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Humanizar a la Justicia: el desafío de pasar del expediente a la empatía

El tránsito de lo estrictamente procedimental a una visión sensible evidencia la necesidad de adaptar el sistema judicial a demandas sociales que reclaman mayor humanidad y reconocimiento de experiencias diversas

Se accidentó con su Porsche y demandó a la concesionaria de la autopista: tras un largo recorrido, la Justicia definió el caso

La sentencia expuso los criterios que deben evaluarse en reclamos por daños automovilísticos y precisó el alcance de la carga probatoria en procesos judiciales de especial complejidad

Corrupción en la AFA: la firma de helicópteros ocultó información y los pilotos mintieron en la Justicia

La empresa Flyzar no entregó todos los planes de vuelo o los manifiestos completos de los 60 viajes de sus aeronaves a la mansión de Pilar atribuida a Tapia y Toviggino.Bajo juramento, los tripulantes afirmaron no haber llevado pasajeros.

Gustavo Bolívar arremetió contra Abelardo de la Espriella por investigación de supuesto soborno: "La justicia nunca lo toca"

El exsenador planteó dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía tras la desaparición de documentos clave, al preguntarse si existe "un innombrable 2.0" en el sistema judicial

La AN escucha esta semana al 'conseller' de Justicia y Villarejo como testigos en el juicio a los Pujol

Testimonios clave de altos cargos y exagentes policiales serán escuchados ante el tribunal en Madrid, donde se decidirá el futuro judicial de la familia Pujol, acusada de enriquecimiento ilícito y vinculada a operaciones policiales y financieras controvertidas

"Mi padre no me demuestra que me quiere": la justicia rechaza extinguir la pensión de alimentos que recibe una joven porque la falta de relación no es cupa suya

Para eliminar esta ayuda, debe demostrarse que el distanciamiento es "intenso, relevante, manifiesto" y atribuible en exclusiva a los hijos

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son "delitos comunes" en su país

El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado

Dejó el auto abierto, con las llaves puestas, y se lo robaron: la Justicia respaldó a la compañía de seguros

Una Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que consideró que la conducta del titular del vehículo facilitó el hecho ilícito, configuró culpa grave y liberó a la aseguradora de responder por los daños reclamados

La revancha de Milei por Fate, el pronóstico del Gobierno sobre la economía y los cargos sensibles que podría conseguir en la Justicia

La mesa chica del Gobierno tomó una decisión clave ante el anuncio del cierre de la histórica fábrica. La intimidad en el Gabinete ante las noticias por la actividad económica y la oportunidad que se le abre a La Libertad Avanza para negociar casilleros clave

"El objetivo es destruir la idea de justicia social"

La legisladora dijo que con la reforma laboral "no hay trabajador que no vaya a sufrir las consecuencias". El papel "central" clave de Pullaro en la aprobación de la ley.

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, una pelea entre el Gobierno y la oposición que se dará en un fuero destinado a desaparecer

La secuencia del proyecto de reforma laboral, o modernización, bien puede escribirse en una agenda y esperar que suceda. Primero, segura aprobación en el Senado. Después, trámite formal para promulgar la ley y entonces, operatividad de la norma. Empezará, entonces, un camino paralelo, en dos campos de juego muy distintos. En el territorio del Gobierno, avanzarán con la reglamentación de decenas de artículos, institutos y procedimientos; en la oposición y los gremios, apelarán la judicialización, ya advertida, de parte o toda la ley. Y acá surge el gran interrogante ya que esta batalla judicial se dará en gran parte en la Justicia Nacional del Trabajo, el llamado fuero laboral, un conjunto de 80 juzgados y sus 10 cámaras de apelaciones que la propia ley manda a desarmar.Será todo un desafío para el oficialismo y la vida de la ley, ya que serán los propios jueces sentenciados a desaparecer o, por lo menos, a pasar a depender de la justicia porteña, los que tendrán las primeras palabras sobre la constitucionalidad o no de la modernización laboral.Cuando la norma partió del Senado con su aprobación incluyó un artículo clave, el 90. Allí se incorporó como parte integrante de la ley un convenio firmado apenas unos días antes, el 9 de febrero. Ese día, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, rubricaron llamado "Acuerdo de transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires".Se trata de un documento para traspasar las competencias judiciales en materia laboral de la Nación a la jurisdicción porteña. El texto establece un plan de transición y, además, establece la necesidad de un segundo paso: otro convenio para el traspaso de los recursos que ahora serán solventados por la administración de Jorge Macri.La importancia del asunto es que será la Justicia, no sólo la porteña sino la de todo el país, la que decida la constitucionalidad o no de la norma que seguramente se aprobará en pocos días. Pero claro, éste fuero es la caja de resonancia más importante para estos asuntos. Y justamente, desde varios lugares apuntan a este lugar como una de las trincheras de resistencia del kirchnerismo. De hecho, la decisión de terminar con él y pasarlo a la Ciudad se fundamenta, además de las cuestiones constitucionales sobre la autonomía porteña, en el convencimiento de que esos juzgados serán remisos a cualquier cambio en el régimen actual.El año pasado, varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus pares porteños habían iniciado una mesa de trabajo para avanzar en el traslado. Para sorpresa de los negociadores locales, en el proyecto de ley, apareció el artículo 91 y los sorprendió. "Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos", decía el primer borrador de la reforma que apareció en diciembre.En el verano, esas negociaciones se convirtieron en un acuerdo formal, como se dijo, firmado el 9 de febrero. Entonces, aquel artículo se convirtió en otro que incorporó el texto rubricado por Adorni y Tapia. Pero, en la Ciudad está todo listo para recibir el fuero que en los últimos años se convirtió en uno de los lugares que sostuvieron el entramado legal que ahora se trata de cambiar, puntualmente desde que la familia Recalde se ocupó personalmente de cada una de las designaciones.En aquellos borradores ya se había avanzado en el traspaso. En mayo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad llamó a concurso para empezar a tener candidatos a los juzgados. Entonces hubo 52 inscriptos y el proceso avanzó.Ahora, el convenio que es parte de la ley que seguramente se aprobará establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados. Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.Antes de que empiecen a correr los plazos de transición, deben cumplirse tres condiciones previas. Además de la aprobación del Congreso de la Nación, también se requiere que la Legislatura porteña haga lo propio. Luego, avanzar en la firma del convenio específico de transferencia de recursos. Cumplido esto, se iniciará el plazo de 180 días. Una vez que el acuerdo entra en vigencia, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) tiene un plazo no mayor a 180 días corridos para finalizar los procesos de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público, además de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y operativas para el funcionamiento del fuero porteño.En caso de que la administración de Jorge Macri termine antes de ese tiempo deberá notificar al Estado Nacional para adelantar el traspaso formal. Recién entonces, las causas nuevas se radicarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo porteño.Ahora bien, la Justicia Nacional no desaparecerá entonces sino continuará tramitando exclusivamente las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha hasta que se dicte sentencia definitiva de segunda instancia (o de primera, si queda firme). Además, intervendrá en todos los conflictos colectivos o gremiales, entre otros asuntos. En otro párrafo se dispone que al entrar en vigencia el acuerdo se cerrarán de inmediato los juzgados nacionales que se encuentren vacantes, 30 listados en un anexo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.En resumen, el hito temporal más relevante es el de los 180 días posteriores a la ratificación legislativa, momento en el cual la justicia porteña asume plenamente el ingreso de nuevos expedientes laborales.La idea del gobierno porteño es crear inicialmente 10 juzgados laborales que empiecen a recibir todos los expedientes nuevos. Cerca del ministro Tapia, además de remarcar en la necesidad de ponerse de acuerdo con en la asignación de los recursos, pusieron el asunto en la necesidad de ver si se estipula alguna transferencia de jueces nacionales a la jurisdicción local. Es decir, abrir una suerte de "libro de pases, validación o aprobación" de la magistratura local.Por un principio de derechos adquiridos, los jueces nacionales seguirán como magistrados. De ahí la necesidad de algún sistema de pases, para que puedan decidir qué hacer, si pasar a la Justicia local o mantenerse, además de optar por el sistema de jubilación a los que les llegue el tiempo.La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso que lleva 30 años y que se inauguró con la aprobación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994.Sin embargo, la inclusión del artículo ya generó un fuerte rechazo entre los magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral porque entienden que implícitamente deroga la vigencia del fuero laboral nacional.En el último tiempo, el proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la de la ciudad ya se da desde que la Corte Suprema estableció, en el fallo "Levinas", que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el que interviene para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal. Los jueces nacionales, por ahora, se han resistido aplicar este fallo porque subsume los tribunales nacionales a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. De hecho, cuando los litigantes quieren revisar las sentencias de cámaras y piden la elevación al Superior Tribunal porteño, generalmente les deniegan el recurso, una pequeña resistencia que se quiebra con un recurso en queja.Esa trinchera judicial será el escenario de disputa entre la Nación y una parte de la oposición, gremialismo y kirchnerismo, se dará en medio del fuero con sentencia de desaparición. En el medio quedará la futura ley de modernización laboral, y los interrogantes que esa pelea irremediablemente va a generar.

