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El padre del ministro de Justicia va a pedir que lo dejen 5 años más como camarista
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Le operaron la pierna equivocada: la Justicia ordenó un fuerte resarcimiento por las secuelas físicas y el daño psicológico y moral
Lo que debía ser una intervención programada terminó en una segunda cirugía para corregir el error inicial. Tras una intensa batalla legal, la Cámara Civil ratificó la responsabilidad solidaria del médico, la clínica y la obra social, y resolvió elevar el monto de la condena
Círculo rojo: las dos velocidades de la economía de Milei, números en rojo y disputas en la Ciudad y la Justicia
Inversiones millonarias en minería y números preocupantes en la industria. El impacto en el Conurbano bonaerense. Volvieron las movilizaciones. Preocupación por el PAMI y discapacidad. El factor Adorni: ¿hay un reemplazo en el gabinete? El calendario electoral y el futuro de las PASO. Angelici, "el hombre del momento" en la capital. Qué quiere Jorge Macri. Diálogos de Larreta con el peronismo. La Corte, caliente. Negociaciones por el Consejo de la Magistratura
Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo
MENDOZA.- Tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino. Se trata de una figura decisiva en la provincia y soldado del gobernador radical Alfredo Cornejo, especialmente en el vínculo con el Poder Judicial.Entre los delitos que empiezan a investigarse, expuestos ante la Justicia por su excónyuge, reconocida licenciada en comercialización, docente y periodista, se denuncian abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario rechazó todos los cargos, aunque dijo que dio un paso al costado para no entorpecer la investigación.En la última década, D'Agostino fue una figura clave y espada del gobernador en el ámbito judicial. Se lo consideraba el "brazo ejecutor" de Cornejo en los tribunales, con una función determinante: gestionar las reformas judiciales y constituir el nexo con jueces y fiscales, además de ocupar un rol clave en el Consejo de la Magistratura.D'Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo en 2015 y mantuvo la función en el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Fuentes cercanas al gobierno mendocino lo ubican como u referente del núcleo duro y operador de Cornejo. Se interpreta s salida del gobierno como u fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, por la confianza con el gobernador y rol estratégico que cumplía desde hace años. Aunque rechazó las denuncias en la "renuncia indeclinable" presentada al gobernador, D'Agostino se vio obligado a dimitir para "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia" en la investigación, que conduce la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género. Entre las acusaciones se incluyen audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Los hechos habrían sucedido entre 2021 y 2024, con una "prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025", declaró la denunciante.El funcionario ya se había separado de su esposa Anabel Molina, quien fue reina nacional de la Vendimia en 2003 y a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.De acuerdo con la presentación judicial, se requirió la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D'Agostino. Asimismo, se solicitó protección para la abogada de la víctima."Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los órganos del Estado", señaló D'Agostino en la renuncia. En el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA NACION la presentación de la denuncia e indicaron que "se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados".
La Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo de un senador nacional por una deuda impositiva millonaria
Se trata de Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza. Dispuso que el Senado embargue la dieta del legislador hasta cubrir una deuda fiscal de 45 millones de pesos. Abdala dijo a Clarín que la medida es producto "de una persecución política del gobernador Claudio Poggi" en su contra con vistas a las elecciones del año próximo.
La Justicia determinó que los escribanos tienen la misma responsabilidad que un funcionario según el derecho penal
Un dictamen de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal estableció que actividades como la certificación de documentos, ejercidas por notarios, implican asumir una responsabilidad estatal y están sujetas a las restricciones legales aplicables a servidores públicos
La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas
La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales
Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas
En un nuevo paso en la causa por la presunta desaparición de hacienda en un campo del sur de Santa Fe, la Justicia le permitió a Bruno Riboldi, el productor e influencer conocido como "la joya agro", avanzar con la venta de los animales recuperados al mismo comprador al que se iban a vender originalmente, pero esta vez sin la participación de Nicolás Coscia, imputado en el caso.La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecerSegún el documento, la decisión se tomó luego de que "se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado" y de que "han cesado las razones que motivaron dicha cautela".En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: "Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades".El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás. La transacción â??por 161 animales y un monto superior a $267 millonesâ?? quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que "no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados".Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.El origen del conflictoEl caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.Es mortal: investigan un posible caso de una enfermedad exótica en ovinosSegún la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje â??es decir, debía cuidarlosâ??, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor. Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización."Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó "víctima de una maniobra" bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.
Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza tras una denuncia por abuso sexual
Marcelo D'Agostino dimitió ayer por la tarde luego de que su ex pareja presentara ante el Ministerio Público Fiscal un documento de 40 carillas donde describió hechos de violencia de género. El ex funcionario rechazó la veracidad de las acusaciones
Caso Loan: la Justicia fijó fecha y el juicio ya no se detiene
El Tribunal Oral Federal de Corrientes puso día y hora: el debate comenzará el 16 de junio de 2026. Leer más
Escándalo del "Propofest": la Justicia procesó a los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse
Ambos quedaron acusados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fármacos en el Hospital Italiano. Leer más
San Estanislao de Cracovia: el obispo mártir que desafió la tiranía por la justicia
Conmemorado el 11 de abril, San Estanislao es el patrono de Polonia, un pastor valiente que entregó su vida en el altar defendiendo la moral cristiana frente al poder real Leer más
Caso Ángel: la autopsia reveló lesiones y la Justicia dispuso una custodia a la mamá
El informe preliminar confirmó traumatismos en la cabeza previos al fallecimiento del niño de 4 años. Si bien no descartan otras hipótesis, la Fiscalía trabaja sobre la pista de un posible homicidio. La madre del menor y su pareja quedaron bajo sospecha y con medidas restrictivas, mientras se analizan sus teléfonos y el contexto familiar. En paralelo, la mujer negó haber agredido a su hijo y denunció amenazas, lo que derivó en una custodia preventiva. Leer más
Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes
Sufrió más de 100 horas sin luz en tres años y la Justicia condenó a la empresa de energía
El tribunal determinó que la empresa es responsable por no prevenir ni remediar las interrupciones crónicas del suministro. La sentencia no solo cubre el tiempo sin servicio, sino también la afectación a la salud y la incapacidad de uso del inmueble. Los argumentos del juez para desestimar la defensa de la compañía
El primer año de la Ley de Eficiencia según Justicia: más juicios y menos casos pendientes, aunque incidencias puntuales
Ángel y su terrible final: masiva marcha pidió justicia, mezclando dolor y furia, en Comodoro Rivadavia
El país asiste, otra vez conmocionado, a los detalles del calvario sufrido por Ángel López, de apenas 4 años, que su madre y la pareja llevaron a un nosocomio "con traumatismos" que le costaron la vida. En la marcha de este viernes reclamaron justicia para el chiquito, que había sido devuelto a la madre (lo había abandonado de bebé) por el juez de familia Juan Pablo Pérez. Leer más
Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza acusado por abuso sexual, lesiones y amenazas
Era un funcionario muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo.Rechazó las acusaciones que formuló una ex novia.
La justicia suspendió 40 artículos de la reforma laboral tras un planteo de la Asociación del Personal Aeronáutico
La medida fue firmada en el mismo juzgado que le otorgó la cautelar a la CGT. Afecta artículos vinculados a negociación colectiva, derechos sindicales y modalidades de contratación y despido
La Justicia Federal le quitó la reforma laboral al fuero del Trabajo y le dio aire al Gobierno
La jueza Macarena Marra Giménez resolvió que el reclamo de la central obrera debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal. La medida hizo lugar a un pedido del Ministerio de Capital Humano y puso en jaque la suspensión de los 82 artículos que había dictado la justicia laboral a fines de marzo. Leer más
La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas
La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: la principal hipótesis que sigue la Justicia
Los fiscales buscan establecer si los traumatismos detectados en el cráneo del nene de 4 años fueron causados de manera intencional o accidental. La causa fue caratulada como "muerte dudosa potencialmente ilícita" y, por ahora, no hay imputados.
Compró un café con leche, se le desfondó el vaso y la Justicia ordenó indemnizarla
El caso es singular, pero sentó jurisprudencia: una mujer demandó a YPF porque compró un café con leche en una estación de servicio en una ruta en la salida de la ruta 3, a la altura de Villalonga, al sur de la provincia de Buenos Aires y cuando se subió a su vehículo con la bebida caliente, el vaso se desfondó y se quemó. Los hechos ocurrieron en 2024 y luego de dos años de litigio, la Justicia ordenó que, aunque la caída del líquido caliente no le generó daños físicos permanentes, se la indemnice en una cifra que supera el millón de pesos, que deberán pagar de forma solidaria la empresa de combustibles y la firma que tiene la franquicia de la cafetería de la estación de servicio.El argumento legal esgrimido fue "prestación defectuosa del servicio" e "incumplimiento del deber de seguridad en la entrega de bebidas calientes para llevar" . El juez Pablo Sebastián Díaz Barcia, al frente del Juzgado de Paz de Primera Denominación N°1 de Viedma, Río Negro (donde se tramitó la demanda) determinó que había existido daño patrimonial, extrapatrimonial y punitivo. Aunque ante la demanda de la mujer, los abogados de la estación de servicio y de la empresa de combustibles plantearon que la mujer habría actuado de forma imprudente al subirse al vehículo en el que viajaba con el café caliente en la mano, el juez determinó que el incidente se había producido no porque el café se hubiera volcado producto de una mala maniobra, sino porque el vaso en el que había sido servido se desfondó. Aunque no pudo probar fehacientemente que ello hubiera ocurrido, tuvo en cuenta que la mujer aportó el ticket de compra, testimonios de personas presentes, fotos compatibles con la quemadura y la foto del libro de quejas en el que dejó asentado lo ocurrido. En cambio, cuando se solicitó a la estación de servicio el aporte de los videos de las cámaras y los libros de registros, estos no fueron aportados.En su reclamo original, hecho un mes después del incidente, la mujer exigía que se le pagara primero el monto que había pagado, según el ticket que presentó, pero con un valor actualizado, por el producto "café con leche para llevar", unos 3200 pesos: Además, unos $ 750.000 en concepto de daño moral y un millón de pesos en concepto de daño punitivo. Finalmente el juez fijó la suma en un total de un millón ocho mil pesos.Todo ocurrió el 19 de agosto de 2024, en la estación de servicio que se encuentra sobre la Ruta Nacional 3, kilómetro 850, en Villalonga, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La mujer que presentó la demanda declaró que llegó a esta estación de servicio con su marido, taxista y con un pasajero al que trasladaban en un viaje de larga distancia, según se lee en el fallo completo, al que tuvo acceso LA NACION. "Al arribar a una estación de servicio de la firma YPF, todos los ocupantes del vehículo descendieron, ocasión en la cual decidió adquirir un café con leche para llevar, el cual le fue entregado en un vaso descartable. Una vez de regreso al vehículo y luego de finalizada la carga de combustible, al intentar tomar el primer sorbo de la bebida, el vaso se desfondó, derramándose sobre su cuerpo gran parte del contenido caliente", se lee en el fallo. Acto seguido, el marido de la mujer "se dirigió al interior del local con el objetivo de "solicitar servilletas para asistirla y secarla". Al