justicia

La Justicia frenó la privatización de AySA y ordenó preservar el servicio en 26 municipios bonaerenses

La medida cautelar fue dictada por un juzgado de La Plata tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El fallo cuestiona aspectos del proceso impulsado por el Gobierno nacional y advierte sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, las obras de infraestructura y la protección ambiental. Leer más

La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

El fiscal Fernando Domínguez solicitó al juez Lino Mirabelli que indague al ex diputado de La Libertad Avanza por supuesto lavado de dinero por las donaciones que recibió del empresario argentino detenido en EE.UU.

Ministro de Justicia pidió perdón a extranjero acusado de abusar de menores que iba a adoptar en Colombia: "Que esto nos sirva a todos"

Jorge Iván Cuervo lamentó lo ocurrido con el estadounidense luego de la publicación de un video que se hizo viral en redes sociales

La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por una causa de presunto lavado de dinero

La Fiscalía de San Isidro solicitó que el exdiputado liberal sea citado a declaración indagatoria en una investigación que analiza transferencias por al menos US$200.000 vinculadas al empresario Federico "Fred" Machado. También quedaron alcanzados un contador y una sociedad relacionada con el dirigente. Leer más

La Justicia acelera el decomiso de bienes en Vialidad: espera un informe del Banco Galicia sobre los U$S 5 millones de Florencia Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 avanza en la ejecución patrimonial contra Cristina Kirchner y otros condenados. Su objetivo es recuperar parte de los más de $684.000 millones que fijó la Justicia como monto del fraude al Estado. Leer más

La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar la coartada cripto de Adorni y revisarán los ingresos al country Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita realizó un pedido de informes a distintos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Valores. Además, investigan si la madre del funcionario se mudó a un barrio privado de Berazategui

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Audiencia Provincial de La Rioja rechaza que la arrendataria sufriera indefensión al considerar que ni la ley ni las normas procesales obligan al juzgado a comunicar expresamente cuántos días restan para presentar oposición

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra concluye que no se tuvo en cuenta que el condenado llevaba ocho años residiendo en la comunidad, había llegado a España con 18 años y había desarrollado buena parte de su vida en el país

La justicia brasileña convirtió en reo al argentino acusado de racismo contra un niño en Minas Gerais

SAN PABLO.- La Justicia brasileña dictó el procesamiento formal y agravó la situación del argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido el 24 de mayo en Minas Gerais. Al aceptar la denuncia del Ministerio Público bajo estricto secreto de sumario, el tribunal convirtió oficialmente en reo al santiagueño de 63 años por los delitos de injuria racial y racismo.El caso se originó durante un viaje en el tradicional tren turístico "Maria Fumaça" que conecta São João del-Rei y Tiradentes. Según consta en el documento judicial con la denuncia, al que tuvo acceso LA NACION, la fiscalía imputa a Murias haber fotografiado de forma reiterada y sin consentimiento a un niño brasileño de siete años que viajaba junto a su madre en la misma formación.El escrito del Ministerio Público detalla que el acusado, con un teléfono celular, envió las imágenes de la víctima a través de WhatsApp a al menos dos contactos en la Argentina. En los diálogos recuperados por los investigadores, Murias asoció explícitamente al menor con la condición de persona esclavizada."Al lado mío en el tren, es negrito, pero muy lindito, gorda, lo puedo llevar de esclavo", escribió en uno de los chats que constan en la denuncia. En otra conversación, añadió: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí. Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas".La maniobra fue descubierta de forma fortuita por una pasajera ubicada en el asiento posterior. De acuerdo con la denuncia, la testigo observó que Murias alternaba la visualización de material pornográfico para adultos con el envío de las fotos del niño, acompañadas por stickers de monos y frases discriminatorias.A pesar de los intentos de la defensa por morigerar la situación del detenido, la respuesta institucional brasileña ha sido inflexible.El fiscal Felipe Guimarães Amantéa denegó la posibilidad de un acuerdo de no persecución penal, respaldándose en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF) que excluye a los delitos raciales de beneficios procesales por su gravedad. Murias permanece detenido en una unidad penitenciaria de São João del-Rei.Según pudo saber LA NACION, la defensa -que prevé presentar su respuesta formal a la acusación a comienzos de la próxima semana- basará su estrategia en demostrar que la conducta no constituye delito. El argumento central será que se requiere una "exteriorización" de la supuesta ofensa hacia la víctima, algo que, sostienen, no ocurrió en el ámbito de un chat privado.Para la fiscalía, la reiteración de fotos del menor y los mensajes enviados al menos a dos destinatarios configuran dos delitos. La defensa impugnará esta tipificación por considerar que implicaría juzgar dos veces el mismo hecho.Desde el entorno del acusado consideran que la fiscalía apresuró la presentación de la denuncia, a comienzos de la semana pasada, para consolidar la condición de reo y obstaculizar los recursos de habeas corpus que aún no fueron resueltos, tanto en la cámara local como en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La acumulación de cargos busca que una eventual condena supere los cuatro años de prisión, límite que en Brasil habilita el cumplimiento en régimen cerrado y efectivo.Cerca de la defensa admiten también una preocupación extrajurídica: sostienen que la reiteración reciente de casos de racismo protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil ha generado un clima de alta sensibilidad social, que endurece los criterios de los magistrados, que buscan dar señales de severidad ante la opinión pública.En la vereda opuesta, el abogado de la querella, Gilberto Silva, afirmó que la familia de Dominique dos Santos Queiroga, madre del niño, recibió la apertura de la acción penal con "serenidad y confianza"."Es un resultado que esperábamos ante la solidez de los elementos reunidos durante la investigación por la Policía Civil de Minas Gerais", señaló.Silva subrayó que el daño excede lo penal y adelantó que el caso se trasladará también al fuero civil. "El niño, su madre y sus familiares continúan con consecuencias emocionales y psicológicas derivadas del episodio y reciben asistencia especializada", expresó el abogado, que promoverá una demanda por daños morales y materiales.Para la querella, la firmeza institucional de Brasil envía un mensaje claro de que el racismo "no será tolerado, independientemente de la nacionalidad" del infractor.Con la aceptación de la denuncia por parte del Juzgado de la 1ª Vara Criminal de São João del-Rei, el caso cerró la etapa de investigación preliminar a cargo de la Policía de Minas Gerais. Desde ahora se inicia formalmente el proceso penal en la justicia ordinaria.Los próximos pasos contemplan que, una vez presentada la respuesta de la defensa, el tribunal fije el calendario de audiencias de instrucción y juicio.En esta etapa, todas las partes involucradas â??incluidos los familiares, la testigo que detectó los mensajes en el tren, los peritos que deben aportar el informe definitivo sobre el teléfono incautado y el propio acusadoâ?? serán convocadas a declarar antes de que se dicte sentencia.

Mató a una jubilada en un robo, pero para la Justicia no entendió lo que hizo y ordenó su internación por 10 años

Olga Delfina Quinteros tenía 70 años cuando fue asesinada durante un robo en la ciudad neuquina de Piedra del Águila. El crimen ocurrió en marzo del año pasado. Ayer, el presunto asesino, un ciudadano dominicano conocido por el apodo de Junior, fue sobreseído después de haber sido declarado inimputable. No irá preso, pero deberá estar internado en un centro de salud mental durante diez años.Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén en su página web. Junior, de 59 años, fue sobreseído "por no ser capaz de comprender sus actos ni dirigir sus acciones". La conclusión sobre la inimputabilidad del acusado llegó después de los informes médicos del hospital donde permanece internado y del área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén."El MPF solicitó la declaración de inimputabilidad el 17 de abril pasado, durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora presentaron el hecho por el cual se investigó al acusado", se informó oficialmente.El 14 de marzo de 2024, en horas de la tarde, Junior mató a golpes a Quinteros. El homicidio ocurrió en la casa de la víctima, en la ciudad de Piedra del Águila. El asesino robó dinero en efectivo, una cadena, un reloj y un anillo, y escapó de la escena del crimen en el auto de Quinteros, un Volkswagen T-Cross.Manejó hasta la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde abandonó el auto a la vera de la ruta nacional 3 cuando se quedó sin nafta. Continuó el viaje hasta la ciudad de Buenos Aires en un camión. Su intención era llegar a la embajada de República Dominicana para pedir asilo, pero fue detenido antes de ingresar en la sede diplomática."En un primer momento, el crimen se investigó como un homicidio. Durante la audiencia donde se pidió el sobreseimiento, se le atribuyó el delito de robo calificado por homicidio, en carácter de autor. Entre los fundamentos para solicitar la declaración de inimputabilidad y el sobreseimiento, desde el MPF se planteó que al momento del homicidio y según los informes médicos, el imputado 'no se hallaba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones'", se informó oficialmente.El juez de Garantías Ignacio Pombo hizo lugar a lo solicitado por el MPF y ordenó la internación obligatoria por un plazo máximo de 10 años en un centro de salud, medida a la que también mostró conformidad el defensor oficial.El juez Pombo resolvió la internación obligatoria "en un dispositivo de salud mental" y dijo que "dicha medida deberá cesar si se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición (previo dictamen de especialistas del Cuerpo Médico Forense y resolución jurisdiccional). Si la medida cesa por el agotamiento de su plazo máximo o hubiesen desaparecido los riesgos para sí o para terceros, una semana antes del vencimiento deberá expedirse el equipo interdisciplinario de salud mental que lo esté tratando y continuará esa internación bajo control de la justicia civil interviniente", se explicó en la página web del MPF de Neuquén.