Gobierno de Sheinbaum busca justicia para trabajadores de Altos Hornos de México, van por reactivación de la planta

Luego de la quiebra en 2024 de AHMSA, la presidenta reiteró el compromiso de justicia laboral con los extrabajadores

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Pese a la controversia, el salsero continuó su carrera y cimentó un legado que hoy es homenajeado tras su fallecimiento a los 75 años.

Sheinbaum reitera compromiso de rescatar a mineros en Pasta de Conchos tras reunión con familias: "Hay que hacer justicia"

La presidenta se reunió con los familiares de las 68 víctimas en Coahuila, a 20 años de la explosión en la mina

Justicia salvadoreña dicta una condena global de 5,641 años para integrantes de la MS-13

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso sentencias de hasta 75 años a pandilleros de la MS-13 por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas

Dólar blue en Mar del Plata: la Justicia cerró por prescripción una causa contra una red de cambio ilegal

La Cámara de Casación rechazó el recurso del fiscal y confirmó que venció el plazo para investigar el delito de intermediación financiera no autorizada. La pesquisa apuntaba a una estructura integrada por hasta 15 personas y con presunta connivencia policial

La justicia de Texas acusa a un histórico entrenador de patinaje de Dallas por abuso sexual

Un coach reconocido enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos contra menores, mientras familias y deportistas del patinaje artístico reclaman mayor vigilancia y transparencia en el entorno competitivo infantil

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La resolución judicial subraya que la práctica de la religión o el reconocimiento de la comunidad no suplen la necesidad de una documentación genealógica que demuestre el vínculo directo con los sefardíes expulsados de España

La justicia obliga a una madre a abandonar la vivienda que compró con su exmarido porque vive en ella con una nueva pareja

La mujer había recibido el uso exclusivo del inmueble en 2019, junto con la custodia de sus dos hijos

Una aerolínea canceló vuelos tras advertir que habían sido vendidos a un precio irrisorio por error: la Justicia ordenó indemnizar a los pasajeros

Un valor inusualmente bajo publicado en la web dio origen a un conflicto de alcance internacional. La compañía alegó una equivocación en la venta, pero un fallo judicial determinó responsabilidades y dispuso sanciones. La Cámara Comercial avaló la decisión que obliga a la empresa a otorgar pasajes abiertos y a pagar una compensación económica a los consumidores

El día después de Caseros: saqueos, fusilamientos y justicia por mano propia en Buenos Aires

Apenas se supo que las fuerzas de Urquiza eran las vencedoras, las pocas autoridades que permanecían en Buenos Aires, decidieron abandonarla. A partir de ese momento, se vivieron días de caos y descontrol, protagonizados por hombres, mujeres e incluso por presos a los que les abrieron las puertas de sus celdas. Hubo cientos de juicios sumarios, fusilamientos y vecinos armados que primero disparaban y luego preguntaban

Escándalo cripto $LIBRA: la Justicia rechazó a dos inversores bielorrusos que denunciaron pérdidas por USD 2 millones

El juez Marcelo Martínez de Giorgi negó que puedan actuar como querellantes en la causa vinculada al token promocionado por Javier Milei. La defensa apelará la decisión y buscan sumar damnificados de otros países. Leer más

La Justicia frenó el descuento del 8% en sueldos de empleadas públicas de Córdoba: nuevo golpe a la Ley de Equidad Jubilatoria

La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación ordenó a la Provincia de Córdoba que suspenda los descuentos adicionales de hasta el 8% aplicados a los haberes de cinco empleadas públicas en virtud de la Ley 11.087. Leer más

Revés para un intendente K: la Justicia declaró nula una tasa por "servicios esenciales" impuesta al campo

