justicia
De amparos a sentencias sin cumplir: así logró 'El Jardinero' del CJNG burlar la justicia más de una vez
A tres días de su última captura, un juzgado federal concedió a Audias Flores Silva la suspensión contra su extradición a EEUU
Caso Fernando Báez Sosa: los rugbiers condenados recibieron un nuevo revés de la Corte Suprema de Justicia
Lucas Pertossi, uno de los condenados, afirmó: "No fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos". Leer más
El Luna Park no se toca: la Justicia porteña frenó la remodelación impulsada por DF Entertainment
La Cámara de Apelaciones dispuso la paralización total de cualquier trabajo constructivo o de demolición hasta que se dicte una resolución definitiva.La empresa que tienen el manejo del mítico estadio de box, que está cerrado desde hace más de un año, deberán esperar tras un nuevo revés por parte de la Justicia.
"El régimen venezolano sí tortura": la denuncia del gendarme Nahuel Gallo ante la Justicia argentina
"Este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio", remarcó Gallo. Leer más
Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida
La nueva legislación establecerá protocolos oficiales para la localización inmediata de desaparecidos, priorizando la protección de menores, sin distinción de origen ni condición y bajo el principio de presunción de vida en todo momento
La Justicia ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo en la causa por coimas en la Andis
La Justicia ordenó la realización de peritajes en los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que una voz, que sería la del exfuncionario, hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia. Según pudo saber LA NACION, el peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina con el objetivo de corroborar "la veracidad de los audios".Este martes, Spagnuolo evitó declarar durante la ampliación de su indagatoria en la causa. Allegados al exfuncionario indicaron que "no declarará hasta que no se realice la pericia", de los audios.La postura del extitular de Andis y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de aquellas grabaciones podría comprometer a la causa por entero.Noticia en desarrollo
Por segunda vez la Justicia confirmó la elevación a juicio de Pablo Laurta por doble femicidio
La Cámara de Acusación rechazó los planteos de la defensora del hombre acusado de planear y ejecutar el crimen de su expareja y de su exsuegra. También es investigado en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Palacio. Leer más
El Consejo de la Magistratura aprobó 15 ternas para cargos clave en la Justicia y define el Plenario
Las ternas corresponden a seis concursos para cubrir cargos en Comodoro Py, el fuero Penal Económico y juzgados federales del país. La definición final quedará en manos del Plenario en las próximas semanas. Leer más
El crimen de Fernando Báez Sosa: revés en la Corte Suprema de Justicia para los condenados
La Justicia acaba de darles malas noticias a siete de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La Corte Suprema rechazó una serie de recursos de queja presentados por sus defensas.Según informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi."El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable", sostuvieron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.El máximo tribunal también rechazó un plantel presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsen, porque el "recurrente" no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, condenó a la pena de prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli, quienes fueron hallados culpables de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves", esto último por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima â??Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facioâ?? y las defensas de los ocho condenados.El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un "homicidio en riña o agresión", para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.
Triple crimen de Florencio Varela: trasladan a "Pequeño J" desde Perú y será indagado por la Justicia de Morón
Tony Janzen Valverde Victoriano (20) llegará este lunes 4 de mayo de su país natal, donde fue capturado a fines de septiembre del año pasado.El martes 5 será llevado ante el juez que investiga los homicidios de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).
"El régimen venezolano sí tortura": Nahuel Gallo se presentó ante la Justicia e hizo un duro relato de su detención en Venezuela
El gendarme, que pasó es querellante en la causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad que tramita en el juzgado federal N°2 de Sebastián Ramos.Según la ONG Foro Penal, todavía hay 454 presos políticos, incluido el abogado argentino Germán Giuliani, en Venezuela.
Nahuel Gallo declaró ante la Justicia por las torturas que denunció haber sufrido en Venezuela
El gendarme argentino relató en sede judicial lo que vivió durante los 448 días que estuvo detenido. Busca ser reconocido como víctima directa en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo.
Nahuel Gallo denunció en la Justicia las torturas que sufrió en Venezuela: "Di un paso que me costó mucho"
El gendarme Nahuel Gallo denunció este jueves por primera vez ante la Justicia Federal las "torturas" que sufrió durante sus 448 días de detención en Venezuela, en un paso que describió como "doloroso" pero necesario para exigir "justicia" por todos los extranjeros y venezolanos que siguen detenidos por el régimen chavista.Noticia en desarollo
El general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, sería imputado por acoso sexual: Corte Suprema de Justicia radicó solicitud
El alto oficial hizo uso del buen retiro luego de que se anunció su salida de la institución días antes de que el presidente Gustavo Petro asumiera el mando del país, en 2022
La justicia avaló Vicuña y el congreso avanza para blindar una inversión de usd 18.000 millones
El fallo judicial que garantiza la continuidad operativa y el impulso de leyes en el Congreso consolidan un marco legal claro para uno de los proyectos mineros más importantes de la Argentina. Leer más
Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula
La causa por el derrumbe de la cochera, que ocurrió el 3 de marzo, fue recaratulada como estrago culposo agravado. Leer más
La Justicia rechaza una macrocausa sobre los casos de muertes en residencias durante la pandemia
Justicia, el huevo de la serpiente
La designación de jueces no es un trámite administrativo. Es uno de los actos más delicados del poder político en una república. No se trata de cubrir vacantes ni de distribuir cargos: se trata de decidir quién tendrá, en última instancia, la potestad de controlar al propio poder.Por eso mismo, el estándar que debe guiar la selección de candidatos no puede ser otro que el de la excelencia. Excelencia técnica, independencia de criterio y una trayectoria personal que no deje dudas sobre su compromiso con la vigencia del Estado de Derecho.Sin embargo, noticias recientes siembran una inquietud legítima. El Poder Ejecutivo ha elevado al Senado un número significativo de postulaciones que incluyen personas vinculadas â??de manera más o menos directaâ?? con espacios políticos que, cuando ejercieron el poder, promovieron iniciativas destinadas a erosionar la independencia judicial.A ello se suma un dato no menor: las propias explicaciones oficiales parecen moverse en un terreno resbaladizo. Se niega la filiación política de algunos candidatos, se relativizan antecedentes conocidos o se los atribuye a decisiones circunstanciales o, incluso, involuntarias. Ese tipo de justificaciones, lejos de despejar las dudas, las agrava.El problema no es que los jueces tengan ideas. Nadie sensato podría pretender una judicatura carente de convicciones. Pero hay una diferencia esencial entre tener ideas y haber estado vinculado a proyectos políticos que, en los hechos, buscaron someter la Justicia a los intereses del poder. Esa diferencia es la que el Ejecutivo no puede permitirse ignorar. Lo que está en juego no es una coyuntura ni una interna política. Es la arquitectura institucional del país. Nombrar jueces con antecedentes que suscitan dudas razonables sobre su independencia no es un error menor: es incubar, silenciosamente, el huevo de la serpiente. Y la metáfora no es exagerada.Los procesos de deterioro institucional no comienzan con grandes rupturas, sino con pequeñas concesiones: decisiones que, consideradas aisladamente, pueden parecer justificables, pero que, acumuladas, terminan debilitando los cimientos del sistema.Se dirá que el Senado ejercerá su control. Es cierto. Pero ese control no sustituye la responsabilidad primaria del Ejecutivo: proponer candidatos que estén por encima de toda sospecha. La prudencia, en este terreno, no es una virtud. Es una obligación, más aún cuando el propio proceso de selección aparece atravesado por disputas internas, filtraciones y cuestionamientos cruzados, que trasladan a la esfera judicial las tensiones de la política partidaria. La Justicia no puede convertirse en el campo de batalla de esas disputas.Y, por si fuera poco, a todo ello se suma una cuestión igualmente inquietante: la idoneidad específica de algunos postulantes. No basta con ser abogado, ni siquiera con tener experiencia en el Estado. La función judicial â??y más aún en instancias de apelaciónâ?? exige una especialización que no puede improvisarse. Cuando se propone a un candidato sin trayectoria clara en la materia para integrar un tribunal altamente técnico, la impresión es inevitable: no estamos ante una selección, sino ante una colocación. Y las colocaciones, en materia judicial, se pagan caro.En ese contexto, es muy preocupante que aparezca como un hecho consumado que se prescindirá de dos jueces capaces y probos que integran desde hace tiempo la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Nos referimos a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi. Es sabido que, durante el gobierno de Alberto Fernández se los seleccionó solo a ellos para revisar el mecanismo por el cual ocupaban su cargo, originado en un traslado desde otro puesto dentro del fuero federal, pero con similar jerarquía. En esa situación se encuentran decenas de magistrados que el Ejecutivo de entonces jamás buscó revisar. En ese momento, fue claro que ese intento de remoción respondió a que los nombrados habían dictado fallos contrarios a los intereses de Cristina Kirchner. Tiempo después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que determinó que la institución del traslado en sí misma era válida, por lo que la remoción buscada era ilegítima. Pero al mismo tiempo, la Corte indicó que sería necesario abrir concursos para todos los magistrados trasladados y posibilitar así su designación permanente. El Consejo de la Magistratura desoyó el fallo de la Corte, pues los únicos concursos que avanzaron respecto de jueces "trasladados" fueron aquellos para cubrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi. Quien tiene en sus manos la facultad de proponer jueces debe ejercerla con conciencia de sus consecuencias. No basta con cumplir las formalidades. Es necesario honrar el espíritu de la Constitución.Porque la independencia judicial y la calidad de quienes integran ese Poder del Estado no se declama: se construye. Y, sobre todo, se preserva. Y esa preservación comienza mucho antes de la aprobación de un pliego. Comienza en el momento â??decisivoâ?? en que se eligen los nombres.Una vez que el huevo se incuba, ya es demasiado tarde para preguntarse qué saldrá de él. Y, cuando finalmente se abre, ya no hay discurso que alcance: sólo queda convivir con sus consecuencias. Y pagarlas.
La CGT contraataca en la Justicia por la ley de reforma laboral
En vísperas de su anunciada movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) contraatacó en la Justicia para buscar anular la vigencia de esa norma.La central obrera planteó una batería de recursos para evitar que la jueza contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez resuelva si es constitucional o no la norma. La CGT anunció que acudirá a la Corte Suprema para que la causa quede en la Justicia del Trabajo.La batalla judicial por la ley de reforma laboral que impulsó el Gobierno se transformó en un laberinto procesal.La CGT desplegó una triple ofensiva que incluye una declaración de guerra al fuero Contencioso Administrativo, un planteo de competencia entre tribunales y una denuncia contra los camaristas laborales que fallaron a favor de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, al dejar la ley en vigor.El apoderado de la CGT, Pablo Arnaldo Topet, se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ayer se declaró competente para resolver en el caso.Allí, hizo reserva formal para interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, para atacar la decisión de la Sala IV del tribunal de arrogarse la competencia de la causa.Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados.En su presentación, la CGT se apoyó en pactos internacionales y en jurisprudencia acerca de qué normas laborales deben ser interpretadas por la Justicia Nacional del Trabajo. En caso de que se rechacen sus planteos de nulidad y recusación contra la jueza contencioso Macarena Marra Giménez, los abogados dijeron que acudirán a la Corte por la existencia de "grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional, como de no discriminación, libertad sindical, defensa en juicio y derecho al debido proceso".Mientras tanto, el juez del trabajo Raúl Ojeda, que suspendió la vigencia de 81 artículos de la reforma laboral, dijo que si bien tomaba nota del fallo del fuero contencioso que le sacó la causa, armó un incidente y elevó el asunto a su propio tribunal superior: la Cámara del Trabajo.El objetivo es que sea esta Cámara Laboral la que resuelva no solo el conflicto de competencia, sino también las apelaciones pendientes sobre las medidas cautelares dictadas en su momento. De este modo, se consolida el choque de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal que, a la larga, definirá la Corte Suprema. Pero la CGT presentó además un escrito en la Cámara del Trabajo, donde señala que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, que suspendieron el fallo del juez Ojeda, prejuzgaron al dejar vigente la ley de reforma laboral.Atacaron particularmente a Pesino porque dijeron que está inmerso en un conflicto de intereses. Argumentaron que la imparcialidad del juez Pesino está viciada por haber "recibido un beneficio de importancia por el Estado Nacional". Es que el Gobierno comenzó los trámites para enviar el pliego del juez Pesino al Senado para que le otorguen un nuevo acuerdo por cinco años más, ya que el 27 de julio cumple 75 años, fecha en la que debería jubilarse. El escrito detalla que un día después de que Pesino fallara a favor de la reforma laboral del Gobierno (suspendiendo la cautelar que la frenaba), el Ministerio de Justicia de la Nación publicó en el Boletín Oficial la propuesta oficial para extenderle su cargo.Para la CGT, esto representa un inaceptable intercambio de favores. Además del pedido de recusación por este gesto del Gobierno, la central obrera recusó a Pesino y González por prejuzgamiento. Los acusan de haber dictado fallos carentes de fundamentos razonables y de haber ignorado la vulnerabilidad social de los trabajadores y el carácter alimentario de sus derechos al darle aire a la reforma de Javier Milei.
