justicia

La Justicia ratificó que la "masacre del Pabellón séptimo" fue lesa humanidad y dejó firme un procesamiento

Se trata de la muerte de 65 presos durante una violenta represión e incendio en la cárcel de Devoto en 1978

Justicia y Paz condenó a tres exjefes paramilitares por esclavitud sexual y brujería sistemática en Meta y Vichada

El fallo judicial obliga al Estado a fortalecer la memoria colectiva y garantizar acceso prioritario a servicios de salud y reparación simbólica para quienes sufrieron el terror en Alto Neblinas

Alumna de la UAM que presuntamente fue asesinada por su novio causa indignación: universidad pide justicia

Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de la UAM Xochimilco, fue hallada sin vida en su domicilio de Iztacalco; su pareja sentimental fue detenida

El financista Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: "No me detengo en traiciones"

Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, declarará esta mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad. La declaración estaba prevista para las 10, pero se postergó para las 11:30 horas. El financista había sido citado para el 5 de mayo pero sus abogados le recomendaron que no se presentara porque había varias apelaciones pendientes. Ese día, la fiscal Cecilia Incardona llegó a pedir su detención. El juez Armella se negó a detener y pospuso la indagatoria para hoy. En la previa de su declaración, Vallejo hizo un posteo en sus redes sociales en el que volvió a hablar de "traidores", la misma palabra que utilizó cuando LA NACION reveló las primeras investigaciones en su contra: "En este camino entendí que las circunstancias muestran las verdaderas prioridades de cada uno. No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo". Y agregó: "Sigo enfocado en mi trabajo, en mis proyectos y en la gente que sí estuvo a la altura. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, y yo me quedo tranquilo sabiendo que siempre actué de frente, con honestidad y convicción".Según pudo saber este medio, Vallejo presentará un escrito pero también podría contestar preguntas. "Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra", arranca la presentación a la que tuvo acceso LA NACION. Algunos de esos planteos siguen vigentes. Por ese motivo, la estrategia de la defensa apunta a esperar una definición. "En relación con los hechos calificados como retención indebida e intermediación financiera, mi defensa técnica ha articulado un planteo de nulidad que se encuentra pendiente de resolución. Por tal motivo, y a fin de no afectar la estrategia defensiva ni anticipar manifestaciones que podrían tornarse abstractas según el resultado de aquella incidencia, me reservo formular las aclaraciones pertinentes una vez resuelto el referido planteo, si así correspondiere", explica el escrito. Vallejo está acusado de una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que les habrían generado ganancias ilegales a sus empresas. En la causa se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.En el caso de Argentinos Juniors, la fiscal Incardona destacó al momento de pedir la indagatoria que Sur Finanzas le cobró al club una comisión de $200 millones para cambiar cheques por un total de $600 millones, es decir, una quita del 33,3%. "Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, absorbiendo una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33.33%) justificada bajo un CFT encubierto del 100%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 bajo el concepto ficticio de "Comisión por préstamo otorgado", explicó la fiscal.Sobre ese punto, la defensa del financista, a cargo de Mauricio D'Alessandro, decidió esperar a que declaren el resto de los imputados. "Me reservo prestar declaración sobre este punto luego de que declaren quienes son sindicados -en principio- como autores del hecho, oportunidad en la cual evaluaré la necesidad de ampliar mi descargo", dice el escrito que dejó Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora.Además de Vallejo, en esta causa están citados a indagatoria la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y a dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.Además del vínculo con los clubes, en el expediente se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma "Sur Finanzas PSP". Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran "monotributistas sin capacidad económica", personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y "sujetos no categorizados".Entre otros bienes, se investiga la compra de una Ferrari California, que se inscribió a nombre de Cluster Palace Beach, la sociedad que Vallejo había creado para abrir un parador en la Costa. Ese auto, que en el mercado local puede llegar a costar hasta 350.000 dólares, solía estar estacionado en la puerta de la sede central de Sur Finanzas. El resto de los autos de lujo fueron puestos a nombre de familiares cercanos. Hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, la madre de Vallejo fue "propietaria" de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018).Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.

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El financista vinculado a "Chiqui" Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia

El juez Armella acusa a Maximiliano Ariel Vallejo de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en perjuicio del Club Atlético Banfield. "Responderá las preguntas según las acusaciones. Hay 7 jueces interviniendo", le dijo a Infobae su abogado, Mauricio D'Alessandro. Solicitará medidas de prueba

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El incidente ocurrió en una sucursal de zona oeste mientras el cliente recorría las góndolas. Tras una batalla legal que comenzó en 2017, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra la empresa y su aseguradora por los daños físicos y morales

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La Justicia citaría a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno

El jefe de gabinete Manuel Adorni sería citado a prestar declaración indagatoria antes de las vacaciones de invierno de los tribunales, previstas para las últimas dos semanas de julio próximo, según anticiparon fuentes judiciales a LA NACION.La medida está a estudio del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Gerardo Pollicita, investigan los gastos de Adorni.La declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado.No implica que sea culpable."El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación", dijo una fuente judicial que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio. En Comodoro Py 2002 evalúan que el juez Lijo, si decide llamarlo a indagatoria, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la justicia federal es raro pensar en otro desenlace. Por lo tanto, el horizonte judicial de Adorni se encamina a ensombrecerse todavía más.Adorni es investigado en este tramo de la causa, que lo pone al borde de la indagatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito. Se analizan el viaje a Punta del Este, Uruguay, junto al productor televisivo Marcelo Grandío y las reformas que realizó en su casa de fin de semana, por más dinero que el valor de la vivienda.La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse. La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Manuel Adorni antes de que este asumiera como funcionario.Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo pagó Grandio.Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de ImhouseGrandio es amigo de Adorni y lo considera "casi como un hermano menor", como le dijo a LN+. El productor creó Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Silva y se desempeñó como presidente de la entidad hasta 2020, cuando -según consigna en el Boletín Oficial- dejó la conducción de la entidad en manos de su socio fundador y su hijo Juan Grandio. Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Marcelo Grandio no rompió lazos con la firma que â??según consta en redes socialesâ?? produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas. No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También se analiza la geolocalización de los teléfonos en ese momento."En Ciccone, los cruces de llamadas fueron clave para la condena de Amado Boudou", recordó un veterano empleado judicial. Lijo dispuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realice esta tarea en busca de datos y cotejarlos con los seis contratos de coproducción.Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.Imhouse asume los costos de producción (incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.Los contratos incluyen el programa radial "La caja de Pandora", firmado en abril de 2024, y otros envíos como "Giros en Línea Recta", "Enredados" y "La Sala". En el streaming de la señal estatal también se emite Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich. Es el nexo más reciente del periodista cercano al jefe de Gabinete con los medios públicos: se estrenó a mediados de febrero. Aunque en el sitio oficial de la productora Imhouse no figura como un proyecto propio, en su cuenta de Instagram se suelen compartir recortes de la transmisión en formato de reels.Previo a su desembarco en la TV Pública, la empresa de Grandio ya contaba con estrechos vínculos con el jefe de gabinete: eran la productora detrás de su programa de entrevistas Dos en Pausa, que se transmitía en 2022 por canal Metro y también el canal 7 de Punta del Este.El vínculo entre la firma de Grandio y ese proyecto no figura en el portfolio de la productora publicado en su página web, pero sí en su cuenta de Instagram y las redes sociales del programa.Así presentaban el proyecto en redes sociales: "En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios".En este programa de 2022 a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.Grandio, además, en 2024 fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. "Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero", dijo a LA NACION una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.La Justicia está convencida que el vuelo de Adorni con su familia a Punta del este lo pagó Grandio. El piloto al que le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires declaró como testigo y dijo que a la reserva y al vuelo los pagó GrandioAgustín Issin Hansen, quien, en calidad de broker, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares. Uno de esos vuelos, el que usó Adorni, fue vendido a Grandio.Precisó que el vuelo de ida lo pagó el periodista y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, afirmó que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares.La factura del vuelo, dada a conocer por TN la semana pasada, está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez en LN+ del vuelo, que había ocurrido tres semanas atrás.Cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin le dijo a LA NACION: "La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva". Adorni había afirmado que al viaje lo pagó él.La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.Adorni declaró: "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué". Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué. La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.El caso de Grandio es lo que coloca a Adorni a las puertas de la indagatoria. En paralelo, Lijo con Pollcita llevan la causa de supuesto enriquecimiento ilícito. Allí el foco está puesto no tanto en si el funcionario puede justificar sus gastos en función de sus ingresos, sino en que en dos años adquirió dos propiedades que no están declaradas.Además, el otro foco es que las hipotecas tomadas como saldo de deuda fueron comprometidas cuando, a simple vista, los ingresos declarados no permitirían abonarlas.El verdadero problema, según el análisis que realizan funcionarios judiciales que deben decidir sobre Adorni, es la compra de la casa de fin de semana del country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua.Allí, Adorni escrituró la casa en noviembre pasado en unos 120.000 dólares. Además, la investigación señala que Adorni habría pagado unos 5000 dólares de ingreso al country y luego unos 245.000 en refacciones integrales y todo en negro, es decir sin facturarlo.Esas refacciones incluyeron, por ejemplo, bienes muebles, como los 51 muebles a medida que no están incluidos en la declaración jurada.Es decir, entre compra y remodelación, el gasto total mencionado en la causa rondaría los 370.000 dólares aproximadamente; una suma que está muy por encima del valor de esa propiedad en ese lugar. Uno de los investigadores judiciales acostumbrado a tratar con asuntos económicos especuló con que, más allá del supuesto enriquecimiento ilícito, la conducta podría encuadrarse en el delito de lavado de dinero.Y un último hecho está bajo la mirada judicial. Un informe televisivo mostró imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina apostados en el ingreso de Indio Cuá. Según la nota, el operativo se habría desplegado después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado. El periodista Nicolás Wiñazki exhibió además capturas del chat interno del country y sostuvo que vecinos cuestionaron el uso de recursos federales para custodiar la vivienda particular del funcionario. Para la justicia, si se confirma que estos efectivos estaban para custodiar el lugar, podría además configurarse el delito de peculado, que castiga con hasta 10 años de prisión al funcionario que use en beneficio personal recursos públicos que debe administrar.

Compraron una 4x4 y descubrieron que el kilometraje estaba adulterado: la Justicia confirmó una sanción ejemplar al vendedor

La Cámara Comercial ratificó la responsabilidad de un intermediario y de la concesionaria oficial. Aunque una de las partes fue eximida de la multa civil, ambas deberán responder por los perjuicios causados. ¿Cómo detectaron los demandantes que el cuentakilómetros había sido manipulado?