La Justicia espera un informe clave del Banco Galicia sobre los U$S 5 millones de Florencia Kirchner para avanzar en su decomiso

Esos fondos son parte de la segunda parte de la incautación de los bienes de la ex presidenta. También incluye el hotel Alto Calafate y la casa de San José 1111.

Alcalde de Carboneras y ecologistas ponen de nuevo El Algarrobico en manos de la justicia

El hombre que peleó en la justicia por la tenencia de su pequeña hija para luego asesinarla de un brutal golpe en la cabeza

Ellie Butler tenía 6 años cuando fue hallada muerta en su habitación. El juez condenó a Ben Butler por el crimen. Los episodios violentos previos que los tribunales ingleses no tuvieron en cuenta

Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica retira 263 microondas de las cárceles y endurece control de alimentos para frenar ingreso de drogas

El retiro de estos aparatos y la limitación de su uso solo a áreas de visita se suma a otras acciones como la reducción de las tasas de comida para los privados de libertad

Presidenta de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica refuerzan coordinación institucional en temas clave para el país

Yara Jiménez y Orlando Aguirre abordaron en su encuentro reformas penales, seguridad ciudadana, el régimen disciplinario judicial y la elección de magistrados suplentes. El Poder Judicial reiteró su disposición de colaborar técnicamente con el Congreso y garantizar transparencia en la gestión pública

Por la intimación de la Justicia, suspenden actos frente a la casa de Cristina: el sábado, marcha a Parque Lezama

Fue luego de que le exigieran a la expresidenta que respete las pautas de su detención. Coincide con el primer año de su prisión domiciliaria. Los militantes piden su liberación y que sea candidata.

La Justicia advirtió a Cristina Kirchner que nuevos incumplimientos pueden revocar su prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal que ejecuta su condena le ordenó abstenerse de conductas que puedan incumplir las pautas de la prisión domiciliaria. Advirtió que nuevos episodios podrían derivar en la revocación del beneficio. Leer más

La Justicia advirtió a Cristina Kirchner por las manifestaciones en San José 1111 y amenaza con revocar su arresto domiciliario

El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión le advirtió que violó las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 por la bandera desplegada este fin de semana entre su balcón y el de un edificio vecino. Le advirtieron a la expresidenta que de repetirse podría implicar que la manden a cumplir su condena a la cárcel.Acto y movilización frente al balcón de CFK: fue organizado por Mayra Mendoza"Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)", escribió el juez Rodrigo Giménez Uriburu.El artículo 34 de la ley que regula la ejecución de la pena señala que el juez "revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida".Ustedes entienden que el Secretario de ambiente del Municipio de Quilmes, Roberto Gaudio, junto a la corruptísima Mayra Mendoza, montaron un acto político en la prisión de la presidiaria Cristina Kirchner? No hay un juez que actúe de oficio para frenar esto? Vean lo que hicieron.â?¦ pic.twitter.com/Vg1BtLzd8t— Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) June 15, 2026Lo que ocurrió fue en el marco de los actos para recordar el primer año de que Cristina Kirchner está presa.Diversos intendentes del conurbano se turnan para congregarse debajo del balcón de San José 1111 y apoyar a la expresidenta con manifestaciones de apoyo. El pasado fin de semana fue el turno de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente.La bandera llevaba la leyenda "De San José 1111 a la Rosada" y fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. Cristina Kirchner correspondió saludando desde el balcón.El juez Rodrigo Giménez Uriuburu, a cargo de la ejecución de la pena, firmó hoy un escrito en el que advirtió a la expresidenta que de reiterarse estas manifestaciones podría revocarse su prisión domiciliaria.En cinco páginas recordó que se le impuso a Cristina Kirchner "abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".Señaló el magistrado que en el pasado hubo periódicamente diversas manifestaciones que, a juicio del tribunal, no implicaban la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, a pesar de las quejas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.Todo esto hasta el domingo pasado, cuando "se verificó un episodio que importa, en principio, un incumplimiento de la regla de conducta referida, y que amerita la intervención del suscripto en su condición de juez a cargo del contralor de la pena de prisión de la condenada".Dijo el juez que el domingo "se desplegó una bandera de grandes dimensiones, soportada por una estructura de cables tensores, desde una ventana de un edificio ubicado en una esquina enfrentada al edificio en cuestión, la que fue extendida cruzando la calzada y su espacio aéreo hasta quedar sujeta al balcón de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple su sanción". "La conducta descrita no constituyó un episodio ajeno a la condenada; por el contrario, surge de las constancias obrantes en autos que participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción", relató el magistrado.Y dijo que, a diferencia de lo sucedido en otras concentraciones, en las que Cristina Kirchner no tuvo "intervención directa", aquí "el episodio presenta notas cualitativamente distintas: el despliegue de una maniobra riesgosa para el espacio público y perturbadora para los vecinos de la ochava, más la participación personal y activa de la condenada en la concreción de la acción, con empleo del domicilio de cumplimiento a ese fin".RiesgosPor eso dijo que su conducta es reprochable desde tres puntos de vista: por un lado, por el "ostensible riesgo para la integridad física" de la exmandataria y de los transeúntes, conductores, pasajeros del transporte público o peatones. Dijo que los exponía "a un peligro innecesario", más allá de la responsabilidad que pudiera tener en caso de un accidente.Por otro lado, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas u objetos similares y de una "bandera sostenida por cables de alta resistencia" debería contar con una autorización municipal. "La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención", lo que agrava la conducta de la expresidenta.Y por último dijo el juez que el despliegue de la bandera "perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada"."La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas", escribió el juez Giménez Uriburu.Explicó que incumplir las reglas "compromete los fundamentos mismos sobre los que reposa la modalidad de ejecución concedida y torna imperativa la intervención del suscripto en su condición de juez de ejecución actuante". Y por eso le advirtió que, de repetirse, iba a revocar su prisión domiciliaria.

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a "Pichón" Suárez, condenado en una causa por narcotráfico

El Tribunal Oral Federal de Resistencia autorizó que Alberto Eduardo José Suárez cumpla la pena fuera de la cárcel por razones de salud. Los jueces consideraron acreditado un cuadro médico complejo que requiere controles y cuidados permanentes. Leer más

María Fernanda Cabal le contestó a Sofía Petro: "El M-19 fue quien exterminó a magistrados en el Palacio de Justicia"

La senadora del Centro Democrático respondió directamente a la hija del presidente, señalando la pertenencia de Gustavo Petro al grupo armado

Dólar blue: un financista le apuntó a exfuncionarios de Alberto Fernández y se presenta en la Justicia

