justicia

Ministro de Justicia tomó postura y no firmó la asamblea nacional constituyente que busca Petro: "No acompaño el proceso"

Jorge Iván Cuervo explicó que su postura no implica un enfrentamiento con el presidente, sino que responde a su preferencia por centrarse en la agenda técnica de su cartera

La Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA y al "Chiqui" Tapia

Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas

Revelan que el Departamento de Justicia ocultó entrevistas del FBI sobre una acusación contra Donald Trump

WASHINGTON.- En una nueva revelación de la saga del caso de Jeffrey Epstein que cayó como una bomba en esta capital, decenas de entrevistas a testigos del FBI sobre la investigación del fallecido depredador sexual fueron retenidas por el Departamento de Justicia el mes pasado, cuando publicó miles de archivos, entre ellas algunas relacionadas con la denuncia no verificada de una mujer que acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente hace décadas.La investigación, publicada inicialmente por National Public Radio (NPR) y luego ampliada por The New York Times y la cadena CNN, refiere a memorandos del FBI que resumen las entrevistas de la agencia en relación con las denuncias realizadas en 2019 por una mujer que, luego del arresto de Epstein aquel año, declaró haber sido agredida sexualmente tanto por el financista como por Trump cuando ella era menor de edad. Esos archivos -que no se hicieron públicos a pesar de una ley aprobada por el Congreso que exigía su divulgación- incluyen más de 50 páginas de entrevistas del FBI, así como notas de conversaciones con la mujer que acusó a Trump, señaló NPR en su artículo.La existencia de los memorandos se reveló en un índice que enumeraba el material de investigación relacionado con su relato, el cual se hizo público. Según ese índice, el FBI realizó cuatro entrevistas en relación con sus denuncias y redactó resúmenes de cada una. Sin embargo, el Departamento de Justicia, que lidera Pam Bondi, solo publicó un resumen de las cuatro entrevistas, que describe sus acusaciones contra Epstein. Los otros tres no fueron dados a conocer.Un registro de pruebas proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, en su momento cómplice y pareja de Epstein, incluye los números de serie de unos 325 registros de entrevistas con testigos del FBI. Sin embargo, más de 90 de ellos (más de una cuarta parte de la lista) no parecen estar presentes en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión de la CNN.Los archivos públicos tampoco incluyen las notas de la entrevista subyacente, que el índice también indica que forman parte del expediente, señaló The New York Times, que hizo una revisión exhaustiva. El Departamento de Justicia publicó notas de entrevistas similares en relación con entrevistas del FBI con otros posibles testigos y víctimas de Epstein.La oposición demócrata se hizo eco de la investigación periodística y denunció la "desaparición" de esos archivos. Los encargados fueron los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dedicada al esclarecimiento del caso Epstein y a controlar cómo el Departamento de Justicia desclasifica los documentos.Luego de la revelación de NPR, el miembro de mayor rango de ese comité, el congresista demócrata Robert García (California), indicó que revisó los registros del Departamento de Justicia y que pudo "confirmar que parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con la sobreviviente que acusó a Trump de crímenes atroces".García y otros legisladores demócratas que integran la comisión anunciaron que abrirán una investigación paralela sobre la decisión del Departamento de Justicia de no publicar esos documentos.El departamento que lidera Bondi rechazó las acusaciones y pidió a los demócratas que dejen de difundir información engañosa. "Nada ha sido borrado. Si algunos documentos fueron retirados para eliminar los nombres de las víctimas, lo fueron solo temporalmente", destacó.Ante un requerimiento de explicaciones, el Departamento de Justicia afirmó el lunes a The New York Times que "los únicos materiales que se han ocultado eran reservados o duplicados". Y un día más tarde, el martes, señaló la posibilidad de que esos archivos pertenezcan a "una investigación federal en curso". Los funcionarios no explicaron directamente por qué no se publicaron los memorandos relacionados con la denuncia de la mujer contra Trump.La descripción de la mujer -de quien se resguarda el nombre- de haber sido agredida por Trump en la década de 1980 se encuentra entre varias acusaciones sin corroborar contra hombres conocidos, contenidas en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia.Cuando los archivos se hicieron públicos a fines del mes pasado, los funcionarios los describieron como si incluyera todo el material enviado al FBI."Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", declaró en ese momento el Departamento de Justicia mediante un comunicado. El hecho de que esos registros no hayan aparecido profundizaron las dudas sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado la divulgación de los archivos del caso Epstein.En un comunicado emitido el martes, la vocera de la Casa Blanca Abigail Jackson afirmó que Trump había sido "totalmente exonerado de cualquier delito relacionado con Epstein".El caso del financista neoyorquino -quien fue hallado muerto en prisión en 2019- se ha convertido en un terremoto interno entre los republicanos y un dolor de cabeza para Trump. En su discurso del martes por la noche sobre el Estado de la Unión, el presidente omitió el caso Epstein y la divulgación de los archivos.Trump, que durante años mantuvo un estrecho vínculo con Epstein, ha negado sistemáticamente haber participado o tener conocimiento de los delitos sexuales por los que el financista fue acusado y llevado a prisión.Otros archivos que -de acuerdo a las investigaciones periodísticas- se ocultaron al público pertenecen a otra mujer que fue testigo clave de la acusación en el juicio contra Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Algunos de esos documentos fueron retirados brevemente y puestos de nuevo en el sitio web del Departamento de Justicia la semana pasada, mientras que otros permanecen ocultos, según la comparación realizada por NPR del conjunto de datos inicial del 30 de enero con los que se encuentran actualmente en la página de la agencia.Según la ley aprobada por el Congreso, el Departamento de Justicia puede censurar material que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas de Epstein, que representara violencia o abuso sexual infantil, o que perjudicara una investigación federal en curso. Sin embargo, la norma prohíbe expresamente a los funcionarios federales retener o censurar material "por vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política" hacia figuras públicas.Algunos legisladores y sobrevivientes de los abusos de Epstein criticaron al Departamento de Justicia por la forma en que gestionó las censuras. También advirtieron que se expusieron los detalles que identificaban a algunas víctimas y que se incluyeron fotos de mujeres jóvenes desnudas, mientras que el material relacionado con denuncias de abusos por parte de otros hombres había sido censurado en gran medida.

Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. validó la legitimidad del intercambio de información entre el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión podría poner en peligro a ciertos inmigrantes que declaren impuestos.El IRS puede compartir datos de inmigrantes con el ICEUn panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington D. C. emitió un fallo y rechazó la solicitud de grupos civiles para suspender temporalmente el acuerdo de datos entre ambas organizaciones.La decisión publicada el pasado 24 de febrero representa una mala noticia para ciertos inmigrantes, ya que la agencia de impuestos no protege los datos de contribuyentes y compartirá nombres y direcciones.Esto bajo el argumento de que no viola las leyes de confidencialidad cuando se trata de investigaciones criminales, incluidas las personas con órdenes de deportación ya emitidas.El intercambio de datos no supone que el IRS entregue información al ICE de manera automática; más bien supone que la agencia de inmigración entregue al departamento recaudador de impuestos una lista de personas que están bajo investigación o que cuenten con una orden final de deportación.Posteriormente, el IRS buscará en sus archivos a la persona para corroborar si ha declarado impuestos y entregará al ICE la dirección registrada recientemente. Esta medida afectaría principalmente a quienes usan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y declaran sus ingresos sin tener un estatus legal.Gobierno de EE.UU. defiende el intercambio de datos La solicitud que buscaba bloquear temporalmente el intercambio de información entre ambas agencias fue enviada por un grupo de derechos de los inmigrantes para evitar facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano.A pesar de que diversos grupos de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes reaccionaron negativamente al fallo de la corte, el gobierno de EE.UU. defendió su postura.Harry T. Edwards, uno de los jueces de la Corte de Apelaciones, expresó que es poco probable que los grupos solicitantes tengan éxito en sus reclamos, ya que la información que comparten las agencias no está cubierta por el estatuto de privacidad del IRS.Por otra parte, Pam Bondi, fiscal general, celebró la decisión del tribunal como una victoria crucial para la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con The Washington Post.El argumento de las autoridades es que el acuerdo entre el IRS y el ICE ayuda a llevar a cabo la agenda del mandatario estadounidense para deportar a los inmigrantes indocumentados y asegurar las fronteras del país.Qué inmigrantes deben presentar declaración de impuestos en EE.UU.La ley estadounidense indica que los migrantes en cualquier parte del país norteamericano están obligados a pagar sus obligaciones ante el IRS, sin importar su estatus migratorio.El ITIN es el proceso en el que los extranjeros que están irregularmente en EE.UU. pueden pagar impuestos, ya que no se requiere de un número de Seguro Social.El procedimiento del número de identificación personal del contribuyente consta de una cifra de nueve dígitos emitida por el IRS y tiene validez en el sistema tributario, aunque no funciona como identificación en otro ámbito.Las leyes del país norteamericano indican que todas las personas que generen ingresos deben pagar impuestos, lo que significa que los inmigrantes indocumentados deben cumplir las mismas obligaciones fiscales que los residentes legales.