Fianzas millonarias, el efecto disuasorio para evitar que los ricos huyan de la Justicia

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La autoridad judicial de la jurisdicción castrense determinó la reclusión preventiva de un militar adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 11 por presuntamente transmitir datos confidenciales a grupos armados ilegales en Cauca

La JEP negó el sometimiento de los acusados por el atentado en la Universidad Nacional, el caso lleva dos años sin avanzar en la justicia ordinaria

El expediente suma testimonios clave y evidencia judicial, mientras el futuro de implicados y víctimas sigue congelado en la incertidumbre

Maroto defiende la actuación del Gobierno en el rescate de Plus Ultra y muestra "confianza plena en la justicia"

Cartas de lectores: ¿Justicia?, bisagra, juicios

¿Justicia? Cuando una causa en la justicia se mueve a una velocidad poco habitual para un caso de corrupción, y otras duermen el sueño de los justos, algo anda mal. Mas aun cuando en una investigación se llega hasta los detalles de un viaje ¡a Gualeguaychú!, y en otras hay viajes en jet privados a lugares remotos que entran en pausa. Sin mencionar las prácticas en la nominación de jueces, donde en las ternas se privilegia más a los "padrinazgos" que a los antecedentes, a las pruebas y a la idoneidad de los postulantes. Así como también maniobras oscuras para remover de sus cargos a jueces no afines a posturas ideológicas partidarias, mientras otros con múltiples denuncias por mal desempeño permanecen ejerciendo. Capítulo aparte merecen los "operadores" judiciales; la mayor causa de corrupción de la historia avanzando a paso de tortuga, y donde la línea de la defensa es plantear recursos técnicos para intentar anular el juicio, en vez de aportar pruebas para demostrar la inocencia de los acusados; un toma y daca entre las partes interesadas en la postulación para jueces a la Corte Suprema; la causa AFA terminando en un juzgado conveniente a los acusados. ¿Algún día Será Justicia? Guillermo Bronenberg wbronenbereg@gmail.com Bisagra Me duele esta Argentina que sigue desperdiciando oportunidades para llevar al país -y a sus ciudadanos- a una esperanza de vida mejor. Cada vez me cansan más los políticos "que solo miran sus quintas", y destaco a aquellos que con grandeza piensan que podemos vivir en paz y mejorar la condición de vida de los más necesitados. Estamos en un momento bisagra, y debemos aspirar entre todos llevar a la Argentina a un mejor lugar. Que el enorme esfuerzo que estamos haciendo no sea en vano, y como ciudadanos no dejemos pasar esta oportunidad histórica. Miguel Martin y HerreraDNI 14.525.621 Juicios La nota de Carlos Manfroni del 9 de mayo me recuerda la miserabilidad de ciertos jueces y fiscales en los por él llamados "juicios del kirchnerismo", que yo llamaría "kirchnermileísmo", pues nada ha cambiado: militares y civiles siguen muriendo en inmundas ergástulas. Lo más impactante son los testimonios: personas que no vieron nada, que no recuerdan nada y que basan sus relatos en reconstrucciones ajenas. Sin embargo, esas "memorias colectivas" se usan para condenar, incluso cuando los propios testigos reconocen que sus recuerdos son imaginarios o derivados de lecturas y charlas. Manfroni señala además otras "perlitas": testigos que niegan declaraciones previas, croquis atribuidos, o presencias en lugares donde nunca estuvieron. Todo ello confirma lo que advertía el maestro florentino Piero Calamandrei: el juez puede transformar sombras en verdades aparentes, ajustando la supuesta "verdad" a la medida de la sentencia diseñada por ellos mismos y, como el mago de una fábula, convertir lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo. Ante semejante panorama, los ciudadanos no deberían tomarse todo a la chacota. ¡Lo más lógico sería que tiemblen! Francisco García Santillán DNI 10.661.522 Facultades del Congreso En su columna del 15 de mayo, Federico Pinedo argumenta que el Congreso actuó de manera inconstitucional al aprobar leyes de financiamiento universitario, atención a personas con discapacidad y recursos para el Hospital Garrahan, calificándolas de maniobras electorales de la oposición que rompen el equilibrio fiscal y usurpan la iniciativa presupuestaria del Ejecutivo. Pero el artículo 75 de la Constitución atribuye al Congreso plenas facultades en materia de gasto público. El Presidente puede enviar el proyecto de presupuesto, pero eso no convierte al Parlamento en una escribanía. Aceptar la tesis de Pinedo implicaría vaciar de contenido real a uno de los tres poderes del Estado. Confundir el desacuerdo político con la inconstitucionalidad no es un argumento republicano; es un recurso para deslegitimar al Congreso cuando no vota lo que el Ejecutivo prefiere. Conviene también recordar de qué hablamos: no son leyes de privilegios corporativos, sino fondos para universidades públicas, prestaciones para personas con discapacidad e insumos para un hospital pediátrico. Llamarlas "maniobras electorales" es esquivar el debate real sobre las prioridades del Estado. Hay algo más de fondo. Pinedo tiene una larga historia de oponerse a derechos que hoy son parte indiscutida de la vida argentina -el matrimonio igualitario, la paridad de género, la fertilización asistida- y que la propia sociedad fue conquistando. Cuando habla de constitucionalidad, lo hace desde una concepción del país que nuestra sociedad fue dejando atrás. La república no es un escudo para proteger el programa económico de turno. Es el sistema que permite que el Congreso debata, modifique prioridades y exprese la voluntad popular. Para un país con la historia y las desigualdades de la Argentina, financiar la educación pública y garantizar la salud no son gastos ni son superfluos. Eso también lo dice la Constitución que Pinedo invoca. Laura Musa DNI 10.827.915 Laura Echezarreta DNI 23.008.861 Integrantes del Foro Encuentro Reformista (UCR) Clausura de un local El sábado 9 de mayo, a las 13, se hizo presente en un supermercado "chino", con verdulería, de nuestro barrio "Botánico", un empleado de la Subsecretaría de Higiene de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la ciudad, acompañado de efectivos de la Policía de la Ciudad, para clausurar el comercio. El funcionario explicó que se trataba de "una denuncia anónima por arrojar basura fuera de horario y sin embolsar", dentro del único contenedor que hay en la cuadra; en donde existen seis comercios más. No se mostró ninguna prueba de quién y cuándo habría cometido la infracción. Ante el requerimiento de hablar con el superior del funcionario municipal que dio la orden de clausura, se dijo que "no se podía dar esa información". Al ofrecimiento del dueño del comercio de que se revisaran las cámaras del local que apuntan directamente al contenedor para detectar la posible infracción, el municipal dijo que las adjuntara como prueba cuando hiciera el descargo... La cuestión es que, por una denuncia anónima, de una simple infracción, de la que no se conoce el autor, en lugar de dejar un acta de intimación advirtiendo que, de repetirse la falta, habría una multa y, hasta, un cierre del local... el gobierno de la ciudad clausuró el local un sábado a la tarde, perjudicando gravemente a los dueños y trabajadores del comercio y a todos los vecinos, que lo tenemos en alta estima porque nos facilita, con excelente atención, las compras diarias. Ahora, con la burocracia estatal, vaya uno a saber cuándo se podrá reabrir la fuente de trabajo y cuando volveremos a tener un comercio de cercanía. Una vergüenza. Con una denuncia anónima, sin pruebas y sin derecho a réplica y defensa inmediata, el GCBA perjudica a trabajadores y vecinos. Un verdadero abuso de autoridad. José D'Angelo DNI 12.258.460

Tragedia en República Dominicana: Suegro le quita la vida a machetazos a su yerno y la familia clama justicia

Un joven evangelista de origen haitiano fue ultimado a machetazos por su suegro en un trágico hecho ocurrido en la comunidad de La Jaiba, Guayabo Dulce

Una red de clínicas investigada por la justicia

Hay 29 detenidos y diez clínicas clausuradas que funcionaban como "farmacia" y donde se habría hecho ejercicio ilegal de la medicina.

La Justicia anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio

La Justicia anuló la reelección de Abel Furlán en la UOM, cuestionó la transparencia de los comicios y ordenó intervenir el gremio por seis meses. Leer más

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

Guiada por una promesa que le hizo a los restos de su hija, doña Vilma Espinoza sacó fuerzas de la flaqueza para viajar desde San Juan de Río Coco, Nicaragua hasta San José, Costa Rica

Tras la muerte de una exconcejal y docente de Mendoza, por qué la Justicia sospecha que el hijo mayor la asesinó

David Demaldé, el hijo mayor de la docente y exconcejal Margarita Gutiérrez que fue encontrada muerta en su casa en Mendoza, fue imputado este viernes por homicidio agravado por el vínculo. La investigación destapó a una familia con disputas internas y un final marcado por el alcohol, la adicción a los estupefacientes y la violencia.Gutiérrez fue hallada el pasado martes en su vivienda en Junín, donde era altamente reconocida por su trayectoria educativa e incluso había un jardín de infantes con su nombre. Fue cerca de las 7.30 que la mujer encargada de la limpieza del hogar llegó al domicilio y encontró la puerta de servicio abierta. También vio que el portón de ingreso al jardín se encontraba sin candado. Se decidió, entonces, a ingresar acompañada por la policía. Gutiérrez tenía múltiples lesiones provocadas por el fuego, parte de su cuerpo calcinado y signos de que fue atacada con una sustancia corrosiva. El cuerpo presentaba altos niveles de violencia, con sectores cuya estructura ósea había sido dañada por dicha sustancia, probablemente un ácido. En tanto, en el hogar, estaban las ventanas abiertas y los espacios desordenados. Pero no encontraron faltantes en la vivienda, lo que descartó la hipótesis de un robo. Horas después del hallazgo, las autoridades judiciales y policiales demoraron al hombre de 46 años, que tiempo después fue liberado. Sin embargo, el pasado miércoles fue detenido y este viernes imputado. Permanece en la cárcel de San Felipe y el delito por el que fue imputado prevé como única pena la prisión perpetua. La muerte conmocionó a la comunidad, ya que la mujer era muy querida en la ciudad, que la consideraba una docente alegre y entregada a su profesión. Además, era madre de Ever Demaldé, integrante del cuerpo técnico del entrenador Marcelo Bielsa y fue director técnico de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín. La evidenciaVarios elementos llevaron a la Fiscalía a creer que Demaldé fue el responsable del asesinato de su madre. La principal prueba son las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que registran al hombre ingresando y saliendo de la casa de su madre entre las 17.15 y las 22 del pasado lunes, reveló el medio local Los Andes. Varios vecinos y personas cercanas habían reportado que lo vieron en la vivienda en dichos horarios.Además, a Demaldé se le realizaron estudios toxicológicos en la mañana del martes que mostraron presencia de cocaína y alcohol en sangre. Sumado a esto, la Policía realizó un allanamiento en su casa en la calle Primavera de Rivadavia y descubrió una campera símil cuero con manchas de sangre.También secuestraron pantalones, borcegos, un buzo, un encendedor y un cuchillo; dos celulares Samsung, una moto Royal Enfield Himalayan, municiones, cartuchos, vainas de distintos calibres, cargadores de armas Bersa, un cinturón porta cartuchos y diversos proyectiles, reportó el medio mendocino. Algo que fortaleció la hipótesis fue que Demaldé tenía lesiones en ambas manos al momento del allanamiento. Incluso en las horas posteriores del asesinato, el hombre había sido visto por varios testigos afuera de un gimnasio de la calle Primavera con una mano lastimada y visiblemente conmocionado. Cuando uno de sus hermanos le preguntó al respecto, él dijo que había sido un accidente con su moto. Las tensiones familiaresEl medio mendocino registró que el conflicto comenzó cuando el esposo de Gutiérrez, el empresario local Enrique Olivio Demaldé, todavía estaba vivo. Antes de su fallecimiento hace aproximadamente tres años, ambos convivían de forma casi forzada y la vida de pareja era básicamente nula. Esto desató que, los hijos del matrimonio se aseguraran que la herencia de su padre quedara solo bajo nombre de ellos, siempre bajo la condición de darle a Gutiérrez el dinero suficiente para mantener su nivel de vida. Durante esta época las rispideces entre la madre y su hijo mayor ya existían. Aunque David Demaldé se había recibido como psicólogo, el hombre había abandonado el trabajo tras varios problemas en el ejercicio de la profesión, y se había volcado de lleno a lo que fue el negocio de su padre. Allegados de la familia reportaron al medio local que el hombre era adicto a los estupefacientes. Desde entonces, la vida había continuado con normalidad. Los hijos del matrimonio -salvo por Ever, que se había avocado más que nada al fútbol- se dedicaban principalmente al negocio familiar. El cambio más reciente que se registró en el último tiempo fue que Gutiérrez había comenzado a ahorrar dinero: quería viajar a Europa junto a otro familiar. Por ello, hace poco había vendido un Audi A1. Sin embargo, por el momento se desconoce si esto habría sido la causa de una nueva discusión entre ambos.

Cuadernos: la Justicia hace un mes que no puede localizar a Miriam Quiroga, una testigo clave, para que declare en el juicio oral

La ex secretaria de Néstor Kirchner está citada para declarar el martes próximo, pero una persona que se identificó como su hijo informó al tribunal y la fiscalía que no puede hacerlo porque "está estresada".Fuentes judiciales adjudican la actitud de la ex funcionaria a la actitud hostil de algunos abogados defensores hacia los testigos.

