El jefe de cartera también se refirió al encuentro entre el presidente y Orfale Vásquez durante la campaña presidencial
La solicitud está relacionada con el Macrocaso 03, que investiga los denominados 'falsos positivos', y cuyos procesos siguen activos bajo la competencia de la magistrada Catalina Díaz para determinar los hechos y las conductas de los comparecientes
Las declaraciones de la extitular de la cartera se conocen mientras la Fiscalía indaga denuncias según las cuales, durante esas reuniones, se habrían solicitado acusaciones contra dirigentes políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2026
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el señalado buscó modificar testimonios para favorecer al expresidente de Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe Vélez
El equipo cordobés busca salir del fondo ante un Halcón que pelea arriba en la Zona A. Desde las 17 horas, por ESPN Premium.
La abogada sanjuanina ocupará una de las cuatro bancas del estamento de la abogacía. En una entrevista con Infobae, habló sobre los concursos para seleccionar jueces, la desigualdad de oportunidades entre litigantes y funcionarios judiciales, el control disciplinario y la incorporación de inteligencia artificial
La misión del organismo internacional se reunió con el magistrado presidente Wagner Vallecillo para conocer los proyectos de digitalización, reducción de la mora judicial y ampliación de los servicios en el país.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana Karina en la causa $LIBRA, donde se investigaba una presunta estafa con el lanzamiento de una criptomoneda con ese nombre.El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.Días atrás, en un oficio entregado a la Justicia, la secretaría de Presidencia que dirige Karina Milei había respondido que no guardaba registro de ningún acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente y acabó bajo investigación.El oficio fue en respuesta a un pedido puntual del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, quien, concluido el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli- uno de los principales implicados en la trama- solicitó a la secretaría que informara si poseía documentación relativa "a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas". La respuesta, entregada el 10 de marzo y firmada por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, dice: "Sobre el particular, cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial".Noticia en desarrollo
Fue un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, que investigaba una presunta estafa con el lanzamiento de la criptomoneda.
La coincidencia de las elecciones presidenciales con locales genera preocupación por las dificultades logísticas, de seguridad y organización. Ambos distritos concentran el 44% del padrón nacional. Los antecedentes, las decisiones pendientes de Kicillof y Jorge Macri y la incertidumbre sobre las PASO
La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. También incluye a Mauricio Novelli, Hayden Davis y el resto de los acusados. Consideró que hay inexistencia de delito
Después de seis meses, finalmente, el jueves 22 de octubre tuvo lugar el cierre del debate oral del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro y el juez Alberto Gaig confirmó que el veredicto y una eventual sentencia se conocerán el martes 22 de diciembre a las 12. Tras el final de los alegatos, Dalma Maradona, quien se quebró en llanto frente al juez, usó su cuenta de Instagram para compartir un profundo mensaje dedicado a su padre: "Vas a tener la justicia que te merecés"."Hoy tuve el día más largo de mi vida. Dividirme entre ser mamá y el juicio, tener que estar en dos lugares a la vez. No fallarle a mi hija y no fallarte a vos", escribió Dalma en sus historias durante la noche del jueves. "Con el corazón en la mano, necesitar que el día tenga mil horas, llorar hasta que me duela el alma, hablar en este final desgarrador, extrañándote en cada una de mis palabras", continuó."Hoy termina una parte del juicio y nos queda esperar el veredicto que, gracias a Dios, es este año. Gracias a vos, Gianinna, mi otra mitad. Si supieran todo lo que vivimos, no se animarían ni a opinar. A vos, mamá, que aunque tengamos mil años estás ahí cerca, abrazando con todas tus fuerzas y uniendo los pedazos rotos. Y a vos, decirte que falta menos, que vas a tener la justicia que te merecés, que va a llegar. Yo no tengo dudas de eso", sentenció.Asimismo, también replicó en su red social una publicación que le dedicó su hermana menor, en la que dejó en evidencia el inquebrantable vínculo que tienen. "Te admiro profundamente desde que nací, pero hoy muchísimo más. Defendiste a papá, pero también a mí, a nuestros hijos, a nuestra memoria. Le diste un abrazo a la lealtad y otro a su alma", escribió Gianinna Maradona. "Te amo, sis, con cada parte de mí. Juntas siempre, bien pegadas, bien cerquita, ya casi estamos... Gracias por ser parte de mí desde que nací. ¡Qué orgullo!", sentenció junto a una tierna foto en blanco y negro de ambas cuando eran pequeñas y la canción "Te regalo" de Carla Morrison. "A vos te amo para siempre", le respondió Dalma.El jueves, Dalma Maradona habló en el tribunal tras la finalización de los alegatos. Entre lágrimas y antes de que se conociera la fecha del veredicto, dijo: "Se me hace muy difícil, pero para mí esta es otra oportunidad de defender a mi papá. Siento que nuestro tesoro es no haber arreglado nada con ninguna de estas personas [por los acusados]. También tuve que escuchar a muchas personas diciendo lo difícil que ha sido la vida de ellos desde que están en este juicio". En esta misma línea, continuó: "Lo que yo tengo para decirles es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia, que es algo que mi papá no tiene. Lo único que quiero pedir es que mi papá tenga justicia. Es un papá, un abuelo que se merece justicia. Por favor, que mi papá tenga la justicia que se merece".
La acción federal plantea investigar si el aspirante independiente captó sufragios destinados al legislador republicano antes de validar el escrutinio frente a la demócrata Mary Peltola, en ese escenario
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos, en el marco de una causa que investiga una presunta evasión tributaria. El tribunal ratificó la decisión de primera instancia y dispuso sostener los embargos preventivos que pesan tanto sobre el empresario como sobre su compañía.El dueño de Manaos fue procesado por presunta evasión tributariaA mediados de este año, el Juzgado Federal N° 3 de Morón dispuso el procesamiento de Canido y Refres Now S.A., su firma. Según contó LA NACION, la denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. Con el nuevo fallo de la Cámara, el empresario mantendrá su libertad provisional, pero queda firme un embargo de $250 millones sobre sus bienes y otro del mismo monto sobre el patrimonio de la empresa.El expediente apunta a un presunto incumplimiento en el pago del Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones, correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2020. Según la acusación, la maniobra incluyó la presentación de declaraciones juradas engañosas para justificar un incremento patrimonial mediante la simulación de pasivos. Es así que se investiga un supuesto préstamo en efectivo por $650 millones aportado por un tercero, Lorenzo Pizzo, quien de acuerdo a la investigación, carecía de la capacidad financiera para realizar dicha operación.Además, la querella solicitó investigar una red de comercialización bajo sospecha, ya que advirtió por supuestos tickets de venta apócrifos emitidos a 80 distribuidores, de los cuales 39 figuraban en la base de contribuyentes "no confiables" del fisco. ARCA señaló que no se pudieron reconstruir los movimientos de provisiones a mayoristas por más de $10.000 millones, alertando que la firma carece de la infraestructura y el personal en relación de dependencia necesarios para respaldar la actividad declarada.El revés judicial en segunda instancia se da en medio de una expansión de Manaos en el mercado. En julio de 2025, Canido desembolsó US$74 millones para adquirir las competidoras Cunnington y Neuss, una operación que generó controversia luego de que el propio empresario revelara públicamente que el pago se realizó en efectivo. A pesar de la causa judicial vigente, la empresa evalúa la compra de la marca de aguas Pureza de las Sierras para seguir ganando terreno frente a las multinacionales del rubro de bebidas sin alcohol.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los embargos por $500 millones sobre los bienes de Orlando Canido y Refres Now S.A. La causa involucra presuntas irregularidades en el pago de Ganancias, IVA e Impuestos Internos. Leer más
Lo dispuso el juez Rodríguez Ponte en la causa de lavado de dinero. Además ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de dieciséis personas ya imputadas en la causa que investiga al grupo Sur Finanzas.