La rotunda decisión de la Justicia británica con una maestra que fue grabada abusando de un menor

La mujer fue descubierta por una persona en plena "actividad sexual" con un joven.Era docente en un internado de niñas en el que ganaba 30.000 libras al año.

Estos son los vínculos con Colombia de los nuevos archivos del caso Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Una serie de documentos detalla solicitudes de eventos deportivos, registro en hoteles y lazos sociales complejos que involucran a personalidades internacionales

"El único que paga": productores presentan recursos contra la identificación electrónica obligatoria del ganado y no descartan ir a la Justicia

Pese a que ya pasaron casi dos meses de que el Gobierno puso en marcha el plan de identificación electrónica obligatoria de los vacunos, a través del Senasa, un grupo de productores ganaderos decidió ir en contra de la medida por considerarla innecesaria e injusta. Por eso, comenzaron a presentar recursos administrativos individuales para intentar revertir la obligatoriedad del sistema. Y si no obtienen respuesta favorable anticiparon que agotarán las instancias administrativas y avanzarán por la vía judicial.El planteo apunta contra la resolución 841/2025 del organismo sanitario, que impuso la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos. Los productores cuestionan tanto el costo como la forma de implementación y sostienen que la medida impacta exclusivamente sobre el criador.Carlos Baravalle, productor ganadero de Carrilobo, al sudeste de Córdoba, y vicepresidente de Bases Federadas â??organización creada en 2023 que surgió como una disidencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) y que hoy reúne a unos 500 productoresâ?? es uno de los impulsores de la iniciativa. "Hace tiempo que nos manifestamos en contra de la trazabilidad electrónica, no del uso de la tecnología, sino de la imposición, de su obligatoriedad", afirmó a LA NACION.Mes récord: el Gobierno informó que la agroindustria exportó en enero por US$4152 millonesSegún explicó, la discusión no pasa por la herramienta en sí, sino por su carácter obligatorio. "Estamos en contra de su obligatoriedad porque consideramos que para algunos productores que tienen, por ejemplo, 400 madres, un sistema así le puede facilitar la carga de datos y el trabajo en la manga. Ahora, para productores de 200 madres para abajo, este sistema en realidad lo termina complicando", señaló.Baravalle sostuvo que el nuevo esquema no genera mejoras productivas. "Podemos confirmar fehacientemente que este tipo de tecnología no aumenta el índice ni de preñez ni de destete. He estudiado los procesos que intervienen en la ganadería y cría, sé del potencial que tiene la ganadería y cría, y me da bronca que erremos el camino", expresó.Abrupta caída: una importante región agrícola tuvo una de las peores sequías en 40 añosEn ese sentido, agregó: "El 80% de los ganaderos argentinos están por debajo de las 150 madres. Es decir que le estamos poniendo a esos productores un costo innecesario. Hay que dejar que el propio ganadero decida en qué invertir su dinero".El dirigente también cuestionó el argumento oficial vinculado a la eficiencia. "En el Gobierno dicen que no solamente es una cuestión sanitaria, sino que además que mejora la eficiencia del rodeo. No es así. Está comprobado, por ejemplo, que en el vecino país de Uruguay, que hace 20 años que tienen este tipo de trazabilidad, no aumentaron su índice de preñez y de destete", indicó.Sobre el impacto comercial, fue crítico: "Teóricamente, la carne vacuna trazada puede ingresar en nuevos mercados y luego se va a derramar en la cadena. Pero en esa teoría del derrame, los criadores tenemos que esperar tres años para ver eso, mientras tanto del costo nos tenemos que hacer cargo solo nosotros".En ese sentido, dijo que el reclamo también apunta a la distribución de costos dentro de la cadena cárnica. "Resulta que el único que paga el costo es el productor. Ninguno de los otros eslabones que conforman y participan de la cadena cárnica son parte del pago del binomio en cuestión", sostuvo.En paralelo al malestar sectorial, desde la dirigencia de Bases Federadas circuló un modelo de recurso administrativo que los productores presentan de manera individual ante el Senasa. El documento plantea un "Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio" contra la resolución 841/2025 y solicita que "se deje sin efecto la obligatoriedad de la identificación electrónica individual bovina".En forma subsidiaria, el escrito pide que "se establezca su carácter voluntario o que se suspenda su aplicación respecto de terneros/as nacidos desde el año 2025 y para pequeños y medianos productores ganaderos de cría".Entre los fundamentos, el recurso sostiene que la resolución resulta "arbitraria, irrazonable, desproporcionada y contraria a derechos constitucionales, generando un grave perjuicio económico y productivo".En el apartado económico, el texto detalla que el nuevo sistema implica un binomio electrónico de aproximadamente $3200 por animal, una "aplicación informática anual de $56.000 y un bastón lector electrónico de $3.800.000. Para un productor que desteta 100 terneros por año el costo pasaría de aproximadamente $35.000 a $4.176.000", dice el escrito."Esta carga económica no genera mejoras productivas ni sanitarias comprobables, resulta inviable para pequeños y medianos productores y provoca transferencia de costos hacia el eslabón más débil de la cadena", dice el escrito.Sin embargo, fuentes del Senasa aclararon ayer que el bastón para la lectura de la información no es necesario que lo tenga el criador sino que es para quien cierra el DTe, a saber un invernador, un feedlotero o un frigorífico; por lo que el costo que tendría un criador sería solo de la caravana electrónica. En tanto, según una de las once firmas que comercializan, el precio de la caravana está entre $1900 y $2250 (entre US$1,35 y US$1,6). En cuanto al valor del bastón, que son importados, en las empresas hablaron que oscilan entre los $1.350.000 a $2.810.000 (entre los 950 y 2000 dólares).En el documento que van a presentar en el Senasa también se advierte una "contradicción normativa manifiesta" respecto de la aplicación a animales nacidos en 2025 y sostiene que desde noviembre de 2025 "cesó la fabricación de caravanas convencionales", lo que â??según el planteoâ?? fuerza al productor a adoptar el sistema electrónico.En materia jurídica, el recurso invoca la vulneración del principio de razonabilidad, el derecho de propiedad, la libertad de ejercer industria lícita y el principio de igualdad.Asimismo, solicita una "medida cautelar administrativa" para suspender los efectos de la resolución respecto del establecimiento hasta que se resuelva el planteo y deja expresada la "reserva de accionar judicialmente, incluyendo acción de amparo".Baravalle anticipó que, en su caso personal, avanzará en esa dirección. "Voy a ir a la Justicia con un amparo en contra de esta resolución del Senasa porque la considero totalmente injusta. Nos trasladaron un costo y no nos da ningún beneficio", afirmó.Mientras tanto, el conflicto suma adhesiones. Según el dirigente, en conversaciones con muchos productores de diversas entidades ruralistas y autoconvocados, "hay un gran descontento con esta imposición".A casi dos meses del inicio del esquema obligatorio, con los primeros recursos administrativos ya presentados y la amenaza de judicialización en el horizonte, se abre un nuevo frente de tensión entre los ganaderos autoconvocados y el organismo sanitario.

Juzgado determinó que César Manrique debe ir a la cárcel por el caso Ungrd: el exfuncionario está prófugo de la justicia

El juez penal de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el exdirector de la Función Pública, quien no ha sido localizado desde agosto de 2025

La Inspección General de Justicia pidió que se designen veedores oficiales en la AFA para revisar los balances

La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental. Según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia no presentó a tiempo. La presentación de la IGJ, que llevó la firma de Daniel Vítolo, titular del organismo, es para establecer una veeduría que apunte a los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución futbolística con diversas personas. La IGJ intimó por primera vez a la cabeza del fútbol local, en diciembre pasado. Ese plazo venció el 20 de enero pasado y la institución, como la Superliga, presentaron lo que le era requerido. Luego de eso, la IGJ pidió más precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. Les dio para eso un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información. El organismo les pidió esas ampliatorias sobre lo que consideraban insuficiente. "Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo", había dicho Vítolo a este medio en la antesala de la decisión conocida hoy. La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Por eso pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos. El plazo para esa presentación venció ayer, pero solo la Superliga hizo su presentación. Por lo que, pasadas las primeras horas de este miércoles, el organismo dirigido por Vítolo empezó a elaborar la decisión a tomar a partir del incumplimiento de le AFA. Noticia en desarrollo

La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la AFA tras detectar "graves irregularidades"

El organismo de control societario pidió al Ministerio de Justicia nacional la designación de representantes que releven documentos y verifiquen la información contable y financiera que no fue remitida por la entidad que preside Claudio Tapia

Florida lidera penas de muerte en 2026 y la Justicia denuncia graves irregularidades

El estado acumula el mayor número de ejecuciones este año mientras la jueza Sonia Sotomayor advierte sobre posibles fallos graves y falta de transparencia en los procedimientos estatales de la pena capital

Justicia para Lizeth Marzano: Convocan plantón para este jueves 26 en San Isidro por campeona que murió atropellada

En las últimas horas, se difundieron nuevas imágenes que muestran a Adrián Villar junto a familiares cercanos tras el atropello, pese a lo cual ninguno de ellos se presentó ante las autoridades ni informó sobre lo ocurrido

El gobierno porteño dio detalles sobre cómo será el traspaso de la Justicia Laboral

El ministro de Justicia porteño explicó cómo se instrumentará el cambio de jurisdicción. Anticipó un período de adaptación de cinco años, la creación de tribunales con gestión integrada y abordó la alta litigiosidad del fuero.