La Justicia le negó la prisión domiciliaria al exjuez Bento, en la cárcel con una condena a 18 años

La Cámara Federal de Casación le negó la prisión domiciliaria al exjuez federal de Mendoza Walter Bento, condenado en febrero de este año a una pena de 18 años de prisión por haber liderado una banda dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.La Sala III de la Casación entendió que no había razones para cambiar el régimen de detención del exjuez, que fundó su pedido en la necesidad de restablecer el vínculo con su hijo, que sufre una discapacidad. La resolución, que lleva las firmas de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, dispone "rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Walter Ricardo Bento".Los jueces señalan que para resguardar los derechos del chico no es necesario concederle a Bento la prisión domiciliaria. Se añade que su hijo cuenta con el cuidado de su madre, de personal domiciliario y de profesionales de la salud, además de una cobertura de obra social, transporte y concurrencia a un centro de día.En respuesta parcial a su pedido y atendiendo un informe del Cuerpo Médico Forense que recomendó promover un proceso de "revinculación progresivo", la Casación impuso un nuevo régimen de visitas del exjuez de 24 horas cada 14 días. Destituido y detenido en 2023 por el proceso que derivó en su condena de febrero, Bento esta preso en el penal de Cacheuta, Mendoza. Fue acusado de comandar una asociación ilícita junto a familiares, abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020.En febrero, el Tribunal lo encontró culpable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de jefe, además de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Se ordenó el decomiso de una importante cantidad de bienes del juez y su familia, como inmuebles y vehículos de alta gama, para cubrir una multa de 540 millones de pesos.La esposa del juez, Marta Boiza, y su otro hijo, Nahuel, también fueron condenados a seis años y cinco años de prisión, respectivamente.

La justicia guatemalteca traslada al juzgado de Mynor Moto el expediente de los exlíderes indígenas detenidos

El caso vinculado a protestas contra el Ministerio Público en 2023 enfrentó distintas recusaciones y demoras, lo que llevó a una redefinición del tribunal encargado de resolver solicitudes acumuladas desde el año pasado

La Justicia anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán y ordenó la intervención del gremio

Lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.Furlán había sido reelecto en marzo pasado, pese a una orden judicial para suspender las elecciones por supuestas irregularidades.

La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso hoy la intervención por 180 días de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ordenó el desplazamiento de toda su conducción. Consideró que hubo irregularidades en el proceso eleccionario que consagró a Abel Furlán como secretario general. En un fallo de fuerte impacto, dado a conocer por el sitio Mundo Gremial, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los mismos que hace tres semanas convalidaron la reforma laboral votada por el Congreso el 28 de febrero, concluyeron que el proceso electoral "no garantizó una elección confiable, segura ni transparente" y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Furlán, un dirigente muy ligado al kirchnerismo, se abrió de la conducción de la CGT y construyó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa que la central obrera en su relacionamiento con el Gobierno. De acuerdo a la resolución judicial, a la que accedió LA NACION, el gremio metalúrgico quedará bajo el control del interventor judicial Alberto Bilgieri hasta que se regularice la situación. Biglieri, que es abogado, deberá convocar nuevamente a elecciones. El tribunal afirmó que la organización sindical quedó "acéfala", ya que los mandatos anteriores habían vencido el 22 de marzo y las nuevas autoridades resultaron invalidadas por la sentencia.La denuncia de irregularidades fue impulsada por la Lista Naranja de Campana, la seccional de origen de Furlán. Los opositores habían objetado el control de las urnas y cuestionaron el proceso eleccionario que consagró al oficialismo. Según el fallo, las urnas permanecían bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional en la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios y sin garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.La Cámara remarcó que la elección debía realizarse en una sola jornada, salvo excepciones justificadas, y consideró que la extensión del proceso durante tres días exigía controles reforzados que no existieron. También cuestionó que se hubiera invitado a los fiscales opositores a "pernoctar" en la sede sindical para custodiar las urnas, algo que calificó de "inaceptable e irrazonable".Furlán llegó a la jefatura de la UOM en 2022 tras rebelarse al liderazgo de Antonio Caló, un histórico que fue ladero de Lorenzo Miguel. Furlán hasta entonces era el referente de la seccional Zárate-Campana y su origen laboral fue Siderca, del Grupo Techint. Fue diputado nacional y consejero del PJ bonaerense en los tiempos que lideró Máximo Kirchner. Noticia en desarrollo

La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Furlán e intervino el sindicato

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se basa en la falta de garantías de "elección confiable, segura ni transparente" de la votación realizada en la Seccional Zárate-Campana del gremio metalúrgico, que fue impugnada por la lista opositora

La justicia ordena a la concesionaria de la Autopista del Oeste a pagar una millonaria suma a un municipio del GBA

En un fallo en tercera instancia, la Suprema Corte de la Provincia decidió que Morón reciba $140 millones.Fue tras el reclamo del Municipio por la falta de pago de la 'Tasa por Mantenimiento y/o Reconstrucción de las Vías de Acceso' entre 2016 y 2020.

Sin acuerdo con Nación: Corrientes va a la Justicia por las regalías de Yacyretá

Tras reunirse en Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador dio por agotada la instancia de diálogo por los fondos de Yacyretá y Salto Grande. Qué pasó con la transferencia de tierras. Leer más

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

La Justicia española ha resuelto que el demandado fue informado del procedimiento y decidió no intervenir, motivo por el que la rebeldía se consideró voluntaria

Denunciaron una "pesadilla" por los cortes de luz en Almagro, fueron a la Justicia y perdieron

Dos hermanas llevaron su reclamo a los tribunales tras sufrir reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron su vida cotidiana. A pesar de que se reconoció que los cortes efectivamente existieron durante todo ese período, el fallo rechazó cualquier tipo de indemnización

Paseaban por el barrio chino y se les cayó un toldo encima: la Justicia ordenó indemnizar el daño psicológico

Madre e hija, de 80 y 49 años, miraban una vidriera cuando la estructura les cayó en la cabeza. Aunque sufrieron el impacto, la Cámara Civil revocó el resarcimiento por incapacidad física, pero mantuvo el pago por las secuelas emocionales

Entró a una resonancia con tobilleras de plomo, el imán la atrapó y ahora la Justicia dictó un fallo por "responsabilidad compartida"

El incidente ocurrió en 2009 dentro de un sanatorio. Aunque la paciente desoyó las advertencias, la Justicia Civil consideró que el personal médico también falló en los controles de seguridad. Cómo se distribuyeron las culpas

Obispos hondureños exigen justicia por matanzas que dejan al menos 24 víctimas

Las declaraciones de la cúpula eclesiástica se conocieron luego de que hombres armados cometieran ataques en zonas rurales y fronterizas, lo que ha generado inquietud sobre las medidas de seguridad y la protección ciudadana

La ley de la jungla sacude a la Justicia y acecha al león

La familia judicial está en vilo por la lucha desatada por algunos de sus árboles genealógicos para prevalecer sobre otros. El enrarecido aire de jungla que se respira amenaza con sustituir al Derecho por la ley del más fuerte y mantener alterado el clima de convivencia armónica entre las distintas especies. La precipitación de decisiones con miras a un calendario electoral todavía sin resolver parece ser el factor desequilibrante en ese ecosistema. Juan Bautista Mahiques corroboró su versatilidad para adecuarse al cambio y garantizar la protección de su tribu. Si el Senado ratificó a su pater familiae, Carlos "Coco" Mahiques, por otros cinco años en la Cámara de Casación Penal, es porque su hijo es el ministro de Justicia. Mahiques obtuvo diez votos más de los 48 necesarios para reunir los dos tercios de esa Cámara. Una señal de respeto hacia lo que podría suponer una combinación casi letal en esta lucha por la supervivencia. De Mahiques hijo depende la designación de más de 250 cargos en el Poder Judicial y su padre es vocal en el Tribunal donde terminan los casos de corrupción política. Aunque insistan en no asociar esta decisión del Senado con la conformación automática de una mayoría para cubrir dos cargos en la Corte y la Procuración General, voceros calificados de ese cuerpo admiten que están dadas las condiciones para hacerlo si el gobierno negocia su distribución. La suspensión de la llegada de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway a la Cámara en lo Penal y Económico es percibida como un freno a esa acumulación de poder de Mahiques, quien los propuso. Tal vez la primera señal del temor del Ejecutivo a que la disputa del Poder Judicial desestabilice el poder de Javier Milei. Y que lo exponga a una cruel paradoja. La ley de la Selva deglutiéndose al León. Su teórico rey. Tal vez por eso se transmita la ambigua posibilidad de que no sea Mahiques quien negocie por la Corte. E, incluso, se estimule con ese indicio a Ariel Lijo. Igual que el ministro de Justicia, el magistrado aspira a ser procurador general y es quien investiga a Manuel Adorni, el caso Libra y los supuestos sobornos en la Andis. Los senadores afines al oficialismo estiman transitoria la división del peronismo por el voto a Mahiques. Aceptan, a lo sumo, que ese fraccionamiento pone en disputa quien liderará la negociación por la Corte. A ese grupo le agradaría que sea Patricia Bullrich quien lo haga, pese a que es sospechada por el gobierno de pactar para que no se supriman las PASO con los bloques no peronistas. La urgencia del gobierno por eliminar las primarias se asocia al temor de que se repita la historia reciente. La imposibilidad del oficialismo de enfrentar exitosamente tres procesos electorales: las PASO, primera vuelta y balotaje. Los últimos tres gobiernos se vieron impedidos de ser reelectos en esa última etapa. La configuración de un escenario similar conmueve a la Corte y acelera antes de tiempo los aprestos para suceder a Horacio Rosatti como presidente. Un proceso preanunciado por el respaldo de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a modificaciones en el modelo de selección de jueces que resistió Rosatti. Pero también por el rumor de que Juan Manuel Olmos y Alberto "Nacho" Biglieri ocuparían butacas por los abogados cuando se renueve el Consejo de la Magistratura. Biglieri representaría allí a Daniel Angelici. Junto a Olmos, Angelici promueve la filosofía del acuerdo para que reine la paz en la Justicia. Esa posición, sin embargo, estaría detrás de las turbulencias que amagan con volver públicas objeciones a Rosatti que hasta no hace mucho se dudaba de ventilar en privado. Sobre todo las que aluden a una supuesta concentración de poder, pero particularmente, de recursos en el titular de la Corte. A Rosatti se le achaca controlar el presupuesto del máximo tribunal, el del Consejo de la Magistratura y el de la Obra Social del Poder Judicial, presidida desde 2021 por Mariano Althabe. La misma fecha desde la que permanecen vacantes los cuatro vocales de su directorio. Tal vez la sutileza que abone las objeciones a Rosatti. Postulada como razón existencial para posponer la llegada de capitales a la Argentina, algunos inversores están dispuestos a obviar el prejuicio sobre su contaminación política y recurrir a la Justicia con sus reclamos. El grupo internacional DEME pidió presupuesto a uno de los principales estudios jurídicos de esta ciudad para litigar en contra de la adjudicación por 30 años de la Hidrovía a Jan De Nul. DEME y De Nul son las dos empresas belgas que participaron de la licitación internacional convocada por el gobierno para el dragado y mantenimiento de esa vía fluvial. Un conflicto de intereses que comenzó a trascender luego de que DEME forme consorcio con los fondos de inversión KKR y Great Lake y la dragadora Clear Street de los Estados Unidos. Un intento por mejorar la suerte echada en la licitación en la primera etapa, donde obtuvo un puntaje muy inferior al de Jan De Nul. Hay quienes sostienen que las desinteligencias dentro de DEME contribuyeron a ese resultado. DEME es líder mundial en la producción de energía eólica. Un rubro que su CEO, Luc Vandenbulcke, privilegia por encima de mantener activas a las 40 dragadoras de esa firma. Están los que opinan que su reacción tardía fue capitalizada por Leonardo Scaturicce,el expolicía de Avellaneda con paso por la SIDE que asesora a Santiago Caputo. Scaturicce se las ingenió para que Arthur Vandersande termine en el despacho de Caputo y no en el de Karina Milei, como tenía previsto originalmente. Seguramente una fabulación que indujo al error a la cuenta "Periodista Rufus", desde donde se sugirió el interés de Caputo y de los hermanos Juan y Patricio Neuss por quedarse con la Hidrovía. El presidente de la Cámara de Diputados y su primo Lule conforman un triángulo que aspira a sustituir al de hierro que Javier Milei y su hermana integraban con Caputo. Vandersande es un e agente del Tesoro que lidera el grupo de lobby contratado por DEME para mejorar su posición en la Hidrovía. Vandersande le entregó a Caputo el informe en su poder para denunciar la asociación de Jan De Nul con el grupo Servimagnus y el de esta firma con los Neuss y Gustavo "El turco" Elías. Un personaje con influencia en la actividad de los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca. Caputo desmiente en forma tajante esta versión. Pero el informe revelaría además, reuniones entre personal diplomático chino y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPYN). El organismo encargado de la licitación de la Hidrovía y que, en los hechos, depende de Caputo. El asesor presidencial no pudo confirmar con su visita a Washington si este informe originó una investigación de la inteligencia norteamericana para constatar si en las reuniones de diplomáticos chinos y la ANPYN estuvieron los Neuss, Elías y representantes de Servimagnus. Servimagnus es una empresa de logística que realizó emprendimientos con empresas estatales chinas. La participación de capitales de China en la Hidrovía estaba vetada por el pliego de condiciones. El interés económico es lo que parece primar en este caso por encima de cuestiones ideológicas y de estrategia geopolítica. Un experto local en la materia estimó una ganancia superior al doble de la inversión de diez mil millones de dólares exigida en los 30 años de la concesión. La de la Hidrovía y la del Belgrano Cargas son las dos únicas licitaciones internacionales previstas por el gobierno de Milei. Las dos están atadas a exportaciones primarias. La Hidrovía a la producción agrícola y el Belgrano Cargas a la de petróleo, litio y cobre. Por el Belgrano Cargas compite el grupo México, que explota el servicio ferroviario en ese país. Pero también en Texas, Alabama y en Florida, el estado donde los medios locales siguieron de cerca la licitación de la Hidrovía antes de que explote en Bloomberg y Reuters, las dos agencias de noticias mejor reputadas de la comunidad financiera planetaria. Un espacio con el que a Milei le interesa mantener relaciones privilegiadas.

