justicia

Se operó tres veces por un recambio de prótesis mamarias, demandó al médico y la Justicia rechazó el caso

Una paciente inició una demanda por mala praxis tras sufrir complicaciones físicas y emocionales que derivaron en múltiples cirugías. Sin embargo, la Cámara Civil confirmó la absolución del profesional, descartó negligencia y ratificó que las secuelas eran riesgos inherentes al procedimiento

Un perro le saltó encima y la tiró al piso: demandó a los dueños y la Justicia ordenó una indemnización

El hecho ocurrió en 2018, cuando una vendedora de cosméticos entró a un taller. La Justicia aplicó el Código Civil y Comercial para determinar la responsabilidad de los propietarios del lugar y fijó una reparación económica que contempla desde gastos médicos hasta el lucro cesante

Los fallos de la Corte y la rebelde Justicia laboral

El reciente mensaje del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, formulado ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) sobre la necesidad del "acatamiento obligatorio" de las decisiones del máximo tribunal de la Nación, debería ser revalorizado y especialmente tenido en cuenta por los magistrados inferiores. En particular, por no pocos jueces del fuero laboral que se han cansado de desoír algunos fallos de la Corte, contribuyendo a alimentar la inseguridad jurídica y la incertidumbre inversora.Recientemente, la CGT logró frenar en la Justicia la ley de modernización laboral. El juez del fuero del trabajo Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar en una acción preventiva de inconstitucionalidad e hizo lugar así al pedido de la central sindical para que se suspendieran nada menos que 81 artículos de la norma legal. Tal suspensión abarca el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho de huelga, el cálculo de las indemnizaciones por despido sin contemplar los aguinaldos y otros beneficios, la creación del banco de horas, la posibilidad de fragmentar el período de vacaciones del trabajador, el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las normas que reducen los intereses de las sentencias, entre otros puntos.Tal como lo señalamos en un editorial del 5 de abril, a diferencia de países como Francia o España, donde existen consejos constitucionales que pueden anular una ley por considerarla inconstitucional, entre nosotros, cualquier juez del país puede suspender con mínima fundamentación la vigencia de una ley de forma precautoria. No es la primera vez que, desde el fuero laboral, se siembra incertidumbre en materia económica. Un ejemplo pasa por los métodos de actualización de las indemnizaciones laborales que, de manera arbitraria, aplicaron hasta ahora muchos de los juzgados de primera instancia y las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, poniendo en riesgo el mantenimiento de infinidad de fuentes laborales, a través de cálculos indemnizatorios y de intereses absolutamente desproporcionados. En febrero de 2024, la Corte Suprema rechazó la práctica de ajuste que venía aplicando la Cámara de Apelaciones del Trabajo y que, además de actualizar los montos de las sentencias con la tasa activa del Banco Nación, sumaba la capitalización con repetición anual de los intereses, mecanismo que hacía crecer exponencialmente las deudas de muchas empresas, a las que ponía al borde de la quiebra. Pero, desde entonces, las salas de la citada cámara, desoyendo al máximo tribunal, han aplicado hasta seis criterios diferentes de ajuste, igualmente confiscatorios.En los últimos tiempos, la Corte, mediante sus fallos, puso límites a las decisiones del fuero laboral respecto de la aplicación de intereses desmedidos en casos como Oliva, Lacuadra y Domínguez. En la primera de esas sentencias, el máximo tribunal estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses, al rechazar una decisión de la Cámara del Trabajo que elevaba los montos indemnizatorios hasta cifras desopilantes. Luego de esa sentencia, la cámara resolvió el reajuste de los créditos laborales de acuerdo con el CER más una tasa pura del 6% anual, criterio que la Corte también rechazó por no fundamentarse en el Código Civil y Comercial, y por arrojar resultados igualmente irrazonables. En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto otra sentencia de segunda instancia que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20 mil por ciento el monto de la condena de primera instancia. Finalmente, en la causa Domínguez, el más alto tribunal revocó un fallo laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en una relación laboral que apenas había durado un año y ocho meses.Frente a semejante dispersión de fallos, que también se extiende a numerosos juicios vinculados con demandas de indemnizaciones por accidentes de trabajo, dentro de la ley de modernización laboral, los legisladores acordaron especificar, en el artículo 89, que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que haga la Corte Suprema.Sin embargo, la suspensión de la aplicación de la nueva ley laboral, dispuesta por el juez Ojeda, plantea otro desafío y una nueva controversia judicial que es de desear que sea rápidamente zanjada, tomando como ejemplo las palabras del presidente del máximo tribunal de la Nación.

Salvadoreño admitió ante la justicia estadounidense haber matado a su propio primo y a otras dos personas

Las autoridades establecieron el nexo entre una estructura criminal internacional y varios homicidios cometidos por órdenes transmitidas desde el extranjero, fenómeno que requirió la intervención de múltiples agencias federales estadounidenses

Padre de Luis Andrés Colmenares arremetió contra la justicia: "Está llena de cuotas políticas y corrupción"

El pronunciamiento se produjo tras la decisión de la Corte Suprema que dejó en firme la absolución de Laura Moreno y cerró el proceso contra Jessy Quintero, en el marco de la investigación por la muerte del joven universitario en 2010

Madre de Luis Andrés Colmenares dio sentido mensaje tras el cierre del proceso por la muerte de su hijo: "La justicia nos falló"

La Sala Penal dejó en firme la absolución de Laura Moreno y la prescripción del proceso contra Jessy Quintero, al concluir que no se alcanzó certeza sobre lo ocurrido en 2010

Tras el fracaso de la última elección interna que terminó en la Justicia, la UCR bonaerense va a nuevos comicios en junio

Hay al menos tres sectores que podrían competir si no llegan a un acuerdo.El radicalismo gobierna 27 intendencias pero perdió 6 senadores, 8 diputados y decenas de concejales en la última elección.

La Justicia procesó al ex funcionario K Ricardo Nissen por abuso de autoridad

El ex titular de la Inspección General de Justicia de los Kirchner fue procesado por haber impulsado tres pedidos de intervención y nulidad de la sociedad Hidden Lake SA (Lago Escondido) sin justificación alguna.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Federal deberá seguir cumpliendo su condena en el Penal de Ezeiza. El TOF 4 ordenó que sus patologías sigan atendidas en la cárcel

Viajes a Punta del Este: la Justicia analiza nuevas transferencias bancarias del amigo de Adorni

Se trata de datos recibidos en el juzgado federal de Ariel Lijo donde se investiga si Marcelo Grandio pagó viajes a Uruguay en avión privado como regalo para el Jefe de Gabinete y su familia

Juan Bautista Mahiques designó a su hermano Esteban como asesor en el Ministerio de Justicia

El Ministro de Justicia firmó el decreto el mismo día que su papá, Carlos "Coco" Mahiques, defiende en el Senado su continuidad en el cargo de juez de la Cámara de Casación. Leer más

El Gobierno designó a Esteban Mahiques con un cargo en el Ministerio de Justicia, que dirige su hermano

Juan Bautista Mahiques es el titular de la cartera y su hermano quedó a cargo del Gabinete.Según el decreto publicado hoy, Esteban Mahiques ejerce su función desde marzo "ad honorem".

La justicia colombiana absolvió a Laura Moreno por falta de pruebas en el caso Colmenares: así fue vinculada a la investigación

El proceso judicial se remonta a la madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, fue hallado sin vida en un caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá

Detenida en Lanzarote una mujer reclamada por la justicia eslovaca por 58 estafas

Es oficial: Texas demanda a una famosa empresa de contenedores por la catástrofe de Odessa y exige justicia para las víctimas

Más de un año después del incendio químico, los vecinos reclaman que siguen afectados por efectos contaminantes.