Acción conjunta con la Justicia

La detención de Jorge Alberto "Turu" Mendieta en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe se realizó ayer, por orden del juez federal Aldo Alurralde. Tras el operativo de la Policía de Investigaciones, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre la detención del hombre sindicado como líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024 en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes.

La Justicia eleva la indemnización y ordena a una empresa de limpieza y a su aseguradora a pagar más de 22.000 euros a una vecina que se cayó por el suelo mojado en el rellano de su comunidad

La resolución reconoce que la demandante enfrentó dificultades laborales y personales debido al accidente por los que tuvo que contratar a otra persona en su tienda de ropa

El vil chantaje de la AFA a la Justicia

La insólita medida del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la novena fecha del torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en repudio por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra aquella entidad por presuntos delitos de evasión impositiva y retención indebida de aportes, configura un liso y llano intento de extorsión por parte de dirigentes que se resisten a ser investigados por la Justicia, encabezados por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.Tal decisión resulta vergonzosa, no tan solo porque pretende tomar como rehenes a todos los aficionados al deporte más popular de la Argentina, sino también por la actitud cómplice de la inmensa mayoría de los representantes de los clubes afiliados a la AFA, que con su silencio avalan graves irregularidades en la conducción del fútbol local. Como hemos señalado oportunamente, que no sea la propia dirigencia de los clubes la que exija la renovación de la AFA revela un tan escandaloso como punible nivel de complicidad. Salvo casos aislados, como el del presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, no se han escuchado cuestionamientos públicos de los dirigentes ante la sucesión de anomalías de las que ha sido protagonista la conducción de la entidad rectora del fútbol argentino. Algo que solo puede explicarse por el nivel de dependencia económica que tienen la mayoría de los clubes de los recursos que manejan Tapia y Toviggino, como por el temor a represalias de quienes han dado muestras de capacidad para manipular arbitrajes. Una frase de Tapia -"Ya fueron por nosotros, pueden ir por ustedes si no hacen algo"- fue la invitación del presidente de la AFA al resto de los directivos a ensayar una defensa corporativa frente a cualquier embate de la Justicia. Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestosLas sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos. Estamos frente a demasiados y contundentes indicios de irregularidades como para que los involucrados en las denuncias puedan esgrimir, utilizando los mismos argumentos empleados por los políticos corruptos, que son víctimas de una "persecución". Existen hasta ahora cuatro causas que deberá investigar el Poder Judicial. La primera es por la presunta apropiación indebida de tributos y está a cargo del juez Diego Amarante; la segunda es por el desvío de fondos a través de la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, y está en manos del juez Luis Armella; la tercera es la causa de Sur Finanzas por lavado de activos, a cargo de la magistrada María Servini, y la cuarta se vincula a la lujosa quinta de Pilar, cuyo juzgado debe ser definido por la Cámara Federal de Casación Penal. Las fechas elegidas para el paro dispuesto por la AFA coinciden con la citación a declaración indagatoria hecha por el juez Amarante a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la entidad, a quienes se investiga por la posible omisión del pago de aportes a la seguridad social correspondientes a futbolistas y empleados, y de retenciones impositivas, por un total que supera los 19.300 millones de pesos.La suspensión del fútbol no es más que un vil chantaje por parte de quienes pretenden investirse de impunidad frente a hechos sobre los que necesariamente deben brindar explicaciones ante la Justicia. Les guste o no.

La Justicia Federal ordenó 30 allanamientos simultáneos en la causa Sur Finanzas

La causa investiga un presunto "rulo financiero", una maniobra que consiste en adquirir dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), para luego venderlos al mercado de la divisa blue, consiguiendo, de esa forma, una gran ganancia por la diferencia cambiaria. Leer más

El sindicato de judiciales tomó la sede de la Justicia del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y anunció paro

Empleados y sindicalistas protagonizaron un acto en el que se vieron fotos de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral. También participaron miembros de la CGT y referentes políticos de la oposición Leer más

"Rulo cambiario": la Justicia ordenó 30 allanamientos: uno de ellos, a una exsocia del financista de la AFA

La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como "rulo cambiario". Entre los allanados, se encuentra el domicilio de una exsocia de Ariel Vallejo, el cuestionado financista de la AFA. Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio "Chiqui" Tapia.Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, "accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado 'dólar blue'", una maniobra conocida como "rulo cambiario". La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas. Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejo en Banfield.En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.CausaComo publicó LA NACION, la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.Según la denuncia, "por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud".Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).

Luis Enrique Jiménez jura como ministro de Justicia: perfil del titular que hereda SUNIR y reformas penitenciarias pendientes

Esta tarde, Jiménez Borra asumió la cartera de Justicia en medio de una transición marcada por reformas pendientes y retos heredados del sistema penitenciario. Se espera que su gestión concluya con el cambio de gobierno tras las elecciones

Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: "Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad"

El ministro cordobés analizó en Infobae al Regreso los desafíos y alcances de la reforma penal juvenil. Planteó la necesidad de un tratamiento diferenciado para adolescentes y reclamó mayor inversión nacional para que la ley sea efectiva en todo el país

Filiación y herencia: la Suprema Corte bonaerense deberá definir qué tribunal seguirá un caso que lleva 30 años en la Justicia

El expediente por el reconocimiento de la hija de un empresario de General Villegas fue elevado al máximo tribunal provincial tras un conflicto de competencia entre cámaras de apelación. La máxima instancia provincial deberá resolver dónde debe tramitar la causa y cómo debe integrarse el tribunal interviniente

La jueza de la dana ve una "flagrante falta de coordinación" entre consellerias el 29O y ausencia de órdenes de Justicia

Víctimas de la dana acogen con "cautela" la petición de investigar a Mazón y esperan que la justicia no les "decepcione"

Colectivos afectados por la catástrofe señalan preocupación ante el avance del expediente contra el exresponsable autonómico y muestran esperanza en que el proceso judicial conserve la seriedad, subrayando la importancia de que ningún cargo quede exento de responder ante la ley

Presidente de Banfield y la huelga de la AFA: "La Justicia, los medios y el Gobierno están en connivencia contra los clubes"

El dirigente sostuvo que la medida fue adoptada por "solidaridad" ante lo que considera una avanzada coordinada contra la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes. Leer más

La cocina del paro de la AFA para apretar a la Justicia por la indagatoria a Tapia y Toviggino: apoyo de Boca, reproches de River y los incondicionales de siempre

El detrás de escena del insólito paro que decretaron los dirigentes del fútbol argentino a pedido de Tapia.Con Riquelme ausente, Boca le dio todo el apoyo a los popes de la AFA.Sin embargo, River, no estuvo de acuerdo con la medida y habló de demagogia.

El polémico caso de George Carlin: una IA creó un especial de stand-up y la justicia ordenó retirarlo

La familia del histórico comediante logró retirar el contenido y sentar bases para la protección de identidades digitales, en medio de la expansión del contenido sintético y la preocupación por el legado de los artistas

Micó (Compromís) destaca que la jueza ve "indicios claros" contra Mazón por la dana y espera que se haga Justicia

Corrientes: declaró como testigo en un juicio laboral, fue despedida por "pérdida de confianza" y la Justicia ordenó indemnizarla

La sentencia avaló la constitucionalidad de la reforma laboral de 2024, aunque aclaró que el trabajador aún puede reclamar daños si los acredita. Leer más

En la justicia, la IGJ y hasta con la India: todos los frentes abiertos de la AFA y "Chiqui" Tapia

Desde lavado de dinero con Sur Finanzas hasta contratos comerciales en el exterior o un partido que se cobró y aún no se hizo, el jefe del fútbol argentino está bajo la lupa por delitos e irregularidades.

