El juez Diego Amarante rechazó el pedido del dirigente para viajar al exterior sin controles individuales durante 60 días. El magistrado fundamentó su negativa en "inconductas previas". Leer más
Los canes se quedarán en el domicilio familiar junto a la hija menor y el padre deberá contribuir a su cuidado
En una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enviada al Consejo de la Magistratura "para su consideración", el máximo tribunal estableció un nuevo Reglamento.Si lo aprueban, serán más importantes los antecedentes académicos y méritos personales de los candidatos, y se bajará el peso de las sospechadas "entrevistas personales" con los postulantes.
El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó hoy el pedido realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para ausentarse del país por 60 días. Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y por evasión fiscal, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez ya indagó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y debe definir la situación procesal de ambos. También la de otros dirigentes del futbol argentino, ya indagados. Tapia había efectuado una solicitud para estar fuera del país por dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol. Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales. "Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores", dice la resolución del juez. Y agrega: "La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal".Los permisos de Tapia para salir del país ya tuvieron un capítulo en la causa. El juez Amarante le negó la posibilidad de viajar a Caracas, Venezuela. Aunque no lo ofreció como motivo ante la Justicia, Tapia habría querido viajar allí para volver en el mismo vuelo que el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo. La Justicia le negó esa posibilidad, en parte por el debilitado vínculo diplomático del país con Venezuela, pero también porque Tapia no pidió "permiso" para realizarlo, sino que solo se limitó a "informar" que viajaría allí como un nuevo tramo de un viaje que sí había sido habilitado. "En una oportunidad anterior, habiéndose otorgado un permiso para destinos específicos, el encartado pretendió modificar su itinerario de forma unilateral una vez que se encontraba fuera del territorio nacional", recordó el juez Amarante hoy en su resolución. Amarante aludió a Gallo y a la presunta intención no declarada por Tapia de repatriarlo: "Los hechos de público conocimiento que se sucedieron ponen de manifiesto otra posible finalidad de aquél viaje, permitiendo inferir que la justificación de las razones del viaje exteriorizada por el imputado ante esta judicatura resultó -cuanto menos- parcial", dijo el juez. A Tapia y a Toviggino, tesorero de la AFA, se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El juez Diego Amarante argumentó que no especificó destinos ni motivos del viaje. El jefe de la AFA quería que quede abierto el permiso por 60 días.
Un grupo de unos 50 productores del partido bonaerense de Necochea decidió avanzar por la vía judicial contra el municipio por el cobro de la tasa de red vial, en una movida que ya se replica en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La estrategia elegida no apunta, en esta etapa, a discutir el valor del tributo, sino a exigir información oficial sobre cuánto se recauda y en qué se gasta.La presentación se formalizará en estos días a través de una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública contra la intendencia local, luego de que, según señalaron, se vencieran los plazos administrativos sin respuesta.Acelera el agro: los analistas esperan que marzo cierre con un ingreso de divisas por US$2000 millonesEl abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los productores, explicó que el caso de Necochea se suma a una serie de reclamos similares en otros municipios bonaerenses. "Necochea se suma a una serie de municipios. Empezamos en Henderson, seguimos por Baradero, Azul y General Alvarado, entre otros de la provincia de Buenos Aires", señaló a LA NACION.Según detalló, se trata de una estrategia que ya mostró resultados favorables en la Justicia. "En Henderson y en Baradero ya son juicios terminados a favor de los productores y solo estamos esperando que nos informen", indicó.Resultado inédito: para el 82% de los empresarios ganaderos es un buen momento para invertirEl eje del planteo no es menor. "Nos dimos cuenta que uno si cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio, es un tema muy delicado", explicó el letrado.Frente a ese escenario, optaron por otro camino. "Entonces, seleccionamos una herramienta republicana de democracia directa que es el pedido de acceso a la información pública", sostuvo.En concreto, lo que buscan es acceder a datos precisos sobre el manejo de los fondos. "Lo que hacemos es pedirle a la municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales, cuánto y en qué la gasta", afirmó.El procedimiento, según explicó, comienza con un reclamo administrativo. "Generalmente hacemos primero la presentación administrativa, como corresponde, para agotar la sede administrativa para luego poder ir a la Justicia. La ley de provincia de Buenos Aires dice que si pasan 30 días y no contestan los organismos, está habilitado el amparo", precisó.En el caso de Necochea, ese plazo ya se cumplió. "Ya pasaron los 30 días que tenían para responder en el municipio, no lo hicieron, así que ahora presentamos el amparo", indicó.Torres Barthe destacó que este enfoque tiene mayores probabilidades de prosperar. "Los mismos jueces que no suelen bajar la tasa, tampoco pueden decir que un ciudadano no tiene derecho a saber qué se gastan sus impuestos. Entonces hacen lugar al amparo", remarcó.Los antecedentes, dijo, avalan la estrategia: "En Henderson ya tenemos sentencia firme. En Baradero ya ganamos en primera instancia, estamos en segunda instancia". La particularidad del caso de Necochea radica en el volumen del reclamo. "Se hace un amparo colectivo, la particularidad que tiene Necochea es que están pagando una cifra muy alta de tasas de caminos rurales y en este caso tenemos alrededor de 50 productores que firman el amparo", explicó.Según el abogado, el objetivo final es obtener pruebas oficiales sobre el destino de los fondos. "No vamos por el tema de la discrecionalidad de la tasa, sino que vamos por el acceso a la información", subrayó.En ese sentido, planteó un posible escenario a futuro. "En realidad lo que estamos haciendo es teniendo pruebas oficiales de que si se recauda $1000 millones, por ejemplo, y se gastan $500 millones, entonces, cuando está esa prueba oficial, ahí es donde se va a iniciar la segunda etapa", dijo.Esa segunda etapa podría derivar en reclamos económicos o incluso penales. "Si se cobró $500 millones de más, el municipio deberá devolver ese importe de más que cobró o lo deberá meter en los caminos rurales", afirmó.Incluso, no descartó consecuencias judiciales más graves. "Una vez que veamos los papeles ahí se puede optar por la vía penal, como se hizo en Villa Saralegui, Santa Fe, donde el intendente finalmente fue destituido por la malversación de fondos", advirtió.Otro punto clave del reclamo es la falta de información sobre cómo se determina la tasa. "Una de las cosas que pedimos que hasta ahora nadie ha presentado y dicen que no tiene obligación de hacerlo es la matriz de costos de la tasa", señaló.En paralelo, también buscan conocer otros ingresos vinculados al sistema vial. "Otra cuestión no menor es saber cuánto dinero de los fondos que manda Provincia o Nación son asignados a caminos rurales", agregó.Mientras avanza el frente judicial, los productores locales describen un escenario crítico en el distrito. Gustavo Redolatti, productor de Necochea, detalló la situación de la red vial. "La cantidad de kilómetros en el partido de Necochea son 1400, de los cuales aproximadamente 400 son provinciales", explicó.Según indicó, el estado de los caminos es deficiente. "Todos los caminos rurales están en mal estado porque no llegan con las máquinas. El problema también está vinculado al equipamiento. En este momento tienen cuatro o cinco máquinas estables, normalmente llegaban a nueve o diez en un momento pero siempre tienen roturas y son máquinas muy viejas", describió.A esto se suma, según denunció, un uso de los recursos que no prioriza la producción. "Ahora se usan para acomodar más los balnearios que los caminos rurales, más en esta época", cuestionó.En términos económicos, el valor de la tasa es otro gran punto de conflicto. "En este momento aproximadamente la tasa está en $1500 por hectárea por mes, unos $18.000 por hectárea por año", precisó. Además, señaló que parte de ese monto se destina a otros fines, donde hay un 20% que va para salud.El productor también marcó diferencias con distritos vecinos que cobran alrededor de la mitad y los caminos rurales están en excelente o muy buen estado en algunos casos. "Por ejemplo, San Cayetano, Tandil, Juárez, Lobería y Tres Arroyos; todos pagan mucho menos y, sin embargo, tienen los caminos en buen estado. San Cayetano está en condiciones excepcionales; Tandil, muy bien; y Lobería y Juárez también, en general, bastante bien. Además, cada uno tiene un sistema distinto: en San Cayetano se encarga directamente el municipio y no hay problemas; en Juárez funciona una comisión vecinal; en Tandil es un esquema de cooperativa; y Tres Arroyos tiene un ente descentralizado, como el que intentamos implementar nosotros, que también ha funcionado bien", sostuvo.En ese contexto, dejó una definición contundente sobre la percepción del sistema. "En Necochea a las tasas viales la llamamos 'pozo negro' porque no se sabe adónde va la plata que recaudan", concluyó.En este escenario planteado, el intendente Arturo Rojas aseguró no estar al tanto de ningún amparo hasta el momento pero que una vez que notifique al municipio verá cuál es el planteo y así poder contestar lo que corresponda. "En el expediente que tengo conocimiento, contestamos que todos los datos están publicados en la página de la municipalidad. Tenemos 100% de transparencia en la información pública, están publicados hasta los sueldos de los funcionarios, rendiciones de cuenta, cantidad de empleados por área y lo que cobran", remarcó a LA NACION. La movida judicial, que podría sumar a productores de otros partidos como Rojas y Rauch, abre un nuevo capítulo en la discusión por el financiamiento y la transparencia de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires.
La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones
El TSX de Galicia argumenta que la única vía para que un interino acceda a la condición de funcionario de carrera es a través de procesos de selección abiertos y competitivos
La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra un arquitecto y un maestro mayor de obras por incumplir las "reglas del buen arte". El peritaje reveló que la propiedad presentaba desde escaleras peligrosas hasta una "falsa escuadra" generalizada que afectaba la geometría de toda la estructura
La opinión del máximo tribunal brinda un respaldo legal importante para que la ley avance en el Congreso y responde a la necesidad de actualizar las normas laborales de Honduras de acuerdo con realidades que ya existen en el mercado de trabajo.