Francisco Hauque, uno de los financistas investigados en las causas sobre el rulo financiero y el SIRA, está convencido que debe colaborar con la Justicia antes que se complique su situación judicial. En dos apariciones televisivas recientes, avisó que quiere declarar como "arrepentido" y lanzó algunos nombres de exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Sus dichos pusieron en alerta a todos los involucrados. En Tribunales advierten que no puede ser imputado colaborador hasta que no sea llamado a indagatoria. Su defensa, sin embargo, pedirá en las próximas horas varias medidas de prueba, en línea con sus últimas declaraciones públicas. El nombre de Hauque trascendió el año pasado cuando fue detenido en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos "El Lobo" Smith. Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de "El Yacht".La semana pasada, la Justicia ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y a la misma hora que aquel episodio. El resultado de esa pericia, según distintos abogados que estuvieron presentes, no mejoró la situación de Piccirillo. Todo lo contrario. Casi a la misa hora que se hacía la reconstrucción, Hauque comenzó a recibir amenazas vía telefónica. En ese contexto, decidió romper el silencio y dio dos entrevistas con TN y La Cornisa. Las declaraciones del financista también ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En la primera, delegada en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el "circuito paralelo" para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con "la gente de adentro" para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.¿Los dichos de Hauque están vinculados a esa decisión? En su entorno lo desmienten. "Lo que motivó sus declaraciones fueron las amenazas que recibió, antes y después de la reconstrucción. Él está decidido a explicar todo porque estaba abajo en la pirámide", dijo un allegado consultado por LA NACION. En las dos entrevistas que dio, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Mencionó al extitular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a otros tres funcionarios de esa entidad: Gastón Hourcade (exgerente de Supervisión de Entidades no Financieras), Rosalina Diaz (exgerenta Principal de Supervisión Especializada), y Diego "El Gordo" Volcic, uno de los allanados. Hourcade fue trasladado a otra área luego del escándalo. Era jefe directo de Romina García, que aparece en un audio grabado por Piccirillo hablando de funcionarios "entongados". Diaz también tenía un cargo jerárquico en la época del cepo cambiario. Hoy ya está jubilada. Algunos arriesgan que podría ser la "vieja del Central", un término que se repite en los chats de Migueles. "Iban a las reuniones en el Palacio Duhau", dijo Hauque en la entrevista con LN+. Alberto sí, Massa noEl financista también apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández. Dijo que conocía las maniobras. En su entorno desmienten cada una de las acusaciones. "Es un disparate", responden sus allegados. Llamativamente, los nombres que aportó Hauque coinciden, en gran parte, con los que había mencionado Piccirillo en una entrevista, grabada en enero y filtrada hace pocas semanas. En ambos casos, omitieron mencionar a exfuncionarios vinculados a Sergio Massa, que manejaba por ese entonces el Ministerio de Economía. ¿Fue una casualidad?. "No hay tregua ni acercamiento entre ellos", aseguran en ambos bandos. De hecho, Hauque pedirá en las próximas horas que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que se había negado hace poco tiempo. Hauque también mencionó a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, investigados en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi. La contadora, tal como había adelantado LA NACION, aparece en los audios entre Piccirillo y Hauque que dieron inicio a la causa. "Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar", se queja Hauque en esa conversación. Fernández también fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. "Hay que prender el ventilador", lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025.Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Agra, en cambio, tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía.En su alocución, Hauque también habló del rol de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia, y pidió que se investigue el rol de las sociedades de bolsa en la maniobra del rulo. Pero omitió otros muchos nombres. "Tiene más de 100 nombres para aportar", prometen en su entorno. Para eso falta. Hauque todavía no puede convertirse en imputado colaborador porque no hay una imputación formal ni un llamado a indagatoria.

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Provincial de Madrid exonera a la alcaldesa de Velilla de San Antonio de los delitos de prevaricación urbanística y contaminación ambiental por los que la Fiscalía reclamaba tres años de prisión y doce de inhabilitación

La Justicia ordena que la bandera española ondee en el exterior del Parlamento catalán

Elma Saiz: La regularización pone a España "a la cabeza de la justicia social en el mundo"

Soñaban con una pileta para el verano, pero se la instalaron mal: la Justicia ordenó repararla y castigó la "desidia" de la empresa

Lo que debía ser una instalación estándar derivó en exigencias de pagos extras sin justificación y cambios forzados de modelo. La Justicia acreditó los vicios en el servicio prestado y obligó a la compañía a reponer el producto según el contrato original

Compró una camioneta nueva, empezó a fallar a los dos años y la Justicia obligó a la concesionaria a reemplazarla por una 0 km

Un usuario de Mar del Plata demandó al fabricante y a la agencia tras sufrir una seguidilla de defectos mecánicos graves en su vehículo. El tribunal determinó que las reparaciones realizadas en el taller oficial no garantizaban el correcto funcionamiento original del motor. ¿Cuál fue el error de la empresa al ignorar los reclamos y qué otras compensaciones deberá abonar?

¿Dónde debía cumplir Magaly Medina las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas por la justicia y qué tareas debía realizar?

Aunque vecinos dijeron no verla en la zona, un documento firmado por una supervisora certificó avances en el cumplimiento, ahora bajo revisión por la denuncia que llevó Jefferson Farfán ante la justicia.

"Su búsqueda por la verdad y la justicia" es testimonio para muchas generaciones

La jerarquía de la Iglesia Católica, a través de sus máximas autoridades, manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Taty Almeida, agradeció su lucha por la verdad y la justicia, y expresó el deseo de que "Nunca más" el terrorismo de Estado se adueñe de las instituciones.

"El país está observando": Newsom acusa a Trump de usar al Departamento de Justicia para investigarlo a él y a su esposa

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, denunció este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, y responsabilizó directamente al presidente Donald Trump de impulsar la pesquisa por razones políticas. En un video publicado en X, el mandatario estatal dijo que agentes federales visitaron recientemente a amigos y exempleados, solicitando documentos "no porque hayan descubierto un delito, sino porque simplemente intentan hallar uno".Qué dijo Newsom y por qué involucra a su esposa"Después de pedir que me detuvieran el año pasado, Donald Trump ordenó a su Departamento de Justicia que me investigara", afirmó Newsom en el video, según consignaron Fox News y Europapress. "Y justo la semana pasada me enteré de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa: para acabar conmigo, va a por mi mujer, Jen".La Reacción De Gavin Newsom, Gobernador De CaliforniaEl gobernador usó su publicación en X para elevar el tono del enfrentamiento: "Hoy, mi esposa y yo pasamos a integrar la lista de objetivos de Donald Trump. Ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue. No han encontrado un delito: simplemente intentan encontrar uno", escribió.Qué se confirmó y qué no tiene respaldo oficialUna fuente familiarizada con el caso dijo a AP que existen múltiples indagaciones federales sobre personas cercanas al gobernador, incluida una que involucra los impuestos de su esposa, pero aclaró que el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de iniciarlas.Una fuente separada citada por CNN señaló que no hay una investigación que apunte directamente a Newsom. El Departamento de Justicia no emitió ninguna declaración pública.Por qué este conflicto importa más allá de California"Trump no me persigue por mis tuits incisivos. Me persigue porque estoy pensando en postularme a la presidencia y odia que lo haya desafiado repetidamente por sus mentiras y engaños", dijo Newsom.El gobernador es uno de los nombres más mencionados dentro del Partido Demócrata como posible candidato para 2028 y lleva meses enfrentado públicamente con el presidente, con quien protagonizó disputas por políticas migratorias, fondos federales y el despliegue de la Guardia Nacional en California.Las próximas semanas definirán si la investigación produce cargos formales o se agota en la etapa de recopilación de información bajo secreto de gran jurado.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

La Justicia de EE.UU. avala el veto de la FIFA a la bandera monárquica iraní en el Mundial

Gavin Newsom denunció que el Departamento de Justicia de Trump inició una investigación contra él y su esposa: "Viene por mí porque estoy considerando postularme a presidente"

El gobernador demócrata de California acusó al presidente de usar al DOJ para perseguirlo.

Mientras investiga el caso Adorni, Ariel Lijo viajó a París junto a Mahiques en plena discusión por cargos clave en la Justicia

El ministro de Justicia y el juez federal -quien tiene a su cargo la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete- encabezan la delegación argentina ante el GAFI. Leer más

El PP denuncia como una "mala ley" la de eficiencia de la Justicia y exige corregirla

La Justicia suspende el sacrificio de una perra llegada en patera a Ibiza desde Argelia

SanCor sale a la venta y ya tiene precio de base: la Justicia pide más de US$ 50 millones por la láctea quebrada

Se licitarán las seis plantas que poseía la cooperativa al momento de la quiebra y sus marcas.En la primera reunión informativa, fueron 6 los potenciales interesados en quedarse con la compañía.