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

El tribunal justifica su decisión en la ausencia de pruebas que demuestren una buena conducta cívica, tal y como exige la ley

San Lorenzo: la Justicia enterró el pedido de Moretti y no habrá marcha atrás con la acefalía

Era la última instancia que le quedaba al ex presidente para dar vuelta su situación.En el club, celebraron el fallo y ahora tienen mayor tranquilidad para gobernar.

Chiqui Tapia pagó 5 millones de pesos para que la Justicia lo deje salir del país

El presidente de la AFA debió depositar una caución para viajar a Colombia y Brasil mientras avanza la causa por evasión impositiva de la entidad. Leer más

"Solo pido que se haga justicia y que aprueben la ley de baja de inimputabilidad": el mensaje de la joven baleada en barrio Yapeyú

Luna López recibió el alta tras 23 días internada luego de quedar parapléjica en el tiroteo y volvió a reclamar condenas para los tres menores detenidos y el adulto acusado de proveer las armas. Leer más

Judiciales tomaron el edificio de los Tribunales del Trabajo en contra del traspaso a la justicia porteña

Trabajadores se movilizaron en la puerta de los tribunales del fuero. El líder del gremio, Julio Piumato, habló de "desguace". El traspaso es parte de la reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados. Leer más

La Justicia retira la pensión a dos 'ninis' de 20 años por su "pasividad voluntaria": no buscaron formarse ni trabajar

Ambos iniciaron un trabajo como cocineros que abandonaron voluntariamente porque "no les llenaba"

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al exterior bajo una fianza millonaria

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viajará a Colombia y Brasil por compromisos oficiales en el marco de la causa que investiga a la entidad por presunta evasión impositiva

El secretario de Justicia Amerio recibió los reclamos de cortes provinciales por las deudas de la Nación

Cómo fue el detrás de escena de una reunión de Jufejus que desembocó en un pedido inédito de las cabezas de los poderes judiciales de todo el país. Qué dijo el funcionario nacional. Leer más

Justicia en Corrientes: confirman condena al excomisario que disparó desde su balcón y dejó inválido a un vecino

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la condena por tentativa de homicidio agravado. El exefectivo disparó desde su balcón en el barrio Molina Punta en 2021, dejando a la víctima con lesiones gravísimas y movilidad reducida. Leer más

Ministro de Justicia dejaría solo a Gustavo Petro en su idea de convocar una asamblea nacional constituyente: "No creo que la firme"

Jorge Iván Cuervo aseguró que los funcionarios del Gobierno tienen total independencia frente a iniciativas ciudadanas y detalló sus prioridades en el fortalecimiento del sistema penitenciario y la justicia agraria

La Justicia concede a un trabajador una reducción de jornada del 99% para que cuide a su hijo con autismo grave

Un juzgado había rechazo previamente la petición del padre, argumentando que el menor no había estado internado de forma prolongada en un hospital

Jainaga (Sidenor) no entiende por qué le han abierto causa y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

La defensa del presidente de Sidenor sostiene que la investigación judicial contra José Antonio Jainaga carece de fundamento razonable y denuncia medidas desproporcionadas, mientras el empresario asegura que actuó siempre conforme a la legalidad y mantiene su honorabilidad

El presidente de Sidenor aún "no entiende" la causa abierta contra él y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

El máximo responsable de la compañía reitera su tranquilidad frente a las acusaciones por exportaciones a Israel, denuncia decisiones judiciales "desproporcionadas" y afirma haber presentado pruebas que, asegura, demuestran la legalidad de las operaciones en cuestión

Humanizar a la Justicia: el desafío de pasar del expediente a la empatía

El tránsito de lo estrictamente procedimental a una visión sensible evidencia la necesidad de adaptar el sistema judicial a demandas sociales que reclaman mayor humanidad y reconocimiento de experiencias diversas

Se accidentó con su Porsche y demandó a la concesionaria de la autopista: tras un largo recorrido, la Justicia definió el caso

La sentencia expuso los criterios que deben evaluarse en reclamos por daños automovilísticos y precisó el alcance de la carga probatoria en procesos judiciales de especial complejidad

Corrupción en la AFA: la firma de helicópteros ocultó información y los pilotos mintieron en la Justicia

La empresa Flyzar no entregó todos los planes de vuelo o los manifiestos completos de los 60 viajes de sus aeronaves a la mansión de Pilar atribuida a Tapia y Toviggino.Bajo juramento, los tripulantes afirmaron no haber llevado pasajeros.

Gustavo Bolívar arremetió contra Abelardo de la Espriella por investigación de supuesto soborno: "La justicia nunca lo toca"

El exsenador planteó dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía tras la desaparición de documentos clave, al preguntarse si existe "un innombrable 2.0" en el sistema judicial

La AN escucha esta semana al 'conseller' de Justicia y Villarejo como testigos en el juicio a los Pujol

Testimonios clave de altos cargos y exagentes policiales serán escuchados ante el tribunal en Madrid, donde se decidirá el futuro judicial de la familia Pujol, acusada de enriquecimiento ilícito y vinculada a operaciones policiales y financieras controvertidas

"Mi padre no me demuestra que me quiere": la justicia rechaza extinguir la pensión de alimentos que recibe una joven porque la falta de relación no es cupa suya

Para eliminar esta ayuda, debe demostrarse que el distanciamiento es "intenso, relevante, manifiesto" y atribuible en exclusiva a los hijos

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son "delitos comunes" en su país

El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado

Dejó el auto abierto, con las llaves puestas, y se lo robaron: la Justicia respaldó a la compañía de seguros

Una Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que consideró que la conducta del titular del vehículo facilitó el hecho ilícito, configuró culpa grave y liberó a la aseguradora de responder por los daños reclamados

La revancha de Milei por Fate, el pronóstico del Gobierno sobre la economía y los cargos sensibles que podría conseguir en la Justicia

La mesa chica del Gobierno tomó una decisión clave ante el anuncio del cierre de la histórica fábrica. La intimidad en el Gabinete ante las noticias por la actividad económica y la oportunidad que se le abre a La Libertad Avanza para negociar casilleros clave

"El objetivo es destruir la idea de justicia social"

La legisladora dijo que con la reforma laboral "no hay trabajador que no vaya a sufrir las consecuencias". El papel "central" clave de Pullaro en la aprobación de la ley.

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, una pelea entre el Gobierno y la oposición que se dará en un fuero destinado a desaparecer