La ONG ha logrado identificar unas 178 investigaciones penales abiertas en 30 países diferentes vinculados con casos transnacionales, que representarían más de 78 mil millones de dólares
La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida en un ropero dentro de su habitación; acusan a tres empleados de una empresa de juegos mecánicos de estar involucrados en el feminicidio
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento y los embargos en la causa por presuntas irregularidades tributarias vinculadas al Impuesto a las Ganancias de 2020
La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo sumó un nuevo capítulo de tensión en Los Ángeles. Durante una audiencia celebrada el jueves en el Tribunal Superior de aquella ciudad, el actor francés fue interrogado por la abogada de su exesposa, Marina Beck, quien lo confrontó con una declaración jurada que había firmado en septiembre de 2024. En aquel documento, Martinez había asegurado que no existían antecedentes de violencia doméstica entre ambos, una afirmación que contrasta con las acusaciones que formuló recientemente contra la actriz. El interrogatorio tuvo lugar durante el cuarto día consecutivo de procedimientos vinculados con el conflicto por la custodia del adolescente y una solicitud de orden de restricción por violencia doméstica. Beck, de acuerdo con la información publicada por Page Six, le preguntó a Martinez, de 60 años, por sus señalamientos contra Berry, también de 60, a quien acusa de haber ejercido conductas abusivas durante la relación, incluso desde hace aproximadamente una década.Cuando la abogada le preguntó si estaba denunciando actos de maltrato que se remontaban a diez años atrás, el actor respondió: "Correcto". También reconoció haber denunciado nuevos episodios en 2023, entre ellos declaraciones que, según su versión, Berry habría dirigido a Maceo, que actualmente tiene 13 años.Sin embargo, el intercambio adquirió otro tono cuando Beck le presentó un documento firmado por Martinez bajo pena de perjurio el 30 de septiembre de 2024. Después de que el actor reconociera como propia la firma, la abogada leyó el apartado referido a los antecedentes de violencia doméstica de la expareja."No existen antecedentes de violencia doméstica entre las partes", leyó Beck del escrito. A continuación, le preguntó si esa afirmación era cierta cuando la había realizado el 30 de septiembre de 2024. "Correcto", contestó Martinez.El cruce puso en primer plano una aparente contradicción entre aquella declaración y las acusaciones que el actor sostiene actualmente contra la protagonista de Gatúbela. No obstante, su abogado, Patrick Baghdaserians, rechazó que exista una inconsistencia y explicó que el documento tenía otro propósito judicial.En declaraciones a Page Six, Baghdaserians aclaró que el escrito de septiembre de 2024 estaba relacionado con una solicitud de honorarios legales basada en la necesidad económica y no con la disputa por la custodia de Maceo."Eso estaba relacionado con los honorarios de abogados basados en la necesidad; se trata de una solicitud financiera", explicó el letrado. Según su interpretación, la declaración era correcta porque en aquel momento no existía una condena por violencia doméstica y nunca se había solicitado ni dictado una orden de restricción de esa naturaleza. "Así que la declaración es correcta", insistió.El conflicto, sin embargo, sigue abierto y las versiones contrapuestas de los exesposos forman parte de un proceso en el que también están en discusión las condiciones de contacto de Berry con su hijo menor.La audiencia del jueves había comenzado con el testimonio de la actriz a puertas cerradas. Más tarde, la sala fue desalojada cuando el interrogatorio pasó a centrarse en cuestiones confidenciales vinculadas con Maceo. El adolescente también había declarado a principios de esa misma semana durante casi cuatro horas, en una sesión reservada.Uno de los puntos centrales del enfrentamiento es un supuesto altercado ocurrido el 26 de septiembre, en la vivienda de Berry. Martinez acusa a la actriz de haber estrangulado a su hijo durante ese episodio y sostiene que lo sucedido sería parte de un patrón más amplio de comportamiento abusivo que habría provocado angustia emocional en el adolescente.En los documentos presentados ante el tribunal, el actor afirmó que Maceo se comunicó con él después del presunto incidente y le pidió que fuera a buscarlo. La presentación judicial incluía mensajes de texto atribuidos al joven, entre ellos uno en el que supuestamente escribió: "Por favor, vení", mientras le pedía a su padre que lo recogiera en privado.A principios de octubre, un juez concedió a Martinez una orden de restricción temporal por violencia doméstica. La medida le otorgó la custodia principal de Maceo y estableció restricciones al tiempo que Berry puede pasar con su hijo mientras continúa el proceso judicial.La actriz ganadora del Oscar rechaza las acusaciones. A través de su abogada, sostuvo que los señalamientos de su exmarido son "totalmente infundados y deliberadamente engañosos".Además, en los documentos presentados antes de la audiencia, el equipo legal de Berry acusó a Martinez de interferir en la educación y en la atención terapéutica del adolescente, así como de involucrarlo en las disputas legales que mantienen sus padres. La defensa de la actriz pidió que se desestime la solicitud de orden de restricción y que se levanten las limitaciones temporales que afectan el contacto entre madre e hijo.Berry también reclama la custodia legal exclusiva de Maceo. Si el tribunal aceptara su pedido, tendría mayor autoridad para tomar decisiones sobre la educación, la atención médica y la salud mental del adolescente. Al mismo tiempo, solicita recuperar el régimen anterior de custodia física compartida en partes iguales.En medio de la disputa, Nahla Aubry, la hija mayor de Berry, de 18 años, también salió en defensa de su madre. En una declaración presentada ante la Justicia, aseguró que nunca había presenciado que la actriz maltratara a su hermano menor.Berry y Martinez se casaron en julio de 2013, el mismo año en que nació Maceo. La relación terminó en octubre de 2015, pero el divorcio y las negociaciones posteriores se prolongaron durante años debido a los desacuerdos sobre la custodia del niño y las cuestiones económicas.Finalmente, en agosto de 2023, ambos llegaron a un acuerdo para compartir la custodia legal y física de su hijo. Según las condiciones pactadas, Berry debía pagarle a Martinez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención, además de hacerse cargo de la matrícula escolar de Maceo y otros gastos.
En 2017, un jubilado salía de su domicilio cuando un poste de telefonía se desplomó sobre su cuerpo y le provocó graves lesiones. El hombre falleció durante el juicio, que se extendió durante varios años hasta que la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó a la compañía prestataria pagar una indemnización superior a $12 millones, más intereses
Luego del fallo que absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a otros 6 imputados, liberaron a Fernando Espíndola, quien participó de la protesta, pero había optado por un juicio abreviado. Los argumentos por los cuales le pusieron fin a su arresto domiciliario
Los fallos del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dejaron penas idénticas sobre papel, aunque el destino de cada acusado resultó distinto según sus antecedentes judiciales y circunstancias personales
Dos de las hijas del Diez decidieron expresar sus sentimientos, haciendo uso del derecho que les otorga la Ley de Víctimas.El veredicto se anunciará el próximo 22 de diciembre al mediodía.