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la "nulidad" total de la controvertida "Tasa por Servicios Esenciales" impuesta por la Municipalidad de Azul a los productores agropecuarios. El tributo, impulsado por el intendente local del Partido Justicialista, Nelson Sombra, exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes. Esta decisión había desatado un fuerte malestar en el distrito desde principios de 2024 hasta la fecha. En la causa caratulada como Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria, el tribunal de alzada resolvió "hacer lugar al recurso de apelación" presentado por los productores demandantes y modificar la sentencia de primera instancia. Originalmente, un juez había declarado la ilegitimidad e inexigibilidad del gravamen, normado en las Ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023, únicamente "en la proporción que exceda el cincuenta por ciento (50%) del monto liquidado"."Es un golazo": el criador número uno del mundo pagó en Estados Unidos US$270.000 por la mitad de un toro con sangre argentinaSin embargo, los magistrados de la Cámara determinaron que la declaración de ilegitimidad y la consecuente inexigibilidad del tributo debe alcanzar a "la totalidad de los montos liquidados en cada caso" para las partidas inmobiliarias rurales de los productores. El tribunal consideró como válido el argumento de la "invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas" que instituyeron la tasa. La resolución fue firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, encontrándose el doctor Elio Horacio Riccitelli en uso de licencia, y dispuso, además, que las costas del proceso sean impuestas a la demandada vencida, es decir, a la Municipalidad de Azul.Cristina Boubee, productora agropecuaria y una de las referentes del grupo que llevó adelante esta estrategia legal, relató a LA NACION que están satisfechos con la sentencia."Hay un diferencial para poder llegar con los números que no llegaba de ninguna forma, entonces él [el intendente Sombra] ponía esta tasa esencial porque decía que con eso iba a poder manejar toda la parte de caminos y también la parte de salud de Azul y un montón de cosas que al final no hizo ninguna", dijo Boubee. Ante la inacción de los primeros meses cuando se fijó la tasa, los productores decidieron acudir a las movilizaciones para ser escuchados por el intendente, pero no hubo caso. "Tomamos acción en la calle, fuimos a tener entrevistas con él, nunca reaccionó. No nos atendió", precisó. El origen de la disputa se remonta a febrero de 2024, cuando un grupo inicial de productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul presentó una demanda colectiva contra el municipio. La nueva ordenanza los obligaba a abonar una tasa equivalente a un litro de gasoil por hectárea mensual (y dos litros para frentistas urbanos). La acción judicial, que llegó a ser impulsada por 190 productores que representaban casi 190.000 hectáreas (cerca del 30% del distrito), denunciaba que la medida era inconstitucional al no tener una contraprestación específica vinculada a la actividad, destinando fondos a rubros como salud, educación o deportes.La falta de respuestas por parte del Ejecutivo local derivó en una resistencia fiscal, donde solo recaudaron un 40% de lo previsto en la primera cuota. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) alertó en su momento sobre la "distorsión" que esto generaba frente a la tasa vial tradicional, y advirtió que la asfixia impositiva local amenazaba la rentabilidad del sector.Boubee contó que durante el proceso hubo divisiones dentro del sector agropecuario local. Mientras la Sociedad Rural de Azul decidió avanzar con un estudio de abogados local, el grupo más duro -que comenzó con 56 productores y hoy suma 78- optó por el patrocinio de letrados vinculados a las entidades del campo como Jorge Moroni.Sobre la decisión del juez de primera instancia de anular solo el 50% de la tasa, Boubee fue tajante: "No se puede hacer una cosa a la mitad". Fue por eso que los productores apelaron argumentando que el tributo era ilegal. "Había sido votada inclusive no por los mayores contribuyentes y sin haber llamado a todo el público para explicarlo, no había dado las explicaciones que corresponden", detalló. El que no entró en la demanda de ese momento tiene que pagar la tasa. "Nosotros, al adelantarnos, la frenamos y no pagamos. Los que pagaron, ahora el intendente tiene que hacer la devolución. Son alrededor de 80 productores a los que les tienen que devolver el dinero. Hay productores que tienen desde 90 hectáreas hasta 8000 hectáreas". Al haberse dictaminado la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el municipio se enfrenta a un problema de caja. Por otra parte, Boubee confirmó que han iniciado una nueva ofensiva legal contra el jefe comunal para que brinde una rendición de las cuentas municipales. "La otra acción es la rendición de cuentas de la plata que entra del municipio y queremos saber dónde está. Si seguimos con caminos todos destruidos, se nos viene la cosecha que encima va a ser mala porque la sequía ha hecho mucho daño. Hay partes donde no han arreglado ningún camino", reclamó.Jorge Eduardo Moroni, el abogado patrocinante de los productores que culminó la demanda, explicó a LA NACION los fundamentos técnicos de la embestida judicial: "Ante la promulgación de la Tasa de Servicios Esenciales por la cual se empezaba a cobrar este tributo a las parcelas rurales para solventar los gastos de servicios de la comuna en la ciudad, como el sostenimiento de plazas, luminarias, clubes, salud, etcétera, los productores a través nuestro plantearon ante el Juez Contencioso Administrativo de Azul las acciones legales atacando la ordenanza desde diversos ángulos".Y agregó: "Fuimos desde la nulidad por estar mal la ordenanza al no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, hasta su propia inhabilidad como tasa por no existir servicio directo brindado a los campos de los productores, lo que a nuestro criterio se agota con las tasas por mantenimiento de caminos rurales", detalló el letrado. Y sentenció: "Por eso, a nuestro juicio, se asimilaba a un impuesto más que a una tasa".LA NACION intentó tener una opinión de Sombra sobre el fallo judicial, pero hasta el momento no tuvo respuesta alguna.

Escándalo cripto: la justicia le bajó el pulgar a dos bielorrusos que denuncian haber perdido 2 millones de dólares por $LIBRA

Son dos ciudadanos de 20 y 52 años que compraron el token minutos después del tuit de Javier Milei.El juez Martínez de Giorgi rechazó un pedido para constituirse como querellantes en la demanda.Los damnificados extranjeros que también buscan sumarse a la causa en el país.

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: "A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme"

El líder de Perú Libre, quien postula a la presidencia del país, cuestionó la moral de la justicia y aseguró que no se entregará voluntariamente para cumplir la prisión preventiva

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Congreso que llegan a las urnas con cuentas pendientes ante la justicia

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 195 aspirantes inscritos para el 8 de marzo enfrentan investigaciones o graves cuestionamientos

La Justicia confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo en la causa por amenazas que promovió Facundo Manes

La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa que investigó su cruce en el Congreso con el diputado radical Facundo Manes, que lo denunció penalmente por presuntas amenazas. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II, sostuvieron que el choque que protagonizaron ambos en los pasillos del Congreso, después que el presidente Javier Milei inaugurara el 1° de marzo las sesiones ordinarias, no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo, y que, por más que Manes se haya sentido intimidado por el asesor, no hacía falta producir más pruebas para esclarecer los hechos. El camarista Roberto Boico, en tanto, votó en disidencia con sus colegas, al sostener que la investigación aún estaba incompleta. El altercado, que quedó parcialmente registrado en algunas fotos y videos, ocurrió el 1° de marzo de 2025, luego de que el diputado Manes cuestionara al oficialismo durante el discurso con el que el presidente Milei abrió las sesiones legislativas. Manes sostuvo en su denuncia que tras el discurso Caputo lo increpó y lo amenazó en los pasillos del recinto. "Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: 'Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio". Según la denuncia de Manes, Caputo le dijo además: "Ya me vas a conocer a mí".El caso llegó a la Cámara luego de que el diputado, constituido como querellante, apelara la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de sobreseer a Caputo por los hechos. El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del PresidenteLa de este viernes no fue la primera intervención de la Sala en el expediente. Antes de dictar el sobreseimiento de Caputo, la jueza Capuchetti había ordenado el archivo del expediente por inexistencia de delito, en línea con el dictamen del fiscal Ramiro González, que entendió lo mismo. La misma opinión sostendría luego el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe.Pero la Cámara sostuvo entonces que antes de archivar el caso era necesario revisar los hechos y resolver si Manes podía constituirse como querellante. Capuchetti le otorgó ese rol a Manes y sobreseyó a Caputo, decisión que fue apelada por el diputado. Hoy, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de sobreseer al asesor presidencial.

La AFA cuestionó la decisión de la Justicia de llamar a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió hoy un comunicado en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante de llamar a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia, cabeza de la asociación, a Pablo Toviggino, su tesorero, y a otros dirigentes involucrados en la causa que revisa un presunto desvío millonario de aportes sociales e impuestos. Según la denuncia inicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA hubo un total de$7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó$11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados."La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", señaló la entidad que preside Tapia en el comunicado. Y añadió: "El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones". En su defensa, la AFA cuestionó a la ARCA por la denuncia contra la entidad que nuclea a los clubes de fútbol. "ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes", señaló la institución que encabeza Tapia. Entre las medidas que dispuso el juez Amarante está la prohibición de la salida del país de Tapia y Toviggino hasta que presten declaración indagatoria. El juez argumentó que la dictó por "la gravedad de los hechos investigados" y "la severidad de la pena" que podría corresponderles a los acusados, "y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan"; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si la prohibición será levantada después de esas declaraciones, en un año en el que Tapia tiene previsto viajar porque se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima."El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna", argumentó Tapia, a través del comunicado de la AFA. El comunicado completo:"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna".