La secuencia del proyecto de reforma laboral, o modernización, bien puede escribirse en una agenda y esperar que suceda. Primero, segura aprobación en el Senado. Después, trámite formal para promulgar la ley y entonces, operatividad de la norma. Empezará, entonces, un camino paralelo, en dos campos de juego muy distintos. En el territorio del Gobierno, avanzarán con la reglamentación de decenas de artículos, institutos y procedimientos; en la oposición y los gremios, apelarán la judicialización, ya advertida, de parte o toda la ley. Y acá surge el gran interrogante ya que esta batalla judicial se dará en gran parte en la Justicia Nacional del Trabajo, el llamado fuero laboral, un conjunto de 80 juzgados y sus 10 cámaras de apelaciones que la propia ley manda a desarmar.Será todo un desafío para el oficialismo y la vida de la ley, ya que serán los propios jueces sentenciados a desaparecer o, por lo menos, a pasar a depender de la justicia porteña, los que tendrán las primeras palabras sobre la constitucionalidad o no de la modernización laboral.Cuando la norma partió del Senado con su aprobación incluyó un artículo clave, el 90. Allí se incorporó como parte integrante de la ley un convenio firmado apenas unos días antes, el 9 de febrero. Ese día, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, rubricaron llamado "Acuerdo de transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires".Se trata de un documento para traspasar las competencias judiciales en materia laboral de la Nación a la jurisdicción porteña. El texto establece un plan de transición y, además, establece la necesidad de un segundo paso: otro convenio para el traspaso de los recursos que ahora serán solventados por la administración de Jorge Macri.La importancia del asunto es que será la Justicia, no sólo la porteña sino la de todo el país, la que decida la constitucionalidad o no de la norma que seguramente se aprobará en pocos días. Pero claro, éste fuero es la caja de resonancia más importante para estos asuntos. Y justamente, desde varios lugares apuntan a este lugar como una de las trincheras de resistencia del kirchnerismo. De hecho, la decisión de terminar con él y pasarlo a la Ciudad se fundamenta, además de las cuestiones constitucionales sobre la autonomía porteña, en el convencimiento de que esos juzgados serán remisos a cualquier cambio en el régimen actual.El año pasado, varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus pares porteños habían iniciado una mesa de trabajo para avanzar en el traslado. Para sorpresa de los negociadores locales, en el proyecto de ley, apareció el artículo 91 y los sorprendió. "Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos", decía el primer borrador de la reforma que apareció en diciembre.En el verano, esas negociaciones se convirtieron en un acuerdo formal, como se dijo, firmado el 9 de febrero. Entonces, aquel artículo se convirtió en otro que incorporó el texto rubricado por Adorni y Tapia. Pero, en la Ciudad está todo listo para recibir el fuero que en los últimos años se convirtió en uno de los lugares que sostuvieron el entramado legal que ahora se trata de cambiar, puntualmente desde que la familia Recalde se ocupó personalmente de cada una de las designaciones.En aquellos borradores ya se había avanzado en el traspaso. En mayo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad llamó a concurso para empezar a tener candidatos a los juzgados. Entonces hubo 52 inscriptos y el proceso avanzó.Ahora, el convenio que es parte de la ley que seguramente se aprobará establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados. Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.Antes de que empiecen a correr los plazos de transición, deben cumplirse tres condiciones previas. Además de la aprobación del Congreso de la Nación, también se requiere que la Legislatura porteña haga lo propio. Luego, avanzar en la firma del convenio específico de transferencia de recursos. Cumplido esto, se iniciará el plazo de 180 días. Una vez que el acuerdo entra en vigencia, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) tiene un plazo no mayor a 180 días corridos para finalizar los procesos de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público, además de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y operativas para el funcionamiento del fuero porteño.En caso de que la administración de Jorge Macri termine antes de ese tiempo deberá notificar al Estado Nacional para adelantar el traspaso formal. Recién entonces, las causas nuevas se radicarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo porteño.Ahora bien, la Justicia Nacional no desaparecerá entonces sino continuará tramitando exclusivamente las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha hasta que se dicte sentencia definitiva de segunda instancia (o de primera, si queda firme). Además, intervendrá en todos los conflictos colectivos o gremiales, entre otros asuntos. En otro párrafo se dispone que al entrar en vigencia el acuerdo se cerrarán de inmediato los juzgados nacionales que se encuentren vacantes, 30 listados en un anexo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.En resumen, el hito temporal más relevante es el de los 180 días posteriores a la ratificación legislativa, momento en el cual la justicia porteña asume plenamente el ingreso de nuevos expedientes laborales.La idea del gobierno porteño es crear inicialmente 10 juzgados laborales que empiecen a recibir todos los expedientes nuevos. Cerca del ministro Tapia, además de remarcar en la necesidad de ponerse de acuerdo con en la asignación de los recursos, pusieron el asunto en la necesidad de ver si se estipula alguna transferencia de jueces nacionales a la jurisdicción local. Es decir, abrir una suerte de "libro de pases, validación o aprobación" de la magistratura local.Por un principio de derechos adquiridos, los jueces nacionales seguirán como magistrados. De ahí la necesidad de algún sistema de pases, para que puedan decidir qué hacer, si pasar a la Justicia local o mantenerse, además de optar por el sistema de jubilación a los que les llegue el tiempo.La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso que lleva 30 años y que se inauguró con la aprobación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994.Sin embargo, la inclusión del artículo ya generó un fuerte rechazo entre los magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral porque entienden que implícitamente deroga la vigencia del fuero laboral nacional.En el último tiempo, el proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la de la ciudad ya se da desde que la Corte Suprema estableció, en el fallo "Levinas", que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el que interviene para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal. Los jueces nacionales, por ahora, se han resistido aplicar este fallo porque subsume los tribunales nacionales a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. De hecho, cuando los litigantes quieren revisar las sentencias de cámaras y piden la elevación al Superior Tribunal porteño, generalmente les deniegan el recurso, una pequeña resistencia que se quiebra con un recurso en queja.Esa trinchera judicial será el escenario de disputa entre la Nación y una parte de la oposición, gremialismo y kirchnerismo, se dará en medio del fuero con sentencia de desaparición. En el medio quedará la futura ley de modernización laboral, y los interrogantes que esa pelea irremediablemente va a generar.

Gobierno de Sheinbaum busca justicia para trabajadores de Altos Hornos de México, van por reactivación de la planta

Luego de la quiebra en 2024 de AHMSA, la presidenta reiteró el compromiso de justicia laboral con los extrabajadores

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Pese a la controversia, el salsero continuó su carrera y cimentó un legado que hoy es homenajeado tras su fallecimiento a los 75 años.

Sheinbaum reitera compromiso de rescatar a mineros en Pasta de Conchos tras reunión con familias: "Hay que hacer justicia"

La presidenta se reunió con los familiares de las 68 víctimas en Coahuila, a 20 años de la explosión en la mina

Justicia salvadoreña dicta una condena global de 5,641 años para integrantes de la MS-13

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso sentencias de hasta 75 años a pandilleros de la MS-13 por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas

Dólar blue en Mar del Plata: la Justicia cerró por prescripción una causa contra una red de cambio ilegal

La Cámara de Casación rechazó el recurso del fiscal y confirmó que venció el plazo para investigar el delito de intermediación financiera no autorizada. La pesquisa apuntaba a una estructura integrada por hasta 15 personas y con presunta connivencia policial

La justicia de Texas acusa a un histórico entrenador de patinaje de Dallas por abuso sexual

Un coach reconocido enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos contra menores, mientras familias y deportistas del patinaje artístico reclaman mayor vigilancia y transparencia en el entorno competitivo infantil

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La resolución judicial subraya que la práctica de la religión o el reconocimiento de la comunidad no suplen la necesidad de una documentación genealógica que demuestre el vínculo directo con los sefardíes expulsados de España

La justicia obliga a una madre a abandonar la vivienda que compró con su exmarido porque vive en ella con una nueva pareja

La mujer había recibido el uso exclusivo del inmueble en 2019, junto con la custodia de sus dos hijos

Una aerolínea canceló vuelos tras advertir que habían sido vendidos a un precio irrisorio por error: la Justicia ordenó indemnizar a los pasajeros

Un valor inusualmente bajo publicado en la web dio origen a un conflicto de alcance internacional. La compañía alegó una equivocación en la venta, pero un fallo judicial determinó responsabilidades y dispuso sanciones. La Cámara Comercial avaló la decisión que obliga a la empresa a otorgar pasajes abiertos y a pagar una compensación económica a los consumidores

El día después de Caseros: saqueos, fusilamientos y justicia por mano propia en Buenos Aires

Apenas se supo que las fuerzas de Urquiza eran las vencedoras, las pocas autoridades que permanecían en Buenos Aires, decidieron abandonarla. A partir de ese momento, se vivieron días de caos y descontrol, protagonizados por hombres, mujeres e incluso por presos a los que les abrieron las puertas de sus celdas. Hubo cientos de juicios sumarios, fusilamientos y vecinos armados que primero disparaban y luego preguntaban

Escándalo cripto $LIBRA: la Justicia rechazó a dos inversores bielorrusos que denunciaron pérdidas por USD 2 millones

El juez Marcelo Martínez de Giorgi negó que puedan actuar como querellantes en la causa vinculada al token promocionado por Javier Milei. La defensa apelará la decisión y buscan sumar damnificados de otros países. Leer más

La Justicia frenó el descuento del 8% en sueldos de empleadas públicas de Córdoba: nuevo golpe a la Ley de Equidad Jubilatoria

La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación ordenó a la Provincia de Córdoba que suspenda los descuentos adicionales de hasta el 8% aplicados a los haberes de cinco empleadas públicas en virtud de la Ley 11.087. Leer más

Revés para un intendente K: la Justicia declaró nula una tasa por "servicios esenciales" impuesta al campo