Quiénes son los 17 acusados en el caso Loan y de qué delitos los acusa la Justicia

La causa apunta a una presunta sustracción planificada y a una red de encubrimiento que habría desviado la investigación. Leer más

El Gobierno lanza la mayor convocatoria de la historia de oposiciones de Justicia con 700 plazas para jueces y fiscales

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha previsto 575 vacantes por turno libre y 125 para magistrados con más de 10 años de ejercicio

Justicia convoca 700 plazas de jueces y fiscales: 575 por oposición y 125 de magistrados por el cuarto turno

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

Volcaron en la autopista y culparon a la concesionaria: qué elementos consideró la Justicia para rechazar la demanda

Dos mujeres vivieron una madrugada traumática cuando su auto terminó volcado, presuntamente tras esquivar unas vallas sueltas. A pesar de la gravedad del siniestro ocurrido en 2020, un tribunal desestimó el reclamo millonario

Confundieron dos cuerpos y cremaron los restos equivocados: la Justicia condenó a la funeraria, el geriátrico y el cementerio

Una cadena de fallas en la custodia de dos cadáveres terminó en una pesadilla para una familia, que fue privada de su derecho a despedirse. La Justicia dictó una condena solidaria millonaria tras demostrar que el cementerio ignoró las advertencias y avanzó con la cremación

Indulto por infección al oído: José Balcázar evaluaría cesar al ministro de Justicia por oponerse a liberación de Pedro Castillo

Según fuentes de Cuarto Poder, el mandatario interino analiza cambios en su gabinete tras la negativa a respaldar la solicitud humanitaria presentada por el expresidente

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia

Una cervecería de Caballito demandó por los cortes de luz, pero la Justicia solo le reconoció una décima parte de lo que pedía

El dueño del local llevó a juicio a la distribuidora por las fallas en el servicio, pero se encontró con un freno judicial inesperado

En la Justicia investigan las operaciones de Adorni con criptomonedas y dudan de sus explicaciones

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció públicamente que duplicó su patrimonio mediante inversiones en criptomonedas entre 2013 y 2014, pero ante la Justicia no aportó todavía ninguna evidencia de esas transacciones, que sólo están sugeridas en su declaración jurada de bienes de manera parcial.La única información que tiene el fiscal Gerardo Pollicita sobre los movimientos con criptomonedas realizados por Adorni son los que le informaron las plataformas Lemon y Binance, con operaciones por unos 100.000 dólares. Estas operaciones no estaban declaradas hasta ahora y son las realizadas a través de cuentas vinculadas a Adorni, según informaron las plataformas.En la entrevista con LN+, el jefe de Gabinete aseguró que invirtió unos 200.000 dólares en criptomonedas que se convirtieron en 500.000 dólares. Indicó que compró 13 bitcoins en agosto de 2017 a 3356 dólares cada uno, por unos 43.000 dólares y que luego compró un bitcoin más, a 3330 dólares. El 2 de noviembre de 2017, siempre según la explicación de Adorni, compró otro bitcoin más, por 7234 dólares.De esos quince, según dijo, vendió diez en marzo de 2018, a unos 8824 dólares cada uno con lo que ganó 45.000 dólares. Luego mencionó una operación donde compró a 7200 y vendió a 6800, cuando perdió plata. Nada de esto fue aportado al expediente judicial.Allí hay solamente una explicación: la que surge de su nueva declaración jurada, donde declara por primera vez que ganó 400 millones de pesos provenientes de "venta de activos". Según lo que dijo el miércoles en la entrevista con LN+, este dinero correspondería a la venta de criptomonedas que tenía desde antes de su ingreso a la función pública. Este es el punto central de su nueva declaración jurada, que busca explicar el aumento de su patrimonio y la compra de propiedades.Adorni declara 338.327 pesos en cuentas de pago PSP (Proveedores de Servicios de Pago), una categoría que se utiliza para registrar fondos depositados en billeteras virtuales y cuentas de pago electrónicas.Las últimas operaciones realizadas mediante plataformas son rastreables y están con nombre y apellido de quien las realiza.Para convertir un Bitcoin en otra moneda de pago para, por ejemplo, abonar los gastos de refacción de su casa del country Indio Cua es necesaria la intervención de alguna de esas plataformas, pero el jefe de Gabinete no explicó cómo hizo esas transacciones y con qué empresa.Sin embargo, las primeras operaciones, según dijeron especialistas en el mundo cripto, no se podían rastrear por nombre y apellido y, si bien se puede seguir su trazabilidad, solo es posible identificar a quién pertenecen cuando interviene una exchange, es decir, una entidad de cambio de criptomonedas, que están reguladas por la autoridad monetaria. Adorni tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción la parte reservada de su declaración jurada de bienes. Esta parte es la que contiene el detalle de sus cuentas, su identificación, sus consumos y eventualmente podría incluir aquí sus operaciones con criptomonedas. Tiene tiempo hasta fin de mes para hacerlo.Tampoco presentó el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti.La compra de operacionesLa sospecha de la Justicia es que Adorni "compró" esas operaciones antiguas para mostrar movimientos del pasado y usarlos ahora para justificar su patrimonio, según reconocieron fuentes de los tribunales. No obstante, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación de bienes, porque entiende que la fortuna de Adorni no tiene respaldo.Aún no sabe a ciencia cierta cuál es el número por el que reclamará explicaciones al funcionario, porque esta tarea para determinar el valor la están realizando contadores del Ministerio Público Fiscal y especialistas en criptomonedas.Pollicita en esa ocasión le pedirá explicaciones a Adorni y será en ese momento cuando el jefe de Gabinete deberá aportar las constancias de esas operaciones que dijo en LN + que realizó.La fiscalía analizará esas constancias y las explicaciones que dé Adorni para justificar su patrimonio y entonces decidirá si son suficientes o si, por el contrario, no explican el crecimiento patrimonial.Si ocurre esto último, el fiscal Pollicita pedirá que Adorni sea citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo.Se estima que los análisis contables demandarán al menos un mes y medio y, tras ese lapso, la Justicia le requerirá explicaciones a Adorni sobre su patrimonio y, eventualmente, lo llamará a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, como Adorni dijo públicamente que invirtió unos 200.000 dólares de sus ahorros producto de su trabajo en criptomonedas, es que el fiscal Pollicita envió un oficio a la Anses y al ARCA.Les pidió que le envíen el historial económico de Adorni y de su esposa desde 2012 a la actualidad para establecer que ingresos tuvo y si pudo reunir los 200.000 dólares que dijo que convirtió en mas de 500.000 dólares.Asimismo, el fiscal pidió el expediente de la sucesión que se realizó tras la muerte del padre de Adorni para demostrar que no pudo ser esa herencia la justificación de los fondos del jefe de Gabinete. "El padre no tenía dinero para dejarle", dijo una fuente de los tribunales. El fiscal también mandó a preparar un informe con las desgrabaciones de las declaraciones públicas realizadas por Adorni y sus mensajes en redes sociales donde se refiere a las inversiones en criptomonedas desde 2013 a esta parte.Lo que busca el fiscal es documentar las contradicciones que marcaron los periodistas cuando el jefe de Gabinete decía entonces no saber nada del mundo cripto y ahora afirma que en esa misma época hizo inversiones que lo hicieron casi millonario.La evolución patrimonial consignada por Adorni en su declaración presentada este jueves ante la OA muestra, que los bienes totales pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones. Parte de ese incremento se explica por revaluaciones de activos ya existentes, pero también por ingresos declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias por $270,7 millones â??de los cuales solo $73 millones constan específicamente como "herencia, legado o donación", mientras que el resto no se desagrega en la presentaciónâ?? y por la incorporación de esos $73 millones. Sin embargo, la declaración que presentó Adorni ante la OA no especifica documentación de origen para estos montos (actas de sucesión, actas notariales de donación, comprobantes de depósito, resoluciones administrativas).Toda esa evidencia, más la que permita reconstruir la trazabilidad de las operaciones de compra y venta de criptomonedas, le serán requeridas por la fiscalía.

La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

Fuentes judiciales comentaron que "nada indica que fue el titular de la criptomoneda, no acompaña documentación respaldatoria". Y que aún quedan otras inconsistencias.

Exfuncionarios y expertos presentan propuesta de seguridad y justicia para el próximo gobierno: "Se necesita firmeza sin caer en el autoritarismo"

La hoja de ruta plantea fortalecer la presencia institucional en los territorios, modernizar las herramientas contra el crimen organizado y priorizar el acceso a la justicia como eje de la gobernabilidad durante los próximos cuatro años

México: familiares de desaparecidos marcharon para exigir verdad y justicia

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, aseguró que la problemática está agravada por la crisis de búsqueda y de identificación forense.

Padres del periodista asesinado Mateo Pérez piden justicia tras la captura de alias Chalá: "El perdón se lo dejo a Dios"

Los progenitores del comunicador social solicitaron a las autoridades rigor contra los responsables del crimen

James Harden fue arrestado por posesión ilegal de un arma en Texas y deberá presentarse ante la Justicia

La estrella de los Cleveland Cavaliers fue detenida durante un control policial y recuperó la libertad tras pagar una fianza.La franquicia de la NBA confirmó que está reuniendo información sobre el caso y mantiene contacto con el jugador y sus representantes.

