sobre las políticas o las acciones de política educativa de los últimos 30 años, veo que hubo una serie de acciones muy dispersas, no encaminadas a un objetivo. No hablo de la inclusión. La inclusión es un metaobjetivo. Es como hablar de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Fuimos más inclusivos es como decir estamos trabajando en pos de la igualdad. Es un discurso casi vacío de contenido. Pero en términos de medidas concretas, se debería ver qué es lo que estuvo pasando con todos esos recursos, cuánto se logró aprovechar, cuánto se desaprovechó. Hubo un excedente de la inversión: cuánto es lo que quedó de todo, un excedente respecto de lo que podría haberse invertido si no hubiera existido la Ley de Financiamiento, la holgura de recursos, etcétera. Y no es mucho lo que ha quedado. Sí, hubo aumento de salarios y eso es importante; ahora estamos en la otra oleada. Pero en la medida en que no se revise qué sucedió cuando hubo recursos, qué se hizo con esos recursos, vamos a repetir los mismos errores.
La presidenta de la Cámara de Diputados exhortó a destinar más recursos y a crear políticas para apoyar a los jóvenes
El líder político aseguró que la intención del primer mandatario es clara: ganarse el favor de las personas beneficiadas con contratos y nombramientos
Carlos Fernando Galán cuestionó abiertamente la postura del Gobierno nacional y expuso la difícil situación que enfrenta la capital del país en materia de seguridad
El abogado criticó que la actriz recibiera apoyo económico para un posgrado en la Unad, porque ese beneficio debió ser destinado a estudiantes de menos recursos
El documento advierte sobre la falta de transparencia en el origen de los recursos y recomienda indagar el entorno familiar y empresarial de la exalcaldesa
La Red Nacional de Refugios acusó la eliminación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados, reduciéndolo a una actividad
El jefe de Estado atribuyó la imposibilidad de financiar arreglos en la carretera a la caída de la Ley de Financiamiento, mientras la emergencia por derrumbes afecta a miles y pone en jaque la infraestructura
Las mayores reducciones impactarían a la Amazonía y la Orinoquía, como Guainía, Vichada y Guaviare, cuyas asignaciones caerían por encima del 25â?¯%, lo que limitaría su capacidad de respuesta ante emergencias y desarrollo local
El titular del sector instruyó una revisión exhaustiva de los fondos asignados, buscando asegurar el manejo adecuado de los recursos ante recientes críticas y acusaciones que han generado controversia en la opinión pública
El sector científico se encuentra en un piso histórico: el presupuesto total cayó casi un 42% en lo que va del gobierno de Javier Milei. Este deterioro no es exclusivo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, sino que también afecta a otros organismos claves como la Agencia de Promoción Científica y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Leer más
El intendente defendió su gestión destacando el superávit y la transparencia administrativa. Al mismo tiempo, denunció un "fraude electoral sistemático" en su ciudad con votos de vecinos fallecidos y analizó el complejo panorama político provincial en este año electoral. Leer más
El economista analizó la reciente eliminación de retenciones y la promesa de apoyo financiero de EE.UU., y aseguró que el gobierno de Javier Milei actúa "al servicio del poder económico local y global". Leer más
El representante aseguró que la oposición mantiene una campaña sistemática para minar la confianza ciudadana en el Pacto Histórico, con informaciones negativas en los medios de comunicación
El Ejecutivo somete a consulta pública el marco normativo que regirá la nueva herramienta estatal para gestionar información de servidores públicos y empresas del Estado
Magnates como Sam Altman, Jeff Bezos y Eric Schmidt respaldan esta idea, la cual conlleva serios desafíos logísticos
Las denuncias sobre desvíos y presiones políticas exponen la fragilidad institucional y la supuesta influencia de clanes en entidades clave del Estado
La senadora y precandidata presidencial sugirió limitar el acceso a alimentos, agua y transferencias estatales a comunidades que respalden acciones ilegales, buscando presionar sin uso de la fuerza militar, según declaraciones en Colfecar
Después de sumas y restas, una consultora subrayó la necesidad de despejar dudas sobre la capacidad de atender los pasivos "en tiempo y forma"
Las autoridades llevaron a cabo la operación en la que Héctor Rangel y los otros implicados fueron privados de la libertad. No se han divulgado detalles adicionales sobre los procedimientos judiciale
Una sentencia obliga a un supermercado a indemnizar con 20.000 euros a una empleada despedida por su relación con el presidente, en un caso que destapa un patrón de conflictos en la compañía
