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Reforma pensional: victoria del Gobierno en el Senado tras aprobarse la ponencia positiva que da luz verde al proyecto

El presidente de la República, Gustavo Petro, logró destrabar la iniciativa que se encontraba estancada en el legislativo con la negociación con los liberales y obtuvo un triunfo en la sesión del lunes 15 de abril, al ratificarse el respaldo al articulado

Optimismo en la cena de Cippec sobre la aprobación de la "Ley de bases", con dudas sobre Lijo y la reforma laboral

La cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) brindó el escenario donde este lunes por la noche confluyeron gobernadores, ministros nacionales y legisladores oficialistas, peronistas y radicales junto a empresarios, diplomáticos y líderes de opinión. El tema dominante en el evento, epicentro del debate político y económico, fue la marcha de la economía y el próximo debate de la "Ley de bases" en el Congreso, junto a la sensación generalizada entre los mandatarios y parlamentarios de que el proyecto superará la Cámara de Diputados."Si no, estamos al horno", advirtió un mandatario provincial que llegó cuando terminaba el bandejeo de canapés y copas de vino para pasar al Salón Ocre de la Rural, donde se desarrolló el evento."Desmesura": expertos advierten sobre el impacto de la agenda de Milei sobre la política exterior de la ArgentinaEntre los funcionarios nacionales estuvieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el de Educación, Carlos Torrendell. Esperado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no llegó, lo mismo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afectada por unas "líneas de fiebre".Entre los libertarios se mostró el senador Francisco Paoltroni (Formosa), que rechaza la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. También la diputada Lilia Lemoine, que se mostró optimista sobre la aprobación de la ley ómnibus y todavía rumiaba sobre el quiebre del bloque libertario.Los gobernadores, que trabajan en múltiples programas con el Cippec dijeron presente. Entre ellos, Martín Llaryora, de Córdoba; Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.Los opositores "dialoguistas" se reunieron en diversos corrillos donde se conversaba sobre el futuro de la ley ómnibus.La creencia generalizada era que esta vez será aprobada, porque el Gobierno había hecho lo que no hizo antes: dialogar con los diferentes bloques. Estaban entusiasmados con la norma como un camino de salida hacia la "normalización". Incluso algunos radicales, que aportaron su propio proyecto de reforma laboral, que es visto con buenos ojos por el Gobierno.Los gobernadores observaban en particular el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca asegurar la continuidad de beneficios, por dos años, para proyectos de empresas argentinas o extranjeras. Los mandatarios se sumaban al consenso de que el proyecto avanzará en Diputados. Piensan en el Senado.Otro punto muy conversado fue la ausencia de una reforma laboral en el proyecto de ley enviado por el Presidente, más allá del aporte que presentó la UCR. Los libertarios confiaban en que se podía agregar este capítulo al proyecto oficial, pero algunos gobernadores no quieren saber nada de sumarle temas al proyecto: creen que todos intentarán hacer agregados y se corre el riesgo de que todo quede empantanado.El Gobierno intenta destrabar la reforma laboral contenida en el DNU y frenada por la Justicia, pero trabaja en los dos frentes, el legislativo y el judicial. "El que se demuestre más rápido y eficaz", deslizaba anoche un funcionario.El otro asunto que sobrevoló todas las mesas fue la postulación del juez Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. En los corrillos judiciales nadie creía que Lijo consiguiera los votos, pero dejaban abierta la puerta ante el silencio del kirchnerismo. Otros temían que García-Mansilla quede en el camino. "Son dos caras de la misma moneda", sintetizó un invitado.

Reforma a la educación: fue aprobada la ley estatutaria en segundo debate de la Cámara de Representantes

La iniciativa busca, entre otras cosas, el cierre de brechas que existen para poder acceder a la educación en Colombia

Reforma pensional: Gobierno logró salvar proyecto de ley, Senado negó ponencia alternativa de Norma Hurtado

La iniciativa de la senadora del Partido de la U, considerada como alternativa, fracasó en su intención de recoger el respaldo de la corporación, por lo que la ponencia positiva sigue su curso en el segundo debate de la proposición, que de ser aprobada será traslada a la Cámara

Partido Liberal apoyará la reforma pensional de Gustavo Petro, pero con condiciones: Gobierno cedió en punto crucial

La bancada de esta colectividad en el Senado se reunió en la Casa de Nariño con el presidente de la República y llegó a un acuerdo que consideran clave para darle su espaldarazo a la iniciativa, cuyo trámite estaba en crisis en la plenaria de la corporación

Avanza en San Lázaro reforma para que Fondo de Pensiones del Bienestar tome Afores de mayores de 70 años no activos

La Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados aprobó la reforma que da origen al Fondo de Pensiones del Bienestar

Vox pide parar la reforma feminista del Reglamento de Congreso y aprovechar para quitar comisiones y lenguas cooficiales

Acemi le aceptó al invitación al presidente Petro: buscarán acuerdos sobre la reforma a la salud

Luego de que Gustavo Petro anunciara que haría una "sesión permanente por la salud", el gremio de las EPS confirmó su participación

Cippec tendrá su primera cena anual en tiempos de Milei: reforma previsional, educación y el rol del Estado, en agenda

La organización independiente y apartidaria convocará a más de mil invitados para discutir sobre soluciones para los desafíos que enfrenta la Argentina. Habrá oficialistas y opositores, empresarios, diplomáticos, sindicalistas y líderes de opinión

Semana crucial para el Gobierno nacional: tras ataques de Gustavo Petro, Senado debatirá la reforma pensional

Las discusiones frente a la propuesta, que ha sido una de las banderas de la gestión del máximo líder del Pacto Histórico, se retomarán en la jornada del lunes 15 de abril de 2024

Gustavo Petro bajó la guardia y accedió a negociar con EPS salidas a la crisis del sistema: "Se necesita reforma"

