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La justicia allanó el Elíseo por una causa sobre las licitaciones para organizar actos en el Panteón de París
PARÍS.- En una jornada que sacudió los cimientos del poder político en Francia, efectivos de la brigada financiera anticorrupción realizaron este martes un procedimiento sorpresa en el Palacio del Elíseo. La sede de la presidencia francesa fue el centro de un allanamiento vinculado a una pesquisa sobre la adjudicación de las ceremonias de entrada de grandes figuras al Panteón. El operativo, que reveló el semanario Le Canard Enchaîné, pone la lupa sobre los contratos que recibió la empresa Shortcut Events durante las últimas dos décadas.La investigación judicial se centra en las condiciones bajo las cuales el Estado otorgó la organización de estos eventos de alto perfil. Según los datos que trascendieron de fuentes cercanas al caso, esta firma privada maneja la logística de los homenajes de forma ininterrumpida desde hace 22 años. El Panteón, un sitio emblemático que se conoce en todo el mundo como el "templo de los inmortales", resguarda los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de la nación. Bajo la normativa vigente, el Presidente de la República es quien posee la facultad exclusiva de decidir qué personalidades reciben este honor máximo.Los costos de estas ceremonias despertaron fuertes sospechas entre los investigadores financieros. De acuerdo con la información que publicó el medio satírico francés, cada proceso de "panteonización" demanda un desembolso que ronda los dos millones de euros. El período que abarca la indagatoria judicial comienza en el año 2002 y llega hasta la ceremonia que tuvo lugar en 2024, cuando ingresaron al templo los restos del resistente armenio Missak Manouchian, poeta y héroe de la lucha contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.El conflicto principal de la causa radica en el mecanismo de selección de la agencia que organiza los actos. Si bien el Ministerio de Cultura o el Centro de Monumentos Nacionales lanzan licitaciones públicas de carácter clásico, el Elíseo tiene siempre la última palabra en la elección final. Esta situación ocurre debido a la presencia obligatoria del jefe de Estado en estos actos de enorme peso institucional. La justicia busca determinar si existió un trato preferencial hacia Shortcut Events, dado que otras agencias competidoras manifestaron su desánimo ante la elección constante de la misma empresa. Incluso se reportaron casos donde se impuso a esta firma a pesar de los deseos contrarios de las familias de los homenajeados.Desde la empresa cuestionada, uno de sus codirectores, Christophe Pinguet, rechazó cualquier tipo de vínculo privilegiado con el entorno presidencial que pudiera favorecer a su firma. El ejecutivo justificó la permanencia de su agencia en la experiencia técnica que desarrollaron tras orquestar unas quince ceremonias de este tipo vinculadas al "relato nacional". Según sus declaraciones previas, estas prestaciones siempre cumplieron con los procedimientos de licitación obligatorios.La brigada financiera, que surgió tras la fusión de diversos organismos de represión de delitos económicos en junio pasado, lideró el registro en las dependencias oficiales. Mientras la causa avanza, el cronograma oficial mantiene firme la próxima cita en el Panteón para el mes de junio. En esa ocasión, el honor será para el historiador judío Marc Bloch, fusilado por las fuerzas nazis.La opinión pública sigue con atención este escándalo que mezcla el gasto público con la memoria histórica de Francia. El operativo de este martes marca un hito, ya que las autoridades ingresaron de forma directa a la casa de gobierno para secuestrar documentación. Por el momento, la presidencia no emitió comentarios oficiales sobre los resultados del registro en sus oficinas. El caso abre un debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos estatales en actos de reconocimiento histórico.Agencia AFP
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Nisman, entre la evidencia ignorada y la justicia pendiente
Varios de los elementos que hoy reaparecen en el debate público fueron expresamente señalados por el fiscal Alberto Nisman en la denuncia presentada el 14 de enero de 2015. Pocos días después de interpuesta la acusación contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, se produjeron dos hechos de extrema gravedad institucional. Con escasas horas de diferencia, el fiscal fue hallado sin vida y se produjo un incendio en la Casa Rosada que afectó los registros informáticos correspondientes a ingresos al edificio que, según distintas fuentes, podrían haber contribuido a reconstruir parte de los vínculos mencionados en aquella presentación.En ese contexto, resulta particularmente llamativa la tendencia a minimizar o trivializar ciertas manifestaciones y conductas que, según la propia denuncia, ocupaban un lugar definido dentro de la hipótesis delictiva que el fiscal propuso investigar. Tal es el caso de la actuación atribuida a Luis D'Elía, cuya intervención ha sido en ocasiones reducida a un plano meramente anecdótico. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción presentada por Nisman, su rol no era accesorio, sino el de un interlocutor que el fiscal describía como relevante para comprender el funcionamiento del entramado descripto en la denuncia. Ignorar esa caracterización o relegarla a una curiosidad secundaria implica, cuanto menos, apartarse del propio marco interpretativo que estructuró la acusación.Las manifestaciones recientes de D'Elía no deberían ser leídas, en consecuencia, como episodios aislados ni como expresiones extemporáneas desvinculadas del pasado. En particular, sus declaraciones públicas, difundidas en un contexto de creciente tensión internacional en Medio Oriente, en las que se atribuye la función de transmitir mensajes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, no constituyen un dato menor. Antes bien, remiten a un esquema que ya había sido objeto de análisis en la denuncia del fiscal Nisman, donde su papel era definido en términos que distaban de cualquier marginalidad. Que esas expresiones encuentren hoy una continuidad â??incluso bajo formas que pueden presentarse como meramente retóricasâ?? obliga a reconsiderar el lugar que se les asignó en su momento dentro de la hipótesis investigativa.Una consideración similar cabe respecto de la figura de Ahmad Vahidi. Ya al momento de la investigación llevada adelante por Nisman, su nombre ocupaba un lugar relevante entre los funcionarios iraníes alcanzados por pedidos de captura internacional, formalizados a través de notificaciones rojas de Interpol desde 2006, en relación con su presunta participación en el atentado contra la AMIA. Esa circunstancia no era meramente formal, ya que implicaba, en los hechos, limitaciones concretas para su desplazamiento internacional.Además, en su denuncia, el propio Nisman atribuía al Memorándum de Entendimiento con Irán un efecto sustantivo en relación con la situación procesal de los imputados iraníes, al sostener que el acuerdo formaba parte de un mecanismo orientado a garantizar su impunidad. En ese marco, señalaba específicamente que el entonces ministro iraní no sería efectivamente sometido a indagatoria, afirmando que "jamás se sentaría a prestar declaración", con independencia de lo que estableciera formalmente el texto del acuerdo. Esa interpretación, formulada pocos días antes de su muerte, otorgaba un sentido preciso al papel asignado a Vahidi dentro de la hipótesis investigativa.El episodio ocurrido en Bolivia en 2011 â??cuando su presencia oficial generó un rechazo que derivó en su salida del país en atención a las alertas vigentesâ?? constituye, en ese contexto, un antecedente elocuente, también mencionado en la denuncia de Nisman. Lejos de haber perdido vigencia, su trayectoria posterior dentro del Estado iraní lo ha llevado a ocupar en la actualidad la jefatura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, uno de los centros de poder más influyentes del sistema político de ese país. En ese marco, cualquier intento de reducir su figura a una referencia secundaria resulta difícil de sostener.No menos relevante resulta el valor que el propio Nisman asignó a determinadas fuentes periodísticas. En su denuncia, el fiscal incorporó como elemento de prueba la información publicada por el periodista José "Pepe" Eliaschev, a la que calificó expresamente como "la primera prueba" de uno de los aspectos centrales de su hipótesis. Ese dato, lejos de ser menor, introduce una dimensión que merece ser considerada con detenimiento: la interacción entre investigación judicial y periodismo de investigación. Que un fiscal otorgue tal jerarquía a una fuente periodística no implica, por sí mismo, la validación automática de su contenido, pero sí evidencia que esa información fue considerada suficientemente relevante como para integrar el cuerpo argumental de una denuncia de extrema gravedad. Desconocer ese punto o relativizarlo implica, nuevamente, apartarse de la lógica interna del propio proceso iniciado con aquella acusación.A eso se suma un episodio que, por su naturaleza, exige una consideración prudente pero ineludible. El incendio ocurrido en la Casa Rosada el 17 de enero de 2015 provocó la pérdida de registros informáticos correspondientes a visitas oficiales de años anteriores, estimados en alrededor de 130.000 ingresos. Según información posterior, esos datos no fueron recuperados. La eventual relevancia de tales registros â??en tanto podrían haber contribuido a reconstruir contactos y movimientos en el período investigadoâ?? impide que el hecho sea reducido a una contingencia administrativa sin mayores implicancias. Sin necesidad de formular conclusiones que excedan la información disponible, resulta razonable sostener que la desaparición de datos potencialmente vinculados a una investigación en curso constituye, en sí mismo, un dato que no puede ser desatendido.Todo lo anterior adquiere una dimensión adicional cuando se considera el contexto en el que la denuncia fue presentada. La promoción de pedidos de captura internacional y la imputación de funcionarios extranjeros de alto rango suponían, sin duda, un escenario de elevada sensibilidad. Sin necesidad de incurrir en dramatizaciones, corresponde reconocer que tales decisiones implicaban responsabilidades y riesgos que excedían el marco habitual de la actuación judicial. Ese contexto no puede ser omitido al momento de evaluar la densidad institucional de los hechos.Sin embargo, el dato que otorga mayor gravedad al conjunto no reside únicamente en los hechos denunciados, sino en la respuesta institucional â??o en su ausenciaâ?? frente a ellos. A más de diez años de la presentación de la denuncia, el proceso judicial no ha alcanzado aún la instancia de debate oral. Tal como ha sido señalado recientemente, la persistente postergación del juicio plantea interrogantes legítimos sobre la capacidad del sistema judicial para ofrecer una respuesta oportuna frente a hechos de esta magnitud. La demora, en estos casos, no es un dato neutro, ya que impacta directamente en la percepción pública sobre la eficacia de las instituciones y sobre la posibilidad de alcanzar una verdad judicial.No se trata aquí de anticipar conclusiones ni de sustituir el rol de los tribunales. La determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente al Poder Judicial y debe producirse en el marco del debido proceso. Pero esa premisa, fundamental en un Estado de Derecho, no puede convertirse en justificación para una dilación indefinida. Por el contrario, la vigencia de ese mismo principio exige que las causas de mayor gravedad sean tratadas con la celeridad y la profundidad que su naturaleza demanda.En este marco, la banalización de los elementos que integraron la denuncia original no solo implica una lectura incompleta del pasado, sino también una forma de naturalizar un presente en el que la respuesta judicial continúa pendiente. Reducir a anécdota lo que fue presentado como parte de una hipótesis estructurada, minimizar la relevancia de actores señalados en la investigación o desatender hechos que podrían haber tenido impacto probatorio equivale, en definitiva, a debilitar las condiciones necesarias para que el proceso alcance sin más dilaciones su objetivo final.
