justicia

La Justicia le da impulso a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan impulsó este miércoles una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.En una primera ronda de medidas, el fiscal solicitó información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025. Esa deuda cancelada es el eje de la denuncia que formuló ayer la diputada Marcela Pagano, a la que hoy le dio curso el fiscal. "La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023â?³, dice el dictamen del fiscal. A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Marijuan le solicitó información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).La denunciaEn su denuncia, Pagano señala que Francisco Adorni habría tenido un incremento patrimonial no justificado desde que ingresó a la función pública nacional.Según el escrito, en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuada en $5.000.000. También informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda.En su declaración jurada anual correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000. Ese aumento, dice Pagano en su escrito, se explicaría a partir de de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000.El fiscal le pidió al Banco Provincia que envíe copias de los legajos completos de todos los productos de Francisco Adorni con el banco desde 2023 hasta la actualidad. También que, de haber registro del crédito denunciado, se envíe a la fiscalía todos los detalles del mismo: cronograma original de amortización, plazos, saldos adeudados y pagos, con sus respectivas fechas.

La réplica del sable corvo de San Martín no se exhibe en el Museo Histórico y la Justicia falló a favor del Gobierno por el caso del traslado

La réplica del sable corvo del general José de San Martín, que el Regimiento de Granaderos a Caballo había cedido al Museo Histórico Nacional (MHN) tras el polémico traspaso del arma decretado por el presidente Javier Milei a inicios de año, no está en la vitrina de la "sala de armas" como se había previsto. En su lugar, se exhiben otras pertenencias del Libertador, como una medalla con diamantes y una escribanía de plata. Tras la mudanza, que motivó la renuncia en febrero de la directora María Inés Rodríguez Aguilar, el calco no se exhibe en la "capilla sanmartiniana" del museo de la calle Defensa 1600 "para no competir" con la exhibición del sable auténtico en el Gran Hall de los Símbolos en Granaderos (Luis María Campos 554), informaron desde la Secretaría de Cultura de la Nación. La pieza se encuentra en el depósito del museo, provisoriamente a cargo de la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, que tiene su oficina en el Palacio Libertad.Una madre en duelo preserva el legado artístico de su hijo, que murió a los 35 añosHoy, en el Gobierno festejaban el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 12, que declaró "inoficioso por referirse a planteos que se han tornado abstractos" el reclamo de los descendientes de Juan Nepomuceno Terrero y Villarino, que argumentaban que la donación del sable por parte de Manuela Rosas y Máximo Terrero había sido hecha "con cargo" al MHN (es decir, que el Estado no podía disponer ningún traslado a otra institución). De manera que por decisión de la jueza, que se apoya en el informe provisto por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el sable corvo permanecerá en el Regimiento de Granaderos. "Como ya lo trasladaron, no pueden resolver nada", explicó el letrado de los Terrero, Nicolás Rechanik, a LA NACION. La jueza aseveró que el sable se halla "preservado" en el Regimiento de Granaderos.Espadas, espadines y otros objetosSegún se informaba en febrero, el calco del sable iba a ser "incorporado a la exhibición permanente con el objetivo de mantener plenamente vigente su presencia en el relato museográfico y asegurar que el público pueda seguir conociendo su historia y su significado". Pero en su lugar, actualmente se pueden ver espadas, espadines y sables de generales como Matías Zapiola, Gregorio Las Heras y Eustoquio Frías, que acompañaron al héroe máximo de la Argentina en la campaña libertadora; se exponen la medalla de plata, oro y diamantes de la Legión de Mérito que recibió San Martín por parte de Chile tras la decisiva batalla de Chacabuco, en 1817, y una escribanía de plata labrada de la Inquisición peruana que, a modo de "trofeo de guerra" del sistema colonial derrotado, San Martín usó en Lima cuando estaba en el Protectorado del Alto Perú, en 1821. Ambas reliquias testimonian el rol clave del padre de la patria en la liberación de Chile y Perú.Antes de que el sable corvo fuera enviado a Granaderos, una multitud había visitado el MHN; sin embargo, el traslado no afectó la cantidad de visitas, como conjeturaban algunos historiadores. De hecho, desde marzo de 2026 la concurrencia aumentó en un 28% respecto de 2025. En el MHN trabajan en una muestra inmersiva, Reviviendo Mayo, que con apoyo de Mecenazgo se exhibirá en el Palacio Libertad.Mientras tanto, en el Regimiento de Granaderos avanzan las obras del Museo de Granaderos financiadas por la Fundación que preside la empresaria Betina Bulgheroni, aunque aún no se informó la fecha de inauguración.

Ahora la Justicia abrió una investigación contra el hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

Lo resolvió el fiscal Guillermo Marijuan tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano contra Francisco Adorni, quien actualmente se desempeña al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: "La etiqueta de 'simpática' no le hacía justicia"

"A Little More Love", la biografía escrita por Matthew Hild, revela charlas privadas de personas cercanas a la actriz

El cuadro robado por los nazis: la Justicia recibió un informe clave de la DAIA

En el pedido del juez federal Santiago Inchausti se detalla el expolio que padeció el galerista y los antecedentes internacionales de de restitución. Cómo continúa la causa. Leer más

El propietario de la casa que alquiló Manuel Adorni en Indio Cuá reveló nuevos pagos y contratos ante la Justicia

El jefe de Gabinete fue inquilino de la propiedad en dos oportunidades, una para pasar el verano y otra mientras remodelaban la casa que compró en el mismo barrio privado

Ministro de Justicia aconsejó a Petro no demandar al magistrado que suspendió el decreto sobre traslado de ahorros pensionales: "No es apropiado"

Jorge Iván Cuervo, titular de la cartera judicial, instó a que el conflicto sobre el decreto de pensiones se tramite por vías administrativas

Crisis en la cárcel de Corrientes: la Justicia exige frenar el ingreso de droga tras muertes y sobredosis

El Juzgado de Ejecución de Condenas intimó al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario a reparar el scanner de detección y reforzar las requisas. Leer más

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

El servicio de inspección médica del INSS había emitido un dictamen donde especificaba que "los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales [...] están considerados como enfermedad profesional"

La Justicia ordenó a una empresa pagar una fortuna a un empleado "por aburrirse en el trabajo"

Un tribunal reconoció el síndrome de "boreout" como forma de acoso laboral. Es "la fatiga intensa causada por la falta de trabajo".

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier "ilícito penal" en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

La resolución judicial concluye de que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Además, la empresa sostuvo que la empleada acumuló ausencias repetidas durante la jornada, con registros diarios de hasta 45 minutos fuera de su puesto sin justificación válida

Detención judicial contra Adán Fúnez reaviva exigencias de justicia por asesinato del ambientalista Juan López

Un juez dictó detención judicial contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y otras dos personas acusadas por el asesinato del ambientalista Juan López, crimen ocurrido en septiembre de 2024 en Colón y que generó condena nacional e internacional.