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

La captura y posterior liberación de Yosary Yasmín Valle Aguilar volvió a poner atención sobre uno de los casos criminales más recordados en el occidente de Honduras, luego de que un juez concluyera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para continuar el proceso judicial en su contra.

Es cubana y sobrevivió al derribo de aviones de "Hermanos al Rescate": "Para que haya paz, tiene que haber justicia"

A 30 años del derribo de aviones de "Hermanos al Rescate", la organización que asistía a cubanos migrantes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una acusación formal contra Raúl Castro. La sobreviviente Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba (Madres y Mujeres contra la Represión en Cuba), enfatizó la necesidad de justicia por el caso, y sostuvo que los cargos no prescriben al afirmar que se trató de "un crimen de lesa humanidad".La cubana que sobrevivió al derribo de aviones de "Hermanos al Rescate" hace 30 añosEl 24 de febrero de 1996, el gobierno cubano, tras varios incidentes y tensiones, derribó dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, que transportaba a cinco voluntarios. Ante el ataque, Iriondo sobrevivió junto con su esposo porque viajaban en una tercera aeronave que logró escapar. Hoy, luego de tres décadas, enfatizó que la impunidad persiste.En diálogo con ABC, antes de la acusación formal del DOJ contra Castro, la mujer planteó que el encausamiento constituye "un paso importante hacia el cese de la impunidad en uno de los crímenes más horrendos de la dictadura comunista".Exiliada en Miami desde que era una adolescente en 1960, Iriondo viajaba con su marido en uno de los aviones que asistía a los balseros que cruzaban desde la isla a EE.UU. Mientras cumplían con sus tareas humanitarias, fueron sorprendidos por dos cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana.Como resultado del ataque, perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Pena, los tres ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal. En sus declaraciones, Iriondo definió el ataque como "una brutal masacre".Además, aseguró que fue perpetrada "en espacio aéreo internacional", por parte del "régimen comunista de Cuba bajo las órdenes de Raúl Castro". En esa línea, insistió con el pedido de justicia al afirmar que la acción comprendió un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe.La posible condena a Raúl Castro, analizada por la cubana que sobrevivió al derribo de avionesEn otra entrevista, con Diario de Las Américas, Iriondo reafirmó la necesidad de condenar a Castro por el crimen. "Es increíble que permanezca impune aún y que todavía no haya sido encausado Raúl Castro. Lo único que puede restaurar la paz es la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia", sostuvo.La mujer, que preside la organización MAR por Cuba, resaltó la importancia de la presentación de cargos. "Esta Administración ha dado el paso adelante que debió haberse dado mucho antes. ¡Esperamos que haya justicia y el fin de la impunidad para este crimen de lesa humanidad!", expresó.Al ser consultada sobre los responsables, remarcó el rol de Castro. "Era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el momento del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y ministro de la FAR", indicó.La acusación formal de EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de avionesEl miércoles 20 de mayo, el DOJ publicó una acusación formal sustitutiva contra Raúl Modesto Castro Ruz y otros cinco coacusados vinculados al régimen cubano por su papel en el derribo de dos avionetas civiles desarmadas."Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados â??â??en Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses", destacó el fiscal general interino Todd Blanche.Entre los cargos, figuran conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.De ser declarados culpables, los acusados â??â??se enfrentan a una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, especificaron las autoridades. Castro Ruz y Pérez-Pérez podrían pasar hasta cinco años de prisión por cada uno de los crímenes de destrucción de aeronaves.

La Ciudad anunció más exigencias para choferes de aplicaciones y cambios para taxistas tras un fallo de la Justicia porteña

El Gobierno porteño regulará la actividad a partir de ahora. Los plazos para cumplir con las nuevas exigencias.Cómo afecta a los taxistas.

La Justicia pidió información a la secretaría de Karina Milei por una supuesta contratación irregular

La Justicia le solicitó a la Secretaría General de Presidencia, encabezada por Karina Milei, información específica sobre uno de sus contratos, en respuesta a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano sobre presuntas irregularidades. La persona que ahora quedó en la mira de la Justicia es Andrea Valeria Juárez, quien de acuerdo a la investigación del medio El Disenso en la que se basó la denuncia, asiste en cuestiones personales a Karina Milei, pero trabaja bajo la estructura de la Secretaría General de la Presidencia. La fiscal Alejandra Mangano le dio impulso a la investigación ayer, al solicitar distintos informes a la secretaría de Karina Milei con el fin de obtener datos sobre la forma de contratación, las tareas asignadas a Juárez, sus horarios y otros detalles, dijo una fuente al tanto del caso. En la denuncia se señala que Juárez afirmó en una entrevista a un medio extranjero que asiste a la hermana del presidente en cuestiones de estricto orden personal que "requieren de alguien de mucha confianza"."De acuerdo con información de carácter público y publicaciones periodísticas de investigación con sustento documental verificable, la ciudadana Andrea Valeria Juárez se encuentra contratada dentro de la estructura orgánica de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la modalidad contractual denominada "1303 - Personal Contratado SINEP", dice la denuncia. Y sigue: "Dicho régimen contractual, conforme la normativa vigente del empleo público nacional, está diseñado para el cumplimiento de funciones administrativas o profesionales dentro del Estado, importando en todos los casos el desempeño efectivo de tareas en beneficio del organismo contratante y del interés público".Haciéndose eco de la investigación periodística, Pagano señala en la denuncia que la mujer asistió a la Casa Rosada en solo dos oportunidades durante 2025: el 6 de marzo, entre las 16:08 y las 17:48, y el 11 de agosto, entre las 13 y las 21:19 horas. También se refiere a la hermana de Juárez, Laura Gisela, que figura como empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y habría estado en el palco presidencial el día de la asunción de Milei.

A pesar de las denuncias, la Justicia rechazó frenar la licitación de la Hidrovía

La Justicia se negó a suspender el proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Rechazó un pedido de la diputada Marcela Pagano, que denunció irregularidades en ese proceso administrativo.La decisión contra el pedido de Pagano fue del juez federal Daniel Rafecas, luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en este sentido.El martes pasado, se conoció la oferta económica que presentaron las compañías belgas Jan De Nul NV-Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) para quedarse con la concesión.En medio de este proceso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, denunció el viernes pasado una serie de irregularidades.Sostuvo que, tal como están redactados los pliegos, existe una limitación a la participación de algunos competidores, que se omitió hacer la debida la evaluación de impacto ambiental, que hay distorsiones en la forma de evaluar las ofertas y que se limita la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes. La Hidrovía Paraguay-Paraná es la vía que transitan los barcos que transportan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados.La diputada Pagano denunció un direccionamiento en la licitación y, como medida cautelar de no innovar, pidió suspender el trámite, pero el fiscal Marijuan entendió que no estaba probado que hubiera una manifiesta ilegalidad. Lo mismo había sostenido esta semana en la otra causa referida a la Hidrovía, que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. En los dos casos el fiscal es Marijuan, que tiene las dos investigaciones delegadas. El pedido de Pagano buscaba suspender de manera inmediata el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Además, hubo una denuncia de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que había advertido sobre supuesto direccionamiento y fraude al Estado.Con esta resolución, el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para el dragado y balizamiento del corredor fluvial más importante del país podrá continuar su curso mientras avanza la investigación penal.En sintonía con el dictamen del fiscal Marijuan, el juez Rafecas señaló que, debido a que las decisiones de la administración pública gozan de presunción de legitimidad, para dictar una cautelar es requisito ineludible comprobar una "manifiesta ilegalidad o arbitrariedad".El fallo sostiene que las denuncias presentadas se basan en la "presunción de un futuro hecho ilícito". El magistrado argumentó que, al encontrarse la investigación en sus inicios, no existe la convicción suficiente ni se ha logrado acreditar la "verosimilitud del derecho invocado". Concluyó que no se demostró un peligro concreto, actual e inminente en la demora que derive de circunstancias fácticas ya comprobadas en el sumario.El juez decidió no hacer lugar a la suspensión y ordenó remitir la causa al fiscal para que continúe la investigación de fondo en el asunto.Las denuncias describen un presunto esquema de corrupción diseñado para asegurar la concesión a un único oferente, generando un monopolio de facto y un daño multimillonario al Estado.Pagano denunció que los pliegos fueron redactados con exigencias específicas para excluir a empresas con capitales chinos que son competidoras de la belga Jan de Nul.Según la denuncia, la empresa belga Jan de Nul se presenta como oferente principal, pero funcionaría como fachada para "socios ocultos" mediante subcontratos no declarados. Entre ellos, mencionó al Grupo Neuss, que supuestamente se queadría con el 50% del contrato; al Grupo Román y al expresidente Mauricio Macri.Los hermanos Juan y Patricio Neuss vienen ampliando su presencia en áreas estratégicas de la economía. En los últimos meses, participaron de adquisiciones y concesiones vinculadas al negocio energético y quedaron asociados al proceso de privatización de activos clave: lograron la adjudicación del 26,3% de Transener, empresa encargada de administrar la red troncal de transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país, y se quedaron con las concesiones de las represas Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, ubicadas en Río Negro, Neuquén y Mendoza.Neuss completó el círculo al tener presencia en la generación, el transporte y la distribución, donde ya controlaba la distribuidora Edersa, en Río Negro.Pagano también incluyó en su denuncia una alusión a la presunta incorporación al expediente licitatorio de "documentación falsificada atribuida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)". Además, afirmó que el negocio del balizamiento ya estaría "comprometido de antemano" a favor de los empresarios Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías. Como marco de estas irregularidades, destacó que el proceso estaría siendo monitoreado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, al existir sospechas sobre los "socios ocultos" detrás de la licitación.Por su parte, la denuncia de Fernando Míguez señaló que el pliego exige un "calado de 44 pies de cumplimiento inmediato", una condición que solo puede satisfacer en la región Jan de Nul.Míguez señaló al asesor presidencial Santiago Caputo, como el planificador de la maniobra, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como autoridad de supervisión, junto con funcionarios de la Subsecretaría de Puertos y la AGP.