Alexandro Maidana, una promesa paraguaya que le dio el triunfo a Talleres ante Defensa y Justicia
Talleres logró un gran triunfo como visitante por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Fue 2 a 1 a Defensa y Justicia, y le permitió al equipo cordobés, arrebatarle el invicto como local al Halcón en el estadio Norberto Tomaghello. Pero todas las miradas se las llevó Alexandro Maidana, el lateral paraguayo de la "T" que convirtió los dos tantos de su equipo, que se muestra como protagonista de la zona A.Defensa fue el último equipo en perder el invicto en el Apertura pero este lunes sumó su segunda derrota seguida. La primera había sido en la fecha pasada ante Instituto, en Córdoba.Se jugaban 14 minutos de la primera parte cuando los de Carlos Tevez se pusieron al frente en el marcador. Diego Valoyes envió un centro desde la derecha y tras un despeje por parte de un central del equipo local, apareció (por primera vez) Maidana, que la controló con la panza y le dio de zurda al segundo palo. Gran definición para el lateral izquierdo de 20 años.Cuando se disputaba la segunda etapa, Talleres volvió a atacar por la derecha. El brasileño Rick quedó incómodo de espaldas al arco y Franco Cristaldo casi que se la sacó de sus pies. Trasladó hasta la medialuna y vio llegar al lateral por izquierda. Le tiró un pase en diagonal y el paraguayo le pegó de zurda al segundo palo y cruzado (por segunda vez) para poner el 2 a 0 parcial a los 16 minutos.Otro golazo del número tres que tiene tan solo 20 años y nació en Caacupé, Paraguay. Llegó a Talleres el 9 de marzo de este año y este lunes disputó su quinto partido con la casaca del equipo Matador. Proveniente de Guaraní, jugó durante todo 2025 e inicios de este año, que entre el torneo paraguayo y la Copa Libertadores, disputó siete partidos. Lo mejor del partido Además, este joven lateral izquierdo jugó el Mundial Sub 20 para la selección paraguaya y fue protagonista: en cuatro partidos y marcó un gol. Con la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro también tuvo su debut en la selección mayor. Fue el pasado 27 de mazo en la victoria de Paraguay ante Grecia por 1 a 0 en el primer amistoso de la fecha FIFA.Pero al partido le faltaba una emoción más. En el minuto 34, Ayrton Portillo estableció el descuento para los locales. En los últimos instantes estuvo cerca de la igualdad, pero no lo concretó y perdió su invicto ante su gente. Con la victoria, Talleres llegó a 21 puntos y se ubica cuarto en la zona A. La próxima fecha recibe a Riestra y un triunfo lo dejará prácticamente clasificado entre los 8. Para Defensa, una derrota que puede complicarlo. Suma 19 y está séptimo. Aunque esté entre los ocho primeros, el sábado visitará a Independiente, que está octavo, con dos unidades menos.
Juicio por YPF: la Justicia de Nueva York suspendió todas las apelaciones, tras el fallo favorable para Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York tomó decisiones en función del fallo que revocó la condena a la Argentina de pagar US$ 16.000 millones a los demandantes, mientras se resuelven las solicitudes de éstos. Leer más
Galán cuestionó control de detenidos con brazalete y señaló al Ministerio de Justicia por fallas en supervisión de detenidos: "Así es muy jodido"
El alcalde de Bogotá expresó su preocupación por los reiterados incidentes en que condenados con brazalete cometen delitos, señalando la falta de vigilancia y control sobre quienes cumplen condenas bajo detención domiciliaria
La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad
Una empresa de recursos de multas recurre una sanción en Madrid y solicita elevar el caso a la justicia europea al cuestionar tanto el proceso normativo como la aplicación del régimen sancionador
Junta Nacional de Justicia inicia investigación preliminar contra el jefe de la ONPE
La decisión de la JNJ responde al malestar social y a la controversia generada por las demoras y dificultades operativas que marcaron la jornada electoral en diversos locales del país
La Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones en el juicio por YPF y avanza la aplicación del fallo favorable a la Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York definió una medida clave para el desarrollo de la causa hasta tanto la sentencia quede firme
Quiénes son las mujeres que hoy declaran ante la justicia por prestarle dinero a Adorni
Declaran hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, dos mujeres que le prestaron en total 100.000 dólares a Manuel Adorni y su esposa en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Indio Cua.El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. Según la documentación de la operación, Molina de Cancio habría aportó 85.000 dólares y Cancio, 15.000.Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien se las presentó al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.
La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar
La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó la petición del exmarido de reducir la pensión a seis meses, y eliminó el plazo de nueve años establecido previamente
Álvaro Uribe deberá comparecer ante la justicia argentina: programan audiencia por demanda internacional por 'falsos positivos'
El exmandatario colombiano fue citado por la Cámara Criminal y Correccional Federal de ese país para responder a la demanda interpuesta desde el 2023 por un colectivo colombiano de víctimas y de organizaciones de derechos humanos
SEPI colabora "al máximo" con la justicia y pedirá responsabilidades si ve irregularidades
El PP no comenta el testimonio del investigador de la Kitchen, se remite a la Justicia y recuerda que han pasado 10 años
Vox celebra que Begoña Gómez tenga que responder ante la Justicia: Es "la punta del iceberg" de la "mafia" del PSOE
Justicia lanza una nueva convocatoria de las Becas Seré para opositar a juez o fiscal
La justicia da al Museo de Arte de Cataluña 56 semanas para devolver los murales de Sijena
La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social
Volvía de Río, una huelga lo dejó varado y la Justicia condenó a la agencia de viajes por falta de diligencia
La Cámara Comercial responsabilizó a la plataforma de viajes por omitir información y no arbitrar alternativas ante la cancelación del vuelo. Impuso el reintegro de gastos, el pago del daño moral y una sanción ejemplar
Se hizo una vasectomía, fue padre otra vez y demandó por mala praxis: por qué la Justicia rechazó su reclamo
Un tribunal determinó que no hubo negligencia médica ni incumplimiento de protocolos. El fallo subraya que el paciente no logró probar la impericia y ahora deberá afrontar los gastos procesales de una demanda que inició en 2015
Era jefe de cajas de un banco, manipulaba dólares sin autorización y lo despidieron: la Justicia rechazó su pedido de indemnización
Durante nueve meses, el empleado realizó ingresos y retiros de divisas que no figuraban en el sistema oficial. Llegó a mover unos 74.000 dólares. Tras ser descubierto, inició una demanda alegando una cesantía injustificada. Auditorías, videos de seguridad y testimonios revelaron una operatoria de cambios de billetes sin respaldo en una sucursal porteña
Demandar para callar: cuando el poder usa la Justicia contra la prensa
Cuando un periodista es llevado a tribunales por expresarse sobre asuntos de interés público, el problema no es solamente de índole individual. Tampoco es una disputa privada entre dos partes que buscan reparar un daño, como se suele presentar. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, incluso peligroso: si quienes ejercen el poder pueden convertir a la Justicia en una herramienta para disciplinar la crítica, lo que se pone en riesgo, en el fondo, es el derecho a la información que mide la transparencia de nuestra sociedad.Ese es el riesgo que plantean las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (o SLAPPs, por sus siglas en inglés): que operan como mecanismos de presión y hostigamiento. Mientras que a la luz se presentan como disputas judiciales, en las sombras persiguen un objetivo que no es el de reparar a un individuo de un agravio sino desgastar, intimidar y desalentar el debate público. De esta forma, el proceso judicial deja de ser un instrumento de justicia y pasa a funcionar como una advertencia disciplinadora. Incluso una pseudo sanción anticipada en algunos casos, con la carga psíquica y física de una sentencia. No hace falta que haya condena para que el mecanismo cumpla su función. El mero proceso basta para producir el efecto buscado: consume tiempo, recursos y energía. Doblega a quien se atreve a preguntar, indagar y echar luz sobre los aspectos más controversiales de un gobierno. Obliga al demandado a concentrarse en su defensa en lugar de continuar con su trabajo, poniendo a prueba su resiliencia en una batalla asimétrica.Así envía un mensaje claro a quienes observan desde afuera: hablar puede tener consecuencias. En otras palabras, bajo la apariencia de un litigio privado se esconde un mensaje que golpea al conjunto de la sociedad. Aunque no siempre resulte tan evidente.De ahí que las SLAPPs no pueden analizarse como litigios ordinarios porque su misma naturaleza las define como un proceso marcado por la desigualdad de poder entre las partes, el abuso del sistema judicial, las demandas desproporcionadas, la multiplicación de acciones y todo ello acompañado generalmente por campañas de descrédito.En la Argentina, esta discusión se volvió especialmente relevante desde el inicio del gobierno de Javier Milei porque de su mano se consolidó un clima de confrontación marcado por discursos agresivos contra el periodismo y la utilización de acciones judiciales como mecanismos de disciplinamiento. Ningún presidente argentino recurrió a la vía penal para acallar la expresión de críticas, información u opiniones referidas a su persona con la recurrencia y liviandad con la que lo está haciendo Milei. Y esto es peligroso. Desde Amnistía Internacional registramos al menos ocho posibles SLAPP iniciadas por el presidente contra los siguientes periodistas: Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.En el pasado, Argentina fue condenada en dos oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de la justicia (penal y civil) contra periodistas. Sin dejar de reconocer el deber del periodismo de informar y verificar razonablemente las fuentes, en Kimel (2008) ordenó adecuar la normativa interna, lo que derivó en 2009 en la reforma del Código Penal eliminando las penas de prisión para injurias y calumnias cuando se refieran a asuntos de interés público; y en Fontevecchia y D'Amico (2011) determinó la responsabilidad del Estado por la violación a la libertad de expresión, sentando estándares clave sobre la protección del debate público y los límites a las sanciones civiles desproporcionadas.Pese a contradecir estos precedentes, lo que distingue la dinámica del presente es la reiteración