El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que amplía a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

La medida impulsada por el chavismo fue cuestionada por la facción disidente de la Asamblea Nacional, que denunció la falta de independencia en el sistema judicial venezolano

Denuncia del presidente Petro contra magistrado que suspendió el traslado de recursos pensionales no prosperaría en la justicia

Experto jurídico indicó que presentar la denuncia es posible, pero demostrar el delito de prevaricato exige pruebas claras de una decisión contraria a la ley

Dólar blue: la Justicia estimó que el perjuicio al Estado fue de US$607 millones en efectivo y cuestionó el rol del Banco Central

La Justicia le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones. El cálculo se basa en un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que estimó ese monto en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo. Además de estimar cuál fue el presunto perjuicio al Estado, una de las novedades del fallo firmado este martes por la jueza María Romilda Servini es la referencia a funcionarios del Banco Central que tenían el deber de supervisión de las casas de cambio. Sobre su accionar, Servini señaló: "habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria". El fallo de la jueza concluyó con un embargo preventivo a Elías Piccirillo, conocido como el "rey del blue", y más de cien casas de cambio y financistas por 859 mil millones de pesos. Dentro de la nómina también se encuentra el exsocio del financista, Martín Migueles, cuyo celular en manos de la Justicia aportó los audios sobre el presunto "circuito paralelo" del SIRA."El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial", sostuvo la jueza Servini.La cifra se acerca a lo que con anterioridad había empezado a investigar el Banco Central a través de sus sumarios financieros. Según esos documentos, el monto de las ventas de casas de cambio se eleva a US$900 millones, al sumar las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, cuyo accionista era el financista Piccirillo, Stema Cambios y Ars Cambios, que entre sus representantes tiene al financista Ariel Vallejo. La principal diferencia entre el cálculo de la Justicia y lo relevado por el BCRA radica en el período de tiempo. La entidad monetaria incluyó ventas de dólares que se retrotraen hasta 2022, mientras que la investigación judicial utilizó para su base el período comprendido entre enero y septiembre de 2023, tal cual surge del fallo judicial.En ese mismo escrito, la Justicia dispuso limitar la inhibición general de bienes a más de cien investigados, entre los que se encuentran casas de cambio y sus representantes. ¿A cuánto? El embargo preventivo llega hasta cubrir $859.516 millones. Es la cifra en pesos que la Dajudeco calculó para los US$607 millones como presunto perjuicio del circuito del dólar blue.Hoy, la jueza Servini puso la mira sobre el accionar de las autoridades del Banco Central. Tiene a su cargo una de una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue. El fiscal de este caso es Carlos Stornelli. Actualmente cinco funcionarios de la entidad son investigados por maniobras con el dólar blue, pero en otro expediente. Se trata de la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Uno de los miembros del Central que debieron entregar sus celulares, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había "gente de arriba entongada".En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. "Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia" (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial de Lijo y Picardi.En tanto, la jueza Servini describió en un fallo de 24 páginas la ruta del "dólar blue". En todo circuito paralelo, el efectivo resulta primordial. Por eso, una de las preguntas que respondió es de dónde salieron esos US$607 millones. "El 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)", especificó.Esa es la primera etapa del pasamanos investigado en este circuito: la obtención de los dólares billete que llegaban a las casas de cambio. "El Banco de Servicios y Transacciones como entidad financiera habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones y su correcto encuadramiento en el concepto declarado", se lee en el texto judicial. Pese a eso, el fallo de este martes no contiene ninguna medida en su contra.LA NACION consultó a representantes del BST, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios. El circuito de los dólares, según la investigación judicial, continuaba a través de las casas de cambio. Accedían a la divisa a cotización oficial y las revendían a un valor mayor, según la investigación. Su ganancia habría sido tan amplia como la brecha cambiaria. Un indicio destacado por los investigadores es la falta de registro de operaciones de cambio: entidades que recibían pesos pero no dejaban registro de sus ventas de dólares.La Justicia observó esta situación en al menos ocho casas de cambio que recibieron $140 mil millones "que provenían de 600 personas de existencia ideal y más de 2500 personas humanas, que no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio". Entre esas casas de cambio se encuentra Centenera Agencia de Cambio y Turismo SRL, que tuvo como presidente a un hombre de 61 años que se definió como "changarín" en sede judicial. Aseguró ser un colocador de aires acondicionados y vivir de eso.

La Justicia española confirma el espionaje ilegal para destruir a Podemos

Una condena histórica contra el comisario Villarejo acredita las maniobras de las cloacas policiales para frenar el ascenso de la izquierda alternativa.

La Justicia dio a conocer los nombres de otras 17 personas que estaban desaparecidas: hallaron sus restos en La Perla

CÓRDOBA.- Otras 17 víctimas de la última dictadura, que estaban desaparecidas y cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en La Perla, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los nombres de 16 de ellos fueron dados a conocer por la Justicia Federal de Córdoba en una sala invadida por la emoción y también por la angustia de sus familiares. Uno no se difundió porque su familia pidió reserva.La Perla fue el campo de detención y torturas más grande del interior del país duranta la última dictadura.Los nombres confirmados por el juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fueron primero notificados a los familiares y recién hoy difundidos.Los 16 son Gilbestor Néstor Lellin D'Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.Con fotos y algunos carteles con sus nombres, los familiares siguieron la lectura de la nómina en un silencio solo interrumpido por algunos aplausos para el EAAF. Estas identificaciones se suman a las 12 de comienzos de marzo.Todas se lograron por las excavaciones ordenadas por la Justicia en la zona de La Perla denominada "Loma del Torito". La medida se tomó en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.El EAAF trabaja en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba."Cuando íbamos a pedir por nuestros familias nos decían: 'Si no hay cuerpo no hay delito'. Por eso, con orgullo hoy puedo decir: ¡Que se haga Justicia!", afirmó en el acto Luis Navarro, hermano de Navarro Moyano, nacido en Ischillín, en el norte cordobés, en 1952. Era obrero industrial, trabajaba en la empresa Arcor construcciones y militaba en el Partido Comunista (PC). "Piturro", como le decían sus compañeros, fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977."Con este trabajo han recuperado personas", dijo el hermano de Carlos, tras casi 50 años de búsqueda, y destacó que entre estas personas había estudiantes universitarios, obreros y jóvenes de partidos políticos que estuvieron presentes en la lucha para sacar a la dictadura y sus atrocidades. "Hoy pido que se haga justicia y que se castigue a los que asesinaron a mi hermano y a tantos otros. Que se haga justicia y se encuentren más personas. Son más de 30.000â?³, afirmó.Paula Mónaco Felipe tenía menos de un mes cuando secuestraron a sus padres. Quedó al cuidado de su familia. "Después de 48 años de buscar, hoy puedo entender lo que es encontrar. Encontrar a una persona desaparecida es cortar la línea de la crueldad", afirmó.Periodista y escritora, añadió que "encontrar es descubrir una inesperada forma de felicidad". Y dijo: "Esos pedacitos suyos son muy valiosos. Siento que la tierra los guardo y los devolvió". Elogió el trabajo del EAAF y enfatizó que las identificaciones "llegan cuando los vientos van en contra, con atisbos de fascismo"."Queremos que se definan los recursos para encontrar a todos. Que ninguna familia muera sin encontrar a su ser querido. Bienvenidos. Esto no termina acá. Seguimos hasta encontrarles", planteó.Graciela Doldán, una de las identificiadas, fue compañera de militancia y amiga de Juan Schiaretti. El exgobernador y actual diputado nacional posteó en domingo, en sus redes sociales: "Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos"."Duele profundamente -agregó-, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas". Destacó asimismo "la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, y el profesionalismo y compromiso del EAAF.

Corte Suprema de Justicia examinará solicitud del Gobierno Petro negada por la Fiscalía para suspender orden de captura contra 'Chiquito Malo'

El presidente del alto tribunal, Mauricio Lenis, afirmó que la discusión se llevará a cabo en próximas sesiones

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

La Audiencia de Girona concluye que el contrato de alquiler firmado con la anterior propietaria había expirado y rechaza que la aceptación de una oferta de alquiler social le diera derecho a seguir residiendo en el inmueble

JEP dictó medidas cautelares para el batallón Charry Solano en Bogotá: habría sido centro de torturas durante el Holocausto al Palacio de Justicia

El organismo de justicia transicional determinó que el lugar debe mantenerse protegido durante al menos un año, con el objetivo de salvaguardar pruebas, memoria y derechos de afectados por hechos violentos ocurridos desde 1985

El PP acusa a Bolaños en el Senado de "asfixiar a la justicia" desde el poder

Sánchez insiste, tras el final del juicio por corrupción a Ábalos, en que "es el tiempo de la Justicia"

El millonario costo del testigo falso del caso Colmenares, condenado por engañar a la justicia

Después de años de investigación y análisis de pruebas, la justicia determinó que el relato de José Wilmer Ayola Lerma no tenía fundamento y que incurrió en falsedades durante el proceso. La sentencia concluyó con su condena por delitos contra la administración de justicia

Iba a entrar a una pileta termal, resbaló y se fracturó un brazo: la Justicia ordenó una indemnización por $27 millones

El hecho ocurrió en Entre Ríos, donde el sector carecía de superficies antideslizantes. El hombre sufrió una lesión grave y demandó por falta de seguridad. Falleció durante los 13 años que duró el proceso y ahora sus herederos cobrarán la reparación económica. ¿Por qué el fallo apuntó a la ausencia de medidas básicas de prevención?