El peronismo, partidos de izquierda y agrupaciones de Derechos Humanos se movilizaron para conmemorar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Leer más
La justicia brasileña redujo el pedido de condena de Agostina Páez de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó la abogada de la acusada, Carla Junqueira. De esta manera, la joven podrá volver a Argentina, algo que fue celebrado tanto por ella como por su padre Mariano. Minutos después del comunicado oficial, ambos dialogaron con LN+ y contaron las sensaciones por este esperado resultado.En un primer lugar, Mariano Páez señaló: "Es un alivio total para mí y para toda la familia, sobre todo para ella que estaba muy asustada la verdad. Muy contento, esperando que decida el juez el fallo, únicamente son ya pasos protocolares solamente y bueno, hay que esperar, yo pienso que en una semana estaremos en Santiago ya". Con estas palabras, dejó en evidencia su alegría por "recuperar" a su hija.Tras esta respuesta, Agostina se sumó al móvil y se mostró esperanzada: "Estoy naciendo de nuevo y estoy contenta porque puedo volver a Argentina". Esto mismo fue replicado por su padre, quien insistió en demostrar su felicidad con un abrazo y un beso en la cabeza de la abogada. "No [lo] puedo creer. No sé si reírme, llorar, festejar. La verdad que estoy muy contento con este fallo. Y bueno, esto es lo que esperábamos. Y feliz por mi hija, que ahora está bien. Esperando regresar a Santiago nomás y volver a las actividades, a la vida normal que teníamos", continuó.Al respecto de todo lo que vivió, la santiagueña aseguró: "Es un aprendizaje y voy a seguir tratando de enseñarles, a través de mis redes, utilizándolas, para enseñar sobre racismo, hablar de derecho y seguir con la actividad normal". De esta manera, dejó en claro que buscará limpiar su nombre luego de este escándalo internacional."Es un milagro, yo veía que tenía todo en contra. Dentro del juicio he sido muy sincera, he contado toda la verdad, todo lo que ha pasado. La doctora Junqueira con un trabajo increíble. Obviamente ha sido en conjunto con Sebastián Robles desde Argentina. Entre los dos han armado una defensa increíble. Y estoy muy agradecida. Y en todo momento del juicio he estado escuchando atentamente, entiendo portugués a la perfección, esta es otra cosa que me llevo a Argentina. Y bueno, entendiendo todo y contando todo como realmente han sido las cosas", explicó Agostina sobre su desgarradora frase vinculada a quitarse la vida si el fallo era adverso.Para finalizar, Mariano fue consultado por el dinero que deberán abonar como resarcimiento para conseguir la libertad definitiva de su hija: "Ya veremos cómo hacemos. Pero lo vamos a tener que lograr para que se termine esto de una vez por todas. Vender algo y salvarnos, pero bueno, no tiene precio la libertad de mi hija". Con esto, dejó en claro que no será nada accesible la multa que deberá pagar que, según el pedido de la fiscalía, podría ser de aproximadamente US$50.000 a cada una de las víctimas.Qué dijo Agostina Páez tras salir de la audienciaAl ser consultada por LN+ por el resultado de la audiencia, Agostina Páez reveló: "Bien, mucho mejor que antes. Se ha resuelto bastante bien y voy a poder volver a casa. No hay pena, es resarcimiento. Y bueno, en estos días me van a dejar volver a Argentina".Luego, la abogada Carla Junqueira fue quien entró en los detalles: "Es así, el juez no falló en el fondo. La verdad estamos muy acordes con el resultado. En realidad, entramos esperando una pena de por lo menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina, y ya estaríamos satisfechos, pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo. Que por lo tanto no se opondría a que Agustina vuelva a Argentina".Agostina Páez podrá volver a la ArgentinaAsí, en aproximadamente tres días podría darse el regreso de la abogada santiagueña al país. Al respecto, Agostina explicó: "Depende del juez y de los días, él nos ha explicado que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que tiene muchos casos. La peor experiencia de mi vida, me siento aliviada ahora".Luego, Junqueira agregó: "Fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y pagamento de reparación a las víctimas. Servicios en Argentina. La Fiscalía entendió que era solo un delito continuado de reacción contra tres víctimas y que el pedido de disculpas sirve para que esto haya reconocido y entendido".
El gobierno fue borrado de la escena. El 24 de marzo la historia habló con la voz de un sedimento moral que se formó cuando las Madres empezaron a dar vueltas en la Plaza de Mayo. El gobierno desdeñó esa fuerza. Ayer cientos de miles se expresaron en las principales ciudades. La fecha es histórica: repudio a la dictadura del '76. Pero tiene presente: repudio al gobierno de Javier Milei.
El ciclo de conversaciones entre figuras destacadas comenzó su tercera edición con Ricardo Gil Lavedra y Sergio Torres. Las charlas se graban en el depósito de la editorial de la UBA y luego se difunden por YouTube y plataformas de podcast.
La agrupación que conduce Máximo Kirchner -que marchó desde la ex Esma hasta Plaza de Mayo- hizo una parada en el domicilio de la ex presidenta.
La empresa dijo que bajó su rendimiento y la Justicia consideró que su horario era flexible.El fallo ordenó indemnizarlo o reincorporarlo tras declarar el despido improcedente.
CÓRDOBA.- La disputa entre el Gobierno de La Rioja y sus acreedores sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Los bonistas representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan pidieron ejecutar activos estratégicos del distrito, entre ellos participaciones en el Banco Rioja y en Parque Eólico Arauco (PEA), con el objetivo de satisfacer fallos judiciales ya firmes por el incumplimiento de pagos. La presentación, realizada ante la Corte del Distrito de Massachusetts, intensifica la presión sobre una administración de Ricardo Quintela que, desde 2024, se encuentra en default. Los acreedores -titulares de los bonos verdes al 8,5% con vencimiento en 2028- plantean en su escrito que buscan "alcanzar y aplicar las acciones" que la Provincia tiene en esas compañías "en satisfacción de las sentencias" obtenidas en Nueva York". En esa línea, remarcaron que, de prosperar el pedido, "la provincia deberá entregar las acciones en Banco Rioja y en PEA a los bonistas para que estos puedan, por ejemplo, venderlas. A su vez, subrayan que "estas tenencias constituyen activos comerciales de la provincia y están sujetas a embargo".En febrero de 2024, La Rioja entró en default al dejar impagos US$16 millones de capital, convirtiéndose en la primera -y hasta ahora única-provincia argentina en caer nuevamente en cesación de pagos tras haber reestructurado su deuda. Desde entonces, el incumplimiento se amplió a cuatro pagos semestrales adicionales de capital e intereses.La falta de pagos derivó en sentencias en contra del distrito dictadas por la Justicia del Distrito Sur de Nueva York en septiembre de 2024 y julio de 2025, que ahora los bonistas buscan ejecutar sobre activos localizados o registrables en otras jurisdicciones.En su argumentación, cuestionan con dureza la conducta fiscal de Quintela: "La provincia no tenía necesidad de incumplir ninguno de los pagos. La mayoría de los fondos de los bonos verdes se utilizó para construir parques eólicos a través de PEA, una empresa de propiedad provincial". En ese punto, incorporan que el gobierno riojano vendió uno de sus parques eólicos por US$171 millones a Pampa Energía antes de incumplir con los bonistas", pero "ninguno de los ingresos de esa venta fue aplicado a cancelar las obligaciones"."Desde el default, la provincia no ha realizado ningún esfuerzo de buena fe para satisfacer sus obligaciones pendientes ni para reestructurar los títulos", añade el texto. Advierten que continuarán avanzando en los tribunales "hasta que La Rioja reconozca y tome en serio sus obligaciones, los bonistas utilizarán todos los medios judiciales disponibles para perseguir el recupero de sus acreencias legítimas".Los bonistas remarcan que mientras provincias vecinas "cierran proyectos emblemáticos de inversión extranjera directa y construyen credibilidad mediante el cumplimiento puntual de su deuda", La Rioja "permanece en default y no recibe grandes inversiones".La ofensiva judicial también incluye una advertencia al mercado: "Cualquier potencial comprador de Banco Rioja o de PEA debe estar en conocimiento de la moción de los bonistas". La frase apunta a condicionar eventuales operaciones sobre activos provinciales, en un contexto en el que esos bienes podrían quedar alcanzados por medidas de ejecución. De avanzar el proceso, el caso podría sentar un precedente relevante.
El abogado, excandidato al Senado por el partido de Salvación Nacional, indicó que irán hasta las últimas consecuencias en el caso del joven que murió en Boyacá y que llevaba meses sin su medicina esencial
"¿Vos sos Juana Tinelli? Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho", aseguró en su declaración ante la fiscalía Juana Tinelli sobre el presunto llamado que recibió a su teléfono celular, a fines de octubre. Según relató, en aquel momento, asustada, borró los registros de las llamadas, se comunicó con su papá, Marcelo Tinelli, para ponerlo al tanto de lo sucedido, y luego fue acompañada de su mamá, Paula Robles, a hacer la denuncia por amenazas. Casi cinco meses después, el expediente fue archivado a la espera de nuevas evidencias que sirvan para dar con el autor del presunto ilícito. "No se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la materialidad del hecho investigado, sin que ello implique afirmar ni descartar su efectiva ocurrencia", reza el documento de la fiscalía que Marina Calabró leyó este martes, al confirmar en Lape Social Club que la causa se encontraba archivada. Además, adelantó que Scaglione -dueño de Telefe y accionista de América- "va a pedir una retractación pública, o un pedido de disculpas públicas".En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de la hija de Marcelo Tinelli ratificó la información: "Fue por la imposibilidad de proseguir. Hasta que aparezcan nuevas evidencias, la causa queda en pausa". Además, aseguró que justamente están trabajando en recabar la información necesaria que les pueda permitir reactivar la investigación. Por otra parte el letrado descartó la posibilidad, como se rumoreó en varios medios, de que Scaglione, mencionado en la denuncia de Juana, accione legalmente contra ella: "Lo intentó, pero ya se lo rechazaron, porque nunca fue parte ni estuvo imputado". En ese sentido, cabe destacar que la modelo no lo denunció a él por amenazas, sino que lo mencionó en su declaración, debido a que la persona que la llamó lo habría mencionado. "Eso se aclaró en la denuncia, en la ratificación y lo aclaré también yo públicamente", agregó Villanueva y siguió: "Nunca nadie lo acusó de nada, por eso no puede nunca considerarse víctima de una falsa denuncia".La denuncia de Juana TinelliEl sábado 1 de noviembre, a través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, Juana Tinelli -la menor de las hijas de Marcelo Tinelli- contó que había sufrido amenazas a través de un llamado telefónico que recibió el miércoles 29 de octubre por la mañana. Tras radicar la denuncia, se le entregó un botón antipánico y se dispuso una consigna policial en la puerta de su casa.Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en la llamada en cuestión, luego de preguntarle si era Juana Tinelli, le dijeron que "ella y toda su familia se tenían que empezar a cuidar mucho mucho". Asustada por la situación, la modelo fue a hacer la denuncia acompañada por su abogado, Ariel Liniado, quien tomó el caso junto a su socio, Juan Villanueva.Luego de que se filtrara la información sobre el pedido de un botón antipánico de la modelo ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los fiscales que intervinieron en el caso como los abogados de la modelo decidieron mantener la situación lejos del ojo público. Pero la repercusión de la denuncia creció tras la difusión de parte del escrito, en donde se puede leer a Juana Tinelli contando cómo se presenta la persona que la amenaza. "Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó:"¿Vos sos Juana Tinelli?" A lo que respondí: "Sí ¿quién habla?". El hombre me contestó: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho". Acto seguido, cortó la comunicación", le relató la hija del conductor a la Justicia. "Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada"."Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Gustavo Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena", aseguró."Pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema", sumó. "Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente".El cruce de Marcelo Tinelli y Gustavo ScaglioneHoras después de que Juana hiciera públicas las supuestas amenazas, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó lo denunciado por su hija, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un "empresario de medios" al que tildó de "usurero" y como responsable del "acoso judicial" que atraviesa en los últimos meses."Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", comenzó escribiendo. "El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente", continuó Tinelli. "En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo"."Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor", siguió.Gustavo Scaglione dio luego a conocer un comunicado en el que expresó "de manera contundente" su "absoluta falta de vinculación con el referido hecho" en el que se lo "busca involucrar".En la carta, fechada el martes 4 de noviembre, el flamante dueño de Telefe también indicó que es "parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado". "En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados", aseguró el empresario.