Embargo y depósito millonario: la Justicia falló a favor de los 260 despedidos de Alal

El juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida presentada por un grupo de exempleados y ordenó a la firma Alal depositar 142 millones de pesos para garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones. Leer más

Patricia Bullrich: "La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores"

La ministra de Seguridad se refirió a la posibilidad de que la oposición y los gremios judicialicen la reforma laboral que podría sancionarse la semana que viene

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Aunque la Audiencia Provincial de Córdoba reconoce la falta de relación entre ambos, no considera demostrado que sea atribuible principalmente a la hija ni que una sola ausencia justifique la suspensión de la pensión

Neuquén: la Justicia ordenó a una prepaga cubrir medicación y vuelo para una joven trasplantada de corazón

Cremaron los restos de su padre sin su consentimiento: demandó a su hermana y la Justicia le dio la razón

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y condenó a la municipalidad y a la hermana de la demandante a indemnizarla, al comprobar que la cremación se realizó sin su consentimiento expreso y formal

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El tercer intento para vender el barco al mejor postor ha quedado desierto. Sigue atracado en Las Palmas a la espera de encontrar comprador

Luis Bogado y una nueva jornada docente que convoca SPEPM: "Hablar de alfabetización es hablar de justicia educativa"

El Director Ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) celebró los más de mil inscriptos a un espacio de reflexión para docentes de todos los niveles en la provincia del litoral argentino

El precio de la paz: cuánto ha invertido el Ministerio de Justicia en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Jorge Iván Cuervo resaltó los puntos cruciales de la inversión que ha hecho el Estado para cumplir con lo pactado

Advierten que marchas convocadas por Petro tras suspensión del salario mínimo buscarían presionar a la justicia: "Hace ver a los jueces como enemigos"

Varias organizaciones denunciaron que el llamado del presidente a movilizarse frente a sedes judiciales compromete la independencia judicial y el principio de separación de poderes

Muerte en la montaña: la Justicia cuestionó el relato del hombre acusado de abandonar a su novia

Un hombre fue acusado por la muerte de su pareja, de 33, quien falleció congelada durante un viaje de alpinismo.Durante el juicio en su contra, surgieron pruebas que contradicen su relato.

PP dice que si Marlaska ocultó la denuncia contra el DAO deberá responder ante la Justicia

La echaron por tomar un café y la Justicia falló a favor de la empresa

Una empleada fue despedida tras tomarse pausas para el café sin registrarlas en el sistema horario.La Justicia consideró que hubo "pérdida de confianza" y avaló la decisión de la empresa.

La justicia revocó el fallo que ordenó restituir las pensiones por discapacidad laboral

La Cámara Federal de Tucumán aceptó un planteo de ANDIS.El tribunal sostuvo que la asociación civil y el Defensor del Pueblo de Catamarca que iniciaron el caso no tienen legitimación para representar a todos los afectados.

Un caso de justicia por mano propia terminó en la muerte de un hombre en Bucaramanga: era señalado de abuso infantil

Las actuaciones motivadas por denuncias no formales culminaron en una confrontación en la que familiares de una menor habrían causado el deceso de un hombre

Fred Korematsu desafió el encarcelamiento de japoneses en Estados Unidos y obtuvo justicia cuarenta años después