Le hicieron cesárea hace ocho meses y quedó postrada porque le dejaron una gasa dentro del cuerpo: esposo pide justicia
Un procedimiento quirúrgico realizado en septiembre resultó en serias complicaciones para una paciente de diecinueve años, cuya movilidad quedó comprometida luego de una segunda intervención donde se halló material olvidado en el abdomen
La Justicia empezó a escrutar los gastos e ingresos de Adorni con un organismo especializado de la Procuración
El fiscal Gerardo Pollicita pidió la colaboración de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, que hará los cálculos para saber si los movimientos financieros del jefe de Gabinete están justificados
Nuevas imágenes de Cole Allen previo al tiroteo de Washington: qué datos presentaron en la Justicia de EEUU
Los fiscales de la causa expusieron nuevos hallazgos de la previa al intento de magnicidio contra Donald Trump. El memorándum cuenta con fotografías del acusado, anotaciones y otros cargos que enfrenta.
La Justicia de la Seguridad Social rechazó un recurso y la ANSES deberá pagarle la pensión de privilegio a Cristina Kirchner
Lo jueces no accedieron al pedido de llevar el caso ante la Corte Suprema, luego de que, hace dos meses, habían ordenado que se le restituyera una prestación previsional a la expresidenta. Se trata de una medida hasta que se resuelva el planteo de fondo
La Justicia rechazó un recurso y la Anses deberá pagarle una pensión de privilegio a Cristina Kirchner
Por dos votos contra uno, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso extraordinario presentado por la Anses en febrero último y, en consecuencia, el organismo deberá abonarle una varias veces millonaria prestación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, tras ser condenada por corrupción en la causa Vialidad. En noviembre de 2024, último mes en que se pagó, el ingreso en cuestión fue, en mano, de casi $12,5 millones.En febrero pasado, la justicia previsional dio lugar, en un fallo de segunda instancia, a una medida cautelar solicitada por la exfuncionaria, para volver a cobrar la pensión que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Lo pidió como medida provisoria, en tanto se resuelve el juicio en el que reclama la restitución tanto de esa pensión, como también de la asignación vitalicia antes percibida en calidad de expresidenta.En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja los dos beneficios, luego de que CFK fuera condenada por la Cámara de Casación Penal Federal, que la consideró "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Iniciado un litigio para recuperar ambos pagos, CFK pidió una cautelar para cobrar, mientras sigue el trámite, una de las dos prestaciones. El pedido fue rechazado en un primer momento por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, de la Sala III de la cámara previsional, lo admitieron, alegando cuestiones alimentarias. Tras esa decisión, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses, presentó un recurso extraordinario, para que la causa llegara a la Corte Suprema de Justicia. Eso fue negado hoy por decisión de los jueces Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la mencionada Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Gobierno.El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 -cuando las dio de baja una resolución del entonces director de la Anses, Mariano de los Heros- incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que era de público conocimiento que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal.Se da por descontado que, con CFK cumpliendo prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, el adicional no será repuesto. Sin considerar ese plus, el monto cobrado en particular por la prestación que los jueces ordenaron reponer fue, 17 meses atrás, de $9.658.606,27. Fuentes cercanas al caso estimaron en una cifra similar lo que se debería pagar a causa de la medida cautelar. No obstante ello, este tipo de prestaciones tiene actualizaciones según mecanismos que no son públicos.Ambos ingresos, cobrados hasta noviembre de 2024 (la asignación vitalicia por expresidenta y la pensión por el también expresidente Néstor Kirchner), surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.En la sentencia de la Cámara previsional que en febrero de este año admitió el pedido de CFK, se sostuvo que "corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo" (en referencia a la resolución de la Anses que dispuso la baja). El escrito agrega que esa decisión administrativa "priva a la actora de ingresos de naturaleza alimentaria".Noticia en desarrollo
Tres familias denuncian presunto abuso sexual en un colegio de Córdoba: la Justicia acumula meses sin avances
Las víctimas son niñas y niños de 4 y 5 años. Las denuncias fueron radicadas en octubre del año pasado y dos fiscalías no lograron avances significativos. Mientras tanto, la institución sigue funcionando. Leer más
La Justicia le ordenó al Estado pagarle más de $2500 millones a Tecpetrol por el recorte de subsidios del Plan Gas de Vaca Muerta
La justicia federal le dio la razón a Tecpetrol en el litigio más largo que dejó la resolución 46, el esquema de subsidios al gas que el gobierno de Mauricio Macri creó en 2017 para incentivar la producción no convencional en Vaca Muerta. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 declaró la nulidad de las resoluciones con las que la Secretaría de Energía recortó los pagos que le correspondían a la empresa del grupo Techint por su producción en Fortín de Piedra. Además, le ordenó al Estado abonarle $2553 millones en concepto de compensaciones adeudadas por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, más intereses. El fallo, firmado el lunes por el juez Enrique Lavie Pico, todavía puede ser apelado.El origen del conflicto es una de las paradojas más llamativas del desarrollo de Vaca Muerta. La resolución 46 garantizaba a las empresas adheridas un precio mínimo por el gas no convencional producido, con la idea de estimular inversiones en una formación que por entonces era considerada promisoria pero cara. Tecpetrol invirtió alrededor de US$1700 millones en Fortín de Piedra y, para fines de 2018, producía 14 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d): el 12% de la producción nacional de ese entonces, desde una producción prácticamente nula dos años antes. El yacimiento terminó de confirmar que la productividad de Vaca Muerta era mayor a la que se creía e incluso el gobierno de Macri llevaba los datos de producción al exterior para incentivar inversiones en la cuenca neuquina."El éxito nos condena", circulaba como frase en el sector. El problema fue exactamente ese. La mayor oferta de gas hizo caer el precio de mercado, lo que amplió la brecha con el precio mínimo garantizado. El costo fiscal del programa se disparó muy por encima de lo previsto, en un contexto en el que la gestión económica de Nicolás Dujovne buscaba cumplir la meta de déficit cero exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019.Ante ese escenario, en diciembre de 2018 la Secretaría de Energía, que estaba a cargo de Gustavo Lopetegui, dictó una serie de resoluciones que limitaron retroactivamente los pagos de Tecpetrol, invocando un tope que no había sido explicitado en la resolución 46: las compensaciones, según el nuevo criterio oficial, se calcularían solo sobre los volúmenes de producción proyectados por la empresa al momento de adherirse al programa â??la llamada "curva original"â??, y no sobre la producción real. La diferencia era enorme: mientras la proyección original estimaba un pico de 8,5 millones de metros cúbicos diarios, la producción real llegó a casi el doble.El juez Lavie Pico rechazó de plano ese argumento. La resolución 46 definía a la "Producción Incluida" como "la totalidad de la producción mensual de Gas No Convencional" de la concesión, sin establecer tope ni límite alguno. El fallo señaló, además, que hasta el dictado de las resoluciones impugnadas el propio Estado había liquidado los pagos sobre la producción real, sin hacer referencia a ninguna curva original. Incluso el entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en informes al Senado, había descrito las compensaciones como una función "del nivel de inyección de gas natural de origen no convencional alcanzado". Y el Presupuesto Plurianual 2019-2021 incorporaba las proyecciones actualizadas informadas por Tecpetrol. La conclusión del juez fue directa: el Estado contradijo sus propios actos y modificó unilateralmente las condiciones de un programa de fomento que había generado derechos adquiridos para la empresa.El fallo también desmontó el argumento del Estado sobre que Tecpetrol habría ejecutado un plan de inversión más ambicioso que el aprobado. La pericia judicial determinó que la empresa perforó 114 pozos en el período, por debajo de los 121 proyectados originalmente, y que para el período 2017-2019 la cantidad de pozos fue exactamente la misma que el plan original aprobado. El salto de producción se explicó por la mayor productividad por pozo: según un informe técnico obrante en el expediente, la productividad media de los pozos en Fortín de Piedra se triplicó.La sentencia de primera instancia le reconoce a Tecpetrol el derecho a cobrar las diferencias adeudadas. El Estado aún puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, lo que extendería la disputa varios años más.
Junta Nacional de Justicia convoca concurso público para nombrar al nuevo jefe de la ONPE
Piero Corvetto renunció como jefe de la ONPE el pasado 21 de abril en medio de cuestionamientos contra su gestión durante las Elecciones 2026. Ley prohibía la renuncia del exjefe de la ONPE, pero esta fue aceptada por la JNJ de todas formas
Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado
El tribunal ha rechazado que existiera vulneración de derechos fundamentales. También considera insuficiente la gravedad de la conducta para justificar el despido disciplinario
Demandaron a la empresa por los cortes de luz, pero perdieron el juicio: por qué la Justicia rechazó la indemnización
Una familia reclamó por daños materiales y morales tras las interrupciones sufridas entre 2021 y 2024. Aunque se probó que el servicio falló, la Cámara Federal confirmó la desestimación del reclamo y obligó a los usuarios a pagar los gastos judiciales. Un fallo que define criterios para exigir un resarcimiento
La Justicia descubrió que la esposa de Manuel Adorni gastó 6000 dólares en efectivo en España
El jefe de Gabinete enfrenta dos causas: una por el viaje que realizó a Uruguay con su familia en un avión privado; y otra por presunto enriquecimiento ilícito. Leer más
El Gobierno pagará en mayo el Salario Social Complementario, tal como ordenó la Justicia
La decisión judicial obliga a la administración nacional a mantener pagos directos a beneficiarios de programas sociales, lo que impide por ahora aplicar cambios proyectados en políticas de empleo y educación y afecta el uso de fondos estatales
Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa
La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitar en ese fuero y no en tribunales laborales. También cuestionó el procedimiento seguido por el juez que intervenía en el expediente
Una ONG venezolana exigió garantías de independencia en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
El Centro de Justicia y Paz advierte que la renovación del máximo tribunal no puede reproducir las irregularidades que marcaron la elección del fiscal general y la defensora del pueblo, cargos elegidos en febrero sin cumplir los estándares constitucionales de transparencia
"Mi hijo no tenía por qué morir así": el desgarrador pedido de justicia de la madre de víctima del atroz crimen que aterrorizó Cusco
Cusco permanece conmocionado tras el macabro hallazgo de los restos de un hombre de aproximadamente 40 años, mientras la familia y vecinos exigen celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables
La Justicia de San Juan ordenó la continuidad del proyecto minero Vicuña tras el planteo de La Rioja
"Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico", dijo el gobernador Marcelo Orrego. Implicará una inversión de 18 mil millones de dólares para extraer cobre, oro y plata. En paralelo, presentaron una iniciativa en el Congreso para proteger la previsibilidad de las grandes inversiones
La Justicia elevó a juicio la causa contra Matías Morla por el manejo de las marcas de Diego Maradona
La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 de la Ciudad de Buenos Aires. En el expediente están imputados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del exfutbolista, Claudia Maradona y Rita Maradona.
Avala Senado plan de la FGR para combatir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia
La estrategia contempla modernización institucional, combate a la corrupción y coordinación con autoridades locales
Los condenaron como "mulas" del narcotráfico, pidieron ser deportados para cumplir la pena en su país y la Justicia se los negó
El Juzgado Federal de Garantías de Rafaela condenó a dos ciudadanos bolivianos a 4 años de prisión por transportar, cada uno, más de un kilo de cocaína en cápsulas que llevaban dentro de sus cuerpos. Los habían detenido el 2 de diciembre de 2025 cuando viajaban como pasajeros en un ómnibus de larga distancia procedente de Orán, Salta, que fue interceptado por efectivos de la Gendarmería en la ciudad de Ceres, Santa Fe.En la sentencia se rechazó la pretensión de los condenados de acceder a una expulsión anticipada para cumplir la sentencia en su país. Durante una audiencia realizada el viernes pasado ante el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa fueron convalidados los acuerdos de pena presentados por la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, con la intervención de su titular, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, y del fiscal federal coadyuvante Federico Grimm.Sirilo Quispe Carmona, de 27 años, y Abel Rocha Risco, de 28, aceptaron su responsabilidad como coautores del delito de transporte de estupefacientes, según informó el Ministerio Público en su portal institucional www.fiscales.gob.ar.Respecto de Rocha Risco, el juez resolvió declararlo reincidente por la existencia de una condena previa en su contra dictada en abril de 2025 por la Justicia de Brasil, también por haber entrado droga como una "mula" ingestada.Durante la audiencia, la defensa solicitó la expulsión inmediata de ambos condenados hacia Bolivia por razones humanitarias y de vulnerabilidad, sin esperar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 64 de la Ley de Migraciones.Fundó el pedido en una línea jurisprudencial que admite esta solución, aun sin que se haya cumplido la mitad de la condena, y en la reciente resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que declaró irregular la permanencia en el territorio argentino de los imputados y ordenó su expulsión.El fiscal Onel se opuso al planteo. Sostuvo que la cuestión referida a la expulsión de extranjeros en situación irregular debía ser tratada por el juez de Ejecución una vez que el acuerdo se encuentre homologado y la sentencia esté firme.También afirmó que en el caso no se cumplían los requisitos de la Ley 25.871 de Migraciones, que supedita la ejecución de la expulsión al cumplimiento de los plazos del régimen de progresividad de la pena previstos en la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de libertad), que generalmente se habilitan al alcanzar la mitad de la condena.Argumentó, finalmente, que acceder a una expulsión inmediata tras pocos meses de detención implicaría un "mensaje negativo" desvirtuando la finalidad de la pena en la represión de delitos graves como el narcotráfico. En tal sentido, subrayó "el interés estatal en que la condena a 4 años de prisión se cumpla de manera efectiva en el territorio nacional".Tras escuchar a las partes, el juez hizo lugar a la oposición fiscal y rechazó el pedido defensista por considerar que existía un impedimento procesal para resolverlo en esa instancia, y que la cuestión debe analizarse luego, en la etapa de ejecución.Quispe Carmona y Rocha Risco fueron detenidos el 2 de diciembre pasado, cuando personal de la Sección Seguridad Vial Ceres de la Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus de larga distancia a la altura del kilómetro 387 de la ruta nacional 34, procedente de Orán y con destino a un tour de compras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Durante la inspección exterior de la unidad no se produjo ninguna alerta, pero cuando el can detector "Sasha" subió al micro, se produjo una marcación positiva, primero del bolso perteneciente al imputado Quispe Carmona, y luego, de una de las manos de Rocha Risco. Pero, además, durante el procedimiento los dos pasajeros bolivianos manifestaron malestar físico y confesaron que habían ingerido cápsulas con marihuana.Ante la gravedad de la situación, GNA informó lo sucedido a la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que ordenó el inmediato traslado e internación de los involucrados al Hospital de Ceres, donde los estudios radiográficos confirmaron la presencia de cuerpos extraños compatibles con cápsulas en sus organismos.Finalmente, expulsaron un total de 185 cápsulas de cocaína: 93 envoltorios con 1239 gramos extraídos de Quispe Carmona y 92 envoltorios con 1212,3 gramos correspondientes a Rocha Risco. El pesaje total, fue de 2451,3 gramos de cocaína con una pureza promedio del 85,17%. Según expuso la fiscalía al momento de la audiencia de formalización de la investigación, esa cantidad habría permitido obtener más de 20.000 dosis.