LIMA.- En la cuenta regresiva hacia las elecciones, la campaña presidencial en Perú tuvo un primer debate que dejó como eje indiscutido la inseguridad y el hartazgo social frente a la corrupción. En ese marco, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga endureció su discurso y prometió expulsar a extranjeros en situación irregular y restablecer el sistema de "jueces sin rostro" para procesar criminales, una medida asociada a los años más duros de la lucha contra el terrorismo en los 90â?².El dirigente, conocido como "Porky" y uno de los favoritos en las encuestas, también propuso una reducción drástica del Estado, al plantear que los ministerios pasen de 18 a solo seis. El objetivo, dijo, es redirigir recursos hacia tareas de inteligencia policial para combatir delitos como la extorsión y el sicariato, que en los últimos años crecieron de forma sostenida."Hay que reducir el Estado, tomado por políticos corruptos por más de 10, 15 años. Vamos a eliminar esa grasa", afirmó López Aliaga.Según la última encuesta de Datum Internacional, publicada el domingo, el candidato comparte la punta con Keiko Fujimori, ambos en un virtual empate técnico con 11,7% y 11,9% de intención de voto. El dato más relevante, sin embargo, es otro: cerca de un 36% de los electores permanece indeciso o asegura que no irá a votar, un reflejo del profundo desgaste del sistema político peruano.Ese desencanto se explica, en parte, por la inestabilidad institucional. Desde 2018, Perú tuvo ocho presidentes, en su mayoría desplazados por renuncias o destituciones en medio de escándalos de corrupción. Ese contexto atraviesa toda la campaña y explica el tono cada vez más confrontativo de los candidatos.En materia de seguridad, López Aliaga fue más allá y propuso retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para habilitar la aplicación de la pena de muerte. También planteó restablecer los "jueces sin rostro", un sistema en el que los magistrados ocultan su identidad para evitar represalias, utilizado durante el gobierno de Alberto Fujimori en los procesos contra Sendero Luminoso. Aquella política fue luego cuestionada por organismos de derechos humanos y por fallas en el debido proceso.En el mismo debate, el candidato de izquierda Alfonso López-Chau, economista y exdirector del banco central, propuso una estrategia distinta: depurar las fuerzas de seguridad y fortalecer un sistema de inteligencia orientado a cortar el financiamiento de las organizaciones criminales. También planteó mecanismos para que el Estado pueda congelar contratos sospechosos en un plazo de 48 horas, con el objetivo de frenar posibles actos de corrupción de manera inmediata. "Tenemos que volarnos a todas estas ratas del Estado", afirmó.Más allá de las diferencias ideológicas, varios candidatos coincidieron en un punto: la necesidad de derogar leyes que consideran "procrimen", aprobadas en los últimos años por un Congreso ampliamente desacreditado. Según analistas, esas normas habrían facilitado la acción de bandas delictivas y debilitado la capacidad de respuesta del Estado.El cronograma electoral continuará con nuevos debates en los próximos días y una segunda ronda temática centrada en economía y educación. Las elecciones serán el 12 de abril. Sin embargo, el escenario ya parece encaminado hacia una definición en dos vueltas: ningún candidato aparece hoy en condiciones de superar el 50% de los votos en abril, por lo que todo apunta a un balotaje el 7 de junio.El próximo presidente asumirá el 28 de julio, con el desafío de estabilizar un país atravesado por la fragmentación política, la crisis de representación y una demanda social urgente por seguridad y orden.Agencia Reuters
El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado "A cincuenta años del último golpe de Estado" en el que sostuvo que "la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía" para que "nunca más" el país padezca horrores como los vividos en la última dictadura.En su documento, esta asociación, que tiene a Graciela Fernández Meijide como su presidenta honoraria, ratificó "su compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, el respeto a la soberanía popular y a la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales".El Club Político Argentino, que recordó que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio inicio a una de las etapas más trágicas y oscuras de la historia de nuestro país, afirmó que el camino recorrido durante estas cinco décadas no ha sido sencillo ni ha estado exento de fuertes embates. "Sin embargo -sostuvo-, la consolidación de la democracia, con sus deficiencias, limitaciones y los desafíos en cuanto a su mejora continua, sigue siendo la opción escogida por el pueblo argentino." "La prepotencia, el crimen, la ocultación de la verdad no se han naturalizado. Y la Justicia (que logró, durante la compleja transición democrática, abrirse paso con el histórico juicio de 1985 a las juntas militares, responsables principales de la violación sistemática de derechos y garantías de la población) continúa siendo un ejemplo valorado por los ciudadanos del país y materia de estudio en el mundo entero", afirma el comunicado. "Las heridas infligidas durante aquellos violentos años serán por siempre irreparables -sostiene el documento-. Pero, la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía de que nunca más nuestro país tenga que padecer horrores semejantes."
Miriam Fernández participó del video oficial que planteó un pedido de memoria completa sobre la última dictadura.Sus padres biológicos fueron secuestrados y desaparecidos en 1977. Ella nació en la ESMA y fue inscripta en Mendoza.El expolicía que la anotó y su esposa fueron condenados en 2021.
Ángel Gabilondo alerta del aumento de reclamaciones procedentes de familias vulnerables afectadas por desahucios judiciales y la falta de información clara
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se celebra cada 24 de marzo en la Argentina, en honor y recuerdo de todas las personas que sufrieron los hechos llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar. Es una fecha dedicada a aquellos que fueron desaparecidos, torturados, asesinados o afectados en este período, junto a la historia de sus familias y seres queridos que buscan justicia. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: ¿por qué se conmemora hoy?Esta jornada hace referencia al 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado en el que tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón. Fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti quienes impulsaron este gobierno de facto que se mantuvo en el poder durante años. Este período es conocido como la última dictadura cívico-militar en Argentina.Entre 1976 y 1983 ocurrieron graves crímenes de lesa humanidad. Estos años estuvieron marcados por secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Personas de todas las edades, bebés y mujeres embarazadas fueron reportadas desaparecidas. Asimismo, muchos menores fueron apropiados de manera ilegal bajo otra identidadd.De esta manera, en 1977, un grupo de mujeres se reunió en Plaza de Mayo, con el fin de obtener una respuesta por el paradero de sus hijos y nietos. Es así, que surgieron dos de las organizaciones más populares el país, las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Su objetivo fue encontrar víctimas, personas desaparecidas o descendientes de los mismos, una lucha por la identidad y libertad que continúa en la actualidad. Finalmente, en 1983 asumió Raúl Ricardo Alfonsín al poder, un hecho que valió el retorno a la democracia en el país. Un año más tarde, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep), un organismo destinado a la investigación de los crímenes sucedidos durante estos años. StrasseraGracias a los informes obtenidos, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas. Durante este proceso legal se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschin. Fue durante el alegato final del fiscal Julio César Strassera el 18 de septiembre de 1985, cuando se popularizó la frase "Nunca más". Esta se convirtió en el lema principal para esta jornada, una premisa que invita a no olvidar los hechos ocurridos ni sus víctimas. Feriado nacional el 24 de marzoEn 2002 se sancionó la Ley 5.633, que declaró este día como un feriado nacional: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".Este 2026, esta efeméride cae martes y, por lo tanto, el lunes 23 de marzo fue nombrado como día no laborable con fines turísticos en la Argentina. Se trata de una iniciativa creada por el Gobierno de la Nación que nombró el pasado lunes de esta manera, debido a que se encuentra entre el fin de semana y el martes feriado.
Francia y Alemania reafirman su compromiso con la democracia y los derechos humanos
Su nombre circula hace años en las fiscalías que se ocupan de delitos económicos de la provincia. Cambió de rol profesional en cada víctima y acumula denuncias desde 2019, pero un conflicto de competencia judicial mantiene las causas dispersas y sin avance. Leer más
El fallo obliga al centro de salud a indemnizar a un hombre de 64 años no solo por las secuelas físicas, sino también por el daño psicológico. Los detalles de la sentencia que recalculó los montos por incapacidad y daño moral
Los sobrevivientes de aquella experiencia tenemos un compromiso con la verdad. La sociedad no debiera seguir arrojando sobre alguno â??o algunaâ?? la responsabilidad de sus faltas ni congratularse de su inocencia
El exfiscal reflexiona sobre el valor del "Nunca Más" argentino frente a la escalada bélica mundial. En una charla con PERFIL, advierte sobre el regreso de la guerra como herramienta para resolver conflictos â??de Medio Oriente a Ucraniaâ?? frente a la falta de reglas efectivas. Leer más
Se publicó en la cuenta de X de la Casa Rosada y lo replicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.Como adelanto, se escucha el testimonio de una hija de desaparecidos y del hijo de un militar asesinado por grupos guerrilleros.
El candidato presidencial recogió la indignación en redes sociales tras las la denuncia de una influenciadora, que publicó cómo estaría siendo víctima de acoso sexual y laboral al interior de la institución y pidió el rápido accionar de los organismos de investigación
Un trabajador fue despedido en España por falta de higiene reiterada tras quejas internas.La Justicia avaló la decisión por el impacto en la convivencia laboral y las advertencias previas.
La magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, figura de referencia en el ámbito jurídico de Honduras, falleció en la madrugada del lunes en el extranjero mientras recibía tratamiento médico.