Juan Bautista Mahiques designó a su hermano Esteban como titular de asesores en el Ministerio de Justicia

El Gobierno designó a Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial y cuenta con las firmas de su hermano y ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.El texto indica que el cargo será desempañado ad honorem, lo que implica que no percibirá remuneración por el desempeño de esa función. Asimismo, fija como fecha de inicio el 6 de marzo de 2026.Esteban Mahiques se desempeñaba como funcionario de la Cancillería y fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. El hombre de 43 años, había sido señalado por supuestos vínculos con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de las denuncias contra el dirigente del fútbol local realizadas por ARCA y que incluyen al titular del organismo, Claudio Tapia. Estaban es el hermano menor de Juan Bautista, exmiembro de la Comisión de Ética de la Conmebol y exfiscal general de CABA, y hermano mayor de Ignacio Mahiques, juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación que, según reveló LA NACION festejó su cumpleaños en la fastuosa quinta atribuida a Toviggino en Pilar, una de las propiedades allanadas e investigadas por la Justicia. En las últimas horas, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que, tras el desembarco de los Mahiques en Justicia, las cusas por evasión fiscal que sacudieron los cimientos de la sede del fútbol argentino podrían no prosperar. "Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA", dijo en una entrevista radial.Además, denunció que fue Mahiques quien pidió que fuera desplazado. "Se ve que el ministro de Justicia le pidió al Presidente de la República que me desplazaran. Y el Presidente de la República accedió a esa petición o a ese requerimiento del ministro. Pero el ministro nunca habló conmigo, así que no tengo la menor idea de lo que piensa ni lo que quiere hacer. Pero está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA", dijo Vitolo.En ese sentido, señaló que los vínculos de Mahiques con la entidad que encabezan Tapia y Toviggino son de público conocimiento. "El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, está en todos los medios, es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector", sostuvo Vitolo, recordando que Mahiques fue designado por Tapia como autoridad de la Unafa, entidad que se presentó como universidad sin estar habilitada para ello.Boletín Oficial: cambios en el Ministerio de EconomíaEste jueves, en el Boletín Oficial, el Gobierno también dispuso cambios en la Secretaría de Obras Públicas del ministerio de Economía. A través del Decreto 250/2026 se oficializó la salida de Luis Enrique Giovine y la designación de Bernardo Bartolomé Heredia como nuevo titular del área.La norma estableció el cese de Giovine a partir del 14 de abril y le agradeció los servicios prestados. En paralelo, aceptó la renuncia de Heredia a su cargo como subsecretario de Recursos Hídricos dentro de la misma estructura. El decreto dispuso que Heredia asumirá como secretario de Obras Públicas con carácter ad honorem y con vigencia desde el 14 de abril.

El Gobierno designó a Esteban Mahiques como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia

Se trata de un cargo 'ad honorem'. En la misma jornada, el Poder Ejecutivo dispuso cambios en la Secretaría de Obras Públicas, dependiente de la cartera de Economía

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la revisión del acuerdo con el FMI y la situación de Adorni ante la Justicia

Un plenario de dos comisiones en el Senado se convirtió en escenario de un nuevo round del duelo ideológico entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, que esta tarde volvieron a chocar y a ubicarse en las antípodas en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei,El momento de mayor tensión se produjo cuando promediaba la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, cuando la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, Daniela Vilar, concluyó su exposición relacionando los cambios propuestos por el oficialismo con la prisión que cumple Cristina Kirchner por delitos de corrupción.Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, sostuvo que una aeronave militar del Reino Unido operó entre Montevideo y las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino.El funcionario provincial detalló que la nave en cuestión es una Airbus A400M e indicó que el itinerario finalizó en el aeropuerto de Carrasco, situado en Uruguay. "Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino", escribió en su cuenta de X.Un meticuloso heladero que opera en CABA registra que produce y vende 100 helados por mes, excepto cada enero, cuando vende 130 helados, y cada julio, en los que vende 70 helados.No hay que ser un genio para saber que el aumento de sus ventas en cada enero, así como la caída en cada julio, tienen que ver principalmente con el aumento y la disminución de las temperaturas, respectivamente.De manera que si me preguntara cómo le fue en 2025, más allá de la estacionalidad, me fijaría si en enero vendió más o menos de 130, y en julio más o menos de 70.A cinco meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre la situación política de la administración de Javier Milei y, en particular, sobre el escenario que atraviesa Manuel Adorni, su sucesor en la Jefatura de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.En ese marco, definió el caso como una situación "muy particular", sostuvo que hubo un "acribillamiento mediático" y consideró que algunas de las acusaciones "se agrandaron mucho".El Gobierno logró captar del mercado local otros US$300 millones, que sumará a los dólares que ya tiene atesorados con vistas a poder honrar, en poco más de 80 días, el próximo pago a bonistas previsto por US$4200 millones en total, entre capital e intereses.La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha.Licitación:â??LECAP a:â?¡ï¸?14/8/26â?¦ pic.twitter.com/SGwDYsZtLK— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 15, 2026Lo hizo con la consabida emisión en tramos de los Bonar 2027/28 (AO27 y AO28), los bonos en dólares que ofrecen una renta del 6% anual, pagadera mensualmente a sus tenedores. Así, al viernes, día de liquidación, ya captó por esta vía US$1231 millones, convalidando rindes que se mantuvieron en el 5,12% y 8,51% para cada serie, en línea con la licitación previa.Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000.Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.UNA POR UNA TODAS LAS IMÁGENES ACÁ.Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales.Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la aprobación por parte del staff del organismo de la segunda revisión del programa con el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó al acuerdo como "buenísimo" y destacó que en el equipo económico tienen un "pico de optimismo", luego de un encuentro con inversores en esta capital organizado por el banco JP Morgan."La presentación [ante los inversores] fue mejor que siempre. Pico de optimismo tenemos nosotros", expresó Caputo, entusiasta, a corresponsales en Washington, entre ellos de LA NACION.

Un patrullero cruzó en rojo, chocó y el Estado deberá indemnizar: qué dijo la Justicia sobre vehículos de emergencia y la prioridad de paso

El móvil policial avanzó con el semáforo en contra y causó un violento impacto que dejó a un pasajero con secuelas graves. Aunque la Provincia sostuvo que actuaba en servicio, el tribunal rechazó ese argumento y fijó una indemnización de $25 millones. ¿Qué protocolo omitieron los agentes y por qué la prioridad no era absoluta en este caso?

Masacre de pingüinos: el máximo tribunal de Justicia de Chubut define una condena que puede tener alto impacto internacional

El 21 de abril tendrá lugar la audiencia final del histórico ecocidio en Punta Tombo que podría sentar precedente para toda la región. En el 2021, un hombre irrumpió con una excavadora en una colonia de pingüinos de Magallanes y mató a casi 300 aves marinas.

La Justicia ante el espejo: una reforma necesaria para el siglo XXI

Pareciera que, en materia judicial, la Argentina está condenada a un eterno retorno. Discutimos los mismos vicios, las mismas demoras y las mismas estructuras desde hace décadas, como si el sistema fuera inmune al paso del tiempo. Sin embargo, nos encontramos ante una oportunidad histórica. No se trata de un simple retoque cosmético, sino de una transformación profunda, cualitativa y moderna que el país clama con urgencia.Esta necesidad de reconstrucción no surge del vacío. Existen factores externos que hoy atraviesan nuestra realidad de forma universal. La irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, no es solo una herramienta tecnológica: es un cambio de paradigma que obliga a replantear la gestión de los conflictos y la celeridad de las respuestas judiciales. A esto se suman deudas internas injustificables, como la demora en el traspaso de competencias de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, un mandato constitucional de 1994 que sigue encontrando resistencias políticas difíciles de defender en un Estado de Derecho pleno.El mapa legislativo actual nos marca el camino. La modernización laboral, la ley de inocencia fiscal y las reformas previstas en los códigos Civil, Comercial y Procesal, junto con la implementación del sistema acusatorio y el juicio por jurados, no son solo cambios técnicos. Son la prueba de que el debate está vivo y de que el derecho debe rendirse ante la elocuencia de los hechos.Pretender que una sociedad hiperconectada y compleja se rija por estructuras pensadas para el siglo pasado es un oxímoron que debemos evitar. Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando activamente en una propuesta para transformar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los resultados actuales demuestran que su modelo de gestión ha quedado obsoleto. Ignorar esta realidad es atentar directamente contra la seguridad jurídica.La seguridad jurídica no es una abstracción para especialistas; es la certeza que tiene un ciudadano de que sus actos tendrán consecuencias previsibles según la ley vigente. Cuando esa certeza se mantiene en el tiempo, genera la estabilidad necesaria para la inversión, el crecimiento económico y, sobre todo, la convivencia pacífica.Por el contrario, cuando el sistema no ofrece esa previsibilidad, se debilita la confianza institucional, se desalienta la inversión y se compromete el crecimiento económico. La estabilidad necesaria para una convivencia pacífica requiere de una cúpula judicial que lidere un proceso de modernización administrativa y procesal, garantizando que el derecho sea una herramienta de solución y no un laberinto de incertidumbre.Uno de los mayores obstáculos para esta seguridad es la fragmentación del sistema. No podemos seguir permitiendo que cada juzgado funcione como una "pyme" o una unidad aislada, ajena a estándares de funcionamiento uniformes. El famoso aforismo de "cada juzgado con su librito" es, en realidad, un síntoma de arbitrariedad que desorienta a los justiciables y a sus abogados.Es imperativo que exista una autoridad que unifique los procesos y brinde previsibilidad sobre el curso de un litigio, independientemente de quién sea el juez de la causa. Un sistema disciplinado y ordenado no es una restricción a la independencia judicial, sino una garantía de respeto y mejora continua. La falta de cohesión jerárquica solo conduce a la anarquía, donde incluso jueces inferiores llegan a rebelarse frente a la cabeza del Poder Judicial, socavando la integridad de toda la institución.Sin embargo, ninguna reforma estructural será exitosa si no se asienta sobre una base ética inquebrantable. La ética aplicada -de abogados, magistrados y funcionarios- debe ser el patrón de medida de toda actividad judicial. Para desterrar la corrupción que ha lastimado nuestro sistema político durante décadas, es imprescindible elevar los estándares de exigencia. Esto implica: transparencia absoluta en los procesos de selección de magistrados, excelencia académica y moral en el otorgamiento de matrículas profesionales, agilidad en la rendición de cuentas de quienes imparten justicia.Si no aspiramos a este grado de excelencia, el nivel del sistema seguirá decayendo, y con él, la eficacia de la Justicia en general. La reconstrucción de la Justicia -entendida no solo como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (Ulpiano), sino como un servicio público esencial fundado en la tutela judicial efectiva, la transparencia institucional y el acceso equitativo, adaptado a los desafíos tecnológicos y sociales del siglo XXI- no es una opción de gobierno, sino una obligación de Estado. La justicia que necesitamos construir es aquella que abandona la comodidad del pasado para abrazar la eficiencia del futuro; una Justicia que deja de ser un laberinto de juzgados aislados para convertirse en una institución previsible, ágil y, sobre todo, ética. Solo a través de una arquitectura judicial moderna, donde la seguridad jurídica sea el cimiento y la integridad el norte, podremos garantizar a los ciudadanos el país que merecen: uno donde la ley sea, finalmente, igual para todos.Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