Retrocede el ICE: la Justicia bloquea el almacén de US$100 millones que iba a alojar a 1500 migrantes
El plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para ampliar su capacidad de detención migratoria tuvo un revés judicial en Maryland. Un juez federal frenó la reconversión de un enorme depósito valuado en alrededor de 100 millones de dólares que la administración Donald Trump pretendía transformar en un centro para alojar y procesar hasta 1500 migrantes. El depósito en Maryland que obligó al ICE a cambiar su estrategiaEn Williamsport, Maryland, el ICE compró un almacén con planes de convertirlo en una instalación para "alojar y procesar temporalmente" a 500 migrantes y eventualmente hasta 1500 personas, explicó The New York Times.Las autoridades estatales llevaron el caso ante la Justicia al argumentar que el proyecto generaría consecuencias ambientales inevitables y que el gobierno federal no había cumplido con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).En la demanda, Maryland sostuvo que transformar ese enorme depósito en un centro migratorio de gran escala afectaría intereses ambientales, económicos y de salud pública del estado. Entre las principales preocupaciones aparecieron posibles daños sobre recursos naturales, el sistema cloacal y un curso de agua que desemboca en el río Potomac, además de un hábitat relevante para especies protegidas por el estado.La decisión del juez federal de Maryland que derriba el plan del ICEPor su parte, el juez de distrito Brendan Hurson coincidió con buena parte de esos argumentos y resolvió bloquear el proyecto. Su fallo apuntó a la ausencia de una revisión ambiental formal.Según detalló el medio citado, Hurson remarcó que el edificio originalmente era una instalación de procesamiento de carga con apenas cuatro baños y dos bebederos de agua. Su transformación en un lugar de residencia temporal y espacio de trabajo para cientos o incluso miles de personas, sostuvo, podría generar serios problemas de infraestructura y riesgos para el ecosistema local.En su resolución, el magistrado escribió que, de haber cumplido con la ley, el DHS probablemente habría detectado que esa conversión "pondría en peligro la salud y la seguridad del ecosistema circundante de múltiples maneras", especialmente por la probable sobrecarga del sistema de alcantarillado.El objetivo de ICE: más espacio para detenciones y deportacionesLa iniciativa en Maryland forma parte de un esfuerzo mayor para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en todo el país norteamericano. Actualmente, la administración mantiene bajo custodia a unas 58.000 personas, una cifra que quedó lejos de la meta oficial de alcanzar 100 mil camas antes de que terminara el año pasado, explicó The New York Times.Para cerrar esa brecha, el ICE comenzó a comprar almacenes comerciales con la intención de reacondicionarlos como centros de detención temporales. Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional ya adquirió 11 depósitos en distintos puntos del país norteamericano por aproximadamente US$1000 millones. La estrategia también busca reducir la dependencia del gobierno respecto de contratistas privados y de instalaciones manejadas por estados, con el objetivo de tener mayor control directo sobre estos espacios. Sin embargo, el avance del programa encontró resistencia en las comunidades donde se ubican esos inmuebles.Demandas en varios estados contra el ICE y dudas dentro del propio gobiernoMaryland no es el único frente judicial abierto. Hasta el momento, existen impugnaciones similares en Nueva Jersey, Michigan y Arizona, todas centradas en el mismo argumento: la administración avanzó sin cumplir con las exigencias de la Ley Nacional de Política Ambiental.Superpoblación en el centro de detención del ICE en Arizona: la denuncia de tres legisladoresDesde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron públicamente su accionar y aseguraron que la agencia respetó la legislación vigente. Además, acusaron a sectores liberales de utilizar las demandas ambientales como una herramienta para frenar la campaña de deportaciones impulsada por Trump.Todd Lyons, director interino de ICE, defendió el proyecto y sostuvo que las futuras instalaciones serían desarrolladas bajo estándares adecuados. "En realidad, se trata de reacondicionarlo para convertirlo en un centro de detención del que realmente estaremos orgullosos, uno que realmente tendrá estándares", afirmó.
La Justicia contencioso administrativo federal definirá sobre la reforma laboral
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró competente al fuero federal para definir si es constitucional o no la ley de reforma laboral, cuestionada en la Justicia por la Confederación General del Trabajo (CGT). En paralelo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene en sus manos la causa y, mientras la resuelve, dejó en vigencia la ley que aprobó el Congreso y cambia las condiciones de contratación, vacaciones y el pago de indemnizaciones, entre otros asuntos.Pero las normas indican que en caso de un conflicto entre un fuero federal y uno nacional, como el laboral, decide la Cámara Federal. Esto es lo que ocurrió este martes, por lo que la causa seguirá en ese fuero. Al mismo tiempo, el Gobierno se presentó en la Corte Suprema de Justicia con un pedido de per saltum para reclamar que se aboque al caso y declare la constitucionalidad de la ley. Pero el máximo tribunal no tiene apuro en decidir, pues la ley se encuentra vigente, como pretendía el Gobierno.El capítulo de hoy del caso lo escribió la Cámara Contencioso Administrativo Federal que entendió que es ese fuero de excepción, y no el fuero laboral, quien debe resolver en la causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional por la constitucionalidad de la ley 27.802.Confirmó la competencia del juzgado federal contencioso administrativo, que había aceptado la inhibitoria planteada por el Estado y entendió que el conflicto no se limita a cuestiones laborales comunes, sino que también involucra asuntos federales.Por ejemplo, consideró que están en debate la potestad del Congreso para asignar competencias judiciales, la organización de tribunales y aspectos vinculados al funcionamiento estatal. Además, la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, cuestionó el trámite seguido por el juez laboral Raúl Ojeda, que admitió la medida cautelar pedida por la CGT y suspendió por un breve período de tiempo la vigencia de la ley.La Cámara Contencioso dispuso que Ojeda no podía apartarse del procedimiento legal ni remitir por su cuenta el expediente a la Cámara del Trabajo, que es donde se encuentra en este momento. También destacó que las leyes que modifican competencia judicial son de orden público y se aplican de inmediato. Esto es así porque la nueva ley laboral señala que los asuntos referidos a los casos individuales de despidos o accidentes se tramitan en los juzgados laborales locales y los asuntos referidos a cuestionamientos de sindicatos o de la CGT, como este caso, son de competencia de la justicia federal.Con este fallo, el expediente vuelve al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, de Macarena Marra Giménez, que seguirá interviniendo en la discusión de fondo sobre la validez de la reforma impugnada.La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal se conoció luego de que el fiscal ante ese tribunal, Rodrigo Cuesta, dijera que el tribunal federal no era competente.Contra la opinión del fiscal, los camaristas dijeron que la causa correspondía a ese fuero. Cuesta había argumentado que la materia en debate es decisiva. "Las normas cuestionadas se insertan en la materia propia del derecho del trabajo â??en su faz individual y colectivaâ?? y el planteo de inconstitucionalidad deberá analizarse a la luz de los preceptos atinentes a esa materia", afirmó.Sin embargo, los camaristas en lo contencioso administrativo no compartieron este criterio y decidieron lo contrario. Ahora, por un lado, la Cámara laboral definirá qué hace con la causa. El juez laboral Raúl Ojeda concedió la medida cautelar de la CGT que dejó sin efecto 82 artículos de la nueva ley por un breve lapso de tiempo, entre el 6 y el 30 de marzo, pero la Cámara Laboral suspendió el efecto de ese fallo, hasta tanto decida.Esa decisión la firmaron el camarista Víctor Pesino y su colega María Dora González. Los dos magistrados fueron recusados por la CGT.Ahora debe resolverse la recusación. Si sus colegas rechazan la recusación, Pesino y González quedarán con el caso y lo enviarán a la justicia contencioso administrativo federal. Y si los apartan, quienes lo sucedan optarían por la misma solución.El fallo que suspende la reforma firmado por Pesino y González se dio en simultáneo con la publicación del edicto del Gobierno enviado el pliego de Pesino al Senado para que le dé una extensión de cinco años en su cargo de camarista, pues cumple 75 años y si no fuera por esta prórroga debería jubilarse.Pesino cumplirá 75 años el 27 de julio próximo. El agosto pasado empezó los trámites para pedir su prórroga de cinco años en el cargo. No tuvo exito ni con el ministro Mariano Cúneo Libarona ni con el entonces viceministro Sebastián Amerio, a pesar de que se reunió con este últimos en dos ocasiones.Finalmente, tras la salida de Cúneo Libarona, se entrevistó con Juan Bautista Mahiques el 7 de abril pasado, cuando la causa aún no había llegado por sorteo a su tribunal.Ahí, Mahiques puso en marcha el procedimiento para su designación. El 13 de abril le enviaron un mail donde le indicaban que el 24 de abril iba a publicarse un edicto para prorrogar su pliego.Fue el 24 de abril cuando la causa llegó por sorteo a su tribunal, cuando ya había comenzado el proceso para su designación y cuando el juez Pesino y su colega González decidieron darle efecto suspensivo a la apelación del fallo de Ojeda y dejar en vigor la ley.