La fiscal Celsa Ramírez avanza contra los atacantes de Gustavo Ferreyra, a quienes imputarán por lesiones y amenazas. José "El Teta" Garnica, quien lideró la agresión, es dirigente de confianza de Hugo Moyano y renunció a la empresa donde se produjo la golpiza
Si bien el Código Penal excluye de responsabilidad punible al que evita su propia detención, no establece que no esté obligado a entregarse a la justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha invalidado el cobro impulsado por el Ayuntamiento al detectar que el expediente omitía informes clave sobre residuos industriales, un fallo que vulneró el acceso público a la información y la transparencia exigida por la ley
El TSJM la ha declarado nula y concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos
El hecho de que AC/DC siga tocando en 2026 puede verse como un milagro o como un gran acto de resiliencia. La banda pisará suelo argentino por tercera vez en su historia esta noche en el Monumental (el único escenario que conocen acá), en lo que será el primero de sus tres conciertos (que repetirá el 27 y el 31), a diecisiete años de su última visita, que dejó como souvenir el álbum Live at River Plate. El tiempo también ha pasado para los australianos, que en ese período sacaron dos discos, tuvieron cambios de integrantes y sufrieron la pérdida de uno de sus fundadores, el guitarrista Malcolm Young. Sin embargo, aquí están, listos para dar un show demoledor en el estadio que eligieron para su último registro en vivo.La importancia de ese disco doble y su respectivo DVD hechos en la Argentina radica en que constituyen la grabación final de la formación clásica de AC/DC. Fueron editados en 2012, dos años después de terminar la gira presentación de Black Ice, posiblemente su mejor trabajo del siglo XXI. Después de eso, el quinteto empezó a sufrir bajas en su formación.En 2014, Malcolm Young fue diagnosticado con demencia y dejó de tocar. Respetando su voluntad, su hermano Angus mantuvo al grupo en pie y ese mismo año reclutó a su sobrino Stevie Young para grabar Rock Or Bust y asumir el rol de su tío de forma definitiva.Stevie es hijo de Stephen, el mayor de los ocho hermanos Young, y tiene apenas un año menos que Angus. Fundó la banda de heavy metal Starfighters en 1980 y en 1988 reemplazó temporalmente a Malcolm cuando entró en rehabilitación por su adicción al alcohol, por lo que era el candidato ideal para ocupar su lugar en esta nueva etapa. Al llegar a la Argentina el jueves pasado, se sintió mal y fue hospitalizado, pero fue dado de alta al día siguiente y está listo para conocer la pasión del público local por primera vez.Tras la salida de Rock Or Bust, el grupo sufrió otro golpe. El baterista Phil Rudd fue arrestado en su casa en Nueva Zelanda por posesión de drogas y acusado de amenazas de muerte y de haber encargado un asesinato, cargo que fue rápidamente desestimado. Sin embargo, fue condenado a ocho meses de prisión domiciliaria por los otros delitos, por lo que no pudo salir de gira con AC/DC. Su reemplazo fue Chris Slade, quien ya había formado parte del quinteto entre 1989 y 1993. Él fue quien grabó en The Razors Edge el single "Big Gun" (de la banda sonora de la película de Arnold Schwarzenegger, El último gran héroe) y en los lanzamientos Live at Donington y AC/DC Live.En medio del tour, los médicos de Brian Johnson lo obligaron a parar porque corría el riesgo de perder la audición. Sorprendentemente, sufrió la perforación del tímpano izquierdo no por los conciertos de AC/DC, sino por no ponerse protección auditiva corriendo una carrera de autos vintage, su pasatiempo por fuera de la música. "Escuché cómo se me reventaba el tímpano porque me olvidé de ponerme los tapones debajo del casco. La música no tuvo nada que ver", contó en su momento. Quien salió al rescate fue Axl Rose, líder de Guns n' Roses, que se hizo cargo de la voz en los shows que quedaban, incluso con una fractura, porque si algo le faltaba a esa gira para estar maldita era que el reemplazante de Johnson apareciera en su debut con la pierna enyesada. Por si fuera poco, al finalizar la presentación de Rock Or Bust, el histórico bajista Cliff Williams se retiró de los escenarios y el grupo entró en una pausa indefinida.La muerte de MalcolmEn 2017, Malcolm falleció. Fiel a su postura de seguir adelante, Angus Young convocó al resto de la formación clásica de AC/DC para grabar un álbum en su honor. Así, Stevie Young, Rudd, Williams y un recuperado Brian Johnson se reunieron en secreto en el estudio de Bryan Adams en Vancouver, Canadá, para dar forma a Power Up. Las canciones fueron escritas por Angus a partir de ideas que Malcolm dejó antes de morir. "Mal siguió haciendo lo que podía hasta que ya no pudo más, pero tenía todo el material en el que estaba trabajando. Había muchos riffs, ideas y fragmentos de estribillos. Yo iba completando cosas para ver si teníamos una canción. Todos los discos que hicimos fueron así. Siempre había algo del pasado, algo completamente nuevo y, a veces, alguna idea vieja en la que Malcolm o yo habíamos trabajado pero que nunca terminamos. El proceso de composición no cambió demasiado, salvo por el hecho de que Mal ya no estaba físicamente", explicó el guitarrista a la revista Guitar Player.Editado en 2020, Power Up mantiene intacta la esencia de los australianos y exuda rock and roll hasta la médula. Después de todo, es lo que se espera de ellos. Como dice el crítico y ensayista Steven Hyden en su libro Twilight of the Gods: "Lo que hace a AC/DC únicos en la historia del rock es esta uniformidad disciplinada. La banda perfeccionó su sonido en su álbum debut, High Voltage (1976), y luego procedió a hacer el mismo disco una y otra vez durante los siguientes cuarenta años. Y eso fue considerado perfectamente aceptable". Esa es la clave del éxito del quinteto, que se ha mantenido incólume frente a las tendencias musicales del momento y siempre fue fiel al sonido que construyó, aquel que sus fanáticos, que son muchísimos, quieren escuchar.Como bien afirmó Angus, Power Up es un homenaje a su hermano, "de la misma manera que Back In Black fue un tributo a Bon Scott", su histórico vocalista, que murió accidentalmente en 1980 por una intoxicación etílica. La banda recibió duros embates a lo largo de su existencia, pero desarrolló una maquinaria tan perfecta que funciona siempre al máximo a pesar de que cambien sus engranajes. Sin ir más lejos, Johnson logró la proeza de reemplazar a un cantante magnético sin que el grupo detuviera un segundo su camino hacia el éxito.De hecho, la formación actual solo tiene dos miembros históricos en sus filas. Para el Power Up Tour, la base rítmica la conforman el bajista Chris Chaney -ex miembro de Jane's Addiction- y el baterista Matt Laug, que tocó con Alanis Morissette en Jagged Little Pill, con Alice Cooper y Slash's Snakepit. La gira empezó en 2024 en Alemania, recorrió Europa, Estados Unidos y Australia, y por fin llegó a Sudamérica, donde el grupo ya tocó en Chile y Brasil.Seguramente la energía en el Monumental sea la misma que se vivió en 2009 y en 1996, cuando pisaron la Argentina por primera vez, con el público haciendo pogo y coreando cada riff, pero con algunas diferencias importantes en la lista de temas. Perseguidos por el fantasma del retiro (no sería extraño que ésta fuera su última gira), AC/DC no centra su espectáculo en su último álbum, como sí había hecho con Black Ice, sino que, como leyenda viviente, apunta a recorrer toda su carrera. Hay clásicos infaltables -"Back in Black", "Shoot to Thrill", "Highway to Hell"- y trucos que se repiten y no fallan nunca -las campanas de "Hells Bells", los cañonazos en "For Those About to Rock (We Salute You"), el largo solo de Angus en "Let There Be Rock"-, pero también un repaso más amplio de su discografía, incluyendo algunos rescates como "Have a Drink on Me", "Riff Raff", "If You Want Blood (You've Got It)" y "Stiff Upper Lip".Por fin, este lunes AC/DC vuelve a tocar en la Argentina. Pasaron diecisiete años de la última vez y, si bien es cierto que llegan como sobrevivientes, siguen sonando con la potencia arrolladora de siempre. En un contexto donde muchos artistas se suben al escenario con pistas de fondo, que todavía haya una banda luchando con crudeza por el rock and roll hecho a tracción a sangre ya es motivo suficiente para celebrar.