Compró una camioneta usada y se le rompió el motor a los diez días: la Justicia condenó a la agencia

Un hombre adquirió la unidad confiando en su estado, pero sufrió una falla grave poco después. La Justicia de Bahía Blanca determinó que presentaba "vicios preexistentes" y obligó a la concesionaria a afrontar la reparación y el daño moral

Contrató la colocación de pisos de madera, se los dejaron arruinados y la empresa desapareció: la Justicia ordenó repararlos y pagar $10 millones

El caso ocurrió en una vivienda de Castelar. Tras años de reclamos por trabajos defectuosos, la Justicia condenó al proveedor, que no había dado respuesta. La sentencia reconoció daños materiales y morales derivados de la mala ejecución

Leila Gianni: "Manuel Adorni no está imputado, la Justicia va a cerrar la causa"

La concejal libertaria sostuvo en Infobae al Regreso que la pesquisa sobre el patrimonio de Manuel Adorni responde a una estrategia mediática y no a pruebas judiciales, y defendió la transparencia de su gestión

La Justicia boliviana ordena la captura de Evo Morales y sus seguidores advierten una "insurgencia" nacional

El proceso judicial se encuentra actualmente suspendido y solo podrá reanudarse cuando el líder cocalero se presente voluntariamente o sea capturado por la fuerza pública. Leer más

La Justicia suspendió el decreto que modificaba los tiempos de vuelo y descanso de los pilotos

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y suspendió los efectos del decreto 378/25, que elevaba los tiempos máximos de vuelo y reducía los períodos de descanso para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y comisarios de a bordo, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.En el fallo, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para sostener que los cambios en los tiempos de servicio, vuelo y descanso de las tripulaciones podrían impactar en la fatiga operacional y, en consecuencia, en la seguridad aérea."Es urgente descomprimir": siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a BrasilAdemás, señaló que no hubo participación ni consulta previa con todos los sectores involucrados, algo que el propio Estado había considerado indispensable en la normativa anterior por tratarse de una materia "extremadamente sensible", vinculada de manera directa con la investigación médico-aeronáutica y la seguridad operacional.Los jueces también recordaron que el derecho al descanso, la jornada limitada y la protección de la integridad física de los trabajadores cuentan con tutela constitucional y supralegal. En ese marco, remarcaron que en materia aeronáutica no es necesario esperar a que ocurra un daño para actuar de manera preventiva."Esta resolución representa un paso muy importante y ratifica la legitimidad del reclamo que venimos planteando desde un primer momento: la seguridad operacional no puede flexibilizarse en función de objetivos económicos o de eficiencia. Los pilotos conocemos perfectamente la responsabilidad que implica cada operación. Defender condiciones adecuadas de descanso no es defender privilegios. Es defender estándares profesionales, proteger a las tripulaciones, cuidar a los pasajeros y preservar la integridad de todo el sistema aeronáutico", sostuvo APLA en un comunicado.El gremio también instó a las distintas empresas a aplicar el régimen anterior para la programación de tripulaciones y pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que fiscalice de inmediato su cumplimiento.Qué establecía el decretoEl decreto 378 elevaba de 8 a 10 las horas máximas de vuelo diarias y de 800 a 1000 las anuales. A su vez, el descanso semanal pasaba de 36 a 30 horas, en línea con el esquema vigente en Estados Unidos. También fijaba vacaciones de 15 días corridos y eliminaba el sistema previo que permitía acumular hasta 45 días. Además, dejaba de considerar como parte del servicio el tiempo de traslado y la espera previa al vuelo.Según argumentó el Gobierno, la modificación apuntaba a que la normativa dejara de reflejar "características gremiales" para concentrarse en criterios técnicos y adecuarse a estándares internacionales, como las Federal Aviation Regulations (FAR 117) de Estados Unidos y los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre fatiga operacional.

Una pareja compró un ático hace 18 años y usaba la azotea como terraza privada, pero la Justicia les ordenó dejar de usarla y dejarla como estaba

El fallo apuntó al uso privado de una zona común del edificio.La clave estuvo en la escritura y en lo que figuraba en el registro.

Corte Suprema y Defensoría del Pueblo rechazan aumento de penas para adolescentes: proponen justicia restaurativa

En medio de la controversia por las penas aplicadas a menores que cometen delitos graves, las entidades coincidieron en que el aumento de sanciones no soluciona la delincuencia juvenil

Absolvieron a un hombre acusado de abusar de su hija de 3 años: la Justicia dijo que las pruebas no alcanzaron

La Justicia chaqueña consideró que las pruebas no alcanzaron para condenarlo por abuso sexual infantil. La Fiscalía apelará el fallo y sostiene que sigue convencida de la culpabilidad del acusado. Leer más

De Loredo coincide con Bullrich y pide al gobierno "no escudarse en la Justicia" por el caso Adorni

El dirigente radical alertó sobre el daño que la causa por enriquecimiento ilícito que recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, provoca en el capital político del gobierno de Javier Milei. Volvió a marcar distancias con Luis Juez y La Libertad Avanza, aunque ratificó su voluntad de construir una alianza opositora amplia. Leer más

Uribe y Petro con Westcol: qué tan diferentes son sus posiciones en temas de seguridad, justicia por mano propia, juventudes y futuro digital

Una conversación reciente puso de manifiesto diferencias significativas en la forma en la que ambos líderes abordan vivencias cercanas a la muerte, perspectivas sobre desarrollo juvenil y enfoques sobre tecnología

Negocios con el dólar blue: el exsocio de Piccirillo admitió en la Justicia que ofició de intermediario para acceder al SIRA

Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber partiicipado de esa operatoria."No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo", contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.Esta causa investiga irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, mejor conocido como dólar blue. El avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023. En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.Migueles buscó desmarcarse de las acusaciones al argumentar que la investigación se sostiene sobre "frases aisladas, registros audiovisuales descontextualizados o interpretaciones parciales de conversaciones privadas".Respecto a su rol como presidente de ARG Exchange S.A., una de las casas de cambio bajo la lupa, Migueles fue categórico al afirmar que la entidad operaba en la legalidad: "Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro". Aseguró que la agencia se regía bajo las normas del Banco Central (BCRA), comprando y vendiendo divisas al por mayor de manera legal y documentada mediante boletos diarios.Sobre frases interceptadas en su teléfono celular como "agencia para sacrificar" o "retiro de bille", Migueles explicó que estaban sacadas de contexto y correspondían a comentarios que hacían terceros sobre cómo operaban otras agencias en el mercado.Otro punto de su descargo responde a su supuesta influencia en la aprobación de permisos de importación (SIRA). Migueles admitió que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda con uno de estos trámites, pero aseguró que su rol se limitó a ser un simple intermediario comercial para contactarlo con otra persona apodada "Pipo" y así ganar una comisión."Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la ley", enfatizó, y negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos. Además, afirmó no conocer a ninguno de los funcionarios del Banco Central mencionados en la causa judicial y aclaró que la expresión "la vieja del Central" era simplemente una referencia que le había transmitido su socio comercial, Francisco Hauque.Sobre la comprometedora escucha en la que afirmaba necesitar transferencias diarias de "100 o 150 palos", el acusado brindó una explicación llamativa. Aseguró que fue una exageración con el único objetivo de "generarle interés" a un vecino y así lograr que le presentara al dueño de la agencia Baires Cambio de Nordelta. "No se trató de una operatoria real mía por esos montos", sentenció.Las sospechas crecieron por los videos y el nivel de vida exhibido por Migueles. En su descargo, desmintió ser el dueño de la fortuna que se le atribuye.Dijo que la casa en Nordelta que se le atribuye no es suya, sino que la ocupaba gracias a un acuerdo de pago de honorarios con su amigo Elías Piccirillo. "Niego tener una colección de relojes de lujo", remarcó.Sobre los videos en los que se muestran vehículos de alta gama, explicó que pertenecían a conocidos y que él solo los filmaba para intentar conseguir compradores y llevarse una comisión o hacer un "revoleo comercial".Migueles destacó que se presentó de manera espontánea ante la Justicia apenas tomó conocimiento de la situación. Solicitó formalmente que cualquier análisis sobre su patrimonio o su rol comercial se base en pericias contables, transferencias bancarias y documentación objetiva. El peritaje sobre uno de los teléfonos de Migueles reveló cómo funcionaba el SIRA. De los chats y los audios analizados se desprenden al menos tres personas identificadas que permitían "gestionar" los permisos de importación. "Percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o "blue"", se lee en el expediente que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Lijo.Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Elías Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

Después de la revelación de los sobornos, Migueles se presentó en la justicia y reconoció su intermediación en las SIRA

Fue a Comodoro Py y dejó un escrito. "Las situaciones de intermediación son habituales", dijo pero no habló de coimas."No le pagué a ningún funcionario público", declaró en otro tramo.