regresar hacia el vehículo con las servilletas, fue acompañado por la encargada del establecimiento, según declaró, quien le pidió disculpas por lo sucedido y accedió a facilitar el libro de quejas y reclamos a fin de dejar constancia del hecho. Según su relato, la gerente del local habría manifestado "que no era la primera vez que ocurría una situación similar", se lee en el fallo, citando la declaración de la mujer que presenta la demanda y su marido."Si bien la gerenta del establecimiento ofreció disculpas y manifestó comprensión frente a lo sucedido, tales manifestaciones resultan insuficientes para reparar el menoscabo ocasionado. En consecuencia, concluye que no existió un trato digno por parte de la demandada", fue el planteo de los abogados de la mujer, según se advierte en los antecedentes citados en el fallo.Ante la demanda, la empresa de combustible respondió que no explota ni opera la estación de servicio. Además, apuntó que tras el incidente la mujer no había sufrido secuelas físicas y que tampoco se habría demostrado que el vaso se hubiera desfondado. En cambio, apuntó a "un accionar negligente" por parte de la mujer, al haberse subido al vehículo con una bebida caliente en la mano. Y que el daño moral y punitivo que planteaba era consecuencia de su propia actuación. Tal como se lee en el fallo.A su turno, el hombre que opera la estación de servicio y la cafetería, informó que los hechos habían sido otros: En los antecedentes del caso se cita su declaración que la que dice que la mujer "habría informado al personal de la estación que el vaso de café se le habría derramado sobre sus piernas mientras se encontraba en el habitáculo de su vehículo particular". También apuntó que "en ningún momento la empresa pudo constatar o corroborar que el vaso térmico en el que se sirvió la bebida presentara defecto alguno -concretamente, que se hubiera desfondado-, resultándole materialmente imposible asumir responsabilidad". Sostuvo que los dependientes del establecimiento "obraron con la debida diligencia, asistiendo a la actora en el lugar y ofreciéndole atención médica inmediata".También declaró que el vaso término descartable involucrado había sido suministrado por la, empresa que abastece a la totalidad de la red y que reviste el carácter de proveedor homologado de esa empresa, sin que el franquiciado haya intervenido en su selección, adquisición, diseño ni fabricación. De todas formas, aseguró, "que de manera inmediata se retiró preventivamente del stock la partida de vasos correspondiente a la misma serie utilizada en la oportunidad por la mujer y se informó internamente a la empresa de combustible". Insistió en la falta de acreditación fehaciente del hecho, "en tanto no se ha demostrado que el vaso térmico se hubiese desfondado en las circunstancias alegadas". Por eso, sus abogados apuntan que no se encuentra probado el nexo de causalidad.El juez interviniente, finalmente resolvió en febrero último y la resolución quedó firme y fue consentida por las partes. Estableció que existía una responsabilidad solidaria entre la empresa de combustibles y quienes explotaban la franquicia. Para resolver el planteo de fondo, y a efectos de determinar si existió o no responsabilidad de parte de las demandadas, el juez afirma que tuvo en cuenta que la mujer presentó distintas pruebas: el ticket original de compra (19/08/2024); fotografías de lesiones compatibles con quemaduras; fotografías del libro de reclamos con el texto transcripto. También prueba documental y testimonial. En cambio, cuando la Justicia le solicitó los videos de las cámaras y libros de registro, con el objetivo de constatar cómo ocurrió el hecho y determinar si fuera posible, que el vaso se hubiera desfondado, o qué dijeron exactamente la mujer y su marido después del incidente, estas no fueron aportadas yse informó que no estaban disponibles."La obligación de probar recae en quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo", señala el juez. Y agrega que los testimonios de los testigos constataron que existían cámaras. Pero no se aportó esa prueba. "La falta de aportación de videograbaciones -material típicamente disponible para el proveedor-y de testimonial que no logra desacreditar el siniestro alegado", dice."He de destacar que la entrega de una bebida caliente para llevar impone un estándar de seguridad reforzado, en el que el envase debe ser apto para contener líquidos calientes en condiciones normales y previsibles de uso. En esa lógica, el desfonde del vaso en ese contexto y que he tenido por acreditado, configura una prestación defectuosa", dijo el juez. Consideró como probado el daño: "el dolor físico inmediato, la molestia y ardor propios de la quemadura, las incomodidades en la vida diaria, así como la preocupación razonable por la evolución de la lesión y la necesidad de controles o atención médica, integran un cuadro típico de padecimiento espiritual", dice el fallo. "La conducta posterior del proveedor orientada a contener el daño y facilitar atención reduce -en términos fácticos- la angustia, la sensación de desamparo y la prolongación del padecimiento", también consideró.Por eso, decidió bajar los montos que se estaban solicitando en la demanda. Ordenó pagar solidariamente $ 1.008.077,85, integrado por los siguientes montos y conceptos: $ 8.077,85, en concepto de daño patrimonial reclamado, más la suma de $400.000, en concepto de daño extrapatrimonial, más la suma de $ 600.000.
Maitena: la Justicia investiga el camino desde su escuela en Merlo hasta General Las Heras
La investigación detrás de la trágica muerte de Maitena continúa en la Justicia. La adolescente de 14 años había desaparecido el miércoles por la mañana, cuando decidió no ingresar a su escuela en Merlo. Desde ese momento, las cámaras de seguridad y relatos de testigos ayudaron a reconstruir el recorrido que llevó a la joven a General Las Heras, donde fue hallada muerta en un descampado. La noticia conmocionó a la comunidad del partido bonaerense, donde la joven era conocida por ser una persona muy amable, sociable y activa. La mayoría de sus allegados manifestaron en testimonios públicos que no esperaban el trágico resultado. Sin embargo, la Justicia todavía analiza los detalles que llevaron a la joven a la decisión y busca en la cronología de sus pasos alguna evidencia. Todo comenzó el pasado miércoles, cuando Gabriela, madre de Maitena, fue a buscarla al colegio y se enteró que su hija nunca había ingresado.Al regresar al hogar, había encontrado nueve cartas escritas por la joven, dedicadas a su familia y amigos. Junto a ellas, había dejado su celular con la clave anotada a un costado, y su computadora. Al desbloquear el último dispositivo, encontraron mails para sus allegados, programados para que lleguen en distintos momentos de sus vidas. Además, había dejado un video, donde estaba deprimida. En las cartas advertía que quería dirigirse a "un lugar tranquilo" para poner fin a su vida. Tras ello, llamaron a la Policía y efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron la búsqueda de la joven junto con el fiscal Nicolás Filippini de la UFI N°8 de Morón, que dispuso el protocolo de averiguación de paradero. El recorrido de MaitenaLa adolescente vivía junto a su madre, de 47 años, y su hermana mayor, de 17. Caminaba todos los días a la Escuela Secundaria Media N°16, donde cursaba el tercer año, junto a su hermana, que también asistía a la institución. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones a las 7.10 del miércoles, Maitena se excusó: dijo que iba a saludar a unas compañeras y dejó que su hermana ingresara a la escuela sin que pudiera notar su ausencia. Fue entonces que partió desde el colegio en Jujuy y Juan Manuel de Rosas y comenzó su recorrido hasta General Las Heras. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que la joven de tez blanca y ojos celestes tenía un pantalón de jean azul claro degastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. Portaba una mochila cuadrada color beige.El relevamiento de cámaras, con colaboración del Centro de Monitoreo Merlo, la mostraron caminando normalmente en las calles Bicentenario y Maipú. En paralelo, una de las profesoras de Sagrado Corazón de Jesús, el grupo de scout al que pertenecía Maitena en la unidad de Merlo, afirmó a la Policía haberla visto en esa dirección a las 8.15. Tenía en sus manos dinero efectivo, aproximadamente $40.000, y una SUBE registrada, que permitió a los investigadores seguir su rastro por el territorio bonaerense. La joven continuó su recorrido hasta la estación del Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde fue vista a las 9.03. A las 9.15 tomó el tren del ramal Merlo-Lobos.Una vecina aseguró que su hija menor vio a Maitena cerca de las 12 en la estación de Marcos Paz. Luego, Maitena descendió del tren en General Las Heras. Allí fue encontrada en un descampado el pasado jueves por la tarde.Conmoción en MerloEn Merlo, familia y amigos de la joven había convocado a una marcha y habían pegado carteles a lo largo de la localidad. Durante la tarde, pidieron repetidas veces por la aparición de la adolescente, y cantaron "busquen a Maitena".Una vez que se conoció la noticia de su fallecimiento, varios de ellos se quedaron en la zona. Varios adolescentes, compañeros del grupo scout al que pertenecía Maitena, se sentaron en el piso, se tomaron de las manos y se balancearon mientras lloraban juntos. Los jóvenes se juntaron alrededor de una bandera en la que se leía: "Buscamos a Maitena!!".El video que subió el grupo scout al que pertenecía Maitena"Ella era muy sociable. Siempre se animaba a aparecer en los videos que subíamos en las redes sociales. Era un amor de persona. Siempre estaba contenta, con ganas de venir todos los sábados", señaló Matías, un compañero del grupo de Maitena, en diálogo con LN+. Detalló que la vio por última vez el sábado pasado, en una de las reuniones de los scout. "La vimos en actividad. Estaba muy bien. Es por eso que me impactó bastante la noticia", expresó.María, su maestra particular de dibujo, contó que la adolescente siempre "estaba muy contenta y con muchos proyectos". "[En Semana Santa] vendió huevos de Pascua para poder pagar sus torneos de patín. Hacía muchas actividades. Era una chica muy divertida, comprometida y artística. Tenía proyección a futuro", expresó en conversación con A24.
Patricia Bullrich admitió el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- "Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia", afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el efecto del caso en la administración libertaria.Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al "Ciclo de Coyuntura", de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni."Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", añadió. Bullrich planteó que la Justicia "está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no". "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", resaltó. BIENVENIDA @PatoBullrich A CÓRDOBA.Un gusto recibirte en la provincia más liberal del país. Tu visión y experiencia en temas de seguridad nos inspiran en Córdoba. Aquí también necesitamos dejar atrás el garantismo K y aplicar la doctrina de "el que las hace las paga". pic.twitter.com/TmKpCBAILg— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) April 10, 2026De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ante la insistencia sobre el tema, reconoció: "Sin dudas, hubo un impacto. Es duro para él y para todos. No queremos romper el principio de inocencia".En ese punto trajo a colación que hace unos días en el Senado "lloramos todos" en una jornada sobre falsas denuncias. En ese marco pidió "desjudicializar la política". "La política no puede cumplir el rol de la Justicia, los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia y esto va también para nosotros. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente ha tomado la decisión de mantener a Adorni en su cargo. Por supuesto, él está muy tocado, también su familia", profundizó.En ese marco, remarcó que Adorni no tiene experiencia en política. "Él no viene de la política; los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Él está en esta situación de ser la primera vez", señaló.El contexto económicoDurante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó "desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral".Y afirmó que ahora "la pelota está en la cancha" de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.PRIMERO LOS DATOSEl periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigosâ?¦ o directamente de sus jefes.Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina estáâ?¦— Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: "Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema". En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: "Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados".Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está "muy blindado frente a los choques externos". "Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años", puntualizó.
Corte Suprema de Justicia investigará al senador Alirio Barrera por presunto acoso sexual a una funcionaria: la besó a la fuerza
Los hechos por los que denunciaron al congresista del Centro Democrático ocurrieron cuando era gobernador del Casanare
Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán con dos disparos: UNAM exige justicia
Se cree que Joel Ulises Cristóbal Castillo murió luego de recibir disparos durante un presunto asalto en la calle Narciso Mendoza, en el pueblo de San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, el jueves alrededor de las 14 hrs.