Una jueza describió las fotografías presentadas como prueba con una sola palabra: "espeluznantes". La pericia forense reveló que el sufrimiento de la menor no fue cosa de una noche, sino un patrón sostenido que terminó con su muerte.
Se presentó la red VEGA (Voces de Equidad y Género en Acción) que propone seguir las vacantes y designaciones relevantes en la Justicia.También, la participación femenina en directorios y espacios de gobierno corporativo.Proponen incrementar la incorporación de mujeres en la cadena de valor de Vaca Muerta.
Tras casi siete horas de alegato de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, comenzó la presentación de los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, quienes representan a la médica Nancy Forlini, una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona.Hace dos semanas, cuando los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, presentaron sus alegatos, solicitaron la condena a 10 años de prisión para Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical. Para los representantes del Ministerio Público, cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual."Queremos una cita con la Justicia": los alegatos de la defensa de Nancy ForliniD'Albora comenzó su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, recordando unas palabras de su colega Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona. En su alegato, Burlando había dicho: "Hoy tenemos una gran cita con la historia. Lo que ustedes decidan en este juicio quedará, sin ningún tipo de duda, marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y de varias generaciones más. Y no solo lo será por el nombre y apellido de la víctima, sino por su trascendencia, su importancia y su sello particular, pero también lo va a ser por los ribetes de este crimen y por la matanza de Diego Armando Maradona".A su turno, y parafraseándolo, D'Albora sostuvo: "Con todo el respeto que me merece el doctor Burlando, nosotros no queremos que ustedes tengan una cita con la historia. Queremos lo que merece cualquier persona que está afrontando una acusación: queremos una cita con la Justicia. Para que haya una cita con la Justicia, toda la emocionalidad y la pasión deben quedar de lado. Considero esto de la cita con la historia un acto de presión hacia ustedes y no me parece legítimo". Después, afirmó: "Acá no hubo ningún asesinato. Acá no hubo ningún paciente que tuviera una insuficiencia cardíaca, renal o hepática". Para D'Albora, "la causa de muerte de Diego Armando Maradona no está probada, como tampoco la responsabilidad de ninguno de los acusados en esta sala".Durante una larga exposición, que se extendió hasta las 2 de hoy tras haber comenzado ayer pasadas las 19, D'Albora y Varela sostuvieron que Forlini "no merece la saña que tuvieron para con ella" y cuestionaron el alegato de los fiscales por "imputaciones sorpresivas" de las que su representada no se pudo defender.D'Albora recordó que el acta de externación de la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural a principios de noviembre de 2020, fue firmada por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, no por Forlini. Subsidiariamente a la absolución, la defensa de Forlini solicitó que fuera condenada por homicidio culposo. En esa misma condición, los abogados D'Albora y Varela pidieron la nulidad parcial de los alegatos acusatorios por no cumplir con la obligación del principio de congruencia, debiéndose circunscribir la sentencia a los hechos que fueron objeto de imputación en el requerimiento fiscal de la elevación de juicio y en los lineamientos de apertura.Hoy, el debate continuó con el alegato de la defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni. Los fiscales pidieron su condena por homicidio culposo y la defensa, encabezada por el abogado Miguel Ángel Pierri, la absolución."Resuelvan lo que resuelvan, Perroni ya fue condenado. Sus hijas, como lo llamaban públicamente asesino, pidieron que las cambiara de escuela. Su madre, enfermera, murió durante el trámite de esta causa. Su esposa decidió separarse de él. En el caso de que ustedes decidieran inhabilitar a Mariano Perroni porque llegaran a encontrarlo culpable, no se gasten: Mariano Perroni ya está inhabilitado; hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó y no le da trabajo como enfermero. Así que lo menos que nos puede preocupar hoy es el alcance de una inhabilitación", dijo la defensa, a cargo de Pierri y Martín Montalto.Para finalizar, Montalto sostuvo: "Van a encontrar una sola respuesta: no hubo una sola omisión o incumplimiento de Perroni que haya contribuido a la muerte de Maradona. A Diego no se lo honra con una condena injusta; se lo honra haciendo justicia. Hacer justicia también es absolver a quien se ha comprobado que no ha cometido ningún delito. Es el caso de Mariano Perroni".
Más de 30 referentes de distintos sectores y espacios políticos presentaron VEGA, una iniciativa que busca transformar la equidad de género en una estrategia de desarrollo. Entre sus primeras acciones figuran proyectos vinculados con Vaca Muerta, el empleo, la inteligencia artificial y la participación de mujeres en lugares de decisión. Leer más
A poco más de una semana de que se declarara la quiebra de Algodonera Avellaneda, la empresa textil vinculada a Vicentin, la Justicia busca acelerar su venta y pretende tener identificados a posibles compradores antes de fin de año. Así lo adelantó el juez Fabián Lorenzini durante una audiencia en la que participaron trabajadores, representantes sindicales, acreedores y empresarios que actualmente utilizan las instalaciones. El magistrado explicó que la intención es mantener la producción mientras se organiza la venta, aunque reconoció que la compañía atraviesa una situación económica delicada y necesita inversiones para reducir sus costos."Queremos que la compre alguien que le dé vida y que la siga explotando de la mejor forma posible", señaló Lorenzini. En ese sentido, anticipó: "Vamos a tratar de invitar a los que estén interesados en comprar los activos, la empresa, en darle continuidad, lo que sea productivo antes de fin de año. Queremos tener ya más o menos perfilados quiénes pueden llegar a ser los compradores de la empresa".Millones en juego: una jueza de Estados Unidos le abrió una puerta a Bioceres Crop Solutions en una dura disputa con un poderoso fondoLa declaración de quiebra se produjo el 14 de octubre, después de que fracasara el proceso de salvataje porque no se presentaron interesados en adquirir la compañía. Ahora, la Justicia busca encontrar una alternativa que permita sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.Durante la audiencia, el juez aclaró que todavía no está definido si se venderá toda la empresa o si se ofrecerán las unidades productivas por separado. La intención es avanzar rápidamente con algún mecanismo de competencia entre interesados. "Es importante también que la empresa siga trabajando porque sigue siendo más atractiva operativa que cerrada", sostuvo.Uno de los principales problemas planteados fue la necesidad de realizar inversiones para reducir el costo de la energía eléctrica, que afecta el funcionamiento de la planta de Reconquista.Facundo Trigueiro, CEO de Insumos XXI, una de las empresas que utiliza las instalaciones mediante contratos de fasón, manifestó su disposición a continuar con la actividad, pero advirtió que es necesario mejorar la eficiencia de la fábrica. "Nosotros estamos en condiciones de seguir operando como fasón, siempre y cuando se respeten los precios que estamos pagando", señaló. Sin embargo, agregó: "Para que esto sea algo viable, hay que hacer una serie de inversiones para que sea eficiente, porque hoy es ineficiente".Sergio Iraeta reconoció que hay impuestos y aranceles que afectan a la industria de la nutrición animal: "Estamos trabajando en eso"Trigueiro aclaró que todavía no existe un estudio que permita determinar el monto total de las inversiones. Durante la audiencia, uno de los presentes estimó que la incorporación de nuevos compresores podría demandar entre US$100.000 y US$120.000. También se mencionaron alternativas como generadores a gas y modificaciones en los sistemas de refrigeración para reducir el consumo eléctrico.Trigueiro planteó además qué garantías tendrían las empresas que decidieran invertir en las instalaciones mientras se desarrolla la quiebra. Lorenzini respondió que la Justicia estudiará mecanismos para reconocer esos aportes y proteger a quienes destinen