La Justicia volverá a indagar a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa por supuesta corrupción en ANDIS

Según el juez Ariel Lijo "la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público". Leer más

Karina Milei blinda a Manuel Adorni en Vaca Muerta mientras la Justicia avanza con los teléfonos

En medio de la investigación por su crecimiento patrimonial, el jefe de Gabinete recibió un fuerte respaldo de la "Jefa" con una recorrida por Neuquén junto al titular de YPF. Leer más

EE.UU.: la Justicia determinó que el gigante de conciertos Live Nation y su empresa de venta de entradas son un monopolio

NUEVA YORK (AP).â?? Un jurado en los Estados Unidos determinó que el gigante de los conciertos Live Nation y su filial Ticketmaster tienen un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de shows, lo que supuso una derrota para la empresa en una demanda por demandas presentadas por decenas de Estados norteamericanos.Un jurado federal en Manhattan deliberó durante cuatro días antes de llegar a su decisión este miércoles en el caso, que involcura a un negocio que domina el entretenimiento en vivo en Estados Unidos y más allá.Live Nation Entertainment es propietaria de cientos de salas de conciertos y espacios para eventos deportivos, los opera y controla la contratación de artistas en esos lugares o tiene algún tipo de participación accionaria. Su filial Ticketmaster es considerada ampliamente como la mayor vendedora de entradas del mundo para eventos en vivo.La demandaEl caso civil, encabezado inicialmente por el gobierno federal de los Estados Unidos, acusó a Live Nation de usar su alcance para asfixiar la competencia, por ejemplo, al impedir que los recintos utilicen múltiples vendedores de entradas."Es hora de exigirles cuentas", manifestó Jeffrey Kessler, abogado de los Estados, en su alegato final, al calificar a Live Nation como un "bully monopolístico" que eleva los precios para quienes compran boletos.El veredicto podría costar cientos de millones de dólares a Live Nation y Ticketmaster, solo por los 1,72 dólares por entrada que el jurado determinó que Ticketmaster cobró de más a los consumidores en 22 estados. Las empresas también podían recibir sanciones. Además, las sanciones podrían resultar en órdenes judiciales para que se deshagan de algunas entidades, incluidos espacios como anfiteatros de su propiedad.Live Nation insistió en que no es un monopolio y sostuvo que los artistas, los equipos deportivos y los recintos deciden los precios y las prácticas de venta de entradas. Un abogado de la empresa afirmó que su tamaño era simplemente resultado de la excelencia y el esfuerzo.Las empresas Ticketmaster se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010. La empresa ahora controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del total cuando se incluyen los eventos deportivos, según Kessler.Ticketmaster ha suscitado desde hace tiempo la indignación de los fans y de algunos artistas. Los referentes del grunge Pearl Jam se enfrentaron al negocio en la década de 1990, e incluso presentaron una queja antimonopolio ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que entonces declinó llevar el caso.Décadas después, esta delegación, junto con decenas de Estados, presentó la demanda actual durante el gobierno del entonces presidente demócrata Joe Biden. A los pocos días de iniciado el juicio, el gobierno del presidente republicano Donald Trump anunció un acuerdo para resolver las demandas contra Live Nation.El acuerdo incluyó un tope a las tarifas de servicio en algunos anfiteatros, además de nuevas opciones de venta de entradas para promotores y recintos, lo que potencialmente les permitiría, aunque sin obligarlos, abrir la puerta a competidores de Ticketmaster como SeatGeek o AXS. Pero el acuerdo no obliga a Live Nation a separarse de Ticketmaster.Un puñado de Estados se sumó al acuerdo. Pero más de 30 siguieron adelante con el juicio, al afirmar que el gobierno federal no obtuvo suficientes concesiones de Live Nation.El juicio llevó al estrado al director general de Live Nation, Michael Rapino, a quien interrogaron sobre asuntos que incluyeron el fiasco de la venta de entradas de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque.En el proceso también se difundieron mensajes internos de un ejecutivo de Live Nation en los que declaraba que algunos precios eran "escandalosos", calificaba a los clientes de ser "tan estúpidos" y se jactaba de que la empresa "les está robando a manos llenas, baby". El ejecutivo, Benjamin Baker, testificó con tono de disculpa que los mensajes eran "muy inmaduros e inaceptables".

Asamblea Legislativa elige a tres magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia

El proceso de selección, basado en la propuesta de Nuevas Ideas y validado por el Consejo Nacional de la Judicatura, destaca la importancia de perfiles con experiencia judicial y formación académica especializada.

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba con su familia y analiza el origen de los fondos

La fiscalía accedió a información clave de la aerolínea y avanza sobre el patrimonio del funcionario. Los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo. Leer más

La Justicia investiga la refacción integral del departamento de Adorni en Caballito: cocina, baños y cerramientos

Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000. Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa. Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales. En la cocina se renovaron los pisos, los muebles, los artefactos de cocina, la mesada, las luces, y hasta los cerramientos, adoptando una estética moderna. Las fotos tomadas luego de las obras muestran que también se reformaron los pisos del patio conectado a la cocina. También se modificaron íntegramente dos baños. En el principal se retiró la bañera, se colocó una mampara, y se cambiaron los pisos. Con la misma estética, se reformó el toilette. En noviembre de 2024, departamento se ofrecía en US$295.000 en el mercado inmobiliario aunque el precio original fue de US$ 340.000 según declaró la dueña de la inmobiliaria Rucci. Se trata de un 4 ambientes, con 150 m2 cubiertos, una cochera y un patio. "Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido", había contado Morales a LA NACION antes de declarar ante el fiscal Pollicita. El ex futbolista estaba "apurado" y lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: US$ 200.000. Este miércoles, las dos mujeres declararon ante el fiscal y coincidieron en señalar al hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria. La madre de Feijoo, Viegas, precisó que tenía un total de 115 mil dólares ahorrados y declarados, y que pretendía hacer con el departamento una suerte de "pasamanos", es decir, comprar, vender y obtener un rédito.Además de la reforma integral de la cocina y los baños, la obra incluyó un vestidor nuevo para el dormitorio principal, la refacción de los pisos de madera en el interior y en los dos espacios externos (un balcón al frente y un patio en la parte trasera), y una reforma del lavadero. Tras las declaraciones de las jubiladas, la Justicia ahora busca determinar cuál el monto real de la inversión en las reformas que antecedieron a la compra de Adorni. Para los investigadores ese dato será fundamental para conocer la supuesta ganancia que obtuvieron las dos mujeres que lo vendieron. Noticia en desarrollo

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aplica la doctrina del Tribunal Supremo que considera el "alterne" como trabajo por cuenta ajena cuando existe organización empresarial y retribución

La Justicia confirmó el viaje de Adorni y su familia al Caribe

La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025 y los pasajes, de acuerdo a una fuente judicial, fueron todos en primera clase.Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos. Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para precisar los principales gastos realizados por Adorni en el Caribe, comenzando por la estadía en el hotel. Noticia en desarrollo

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia

El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam, en la que se trasladó el jefe de Gabinete. Hizo escalas en Perú y Ecuador. Pagó en dólares y en efectivo