Adopciones, poder y dinero: la condena a una exjueza que golpea la confianza en la Justicia

El caso de la exmagistrada de Familia de Pilar expone mucho más que una causa penal: revela cómo la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de controles pueden contaminar una de las decisiones más sensibles del Estado.

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata

La actualización ampliará las opciones hoy limitadas a "hombre" y "mujer", y permitirá que esa información se refleje también en la cédula y la tarjeta de identidad, tras ajustes técnicos ya realizados

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

Un informe de detective privada presentado por la madre documentó la actividad comercial y los movimientos bancarios del progenitor, cuestionando así la imagen de precariedad económica alegada

Compró una notebook online, nunca le llegó y la empresa aseguraba que ya había sido entregada: ¿cómo resolvió el caso la Justicia?

Una clienta pagó por su computadora y esperó el envío, pero el producto jamás apareció. Al reclamar, recibió una respuesta desconcertante: según la cadena de electrodomésticos, el pedido figuraba como "entregado" a la demandante. Tras varios años de conflicto, un tribunal dictó sentencia

Alfaro dice que "Estados Unidos ganó con absoluta justicia"

Fusión Paramount-Warner Bros.: el Departamento de Justicia dio luz verde a la operación de u$s110.000 millones

La División Antimonopolio aprobó la operación sin imponer condiciones ni exigir desinversiones, eliminando el principal obstáculo regulatorio federal. Las acciones de Paramount Skydance treparon 3,8% y las de Warner Bros. Discovery subieron 0,4% en las operaciones del after hours.

El Departamento de Justicia de EE. UU. aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

Tras ocho meses de revisión, la División Antimonopolio sostuvo que el sector es "altamente dinámico" y que la unión "incrementará la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento"

La Justicia citó a indagatoria al extitular de Arsat por corrupción

El exfuncionario tenía drogas y millones de dólares en su casa. Dictaron embargos, inhibiciones de bienes y prohibición de la salida del país a los diez imputados.

La Justicia le dio 5 días al empresario Lascurain para que se presente y comience a cumplir su pena

El Tribunal Oral Federal 7 les dio un plazo de cinco días hábiles al expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y al exasesor Juan Marcelo Vargas para que se presenten en su sede y comiencen a cumplir las condenas de cuatro años de prisión que recibieron por el desvío de fondos públicos destinados a una obra en la provincia de Santa Cruz."Hágase saber a Atanacio Pérez Osuna, Juan Marcelo Vargas y Juan Carlos Lascurain que, en el término de 5 (cinco) días hábiles, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (sito en la calle Talcahuano 550, 6º piso, oficina 6118) a los fines de cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta", dice la resolución del Tribunal.El exintendente de Río Turbio Pérez Osuna ya estaba detenido porque su condena había quedado firme en 2021, por falencias en la presentación formal.Ayer, en tanto, la Corte dejó firme la condena Lascurain y Vargas por el desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.Tras el fallo, que desestimó una serie de recursos presentados por las defensas, la fiscal del juicio Fabiana León sostuvo que "cesó el único obstáculo procesal" que impedía ejecutar la condena y solicitó la detención inmediata de los tres condenados, el cómputo de las penas y la puesta en práctica de las inhabilitaciones absolutas perpetuas, además de la recuperación del dinero desviado. El TOF le solicitó a la fiscal que especificara la tasa de interés aplicable a la liquidación solicitada. León contestó que ya había fijado postura al respecto en una presentación de hacía más de dos años. "Para evitar más dilaciones, me remito a todo lo plasmado en la presentación del 6/3/24 y solicitando que la liquidación instada ayer se practique aplicando la tasa activa del BNA para créditos de libre disponibilidad", contestó León.La Justicia determinó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, YCRT entregó a la firma FAINSER S.A., de la que Lascurain era titular, tres cheques por un total de $50 millones, presentados como un adelanto para la "Readecuación de la Avenida YCF" de Río Turbio. Según la sentencia, no existía ninguna causa válida para ese desembolso y los fondos ingresaron en las cuentas y en el giro comercial de la empresa. La sociedad estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.Este fue el primer juicio oral por irregularidades en Río Turbio. Además, está pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos $264 millones destinados a obras en la mina de carbón, en el que está acusado un grupo de exfuncionarios encabezado por el exministro de Planificación Julio De Vido.

La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA vuelva a CABA

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y a una flota de autos de lujo continúe en CABA. Se analiza si los fondos utilizados para adquirir los bienes estuvieron vinculados a dirigentes de la AFA

José Manuel Restrepo celebró decisión de la Corte Suprema de suspender restricciones a la campaña de Abelardo de la Espriella: "La justicia está frenando los abusos"

La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de las medidas que restringían el uso de símbolos patrios y del lema "Defensores de la Patria" en la propaganda electoral

Manuel Adorni sumó una nueva denuncia en la Justicia

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un "error involuntario" por desconocimiento de las obligaciones legales. Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes â??que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedadesâ?? evidencia una "intención deliberada" de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal. Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, "estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo" y a quien "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas".La pena de la "omisión maliciosa" es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión. Adorni contó que ahorró "en negro" y explicó por que no declaró ese dinero anteriormenteEn la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó LA NACION, a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.

La Justicia puso en venta a la láctea SanCor y fijó una millonaria oferta base

La Justicia santafesina puso en marcha formalmente la venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor y fijó una base de US$52,1 millones para una oferta por el conjunto de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa, que fue declarada en quiebra en abril pasado. El proceso, mediante una licitación, incluirá seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba y un lote separado con las marcas y otros activos intangibles.La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del proceso de la quiebra. Según dispuso, las plantas industriales fueron valuadas en US$27,4 millones, mientras que las marcas y activos intangibles fueron tasados en US$24,7 millones.La planta de Devoto quedó valuada en US$7 millones; Gálvez, en US$5,5 millones; La Carlota y Balnearia, en US$5 millones cada una; San Guillermo, en US$2,5 millones; y Sunchales, en US$2,4 millones. Esta última sufrió una reducción del 20% con respecto de la valuación original [US$3 millones] luego del incendio registrado el pasado 7 de junio. La decisión se tomó tras verificarse el nivel de afectación en el establecimiento.Según la resolución, la venta se realizará mediante una licitación pública organizada en siete lotes: seis correspondientes a las unidades productivas y uno integrado por las marcas de la compañía. Los interesados podrán presentar ofertas por plantas individuales, por combinaciones de activos o por la totalidad del paquete."Injustificada continuidad": el Gobierno eliminó el Registro de Operadores Lácteos tras casi dos décadas de vigenciaEl magistrado sostuvo que la modalidad elegida apunta a preservar el valor de la empresa y las fuentes de trabajo. En ese sentido, indicó que corresponde avanzar con "la venta de la empresa como unidad o de los conjuntos de bienes que integran cada establecimiento", por tratarse de la alternativa "más apta para preservar el valor de los activos tangibles e intangibles y tutelar las fuentes de trabajo".La adjudicación no dependerá únicamente del precio ofrecido. El pliego establece que también se evaluarán la continuidad de la actividad, el mantenimiento de puestos de trabajo y los antecedentes de los oferentes. "La mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación", señaló la resolución. Para participar, los interesados deberán comprar un pliego valuado en US$10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta.Noticia en desarrollo

Compraron una casa y descubrieron un pozo oculto: tras más de 20 años de juicio, la Justicia les dio la razón

Una pareja inició una batalla judicial después de detectar un pozo no informado en la vivienda que había comprado en Italia.Por qué el caso terminó convirtiéndose en una decisión clave sobre los derechos de los consumidores.