Abogado de Nicolás Petro envió 'explosivo' mensaje a Day Vásquez sobre la 'justicia divina' en su contra: "Te será devuelto con creces"

La barranquillera publicó en sus redes sociales que quienes hayan cometido delitos deben pagar, palabras que provocaron una reacción inmediata de Alejandro Carranza, defensor de la familia presidencial

"Te burlaste de su piel": madre de Leyla, joven de 15 años asesinada por sus "amigas", pide justicia tras ser demandada

Carmen, madre de la víctima, explicó a Infobae México que una de las agresoras de su hija la acusó de daño de imagen, señala que hay más implicados en la muerte de su hija

Alias Karina, exintegrante de la Farc, aseguró ante Justicia y Paz que la verdad es su aporte a la reparación de víctimas: "Es un compromio que asumí"

La excomandante señaló que su participación en el proceso judicial busca contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado

La Justicia archiva provisionalmente la denuncia presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por una presunta agresión en una cafetería

El juzgado considera que las grabaciones aportadas a la causa no permiten acreditar hechos con relevancia penal

La Corte Internacional de Justicia dictaminó a favor del derecho a huelga

En una resolución que podría tener impacto en la Argentina, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó hoy a favor del derecho a huelga tras un pedido que hizo el sector que representa a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CIJ determinó que el derecho a la huelga está protegido por el convenio número 87 de la OIT, que garantiza el derecho de trabajadores y empleadores a organizarse libremente, afiliarse a sindicatos y redactar sus estatutos, todo sin interferencia ni autorización previa del Estado. El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada "ley de modernización laboral", aprobada por el Congreso el 28 de febrero último, se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades a las que ahora se considera "esenciales". Con la reforma laboral se amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto. Entre las esenciales, figuran el transporte aéreo, la educación y la recolección de residuos, entre otros. Entre los servicios "trascendentes", aparecen la industria y la gastronomía, por ejemplo. Cuando Javier Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT. 1. Histórico pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en defensa del derecho de huelga. Tiene proyecciones globales y nacionales. En nuestro caso, las restricciones contenidas en la reforma laboral (servicios esenciales) pasan a estar muy cuestionadas. Hilo— Luis Campos (@luiscampos76) May 21, 2026Para la OIT los servicios esenciales son el sector hospitalario y de salud, los servicios de suministro de agua potable, electricidad y distribución de energía y el control del tráfico aéreo. La consulta ante la CIJ fue impulsada por el Consejo de Administración de la OIT, cuyo representante argentino es Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y exintegrante del Consejo de Mayo, el organismo oficial en el que se discutió originalmente el proyecto de ley de reforma laboral. Martínez, que integra el consejo directivo de la CGT, pretende utilizar este pronunciamiento en su disputa legal con el Gobierno por la validez de la reforma laboral. "Celebramos el fallo del dia de hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual ratifica que el derecho a la huelga es un derecho indiscutible del derecho a la libertad sindical e integra el contenido esencial del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)en un histórico respaldo de la Corte Internacional de Justicia: el derecho a la huelga es pilar fundamental de la libertad sindical", dijo Martínez. Noticia en desarrollo

Mauricio Gaona, hijo de un magistrado asesinado en el Holocausto de Justicia, presentó su libro y envió alertó: "Pueden asesinar al hombre, pero no las ideas"

El jurista colombiano dirige su mensaje a la juventud y recalca que su mayor propósito es inspirar pensamiento autónomo y fortaleza frente a la manipulación política

Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA, la justicia también lo acusa de administración fraudulenta

Es en perjuicio del Club Atlético Banfield. Maximiliano Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia, enfrentará el 26 de mayo una indagatoria con tres cargos en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como partícipe necesario. Este último cargo fue pedido por la fiscal Cecilia Incardona

Andueza (PSE) desea que "los argumentos de Zapatero ante la justicia sean suficientes para su absolución"

La justicia paraliza las obras del cantón de limpieza del barrio de Montecarmelo en Madrid

Quedó atrapada entre el vagón y el andén: la Justicia condenó la falta de seguridad en una estación de tren

La mujer tenía 42 años cuando su pierna quedó atascada en el hueco al intentar subir al tren. Tras un litigio iniciado en 2014, la Cámara Civil confirmó el fallo contra las operadoras ferroviarias y el Estado Nacional. Por qué los jueces descartaron la "culpa de la víctima" y qué rubros decidieron aumentar en el fallo final

Le cayó un pedazo de mármol de un monumento y, casi dos décadas después, la Justicia confirmó la indemnización

El hecho ocurrió en 2007, cuando la víctima era menor de edad. La Cámara de Apelaciones elevó la indemnización por daño moral y gastos médicos, e incorporó el daño psíquico. ¿Por qué se descartó una compensación por las lesiones físicas pese a la fractura de fémur que sufrió?

En la Justicia y en la Asamblea

Un abogado, en representación de dos vecinos de zona norte, pidió revisar la legitimidad del proyecto de parque acuático.

La Justicia rechazó que un arrepentido de Cuadernos que está condenado en otra causa cumpla la pena en su casa

La Justicia rechazó hoy que un exfuncionario del kirchnerismo que es arrepentido en el juicio de los Cuadernos de las coimas, Claudio Uberti, condenado a su vez en otra causa, cumpla la pena en su casa, tal como había solicitado su defensa. Seguirá alojado en el penal de Ezeiza. "No hacer lugar a la solicitud de arresto domiciliario", resolvió hoy la jueza Sabrina Namer, a cargo de la ejecución de la pena. Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su intervención en el caso de Antonini Wilson, el empresario venezolano que intentó ingresar al país casi 800.000 dólares en una valija. La Corte dejó firme esa condena en febrero y el exfuncionario quedó detenido y alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, separado del resto de la población carcelaria.Su defensa, en manos de Guillermo Armani, había pedido que se le concediera el arresto domiciliario. Argumentó que Uberti -que denunció haber recibido amenazas de muerte- corría riesgo dentro del Servicio Penitenciario Federal por su condición de imputado colaborador en la causa Cuadernos. Sostuvo que estaba sometido a un cuadro de "terror" e hipervigilancia por su situación procesal.La jueza Namer rechazó el planteo. Dijo que la condición de "arrepentido" no implica, por sí sola, un riesgo físico que no pueda ser controlado por el SPF. Además, remarcó que Uberti ya declaró de manera presencial en la causa Cuadernos, sin problemas en el traslado ni durante su permanencia en Comodoro Py. En su indagatoria de Cuadernos, Uberti leyó un breve descargo en el que ratificó su condición de imputado colaborador y manifestó su voluntad de declarar y responder preguntas. Sin embargo, dijo que, por el momento, no estaba en condiciones de hacerlo por el cuadro de temor y estrés que atravesaba. "Ser arrepentido no es ser traidor", dijo sobre el final. En su rechazo, la jueza Namer sostuvo también que Uberti está incorporado al Protocolo de Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad y que el propio SPF informó que el lugar donde se encuentra alojado reúne condiciones adecuadas para preservar su integridad física. Destacó, incluso, que la defensa había pedido antes que Uberti siguiera alojado en el Hospital Penitenciario Central por sus condiciones de resguardo.En el despacho de KirchnerEn su declaración como arrepentido, Uberti brindó detalles sobre la mecánica de recaudación de fondos ilegales en el sector vial. Relató, por caso, que le entregaba personalmente el dinero recaudado a Néstor Kirchner en su despacho presidencial en la Casa Rosada."La primera vez que me acerqué al despacho presidencial, en diciembre de 2003, al rato salió De Vido puteando y me dijo: 'el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque, si no, el presidente no va a firmar; si no, renunciáâ?¦viste cómo es 'el Malo'", dijo en su declaración. "El día que murió Néstor Kirchner en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares", mencionó también Uberti. "No lo vi -agregó respecto al dinero- pero lo sé por comentarios". Hacía referencia a comentarios que había recibido por parte de un secretario privado del exministro Julio de Vido, una pieza central en el rompecabezas ensamblado por la acusación fiscal.

Dalmasso y Nisman: una Justicia que fabrica culpables

Hace veinte años el país se conmovió con un crimen atroz, el de Nora Dalmasso. Hoy nos enteramos de que los tres fiscales que investigaron el caso lo hicieron con una peligrosa mezcla de ligereza, prejuicios, arbitrariedad e insolvencia técnica. Por eso acaban de ser destituidos. Convirtieron aquel hecho espeluznante en algo todavía peor: una injusticia enorme y, a la vez, irreparable. ¿La destitución solo nos habla de tres fiscales o de un sistema estructuralmente permeable a las presiones públicas y la falta de profesionalismo? ¿Nos conmueve lo suficiente esta demostración de inoperancia y mala praxis judicial? Son apenas las primeras preguntas que insinúan la necesidad de un debate de fondo sobre la formación, la integridad y la calidad de los fiscales, tanto en la Nación como en las provincias.En la misma semana que se decidió en Córdoba esa triple destitución, se dictó el procesamiento de la exfiscal del caso Nisman, Viviana Fein. Se le imputa nada menos que encubrimiento agravado, por haber actuado con extrema negligencia en la escena del hecho, al punto de comprometer toda la investigación de una de las muertes más impactantes e institucionalmente más graves que se hayan producido en la Argentina democrática.Si conectamos esas dos noticias, nos encontramos frente a la presunción de que la Justicia está cada vez más degradada y que, en lugar de esclarecer las cosas, es capaz de distorsionar, "embarrar", y adulterar procesos para proveer impunidad e injusticia: todo lo contrario de lo que se espera de ella.Por supuesto que un fiscal o un juez pueden cometer errores, valorar mal una prueba o guiarse por indicios engañosos. El Derecho no es una ciencia exacta y el sistema judicial es operado por individuos de carne y hueso, expuestos, naturalmente, a la equivocación humana. Pero muchos casos que han quedado expuestos en los últimos años muestran que el accionar judicial excede el "margen de error" para exhibir un sistema que combina ideologización y prejuicio con falta de rigor técnico, formación profesional y elemental ecuanimidad jurídica. El resultado suele ser desgarrador: inocentes acusados sin pruebas ni fundamentos, como vimos en el caso Dalmasso; impunidad perpetua; manoseo de pruebas o condenas "para la tribuna".El caso Dalmasso condensa un perfecto manual de lo que no debe hacerse en la investigación de un femicidio: se condenó moralmente a la víctima; la familia no fue objeto de compasión sino de sospecha pública a partir de hipótesis y filtraciones que alimentó la propia Justicia. Se estimuló el "espectáculo" alrededor de un caso que exponía vidas privadas en un supuesto entramado de infidelidades y amantes que derivaba en un crimen de naturaleza sexual. Todo eso exacerbó la demanda social y el morbo mediático. Los fiscales, en lugar de resistir la presión, salieron a "fabricar" culpables y se olvidaron de buscar la verdad. No dudaron en formular acusaciones sin pruebas, y en medio de esa vorágine por satisfacer la expectativa pública, hasta se omitieron cotejos elementales de ADN, se descartaron pistas evidentes y se construyeron relatos para sostener imputaciones descabelladas.Hoy, el hijo de la víctima, que soportó durante años una imputación injusta, recuerda algo desolador: la Justicia, ya desde un primer momento, había salido a "cazar" un culpable y metió preso a un pintor de brocha gorda que no tenía nada que ver. Eso provocó una reacción social contra la detención de "un perejil". Se lo llamó "el perejilazo". Esa persona fue inmediatamente liberada, y a partir de aquella movilización popular funcionó una tácita orden política en el contexto de un año electoral (2007): "El culpable no puede ser un obrero ni una persona de condición humilde; la gente no se lo cree". La Justicia apuntó entonces contra la familia. Lo hizo sin pruebas, pero en sintonía con ese clima social en el que se amalgamaban el morbo, la ansiedad y los prejuicios.Podría decirse, con optimismo, que el propio sistema se ha autodepurado y que los fiscales que actuaron con aquel nivel de arbitrariedad y alevosía han sido finalmente destituidos. Pero esa sanción llega veinte años tarde, cuando el caso está prescripto, el daño ya está consumado y los márgenes de reparación han quedado diluidos. La pregunta entonces es otra: ¿Qué los protegió durante dos décadas? ¿El corporativismo judicial, la falta de controles, la complicidad de una estructura en la que esos procedimientos son más habituales de lo que se cree?Algo similar se ve en el caso Nisman, donde después de más de diez años se imputan responsabilidades porque la Justicia no cumplió, en la primera instancia, el protocolo más elemental: preservar la escena del hecho y recolectar todos los elementos probatorios que allí se encontraban. Pero si repasamos los casos penales más impactantes de las últimas décadas, advertimos que ese es un patrón que se repite: lo vimos alrededor del crimen de García Belsunce, cuya investigación fue un perfecto catálogo de amateurismo y chapucería procesal; en el atroz atentado de la AMIA, donde se destituyó a un juez por el pago ilegal a un testigo o en la desaparición de Loan, en Corrientes, donde un comisario fue imputado por encubrir y desviar la investigación. Cada una de esas causas -por mencionar solo algunas- han terminado enredadas en una maraña de contradicciones, pistas falsas, procedimientos adulterados y peritajes inconsistentes. Confirman que la inoperancia judicial no es una excepción, sino una constante. Detrás de esa realidad hay policías y fiscales que manipulan la información y las pruebas, que han perdido capacidad técnica, herramientas y formación profesional para investigar delitos de relativa complejidad. La sociedad, mientras tanto, mira esta realidad con altas dosis de resignación y apatía. El sistema judicial en general se percibe como algo frío, lejano y árido; una especie de tecnicismo institucional, habitado por operadores anónimos. Como si todo formara parte de una burocracia que no incide en la vida concreta y en los problemas reales de los ciudadanos. Sin embargo, en ese sistema no solo se juega la suerte de casos de alto impacto, sino también los destinos de millones de personas que terminan en los tribunales por cuestiones de familia, conflictos laborales, accidentes de tránsito o denuncias vecinales. Hace poco vimos, en el caso del médico Pablo Ghisoni, lo que le puede pasar a un padre que es víctima de una falsa denuncia y queda atrapado en la telaraña de un sistema judicial donde los sesgos ideológicos tienen más peso que las pruebas.El caso Dalmasso muestra, de algún modo, una especie de indiferencia cívica frente a la degradación judicial: nos conmocionó el crimen atroz, pero no la negligencia extrema de un sistema institucional que acusó sin fundamentos, condenó a la víctima y desvió la investigación.La formación, la integridad y las condiciones de trabajo de los fiscales es un tema prácticamente ausente en la agenda del debate público. Ahora mismo, cuando el Poder Ejecutivo impulsa la cobertura de una gran cantidad de vacantes judiciales en todo el país, el foco de la discusión no parece puesto ahí. Se discute si se nombrarán o no como jueces a amigos de "Chiqui" Tapia, pero no hay un debate sobre la solvencia técnica de los fiscales en un modelo judicial que va hacia la generalización del sistema acusatorio. Eso significa que el fiscal asume mayor protagonismo en la conducción del proceso y se hace cargo de la investigación. ¿No debería hacerlo con una policía judicial, que asegure rigor técnico e independencia en la etapa probatoria? ¿Qué herramientas científicas y tecnológicas exige un Ministerio Público eficiente? Tan fuera de agenda está el debate sobre los fiscales, que desde hace casi diez años se encuentra vacante el cargo de Procurador General de la Nación (que es el jefe de toda esa estructura en el orden federal) y nadie parece apurado por cubrirlo, como si se tratara de una función prescindible e irrelevante. Parece algo más que un acto de desidia institucional: refleja la falta de sensibilidad política y la indiferencia ciudadana por el que quizá sea el cargo más importante y estratégico en el andamiaje judicial.Para el ciudadano común, la sola denominación de Ministerio Público resulta lejana, hasta quizá confusa. Sin embargo, es el órgano que nuclea a los fiscales y, como tal, se encarga de representar los intereses de la sociedad en los procesos penales. ¿No deberíamos mirarlo con más atención? ¿No debería haber criterios más rigurosos y selectivos para definir su integración? Un hecho resulta auspicioso: la Corte impulsa un nuevo sistema en la selección de magistrados, más basado en el mérito y la trayectoria que en el acomodo y los nexos políticos. Tal vez sea el comienzo de un debate que ya no puede esperar.Hay muchos fiscales, como también muchos jueces, que honran su función con independencia, coraje y profesionalismo. Son los que aportan ejemplos de dignidad y permiten alentar la esperanza de una regeneración institucional. Sin embargo, les toca actuar en un sistema donde la ineficacia, la negligencia, la ideologización y el prejuicio no son desvíos aislados sino rasgos estructurales. La destitución de tres fiscales y el procesamiento de una exfiscal en una sola semana nos recuerdan una célebre sentencia de El Talmud: "Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados". Es la desgracia, el dolor y la impotencia que puede verse en los ojos de las familias de Nora Dalmasso, de Alberto Nisman y de tantos otros que esperaban justicia y recibieron lo contrario.