El tribunal explica que la existencia de una incapacidad permanente se analiza en cada caso concreto, sin que enfermedad y grado de discapacidad sean siempre equiparables, incluso en escenarios clínicos semejantes
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la reconocida plataforma digital a abonar la sanción millonaria que le impuso el Ministerio de Consumo tras constatar infracciones graves vinculadas a anuncios turísticos sin licencia o con datos inexactos
El ministro firmó esta sanción a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia de uso turístico, por ofrecer una licencia incorrecta, o por incurrir en publicidad engañosa al no ofrecer información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones
Una pareja denunció que el fragor constante de las máquinas les impedía trabajar y que su hijo tuvo que mudarse para poder estudiar. El fallo consideró que los sonidos superaron la "normal tolerancia" y ordenó una indemnización millonaria por daños y perjuicios
ROMA.- Los italianos comenzaron este domingo a definir no solo el futuro de una ambiciosa reforma judicial, sino también la fortaleza política de la primera ministra, Giorgia Meloni, en un referéndum que rápidamente se transformó en un examen sobre su liderazgo.La consulta, que se extiende durante dos días y no requiere un mínimo de participación para ser válida, fue presentada originalmente como una modificación técnica del sistema judicial. Sin embargo, en un clima de creciente polarización, terminó convirtiéndose en una pulseada política entre el gobierno de derecha y una oposición de centroizquierda que logró unificarse en torno al rechazo.Para el final de la primera jornada, a las 23 (hora local) la participación ya mostraba señales de movilización inusual. Según el Ministerio del Interior, más del 45% del padrón había votado, la cifra más alta registrada a esa altura para un referéndum de dos días. En el referéndum constitucional de 2020 sobre la reducción del número de parlamentarios, la participación a las 23 fue del 39,37%. El dato alimenta la expectativa sobre un desenlace incierto, en una contienda que las encuestas muestran extremadamente ajustada y donde cada voto podría inclinar la balanza.En las calles de Roma, el clima refleja esa tensión. "Debemos votar 'no' porque la independencia judicial es fundamental", dijo Margherita Rossi, una estudiante de 21 años que viajó desde Milán para participar. A pocos metros, Francesca Serlupi Ferretti Crescenzi, de 67, defendía el "sí": "El sistema necesita reformarse desde hace mucho tiempo".El corazón de la reforma apunta a modificar la estructura del poder judicial italiano. Entre los cambios más relevantes se encuentra la separación de las carreras de jueces y fiscales, que actualmente pueden intercambiar roles, y una profunda reconfiguración del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano encargado de nombramientos y disciplina. El proyecto propone dividirlo en nuevas instancias y alterar el sistema de selección de sus miembros mediante sorteos.Para el gobierno, se trata de una transformación necesaria para garantizar mayor imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas. En un mensaje reciente, Meloni calificó la votación como "una oportunidad histórica" para modernizar la Justicia. Pero sus críticos advierten que la reforma no aborda problemas estructurales, como la lentitud de los procesos, y abre la puerta a una mayor injerencia política.El choque con la magistratura no es nuevo en Italia, pero ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación. Más del 80% de los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados participó en una huelga en rechazo a la iniciativa, mientras figuras como el fiscal antimafia Nicola Gratteri cuestionaron duramente el proyecto. "No mejora la eficacia del sistema y dificulta la lucha contra la corrupción", advirtió.En este escenario, Meloni decidió en los últimos días jugar fuerte. Tras mantener cierta distancia inicial, la primera ministra se involucró de lleno en la campaña por el "sí", endureciendo su discurso y alertando sobre los riesgos de un rechazo. "Si la reforma no se aprueba, no habrá otra oportunidad", sostuvo, en declaraciones que generaron polémica por su tono alarmista.El giro responde a un dato central: una derrota no la obligaría a dimitir, pero sí podría erosionar su autoridad política. Meloni lidera desde 2022 uno de los gobiernos más estables de Italia en años y ha logrado consolidarse como una figura relevante en la Unión Europea. Un revés en las urnas podría debilitar esa posición, tanto a nivel interno como internacional.Analistas como Lorenzo Pregliasco señalan que una victoria del "no" tendría un fuerte impacto simbólico. "Rompería el aura de invencibilidad de Meloni y reforzaría la idea de que existe una alternativa política", explicó. En un país acostumbrado a la volatilidad, ese mensaje podría reconfigurar el escenario de cara a las elecciones de 2027.El referéndum también se lee en clave internacional. La cercanía de Meloni con el presidente estadounidense Donald Trump, que en otro momento fue una ventaja política, hoy genera incomodidad en parte del electorado italiano. El contexto global, marcado por conflictos como la guerra en Medio Oriente, ha vuelto más sensible cualquier alineamiento externo."Existe un 'riesgo Trump' para Meloni", advierten los analistas, en referencia a la percepción de subordinación a un líder impopular en Europa. En ese marco, el resultado de la votación será observado con atención por sus socios europeos, que ven en Italia un factor clave de estabilidad en el bloque.La votación se reanudará el lunes por la mañana y el escrutinio comenzará inmediatamente después del cierre definitivo.Agencias AP y ANSA
San Bienvenido es honrado hoy en el santoral por su valentía al enfrentar las luchas fratricidas en Italia y su compromiso con la reforma de la Iglesia y el cuidado de los marginados. Leer más
El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene activas siete demandas contra el gobierno nacional por deudas que le exige en distintas materias, que totalizan un monto de $15,6 billones, según calcula la administración provincial. En uno de esos reclamos, la semana pasada se registró un avance con la realización de una audiencia convocada por la Corte Suprema en la que las partes estuvieron cara a cara por primera vez, luego de dardos mediáticos, pedidos de reuniones y chicanas. El tema convocante fue la búsqueda del gobierno de Axel Kicillof por cobrar el dinero de aportes que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe girar a la caja bonaerense de jubilaciones (una de las 13 que no fueron transferidas a Nación). Según el gobierno provincial, la suma adeudada asciende a más de $2,2 billones.El martes a las 11, minutos después de que la expresidenta Cristina Kirchner declarara en los tribunales de Comodoro Py en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, representantes del gobierno de Kicillof y del presidente Javier Milei asistieron a la audiencia que convocó la Corte. Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, el gobernador estuvo representado por el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.La audiencia en la Corte fue el primer encuentro entre las partes en pugna y finalizó con la fijación de una nueva audiencia, que se realizará el 21 de abril a las 11, en la que "informarán al Tribunal acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo", según reza el acta del encuentro. Hasta el 21 de abril, ambos gobiernos deberán estar en contacto: el IPS; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses. "La Corte fue muy enfática en que el 21 no podemos discutir si se recibió un mail o no", advirtió a LA NACION una fuente bien informada sobre lo sucedido en la audiencia."El Estado está obligado a transferir a la Provincia el equivalente a los montos resultantes de una simulación que establece cuánto cobraría un jubilado de las cajas provinciales si se hubiese jubilado con el régimen nacional. Se calcula la diferencia y se transfiere. Se pagan adelantos a cuenta de una suerte de auditoría. Se le debe a la Provincia desde 2020, y desde 2024 no se pagó ningún adelanto. Nación dice que no están las auditorías; la Provincia, que ya ofreció toda la información", resumió el conflicto la fuente consultada.En un comunicado de prensa posterior a la audiencia, el ministro López subrayó que "el gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo". LA NACION consultó a fuentes de Anses y del Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuestas."Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el gobierno nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones", resaltó López en el comunicado bonaerense tras el encuentro motorizado por el máximo tribunal judicial del país.En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.En el presupuesto 2026, se destinan $122.762.664.874 "para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales", se lee en el texto del presupuesto publicado en el Boletín Oficial. Se especifica también que la Anses "transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado de acuerdo con el decreto 730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias". Y se subraya: "Solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Anses, que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior".El gobierno provincial le reclama fondos y obras a la administración nacional desde hace tiempo, con algunos picos de tensión como las demandas que llevó a la Corte la gestión de Kicillof. En lo mediático, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, exigió en distintas conferencias de prensa que lo reciba el ministro del Interior, Diego Santilli, e incluso, en noviembre del año pasado, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje con un pedido formal de reunión, al que Santilli contestó, con ironía, "Dale, Carli. Gracias. Tomo nota".
Los agentes iniciaron la demanda en 2023 por difamación y "daño emocional", con un reclamo de 3,9 millones de dólares, al sostener que los videos los expusieron a una humillación pública. Al instante, el artista celebró la decisión como un triunfo para artistas y ciudadanos frente a posibles abusos policiales. Leer más
La petición del jefe de Estado ocurre luego de que se conocieran acercamientos entre exdirectivos de la constructora y la Fiscalía, en busca de acuerdos que permitan esclarecer responsabilidades dentro del caso de la Ruta del Sol II
La incidencia se originó en noviembre de 2023 en el grupo semafórico situado en la avenida Doctor Manuel Candela con Santos Justo y Pastor
Bajo la lupa por sus vínculos con directivos de la AFA, el flamante funcionario negó cualquier injerencia en ese y otros casos delicados para el gobierno.Con 30 años en el poder judicial, admite como un problema "urgente" el retraso en designar a jueces y promete una solución veloz.
El consistorio quiere volver a tener la vivienda para que se utilice como vivienda de protección oficial
Daniel Quil, miembro de la comunidad judía ortodoxa de Jabad, fue condenado a cinco años de prisión por abusar de su hija adoptiva en un proceso que duró casi una década. Esta semana fue detenido por primera vez. En su declaración sostuvo que su conducta estaba regida por normas estrictas de recato que le impedían mantener contacto físico con mujeres. la Justicia consideró probado el abuso sexual ocurrido en 2016, cuando su hija tenía entre 12 y 13 años. Leer más
Tras recibir una montaña de información sobre las comunicaciones de Mauricio Novelli, quien le acercó el negocio de la criptomoneda $LIBRA al presidente Javier Milei, el fiscal Eduardo Taiano trabaja sobre una batería de nuevas medidas de prueba que incluyen la citación de nuevos testigos que aparecen en esos registros y la incorporación de nueva evidencia digital.Así dijeron a LA NACION fuentes relacionadas con el expediente donde el presidente Milei y su hermana Karina están bajo investigación, aunque no formalmente imputados en la causa que maneja el fiscal Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.Además, están investigados Novelli; su hermana, María Pia Novelli; su madre, María Alicia Novelli; y su socio en Tech Forum Argentina, Manuel Terrones Godoy. También figuran el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales; Julián Peh, CEO de Kip Protocol, y Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures. Estas dos compañías son las que habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA. Todavía no es tiempo de citaciones a declarar en indagatoria, dijeron las fuentes. Esto es porque lo que hay son evidencias de un celular pero no está acreditado el nombre de todos los propietarios de las billeteras virtuales por donde circularon los fondos en la previa del lanzamiento de $LIBRA. Un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que el presidente Javier Milei habló al menos cinco veces por teléfono con el lobbista Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda.También se habría encontrado en el dispositivo de Novelli un borrador de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de $LIBRA, y un supuesto acuerdo de pagos por US$ 5 millones de dólares.Estos documentos coinciden con el intercambio de comunicaciones entre los protagonistas del negocio y el presidente Milei.Con estos hallazgos en el expediente desde febrero pasado, el fiscal Taiano analiza ahora avanzar con nuevas medidas de prueba.Está trabajando con su equipo en elaborar una lista de testigos, que son personas que aparecen en los intercambios telefónicos de Novelli o personas que están en torno de la organización del Tech Forum, el evento donde Milei se interesó en este emprendimiento.El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó mediante un tuit de X la criptomoneda "$LIBRA", ideada para el financiamiento de empresas argentinas.El activo tuvo una suba astronómica de su valor en minutos y luego se desplomó. A las 4 horas Milei borró su posteo y dijo que no tenía relación alguna con la iniciativa y que, luego de "interiorizarse" sobre el tema, elegía "no seguir dándole difusión".De las comunicaciones además surgieron relaciones anteriores de Milei con Novelli, cuando era capacitador en inversiones del instituto de enseñanza del lobista.El vínculo empezó en 2021, cuando Novelli empezó a pagarle en pesos y en dólares a Milei por sus servicios como economista, e incluso fue diputado nacional y Presidente.Los cursos en inversiones digitales se dictaban desde el portal de N&W Profesional Traders, empresa que Novelli comparte con Jeremías Walsh. Entre los profesores sumó a Milei, que dio clases por Zoom sobre "educación financiera" y criptomonedas, y al influencer derechista Agustín Laje, sobre "política y ciclos económicos".Esto surge de los audios y mensajes del teléfono de Novelli. Ahora Taiano podría citar entonces a las personas que trabajaban en N&W Profesional Traders como Walsh.O buscar qué puede aportar Ariel Parkinson, que trabajó junto con Novelli y Terrones Godoy en la organización del Tech Forum.Mientras se amplía la mirada de la fiscalía sobre qué declaraciones pueden ayudar a entender mejor el vínculo entre los personajes investigados, se esperan nuevos elementos de prueba.Uno en particular es un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que dirige el fiscal Horacio Azzolin.Resta ahondar en el mundo de las plataformas que administran y gestionan esas billeteras. Una de las herramientas informáticas para esta tarea es un software cuya licencia se venció.Los investigadores están procurando el presupuesto para renovar esa licencia, que permitiría rastrear los movimientos del dinero virtual entre las billeteras.Los dueños de esas billeteras son anónimos, no son identificables en el mundo del blockchain por su nombre y apellido, pero cuando en medio de esas transferencias el dinero aterriza en una plataforma centralizada, que permite convertir las criptomonedas en dinero, ahí es posible identificar al que recibe los fondos.Todas las operaciones asociadas a $LIBRA, incluida la que le dio vida a la moneda digital, están registradas en un gran libro virtual de acceso público. Los movimientos, sin embargo, son anónimos. Están asociados a cuentas virtuales cuya titularidad se desconoce. La red blockchain, en principio, funciona como una suerte de plaza pública en donde todos pueden comerciar con todos pero portando máscaras.Por eso, la medida de prueba que por estas horas analiza el fiscal Eduardo Taiano puede ser el primer paso para comenzar a correr el velo que protege a un grupo especial de billeteras. Son aquellas que operaron con $LIBRA en algún momento de sus primeros 20 minutos de vida, pero especialmente segundos antes de que la moneda fuera promovida, difundida o publicitada por el presidente Javier Milei, el 14 de febrero, a las 19:01.En esta tarea están ahora los especialistas del Ministerio Público Fiscal, pues tienen por un lado la evidencia de lo ocurrido antes, durante y después del lanzamiento de $LIBRA y cómo circularon los fondos.Y tienen con los teléfonos celulares, a los que Novelli dio acceso con su clave, con las comunicaciones que mantuvieron con los personajes en torno al caso: el presidente, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.En algunos casos tienen los mensajes, en otros audios y en otros casos solo constancias de la existencia de llamados, con el día y la hora, pero no se sabe su contenido.Toda esta prueba debe aún consolidarse para avanzar con citaciones a prestar declaración indagatoria a los sospechosos.