de denuncias en un contexto de hostilidad política hacia el periodismo crítico, donde la judicialización aparece acompañada por discursos de estigmatización pública. Cuando esas dos dimensiones se combinan â??descalificación pública y persecución judicialâ??, el efecto amedrentador se vuelve mucho más poderoso y multiplica su capacidad destructiva.El silenciamiento como políticaLas SLAPP no son un fenómeno argentino ni reciente. El término comenzó a utilizarse a fines de los años ochenta para describir demandas destinadas a frenar la participación ciudadana en debates públicos. En las últimas décadas, su expansión se convirtió en una preocupación global. Organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre el uso del sistema judicial como mecanismo para intimidar a periodistas, activistas y voces críticas.Los efectos de estas prácticas están bien documentadas. Incluso cuando las demandas fracasan, generan lo que el derecho internacional se denomina "efecto inhibidor": el temor a enfrentar procesos judiciales largos y costosos lleva a periodistas y medios a moderar sus investigaciones o evitar determinados temas. La autocensura no aparece como una orden directa. Surge como consecuencia del miedo.En la Argentina actual, Milei ha utilizado de forma reiterada sus redes sociales y entrevistas para descalificar a periodistas críticos con expresiones como "mentirosos", "ensobrados" o "mandriles", entre otros insultos. "No odiamos lo suficiente a los periodistas" se vuelve un mantra que algunos apóstoles del poder hoy repiten como estrategia de cuestionamiento pero que otros abrazan como un credo. Por estas razones ese tipo de discursos dista de ser inocuo. Cuando el poder político identifica públicamente enemigos, crea un terreno fértil para la intimidación. Incluso para la descarga física y la violencia psicológica.Los datos disponibles reflejan ese retroceso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró un "deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina", vinculado a la baja tolerancia del Poder Ejecutivo frente a las críticas. Fopea, por su parte, reportó 278 casos de violencia contra periodistas en 2025, de los cuales 119 tuvieron al presidente como principal agresor. En 2024 habían sido 179, con una mayoría de agresiones provenientes del Estado o de actores vinculados al poder.En ese contexto se inscriben los ocho casos mencionados. Algunos ya tuvieron movimientos en la Justicia: el juez Daniel Rafecas desestimó las denuncias contra Carlos Pagni y Ari Lijalad, aunque en este último caso Milei apeló y la causa sigue abierta, trabada en una instancia de conciliación que fracasó porque el propio abogado del presidente tenía la instrucción de no acordar sin una retractación. También Julia Mengolini fue denunciada por injurias a partir de sus expresiones sobre el vínculo entre Javier y Karina Milei y los perros del mandatario. Y, como en el caso de Lijalad, los tribunales no pusieron un freno temprano al proceso, sino que lo dejaron avanzar. La pregunta es inevitable: ¿cómo es el día a día de un periodista que, mientras intenta informar y aportar al debate público, debe defenderse en causas penales y civiles impulsadas nada menos que por el presidente de la Nación?El patrón es evidente más allá de las particularidades de cada causa. Se trata de periodistas que cuestionaron al poder y en consecuencia enfrentan procesos criminales iniciados por el blanco de sus críticas. Argentina no es ajena a un escenario global de retroceso para la libertad de prensa: judicialización abusiva, criminalización del disenso, encarcelamiento de periodistas y expansión de la autocensura. Informes recientes señalan tendencias preocupantes en países como China, Turquía, Paraguay o Estados Unidos.Las SLAPP prosperan con mayor facilidad en contextos donde las instituciones democráticas se mantienen formalmente en pie, pero el espacio de deliberación pública se reduce. En esos contextos, donde las reglas republicanas existen, pero se debilitan en la práctica, el rol del Poder Judicial se vuelve clave como último resguardo de los derechos constitucionales.La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al respecto: cuando funcionarios públicos utilizan demandas penales para silenciar críticas sobre su actuación, se viola la libertad de expresión. Por eso los jueces tienen la obligación de desactivar rápidamente estos procesos y evitar su efecto intimidatorio. La lógica es clara: quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un nivel más alto de escrutinio y crítica. El honor de los funcionarios puede protegerse, pero no mediante el derecho penal cuando lo que está en discusión es el debate democrático.Si estas prácticas se consolidan, el problema ya no será sólo la denuncia. Será la validación institucional de un mecanismo que debilita el debate en las sociedades modernas. Porque en definitiva las SLAPP no buscan necesariamente ganar una puja en los tribunales sino subyugar a quien se anima a alzar la voz frente al poder. Por eso su impacto trasciende al periodista demandado.Defender la libertad de expresión frente a las SLAPP no es proteger un privilegio corporativo. Es garantizar el derecho de la sociedad a recibir información, debatir ideas y demandar la rendición de cuentas a quienes gobiernan. Porque cuando el poder acciona para callar al otro, lo que se pone en riesgo no es sólo la libertad de quien habla. Lo que se afecta es la libertad de todos los argentinos, a quienes se les priva del derecho a conocer el pensamiento ajeno para formar el propio.Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
Orgullo garífuna: 229 años de historia celebrados con música, sabores y demandas de justicia en Honduras
Un teniente coronel sin memoria, verdad y justicia
En medio de los recuerdos que siempre se amontonan en cada abril, apareció el ministro de Defensa argentino, que afirmó que el hundimiento del ARA General Belgrano fue un "acto" y no un "crimen" de guerra. Justificó a Margaret Thatcher al jurar que la vieja nave sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial estaba en combate. Habrá entonces que contar todo lo que sucedió aquel 2 de mayo de 1982, con la rigurosidad histórica que no tuvo el uniformado, cuando indultó a la primera ministra británica de más de 300 asesinatos.
Caso Ángel: la Justicia de Chubut intenta salvar su actuación en el tema y reclama "evitar juicios paralelos"
Se dio a conocer un acta de una escucha al menor con el juez y la asesora donde se indicó que el niño habría manifestado que no quería estar con su padre. En paralelo, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut pidió prudencia y respeto al hablar del caso. Leer más
Mamá de presunto abusador de menor en conjunto de Bogotá habló: "Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente"
Un adolescente resultó gravemente herido y una persona fue atropellada durante el operativo para retirarlo de un conjunto residencial, en medio de disturbios provocados por la respuesta colectiva de los vecinos
Un hombre acumula 827 días de vacaciones porque la empresa no le deja tomárselos: la justicia obliga ahora a pagarle 460.000 euros
El caso ha ocurrido en Reino Unido, donde durante años fue el único empleado a tiempo completo de esta compañía con sede en Libia
El padre del ministro de Justicia va a pedir que lo dejen 5 años más como camarista
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Le operaron la pierna equivocada: la Justicia ordenó un fuerte resarcimiento por las secuelas físicas y el daño psicológico y moral
Lo que debía ser una intervención programada terminó en una segunda cirugía para corregir el error inicial. Tras una intensa batalla legal, la Cámara Civil ratificó la responsabilidad solidaria del médico, la clínica y la obra social, y resolvió elevar el monto de la condena
Círculo rojo: las dos velocidades de la economía de Milei, números en rojo y disputas en la Ciudad y la Justicia
Inversiones millonarias en minería y números preocupantes en la industria. El impacto en el Conurbano bonaerense. Volvieron las movilizaciones. Preocupación por el PAMI y discapacidad. El factor Adorni: ¿hay un reemplazo en el gabinete? El calendario electoral y el futuro de las PASO. Angelici, "el hombre del momento" en la capital. Qué quiere Jorge Macri. Diálogos de Larreta con el peronismo. La Corte, caliente. Negociaciones por el Consejo de la Magistratura
Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo
MENDOZA.- Tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino. Se trata de una figura decisiva en la provincia y soldado del gobernador radical Alfredo Cornejo, especialmente en el vínculo con el Poder Judicial.Entre los delitos que empiezan a investigarse, expuestos ante la Justicia por su excónyuge, reconocida licenciada en comercialización, docente y periodista, se denuncian abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario rechazó todos los cargos, aunque dijo que dio un paso al costado para no entorpecer la investigación.En la última década, D'Agostino fue una figura clave y espada del gobernador en el ámbito judicial. Se lo consideraba el "brazo ejecutor" de Cornejo en los tribunales, con una función determinante: gestionar las reformas judiciales y constituir el nexo con jueces y fiscales, además de ocupar un rol clave en el Consejo de la Magistratura.D'Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo en 2015 y mantuvo la función en el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Fuentes cercanas al gobierno mendocino lo ubican como u referente del núcleo duro y operador de Cornejo. Se interpreta s salida del gobierno como u fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, por la confianza con el gobernador y rol estratégico que cumplía desde hace años. Aunque rechazó las denuncias en la "renuncia indeclinable" presentada al gobernador, D'Agostino se vio obligado a dimitir para "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia" en la investigación, que conduce la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género. Entre las acusaciones se incluyen audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Los hechos habrían sucedido entre 2021 y 2024, con una "prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025", declaró la denunciante.El funcionario ya se había separado de su esposa Anabel Molina, quien fue reina nacional de la Vendimia en 2003 y a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.De acuerdo con la presentación judicial, se requirió la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D'Agostino. Asimismo, se solicitó protección para la abogada de la víctima."Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los órganos del Estado", señaló D'Agostino en la renuncia. En el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA NACION la presentación de la denuncia e indicaron que "se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados".
La Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo de un senador nacional por una deuda impositiva millonaria
Se trata de Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza. Dispuso que el Senado embargue la dieta del legislador hasta cubrir una deuda fiscal de 45 millones de pesos. Abdala dijo a Clarín que la medida es producto "de una persecución política del gobernador Claudio Poggi" en su contra con vistas a las elecciones del año próximo.
La Justicia determinó que los escribanos tienen la misma responsabilidad que un funcionario según el derecho penal
Un dictamen de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal estableció que actividades como la certificación de documentos, ejercidas por notarios, implican asumir una responsabilidad estatal y están sujetas a las restricciones legales aplicables a servidores públicos
La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas
La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales
Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas
En un nuevo paso en la causa por la presunta desaparición de hacienda en un campo del sur de Santa Fe, la Justicia le permitió a Bruno Riboldi, el productor e influencer conocido como "la joya agro", avanzar con la venta de los animales recuperados al mismo comprador al que se iban a vender originalmente, pero esta vez sin la participación de Nicolás Coscia, imputado en el caso.La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecerSegún el documento, la decisión se tomó luego de que "se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado" y de que "han cesado las razones que motivaron dicha cautela".En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: "Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades".El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás. La transacción â??por 161 animales y un monto superior a $267 millonesâ?? quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que "no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados".Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.El origen del conflictoEl caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.Es mortal: investigan un posible caso de una enfermedad exótica en ovinosSegún la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje â??es decir, debía cuidarlosâ??, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor. Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización."Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó "víctima de una maniobra" bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.
Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza tras una denuncia por abuso sexual
Marcelo D'Agostino dimitió ayer por la tarde luego de que su ex pareja presentara ante el Ministerio Público Fiscal un documento de 40 carillas donde describió hechos de violencia de género. El ex funcionario rechazó la veracidad de las acusaciones
Caso Loan: la Justicia fijó fecha y el juicio ya no se detiene
El Tribunal Oral Federal de Corrientes puso día y hora: el debate comenzará el 16 de junio de 2026. Leer más
Escándalo del "Propofest": la Justicia procesó a los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse
Ambos quedaron acusados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fármacos en el Hospital Italiano. Leer más
San Estanislao de Cracovia: el obispo mártir que desafió la tiranía por la justicia
Conmemorado el 11 de abril, San Estanislao es el patrono de Polonia, un pastor valiente que entregó su vida en el altar defendiendo la moral cristiana frente al poder real Leer más
Caso Ángel: la autopsia reveló lesiones y la Justicia dispuso una custodia a la mamá
El informe preliminar confirmó traumatismos en la cabeza previos al fallecimiento del niño de 4 años. Si bien no descartan otras hipótesis, la Fiscalía trabaja sobre la pista de un posible homicidio. La madre del menor y su pareja quedaron bajo sospecha y con medidas restrictivas, mientras se analizan sus teléfonos y el contexto familiar. En paralelo, la mujer negó haber agredido a su hijo y denunció amenazas, lo que derivó en una custodia preventiva. Leer más
Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes
Sufrió más de 100 horas sin luz en tres años y la Justicia condenó a la empresa de energía
El tribunal determinó que la empresa es responsable por no prevenir ni remediar las interrupciones crónicas del suministro. La sentencia no solo cubre el tiempo sin servicio, sino también la afectación a la salud y la incapacidad de uso del inmueble. Los argumentos del juez para desestimar la defensa de la compañía
El primer año de la Ley de Eficiencia según Justicia: más juicios y menos casos pendientes, aunque incidencias puntuales
Ángel y su terrible final: masiva marcha pidió justicia, mezclando dolor y furia, en Comodoro Rivadavia
El país asiste, otra vez conmocionado, a los detalles del calvario sufrido por Ángel López, de apenas 4 años, que su madre y la pareja llevaron a un nosocomio "con traumatismos" que le costaron la vida. En la marcha de este viernes reclamaron justicia para el chiquito, que había sido devuelto a la madre (lo había abandonado de bebé) por el juez de familia Juan Pablo Pérez. Leer más
Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza acusado por abuso sexual, lesiones y amenazas
Era un funcionario muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo.Rechazó las acusaciones que formuló una ex novia.
La justicia suspendió 40 artículos de la reforma laboral tras un planteo de la Asociación del Personal Aeronáutico
La medida fue firmada en el mismo juzgado que le otorgó la cautelar a la CGT. Afecta artículos vinculados a negociación colectiva, derechos sindicales y modalidades de contratación y despido
La Justicia Federal le quitó la reforma laboral al fuero del Trabajo y le dio aire al Gobierno
La jueza Macarena Marra Giménez resolvió que el reclamo de la central obrera debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal. La medida hizo lugar a un pedido del Ministerio de Capital Humano y puso en jaque la suspensión de los 82 artículos que había dictado la justicia laboral a fines de marzo. Leer más
La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas
La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: la principal hipótesis que sigue la Justicia
Los fiscales buscan establecer si los traumatismos detectados en el cráneo del nene de 4 años fueron causados de manera intencional o accidental. La causa fue caratulada como "muerte dudosa potencialmente ilícita" y, por ahora, no hay imputados.
Compró un café con leche, se le desfondó el vaso y la Justicia ordenó indemnizarla
El caso es singular, pero sentó jurisprudencia: una mujer demandó a YPF porque compró un café con leche en una estación de servicio en una ruta en la salida de la ruta 3, a la altura de Villalonga, al sur de la provincia de Buenos Aires y cuando se subió a su vehículo con la bebida caliente, el vaso se desfondó y se quemó. Los hechos ocurrieron en 2024 y luego de dos años de litigio, la Justicia ordenó que, aunque la caída del líquido caliente no le generó daños físicos permanentes, se la indemnice en una cifra que supera el millón de pesos, que deberán pagar de forma solidaria la empresa de combustibles y la firma que tiene la franquicia de la cafetería de la estación de servicio.El argumento legal esgrimido fue "prestación defectuosa del servicio" e "incumplimiento del deber de seguridad en la entrega de bebidas calientes para llevar" . El juez Pablo Sebastián Díaz Barcia, al frente del Juzgado de Paz de Primera Denominación N°1 de Viedma, Río Negro (donde se tramitó la demanda) determinó que había existido daño patrimonial, extrapatrimonial y punitivo. Aunque ante la demanda de la mujer, los abogados de la estación de servicio y de la empresa de combustibles plantearon que la mujer habría actuado de forma imprudente al subirse al vehículo en el que viajaba con el café caliente en la mano, el juez determinó que el incidente se había producido no porque el café se hubiera volcado producto de una mala maniobra, sino porque el vaso en el que había sido servido se desfondó. Aunque no pudo probar fehacientemente que ello hubiera ocurrido, tuvo en cuenta que la mujer aportó el ticket de compra, testimonios de personas presentes, fotos compatibles con la quemadura y la foto del libro de quejas en el que dejó asentado lo ocurrido. En cambio, cuando se solicitó a la estación de servicio el aporte de los videos de las cámaras y los libros de registros, estos no fueron aportados.En su reclamo original, hecho un mes después del incidente, la mujer exigía que se le pagara primero el monto que había pagado, según el ticket que presentó, pero con un valor actualizado, por el producto "café con leche para llevar", unos 3200 pesos: Además, unos $ 750.000 en concepto de daño moral y un millón de pesos en concepto de daño punitivo. Finalmente el juez fijó la suma en un total de un millón ocho mil pesos.Todo ocurrió el 19 de agosto de 2024, en la estación de servicio que se encuentra sobre la Ruta Nacional 3, kilómetro 850, en Villalonga, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La mujer que presentó la demanda declaró que llegó a esta estación de servicio con su marido, taxista y con un pasajero al que trasladaban en un viaje de larga distancia, según se lee en el fallo completo, al que tuvo acceso LA NACION. "Al arribar a una estación de servicio de la firma YPF, todos los ocupantes del vehículo descendieron, ocasión en la cual decidió adquirir un café con leche para llevar, el cual le fue entregado en un vaso descartable. Una vez de regreso al vehículo y luego de finalizada la carga de combustible, al intentar tomar el primer sorbo de la bebida, el vaso se desfondó, derramándose sobre su cuerpo gran parte del contenido caliente", se lee en el fallo. Acto seguido, el marido de la mujer "se dirigió al interior del local con el objetivo de "solicitar servilletas para asistirla y secarla". Al regresar hacia el vehículo con las servilletas, fue acompañado por la encargada del establecimiento, según declaró, quien le pidió disculpas por lo sucedido y accedió a facilitar el libro de quejas y reclamos a fin de dejar constancia del hecho. Según su relato, la gerente del local habría manifestado "que no era la primera vez que ocurría una situación similar", se lee en el fallo, citando la declaración de la mujer que presenta la demanda y su marido."Si bien la gerenta del establecimiento ofreció disculpas y manifestó comprensión frente a lo sucedido, tales manifestaciones resultan insuficientes para reparar el menoscabo ocasionado. En consecuencia, concluye que no existió un trato digno por parte de la demandada", fue el planteo de los abogados de la mujer, según se advierte en los antecedentes citados en el fallo.Ante la demanda, la empresa de combustible respondió que no explota ni opera la estación de servicio. Además, apuntó que tras el incidente la mujer no había sufrido secuelas físicas y que tampoco se habría demostrado que el vaso se hubiera desfondado. En cambio, apuntó a "un accionar negligente" por parte de la mujer, al haberse subido al vehículo con una bebida caliente en la mano. Y que el daño moral y punitivo que planteaba era consecuencia de su propia actuación. Tal como se lee en el fallo.A su turno, el hombre que opera la estación de servicio y la cafetería, informó que los hechos habían sido otros: En los antecedentes del caso se cita su declaración que la que dice que la mujer "habría informado al personal de la