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Un fallo judicial en Cantabria redefine la protección de los alquilados y amplía el alcance de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Horas decisivas para Tapia y Toviggino: la Justicia define el futuro de la conducción de la AFA

Las causas por presunta evasión impositiva y movimientos patrimoniales irregulares colocaron al presidente de la AFA y a su principal operador político ante un escenario delicado. La Cámara en lo Penal Económico deberá resolver si confirma procesamientos que podrían complicar seriamente a la cúpula del fútbol argentino. Leer más

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

Familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz. Algunas de estos bienes fueron sometidos a millonarias refacciones

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

Un cliente pidió una indemnización tras la pesificación de los montos máximos. Aunque la entidad modificó las condiciones de forma unilateral, el fallo concluyó que no logró acreditar un "daño real"

"Siete meses de espera": demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Tras la sustracción del vehículo, un hombre reclamó sin obtener respuesta de la aseguradora. La Justicia civil falló a su favor al comprobar que la compañía pagó recién ante la presión judicial y ordenó abonar intereses, daño moral y una sanción adicional

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El fallo se sustenta en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde 2019 marca que los contratos de alquiler tienen una duración mínima garantizada de cinco años cuando el arrendador es una persona física, aunque las partes acuerden un plazo menor

Vacantes en la Justicia: la Casa Rosada accede a pedidos de los aliados para destrabar las negociaciones

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron a gobernadores y senadores aliados que esta semana ingresarán los pliegos.Incluiría candidatos para Corrientes, Chaco, Catamarca y Salta, entre otras provincias.

El obispo Silvio Báez denunció desde el exilio que Nicaragua es "un país huérfano por falta de libertad y justicia"

Durante una misa celebrada en Miami, el religioso denunció que las autoridades en querido robarle al país "la dignidad y el futuro"

El Gobierno apura el envío de pliegos para la Justicia y manda una tercera tanda con 33 candidatos

Son los de postulantes a ocupar puestos relevantes en la Justicia Federal.Con el último listado, suman unos 110 aspirantes a camaristas, jueces, fiscales y defensores oficiales.

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como "huérfano por falta de libertad y justicia" bajo el régimen de Ortega

El obispo crítico revela desde el exilio las profundas consecuencias sociales derivadas del autoritarismo. Su reflexión aborda el sufrimiento colectivo y resalta la pérdida de esperanza en tiempos de represión política

La Justicia sumó otro gasto por unos muebles y afirman que Adorni le habría pagado 255.000 dólares al constructor Tabar

Se trata de una suma de 10.000 dólares por un conjunto de muebles para el departamento de Caballito. Según el contratista, "fue abonado en efectivo y en dólares" por el jefe de Gabinete.

La "mano invisible" de la justicia general: de Santo Tomás de Aquino a Adam Smith

Se encuentra presente en todos los actos humanos, aun cuando los individuos no lo pretendan y, es más, ni siquiera sepan que buscando su bien individual promueven el interés de la sociedad

Principio de subsidiariedad y justicia social

La subsidiariedad debe ser complementada y enriquecida con la solidaridad, ese es el fundamento de toda recta ordenación de la comunidad política organizada

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia "si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez"

El exfiscal anticorrupción afirmó que no existe una vinculación o pacto entre Juntos por el Perú y Antauro Humala. "No forma parte del proyecto", indicó

XIV Marcha de la Dignidad Nacional: 14 años de madres buscadoras exigiendo verdad y justicia en México

La movilización surgió en 2011 y se convirtió en una de las principales expresiones contra la desaparición de personas en el país

Madres buscadoras en Culiacán jugarán 'partido' por justicia y localización de desaparecidos

Colectivos de búsqueda marcharán este 10 de mayo en Sinaloa y llamaron a la ciudadanía a sumarse a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional

Revés para el gobierno: la Justicia reabre un caso sobre la represión a un jubilado

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se reinicie la instrucción y exhortó a la recolección urgente de pruebas en la causa de Egidio Contreras, que en octubre de 2025 fue golpeado por cuatro policías y le quebraron el brazo. Los jueces criticaron con dureza el "paradigma beligerante de combate" que aplican las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, acusada por los delitos de incumplimiento funcional de deberes y abuso de autoridad. Leer más

Del dólar blue al SIRA. La Justicia rastrea la conexión con exfuncionarios del gobierno de Massa y Fernández

Comenzó con una pelea entre "cueveros" y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el "circuito paralelo" para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con "la gente de adentro" para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones. Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el "rey del blue", aparecen "la vieja del Central", "la señora" y "Pato", los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.Con diferentes roles, "la vieja del Central", "la señora" y "Pato" permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente."Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes", se lee en los oficios enviados a los tres organismos. "Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres", dijo anoche una fuente de la investigación. Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L. Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto "circuito paralelo".Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles. El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es "la señora", quien "presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes" en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA. El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como "Ariel Saponara" le escribió a Migueles: "Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas". El exsocio de Piccirillo le respondió: "La sira?". Luego le envió un audio: "Si, bol..., esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento".Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página. Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con "el Pipo", a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. "Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame", le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria."Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así", se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de "canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación". Héctor Ezequiel "El Pipo" Caputto, investigado en la causa del dólar blueLos clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. "Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco", dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. "Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?". Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa. ¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: "Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer conâ?¦no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (...)". Los investigadores todavía intentan identificar a "la señora" y "Pato" como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA. LA NACION procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que "no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados". Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un "circuito paralelo". Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había "gente de arriba entongada". En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. "Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia" (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial. Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? "La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual", le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021. La auditora clave Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. "Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé", se queja Hauque. Y agrega: "Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada". "Vallejos" en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y "Fernández" alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados. La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego. El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. "Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa", se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía "El "Lobo" Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio "El Yacht".El funcionario de Tigre que gestionaba los trámitesDel análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. "Sigue como director en la Secretaría de Gobierno", confirmaron desde el Municipio ante una consulta de LA NACION. Los mensajes son del 2022. "Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer", se escucha en un audio atribuido al funcionario. LA NACION contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata."Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios", sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.

Una caída en la vereda, infecciones hospitalarias y una demanda por mala praxis: la Justicia fijó una indemnización de más de $63 millones

Tras más de un año de intervenciones y una rehabilitación prolongada, la Cámara Civil responsabilizó a una prepaga y a un sanatorio privado por las secuelas de la paciente. El fallo incluyó resarcimientos por incapacidad física y daño moral

Las seis propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz

La destitución de fiscales, un síntoma más de la crisis que atraviesa la Justicia en Córdoba

El crimen aún impune de Nora Dalmasso no es la única mancha en la imagen de la justicia cordobesa. El estado de situación evidencia que la integración del Poder Judicial también es espejo de una sociedad atravesada por conflictos. Leer más

Causa Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas

El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de plataformas virtuales que confirman transacciones del vocero.