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la "nulidad" total de la controvertida "Tasa por Servicios Esenciales" impuesta por la Municipalidad de Azul a los productores agropecuarios. El tributo, impulsado por el intendente local del Partido Justicialista, Nelson Sombra, exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes. Esta decisión había desatado un fuerte malestar en el distrito desde principios de 2024 hasta la fecha. En la causa caratulada como Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria, el tribunal de alzada resolvió "hacer lugar al recurso de apelación" presentado por los productores demandantes y modificar la sentencia de primera instancia. Originalmente, un juez había declarado la ilegitimidad e inexigibilidad del gravamen, normado en las Ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023, únicamente "en la proporción que exceda el cincuenta por ciento (50%) del monto liquidado"."Es un golazo": el criador número uno del mundo pagó en Estados Unidos US$270.000 por la mitad de un toro con sangre argentinaSin embargo, los magistrados de la Cámara determinaron que la declaración de ilegitimidad y la consecuente inexigibilidad del tributo debe alcanzar a "la totalidad de los montos liquidados en cada caso" para las partidas inmobiliarias rurales de los productores. El tribunal consideró como válido el argumento de la "invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas" que instituyeron la tasa. La resolución fue firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, encontrándose el doctor Elio Horacio Riccitelli en uso de licencia, y dispuso, además, que las costas del proceso sean impuestas a la demandada vencida, es decir, a la Municipalidad de Azul.Cristina Boubee, productora agropecuaria y una de las referentes del grupo que llevó adelante esta estrategia legal, relató a LA NACION que están satisfechos con la sentencia."Hay un diferencial para poder llegar con los números que no llegaba de ninguna forma, entonces él [el intendente Sombra] ponía esta tasa esencial porque decía que con eso iba a poder manejar toda la parte de caminos y también la parte de salud de Azul y un montón de cosas que al final no hizo ninguna", dijo Boubee. Ante la inacción de los primeros meses cuando se fijó la tasa, los productores decidieron acudir a las movilizaciones para ser escuchados por el intendente, pero no hubo caso. "Tomamos acción en la calle, fuimos a tener entrevistas con él, nunca reaccionó. No nos atendió", precisó. El origen de la disputa se remonta a febrero de 2024, cuando un grupo inicial de productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul presentó una demanda colectiva contra el municipio. La nueva ordenanza los obligaba a abonar una tasa equivalente a un litro de gasoil por hectárea mensual (y dos litros para frentistas urbanos). La acción judicial, que llegó a ser impulsada por 190 productores que representaban casi 190.000 hectáreas (cerca del 30% del distrito), denunciaba que la medida era inconstitucional al no tener una contraprestación específica vinculada a la actividad, destinando fondos a rubros como salud, educación o deportes.La falta de respuestas por parte del Ejecutivo local derivó en una resistencia fiscal, donde solo recaudaron un 40% de lo previsto en la primera cuota. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) alertó en su momento sobre la "distorsión" que esto generaba frente a la tasa vial tradicional, y advirtió que la asfixia impositiva local amenazaba la rentabilidad del sector.Boubee contó que durante el proceso hubo divisiones dentro del sector agropecuario local. Mientras la Sociedad Rural de Azul decidió avanzar con un estudio de abogados local, el grupo más duro -que comenzó con 56 productores y hoy suma 78- optó por el patrocinio de letrados vinculados a las entidades del campo como Jorge Moroni.Sobre la decisión del juez de primera instancia de anular solo el 50% de la tasa, Boubee fue tajante: "No se puede hacer una cosa a la mitad". Fue por eso que los productores apelaron argumentando que el tributo era ilegal. "Había sido votada inclusive no por los mayores contribuyentes y sin haber llamado a todo el público para explicarlo, no había dado las explicaciones que corresponden", detalló. El que no entró en la demanda de ese momento tiene que pagar la tasa. "Nosotros, al adelantarnos, la frenamos y no pagamos. Los que pagaron, ahora el intendente tiene que hacer la devolución. Son alrededor de 80 productores a los que les tienen que devolver el dinero. Hay productores que tienen desde 90 hectáreas hasta 8000 hectáreas". Al haberse dictaminado la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el municipio se enfrenta a un problema de caja. Por otra parte, Boubee confirmó que han iniciado una nueva ofensiva legal contra el jefe comunal para que brinde una rendición de las cuentas municipales. "La otra acción es la rendición de cuentas de la plata que entra del municipio y queremos saber dónde está. Si seguimos con caminos todos destruidos, se nos viene la cosecha que encima va a ser mala porque la sequía ha hecho mucho daño. Hay partes donde no han arreglado ningún camino", reclamó.Jorge Eduardo Moroni, el abogado patrocinante de los productores que culminó la demanda, explicó a LA NACION los fundamentos técnicos de la embestida judicial: "Ante la promulgación de la Tasa de Servicios Esenciales por la cual se empezaba a cobrar este tributo a las parcelas rurales para solventar los gastos de servicios de la comuna en la ciudad, como el sostenimiento de plazas, luminarias, clubes, salud, etcétera, los productores a través nuestro plantearon ante el Juez Contencioso Administrativo de Azul las acciones legales atacando la ordenanza desde diversos ángulos".Y agregó: "Fuimos desde la nulidad por estar mal la ordenanza al no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, hasta su propia inhabilidad como tasa por no existir servicio directo brindado a los campos de los productores, lo que a nuestro criterio se agota con las tasas por mantenimiento de caminos rurales", detalló el letrado. Y sentenció: "Por eso, a nuestro juicio, se asimilaba a un impuesto más que a una tasa".LA NACION intentó tener una opinión de Sombra sobre el fallo judicial, pero hasta el momento no tuvo respuesta alguna.

Escándalo cripto: la justicia le bajó el pulgar a dos bielorrusos que denuncian haber perdido 2 millones de dólares por $LIBRA

Son dos ciudadanos de 20 y 52 años que compraron el token minutos después del tuit de Javier Milei.El juez Martínez de Giorgi rechazó un pedido para constituirse como querellantes en la demanda.Los damnificados extranjeros que también buscan sumarse a la causa en el país.

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: "A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme"

El líder de Perú Libre, quien postula a la presidencia del país, cuestionó la moral de la justicia y aseguró que no se entregará voluntariamente para cumplir la prisión preventiva

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Congreso que llegan a las urnas con cuentas pendientes ante la justicia

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 195 aspirantes inscritos para el 8 de marzo enfrentan investigaciones o graves cuestionamientos

La Justicia confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo en la causa por amenazas que promovió Facundo Manes

La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa que investigó su cruce en el Congreso con el diputado radical Facundo Manes, que lo denunció penalmente por presuntas amenazas. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II, sostuvieron que el choque que protagonizaron ambos en los pasillos del Congreso, después que el presidente Javier Milei inaugurara el 1° de marzo las sesiones ordinarias, no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo, y que, por más que Manes se haya sentido intimidado por el asesor, no hacía falta producir más pruebas para esclarecer los hechos. El camarista Roberto Boico, en tanto, votó en disidencia con sus colegas, al sostener que la investigación aún estaba incompleta. El altercado, que quedó parcialmente registrado en algunas fotos y videos, ocurrió el 1° de marzo de 2025, luego de que el diputado Manes cuestionara al oficialismo durante el discurso con el que el presidente Milei abrió las sesiones legislativas. Manes sostuvo en su denuncia que tras el discurso Caputo lo increpó y lo amenazó en los pasillos del recinto. "Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: 'Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio". Según la denuncia de Manes, Caputo le dijo además: "Ya me vas a conocer a mí".El caso llegó a la Cámara luego de que el diputado, constituido como querellante, apelara la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de sobreseer a Caputo por los hechos. El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del PresidenteLa de este viernes no fue la primera intervención de la Sala en el expediente. Antes de dictar el sobreseimiento de Caputo, la jueza Capuchetti había ordenado el archivo del expediente por inexistencia de delito, en línea con el dictamen del fiscal Ramiro González, que entendió lo mismo. La misma opinión sostendría luego el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe.Pero la Cámara sostuvo entonces que antes de archivar el caso era necesario revisar los hechos y resolver si Manes podía constituirse como querellante. Capuchetti le otorgó ese rol a Manes y sobreseyó a Caputo, decisión que fue apelada por el diputado. Hoy, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de sobreseer al asesor presidencial.

La AFA cuestionó la decisión de la Justicia de llamar a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió hoy un comunicado en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante de llamar a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia, cabeza de la asociación, a Pablo Toviggino, su tesorero, y a otros dirigentes involucrados en la causa que revisa un presunto desvío millonario de aportes sociales e impuestos. Según la denuncia inicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA hubo un total de$7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó$11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados."La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", señaló la entidad que preside Tapia en el comunicado. Y añadió: "El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones". En su defensa, la AFA cuestionó a la ARCA por la denuncia contra la entidad que nuclea a los clubes de fútbol. "ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes", señaló la institución que encabeza Tapia. Entre las medidas que dispuso el juez Amarante está la prohibición de la salida del país de Tapia y Toviggino hasta que presten declaración indagatoria. El juez argumentó que la dictó por "la gravedad de los hechos investigados" y "la severidad de la pena" que podría corresponderles a los acusados, "y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan"; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si la prohibición será levantada después de esas declaraciones, en un año en el que Tapia tiene previsto viajar porque se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima."El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna", argumentó Tapia, a través del comunicado de la AFA. El comunicado completo:"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna".