La Justicia condena a un hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra una niña sin haber tenido contacto físico
En una sentencia que sienta una relevante jurisprudencia, la Justicia bonaerense condenó a un hombre por el abuso sexual de una niña sin que existiera contacto físico entre la víctima y el victimario. Los magistrados consideraron que no fue necesario el acceso carnal para penar al culpable del delito. En este caso, se trató de un hecho ocurrido a través de medios digitales y coacciones.Así, el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón condenó a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por una serie de abusos sexuales reiterados contra una menor que tenía 12 años cuando fue captada por el imputado a través de las redes sociales. En ese momento, el acusado cumplía, en el penal de Florencio Varela, una pena de 8 años de cárcel por corrupción de menores por contactarse con alumnas de un colegio de Morón a través del antiguo servicio de mensajería Messenger y las obligaba a mandarle fotos íntimas. Los hechos de esta nueva condena ocurrieron entre 2020 y 2023 y se desarrollaron en plataformas digitales; se complementaron con otros delitos tales como promoción de la corrupción de menores mediante intimidación, tenencia de material de abuso sexual infantil, extorsión, amenazas y defraudaciones mediante el uso de tarjetas de crédito. Respecto de esto último, el reo obligó a la niña a obtener datos de las tarjetas de sus padres y con ellas realizó operaciones comerciales.Según se acreditó en el juicio, Novillo manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, utilizando identidades falsas y ocultando su verdadera condición de adulto. A lo largo del tiempo la sometió a un esquema de intimidación constante, amenazas de difusión de material íntimo, exigencias sexuales y videollamadas de contenido explícito y vejatorio.Logró quebrarla y controlar su voluntad a través de un trato psicopático. Logró quebrarla y controlar su voluntad a través de un trato psicopático y coactivo durante más de tres años, sometida a los que los jueces consideraron un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital. Solo consiguió comenzar a salir de ese tormento cuando confió en una docente y le contó lo que le pasaba desde hacía tres años, lo que derivó en la activación de protocolos y la intervención judicial.La sentencia fue dictada el 22 de abril pasado por los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, quienes tuvieron por acreditado que Novillo â??que aun estando preso cometió su delito durante tres años a través de un celularâ?? desplegó una acción sistemática y sostenida destinada a someter sexual y psicológicamente a O. P., a quien contactó cuando tenía 12 años, ocultó su verdadera identidad y simuló ser un menor de edad.Detención de un pedófilo condenado a 20 años de cárcelEso es lo que se conoce como grooming, técnicamente, "delito de contacto telemático con menores de edad con fines sexuales", un delito de riesgo. Pero, en este caso, los jueces consideraron que ese peligro se materializó cuando el acusado forzó a la menor, a través de las coacciones por vías digitales, a la autovulneración de su integridad sexual. "No se puede comprender la violencia sexual contra la menor si no identificamos todo el continuo que genera la sexualización forzada de su cuerpo; así lo demanda la concepción actual de la violencia sexual que abarca todas las conductas imaginables de índole sexual, incluyendo que realice conductas sexuales contra su voluntad, sea a terceros o autorreferenciales", describieron los jueces.En ese sentido, el tribunal equiparó las acciones que Novillo obligó a hacer a la víctima, como introducir cosas en su cuerpo, con el clásico "acceso carnal" ejecutado por el depredador in situ. A pesar de que la defensa planteó que esa calificación requería "el contacto corpóreo entre el acusado y la menor", los jueces consideraron que "el encartado hizo propia la voluntad de la víctima y tuvo siempre el gobierno del contexto y circunstancias modales concurrentes para la ejecución de sus acciones sexuales", y que en ese contexto "el acto de índole sexual fue efectuado por la víctima en su propio cuerpo a partir de precisas y lesivas exigencias coactivas desarrolladas por el imputado".Punto de partidaEl caso, que comenzó a investigarse el 2 de febrero de 2023 cuando la profesora de danza de O. llamó a la madre de la chica para decirle que la menor le había pedido que enviara por ella dinero a una billetera virtual a nombre de una tal "Johanna Agüero" para satisfacer las exigencias de un hombre que la extorsionaba para no publicar fotos y videos íntimos de ella.Según consta en el expediente que instruyeron los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, el primer contacto fue el 12 de enero, cuando desde una cuenta de Instagram de un tal "rojas.valenokk" le mandaron un mensaje con una foto de la menor. A la madrugada el mismo usuario le pidió que le enviara fotos en ropa interior para una "campaña de modelaje".Desde que ella accedió esa primera vez le pidió cada vez un poco más: desnudos, actos sexuales explícitos autoinfligidos y, entre eso, la exigencia de dinero para no contarle a sus padres lo que la obligaba a hacer. Primero le dijo que tenía 15 años; luego 27 y, finalmente, cuando ya la tenía completamente bajo control con sus amenazas y coacciones, reveló que tenía 35. También iba cambiando de cuentas y de nombre.Según se estableció en el veredicto, entre enero de 2020 y febrero de 2023 el acusado utilizó de manera alternada Instagram, WhatsApp y otros canales de mensajería para generar un vínculo de confianza con la víctima que luego derivó en un proceso de coacción permanente, basado en amenazas de difusión pública de imágenes íntimas obtenidas previamente. "Vos sos mía", la amenazaba.En ese contexto, la menor fue compelida a producir y enviar fotos y videos de contenido sexual, a participar en videollamadas de carácter sexual explícito y a soportar prácticas abusivas que el tribunal calificó particularmente como gravemente ultrajantes para su edad y grado de desarrollo.La madre de la chica, al hacer la denuncia, contó que desde el año 2000 habían advertido un cambio en su conducta: la notaban "retraída e irascible", se encerraba permanentemente en su cuarto y había bajado su desempeño escolar.En agosto de 2022 la menor fue internada en el Hospital Italiano de San Justo tras haber consumido una dosis indeterminada de Rivotril sin prescripción; ella dijo que había tomado el ansiolítico porque "solo quería dormir". Los jueces emparentaron ese episodio con el contexto de amenazas y hostigamiento constante que la chica sufría.El fallo dio por probado que el dominio ejercido por Novillo no se limitó al plano sexual sino que incluyó una dimensión patrimonial. Entre 2020 y 2023, bajo intimidación constante, la víctima fue obligada a aportar fotografías y datos de unas 40 tarjetas de crédito y débito pertenecientes a sus padres, que luego fueron utilizadas para realizar al menos 120 consumos y operaciones no autorizadas en múltiples comercios y plataformas.Además, cuando el imputado ya no pudo acceder a las tarjetas de crédito y débito de los padres de O., le exigió a la menor que hiciera depósitos de dinero en efectivo a través de Pago Fácil y transferencias a través de billeteras virtuales en favor de la tal Johanna Agüero, lo que generó un perjuicio económico que los jueces estimaron en una suma cercana a los 350.000 pesos."Quienes ejecutan este tipo de acciones se valen del recurso tecnológico no solo para vulnerar con mayor facilidad la psiquis y la voluntad del niño o adolescente, sino también para vulnerar las más sólidas redes de contención que protegen por lo general su indemnidad, como puede ser su grupo familiar, la escuela o su entorno afectivo", precisaron los magistrados.Durante la investigación también se acreditó que Novillo poseía en sus dispositivos teléfonos móviles una gran cantidad de material de abuso sexual infantil. De los peritajes informáticos realizados tras los allanamientos y secuestros surgió la existencia de decenas de videos y fotos de menores en situaciones sexualizadas, muchos de ellos, chicos que no llegaban a los 13 años. Ese material se encontraba almacenado junto con registros de conversaciones, documentación de identidad â??había logrado que O. le mandara fotos de los DNI de sus padresâ??, capturas de pantalla de movimientos financieros y datos personales de múltiples víctimas.Profundas consecuencias para la víctimaEn su fallo, el tribunal destacó la extensión temporal del abuso, la reiteración de los hechos y la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, quien permaneció sometida al control del acusado desde los 12 hasta los 15 años.En ese lapso, según los informes psicológicos incorporados al debate, la adolescente desarrolló un cuadro de traumatismo psíquico, con síntomas de ansiedad, aislamiento, descenso del rendimiento escolar â??repitió un año del secundarioâ??, recuerdos intrusivos, alteraciones del sueño y conductas autodestructivas."De los hechos verificados, puede señalarse que esas acciones implicaron en la víctima la vulneración de su sentimiento de seguridad personal, integridad, intimidad, privacidad, felicidad, valores cuya vulneración no puede ser desatendida porque, si bien constituyen un inmediato efecto dañoso, lo cierto es que las máculas que se instalan en el psiquismo de la víctima transmite evidencia certera de la perduración de las consecuencias lesivas y revela la afectación o repercusión en la esfera y desarrollo de su propia sexualidad [...] Las ilicitudes llevadas a cabo por el incuso, han tenido entidad suficiente para proyectarse dañosamente sobre la psíquis de la víctima, deformando, enviciando o depravando el ciclo de evolución psicosexual de la misma, entendiendo el alcance de la ley sustantiva, cual es la de tutelar el estado de desarrollo sexual espontáneo, natural y sano de las personas menores, quedando comprendidos en la taxatividad aquellos que, en sí, poseen aptitud para perjudicar la normal y paulatina formación sexual.", rubricaron los jueces en la sentencia.Al valorar la prueba, el tribunal otorgó central importancia al testimonio de la víctima en Cámara Gesell, al que consideró coherente, persistente y corroborado por abundante evidencia objetiva. También ponderó informes técnicos de plataformas digitales, registros de direcciones IP, peritajes forenses sobre teléfonos celulares y cuentas electrónicas, informes bancarios y de empresas de pagos y declaraciones testimoniales de familiares y profesionales de la salud mental intervinientes.Los jueces destacaron que la prueba de cargo conformaba un conjunto sólido y convergente, capaz de acreditar los hechos más allá de toda duda razonable y subrayaron que el propio Novillo, al iniciar el debate, tras el alegato de inicio del fiscal de juicio Patricio Pagani pidió declarar y dijo: "Es mi voluntad, estoy de acuerdo, todo lo que manifestó el fiscal, todo lo que dijo el fiscal es cierto y estoy muy arrepentido de ello". Esa confesión, estimaron los jueces, se complementó con toda la prueba producida."Dentro de este contexto, una de las acciones primarias del groomer consistirá en convencer progresivamente al menor mediante prácticas de empatía para que este comience a brindarle datos personales sobre su persona, familia, escuela y amistades/contactos, etc., para luego, en un grado mayor de confianza dentro de un marco de conexión emocional que le disminuya las barreras de inhibición a la víctima, le solicite acciones más concretas y de connotación sexual como incitarlo a que se sitúe frente a la webcam, se desvista y realice distintas prácticas sobre su cuerpo como tocamientos, masturbación, etc [...] Los groomers, en posesión de las imágenes y cualquier otro dato privado que recabaron previamente en la fase de acercamiento y búsqueda de empatía/confianza/desinhibición, buscarán arribar a la siguiente fase [...] Una vez que el pederasta y/o pedófilo, ante su amenaza, toma el control psicológico del menor/adolescente, será la víctima en estado de vulnerabilidad ostensible quien cederá, para posibilitar la posterior, eventual y última fase de su accionar [...] a los fines de consumar cualquier abuso sexual de los tipificados", citaron los jueces en su fallo.En su fundamentación, el tribunal señaló que la violencia sexual ejercida mediante medios digitales constituye una modalidad contemporánea de agresión que reproduce relaciones profundamente asimétricas de poder y que exige un análisis específico de la prueba, dada la habitual ausencia de testigos presenciales y la clandestinidad propia de este tipo de conductas.Como consecuencia de la condena, el tribunal ordenó también el decomiso y la destrucción de los dispositivos electrónicos utilizados para cometer los delitos y dispuso la formación del correspondiente incidente para la unificación de la pena con una condena anterior que registraba al imputado por hechos de similar naturaleza.
Delcy Rodríguez sacude el Tribunal Supremo de Justicia y elimina a magistrados de la pareja Maduro-Flores
La presidenta encargada adelanta una renovación de la cúpula del máximo juzgado, clave para asumir el control del poder en Venezuela
Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa
La empresa, tras el accidente, puso fin a la relación laboral y el trabajador se vio obligado a impugnar su despido ante los tribunales. El despido fue improcedente, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ve que haya pruebas suficientes para una indemnización
Cuando la víctima tiene voz, la Justicia responde
Porque detrás de cada expediente hay una persona. Y detrás de cada persona, una historia que merece ser escuchada
Vacantes en la Justicia
Una cosa es que la Justicia actúe con cierta lentitud porque busca agotar todas las instancias para asegurar un juicio justo. Otra bien distinta es que el Poder Judicial sea lento por exceso de burocracia, falta de presupuesto, ausencia de tecnología, baja capacidad de sus recursos humanos o porque, como sucede hoy en la Argentina, existan más de 360 cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales sin cubrirse. Con cientos de juzgados y fiscalías vacantes podemos hablar de una acefalía judicial.La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, una asociación civil que reúne a jueces y funcionarios de la Justicia retirados de la actividad, propone a través de su titular, el expresidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social Luis Herrero, una solución para cubrir las vacantes de jueces, que consiste en recuperar un modelo que funcionó hasta 2020.Se trata de un mecanismo que establecía como carga pública para los jueces retirados -fijando como tope de edad los 75 años- la cobertura de vacantes en la Justicia, lo que obligaba, salvo causa justificada, a los magistrados jubilados a aceptar las convocatorias de las cámaras para cubrir de inmediato los cargos vacíos, bajo apercibimiento de perder el derecho a percibir su jubilación especial por el lapso que durara la subrogancia requerida.Esta carga pública beneficiaba a los ciudadanos porque aseguraba la normal administración de justicia cubriendo las vacantes de forma inmediata y basaba la cobertura temporaria de las vacantes hasta que se nombrara al nuevo juez titular convocando a magistrados retirados de probada trayectoria.Lo más importante en estos tiempos es que evitaría las subrogancias que genera que un mismo juez esté a cargo de más de un juzgado con la recarga de trabajo que ello ocasiona. Como lo describió Herrero, "es irracional asignarle al titular de un tribunal colapsado, otro tribunal colapsado".Esta solución propuesta por los jueces retirados depende de que se active la voluntad política, la misma que se necesita para nombrar a los jueces, fiscales y defensores públicos que deberían cubrir las vacantes de forma definitiva.
Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno
El candidato de JPP detalló que mantiene conversaciones con el exfiscal y mencionó como opción a Cevallos para la cartera de Salud. También señaló a Jorge Manco Zaconetti para Energía y Minas y descartó funciones para Antauro Humala
Mamá de Nataly Salas, víctima de feminicidio, habló de los nueve años de horror frente a la justicia: "Fue un silencio total"
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de dos hombres señalados por el feminicidio de la joven, ocurrido en 2016 en Montería. Tras esta decisión, Claribel Ruiz relató en el pódcast "Más allá del silencio" el calvario que vivió durante estos años
La Justicia procesó a la cadena de supermercados Día por evasión previsional
La investigan por evadir el pago de obligaciones de la seguridad social.El juzgado dictó un embargo por $ 800 millones.