La Justicia autoriza a Movistar Plus+ a bloquear emisiones deportivas 'pirata' en directo

Caso Minosska Pinto: familia y colegas exigen justicia en vigilia realizada en Piura tras su asesinato

La médica perdió la vida cuando recibió al menos dos disparos al momento de ingresar a su vivienda. Las autoridades apuntan a un asesinato por encargo

Exministra de Justicia ya le había alertado a Gustavo Petro sobre la cárcel en Itagüí: "Se podía dañar un proceso de paz"

Las investigaciones sobre presiones en el sistema carcelario crecen por nuevas evidencias en torno a operativos en la prisión mencionada y la actuación de figuras políticas

Morant: "No habrá reparación para las víctimas" hasta que Mazón responda ante la Justicia

Asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia exigen justicia: "No vamos a pasar página"

Torres confía en que la Justicia atienda la petición del Gobierno y extinga la Fundación Francisco Franco

Un DT de fútbol demandó a su médico por una cirugía de rodilla, pero la Justicia rechazó el reclamo: por qué no hubo mala praxis

El entrenador alegaba que el procedimiento le había dejado dolores persistentes que afectaban su trabajo. Sin embargo, una pericia oficial fue determinante para desligar al profesional y a la clínica de cualquier responsabilidad. Los argumentos de la Cámara para descartar negligencia o impericia

La Corte reafirma su autoridad ante los desplantes de la justicia del trabajo

Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el "acatamiento obligatorio" de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron "oidos sordos" ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con decisiones que ignoraban lo dispuesto por la Corte.Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones. Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación."Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones", dice la reforma laboral.El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro. Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva "por arbitrario" al cuestionar intereses que arrojaban "un resultado económico desproporcionado".En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de "los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual".Al respecto, la Corte entendió que "este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que "arroja resultados igualmente irrazonables". Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó "prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa".Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.Otro frente de resistenciaLa Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite "darle previsibilidad a una inversión". Tras señalar que "el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera", el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones. Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.

Ministro de Justicia aseguró que se necesita una petición formal para el traslado de criminales de la cárcel de Itagüí

Jorge Iván Cuervo indicó que el proceso debe iniciarlo la Consejería Comisionada de Paz y que el Inpec tendrá que informar qué penales de Bogotá están disponibles para recibir a los presos

Convocan a vigilia nacional para exigir justicia por el asesinato de médica en Piura a manos de sicarios

El acto de memoria se desarrollará esta tarde en todo el país, con una concentración central en Miraflores. La convocatoria surge tras el crimen de la doctora Minosska Pinto Lazo en Piura, ocurrido a plena luz del día

Embargo récord contra FATE: la Justicia le saca $3.000 millones de las cuentas para pagarle a los despedidos

La medida "inaudita parte" tomó por sorpresa a la empresa de Madanes Quintanilla, que confió en una estrategia legal fallida. Los detalles de una ejecución fulminante que alcanza a la totalidad de los trabajadores y acelera el cobro de sueldos adeudados. Leer más

Los gremios van a la Justicia para frenar el cierre de la estación experimental del INTA en el AMBA

El cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se efectivizó hace un año, derivó en una ofensiva judicial por parte de trabajadores, organizaciones rurales y entidades sociales, que buscan frenar la medida. Esta semana, los sindicatos interpusieron una acción de amparo en contra del cierre de la Estación Experimental ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó, que tenía influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires.Según la presentación, impulsada por sindicatos como Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a asociaciones de la agricultura familiar, la decisión "carece de fundamento técnico y jurídico" y deja "sin asistencia a uno de los cinturones productivos más relevantes del país". El escrito fue presentado en la justicia federal de San Martín. Tenía 66 años: murió María Elena Otegui, una de las especialistas más influyentes en el estudio del maízPara los gremios, la resolución que dispuso el cierre "interrumpe de manera abrupta un servicio de asistencia técnica que se brindaba desde hace más de 15 años", afectando directamente a miles de productores del conurbano bonaerense. Resaltaron que la EEA AMBA, con sede en Ituzaingó, articulaba investigación, capacitación y extensión en una región clave para el abastecimiento diario de frutas y verduras a una población estimada en 16 millones de personas.Desde hace meses, el INTA atraviesa tensiones por reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía, que incluyen reestructuraciones, retiros voluntarios y una eventual venta de tierras, que pasaron a disponibilidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).Uno de los puntos más sensibles del amparo apunta precisamente a ese aspecto. Los demandantes sostienen que el cierre de la experimental "persigue en realidad un fin inmobiliario", vinculado a la eventual venta de los terrenos que ocupa la sede en Ituzaingó. "Se trata de una desviación de poder", afirman, al advertir que el objetivo sería habilitar desarrollos privados en una zona de alto valor, una hipótesis que ya generó controversias en otros casos similares.En Ituzaingó, donde funcionaba la experimental, el cierre generó rechazo institucional y social. El Concejo Deliberante declaró el predio como área de "preservación ambiental, productiva y patrimonial", en línea con su histórico uso para investigación y producción agroecológica. "No es una tierra ociosa, es un activo estratégico para el abastecimiento alimentario y el equilibrio territorial", sostuvieron desde el ámbito municipal. Allí, argumentaron que el espacio estaba destinado a actividades de investigación y producción agroecológica, y remarcaron su rol dentro del esquema de abastecimiento del conurbano bonaerense.En paralelo, el escrito judicial cuestiona la legalidad de la resolución al considerar que es "inmotivada, arbitraria y basada en normas inexistentes o derogadas". Según el planteo, el acto administrativo no cumple con los requisitos básicos de fundamentación exigidos por la ley y contradice la propia trayectoria del organismo, que durante más de una década impulsó políticas de apoyo a la agricultura familiar en el área metropolitana.Además, los gremios advierten que el amparo no es solo para proteger el derecho al acceso a la ciencia aplicada a la alimentación. Dicen que también pretenden defender el patrimonio público, ya que "el cierre de la EEA AMBA solo busca vender sus tierras, para que sean adquiridas a precio de remate por desarrolladores inmobiliarios que harán edificios de lujo en la zona. Ya hay procesos penales abiertos por este tipo de ventas fraudulentas".Llos gremios y entidades argumentan que el INTA "abandonó sin explicación a los agricultores familiares", en contradicción con leyes nacionales y tratados internacionales que garantizan el acceso a la ciencia y la tecnología. "Se trata de una regresión en derechos que impacta sobre el derecho a la alimentación", advierten en el escrito judicial, donde también invocan la protección constitucional y convencional de estos principios.La agricultura familiar, afirman, "genera el 70% de los alimentos que se consumen en la Argentina y el 54% del empleo rural". En esa línea, remarcan que el cinturón hortícola del AMBA es estratégico para el consumo cotidiano: "Todos los días comemos papa, tomate o zapallo; no comemos soja", señalaron.

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: "Si la justicia requiere más, habrá más"

El exdirector de la entidad afirmó que está comprometido con exponer la verdad ante la justicia, así el Tribunal Superior de Bogotá no apruebe un preacuerdo que suscribió

La justicia allanó el Elíseo por una causa sobre las licitaciones para organizar actos en el Panteón de París