Manuel Adorni cercado: la Justicia investiga movimientos del funcionario en Criptomonedas

La Justicia analiza operaciones vinculadas a dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación apunta a reconstruir movimientos financieros y posibles inconsistencias patrimoniales. Leer más

Rector de la Universidad Nacional exigió justicia tras el asesinato del periodista Mateo Pérez: pidió "prontitud y rigor" en las investigaciones

El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades de Antioquia confirmaran el hallazgo del cuerpo del comunicador y estudiante de ciencia política, desaparecido días antes en Briceño

Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia también detectó movimientos de criptomonedas de Manuel Adorni

Las operaciones realizadas en plataformas digitales durante el año 2024 motivaron nuevos controles sobre el origen de bienes y gastos asociados al funcionario y a su entorno familiar, según documentación judicial analizada en Comodoro Py

La Justicia detectó movimientos de dinero digital de Manuel Adorni a través de criptomonedas

La Justicia revisa por estas horas movimientos en dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que constituye una pata adicional de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.Como parte de las medidas, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado información a distintas plataformas digitales y los investigadores analizan las respuestas que fueron llegando a Comodoro Py. Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían "menores" frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa, dijo una fuente al tanto de la pesquisa, que añadió que la información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de "trazabilidad".Hace un mes, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti, su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ambos.Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte â??desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidadâ?? la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.También solicitó que se informen posibles vínculos de ellos "con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente".Noticia en desarrollo

La Iglesia y referentes del Poder Judicial piden promover una "justicia más humana" y combatir la exclusión

Referentes del Poder Judicial, de la Iglesia y de organizaciones sociales se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una de las obras más emblemáticas dedicadas al cuidado de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema vulnerabilidad, y se pronunciaron en favor de ampliar el acceso a "una justicia más humana" y combatir la exclusión.El encuentro tuvo lugar en momentos en que los programas de atención a la discapacidad enfrentan una severa crisis, por recortes y ajustes atribuidos al gobierno de Javier Milei.Con la misión de visibilizar los derechos de las personas más vulnerables, encabezaron la jornada el obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, monseñor Eduardo García, y el padre Aníbal Quevedo, responsable del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde residen y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria. En el emblemático centro de Claypole fundado en 1935, la Iglesia recibió a los jueces Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre muchos otros.Los jueces y referentes de organizaciones sociales realizaron una recorrida por los hogares y espacios de atención del Cottolengo, donde pudieron conocer de cerca el trabajo cotidiano que desde hace décadas sostiene la obra inspirada en el carisma de San Luis Orione, cuya misión es acompañar, alojar y dignificar a personas atravesadas por situaciones de abandono, pobreza y exclusión."Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes", señalaron los organizadores del encuentro."La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro", expresó el obispo García, al recordar una frase que Francisco encarnó en su pontificado.Se explicó, en ese sentido, que los "diálogos por una justicia más humana" se consolidan como espacios de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias y la Iglesia, para promover "una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas".Testimonios e intercambiosA lo largo de la jornada se presentaron testimonios, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las "Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas", una iniciativa que busca acercar el mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social.Participaron de la jornada, también, Cristina Tabolaro, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires; Daniela Bersi, fiscal de la Casación Penal bonaerense; la jueza nacional de ejecución penal Jimena Monsalve, Karina Yabor, conjueza del Tribunal Oral Federal de La Plata; Francisco Martínez Garmendia, juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes; Mariano Cascallares, del Consejo de la Magistratura bonaerense; Miguel Osorio, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal; Paloma Ochoa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, y Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8 de La Plata, con sede en Cañuelas.A ellos se sumaron Nicolás O'Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación; Samanta Guede, auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10; Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.Además, participaron el hermano Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo Don Orione de Claypole; Fernando Montero, coordinador técnico; el administrador Marcelo Bezek y el representante legal Pablo Díaz.

La echaron del trabajo alegando que su esposo era el director general de una empresa rival y la Justicia ordenó indemnizarla con miles de dólares

Una trabajadora deberá recibir una compensación económica tras ser despedida injustamente en China, según resolvió un tribunal local.

Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

La solicitud para que se le otorgue la gracia presidencial al golpista fue declarada inadmisible. En tanto, su condena aún no es firme ya que se encuentra en trámite ante el Poder Judicial

La Justicia frenó la demolición del histórico Luna Park

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal dictó una medida cautelar que suspende todo trabajo constructivo y de demolición del histórico edificio del Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional. La Sala ya había dictado una medida precautelar en el mismo sentido.La resolución judicial, que preserva el patrimonio histórico de la Ciudad frente al riesgo de que se produjeran alteraciones irreversibles sobre este inmueble protegido, fue tomada por unanimidad por los camaristas Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Ricardo Zuleta, y revierte el fallo de la jueza Natalia Tanno, quien había autorizado la demolición del histórico estadio y la construcción de un nuevo edificio mucho más grande en su lugar.La decisión se produjo tras las apelaciones contra el fallo de la jueza presentadas por el abogado Andrés Gil Domínguez y tres organizaciones de la sociedad civil â??Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudadâ??, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo y Pacífico Rodríguez Villar. En 2024 el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, propietario del Luna Park, había presentado a la Ciudad un proyecto en el que se demuele la totalidad del interior y otros sectores protegidos del estadio existente, para en su lugar construir un nuevo edificio, con 30% de capacidad adicional, en violación a las normas del Código Urbanístico que protegen al denominado Palacio de los Deportes. En efecto, este proyecto, aprobado por el gobierno porteño mediante la Disposición 1283/DGIUR/25, contempla el derribo de la cubierta y de la totalidad del interior, modificaciones sustanciales en las fachadas, y la construcción de una nueva estructura de mayor volumen. En el expediente el Arzobispado reconoce que serán demolidos 11.612 metros, quedando en pie solo 1.331 metros del edificio histórico.En los recursos de apelación ante la Cámara los demandantes argumentaron que la magistrada omitió aplicar al análisis de la documentación del expediente las restricciones del Código Urbanístico que protegen al Luna Park de intervenciones prohibidas por la legislación, como lo demuestra los informes técnicos incorporados en la causa de los arquitectos especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli.En su resolución, al Sala III establece que está acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los demandantes, quienes sostienen que en los edificios con protección estructural, como el Luna Park, no pueden realizarse modificaciones que alteren el volumen y las fachadas, y que no pueden demolerse la cubierta ni todo el interior, contradiciendo lo que pretende el proyecto del Arzobispado, y que impulsa el gobierno porteño.Para los especialistas Marcelo Magadán y Francisco Girelli, la resolución de la Cámara es "un fallo histórico, ya que constituye un avance fundamental en la conservación del patrimonio urbano y la preservación de la memoria cultural y social de la Ciudad para las futuras generaciones, en línea con las mejores prácticas que implementan las grandes metrópolis". Para ellos, "es totalmente posible modernizar e incorporar las actualizaciones tecnológicas sin demoler el Luna Park, preservando su valor patrimonial, todo en acuerdo con el marco normativo vigente, como ya se hizo en las obras de restauración y refuncionalización del Teatro Colón".Pedido de inspección ocular urgenteAnte un pedido de los demandantes, hace dos semanas la jueza Tanno ordenó al gobierno porteño presentar un informe técnico que detalle si se han realizado demoliciones en el Luna Park, que estaban ya prohibidas por la precautelar que había ordenado la Sala III. El informe técnico entregado por la Ciudad fue objetado por los demandantes por "insuficiente, contradictorio y falaz", ya que reconoce demoliciones pero no precisa su alcance ni gravedad; tampoco informa si existe el cartel de obra reglamentario en el exterior del edificio.Los demandantes argumentan que la demolición del Luna Park avanzó durante un periodo en el que las obras de demolición estaban suspendidas por la mencionada medida precautelar y que, una vez advertida la irregularidad, las autoridades permitieron continuar con los trabajos sin control. En consecuencia, los demandantes solicitaron a la jueza una constatación judicial urgente del inmueble con la intervención de especialistas para identificar las demoliciones realizadas y determinar si los daños son irreversibles.

Justicia en El Salvador: imponen 10 años de cárcel a hombre que intentó asesinar a una joven de 22

Oscar Antonio Alvarado Mancia, de 54 años, fue sentenciado a una década de cárcel por un intento de feminicidio en perjuicio de una joven de 22 años, a quien maltrató y controló antes de atacarla en una zona rural.