Abelardo de la Espriella puede seguir usando los colores de la bandera de Colombia y la frase "Firmes por la patria" en su propaganda electoral por decisión de la Corte Suprema de Justicia

El alto tribunal descartó los argumentos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para establecer la medida

Zaragoza reúne la próxima semana a los presidentes de 16 Tribunales Superiores de Justicia

Junqueras pide que el TJUE ponga "justicia allá donde impera la injusticia" y se aplique la amnistía

La Justicia Federal de San Luis ordenó inmovilizar más de $665 millones de un fondo del Enacom

En una decisión que podría tener impacto sobre la ejecución de programas públicos de conectividad, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó trabar un embargo preventivo por más de $665 millones sobre fondos administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a raíz de una demanda presentada por una empresa de telecomunicaciones de San Luis que reclama el cumplimiento de un contrato financiado con recursos del Fondo de Servicio Universal.La medida cautelar fue dictada en el marco de una causa iniciada por San Luis CTV S.A., una firma radicada en Villa Mercedes dedicada a la prestación de servicios de internet y televisión paga, que sostiene que el organismo regulador habría incumplido obligaciones asumidas en un convenio firmado en septiembre de 2023 para ampliar la infraestructura de conectividad en barrios populares de la provincia."¿Dónde está el hambre?": con los restos de una vaca carneada al hombro, un productor irrumpió en un municipio para denunciar un delitoLa compañía reclama que el Enacom actualice los montos comprometidos para la ejecución de las obras, afectados por el proceso inflacionario, y sostiene que las demoras administrativas del organismo le habrían ocasionado importantes perjuicios económicos.Según surge del expediente, la empresa reclama una "adecuación contractual" por $545,6 millones y además plantea una serie de daños derivados de la demora en los desembolsos, la aprobación de rendiciones de cuentas, el mantenimiento de garantías y la pérdida de ingresos proyectados por la postergación de las obras.El proyecto había sido aprobado mediante una resolución del Enacom dentro de un programa destinado a financiar el despliegue de redes de acceso a internet en barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), utilizando recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal, una herramienta creada por la Ley Argentina Digital para promover el acceso a las telecomunicaciones en zonas con déficits de conectividad.La empresa sostuvo que el organismo habría incumplido las cláusulas contractuales que preveían la actualización de los montos mediante índices oficiales de precios. Según la presentación judicial, pese a haber solicitado reiteradamente la adecuación económica prevista en el convenio, el pedido nunca fue resuelto.Como argumento adicional para justificar la cautelar, la firma señaló que existía riesgo de que los recursos del fondo fueran reasignados o se vieran afectados por los cambios introducidos en la administración de fondos fiduciarios dispuestos por el Gobierno nacional.La defensa del Enacom rechazó las acusaciones y sostuvo que las solicitudes de actualización requerían análisis técnicos y económicos adicionales. También argumentó que la aceleración inflacionaria había provocado que muchos proyectos excedieran los topes máximos previstos para el programa, lo que obligó al organismo a revisar integralmente las solicitudes de recomposición de montos.Además, el ente planteó una excepción de incompetencia y sostuvo que cualquier controversia derivada del convenio debía tramitarse ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tal como había sido pactado en el contrato suscripto entre las partes. Sin embargo, el juez federal de Villa Mercedes rechazó ese planteo y confirmó la competencia del tribunal para intervenir en el caso.Al analizar la cautelar, el magistrado consideró acreditados de manera preliminar los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por la legislación vigente. En particular, destacó la existencia de un contrato vigente, los reclamos administrativos formulados por la empresa y el riesgo de que una eventual sentencia favorable perdiera eficacia por el paso del tiempo y el contexto económico.La resolución ordenó trabar un embargo preventivo por $545.678.008 más otros $120 millones destinados a cubrir intereses y eventuales acrecidas, totalizando $665.678.008 sobre los fondos y activos del Fideicomiso de Administración Argentina Digital, que administra recursos vinculados al Fondo de Servicio Universal.La medida tendrá vigencia por seis meses y fue condicionada a que la empresa constituya una contracautela por $90 millones, mediante depósito, seguro de caución o garantía equivalente.

La fiesta de 15 no es un alimento: la Justicia correntina rechazó el reclamo de un padre para que la madre pague el festejo

El Juzgado de Familia N° 5 determinó que estas celebraciones poseen una dimensión afectiva pero no integran las necesidades básicas de subsistencia. Leer más

El PJ del norte en la encrucijada: la Justicia ordena correcciones en Salta y ratifica la intervención en Jujuy

Mientras en Salta el Juzgado Federal N° 1 ordenó corregir aspectos centrales de la convocatoria electoral a internas del Partido Justicialista, en Jujuy la Cámara Nacional Electoral ratificó la intervención judicial y cerró la puerta a las apelaciones del kirchnerismo, abriendo el camino a un proceso de normalización inmediato.

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont en una decisión que podría resultar clave para su regreso a España

El Tribunal de Justicia de la UE dictará la sentencia sobre la amnistía el 16 de julio

La Justicia dicta penas económicas para 4 activistas que mancharon el Congreso en 2023

Morant sostiene que en España hay "doble rasero" y que la Justicia "no es igual y no se aplica igual para todos"

Diana Morant mantiene su apoyo a Zapatero y lamenta el "doble rasero" de la justicia

Por presuntas irregularidades y coimas, la Justicia pidió informes financieros de Facundo Leal y de lautoridades del ORSNA

El fiscal federal Ramiro González solicitó incorporar reportes sobre la situación económica y patrimonial del ex titular del ORSNA, Facundo Leal, y de otros funcionarios del organismo. La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades en la administración de fondos públicos. Leer más

Incidentes frente al Congreso: la Justicia rechazó la probation a dos acusados durante el debate de la Ley Bases

El Tribunal Oral Federal N° 3 desestimó los pedidos de suspensión de juicio a prueba de Walter Quiroga y Brian Ortiz. Ambos deberán enfrentar un tribunal oral por los hechos ocurridos en la protesta del 12 de junio de 2024

Tras más de tres décadas, Eduardo Sosa fue repuesto como Procurador General de Santa Cruz: "Se hizo justicia"

Había sido removido del cargo por orden de Néstor Kirchner, en ese momento, gobernador de la provincia. Leer más

Quería vender una cómoda por internet, cayó en un engaño y le vaciaron la cuenta: por qué la Justicia absolvió al banco

Una mujer de La Plata fue víctima de una estafa digital tras publicar un mueble a la venta, pero su reclamo contra el banco fue rechazado. La sentencia determinó que la entidad cumplió con todos los protocolos y que fue la propia usuaria quien compartió sus claves con los delincuentes. ¿Cómo fue la maniobra que engañó a la demandante?

Le cambiaron el medidor, la factura de luz se disparó y demandó a la empresa: la Justicia le dio la razón a la compañía

Una jubilada denunció que tras el recambio del equipo empezó a recibir boletas por montos muy superiores y con una deuda retroactiva. Sin embargo, el fallo determinó que el aparato viejo fallaba y no registraba el consumo real de energía

Le robaron la camioneta mientras surfeaba y el seguro rechazó la cobertura por "negligencia": la Justicia la condenó a pagar $50 millones

El dueño de una Amarok dejó la llave en un cofre con combinación oculto bajo el chasis para entrar al mar. La compañía rechazó el siniestro alegando "culpa grave", pero un fallo determinó que el mecanismo utilizado no configuraba una conducta negligente y cuestionó la negativa de la aseguradora

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga para inscripciones al Tribunal Supremo de Justicia

Giuseppe Alessandrello, presidente del comité de postulaciones, comunicó que se decidió por unanimidad ampliar el plazo para recibir candidaturas hasta el próximo miércoles a las 16:00

Histórico: después de más de 30 años reponen a Eduardo Sosa como procurador general de Justicia de Santa Cruz

RÍO GALLEGOS.- Después de 30 años, la Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy la restitución en el cargo de procurador general de Justicia a Eduardo Sosa, quien fuera destituido de su puesto hace 30 años por una reforma impulsada por Néstor y Cristina Kirchner sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces. Sosa nunca fue restituido pese a reiteradas órdenes de la Corte Suprema de Justicia de reponerlo en el cargo y su nombre se convirtió así en uno de los casos más emblemáticos de atropello a las instituciones y de desobediencia a los fallos del máximo tribunal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, salió por mayoría, con la fuerte oposición del kirchnerismo, y llega a menos de un mes de que la Corte Suprema respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa del mandatario provincial. "Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia", afirmó Vidal en sus redes sociales y detalló acerca de la reunión que mantuvo por su propia iniciativa con Sosa, antes de asumir como gobernador."En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo", relató Vidal.El proyecto para reponerlo en el cargo a Sosa fue enviado en octubre pasado a la Legislatura en medio de la fuerte disputa que mantenía el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Tribunal Superior de Justicia. Ante la resistencia de los jueces cercanos al kirchnerismo a la ampliación del TSJ de 5 a 9 miembros -y a la restitución de Sosa-, el proyecto se mantuvo en comisiones ante la posibilidad que no prospere en el recinto. View this post on Instagram En comisiones, la propuesta de Vidal sufrió un cambio para ajustarla a los nuevos tiempos y, si bien mantuvo el nombre de procurador general de Justicia, su autoridad será solo sobre el Ministerio Público Fiscal, sin alcance a la figura de los defensores públicos, como era en 1995, cuando su cargo se disolvió y quedó fuera de la Juticia. Ninguno de los actuales funcionarios judiciales correrá peligro en sus cargos, detallaron fuentes que escribieron la reforma judicial. Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner- desdobló el cargo en dos -jefe de fiscales y de defensores- y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces."No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de treinta años y pese a haber ganado la lucha nunca ser repuesto en el cargo, lo que hoy pasó repara las instituciones y la constitucionalidad en la provincia", dijo a LA NACION la diputada Adriana Nieto, una de las espadas en temas judiciales de Vidal.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. Incluso la Corte hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta del cumplimiento de la disposición en un plazo inferior a los 30 días, le iniciaron una causa y terminó con una condena contra el exgobernador. Hoy Peralta es diputado, se alejó del kirchnerismo y tiene bloque propio. Y fue uno de los diputados que no votó la reposición de Sosa en el cargo.Sosa, durante años, reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional del cargo. Ejerció desde el llano la abogacía, siempre manteniendo coherencia en sus dichos y sus acciones. Ayer recibió el llamado y a todos los atendió con la humildad y mesura que lo ha caracterizado a lo largo de estos años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió al fiscal general de Guatemala y al ministro del Interior