PARÍS.- En una jornada que sacudió los cimientos del poder político en Francia, efectivos de la brigada financiera anticorrupción realizaron este martes un procedimiento sorpresa en el Palacio del Elíseo. La sede de la presidencia francesa fue el centro de un allanamiento vinculado a una pesquisa sobre la adjudicación de las ceremonias de entrada de grandes figuras al Panteón. El operativo, que reveló el semanario Le Canard Enchaîné, pone la lupa sobre los contratos que recibió la empresa Shortcut Events durante las últimas dos décadas.La investigación judicial se centra en las condiciones bajo las cuales el Estado otorgó la organización de estos eventos de alto perfil. Según los datos que trascendieron de fuentes cercanas al caso, esta firma privada maneja la logística de los homenajes de forma ininterrumpida desde hace 22 años. El Panteón, un sitio emblemático que se conoce en todo el mundo como el "templo de los inmortales", resguarda los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de la nación. Bajo la normativa vigente, el Presidente de la República es quien posee la facultad exclusiva de decidir qué personalidades reciben este honor máximo.Los costos de estas ceremonias despertaron fuertes sospechas entre los investigadores financieros. De acuerdo con la información que publicó el medio satírico francés, cada proceso de "panteonización" demanda un desembolso que ronda los dos millones de euros. El período que abarca la indagatoria judicial comienza en el año 2002 y llega hasta la ceremonia que tuvo lugar en 2024, cuando ingresaron al templo los restos del resistente armenio Missak Manouchian, poeta y héroe de la lucha contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.El conflicto principal de la causa radica en el mecanismo de selección de la agencia que organiza los actos. Si bien el Ministerio de Cultura o el Centro de Monumentos Nacionales lanzan licitaciones públicas de carácter clásico, el Elíseo tiene siempre la última palabra en la elección final. Esta situación ocurre debido a la presencia obligatoria del jefe de Estado en estos actos de enorme peso institucional. La justicia busca determinar si existió un trato preferencial hacia Shortcut Events, dado que otras agencias competidoras manifestaron su desánimo ante la elección constante de la misma empresa. Incluso se reportaron casos donde se impuso a esta firma a pesar de los deseos contrarios de las familias de los homenajeados.Desde la empresa cuestionada, uno de sus codirectores, Christophe Pinguet, rechazó cualquier tipo de vínculo privilegiado con el entorno presidencial que pudiera favorecer a su firma. El ejecutivo justificó la permanencia de su agencia en la experiencia técnica que desarrollaron tras orquestar unas quince ceremonias de este tipo vinculadas al "relato nacional". Según sus declaraciones previas, estas prestaciones siempre cumplieron con los procedimientos de licitación obligatorios.La brigada financiera, que surgió tras la fusión de diversos organismos de represión de delitos económicos en junio pasado, lideró el registro en las dependencias oficiales. Mientras la causa avanza, el cronograma oficial mantiene firme la próxima cita en el Panteón para el mes de junio. En esa ocasión, el honor será para el historiador judío Marc Bloch, fusilado por las fuerzas nazis.La opinión pública sigue con atención este escándalo que mezcla el gasto público con la memoria histórica de Francia. El operativo de este martes marca un hito, ya que las autoridades ingresaron de forma directa a la casa de gobierno para secuestrar documentación. Por el momento, la presidencia no emitió comentarios oficiales sobre los resultados del registro en sus oficinas. El caso abre un debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos estatales en actos de reconocimiento histórico.Agencia AFP

Con eje en las nuevas tecnologías, se realizó el primer Foro del Consejo de Seguridad y Justicia en Lomas de Zamora

El encuentro fue encabezado por el intendente local, Federico Otermín, quien destacó el rol que cumplirá la implementación de la inteligencia artificial: "Resultará fundamental para robustecer la tarea del Consejo"

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

"En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha señalado Ernest Urtasun

Exministra de Justicia denunció amenazas directas de la senadora Isabel Zuleta para evitar trabas en diálogos con delincuentes: "Hubo reclamos insistentes"

Ángela María Buitrago advirtió que no es aceptable conceder beneficios indebidos a quienes participan en las mesas de negociación

Arranca el segundo juicio por la muerte de Maradona: los fanáticos que piden justicia y la llegada de los acusados y familiares

La primera audiencia de este martes no tendrá declaraciones de testigos. Los imputados y en nuevo tribunal.

Patxi López asegura que Begoña Gómez obró de forma impoluta: "El tiempo y la justicia real podrán a Peinado en su sitio"

La justicia colombiana condenó a Domenico Mancusi Hoyos, primo de Salvatore Mancuso, a 39 años por homicidio agravado en La Gabarra

La resolución judicial evidenció el engranaje entre estructuras ilegales y sectores estatales, intensificando los cuestionamientos sobre los vínculos institucionales durante el conflicto armado

La Libertad Avanza regularizó su situación ante la Justicia tras la multa por los gastos de campaña

El partido de Javier Milei en Corrientes presentó el informe final de las elecciones de octubre luego de la sanción del Juzgado Federal N° 1. Además, apelaron la multa del 20% de los aportes. Leer más

Colectivos LGBT+ exigen justicia por transfeminicidio de Daniela Martínez en Morelia

La exigencia de justicia por el crimen de Daniela se suma a la demanda de tipificar el transfeminicidio en la legislación de Michoacán

El PP afea que Bolaños critique al juez Peinado: confunde el Ministerio de Justicia con la comunicación de Ferraz

Pedro Sánchez reivindica la regularización de migrantes como un "acto de justicia" y "una necesidad"

El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto de regularización extraordinaria

Sánchez celebra la regularización de migrantes como un acto de justicia y de necesidad

Sánchez pide justicia para su esposa seguro de que el tiempo pondrá "todo en su sitio"

Sánchez pide justicia con su esposa seguro de que el tiempo pondrá "todo en su sitio"

La Justicia revoca la sanción de 45 días sin empleo y sueldo a un recepcionista de hotel que se quedó dormido en su puesto: las faltas estaban prescritas

'Efi', exasistente de Silvia Pinal, confirma demanda contra Mayela Laguna por daño moral: "No es venganza, es justicia"

La extrabajadora de la diva del cine de oro acude a tribunales contra Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, por señalarla de tomar bienes sin justificación. Ramos busca limpiar su nombre tras la polémica mediática y señala afectaciones a su salud

Nisman, entre la evidencia ignorada y la justicia pendiente

Varios de los elementos que hoy reaparecen en el debate público fueron expresamente señalados por el fiscal Alberto Nisman en la denuncia presentada el 14 de enero de 2015. Pocos días después de interpuesta la acusación contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, se produjeron dos hechos de extrema gravedad institucional. Con escasas horas de diferencia, el fiscal fue hallado sin vida y se produjo un incendio en la Casa Rosada que afectó los registros informáticos correspondientes a ingresos al edificio que, según distintas fuentes, podrían haber contribuido a reconstruir parte de los vínculos mencionados en aquella presentación.En ese contexto, resulta particularmente llamativa la tendencia a minimizar o trivializar ciertas manifestaciones y conductas que, según la propia denuncia, ocupaban un lugar definido dentro de la hipótesis delictiva que el fiscal propuso investigar. Tal es el caso de la actuación atribuida a Luis D'Elía, cuya intervención ha sido en ocasiones reducida a un plano meramente anecdótico. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción presentada por Nisman, su rol no era accesorio, sino el de un interlocutor que el fiscal describía como relevante para comprender el funcionamiento del entramado descripto en la denuncia. Ignorar esa caracterización o relegarla a una curiosidad secundaria implica, cuanto menos, apartarse del propio marco interpretativo que estructuró la acusación.Las manifestaciones recientes de D'Elía no deberían ser leídas, en consecuencia, como episodios aislados ni como expresiones extemporáneas desvinculadas del pasado. En particular, sus declaraciones públicas, difundidas en un contexto de creciente tensión internacional en Medio Oriente, en las que se atribuye la función de transmitir mensajes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, no constituyen un dato menor. Antes bien, remiten a un esquema que ya había sido objeto de análisis en la denuncia del fiscal Nisman, donde su papel era definido en términos que distaban de cualquier marginalidad. Que esas expresiones encuentren hoy una continuidad â??incluso bajo formas que pueden presentarse como meramente retóricasâ?? obliga a reconsiderar el lugar que se les asignó en su momento dentro de la hipótesis investigativa.Una consideración similar cabe respecto de la figura de Ahmad Vahidi. Ya al momento de la investigación llevada adelante por Nisman, su nombre ocupaba un lugar relevante entre los funcionarios iraníes alcanzados por pedidos de captura internacional, formalizados a través de notificaciones rojas de Interpol desde 2006, en relación con su presunta participación en el atentado contra la AMIA. Esa circunstancia no era meramente formal, ya que implicaba, en los hechos, limitaciones concretas para su desplazamiento internacional.Además, en su denuncia, el propio Nisman atribuía al Memorándum de Entendimiento con Irán un efecto sustantivo en relación con la situación procesal de los imputados iraníes, al sostener que el acuerdo formaba parte de un mecanismo orientado a garantizar su impunidad. En ese marco, señalaba específicamente que el entonces ministro iraní no sería efectivamente sometido a indagatoria, afirmando que "jamás se sentaría a prestar declaración", con independencia de lo que estableciera formalmente el texto del acuerdo. Esa interpretación, formulada pocos días antes de su muerte, otorgaba un sentido preciso al papel asignado a Vahidi dentro de la hipótesis investigativa.El episodio ocurrido en Bolivia en 2011 â??cuando su presencia oficial generó un rechazo que derivó en su salida del país en atención a las alertas vigentesâ?? constituye, en ese contexto, un antecedente elocuente, también mencionado en la denuncia de Nisman. Lejos de haber perdido vigencia, su trayectoria posterior dentro del Estado iraní lo ha llevado a ocupar en la actualidad la jefatura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, uno de los centros de poder más influyentes del sistema político de ese país. En ese marco, cualquier intento de reducir su figura a una referencia secundaria resulta difícil de sostener.No menos relevante resulta el valor que el propio Nisman asignó a determinadas fuentes periodísticas. En su denuncia, el fiscal incorporó como elemento de prueba la información publicada por el periodista José "Pepe" Eliaschev, a la que calificó expresamente como "la primera prueba" de uno de los aspectos centrales de su hipótesis. Ese dato, lejos de ser menor, introduce una dimensión que merece ser considerada con detenimiento: la interacción entre investigación judicial y periodismo de investigación. Que un fiscal otorgue tal jerarquía a una fuente periodística no implica, por sí mismo, la validación automática de su contenido, pero sí evidencia que esa información fue considerada suficientemente relevante como para integrar el cuerpo argumental de una denuncia de extrema gravedad. Desconocer ese punto o relativizarlo implica, nuevamente, apartarse de la lógica interna del propio proceso iniciado con aquella acusación.A eso se suma un episodio que, por su naturaleza, exige una consideración prudente pero ineludible. El incendio ocurrido en la Casa Rosada el 17 de enero de 2015 provocó la pérdida de registros informáticos correspondientes a visitas oficiales de años anteriores, estimados en alrededor de 130.000 ingresos. Según información posterior, esos datos no fueron recuperados. La eventual relevancia de tales registros â??en tanto podrían haber contribuido a reconstruir contactos y movimientos en el período investigadoâ?? impide que el hecho sea reducido a una contingencia administrativa sin mayores implicancias. Sin necesidad de formular conclusiones que excedan la información disponible, resulta razonable sostener que la desaparición de datos potencialmente vinculados a una investigación en curso constituye, en sí mismo, un dato que no puede ser desatendido.Todo lo anterior adquiere una dimensión adicional cuando se considera el contexto en el que la denuncia fue presentada. La promoción de pedidos de captura internacional y la imputación de funcionarios extranjeros de alto rango suponían, sin duda, un escenario de elevada sensibilidad. Sin necesidad de incurrir en dramatizaciones, corresponde reconocer que tales decisiones implicaban responsabilidades y riesgos que excedían el marco habitual de la actuación judicial. Ese contexto no puede ser omitido al momento de evaluar la densidad institucional de los hechos.Sin embargo, el dato que otorga mayor gravedad al conjunto no reside únicamente en los hechos denunciados, sino en la respuesta institucional â??o en su ausenciaâ?? frente a ellos. A más de diez años de la presentación de la denuncia, el proceso judicial no ha alcanzado aún la instancia de debate oral. Tal como ha sido señalado recientemente, la persistente postergación del juicio plantea interrogantes legítimos sobre la capacidad del sistema judicial para ofrecer una respuesta oportuna frente a hechos de esta magnitud. La demora, en estos casos, no es un dato neutro, ya que impacta directamente en la percepción pública sobre la eficacia de las instituciones y sobre la posibilidad de alcanzar una verdad judicial.No se trata aquí de anticipar conclusiones ni de sustituir el rol de los tribunales. La determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente al Poder Judicial y debe producirse en el marco del debido proceso. Pero esa premisa, fundamental en un Estado de Derecho, no puede convertirse en justificación para una dilación indefinida. Por el contrario, la vigencia de ese mismo principio exige que las causas de mayor gravedad sean tratadas con la celeridad y la profundidad que su naturaleza demanda.En este marco, la banalización de los elementos que integraron la denuncia original no solo implica una lectura incompleta del pasado, sino también una forma de naturalizar un presente en el que la respuesta judicial continúa pendiente. Reducir a anécdota lo que fue presentado como parte de una hipótesis estructurada, minimizar la relevancia de actores señalados en la investigación o desatender hechos que podrían haber tenido impacto probatorio equivale, en definitiva, a debilitar las condiciones necesarias para que el proceso alcance sin más dilaciones su objetivo final.