Tras casi un año de reclamos y gestiones fallidas, un fallo judicial ordenó indemnizar al usuario por daño moral. La sentencia también aplicó una multa equivalente a una canasta básica por la actitud de la compañía
La noche en Florencio Varela volvió a desbordar a Mariano Soso. El entrenador de Defensa y Justicia fue expulsado otra vez, luego de una reacción fuera de control de Rubén Botta, en medio de empujones y golpes, que dejó a su equipo sin conducción en un momento sensible de un partido que todavía estaba abierto. Sin embargo, lograron vencer a Unión por 2-0 como local en la fecha 12 del Torneo Apertura.El detonante fue la expulsión de Botta, tras una infracción de Juan Ludueña sobre Juan Manuel Gutiérrez. La reacción del volante, que descajado se cruza con Mauro Pitton y lo golpea y mete un cabezazo, derivó en la roja. Incluso durante el tumulto que se armó tras esta primera reacción desmedida, también lanzó un golpe hacia Lautaro Vargas. La expulsión resultó inevitable y, por la violencia de los hechos, no dejó lugar a discusiones. La decisión del árbitro Felipe Viola, sin embargo, generó una protesta inmediata del banco local, con Soso como principal protagonista. El técnico, tras ver la roja, le pidió al juez que le explique el motivo de su tarjeta, sin lograr una respuesta y teniendo que retirarse.Previamente, Pittón había tenido un cruce con Soso diciéndole "andá para allá, fantasma", según reconstruyeron los periodistas de campo de juego que cubrieron el partido para la señal TNT Sports Premium. Al finalizar el encuentro, el propio capitán de Unión habló sobre la reacción de Botta: "Reaccionó mal, me dio un cabezazo, pero ya está, son cosas del partido". La jugada que originó todo también dejó cuestionamientos cruzados. Desde Defensa y Justicia interpretaron que Pittón debió haber sido expulsado por una segunda amonestación tras la infracción previa sobre Gutiérrez. Tuvieron razón, la acción ameritaba la segunda amarilla de Viola, pero el juez lo perdonó. Esa lectura alimentó el malestar del público local, aunque nada justifica la reacción posterior del jugador.El episodio no aparece aislado. Apenas unos días antes, Soso ya había protagonizado otra expulsión, dejando una escena de fuerte tensión tras el empate frente a Central Córdoba. Aquella vez, luego de un penal sancionado a instancias del VAR, el entrenador encaró al árbitro Bryan Ferreyra en la zona interna del estadio y descargó una dura acusación: "¡Están amañando el fútbol argentino, viejo. Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? ¡No tenés dignidad, viejo!".A pesar de la expulsión, no recibió sanción disciplinaria y pudo estar en el banco en la goleada 5-2 ante San Lorenzo, en condición de visitante. Incluso en el momento de retirarse del campo en este partido, las cámaras captaron sus gestos de desconcierto y enojo. "¿Por qué me expulsaste?", se le leyó en los labios, mientras abandonaba la zona técnica.El segundo tiempo comenzó con un escenario adverso para el equipo de Florencio Varela: un jugador menos y sin su director técnico en el campo. Soso siguió el partido desde una de las ventanas del estadio, muy activo gritando y dando indicaciones, mientras el marcador permanecía 0 a 0 y el desarrollo exigía una respuesta futbolística que pudiera compensar el golpe anímico.En ese contexto, la figura de Cristopher Fiermarín tomó protagonismo. El arquero sostuvo a Defensa y Justicia con varias intervenciones decisivas, en un tramo en el que Unión aprovechó la superioridad numérica para instalarse en campo rival y generar situaciones de riesgo.Esa resistencia encontró premio en el tramo final. A los 70 minutos, Defensa y Justicia logró romper el equilibrio a partir de una de sus especialidades: la pelota parada. Aaron Molinas ejecutó un envío desde poco más allá de la mitad de la cancha, con dirección al área, que superó a todos en su recorrido. La pelota cruzó el área sin desvíos hasta el segundo palo, donde apareció Lucas Souto. El defensor se filtró a espaldas de la última línea y empujó el balón para establecer el 1-0, en una acción que combinó precisión en la ejecución y lectura del espacio para capitalizar un envío largo que parecía no llevar peligro.El gol reconfiguró el desarrollo. Defensa y Justicia encontró una ventaja inesperada en un contexto adverso, gracias a su eficacia en una jugada preparada. Unión, obligado por el resultado y con superioridad numérica, intensificó su búsqueda en los minutos siguientes, pero volvió a encontrarse con la seguridad de Fiermarín, que sostuvo la ventaja en el momento más exigente del encuentro.A los 79 minutos, el equipo de Florencio Varela volvió a golpear, esta vez desde una recuperación en campo propio tras un mal córner del rival. Unión ejecutó el tiro de esquina sin precisión, la jugada derivó en una disputa entre el uruguayo Gutiérrez y Santiago Grella â??reclamada como infracción por todo el conjunto santafesinoâ?? y el uruguayo se quedó con la pelota.Gutiérrez emprendió una corrida en soledad y definió en el mano a mano para marcar el 2-0 final. La acción, rápida y directa, terminó de inclinar el partido en favor de Defensa y Justicia, que transformó la adversidad en contundencia. El delantero uruguayo marcaba por segundo partido consecutivo y sería elegida la figura del encuentro.Lo mejor del partidoLa reacción de Unión llegó de inmediato, con un cabezazo que terminó en la red, pero la conquista fue invalidada rápidamente por posición adelantada. La decisión del asistente desactivó cualquier intento de descuento y sostuvo una diferencia que ya resultaba difícil de revertir.Soso levantaba el puño desde la ventana. La nueva victoria de Defensa, tras la derrota de Vélez, lo mantiene como el único invicto del torneo y segundo de su grupo A, a tres puntos del primero. El partido deja a un equipo que, a pesar de la adversidad de jugar con 10 y sin su entrenador en la cancha, logró encontrar las respuestas. Aunque la expulsión de su DT empieza a ser una tendencia en los partidos como local.
El candidato presidencial aseguró que es "capaz" de hacer que el mandatario "responda" por presuntos nexos con el narcotráfico y otros hechos
La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay dictaminó que corresponde al juzgado local tratar la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF. El reclamo fue impulsado por los legisladores peronistas Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay
Pedro Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia contra las autoridades
En 2024 se le impuso una sentencia a García Luna de 38 años de prisión por cinco cargos relacionados a con narcotráfico y delincuencia organizada
Juegan en el Norberto Tomaghello desde las 17.45, por TNT Sports Premium.El equipo de Mariano Soso viene de golear a San Lorenzo.Los de Madelón igualaron con Boca y quieren trepar en la tabla de la Zona A.
El Tribunal Supremo de España confirmó que la propiedad debe volver al Estado tras décadas en manos de la familia Franco.Había sido adquirida en 1938 mediante aportes forzosos durante la dictadura franquista. El fallo refuerza las políticas de memoria histórica y reabre el debate sobre el legado del franquismo.
La justicia federal, a cargo del juez Adrián González Charvay, avanzó sobre la Asociación del Fútbol Argentino con un procedimiento en sus sedes de Viamonte y Ezeiza, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos vinculados con el empresario Javier Faroni. La causa también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y se suma a otro expediente por supuesta evasión fiscal que involucra a la conducción encabezada por Claudio Tapia. Leer más
Un cómplice logro escapar tras apropiarse de cadenitas, relojes y celulares en la zona de Playa Chica.El rol clave del chofer de un colectivo.