Alicia Villareal espera justicia por violencia: "Creo en la ley y me apego a lo que me da paz"
La cantente sigue un proceso legal contra Cruz "N", su ex esposo
La Justicia federal falló a favor del cura y diputado nacional kirchnerista Juan Carlos Molina
EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Caleta Olivia dictó el sobreseimiento de Juan Carlos Molina, apoderado de la Fundación Valdocco y actual diputado nacional por el kirchnerismo en Santa Cruz, en la causa que los investigaba por el presunto delito de trata de personas. La denuncia había sido presentada por el gobierno provincial por presuntos hechos que involucraban a la entidad en Cañadón Seco.La resolución, que también alcanza a Ana Valeria Gómez, determinó que el hecho denunciado "no se cometió", despejando así las sospechas más graves que pesaban sobre el extitular de la Sedronar y actual diputado nacional.La génesis del conflicto se remonta a una denuncia conjunta presentada en octubre pasado por las ministras de Desarrollo Social y Educación de Santa Cruz, Luisa Cárdenas (que luego renunció) e Iris Rasgido, quienes habían alertado sobre un "entramado de captación" y traslado irregular de menores â??mayormente de comunidades Wichiâ?? desde El Chaco hacia el predio rural "Casa Pibes de la Patagonia", ubicado en Cañadón Seco, Santa Cruz. Según la acusación original, los jóvenes eran retenidos con fines de explotación institucional y política en un ambiente carente de infraestructura básica.Sin embargo, tras meses de instrucción, el juez Marcelo Vázquez, subrogante del juzgado de Caleta Olivia, concluyó que la permanencia de los niños en la fundación tiene una finalidad estrictamente asistencial. "No se extraen indicadores de trata de menores con fines de explotación; pues todas las constancias de la causa señalan, de manera unívoca, que aquellos no han sufrido vulneración alguna en sus derechos", señaló el juez; y argumentó que los traslados se realizaban al amparo de un Acuerdo Marco de Cooperación Mutua entre la Provincia del Chaco, la Provincia de Santa Cruz y la Fundación Valdocco.El actual diputado nacional Molina celebró la noticia del fallo favorable: "Queda claro que los hechos que denunciaron no existieron, que solo fue una persecución política, y que no hubo ninguna situación de vulneración de derechos", afirmó a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en las que es muy activo.La verdad siempre gana.Y el amor también! pic.twitter.com/MQHB1d4J1s— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) April 23, 2026"Queremos transmitir a las familias de Santa Cruz y Chaco, que son parte de nuestra comunidad porque son parte de nuestras casas, que no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que se restablezcan cada uno de los derechos que el gobierno provincial viene pisoteando", sostuvo el sacerdote. Insistió en que la denuncia tuvo fines electorales, en tanto que terminó un mensaje y agregó: "Es muy bueno que la verdad empiece a conocerse. Que Dios los perdone".El alivio para Molina en el fuero federal no significa el cierre definitivo de sus frentes judiciales. El juez Vázquez se declaró incompetente para seguir entendiendo en las denuncias por defraudación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. Según el tribunal, al estar involucrados exclusivamente fondos del erario de Santa Cruz y no detectarse afectación de recursos nacionales, la investigación debe continuar en la justicia ordinaria.Actualmente, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos mantiene bajo la lupa las presuntas irregularidades en el manejo de subsidios para comedores y el pago de haberes docentes. La sospecha de la fiscalía provincial apunta a que la fundación habría "inflado" las nóminas de beneficiarios para obtener transferencias indebidas del estado santacruceño.Denuncias en dos provinciasLa Fundación Valdocco fue creada en Santa Cruz por Molina hace más de 20 años como un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad. Comenzó con un fuerte financiamiento estatal y donaciones. A partir de allí fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco y hasta en Haití.A finales de 2024, tras el cambio de color político en Santa Cruz, el gobierno provincial de Claudio Vidal denunció a la fundación por el manejo de fondos y luego, en un cruce de información entre las dos provincias, descubrieron el doble cobro de sueldos simultáneos de personal en ambas jurisdicciones. A finales del año pasado, el gobierno chaqueño suspendió los aportes públicos a la fundación, en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y otros que percibirían doble remuneración, una en Chaco y otra en Santa Cruz. La Justicia provincial de Chaco falló a favor de la fundación, pero en la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó el amparo, cuestionando que la Fundación no acreditó ni acompañó con documentación respaldatoria los cargos docentes y detalló que solo aportaron papeles sobre siete maestros y cuestionó que la institución se arrogara la representación de la comunidad wichi.
Malestar del PRO y los radicales por el impulso del Gobierno a candidatos kirchneristas para ocupar vacantes en la Justicia
Los pliegos enviados por Mahiques al Senado generaron tensión con los bloques aliados del oficialismo. Hay sospechas de un acuerdo con los K y quejas porque no fueron consultados por las candidaturas.
La Justicia admitió nuevas medidas de prueba para investigar al titular de ARCA por enriquecimiento, lavado y evasión
Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que "sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial".La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una "cosa juzgada". El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por LA NACION este domingo. Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria "confundiendo" un pedido de citación de unâ?¦— Santi C. (@slcaputo) April 26, 2026Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González â??quien intervino en la compra del triplex de Juana Mansoâ?? y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) â??para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarloâ??, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño â??para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrésâ??, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.La causa anteriorVázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una "cueva" financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.
El detenido por el atentado contra Trump comparece ante la justicia: las cartas que envió y el mensaje de su hermano
WASHINGTON.- El atacante que interrumpió una cena de gala a la que asistía el presidente norteamericano, Donald Trump, comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el tiroteo, el episodio más reciente de violencia política en un Estados Unidos profundamente convulsionado.Funcionarios del gobierno dijeron que el sospechoso aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios de su gobierno en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del mandatario norteamericano en dos años.El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios norteamericanos lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California."No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump en una entrevista emitida la noche del domingo en el programa "60 Minutes" de CBS, cuando le preguntaron si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba el incidente.Más temprano, el fiscal general interino de Estados Unidos, Tom Blanche, dijo que no se conocen los motivos del ataque, y confirmó que el sospechoso -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y un cuchillo- se hospedaba en el Hilton de Washington donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca."Espero que mañana (lunes) por la mañana se presenten formalmente cargos contra él en un tribunal federal en Washington", declaró Blanche. "Creemos, basándonos solo en un entendimiento muy preliminar de lo ocurrido, que apuntaba a miembros del gobierno", declaró el fiscal en CBS.Por su parte, la fiscal federal Jeanine Pirro informó el sábado por la noche que se espera que el sospechoso enfrente cargos preliminares por agresión a agentes federales con un arma peligrosa y por uso de arma de fuego durante un delito violento."Este individuo estaba decidido a causar el mayor daño posible", afirmó Pirro, quien agregó que espera "muchos más cargos" a medida que avance la investigación.Trump, que fue evacuado de urgencia del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de cruzar corriendo un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, el sospechoso fue detenido en el lugar. El presidente norteamericano publicó más tarde imágenes del atacante esposado en la alfombra del hotel, en cueros y tendido boca abajo.El manifiesto del atacanteSin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano"."Era cristiano, â??creyente, y luego se convirtió en anticristiano, y cambió mucho", dijo Trump a CBS. "Probablemente era un tipo bastante â??enfermo", agregó el magnate.En el manifiesto, Allen se autodenomina un "asesino federal amistoso" y dice que â??planeaba atacar a funcionarios del gobierno de Trump, â??priorizándolos "de mayor a menor rango", pero excluyendo explícitamente al director del FBI, Kash Patel, dijo un agente de las fuerzas del orden a Reuters. Allen citó la teología cristiana al afirmar que intentaba proteger a quienes se veían perjudicados por las políticas del magnate."Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", â??se lee en el manifiesto, según el agente.En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.El manifiesto, que fue enviado a los familiares de Allen poco antes del ataque, se burlaba de la "demencial" falta â? de seguridad en el Washington Hilton, añadió el funcionario."Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia", escribió supuestamente el autor del manifiesto. "Entro con varias armas y ni una sola persona ahí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza", se lee presuntamente en el texto.El sospechoso viajó en un tren de Amtrak desde Los Ángeles a Chicago â? y luego a Washington, y se registró en el Hilton el viernes, dijo Blanche en varios programas de entrevistas dominicales. En Estados Unidos, los pasajeros de tren no están obligados a pasar por detectores de metales como los â??de los aeropuertos.Las excusas a su entornoAntes de emprender su viaje a través del país, el sospechoso ofreció a personas de su entorno una serie de explicaciones sobre su ausencia, según escritos que, de acuerdo con las autoridades, dejó antes de partir.A sus colegas y los estudiantes a los que daba clases particulares les dijo que tenía una emergencia personal, mientras que a sus padres les dijo simplemente que tenía una entrevista.Los escritos que las autoridades atribuyen a Allen oscilan entre el remordimiento por haber engañado a amigos y familiares y el agradecimiento por una vida de amor y apoyo. En ellos, el sospechoso alude además a acusaciones de conducta sexual indebida, afirmando que ya no está "dispuesto" a permitir que un "traidor manche sus manos con sus crímenes", en aparente referencia a Trump, aunque el texto no lo menciona por su nombre.El hermano de Allen contactó a la policía en New London, Connecticut, después de recibir los escritos, según un funcionario que habló con AP. En un comunicado, el Departamento de Policía de New London dijo que fue contactado unas dos horas después del tiroteo, por una persona que quería compartir información relacionada con el hecho. Añadió que de inmediato notificó a las fuerzas del orden federales.Agentes federales también han entrevistado a la hermana de Allen en Maryland, quien dijo a los investigadores que su hermano había comprado legalmente varias armas en un local de California y las guardó en la casa de sus padres en Torrance sin que ellos lo supieran, según el funcionario.Ella describió a su hermano como propenso a hacer declaraciones radicales, apuntó la fuente.El domingo no estaba claro si Allen había conseguido representación legal, y familiares cercanos evitaron hablar de su arresto o no respondieron a las solicitudes de comentarios.La reacción de TrumpTrump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos."Parece que creen que actuó solo, y yo también lo siento así", dijo el presidente.Los disparos se produjeron cerca de los puestos de control de seguridad en el lobby del hotel alrededor de las 20.30 hora local (21.30 de la Argentina). Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y fue hospitalizado brevemente, mientras otros agentes redujeron al tirador.Horas después, agentes del FBI y del Servicio Secreto rodearon una vivienda en Torrance, un suburbio a unos 30 kilómetros al sudoeste de Los Ángeles, que los registros públicos vinculan con Allen. Vecinos y curiosos se congregaron detrás del perímetro acordonado mientras imágenes de televisión mostraban a los agentes iluminando con reflectores una ventana del piso superior.Los caóticos acontecimientos plantearon nuevas dudas sobre la seguridad de los altos cargos estadounidenses, muchos de los cuales se encontraban reunidos en el amplio salón para eventos del hotel. Trump aprovechó la atención suscitada por el incidente para â??promocionar el salón de baile que tiene previsto construir en la Casa Blanca."Este suceso nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto militar que se â??está construyendo actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!", escribió Trump en Truth â? Social después del ataque.Los atentados contra el magnateTrump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.Unos meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981.Trump afirmó el domingo que el tiroteo subraya las razones de seguridad que ha esgrimido para planear un enorme nuevo salón de baile junto a la Casa Blanca, un proyecto que ha enfrentado desafíos legales.El incidente se produjo menos de 48 horas antes de que el rey Carlos III y la reina Camila inicien una visita de Estado de cuatro días a Washington.Agencias AP, AFP y Reuters y diarios The Washington Post y The New York Times
"Justicia Legítima", la historia de la agrupación que buscaba cambiar el Poder Judicial y se recostó en el kirchnerismo
Nació a fines de 2012 y apoyó la llamada "democratización de la justicia" que impulsaba Cristina Kirchner.Volvió a ser noticia porque el gobierno de Milei propuso para integrar el Poder Judicial a personas vinculadas a la entidad.