Plan de justicia en San Quintín: inauguran centro para trabajadores del campo
Autoridades federales y estatales abrieron el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en Baja California
Convocan a audiencias públicas para cubrir cargos clave en la Justicia Federal de Córdoba
Se publican hoy en el Boletín Oficial las fechas en que se realizarán las presentaciones para avanzar con las designaciones de dos vocales de la Cámara de Apelaciones y para el TOF2. Leer más
Justicia de Honduras aprueba la extradición de figura clave de la MS-13, alias Snoopy, a Guatemala
El ciudadano detenido en Honduras es señalado por múltiples cargos, entre ellos asesinato y delitos contra el ambiente, además de figurar como miembro relevante de la MS-13 según reportes institucionales y de agencias internacionales
La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni; Artemis II llega hoy a la noche a la Tierra
La Justicia levantó el secreto bancario de Adorni y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tomó la decisión por pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Es para avanzar en el análisis sobre su situación financiera, acceder a movimientos de las cuentas, tarjetas de crédito, inversiones y operaciones, reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.La CGT marcha a Plaza de Mayo. La Confederación General del Trabajo definió que va a movilizarse el 30 de abril desde las 15 horas en la previa del Día del Trabajador. Habrá críticas al plan económico del Gobierno y sumarán sectores de la iglesia. Desde la central advierten que "cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes" y remarcan la retracción del sistema productivo por el cierre de más de 21 mil empresas en dos años.Peligra la tregua entre Estados Unidos e Irán. Trump acusó a Teherán de estar haciendo un "pobre trabajo en el estrecho de Ormuz, deshonroso dirían algunos, sobre permitir que el petróleo pase. Ese no es el acuerdo que tenemos", afirmó el mandatario, quien agregó que el petróleo comenzará a fluir por ese paso estratégico "con o sin la ayuda de Irán".Artemis inicia su regreso a la Tierra. Después de completar un recorrido histórico, los cuatro astronautas de la misión de la NASA comienzan el tramo final del viaje. Se espera que el amerizaje frente a la costa de California sea esta tarde; en la Argentina el proceso de reingreso comenzará a las 20:53.Comienza la decimocuarta fecha del Apertura. Se va a extender hasta el lunes y contiene dos clásicos: Boca-Independiente y Racing-River. El primer partido será hoy en Córdoba: Belgrano recibe a Aldosivi desde las 21.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Morant insiste en que Ábalos y Koldo no representan al PSOE: "Que toda la justicia caiga sobre ellos"
Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor
El tribunal fundamentó su decisión en la "buena vinculación afectiva con ambos progenitores", valorando la opinión del hijo mayor e introduciendo flexibilidad para que los menores mantengan sus rutinas
Le robaron la moto, la aseguradora nunca le contestó y ahora la Justicia ordenó a la empresa pagar una importante indemnización
El dueño de una Yamaha denunció haber vivido un "verdadero infierno" tras la sustracción del rodado ante la falta de respuesta de su compañía. Un tribunal castigó el silencio de la empresa y le ordenó abonar el valor actualizado del rodado más una compensación por daño moral, daño punitivo y privación de uso
La Justicia ordenó al Pentágono el libre acceso de los periodistas acreditados a la oficina de prensa
WASHINGTON.- Un juez federal en Washington dictaminó el jueves que el Departamento de Defensa había violado la orden judicial de marzo pasado prohibiendo el acceso a las históricas oficinas de prensa del Pentágono para los periodistas de The New York Times, y ordenó el restablecimiento de ese derecho y de la circulación sin escolta dentro del edificio. El juez federal Paul L. Friedman había señalado en un fallo en marzo que la política del Departamento de Defensa de impedir el acceso al edificio al corresponsal de The New York Times violaba los derechos de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. Pero el gobierno, en lugar de obedecer la orden, decidió trasladar a todos los periodistas de su espacio de trabajo dentro del edificio pentagonal que utilizaban desde hace décadas, a un "anexo" externo en una biblioteca y centro de conferencias.La nueva política de prensa condicionaba además el acceso al "anexo" a la promesa de los periodistas de no solicitar información no autorizada, una decisión que fue ampliamente criticada por los principales medios de comunicación y los defensores de la libertad de prensa.Este jueves el juez Friedman consideró que la política "interina" revisada del Departamento de Defensa eludió inconstitucionalmente su fallo anterior, y reprendió a la administración Trump, comparando su represión de la libertad de expresión con la de una autocracia."La restricción de los derechos de la Primera Enmienda es peligrosa en cualquier momento, y aún más en tiempos de guerra. La supresión de la libertad de expresión política es propia de una autocracia, no de una democracia, como reconocieron los Padres Fundadores al redactar la Primera Enmienda", afirmó el fallo de este jueves.La nueva decisión judicial fue recibida con entusiasmo por los abogados de The New York Times. "Este fallo reafirma nuestros derechos constitucionales y envía un mensaje claro al Pentágono", escribió el vocero del diario, Charlie Stadtlander, en un comunicado tras conocerse la nueva medida. "El cumplimiento de una orden judicial legítima no es opcional; es obligatorio en una democracia comprometida con el estado de derecho. Nos complace que el juez Friedman haya visto la política revisada del Pentágono tras su última decisión como lo que realmente era: un intento apenas disimulado de seguir violando los derechos constitucionales de The Times y sus periodistas".Gabe Rottman, vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, también elogió el fallo. "El juez determinó correctamente que las políticas del Pentágono siguen violando la Constitución y que el gobierno no puede continuar evadiendo su clara directiva", escribió.El juez también dictaminó que el cierre del Corredor de Corresponsales del Pentágono, el histórico espacio de trabajo exclusivo para la prensa dentro del edificio, y la prohibición de movimiento sin escolta en todo el Pentágono fueron "intentos transparentes" de socavar el acceso que su orden original había restablecido. Ordenó entonces al Departamento de Defensa que restableciera por completo el acceso de los reporteros del Times y presentara una declaración jurada de un funcionario del departamento antes del 16 de abril detallando el cumplimiento.Friedman concluyó su opinión con una crítica inusualmente severa a la administración Trump. "El Tribunal no puede concluir esta opinión sin señalar una vez más de qué se trata realmente este caso: el intento del Secretario de Defensa de dictar la información que recibe el pueblo estadounidense, de controlar el mensaje para que el público escuche y vea solo lo que el Secretario y la administración Trump quieren que escuche y vea", escribió. Agencia AP y The Washington Post
Abusó de una paciente: la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para un cirujano
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por abuso sexual a un médico cirujano que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una paciente, en la provincia de Chubut. Así lo informaron fuentes del máximo tribunal. El ataque sexual, según el expediente judicial, ocurrió el 13 de octubre de 2021. Todo sucedió cuando la víctima se sentía muy dolorida y le envió un mensaje al médico cirujano Manuel Flores Delgado, a quién conocía porque había trabajado en su clínica entre 2009 y 2011.El cirujano citó a la paciente para esa misma tarde. El consultorio estaba cerrado y, al llegar, el médico abrió la puerta e ingresaron juntos. Flores Delgado le indicó que se recostara en la camilla para hacerle una ecografía. En ese contexto, al revisarla, el cirujano le dijo a la paciente que tenía un quiste ovárico. La mujer fue al baño y al volver el profesional le explicó que debía hacerle una ecografía en la vejiga, pero en esa oportunidad "aprovechando la situación de poder que le daba la situación", le introdujo los dedos en la vagina mientras la sostenía con su otra mano en el pecho sin poder moverse. La víctima logró zafarse e irse del lugar. La mujer denunció penalmente al profesional un mes después."Un jurado popular lo encontró no culpable de abuso sexual con acceso carnal y lo condenó por abuso sexual simple. La pena fijada fue de dos años de prisión en suspenso. La defensa planteó la suspensión de juicio a prueba, pero la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia lo rechazó por extemporáneo", dijeron desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La defensa también cuestionó la resolución al considerarla arbitraria y el monto de la pena, en distintas instancias de la justicia chubutense. En todas, el planteo fue desestimadoLa defensa llegó en queja a la Corte Suprema de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación.
El recorrido de Maitena que investiga la Justicia, desde la puerta de su escuela en Merlo hasta General Las Heras
La adolescente de 14 años quedó filmada por cámaras de seguridad, que la mostraban en principio caminando cerca de su escuela. Una imagen genera dudas: bajó del tren Sarmiento en la estación Km 34,5 y allí se habría encontrado con otra persona.Además, investigan el mensaje de una amiga sobre un juego de desafíos que podría incitarla al suicidio.
Ley de Glaciares: el Congreso le dio la espalda al agua, pero la ciudadanía irá a la justicia
La nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce, por lo que miles de ciudadanos se están organizando para entablar una demanda colectiva de inconstitucionalidad. Leer más
Mujeres, mineros y justicia social: la Caravana del Hambre de 1951, una lucha reconocida en la SEP
En la Caravana del hambre participaron más de 4 mil mineros del carbón, así como 100 mujeres y 30 niñas y niños
La Justicia anuló la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy y designó a un dirigente que responde al gobernador de Salta
Ricardo Villada, funcionario de Gustavo Sáenz, estará a cargo durante 180 días. La presentación judicial había sido impulsada por la senadora Carolina Moisés y otros dirigentes locales
Continúa la crisis del PJ: la Justicia ordenó un interventor para normalizar el partido
El Juzgado Federal N°1 de Jujuy designó a Ricardo Guillermo Villada como interventor, desplazando a Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. La intención es garantizar el funcionamiento institucional del partido. Leer más
La Justicia ordenó procedimientos en 15 clubes de fútbol en busca de sus convenios con Sur Finanzas ante sospechas de lavado
El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos policiales en 15 clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing e Independiente, para pedir oficialmente sus contratos y convenios, algunos de sponsoreo, con la financiera cercana a la AFA Sur Finanzas, ante la sospecha de que son instrumentos usados para el lavado de dinero.El juez, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos operadas a través de falsos o irregulares contratos de sponsoreo.Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo.Por eso la fiscal y el juez decidieron encargar un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas. El juzgado libró una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa donde se investiga si Sur Finanzas habría facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas.La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina fue a buscar los documentos a los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas.También fueron a Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y a Brown de Adrogué. El objetivo central de los investigadores es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.Por eso los policías buscaron las actas de comisiones directivas, para constatar quiénes y cómo aprobaron los contratos con Sur Finanzas; los préstamos y manejos de cheques, como también la documentación vinculada a descuentos de cheques canalizados por Sur Finanzas, libros contables de los clubes, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club.Según pudo saber LA NACION, especialmente los policías se centraron en los contratos y comprobantes de pago, originales, anexos y las constancias de transferencias bancarias o recibos que demuestren que los pagos pautados por sponsoreo se realizaron.La sospecha subyacente es que estos convenios podrían haber sido una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes. La idea es que se usaron los contratos para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.Para corroborarlo, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de todos estos clubes.En este peritaje patrimonial, los expertos deben informar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables. De comprobarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas quedaría complicada en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA investigados por su posible participación en las maniobras. Armella ya citó a prestar indagatoria a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices acusados de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación que llevan adelante con Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los tribunales de Lomas de Zamora.
Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación
La investigación está relacionada con un proceso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior, uno de los funcionarios de mayor peso en el Gobierno nacional
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer
El juez federal Ariel Lijo levantó hoy el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos.Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni. La lista completa incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio,Noticia en desarrollo
La Justicia avanza en determinar quién pagó el pasaje de la esposa de Adorni para volver de Nueva York
Según la información que recogieron los investigadores, la reserva del jefe de Gabinete fue emitida desde "Jefatura.gob.ar", mientras la de su esposa fue emitida un dia después. La explicación del funcionario
La Abogacía Española urge a los partidos a acordar una nueva Ley de Justicia Gratuita
El Gobierno fue a la Justicia por las denuncias por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios
Tras varios días de silencio, el directorio del Banco Nación, que encabeza Darío Wasserman, se puso a disposición de la Justicia por las denuncias por el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores libertarios. Horas después que el propio presidente Javier Milei saliera a defender, de manera curiosa y enfática, el otorgamiento de los créditos, que generaron rechazo y tres denuncias, funcionarios y abogados del Banco Nación completaron la estrategia del Gobierno: se presentaron ante la Justicia para ponerse "a disposición" y entregar "toda la documentación" que requieran el juez Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita, que impulsa las denuncias de diputados opositores como Pedro Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI), más la del abogado Alejandro Díaz Pascual. Altas fuentes del Gobierno explicaron que "se aportaron los resultados de diez de los casos que fueron difundidos" a través del sitio Cuanto Deben, que reveló el listado de los beneficiarios. Desde la banca estatal reiteraron que luego de las auditorías internas "no se detectó una sola irregularidad" en los créditos otorgados. "Nos presentamos antes que nos convoquen, con lo cual seguramente haya requerimientos y tendremos que complementar la información", dijeron desde el Banco Nación. Estaría en preparación un documento que contesta "punto por punto" las acusaciones de irregularidades difundidas por los medios, y agrega información sobre otros 30 casos mencionados. "El banco no le prestó nada a nadie que no estuviera justificado. No hubo línea vip", explicaron desde el edificio de la calle Rivadavia, frente a la Casa Rosada. Aclararon que, por una normativa vigente, el Banco Nación otorga "una tasa preferencial" del 4,5 por ciento anual a los empleados públicos que, luego de una licitación en la que compitió con otros bancos, cobran su sueldo en esa entidad bancaria, un 94 por ciento del total de la planta estatal. Repitieron, como lo harán ante la Justicia, todos los préstamos "están cubiertos" a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. Solo los créditos mayores a $5000 millones son revisados por el directorio de la banca estatal, afirmaron desde el organismo. En la misma línea defensiva se expresó el Presidente. "La pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?", se preguntó el Presidente en la conversación con el exempresario Antonio Aracre en la TV Pública. Ante la respuesta negativa del entrevistador, el Presidente continuó: "No. Con lo cualâ?¦, desde nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada". Le siguió una larga explicación, que apuntó a la "legalidad" de los créditos e incluyó una confesión: el domingo, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía la operatoria en televisión, Milei miraba la emisión de LN+ desde la quinta presidencial de Olivos junto a Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Felipe Nuñez (director del Bice), dos de los funcionarios con los créditos más abultados. También estaba allí el consultor Cristian Buttié a quien -según dijo el propio Presidente-le recriminó en broma, "que no hubiera sacado un crédito", según palabras del propio mandatario. "No hay nada""Estamos muy tranquilos, no hay nada de nada. Se dieron miles de créditos, sin errores", reafirmaron desde el oficialismo. Incluyen los créditos de Núñez, también asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. También el de Federico Furiase, exdirector del BCRA, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. "Federico fue a una sucursal", sostuvo el domingo Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario, quien según un informe del canal C5N habría tomado el crédito para la compra de una tercera propiedad, cuando en general esos créditos apuntan a los aspirantes a su primera vivienda. Desde el Gobierno explicaron que "la famosa tercera propiedad de Furiase es una donación de sus padres y sus hermanos, con usufructo. Tiene un tercio de la propiedad de sus padres". Caputo habló luego de que el canciller Pablo Quirno se iba a encargar de defender la cesión de esos créditos. Distinta fue la reacción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, luego de enterarse de que también había gestionado un crédito hipotecario. La lista inicial de los tomadores de créditos del BNA incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el joven director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero. En relación a Menem, fuentes con conocimiento del caso aclararon que su madre, que trabaja en la Auditoría General de la Nación, actuó como garante. En diálogo con LA NACION, Madero, el funcionario de Defensa beneficiado, afirmó que se enteró "por el encargado del edificio" donde vive de la existencia de los créditos. "Me inscribí sin privilegios en septiembre de 2025â?³, dijo. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad. Con parecidos argumentos, los diputados libertarios Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni (también tomadores de créditos) se defendieron de las críticas. "Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo", escribió Bongiovanni, mientras otros legisladores en la misma situación, como Lorena Villaverde, se mantuvieron en silencio. Con las explicaciones que dieron los funcionarios, y la que dio y dará el banco, el Gobierno espera cerrar la polémica.
La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva ley de justicia gratuita
La Justicia desplazó a los interventores del PJ jujeño alineados con Cristina Kirchner y nombró a un hombre de Sáenz
El juez Esteban Hansen, titular del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy, dispuso la intervención del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia, que estaba a cargo de dos hombres de confianza de Cristina Kirchner, y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz. La decisión -que el PJ nacional apelará- dejó fuera de juego a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) y Aníbal Fernández (exministro de Seguridad), que habían sido enviados a la provincia en 2023 por Alberto Fernández y avalados en el papel de interventores por la actual presiidenta del partido.En un fallo de este jueves, al que accedió LA NACION, el juez Hansen renovó la cúpula del peronismo jujeño. "Dispóngase la intervención judicial del Partido Justicialista de este distrito, por el término de ciento ochenta (180) días, y desígnase como interventor judicial al Sr. Ricardo Guillermo Villada", resolvió el magistrado, quien le avisó al nuevo interventor que "deberá presentar al tribunal un informe quincenal detallando el estado de avance de la normalización del partido". En la misma decisión judicial, Hansen anuló una resolución de los interventores Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados, con argumentos como apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño, como la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales en la provincia. Entre los apartados del partido, figuraba la senadora Carolina Moisés, actual aliada del gobierno del presidente Javier Milei, nombrada vicepresidenta del Senado nacional. También estaban en esa lista de separados del partido el exdiputado provincial y extitular del PJ Rubén Rivarola, y el exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros. Tanto Moisés, como Rivarola y Jenefes se presentaron ante la Justicia para pedir el reemplazo de los interventores alineados con Cristina Kirchner.Villada, el nuevo interventor judicial designado, fue ministro de Gobierno de Salta durante seis años, con Sáenz como gobernador. Ejerció ese cargo entre 2019 y diciembre de 2025; actualmente es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un cargo ad honorem y de neto perfil político. En Salta, tiene un partido propio, Primero Salta. Según pudo confirmar LA NACION, Moisés propuso a Villada como interventor, en una terna que analizó el juez y que tenía también nombres alineados con Rivarola y con Jenefes. La senadora Moisés es una aliada de Sáenz en el armado peronista en el norte del país y se maneja en la Cámara alta con un bloque apartado de la bancada peronista que conduce José Mayans (Formosa)."Solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a participar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los interventores puestos por Cristina Kirchner y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy", afirmó Moisés en un comunicado. "Se abre hoy una nueva oportunidad para los peronistas. Hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte", añadió la vicepresidenta del Senado nacional.La intervención del PJ jujeño se inició en 2023, cuando Alberto Fernández presidía el partido a nivel nacional. El argumento había sido el respaldo del partido al por entonces gobernador radical Gerardo Morales. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional (asumió a fines de 2024, medio año antes de que se confirmara su condena a prisión domiciliaria por el caso Vialidad), los interventores permanecieron en sus funciones e intentaron motorizar llamados a lecciones internas que suspendieron de manera encadenada.Según pudo saber LA NACION de fuentes del PJ nacional, presentarán una apelación contra la decisión del juez Hansen. Los referentes provinciales Leila Chaher (exdiputada nacional) y Guillermo Snopek (actual diputado nacional) son los dirigentes más importantes del PJ jujeño que están alineados con Cristina Kirchner. "Nombraron a una persona ligada a la política, que es lo peor que puede pasar", dijo a este diario un dirigente vinculado a la conducción nacional, al opinar sobre el nuevo interventor que oficializó la Justicia jujeña.
Tras fiesta de narcos con el cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, se pronunció el ministro de Justicia: "Se toman medidas correctivas de inmediato"
Jorge Iván Cuervo aseguró que el Ejecutivo adelanta las acciones pertinentes para esclarecer los hechos
La Justicia obligó al municipio de Baradero a informar qué hizo con los $1.000 millones recaudados por la tasa vial
La decisión judicial surge a raíz de un pedido de acceso a la información pública realizada por los productores rurales
Llevó a su perra a la veterinaria para que la bañen y se la devolvieron muerta: la Justicia ordenó que le paguen $17 millones
Sucedió en Mar del Plata. El juez ordenó indemnizar el daño moral sufrido por la dueña de la mascota y estableció un antecedente para este tipo de casos
"Lo único que me queda en la vida es pedir justicia": el lamento de un padre al que un policía le mató a su único hijo
El partido era a las 22. Como se les hacía tarde, Juan Cruz Leal, de 21 años, y su amigo Daniel Khune decidieron ir en moto a la cancha donde tenían que jugar al fútbol. Nunca llegaron: en el camino se cruzaron con Lucas Gómez, un oficial de la Policía de la Ciudad al que llaman El Ciego, que los baleó suponiendo que esos jóvenes eran motochorros que lo seguían, lo que le hizo pensar que estaba "ante un peligro inminente". Sucedió a las 22.07 del 12 de marzo pasado en Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo, en Ituzaingó. Gómez disparó, al menos, tres veces. Dos proyectiles hirieron a Leal, estudiante de Ingeniería en Sistemas, personal trainer y programador. Uno de los proyectiles impactó en su pierna izquierda y le dañó la arteria femoral. Fue trasladado al Hospital Bicentenario, de Ituzaingó, donde murió después de sufrir tres cardiorrespiratorios. Su amigo también fue herido, pero se salvó."Las pruebas son contundentes. Espero que la Justicia vaya por la prisión perpetua. Todo está muy claro", dijo a LA NACION Diego Leal, padre del joven asesinado.La investigación está a cargo de la fiscal de Ituzaingó María Alejandra Bonini e interviene el juez de Garantías de Morón Ricardo Fraga. Este viernes se cumple el plazo para que la representante del Ministerio Público pida la prisión preventiva del policía arrestado.El Ciego Gómez, de 34 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa.El día del crimen, el imputado estaba de franco. Regresaba a su casa en su moto Honda XR 150, acompañado por su novia. Leal y Khune iban a jugar al fútbol en la HondaCB del programador y personal trainer."Me retiraba de la iglesia de mi papá, llegando a la intersección de Cerrito y Martín Rodríguez, en Ituzaingó, donde giré a la derecha. A unos escasos diez o 15 metros, aproximadamente, visualicé por mi espejito retrovisor una moto negra con la luz blanca alta a una distancia de unos 100 metros. Apuré la marcha para llegar a la avenida que me dirige hacia mi casa y en ese trayecto realicé unos 100 metros, en los que visualicé por el mismo espejito retrovisor que la moto ya se encontraba a unos escasos 20 metros, aproximadamente", dijo Gómez en su declaración indagatoria, a la que tuvo acceso LA NACION.Relató que se corrió hacia el carril izquierdo para esquivar un lomo de burro y que, en ese momento, vio por tercera vez la moto. Entonces, explicó, quiso esconderse detrás de una camioneta estacionada "para frenar contra el cordón y que ellos continúen su marcha". Según Gómez, la moto donde circulaban Leal y su amigo frenó detrás de él a "unos escasos metros".A continuación observó que uno de los ocupantes de la moto estaba apoyado en su pierna izquierda en el asfalto. "Ante lo que yo llevé mi mano al arma en mi cintura y traté de bajarme de la moto. La moto se cayó y yo golpeé mi rodilla contra el suelo. En ese momento dije a viva voz: '¡Pará, alto, policía!'. No sé si los chicos me escucharon. Vi que el chico de atrás cruzó de vereda y el de adelante hizo ademanes con las manos, ante lo que efectué dos disparos con mi arma [su pistola reglamentaria]. Disparé para repeler la agresión con la que ellos se venían con la moto, porque claramente era una moto más grande en porte y yo prioricé cuidar la vida de mi señora y la mía", declaró.Leal y Khune no seguían a Gómez y a su novia: llevaban un bolso con botines, agua mineral y vendas. No tenían armas. "Mi hijo iba a jugar a la pelota y pasó lo que pasó. El policía habrá supuesto algo que solo estuvo en su cabeza y disparó sin mediar palabra", afirmó el padre de la víctima a LA NACION.Esa trágica noche, Diego no estaba en el país: estaba de vacaciones en Florianópolis. Un familiar lo llamó para avisarle que Juan Cruz, su único hijo, estaba en grave estado. Se tomó el primer avión que pudo y regresó."Era un pibe normal, sano. Solo quería vivir y ser feliz. Era el mejor hijo del mundo, te lo aseguro. Era un ser especial, demasiado para este mundo. Ahora lo único que me queda en la vida es pedir justicia y que haya una condena de prisión perpetua, por la memoria de Juan Cruz", dijo, emocionado. El joven asesinado por Gómez estaba de novio. Además de estudiar Ingeniería en Sistemas y de ser personal trainer y programador, trabajaba en el gimnasio de su padre, Zero Gym, en Ituzaingó. "Tenemos en claro la calificación. No hay ninguna justificación de la actuación del policía Gómez. No hay ninguna prueba para establecer una legítima defensa. No había riesgo para su vida como para decir que repelió una agresión con su arma de fuego. Supuso que le iban a robar y efectuó disparos, pero eso no se condice con las pruebas reunidas en el expediente", afirmó a LA NACION el abogado Marcelo Biondi, que representa al padre de la víctima Gómez, defendido por los abogados Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlin, pidió ampliar su declaración indagatoria. Se fijó fecha para hoy. "Mi asistido se defendió de una agresión ilegítima, ya que el que venía manejando la moto [Leal] se la tiró encima. Disparó para defenderse. Los peritajes determinaron que la dirección de los disparos fue de arriba hacia abajo. Si la ambulancia hubiese llegado rápido la víctima no se hubiera muerto", explicó Endi a LA NACION.Hasta su detención, El Ciego Gómez cumplía funciones en la División Motorizada de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía de la Ciudad. En la actualidad se encuentra en disponibilidad con un expediente abierto en la Oficina de Transparencia, informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.En la indagatoria sus defensores le preguntaron si por su experiencia como policía podía calificar como un "intento de robo" lo que él mismo había definido como una "maniobra de agresión". La respuesta fue sintética: "Sí".También, ante preguntas de sus abogados, el imputado se definió como un buen tirador y aseguró que no había tirado a matar, sino que su propósito había sido el de inmovilizar a quien creía su atacante (la víctima) y repeler la agresión.Para Biondi, con diez años de experiencia como policía Gómez tendría que haber tomado otros recaudos. "No hubo agresión. No hubo discusión. Se equivocó y tendrá que pagar las consecuencias. Hay una familia destruida. No podemos avalar que porque una persona piense que le van a robar dispare y mate a otra", dijo el abogado que representa al padre de la víctima.