El Ministerio Público señaló en su sitio web que la coordinación bilateral se enfocará en enfrentar delitos ligados al crimen organizado, con énfasis en redes de trata y otras estructuras ilícitas

Por primera la Justicia envía a cumplir una condena de 4 años prisión a una ex presidente de la Unión Industrial Argentina

Se trata de Juan Carlos Lascurain por haber cobrado por una ruta en la mina de Río Turbio y no haber hecho la obra. Además, junto a otros condenados, deberán reparar al Estado con más de 50 millones de pesos, más intereses. Es un precedente para el caso Cuadernos.

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de comprar testigos para manipular la justicia y minimizó su campaña: "Ha sido tan mala"

El expresidente aseguró que el candidato presidencial pretendería "vengar" su posible derrota política a través de estrategias ilegales

La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de los exfuncionarios investigados por corrupción en ARSAT

El juez Mirabelli también impuso medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, a pedido del fiscal Domínguez. La resolución se adoptó mientras continuaba vigente el secreto de sumario

Una mujer tailandesa comparece ante la Justicia de Myanmar acusada por la muerte de un diplomático estadounidense

YANGON, Myanmar.- El hallazgo del cuerpo de un funcionario estadounidense en un exclusivo complejo residencial de Yangon abrió el mes pasado un caso que todavía genera más preguntas que respuestas en Myanmar.Este jueves, la investigación dio un nuevo paso cuando una ciudadana tailandesa compareció ante un tribunal acusada por la muerte del hombre, identificado por Washington únicamente como un empleado del gobierno de Estados Unidos destinado a la embajada en la antigua capital birmana.El caso comenzó el 11 de mayo, cuando el diplomático fue encontrado muerto en el Sakura Residence & Hotel, un complejo ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio de la embajada estadounidense. Según fuentes cercanas a la causa, la víctima presentaba heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello.Otra fuente policial indicó que el hombre tenía 43 años y que fue declarado muerto al llegar al hospital debido a las graves laceraciones que sufrió. Las autoridades arrestaron poco después a una mujer tailandesa que se encontraba en la habitación del funcionario cuando los investigadores llegaron al lugar.La sospechosa, cuya identidad no fue divulgada públicamente, se presentó este jueves ante el Tribunal del Municipio de Kamayut, en Yangon. De acuerdo con dos abogados familiarizados con el expediente, la mujer enfrenta un cargo de asesinato y otro relacionado con la legislación migratoria de Myanmar, que contempla sanciones específicas para extranjeros que cometen delitos dentro del país.Hasta el momento no trascendió si la acusada se declaró culpable o inocente ni tampoco si contó con representación legal durante la audiencia. En caso de una condena por asesinato, podría enfrentar una pena que va desde 10 años de prisión hasta la pena de muerte.Los abogados hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hablar del caso.La falta de información oficial constituye una de las características más llamativas del caso.Ni la policía que investiga el crimen, ni la prisión donde presuntamente permanece detenida la sospechosa, ni el tribunal donde compareció aceptaron formular comentarios sobre el expediente. Las autoridades birmanas rara vez ofrecen información a la prensa y el acceso a los procesos judiciales resulta extremadamente limitado.El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó previamente la muerte de un empleado del gobierno estadounidense asignado a la embajada en Yangon, pero evitó revelar su identidad. "Por respeto a la privacidad de la familia y de sus seres queridos, no tenemos más información para proporcionar en este momento", señaló un vocero.Consultados sobre la posibilidad de que observadores estadounidenses asistieran a la audiencia judicial, funcionarios del área de prensa para Asia-Pacífico del Departamento de Estado remitieron las consultas a la embajada en Myanmar. La representación diplomática reiteró la declaración original sobre el fallecimiento y derivó el resto de las preguntas a las autoridades locales.El caso también involucró a Tailandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés informó que brinda asistencia consular a la mujer detenida, aunque señaló que no disponía de información inmediata sobre una eventual ayuda legal durante su comparecencia ante la Justicia.El Sakura Residence, escenario del crimen, se encuentra en el exclusivo barrio de Golden Valley, cerca de la embajada estadounidense. El complejo suele alojar a diplomáticos, funcionarios de Naciones Unidas, trabajadores humanitarios y empresarios extranjeros, lo que aumentó la repercusión internacional del caso.La investigación avanza en un contexto especialmente complejo. Myanmar atraviesa una profunda crisis desde que las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi en 2021. El golpe provocó protestas masivas y derivó en una guerra civil que continúa hasta hoy. Desde entonces, el sistema judicial del país se volvió cada vez más opaco y el acceso de la prensa a los tribunales quedó severamente restringido.Agencias AP y Reuters

En la Justicia ponen en duda las explicaciones de Adorni

Fuente judicales infieren que hay incongruencias en todo el patrimonio y no alcanza con la explicación de que ahorró en negro 506 mil dólares. Leer más

La Justicia ya pidió la declaración jurada de Adorni a la Oficina Anticorrupción

El jefe de Gabinete aseguró que presentó este miércoles la documentación. "Toda la vida ahorré en negro", reconoció. Dijo que su incremento patrimonial fue por las ganancias que obtuvo de operaciones en criptomonedas entre 2013 y 2018. Leer más

Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la congresista Gloria Arizabaleta por solicitar suspensión de Gustavo Petro

La actuación del tribunal se originó por la denuncia presentada por el abogado Luis Felipe Henao

Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA). Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por LA NACION, son los siguientes:â?¢ Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin ("hace 13 años", "2013-2014", operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.El detalle de las criptomonedas en las que habría invertido Manuel Adorniâ?¢ Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.â?¢ Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean "calientes" o "frías", ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.â?¢ Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.â?¢ Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.â?¢ Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.Adorni explicó los motivos por los qué se mudó a Indio Cuáâ?¢ Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.â?¢ Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.â?¢ Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía "en negro". Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.â?¢ Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.â?¢ Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.

La Justicia ya pidió a la OA la nueva declaración jurada de Adorni y pone la mira en el origen de los ahorros en negro