El jefe de Estado, a través de sus redes sociales, sorprendió con el anuncio de que se llevará a cabo una sesión permanente de trabajo de 100 horas, que permita analizar a fondo las posturas tanto de las entidades promotoras de salud como las de su Gobierno y llegar de esta forma a consensos

El secretario de Trabajo dio detalles sobre el contenido de la reforma laboral que se enviará al Congreso en la ley de Bases

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, brindó detalles sobre el contenido del proyecto de reforma laboral que se presentará en la nueva ley de Bases y que sería enviada al Congreso en los próximos días. El funcionario explicó que se incluirá "todo lo que que contenía el DNU" y que la mayoría de los partidos políticos están a favor de la modernización, que el secretario prefirió definir como "mejora laboral" ya que "no se está cercenando ningún derecho"."Tenemos dos puntos fundamentales. El primero es acompañar la baja inflacionaria. Y el segundo, la generación de empleo", explicó Cordero en diálogo con Luis Majul en la pantalla de LN+. "Quisiéramos enviar un proyecto que acompañe la ley de Bases y que esté subido al Pacto del 25 de Mayo. Ese proyecto tiene todo el contenido del DNU y el contenido de lo que estaba en la ley de Bases como el blanqueo y la moratoria previsional", detalló.En ese sentido, postuló que "la modernización es tan potente que es acompañada por las fuerzas políticas". "El proyecto del radicalismo va en línea con lo presentado por el Gobierno. Por eso diversas fuerzas se suman, pero todos piensan lo mismo. Hay incluso proyectos más enérgicos", explicó el abogado laborista con pasado en los equipos de Patricia Bullrich.Reconoció que las circunstancias económicas no son las mejores a raíz de los elevados índices de inflación -11% en marzo-, pero consideró que la mayoría de la población entiende el esfuerzo que pide el Poder Ejecutivo. "Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo histórico incalculable. Todos se despiertan para ir a trabajar y hacen un gran esfuerzo para combatir la inflación. La batalla cultural está siendo cada vez más visible y el trabajo dignifica a la persona. Va más allá de las personas. Es un camino que avanza y no va a cesar. Todos los actores están entendiendo todo esto", evaluó.Por otro lado, fue consultado respecto a la polémica desatada en torno a la no homologación de las paritarias de algunos sectores. La semana pasada el gremio de Camioneros amenazó con paralizar su funcionamiento si no se autorizaban las paritarias acordadas, y más tarde, la CGT anunció un nuevo paro nacional para el próximo 9 de mayo.Cordero insistió en que las "las paritarias se vienen homologando desde la llegada del gobierno de Milei y la conducción de [Sandra} Pettovello". "Llevamos 113 homologadas. En mi gestión van 60 y seguimos trabajando". Sin embargo, enfatizó la necesidad de acompañar la baja de la inflación a través de acuerdos que no alteren el "orden público y el interés general de la nación".Dijo que una de las opciones es no homologar, pero que "uno intenta que no suceda y se llegue a un acuerdo". "Hay que lograr que el diálogo sea eficiente. Apuntamos a la responsabilidad social de las cámaras y los sindicatos, en un momento de flagelo y elevada inflación. Los argentinos están poniéndole el pecho a la crisis", resaltó el delegado ante la Organización Internacional del Trabajo. "Desde lo normativo, podríamos decir que vamos a tomar determinaciones, pero no lo estamos haciendo", añadió.

Nueva "Ley de bases": el proyecto de reforma de Defensa de Competencia divide a los expertos