estación que el vaso de café se le habría derramado sobre sus piernas mientras se encontraba en el habitáculo de su vehículo particular". También apuntó que "en ningún momento la empresa pudo constatar o corroborar que el vaso térmico en el que se sirvió la bebida presentara defecto alguno -concretamente, que se hubiera desfondado-, resultándole materialmente imposible asumir responsabilidad". Sostuvo que los dependientes del establecimiento "obraron con la debida diligencia, asistiendo a la actora en el lugar y ofreciéndole atención médica inmediata".También declaró que el vaso término descartable involucrado había sido suministrado por la, empresa que abastece a la totalidad de la red y que reviste el carácter de proveedor homologado de esa empresa, sin que el franquiciado haya intervenido en su selección, adquisición, diseño ni fabricación. De todas formas, aseguró, "que de manera inmediata se retiró preventivamente del stock la partida de vasos correspondiente a la misma serie utilizada en la oportunidad por la mujer y se informó internamente a la empresa de combustible". Insistió en la falta de acreditación fehaciente del hecho, "en tanto no se ha demostrado que el vaso térmico se hubiese desfondado en las circunstancias alegadas". Por eso, sus abogados apuntan que no se encuentra probado el nexo de causalidad.El juez interviniente, finalmente resolvió en febrero último y la resolución quedó firme y fue consentida por las partes. Estableció que existía una responsabilidad solidaria entre la empresa de combustibles y quienes explotaban la franquicia. Para resolver el planteo de fondo, y a efectos de determinar si existió o no responsabilidad de parte de las demandadas, el juez afirma que tuvo en cuenta que la mujer presentó distintas pruebas: el ticket original de compra (19/08/2024); fotografías de lesiones compatibles con quemaduras; fotografías del libro de reclamos con el texto transcripto. También prueba documental y testimonial. En cambio, cuando la Justicia le solicitó los videos de las cámaras y libros de registro, con el objetivo de constatar cómo ocurrió el hecho y determinar si fuera posible, que el vaso se hubiera desfondado, o qué dijeron exactamente la mujer y su marido después del incidente, estas no fueron aportadas yse informó que no estaban disponibles."La obligación de probar recae en quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo", señala el juez. Y agrega que los testimonios de los testigos constataron que existían cámaras. Pero no se aportó esa prueba. "La falta de aportación de videograbaciones -material típicamente disponible para el proveedor-y de testimonial que no logra desacreditar el siniestro alegado", dice."He de destacar que la entrega de una bebida caliente para llevar impone un estándar de seguridad reforzado, en el que el envase debe ser apto para contener líquidos calientes en condiciones normales y previsibles de uso. En esa lógica, el desfonde del vaso en ese contexto y que he tenido por acreditado, configura una prestación defectuosa", dijo el juez. Consideró como probado el daño: "el dolor físico inmediato, la molestia y ardor propios de la quemadura, las incomodidades en la vida diaria, así como la preocupación razonable por la evolución de la lesión y la necesidad de controles o atención médica, integran un cuadro típico de padecimiento espiritual", dice el fallo. "La conducta posterior del proveedor orientada a contener el daño y facilitar atención reduce -en términos fácticos- la angustia, la sensación de desamparo y la prolongación del padecimiento", también consideró.Por eso, decidió bajar los montos que se estaban solicitando en la demanda. Ordenó pagar solidariamente $ 1.008.077,85, integrado por los siguientes montos y conceptos: $ 8.077,85, en concepto de daño patrimonial reclamado, más la suma de $400.000, en concepto de daño extrapatrimonial, más la suma de $ 600.000.
Maitena: la Justicia investiga el camino desde su escuela en Merlo hasta General Las Heras
La investigación detrás de la trágica muerte de Maitena continúa en la Justicia. La adolescente de 14 años había desaparecido el miércoles por la mañana, cuando decidió no ingresar a su escuela en Merlo. Desde ese momento, las cámaras de seguridad y relatos de testigos ayudaron a reconstruir el recorrido que llevó a la joven a General Las Heras, donde fue hallada muerta en un descampado. La noticia conmocionó a la comunidad del partido bonaerense, donde la joven era conocida por ser una persona muy amable, sociable y activa. La mayoría de sus allegados manifestaron en testimonios públicos que no esperaban el trágico resultado. Sin embargo, la Justicia todavía analiza los detalles que llevaron a la joven a la decisión y busca en la cronología de sus pasos alguna evidencia. Todo comenzó el pasado miércoles, cuando Gabriela, madre de Maitena, fue a buscarla al colegio y se enteró que su hija nunca había ingresado.Al regresar al hogar, había encontrado nueve cartas escritas por la joven, dedicadas a su familia y amigos. Junto a ellas, había dejado su celular con la clave anotada a un costado, y su computadora. Al desbloquear el último dispositivo, encontraron mails para sus allegados, programados para que lleguen en distintos momentos de sus vidas. Además, había dejado un video, donde estaba deprimida. En las cartas advertía que quería dirigirse a "un lugar tranquilo" para poner fin a su vida. Tras ello, llamaron a la Policía y efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron la búsqueda de la joven junto con el fiscal Nicolás Filippini de la UFI N°8 de Morón, que dispuso el protocolo de averiguación de paradero. El recorrido de MaitenaLa adolescente vivía junto a su madre, de 47 años, y su hermana mayor, de 17. Caminaba todos los días a la Escuela Secundaria Media N°16, donde cursaba el tercer año, junto a su hermana, que también asistía a la institución. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones a las 7.10 del miércoles, Maitena se excusó: dijo que iba a saludar a unas compañeras y dejó que su hermana ingresara a la escuela sin que pudiera notar su ausencia. Fue entonces que partió desde el colegio en Jujuy y Juan Manuel de Rosas y comenzó su recorrido hasta General Las Heras. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que la joven de tez blanca y ojos celestes tenía un pantalón de jean azul claro degastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. Portaba una mochila cuadrada color beige.El relevamiento de cámaras, con colaboración del Centro de Monitoreo Merlo, la mostraron caminando normalmente en las calles Bicentenario y Maipú. En paralelo, una de las profesoras de Sagrado Corazón de Jesús, el grupo de scout al que pertenecía Maitena en la unidad de Merlo, afirmó a la Policía haberla visto en esa dirección a las 8.15. Tenía en sus manos dinero efectivo, aproximadamente $40.000, y una SUBE registrada, que permitió a los investigadores seguir su rastro por el territorio bonaerense. La joven continuó su recorrido hasta la estación del Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde fue vista a las 9.03. A las 9.15 tomó el tren del ramal Merlo-Lobos.Una vecina aseguró que su hija menor vio a Maitena cerca de las 12 en la estación de Marcos Paz. Luego, Maitena descendió del tren en General Las Heras. Allí fue encontrada en un descampado el pasado jueves por la tarde.Conmoción en MerloEn Merlo, familia y amigos de la joven había convocado a una marcha y habían pegado carteles a lo largo de la localidad. Durante la tarde, pidieron repetidas veces por la aparición de la adolescente, y cantaron "busquen a Maitena".Una vez que se conoció la noticia de su fallecimiento, varios de ellos se quedaron en la zona. Varios adolescentes, compañeros del grupo scout al que pertenecía Maitena, se sentaron en el piso, se tomaron de las manos y se balancearon mientras lloraban juntos. Los jóvenes se juntaron alrededor de una bandera en la que se leía: "Buscamos a Maitena!!".El video que subió el grupo scout al que pertenecía Maitena"Ella era muy sociable. Siempre se animaba a aparecer en los videos que subíamos en las redes sociales. Era un amor de persona. Siempre estaba contenta, con ganas de venir todos los sábados", señaló Matías, un compañero del grupo de Maitena, en diálogo con LN+. Detalló que la vio por última vez el sábado pasado, en una de las reuniones de los scout. "La vimos en actividad. Estaba muy bien. Es por eso que me impactó bastante la noticia", expresó.María, su maestra particular de dibujo, contó que la adolescente siempre "estaba muy contenta y con muchos proyectos". "[En Semana Santa] vendió huevos de Pascua para poder pagar sus torneos de patín. Hacía muchas actividades. Era una chica muy divertida, comprometida y artística. Tenía proyección a futuro", expresó en conversación con A24.
Patricia Bullrich admitió el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- "Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia", afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el efecto del caso en la administración libertaria.Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al "Ciclo de Coyuntura", de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni."Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", añadió. Bullrich planteó que la Justicia "está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no". "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", resaltó. BIENVENIDA @PatoBullrich A CÓRDOBA.Un gusto recibirte en la provincia más liberal del país. Tu visión y experiencia en temas de seguridad nos inspiran en Córdoba. Aquí también necesitamos dejar atrás el garantismo K y aplicar la doctrina de "el que las hace las paga". pic.twitter.com/TmKpCBAILg— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) April 10, 2026De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ante la insistencia sobre el tema, reconoció: "Sin dudas, hubo un impacto. Es duro para él y para todos. No queremos romper el principio de inocencia".En ese punto trajo a colación que hace unos días en el Senado "lloramos todos" en una jornada sobre falsas denuncias. En ese marco pidió "desjudicializar la política". "La política no puede cumplir el rol de la Justicia, los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia y esto va también para nosotros. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente ha tomado la decisión de mantener a Adorni en su cargo. Por supuesto, él está muy tocado, también su familia", profundizó.En ese marco, remarcó que Adorni no tiene experiencia en política. "Él no viene de la política; los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Él está en esta situación de ser la primera vez", señaló.El contexto económicoDurante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó "desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral".Y afirmó que ahora "la pelota está en la cancha" de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.PRIMERO LOS DATOSEl periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigosâ?¦ o directamente de sus jefes.Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina estáâ?¦— Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: "Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema". En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: "Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados".Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está "muy blindado frente a los choques externos". "Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años", puntualizó.