El fondo que demandó a la Argentina por la expropiación de YPF pidió a la Justicia de EEUU que revise el caso, pero admite que sus chances son "bajas"

La revisión está sujeta a límites muy estrictos y según expertos es altamente improbable que prospere. A Burford, el demandante, solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema de EEUU y a un tribunal del Banco Mundial, donde también tiene un escenario en contra

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ve improcedente el despido de repartidor de comida por no usar protecciones

Dejó su Mercedes-Benz en un garaje de Retiro, un empleado se lo chocó y la Justicia condenó al estacionamiento: ¿cuánto deberán pagarle?

El dueño del vehículo regresó y encontró daños en la carrocería que el comercio intentó desconocer. Un fallo de la Cámara Comercial determinó que la custodia del auto es responsabilidad total de la empresa. Qué rubros incluyó la indemnización además del arreglo mecánico

Se les incendió la cocina por una descarga eléctrica y demandaron a la empresa de energía: por qué la Justicia decidió que la culpa fue "compartida"

Un fallo determinó que la compañía es responsable del 70% del siniestro, pero le asignó el 30% restante a los propios usuarios. Qué negligencia detectaron los peritos en la instalación de la casa

Brusco giro en el caso Ángel: ahora la Justicia de Chubut dice que murió de neumonía

Por la muerte del nene de 4 años están detenidos con prisión preventiva la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González.Lo confirmaron fuentes judiciales a Clarin. Previamente, habían asegurado que había muerto por los múltiples golpes internos que tenía en la cabeza

Pegarle en el piso a la Justicia

Es voluntarista creer que la administración de justicia es el principal problema de la Argentina. Leer más

Falleció vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo: familia exige justicia

La víctima permaneció varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén debido a la gravedad de sus lesiones

La Asociación de Magistrados destacó los avances del Ministerio de Justicia en el nombramiento de jueces

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se llevó señales de respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, donde fue recibido en una visita protocolar. Los anfitriones le reconocieron avances en la designación de nuevos magistrados.Las vacantes llegan a más del 36% en el Poder Judicial y al 42% en el Ministerio Público y ponen en riesgo el servicio de Justicia. El presidente Javier Milei no nombró todavía a ningún juez en dos años y medio de gobierno.Con la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia se enviaron más de 113 pliegos desde el Poder Ejecutivo al Senado. Aún falta que la Cámara alta les de acuerdo para ser nombrados como nuevos magistrados.Este viernes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional recibió a Mahiques en una visita protocolar de bienvenida.Mahiques conoce a todos los integrantes de la Comisión Directiva que lo recibió y que está integrada por las tres listas: la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial. Candidatos de las tres lista estaban entre los postulantes que Mahiques eligió para enviar al Senado y cubrir vacantes en la justicia nacional, civil, comercial y penal económico, entre otras.La reunión fue distendida y la foto sonriente que inmortalizó la visita así lo refleja. Con diplomacia y en medio de comentarios jocosos, se mencionó que después de tantas críticas al Gobierno cuando durante dos años no avanzó con las designaciones de jueces, ahora ameritaba un reconocimiento público.El texto institucional del comunicado luego lo reflejó: "La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ha venido reclamando desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, en tanto la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país"."Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad. En ese marco, esta Asociación desea expresar su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que el mecanismo constitucional puesto en marcha permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país", dice la declaración que firman el presidente de la entidad, el juez Andrés Basso.El texto señala que el miércoles pasado, integrantes de la mesa directiva de la asociación recibieron a Mahiques y a la viceministro Santiago Viola.Basso estuvo acompañado por la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa. Y estuvieron también por los funcionarios Maite Soprano; la secretaria general, María Carolina Ocampo; el prosecretario general, Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera, Gabriela Iturbide; y la consejera, María Jimena Monsalve.Aclararon en el documento que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo institucional, "durante el cual se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía".En la Asociación de Magistrados reconocen que, así como antes hubo críticas cada vez en tono de voz más alto por las vacantes, hoy correspondía el apoyo por activar los mecanismos para que se dé esa cobertura.En las charlas el ministro les anticipó que se iban a enviar nuevos pliegos de jueces en los próximos días.

La Justicia confirmó que los municipios no pueden cobrar tasas en las facturas de servicios públicos

Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre el gobierno nacional y los municipios por el cobro de tasas. Después de diferentes cruces en la provincia de Buenos Aires, esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonista a la provincia de Misiones.La Cámara Federal de Posadas ratificó la constitucionalidad de la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, la cual prohíbe a las empresas prestadoras incluir tasas municipales o conceptos ajenos al servicio contratado en sus facturas de consumo.Tasas municipales: la presión impositiva impulsa una mudanza silenciosa de empresas dentro del paísLa medida, dictada por la cartera a cargo de Luis Caputo en septiembre de 2024, busca impedir que proveedores de bienes y servicios utilicen sus facturas para sumar "cargos ajenos a la naturaleza del servicio" que están facturando, y alcanza desde las tasas viales que algunos municipios cobran en las estaciones de servicio, hasta las "ecotasas" que son cobradas por los hoteles en zonas turísticas. Asimismo, prohíbe a los prestadores de servicios de gas y electricidad el cobro de servicios adicionales en las boletas, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales, como aplican algunas distribuidoras.Importante! ð???LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS. Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria yâ?¦ pic.twitter.com/jyld9jSCkE— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024 No obstante, según anticipó LA NACION, la medida podía ser judicializada. Esto dado que a través de la ley nacional de Defensa del Consumidor, que regula la relación entre el proveedor y el usuario final, el Gobierno busca limitar competencias avaladas en algunos casos por leyes provinciales.El caso de Misiones: revés para los municipiosLa decisión de la Cámara Federal de Posadas, dictada el 5 de mayo, revoca una sentencia previa que había declarado la inconstitucionalidad de la norma a pedido de las municipalidades misioneras de Ruiz de Montoya y Garuhapé.El tribunal de alzada fundamentó su decisión en la primacía de los derechos de los consumidores, protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240. Según los magistrados, la normativa nacional busca garantizar que los usuarios reciban información "fehaciente y veraz" y tengan "libertad de elección", evitando que el pago de un servicio esencial como la electricidad se vea condicionado o confundido por el cobro de tributos locales.Si bien el juez de primera instancia había argumentado que la prohibición vulneraba la autonomía municipal y la facultad de las comunas para percibir sus propios recursos, la Cámara Federal sostuvo que dicha autonomía no es absoluta y debe ajustarse a los principios de la Carta Magna nacional.Asimismo, el fallo destaca que la medida del Gobierno Nacional no impide la recaudación de las tasas en sí, sino que objeta el mecanismo de facturación conjunta que suele utilizarse como herramienta de coerción implícita ante el riesgo de corte del suministro.Impacto en los salarios. Las empresas achican sus planes de contratación para 2026A pesar de validar el fondo de la resolución, la Justicia hizo lugar de manera parcial al reclamo municipal en lo que respecta a los tiempos de implementación. El tribunal calificó como "irrazonable y desproporcionado" el plazo original de 30 días previsto por la Secretaría de Industria y Comercio para desglosar los sistemas de cobro.En consecuencia, el fallo resolvió otorgar un nuevo plazo de 60 días para que los municipios y la Cooperativa Cainguás (prestataria en la zona) arbitren las formas de cumplimiento. A su vez, estableció dejar sin efecto la obligación impuesta por el juez anterior de adoptar un sistema de troquelado específico, permitiendo que los municipios decidan, bajo su propia autonomía, cómo ajustar sus convenios con la prestataria para cumplir con la norma nacional.Apelaciones, recursos de amparo y sentenciasDesde su entrada en vigor, la resolución 267/2024 enfrenta múltiples amparos y fallos judiciales dispares. Mientras algunos jueces federales convalidaron la medida para proteger al consumidor, otros declararon su inconstitucionalidad por afectar la autonomía municipal.A fines de 2024, el juez federal de Campana admitió, a pedido de la municipalidad de Pilar, una medida cautelar contra el Estado Nacional, suspendiendo los efectos de la resolución N° 267/2024: sostuvo que las normas provinciales y municipales le confieren al municipio facultad suficiente para recaudar a través de las facturas de servicios.Meses más tarde, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos presentados por siete municipios bonaerenses: Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín. En ese entonces, la Justicia definió que no hubo violación a la Constitución Nacional ni avasallamiento de las autonomías provinciales.En otro orden, a mediados de 2025, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024. El caso tuvo origen en una acción de amparo promovida por la Municipalidad del Partido de Escobar.