El nuevo proyecto de "Ley de bases" que el presidente Javier Milei envió al Congreso incluye la reforma del sistema vigente de Defensa de la Competencia. Pero la propuesta divide a los expertos: para algunos, la iniciativa oficialista es un paso adelante para terminar con las cartelizaciones y los monopolios; pero, para otros, podría resultar contraproducente y quitarle herramientas a los funcionarios que deben lidiar con casos sensibles como el que enfrenta por estas horas al Gobierno con las prepagas.La reforma abarca todo el Título VII del proyecto oficialista. Son 74 artículos que comenzaron a tomar forma dos años atrás, de la mano del asesor sin cargo oficial en la Casa Rosada, Federico Sturzenegger, según reconstruyó LA NACION, cuando el borrador circuló desde mediados de 2022 entre expertos y expertas del sector privado a los que el equipo de asesores de la entonces precandidata presidencial Patricia Bullrich solicitaron ideas y sugerencias.El Gobierno quiere que las prepagas congelen cuotas por dos meses y recrudece el conflicto con el sectorEn esencia, el proyecto dispone la derogación de la ley vigente desde 2018 -la 27.442-, que creó la "Autoridad Nacional de la Competencia", aunque en los hechos jamás se llegó a constituir, por lo que continuó vigente la vieja Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que esa norma venía a desactivar y reemplazar, en tanto que la Secretaría de Comercio, liderada por un funcionario político, quedó a cargo de emitir las resoluciones del sector.Ahora, Milei propuso crear una "Agencia de Mercados y Competencia" y un "Tribunal de Defensa de la Competencia", que dividen las aguas. Para el oficialismo y algunos especialistas, el nuevo diseño agilizará los trámites para ocupar esos cargos, les dará nuevas herramientas para investigar y sancionar prácticas desleales y despolitizará toda su actuación.A tal punto llega la obsesión por quitarle cualquier tinte político al área de Defensa de la Competencia que el borrador fija, incluso, que el responsable a cargo de la eventual Agencia -al que se denominaría "secretario"- tendría vedada "cualquier actividad partidaria" durante su mandato de cinco años, renovable por cinco años más, además de que no debería haber "desempeñado cargos partidarios" durante el quinquenio previo a su designación.La propuesta oficialista cosecha respaldos entre algunos expertos, como el economista Esteban Greco, quien presidió la CNDC durante la presidencia de Mauricio Macri. Afirmó que la iniciativa mantiene "lo sustancial" de la ley de 2018, en cuya redacción fue clave, pero "simplifica el procedimiento de designación de una autoridad de aplicación independiente", lo que consideró "fundamental" para que el país cuente con un régimen protección de la competencia "moderno"."El gran déficit que tiene el sistema argentino es que la autoridad de aplicación debe ser independiente y profesional ante los casos sensibles que debe analizar, y arribar a sus conclusiones sin influencias políticas", remarcó a LA NACION. Y durante las últimas décadas, la CNDC lidió con múltiples casos "sensibles": desde la denuncia por cartelización en la obra pública que derivó de la "causa Cuadernos" -y que se cerró de una manera muy controversial-, la fusión Cablevisión y Telecom o, por estos días, la acusación del ministro de Economía, Luis Caputo, contra las empresas prepagas. Controversias en las que a menudo se dirimen miles de millones.En ese contexto, para Greco, "el proyecto es un buen proyecto, del que no comparto todo, pero al que ya se le aplicaron varias correcciones cuando se discutió en el Congreso por primera vez [como parte del proyecto de ley ómnibus que el Gobierno luego retiró] y se envió al recinto el dictamen de mayoría. En ese sentido, no hay que comparar el proyecto que ahora impulsa el oficialismo con la ley actual, la de 2018, porque no terminó de aplicarse, sino con la situación actual, que se apoya en estructuras de los años '80 o más atrás".Otros expertos, sin embargo, no están tan seguros. El abogado Pablo Trevisán, quien compartió como vocal el período de Greco en la CNDC, consideró que el proyecto resulta "innecesario, inconveniente e inoportuno". Entre otros motivos, porque al simplificar los trámites para designar al eventual secretario de la Agencia y a los cinco miembros del Tribunal, que quedarán sujetos a la propuesta del Presidente en vez de un concurso, "podría reducir la garantía de independencia", además de que en la práctica, el proyecto podría debilitar a la autoridad competente."La discusión que en estos momentos mantiene el Gobierno con las prepagas ayuda a poner sobre el tapete cómo es la legislación sobre Defensa de la Competencia y las autoridades del sector", planteó Trevisán, quien inició una acción preventiva de daños en tribunales en representación de una jubilada de 82 años afectadas por las subas de las prepagas, más una denuncia ante la CNDC. En ese contexto, estimó que el nuevo proyecto "le quitaría facultades y reduciría la gravedad de las sanciones que la autoridad podría imponer".El sucesor de Greco como presidente de la CNDC durante la gestión de Alberto Fernández, Rodrigo Luchinsky, coincidió con Trevisán. Celebró "la preocupación [de la Casa Rosada] por revisar la arquitectura institucional del sistema de Defensa de la Competencia", pero alertó que, de aprobarse, "el nuevo proyecto reduciría las herramientas básicas de sanción, facilitaría la concentración de los mercados e incluso, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo".En ese sentido, estimó que el titular de la Agencia podría por sí solo aprobar o condicionar operaciones de eventual concentración económica. "Sobre esto realmente no existen antecedentes imitables. La decisión más importante de una autoridad 'antitrust' es, justamente, condicionar operaciones. Son decisiones muy excepcionales y que requieren gran respaldo institucional porque implican de algún modo limitar el accionar de un grupo empresario. Por eso, todas las agencias 'antitrust' son colegiadas, y muchas de ellas con participación de la oposición política, como en Estados Unidos", ejemplificó. "Como la aprobación de las operaciones de concentración económica no es revisable judicialmente porque son decisiones de política económica -abundó-, dejar esa responsabilidad en un funcionario designado discrecionalmente por el gobierno no parece razonable".Greco, por el contrario, no ve con malos ojos que una persona lidere la Agencia, dentro de un sistema que también incluya un tribunal. "Modelos similares se aplican en Chile y Brasil, por ejemplo, y aquí se plasmaría con nuestras propias particularidades", estimó. "Más allá de eso, lo importante es que hay que lograr que la ley de 2018 o este proyecto se apliquen de una buena vez. Si en estos momentos hay impulso político y consenso entre las fuerzas que integran el Congreso para avanzar para que esta reforma prospere y se ejecute, hay que aprovecharlo"."Viste cómo es Javier"Para Trevisán, la mejor opción pasaría por aplicar la ley vigente en su totalidad, en vez de impulsar una reforma. "La ley que se aprobó en 2018 logró un consenso muy alto entre los técnicos y todos los sectores políticos, pero lo que falló fue su aplicación porque Macri demoró los concursos hasta que fue demasiado tarde y Alberto Fernández jamás mostró interés; al contrario", precisó."Ahora, Milei designó por decreto a las nuevas autoridades de la CNDC, que son muy buenas y con experiencia", destacó, en alusión a Alexis Pirchio, quien asumió como presidente, y a Lucas Trevisani, Florencia Bogo y Eduardo Montamat como vocales. "Si hay voluntad política, en cinco meses, Milei podría completar los concursos para activar de una buena vez la demorada Autoridad Nacional de la Competencia, en vez de dar vueltas con una nueva reforma, que puede o no salir".

Reforma de pensiones no es electorera, afirma Ignacio Mier

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó la necesidad de aprobar el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar

Reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro: semana decisiva para su futuro

Pese a que podría haber un consenso entre el sector privado y el Gobierno nacional alrededor de la reforma pensional, las diferencias persisten en el umbral de cotizaciones al pilar contributivo

Gustavo Petro aseguró que la reforma pensional es la "salvación" los fondos privados: "En el corto plazo se quebrarían"

El primer mandatario aseguró que el Gobierno nacional ha pensado en cómo mejorar la calidad de la población adulta de Colombia sin necesidad de afectar los ingresos de las administradoras privadas

Gustavo Bolívar arremetió contra opositores a la reforma pensional: "Recibirán jugosas pensiones "

El funcionario del Gobierno nacional adicionalmente mencionó, que aquellos que se oponen a la reforma a la salud acceden a las mejores clínicas, así como a los especialistas

Defensor del Pueblo rechaza retiro AFP y exhorta al Congreso a repensar medida que resuelva la reforma de pensiones