6 de cada 10 casos de violencia institucional machista sobre menores señalan a la justicia
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La Sala de lo Civil y Penal ratifica el auto del pasado marzo y concluye que no existen elementos suficientes para atribuir al expresident una participación penalmente relevante en la gestión de la emergencia
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Un golpe de tensión le quemó la computadora y el seguro se negaba a pagar: la Justicia sancionó la actitud de la compañía
Tras una tormenta, su notebook quedó arruinada. Pese a tener cobertura, la aseguradora rechazó el reclamo, pero un fallo aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y ordenó pagar el equipo, el daño moral y una sanción civil
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Gastos, deudas e ingresos: las cuentas que hace la Justicia para saber si Adorni tiene más de lo que gana
El jefe de Gabinete está bajo investigación desde hace un mes. Prepara la actualización de su declaración jurada correspondiente al 2025. Cuánto gastó en viajes, operaciones inmobiliarias y tarjetas de crédito
Madre de Carolina Flores descarta conflicto con su yerno y exige justicia por feminicidio: "Él y yo sólo buscamos justicia"
Durante una marcha en Ensenada, la familia pidió avances en la investigación; la suegra, señalada como responsable, sigue prófuga
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La lista de gastos y bienes de Adorni que aparecen en la mira de la Justicia
Gastos inmobiliarios: US$$65.000. Gastos en viajes: US$27.658 en efectivo. Nuevas deudas contraídas: US$335.000. Desde que llegó a la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró estos números por las compras de dos propiedades, dos hipotecas y tres incursiones al exterior. Durante la mayor parte de ese período, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos. Cómo solventó estos pagos y el origen de esos fondos configuran los dos grandes interrogantes que la Justicia busca responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.Los dólares que Adorni declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$42.500 en efectivo y otros US$6.220,23 en una cuenta en el exterior. En total, unos US$48.720,23. El año pasado lo comenzó con el viaje a Aruba. Una agencia turística indicó a la fiscalía de Gerardo Pollicita que el aéreo y la estadía demandaron US$14.674. A ese desembolso se sumaron, meses más tarde, US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca tomada en noviembre de 2024. Sólo esos tres ítems superan en US$25.953,77 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.Adorni también había declarado dos inmuebles que, hasta marzo de este año, no vendió, según informes de los Registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. Uno en La Plata y otro sobre la calle porteña Asamblea. El patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, es otro foco clave de la investigación. Hasta hace un mes, la Oficina Anticorrupción no contaba con esa información, dado que el jefe de Gabinete había omitido incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado. El exvocero la presentó cuando la investigación judicial ya estaba en curso.Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires muestra que, al mes de marzo, Angeletti figura como titular de la casa en el country Indio Cua y de otra propiedad en el partido de Morón. En la Ciudad de Buenos Aires, terminó de pagar una hipoteca en 2024 por un departamento adquirido en 2008 con un crédito del Instituto de Vivienda porteño, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la capital.El lado de los ingresos aporta más datos. En marzo de 2025, Adorni declaró ante el Tribunal Electoral porteño que su ingreso neto anual era de 40.300.000 pesos (unos 3,3 millones por mes). Recién en enero de este año duplicó su salario. Mientras tanto, Angeletti, pagó aportes a la obra social del monotributo hasta septiembre de 2025, según bases de datos con información bancaria. En ese período, la categoría más alta del régimen estipulaba ingresos brutos de hasta aproximadamente $7,9 millones mensuales. En octubre se dio de alta como trabajadora autónoma, que no reviste tope de ingresos, tal como refleja documentación de la ARCA. Para entonces, sin embargo, el patrimonio y los gastos familiares ya habían crecido de manera sustancial.LA NACION contactó al jefe de Gabinete en repetidas oportunidades, le transmitió preguntas concretas a él y a su primer abogado, pero no obtuvo respuesta ni comentarios.El crecimiento patrimonial de Adorni durante la función pública comenzó tres meses después de asumir. En marzo de 2024 incorporó al 50% una camioneta modelo 2021; la otra mitad figura a nombre de Angeletti, según el Registro de la Propiedad Automotor. En el origen de fondos, el jefe de Gabinete indicó "venta de activos" sin precisar cuáles. La documentación bajo análisis no registra activos declarados previamente que puedan corresponderse con esa operación.Ocho meses después de comprar el vehículo, el matrimonio tomó un crédito hipotecario no bancario de US$100.000 y el mismo día Angeletti escrituró la casa en el country Indio Cua. Un mes más tarde, realizaron el viaje a Aruba. En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito con una segunda hipoteca y un pago de US$30.000. En febrero de este año fue el turno de la incursión en jet privado a Punta del Este y en marzo el viaje con la comitiva oficial a Nueva York.Un dato llama la atención en la matriz de financiamiento: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Se trata de perfiles inusuales para operar como prestamistas en dólares por montos de 100.000 y 200.000, respectivamente.Esta secuencia puede traducirse en tres categorías. Los desembolsos vinculados a inmuebles son una de ellas. Allí aparecen los US$30.000 del departamento de Caballito, otros US$30.000 de la devolución parcial de la hipoteca de noviembre de 2024 y US$5.000 de ingreso al country Indio Cua, según reconstruyeron en el expediente.Esa cifra podría ser mayor. En la fiscalía indicaron que la compra de la casa del country, además de los US$100.000 de la hipoteca, demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones. Hasta el momento LA NACION no pudo constatar documentos que señalen eso.La categoría viajes suma los US$14.674 informados por una agencia turística a la Justicia correspondientes al capítulo de Aruba. A ello se le agrega el costo del viaje de vuelta de Nueva York, equivalente a US$5.154. Y los traslados a Punta del Este, cuya ida tuvo un costo de US$4.830, mientras que la vuelta, unos US$3.000, según facturas presentadas en sede judicial.A diferencia de los pagos descriptos, Adorni sumó compromisos que todavía no canceló. Luego del pago parcial de la hipoteca de noviembre de 2024, le restan US$70.000 más intereses del 11% para cancelarla. La segunda hipoteca, la del departamento de Caballito, agrega US$200.000. Y uno de los hijos de una de las acreedoras, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago de US$65.000 que no figura en la documentación analizada por LA NACION.Los gastos corrientes configuran otro capítulo. Sólo las expensas del departamento en la calle Asamblea representan $500.000, según un aviso de venta publicado hace casi 60 días. Esto se agrega a la mantención de otras cinco propiedades: dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Morón, otra en La Plata y otra en Indio Cua. Allí hay que considerar los impuestos inmobiliarios, más los gastos de patente y seguro de la camioneta que incorporaron al acervo familiar en marzo de 2024.La cuenta no termina ahí. También pesan los gastos fijos de una familia con dos hijos menores: colegio, manutención, telefonía, Internet, servicios públicos, transporte, y otros. En parte, la central de deudores del Banco Central (BCRA) refleja este crecimiento en números. Según esos registros, los niveles de deudas mensuales ante el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su cónyuge. A propósito de esos datos, la Justicia aguarda información bancaria sobre gastos con tarjetas de crédito, con montos, fechas y destinatarios.Línea de tiempoAdorni y Angeletti compraron la camioneta modelo 2021 en marzo de 2024. Ocho meses después, realizaron una de las operaciones inmobiliarias centrales de la investigación. Por entonces, él ganaba unos 3,3 millones de pesos por mes (unos 2.400 dólares al tipo de cambio vendedor promedio de 2025). Sus ingresos pudieron no agotarse en esa cifra, dada la actividad empresarial de Angeletti, cuya facturación no trascendió y también comenzó a ser investigada.Aún así, en noviembre de 2024, tomaron una hipoteca no bancaria por US$100.000 con dos acreedoras: una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. La fecha coincide con el registro de la compra de la casa en el country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua. Mientras se desconoce el importe final pagado por esa propiedad, el crédito añade cuotas con un interés del 11%, según indicó la escribana Adriana Nechevenko. Eso se suma a las expensas del nuevo inmueble, que rondan los 700.000 pesos, según publicó Clarín.En el expediente señalaron que las dos acreedoras declararon que Adorni y Angeletti les deben US$70.000, más intereses, de donde se infiere que les pagaron US$30.000 desde noviembre de 2024. Como ya publicó LA NACION, Adorni había omitido incluir la casa del country en el apéndice reservado de su declaración jurada de 2024 y solo la añadió este mes. Cuando este medio dio cuenta de la compra, el jefe de Gabinete y su entonces abogado no habían respondido las consultas efectuadas.Pese a esas deudas, el matrimonio y sus hijos viajaron a Aruba a fines de 2024, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025. Pagaron US$5.800 por los pasajes y US$8.874 por la estadía. En octubre de 2025, una constancia de la ARCA a nombre de Angeletti indica que se dio de alta como trabajadora autónoma, prestando servicios de "coaching ontológico" a empresas, entre ellas una naviera que brinda servicios para la petrolera YPF. La facturación de esa actividad no trascendió y forma parte de lo que la Justicia busca determinar.Al mes siguiente, Adorni y Angeletti escrituraron el departamento de Caballito, por US$230.000. De ellos, US$30.000 fueron cancelados y US$200.000 forman parte de una segunda hipoteca que vence en noviembre de 2026 por un inmueble que en el mercado ronda entre US$400.000 y US$450.000. Las acreedoras son la jubilada Beatriz Viegas y la afiliada al PAMI Claudia Sbabo. La escribana Adriana Nechevenko indicó que el plazo de pago puede prorrogarse si las partes acuerdan. El hijo de Viegas, Pablo Feijoo, aseguró que tiene un acuerdo de palabra con Adorni, por un pago extra de US$65.000.Recién a principios de 2026, el jefe de Gabinete aportó más ingresos al núcleo familiar. En el Boletín Oficial se publicó un decreto con la firma de Milei que dispuso que Adorni y los ministros que hasta diciembre cobraban 3,5 millones de pesos brutos pasaran a percibir 7,1 millones en enero y 7,2 millones en febrero. Ese último salario equivale a unos US$5.080 según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 2 de marzo.Ese mismo mes de febrero, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, con un costo de US$4.830. La de vuelta habría sido de US$3.000, según una factura fechada el 9 de marzo. La Justicia busca determinar quién afrontó esos gastos.Todo esto comenzó a ser investigado tras la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week. El costo del vuelo de regreso de Angeletti alcanzó los US$5.154,55, según la información en manos del fiscal Pollicita.El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gasto y el incremento patrimonial, así como el origen de los fondos utilizados en las operaciones bajo análisis.
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Lo que debía ser una recuperación normal se convirtió en una pesadilla de malestares para una mujer intervenida en un centro de salud bonaerense. El tribunal determinó que hubo una evidente "falta de servicio" y ordenó resarcir a la víctima por las secuelas físicas y psicológicas derivadas del error en el quirófano
El Gobierno busca un respiro en la Justicia
Cada novedad en materia judicial que reflota los escándalos de corrupción del kirchnerismo constituye un respiro para un gobierno como el de Javier Milei, acosado por la situación de su jefe de Gabinete, las luchas internas y la persistente caída de su imagen positiva en la opinión pública durante las últimas semanas.El Gobierno festejó recientes decisiones de la Justicia que volvieron a instalar en la agenda pública la perversión que caracterizó las gestiones kirchneristas. La que más impactó fue la confirmación del decomiso de los bienes de la condenada expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia por parte de la Cámara de Casación. Pocos días antes, se conocieron detalles de otra investigación judicial sobre la connivencia entre exfuncionarios del Banco Central y financistas en maniobras para acceder al dólar oficial que habrían incluido el pago de coimas, en tiempos de férreo cepo cambiario en que Alberto Fernández gobernaba el país y Sergio Massa era ministro de Economía. Casi al mismo tiempo, se produjo la ratificación del procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del exministro Julio De Vido -hoy condenado y preso por la tragedia ferroviaria de Once- y de su esposa. Finalmente, se informó que la Corte Suprema de Justicia intervendrá en el conflicto desatado en el Poder Judicial de Santa Cruz, donde jueces vinculados al kirchnerismo vienen obstaculizando la ampliación del número de miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial dispuesta por una ley sancionada por la Legislatura santacruceña. La Justicia le deparó al gobierno de Milei otras dos noticias aliviadoras. Por un lado, la Cámara Nacional del Trabajo aceptó un planteo del Poder Ejecutivo y dejó sin efecto la suspensión de 82 artículos de la reciente ley de modernización laboral que había dispuesto el juez Raúl Horacio Ojeda. Por otro, el juez federal Daniel Rafecas cerró la causa contra Manuel Adorni por presunta malversación de fondos públicos ante la inclusión de su esposa en el avión presidencial que trasladó a Milei y otros funcionarios a Nueva York.No puede sorprender que, desde hace mucho tiempo, la ciudadanía muestre desconfianza en el Poder Judicial. Sí llama mucho más la atención que casi ocho de cada diez abogados, encuestados el año último por el Colegio Público de la Abogacía porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, admitan haber sido testigos de casos de mal desempeño entre jueces, incluidos presuntos hechos de corrupción. Tres cuartas partes de quienes ejercen la abogacía consideran, según ese sondeo, que los tiempos del Poder Judicial son lentos o muy lentos, mientras que solo el 4% de ellos los juzgan como ágiles o muy ágiles.La designación de Mahiques en la cartera de Justicia obedeció a la convicción de Milei y su hermana Karina de que podría resolverles algunos de los problemas judiciales que acosan al PresidentePese a esa acertada percepción sobre la lentitud de los procesos judiciales, días atrás un juez santiagueño pareció demostrar lo contrario. Con una velocidad inusitada, cuando acababa de regresar a Santiago del Estero de sus vacaciones en el exterior, el juez Sebastián Argibay no solo desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, sino que dispuso el envío de la causa al juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay, en quien los dirigentes imputados quieren concentrar todas las causas en su contra. La actitud del magistrado santiagueño fue interpretada como una burda maniobra para hacer zafar a Toviggino, con quien lo unirían otros lazos, ya que éste le había adquirido a su hija una finca, escriturada a un valor varias veces inferior al de mercado. Para ese ardid, el juez contó con la ayuda de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, donde la jueza Marina Cossio le dio tiempo al juez santiagueño para emitir la controvertida resolución antes de disponer su apartamiento de la causa. Una curiosidad es que otros dos miembros de esa cámara tienen estrechos vínculos con la AFA: Ricardo San Juan integró el Tribunal de Ética de la asociación presidida por Tapia, en tanto que Fernando Poviña es dirigente del club Atlético Tucumán. Argibay había cobrado notoriedad años atrás, cuando declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución provincial de 2005 que le prohibía expresamente un tercer mandato consecutivo al entonces gobernador Gerardo Zamora, una exhibición de subordinación política que fue finalmente frenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo tiene que ver con todo.No hay dudas de que la designación de Mahiques en la cartera de Justicia obedeció a la convicción de Milei y de su hermana Karina de que el nuevo ministro, como conocedor de todos los rincones del Poder Judicial, podría resolverles algunos de los problemas judiciales que acosan al Presidente. Uno de ellos es el escándalo derivado de las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en las que se sugería que la secretaria general de la Presidencia percibía coimas de prestadores. Casualmente, esos audios fueron difundidos originalmente por una plataforma de streaming cuya propiedad se le atribuye a Toviggino. Y, curiosamente, el ministro Mahiques es un viejo conocido de los dirigentes hoy envueltos en el AFAgate. Las especulaciones sobre la elección de Mahiques por el Presidente y su hermana seguirán siendo infinitas.Aunque la causa por la criptomoneda $LIBRA siguió, Milei no podría quejarse mucho de Cúneo Libarona, ya que la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, dictaminó en junio del año pasado que el primer mandatario no cometió ningún delito por publicitar algo que fue luego denunciado como una criptoestafa. Entendió el organismo que Milei no actúa como presidente de la Nación cuando tuitea, sino que simplemente ejerce los derechos civiles y políticos que le garantiza la Constitución nacional.Las encuestas no le sonríen en las últimas semanas a Milei. Un trabajo de la consultora Tendencias que analiza el contenido en redes sociales reveló que los primeros cien días de 2026 muestran una caída del 45,4% del apoyo digital al Presidente, medido en likes, respecto del mismo período de 2024. El estudio no solo da cuenta de una dinámica hacia la baja, sino también de que las cuestiones que despiertan más apoyo a la gestión presidencial no están ligadas al rumbo económico, sino a su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel. Se trata de un dato que podría estar indicando que el respaldo al primer mandatario se recuesta cada vez más en su núcleo duro de simpatizantes.La idea que impera en el Gobierno es recrear la estrategia polarizadora con el kirchnerismoLa consultora CB, que dirige Cristian Buttié, aporta otro dato relevante. En el ranking de presidentes latinoamericanos, Milei ocupa hoy el puesto 14°, luego de haber estado tercero en noviembre del año último. Su imagen positiva cayó desde entonces del 47,2% al 36,2% en la actualidad, mientras que su imagen negativa es hoy del 59,7%. Nayib Bukele, de El Salvador; Claudia Sheinbaum, de México, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, lideran el ranking en abril. Por debajo de Milei, solo se ubican el ecuatoriano Daniel Noboa; el panameño José Raúl Mulino; la venezolana Delcy Rodríguez, y el peruano José Balcázar.El envío al Senado por el Poder Ejecutivo de un nuevo proyecto de reforma política, cuyo punto más novedoso es la propuesta de eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al margen de la justificación oficial de ahorrarle mucho dinero a los argentinos, tiene un claro propósito político. Es cierto que las PASO han representado un derroche de fondos públicos, al convertirse en no mucho más que una costosa encuesta, toda vez que no pocas agrupaciones en muchas elecciones, empezando por el Partido Justicialista, concurrieron a los comicios con candidatos elegidos por el dedo de sus líderes. También es cierto que el hecho de que las PASO se efectuaran con tanta anticipación al recambio presidencial podía provocar que un resultado claramente favorable a una fórmula presidencial opositora dejase al presidente en ejercicio en una situación de alta vulnerabilidad e ingobernabilidad. Aun así, anida en el oficialismo la intención de capitalizar el desorden que reina en la oposición, favoreciendo su atomización y evitando que pueda resolver sus problemas de liderazgo en una primaria abierta. De ahí que desde el peronismo ya se escucharan voces en contra de la iniciativa oficial, al igual que desde Pro. El senador radical Maximiliano Abad se pronunció en contra de la eliminación de las PASO pero a favor de modernizar el sistema, garantizando la participación ciudadana y el control judicial, y rechazando el retorno de las definiciones a través de las cúpulas partidarias. Si la oposición kirchnerista intenta convertir la exposición de Adorni en una interpelación por su presunto enriquecimiento ilegal, los efectivos de La Libertad Avanza se plantean la posibilidad de "ir a una guerra", sacando a relucir las inconsistencias patrimoniales de dirigentes opositores. Probablemente, no ayudará a solucionar un problema estructural. En cambio, embarraría el territorio, reforzaría la idea de que son todos parecidos y terminaría generando una compulsa donde los espectadores solo podrían dirimir quiénes son menos corruptos y no necesariamente los mejores.