Crisis por hacinamiento carcelario llega al Palacio de Justicia: así será la reunión clave entre autoridades
Altas cortes, entes de control y Gobierno analizarán medidas ante el aumento de la sobrepoblación en centros de detención del país
La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos
El tribunal señala que no demostró siquiera que viva realmente con su familia ni que cumpliese sus obligaciones como padre
Le vaciaron los ahorros con un "cuento del tío", demandó al banco, pero la Justicia rechazó su reclamo
Una jubilada denunció haber perdido su dinero tras un fraude digital en 2020. Aunque alegó fallas en la seguridad de la entidad, un fallo reciente determinó que la responsabilidad fue de la propia víctima. El error fatal que cometió durante una llamada y que la dejó sin resarcimiento
Un corte de luz le quemó la computadora y el lavarropas, pero perdió el juicio: por qué la Justicia rechazó la demanda
El damnificado exigía una indemnización por los daños eléctricos sufridos en su casa. Sin embargo, un tribunal falló en su contra y deberá afrontar los gastos judiciales. Las razones detrás de una sentencia que lo dejó con las manos vacías
La última mujer condenada a morir en la horca en Reino Unido y el crimen que cambió para siempre la justicia británica
"El 10 de abril de 1955, cinco disparos frente a un pub londinense sellaron el destino de Ruth Ellis. Su ejecución no solo marcó el fin de una vida de abusos, sino que obligó al Reino Unido a enterrar la pena capital
Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la venta del inmueble bajo sospecha
La medida tiene como objetivo reconstruir la operación de compra del departamento en Caballito y determinar el origen de los fondos.
Ministro de Justicia se desmarcó de Gustavo Petro y su idea de una constituyente: "Para que mejore la justicia en Colombia no se necesita"
El exmagistrado Jorge Iván Cuervo, nombrado por el jefe de Estado en febrero de 2026, también expresó sus desavenencias con uno de sus antecesores, el exfiscal Eduardo Montealegre, que ha sido uno de los impulsores de este mecanismo para modificar la Carta Magna
Sondra Macollins criticó el papel de la Fiscalía en casos de corrupción: "La justicia en Colombia está muy politizada"
En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial indicó que la Fiscalía tiene más poder del que debería en Colombia
Recaudó $1000 millones: la Justicia ordenó a un municipio bonaerense que abra las cuentas del pago de la tasa vial
En un contexto donde la transparencia en la gestión pública vuelve a estar en el centro del debate, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó un fallo de fuerte impacto institucional en el caso del municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, por el destino de los fondos de la tasa de red vial. La sentencia definitiva no solo ordena al municipio entregar información clave sobre su administración, sino que también reafirma el alcance del derecho de acceso a la información pública como una herramienta central de control ciudadano. El partido bonaerense cuenta con una red vial de unos 600 kilómetros de caminos rurales. El año pasado se recaudaron alrededor de $1000 millones, con el adicional de la coparticipación provincial por el inmobiliario rural. El expediente se originó a partir del pedido de la Sociedad Rural de Baradero, que a principios de 2025 solicitó datos vinculados a la gestión económica del municipio, entre ellos ingresos, egresos, balances y estructuras de costos correspondientes a la recaudación de la intendencia. Ante la falta de respuesta adecuada en marzo del año pasado, el caso llegó a la Justicia, que en primera instancia ya había reconocido el derecho de acceso.Acuerdo Mercosur-Unión Europea: la Argentina se juega un último partido clave por la carneAhora, la Cámara confirmó ese criterio y avanzó en una definición contundente: la información vinculada al manejo de recursos públicos debe ser accesible. "Toda persona ha de tener acceso a la información pública", señalaron los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, en línea con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.El fallo se apoya en una doctrina consolidada tanto a nivel nacional como provincial, que sostiene que el acceso a la información no requiere justificar un interés particular. Es decir, cualquier ciudadano puede solicitar datos al Estado sin necesidad de explicar para qué los necesita."Proceso de acercamiento": el Gobierno y el campo avanzan en la discusión técnica por una ley de semillas, pero persisten diferenciasEn esa línea, los magistrados remarcaron que es el propio Estado el que debe justificar una eventual negativa. En este caso, cuestionaron al municipio por no haber acreditado de manera suficiente que la información hubiera sido entregada en tiempo y forma. La resolución judicial también pone el foco en la obligación de los organismos públicos de responder de manera clara, completa y verificable. La falta de precisión o las respuestas parciales no alcanzan para cumplir con el derecho de acceso.Para Bruno Violi, presidente de la Sociedad Rural de Baradero, la sensación que tienen los socios es que cuando "las cosas se hacen bien y los reclamos son genuinos, la Justicia sí responde"."El reclamo fue porque el estado de los caminos rurales es calamitoso. Esto ya viene de larga data, donde hay lugares en el partido que hace 50 años que no pasa una máquina. Hubo un consorcio que se hizo con la gestión anterior que duró un año y medio, pero se interrumpió con la gestión actual. A partir de ahí, las reparaciones fueron escasas o nulas y se deterioró todo lo que se había logrado con el consorcio, no se hizo mantenimiento y se siguió dañando aún más el resto que nunca se había tocado. Entonces, este triunfo es a medias porque la realidad es que hoy no se puede sacar la producción y es casi imposible ir a los campos", remarcó. "Lo bueno es que la Justicia, por primera vez, nos escuchó y está tratando de darle un entendimiento y una resolución al tema de los caminos rurales, no solamente en Baradero, sino también en otros partidos. Desde el punto de vista práctico, la solución es nula, porque hasta que todo esto se resuelva de forma favorable y se encuentre alguna forma de arreglar los caminos, los problemas siguen estando", agregó. Por su parte, Pablo Torres Barthe, abogado y representante legal de la entidad ruralista, explicó cómo fue que se llegó a esta instancia: "La sentencia de primera instancia no nos había dado acceso al listado de cheques ni al listado de transferencias del municipio, ni tampoco a acceder a la matriz de costos con la cual se decide la tasa, o se debería decidir la tasa. Nosotros apelamos y la Municipalidad también apeló para que no nos den acceso a nada. Pero la Cámara rechazó el recurso de la Municipalidad y nos hizo lugar a acceder a esta documentación, que es clave para poder ver cómo es que se calcula la tasa y tener precisión sobre cómo se gasta la tasa".El fallo, sin embargo, introduce un matiz importante: no toda la información solicitada debe ser entregada sin restricciones. La Cámara avaló que ciertos datos puedan ser protegidos cuando está en juego la privacidad o la seguridad de las personas. En particular, consideró razonable limitar el acceso a información nominativa vinculada a patrimonio o cuentas bancarias, al advertir que su difusión podría generar riesgos. De este modo, el tribunal establece un equilibrio entre transparencia y protección de datos sensibles.Otro aspecto central del fallo es el tratamiento de los actos administrativos. La Cámara fue clara al señalar que un dictamen interno que no fue debidamente notificado no puede producir efectos jurídicos frente a terceros. "No puede producir efectos jurídicos sin publicidad (notificación)", sostuvieron los jueces, al subrayar la importancia de la comunicación formal de las decisiones estatales.En términos concretos, la sentencia obliga al municipio a entregar información detallada sobre su funcionamiento económico, incluyendo matrices de costos, estructura de gastos y flujo de recursos. Al mismo tiempo, la resolución impone las costas al municipio, al considerarlo "vencido en lo sustancial", lo que refuerza el criterio de que fue el Estado quien incumplió su obligación inicial.Este pronunciamiento judicial se inscribe en una discusión más amplia que en los últimos meses tuvo como protagonistas a distintos municipios bonaerenses por el nivel de las tasas rurales y la falta de información detallada sobre su composición. En distritos como Necochea y Azul, productores y entidades del agro ya habían advertido sobre incrementos significativos en las cargas fiscales locales, acompañados por reclamos por mayor claridad en la estructura de costos y en la contraprestación de servicios.En ese contexto, el fallo de Baradero refuerza ese reclamo de años de los productores y le da respaldo judicial a una exigencia que viene ganando terreno: que los gobiernos locales informen con precisión y de manera accesible el destino de los fondos que perciben.LA NACION intentó tener una respuesta del intendente local, Esteban Sanzio, (Unión por la Patria) pero aún no obtuvo respuesta.