Titular de la Defensoría pidió al Poder Ejecutivo que exhorte al Parlamento a redefinir su postura y adoptar una medida seria sobre el futuro de las pensiones de los afiliados. De lo contrario, todo "sería una bomba de tiempo"

Reforma pensional del Gobierno Petro: esta es la contrapropuesta de los fondos privados y así afectaría a los trabajadores

La reforma pensional se está tramitando en la plenaria del Senado y tiene más esperanzas de pasar que la fallida reforma a la salud

El sistema tributario, aún lejos de una reforma que corrija sus ineficiencias y distorsiones

"Complejo, ineficiente y regresivo". Los cuestionamientos al sistema tributario argentino no son novedosos, pero se intensificaron en los últimos años, expresando el derrotero sin fin de la macroeconomía y, en particular, de las cuentas públicas.La historia reciente incluye capítulos con períodos en los que la presión tributaria disminuyó en términos relativos (medida como porcentaje del producto bruto interno, PBI), aunque no por causas sostenibles. Es el caso de 2023, un año que cerró con una leve baja en ese indicador (-0,57 puntos porcentuales del PBI) debido a la caída abrupta de las retenciones por la sequía (pasaron del 2% al 0,8% del producto), y a la reforma del impuesto a las ganancias, que redujo la cantidad de personas con ingresos gravados y que ahora el Gobierno busca modificar.Como contracara, el año pasado se destacó, en materia fiscal, por el avance del impuesto PAIS, que duplicó su peso en la recaudación, alcanzando el 0,8% del PBI; eso fue a causa de una suba nominal de los recursos, de 324%.Las variaciones mencionadas en la recaudación de recursos responden a cuestiones coyunturales. Por lo tanto, no hay una situación que permita pensar en una tendencia a la baja de la presión impositiva, ni mucho menos en una reconfiguración del sistema en el corto plazo.Los estimaciones y las conclusiones mencionadas surgen de un informe elaborado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral, dirigido por el economista Diego Rivas y el contador Lucio Cardinale. Según el trabajo, en el podio de los cuatro tributos que más aportaron a la recaudación en 2023 están los mismos que estuvieron en años anteriores, aunque hay algunas particularidades.Mientras que el IVA siguió siendo, por lejos, el impuesto de mayor peso para la recaudación nacional (27,8%), Ganancias cayó al cuarto lugar (16,5%), ubicándose detrás de los aportes y contribuciones a la seguridad social, y de Ingresos Brutos provinciales (cada uno de ellos, con una participación de 18,2%).La lista se completa con el gravamen sobre los débitos y créditos bancarios -impuesto al cheque- (6%), "otros impuestos" (5,6%), PAIS (3%), derechos de exportaciones (2,9%) y Bienes Personales (1,9%). Así, solo ocho tributos explicaron el 94% de recaudación nacional de 2023."La Argentina presenta un elevado nivel de presión tributaria, que se asemeja al de los países desarrollados, pero con una estructura sustantivamente distinta en diseño y en objetivos. El cociente entre la recaudación proveniente de impuestos regresivos (a los bienes y servicios) y el gasto público social (educación, salud y protección social) presenta un comportamiento similar al de los países de Latinoamérica y al de los emergentes: se recauda, regresivamente, un 60% por cada unidad que se destina a gastos sociales, mientras que en los países avanzados ese índice es de un 40%", señala el informe.Sin cambios de fondoY agrega: "No se observan en los últimos 14 años cambios significativos en nuestro país que conduzcan a dotar de mayor progresividad al sistema tributario, sino más bien modificaciones coyunturales con un fin recaudatorio, que explican, por ejemplo, la caída de la presión tributaria de 0,57 puntos porcentuales al final del mandato de Alberto Fernández"."Más allá de algunos intentos de reducir la presión tributaria, la experiencia de nuestro país marca que, mayormente, las reducciones de impuestos se han prometido permanentes y han sido temporales, mientras que las subas de la presión tributaria que se explicaban temporales, han sido siempre permanentes", dicen los especialistas del CET.Según sus estimaciones, desde la salida de la crisis de 2001 la Argentina se posicionó en niveles de 25% a 30% de presión tributaria, mientras que los países emergentes nunca superaron el 23%. "Pese a la tendencia alcista mantenida hasta 2022 (+1,13 puntos porcentuales), la falta de liquidación de exportaciones y el cambio en Ganancias previo a las elecciones modificaron el sentido de la presión tributaria en el último año de gobierno del expresidente", afirman.Además de la presión y de la estructura impositiva, otro indicador que opera como termómetro del funcionamiento del sistema es su complejidad. El estudio establece que el en "índice de performance" de los impuestos, en 2023 la Argentina se ubicó en 4 puntos, en una escala del 1 al 10, lo que lleva a concluir que el sistema "logra solo parcialmente los objetivos" de suficiencia y eficiencia. "Si bien la complejidad tributaria y la elevada carga resultan muy relevantes, también el marcado y sostenido déficit fiscal es uno de los principales factores de esta performance negativa", explican desde el CET.De acuerdo con los datos de la International Survey on Revenue Administration (Isora), la Argentina es el tercer país en el ranking de los que asumen más costos para recaudar impuestos. En América Latina el costo promedio es de 0,78% del monto recaudado, en tanto que en nuestro país es de 1,1%.El informe del CET destaca el impacto de las "cargas ocultas", como la alta inflación, no contemplada en los criterios de medición de la presión tributaria. "En 2022 el impuesto inflacionario presentó el valor más alto de la serie (2,9% PIB), profundizando aún más la inconsistencia entre quienes reciben el gasto del Estado y quienes, en cierto punto, lo financian", expresó Rivas. Y añadió: "La aceleración inflacionaria parecería estar siendo un mecanismo de ajuste fiscal en los primeros meses del nuevo gobierno: hay incremento de la recaudación con licuación del gasto".Qué se espera para 2024Expertos consultados por LA NACION coincidieron en que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, no se concretaron modificaciones significativas en materia de impuestos. A la espera del tratamiento del proyecto de ley el Poder Ejecutivo sobre temas fiscales, consideran que con su eventual aprobación solo se incrementaría la presión tributaria y no habría efectos en cuanto a una simplificación del sistema."Es probable que en 2024 se mantenga la presión fiscal de los últimos años", afirmó Gabriela Russo, presidenta de Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, quien evalúa que "para trabajar en su disminución es necesaria una reforma tributaria integral", algo no contemplado en la iniciativa del Gobierno que se conoció el martes último.Según Russo, un sistema tributario más equitativo debería reconsiderar las cargas sobre productos de la canasta básica y alcanzar con imposiciones "a las rentas que representen verdadera capacidad económica". La contadora sostuvo que "de prosperar el piso de Ganancias dado a conocer, quedarán alcanzadas las remuneraciones brutas promedio de $2,1 millones", y eso abarcaría a una porción importante de la clase media, que también se ve afectada por el incremento de precios derivado del ajuste fiscal.La especialista destacó el impacto del IVA. "Se trata de un gravamen que incide directamente en los consumos y se torna altamente regresivo para los sectores más postergados de la sociedad, que deben afrontarlo porque está presente en la mayoría de los productos de la canasta básica".El contador Gabriel Hermida, socio de Impuestos de la firma Auren Argentina, afirmó que una reforma integral del sistema debería contemplar la revisión de los impuestos más distorsivos. "Tendría que eliminarse Ingresos Brutos [una carga provincial] y ser reemplazado por un impuesto a las ventas, así como sacar el IVA, el que más recauda a nivel nacional, y el impuesto a los sellos, que solo sirve para recaudar y entorpece las relaciones comerciales", consideró.Hermida agregó que el impuesto PAIS "genera problemas para las empresas, que necesitan abastecerse de productos y poder pagarlos al exterior". A eso se suma el impacto del cepo cambiario, cuyo levantamiento, considerado necesario para atraer inversiones, aún no asoma.