recursos a mantener la producción, aunque todavía no hay una decisión tomada.Por otra parte, la sindicatura dio detalles sobre la situación económica de Algodonera Avellaneda. Según informó, al 15 de octubre la empresa tenía apenas $2 millones en sus cuentas bancarias, además de unos $104 millones en cheques y otros valores, y casi $93 millones pendientes de cobro.También había $32 millones en facturas pendientes de proveedores, además de las obligaciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Los síndicos explicaron que una operación bancaria que no pudo concretarse había demorado el pago de una quincena salarial.Otro de los puntos más discutidos fue la situación de los trabajadores que permanecen suspendidos y no están cobrando sus salarios. Los representantes sindicales reclamaron definiciones sobre su futuro y plantearon la necesidad de agilizar los trámites para acceder al fondo de desempleo.La sindicatura explicó que, tras la declaración de quiebra, los contratos laborales quedaron suspendidos, pero no se extinguieron automáticamente. Existe un período legal de 60 días durante el cual deberá definirse la situación del personal.Lorenzini reconoció que algunos trabajadores podrían continuar si se concreta la venta de la empresa, mientras que otros podrían quedar desvinculados. Una de las prioridades será conseguir dinero para pagar las indemnizaciones, aunque admitió que todavía no hay una fecha definida. "Nuestro norte va a estar puesto en generar plata para pagarles las indemnizaciones lo antes posible y de la forma más completa posible", afirmó.Para obtener recursos, la Justicia pretende avanzar con la venta de bienes que no forman parte de la actividad productiva. Entre ellos se mencionaron un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, cuya venta enfrenta un impedimento vinculado con una investigación penal, y un predio en El Colorado, Formosa.El objetivo, según insistió Lorenzini, es evitar el cierre de las instalaciones mientras se busca un comprador. No obstante, aclaró que la continuidad de la actividad será transitoria y estará orientada a conseguir un mejor precio por los activos de la compañía. "Queremos que con ese producido de esa venta del establecimiento se puedan mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo", concluyó.
Guzmán Castro ha negado cualquier relación con el caso, mientras aguarda en Reino Unido que avance su proceso de extradición a Colombia
Un tribunal de La Plata fijó una indemnización de $30,8 millones por los daños psicológicos que la conducta "abandónica" del padre provocó en su hija. Aunque el progenitor cumplía formalmente con el pago de la cuota alimentaria y la obra social, el tribunal remarcó su ausencia durante la infancia y adolescencia de la joven
La Corte Suprema confirmó la culpabilidad del joven que noqueó a un playero en Monserrat. Aunque la calificación de "lesiones gravísimas" quedó firme, la justicia deberá redefinir el monto de la pena tras reducirse por su minoría de edad. Leer más
Tras quince meses de parálisis judicial, una sala de apelaciones reabrió el expediente e instruyó al juzgado a reconsiderar si los imputados responden por homicidio simple, delito que conlleva penas notablemente más elevadas que la negligencia médica
A días de la segunda vuelta, los equipos de ambos candidatos recurrieron al Tribunal Superior Electoral con denuncias cruzadas. Flávio Bolsonaro acusó a Lula de abuso de poder por el uso de WhatsApp, mientras que el oficialismo brasileño denunció una presunta manipulación algorítmica de Meta. Leer más
El titular del sector afirmó que los límites dificultan la coordinación entre el INPE, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas desde las cárceles de alta peligrosidad
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof demandó hoy penalmente al gobierno de Javier Milei por la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.La denuncia fue formulada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ante la justicia de San Martín. Recayó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Emiliano Ramón Canicoba.El gobierno de la provincia acusa al gobierno nacional de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios por retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta del Fondo Hídrico por parte del Poder Ejecutivo nacional. La demanda penal apunta al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.Se trata de un Fondo creado por decreto 1381/2001, luego ratificado por la ley 26.181 y que se integra con el 4,3% de lo producido por el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural asignados por la ley 23.966.De acuerdo a la norma el fondo debe administrar los bienes con el destino único e irrevocable al pago de obras, mantenimiento, servicios de infraestructura hídrica, servicios de deuda y financiamiento de proyectos hídricos."Pese a que la recaudación es casi automática, solo se habrían ejecutado en obras por uno de cada tres pesos recaudados, desde que llegó al poder Javier Milei", dijo Katopodis. "Tiene que ser destinado a obras para inundaciones en el contexto de El niño- dijo el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires-. Ya hay resultados y efectos de mucha gravedad. En noroeste de la provincia de una semana para otra se viene agravando la saturación del suelo. Venimos siguiendo el tema. Ya no hay duda: vamos a afrontar una situación muy pero muy grave", advirtió.De acuerdo a las planillas presentadas desde 2024 la ejecución de este fondo a obras solo habría alcanzado un 30 por ciento de lo recaudado -unos 375.000 millones de los que se habrían ejecutado 115.990,24 millones- y el resto se habrían colocado en letras del Tesoro Nacional, según la denuncia penal. En suma: se denunció la subejecución de 259.431,89 millones de pesos que representa el 69,1 por ciento de lo recaudado.De acuerdo a las planillas en 2024 se recaudaron 93.403,23 millones, se hicieron obras por 11.9499,66 millones se pagaron gastos operativos por 14.770,34 millones. En 2025 se recaudaron 184.394,83 millones se pagaron obras por 43.408,97 millones y se destinaron otros 2.167,40 millones a gastos operativos y administrativos.En lo que va de 2026 - hasta mayo- se recaudaron 97.624,07 millones se pagaron obras por 61.081,61 millones y gastos por 1.786,04 millones. En total se recaudaron 375.422,13 millones, se ejecutaron obras por 115.990,24 millones y hubo gastos por 18.723,76 millones lo que representa un 30,9 por ciento del total. "El gobierno sigue recaudando este impuesto: es una caja registradora 24 horas siete días por semana. Se la está robando el gobierno nacional. Es un perjuicio muy grande a la provincia de Buenos Aires", aseguró Katopodis. "El Fondo Hídrico solo se ejecuta una de cada tres pesos recaudados. El resto timba financiera", calculó el funcionario. Mientras tanto de las 59 obras que eran financiadas en por el Fondo Hídrico 32 se encuentran "neutralizadas", 8 "con convenios rescindidos" y 24 con "contratos actualizados". De estas 27 corresponden a la provincia de Buenos Aires: entre ellas 17 están neutralizadas, 5 con convenios rescindidos y 12 con contratos actualizados según se precisó en la denuncia penal.SubejecuciónCon la recaudación nunca ejecutada por el gobierno nacional "se podría haber triplicado las obras en el río Areco -dijo Katopodis- También equivale a ocho veces la obra de Bahía Blanca", dijo.El gobierno denunció además la falta de avales del ministerio de Economía de la Nación para tomar créditos internacionales a fin de concretar obras pendientes en este territorio. Entre estos, un crédito por USD 270 millones pendiente para obras de Tratamiento y Disposición Final de Residuos líquidos Cloacales en el Gran La Plata. "Ese trato no lo han recibido otras 10 provincias que tienen créditos aprobados por 1.973 millones de dólares. Hacemos responsable al gobierno por la comisión presunta de estos delitos", denunció. "El escenario en los próximos meses va a ser de especial gravedad, necesitamos que la justicia penal determine si hay comisión de delitos que hemos mencionado", destacó. "Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave", advirtió Kicillof, al denunciar públicamente estas irregularidades un mes atráz durante la presentación de un plan de emergencia ante El Niño.El gobernador dijo que será difícil contener las consecuencias del fenómeno meteorológico porque "Milei se robó los recursos". Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como "un escándalo".