Actriz de 'El man es Germán' exigió justicia tras el asesinato de Yulixa Toloza

Hay preocupación en el territorio nacional por las notables fallas en la supervisión de las clínicas estéticas que operan sin ningún tipo de garantía para los pacientes, por lo que la comunidad en general pide que este caso no quede impune

Avanza una multa millonaria contra la UTA por haber adherido al paro de la CGT y La Fraternidad impugnará una sanción similar ante la Justicia

Aún se hacen pericias en el interior para verificar si los choferes de colectivos pararon el 19 de febrero desoyendo la conciliación obligatoria. Mientras, los ferroviarios harán este jueves una denuncia judicial contra una sanción similar del Gobierno

Crece el misterio por la muerte del fundador de Mango: la Justicia apunta contra su hijo Jonathan

El empresario falleció en 2024 durante una excursión en España. La jueza vio indicios que complican a la familia.

Elma Saiz incide en la confianza del Gobierno en la justicia y en el expresidente Zapatero

El caso FIFA suma un nuevo capítulo: los empresarios argentinos Jinkis negocian con la Justicia de Estados Unidos

Acusados de pagar sobornos para obtener derechos comerciales de torneos internacionales, los dueños de la empresa Full Play llegaron voluntariamente a Nueva York y comenzaron conversaciones con fiscales federales. Leer más

"Lo volvían loco por traga": sufrió bullying durante años, dejó de salir de su casa y ahora la Justicia condenó al Estado por no intervenir

J. tenía 13 años cuando le pegaban cachetazos en la cabeza mientras estaba sentado en clase. Lo escupían. Lo empujaban en los pasillos. Lo filmaban con el celular cuando intentaba defenderse. Le decían "traga" por estudiar y sacar excelentes notas.Una tarde de septiembre de 2011, durante una clase en la escuela de la ciudad bonaerense a la que asistía, un compañero le arrojó un borrador que le pegó de lleno en la cara. Según reconstruyó después la Justicia, el profesor apenas le preguntó si quería ir al baño a mojarse la cara y siguió dando la clase.Con el tiempo llegaron el aislamiento, el miedo a volver a la escuela, el encierro, la depresión y la fobia social.En 2014, su familia recurrió a la Justicia y más de 10 años después, un fallo condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización de unos 19 millones de pesos (más intereses y actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC) por no haber intervenido a tiempo frente a una situación de bullying que, según sostuvo el juzgado, fue minimizada y naturalizada por las autoridades escolares.¿Qué resolvió la Justicia? El Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Mercedes concluyó que existieron años de hostigamiento escolar y que las respuestas institucionales fueron insuficientes para proteger al adolescente.La sentencia también cuestiona que, frente a los pedidos de ayuda de la familia, la principal respuesta fue cambiar al alumno de turno o de escuela en lugar de intervenir sobre el grupo. Para el juzgado, eso implicó una forma de revictimización.¿Por qué el fallo puede marcar un antecedente? En los últimos meses, distintos fallos judiciales comenzaron a incorporar una mirada más amplia sobre el bullying, entendiendo que se trata de situaciones que pueden tener consecuencias severas en la salud mental de niños y adolescentes cuando no hay intervención temprana.Semanas atrás, por ejemplo, la Justicia de Neuquén ordenó medidas urgentes de protección para una niña de 11 años que terminó internada tras sufrir hostigamiento escolar sostenido. Ahora, el fallo del juzgado de Mercedes vuelve a poner el foco sobre otro aspecto: la responsabilidad estatal cuando las agresiones son conocidas y no frenadas a tiempo.Aunque existen antecedentes de demandas civiles por violencia escolar, especialistas consultados señalan que todavía son poco frecuentes los fallos que responsabilizan de manera tan directa al Estado por no haber actuado frente a situaciones de hostigamiento sostenido. ¿Qué le hacían a J.? Según el expediente judicial, el hostigamiento comenzó cuando J. ingresó a esa escuela en 2011. Sus padres describieron agresiones físicas y verbales constantes por parte de compañeros que lo cargaban por estudiar, sacar buenas notas y no sumarse a "hacer lío".Con el tiempo, las agresiones se volvieron cotidianas:empujones,golpes desde atrás,cachetazos en la cabeza,escupitajos,insultos,amenazas,burlas,humillaciones frente al grupo,y filmaciones con celulares mientras era agredido.Un excompañero declaró en la causa que a J. "lo volvían loco" y que sufría "mucha discriminación" por ser "un chico grandote y muy estudioso".¿Por qué el fallo habla de "naturalización" de las agresiones? En el expediente se hace un recuento de los registros escolares. En un informe interno, la preceptora describió los golpes y la violencia entre alumnos como "juegos instalados" dentro del grupo.Para la Justicia, ese tipo de respuestas muestran cómo situaciones de violencia entre pares pueden terminar siendo minimizadas o interpretadas como simples "cosas de chicos".El fallo sostiene que las autoridades educativas conocían lo que ocurría y que, aun así, las intervenciones no lograron evitar que el deterioro en la salud mental del adolescente se profundizara.¿Cómo impactó el bullying en su salud mental? J. comenzó a presentar síntomas depresivos, insomnio, llanto frecuente, aislamiento y miedo a asistir a la escuela.En 2012 una psicóloga diagnosticó un "trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo con sintomatología de evitación fóbico-social".Con el tiempo, debió abandonar la cursada presencial y continuar la escuela desde su casa. También recibió tratamiento psiquiátrico. Según relató la familia en el expediente, un especialista llegó a advertir que el joven no debía permanecer solo por riesgo de autolesionarse.El aislamiento fue cada vez mayor. El expediente describe que dejó de salir, aumentó abruptamente de peso y atravesó largos períodos de encierro y angustia.¿Cuán frecuentes son estos casos? Especialistas en salud mental infantojuvenil y convivencia escolar advierten que los episodios graves de bullying aparecen a edades cada vez más tempranas."Vemos cada vez más casos graves de bullying en la escuela primaria, no solo en la secundaria", señala Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas.Psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos coinciden en que, si bien las ideas de muerte y los cuadros depresivos tienen múltiples causas, el hostigamiento sostenido puede tener un fuerte impacto en la salud mental de niños y adolescentes.¿Qué muestran los datos en la Argentina? En la Argentina no existen estadísticas nacionales integrales sobre bullying. Sin embargo, distintos relevamientos muestran la magnitud del fenómeno.Según un informe de UNICEF de 2024, el 43% de niños, niñas y preadolescentes argentinos identificó la discriminación, el bullying y el ciberbullying como el principal factor que afecta su salud mental.¿Qué planteó la Provincia de Buenos Aires en el caso de J.? La Dirección General de Cultura y Educación negó haber actuado de manera negligente y sostuvo que no existió una situación de bullying sistemático, sino "hechos aislados".También argumentó que J. tenía una "patología de base" vinculada a fobia social y trastornos depresivos, y que las dificultades de adaptación persistieron incluso después de cambiar de curso y de escuela.Según la defensa estatal, las autoridades escolares implementaron distintas estrategias de acompañamiento pedagógico y contención institucional. Sin embargo, la Justicia desestimó esos argumentos.¿Por qué preocupa la naturalización del bullying? Para María Zysman, fundadora de Libres de Bullying, uno de los aspectos más alarmantes del bullying es cómo determinadas agresiones terminan siendo vistas como parte "normal" de la vida escolar."Lo que veo en muchos chicos es que cualquier cosa vale con tal de pertenecer. Reírse del otro, excluirlo, dañarlo. Muchos adultos terminan resignándose al 'ahora es así'", advierte Zysman.El fallo del juzgado de Mercedes pone el foco justamente en lo que ocurre cuando los adultos minimizan el bullying, lo interpretan como "cosas de chicos" o no logran intervenir a tiempo. Según plantea la sentencia, el daño no apareció por un único episodio aislado, sino por la acumulación cotidiana de situaciones de violencia que terminaron deteriorando la salud mental de un adolescente mientras la escuela seguía funcionando con aparente normalidad.Más informaciónEn la guía "Hablemos de bullying" de Fundación LA NACION podés encontrar información sobre cómo prevenir y dónde buscar ayuda.En las guías "Hablemos de suicidio", "Hablemos de depresión" y "Hablemos de trastornos de la alimentación" de Fundación LA NACION podés encontrar herramientas para detectar señales, iniciar conversaciones y acompañar a niños y adolescentes frente a estas problemáticas.Hablemos de TodoEsta nota forma parte de Hablemos de Todo, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca cuidar y acompañar la salud mental de los niños y adolescentes. El proyecto ofrece herramientas, visibiliza historias en primera persona y acerca recomendaciones de especialistas.

Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza podrían librarse de la justicia colombiana: esto dice el vecino país sobre la extradición

La justicia venezolana sería la encargada de determinar responsabilidades de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, pese a los intentos de Colombia por solicitar su traslado a Bogotá para responder por al menos cuatro delitos

Tolón descarta adelanto electoral y dice que la justicia pondrá "a la gente en su sitio"

Bolaños muestra su confianza en Zapatero y su respeto en la labor de la Justicia

Resbaló en el hall de un teatro recién encerado y la Justicia ordenó una indemnización millonaria: por qué descartó la "culpa de la víctima"

El accidente ocurrió en 2016 y le provocó secuelas físicas permanentes. Aunque inicialmente se intentó responsabilizar a la mujer, la Cámara Civil consideró acreditada la falta de señalización en el lugar y confirmó la condena. Qué método utilizó el tribunal para evitar que la indemnización pierda valor con el tiempo

Sufrió un "encapsulamiento" tras una cirugía estética de mamas y demandó al médico: por qué la Justicia rechazó su reclamo

La paciente inició una demanda tras someterse, hace casi veinte años, a intervenciones que derivaron en una evolución desfavorable y resultados insatisfactorios. Sin embargo, un juzgado analizó los peritajes y el historial clínico para determinar si se trató de una negligencia o de una complicación propia de la medicina. ¿A qué conclusiones llegó sobre la conducta del profesional y por qué se lo eximió de responsabilidad?

Consejo del Poder Judicial dominicano respalda medidas para modificar salarios y procesos de justicia para los próximos dos años

Las nuevas disposiciones buscan responder a las demandas del personal judicial, contemplando la implementación de un plan estratégico, el respaldo presupuestario y la optimización de los procesos internos en República Dominicana

Caso Loan: la Justicia inspeccionó la casa de la abuela y el naranjal donde desapareció el niño

Jueces, fiscales, querellantes y familiares recorrieron los principales escenarios vinculados a la desaparición de Loan Danilo Peña, en Corrientes. La medida busca reconstruir movimientos y reforzar pruebas antes del inicio del juicio oral previsto para junio. Leer más

Dos empresarios argentinos acusados en el FIFAgate negocian un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos

De la nada, y en una decisión que sorprendió a muchos en Estados Unidos, los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis emprendieron el fin de semana un viaje a Nueva York junto a sus mujeres y, según informa el New York Times, negocian un acuerdo con las autoridades judiciales de esa ciudad. Se trata de los dueños de la empresa Full Play, implicada en el FIFAgate: sobre ellos pesaba una orden de extradición desde 2015 que fue negada por la Justicia argentina al año siguiente. Desde entonces, sólo viajaban por el país: podrían haber sido detenidos en el extranjero.Los Jinkis eran dos de los ejecutivos más importantes que se vieron involucrados en la gigantesca trama de corrupción conocida como FIFAgate. Como dueños de la empresa Full Play, la Justicia estadounidense entendió que habían sobornado a diferentes directivos del fútbol sudamericano para quedarse con los derechos de marketing y de televisión de distintos torneos continentales. Ni Hugo ni Mariano se sentaron frente a los fiscales estadounidenses ni ante la jueza Pamela K. Chen, que lleva adelante la instrucción del caso. Hasta ahora."Durante el fin de semana, ambos abordaron voluntariamente un vuelo comercial en Buenos Aires con sus esposas con destino a Nueva York. Y el lunes, Hugo, de 81 años, y Mariano, de 51, iniciaron conversaciones para negociar un posible acuerdo con la fiscalía federal en Brooklyn", informan este martes los periodistas Ken Bensinger y Santul Nerkar en la edición digital del New York Times. El periódico neoyorquino, uno de los más prestigiosos del mundo, continúa: "Para los fiscales, la comparecencia de los Jinkis representa una posible victoria en un caso que se ha visto debilitado recientemente por las apelaciones y la administración Trump. Estos reveses amenazan con echar por tierra años de trabajo para erradicar la corrupción generalizada que alcanzó los niveles más altos del deporte más popular del mundo, incluyendo sobornos a los votantes que decidían la sede de la Copa Mundial". Nadie sabe por qué los Jinkis, que nunca hablaron en público del caso ni de su grado de participación en los hechos que se les atribuyen, decidieron viajar a los Estados Unidos para negociar con las autoridades. "No está claro por qué los Jinkis accedieron a venir a Nueva York ahora, casi 11 años después de haber sido acusados, ni por qué los fiscales parecen dispuestos a llegar a un acuerdo favorable para ellos. Su llegada contradice el rumbo general de un caso que, a todas luces, estaba llegando a su fin. Si los fugitivos [Hugo y Mariano Jinkis] aceptan declararse culpables, los fiscales obtendrían sus primeras condenas desde el juicio de 2023â?³, postula el NYT.El medio estadounidense agrega: "A lo largo de los años, los fiscales federales han conseguido más de 30 condenas y cientos de millones de dólares en la investigación, pero hasta ahora no habían podido confrontar a los Jinkis, a quienes acusan de ser figuras clave en una larga trama para utilizar sobornos y adquirir los derechos de torneos como la Copa América, uno de los eventos deportivos más importantes y populares del mundo".El NYT asegura que "aunque la fiscalía ha alcanzado acuerdos de culpabilidad voluntarios con la mayoría de los acusados, los Jinkis se han mostrado escurridizos". Y añade: "Inicialmente, fueron puestos bajo arresto domiciliario en Argentina en 2015, pero un juez federal en Buenos Aires denegó la solicitud de extradición de Estados Unidos en octubre de 2016. Los hombres poseen propiedades en Uruguay y estaban acostumbrados a viajar internacionalmente. Anteriormente, habían manifestado que estarían dispuestos a pagar multas sustanciales para salir de su difícil situación, pero se negaban a ir a prisión".

Reclamaron justicia en el velatorio de Carmen Navas, madre de un preso político fallecido bajo custodia del Estado en Venezuela

Víctor Quero fue arrestado en enero de 2025 y murió bajo custodia estatal tras ser acusado de delitos políticos. Su madre falleció días después de conocer la confirmación oficial del deceso

Aires del Sur: la Justicia decretó su quiebra tras el fallido intento de venta a capitales chinos

Aires del Sur fue declarada en quiebra. La emblemática fabricante de aires acondicionados Electra y Fedders alcanzó su desenlace judicial, tras una fuerte crisis financiera, un intento fallido de venta a capitales chinos y un conflicto con los trabajadores.La quiebra de la compañía fue decretada oficialmente por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, a cargo de Horacio Boccardo."Contexto económico adverso". La empresa textil de la familia Karagozian entró en concurso preventivoLa resolución judicial, fechada originalmente el 22 de abril y publicada hoy en el Boletín Oficial, se produjo tras el pedido de la propia empresa, que en febrero había manifestado su incapacidad para continuar operando. Según la administración que asumió a fines de 2025 -tras la salida de los hermanos Guaita-, la firma arrastraba una "estructura económica y financiera profundamente deteriorada", marcada por la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior adquisición de materia prima importada para sostener el ciclo productivo. "El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", señalaron desde la firma en la presentación judicial.De acuerdo con la compañía, el desenlace se precipitó luego de que fracasaran las negociaciones con el grupo chino Chigo, uno de los gigantes mundiales del sector. Aires del Sur buscaba una inversión mínima de US$5 millones a cambio de la transferencia de hasta el 80% del paquete accionario.Sin embargo -según indicaron-, la dilación en las definiciones del grupo inversor resultó incompatible con la urgencia de la caja de la firma, lo que configuró un "escenario de cesación de pagos irreversible".Consumo en baja. La recuperación todavía no llega a los balances de las principales alimenticiasLa quiebra de la empresa, presidida por Roberto Ceretti, afecta directamente a 140 empleados en la isla. El conflicto gremial y social alcanzó su punto de mayor tensión en febrero de este año, cuando los operarios de la planta de Río Grande decidieron ocupar las instalaciones ante la falta de pago de haberes y el riesgo inminente de perder sus fuentes laborales.En ese entonces, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la fábrica se encontraba paralizada desde diciembre de 2025 y que, para el momento de la toma, el personal acumulaba casi dos meses sin percibir sus salarios. Según los delegados gremiales, la firma no solo dejó de abonar sueldos y premios, sino que también cortó los canales de diálogo y se ausentó de las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, vinculó directamente este escenario con la caída estrepitosa del consumo interno y las nuevas políticas nacionales de apertura de importaciones, las cuales, según su visión, "llevan a la muerte de la industria nacional". "Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país", enfatizó.Proceso de verificación de créditosCon la quiebra decretada, la Justicia designó al contador Roberto Pugnaloni como síndico del proceso. Y fijó el 5 de agosto de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos y los títulos pertinentes.A disposición del tribunal quedaron la planta industrial, montada sobre un predio de 15.000 metros cuadrados en Río Grande, y unos 4000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires, activos con los que la compañía espera cubrir sus pasivos.

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana

Con la detención de Cepeda Núñez, las autoridades suman diez personas bajo investigación de una estructura criminal que habría logrado desviar fondos mediante maniobras ilícitas, involucrando a exempleados y colaboradores externos

Discapacidad: la Justicia federal ordenó a PAMI e Incluir Salud cubrir prestaciones en solo 72 horas

Un juez de Córdoba dictó una medida cautelar de urgencia para frenar el desfinanciamiento que amenaza tratamientos esenciales de personas con discapacidad. Instituciones locales acumulan deudas millonarias por los atrasos del Estado nacional. Leer más

Aznar defiende, tras la imputación de Zapatero, que la Justicia en España es independiente

Podemos acusa a la Justicia de "proteger al fascismo" al frenar que Puerta del Sol sea lugar de Memoria

Compró una camioneta 0 km con múltiples defectos de fábrica: la Justicia ordenó devolver el dinero y pagar una multa por "destrato"

El vehículo ingresó reiteradas veces a servicios oficiales sin solución. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena al fabricante, la concesionaria y el taller por la falta de respuestas. Qué argumentos utilizaron los demandados para intentar eludir la garantía

Se tiró a la pileta en una clase de natación, sufrió un grave golpe en la cabeza y la Justicia ordenó indemnizarlo

El hecho ocurrió durante una clase para estudiantes de Educación Física. Tras casi dos décadas de litigio, la Cámara Civil confirmó la condena al Gobierno de la Ciudad, pero eximió de responsabilidad al docente. Por qué los jueces modificaron la sentencia en favor del profesor y qué monto deberá pagar el Estado

Pollera Pantalón distinguió a mujeres líderes en tecnología, educación, justicia y compromiso social

En la quinta edición de los premios Mujeres por Más, la organización renovó el reconocimiento a figuras que transforman diferentes ámbitos sociales y profesionales con una ceremonia que sumó arte, cercanía y una nueva categoría

El duro descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Pido justicia por mi familia y por mi hijo"

La peña de morfi se llevó el premio a Mejor programa musical. Sin embargo, a la hora de alzar la estatuilla, Lizy Tagliani no dudó en dejar a un lado los agradecimientos para realizar un contundente descargo pidiendo justicia por ella, por su familia y por "todas las personas que no se pueden defender de las falsas denuncias". Sus palabras hacían referencia (sin nombrarla) a los dichos de Viviana Canosa, que en 2025 la acusó de haber robado y de estar relacionada con una red de pedofilia. Casualmente, en las últimas horas se supo que el juez Ariel Lijo decidió archivar la denuncia realizada en su momento por la periodista por falta de pruebas."La peña... es un poco de la familia, el asado la comida rica y la música, el chisme, el sacar el cuero", comenzó Lizy y sorprendió: "Una familia que ha estado muchísimo tiempo tratando de conseguir cambiarle por segunda vez la vida a alguien y dándole la oportunidad a niño de que tenga una familia. Un día, algunos de los que están acá se cag... en eso. Deben estar mirando, o no, y se cag... en eso, en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que era una chorra, pedófila, que me dedicaba a la trata y que hacía videos de pornografía infantil". "No pensaron que más allá del amor y lo que soy, soy producto de una familia honrada, decente y estoy agradecida de estar acá compartiendo con esto con ustedes porque desde pequeña me animaba mirando televisión", dijo y siguió: "Hoy pido justicia por mi familia, por mi hijo y las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia. Aguante La Peña, la buena información seria y responsable".Apenas terminó su discurso, varios de los presentes aplaudieron y algunos de ellos, como Georgina Barbarossa hasta se levantaron, para apoyar a su colega. Los dichos de Viviana Canosa sobre quien había sido su estilista fueron justo en el momento en el que Lizy y su marido, Sebastián Nebot, estaban en pleno proceso de adopción de su hijo Tati y el temor más grande de la pareja fue que la cuestión mediática afectara la decisión de los jueces y que el nene no pudiera quedarse con ellos."Y de repente, en el medio de sus luchas, nadie frenó un minuto para pensar en vos, en tu corta vida. Se burlaron de tu futuro como si desearan que fuera tu pasado. Te doy mi palabra de honor que voy a enseñarte a estar orgulloso de cada uno de los seres que llegamos a tu vida para protegerte. Algún día vas a entender que la herencia más valiosa no se compra, pero se siente y te llena de fuerzas", escribió en ese entonces Tagliani en sus redes una carta dirigida a su hijo a la vez que inició una denuncia contra Canosa por calumnias e injurias.Finalmente a mediados de diciembre del 2025 el matrimonio consiguió la adopción definitiva de su hijo y la conductora lo comunicó, feliz en sus redes: "Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas, pero siempre con la certeza de que jamás bajaríamos los brazos y que llegaríamos al final. Cuando se encontraron nuestras miradas, entendimos que sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia".