El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066. El texto era breve, casi burocrático: autorizaba al Ejército a trazar "zonas militares" y expulsar de ellas a cualquier persona considerada una amenaza, sin acusaciones ni pruebas concretas. No mencionaba a los japoneses ni hablaba de encarcelamiento. Pero esa firma cambió el destino de unas 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría ciudadanos estadounidenses.Habían pasado dos meses desde que los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor. En ese ataque murieron más de 2400 estadounidenses y otros tantos resultaron heridos. Estados Unidos entró en guerra con una mezcla de furia y temor, y con la idea de que el enemigo podía estar más cerca de lo que se imaginaba.En cuestión de semanas, familias enteras recibieron avisos para abandonar sus casas en California, Washington y Oregón. Vendieron lo que pudieron, cerraron negocios, empacaron lo imprescindible. Pero no todos aceptaron en silencio. Fred Korematsu, un trabajador de 23 años e hijo de inmigrantes japoneses decidió quedarse en su ciudad. Su caso llegó a la Corte Suprema y terminó en un fallo que, con el tiempo, sería reconocido como uno de los errores más graves en la historia del tribunal. Esta es su historia.Un ciudadano estadounidenseFred Korematsu nació en Oakland, California, en 1919. Era el tercer hijo de inmigrantes japoneses que habían llegado unos años antes, como tantos otros, buscando trabajo y una vida estable. Entre 1861 y 1940, unos 275.000 japoneses emigraron a Hawái y a Estados Unidos. Muchos comenzaron trabajando en plantaciones o como agricultores, pescadores y comerciantes. Con el tiempo, lograron establecerse y construir negocios propios. En 1940, aunque controlaban menos del 4 % de las tierras agrícolas de California, producían más del 10 % del valor agrícola del estado.El padre de Fred tenía un pequeño vivero y él paso su infancia como cualquier chico estadounidense: fue a la escuela pública, hizo amigos, jugó al tenis e hizo natación, trabajó y tenía proyectos.Como muchos hijos de inmigrantes japoneses nacidos en Estados Unidos (los llamados Nisei), adoptó un nombre inglés durante su infancia. En su caso, fue un maestro de la primaria quien le sugirió usar un nombre más fácil de pronunciar, y desde entonces lo llamaron "Fred".Su vida transcurrió sin sobresaltos. Pero después de diciembre de 1941 y el ataque de Pearl Harbor la situación cambió.El clima el país empezó a cambiar. Primero fueron las miradas que se detenían un segundo más de lo normal. Comentarios en voz baja. Luego, aparecieron las sospechas. Y después, las órdenes.Los diarios hablaban de espionaje y traición. Los militares advertían que la costa oeste podía estar en peligro. No importaba que no existieran pruebas de sabotaje por parte de los japoneses estadounidenses. Tampoco que muchos de ellos nunca hubieran pisado Japón. Su origen, por sí solo, se convirtió en motivo de desconfianza.El encierroEn la primavera de 1942, empezaron a aparecer carteles pegados postes de teléfono y paredes. Eran avisos impresos por el Ejército. El mensaje era claro: todas las personas de ascendencia japonesa debían presentarse para ser evacuadas. Tenían pocos días para abandonar sus hogares, sus trabajos... sus vidas. Entre marzo y mayo de ese año, unas 120.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y enviadas a centros de detención y campos vigilados. Dos de cada tres habían nacido en los Estados Unidos. Primero las trasladaron a centros provisorios. Después, a campos ubicados en zonas aisladas: Arizona, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah, Arkansas.Los campos estaban rodeados de alambre de púas. Desde las torres, los guardias vigilaban los movimientos. Las familias vivían en barracas de madera construidas con apuro, con paredes finas que no frenaban ni el calor ni el frío. En verano, el polvo se metía en todas partes. En invierno, el frío se filtraba por las rendijas. Los baños y comedores eran compartidos. A cada persona le daban lo básico: un catre, un colchón de paja, unas mantas.Con el tiempo, algunos intentaron hacer esos espacios un poco más "familiares". Colgaron cortinas, taparon grietas, plantaron pequeños jardines. Gestos mínimos como una manera de tener algo de normalidad. Pero nada podía ocultar lo evidente: no estaban ahí por elección.Si bien no eran cárceles en el sentido formal, no había condenas ni juicios, tampoco podían irse. Estaban ahí porque el país decidió que ya no eran del todo confiables.La decisión: no obedecerCuando Fred leyó el aviso, entendió lo que implicaba. Si obedecía, lo enviarían a un campo. Perdería su libertad sin haber hecho nada malo.En ese momento, el joven estaba de novio con Ida Boitano. La pareja habló de irse juntos, de escapar a Nevada, fuera de la zona de exclusión. Era una idea desesperada, pero era una posibilidad. Ida dudó. Su vida estaba en California, su familia, su trabajo. Irse no era tan simple.Por eso, le mostró un anuncio de un cirujano plástico en San Francisco. Tal vez, si cambiaba su apariencia, podría pasar desapercibido. Tal vez, si su rostro cambiaba, nadie lo señalaría. Fred se aferró a esa idea. Fue a ver al cirujano, pagó 300 dólares por la operación. Pero no funcionó. Cuando volvió, quienes lo conocían lo reconocieron enseguida. Nada había cambiado realmente. Años después, diría que la idea fue "una estupidez".Mientras el tiempo pasaba, la familia de Fred decidió cumplir la orden del gobierno. Vendieron lo que pudieron y empacar el resto en pocas valijas. Se convirtieron en la familia número 21538. Fred no se sumó a su familia y decidió ignorar la orden.El arrestoFred siguió con su vida en Oakland intentando pasar desapercibido. No cruzó la frontera ni se escondió en otro estado. Se quedó en el mismo lugar donde había nacido, en las mismas calles que conocía desde chico.Pensó que su nombre podía delatarlo por eso eligió otro. Empezó a presentarse como Clyde Sarah. Sintió que era un nombre común y que no lo identificaba como japonés. Durante un tiempo, trató de vivir así, como si fuera otra persona.Pero no fue suficiente. El 30 de mayo de 1942 la policía lo detuvo y lo acusó de violar la orden que obligaba a todas las personas de ascendencia japonesa a abandonar la zona. No lo acusaron de espionaje ni sabotaje. Solo de quedarse.Su arresto llamó la atención de Ernest Besig, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La organización llevaba tiempo buscando un caso que permitiera cuestionar ante los tribunales la legalidad de la exclusión forzada de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa y la situación de Fred reunía todos los elementos: era ciudadano estadounidense, no había sido acusado de espionaje ni de ningún otro delito, y aun así había sido arrestado por permanecer en su propia ciudad. El juicio fue breve, el 8 de septiembre de 1942 un tribunal federal en San Francisco lo condenó por violar la orden militar. No se lo acusó de espionaje ni sabotaje. Solo de permanecer en la zona prohibida. Por su parte, el argumento legal del abogado defensor era rotundo: el gobierno no podía encarcelar a ciudadanos solo por su origen.Tras la condena, Besig le propuso a Fred apelar la decisión. Le explicó que el proceso podía ser largo y que no había garantías de éxito. Fred aceptó. Años más tarde, recordaría su decisión: "Sentí que tenía que defender mis derechos, yo era ciudadano estadounidense".Mientras el proceso judicial avanzaba, Fred fue enviado al centro de detención Tanforan Assembly Center, en California, un antiguo hipódromo. Allí, las familias vivían en antiguos establos para caballos, adaptados de manera precaria para alojar personas. Meses después lo trasladaron al campo de Topaz, en Utah, un lugar más aislado. El abogado apeló la condena ante el Tribunal de Apelaciones, que la confirmó y entonces el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos.Cuando se trató el caso en Washington, Fred no pudo estar presente, estaba encerrado en el campo así que su abogado habló por él. La pregunta era simple y enorme al mismo tiempo: ¿podía un país encarcelar a sus propios ciudadanos sin acusarlos de ningún delito? El gobierno mantuvo su posición.El 18 de diciembre de 1944, la Corte decidió. Por seis votos contra tres, falló en su contra. "No podemos rechazar como infundado el juicio de las autoridades militares", dijo el tribunal, que calificó el encarcelamiento como una "necesidad militar". También negó que Fred hubiera sido excluido por hostilidad hacia él o su raza.Pero no todos los jueces estuvieron de acuerdo. El juez Owen Josephus Roberts, en su voto en disenso dijo que en el caso "condenaba a un ciudadanoâ?¦ basado en su ascendencia, y únicamente por su ascendencia". Por su parte, el juez Frank Murphy, también en disenso, fue más directo: "Esta exclusiónâ?¦ cae en el feo abismo del racismo". El juez Robert H. Jackson advirtió que la Corte estaba creando un precedente peligroso que podía justificar futuras violaciones de derechos.Fred Korematsu perdió. Años más tarde, recordaría ese momento: "Nunca voy a olvidar que mi propio gobierno me trató de esa manera".Durante décadas, ese fallo quedó en pie. Pero la historia todavía no había terminado.La liberaciónEn 1945, cuando la guerra terminó el gobierno comenzó a cerrar los campos. El último, Topaz, en Utah, donde estaba Fred, el 31 de octubre de ese año. Más de 120.000 personas fueron liberadas. No recibieron indemnización ni recuperaron lo que habían perdido. El gobierno les dio un boleto de tren y 25 dólares para empezar de nuevo.Muchos regresaron a la Costa Oeste. Algunos encontraron sus casas vendidas. Otros descubrieron que sus negocios ya no existían. Durante los años de exclusión, habían perdido tierras, ahorros y fuentes de ingreso. Las pérdidas económicas ascendieron a miles de millones de dólares, según una comisión creada por el Congreso en la década de 1980.Fred también salió del campo y volvió a California. Pero la condena seguía en sus antecedentes, legalmente, seguía siendo culpable.De vuelta en su hogar, Fred consiguió trabajo y formó una familia. Llevó una vida tranquila y durante años, habló poco de lo que había pasado.La verdadPasaron casi cuarenta años, hasta que en 1980, el presidente Jimmy Carter nombró una comisión especial para iniciar una revisión federal de los hechos y circunstancias en torno al encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.En ese contexto, un grupo de investigadores encontró algo inesperado en los archivos de Washington. Documentos oficiales e informes internos que demostraban que, incluso en 1942, el propio gobierno sabía que no existía evidencia de que los japoneses estadounidenses representaran una amenaza militar. Pero esa información había sido ocultada a la justicia.Una de las investigadoras que halló los documentos, Aiko Herzig-Yoshinaga diría después: "Supe inmediatamente lo importante que era".Fue entonces cuando el caso de Fred volvió a abrirse. Y esta vez, la historia tuvo otro desenlace. El 10 de noviembre de 1983, en un tribunal federal de San Francisco, la jueza Marilyn Hall Patel concluyó que el gobierno había ocultado deliberadamente pruebas clave durante el juicio y decidió anular la condena de Fred."En mi caso, según la decisión de la Corte Suprema, ser ciudadano estadounidense no era suficiente. También había que parecerlo. De lo contrario, decían que no podían distinguir entre un ciudadano leal y uno desleal. Siempre creí que esa decisión fue equivocada, y todavía lo creo. Mientras mi condena siga registrada en un tribunal federal, cualquier ciudadano estadounidense puede ser encarcelado o enviado a un campo sin juicio ni audiencia, simplemente por parecer el enemigo. Por eso, me gustaría que el gobierno admitiera que se equivocó y hiciera algo para que esto no vuelva a sucederle a ningún ciudadano, sin importar su raza, su origen o sus creencias", dijo Fred ante la jueza.En su decisión, la jueza dejó una advertencia: incluso en tiempos de guerra, el país debía mantenerse vigilante para proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos.Por primera vez desde 1942, Fred dejaba de ser culpable ante la ley. Tenía 63 años.La reivindicaciónDespués de cuarenta años, la condena que lo había acompañado durante toda su vida ya no existía. "Estoy feliz de que mi nombre haya sido limpiado", dijo horas después de conocerse la decisión. Si bien el fallo de la Corte Suprema en Korematsu v. United States nunca fue formalmente anulado quedó desacreditado, porque se demostró que el gobierno había actuado de manera engañosa.Cinco años después, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas oficialmente. El Congreso aprobó la Civil Liberties Act, una ley que reconocía que el confinamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial había sido una injusticia. El presidente Ronald Reagan la firmó el 10 de agosto de 1988. Cada sobreviviente recibió una carta de disculpa firmada por el propio presidente y una compensación económica simbólica de 20.000 dólares.En 1998, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton le otorgó a Fred la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos. Fue un reconocimiento extraordinario: el mismo país que lo había arrestado y condenado, ahora lo honraba como un defensor de los derechos civiles."A lo largo de nuestra historia, hemos cometido errores. Pero debemos tener el coraje de enfrentarlos", dijo entonces Clinton.El 30 de marzo de 2005, a los 86 años, Fred falleció a causa de una insuficiencia respiratoria.En su honor y para preservar su legado, en 2009, su hija, Karen Korematsu, fundó el Fred T. Korematsu Institute for Civil Rights and Education, que promueve la educación de los derechos civiles. En 2010, el estado de California aprobó una ley que estableció el Día de Fred Korematsu, celebrado cada 30 de enero en conmemoración de su nacimiento.Fred dejó una reflexión que resume el valor de alzar la voz frente a la discriminación: "Para que cosas como esta nunca vuelvan a suceder, tenemos que protestar. Protestar, pero no con violencia. De lo contrario, no te escucharán. Así que no tengas miedo de alzar la voz".