El alegato estaba por finalizar. Entonces, Francisco Oneto, uno de los abogados defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, se dirigió a los integrantes del tribunal y, con voz firme, después de pedir la absolución de su asistido dijo: "Condenar a un inocente para honrar a un ídolo no es justicia, es convertir a este sujeto en un chivo expiatorio y al tribunal en un altar de sacrificio".Hace dos semanas, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, cuando alegaron ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, habían solicitado que Luque sea condenado a la pena de 12 años de cárcel. Lo consideraron autor del delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Armando Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020."Condenar a un inocente para honrar a un ídolo no es Justicia", dijo el abogdo de LuqueEl alegato de los abogados de Luque había comenzado cuando faltaban 15 minutos para las 11. Como en las presentaciones de los acusadores públicos y privados y de las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, la audiencia fue transmitida por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. "Siempre y en todo lugar, el dolo es conocimiento. Lo que pretenden hacer [desde el Ministerio Público Fiscal] es que hubo una multiplicidad de infracciones al deber de cuidad y que tantas [infracciones] es dolo. Si no hay conocimiento no hay dolo señores jueces. La indiferencia no es dolo. El error es este juicio", dijo en el comienzo de su alegato Oneto, que también es abogado del presidente Javier Milei y fue candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza en 2023.El comienzo de los alegatos de los abogados de Leopoldo LuqueNoticia en desarrollo
Lo dispuso una Cámara de Apelaciones y revirtió una medida cautelar de hace un mes.El incremento se dispuso en agosto y quedó suspendido. Ahora se podrá aplicar la suba.
La crisis de Pandanés, la cadena argentina de panaderías que cerró sus 25 sucursales y desvinculó a unos 150 empleados, sumó un nuevo capítulo judicial. Después de que la empresa solicitara su propia quiebra, la Justicia rechazó el pedido y abrió un proceso para encontrar interesados en adquirir la compañía y evitar su liquidación.La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick, en el marco del concurso preventivo de Pandanés. El tribunal dispuso la apertura de un registro para que acreedores, una eventual cooperativa de trabajadores y otros terceros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo.Crisis textil. Uno de los empresarios más conocidos del país entró en concurso preventivoLa medida, dictada el 9 de octubre, se encuadra en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras y habilita el mecanismo conocido como cramdown o salvataje empresario. El procedimiento busca que un interesado pueda formular una propuesta a los acreedores y, eventualmente, adquirir las participaciones societarias de la compañía.Las persianas cerradas de uno de los localesSegún el edicto judicial, los interesados deberán inscribirse en el expediente mediante una presentación digital y acreditar el depósito de $200.000 para afrontar los gastos de publicación de los avisos. El registro tendrá un plazo de cinco días, cuyo cómputo comenzará a partir de la publicación del último edicto en el Boletín Oficial. Por ahora, la apertura del registro no implica que haya un comprador confirmado ni garantiza la continuidad de la actividad comercial.De la expansión al cierrePandanés nació en 2016 con la premisa de transformar la elaboración del pan en la Argentina a través de procesos artesanales con masa madre, sin conservantes ni aditivos. Su fundadora, la emprendedora de origen danés Lise Lundme Funch, comenzó el proyecto alquilando la cocina de un hostel para elaborar las primeras piezas que distribuía en pequeños comercios porteños.Con la incorporación de su coterráneo Klaus Riskaer Pedersen (cuya participación pasó posteriormente a la firma Pan Danés en Dinamarca), la marca se consolidó rápidamente en el segmento de panadería gourmet.Levantó US$5,4 millones. La fintech argentina que atrajo a inversores de Vercel, SpaceX y Dropbox y busca multiplicar por 10 su negocioHacia fines de 2021, la empresa ya contaba con ocho locales operativos. Ante la creciente demanda de alimentación saludable y en un contexto de alquileres que catalogaron como "accesibles", la firma encaró una agresiva apuesta de escalamiento: mudó su producción a una planta industrial de 1778 metros cuadrados ubicada en el barrio porteño de Barracas, diseñada con capacidad instalada para abastecer hasta 50 sucursales propias.Sin embargo, en la segunda mitad de 2023 el rumbo de la empresa cambió. En su presentación judicial, desde la empresa atribuyeron el deterioro de su situación a la caída del consumo, el incremento de los costos y el peso de una estructura que había quedado sobredimensionada frente al retroceso de las ventas. El punto de inflexión en la tesorería ocurrió el 15 de octubre de 2025, fecha en que se registró el primer cheque rebotado por $3,8 millones emitido a favor del proveedor Lácteos Don Victorino. A partir de allí, la imposibilidad de cubrir los compromisos bancarios recurrentes desencadenó una cesación de pagos irreversible.En noviembre de 2025, la gerencia de Pandanés solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con el objetivo de reorganizar sus pasivos y buscar una salida que le permitiera sostener el negocio. Según los argumentos expuestos, el consumo de sus productos había caído más de un 50% respecto de sus volúmenes históricos. Al momento del corte contable presentado en la Justicia, la sociedad declaró un pasivo total de $1218 millones.Sin embargo, transcurrido casi un año del proceso concursal, desde la compañía cerraron sus 25 locales y solicitaron su propia quiebra. En la firma señalaron que intentaron implementar medidas para revertir la situación (la reducción de costos, la renegociación de alquileres, el cambio de proveedores y la reorganización operativa), aunque no alcanzaron para superar la crisis."La conjunción de los factores señalados provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos de la sociedad, privándola de toda posibilidad de sostener una propuesta de acuerdo preventivo que pudiera ser efectivamente cumplida y, a la vez, de continuar atendiendo las obligaciones que demanda su giro ordinario. Por todo ello, entiendo que no existe a la fecha otra alternativa que peticionar la propia quiebra", expusieron desde la empresa ante el pedido.