Corte Suprema de Justicia investigará al senador Alirio Barrera por presunto acoso sexual a una funcionaria: la besó a la fuerza
Los hechos por los que denunciaron al congresista del Centro Democrático ocurrieron cuando era gobernador del Casanare
Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán con dos disparos: UNAM exige justicia
Se cree que Joel Ulises Cristóbal Castillo murió luego de recibir disparos durante un presunto asalto en la calle Narciso Mendoza, en el pueblo de San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, el jueves alrededor de las 14 hrs.
Plan de justicia en San Quintín: inauguran centro para trabajadores del campo
Autoridades federales y estatales abrieron el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en Baja California
Convocan a audiencias públicas para cubrir cargos clave en la Justicia Federal de Córdoba
Se publican hoy en el Boletín Oficial las fechas en que se realizarán las presentaciones para avanzar con las designaciones de dos vocales de la Cámara de Apelaciones y para el TOF2. Leer más
Justicia de Honduras aprueba la extradición de figura clave de la MS-13, alias Snoopy, a Guatemala
El ciudadano detenido en Honduras es señalado por múltiples cargos, entre ellos asesinato y delitos contra el ambiente, además de figurar como miembro relevante de la MS-13 según reportes institucionales y de agencias internacionales
La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni; Artemis II llega hoy a la noche a la Tierra
La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tomó la decisión por pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Es para avanzar en el análisis sobre su situación financiera, acceder a movimientos de las cuentas, tarjetas de crédito, inversiones y operaciones, reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.La CGT marcha a Plaza de Mayo. La Confederación General del Trabajo definió que va a movilizarse el 30 de abril desde las 15 horas en la previa del Día del Trabajador. Habrá críticas al plan económico del Gobierno y sumarán sectores de la iglesia. Desde la central advierten que "cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes" y remarcan la retracción del sistema productivo por el cierre de más de 21 mil empresas en dos años.Peligra la tregua entre Estados Unidos e Irán. Trump acusó a Teherán de estar haciendo un "pobre trabajo en el estrecho de Ormuz, deshonroso dirían algunos, sobre permitir que el petróleo pase. Ese no es el acuerdo que tenemos", afirmó el mandatario, quien agregó que el petróleo comenzará a fluir por ese paso estratégico "con o sin la ayuda de Irán".Artemis inicia su regreso a la Tierra. Después de completar un recorrido histórico, los cuatro astronautas de la misión de la NASA comienzan el tramo final del viaje. Se espera que el amerizaje frente a la costa de California sea esta tarde; en la Argentina el proceso de reingreso comenzará a las 20:53.Comienza la decimocuarta fecha del Apertura. Se va a extender hasta el lunes y contiene dos clásicos: Boca-Independiente y Racing-River. El primer partido será hoy en Córdoba: Belgrano recibe a Aldosivi desde las 21.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Morant insiste en que Ábalos y Koldo no representan al PSOE: "Que toda la justicia caiga sobre ellos"
Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor
El tribunal fundamentó su decisión en la "buena vinculación afectiva con ambos progenitores", valorando la opinión del hijo mayor e introduciendo flexibilidad para que los menores mantengan sus rutinas
Le robaron la moto, la aseguradora nunca le contestó y ahora la Justicia ordenó a la empresa pagar una importante indemnización
El dueño de una Yamaha denunció haber vivido un "verdadero infierno" tras la sustracción del rodado ante la falta de respuesta de su compañía. Un tribunal castigó el silencio de la empresa y le ordenó abonar el valor actualizado del rodado más una compensación por daño moral, daño punitivo y privación de uso
La Justicia ordenó al Pentágono el libre acceso de los periodistas acreditados a la oficina de prensa
WASHINGTON.- Un juez federal en Washington dictaminó el jueves que el Departamento de Defensa había violado la orden judicial de marzo pasado prohibiendo el acceso a las históricas oficinas de prensa del Pentágono para los periodistas de The New York Times, y ordenó el restablecimiento de ese derecho y de la circulación sin escolta dentro del edificio. El juez federal Paul L. Friedman había señalado en un fallo en marzo que la política del Departamento de Defensa de impedir el acceso al edificio al corresponsal de The New York Times violaba los derechos de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. Pero el gobierno, en lugar de obedecer la orden, decidió trasladar a todos los periodistas de su espacio de trabajo dentro del edificio pentagonal que utilizaban desde hace décadas, a un "anexo" externo en una biblioteca y centro de conferencias.La nueva política de prensa condicionaba además el acceso al "anexo" a la promesa de los periodistas de no solicitar información no autorizada, una decisión que fue ampliamente criticada por los principales medios de comunicación y los defensores de la libertad de prensa.Este jueves el juez Friedman consideró que la política "interina" revisada del Departamento de Defensa eludió inconstitucionalmente su fallo anterior, y reprendió a la administración Trump, comparando su represión de la libertad de expresión con la de una autocracia."La restricción de los derechos de la Primera Enmienda es peligrosa en cualquier momento, y aún más en tiempos de guerra. La supresión de la libertad de expresión política es propia de una autocracia, no de una democracia, como reconocieron los Padres Fundadores al redactar la Primera Enmienda", afirmó el fallo de este jueves.La nueva decisión judicial fue recibida con entusiasmo por los abogados de The New York Times. "Este fallo reafirma nuestros derechos constitucionales y envía un mensaje claro al Pentágono", escribió el vocero del diario, Charlie Stadtlander, en un comunicado tras conocerse la nueva medida. "El cumplimiento de una orden judicial legítima no es opcional; es obligatorio en una democracia comprometida con el estado de derecho. Nos complace que el juez Friedman haya visto la política revisada del Pentágono tras su última decisión como lo que realmente era: un intento apenas disimulado de seguir violando los derechos constitucionales de The Times y sus periodistas".Gabe Rottman, vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, también elogió el fallo. "El juez determinó correctamente que las políticas del Pentágono siguen violando la Constitución y que el gobierno no puede continuar evadiendo su clara directiva", escribió.El juez también dictaminó que el cierre del Corredor de Corresponsales del Pentágono, el histórico espacio de trabajo exclusivo para la prensa dentro del edificio, y la prohibición de movimiento sin escolta en todo el Pentágono fueron "intentos transparentes" de socavar el acceso que su orden original había restablecido. Ordenó entonces al Departamento de Defensa que restableciera por completo el acceso de los reporteros del Times y presentara una declaración jurada de un funcionario del departamento antes del 16 de abril detallando el cumplimiento.Friedman concluyó su opinión con una crítica inusualmente severa a la administración Trump. "El Tribunal no puede concluir esta opinión sin señalar una vez más de qué se trata realmente este caso: el intento del Secretario de Defensa de dictar la información que recibe el pueblo estadounidense, de controlar el mensaje para que el público escuche y vea solo lo que el Secretario y la administración Trump quieren que escuche y vea", escribió. Agencia AP y The Washington Post
Abusó de una paciente: la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para un cirujano
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por abuso sexual a un médico cirujano que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una paciente, en la provincia de Chubut. Así lo informaron fuentes del máximo tribunal. El ataque sexual, según el expediente judicial, ocurrió el 13 de octubre de 2021. Todo sucedió cuando la víctima se sentía muy dolorida y le envió un mensaje al médico cirujano Manuel Flores Delgado, a quién conocía porque había trabajado en su clínica entre 2009 y 2011.El cirujano citó a la paciente para esa misma tarde. El consultorio estaba cerrado y, al llegar, el médico abrió la puerta e ingresaron juntos. Flores Delgado le indicó que se recostara en la camilla para hacerle una ecografía. En ese contexto, al revisarla, el cirujano le dijo a la paciente que tenía un quiste ovárico. La mujer fue al baño y al volver el profesional le explicó que debía hacerle una ecografía en la vejiga, pero en esa oportunidad "aprovechando la situación de poder que le daba la situación", le introdujo los dedos en la vagina mientras la sostenía con su otra mano en el pecho sin poder moverse. La víctima logró zafarse e irse del lugar. La mujer denunció penalmente al profesional un mes después."Un jurado popular lo encontró no culpable de abuso sexual con acceso carnal y lo condenó por abuso sexual simple. La pena fijada fue de dos años de prisión en suspenso. La defensa planteó la suspensión de juicio a prueba, pero la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia lo rechazó por extemporáneo", dijeron desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La defensa también cuestionó la resolución al considerarla arbitraria y el monto de la pena, en distintas instancias de la justicia chubutense. En todas, el planteo fue desestimadoLa defensa llegó en queja a la Corte Suprema de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación.
El recorrido de Maitena que investiga la Justicia, desde la puerta de su escuela en Merlo hasta General Las Heras
La adolescente de 14 años quedó filmada por cámaras de seguridad, que la mostraban en principio caminando cerca de su escuela. Una imagen genera dudas: bajó del tren Sarmiento en la estación Km 34,5 y allí se habría encontrado con otra persona.Además, investigan el mensaje de una amiga sobre un juego de desafíos que podría incitarla al suicidio.