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El fiscal Franco Mondino concluyó que no hubo defraudación en el manejo de fondos durante la gestión municipal de Martín Llaryora; el senador cuestionó la decisión y apuntó contra el sistema judicial Leer más
Adorni se reúne con Presti e intenta seguir con perfil de gestión mientras la Justicia investiga su patrimonio
En otro capítulo de su intento por posicionarse en el centro de las decisiones del Gobierno y despejar rumores de alejamiento, mientras avanza la causa judicial por su patrimonio, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, continuará hoy con su ronda de encuentros cara a cara con distintos miembros del equipo nacional de ministros.Luego de encabezar el lunes-por orden del presidente Javier Milei-la reunión de gabinete en la Casa Rosada, Adorni recibió ese mismo día a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ayer, y mientras sigue en silencio mediático, repitió el ritual con el ministro de Salud, Mario Lugones. Hoy, en tanto, recibe al titular de Defensa, Carlos Presti, que llegó a Balcarce 50, a las 9.56, con su uniforme militar y acompañado por parte de su gabinete.En los pasillos de la Casa Rosada y los ministerios conviven dos sensaciones. La primera es que tanto el Presidente como su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguen convencidos de sostener en su cargo al jefe de gabinete, a pesar de las distintas denuncias surgidas en relación a la adquisición de propiedades, que siguieron a la difusión de su viaje en jet privado a Punta del Este en plan familiar durante el feriado de Carnaval. La segunda tiene que ver con el "daño" que, según propios y extraños, genera su permanencia en el gabinete. Como publicó LA NACION, trascendió que durante la reunión de gabinete, a la que algún asistente calificó de "pesada", Milei insistió ante los ministros en que canalicen inquietudes y pedidos a través de la jefatura de gabinete, otra manera de volver a empoderar a su funcionario de confianza. "Ustedes ya lo crucificaron a Manuel. Por más que la Justicia ni siquiera se expidió", comentó ayer un funcionario cercano al jefe de gabinete, mientras Adorni anunciaba, vía redes sociales, el envío de la ley de Salud Mental al Congreso. El ejército digital que responde al asesor presidencial Santiago Caputo se mantiene en silencio, con buena parte del Gobierno con la expectativa de que el tema "se vaya desinflando" con el correr de los días.Sigue en pie, afirmaron las mismas fuentes, la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, prevista para el próximo miércoles 29 de este mes, sin que se vislumbre, por el momento algún pedido de postergación.En el Congreso, a Adorni lo espera un largo listado de consultas de los diputados opositores, un total de 2151 preguntas, según informaron desde la secretaría de Asuntos Estratégicos que encabeza Ignacio Devitt. El número original de consultas superaba las 4800, pero muchas de ellas se repetían o superponían, aclararon desde el Gobierno. Las respuestas llegarán a cada legislador antes de la presentación del jefe de gabinete. Los legisladores lucen ansiosos por preguntarle a Adorni por la compra de propiedades como su departamento de la calle Miró en Caballito, o su casa en el country Indio Cuá. Será la primera vez que Adorni enfrente al Congreso, desde su asunción como jefe de gabinete, el 5 de noviembre pasado.Mientras Adorni se reúne con Presti, Adriana Nechevenko, la escribana que participó en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, llegó a los tribunales de Comodoro Py. En la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como acreedoras de Adorni con garantías hipotecarias. Está previsto que declaren este jueves.Noticia en desarrollo
La Justicia volvió a frenar la demolición del Luna Park
El mítico estadio permanece cerrado desde fines de 2024. Desde entonces, las productoras DF Entertainment y Live Nation buscan llevar adelante un proyecto de remodelación que implica intervenir más de 11.600 metros cuadrados.
La escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito declara ante la Justicia
La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declarará como testigo este miércoles ante Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, por el caso que señala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Leer más
Bolaños dice que "nada hace pensar" que hubiera financiación irregular del PSOE y recalca que es momento de la Justicia
La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a un hombre porque la condición de judío no demuestra que sea descendiente de los expulsados en 1492
El solicitante aportó certificados rabínicos, pruebas de judeidad y registros de su familia en cementerios judíos de Estados Unidos
Fentanilo y propofol: qué son y para qué se usan las drogas que están hoy bajo la mira de la Justicia
Luego del reciente fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, se confirmó la muerte de Eduardo Bentacourt, un enfermero de 44 años hallado sin vida en su departamento de Palermo junto a ampollas de propofol y fentanilo. En este contexto, el médico toxicólogo Carlos Damin, analizó en diálogo con LN+ los riesgos de la administración de estas sustancias y su devastador impacto en el organismo.Carlos Damin en LN+Qué son y para qué se usan el fentanilo y el propofolEn medio de la investigación judicial por el desvío de propofol y fentanilo en el Hospital Italiano, el profesional en la salud sostuvo que el propofol no es una sustancia que genere dependencia: "No es una sustancia para pensarla como sustancia que genere dependencia porque no la genera"."El propofol es un anestésico que lo que genera es una sedación y que aquellas personas que se han hecho una colonoscopía y han recibido el Propofol pasan de estar despiertos a estar dormidos", sumó.Por otro lado y en relación al fentanilo, el especialista remarcó: "El fentanilo sí es el que genera 100. 000 muertos por año en Estados Unidos y que afortunadamente en nuestro país, tenemos muy pocos dependientes" y agregó: "Nunca fue un problema social serio"."Nunca vi recuperarse un paciente consumidor de opioides""En 35 años que tengo de trabajar como toxicólogo en el Hospital Fernández, nunca vi recuperarse un paciente consumidor de opioides, siempre tienen extremadamente dramáticas recaídas, pero siempre fue un número menor los consumidores de opioides en nuestro país", detallo el director del hospital.En cuanto al consumo de estos fármacos en el país, recordó: Vimos durante muchos años el consumo de pastillas de antitusivos que era la de hidrocodeinona, otro derivado de los opioides y después hemos tenido, siempre por ahí ligado a la salud, algún morfinómano o algún dependiente del fentanilo porque son donde se puede conseguir"."No nos olvidemos que el fentanilo, al igual que el propofol, no son medicamentos que se pueden comprar en una farmacia, solo se pueden obtener a través de la sustracción del hurto."El procedimiento del consumo de fentanilo En este marco, el director del hospital resaltó que el fentanilo es una medicación que se utiliza hace varios años por parte de los anestesiólogos y que funciona como un analgésico muy fuerte, incluso mas fuerte que la morfina. "El fentanilo es un opioide muy potente que la sobredosis sobreviene muy fácilmente pero que claro, cuando el que lo controla es un anestesiólogo, especialista en el uso de este tipo de medicaciones", profundizó.En cuanto al procedimiento, destacó: "Normalmente lo administra con una bomba de infusión continua que es un aparato que es como si fuera en forma mecánica una aplicación sostenida en vena de una medicación pero siempre administrando la misma cantidad por minuto."Carlos Damin, director del Hospital FernandezLa administración de propofol y fentanilo en los hospitalesAl ser consultado sobre la posibilidad de los médicos de acceder a estos medicamentos, el profesional sostuvo: "los hospitales y los sanatorios y las instituciones de este tipo de nosocomios tienen una trazabilidad de este tipo de medicamentos montada muy serio".Al tratarse de sustancias muy utilizadas en el hospital, son fármacos muy buscados por personas que quieren "mal utilizarlo". En este sentido, subrayó: "Siempre hemos tenido alguna persona que quiera hacer este tipo de acto que no corresponde. Entonces, son sustancias muy controladas". En cuanto al recorrido del fentanilo, sostuvo: "Desde que el fentanilo sale de la farmacia, va al quirófano. Hay muchas personas que hacen este control, un control muy estricto del número de ampollas en la farmacia y dentro del quirófano, esto va al anestesiólogo que es quien lo usa, pero en un quirófano nunca está solo". "No es fácil que se sustraiga. Es posible. Puede haber un micro hurto, pero no es algo sistematizado", concluyó.
Compró un auto usado por internet, pero el tablero estaba manipulado: la Justicia condenó al vendedor
Una mujer descubrió que el vehículo que acababa de comprar tenía graves fallas. Un cable adulterado impedía que se encendieran las luces de alerta y simulaba un estado óptimo. Cómo se detectó el engaño y qué sanción impuso el tribunal
La banda de Edgardo Kueider será sometida a un juicio que anticipa los que podría ocurrir con el exsenador en la Justicia
Socios y colaboradores del exsenador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. El caso federal involucra a seis personas físicas y cinco sociedades. El destino de Kueider aún está en la Corte
Guerra en el "chat de papis": una mujer le dijo "estafador" a otro padre y el caso terminó en la Justicia
Una discusión por la organización del viaje de los alumnos terminó en una demanda por afectación a la dignidad. Mensajes cruzados, imputaciones y un fallo que resolvió el reclamo de una compensación económica tras la denuncia por ofensas
Estevez ahora es hombre de la Justicia
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó ayer la designación al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales al doctor Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área. Se trata del ex secretario de Central, entre 2003 y 2007, quien fuera procesado por "administración fraudulenta" en su paso por el club y finalmente destuido del cargo en la intervención juficial que se dispuso en el marco de la convocatoria de acreedores que atravesó la institución.
Claudio Tapia podrá salir del país: la Justicia le otorgó permisos especiales en medio de la investigación
El titular de la AFA recibió autorización para realizar viajes al exterior bajo condiciones, tras haber tenido prohibida la salida del país días atrás en el marco de una causa por presunto fraude. Leer más
Lina María Garrido reaccionó a decisiones a favor de Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla: "Es un día triste para la justicia en Colombia"
La representante a la Cámara denunció que las determinaciones a favor de los exfuncionarios vinculados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, evidencian una burla a la ley y favorecen al círculo cercano al presidente Gustavo Petro
La Justicia frenó nuevamente en forma preventiva la demolición del Luna Park
En una decisión que refuerza la importancia de la protección del patrimonio urbano, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal ordenó el pasado 31 de marzo, como medida precautelar, la suspensión inmediata de las obras de demolición del Luna Park. La resolución, firmada por los camaristas Hugo Ricardo Zuleta y Gabriela Seijas, pone el foco en la necesidad de prevenir daños irreversibles sobre uno de los edificios protegidos más emblemáticos de la ciudad.En los considerandos, los magistrados destacaron que "en el particular ámbito de las demandas vinculadas a la protección urbanística y del patrimonio edilicio, deben prevalecer con especial vigor el principio de prevención del daño y el principio de precaución", y subrayaron que la demolición "constituye, por su propia naturaleza, un acto material de efectos irreversibles".La Cámara enfatizó que, una vez consumada la demolición, "ninguna resolución judicial ulterior podría restituir las cosas a su estado anterior ni reparar adecuadamente el daño causado", y señaló que esa irreversibilidad es precisamente la que justifica una intervención judicial "inmediata y urgente, aun cuando lo relativo a la medida cautelar se encuentre pendiente de resolución".Asimismo, los camaristas afirmaron que "la tutela judicial efectiva exige que el tribunal adopte las medidas necesarias para preservar el objeto del proceso y evitar que la decisión que en definitiva se adopte devenga abstracta o ilusoria". De lo contrario, sostuvieron, "el pronunciamiento judicial llegaría tarde, cuando el daño ya fuera irreversible y el proceso hubiera perdido toda utilidad práctica".La decisión se produjo tras las apelaciones presentadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y tres organizaciones de la sociedad civil â??Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudadâ??, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo y Pacífico Rodríguez Villar, contra el fallo de la jueza Natalia Tanno, cercana al gobierno de la Ciudad, que había autorizado la demolición del histórico estadio y la construcción de un nuevo edificio en su lugar.La jueza Tanno había dictado una medida precautelar que luego, sorpresivamente, revirtió, habilitando avanzar con la demolición del Palacio de los Deportes.Todo comenzó cuando el propietario del Luna Park, el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una compulsa cuya consigna era respetar la normativa patrimonial vigente, seleccionó una propuesta que prevé el pago de un canon superior a cambio de demoler el estadio existente y construir uno aproximadamente un 30% más grande â??y por lo tanto con mayor capacidadâ??, a pesar de la prohibición establecida en las normativas existentes.El proyecto, aprobado por el gobierno porteño mediante la Disposición 1283/DGIUR/25, contempla el derribo de la cubierta y de la totalidad del interior, así como modificaciones sustanciales en las fachadas, todos ellos elementos protegidos, para dar lugar a una estructura de mayor volumen.En los recursos de apelación ante la Cámara los demandantes calificaron de arbitraria la sentencia de la jueza Tanno que habilitó la demolición del Luna Park, porque la magistrada omitió aplicar al análisis de la abundante documentación del expediente la normativa del Código Urbanístico que expresamente protege al edificio, y las restricciones que impone a cualquier intervención sobre él; asimismo, tampoco consideró los informes técnicos de los arquitectos especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli, incorporados en la causaA pesar de que en su resolución la jueza Tanno detalló la normativa que prohíbe taxativamente incrementar el volumen del Luna Park, cambiar su cubierta, alterar su fachada y demoler su interior, aprobó las obras de demolición y el reemplazo de dichos elementos protegidos, y el aumento del volumen del inmueble, tomando como válidas casi de manera textual los fundamentos de la disposición del gobierno porteño cuestionada, y amparándose en el principio según el cual "se presume que toda actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico".En efecto, en la documentación incorporada en el expediente judicial el Arzobispado reconoce que el volumen del nuevo inmueble crecerá 30%, y que serán demolidos 11.612 metros del edificio histórico, quedando en pie solo 1331 metros del actual. Los planos aprobados por el Gobierno de la ciudad también muestran que la edificación será más alta, ya que el nuevo techo, de mayor dimensión que el actual, en vez de mantenerse retirado hacia el centro de la construcción apoyará sobre la línea de la fachadaLos demandantes sostienen en su presentación que es totalmente posible incorporar las actualizaciones tecnológicas sin demoler el Luna Park, preservando su valor patrimonial, todo en acuerdo con el marco normativo vigente. Como ejemplo mencionan los casos del Teatro Colón y el Sydney Opera House, dos edificios protegidos, cuyas obras de actualización fueron completadas respetando los elementos históricos de los inmuebles.Para los especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli, la resolución de la Cámara constituye una señal relevante: "algunos magistrados se preocupan por el patrimonio urbanístico, que expresa la memoria cultural y social de los argentinos". Al mismo tiempo, advierten que, de avanzar el proyecto oficial, el Luna Park podría convertirse en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el retorno de la democracia en 1983.