El jefe de la cartera, Iván Cancino, solicitó que los mensajes sean incorporados al expediente y contrastados con las pruebas ya recaudadas en la investigación por el crimen, que derivó en la muerte del exsenador y exprecandidato presidencial el 11 de agosto de 2025
La exfuncionaria solicitó una investigación para esclarecer las acusaciones y señaló que atenderá los requerimientos que formulen las autoridades judiciales
Un paciente convivió durante tres semanas con un fragmento de catéter alojado en un brazo y debió someterse a una cirugía de urgencia, en la que le extirparon cinco centímetros de vena junto con el dispositivo que, según denunció, se había roto al retirarle la vía de suero. Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda contra los profesionales y el Estado
Una torre de telefonía celular de 48 metros de altura fue instalada en 1996 muy cerca de la vivienda de los demandantes en zona sur. El tribunal concluyó que las empresas de comunicaciones ignoraron prohibiciones locales y mantuvieron operativa la estructura ilegal hasta 2009. Además, determinó que la antena excedió los límites de tolerancia y ordenó indemnizar a los vecinos
Nuestra democracia tiene dos cámaras pero hay simetría: prevalece el Congreso. Sin embargo, su par tiene competencias independientes en las que la democracia se juega mucho
El legislador fue captado durante la exposición del abogado César Azabache sobre las propuestas para derogar dos leyes ante la comisión parlamentaria
El aplazamiento responde a que la defensa y la Fiscalía buscan cerrar un acuerdo de culpabilidad para eludir un juicio
La Cámara laboral consideró insuficiente el proyecto oficial porque no fija una pauta concreta de recomposición. Convocó al Ejecutivo y a Federación Sitech a una audiencia para el 29 de octubre. Leer más
El Ministerio del Interior había financiado la compra de una ambulancia. Un juez rechazó inicialmente el reclamo estatal, pero la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó su decisión
La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan posibles maniobras de lavado a través de las propiedades y habitaciones de hoteles que la familia Kirchner les alquilaba a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se desarrollen en un único juicio oral. Así, revirtió la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que a mediados de septiembre resolvió desdoblar los procesos. Los fiscales apelaron la medida, advirtiendo que esa decisión podría terminar comprometiendo la prueba recabada y beneficiando a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, junto a otros 17 acusados por la maniobra.La decisión la tomó este martes, por mayoría, la Sala I de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, que votó en disidencia. Los camaristas revirtieron la decisión de los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes el mes pasado dispusieron que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre â??es decir, este viernesâ?? y que el debate por Hotesur lo hiciera en marzo del año que viene.De esta manera, todo el proceso comenzará este viernes, de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, y Cristina Kirchner, Máximo, y el resto de los imputados deberán estar presentes. Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se sentará en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción. La defensa de la expresidenta y su hijo, en manos de Carlos Beraldi, presentó sin embargo un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. Todavía debe ser resuelto por el Tribunal. En el fallo de hoy, el juez Petrone habló de una "fundamentación sólo aparente" para separar el caso Hotesur y Los Sauces, y apuntó contra la decisión del Tribunal que contradijo a los jueces de instrucción que los habían elevado a juicio juntos. "Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates", indicó Petrone.Barroetaveña, por su parte, utilizó la expresión "fraccionamiento indebido". Consideró que la división de los casos, "lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios".Slokar, en tanto, interpretó que el desdoblamiento era una "medida ordenatoria" del debate, "orientada a racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes".Noticia en desarrollo
El pedido busca revocar el fallo del juez Martín Cormick, que ordenó actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. Leer más
El fiscal Gerardo Pollicita requirió documentación al Banco Central de la República Argentina y a la Auditoría General de la Nación. El organismo de control detectó pérdidas por 1.023 millones de dólares
Los hallazgos se concretaron tras análisis antropométricos y genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona de Loma del Torito. El anuncio oficial se realizará este viernes en los Tribunales Federales de Córdoba.
La campaña de Lula da Silva denunció que la empresa restringió la difusión de sus contenidos y favoreció a su rival, al advertir que la sucesión de fallas técnicas "levanta fuertes sospechas" de un intento de interferencia. Leer más
Iván Cancino aseguró que el debate permitirá que los ponentes y demás integrantes del Congreso expongan sus reparos, propongan modificaciones y definan si el proyecto avanza en su trámite legislativo
La Cámara Contencioso Administrativo Federal le concedió la queja para que se revise la cautelar que lo obliga a cumplir con la actualización salarial de docentes y no docentes. En la Casa Rosada interpretan que la medida está suspendida. También se observará la medida que impone astreintes por el incumplimiento de la Ley
La convocatoria se produce luego del cierre de los 25 locales de la cadena de panaderías y el despido de unos 150 empleados
La Cámara Federal consideró que el Colegio Público de la Abogacía excedió sus funciones al sancionar a Alejandro Sarubbi Benítez, conocido en X como Gordo Leyes.Los jueces calificaron de "gravísimos" los dichos del abogado libertario, pero aseguraron que no forman parte del ejercicio de su profesión. El Colegio Público apeló la decisión.
Una explosión destruyó parte de una vivienda en Pilar en 2016, minutos después de que su propietario saliera del lugar. Tras encontrar destrozos en el lavadero y el dormitorio de servicio, responsabilizó a la caldera que había encendido la noche anterior e inició un juicio contra el fabricante y el servicio técnico en busca de una millonaria indemnización. Sin embargo, el tribunal rechazó el reclamo y le impuso las costas
Tras un rechazo inicial, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo y atribuyó al municipio la responsabilidad exclusiva por la falta de mantenimiento del espacio público. En un nuevo pronunciamiento, la Justicia ordenó indemnizar a la víctima, que falleció durante el juicio, y también reconoció un resarcimiento a su hija y cuidadora por el drástico cambio que sufrió su calidad de vida y la adaptación de su actividad laboral
El vehículo presentó fallas desde que salió de la agencia y terminó convirtiéndose en un problema constante para su dueño. Tras cinco ingresos infructuosos al taller oficial y una pericia que confirmó el desperfecto, el tribunal condenó a la automotriz y a la concesionaria a entregar una unidad 0 km idéntica en un plazo de diez días, cubrir los gastos de transferencia y pagar más de $9,1 millones por privación de uso
El exdiputado cuestionó el trato que recibió durante la diligencia y pidió respaldar a las víctimas que reclaman justicia por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca
La resolución establece que los haberes correspondientes al período entre marzo y junio deberán abonarse el viernes 23 de octubre con fondos embargados a la empresa. Leer más
La resolución también fijó penas de 45 años para otros cuatro procesados por agrupaciones ilícitas, mientras la fiscalía acreditó que los nueve acusados integraban una estructura con presencia en ese departamento
Hornos y Borinsky, dos jueces que visitaban Olivos, avalaron el dictamen del fiscal Pleé, que desistió de sostener la investgicación.
La causa de la mansión de Pilar, que toca intereses de la AFA y que ahora llega a la Corte, es ejemplo de mucho de lo que está mal: pasaron por ella 14 jueces y a casi un año de la denuncia aún no se sabe qué magistrado investigará. Una encuesta dice que el 53% de la gente está "muy insatisfecha" con el desempeño de la Justicia.