El Gobierno, los radicales y la CGT: una negociación a tres bandas camino a la reforma laboral

Una vez que ingrese la Ley Ómnibus se presentará el proyecto que preparó la UCR. Los acuerdos sindicales para avanzar con los cambios en multas, indemnizaciones y período de prueba

El Gobierno confía en que la ley bases sale, pero hay ruidos por el tabaco, la reforma laboral y deudas de Nación

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Reforma al Código Penal: el juez Mariano Borinsky expuso sobre nuevas penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos

El juez Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, que encabezó la última comisión de Reforma del Código Penal -con ingreso en las Cámaras de Diputados y Senadores, y con estado parlamentario- expuso hoy sobre cómo quedaría reformulado el nuevo Código para los delitos en el deporte, en caso de que se apruebe el proyecto.El proyecto del nuevo código incorpora delitos nuevos de terrorismo, medio ambiente, aduana y deportes. El texto actual que rige en la Argentina está vigente desde 1921, es decir, tiene más de 100 años. Borinsky, que expuso en el Salón Paddock del Club River Plate, manifestó que la dificultad de llevar adelante una reforma tiene que ver con la dimensión que tiene un Código Penal en un Estado como el nuestro, que toma a la norma como la base jurídica fundamental para decidir, por ejemplo, si alguien va a prisión de por vida o es inhibido. "Otros países desarrollados también tienen textos antiguos vigentes", añadió."La esencia de la reforma -que lleva el nuevo Código a 540 artículos- es que la persona que acude a la justicia, la víctima, pueda encontrar una solución al problema, que sea escuchada. No se trata sólo del descubrimiento de la verdad", manifestó.En el caso de los delitos en el deporte se toma como un agravante que determinados delitos ya tipificados en el Código Penal, como el homicidio, o la portación de armas blancas, ocurran en este tipo de eventos, como los partidos de fútbol. ¿Por qué? "Porque se supone que es un lugar a donde la gente concurre en familia a disfrutar de un buen momento, donde además hay mucha gente y se puede causar más daño", explicó el jurista.Por eso, en el artículo 472, el primero de Delitos en el Deporte, aumenta a dos tercios el mínimo de la pena de homicidio para asegurar la efectividad de la aplicación de la condena y evitar cierta flexibilidad que tiene la ley actual. En el texto, se sostiene que aplicará para el homicidio con alevosía, ensañamiento, y a los que instiguen o causen por negligencia o impericia una muerte en "ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle"."La idea de elevar el mínimo tiene que ver con asegurar el cumplimiento de la pena y evitar en la medida de lo posible la excarcelación. Hay una idea muy instalada de empezar a aplicar una pena por el mínimo", indicó. Y agregó que el Código Penal es la ley marco, después el juez es el que interpreta. Entonces, la pena de homicidio se eleva a un mínimo de 13 años. El título de Delitos en el Deporte va del artículo 472 al artículo 490 y recorre desde los hechos violentos, hasta la corrupción en el deporte, la reventa de entradas, la violación del derecho de admisión, el encubrimiento o la alteración de pruebas de dopaje, entre otras tantas cosas.Borinsky explicó que está demostrado que el Código Penal puede funcionar como un elemento disuasorio de delitos y citó como ejemplo el endurecimiento de las penas en accidentes viales en España.Además de los delitos observados y contemplados en este nuevo Código, también se agravan penas y se imponen días de multa efectivas para, por ejemplo, aquellos que impidieren de alguna forma el normal desarrollo de un espectáculo deportivo o la inhabilitación para un dirigente que participare en alguno de los delitos tipificados dentro de este título.Además de Borinsky estuvieron los jueces Pablo Yadarola y Jorge Gorini, quienes también participaron de aquella comisión. Estuvo en la charla el secretario general de River, Stefano Di Carlo.Borinsky intenta darle impulso al Código que se trabajó durante el año 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri y que si bien tiene estado parlamentario, aún no fue tratado en comisiones.Principales puntosEn una de sus últimas columnas publicadas en LA NACION sobre la reforma al Código, Borinsky explicó que al proyecto se incorporaron nuevas causales "de interrupción de la prescripción de la acción penal, como la declaración de rebeldía y la solicitud de extradición. Esta cláusula resultaría útil para impedir la paralización de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción nacional e internacional".Además, añadió: "Se introdujo la definición de funcionario público extranjero, entendido como aquella persona designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta".También explicó que se mantuvo la figura "del colaborador eficaz para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, delitos de corrupción y delitos contra el orden económico, cuando durante la sustanciación del proceso del que la persona sea parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles, así como la disminución de la pena"."La Comisión incorporó el delito de terrorismo y de su financiamiento en un título autónomo dentro de la parte especial del Código Penal., incluso como agravante de la asociación ilícita, cuando los hechos alteren gravemente la paz pública", explicó en aquellas columnas."Finalmente, se elevaron las escalas penales para los delitos de narcotráfico como así también los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre la fecha de la elección popular del funcionario y la asunción en el cargo público para el que fue electo. Así se da respuesta a los flagelos más trascendentes, no solo a nivel local sino también trasnacional, como son el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo", concluyó.