El jefe de Gabinete suma denuncias penales y pedidos de informes por el polémico vuelo a Nueva York con su mujer y por el otro viaje en un chárter privado a Uruguay, además del posible enriquecimiento ilícito. Sobre el viaje a Punta del Este en los feriados de carnaval, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita están investigando, entre otros indicios, sobre la facturación de los vuelos. El de ida lo pagó la empresa de Marcelo Grandio, el amigo de Adorni. El regreso hacia Buenos Aires la empresa Alpha Centauri SA se lo cobró a Agustín Issin Hansen, un piloto uruguayo. Leer más
Una pareja decidió llevar a juicio a la concesionaria, al fabricante y al taller tras reiterados intentos de reparación que no lograron resolver el desperfecto. El tribunal subrayó que se vulneraron derechos del consumidor y aplicó una sanción por daño punitivo
El proceso, que involucra un inmueble en la ciudad de La Plata, detalla acuerdos frustrados, prórrogas durante la pandemia y servicios y expensas impagos. El dictamen pericial fue tomado como referencia para evaluar el costo de las reparaciones pactadas
La petición había sido presentada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, luego de que el Gobierno permitiera la exposición en vivo solo de 200 participantes
Cuatro hermanos de entre dos y cinco años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo y la Fiscalía Regional 2ª pidió colaboración social para dar con sus paraderos.Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de la vivienda en la que estaban alojados, situada en la calle Carrillo al 100."Los menores se encuentran a cargo de una tercer persona por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad", se informó en el comunicado de la fiscalía, que difundió las imágenes de los menores. Se aclaró, según consignó Noticias Argentinas, que esa medida no impide el contacto de los niños con su madre para cuidar a los hijos aunque establece que no puede faltar al domicilio fijado con ellos.La sospecha de la fiscalía es que la madre se llevó a los menores sin la autorización judicial. En este sentido, las autoridades no solo impartieron directivas de búsqueda a las unidades policiales, sino que pidieron el apoyo social para encontrar a los niños.La Unidad Fiscal de San Lorenzo interviene en el caso, en el que no se brindaron detalles sobre las causas que generaron la tutela judicial sobre esos menores.Se indicó al respecto que se trata de una medida adoptada por pedido de la subsecretaria de género, igualdad, diversidad, niñez, adolescencia y discapacidad de San Lorenzo.Este episodio, que por el momento no llevó a la activación de la Alerta Sofía, el sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y que constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Este mecanismo se llama Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como "Alerta Amber".Cómo se consignó, por el momento la fiscalía santafesina que interviene en el caso pidió la ayuda a la sociedad y difundió en sus redes sociales la desaparición de los cuatro hermanos, pero aún no se llegó a la decisión de emitir la Alerta Sofía.Ese mecanismo fue empleado en los últimos días para activar la búsqueda de la niña de dos años que había desaparecido en la ciudad cordobesa de Cosquín.La menor, finalmente, fue encontrada casi un día después en un descampado a 437 metros de su casa, según informó la fiscal de ese caso, Silvia Penn. Más allá del final feliz de los rastrillajes, la Justicia aún tiene dudas sobre lo ocurrido con esa pequeña, que fue encontrada en buen estado de salud y sin señales de haber sufrido agresiones. La percepción de los investigadores es que la niña no pudo haber llegado sola al descampado, por lo que entienden que intervino otra persona. Un dato que sobre el que se trabaja es que si la nena estaba en adentro de su casa cuando la sacaron y no gritó o lloró (al menos no hay testimonios en ese sentido) podría haber conocido a quien se acercó.La niña desapareció en el momento en que estaba jugando con su hermano, de seis años, en una habitación de su casa mientras su madre preparaba la comida. Cuando la mujer fue a buscar a su hija-su otro hijo ya había salido del lugar- no la encontró. La última vez que la había visto, la menor estaba descalza y con un enterito gris. La misma ropa con la que fue encontrada.
El conflicto es porque hay más de 80 mil anotados para la instancia de participación ciudadana que va a realizarse en dos días. Organizaciones ambientalistas presentaron amparos judiciales.
Tras obtener esta tarde un fallo favorable de la Justicia que denegó un pedido de amparo de organizaciones ambientalistas, el oficialismo ratificó el formato de audiencias públicas que se realizarán la semana próxima en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, convocaron a audiencias públicas para el 25 y 26 de este mes; empero, ante la cantidad de inscriptos para participar -la lista supera los 80.000-, los organizadores incorporaron una plataforma digital para que los interesados puedan exponer allí sus posturas. Una nueva forma de participar en las audiencias públicasFormá parte del debate sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.Para participar, suscribite al canal oficial de YouTube de la Cámara deâ?¦ pic.twitter.com/spgIi7Tuiu— Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 16, 2026Disconformes, un grupo de organizaciones ambientalistas -detractoras de la reforma de la ley- presentaron ayer ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos". La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.En ese escrito, sus impulsores solicitaron la readecuación del cronograma de audiencias con jornadas adicionales, "así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas".Requirieron, en este sentido, que el Congreso "se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a youtube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública".El amparo, impulsado impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina, fue denegado por la Justicia, por lo que el formato previsto por el oficialismo seguirá su curso. Así lo ratificó el diputado Mayoraz. "El marco legal es claro y se cumple al pie de la letra. El proceso se rige por el Acuerdo de Escazú (el marco internacional específico en participación ambiental) y por el art. 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumplen todos los recaudos exigidos", enfatizó en sus redes sociales. ð?§µ1/9 ð???ï¸? "¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!". Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero NO LO LOGRARON: la justicia federalâ?¦ pic.twitter.com/b98O0q5BH5— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) March 20, 2026"Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra. Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del Congreso más reformista de la historia", cerró. Tras las audiencias públicas, el oficialismo tiene previsto darle dictamen a la media sanción del Senado luego de Semana Santa. La intención es llevarlo al recinto el 8 del mes próximo.
Por el momento, el Gobierno definió que solo participen 400 personas de manera oral o en virtual. En este escenario, la ONG Greenpeace presentó una medida cautelar para que la Justicia haga lugar a la participación de los anotados.
El juez federal Ariel Lijo pidió al Gobierno informes sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado.Las medidas del juez Lijo obedecen a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga si hubo delito en ese viaje que realizó Adorni con su familia a Uruguay, entre el 12 y 17 de febrero pasado.El juez Lijo pidió levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, que es amigo de Adorni y que dijo que alojó al jefe de Gabinete y a su familia en su casa de Uruguay. El vuelo de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes. El comprador de ese voucher es Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio. Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen. El vuelo se hizo en un avión de la la empresa Alpha Centauri S.A. Por el viaje de ida se pagaron 4830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que le informe si hay allí "expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos" relativos al viaje de Adorni o su "estadía, alojamiento o financiamiento del viaje". Además, Lijo levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad. El juez quiere saber sobre la facturación, emitida y recibida, clientes, proveedores y eventuales operaciones, vínculos comerciales en particular las que involucren a la TV Pública, a Marcelo Grandío, Issin Hansen, Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete. Es que Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública, un área que está bajo el control de Adorni. El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.Además, el juez pidió la misma información de toda otra cuenta, producto o relación comercial vinculada a Imhouse y si la firma registra transferencias, depósitos, extracciones, cheques, pagos, cobranzas, acreditaciones, débitos, consumos, movimientos y cualquier otra operación bancaria vinculadas con la TV Pública, Marcelo Grandío, Manuel Adorni, Agustín Issin Hansen y/o Bettina Julieta Angeletti, que es la mujer de Adorni.El juez quiere los cheques librados, depositados, rechazados y las chequeras emitidas.Asimismo, le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) si hay reportes de operaciones sospechosas sobre Imhouse, Marcelo Grandio y Agustín Issin Hansen. Y toda la información relativa a alertas, análisis, actuaciones o antecedentes de inteligencia financiera de esas firmas. Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen del jueves último "certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal" de este expediente.En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano.Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde hace dos semanas cuando se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.
La Suprema Corte bonaerense rechazó un último recurso y dejó firme el fallo que lo había declarado inocente. El caso tomó relevancia cuando el joven admitió que la acusación había sido inventada. Leer más
Con la asistencia del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la opinión cada vez más influyente de su hermana Karina en el área, el presidente Javier Milei debe elegir, de entre una nómina de más de 200 ternas, a los postulantes que buscarán el acuerdo del Senado para convertirse en jueces.La nueva fisonomía del oficialismo en el Senado genera expectativas de que esta vez el Gobierno sí avanzará con el tantas veces anunciado envío de pliegos a la Cámara alta. Pero en ese extenso listado en manos del Poder Ejecutivo -configurado en gran parte por la falta de nombramientos en los últimos dos años- no hay ningún aspirante para cubrir las vacantes que se reparten a lo largo de los tribunales de Comodoro Py, donde más de una docena de sillas clave siguen vacías.Son lugares de extrema sensibilidad: por allí pasan las causas que comprometen al poder y, por ende, exigen acuerdos políticos más complejos en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de evaluar a los candidatos y proponer las ternas al Poder Ejecutivo. El caso de los Cuadernos de las Coimas, en pleno juicio oral, con Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados; o la causa $LIBRA, en instrucción, pero con revelaciones que ponen en crisis las explicaciones del Gobierno sobre el tema, son dos ejemplos del tipo de expediente que tramita en Comodoro Py. Los trámites en el Consejo para cubrir las vacantes de Comodoro Py están avanzados, con el orden de mérito de los candidatos establecido, pero todavía no hubo acuerdo con los nombres. Con la salida de Sebastián Amerio de la secretaría de Justicia, el representante del Ejecutivo en el Consejo pasará a ser su reemplazante, Santiago Viola. Algunos consejeros abrigan la expectativa de que Viola aterrice con instructivos específicos sobre los cargos en Py. Las vacantesLas vacantes de mayor peso se concentran en la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema. A principios de marzo, la situación en esa instancia se agravó con la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani. Con su baja, quedaron cuatro sillas vacías de 13, es decir, más de un 30% de los cargos.El presidente Milei ya solicitó al Senado la renovación del acuerdo del camarista Carlos "Coco" Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia- para que pueda seguir ejerciendo como juez de la Casación después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Pero el pliego de Mahiques sería solo para prolongar su vocalía por cinco años más, no para comenzar a llenar los huecos en la Casación. Algo similar sucede en los juzgados federales, que constituyen otra muestra a escala pequeña de un problema que aqueja todo el Poder Judicial. Allí, donde las causas inician, solo hay ocho jueces titulares para doce despachos, es decir que están vacantes más del 33% de los cargos. Los cuatro juzgados sin jueces titulares son: el N.º 12, vacante desde 2019 tras la salida de Sergio Torres (cuando partió a la Corte bonaerense); los N.º 6 y 11, vacantes desde 2020 luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio; y el N.º 9, sin titular desde 2023, tras la renuncia de Luis Rodríguez.Al igual que en la Casación, el sistema se sostiene con un esquema de subrogancias, es decir, con reemplazos horizontales que suelen durar un año y representan un adicional en el sueldo del magistrado. En algunas circunstancias, ese sistema pone a prueba sus límites, como en febrero, cuando un mismo magistrado llegó a tener a su cargo cuatro juzgados distintos.El Consejo de la MagistraturaEl proceso de selección de jueces federales y nacionales comienza en el Consejo de la Magistratura. Allí se inician los concursos, se realizan evaluaciones preliminares, se toman exámenes y se llevan a cabo entrevistas personales. Finalmente, cuando hay acuerdo entre los consejeros, se conforman las ternas que se envían al Ejecutivo. Durante 2024 y 2025, el Consejo envió un total de 115 ternas al Poder Ejecutivo (en 2025 solo 19), pero como en ese período el Presidente no remitió al Senado más que los pliegos de sus candidatos para la Corte Suprema -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- esas ternas se acumularon con las anteriores y hoy suman un total de 203. El último nombramiento consumado por el decreto de un presidente -tras la aprobación en el Senado- se produjo en noviembre de 2023, cuando Alberto Fernández puso su firma para que Marcelo Alejandro Cardozo se convierta en juez federal de Puerto Iguazú. Asumió en julio de 2025, después de 14 años de creado el juzgado. Por eso, en el Consejo esperan que haya una señal por parte del Ejecutivo para avanzar con las ternas de Py. Ahora, en manos del Poder Ejecutivo hay ternas para cubrir vacantes en cámaras federales de Rosario, Salta, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y General Roca, entre otras jurisdicciones.También hay nombres para ocupar cargos en ocho salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en seis salas de la Cámara Nacional Civil, aspirantes a ocupar cargos en tres salas de la Cámara Nacional Comercial y en las dos salas de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde solo hay dos jueces titulares sobre seis cargos.También esperan nombramientos la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre otros. El Poder Ejecutivo tiene ternas, además, para cubrir vacantes en tribunales orales, tanto en la Capital como en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires hay cargos pendientes en múltiples Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, además de puestos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico y en el Tribunal Oral de Menores.En el ámbito federal, las vacantes se extienden a tribunales de ciudades como Bahía Blanca, La Plata, San Martín, Tucumán, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Posadas, Catamarca, Santa Cruz y Formosa, entre otras.