River le ganó a Aldosivi con justicia pero también con polémica en el Monumental, en una noche que sigue dejando señales de alarma
El equipo del Chacho necesitó de un guiño del VAR para abrir el marcador a través de Galoppo.En la segunda mitad lo sorprendió el empate del Tiburón pero empujó y llegó a la victoria.El Monumental cantó "Movete..." y terminó festejando tras el cachetazo del Superclásico.
Semana clave en el caso Ungrd: arranca juicio contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la Corte Suprema de Justicia
El proceso entra en fase decisiva con la audiencia en la que el alto tribunal formalizará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la contratación y cohecho por dar u ofrecer
El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala
La sistematización de relatos y documentación de delitos promovidos por el REMHI contribuyó a dignificar a las comunidades, incentivar la formación de redes de apoyo y generar herramientas para la transformación de conflictos y la sanación colectiva
El Departamento de Justicia de EEUU buscará restituir la ejecución en pelotones de fusilamiento para las penas de muerte
Se trata de una medida que retoma políticas de ejecución revertidas por Joe Biden. Entre ellas se reintroduce un "protocolo de inyección letal" junto a métodos adicionales como el fusilamiento para "agilizar los procesos internos".
México impulsa protección a defensores ambientales, la justicia climática y la igualdad de género en la COP4 del Acuerdo de Escazú
La COP4 aprobó 10 decisiones clave y consolidó al Acuerdo de Escazú como principal herramienta regional para la justicia ambiental
La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo
Una jueza determinó que no existe "urgencia suficiente" para intervenir en las finanzas de Elijah Blue Allman, actualmente internado en un hospital psiquiátrico
Otra demanda contra Argentina: una empresa francesa va a la Justicia de Estados Unidos para cobrar un fallo de US$ 40 millones
Se trata de Saur Internacional, que era accionista de la empresa de agua de Mendoza hasta que la provincia la expropió, en 2010.El juicio llega 12 años después de haber obtenido un fallo favorable en el CIADI.
La Corte Suprema de Justicia avaló extradición del falso odontólogo Jaime Arturo Solarte a Estados Unidos por narcotráfico
El alto tribunal respaldó el traslado del acusado de manejar una red de tráfico de drogas, tras verificar la correspondencia de los delitos y la validez de los documentos remitidos por las autoridades estadounidenses
La Justicia encuentra al cantante Francisco González y reabre su causa penal para tomarle declaraciones: se presentará como investigado el 20 de mayo
El artista debe declarar sobre el presunto impago de la pensión de alimentos que tenía que enviar a la hija que comparte con Denia Apolinar
Bolaños destaca la voluntad de que haya más catalanes en la justicia e impulsar el uso del catalán
La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja
Un informe de detective privado y varios testimonios han sido clave para la decisión del tribunal, aunque la defensa alegaba que solo existía un noviazgo sin convivencia real
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar 111 bienes de Cristina, de sus hijos y de Lázaro Báez
Una sola propiedad es de la expresidenta, un terreno en el Calafate. Otras 19 pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner. 84 a Lázaro Báez y el resto a otras empresas. El objetivo judicial es resarcir al Estado nacional por unos 685.000 millones de pesos. Así, Casación rechazó los últimos planteos defensivos y ratificó lo dispuesto por el TOF 2 en 2022. Leer más
Algo anda muy mal en la Justicia
Desde hace años, en la política se habla de "operadores judiciales" como si se tratara de funcionarios con cargo oficial y un rol esencial en la administración del Estado. No está mal que el poder político tenga canales de comunicación institucionales con el mundo de la justicia. Pero la tarea principal de estas personas se ejecuta en las sombras y no es otra que transar con jueces venales fallos o dilaciones que, en una burla a la ley, favorecen al poder de turno y sus funcionarios, ya sea consolidando privilegios o garantizando la impunidad de delitos de corrupción. Piezas centrales de la casta, estos operadores y sus cómplices en la Justicia sobreviven a los distintos gobiernos y en buena medida son responsables de nuestro Estado indigente, así como de la sociedad desigual que la corrupción endémica modeló.Sus malas artes están naturalizadas. Los operadores son parte aceptada de nuestro sistema político. Desde hace un tiempo, sin embargo, los tejes y manejes en el Poder Judicial se han multiplicado y se exhiben sin pudor, de manera descarada. Los ciudadanos, indefensos, leen en la crónica diaria las traiciones que fraguan los operadores con magistrados que se suman al curro de los poderosos en lugar de protegerlos contra sus abusos, que para eso están. Pero hay más. Hoy estos manipuladores de la justicia llegan a altos cargos ejecutivos y desarrollan su juego desde allí. Es la trampa oficializada. La división de poderes es cosa del pasado. Hoy la política y la Justicia se confunden en un campo de batalla donde facciones mixtas y enfrentadas luchan por prevalecer y hacerse del control. El terreno donde se dirime la lucha -en la que no todos transan, hay que decirlo- no es otro que el cúmulo de causas calientes que la Justicia debe resolver, desde el latrocinio del kirchnerismo hasta los chanchullos libertarios, pasando por los escándalos de la AFA y de las SIRA. Es decir, todo lo que explica por qué estamos como estamos, cómo hemos sido saqueados, aunque en verdad el robo y la corrupción sistemática que nos han traído hasta aquí son el resultado de una impunidad que es moneda de cambio o prenda de extorsión en la lucha por el poder. Los operadores y sus cómplices de toga salvan a los delincuentes de guante blanco de pagar por sus delitos, pero además abonan el terreno para que los que vengan después puedan seguir enriqueciéndose a gusto y sin costo. El affaire de la AFA es un ejemplo. El caso parece encallado en un laberinto de causas conexas en el que jueces ligados a los acusados intentaron hacerse del caso, y no precisamente por amor a impartir justicia. La lucha llega al corazón del Gobierno. La guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo no deja frente sin abrir, y la Justicia, cabecera de playa en permanente disputa, hoy pertenece a la órbita de Karina. La hermana del Presidente bendijo como ministro del área a Juan Bautista Mahiques, un exfiscal con múltiples vínculos con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, principales acusados en el caso. El nombramiento habría sido un gesto para ambos procesados, uno de los cuales, Toviggino, sería dueño de Carnaval, la plataforma que divulgó los audios en los que Diego Spagnuolo involucra a Karina en la corrupción de la Andis. En realidad, parte de los audios: previsores, habrían guardado el resto como arma de "negociación". Carlos Pagni lo contó en detalle en su columna del jueves, en la que los nombres de políticos, jueces y empresarios enlazados en tramas oscuras se suceden como en una novela rusa. Es indispensable una Justicia que en lugar de transar impunidad castigue los delitos cometidos por el poderUna causa que avanza es la que investiga los viajes y propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Está muy bien que el fiscal Gerardo Pollicita la impulse. Es raro, eso sí, que un juez como Ariel Lijo, campeón en el arte del cajoneo, se muestre tan activo. Esa súbita energía respondería, creen las huestes de Karina, al alineamiento del juez con su rival Santiago Caputo, al que han acusado de divulgar el video en el que Adorni y su familia suben a un avión privado con rumbo a Punta del Este. Lijo, dicen las crónicas políticas, compite además con Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación. Dios nos guarde. La ley, ahogada entre intereses y ambiciones.El caso Adorni es importante, pero ha relegado a segundo plano causas que merecen más espacio en la opinión pública. Entre ellas, el juicio de corrupción más relevante de nuestra historia, junto con el de Vialidad. Las audiencias del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita, dejan cada semana declaraciones que ilustran la ingeniería de un saqueo sin precedente revelado por Diego Cabot (no valoramos lo suficiente a algunos periodistas) y los intentos de ciertos empresarios de desdecirse de aquello que confesaron cuando se plegaron a la ley del arrepentido. Muy arrepentidos no parecen. Tampoco los funcionarios. Por eso es indispensable una Justicia que en lugar de transar impunidad castigue los delitos cometidos por el poder. De hecho, la hay. Coexiste con la otra. Las condenas a Cristina Kirchner y a varios de sus funcionarios por la corrupción en la obra pública lo demuestran. Dependemos de ella. De que su ejemplo crezca y se imponga sobre la otra, la que está sucia y es parte de una casta que no está dispuesta a ceder sus privilegios y, peor, va sumando nuevos cómplices a medida que pasan los gobiernos.
Victimología penal: el comienzo de una nueva era para la justicia argentina y su camino a la OEA
Tras el Primer Simposio Americano y Europeo, la directora del Instituto de Victimología de Usina de Justicia, María Jimena Molina, plantea los pasos por seguir para lograr un sistema al servicio de las víctimas
Uno por uno, los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner
La Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder los condenados por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son de Báez; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo "Hotel Los Sauces"; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6000 metros cuadrados.Las propiedades alcanzadasLa decisión alcanza propiedades vinculadas a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.También figuran una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007 y que cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.El fallo incluye también diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido transferidas a los hijos de la exmandataria en 2007.También una vivienda en la misma ciudad situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.Más inmueblesEl inventario se amplía con terrenos situados en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran las parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial.También se agregan bienes se agregan dos bienes adquiridos en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados.El falloLa decisión la tomó este viernes la Sala IV de la Casación, al rechazar todos los recursos presentados por las defensas y ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.En junio del año pasado, la Corte Suprema había dejado firme aquel fallo, lo que habilitó la ejecución de las penas, pero el decomiso había sido apelado hasta llegar a Casación. De todos modos, si estos bienes resultaran insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.En sus presentaciones, las defensas habían apuntado a limitar el alcance del decomiso, al cuestionar la inclusión de bienes sin "trazabilidad directa" con el delito.Cristina Kirchner intentó sin suerte poner a resguardo dos inmuebles, diez departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.Pero los jueces señalaron que en los delitos de corrupción complejos no se puede exigir una "trazabilidad lineal" del dinero ilícito y basta con probar una vinculación económica razonable.Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida "restaurativa del patrimonio estatal". "El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado", concluyeron los jueces.