Sigue el encontronazo entre Petro e Iván Name por debate de la reforma pensional: se acusan de "solapadas amenazas" y "sabotaje"

El presidente del Senado aseguró que defenderá la institución de las "solapadas amenazas" de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el primer mandatario

Mensaje del FMI a Yolanda Díaz sobre la reforma de la jornada: sugiere que la reducción de horas sea anual

El FMI, en su revisión económica anual, sugiere realizar una reducción de horas anuales en lugar de semanales, para no provocar pérdidas de productividad

Federico Sturzenegger defendió el aumento de las prepagas y apoyó la reforma laboral de la UCR

El asesor de Javier Milei se diferenció del ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que durante la gestión anterior "los precios se pisaron de manera no sostenible". Leer más

Sandra Cuevas cierra Paseo de la Reforma con autos sin placas

Motocicletas, camionetas y autos sin placas fueron los acompañantes de Sandra Cuevas en una rodada que nuevamente dio mucho de qué hablar en redes sociales

Rodrigo de Loredo sobre el proyecto de reforma laboral: "Es la más simbólica y reclamada por las pymes y comercios"

Dentro de los puntos centrales de la propuesta radical se encuentran la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la duración del período de prueba

La UCR presentó su proyecto de reforma laboral con un "80% de similitud" con el DNU de Javier Milei

Un grupo de legisladores radicales, encabezados por Rodrigo De Loredo, se reunió con Nicolás Posse para terminar de definir detalles del proyecto de reforma laboral. Leer más

En plena polémica por reforma a Ley de Amparo, diputados firman acuerdo con el Poder Judicial

La firma del convenio se da un día después de la polémica que surgió en el Senado de la República

En qué consiste la reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena y por qué ha sido criticada

El proyecto propone una reforma a los artículos 129 y 148

Inti Asprilla hizo particular propuesta a Gustavo Petro para salvar la reforma pensional en el Congreso

La invitación del senador se dio tras la decisión de Iván Name de aplazar el debate de la reforma, como respuesta a unas declaraciones del presidente

La UCR le llevó al Gobierno su propuesta de reforma laboral, que elimina las cuotas sindicales

Los bloques de diputados y de senadores de la UCR llevarán esta tarde a la Casa Rosada su proyecto de reforma laboral que, tal como acordaron con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos, será incorporado en el nuevo proyecto de Ley de Bases que se tratará la semana próxima en la Cámara de Diputados.La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que dictó el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Debido a que la aplicación de ese capítulo está suspendida desde enero pasado por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT-, los bloques dialoguistas insistieron en avanzar con una ley. La UCR se comprometió -y el Gobierno aceptó- presentar una propuesta al respecto por considerar que sería positiva para motorizar el empleo en el sector de las pymes. Entre los legisladores radicales que esta tarde llegaron a la Casa Rosada se encuentran los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay. También son de la partida el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.El proyecto del radicalismo no es estrictamente un proyecto de ley espejo del capítulo laboral del DNU, ya que incorpora varias modificaciones. Una de los puntos que promete generar más polémica es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. El Gobierno no se atrevió a tanto en el DNU: allí establece que el empleador no estará obligado a efectuar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones en virtud de su carácter de afiliados a asociaciones sindicales, salvo que mediare expreso consentimiento.Otros puntos claves de la reforma son los siguientes:1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.2. Educación como servicio estratégico esencial: Establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.3. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.4. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.5. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política6. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites. 8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Qué dice la reforma laboral que propone la UCR y que el Gobierno se comprometió a incluir en la Ley Bases

Diputados radicales fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El proyecto toma elementos del DNU frenado por la Justicia y propone nuevas medidas. Creen que existe amplio consenso entre los bloques dialoguistas para lograr la media sanción

Ley de Bases: Milei busca otra oportunidad en el Congreso con una reforma reducida

El nuevo borrador, que será presentado la próxima semana, simboliza un giro del presidente respecto a sus intentos anteriores de imponer cientos de reformas sin un consenso previo. Leer más

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El Ministro de Cultura, Juan David Correa, anunció cambios en la ley de cultura, con una reforma que contempla la creación de nuevos espacios de inversión en bibliotecas públicas e infraestructura cultural. El proyecto se presentará el 20 de julio

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El senador alertó que el presidente tendría la facultad para "perdonar por delincuencia organizada, por secuestro, por violación"

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El Gobierno recibe oficialmente a la CGT por primera vez en medio de tensiones por la reforma laboral y la amenaza de un paro