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes
Una estructura delictiva funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI. Actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la maniobra tuvo lugar entre 2016 y 2020 en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires. No fueron episodios aislados, sino que se montó un esquema sostenido que articuló la captación de pacientes, la manipulación de registros médicos y la facturación de prestaciones inexistentes o infladas. El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. En sus últimas medidas, el fiscal se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19. Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez.En este caso, aparecen tres "nodos" de imputados: funcionarios del PAMI, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni). Las fuente consultadas precisaron que dos de los exjefes del PAMI imputados formalmente son Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes. Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o "retornos" millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema.Cómo operabanLa defraudación se materializaba principalmente a través de la sobrefacturación y la carga de conceptos ficticios en el sistema interactivo de PAMI. Es decir, se indicaba que un paciente había recibido tratamientos o medicamentos inexistentes. Para facilitar este proceso, la familia Cerezo diseñó un sistema informático denominado SIRA (Sistema Interactivo Rafael Arcángel), que permitía migrar datos de forma masiva y cargar prestaciones que nunca se habían realizado. Las auditorías posteriores revelaron inconsistencias alarmantes en las historias clínicas de los pacientes. En una muestra de 188 casos analizados de un universo de más de 2500, se detectaron 123 expedientes con irregularidades graves en la facturación de días de internación en terapia intensiva (UTI) o unidad coronaria (UCO).Los pacientes figuraban internados en camas de alta complejidad cuando, en realidad, se encontraban en salas comunes con costos operativos mucho menores, o incluso ya habían sido dados de alta.La operatoria requería una capa intermedia que permitía intervenir sobre los circuitos administrativos y garantizar volumen en la derivación de pacientes. Ese rol lo cumplía la familia Cerezo, encargada de gestionar los vínculos con funcionarios, diseñar los mecanismos de carga de datos y coordinar la operatoria diaria.Uno de los dispositivos centrales fue la creación de una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por afuera de los canales formales del PAMI. Esta estructura funcionaba de manera permanente y permitía direccionar afiliados hacia los sanatorios involucrados, alterando el sistema de asignación. Las comunicaciones relevadas en la investigación â??más de 15.000 entre llamadas y mensajesâ?? evidencian que las decisiones sobre el destino de los pacientes no respondían a criterios médicos, sino a la conveniencia económica del esquema. A través del mecanismo SIRA, se registraban internaciones en unidades de terapia intensiva o coronaria que no se correspondían con la realidad clínica de los pacientes. Auditorías posteriores detectaron que, en una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades graves, con pacientes que figuraban en camas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían sido dados de alta. La sobrefacturación no se limitó a internaciones. También incluyó estudios y prácticas médicas. Se documentaron casos en los que se facturaron decenas de electrocardiogramas, sesiones de kinesiología o procedimientos complejos sin respaldo en historias clínicas. La manipulación de estos registros era parte del funcionamiento regular: empleados administrativos, sin formación médica, modificaban los datos para ajustar la facturación mensual a los objetivos económicos de la organización.El tamaño del desfalcoEl volumen económico del esquema fue significativo. Solo en el concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores actualizados a enero de 2026. A esto se suman las prácticas individuales infladas o ficticias, lo que amplía el impacto total sobre los recursos del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados. Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales.El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura. La organización, además, contaba con cobertura legal interna. Una abogada vinculada al grupo intervenía en el diseño de estrategias para afrontar auditorías o eventuales investigaciones, lo que permitía ajustar la operatoria y reducir riesgos. Este componente evidencia que el esquema no solo estaba orientado a maximizar ganancias, sino también a sostenerse en el tiempo.En el plano judicial, el fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos. Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza ahora sobre la base de esa reconstrucción, con un volumen probatorio que incluye comunicaciones, registros contables, auditorías médicas y documentación administrativa, y con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas por la Justicia.
Vuelos a Punta del Este: la Justicia pidió nuevos informes sobre los contratos del amigo de Adorni con la TV Pública
Buscan determinar qué ingresos le generaron a la productora de Marcelo Grandío y qué funcionarios intervinieron. Según testigos, el periodista habría pagado viajes en avión privado del jefe de Gabinete
Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: "Deben responder ante la justicia"
Un grupo irrumpió con proclamas hostiles el Viacrucis de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, situación que llevó al cabildante a presentar una denuncia penal
El ex futbolista que fue el dueño original del departamento que compró Manuel Adorni declaró en la Justicia cómo fue la venta
Hugo Morales se presentó en la Justicia y dijo que dos jóvenes le hicieron una oferta por US$ 200.000 dólares y que luego escrituraron las dos jubiladas.Son las mismas que le prestaron los fondos al jefe de Gabinete.
Escándalo en la AFA: la Justicia revela desvíos millonarios y pagos a la empresa ligada a Tapia y Toviggino
Una resolución del juez Luis Armella expone un entramado de presuntas maniobras de corrupción dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, que incluye pagos a empresas vinculadas a los dirigentes y la utilización de estructuras offshore para ocultar dinero
La Justicia revocó la cautelar que suspendía el artículo 55 de la reforma laboral y reabre el debate sobre las indemnizaciones
El fallo considera que la suspensión general podía perjudicar a trabajadores de algunas provincias. La discusión de fondo sobre la constitucionalidad se definirá en la sentencia definitiva. Leer más
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la aplicación selectiva de la amnistía en Venezuela genera vulnerabilidad
La organización se refirió al caso del periodista Rory Branker, a quien se le negó la medida
La Justicia investiga a Mariano Páez por el video con gestos racistas y presunta autoincriminación
La fiscal Victoria Ledesma abrió una investigación de oficio tras la viralización de imágenes en las que el empresario, padre de Agostina Páez, se atribuye presuntos vínculos con delitos como usura y narcotráfico y reproduce gestos racistas. El caso profundiza la dimensión estructural de una trama que ya tenía repercusión internacional.