El ministro Iván Alfonso Cancino solicitó verificar nuevas revelaciones, reconstruir la cadena de mando y establecer quiénes habrían ordenado, financiado y coordinado el crimen del senador y precandidato presidencial
El presidente Arévalo enfrentó los cuestionamientos de la ciudadanía en el velatorio del exfiscal, mientras la investigación avanza con reserva y persisten dudas sobre las fallas en el esquema de protección asignado al abogado
El embajador Mike Waltz sostuvo que la justicia estadounidense avanzará por las víctimas de Hermanos al Rescate, tras la acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado presentada este lunes
La querella, impulsada por el empresario Fernando Álvarez Castellano, denunció a Carlos Damián Liberman por presuntas irregularidades en inspecciones, multas y sanciones contra Conarpesa y Agropez, además de amenazas durante un encuentro en España. La Cámara Federal de Casación Penal consideró que las pruebas reunidas no permitían acreditar los delitos atribuidos al exsubsecretario de Pesca
La Justicia rechazó la oferta de 150 millones de pesos para los herederos de Diego Armado Maradona que había hecho el abogado Matías Morla, último apoderado y representante del astro mundial del fútbol, a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta a propósito del uso de la marca "Maradona" y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados al nombre del Diez."Finalmente, huelga señalar que la solución que aquí se adopta no importa anticipar una decisión sobre la titularidad definitiva de las acciones societarias y marcas, que ciertamente será materia de un futuro debate, sino considerar, con base en los hechos descriptos en las requisitorias de juicio y las cuestiones planteadas por las partes, que las propuestas de suspensión del proceso a prueba, tal como fueron formuladas, no ofrecen una respuesta suficientemente seria y concreta superadora del conflicto", sostuvo el juez Juan Giúdice Bravo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal porteño N° 17, al rechazar la probation pedida por Morla y otros imputados.La noticia fue bien recibida por los herederos del Diez, sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando, que en una audiencia celebrada el 28 de septiembre pasado se habían opuesto a la suspensión del juicio a prueba."Estamos más que conformes. El fallo habla por sí solo. Está muy bien. Pedir la probation no es una joda", afirmó a LA NACION el abogado Alfredo Huber, quien junto con su colega Diego Mayol representa en el expediente a Dalma y Gianinna Maradona.Si bien, con la decision del magistrado, todo indica que la causa se encamina a la etapa de juicio, la defensa de Morla puede recurrir ante Casación."En resumen, los ofrecimientos efectuados presentan una doble deficiencia. Por un lado, como dato concluyente, las propuestas no contienen ninguna medida destinada a abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación se encuentra cuestionada. Y, por el otro, los montos propuestos no guardan, en las circunstancias particulares de cada caso, una relación razonable con las posibilidades económicas objetivamente verificables de los imputados ni con la entidad y características del perjuicio que constituye el objeto de la acusación. La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño 'en la medida de lo posible'", sostuvo el juez Giúdice Bravo en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.Noticia en desarrollo
Según el fallo, la firma debe abonar este viernes los sueldos impagos a 200 trabajadores hasta junio.Ya habían ejecutado $ 500 millones de la empresa en mayo. El gremio busca cobrar más haberes e invalidar los despidos.
El informe forense sobre la muerte de la influenciadora colombiana confirmó asfixia por compresión en el cuello y descartó el suicidio. Mientras la Fiscalía investiga el caso como feminicidio, el padre de la víctima denunció que el principal señalado habría salido del país
La expansión de contenidos falsos generados con inteligencia artificial obliga a revisar cómo proteger la libertad del voto sin afectar la libertad de expresión
La exprimera dama negó las acusaciones emitidas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y reiteró su compromiso para resolver su conflicto ante las autoridades competentes
Con más de tres décadas en el Poder Judicial, el juez del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba habla sobre los desafíos de la Justicia para recuperar la confianza de la sociedad y la importancia de que los magistrados mantengan el contacto con la gente. Las demoras en las causas, la representación del interior y el reparto de poder entre jueces y fiscales con la llegada del sistema acusatorio
Una mujer demandó al médico que le diagnosticó una osteocondritis y, horas más tarde, debió ser operada de urgencia en un sanatorio, donde le confirmaron un infarto con dos arterias principales comprometidas. El tribunal analizó la historia clínica y una pericia médica, que avaló la actuación del profesional
La investigación judicial de un caso de dinámica similar al que protagonizó el puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense se desarrolla con la Cámara de Senadores provincial como escenario principal. El expediente, activo desde comienzos de 2024, registró novedades en las últimas semanas, con declaraciones testimoniales de diez exsenadores que se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser "ñoquis", que aceptaron o fueron inducidos a entregar sus sueldos a un recaudador, a cambio de hacerse de cobertura de obra social y de aportes jubilatorios. En simultáneo, en la Justicia provincial se aguarda un peritaje económico de resultado próximo que permitiría avances en la causa, por la que están en la mira dos encargados de retirar el dinero de los salarios mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos de La Plata, como lo hacía Rigau hasta ser detenido.Las dos personas investigadas como recaudadores son Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se difundieron a comienzos de 2024, en registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado bonaerense, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Partido Justicialista). Muguerza tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y con Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, cuando gobernaba Julio Garro (Pro, ejerció dos mandatos, entre 2015 y 2023). Desde la UCR, reconocieron que Muguerza es afiliado, aunque algunas fuentes subrayaron que no milita más en el partido. En una seguidilla que comenzó hace dos semanas y se extendió hasta fines de la semana pasada, declararon como testigos diez exsenadores provinciales, que formaban parte del bloque Juntos (que integraban el radicalismo y Pro, y que actualmente no existe). Lo hicieron ante el fiscal Juan Mennucci, que está a cargo del expediente. Les consultaron si conocían a alguno de los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito y todos contestaron que no. Los exsenadores citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto (actual director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz. Según pudo saber LA NACION, el fiscal los citó con sus mandatos ya cumplidos para evitar posibles pasos administrativos del Senado para autorizarlos mientras eran legisladores. En su artículo 14, el reglamento interno del Senado indica que "toda requisitoria o informes de cualquier naturaleza, provenientes de otros poderes u organismos de la constitución, tanto nacionales como provinciales, relacionados con la función de los Señores Senadores y Funcionarios de ley, para proceder, deberá contar con resolución favorable adoptada por la mayoría del Cuerpo señalada en el artículo 98 de la Constitución Provincial".A los senadores bonaerenses citados como testigos, además, se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les consultó por el procedimiento. "La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían", dijo a LA NACION una fuente legislativa que sostuvo que el control de los senadores llega hasta ese punto y no más allá. "No firman los nombramientos", afirmó una informante que está al tanto de lo declarado por los senadores. El Senado, en tanto, le informó al fiscal que las planillas no son un acto administrativo, por lo que no las guarda.Según se calculó al comienzo del caso, el perjuicio para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires rondaría los $300 millones. El delito investigado es peculado.El fiscal Mennucci, según pudo saber este diario, aguarda los resultados de un peritaje económico en el que pueda constar alguna transferencia previa al descubrimiento de la trama, con la que pueda determinarse para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Los titulares de las tarjetas de débito tenían cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA, la obra social del Estado bonaerense) y aportes jubilatorios, pero no percibían el salario. En la Justicia provincial, sospechan que el mecanismo estaba vigente desde hacía unos 15 años.Los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado fueron peritados, sin que se hallaran datos relevantes. Hay otro celular por analizar, de un tercero, al que los peritos aún no lograron tener acceso, aclaró una fuente judicial a LA NACION. Se trata de un aparato cuyo potencial contenido genera expectativas en la pesquisa.