La Justicia rechazó el intento de Chiqui Tapia de cerrar una causa por evasión
El titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó su pretensión de cerrar la causa donde está acusado de apropiarse de los aportes de empleados, a cambio de una "reparación integral" económica.La estrategia de la defensa consistía en lograr el sobreseimiento definitivo en la causa que investiga la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El argumento de los representantes de Tapia era que la AFA ya había cancelado en su totalidad las deudas reclamadas por la ARCA y sus intereses.Sin embargo, Amarante desbarató los argumentos del dirigente deportivo. El juez dejó en claro que el pago extemporáneo no puede funcionar como un salvoconducto para evitar las acusaciones por evasión y apropiación de aportes.Amarante respondió que el Régimen Penal Tributario tiene su propio mecanismo específico de extinción penal (artículo 16), el cual fue diseñado con un "alcance limitado y excepcional".El juez explicó que se excluyó deliberadamente de este beneficio a los delitos de apropiación indebida de aportes cometidos por "agentes de retención o percepción", como en este caso.Permitir que utilicen la regla general del Código Penal para sortear la prohibición específica de la ley tributaria implicaría "desnaturalizar el régimen especial diseñado por el legislador y vaciar de contenido la opción normativa adoptada", dijo el magistrado.Al retener indebidamente los impuestos y aportes de la seguridad social se erosiona la capacidad del Estado para financiar sus objetivos básicos, por lo que "la reparación dineraria no resulta idónea para recomponer el interés lesionado".Amarante advirtió sobre las consecuencias prácticas que tendría habilitar este "perdón" judicial. Dijo que, de admitirse, se permitiría que cualquier agente de retención de aportes se quede con el dinero, lo invierta, y si es descubierto o denunciado, utilice el rédito obtenido para pagar el capital y los intereses, de modo que la causa penal desaparezca.Esta conducta, dijo, "sacaría de eficacia la persecución de estas conductas y debilitaría la tutela del bien jurídico comprometido".El juez Amarante señaló que la Ley de Inocencia Fiscal, promovida por el gobierno de Javier Milei, lejos de dar luz verde a las extinciones por pago en estos delitos, introdujo un artículo explícito estableciendo que la reparación prevista en el Código Penal "no resultará de aplicación" para el régimen tributario.Con esta decisión, Amarante rechazó cerrar el caso donde Tapia y Pablo Toviggino están procesados a la espera del fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que debe decidir si confirma o no esas resoluciones.Mientras, a 50 días del mundial, ambos tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
Hoteles, estancias y departamentos: los 111 bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez
La Cámara ratificó el avance sobre el patrimonio de los condenados en la causa Vialidad. El hotel Los Sauces, terrenos en la Patagonia y la emblemática Chacra 39 de Río Gallegos pasarán a la órbita de la Corte Suprema para reparar al Estado. Leer más
Mamá Corazón: la Justicia ordenó determinar si la causa por la telenovela está prescripta
La Cámara Federal de Casación suspendió el trámite de una apelación fiscal contra la absolución de Andrea Del Boca y Julio De Vido para establecer antes si el caso prescribió
Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar
La decisión la tomó la Cámara de Casación. Se avanzará contra inmuebles que estaban a nombre de la ex presidenta y de sus hijos
La Justicia cerró la causa contra Adorni por incluir a su pareja en el viaje oficial a los Estados Unidos
El juez Daniel Rafecas archivó la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la gira oficial de marzo a los Estados Unidos. La decisión fue tomada luego de que la fiscal Alejandra Mangano sostuviera que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado. Esto es así porque en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas. "A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado", dijo la fiscal en su dictamen. Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral "razonable" de decisiones del Poder Ejecutivo. "La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales", sostuvo la fiscal.Rafecas hizo propios los argumentos de la fiscal y, este viernes, dispuso enviar la causa al archivo.De inmediato, el jefe de Gabinete destacó la novedad en las redes sociales. "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene', citó Adorni en X y luego remató: "Será Justicia. Fin."Las otras causasEl viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial."Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe", dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial. Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados. Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.
La Justicia confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en Vialidad, causa por la que la expresidenta cumple una pena en su casa de seis años de prisión.La decisión la tomó este viernes la Sala IV de la Casación y ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo -lo que habilitó la ejecución de las penas-, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta las puertas de la Casación. Es lo único que restaba ejecutar. Las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin "trazabilidad directa" con el delito. La expresidenta, por caso, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso. Pero la estrategia quedó enterrada hoy por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron. El primero marcó que el decomiso no puede quedar en una "declaración abstracta", sino que debe traducirse en una "recuperación real y efectiva" de los activos provenientes del delito."La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito", sostuvo Hornos. Su colega Barroetaveña adhirió en todos sus términos.El juez Mariano Borinsky, en tanto, tuvo una interpretación distinta, que hizo eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.La medida alcanza también a bienes del empresario Báez -principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz- así como también de Austral, su empresa insignia, y otras firmas satélites. Plazo vencidoEl plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado. Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de "multa encubierta".Noticia en desarrollo
El Departamento de Justicia de Trump restablece los pelotones de fusilamiento en las ejecuciones federales
Las medidas amplían el uso de técnicas de ejecución y vuelven a aceptar el protocolo de inyecciones letales, además de impulsar la construcción de instalaciones penitenciarias
La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad
Por mayoría, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar los bienes de la ex presidenta, sus hijos y el resto de los condenados
Las reacciones de Manuel Adorni y Javier Milei al fallo de la Justicia por el vuelo en el avión presidencial
El jefe de Gabinete celebró la decisión de Daniel Rafecas de archivar la investigación por el viaje de su esposa a Nueva York. Y el Presidente lo respaldó
Hotel capitalino operaba como búnker de narcomenudeo bajo control de "Pioja", según justicia costarricense
El órgano judicial reúne evidencia sobre el funcionamiento empresarial del grupo, con jerarquías y pagos regulares, mientras extiende su pesquisa sobre el blanqueo a través de joyerías y transferencias bancarias
Denunciaron ante la Justicia presiones y desplazamientos en ARCA para frenar una investigación por un fraude millonario en Camioneros
Un alto funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) se presentó ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata y denunció que autoridades del organismo en esa ciudad y en Buenos Aires durante la gestión de Javier Milei ejercieron presiones y desplazaron a media docena de funcionarios, incluido él mismo, que investigaban presuntos desvíos por al menos $13.000 millones a través de proveedores apócrifos del hotel del sindicato de Camioneros.La denuncia la radicó Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en ARCA, donde llegó a ser director de la Regional Mar del Plata y luego "asesor mayor", y que fue desplazado de su cargo y enviado al área de Capacitación por cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones que investigaban maniobras en un hotel en la ciudad del gremio de Hugo Moyano, causa que también es indagada por la Justicia provincial.Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la pesquisa. Ambos se negaron por considerarlo ilegal. Ambos terminaron fuera de sus cargos.Las motivaciones serían, según reconstruyó LA NACION, de índole política. "En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias", indicó una fuente al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar bajo reserva estricta de su nombre.Tras la salida de Tymkiw, en tanto, desde Buenos Aires fue enviado como nuevo titular de la Regional el contador Pablo Catracchia, ajeno hasta entonces al ámbito marplatense. Casi de inmediato, según la denuncia, Catracchia habría presionado a otro jefe de fiscalizaciones, Diego González, con una frase que Rodríguez transcribe textualmente: "Sos consciente que si apretás la tecla para descargar la fiscalización tengo que correrte del cargo". González habría respondido: "Hacé lo que creas conveniente".Desplazamientos en cadenaLa investigación en la Justicia bonaerense, cabe aclarar, se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra.Por el avance esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. "No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial.En ese contexto, los relevos en la Regional Mar del Plata de ARCA se sucedieron en menos de siete meses y alcanzaron a funcionarios con antigüedades de entre diez y catorce años en sus cargos. El 22 de octubre pasado fue separado José Visca, jefe de la División Jurídica, cargo que había ganado por concurso. El 22 de enero de este año fue desplazada Mariela Álvarez, jefa de Dictámenes y Sumarios con diez años en el puesto. Y este miércoles, fueron removidos Capdeville (catorce años en el cargo) y González (doce años) como jefes de Fiscalización 1 y 3. Tymkiw había presentado su renuncia semanas antes, luego de que le comunicaran su desplazamiento. Y el propio Rodríguez fue enviado al área de Capacitación en enero.Consultados por LA NACION, voceros del organismo negaron toda irregularidad y plantearon que la fiscalización sobre el Sindicato de Camioneros "no se lleva adelante en Mar del Plata, sino en su jurisdicción natural, la Subdirección de Operaciones Impositivas Metropolitanas, que es donde el sindicato está inscripto". Señalaron que el gremio se encuentra bajo fiscalización desde junio de 2025 "a partir de un desvío detectado por ARCA, en el marco de las tareas habituales de control del organismo".Sobre los desplazamientos, afirmaron: "Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad". Respecto a los proveedores investigados, sostuvieron que "la gran mayoría fue incorporada a la base de contribuyentes no confiables a partir del nombramiento de la actual conducción, en el marco de tareas ordinarias de fiscalización y dejando atrás demoras injustificadas por los jefes desplazados".El organismo añadió que "no se ocupa ni tiene competencia en causas o conflictos entre privados, ni emite opinión sobre materias ajenas a sus facultades legales. Su función es clara: fiscalizar, recaudar y, cuando la justicia lo requiere, brindar la información correspondiente".Conviene precisar, sin embargo, que la denuncia de Rodríguez no versa sobre la fiscalización al sindicato en sí â??que, como señala ARCA, tramita en la órbita metropolitanaâ?? sino sobre las fiscalizaciones a proveedores apócrifos del hotel del gremio, que sí estaban a cargo de la Regional Mar del Plata.En su denuncia, Rodríguez rechazó por falaz el argumento de que el caso sea "entre privados". Recordó que la facturación apócrifa detectada superaría los $13.000 millones, sobre los que correspondería aplicar la alícuota del 35% de Ganancias, "lo que conllevaría un posible monto evadido de aproximadamente 4550 millones de pesos", además de configurar el delito de evasión. "Va de suyo que no estamos en presencia de una situación exclusivamente entre particulares como posiblemente se la pretenda hacer ver", escribió Rodríguez. "Ese entendimiento solo puede darse desde una profunda ignorancia del sistema tributario argentino o con la intencionalidad de 'influenciar' a quienes realizan las fiscalizaciones".En su denuncia, Rodríguez remarcó la irregularidad de todo lo ocurrido. "En mi carácter de funcionario de ARCA por un espacio de 35 años y habiendo pasado por las funciones de inspector, jefe de sección, jefe de división fiscalización, director regional y asesor de la Dirección Regional jamás he observado semejantes irregularidades en el desarrollo de la función", planteó el denunciante. "Jamás en 35 años se reemplazaron en un espacio de tiempo menor a siete meses a tantos funcionarios de jerarquía y conocimiento en su función. Jamás en el transcurso de mis 17 años de jefe de fiscalización sufrí algún tipo de 'sugerencia' como las que han sufrido los contadores González y Capdeville".Rodríguez advirtió, por último, sobre eventuales represalias salariales: todos los funcionarios afectados, señaló, han sido calificados "con las máximas puntuaciones" a lo largo de los años, lo que influye en sus remuneraciones. En ese contexto, solicitó a la Justicia federal que evalúe abrir una investigación por la presunta comisión de los delitos de coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado.
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Javier Milei acompañará a Manuel Adorni en el Congreso; tras un fallo de la Justicia vuelve a regir la reforma laboral
Milei dijo que va a acompañar a Adorni en el Congreso cuando dé su informe de gestión. El Presidente afirmó que estará con el Jefe de Gabinete, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el miércoles cuando exponga en Diputados, como clara muestra de respaldo al funcionario. "Manuel dará las respuestas que corresponden. Nosotros estamos muy tranquilos", dijo el mandatario, que también confirmó que se va a presentar por la reelección. Vuelve a regir la reforma laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar interpuesta por la CGT que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso. De esta manera vuelve a entrar en vigencia la norma, que trae cambios en los cálculos de las indemnizaciones, vacaciones, entre otros puntos importantes.Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional. El Gobierno declaró ilegal la medida de fuerza: sostuvo que la actividad en el organismo es esencial. ATE levantó el paro que había sido convocado contra los despidos en el organismo, y que iba a provocar que desde las 5 de la mañana de hoy hasta el mediodía no se publicaran datos del estado del tiempo ni advertencias oficiales. Donald Trump va a invitar a Putin a la cumbre del G20 de diciembre en Florida. El republicano dijo que "resultaría muy útil" que su par ruso asistiera, mientras funcionarios del gobierno afirmaron que prevén enviar la invitación. Putin no asistió a las últimas reuniones por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra en Ucrania. Boca goleó y llegó a los playoffs del Apertura. Con goles de Milton Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel, los xeneizes superaron 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. De esta manera, Boca se clasificó para los octavos de final del torneo. Hoy sigue la fecha con 5 partidos con la presencia de Independiente, Racing y San Lorenzo.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.