La marcha, convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento, pidió respeto "para las víctimas y familiares"
El fallo consideró que la empresa no justificó el control ni la sanción aplicada.La medida fue considerada desproporcionada y el despido, injustificado.
Lo ordenó el juez González Charvay y busca la trazabilidad bancaria y las facturas del contrato que firmó la AFA con TourProdEnter, la empresa de Faroni.
La mujer cursaba la semana 20 de gestación cuando solicitó trabajo remoto tras una intervención médica.El jurado consideró que la empresa tuvo un 90% de responsabilidad en el trágico desenlace.
La jueza María Servini descartó las acusaciones al considerar que no hubo indicios de delitos contra el orden público. Indicó que los planteos por calumnias e injurias deben tramitarse en el fuero civil. Leer más
El proceso de extradición contra la empresaria colombiana, señalada de ser una posible asesina serial, está sujeto a revisiones periódicas por parte de los jueces británicos, según expertos y fuentes judiciales citadas por medios locales
El hombre relató lo ocurrido, describió el impacto emocional del caso y anunció acciones legales para que se determinen responsabilidades
Los herederos legales de la anciana, que manifestó su voluntad de dejar parte de su patrimonio a "Valentina, su cuidadora", señalan que no es posible saber a cuál de las dos trabajadoras se refería
La resolución judicial protege a la víctima de futuros descuentos e impide que la entidad reporte información negativa al sistema crediticio mientras se investiga el fraude
Tras un enfrentamiento en el lugar de trabajo, la compañía despidió a una mujer al alegar amenazas e insultos. Sin embargo, la sentencia concluyó que las pruebas eran insuficientes y ordenó el pago de una indemnización integral
La investigación hizo zoom sobre agentes penitenciarios que habrían facilitado elementos al narco Leonardo Airaldi para planear los crímenes. En la fuerza "no hay lugar para delincuentes", dijo el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, una de las posibles víctimas
Autoridades recuerdan que esta obligación cubre gastos escolares, médicos y básicos, y que existen más de 405 sedes de Defensa Pública para iniciar acciones legales gratuitas
La transferencia de competencias de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires no fue azarosa: es el resultado de un camino en el que venimos trabajando desde hace dos años. El 10 de diciembre de 2023 asumí al frente del primer Ministerio de Justicia de la historia de la Ciudad, que creó Jorge Macri con el objetivo de conseguir los traspasos de competencias pendientes para la consolidación de la autonomía porteña. Desde ese momento iniciamos las conversaciones institucionales con el gobierno nacional y solicitamos el traspaso de las competencias judiciales pendientes, tal como establece nuestra Constitución. Decidimos empezar por lo laboral porque es un fuero que impacta en la producción y el empleo. Soy abogado laboralista, me dediqué a esto toda mi vida: la Justicia del trabajo es donde se concentra todo el conflicto social y económico. Cada fallo provoca una serie de reacciones en el mercado y en el mundo jurídico, y eso impacta directamente en la matriz productiva de nuestra Ciudad. Es innegable que la incertidumbre judicial es un ítem determinante en la hoja de costos de cualquier Pyme porteña. Un juicio laboral imprevisible no solo afecta al trabajador, que tarda años en recibir una compensación licuada, sino que congela la capacidad de contratación de esa empresa. Es necesario eliminar ese riesgo sistémico para promover el empleo en la Ciudad. En 2024, mientras se mantenían los canales de diálogo con el gobierno nacional, la Ciudad comenzó a preparar el terreno: impulsamos un proyecto para poner en funcionamiento el Fuero Laboral local junto a su propio Código de Procedimiento. Conformamos una mesa de trabajo conjunta en la que utilizamos de punto de partida un proyecto que yo había escrito durante mi labor como senador bonaerense, que posteriormente se convirtió en la ley que fundamentó el nuevo Código Procesal Laboral de la Provincia. Después de meses de arduo trabajo y debates muy fructíferos, confeccionamos un Código Procesal ágil y moderno para la Justicia del Trabajo y lo presentamos en la Legislatura porteña. Con esa aprobación legislativa pusimos en funcionamiento el fuero. En febrero de 2025 el Consejo de la Magistratura abrió concursos para cubrir los nuevos cargos de 10 juzgados y dos salas, y la recepción que tuvimos fue inaudita. En total se inscribieron 1.251 personas para los 6 concursos. Esto nos demostró que eran cada vez más las personas que querían formar parte de esta nueva Justicia en la Ciudad. A ese puntapié inicial se le sumó el impulso que recibimos a través del fallo "Levinas", en el que la Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar su criterio de fallos anteriores ("Corrales", "Bazán", "Nisman"), al convalidar nuestro rumbo instituyendo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como la autoridad máxima a la que deben acudir las cámaras ordinarias antes de llegar a la Corte. A su vez, la Corte encomendó a los legisladores cumplir con la transferencia de competencias judiciales pendientes. Con ese envión, en el verano de 2025 instamos al gobierno nacional a crear una Comisión de trabajo conjunto para evaluar las condiciones que tenía que tener el traspaso de las competencias judiciales. Estuvimos todo un año escuchando a las distintas cámaras ordinarias -laboral, civil, comercial, penal- y Asociaciones de Magistrados, tanto de Ciudad como de Nación, para ver cuál era la mejor forma de llevar adelante estas transferencias. Y, mientras todo esto ocurría, el gobierno nacional decidió avanzar en un proyecto de Modernización Laboral. La oportunidad para concretar el traspaso de las competencias laborales era histórica, porque la reforma nacional necesitaba una Justicia local moderna para funcionar plenamente. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones -Ciudad y Nación- trabajamos durante semanas en la redacción de un convenio para transferir las competencias sobre los conflictos laborales individuales, que finalmente firmamos el Jefe de Gabinete nacional y quien suscribe. Ese convenio se envió al Congreso nacional incorporado al texto de la Reforma Laboral y quedó homologado por la aprobación de ambas cámaras. Es decir que, en solo dos años, creamos el Fuero, diseñamos el Código y ahora conseguimos la aprobación del Congreso nacional para avanzar con la transferencia definitiva. Lo que resta ahora es que la Legislatura porteña apruebe el traspaso y que acordemos con Nación la manera de instrumentar esa transferencia. Hecho eso, tenemos 180 días para poner en funcionamiento la Justicia laboral de la Ciudad. Esta Justicia laboral propia va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy. Venimos preparando un modelo que, acorde a nuestras convicciones, entiende a la Justicia como un servicio al ciudadano. En ese sentido, va a estar enfocada en las personas y en la concreción de resultados. En lo que respecta a la estructura, la Justicia laboral porteña va a tener una nueva organización, con oficinas de gestión comunes y equipos especializados, para sistematizar el trabajo, reducir tiempos y mejorar la calidad de las decisiones. En cuanto a lo instrumental, van a contar con la última tecnología en materia de conectividad, herramientas digitales e infraestructura edilicia, para agilizar todos los procesos internos. Los expedientes van a ser electrónicos, para que las partes puedan hacer fácilmente un seguimiento; y vamos a implementar IA y audiencias virtuales. Para todo esto, además, vamos a prestar soporte y capacitación. Y en cuanto a lo cultural, que para nosotros es lo más importante, van a ser jueces mayoritariamente nuevos, interpretando una norma de fondo también nueva. Esos magistrados van a tener contacto directo con las personas involucradas en los procesos judiciales. Con todo esto, estimamos que un juicio que antes duraba entre 5 y 8 años, ahora durará apenas 1 o 2. Y esta reducción de tiempo impacta directamente en empleadores y empleados: los que contratan van a tener una mayor previsibilidad y los que son contratados van a poder resolver sus conflictos de forma ágil y cercana. Con un Fuero Laboral moderno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vuelve cada vez más confiable para invertir. Queremos que las empresas elijan radicarse acá no solo por la infraestructura y el talento de nuestro capital humano, sino porque saben que, ante un conflicto, hay un juez porteño, formado con tecnología de punta, que resuelve en tiempo acorde a la necesidad de la gente. De esto hablamos cuando hablamos de autonomía: tener la decisión política de construir una infraestructura jurídica que impulse el desarrollo productivo de la Ciudad.*El autor es ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
El caso se suma a una serie de hechos violentos que han incrementado el temor entre pasajeros que utilizan combis y buses en distintos distritos de Lima
A 43 años de las ráfagas que silenciaron el documental, el fallo judicial de junio de 2025 marca un precedente global para la protección de la prensa en zonas de conflicto
La empleada cuestionó las pruebas y el control informático, pero su recurso fue rechazado
El detective había solicitado el pago de 17.023 euros por 235 horas de trabajo y más de 4.000 kilómetros de desplazamiento, pero el tribunal revisó el caso y rebajó la suma a la correspondiente por 100 horas
Tras un litigio judicial que se extendió por más de 15 años, la Justicia ordenó el desalojo de un terreno sobre avenida Pujol. Es el tercer inmueble que la provincia logra recuperar en la misma manzana. Leer más
A causa de esta decisión la Xunta de Galicia tiene que elegir entre readmitir al trabajador en su puesto o indemnizarle con 49.467,96 euros
Tras el violento asalto, y ante la demora de la compañía en el pago, el damnificado decidió llevar el caso a los tribunales. El juez rechazó los argumentos de la empresa y ordenó actualizar la compensación por destrucción total, además del daño moral y punitivo