Ley de Glaciares: el Congreso le dio la espalda al agua, pero la ciudadanía irá a la justicia
La nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce, por lo que miles de ciudadanos se están organizando para entablar una demanda colectiva de inconstitucionalidad. Leer más
Mujeres, mineros y justicia social: la Caravana del Hambre de 1951, una lucha reconocida en la SEP
En la Caravana del hambre participaron más de 4 mil mineros del carbón, así como 100 mujeres y 30 niñas y niños
La Justicia anuló la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy y designó a un dirigente que responde al gobernador de Salta
Ricardo Villada, funcionario de Gustavo Sáenz, estará a cargo durante 180 días. La presentación judicial había sido impulsada por la senadora Carolina Moisés y otros dirigentes locales
Continúa la crisis del PJ: la Justicia ordenó un interventor para normalizar el partido
El Juzgado Federal N°1 de Jujuy designó a Ricardo Guillermo Villada como interventor, desplazando a Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. La intención es garantizar el funcionamiento institucional del partido. Leer más
La Justicia ordenó procedimientos en 15 clubes de fútbol en busca de sus convenios con Sur Finanzas ante sospechas de lavado
El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos policiales en 15 clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing e Independiente, para pedir oficialmente sus contratos y convenios, algunos de sponsoreo, con la financiera cercana a la AFA Sur Finanzas, ante la sospecha de que son instrumentos usados para el lavado de dinero.El juez, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos operadas a través de falsos o irregulares contratos de sponsoreo.Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo.Por eso la fiscal y el juez decidieron encargar un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas. El juzgado libró una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa donde se investiga si Sur Finanzas habría facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas.La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina fue a buscar los documentos a los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas.También fueron a Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y a Brown de Adrogué. El objetivo central de los investigadores es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.Por eso los policías buscaron las actas de comisiones directivas, para constatar quiénes y cómo aprobaron los contratos con Sur Finanzas; los préstamos y manejos de cheques, como también la documentación vinculada a descuentos de cheques canalizados por Sur Finanzas, libros contables de los clubes, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club.Según pudo saber LA NACION, especialmente los policías se centraron en los contratos y comprobantes de pago, originales, anexos y las constancias de transferencias bancarias o recibos que demuestren que los pagos pautados por sponsoreo se realizaron.La sospecha subyacente es que estos convenios podrían haber sido una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes. La idea es que se usaron los contratos para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.Para corroborarlo, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de todos estos clubes.En este peritaje patrimonial, los expertos deben informar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables. De comprobarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas quedaría complicada en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA investigados por su posible participación en las maniobras. Armella ya citó a prestar indagatoria a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices acusados de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación que llevan adelante con Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los tribunales de Lomas de Zamora.
Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación
La investigación está relacionada con un proceso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior, uno de los funcionarios de mayor peso en el Gobierno nacional
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer
El juez federal Ariel Lijo levantó hoy el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos.Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni. La lista completa incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio,Noticia en desarrollo
La Justicia avanza en determinar quién pagó el pasaje de la esposa de Adorni para volver de Nueva York
Según la información que recogieron los investigadores, la reserva del jefe de Gabinete fue emitida desde "Jefatura.gob.ar", mientras la de su esposa fue emitida un dia después. La explicación del funcionario
La Abogacía Española urge a los partidos a acordar una nueva Ley de Justicia Gratuita
El Gobierno fue a la Justicia por las denuncias por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios
Tras varios días de silencio, el directorio del Banco Nación, que encabeza Darío Wasserman, se puso a disposición de la Justicia por las denuncias por el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores libertarios. Horas después que el propio presidente Javier Milei saliera a defender, de manera curiosa y enfática, el otorgamiento de los créditos, que generaron rechazo y tres denuncias, funcionarios y abogados del Banco Nación completaron la estrategia del Gobierno: se presentaron ante la Justicia para ponerse "a disposición" y entregar "toda la documentación" que requieran el juez Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita, que impulsa las denuncias de diputados opositores como Pedro Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI), más la del abogado Alejandro Díaz Pascual. Altas fuentes del Gobierno explicaron que "se aportaron los resultados de diez de los casos que fueron difundidos" a través del sitio Cuanto Deben, que reveló el listado de los beneficiarios. Desde la banca estatal reiteraron que luego de las auditorías internas "no se detectó una sola irregularidad" en los créditos otorgados. "Nos presentamos antes que nos convoquen, con lo cual seguramente haya requerimientos y tendremos que complementar la información", dijeron desde el Banco Nación. Estaría en preparación un documento que contesta "punto por punto" las acusaciones de irregularidades difundidas por los medios, y agrega información sobre otros 30 casos mencionados. "El banco no le prestó nada a nadie que no estuviera justificado. No hubo línea vip", explicaron desde el edificio de la calle Rivadavia, frente a la Casa Rosada. Aclararon que, por una normativa vigente, el Banco Nación otorga "una tasa preferencial" del 4,5 por ciento anual a los empleados públicos que, luego de una licitación en la que compitió con otros bancos, cobran su sueldo en esa entidad bancaria, un 94 por ciento del total de la planta estatal. Repitieron, como lo harán ante la Justicia, todos los préstamos "están cubiertos" a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. Solo los créditos mayores a $5000 millones son revisados por el directorio de la banca estatal, afirmaron desde el organismo. En la misma línea defensiva se expresó el Presidente. "La pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?", se preguntó el Presidente en la conversación con el exempresario Antonio Aracre en la TV Pública. Ante la respuesta negativa del entrevistador, el Presidente continuó: "No. Con lo cualâ?¦, desde nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada". Le siguió una larga explicación, que apuntó a la "legalidad" de los créditos e incluyó una confesión: el domingo, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía la operatoria en televisión, Milei miraba la emisión de LN+ desde la quinta presidencial de Olivos junto a Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Felipe Nuñez (director del Bice), dos de los funcionarios con los créditos más abultados. También estaba allí el consultor Cristian Buttié a quien -según dijo el propio Presidente-le recriminó en broma, "que no hubiera sacado un crédito", según palabras del propio mandatario. "No hay nada""Estamos muy tranquilos, no hay nada de nada. Se dieron miles de créditos, sin errores", reafirmaron desde el oficialismo. Incluyen los créditos de Núñez, también asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. También el de Federico Furiase, exdirector del BCRA, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. "Federico fue a una sucursal", sostuvo el domingo Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario, quien según un informe del canal C5N habría tomado el crédito para la compra de una tercera propiedad, cuando en general esos créditos apuntan a los aspirantes a su primera vivienda. Desde el Gobierno explicaron que "la famosa tercera propiedad de Furiase es una donación de sus padres y sus hermanos, con usufructo. Tiene un tercio de la propiedad de sus padres". Caputo habló luego de que el canciller Pablo Quirno se iba a encargar de defender la cesión de esos créditos. Distinta fue la reacción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, luego de enterarse de que también había gestionado un crédito hipotecario. La lista inicial de los tomadores de créditos del BNA incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el joven director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero. En relación a Menem, fuentes con conocimiento del caso aclararon que su madre, que trabaja en la Auditoría General de la Nación, actuó como garante. En diálogo con LA NACION, Madero, el funcionario de Defensa beneficiado, afirmó que se enteró "por el encargado del edificio" donde vive de la existencia de los créditos. "Me inscribí sin privilegios en septiembre de 2025â?³, dijo. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad. Con parecidos argumentos, los diputados libertarios Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni (también tomadores de créditos) se defendieron de las críticas. "Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo", escribió Bongiovanni, mientras otros legisladores en la misma situación, como Lorena Villaverde, se mantuvieron en silencio. Con las explicaciones que dieron los funcionarios, y la que dio y dará el banco, el Gobierno espera cerrar la polémica.
La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva ley de justicia gratuita
La Justicia desplazó a los interventores del PJ jujeño alineados con Cristina Kirchner y nombró a un hombre de Sáenz
El juez Esteban Hansen, titular del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy, dispuso la intervención del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia, que estaba a cargo de dos hombres de confianza de Cristina Kirchner, y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz. La decisión -que el PJ nacional apelará- dejó fuera de juego a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) y Aníbal Fernández (exministro de Seguridad), que habían sido enviados a la provincia en 2023 por Alberto Fernández y avalados en el papel de interventores por la actual presiidenta del partido.En un fallo de este jueves, al que accedió LA NACION, el juez Hansen renovó la cúpula del peronismo jujeño. "Dispóngase la intervención judicial del Partido Justicialista de este distrito, por el término de ciento ochenta (180) días, y desígnase como interventor judicial al Sr. Ricardo Guillermo Villada", resolvió el magistrado, quien le avisó al nuevo interventor que "deberá presentar al tribunal un informe quincenal detallando el estado de avance de la normalización del partido". En la misma decisión judicial, Hansen anuló una resolución de los interventores Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados, con argumentos como apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño, como la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales en la provincia. Entre los apartados del partido, figuraba la senadora Carolina Moisés, actual aliada del gobierno del presidente Javier Milei, nombrada vicepresidenta del Senado nacional. También estaban en esa lista de separados del partido el exdiputado provincial y extitular del PJ Rubén Rivarola, y el exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros. Tanto Moisés, como Rivarola y Jenefes se presentaron ante la Justicia para pedir el reemplazo de los interventores alineados con Cristina Kirchner.Villada, el nuevo interventor judicial designado, fue ministro de Gobierno de Salta durante seis años, con Sáenz como gobernador. Ejerció ese cargo entre 2019 y diciembre de 2025; actualmente es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un cargo ad honorem y de neto perfil político. En Salta, tiene un partido propio, Primero Salta. Según pudo confirmar LA NACION, Moisés propuso a Villada como interventor, en una terna que analizó el juez y que tenía también nombres alineados con Rivarola y con Jenefes. La senadora Moisés es una aliada de Sáenz en el armado peronista en el norte del país y se maneja en la Cámara alta con un bloque apartado de la bancada peronista que conduce José Mayans (Formosa)."Solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a participar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los interventores puestos por Cristina Kirchner y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy", afirmó Moisés en un comunicado. "Se abre hoy una nueva oportunidad para los peronistas. Hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte", añadió la vicepresidenta del Senado nacional.La intervención del PJ jujeño se inició en 2023, cuando Alberto Fernández presidía el partido a nivel nacional. El argumento había sido el respaldo del partido al por entonces gobernador radical Gerardo Morales. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional (asumió a fines de 2024, medio año antes de que se confirmara su condena a prisión domiciliaria por el caso Vialidad), los interventores permanecieron en sus funciones e intentaron motorizar llamados a lecciones internas que suspendieron de manera encadenada.Según pudo saber LA NACION de fuentes del PJ nacional, presentarán una apelación contra la decisión del juez Hansen. Los referentes provinciales Leila Chaher (exdiputada nacional) y Guillermo Snopek (actual diputado nacional) son los dirigentes más importantes del PJ jujeño que están alineados con Cristina Kirchner. "Nombraron a una persona ligada a la política, que es lo peor que puede pasar", dijo a este diario un dirigente vinculado a la conducción nacional, al opinar sobre el nuevo interventor que oficializó la Justicia jujeña.