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Stella Maris Giorgis (57) había llegado a la ciudad para la Fiesta del Trigo.Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el conductor la llevaba encima del capot y la arrolló. Quedó detenido.

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El juez de la Ciudad Gonzalo Rúa se declaró incompetente para investigar los desmanes en el Congreso del miércoles pasado, mientras el Senado trataba la reforma laboral, y envió el caso a la justicia federal, luego de dictar la prisión del manifestante que, según la acusación del Gobierno, arrojó bombas molotov contra el cerco policial.Se trata de Milton Iván Tolomeo, a quien Rúa le dictó la prisión preventiva luego de ser detenido el sábado pasado, en Avellaneda. El juez dijo que el caso debe tramitar en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002, interinamente a cargo del juez Ariel Lijo.La decisión se hará efectiva cuando sea revisada por la Cámara de Apelaciones y quede firme. En la justicia federal tramita una denuncia del Gobierno por los delitos de "daño agravado, rebelión y resistencia o desobediencia a funcionario público". El juez Rua resolvió ayer convertir en prisión preventiva la detención de Tolomeo y mandarlo a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.En cambio, liberó a Néstor Barrera, quien deberá presentarse cada 15 días en la fiscalía y se le prohibió la salida del país. En la casa de Tolomeo se encontraron elementos relacionados con el armado de las molotov (dos bidones, uno con alcohol y otro con otro combustible), guantes, dispositivos electrónicos y material ligado a grupos anarquistas. También, la ropa que usó el día de la manifestación, además de la mochila donde llevaba los elementos para armar explosivos.Tolomeo es masajista y cayó preso en Avellaneda tras asistir a una pelea de box amateur."Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos", celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.En un video que compartió en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará "aislado en alto riesgo"."En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos", añadió en el comunicado y cerró: "Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan".La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.

El ministro de Justicia israelí Yariv Levin recibió al juez Ariel Lijo en el parlamento local

La reunión oficial se realizó el pasado 4 de febrero y abordó temas como la cooperación judicial y la lucha contra el antisemitismo. Redes ilícitas, amenazas digitales y un clima político en tensión cruzaron la conversación

Ministro de Justicia anunció refuerzo de la seguridad penitenciaria ante escalada de amenazas: "La vida de los guardianes del Inpec importa"

Jorge Iván Cuervo, que fue designado en el cargo en reemplazo del encargado Andrés Idárraga, se refirió a la situación que atraviesan los guardianes en el territorio nacional, por cuenta de las amenazas de las estructuras criminales

Otro revés para Tapia y Toviggino: la Inspección de Justicia rechazó el cambio de domicilio de la AFA a la Provincia

La Asociación de Fútbol Argentino intentó trasladar su sede a Pilar, para evitar el control del Estado Nacional de sus balances y movimientos.

Otra mala noticia para Tapia: la Inspección General de Justicia rechazó el cambio de domicilio de la AFA por "falso e inexistente"

La resolución emitida por el organismo sostiene que la sede social denunciada en Pilar no corresponde con una ubicación verificable y señala que la administración de la entidad continúa funcionando en la Ciudad de Buenos Aires

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo aclara que el dinero entregado por padres a hijos casados bajo régimen de gananciales no benefician automáticamente al matrimonio, sino que se integran solo en el patrimonio del hijo o hija receptor, dejando fuera al yerno o a la nuera

Malas noticias para el ICE: por qué la Justicia prohíbe volver a detener a Kilmar Ábrego García en EE.UU.

En otro capítulo de la disputa judicial por el caso Kilmar Ábrego García, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibió un revés. Un fallo judicial reciente impide que la agencia vuelva a detener al migrante que había sido deportado por error a El Salvador y luego enviado nuevamente a Estados Unidos.Una jueza federal bloquea al ICE: la agencia no puede volver a detener a Kilmar Ábrego GarcíaLa decisión consta en un fallo de la jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis. En su escrito, la magistrada manifestó que EE.UU. no cumple con lo que establecen las normas de detención y deportación de migrantes.De acuerdo con la sección 1231 del Título 8 del Código de EE.UU., debe existir una orden de deportación para concretar la detención y luego la expulsión de un migrante a un tercer país.Además, las autoridades tienen un período de 90 días para hacerlo desde que se emite el documento. Estos son los ítems que Xinis cuestiona y asegura que el gobierno federal no cumplió.Dado que el plazo está vencido y que las autoridades no mostraron que haya un acuerdo cerrado para trasladar a Ábrego García fuera del país norteamericano, el arresto no tiene sustento legal.Qué dice el fallo de Paula Xinis contra el ICESegún lo que consta en el documento judicial, estas son las claves del escrito:Otorgó la solicitud de Ábrego García para convertir una orden de restricción temporal en una medida cautelar, lo cual prohíbe formalmente que el ICE lo ponga bajo custodia nuevamente.La jueza rechazó el argumento del gobierno de que un recurso presentado anteriormente reiniciaba el periodo legal de expulsión de 90 días.Bajo el precedente Zadvydas v. Davis, Xinis sostiene que la detención prolongada es inconstitucional si no existe una probabilidad significativa de remoción en un futuro previsible.Dado que EE.UU. no logró expulsarlo en seis años y el período de detención preventiva ya expiró, su arresto violaría el debido proceso.Además, la jueza dijo que el gobierno federal no demostró un plan de deportación viable. Además, calificó como "amenazas vacías" y "remociones fantasma" la posibilidad de enviar a Ábrego García a un país africano.La conclusión de que la expulsión no es inminente se refuerza porque hasta enero no se habían obtenido los documentos de viaje necesarios para efectuar el traslado a un tercer país.Por los puntos mencionados, se ordenó que Ábrego García permanezca en libertad bajo las condiciones de supervisión ya impuestas y se prohibió que el ICE vuelva a ponerlo bajo su custodia.La reacción del DHS al fallo que frena al ICELuego de que se conoció el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió un comunicado al que accedió Associated Press. "Si este asunto realmente se tratara de la ley o del debido proceso, Kilmar Ábrego García ya habría sido deportado y nunca volvería a poner un pie en este país", cuestionó el mensaje del gobierno de EE.UU.Además, el DHS también apuntó contra la magistrada: "La jueza Xinis no estará satisfecha hasta que se lo autorice a vivir en EE.UU. para siempre".