Embargo y depósito millonario: la Justicia falló a favor de los 260 despedidos de Alal

El juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida presentada por un grupo de exempleados y ordenó a la firma Alal depositar 142 millones de pesos para garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones. Leer más

Patricia Bullrich: "La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores"

La ministra de Seguridad se refirió a la posibilidad de que la oposición y los gremios judicialicen la reforma laboral que podría sancionarse la semana que viene

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Aunque la Audiencia Provincial de Córdoba reconoce la falta de relación entre ambos, no considera demostrado que sea atribuible principalmente a la hija ni que una sola ausencia justifique la suspensión de la pensión

Neuquén: la Justicia ordenó a una prepaga cubrir medicación y vuelo para una joven trasplantada de corazón

Cremaron los restos de su padre sin su consentimiento: demandó a su hermana y la Justicia le dio la razón

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y condenó a la municipalidad y a la hermana de la demandante a indemnizarla, al comprobar que la cremación se realizó sin su consentimiento expreso y formal

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El tercer intento para vender el barco al mejor postor ha quedado desierto. Sigue atracado en Las Palmas a la espera de encontrar comprador

Luis Bogado y una nueva jornada docente que convoca SPEPM: "Hablar de alfabetización es hablar de justicia educativa"

El Director Ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) celebró los más de mil inscriptos a un espacio de reflexión para docentes de todos los niveles en la provincia del litoral argentino

El precio de la paz: cuánto ha invertido el Ministerio de Justicia en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Jorge Iván Cuervo resaltó los puntos cruciales de la inversión que ha hecho el Estado para cumplir con lo pactado

Advierten que marchas convocadas por Petro tras suspensión del salario mínimo buscarían presionar a la justicia: "Hace ver a los jueces como enemigos"

Varias organizaciones denunciaron que el llamado del presidente a movilizarse frente a sedes judiciales compromete la independencia judicial y el principio de separación de poderes

Muerte en la montaña: la Justicia cuestionó el relato del hombre acusado de abandonar a su novia

Un hombre fue acusado por la muerte de su pareja, de 33, quien falleció congelada durante un viaje de alpinismo.Durante el juicio en su contra, surgieron pruebas que contradicen su relato.

PP dice que si Marlaska ocultó la denuncia contra el DAO deberá responder ante la Justicia

La echaron por tomar un café y la Justicia falló a favor de la empresa

Una empleada fue despedida tras tomarse pausas para el café sin registrarlas en el sistema horario.La Justicia consideró que hubo "pérdida de confianza" y avaló la decisión de la empresa.

La justicia revocó el fallo que ordenó restituir las pensiones por discapacidad laboral

La Cámara Federal de Tucumán aceptó un planteo de ANDIS.El tribunal sostuvo que la asociación civil y el Defensor del Pueblo de Catamarca que iniciaron el caso no tienen legitimación para representar a todos los afectados.

Un caso de justicia por mano propia terminó en la muerte de un hombre en Bucaramanga: era señalado de abuso infantil

Las actuaciones motivadas por denuncias no formales culminaron en una confrontación en la que familiares de una menor habrían causado el deceso de un hombre

Fred Korematsu desafió el encarcelamiento de japoneses en Estados Unidos y obtuvo justicia cuarenta años después