Tras fiesta de narcos con el cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, se pronunció el ministro de Justicia: "Se toman medidas correctivas de inmediato"
Jorge Iván Cuervo aseguró que el Ejecutivo adelanta las acciones pertinentes para esclarecer los hechos
La Justicia obligó al municipio de Baradero a informar qué hizo con los $1.000 millones recaudados por la tasa vial
La decisión judicial surge a raíz de un pedido de acceso a la información pública realizada por los productores rurales
Llevó a su perra a la veterinaria para que la bañen y se la devolvieron muerta: la Justicia ordenó que le paguen $17 millones
Sucedió en Mar del Plata. El juez ordenó indemnizar el daño moral sufrido por la dueña de la mascota y estableció un antecedente para este tipo de casos
"Lo único que me queda en la vida es pedir justicia": el lamento de un padre al que un policía le mató a su único hijo
El partido era a las 22. Como se les hacía tarde, Juan Cruz Leal, de 21 años, y su amigo Daniel Khune decidieron ir en moto a la cancha donde tenían que jugar al fútbol. Nunca llegaron: en el camino se cruzaron con Lucas Gómez, un oficial de la Policía de la Ciudad al que llaman El Ciego, que los baleó suponiendo que esos jóvenes eran motochorros que lo seguían, lo que le hizo pensar que estaba "ante un peligro inminente". Sucedió a las 22.07 del 12 de marzo pasado en Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo, en Ituzaingó. Gómez disparó, al menos, tres veces. Dos proyectiles hirieron a Leal, estudiante de Ingeniería en Sistemas, personal trainer y programador. Uno de los proyectiles impactó en su pierna izquierda y le dañó la arteria femoral. Fue trasladado al Hospital Bicentenario, de Ituzaingó, donde murió después de sufrir tres cardiorrespiratorios. Su amigo también fue herido, pero se salvó."Las pruebas son contundentes. Espero que la Justicia vaya por la prisión perpetua. Todo está muy claro", dijo a LA NACION Diego Leal, padre del joven asesinado.La investigación está a cargo de la fiscal de Ituzaingó María Alejandra Bonini e interviene el juez de Garantías de Morón Ricardo Fraga. Este viernes se cumple el plazo para que la representante del Ministerio Público pida la prisión preventiva del policía arrestado.El Ciego Gómez, de 34 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa.El día del crimen, el imputado estaba de franco. Regresaba a su casa en su moto Honda XR 150, acompañado por su novia. Leal y Khune iban a jugar al fútbol en la HondaCB del programador y personal trainer."Me retiraba de la iglesia de mi papá, llegando a la intersección de Cerrito y Martín Rodríguez, en Ituzaingó, donde giré a la derecha. A unos escasos diez o 15 metros, aproximadamente, visualicé por mi espejito retrovisor una moto negra con la luz blanca alta a una distancia de unos 100 metros. Apuré la marcha para llegar a la avenida que me dirige hacia mi casa y en ese trayecto realicé unos 100 metros, en los que visualicé por el mismo espejito retrovisor que la moto ya se encontraba a unos escasos 20 metros, aproximadamente", dijo Gómez en su declaración indagatoria, a la que tuvo acceso LA NACION.Relató que se corrió hacia el carril izquierdo para esquivar un lomo de burro y que, en ese momento, vio por tercera vez la moto. Entonces, explicó, quiso esconderse detrás de una camioneta estacionada "para frenar contra el cordón y que ellos continúen su marcha". Según Gómez, la moto donde circulaban Leal y su amigo frenó detrás de él a "unos escasos metros".A continuación observó que uno de los ocupantes de la moto estaba apoyado en su pierna izquierda en el asfalto. "Ante lo que yo llevé mi mano al arma en mi cintura y traté de bajarme de la moto. La moto se cayó y yo golpeé mi rodilla contra el suelo. En ese momento dije a viva voz: '¡Pará, alto, policía!'. No sé si los chicos me escucharon. Vi que el chico de atrás cruzó de vereda y el de adelante hizo ademanes con las manos, ante lo que efectué dos disparos con mi arma [su pistola reglamentaria]. Disparé para repeler la agresión con la que ellos se venían con la moto, porque claramente era una moto más grande en porte y yo prioricé cuidar la vida de mi señora y la mía", declaró.Leal y Khune no seguían a Gómez y a su novia: llevaban un bolso con botines, agua mineral y vendas. No tenían armas. "Mi hijo iba a jugar a la pelota y pasó lo que pasó. El policía habrá supuesto algo que solo estuvo en su cabeza y disparó sin mediar palabra", afirmó el padre de la víctima a LA NACION.Esa trágica noche, Diego no estaba en el país: estaba de vacaciones en Florianópolis. Un familiar lo llamó para avisarle que Juan Cruz, su único hijo, estaba en grave estado. Se tomó el primer avión que pudo y regresó."Era un pibe normal, sano. Solo quería vivir y ser feliz. Era el mejor hijo del mundo, te lo aseguro. Era un ser especial, demasiado para este mundo. Ahora lo único que me queda en la vida es pedir justicia y que haya una condena de prisión perpetua, por la memoria de Juan Cruz", dijo, emocionado. El joven asesinado por Gómez estaba de novio. Además de estudiar Ingeniería en Sistemas y de ser personal trainer y programador, trabajaba en el gimnasio de su padre, Zero Gym, en Ituzaingó. "Tenemos en claro la calificación. No hay ninguna justificación de la actuación del policía Gómez. No hay ninguna prueba para establecer una legítima defensa. No había riesgo para su vida como para decir que repelió una agresión con su arma de fuego. Supuso que le iban a robar y efectuó disparos, pero eso no se condice con las pruebas reunidas en el expediente", afirmó a LA NACION el abogado Marcelo Biondi, que representa al padre de la víctima Gómez, defendido por los abogados Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlin, pidió ampliar su declaración indagatoria. Se fijó fecha para hoy. "Mi asistido se defendió de una agresión ilegítima, ya que el que venía manejando la moto [Leal] se la tiró encima. Disparó para defenderse. Los peritajes determinaron que la dirección de los disparos fue de arriba hacia abajo. Si la ambulancia hubiese llegado rápido la víctima no se hubiera muerto", explicó Endi a LA NACION.Hasta su detención, El Ciego Gómez cumplía funciones en la División Motorizada de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía de la Ciudad. En la actualidad se encuentra en disponibilidad con un expediente abierto en la Oficina de Transparencia, informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.En la indagatoria sus defensores le preguntaron si por su experiencia como policía podía calificar como un "intento de robo" lo que él mismo había definido como una "maniobra de agresión". La respuesta fue sintética: "Sí".También, ante preguntas de sus abogados, el imputado se definió como un buen tirador y aseguró que no había tirado a matar, sino que su propósito había sido el de inmovilizar a quien creía su atacante (la víctima) y repeler la agresión.Para Biondi, con diez años de experiencia como policía Gómez tendría que haber tomado otros recaudos. "No hubo agresión. No hubo discusión. Se equivocó y tendrá que pagar las consecuencias. Hay una familia destruida. No podemos avalar que porque una persona piense que le van a robar dispare y mate a otra", dijo el abogado que representa al padre de la víctima.
Crisis por hacinamiento carcelario llega al Palacio de Justicia: así será la reunión clave entre autoridades
Altas cortes, entes de control y Gobierno analizarán medidas ante el aumento de la sobrepoblación en centros de detención del país
La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos
El tribunal señala que no demostró siquiera que viva realmente con su familia ni que cumpliese sus obligaciones como padre
Le vaciaron los ahorros con un "cuento del tío", demandó al banco, pero la Justicia rechazó su reclamo
Una jubilada denunció haber perdido su dinero tras un fraude digital en 2020. Aunque alegó fallas en la seguridad de la entidad, un fallo reciente determinó que la responsabilidad fue de la propia víctima. El error fatal que cometió durante una llamada y que la dejó sin resarcimiento
Un corte de luz le quemó la computadora y el lavarropas, pero perdió el juicio: por qué la Justicia rechazó la demanda
El damnificado exigía una indemnización por los daños eléctricos sufridos en su casa. Sin embargo, un tribunal falló en su contra y deberá afrontar los gastos judiciales. Las razones detrás de una sentencia que lo dejó con las manos vacías
La última mujer condenada a morir en la horca en Reino Unido y el crimen que cambió para siempre la justicia británica
"El 10 de abril de 1955, cinco disparos frente a un pub londinense sellaron el destino de Ruth Ellis. Su ejecución no solo marcó el fin de una vida de abusos, sino que obligó al Reino Unido a enterrar la pena capital
Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la venta del inmueble bajo sospecha
La medida tiene como objetivo reconstruir la operación de compra del departamento en Caballito y determinar el origen de los fondos.