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Sofía Devries (23) desapareció durante una inmersión a 25 metros en el Golfo Nuevo el pasado lunes.Mientras se intensifica el operativo con buzos tácticos y tecnología especializada, la fiscalía investiga si hubo negligencia.Su pareja denunció demoras en el rescate y la fiscal negó restricciones y cuestionamientos.

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No será inmediato el cambio de juzgado. Se concretará si queda firme la decisión del juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA, Gonzalo Rua. El magistrado le dictó la prisión preventiva a Milton Iván Tolomeo, acusado de lanzar bombas molotov a la policía

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Dos oficiales de inmigración fueron suspendidos y enfrentan una investigación sobre si mintieron bajo juramento sobre un incidente en Minneapolis, que derivó en el disparo a un migrante venezolano. Hasta el momento no trascendió la identidad de los agentes. La decisión del DHS sobre los agentes migratorios La decisión fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el pasado viernes 13 de febrero. A través de un comunicado, la agencia informó que una revisión reciente reveló que los oficiales "habrían hecho declaraciones falsas" como parte de un caso donde se acusa a Alfredo Alejandro Ajorna, Gabriel Alejandro Hernández Ledezma y a la víctima del tiroteo, Julio César Sosa-Celis, de agredir a agentes de inmigración. Debido a estas inconsistencias, los agentes fueron suspendidos de manera administrativa y enfrentan tanto una investigación con el Departamento de Justicia como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En caso de comprobarse que realizaron declaraciones falsas, podrían enfrentarse a sanciones más graves. "Una vez concluida la investigación, los oficiales podrían enfrentar el despido, así como un posible proceso penal", dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin en diálogo con The Washington Post. El caso del venezolano que derivó en la suspensión de los agentes El hecho ocurrió el 14 de enero, durante un intento de parada de tráfico. De acuerdo con la versión del DHS, el venezolano huyó en su auto, chocó contra un vehículo estacionado y luego escapó a pie. Cuando un agente intentó arrestarlo, se habría resistido y lo habría agredido físicamente. Ajorna y Hernández Ledezma habrían salido de una casa para golpear al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba. Debido a este evento, el oficial dijo que le disparó en la pierna a Sosa-Celis para protegerse. "Diría que nuestro agente está destrozado", dijo Noem a los periodistas un día después del incidente. "Está contusionado, herido y recibiendo tratamiento. Y estamos agradecidos de que haya salido con vida".La versión de la familia del venezolano es diferente a lo informado por la agencia federal. Alicia Celis, madre de la víctima, sostiene que el tiroteo ocurrió en la puerta de la casa de su hijo y no en una pelea en la vía pública.Según su relato, el venezolano recibió una llamada de Ajorna, su compañero de casa, que le avisaba sobre la persecusión que enfrentaba por parte de los agentes del ICE. Sosa-Celis le abrió la puerta para que ingresara de inmediato y justo antes de cerrarla, un oficial le disparó. "Necesitamos ayuda, amigo. Tenemos al ICE aquí", dijo Sosa-Celis, dando su dirección a los espectadores en un video publicado en redes sociales. "Nos dispararon, nos dispararon. Nos dispararon y me dieron en la pierna".Poco después del hecho, Sosa-Celis fue acusado de agredir a agentes de inmigración. No obstante, según consignó BBC, el pasado 12 de febrero, un juez federal desestimó los cargos en su contra luego que el fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, dijera que la "evidencia descubierta" era "inconsistente con las acusaciones".

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La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó posponer la audiencia inicialmente programada para el 17 de marzo, alegando conflictos de agenda y problemas logísticos

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El candidato presidencial explicó que estos archivos han sido utilizados como prueba en procesos internacionales y pidió que se verifiquen posibles vínculos con redes criminales

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El Gobierno argentino afronta una orden judicial británica que lo obliga a entregar datos sobre contratos y cuentas en el extranjero, tras perder un litigio millonario impulsado por fondos internacionales

La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

Los tenedores de los bonos cupón PBI que ganaron el juicio contra el Estado argentino en los tribunales del Reino Unido buscan cobrar la sentencia a su favor por 1330 millones de euros (US$1443 millones). Hasta ahora, lograron ejecutar una garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) que la Argentina había depositado para poder apelar el fallo, recurso que finalmente fue rechazado. En este contexto, la Corte de Londres ordenó al Gobierno entregar información que podría facilitar eventuales embargos."La Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias, entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso cupón PBI en euros", explicó Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, quien sigue de cerca los juicios del país en el exterior.El proceso de discovery permite a los beneficiarios de una sentencia solicitar información para identificar y rastrear posibles activos embargables con el fin de ejecutar el fallo.En 2024, la justicia británica le dio la razón a los cuatro fondos demandantes â??Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emeraldâ?? tras concluir que el Estado argentino perjudicó a los inversores cuando modificó la forma de calcular el Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ese cambio, aplicado en 2013, derivó en un menor pago de intereses vinculados a los bonos cupón PBI emitidos en 2005 y 2010.La Argentina todavía adeuda alrededor de 1000 millones de euros para cumplir con la sentencia. La Procuración del Tesoro señaló que se trata del quinto litigio más relevante contra el país en función del monto reclamado.En agosto pasado, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó la existencia de negociaciones entre la Argentina y los acreedores. Sin embargo, los beneficiarios del fallo lo desmintieron públicamente."Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República", dijeron en su momento en una carta difundida a través de PR Newswire. También indicaron que informaron al FMI sobre lo que calificaron como afirmaciones erróneas. "Los demandantes han escrito al FMI para confirmar que no se están llevando a cabo negociaciones, y mucho menos negociaciones realizadas de buena fe por la República. Han solicitado al FMI que actualice su staff report en consecuencia", agregaron.En su último informe técnico, el organismo volvió a subrayar la necesidad de que el país resuelva los litigios pendientes y se refirió específicamente al caso del cupón PBI, al señalar que "se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres".Los acreedores, por su parte, sostienen que la Argentina no muestra voluntad de pago. Aseguran que el país "se niega a cooperar con las medidas adoptadas por los demandantes para ejecutar la deuda judicial" y que tampoco abona los intereses diarios que se acumulan sobre el monto pendiente.En ese marco, advirtieron que, si bien apoyan el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de capital, consideran imprescindible que el país resuelva primero sus atrasos externos, en particular los vinculados a emisiones de deuda anteriores, dado su historial de incumplimientos.Ahora, los demandantes solicitaron que el Estado entregue información sobre concesiones petroleras firmadas con empresas extranjeras y sobre cuentas bancarias que la República Argentina posea en el exterior. "Buscan, obviamente, embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la República Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido", señaló Maril a LA NACION.El cupón atado al PBI fue diseñado como incentivo para lograr una mayor adhesión y quita en el canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto con su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen â??actual embajador en Paraguayâ??. El instrumento establecía que la Argentina debía pagar intereses adicionales a los bonistas cada vez que el crecimiento anual superara el 3%, hasta 2035. El país dejó de efectuar esos pagos en 2011, cuando la economía dejó de expandirse por encima de ese umbral.