El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066. El texto era breve, casi burocrático: autorizaba al Ejército a trazar "zonas militares" y expulsar de ellas a cualquier persona considerada una amenaza, sin acusaciones ni pruebas concretas. No mencionaba a los japoneses ni hablaba de encarcelamiento. Pero esa firma cambió el destino de unas 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría ciudadanos estadounidenses.Habían pasado dos meses desde que los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor. En ese ataque murieron más de 2400 estadounidenses y otros tantos resultaron heridos. Estados Unidos entró en guerra con una mezcla de furia y temor, y con la idea de que el enemigo podía estar más cerca de lo que se imaginaba.En cuestión de semanas, familias enteras recibieron avisos para abandonar sus casas en California, Washington y Oregón. Vendieron lo que pudieron, cerraron negocios, empacaron lo imprescindible. Pero no todos aceptaron en silencio. Fred Korematsu, un trabajador de 23 años e hijo de inmigrantes japoneses decidió quedarse en su ciudad. Su caso llegó a la Corte Suprema y terminó en un fallo que, con el tiempo, sería reconocido como uno de los errores más graves en la historia del tribunal. Esta es su historia.Un ciudadano estadounidenseFred Korematsu nació en Oakland, California, en 1919. Era el tercer hijo de inmigrantes japoneses que habían llegado unos años antes, como tantos otros, buscando trabajo y una vida estable. Entre 1861 y 1940, unos 275.000 japoneses emigraron a Hawái y a Estados Unidos. Muchos comenzaron trabajando en plantaciones o como agricultores, pescadores y comerciantes. Con el tiempo, lograron establecerse y construir negocios propios. En 1940, aunque controlaban menos del 4 % de las tierras agrícolas de California, producían más del 10 % del valor agrícola del estado.El padre de Fred tenía un pequeño vivero y él paso su infancia como cualquier chico estadounidense: fue a la escuela pública, hizo amigos, jugó al tenis e hizo natación, trabajó y tenía proyectos.Como muchos hijos de inmigrantes japoneses nacidos en Estados Unidos (los llamados Nisei), adoptó un nombre inglés durante su infancia. En su caso, fue un maestro de la primaria quien le sugirió usar un nombre más fácil de pronunciar, y desde entonces lo llamaron "Fred".Su vida transcurrió sin sobresaltos. Pero después de diciembre de 1941 y el ataque de Pearl Harbor la situación cambió.El clima el país empezó a cambiar. Primero fueron las miradas que se detenían un segundo más de lo normal. Comentarios en voz baja. Luego, aparecieron las sospechas. Y después, las órdenes.Los diarios hablaban de espionaje y traición. Los militares advertían que la costa oeste podía estar en peligro. No importaba que no existieran pruebas de sabotaje por parte de los japoneses estadounidenses. Tampoco que muchos de ellos nunca hubieran pisado Japón. Su origen, por sí solo, se convirtió en motivo de desconfianza.El encierroEn la primavera de 1942, empezaron a aparecer carteles pegados postes de teléfono y paredes. Eran avisos impresos por el Ejército. El mensaje era claro: todas las personas de ascendencia japonesa debían presentarse para ser evacuadas. Tenían pocos días para abandonar sus hogares, sus trabajos... sus vidas. Entre marzo y mayo de ese año, unas 120.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y enviadas a centros de detención y campos vigilados. Dos de cada tres habían nacido en los Estados Unidos. Primero las trasladaron a centros provisorios. Después, a campos ubicados en zonas aisladas: Arizona, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah, Arkansas.Los campos estaban rodeados de alambre de púas. Desde las torres, los guardias vigilaban los movimientos. Las familias vivían en barracas de madera construidas con apuro, con paredes finas que no frenaban ni el calor ni el frío. En verano, el polvo se metía en todas partes. En invierno, el frío se filtraba por las rendijas. Los baños y comedores eran compartidos. A cada persona le daban lo básico: un catre, un colchón de paja, unas mantas.Con el tiempo, algunos intentaron hacer esos espacios un poco más "familiares". Colgaron cortinas, taparon grietas, plantaron pequeños jardines. Gestos mínimos como una manera de tener algo de normalidad. Pero nada podía ocultar lo evidente: no estaban ahí por elección.Si bien no eran cárceles en el sentido formal, no había condenas ni juicios, tampoco podían irse. Estaban ahí porque el país decidió que ya no eran del todo confiables.La decisión: no obedecerCuando Fred leyó el aviso, entendió lo que implicaba. Si obedecía, lo enviarían a un campo. Perdería su libertad sin haber hecho nada malo.En ese momento, el joven estaba de novio con Ida Boitano. La pareja habló de irse juntos, de escapar a Nevada, fuera de la zona de exclusión. Era una idea desesperada, pero era una posibilidad. Ida dudó. Su vida estaba en California, su familia, su trabajo. Irse no era tan simple.Por eso, le mostró un anuncio de un cirujano plástico en San Francisco. Tal vez, si cambiaba su apariencia, podría pasar desapercibido. Tal vez, si su rostro cambiaba, nadie lo señalaría. Fred se aferró a esa idea. Fue a ver al cirujano, pagó 300 dólares por la operación. Pero no funcionó. Cuando volvió, quienes lo conocían lo reconocieron enseguida. Nada había cambiado realmente. Años después, diría que la idea fue "una estupidez".Mientras el tiempo pasaba, la familia de Fred decidió cumplir la orden del gobierno. Vendieron lo que pudieron y empacar el resto en pocas valijas. Se convirtieron en la familia número 21538. Fred no se sumó a su familia y decidió ignorar la orden.El arrestoFred siguió con su vida en Oakland intentando pasar desapercibido. No cruzó la frontera ni se escondió en otro estado. Se quedó en el mismo lugar donde había nacido, en las mismas calles que conocía desde chico.Pensó que su nombre podía delatarlo por eso eligió otro. Empezó a presentarse como Clyde Sarah. Sintió que era un nombre común y que no lo identificaba como japonés. Durante un tiempo, trató de vivir así, como si fuera otra persona.Pero no fue suficiente. El 30 de mayo de 1942 la policía lo detuvo y lo acusó de violar la orden que obligaba a todas las personas de ascendencia japonesa a abandonar la zona. No lo acusaron de espionaje ni sabotaje. Solo de quedarse.Su arresto llamó la atención de Ernest Besig, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La organización llevaba tiempo buscando un caso que permitiera cuestionar ante los tribunales la legalidad de la exclusión forzada de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa y la situación de Fred reunía todos los elementos: era ciudadano estadounidense, no había sido acusado de espionaje ni de ningún otro delito, y aun así había sido arrestado por permanecer en su propia ciudad. El juicio fue breve, el 8 de septiembre de 1942 un tribunal federal en San Francisco lo condenó por violar la orden militar. No se lo acusó de espionaje ni sabotaje. Solo de permanecer en la zona prohibida. Por su parte, el argumento legal del abogado defensor era rotundo: el gobierno no podía encarcelar a ciudadanos solo por su origen.Tras la condena, Besig le propuso a Fred apelar la decisión. Le explicó que el proceso podía ser largo y que no había garantías de éxito. Fred aceptó. Años más tarde, recordaría su decisión: "Sentí que tenía que defender mis derechos, yo era ciudadano estadounidense".Mientras el proceso judicial avanzaba, Fred fue enviado al centro de detención Tanforan Assembly Center, en California, un antiguo hipódromo. Allí, las familias vivían en antiguos establos para caballos, adaptados de manera precaria para alojar personas. Meses después lo trasladaron al campo de Topaz, en Utah, un lugar más aislado. El abogado apeló la condena ante el Tribunal de Apelaciones, que la confirmó y entonces el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos.Cuando se trató el caso en Washington, Fred no pudo estar presente, estaba encerrado en el campo así que su abogado habló por él. La pregunta era simple y enorme al mismo tiempo: ¿podía un país encarcelar a sus propios ciudadanos sin acusarlos de ningún delito? El gobierno mantuvo su posición.El 18 de diciembre de 1944, la Corte decidió. Por seis votos contra tres, falló en su contra. "No podemos rechazar como infundado el juicio de las autoridades militares", dijo el tribunal, que calificó el encarcelamiento como una "necesidad militar". También negó que Fred hubiera sido excluido por hostilidad hacia él o su raza.Pero no todos los jueces estuvieron de acuerdo. El juez Owen Josephus Roberts, en su voto en disenso dijo que en el caso "condenaba a un ciudadanoâ?¦ basado en su ascendencia, y únicamente por su ascendencia". Por su parte, el juez Frank Murphy, también en disenso, fue más directo: "Esta exclusiónâ?¦ cae en el feo abismo del racismo". El juez Robert H. Jackson advirtió que la Corte estaba creando un precedente peligroso que podía justificar futuras violaciones de derechos.Fred Korematsu perdió. Años más tarde, recordaría ese momento: "Nunca voy a olvidar que mi propio gobierno me trató de esa manera".Durante décadas, ese fallo quedó en pie. Pero la historia todavía no había terminado.La liberaciónEn 1945, cuando la guerra terminó el gobierno comenzó a cerrar los campos. El último, Topaz, en Utah, donde estaba Fred, el 31 de octubre de ese año. Más de 120.000 personas fueron liberadas. No recibieron indemnización ni recuperaron lo que habían perdido. El gobierno les dio un boleto de tren y 25 dólares para empezar de nuevo.Muchos regresaron a la Costa Oeste. Algunos encontraron sus casas vendidas. Otros descubrieron que sus negocios ya no existían. Durante los años de exclusión, habían perdido tierras, ahorros y fuentes de ingreso. Las pérdidas económicas ascendieron a miles de millones de dólares, según una comisión creada por el Congreso en la década de 1980.Fred también salió del campo y volvió a California. Pero la condena seguía en sus antecedentes, legalmente, seguía siendo culpable.De vuelta en su hogar, Fred consiguió trabajo y formó una familia. Llevó una vida tranquila y durante años, habló poco de lo que había pasado.La verdadPasaron casi cuarenta años, hasta que en 1980, el presidente Jimmy Carter nombró una comisión especial para iniciar una revisión federal de los hechos y circunstancias en torno al encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.En ese contexto, un grupo de investigadores encontró algo inesperado en los archivos de Washington. Documentos oficiales e informes internos que demostraban que, incluso en 1942, el propio gobierno sabía que no existía evidencia de que los japoneses estadounidenses representaran una amenaza militar. Pero esa información había sido ocultada a la justicia.Una de las investigadoras que halló los documentos, Aiko Herzig-Yoshinaga diría después: "Supe inmediatamente lo importante que era".Fue entonces cuando el caso de Fred volvió a abrirse. Y esta vez, la historia tuvo otro desenlace. El 10 de noviembre de 1983, en un tribunal federal de San Francisco, la jueza Marilyn Hall Patel concluyó que el gobierno había ocultado deliberadamente pruebas clave durante el juicio y decidió anular la condena de Fred."En mi caso, según la decisión de la Corte Suprema, ser ciudadano estadounidense no era suficiente. También había que parecerlo. De lo contrario, decían que no podían distinguir entre un ciudadano leal y uno desleal. Siempre creí que esa decisión fue equivocada, y todavía lo creo. Mientras mi condena siga registrada en un tribunal federal, cualquier ciudadano estadounidense puede ser encarcelado o enviado a un campo sin juicio ni audiencia, simplemente por parecer el enemigo. Por eso, me gustaría que el gobierno admitiera que se equivocó y hiciera algo para que esto no vuelva a sucederle a ningún ciudadano, sin importar su raza, su origen o sus creencias", dijo Fred ante la jueza.En su decisión, la jueza dejó una advertencia: incluso en tiempos de guerra, el país debía mantenerse vigilante para proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos.Por primera vez desde 1942, Fred dejaba de ser culpable ante la ley. Tenía 63 años.La reivindicaciónDespués de cuarenta años, la condena que lo había acompañado durante toda su vida ya no existía. "Estoy feliz de que mi nombre haya sido limpiado", dijo horas después de conocerse la decisión. Si bien el fallo de la Corte Suprema en Korematsu v. United States nunca fue formalmente anulado quedó desacreditado, porque se demostró que el gobierno había actuado de manera engañosa.Cinco años después, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas oficialmente. El Congreso aprobó la Civil Liberties Act, una ley que reconocía que el confinamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial había sido una injusticia. El presidente Ronald Reagan la firmó el 10 de agosto de 1988. Cada sobreviviente recibió una carta de disculpa firmada por el propio presidente y una compensación económica simbólica de 20.000 dólares.En 1998, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton le otorgó a Fred la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos. Fue un reconocimiento extraordinario: el mismo país que lo había arrestado y condenado, ahora lo honraba como un defensor de los derechos civiles."A lo largo de nuestra historia, hemos cometido errores. Pero debemos tener el coraje de enfrentarlos", dijo entonces Clinton.El 30 de marzo de 2005, a los 86 años, Fred falleció a causa de una insuficiencia respiratoria.En su honor y para preservar su legado, en 2009, su hija, Karen Korematsu, fundó el Fred T. Korematsu Institute for Civil Rights and Education, que promueve la educación de los derechos civiles. En 2010, el estado de California aprobó una ley que estableció el Día de Fred Korematsu, celebrado cada 30 de enero en conmemoración de su nacimiento.Fred dejó una reflexión que resume el valor de alzar la voz frente a la discriminación: "Para que cosas como esta nunca vuelvan a suceder, tenemos que protestar. Protestar, pero no con violencia. De lo contrario, no te escucharán. Así que no tengas miedo de alzar la voz".

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El juez de la Ciudad Gonzalo Rúa se declaró incompetente para investigar los desmanes en el Congreso del miércoles pasado, mientras el Senado trataba la reforma laboral, y envió el caso a la justicia federal, luego de dictar la prisión del manifestante que, según la acusación del Gobierno, arrojó bombas molotov contra el cerco policial.Se trata de Milton Iván Tolomeo, a quien Rúa le dictó la prisión preventiva luego de ser detenido el sábado pasado, en Avellaneda. El juez dijo que el caso debe tramitar en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002, interinamente a cargo del juez Ariel Lijo.La decisión se hará efectiva cuando sea revisada por la Cámara de Apelaciones y quede firme. En la justicia federal tramita una denuncia del Gobierno por los delitos de "daño agravado, rebelión y resistencia o desobediencia a funcionario público". El juez Rua resolvió ayer convertir en prisión preventiva la detención de Tolomeo y mandarlo a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.En cambio, liberó a Néstor Barrera, quien deberá presentarse cada 15 días en la fiscalía y se le prohibió la salida del país. En la casa de Tolomeo se encontraron elementos relacionados con el armado de las molotov (dos bidones, uno con alcohol y otro con otro combustible), guantes, dispositivos electrónicos y material ligado a grupos anarquistas. También, la ropa que usó el día de la manifestación, además de la mochila donde llevaba los elementos para armar explosivos.Tolomeo es masajista y cayó preso en Avellaneda tras asistir a una pelea de box amateur."Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos", celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.En un video que compartió en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará "aislado en alto riesgo"."En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos", añadió en el comunicado y cerró: "Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan".La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.

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