Un juez de Nuevo México detectó irregularidades en el procedimiento judicial contra Timothy Busfield, acusado de delitos sexuales contra menores. La resolución no implica su absolución y la Fiscalía podría volver a presentar cargos. La actriz, que ya lo había defendido públicamente, reaccionó a la noticia en las redes.
La Justicia volverá a revisar el sobreseimiento de un exfiscal federal de San Martín en una causa que comenzó en 2017 con la denuncia de su entonces secretaria por presunto abuso sexual y conductas inapropiadas que, según la mujer, se prolongaron durante años en el ámbito laboral."¡Feliz cumple, Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Que seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel". La dedicatoria es una de las pruebas que forman parte del expediente contra Miguel Ángel Blanco García Ordás, que hasta el 4 de marzo de 2020 fue fiscal federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo. La causa, que atravesó sucesivas instancias judiciales, volvió a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces deberán resolver un recurso presentado por la querella contra el segundo sobreseimiento del funcionario, dictado en diciembre de 2024 por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. El expediente acumula dos decisiones de sobreseimiento, una anulación de Casación y un procesamiento que posteriormente fue revocado.La denunciante, identificada en las actuaciones como María Aurelia, ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a desempeñarse como jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. García Ordás era el titular de esa dependencia y, por lo tanto, su superior jerárquico. Según el relato de la mujer, las conductas que le atribuyó al fiscal se extendieron desde su ingreso al organismo hasta su traslado, dispuesto durante un sumario administrativo.De acuerdo con el expediente, ese procedimiento se había iniciado después de que una compañera denunciara a María Aurelia por un supuesto rayón en su auto. En el descargo que presentó en ese trámite, la empleada relató por primera vez los hechos que atribuía a García Ordás y vinculó el episodio con situaciones de hostigamiento laboral y con la negativa a promoverla al cargo de secretaria.La mujer sostuvo que, durante una serie de promociones, no fue considerada para ese puesto pese a entender que reunía las condiciones para acceder a él. Según su declaración, cuando reclamó por la decisión, el fiscal le respondió que ella "sabía qué tenía que hacer" para obtener el ascenso. La querella interpretó esa frase como una insinuación de contenido sexual, mientras que la defensa sostuvo que aludía al desempeño profesional que debía acreditar para acceder a la promoción.Aunque la denuncia comprendió distintas situaciones que la empleada consideró inapropiadas, el procesamiento dictado en septiembre de 2024 se concentró en dos episodios de contacto físico. El primero habría ocurrido en la antigua sede de la fiscalía, donde, según la denunciante, García Ordás la tomó de los hombros y la arrinconó contra un mueble mientras le decía: "Qué linda que sos".El segundo hecho denunciado habría ocurrido en el sector de la cocina de la dependencia. La mujer afirmó que el fiscal pasaba detrás de ella y la rozaba con sus genitales mientras realizaba sus tareas habituales.La querella pidió que esos episodios fueran examinados en el contexto de la relación laboral y del resto de las situaciones denunciadas. Entre ellas, mencionó comentarios sobre el cuerpo, la vestimenta y la ropa interior de la empleada; tarjetas de cumpleaños con dedicatorias de tono sexual; convocatorias al despacho del funcionario y el conflicto por el ascenso.Además de la tarjeta que contenía la expresión "mucho sexo", en el expediente se incorporó otra dedicatoria en la que el fiscal atribuía a la empleada "las virtudes de una gata". María Aurelia también declaró que García Ordás le había mostrado material pornográfico que, según le dijo, había traído de un viaje, y condones que guardaba en el baño de su despacho. De acuerdo con su versión, el fiscal le comentó que los preservativos estaban vencidos porque ella no había querido utilizarlos con él. En otra ocasión, siempre según la denuncia, la convocó para leer un artículo sobre los supuestos "beneficios del semen".La investigación incorporó testimonios de personas a quienes la mujer habría contado algunos de esos episodios antes de presentar la denuncia penal. Su madre y su hermana afirmaron que conocían relatos de contactos físicos y rozamientos desde antes de su casamiento, celebrado en 2002. Otros testigos aportaron referencias sobre situaciones en las que el fiscal presuntamente se habría acercado a ella por detrás o la habría tomado de los hombros.Proceso sinuosoEl primer sobreseimiento de García Ordás fue dictado en julio de 2020 por la Justicia de primera instancia y confirmado en noviembre de ese año por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. La querella apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal.El 25 de agosto de 2022 Casación anuló el sobreseimiento. El tribunal cuestionó que las pruebas no hubieran sido examinadas de manera integral ni bajo las pautas aplicables a investigaciones por hechos de violencia de género. También objetó el razonamiento según el cual resultaba improbable que los roces denunciados hubieran ocurrido reiteradamente en un ámbito laboral compartido sin que otras personas los advirtieran.Tras la anulación, la causa volvió a las instancias inferiores y se amplió la producción de pruebas. Declararon nuevos testigos, varios de ellos a pedido de la defensa, y García Ordás fue citado a prestar declaración indagatoria.Entonces, el 2 de septiembre de 2024, el juez federal procesó al fiscal por los dos episodios de contacto físico denunciados y dispuso un embargo de $1.500.000 sobre sus bienes. En los fundamentos, sostuvo que la eventual finalidad sexual de los contactos no debía evaluarse de manera aislada, sino en relación con el conjunto de las circunstancias expuestas en el expediente.La defensa apeló la decisión y obtuvo una resolución favorable el 26 de diciembre de 2024. En esa fecha, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó un segundo sobreseimiento. Los camaristas consideraron que, aunque los contactos denunciados podían haber ocurrido materialmente, resultaba difícil que una conducta reiterada de ese tipo pasara inadvertida en un lugar de trabajo compartido.La querella volvió a recurrir y cuestionó que la Cámara de San Martín hubiera utilizado un razonamiento que, según planteó, ya había sido objetado por Casación en 2022. También sostuvo que la resolución no explicó de manera suficiente por qué las pruebas incorporadas después de aquella anulación justificaban arribar nuevamente a un sobreseimiento.Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si confirma el segundo sobreseimiento o si dispone una nueva revisión de las actuaciones.
D'mar Córdoba cuestionó las referencias estatales a Carlos Pizarro y recordó el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, además de la toma del Palacio de Justicia en 1985 por la guerrilla
Más de un centenar de ternas con candidatos aprobados aguardan en el Senado o el Poder Ejecutivo. En paralelo, hay 81 concursos activos en distintas fases de evaluación. Aceleran los trámites antes del recambio de consejeros
El propietario, de 72 años, afronta un proceso penal mientras varios residentes denuncian plagas, pérdida del valor inmobiliario y condiciones insalubres frente a dos mansiones renovadas del vecindario
Son los activos incautados a partir de la quiebra de la empresa Austral Construcciones. La Corte Suprema publicó en su portal vehículos con un valor base de $2.200.000. Pocos postores inscriptos en los primeros días
Un proceso sucesorio impidió inscribir la transferencia del lote y dejó al ganador sin el título de propiedad, pese a que había recibido las llaves de la vivienda en 2016. El tribunal condenó a la entidad organizadora de la rifa y a la municipalidad a pagar un resarcimiento económico