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La Justicia mandó a la quiebra al empresario de la carne Alberto Samid por millonarias deudas impositivas

El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretó el estado de quiebra de Alberto Samid. La resolución judicial se produjo luego de que el empresario no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a $276,66 millones, compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos. Samid no alcanzó un acuerdo con ARBA, el ente recaudador de la provincia que gobierna Axel Kicillof, a quien el matarife respaldó públicamente como su candidato a presidente. "Nació por necesidad": su padre tenía una concesionaria de autos importados, cerró, un consejo cambió todo y creó dos reconocidas marcasLa decisión del juez se fundamentó en que Samid no alcanzó la doble conformidad exigida por la Ley de Concursos y Quiebras. Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.Las medidas judicialesA partir de la declaración de quiebra, la Justicia dispuso una serie de medidas sobre el patrimonio y la movilidad del deudor. Entre ellas la inhibición de bienes: se ordenó la inhibición general de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves. También la restricción de salida. En esta línea, Samid no podrá salir del país hasta el 3 de julio de 2026.Por otra parte, el magistrado libró un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor. Además dispuso la intervención de la correspondencia: la correspondencia del empresario deberá ser remitida a la Sindicatura. El magistrado ordenó que continúe entendiendo en las actuaciones la síndica contadora Sandra Nicola.El proceso concursal Para dictar la sentencia, el magistrado evaluó dos situaciones determinantes. En primer término, la postura de ARCA, que desmintió lo sostenido por Samid en el expediente: el organismo aclaró que la cancelación de las deudas impositivas de la firma "El Fuego y el Agua" â??frigorífico de Cañuelas de la cual el empresario era garanteâ?? no tenía sentencia firme. Esto sucedió pese a que Samid se había sumado de forma individual a una moratoria para intentar saldar unos $53 millones.En segunda instancia, el juez tomó en cuenta las actas de las audiencias informativas, particularmente la de mayo de 2024. En ese encuentro, Samid admitió la falta de respuesta del organismo bonaerense ante su solicitud para ingresar en un régimen de facilidades de pago.Fuerte repudio de Pro a los comentarios de Alberto Samid sobre el cuerpo de María Eugenia VidalLa situación patrimonial de Samid se dirime en paralelo a otros expedientes judiciales. A finales de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos. A través de un fallo de la Sala IV, el tribunal ratificó la extinción de la acción penal contra el empresario. La resolución, firmada por los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, se dictó en los días previos al inicio del receso judicial de enero. Pese a ello, el empresario registra una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, sentencia que se cumplió en abril de 2023.Con la quiebra decretada, la Sindicatura a cargo de la contadora Nicola iniciará el proceso para determinar el activo falencial. Debe presentar un informe detallado sobre los actos realizados por el deudor el 3 de julio de 2026, mientras que los acreedores tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus pedidos de verificación.Ayer LA NACION intentó tener una respuesta de Samid, pero el empresario no contestó. En este marco, en las últimas horas la esposa del empresario, Marisa Scarafía dio a conocer en las redes sociales que Samid se encuentra internado en Punta del Este, Uruguay, tras la detección de un virus en la sangre. Vale recordar que el magistrado en el momento de la quiebra le prohibió la salida del país."Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores", dijo. Pidió ayuda para su traslado en un avión sanitario: "Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor gobernador [Axel Kicillof], a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", expresó.

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Los documentos que la Justicia de Estados Unidos tiene sobre "Quique" Felman

El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman estuvo bajo custodia de las autoridades del estado de Florida tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aprehensión, según documentos a los que accedió LA NACION, responde a una "orden de fugitivo" activa emitida por el estado de Nevada, en Estados Unidos, donde el reconocido periodista deportivo enfrenta cargos graves por delitos económicos, particularmente robo e intento de defraudación, indican los registros oficiales. Según consta en el reporte de arresto número PD260201032125 del Condado de Miami-Dade, la detención se produjo el pasado domingo 1º de febrero de 2026, exactamente a las 20. Felman fue interceptado en la terminal aérea por las fuerzas de seguridad al identificarse una orden de arresto vigente proveniente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.Cuáles son los cargosEl expediente original, radicado en el Tribunal de Justicia de Nevada bajo el número de caso 26-CR-003273 al que tuvo acceso LA NACION, fue abierto el 8 de enero de 2026. En dicha jurisdicción, Felman figura imputado por dos delitos clasificados como "Felony" (delito grave): * Emisión o paso de cheque con intención de defraudar: específicamente por un valor de $1200 dólares o superior, bajo el estatuto 205.130.1. * Robo (Theft): por un valor de $100.000 dólares o superior, bajo el estatuto 205.0835.2e.El registro de acciones del tribunal de Nevada indica que la orden de arresto fue emitida formalmente el 15 de enero de 2026 por el oficial judicial Bradford, tras determinarse causa probable. Si bien en Nevada se fijó inicialmente una fianza total de $10.000 ($5000 por cada cargo), la orden de fugitivo ejecutada en Miami especifica la condición de "NO BOND" (sin fianza), lo que impediría su liberación inmediata mientras se resuelve su situación procesal interestatal.Cuál es la situación procesalSegún consta en los documentos a los que accedió LA NACION, actualmente, el caso en Florida se tramita bajo el expediente F26002188 ante el juez Andrea Ricker Wolfson.Los registros de la corte de Miami-Dade muestran que el 2 de febrero de 2026 se ingresó una "Renuncia a la Extradición" (Waiver of Extradition), un procedimiento legal que suele acelerar el traslado del detenido al estado requirente.La próxima instancia formal está programada para el 17 de febrero de 2026 a las 9, fecha en la que se llevaría a cabo una audiencia de extradición en la sala 2-5 del edificio de justicia REGJB en Miami, para definir su traslado final ante la justicia de Nevada. En su entorno, sin embargo, decían que sería liberado y podría volver al país. La explosión del casoLa información había sido anticipada ayer en redes sociales por el periodista Angel de Brito. "Escándalo con periodistas deportivos.Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas", había comenzado temprano De Brito para dar cuenta del nuevo escándalo muy ligado al mundo del fútbol. "Invitaban a jugadores para 'presencias en casinos en Las Vegas', cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales", especificó De Brito.El periodista había viajado ese lunes 2 con su hija a Miami para celebrar sus 15 años y, al llegar al aeropuerto lo estaban esperando. Felman quedó detenido y luego habría sido trasladado a un centro de detención primario de Miami, llamado MWDC (Miami-West Detention Center). En estas horas sería enviado a Nevada, según los documentos de la justicia estadounidense. En su entorno, en cambio, indicaron que sería liberado y volvería a la Argentina.Según retrataban algunos programas del espectáculo ayer, se presume que les pagaban a los deportistas por ir a jugar a un casino [Resorts World Las Vegas]. "Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde US$5000 a US$75.000, con viaje y estadía paga incluida", contaron en LAM, aunque la información no es oficial. "El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual", agregaron en ese programa. En LAM hicieron hincapié en que son varios profesionales de los medios de comunicación y exfutbolistas los que podrían estar vinculados con esa modalidad de juego en Las Vegas: "Hay mucha preocupación entre la gente que hacía de nexo. Hay una preocupación hoy en argentina de muchísima cantidad de periodistas deportivos a raíz de esta detención"."Tenemos entendido que hay más de un jugador que podría quedar detenido si llega a ir al Mundial. Esta gente que reclutaba a los jugadores de fútbol para que viajen a jugar al casino lo que hacían era presionarlos un poco. Un jugador básico cobraba US$3000, un exjugador que quizás tenía un poquito más de historia US$5000â?³, destacaron y agregaron que en la lista hay personalidades de renombre que podrían sorprender de quedar implicadas.