Albares dice sobre el juicio a Ábalos que "es el momento de la justicia" y destaca la contundencia del PSOE
El Gobierno oficializó la recompensa de $20 millones por datos sobre el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia
El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards. Chile reclama hace años su extradición para poder juzgarlo
Qué se celebra el 7 de abril en el Perú: un mosaico de memoria, justicia y transformación social
La conmemoración de múltiples hitos ocurridos el 7 de abril permite analizar cómo los caminos del Perú han sido marcados por figuras, tragedias y decisiones que redefinieron el rumbo nacional y sus valores fundamentales
Derecho Internacional y justicia, los cimientos de una paz duradera
Casi una premonición. En una columna de opinión publicada unos meses atrás en LA NACION, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti se refería al caso venezolano en estos términos: "â?¦luego de que con la mejor intención principista el Tratado de Roma creó la jurisdicción universal para los delitos contra los derechos humanos, ya ningún dictador estará proclive a acordar una salida pacífica por más 'justicia transicional' que le ofrezcanâ?¦". Por ello -concluía-, "mientras las bayonetas sustenten a Maduro, no habrá solución". Semanas después, Trump extirpaba del Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro y lo depositaba en las cortes de Nueva York.En ese artículo (titulado "También algunas verdades molestas"), el prestigioso político uruguayo justificaba los acosos militares del gobierno de Trump sobre la dictadura venezolana poniendo sobre el tapete un asunto de ardua interpretación ética y legal, cuyo alcance podría delimitarse a partir de las siguientes reflexiones: cuando un régimen dictatorial se instala en el poder y se aferra a él, vulnerando flagrantemente derechos humanos propios y ajenos, o amenazando la paz regional o global, ¿es legal y éticamente aceptable que los países potencialmente afectados ejerzan sobre aquel presiones militares o comerciales por fuera de los mandatos y procedimientos de los organismos y tratados internacionales?, ¿o que ofrezcan a los dictadores beneficios excepcionales (indultos, inmunidad, exilios en condiciones privilegiadas, etc.) para favorecer su salida, en el marco de lo que (no sin contradicción) algunos dan en llamar "justicia transicional"?, ¿o, ya en forma más drástica, que los capturen o los maten bajo el pretexto de evitar un mal mayor? ¿O deben los países, por el contrario, atenerse siempre y bajo cualquier circunstancia a las normas y principios del derecho -tanto nacional como internacional-, sean cuales fueren las consecuencias, incluyendo, entre ellas, la prolongación del régimen opresor en el territorio y la irremediable afectación de los derechos humanos de sus habitantes y potenciales enemigos?El gobierno de Donald Trump no ha mostrado dudas frente a estos dilemas. Es cierto que los casos de Venezuela y de Irán tienen diferentes grados de relevancia y de amenaza real, tanto para los Estados Unidos como para la paz mundial, pero también es cierto que en ambos los Estados Unidos han actuado en forma unilateral e inconsulta, por fuera de los procedimientos y consensos que marcan los organismos y tratados internacionales vigentes. Es por ello que (más allá del deseo evidente de ver caer regímenes totalitarios y sanguinarios) las últimas acciones militares norteamericanas han motivado, a lo largo y ancho del planeta, un clamor unánime de respeto por el derecho internacional.A lo largo de la historia, los actores políticos que en situaciones similares han promovido o avalado acciones compulsivas por fuera de las normas del derecho han esgrimido justificaciones de índole práctica ("no habría otra forma realista de poner fin al régimen impugnado") y otras -presumiblemente- éticas ("se evita que el dictador y sus cómplices continúen en su cargo y cometan más crímenes"), a partir de las cuales justificaron la opción por un mal ineludible (un debilitamiento presuntamente excepcional y momentáneo de la legalidad) en pos de un bien mayor (la restauración de la democracia, el cese en la afectación de derechos). En otros casos, y pese al cinismo de ciertas declaraciones, el accionar unilateral exhibía una jugada o posicionamiento en el terreno del poder global, o incluso, y más directamente, el apoderamiento de recursos estratégicos en poder de terceros.Ahora bien, los beneficios tangibles que el pragmatismo referido podría aportar al mundo en el corto plazo esconden consecuencias gravosas hacia el futuro. Y esta consideración aplica tanto a la solución militar directa (impulsada por Trump en Venezuela y mañana eventualmente aplicadas por Xi Jinping en Taiwán o por cualquier otro poderoso de la Tierra allí donde proclame afectados sus intereses) como a las propuestas transicionales que renieguen del orden jurídico internacional, cuyo establecimiento y vigencia guardan como razón de ser no solo su poder coercitivo basado en el consenso de las naciones, sino también su carácter ejemplificador y disuasivo frente a conductas futuras que pretendan ignorarlo.Las consecuencias de no respetar ese orden que tanto esfuerzo costó construir están hoy a la vista, a punto tal que el gobierno de Trump, no satisfecho con lo hecho en los últimos meses, ya ha amenazado con ejecutar operaciones del mismo calibre en Cuba, Colombia o México, a la vez que ha insinuado la apropiación de Groenlandia. Acciones similares podrían tener lugar a lo largo y ancho del planeta, con justificaciones "a medida" proclamadas por los más disímiles actores del poder global.Esta reivindicación del derecho internacional está muy lejos de la pretensión de construir una defensa o justificación de regímenes tiránicos que, como en el caso de Venezuela e Irán, han cometido horrendos crímenes y producido daños irreparables a sus víctimas. No solo las Naciones Unidas, sino también los más altos líderes de Occidente e intelectuales de todo el mundo han hecho sonar sus alarmas frente a la posible escalada de los recientes conflictos. Cierto es, debe advertirse, que no se ha puesto el mismo énfasis para exigir la reformulación de un sistema que se ha mostrado obsoleto, burocrático e impotente frente a las amenazas crecientes contra los derechos humanos. Pero esa realidad, palpable, no puede llevarnos a desconocer los procedimientos y reglas del derecho internacional ni la necesidad de encontrar consensos ni la de continuar buscando incansablemente la paz. Especialmente -y no es una paradoja- cuando un régimen o un tirano amenazan con fuerza los principios que llevaron a la creación de la comunidad de las naciones.Poco antes de los resonantes sucesos referidos, y en el marco de un homenaje a los jueces que juzgaron a la Junta Militar, el presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, Dr. Horacio Rosatti, realzaba aquella virtud que debe guiar en todo momento a los magistrados y que reclama -sean cuales fueren las amenazas del contexto reinante- "vivir y actuar con la convicción de hacer siempre lo correcto".En esa misma ocasión, Rosatti evocó los tumultuosos sucesos de la Revolución Francesa y la indignación de un Maximilien Robespierre que se mostraba inquieto y presuroso por ejecutar, sin juicio previo, al rey depuesto. Fue entonces, parafraseó Rosatti, cuando proclamó ante la Asamblea: "Ustedes apelan a los procedimientos porque no tienen principios", cuando la realidad del momento indicaba y exigía lo contrario: debían respetarse más que nunca los procedimientos, para honrar los principios que habían inspirado la Revolución y lograr un cambio definitivo. Luis XVI fue finalmente condenado y muerto bajo el filo de la guillotina, pero luego de un juicio justo en el cual se respetó su derecho de defensa. Fue así que aquella Revolución sembró la semilla de la democracia moderna.La moraleja es tan simple en su enunciado como compleja en su instrumentación: es en los momentos más difíciles de la historia que los procedimientos y las leyes deben ser plenamente respetados, aun (o más aun) cuando los principios y valores que afectan la paz y los derechos humanos se encuentran bajo graves amenazas o cruentos ataques. Solo así podrá obtenerse verdadera justicia, solo así podrán cimentarse las bases de una paz duradera.
El Gobierno de Salta ofrece $10.000.000 por "Camboya", un peligroso prófugo de la Justicia
El Gobierno de la provincia de Salta ofrece una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información relevante y verificable que permita dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, conocido como "Camboya", quien se encuentra prófugo de la Justicia desde el sábado 4 de abril, luego de escaparse de la Alcaidía local.Según consignó el diario local El Tribuno, Peloc estaba detenido en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. La millonaria suma para dar su paradero fue establecida mediante el Decreto provincial N° 178.La normativa establece que no pueden acceder a la recompensa funcionarios públicos ni personas que pertenezcan o hayan pertenecido a fuerzas de seguridad o a organismos de inteligencia del Estado, señaló El Tribuno.El perfil de "Camboya"Jonatan Jordan Peloc protagonizó uno de los casos más violentos registrados en los últimos tiempos en territorio salteño. Un joven de 24 años fue asesinado en medio de un tiroteo en plena vía pública, en un contexto que generó fuerte conmoción social. Hasta el momento no se informó oficialmente cómo logró escapar."Camboya", de 41 años, ya había encendido alarmas antes de su última detención: había estado prófugo durante más de un año con pedido de captura nacional e internacional, señaló el medio local. El sábado, Peloc se fugó con otro interno, quien fue recapturado horas más tarde, ubicando a "Camboya" como el principal foco de búsqueda por parte de la policía local. El operativo para dar con el paradero del delincuente incluye activos controles en rutas, patrullajes en la ciudad de Salta y análisis de cámaras de seguridad distribuidos en distintos puntos de la provincia.
La Justicia desestimó una denuncia contra Ricardo Quintela por inexistencia de delito
A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de La Rioja se refirió al fallo y cuestionó el uso de la Justicia en el marco de disputas políticas. En la causa se lo acusaba de delitos como intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.
Le dijeron que no podía criar a su hija por su discapacidad intelectual, pero la Justicia fijo otro criterio y le designó apoyos
¿Qué pasó? La Justicia decidió que una mujer de 38 años con discapacidad intelectual, madre de una nena de 4 años, podrá criar a su hija pero deberá hacerlo con el apoyo de sus padres. Es decir, los abuelos de la niña. Previamente, los padres de la mujer habían iniciado un juicio para que la Justicia determinara la capacidad jurídica de su hija cuando ella estaba embarazada. En la sentencia, el juez decidió, además, suspenderle el derecho de criar a su hija, pero un tribunal de apelación revocó esa decisión. ¿Por qué es importante? El caso expone las dificultades que tienen las personas con discapacidad para ser consideradas capaces de tomar decisiones de manera autónoma. Este derecho está protegido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Puntualmente, en su articulo 19, establece el derecho a la vida independiente y la obligación del Estado de garantizar los apoyos que la persona necesite para alcanzar su autonomía. Otros reclamos. No es la primera vez que personas con discapacidad tienen que recurrir a la Justicia para poder ejercer derechos elementales que hacen a su vida autónoma. Es lo que tuvo que hacer Clara Goitía, una mujer de 41 años con parálisis cerebral, para que la Justicia dejara sin efecto una sentencia de 2006 que la había declarado insana y le había quitado el derecho de tomar sus propias decisiones. En 2019, Clara logró revertir esa situación después de un juicio que llevó más de dos años. "La sociedad sigue sin tenernos en cuenta. Hay prejuicios y desconocimiento sobre muchas discapacidades", dijo clara el año pasado durante una entrevista. También es lo que tuvo que hacer en 2025 Mateo Valente, un joven de 18 años con síndrome de Down. Tuvo que denunciar que un juez había resuelto su pase de una escuela común a una especial sin haber tenido en cuenta su deseo de seguir estudiando en un colegio común, negándole el derecho a una educación inclusiva. La Justicia revirtió el fallo el año pasado."Gracias señor juez, voy por mi título", le escribió Mateo al magistrado una vez que consiguió vacante en una escuela común, según le contó a LA NACION apenas retomó las clases en marzo pasado. View this post on Instagram La duda que llevaron a la Justicia. En 2020, los padres de la mujer, de 38 años, vecina de la ciudad de Buenos Aires y con discapacidad intelectual entre leve y moderada, se enteraron de que su hija estaba embarazada. Fue ahí cuando iniciaron un trámite judicial para que la Justicia determinara la capacidad jurídica de su hija. La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil N° 102.El objetivo del proceso era definir qué acciones de la vida cotidiana podía ejercer la mujer de manera autónoma y cuáles no. Para hacerlo, intervinieron peritos especializados. Durante todo el juicio intervino la Defensoría Curaduría N°4 para ejercer la defensa técnica de la mujer.Tras conocer a su defendida, la Defensoría pidió que se le otorgaran apoyos para que pudiera maternar a su hija, nacida en 2021, porque tenía ciertas dificultades para hacerlo en forma autónoma. Estos apoyos, sugirieron, podían ser los padres de la mujer, quienes vivían con ellas."Al pedir apoyos para la mujer, no estábamos pidiendo nada descabellado. Todas las personas que ejercen la tarea de criar y cuidar a sus hijos necesitan ayuda en algún momento", sostiene Agustín Rivero, el defensor público coadyuvante a cargo de la Defensoría Pública Curaduría N° 4. El fallo que la inhabilitó como madre. El fallo se conoció en junio de 2025 y suspendió el ejercicio de la función parental de la mujer sobre su hija, otorgándosela a los abuelos de la niña. Esto significaba que la pareja podía tomar decisiones sobre la vida de su nieta sin consultar a su hija, la madre de la niña. En el fallo, el juez sostuvo que no estaba previsto que la responsabilidad parental, es decir, el acto de criar y cuidar a los hijos, pudiera ejercerse con apoyos. "Me pareció drástico y duro el fallo", reconoce el defensor. En su sentencia, el juez también le restringió la posibilidad de tomar decisiones básicas sobre su propia economía: ya no podía manejar su dinero, cobrar un beneficio previsional, pedir un crédito ni firmar un contrato por sí misma.Una decisión "desproporcionada". La Defensoría sostuvo que la suspensión de la función parental era desproporcionada, ya que suele tomarse ante casos extremos. Sin embargo, la madre de la niña tenía diagnóstico de discapacidad intelectual entre leve y moderada. También añadió que el fallo era discriminatorio y perjudicial tanto para la mujer como para su hija. Y recordó que, según lo dispuesto por la Convención, todas las personas tienen derecho a contar con apoyos y ajustes razonables para llevar adelante las acciones y funciones que hagan a su cotidianidad. ¿Cuándo se resolvió el caso? En febrero de este año, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a la apelación y le restituyó a la mujer el derecho de criar a su hija. Además designó a sus padres, es decir, los abuelos de la niña, como apoyos para esa tarea. En la sentencia de segunda instancia puede leerse que "no existe en la actualidad impedimento suficiente para disponer la suspensión de tal derecho". Cuáles son las barreras que les impiden ejercer derechos. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Sin embargo, en los hechos, existen barreras físicas, económicas y culturales que, muchas veces, les impiden ejercerlos. Para muchas de estas personas, estudiar o trabajar, por citar solo dos derechos elementales, son sueños difíciles de alcanzar. Dos datos resultan muy gráficos: solo el 9% de las personas mayores de 18 años o más con CUD tiene un trabajo formal. Mientras que cerca del 40% de los chicos con discapacidad estudian segregados en escuelas especiales.Más informaciónSi querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapacidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.
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