Alexandro Maidana, una promesa paraguaya que le dio el triunfo a Talleres ante Defensa y Justicia

Talleres logró un gran triunfo como visitante por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Fue 2 a 1 a Defensa y Justicia, y le permitió al equipo cordobés, arrebatarle el invicto como local al Halcón en el estadio Norberto Tomaghello. Pero todas las miradas se las llevó Alexandro Maidana, el lateral paraguayo de la "T" que convirtió los dos tantos de su equipo, que se muestra como protagonista de la zona A.Defensa fue el último equipo en perder el invicto en el Apertura pero este lunes sumó su segunda derrota seguida. La primera había sido en la fecha pasada ante Instituto, en Córdoba.Se jugaban 14 minutos de la primera parte cuando los de Carlos Tevez se pusieron al frente en el marcador. Diego Valoyes envió un centro desde la derecha y tras un despeje por parte de un central del equipo local, apareció (por primera vez) Maidana, que la controló con la panza y le dio de zurda al segundo palo. Gran definición para el lateral izquierdo de 20 años.Cuando se disputaba la segunda etapa, Talleres volvió a atacar por la derecha. El brasileño Rick quedó incómodo de espaldas al arco y Franco Cristaldo casi que se la sacó de sus pies. Trasladó hasta la medialuna y vio llegar al lateral por izquierda. Le tiró un pase en diagonal y el paraguayo le pegó de zurda al segundo palo y cruzado (por segunda vez) para poner el 2 a 0 parcial a los 16 minutos.Otro golazo del número tres que tiene tan solo 20 años y nació en Caacupé, Paraguay. Llegó a Talleres el 9 de marzo de este año y este lunes disputó su quinto partido con la casaca del equipo Matador. Proveniente de Guaraní, jugó durante todo 2025 e inicios de este año, que entre el torneo paraguayo y la Copa Libertadores, disputó siete partidos. Lo mejor del partido Además, este joven lateral izquierdo jugó el Mundial Sub 20 para la selección paraguaya y fue protagonista: en cuatro partidos y marcó un gol. Con la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro también tuvo su debut en la selección mayor. Fue el pasado 27 de mazo en la victoria de Paraguay ante Grecia por 1 a 0 en el primer amistoso de la fecha FIFA.Pero al partido le faltaba una emoción más. En el minuto 34, Ayrton Portillo estableció el descuento para los locales. En los últimos instantes estuvo cerca de la igualdad, pero no lo concretó y perdió su invicto ante su gente. Con la victoria, Talleres llegó a 21 puntos y se ubica cuarto en la zona A. La próxima fecha recibe a Riestra y un triunfo lo dejará prácticamente clasificado entre los 8. Para Defensa, una derrota que puede complicarlo. Suma 19 y está séptimo. Aunque esté entre los ocho primeros, el sábado visitará a Independiente, que está octavo, con dos unidades menos.

Juicio por YPF: la Justicia de Nueva York suspendió todas las apelaciones, tras el fallo favorable para Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York tomó decisiones en función del fallo que revocó la condena a la Argentina de pagar US$ 16.000 millones a los demandantes, mientras se resuelven las solicitudes de éstos. Leer más

Galán cuestionó control de detenidos con brazalete y señaló al Ministerio de Justicia por fallas en supervisión de detenidos: "Así es muy jodido"

El alcalde de Bogotá expresó su preocupación por los reiterados incidentes en que condenados con brazalete cometen delitos, señalando la falta de vigilancia y control sobre quienes cumplen condenas bajo detención domiciliaria

La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

Una empresa de recursos de multas recurre una sanción en Madrid y solicita elevar el caso a la justicia europea al cuestionar tanto el proceso normativo como la aplicación del régimen sancionador

Junta Nacional de Justicia inicia investigación preliminar contra el jefe de la ONPE

La decisión de la JNJ responde al malestar social y a la controversia generada por las demoras y dificultades operativas que marcaron la jornada electoral en diversos locales del país

La Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones en el juicio por YPF y avanza la aplicación del fallo favorable a la Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York definió una medida clave para el desarrollo de la causa hasta tanto la sentencia quede firme

Quiénes son las mujeres que hoy declaran ante la justicia por prestarle dinero a Adorni

Declaran hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, dos mujeres que le prestaron en total 100.000 dólares a Manuel Adorni y su esposa en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Indio Cua.El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. Según la documentación de la operación, Molina de Cancio habría aportó 85.000 dólares y Cancio, 15.000.Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien se las presentó al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó la petición del exmarido de reducir la pensión a seis meses, y eliminó el plazo de nueve años establecido previamente

Álvaro Uribe deberá comparecer ante la justicia argentina: programan audiencia por demanda internacional por 'falsos positivos'

El exmandatario colombiano fue citado por la Cámara Criminal y Correccional Federal de ese país para responder a la demanda interpuesta desde el 2023 por un colectivo colombiano de víctimas y de organizaciones de derechos humanos

SEPI colabora "al máximo" con la justicia y pedirá responsabilidades si ve irregularidades

El PP no comenta el testimonio del investigador de la Kitchen, se remite a la Justicia y recuerda que han pasado 10 años

Vox celebra que Begoña Gómez tenga que responder ante la Justicia: Es "la punta del iceberg" de la "mafia" del PSOE

Justicia lanza una nueva convocatoria de las Becas Seré para opositar a juez o fiscal

La justicia da al Museo de Arte de Cataluña 56 semanas para devolver los murales de Sijena

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

Volvía de Río, una huelga lo dejó varado y la Justicia condenó a la agencia de viajes por falta de diligencia

La Cámara Comercial responsabilizó a la plataforma de viajes por omitir información y no arbitrar alternativas ante la cancelación del vuelo. Impuso el reintegro de gastos, el pago del daño moral y una sanción ejemplar

Se hizo una vasectomía, fue padre otra vez y demandó por mala praxis: por qué la Justicia rechazó su reclamo

Un tribunal determinó que no hubo negligencia médica ni incumplimiento de protocolos. El fallo subraya que el paciente no logró probar la impericia y ahora deberá afrontar los gastos procesales de una demanda que inició en 2015

Era jefe de cajas de un banco, manipulaba dólares sin autorización y lo despidieron: la Justicia rechazó su pedido de indemnización

Durante nueve meses, el empleado realizó ingresos y retiros de divisas que no figuraban en el sistema oficial. Llegó a mover unos 74.000 dólares. Tras ser descubierto, inició una demanda alegando una cesantía injustificada. Auditorías, videos de seguridad y testimonios revelaron una operatoria de cambios de billetes sin respaldo en una sucursal porteña

Demandar para callar: cuando el poder usa la Justicia contra la prensa

Cuando un periodista es llevado a tribunales por expresarse sobre asuntos de interés público, el problema no es solamente de índole individual. Tampoco es una disputa privada entre dos partes que buscan reparar un daño, como se suele presentar. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, incluso peligroso: si quienes ejercen el poder pueden convertir a la Justicia en una herramienta para disciplinar la crítica, lo que se pone en riesgo, en el fondo, es el derecho a la información que mide la transparencia de nuestra sociedad.Ese es el riesgo que plantean las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (o SLAPPs, por sus siglas en inglés): que operan como mecanismos de presión y hostigamiento. Mientras que a la luz se presentan como disputas judiciales, en las sombras persiguen un objetivo que no es el de reparar a un individuo de un agravio sino desgastar, intimidar y desalentar el debate público. De esta forma, el proceso judicial deja de ser un instrumento de justicia y pasa a funcionar como una advertencia disciplinadora. Incluso una pseudo sanción anticipada en algunos casos, con la carga psíquica y física de una sentencia. No hace falta que haya condena para que el mecanismo cumpla su función. El mero proceso basta para producir el efecto buscado: consume tiempo, recursos y energía. Doblega a quien se atreve a preguntar, indagar y echar luz sobre los aspectos más controversiales de un gobierno. Obliga al demandado a concentrarse en su defensa en lugar de continuar con su trabajo, poniendo a prueba su resiliencia en una batalla asimétrica.Así envía un mensaje claro a quienes observan desde afuera: hablar puede tener consecuencias. En otras palabras, bajo la apariencia de un litigio privado se esconde un mensaje que golpea al conjunto de la sociedad. Aunque no siempre resulte tan evidente.De ahí que las SLAPPs no pueden analizarse como litigios ordinarios porque su misma naturaleza las define como un proceso marcado por la desigualdad de poder entre las partes, el abuso del sistema judicial, las demandas desproporcionadas, la multiplicación de acciones y todo ello acompañado generalmente por campañas de descrédito.En la Argentina, esta discusión se volvió especialmente relevante desde el inicio del gobierno de Javier Milei porque de su mano se consolidó un clima de confrontación marcado por discursos agresivos contra el periodismo y la utilización de acciones judiciales como mecanismos de disciplinamiento. Ningún presidente argentino recurrió a la vía penal para acallar la expresión de críticas, información u opiniones referidas a su persona con la recurrencia y liviandad con la que lo está haciendo Milei. Y esto es peligroso. Desde Amnistía Internacional registramos al menos ocho posibles SLAPP iniciadas por el presidente contra los siguientes periodistas: Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.En el pasado, Argentina fue condenada en dos oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de la justicia (penal y civil) contra periodistas. Sin dejar de reconocer el deber del periodismo de informar y verificar razonablemente las fuentes, en Kimel (2008) ordenó adecuar la normativa interna, lo que derivó en 2009 en la reforma del Código Penal eliminando las penas de prisión para injurias y calumnias cuando se refieran a asuntos de interés público; y en Fontevecchia y D'Amico (2011) determinó la responsabilidad del Estado por la violación a la libertad de expresión, sentando estándares clave sobre la protección del debate público y los límites a las sanciones civiles desproporcionadas.Pese a contradecir estos precedentes, lo que distingue la dinámica del presente es la reiteración de denuncias en un contexto de hostilidad política hacia el periodismo crítico, donde la judicialización aparece acompañada por discursos de estigmatización pública. Cuando esas dos dimensiones se combinan â??descalificación pública y persecución judicialâ??, el efecto amedrentador se vuelve mucho más poderoso y multiplica su capacidad destructiva.El silenciamiento como políticaLas SLAPP no son un fenómeno argentino ni reciente. El término comenzó a utilizarse a fines de los años ochenta para describir demandas destinadas a frenar la participación ciudadana en debates públicos. En las últimas décadas, su expansión se convirtió en una preocupación global. Organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre el uso del sistema judicial como mecanismo para intimidar a periodistas, activistas y voces críticas.Los efectos de estas prácticas están bien documentadas. Incluso cuando las demandas fracasan, generan lo que el derecho internacional se denomina "efecto inhibidor": el temor a enfrentar procesos judiciales largos y costosos lleva a periodistas y medios a moderar sus investigaciones o evitar determinados temas. La autocensura no aparece como una orden directa. Surge como consecuencia del miedo.En la Argentina actual, Milei ha utilizado de forma reiterada sus redes sociales y entrevistas para descalificar a periodistas críticos con expresiones como "mentirosos", "ensobrados" o "mandriles", entre otros insultos. "No odiamos lo suficiente a los periodistas" se vuelve un mantra que algunos apóstoles del poder hoy repiten como estrategia de cuestionamiento pero que otros abrazan como un credo. Por estas razones ese tipo de discursos dista de ser inocuo. Cuando el poder político identifica públicamente enemigos, crea un terreno fértil para la intimidación. Incluso para la descarga física y la violencia psicológica.Los datos disponibles reflejan ese retroceso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró un "deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina", vinculado a la baja tolerancia del Poder Ejecutivo frente a las críticas. Fopea, por su parte, reportó 278 casos de violencia contra periodistas en 2025, de los cuales 119 tuvieron al presidente como principal agresor. En 2024 habían sido 179, con una mayoría de agresiones provenientes del Estado o de actores vinculados al poder.En ese contexto se inscriben los ocho casos mencionados. Algunos ya tuvieron movimientos en la Justicia: el juez Daniel Rafecas desestimó las denuncias contra Carlos Pagni y Ari Lijalad, aunque en este último caso Milei apeló y la causa sigue abierta, trabada en una instancia de conciliación que fracasó porque el propio abogado del presidente tenía la instrucción de no acordar sin una retractación. También Julia Mengolini fue denunciada por injurias a partir de sus expresiones sobre el vínculo entre Javier y Karina Milei y los perros del mandatario. Y, como en el caso de Lijalad, los tribunales no pusieron un freno temprano al proceso, sino que lo dejaron avanzar. La pregunta es inevitable: ¿cómo es el día a día de un periodista que, mientras intenta informar y aportar al debate público, debe defenderse en causas penales y civiles impulsadas nada menos que por el presidente de la Nación?El patrón es evidente más allá de las particularidades de cada causa. Se trata de periodistas que cuestionaron al poder y en consecuencia enfrentan procesos criminales iniciados por el blanco de sus críticas. Argentina no es ajena a un escenario global de retroceso para la libertad de prensa: judicialización abusiva, criminalización del disenso, encarcelamiento de periodistas y expansión de la autocensura. Informes recientes señalan tendencias preocupantes en países como China, Turquía, Paraguay o Estados Unidos.Las SLAPP prosperan con mayor facilidad en contextos donde las instituciones democráticas se mantienen formalmente en pie, pero el espacio de deliberación pública se reduce. En esos contextos, donde las reglas republicanas existen, pero se debilitan en la práctica, el rol del Poder Judicial se vuelve clave como último resguardo de los derechos constitucionales.La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al respecto: cuando funcionarios públicos utilizan demandas penales para silenciar críticas sobre su actuación, se viola la libertad de expresión. Por eso los jueces tienen la obligación de desactivar rápidamente estos procesos y evitar su efecto intimidatorio. La lógica es clara: quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un nivel más alto de escrutinio y crítica. El honor de los funcionarios puede protegerse, pero no mediante el derecho penal cuando lo que está en discusión es el debate democrático.Si estas prácticas se consolidan, el problema ya no será sólo la denuncia. Será la validación institucional de un mecanismo que debilita el debate en las sociedades modernas. Porque en definitiva las SLAPP no buscan necesariamente ganar una puja en los tribunales sino subyugar a quien se anima a alzar la voz frente al poder. Por eso su impacto trasciende al periodista demandado.Defender la libertad de expresión frente a las SLAPP no es proteger un privilegio corporativo. Es garantizar el derecho de la sociedad a recibir información, debatir ideas y demandar la rendición de cuentas a quienes gobiernan. Porque cuando el poder acciona para callar al otro, lo que se pone en riesgo no es sólo la libertad de quien habla. Lo que se afecta es la libertad de todos los argentinos, a quienes se les priva del derecho a conocer el pensamiento ajeno para formar el propio.Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Orgullo garífuna: 229 años de historia celebrados con música, sabores y demandas de justicia en Honduras