Reforma laboral: nuevo revés en la Justicia para la CGT en su intento de frenar la ley

La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de "modernización laboral" que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado. El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso LA NACION, significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales. La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo. Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un "claro abuso", ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Interviene esta jueza después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada. La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que "como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas".El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.

La Justicia dejó sin efecto la cautelar de la CGT y rige la reforma laboral

La jueza federal Macarena Marra Giménez falló a favor del Gobierno y desactivó el recurso que había presentado la central obrera y que frenaba la mayoría de los retrocesos que incluye la ley libertaria.

Demian Reidel se defendió ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los gastos con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica, se presentó hoy ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los consumos injustificados que se realizaron con las tarjetas corporativas de la empresa estatal que maneja las centrales nucleares del país durante su gestión al frente de la compañía pública. "No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa", resaltó Reidel en un escrito dirigido al juez del caso, Sebastián Ramos. El exasesor del presidente Javier Milei hizo su descargo después de que el fiscal federal Ramiro González lo imputara en la causa en que se investigan los gastos superfluos que fueron realizaron por autoridades de Nucleoeléctrica en distintas partes del mundo con plásticos de la empresa estatal. Los datos surgieron del informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de preguntas de los legisladores. En ese marco se conoció el listado de gastos en discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, alrededor de 400 adelantos de efectivo por unos$56millones. Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando el exasesor de Milei estaba al frente de la compañía. Hoy, Reidel se puso a disposición de las autoridades judiciales, designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y sugirió medidas de prueba en el expediente. Si bien aún no fue citado a declarar, el exasesor de Milei argumentó que consideraba "indispensable" entregar "precisiones" a la Justicia sobre los consumos indebidos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica.En primer lugar, Reidel arguyó que en los resúmenes de su tarjeta personal que había sido provista por la empresa estatal no figura ninguno de los gastos denunciados. A su vez, sostuvo que sus consumos estuvieron vinculados a la logística por los viajes oficiales que realizó como titular de la empresa para participar en foros internacionales. Puntualizó que solo gastó en "hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios". Y puso a disposición de la Justicia esos documentos."Quiero ser claro y categórico en cuanto a que en la tarjeta de crédito asignada al suscripto no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo", indicó. Además, el exconsejero del Presidente puso énfasis en que la denuncia se basaría en "un reporte agregado de tarjetas corporativas" vinculadas a la cuenta N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., "sin individualizar al titular ni al usuario responsable de cada consumo".La actitud de Reidel, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia para dar explicaciones y prometió presentar documentación, marca un contraste con la postura de Adorni, quien eludir dar detalles sobre su patrimonio con el argumento de que podría interferir en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. En ese contexto, el exfuncionario resaltó que no estuvo a cargo del "control operativo, administrativo ni documental" de los consumos realizados con tarjetas corporativas por otras autoridades de la empresa. Y dijo que la "verificación, autorización y rendición" de esos gastos no corresponde a la presidencia del Directorio, sino a otras áreas de la empresa. "La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico", planteó.Por último, Reidel sostuvo que, en caso de que prospere la investigación, propondrá una serie de medidas de prueba para "esclarecer" los hechos, como auditar cada operación realizada por las tarjetas corporativas y una pericia contable para separar los consumos que él hizo con el plástico de la empresa y los que realizaron el resto de las autoridades.La semana pasada, el exasesor de Milei ya había salido a despegarse de los gastos injustificados con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica y reclamó que se investigue hasta "el último peso". Lo hizo después de que trascendieran públicamente los consumos a partir de la presentación del informe de gestión de Adorni en Diputados.Reidel consideró que las notas publicadas sobre el escándalo en Nucleoeléctrica "mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa". "Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar", subrayó en su cuenta de la red social "X".Tras la difusión de la información, Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, eliminó la posibilidad de usar tarjetas corporativas para viajes.

La justicia certificó que Adorni no declaró en la Oficina Anticorrupción la compra de la casa del country ni sus refacciones

El jefe de Gabinete hizo esas operaciones en el 2024, y ya deberían figurar en sus declaraciones juradas.En la de este año podría agregar el departamento en Caballito, y justificar todas las erogaciones.

La Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises

Tras una disputa legal que se extendió durante más de diez años, la Justicia porteña dictó una sentencia que obliga a los conductores que operan mediante plataformas digitales, como Uber, Cabify y DiDi, a ajustar sus condiciones de servicio a las normas que rigen para taxis y remises en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución, emitida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, establece que, independientemente de la falta de una ley específica para el sector, el transporte de pasajeros es una actividad que debe cumplir con requisitos básicos de seguridad y habilitación.El fallo, derivado del expediente Nº 3065/2016, pone fin a un largo enfrentamiento entre los representantes del sistema de transporte tradicional y las empresas tecnológicas. Durante el juicio, los taxistas argumentaron que las aplicaciones operaban en un marco de ilegalidad que perjudicaba sus intereses económicos y vulneraba los protocolos de seguridad exigidos por el Estado. Por su parte, los defensores de las plataformas sostuvieron que la ausencia de una regulación específica generaba un vacío jurídico que les permitía funcionar fuera de las restricciones impuestas a los vehículos con licencia municipal. Ante esto, los jueces concluyeron que la omisión estatal en la fiscalización fue el factor determinante para sostener esta desigualdad.La Cámara de Apelaciones fue enfática al señalar la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según los magistrados, la administración local toleró, e incluso propició, la coexistencia de dos sistemas bajo tratamientos normativos dispares durante una década. En respuesta, la sentencia impone al Ejecutivo porteño la obligación de fiscalizar la actividad, perseguir el cobro de tributos y realizar campañas informativas sobre los riesgos asociados al servicio. Asimismo, se prohibió al Gobierno exigir cargos adicionales a los taxistas por trámites regulares, buscando restablecer el equilibrio en el sector mientras no se apruebe una ley integral.El fallo detalla que las exigencias mínimas para los conductores de aplicaciones deben incluir, obligatoriamente, la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos destinados al traslado de pasajeros. Pese a estas directivas, el tribunal aclaró que el Poder Judicial no tiene la potestad de crear el marco regulatorio definitivo, labor que recae exclusivamente en la Legislatura. En este sentido, la resolución se presenta como una medida provisional diseñada para corregir una situación considerada injusta mientras las autoridades políticas definen una normativa unificada.La reacción de las empresas no se hizo esperar. Fuentes de Cabify informaron a LA NACION que se encuentran analizando los alcances de la resolución interna, sin emitir una postura definitiva. Desde Uber, en cambio, destacaron que la empresa no formó parte del proceso judicial. "El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no modifica la forma en que opera nuestra plataforma", señalaron. Por su parte, desde DiDi indicaron que continúan evaluando el documento.Esta resolución judicial irrumpe en un momento de efervescencia política. A fines de 2025, ingresó a la Legislatura un proyecto integral que busca modernizar el Código de Tránsito y Transporte. Esta iniciativa propone, entre otros puntos, que todas las aplicaciones tengan sedes locales, tributen por los viajes iniciados en la ciudad y se sometan a estrictos controles de datos, equiparando las condiciones de competitividad para todo el sistema de movilidad urbana porteño.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Muerte del preso político Víctor Quero Navas estremece a la opinión pública venezolana que exige justicia

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asciende a 27 el número de personas detenidas por razones políticas que han fallecido bajo custodia del Estado

La Asociación de Magistrados se reunió con Mahiques y respaldó el envío de pliegos para cubrir las vacantes en la Justicia

La entidad que preside el juez Andrés Basso se reunió con el ministro de Justicia y el vice Santiago Viola y destacó la "contundente respuesta" del Gobierno para resolver la falta de jueces

Máximo Kirchner fue operado y apuntó contra el Gobierno y la Justicia desde el quirófano

El diputado nacional confirmó una cirugía programada a través de un mensaje en el que vinculó su situación personal con la "prisión domiciliaria irregular" que cumple Cristina Kirchner. "A Ella no le conceden permisos", denunció. Leer más

ARA San Juan: la Justicia realizará una inspección ocular de una embarcación gemela al submarino hundido

El objetivo de la medida es que los magistrados y las partes puedan tener una referencia concreta sobre el funcionamiento de los equipos y estructuras involucradas.