El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe la nueva declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, investigados ambos por supuesto enriquecimiento ilícito.Esto es porque Adorni presentó la declaración correspondiente al último período 2025 donde supuestamente incorporó un patrimonio de unos US$500.000, que nunca había declarado hasta ahora. Anoche, en una entrevista con José Del Rio, en LN+, dijo que había ganado US$300.000 con inversiones cripto y que, tras el fallecimiento de su padre, encontró dinero en su casa.La declaración jurada de Adorni es pública, pero la correspondiente a los ingresos de su esposa es reservada y solo es visible para la Justicia cuando la solicita.La nueva presentación que hizo el jefe de Gabinete sobre sus bienes fue tomada con escepticismo en los tribunales, donde no creyeron las últimas explicaciones públicas que dio el funcionario, que ahora deberá probarlas en la causa. En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el funcionario quien debe probar su inocencia. No es como en el resto de los ilícitos, donde se presume la inocencia del imputado y es el fiscal el que debe quebrar esa presunción."Comienza ahora una nueva investigación", dijeron a LA NACION fuentes judiciales que mencionaron que ahora se debe acreditar de dónde surgieron los primeros 200.000 US$ que dijo el jefe de Gabinete que invirtió en criptomonedas y se transformaron en más de medio millón de dólares."¿Con qué plata hizo esas inversiones, cuando además no eran nominales en ese momento [supuestamente en 2024]?", se preguntaron funcionarios judiciales que hablaron con LA NACION.Asimismo, las fuentes señalaron que en 2014, al momento en que supuestamente se hicieron estas operaciones, no era necesario dar nombre y apellido para comprar las criptomonedas.No descartaron que pueda estarse ante un caso de un "mutuo cripto", es decir, que alguien le hubiera prestado ese dinero digital y las claves para poder operar.Ahora en los tribunales se analiza que se debe reconstruir toda la cadena de operaciones desde el principio para establecer si es real la declaración de Adorni. No obstante, en Comodoro Py destacaron que con su entrevista de anoche Adorni confesó haber cometido un delito continuado de evasión, más allá de que las normas ahora le permitan no ser perseguido por ello."Mintió. Hace dos años y medio que viene cometiendo un delito, por más que luego no sea penado", señalaron fuentes judiciales.Además, en los Tribunales destacaron que recién la regularización se produjo ahora cuando hay una investigación patrimonial en marcha. "Sin causa no hubiera hecho nada", sostuvieron funcionarios judiciales relacionados con el caso.Adorni aseguró anoche que presentó su nueva declaración jurada. En la entrevista con LN+, intentó justificar sus gastos y operaciones inmobiliarias en la existencia de un ahorro previo a la función pública que tenía "en negro". "Ahorramos en negro como todos los argentinos", afirmó."¿Y por qué no lo declararon?", preguntó Del Rio. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", respondió el funcionario de Milei.Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, ese capital es del orden de los 500.000 US$, cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue "un error" y aseguró que pagará "todos los impuestos" que correspondan."La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá [por anoche en el estudio de TV], y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción", añadió.Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó.La explicación contrasta con declaraciones que había realizado en marzo. "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado lo está en cada uno de los organismos tal como corresponde", había afirmado en una conferencia de prensa. Ayer se contradijo."Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013, empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin. En 2014, empiezo a invertir fuerte en bitcoins; de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000â?³.Y detalló: "Esos dólares surgen de veinticinco años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron veinticinco años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".

La Justicia pidió las nuevas declaraciones juradas de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que la Oficina Anticorrupción aporte la documentación del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Las causas penales siguen avanzando y se prepara un requerimiento de justificación patrimonial

La Anses le hizo un pedido a la Justicia, como condición para restituirle a Cristina Kirchner una pensión de privilegio

La Anses le pidió a la justicia previsional que fije una "caución real" a prestar por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como condición para volver a pagarle mensualmente una pensión de privilegio que rondaría los $15 millones, según una estimación del organismo que consta en el expediente de la causa. Es decir, se solicitó disponer que CFK ponga algo en garantía para que, en caso de que una futura sentencia sea adversa a su pretensión de percibir sus prestaciones multimillonarias, el Estado pueda recuperar el dinero que le haya abonado a causa de darle cumplimiento a una medida cautelar. El trámite ocurre en el marco de un fallo judicial que le ordenó al organismo de la seguridad social abonarle a la exmandataria (que desde hace un año está en prisión domiciliaria, tras ser condenada por corrupción) la pensión como viuda de Néstor Kirchner. El pago ordenado es provisorio, ya que se dispuso efectuarlo mientras se resuelve de manera definitiva el juicio en curso, referido a la normativa de la Anses que dio de baja tanto esa pensión como la jubilación de privilegio, surgida de haber ejercido ella misma la presidencia de la Nación. Ambas asignaciones sumaron en noviembre de 2024 (último mes de pago) más de $35,2 millones en bruto y casi $22 millones en términos netos.La medida cautelar pedida por CFK y otorgada por jueces de segunda instancia se refiere a la reposición provisoria de uno de los beneficios que, en mano y un año y medio atrás, fue de $12,5 millones, incluyendo un plus por zona austral, que Cristina Kirchner percibía pese a que vivía en la ciudad de Buenos Aires. La resolución que hizo lugar a esa solicitud es de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad y fueron los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini quienes accedieron a la pretensión. La baja de las prestaciones de privilegio se dispuso en 2024, tras la confirmación de la sentencia por corrupción en la causa Vialidad contra CFK, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras la habilitación de la cautelar, la Anses y el Ministerio Público Fiscal habían hecho presentaciones para que se otorgara un recurso extraordinario y la causa pasara a la Corte Suprema. Los jueces camaristas rechazaron esa apelación a fines de abril pasado y, días después, el fiscal Juan Carlos Paulucci y la Anses presentaron (por separado) recursos de queja ante el tribunal superior.Mientras tanto, la Anses elevó ahora su pedido de que se establezca una garantía, que posibilite el recupero del dinero en caso de que, finalmente, la Justicia decida que, debido a su condena por corrupción, no corresponde que la expresidenta cobre del Estado beneficios de privilegio.La nueva presentación menciona que el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que "la medida precautoria solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar". Hay también una referencia a un artículo de la ley 26.854, que dice que las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas "tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar". "La sentencia de la Alzada no fijó ninguna caución", afirma la presentación hecha por la abogada Yanina Luminoso, en nombre de la Anses. Y agrega un dato, al afirmar que "la asignación mensual vitalicia cuya rehabilitación se dispuso cautelarmente ascendería actualmente a 38 haberes mínimos", lo cual equivale a unos $15,3 millones.Tras conocerse la ratificación de la medida cautelar, LA NACION consultó a la Anses, a través de un pedido de acceso a la información pública, cuál es el monto actualizado de la prestación que debería rehabilitar por la orden judicial. La respuesta fue que, "al no tratarse de un beneficio activo, no se dispone de información sobre montos vigentes ni se puede realizar una proyección teórica de la suma que eventualmente podría corresponder".Paso a paso de la causaEn noviembre de 2024, una resolución firmada por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, dispuso dar de baja las dos asignaciones de privilegio que hasta ese mes estaba cobrando Cristina Kirchner. Fue luego de que la exfuncionaria fuera condenada por la Cámara de Casación Penal Federal, que la consideró "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Después de iniciar una demanda para recuperar ambos pagos, CFK pidió una cautelar para cobrar, mientras se espera la resolución de fondo de la causa, una de las dos prestaciones. El pedido fue rechazado en noviembre pasado por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los ya mencionados Russo y Fantini sí lo admitieron, alegando cuestiones alimentarias.Tras esa decisión, se presentó el recurso extraordinario para procurar que la causa llegara a la Corte. Eso fue negado por los camaristas Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la misma Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Gobierno. Posteriormente, llegaron las presentaciones de los recursos de queja, por ahora no resueltos.El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal.Ambos ingresos (la asignación vitalicia por expresidenta y la pensión por el también expresidente Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.La expresidenta había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios simultáneamente apenas terminado su mandato presidencial. Todavía en tiempos de su gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, a la vez que cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner.Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, y tal decisión se justificó en las incompatibilidades fijadas en la ley 24.018, que regula estas asignaciones.Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la norma define como una "pensión" a la asignación por ser viuda de un exmandatario.Más allá de esa discusión sobre el doble cobro, la resolución de baja de noviembre de 2024 argumenta que no corresponde el cobro de ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito "en ejercicio de la misma función pública" por la cual se origina el beneficio.La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial, que sigue abierta luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, presentara años atrás un recurso de queja ante la Corte Suprema (después de haber agotado otros recursos), para procurar que la cuestión no se archivara, tras la decisión del gobierno anterior (en el cual CFK fue vicepresidenta) de otorgarle administrativamente los dos beneficios a la vez.

La Justicia desestimó la denuncia contra Karina Milei por la licitación para mantener los jardines de Olivos y la Casa Rosada

Era por presuntas irregularidades porque dos empresas que se presentaron forman parte del mismo grupo.El fiscal Ramiro González pidió rechazar la denuncia por "inexistencia de delito" porque el trámite continúa abierto y restan etapas de control.

Adorni: la Justicia pidió "urgente" la declaración jurada y analizará si puede justificar las inversiones en Bitcoin

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la presentación de 2025 y todas las rectificaciones realizadas por el jefe de Gabinete.

Justicia e inteligencia artificial: un encuentro entre Borges y León XIV

Una decisión judicial redactada con asistencia algorítmica seguirá siendo legítima únicamente si el juez puede asumirla como propia, explicarla públicamente, responder por ella y que aparezca el corazón, la frescura y los sentimientos de quien la emite

Óscar López señala que "hay jueces que prevarican" y advierte: "La Justicia no gobierna, gobierna el Gobierno"

El Gobierno respaldó las explicaciones de Adorni: "La Justicia va a poner punto final al asunto"

El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada a la Justicia, luego de que comenzara a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito