Una mujer sostuvo que cayó al salir de una clínica debido a un desnivel en la vereda, que atribuyó a una obra inconclusa de la empresa de agua potable. Sin embargo, el tribunal consideró que no se acreditó la mecánica del hecho tal como fue relatada. En consecuencia, rechazó la demanda y la condenó al pago de las costas del proceso
La compañía de seguros rechazó la cobertura por la sustracción de una Honda XR al atribuir "culpa grave" al asegurado por no contar con traba volante. Sin embargo, la Cámara Comercial desestimó ese argumento y cuestionó el plazo en el que la aseguradora se expidió tras la denuncia de robo. En consecuencia, deberá pagar el valor de la moto y una multa de un millón de pesos
El sospechoso fue localizado en la terminal portuaria de Puntarenas durante un operativo conjunto entre la DIAC e Interpol y ahora enfrenta un proceso para su deportación.
A días de que termine su prisión preventiva en Entre Ríos, la fiscalía exigirá una prórroga para mantenerlo encerrado por el crimen del chofer Matías Palacio. En paralelo, los tribunales confirmaron que el juicio por los brutales asesinatos de su ex y su suegra en Córdoba arrancará recién en marzo de 2027. Leer más
Un nuevo precedente judicial obliga a las administradoras a implementar salvaguardas equivalentes a las bancarias para evitar fraudes y proteger el patrimonio familiar tras fallecimientos
El exalcalde de la ciudad fue sentenciado a nueve años y nueve meses de prisión por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado
La Cámara Federal de Salta confirmó la cobertura de la matrícula y las cuotas escolares de un alumno con discapacidad. Los jueces entendieron que interrumpir su proceso de integración podía afectar su salud y provocar una regresión en su desarrollo
La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de detención contra el expresidente y otras personas por presuntos delitos vinculados a las protestas de mayo y junio. Morales denunció una "persecución judicial y política".
Luego de que la Justicia decretara la prohibición de salida del país de Mauro Icardi, el futbolista publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en el que cuestionó la "velocidad inusual" de la resolución, mientras continúa el conflicto por la renovación de los pasaportes presuntamente robados en Italia de sus hijas con Wanda Nara, que él se niega a firmar para que las menores regresen a la Argentina."Buen día. Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas", expresó el exjugador de Galatasaray en una historia de Instagram publicada esta mañana."Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?", indagó Icardi en su comunicado."Esta misma tarde hay una audiencia en Milán, Italia, sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", remarcó luego sobre la situación de Francesca e Isabella."Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte [en referencia a Wanda Nara] fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender", sentenció."Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", concluyó Mauro Icardi en su descargo.La prohibición de salir del país contra Icardi"En atención a lo expuesto en el escrito a despacho y requerimiento efectuado, que reitera lo ya pedido a fs. 2206/25, y conforme lo expresamente dictaminado al respecto por la sra. Defensora de Menores a fs. 2228/31, sin perjuicio de no encontrarse vencido el plazo de la intimación dispuesta el día de ayer (fs. 2232), en virtud de la urgencia alegada y potencial riesgo para el regreso de las niñas al país con miras a resguardar el interés superior de las mismas (conf.art. 3 CDN), corresponde acceder a lo solicitado hasta tanto se acredite la suscripción del formulario indicado en la citada providencia por parte del progenitor", señala la resolución del juzgado de familia de turno interviniente, que estableció que Icardi no pueda abandonar territorio argentino hasta tanto no firme la documentación de sus hijas requerida.Bomba #SQP: Mauro Icardi no puede salir del país pic.twitter.com/dIG1RIxBdj— SQP (@SQP_oficial) July 29, 2026"En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el art. 3 de la CDN y por el art. 706 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación, con carácter cautelar en los términos del art. 232 del C. Procesal, resuelvo: decretar la prohibición de salida del país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario. Comuníquese por Secretaría vía Deox a la Dirección Nacional de Migraciones, con carácter urgente. Notifíquese", concluye la documentación.
El exmandatario provincial es investigado en una causa por enriquecimiento ilícito
En el discurso presidencial, se han anunciado los ejes del nuevo gobierno de Fujimori, que los agrupó en siete grandes objetivos nacionales, todos muy interesantes, pero presto especial atención al quinto, referida al Fortalecimiento Institucional
La mujer tiene 29 años y vive en barrio Guiñazú. La Fiscalía de Instrucción 17 difundió su descripción y solicitó que cualquier dato sobre su paradero sea informado de inmediato a las autoridades. Leer más
El Ministerio Público Fiscal informó que los estudios médicos concluyeron que los fallecimientos ocurrieron antes del nacimiento y no detectaron irregularidades en la atención brindada. Leer más
El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, liderará la coordinación entre entidades para avanzar en el proyecto, que busca controlar inundaciones, recuperar ecosistemas y proteger a las comunidades del Caribe colombiano
En los conflictos familiares más intensos, muchas veces la primera víctima no es quien inicia una demanda ni quien la recibe. Son los hijos. Mientras los adultos libran disputas atravesadas por el dolor, el resentimiento o la ruptura de un proyecto de vida, hay niños que quedan atrapados en una batalla que nunca eligieron. Algunos dejan de ver a uno de sus padres. Otros pierden contacto con sus abuelos, tíos o primos. Muchos terminan alejados de una parte de su propia historia. Todo suele justificarse en nombre de una causa noble: proteger al niño. La protección de la infancia es, sin duda, una obligación irrenunciable. Pero la experiencia demuestra que, en ocasiones, ese argumento puede ser utilizado para encubrir conductas que terminan produciendo exactamente lo contrario de lo que dicen buscar. Cuando un niño es utilizado como herramienta para castigar a otro adulto, la protección deja de ser protección y se transforma en una nueva forma de violencia. La utilización de los hijos como rehenes emocionales no siempre es evidente. A veces, aparece a través de obstáculos permanentes para mantener el contacto con el progenitor. Otras veces mediante la descalificación constante de su figura, la construcción de relatos negativos o la instalación progresiva de miedos y rechazos que terminan erosionando vínculos que antes eran significativos. En esos contextos resulta legítimo preguntarse hasta qué punto la voz del niño refleja realmente una experiencia propia y cuándo comienza a reproducir discursos, temores o conflictos que pertenecen al mundo adulto. Plantear este interrogante no implica desconocer la existencia de situaciones reales de violencia familiar, abuso sexual o maltrato infantil. Esos casos existen y requieren una intervención rápida, especializada y contundente. Pero precisamente porque son tan graves, también es necesario reconocer que el sistema debe estar preparado para distinguir entre una denuncia fundada y una acusación utilizada como instrumento dentro de otro conflicto. Negar esa posibilidad no fortalece la protección de las víctimas. Por el contrario, debilita la capacidad de la Justicia para investigar con objetividad y encontrar la verdad. El problema es que, muchas veces, el sistema judicial responde desde la lógica del "por las dudas". Ante una denuncia, se suspenden contactos, se restringen comunicaciones y se paralizan vínculos familiares mientras avanzan procesos que suelen extenderse durante meses o incluso años. La cautela puede ser necesaria en determinadas circunstancias. Lo preocupante ocurre cuando las medidas transitorias se prolongan indefinidamente y terminan generando daños que después resultan imposibles de revertir. Porque el tiempo judicial y el tiempo de la infancia no funcionan bajo la misma lógica. Para un expediente, un año puede ser apenas una demora más. Para un niño, puede representar la pérdida de una etapa completa de crecimiento junto a una persona importante de su vida. Puede significar cumpleaños que no se comparten, recuerdos que no se construyen y vínculos que se deterioran hasta volverse irreconocibles. Mientras tanto, las audiencias se postergan, las pericias se demoran y los informes llegan tarde. En muchos casos, cuando finalmente aparece una resolución, el daño ya está hecho. Por eso la discusión no debería limitarse a escuchar al niño, sino también a comprender cómo se construye ese relato. Investigar implica analizar contextos, identificar posibles interferencias, detectar manipulaciones y evaluar cada situación con herramientas técnicas adecuadas. Escuchar a un niño es fundamental. Pero escuchar no significa renunciar al análisis crítico. Del mismo modo, proteger no puede equivaler a interrumpir indefinidamente todos sus vínculos afectivos. La infancia necesita una Justicia capaz de actuar con sensibilidad, pero también con rigor. Una Justicia que comprenda que detrás de cada expediente existe una historia en desarrollo y que las decisiones tardías pueden ser tan perjudiciales como las equivocadas. También necesita instituciones dispuestas a intervenir cuando se incumplen sistemáticamente los regímenes de comunicación, cuando se obstaculiza el contacto con familiares o cuando se utilizan denuncias falsas como mecanismo de presión. La ausencia de consecuencias frente a estas conductas termina enviando un mensaje peligroso: manipular vínculos puede resultar efectivo. La pregunta que deberían formularse todos los operadores del sistema â??jueces, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y docentesâ?? es tan simple como incómoda: ¿esta intervención está protegiendo al niño o está contribuyendo a profundizar el conflicto de los adultos? Hablar de infancias sin rehenes no implica tomar partido por madres o padres. Tampoco supone minimizar situaciones de violencia o abuso. Significa asumir que el interés superior del niño exige algo más que una consigna repetida en resoluciones y discursos. Exige investigar con seriedad, actuar con rapidez y evitar que los hijos se conviertan en instrumentos de venganza, presión o castigo. Porque los conflictos entre adultos suelen terminar. La infancia, en cambio, pasa una sola vez. Cuando la Justicia llega tarde, mira para otro lado o se deja arrastrar por estrategias de manipulación, quienes terminan pagando el costo más alto son aquellos a quienes el sistema dice proteger.
Carlos Fernando Galán presentó ante la Fiscalía General de la Nación e Iván Cancino una propuesta con la que busca cerrar las brechas del sistema judicial y garantizar que los responsables de delitos reciban sanciones efectivas
El gobernador de Tamaulipas se comprometió a aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables por la muerte de la joven en una escuela militarizada
La Fiscalía presentó durante la audiencia la reconstrucción del ataque ocurrido en el barrio Polo Club y señaló que el procesado habría utilizado un arma cortopunzante contra la víctima
Polémico exmagistrado del Tribunal Constitucional volvería a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo. Sería el principal asesor legal de la nueva jefa de Estado
Usuarios en redes sociales lamentaron los hechos y enviaron el pésame a la familia
El fallo judicial determinó que los condenados aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima y actuaron con premeditación, según lo acreditado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres
El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó anoche una denuncia ante la fiscalía electoral de Brasil en la que solicita que se investiguen las circunstancias de la visita del presidente argentino Javier Milei a San Pablo, donde el sábado respaldó el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó un duro discurso con insultos contra Lula y un juez de la Corte Suprema.En el escrito, el partido de Lula sostiene que corresponde abrir una investigación en nombre de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros candidatos y la normalidad del proceso electoral. La presencia de Milei en el acto partidario, remarca la denuncia, "no constituyó un episodio aislado ni una participación meramente accesoria".Para el PT, el episodio configura "indicios de injerencia externa indebida" en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre. El escrito apela, además, a un argumento más conceptual: sostiene que la soberanía nacional "se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno", garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca "libre de influencias institucionales externas".Puntualmente, pide que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística.Además, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.La pieza pone especial foco en el rastreo del financiamiento: identificar quién costeó el traslado de Milei -ya sea con fondos propios, del Estado Argentino, del Partido Liberal o de terceros- permitirá, sostienen los firmantes, "verificar la regularidad jurídica del costeo a la luz del ordenamiento electoral brasileño".El documento deja planteado un eventual próximo paso: si se detectaran irregularidades en el financiamiento, señalan los abogados que redactaron la denuncia, la Procuraduría General de la República podría recurrir a mecanismos de cooperación jurídica internacional, "observando las normas diplomáticas aplicables y los instrumentos internacionales vigentes".Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION informaron que el viaje de Milei a San Pablo fue costeado íntegramente por el gobierno argentino."Fue un viaje oficial a San Pablo. El mismo que hizo Lula a la Argentina cuando fue a ver a Cristina", compararon esas fuentes. La comparación, sin embargo, no es exacta: aquella actividad de Lula en julio de 2025 se dio al margen de una visita a Buenos Aires para participar de una cumbre del Mercosur, y no como el objetivo central del viaje.El escrito también apunta contra la Orden de Ipiranga -la máxima distinción del gobierno paulista- que el gobernador Tarcísio de Freitas le entregó a Milei horas antes de la convención, y cuestiona si el uso de una ceremonia oficial para potenciar un acto de campaña vulnera los principios de impersonalidad y moralidad administrativa que rigen a la función pública.El reclamo del PT llega tres días después de que Milei, en un discurso de unos 25 minutos ante los militantes bolsonaristas reunidos en el estadio Pacaembu, llamara "ladrón" y "presidiario" a Lula -sin nombrarlo- y advirtiera sobre el "riesgo Lula" para la economía brasileña.Para los firmantes, ese pasaje no fue una manifestación política genérica, sino un "discurso de explícito contenido electoral": al decir que solo Bolsonaro podía "parar a Lula", Milei habría estado "formulando, en sustancia, un pedido de voto a favor del precandidato" del PL.El presidente argentino también cargó contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien calificó de "basura calva": Moraes había sido, días antes, quien le bloqueó a Milei el pedido para visitar a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por liderar el intento de golpe de Estado que buscó impedir la asunción de Lula en 2023.Arriba del escenario acompañaron a Milei el canciller argentino, Pablo Quirno, y el cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler. Quirno, ubicado junto a la hermana del Presidente, Karina Milei, celebró cada arremetida contra los "zurdos" y el "socialismo", algo que en Brasilia se leyó como un respaldo institucional -y no solo personal- al tono del discurso.Lula eligió no responder con el mismo tono. Consultado ayer por periodistas en la sede de Itamaraty sobre las declaraciones de Milei, el mandatario brasileño contestó con otra pregunta, con ironía: "¿Quién es ese tipo?", dijo, antes de retirarse rápidamente del lugar.El domingo, el canciller Mauro Vieira convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" de su gobierno y exigirle explicaciones por la conducta de Milei en territorio brasileño. Según pudo reconstruir LA NACION, en el encuentro Vieira le hizo saber a Raimondi "el desagrado del gobierno brasileño" con el discurso de San Pablo y le pidió trasladar el reclamo a Buenos Aires. También le planteó un cuestionamiento puntual sobre la presencia de Kreckler en el escenario del acto partidario, ya que su participación fue vista como incompatible con su cargo.Ese mismo domingo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Bitelli y Vieira se reunieron ayer por la tarde en Itamaraty para una primera evaluación de la relación bilateral, en un encuentro de unos 40 minutos. Volverán a conversar cuando el canciller regrese de Lima, adonde viajó hoy para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.Itamaraty además difundió una nota oficial que calificó la crisis como una situación "sin precedentes". Por ahora, el gobierno brasileño descarta medidas más duras. En Itamaraty interpretan la actitud de Milei y su entorno como un complemento a la posición de Donald Trump, a quien acusan de una injerencia en el proceso electoral brasileño.
La investigación por la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell suma este martes un nuevo capítulo. Lucía Sosa, quien permanece detenida, prefirió no brindar su testimonio y la fiscalía evalúa agravar la imputación.
Gonzalo Martín Del Huerto, Matías Axel Manfredi y Enrique Braun de Corral se incorporaron en medio de la reestructuración del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni. Leer más
La letrada cuestionó el control del cumplimiento de la condena impuesta al acusado del femicidio y aseguró que hubo fallas desde la primera investigación. Además, anticipó que solicitarán investigar el accionar de los organismos intervinientes. Leer más
A una semana del crimen de la joven de 25 años en Santa María de Punilla, su madre recordó el momento del ataque, denunció que el acusado incumplía la restricción de acercamiento y aseguró que había antecedentes de violencia. La familia reclama que el caso no quede impune. Leer más
En un pódcast con Giany Cossio, la modelo argentina contó que la influencer la acompañó cuando su madre estaba delicada de salud, un apoyo que ahora resignifica su duelo por el crimen
Se trata de Gonzalo Del Huerto como Subsecretario de Relaciones Parlamentarias, Matías Manfredi en la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y de Enrique Braun de Corral en el cargo de Subsecretario de Articulación Federal
El conflicto se inició en 2023 tras un accidente que involucró a un Ford Fiesta. La compañía se negaba a reconocer la destrucción total del vehículo, pero una pericia mecánica determinó que el costo de reparación superaba el 80% de su valor. La sentencia ordenó actualizar la indemnización para evitar que quedara desactualizada por la inflación y sumó $6 millones como indemnización por perjuicios extrapatrimoniales
Una mujer de 52 años, que vacacionaba en los Estados Unidos, sufrió una caída en el hotel y tuvo que ser operada de urgencia. La empresa de asistencia al viajero intentó limitar la cobertura invocando cláusulas de un anexo contractual, pero la Cámara de Apelaciones rechazó esa defensa, la condenó a pagar más de 6000 dólares en concepto de indemnización y aumentó considerablemente la multa por daño punitivo
La primera medición del World Justice Project situó ese componente como el más sólido, mientras identificó margen de mejora en control institucional y planteó pasos para fortalecer la confianza ciudadana
El nuevo Gobierno impulsará un ambicioso paquete de cambios en la política criminal y la estructura judicial, a través de varios ejes estratégicos bajo la dirección del designado ministro de Justicia, Iván Cancino
El exfuncionario Mike Vigil afirmó que se observará cómo se gestionen eventuales causas abiertas, y vinculó el regreso del exgobernante a una estrategia de la administración de Donald Trump y a decisiones de EE UU.
Una mujer obtuvo una medida cautelar contra su expareja que también impidió el acceso de su excuñado, cotitular de una caja de seguridad
Ocurrió durante un curso práctico de carpintería en el barrio de Colegiales. La propietaria del taller sostuvo que la alumna tenía experiencia y que había decidido no utilizar uno de los dispositivos de seguridad de la máquina. Sin embargo, la Cámara Civil responsabilizó al establecimiento
La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas sobre una red de contrabando de combustible y afirmó que la investigación no se limita al exgobernador de Baja California, sino que involucra al menos a ocho personas detenidas
El exministro de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, evalúa presentar una demanda contra el presidente Javier Milei por los insultos que recibió este domingo durante la Exposición Rural. "Creo que lo voy a querellar. Si alguien no pone un límite y todo se acepta, si nos parece una gracia, esto es muy grave para las instituciones", afirmó este lunes.El episodio ocurrió luego de que Milei encabezara el acto de inauguración de la muestra agropecuaria en Palermo. Más tarde, durante una entrevista en el estudio móvil de Radio Mitre instalado en el predio, el Presidente interrumpió la conversación al advertir que De Mendiguren pasaba frente al lugar."Ladrón, Vos Arruinaste El País", Javier Milei Reconoció A Un Ex Funcionario Y Lo Cruzó En Vivo"Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina", dijo Milei mientras señalaba con el brazo levantado hacia el exterior del estudio. Cuando uno de los presentes respondió "De Mendiguren", el mandatario continuó: "Sí. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares".Según relató el propio Presidente, el exfuncionario lo miró mientras caminaba por el predio, lo que motivó una nueva descalificación. "Vos, sí, ladrón. Arruinaste el país con [Eduardo] Duhalde y toda su banda", lanzó. En ese momento, De Mendiguren no escuchó los insultos del mandatario. Recién unos metros más adelante, cuando salía del predio de La Rural, la hija del exministro lo puso al tanto sobre lo que había ocurrido.Este lunes, De Mendiguren reconoció, en diálogo con Radio Mitre, que le cayeron "mal" las palabras que tuvo el mandatario nacional para con su persona. "Semejantes injurias sin ningún tipo de prueba, tan alejadas de la realidad que molestan. Pero estoy acostumbrado. Venía de Brasil de decirle lo que le dijo al presidente de ese país", prosiguió el exfuncionario al referirse a los fuertes dichos de Milei contra Lula que generaron una tensa relación diplomática con ese país vecino."Escuchar que me robé, ¡lo mismo le dijo a [Luis, ministro de Economía] Caputo cuando le dijo que se había llevado 14 mil millones de dólares! O como a Patricia [Bullrich] que le dijo que tiraba bombas en los colegios y después los nombra ministros. Muchos de ellos tuvieron procesos; yo en mi vida tuve ni un telegrama, no tuve ni una causa, ni una demanda", se explayó De Mendiguren."En lo personal me ofende, aunque me tranquiliza porque sé quién soy. Irónicamente dije que si lo que estaba haciendo era ofrecerme un ministerio le decía que no, porque a todos los que les dijo semejantes cosas les dio un ministerio", agregó De Mendiguren.Para el exministro de Producción durante la gestión de Duhalde, llevar a la Justicia al mandatario nacional sería porque con este tipo de agravios se ve afectada "la institucionalidad argentina; nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, y lo dejamos pasar".Sobre la pesificación asimétricaLa pesificación asimétrica fue una medida económica aplicada en Argentina en el año 2002 durante la presidencia de Duhalde y consistió en la conversión forzosa a pesos de los depósitos y las deudas en dólares bajo reglas diferentes para bancos, ahorristas y deudores."Este tema fue una ley y no algo de De Mendiguren", recordó el entrevistado y contó que en un debate televisivo con Domingo Cavallo le dijo que quien había propuesto el 1 a 1 "fue Mario Bleger, alguien a quien él trajo a Argentina. Hubo una reunión en la que se presentó un informe que decía que, si las deudas no se pesificaban, la incobrabilidad del sistema financiero iba a ser del 85%; si se pesifican, sería del 15. Demoledor", explicó De Mendiguren. "Al presidente Milei le gusta mucho el tema americano; lo que se hizo acá fue una copia exacta de lo que hizo Estados Unidos cuando salió del patrón oro. Se dejó sin efecto la conversión y el gobierno local decretó la ilegalidad de la tenencia de oro", prosiguió De Mendiguren.Ayer, durante la entrevista radial, el mandatario nacional acusó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por financiar la "campaña antiargentina". "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 por ciento de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias", sostuvo Milei. "Además, [los brasileños] jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023, ¿o se olvida que los asesores de [Sergio] Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña", prosiguió el Presidente.De Mendiguren se refirió al respecto: "No nos ayudó el gobierno brasileño a fines de 2023 cuando estábamos mal. Lula habrá dado apoyo moral, pero económico no lo vi".
El exfuncionario respondió así a las palabras del presidente, quien durante una entrevista radial en La Rural le dijo "Vos, sí, ladrón, arruinaste al país con Duhalde y toda su banda". Leer más
La carta llegó a la mesa de entradas del Ministerio de Transporte bonaerense el viernes pasado y tiene el tono de siempre: técnico, medido, con fundamentos de hecho y de derecho. La firman Roberto Rodríguez, Daniel Tenisci, Daniel De Ingenis y Fabio Ferreira, presidentes de cuatro de las cámaras que agrupan a las empresas de colectivos de jurisdicción provincial y comunal (Ctpba, la CEAP, la Cetuba y la Ceutuba). El pedido es concreto: que el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, frene un proyecto que replica lo que ya hicieron Nación y la Ciudad de Buenos Aires, un incremento del 30% en la tarifa técnica de referencia para las unidades que se muevan a gas natural comprimido, financiado con la plata que hoy reciben las empresas que siguen a gasoil.Dicen que el mecanismo devalúa artificialmente la flota diésel, que no hay estaciones de carga suficientes en el conurbano para sostener semejante conversión y que, en un sistema donde el Estado ya no cubre los costos operativos mínimos, castigar a quien no puede pagar una tecnología cara es un exceso regulatorio. Hay un dato que es determinante y que flota en todo el asunto: el importe de los subsidios es el mismo; por lo tanto, cuando se suman los colectivos a GNC a las flotas pierden automáticamente los que funcionan a gasoil. Ganan unos; pierden otros. Existe un antecedente a esta carta ya que cuatro cámaras son las mismas que hace siete meses acusaron a un competidor, La Nueva Metropol, de manipular el sistema de subsidios para quedarse con una porción mayor de la torta.El 26 de diciembre pasado, la Ctpba, la Cetuba y la CEAP se presentaron ante la Secretaría de Transporte para denunciar al Grupo La Nueva Metropol por un supuesto esquema de migración de secciones tarifarias: boletos cortos vendidos como si fueran largos, para cobrar una compensación estatal casi el doble de la que correspondía. Por ahora, de aquella denuncia no hay mucho más que alguna retención de subsidios administrativa.Detrás de esa denuncia se esconde, según fuentes del propio grupo Metropol, la mano de sus colegas de DOTA, dueño de alrededor de la mitad del parque de colectivos metropolitanos y representante de Agrale. Y el motivo de fondo no era solo contable: Metropol terminaba de importar 150 unidades chinas King Long a gas, un movimiento que amenazaba con correr el negocio de renovación de flota que hasta ahora se repartían Mercedes-Benz y el propio DOTA.Hay un protagonista más en todo este asunto: decenas de empresas pymes, de pequeños empresarios, que no quieren pertenecer a la estructura de los grupos Dota y Metropol. Ellos tienen, además, el apoyo del poderoso gremio del sector, la UTA, que comanda Roberto Fernández. Por ahora, y según la proyección si se mantienen los incentivos al GNC, son los grandes perdedores del nuevo esquema que tendría a la concentración.Siete meses después, el objeto de la pelea cambió de forma pero no de fondo. Ya no se discute una manipulación de boletos sino un incentivo tarifario explícito para el GNC. Pero los jugadores son los mismos, y el resultado que buscan también: que la balanza no se incline hacia la tecnología que trajeron los chinos. Además hay un asunto ausente que muestra una incongruencia: mientras el parque automotor tiene fuertes incentivos para ir hacia tecnologías limpias, como híbridos o eléctricos, el dinero del transporte público camina sin ningún debate hacia el GNC.Moreno, el laboratorioComo si esta pelea no fuera suficiente, en el municipio de Moreno hay un laboratorio en miniatura que pone sobre la mesa los intereses económicos y políticos. Ahí opera desde 1963 Transportes La Perlita, dueña de los recorridos comunales, con 410 unidades y la totalidad de los subsidios distritales. La empresa pertenece a varios socios históricos, entre ellos el Grupo Empresario Prieto, el mismo representante de Mercedes-Benz dueño de Colcar.La intendenta Mariel Fernández â??hoy candidata a la gobernación bonaerense dentro del arco kirchnerista, con el aval público de Cristina Kirchner a su espacio "Reconquista"â?? convirtió la pelea con La Perlita en una de las banderas centrales de su gestión. La acusó de "monopólica" y montó un discurso con un fuerte incentivo a las cooperativas. Finalmente, decidió llamar a licitación para volver a licitar los recorridos mediante un sistema de licencias. Hace pocos días, el Concejo Deliberante aprobó un nuevo pliego: el distrito se dividirá en tres zonas de 75, 97 y 95 colectivos cada una. Pero la principal innovación es que ninguno de los oferentes podrá quedarse con más de una de esas porciones. Es decir, La Perlita podrá presentarse, pero como máximo se llevará un tercio de lo que hoy maneja.Pero la bandera política que blande Fernández no se limita solamente a dividir en tres el distrito, sino que se dejó para sí la posibilidad de entregar el negocio a quien quiera. Para hacerlo, apeló a un mecanismo de adjudicación que se aprobó en el Concejo Deliberante de Moreno. El sábado 18 de julio, en una sesión extraordinaria, aprobó un nuevo pliego. El artículo 24 determina que el ganador no será el que ofrezca una mejor propuesta económica, ya que el canon ya está fijado de antemano, además de la cantidad de coches, recorridos y frecuencias. Lo que hay que acreditar es capacidad de ejecución como por caso personal, talleres para hacer mantenimiento, o respaldo financiero. Así las cosas, instauró un criterio subjetivo que deja en manos de la autoridad municipal â??es decir, del propio gobierno de Fernándezâ?? una discrecionalidad considerable para definir quién entra al negocio.La intendenta y el cristianismo"No es en contra de ninguna empresa. Se trata de que por primera vez haya justicia social en el transporte de Moreno. Por primera vez el servicio de transporte se piensa de manera cristiana. ¿Y qué tiene que ver el cristianismo? La justicia social es de Dios, entonces es cristiana". View this post on Instagram Ahí es donde las dos historias se tocan. Si La Perlita decide no presentarse â??hay quien calcula que el negocio deja apenas $300.000 por unidad y por mes después de sueldos, combustible y seguros, un margen que quizás no justifique pelear por retenerloâ?? se abre una ventana para un jugador nuevo. Y cualquier operador que entre con flota a gas, aprovechando el mismo tipo de incentivo que las cámaras le piden a Marinucci que frene a nivel provincial, tendría una ventaja de arranque que hoy no tiene nadie en Moreno.El fondo del asuntoLo que conecta la carta a Marinucci, la denuncia contra Metropol y la pelea por el pliego de Moreno es una sola cosa: un sistema de subsidios que mueve miles de millones de pesos por mes desde 2002 y que, como reconocen los propios empresarios del sector, jamás fue auditado a fondo por el Estado. Cada vez que una norma toca ese reparto â??ya sea el cálculo por pasajero transportado, el incentivo ambiental o el criterio de adjudicación de un pliego municipalâ?? aparece la misma grieta entre Mercedes-Benz y sus concesionarios; DOTA; los que apostaron por el gas y por los fabricantes chinos, como el Grupo Metropol, y ahora, las empresas de colectivos que se denominan pymes y que no quieren quedarse dentro de ningún grupo empresario.El discurso público, en los dos frentes, es el mismo: transición ecológica, eficiencia, cuidado del usuario. La disputa real, casi nunca dicha en voz alta, es comercial y se mide en toneladas de subsidio mensual. En el fondo, la falta de una política seria y a largo plazo que dé solución a un problema que ya cumple 24 años.