Le robaron la moto, el seguro se negó a pagar y la Justicia rechazó su demanda: el detalle que le hizo perder el juicio

El dueño del vehículo fue a tribunales para reclamar la cobertura, pero la sentencia le dio la razón a la aseguradora. El tribunal ratificó que la protección contractual no estaba vigente al momento del siniestro debido a una omisión del propietario. No solo se quedó sin la motocicleta, sino que deberá cubrir los gastos del proceso judicial

Denunció que cables de alta tensión dañaron su auto, la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos judiciales

El dueño de un vehículo demandó a la empresa distribuidora de energía y a la municipalidad por un incidente en 2020. Según la sentencia, el relato del demandante y las fotos presentadas fueron insuficientes para demostrar el siniestro. Sin evidencias sólidas, el reclamo se desmoronó y el denunciante quedó a cargo de las costas procesales

Viaje de egresados cancelado por la pandemia: dos familias demandaron a la agencia y la Justicia ordenó una fuerte indemnización

La Cámara de Apelaciones elevó los montos por daño moral y punitivo tras el incumplimiento de la empresa y la falta de respuestas. Los jueces consideraron que hubo una falta de "trato digno" hacia los estudiantes y sus padres

La Justicia rechazó el pedido para definir una fecha de inicio en el juicio contra Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

La causa Hotesur-Los Sauces comenzó en 2014 por una denuncia de Margarita Stolbizer, en ese momento diputada nacional del GEN. Leer más

20 años de prisión para Abel Guzmán: por qué la Justicia no le dio perpetua por el asesinato en la peluquería Verdini

El colorista que ejecutó de un balazo en la cabeza a Germán Medina recibió la pena por homicidio simple. La querella y la fiscalía anticiparon que apelarán el fallo de los jueces por considerar que existió un plan criminal y alevosía. Leer más

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que "no existe" pedido aún, pero se "analizará" si se presenta

El titular de Justicia, Luis Jiménez Borra, descartó la existencia de una solicitud formal para beneficiar al expresidente y aclaró que cualquier trámite será revisado bajo los procedimientos y normas vigentes

Guatemala: Corte Suprema de Justicia denuncia amenazas contra su presidenta

El máximo tribunal informó que la presidenta Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue objeto de intimidaciones reiteradas, incluyendo la difusión de información familiar, lo que, según la institución, representa un riesgo grave para la estabilidad democrática

La Justicia confirmó que Manuel Adorni heredó parte de un departamento en La Plata y un terreno en Daireaux

La información fue incorporada al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que investiga los movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. La fiscalía busca determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos, propiedades y gastos en dólares. Leer más

Coto vs. La Matanza: la Justicia habilitó continuar con la construcción de un hipermercado frenado hace 13 años pero Espinoza apelará

La construcción de un hipermercado con cines en Isidro Casanova está frenada desde 2013.La empresa asegura que generará 1000 puestos de trabajo.La Comuna asegura que el plano caducó porque es de 1998 y que afectará a los comercios de la zona.

La Justicia incorporó el expediente de la herencia del padre de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe del expediente judicial relacionado con la herencia que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su padre, fallecido en 2002.Los documentos de la sucesión del padre de Adorni determinaron que Jorge Eduardo Adorni le dejó al exfuncionario el 33% de un departamento en La Plata y una porción idéntica de un terreno en Daireaux como herencia. "No hay dinero", dijeron a LA NACION fuentes judiciales, en relación con los movimientos de dólares en efectivo que se conocieron en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. La existencia de la posible incorporación de bienes producto de la sucesión llegó a oídos de la fiscalía por los medios, que solicitó informes para ubicar ese trámite.El informe recibido menciona que Adorni recibió el 33 ppr ciento de un terreno en Daireaux y un departamento en La Plata. La sucesión de Jorge Eduardo Adorni se tramita en los tribunales de La Plata y de ese expediente surge que sus herederos declararon que él tenía, a su muerte, un inmueble modesto en La Plata y un terreno de 690 metros en Daireaux.Jorge Eduardo Adorni murió el 21 de agosto de 2002. Tras su muerte se abrió el expediente "Adorni, Jorge Eduardo s/sucesión ab intestato [sin testamento]", que tramita desde julio de 2006 en el juzgado en lo civil y comercial N° 18 de La PlataAllí aparecen como herederos el jefe de Gabinete; su hermano, Francisco Jorge Adorni, actual diputado bonaerense, y la madre de ambos, Silvia Pais. Declararon que al momento de su muerte, Jorge Eduardo Adorni tenía dos bienes inmuebles: el 100% de un departamento en la Avenida 53 N° 448, 9° 6, de la Ciudad de La Plata. Se trataba de un bien propio (no ganancial) y, por eso, se dispuso que debía dividirse en tres partes iguales entre Manuel Adorni, su hermano y su madre.Dicho inmueble tenía una valuación fiscal de 593.000 pesos, según la declaración jurada que presentaron el 17 de junio de 2025. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que ese departamento está hoy en venta.El otro bien que componía el patrimonio de Jorge Adorni era un terreno de 690 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge Adorni había heredado de su madre, fallecida en 1993. Tenía una valuación fiscal de 568.000 pesos.Pollicita siguió incorporando información al expediente que está analizando para pedir nuevas medidas de prueba en los próximos días.El juicio sucesorio del padre de Adorni no parece reflejar una fortuna de magnitud. Adorni, además, publicó en sus redes en 2018 que le había "costado años arreglar todo" lo relacionado con el trámite y dio a entender que su padre le había dejado deudas.Pollicita sigue recibiendo informes. Aparecieron los resúmenes de la tarjeta de crédito de Adorni con los gastos que realizó durante un viaje a Bariloche, donde se alojó en el Hotel Llao Llao con su familia. También llegaron los comprobantes de los pasajes aéreos.La documentación en poder de la fiscalía muestra que hubo consumos en el Llao-Llao. No hay constancias aún de quién abonó la estadía del grupo familiar, aunque todo ese viaje, revelado por Clarín, habría costado al menos 10 millones de pesos, si bien aún no hay documentos que avalen esa suma total.Por lo pronto, sí está acreditado el viaje de la familia Adorni a Aruba. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes por Latam que costaron 1450 dólares cada uno y el monto total â??unos 5800 dólaresâ?? fue abonado en efectivo.Originalmente, Latam había informado a la Justicia que los Adorni habían volado en "Business (J)", pero la compañía hizo una nueva presentación en los tribunales en la que dijo que, en realidad, volaron en "Premium Economy", una categoría con "mayor espacio" que en la clase "Turista" y "embarque prioritario", según la web de la empresa.La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel. Además, están bajo la lupa otros viajes realizados por el ministro coordinador del gabinete de Javier Milei.En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100.000 dólares que utilizó para adquirir la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, y la hipoteca de 200.000 dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Para la primera oposición habría abonado 20.000 dólares en efectivo. Para la segunda, 30.000 dólares. Pero, además de esos gastos y los viajes bajo la lupa, el contratita que refaccionó la casa del country declaró bajo juramento haber recibido US$245.000 en efectivo del propio Adorni, sin factura.

La Justicia del Trabajo suspendió la reforma laboral para los trabajadores del dragado y balizamiento

El juez Raúl Ojeda hizo lugar a un planteo del Sindicato. La resolución alcanza al personal que desempeña tareas de dragado, balizamiento, relevamiento, obras portuarias y apoyos logísticos en todo el país.