Un teniente coronel sin memoria, verdad y justicia

En medio de los recuerdos que siempre se amontonan en cada abril, apareció el ministro de Defensa argentino, que afirmó que el hundimiento del ARA General Belgrano fue un "acto" y no un "crimen" de guerra. Justificó a Margaret Thatcher al jurar que la vieja nave sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial estaba en combate. Habrá entonces que contar todo lo que sucedió aquel 2 de mayo de 1982, con la rigurosidad histórica que no tuvo el uniformado, cuando indultó a la primera ministra británica de más de 300 asesinatos.

Caso Ángel: la Justicia de Chubut intenta salvar su actuación en el tema y reclama "evitar juicios paralelos"

Se dio a conocer un acta de una escucha al menor con el juez y la asesora donde se indicó que el niño habría manifestado que no quería estar con su padre. En paralelo, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut pidió prudencia y respeto al hablar del caso. Leer más

Mamá de presunto abusador de menor en conjunto de Bogotá habló: "Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente"

Un adolescente resultó gravemente herido y una persona fue atropellada durante el operativo para retirarlo de un conjunto residencial, en medio de disturbios provocados por la respuesta colectiva de los vecinos

Un hombre acumula 827 días de vacaciones porque la empresa no le deja tomárselos: la justicia obliga ahora a pagarle 460.000 euros

El caso ha ocurrido en Reino Unido, donde durante años fue el único empleado a tiempo completo de esta compañía con sede en Libia

El padre del ministro de Justicia va a pedir que lo dejen 5 años más como camarista

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Le operaron la pierna equivocada: la Justicia ordenó un fuerte resarcimiento por las secuelas físicas y el daño psicológico y moral

Lo que debía ser una intervención programada terminó en una segunda cirugía para corregir el error inicial. Tras una intensa batalla legal, la Cámara Civil ratificó la responsabilidad solidaria del médico, la clínica y la obra social, y resolvió elevar el monto de la condena

Círculo rojo: las dos velocidades de la economía de Milei, números en rojo y disputas en la Ciudad y la Justicia

Inversiones millonarias en minería y números preocupantes en la industria. El impacto en el Conurbano bonaerense. Volvieron las movilizaciones. Preocupación por el PAMI y discapacidad. El factor Adorni: ¿hay un reemplazo en el gabinete? El calendario electoral y el futuro de las PASO. Angelici, "el hombre del momento" en la capital. Qué quiere Jorge Macri. Diálogos de Larreta con el peronismo. La Corte, caliente. Negociaciones por el Consejo de la Magistratura

Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo

MENDOZA.- Tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino. Se trata de una figura decisiva en la provincia y soldado del gobernador radical Alfredo Cornejo, especialmente en el vínculo con el Poder Judicial.Entre los delitos que empiezan a investigarse, expuestos ante la Justicia por su excónyuge, reconocida licenciada en comercialización, docente y periodista, se denuncian abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario rechazó todos los cargos, aunque dijo que dio un paso al costado para no entorpecer la investigación.En la última década, D'Agostino fue una figura clave y espada del gobernador en el ámbito judicial. Se lo consideraba el "brazo ejecutor" de Cornejo en los tribunales, con una función determinante: gestionar las reformas judiciales y constituir el nexo con jueces y fiscales, además de ocupar un rol clave en el Consejo de la Magistratura.D'Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo en 2015 y mantuvo la función en el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Fuentes cercanas al gobierno mendocino lo ubican como u referente del núcleo duro y operador de Cornejo. Se interpreta s salida del gobierno como u fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, por la confianza con el gobernador y rol estratégico que cumplía desde hace años. Aunque rechazó las denuncias en la "renuncia indeclinable" presentada al gobernador, D'Agostino se vio obligado a dimitir para "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia" en la investigación, que conduce la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género. Entre las acusaciones se incluyen audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Los hechos habrían sucedido entre 2021 y 2024, con una "prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025", declaró la denunciante.El funcionario ya se había separado de su esposa Anabel Molina, quien fue reina nacional de la Vendimia en 2003 y a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.De acuerdo con la presentación judicial, se requirió la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D'Agostino. Asimismo, se solicitó protección para la abogada de la víctima."Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los órganos del Estado", señaló D'Agostino en la renuncia. En el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA NACION la presentación de la denuncia e indicaron que "se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados".

La Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo de un senador nacional por una deuda impositiva millonaria

Se trata de Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza. Dispuso que el Senado embargue la dieta del legislador hasta cubrir una deuda fiscal de 45 millones de pesos. Abdala dijo a Clarín que la medida es producto "de una persecución política del gobernador Claudio Poggi" en su contra con vistas a las elecciones del año próximo.

La Justicia determinó que los escribanos tienen la misma responsabilidad que un funcionario según el derecho penal

Un dictamen de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal estableció que actividades como la certificación de documentos, ejercidas por notarios, implican asumir una responsabilidad estatal y están sujetas a las restricciones legales aplicables a servidores públicos

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales

Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas

En un nuevo paso en la causa por la presunta desaparición de hacienda en un campo del sur de Santa Fe, la Justicia le permitió a Bruno Riboldi, el productor e influencer conocido como "la joya agro", avanzar con la venta de los animales recuperados al mismo comprador al que se iban a vender originalmente, pero esta vez sin la participación de Nicolás Coscia, imputado en el caso.La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecerSegún el documento, la decisión se tomó luego de que "se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado" y de que "han cesado las razones que motivaron dicha cautela".En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: "Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades".El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás. La transacción â??por 161 animales y un monto superior a $267 millonesâ?? quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que "no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados".Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.El origen del conflictoEl caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.Es mortal: investigan un posible caso de una enfermedad exótica en ovinosSegún la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje â??es decir, debía cuidarlosâ??, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor. Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización."Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó "víctima de una maniobra" bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.

Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza tras una denuncia por abuso sexual

Marcelo D'Agostino dimitió ayer por la tarde luego de que su ex pareja presentara ante el Ministerio Público Fiscal un documento de 40 carillas donde describió hechos de violencia de género. El ex funcionario rechazó la veracidad de las acusaciones

Caso Loan: la Justicia fijó fecha y el juicio ya no se detiene

El Tribunal Oral Federal de Corrientes puso día y hora: el debate comenzará el 16 de junio de 2026. Leer más

Escándalo del "Propofest": la Justicia procesó a los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse

Ambos quedaron acusados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fármacos en el Hospital Italiano. Leer más

San Estanislao de Cracovia: el obispo mártir que desafió la tiranía por la justicia

Conmemorado el 11 de abril, San Estanislao es el patrono de Polonia, un pastor valiente que entregó su vida en el altar defendiendo la moral cristiana frente al poder real Leer más

Caso Ángel: la autopsia reveló lesiones y la Justicia dispuso una custodia a la mamá

El informe preliminar confirmó traumatismos en la cabeza previos al fallecimiento del niño de 4 años. Si bien no descartan otras hipótesis, la Fiscalía trabaja sobre la pista de un posible homicidio. La madre del menor y su pareja quedaron bajo sospecha y con medidas restrictivas, mientras se analizan sus teléfonos y el contexto familiar. En paralelo, la mujer negó haber agredido a su hijo y denunció amenazas, lo que derivó en una custodia preventiva. Leer más

Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes

Sufrió más de 100 horas sin luz en tres años y la Justicia condenó a la empresa de energía

El tribunal determinó que la empresa es responsable por no prevenir ni remediar las interrupciones crónicas del suministro. La sentencia no solo cubre el tiempo sin servicio, sino también la afectación a la salud y la incapacidad de uso del inmueble. Los argumentos del juez para desestimar la defensa de la compañía