A cuatro meses del comienzo de la gestión, el Gobierno nacional recibe esta tarde por primera vez de forma oficial a la cúpula de la CGT. El encuentro se da en la antesala de que se conozcan los detalles de la reforma laboral que entregará la Unión Cívica Radical (UCR) y que se incluirá en la "ley de Bases", cuyo borrador final se conoció en las últimas horas. La reunión, que será encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, se da un día antes de que los gremios debatan internamente la posibilidad de avanzar con un paro general o una movilización para el 1° de mayo.Poco antes de la reunión con el Gobierno, la CGT dio a conocer un documento de 13 páginas en las que se detalló los cambios que aceptarían de la eventual reforma laboral. A la mañana, los sindicalistas recibieron al bloque de senadores de Unión por la Patria para cerrar filas para rechazar la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y "la ley de Bases".A la sede de Gobierno fueron arribando poco antes de las 16:30, hora prevista para el comienzo del cónclave: Héctor Daer, de Sanidad; Hugo Moyano, de Camioneros; Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio; José Lingeri, de Obras Sanitarias; Andrés Rodríguez, de UPCN, y Gerardo Martínez, de la Uocra. Estaba también invitado Pablo Moyano, quien no acudió a la convocatoria. Moyano es quien lleva un perfil más combativo dentro de la estructura sindical, aspecto que genera incluso fuerte rispideces internas.En la antesala del encuentro, en la Casa Rosada reconocían que era un "buen primer paso" en el vínculo con el sindicalismo, con quien explicaban que habían tenido buena sintonía en la previa a la presentación del DNU 70/2023, tras lo que reconocían que ese texto de este los "tomó por sorpresa" a los sindicalistas. En esa línea admitían que precisamente también por eso "buscaban tender puentes" luego de ese episodio. Desde el círculo cercano al presidente Javier Milei aseguraban también que "no hay ningún tipo de animosidad" con los sindicalistas y que, además, los consideraban un "importante actor privado".Uno de los temas que estará en la agenda será la homologación de las paritarias ante el intento del Gobierno de moderar los aumentos salariales.La convocatoria se conoció ayer, poco antes de que se distribuyera a gobernadores y jefes de bloques, los borradores finales de la ley de Bases y Fiscal. En el primero de ellos es que se incluirá el capítulo de la reforma laboral, pero por vía indirecta. La Casa Rosada hizo un acuerdo con la UCR: ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley "Bases" la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente por cuerda separada un proyecto de ley para incorporarlo al texto de la nueva ley ómnibus durante el tratamiento en comisión. La iniciativa de la UCR era esperada por el Gobierno para este miércoles, pero ante falta de finalización podría demorarse hasta este jueves.Esa nueva versión será sensiblemente más acotada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas.Fue precisamente la CGT quien presentó amparos en lo referido al capítulo de la reforma laboral del DNU y logró que esto sea paralizado por la justicia. Fue también por ese motivo que el 24 de enero batieron su propio récord y le hicieron el primer paro a Milie a solo 45 días de haber asumido. Hasta entonces el récord anterior lo tenía Fernando de la Rúa, cuyo primer paro lo sufrió a 77 días de gestión.Precisamente por el parate que ocasionó la judicialización del tema fue también que la UCR, en su tramo de negociaciones por la nueva versión de la ley Bases, quien pidió al Ejecutivo tomar parte de eso e incluirlo en Comisión. Aunque el texto final no está listo, y se espera para el correr de las próximas horas, el Gobierno les adelantará formalmente a los "gordos" de la CGT las ideas centrales de la nueva propuesta.

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La reforma más necesaria, pero siempre postergada