Belén (Argentina/2025). Dirección: Dolores Fonzi. Guion: Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín, Nicolás Britos (basado en el libro de Ana Correa). Fotografía: Javier Juliá. Edición: Andrés Pepe Estrada. Elenco: Dolores Fonzi, Camila Pláate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, César Troncoso, Luis Machín, Lili Juárez. Calificación: No disponible. Distribuidora: Digicine. Duración: 105 minutos. Nuestra opinión: muy buena. En su segunda película como directora, Dolores Fonzi no elige un camino fácil. Llevar a la pantalla un acontecimiento complejo y espinoso como fue el caso "Belén", que sacudió a la opinión pública de Tucumán, escaló a nivel nacional en la prensa, impulsó el movimiento feminista "Ni una Menos", y terminó siendo decisivo para la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no era tarea sencilla. Menos en una coyuntura que cambió desde aquel momento, y con un lenguaje como el cinematográfico que a menudo exige ceder a estrategias discursivas contrarias a la complejidad. No importa, Fonzi se pone delante y detrás de cámara, elige una mirada nada concesiva pero tampoco solemne, utiliza con inteligencia recursos del cine político, y esquiva la tentación de convertirse en instrumento voluntario de una disputa que hoy la excede. Belén toma el título de una ficción, la que elaboró la abogada Soledad Deza para preservar la integridad de su cliente en un clima provincial adverso. Y es la ficción de Fonzi, inspirada en la investigación periodística de Ana Correa, y escrita en colaboración con Laura Paredes, la que elige ese camino para llegar a la verdad.Todo comienza una noche de marzo de 2014, cuando Julieta (Camila Pláate) ingresa en un hospital de San Miguel de Tucumán con severos dolores abdominales. Acompañada por su madre, es derivada a la guardia, pide ir al baño, y tras unos minutos de sangrado y sudoración, es destinada a ginecología para un legrado de urgencia. Mientras se encuentra en el quirófano irrumpe la policía, la acusa de haberse practicado un aborto, y la esposa a la camilla, todavía con las piernas abiertas y ensangrentada. El fundido a negro nos despega de ese horror y nos conduce dos años después, con Julieta tras las rejas. Todas las decisiones de Fonzi en esa primera escena marcan el pulso de su película. La cámara sobre el hombro del personaje, la estructura laberíntica del hospital, el peso de lo que no se ve, el corte justo en el montaje para eludir golpes bajos y sensacionalismo. La elipsis nos deposita en lo que será el corazón de la historia y el punto de vista de la narración: Soledad Deza (interpretada por la propia Fonzi, que usa su presencia actoral como enclave complejo de identificación) es una abogada dedicada a la defensa de mujeres, que llega por casualidad al caso, asiste al dictado de la sentencia de la acusada-ocho años por homicidio agravado por el vínculo- y decide asumir su defensa. Su tarea no es solitaria, sino que es realizada junto a su socia (interpretada por Paredes) y un grupo de mujeres que asume la forma de un colectivo, en espejo con lo que será luego el diseño del movimiento feminista de esos años. Lo que viene quizás responde a las recientes estrategias de la ficción para convertir la compleja materia de la realidad -casos policiales, personajes políticos, hechos decisivos de la vida pública- en una historia de ficción, con su fluir narrativo, sus puntos de giro, sus necesarias sorpresas y justa emoción. La comparación con Argentina 1985 puede ser una posible clave de interpretación, pero Fonzi debe lidiar con la cercanía histórica, con un consenso más esquivo respecto a la importancia del hecho, y además, debe pisar en un terreno reflexivo cada vez más cooptado por chicanas y provocaciones antes que por una verdadera vocación de pensar a las ficciones como representaciones -nunca exentas de conflicto- de las ansiedades y los miedos que nos ha dejado el pasado y con los que el arte nos ayuda a convivir. Belén tiene humor, afirma con solvencia su desarrollo narrativo, esquiva los maniqueísmos a la hora de presentar las contradicciones -la forma en la que aparecen las amenazas a Deza es el mejor síntoma de esa elección-, y se entusiasma -quizás un poco demasiado- hacia el final con una épica que es leída a la distancia como clave para los logros posteriores. Belén, ya en el gesto de sustitución del nombre original por uno que condense todas las aristas de esa representación, es un símbolo colectivo antes que un nombre propio, una idea encarnada en el cuerpo de la Historia. Por ello el personaje de Camila Pláate elude inteligentemente el psicologismo, la definición de carácter, o el costumbrismo que la harían más familiar. Sus pesadillas en la cárcel no son solo las propias, son las de la culpa inoculada por una cultura, validada por un sistema legal y propagada por una comunidad, incluso sin plena conciencia de ello. Filmar las ideas que subyacen a los hechos visibles es lo más difícil en el cine, Fonzi ha encontrado una manera posible de hacerlo.
La Casa Rosada transfirió $12.500 millones a cuatro provincias y el ministro Catalán se reunió con varios gobernadores. El Presidente anunció aumentos para salud, educación, jubilaciones y discapacidad. Quiénes definirán la votación en Diputados
Según medios de comunicación locales, el mandatario también habría pagado el vuelo de traslado de Jorge Armando Tapias a su ciudad natal, porque el avión prometido por la Policía no llegó
La Fiscalía General de la República lo acusa de realizar operaciones con recursos por más de 156 millones de pesos
Un informe del ente de control reveló que casi la mitad de los proyectos financiados desde 2017 carecen de avances concretos, a pesar de una inversión superior a $107 billones