La Justicia iraní revisará la condena contra el cineasta Jafar Panahi tras aceptar la apelación de su defensa

El realizador audiovisual persa enfrentará una nueva instancia en los tribunales de Teherán bajo cargos de atentar contra el sistema clerical, luego de su reciente retorno al país de Medio Oriente. Leer más

Ruta del dinero K: la Justicia le exige 109 millones de dólares al ex contador de Lázaro Báez

El final de la megacausa sacó a la luz una Justicia de contrastes: mientras le confirman una sanción impagable a un ex empleado que hoy vive en un barrio pobre sin cloacas, le abren la puerta a otro empresario VIP para que cancele su multa en pagos mensuales. Leer más

La Justicia frenó una millonaria licitación de Karina Milei sobre la Quinta de Olivos y Casa Rosada

El fiscal Ramiro González exigió que el Gobierno entregue el expediente completo de un contrato de 700 millones de pesos destinado al mantenimiento de los espacios verdes en Casa Rosada y en la residencia presidencial de Olivos. La denuncia, impulsada por la diputada Marcela Pagano, expone que las empresas competidoras pertenecen al mismo dueño. Leer más

Cariló: vecinos denunciaron en la Justicia el proyecto que busca reconvertir su clásica cancha de golf

CARILÓ.â?? Como ocurrió con el proyecto de desarrollo de un complejo hotelero dentro de ese mismo predio, aprobado por el Concejo Deliberante en 2021 y suspendido por un recurso que por estos días está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos de esta localidad balnearia planteó ahora su rechazo a la iniciativa alternativa que apunta a lotear la mitad del actual campo de juego del Cariló Golf para la construcción de nuevas viviendas. Esta nueva oposición se formalizó ante el máximo tribunal bonaerense con una reciente presentación del Foro de Amigos de Cariló, misma entidad que inició previamente la demanda contra el municipio de Pinamar, bajo fundamentos de inconstitucionalidad, por autorizar la propuesta de construcción del alojamiento de cinco estrellas. "La afectación del paisaje protegido no se limitaría así a una intervención "complementaria", como ha sostenido en este proceso la Municipalidad en defensa de la Ordenanza 6087/21, sino a una transformación sustancial del destino del predio", se lee en el escrito de los demandantes, representados en este caso por el abogado Marcelo Bolaños. Los denunciantes recuerdan que en otra ordenanza previa, la 1732/95, se aprobó allí un loteo que preservaba un remanente de 407.352,58 m2 para "espacio Verde de Tipo Permanente y a Equipamiento Comunitario destinado a Recreación y Actividades Deportivo-Recreativas". En un inciso, aclaran, se explicita un destino de uso específico: "Cancha de Golf", citan.Así, el Foro de Amigos de Cariló recurre ahora ante la Suprema Corte para denunciar lo que entiende como un "hecho nuevo", y reclama que se le exija al municipio de Pinamar informarle al tribunal sobre la existencia del nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario sobre esa cancha de golf y su actual estado de tramitación. Como informó anteriormente LA NACION, Nelson Valimbri, propietario de Cariló Golf, dio por cerrado el proyecto original de construir un establecimiento hotelero dentro de ese complejo y, frente a la inviabilidad económica que representa la sola explotación de la actividad deportiva que allí se desarrolla, avanzó con la opción de lotear casi la mitad del campo de juego. Anunció que lo reconvertiría en una cancha de 9 hoyos en lugar de los actuales 18 y que el resto de la superficie saldría a la venta en parcelas de 2.000 a 3.000 m2 cada una. El nuevo proyecto fue enviado por Valimbri al Ejecutivo municipal para su correspondiente análisis y eventual derivación al Concejo Deliberante. En tanto, en las últimas horas, se conoció que desistió definitivamente de la idea original de construir un hotel en esas tierras y, por ende, reclamó al gobierno municipal que derogue la ordenanza que lo autorizaba. "Los costos de construcción y los gastos operativos han alcanzado niveles tan elevados que hacen inviable el proyecto", explicita el empresario hotelero en una nota remitida a los titulares del Ejecutivo y deliberativo del municipio de Pinamar. "Ya no hay razón para seguir esperando una resolución judicial", aclara. El planteo que dio origen a la causa judicial contra el desarrollo hotelero apunta a la inconstitucionalidad de la ordenanza 6087/21 con la que el gobierno municipal le abrió camino. Este grupo de vecinos, desde la institución que los reúne, fundamentó la afectación de la condición de Paisaje Protegido que tiene Cariló y que establece la Ley 12.099. Cuestionó desde entonces un avance del proyecto con incumplimientos de exigencias normativas, entre ellas la falta de apertura de un consejo asesor y el debido estudio de impacto ambiental con participación de la provincia de Buenos Aires."Se habilitó excepcionalmente un campo de golf como alternativa compatible con espacio verde, en lugar de las cesiones mandatorias de ley, en el marco y contexto del balance de superficies exigidas por la Ley 8912/77", argumentan los vecinos y refieren a espacios contemplados por esa normativa provincial que se ocupa de ordenamiento territorial y uso de suelo. En esa legislación se prevé que en estos loteos privados se debe destinar un porcentaje de tierras a equipamiento y desarrollo urbano. "Claro está, y nadie lo niega, que el golf se sitúa en un enclave o área de zonificación RUc con carácter residencial unifamiliar, pero fue precisamente su interdicción lo que posibilitó la venta de aquellos lotes para la construcción de las casas circundantes", explican los miembros del Foro sobre la urbanización que acompaña el perímetro del Cariló Golf.El nuevo proyectoEl nuevo proyecto es encabezado también por Valimbri. Según explicó el empresario a LA NACION, busca dar sustentabilidad a un predio deportivo que se volvió inviable en términos de mantenimiento y rentabilidad. Incluso aclaró que, si bien una alternativa era lotear el total del campo de juego, la opción que primó fue la de mantener la actividad deportiva y su campo de juego con una reducción a 9 hoyos y lotear el resto. Quienes se opusieron al hotel de cinco estrellas también consideran que tampoco es legal que se construyan casas allí, donde hasta el 30 de abril pasado se jugaba al golf. Desde ese día su propietario lo mantiene cerrado. La representación legal de Cariló Golf respondió al reciente escrito del abogado del Foro de Amigos de Cariló. Bajo distintos argumentos, consideró que se debe desestimar el planteo de "hecho nuevo" y pide a la Suprema Corte que así lo entienda. "No existe acto estatal nuevo que pueda servir de base para justificar la denuncia formulada", citan frente a novedades que no derivan de alguna resolución sino que, según se aclara en el reclamo de los vecinos, surgen de menciones del nuevo proyecto en publicaciones y declaraciones periodísticas.

La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

Janeth Cachay no dudó en expresar su indignación en redes sociales luego de que su padre resultara herido en plena presentación, asegurando que el atacante responderá ante la ley por sus actos.

La justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad de Fred Machado por lavado de dinero y fraude

Ahora se aguarda que el juez federal de distrito de Texas Amos L. Mazzant dicte sentencia contra Machado, quien contribuyó en la campaña del ex diputado José Luis Espert en 2019.

Alivio para "Chiqui" Tapia: la Justicia lo autorizó a viajar al Mundial

El presidente de la AFA recibió permiso judicial para salir del país y acompañar a la Selección argentina en el Mundial. La resolución se da en medio de una causa que mantiene bajo observación algunos movimientos patrimoniales y vínculos dirigenciales. Leer más

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial 2026 tras fijar una millonaria caución

La resolución del Juzgado Penal Económico habilitó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a salir del país para presenciar la Copa del Mundo tras pagar una millonaria caución. Leer más

Comunidad de Soacha intentó tomar "justicia por mano propia" con un abusador sexual: hubo enfrentamientos con la Policía

Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, donde numerosos vecinos reaccionaron frente a un ciudadano acusado de delitos, lo que llevó a confrontaciones con la fuerza pública tras la viralización de grabaciones en línea

Corrupción en AFA: la Justicia autorizó a "Chiqui" Tapia a salir del país para ir a la Champions y el Mundial

Lo hizo el juez que lo procesó en la causa por evasión impositiva.Se irá el 27 de mayo para presenciar la final de la copa de la Champions League y regresará el 21 de julio, después de la copa del mundo.

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al mundial de fútbol y la final de la UEFA Champions League

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a viajar al mundial que se disputará el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.La copa del mundo se jugará a partir del 11 de junio. Antes, Tapia fue autorizado a viajar a la República de Hungría. El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante, siempre que Tapia cubra una caución de 30 millones de pesos.El presidente de la AFA está acusado de haberse apropiado de aportes de empleados. La denuncia que motivó la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Noticia en desarrollo

Justicia alimentaria: que ningún niño se quede sin pan en la mesa

La última medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina indica que la situación de niños y adolescentes respecto al acceso a alimentos muestra un deterioro sostenido en diversas zonas del país

Activista mexicana denuncia secuestro en aguas internacionales y pide a Sheinbaum "posicionarse del lado de la justicia"

Paulina del Castillo, activista mexicana a bordo de la Flotilla Global Sumud, denuncia en video su secuestro por fuerzas israelíes en aguas internacionales

La justicia pide información sobre una licitación de Karina Milei para mantener los jardines de Olivos y la Casa Rosada

El fiscal federal Ramiro González solicitó el expediente por 700 millones de pesos para determinar si imputa e investiga a la secretaria general de la Presidencia.La diputada Marcela Pagano denunció que se presentaron dos empresas del mismo grupo económico y no hubo competencia.

Qué se sabe del acuerdo de "Fred" Machado con la Justicia de EE.UU. y la defensa de Milei a Espert

Federico "Fred" Machado, quien durante años financió y prestó aeronaves al entonces diputado nacional, José Luis Espert, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos. Tras meses de clamar su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica. Este lunes un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado "no culpable" ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña "Avanza Libertad" de 2019 cambió de táctica.En paralelo, el presidente Javier Milei defendió a Espert, el diputado que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado. El mandatario escribió que la justicia de Estados Unidos "declaró la inocencia" de Machado en el cargo de narcotráfico, pero omitió que eso es parte de un acuerdo en el que se declara culpable de lavado y estafa. "Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad", señaló Milei. El acuerdo de Machado con EE.UU.El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado "no culpable" ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña "Avanza Libertad" de 2019 cambió de táctica.El acuerdo, plasmado en una serie de documentos presentados en los tribunales esta semana, le permite a Machado evitar un juicio por jurados. El dato político y judicial más relevante es que la nueva acusación formal dejó caer el cargo por narcotráfico, que había sido el eje central de la imputación original.En qué consiste la audiencia previstaLa audiencia de cambio de declaración quedó fijada para este lunes en los tribunales federales de Texas, como parte de la causa United States v. Mercer-Erwin et al., donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo LA NACION, el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran "invendibles". El posteo de Milei sobre EspertSin mencionar el acuerdo mencionado, aun no avalado por un magistrado federal, Milei escribió que la justicia de Estados Unidos declaró la "inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert".Así lo señaló el Presidente: "A José Luis Espert le DESTRUYERON [las mayúsculas son del posteo original] la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo"."Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert", marcó.

Fue a un CPC para un trámite, un empleado municipal le tocó la cola: la Justicia lo condenó

Sin embargo, el trabajador que también es delegado gremial sigue en el mismo lugar. La defensa irá en casación al TSJ. Leer más