Como consecuencia de sus recurrentes crisis económicas y alta inflación, la Argentina cerró 2023 con casi 42% de su población por debajo de la línea de pobreza, 12% con ingresos de indigencia y unos 7 millones de trabajadores informales o precarios, que desde hace años se han convertido de hecho en ciudadanos de segunda categoría en materia de derechos sociales y laborales. Junto con el retroceso del PBI por habitante en la última década, el empleo privado registrado se encuentra casi estancado y agudiza la quiebra del sistema previsional, donde las sucesivas moratorias dispuestas desde 2007 sumaron tres millones de jubilados y pensionados sin aportes o con aportes simbólicos y duplicaron el total de beneficiarios.Para colmo, la obsoleta legislación laboral nacida 80 años atrás y que se tornó más rígida, burocrática y costosa desde hace 50 quedó divorciada de la realidad socioeconómica argentina del siglo XXI y las exigencias de productividad impuestas por la revolución tecnológica a nivel global, salvo en muy contadas excepciones.Con este cuadro de situación, resulta evidente la necesidad de una modernización de las leyes laborales para crear empleos privados con aportes jubilatorios. Principalmente en las empresas más pequeñas, amenazadas desde hace décadas por el riesgo de que un fallo arbitrario de la Justicia Laboral las lleve a la quiebra, mientras enfrentan la creciente competencia desleal del empleo en negro o en gris.Resulta evidente la necesidad de una modernización de las leyes laborales para crear empleos privaados con aportes jubilatorios.Sin embargo, con la modernización laboral -que últimamente reemplaza a la palabra reforma, de muy mala prensa- ocurre algo similar que con una baja drástica de la inflación: todos los actores están de acuerdo, mientras no afecte los intereses de cada uno o pueda sacar tajada de algunos cambios.De ahí surge el juego ambivalente de dirigentes sindicales perpetuados durante décadas al frente de sus gremios, que en 2018 hasta llegaron a oponerse a las pasantías laborales parciales y no rentadas de estudiantes secundarios de escuelas técnicas. El podio de antigüedad en la conducción de los sindicatos más notorios es encabezado en 2024 por Amadeo Genta (Municipales CABA, con 41 años), Luis Barrionuevo (Gastronómicos, 39) y Rodolfo Daer (Alimentación, 39), seguidos por Armando Cavalieri (Comercio, 38), José Luis Lingeri (AySA, 38) y Hugo Moyano (Camioneros, 37).Si la obsoleta legislación laboral argentina parece un retrato amarillento como el de muchos sindicalistas millonarios, otra razón es que, desde el retorno de la democracia, los gobiernos no peronistas fracasaron en sus intentos de iniciar su gestión con reformas de fondo en la legislación sindical y laboral.Tras su histórico triunfo electoral de 1983, Raúl Alfonsín sufrió su primer revés político con la ambiciosa reforma laboral ("ley Mucci"), destinada a democratizar los sindicatos, incorporar minorías, limitar reelecciones y quitarles el manejo de las obras sociales. El proyecto, sin consulta con el gremialismo peronista, naufragó en el Senado con mayoría del PJ por solo dos votos de diferencia. También provocó la reunificación de la CGT y las 13 huelgas generales encabezadas por Saúl Ubaldini, entonces líder de la central obrera, hasta que, en 1988, se restablecieron los convenios colectivos, suspendidos durante 13 años.En cambio, la reforma laboral impulsada por Fernando de la Rúa en abril de 2000 tenía varios puntos de contacto con la que es motivo de debates desde fin de 2023. Entre ellos, la extensión a seis meses (prorrogable) del período de prueba, eliminación por dos años de la ultraactividad de los convenios, así como la negociación colectiva por empresa y no solo por rama de actividad. Aunque fue sancionada por el Congreso, quedó trunca por el escándalo del pago de coimas a senadores del PJ, que motivó la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez y pasó a la historia como "ley Banelco".Del DNU a la leyA poco de asumir, con el 56% de los votos y en minoría legislativa, Javier Milei ensayó el atajo de incluir todo un capítulo laboral (título IV) de 44 artículos dentro del megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación, para destrabar la creación de empleo privado formal. Si bien está lejos de una reforma integral, no deja de ser un avance, ya que incorpora algunos cambios inéditos. Entre ellos, un sistema único de registro electrónico para desactivar la "industria del juicio" de multas laborales por cuestiones formales; exigencias para evitar la paralización de actividades esenciales a raíz de conflictos, o el consentimiento explícito de cada trabajador para aportar la cuota mensual destinada a su sindicato, que afecta una de las "cajas" de los gremialistas.No obstante, este intento de legislar vía DNU desembocó en un doble traspié para el Gobierno. Por un lado, la CGT judicializó todo el capítulo laboral y logró que en plena feria judicial de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fuerte influencia kirchnerista-sindical, suspendiera su vigencia al considerarlo inconstitucional por no responder a una situación de emergencia. Por otro, el Senado rechazó por primera vez este tipo de instrumento constitucional por 42 votos (en su mayoría del PJ y algunos de la UCR) y ahora es más que incierto su destino en Diputados. Con este alto grado de politización, nadie espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vaya a pronunciarse sobre el DNU.En cambio, la única buena noticia del verano para los empleadores fue la decisión de la Corte que a fin de febrero revocó un fallo de la Cámara laboral, que había dispuesto la capitalización anual y sucesiva de intereses (anatocismo) en las indemnizaciones por despido de trabajadores y multiplicaba exponencialmente su monto. Aunque la CSJ sentenció que ese procedimiento era contrario al Código Civil, no estableció en su reemplazo un mecanismo de actualización para preservar el monto indemnizatorio en términos reales, que estará a cargo de cada sala de la Cámara.A pesar de todo el ruido político, la modernización laboral incluida en el DNU deroga artículos de la ley de contrato de trabajo (de 1974), pero declara nulo y sin valor todo acuerdo de partes que suprima o reduzca derechos, estatutos profesionales y convenciones colectivas. También eleva en un 50% la indemnización por despido discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, opinión política o gremial.Para las pymes, un aspecto clave es la derogación, en la ley de empleo, del sistema de multas por cuestiones formales.Para las empresas, especialmente pequeñas y medianas, un aspecto clave es la derogación, en la ley de empleo, del sistema de multas por cuestiones formales (registración, entrega de certificados, deudas de aportes, etc.). El cobro de esas multas había sido "privatizado" por el Estado en la década del 90 al delegarlo en cada trabajador y su abogado litigante. Ese cambio incentivó la "industria del juicio", al incrementar en cuatro o cinco veces el monto de las indemnizaciones (últimamente pasaron a tramitarse 100.000 causas anuales), lo cual desalienta a las pymes a contratar personal ante el riesgo de demandas que pueden conducirlas a la quiebra. También valoran la ampliación de tres a ocho meses del período de prueba de nuevos trabajadores, ya que facilita su capacitación.Paralelamente, establece que, mediante convenio colectivo de trabajo, ambas partes podrán sustituir las indemnizaciones por despido sin causa por un fondo de cese laboral, con costos a cargo del empleador y un aporte mensual no superior al 8% del salario, o por un sistema privado de capitalización con créditos laborales actualizables por el IPC del Indec más un interés de 3%.En medio de la negociación con los gobernadores del capítulo fiscal y el restablecimiento del impuesto a las ganancias, es una incógnita si el capítulo laboral del DNU 70 será un "corte y pegue" para incorporarlo a la versión reducida de la "Ley de bases" o si previamente se modificarán o suprimirán algunos artículos conflictivos para negociar acuerdos con fuerzas políticas aliadas y opositoras.El hecho de que pueda integrar un nuevo proyecto de ley (aunque mucho más variado) abre un espacio de negociación inexistente con un DNU, que debe ser aprobado o rechazado en su totalidad.Esta posibilidad no necesariamente significa acelerar su aprobación, por más que diputados de Pro ya presentaron tres proyectos específicos para rescatar las principales reformas laborales del DNU. Pero senadores de la UCR firmaron otro con cambios cosméticos y burocráticos, y hasta en la CGT se habría abierto un debate interno para elaborar una reforma laboral propia y presentarla como alternativa a su rechazo sistemático, según lo anticipó en el portal Infobae el periodista Ricardo Carpena.Mientras tanto, la dirigencia política sigue en deuda con la reiterada y nunca cumplida promesa de transformar planes sociales en trabajo formal.

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