Es en la causa por extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. La mujer, que habría participado del circuito por el que irá a juicio la cúpula de la organización, alegó que atraviesa dificultades económicas
En los tribunales federales de Mar del Plata, un fallo advirtió "riesgos concretos para la vida de quienes transitan" el tramo que va desde Azul a Cacharí. Vialidad Nacional y la empresa Corredores Viales deben ejecutar tareas paliativas
La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará el jueves en una nueva etapa procesal, con la declaración de un testigo, aunque la pesquisa se extenderá con más testigos y podría insumir meses antes de formalizar cargos, indicaron fuentes con conocimiento directo de estos procesos judiciales norteamericanos a LA NACION.El testigo, cuya identidad permanece en reserva estricta y que sería el primero de al menos seis por citar, deberá presentarse el 30 ante un gran jurado ("grand jury") federal en Miami para declarar bajo juramento. Y deberá entregar la documentación que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el tesorero y hombre fuerte de la entidad, Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en una pesquisa por presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros.La convocatoria representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó LA NACION. A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe "causa probable" suficiente para emitir una acusación penal formal ("indictment") contra una o más personas.La comparecencia fue ordenada mediante una "subpoena" â??la citación compulsiva prevista por la legislación estadounidenseâ?? emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida que encabeza la pesquisa junto con Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Christopher Ting. La difusión pública de la "subpoena" causó "profundo malestar" entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron "confidencialidad extrema" a las personas hasta ahora contactadas, en tanto que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación ante la consulta de LA NACION.La audiencia se desarrollará a partir de las 9, a puertas cerradas, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede de la Corte Federal, en el centro de Miami. Y no sólo obliga al testigo a comparecer, sino a entregar "todos los registros" vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.El testigo deberá presentar, además, "toda comunicación" que haya mantenido con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, y el requerimiento, cabe aclarar, no detalla, ni limita, el tipo de documentación que podrá aportar, por lo que comprende tanto registros físicos como información almacenada en formato electrónico."Primera mano"La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación, según indicaron las fuentes consultadas por LA NACION, para establecer cómo interactuaban durante la ejecución del contrato con la AFA y el recorrido de los fondos administrados por esa compañía.La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses. Pero fuentes con conocimiento del expediente indicaron a LA NACION que se trata de un testigo con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vínculo con la conducción de la AFA.La aparición de Lucero (51) en esa citación limita el universo de posibles convocados. Es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que luego pasó a llamarse Real Central. En 2022, le cedió las acciones a la madre de Pantano, la jubilada Ana Lucía Conte. Según los documentos que analizó LA NACION, Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, dueño Odeama SL, la sociedad española que fue la precursora de TourProdEnter.Las otras tres personas aludidas en la citación son los protagonistas del vínculo entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni, quien viajó esta semana a Europa luego de presenciar varios partidos del Mundial, según dijo una persona de su entorno. "Está negociando la venta del club Peruggia. Tiene dos ofertas pero hasta ahora las rechazó", confirmó a LA NACION una persona al tanto de las negociaciones. La citación tampoco implica, por sí misma, que el convocado sea investigado o vaya a ser acusado, aunque deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autoricen a retirarse del edificio de manera explícita.La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que en 2021 firmó con la AFA un contrato de representación. Desde entonces recaudó y administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), partidos amistosos y premios deportivos que ingresaron y circularon por sus cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circunstancia que habilitó la jurisdicción estadounidense.Desde septiembre pasado, según reconstruyó LA NACION, los fiscales y agentes del FBI analizan si durante esas transacciones pudieron violarse normas federales, entre ellas las vinculadas con el lavado de activos, el fraude financiero o las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por los bancos involucrados.Irregularidades, la claveLos investigadores también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa En particular, US$ 57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo dos órdenes judiciales ("discoveries") en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Y con ese material acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales. Desde entonces, Berger, Gushue y Ting, junto con agentes de la oficina del FBI que en Miami lidera el agente especial Brett Skiles, comenzaron a contactar a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años fue el lugarteniente de Toviggino. "Quiere garantías, tiene temor de quedar detenido", respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.Beacon es uno de los nombres que circulan desde hace días como el testigo que podría presentarse este jueves en Miami, pero no es el único. Las especulaciones también apuntan a Leandro Petersen, máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, como también al referente de la firma Socios.com, el empresario Alexandre Dreyfus.También fueron contactadas empresas que celebraron contratos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y realizaron transferencias hacia cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter, según reveló LA NACION días atrás, mientras que los investigadores amplían la pesquisa a personas vinculadas con TourProdEnter con nuevas medidas de prueba y pedidos de documentación.Aunque la convocatoria ante el gran jurado representa un avance procesal significativo, la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar, indicaron fuentes consultadas por este diario. Pesquisas por presuntos delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y pedidos de cooperación internacional suelen demorar meses o, incluso, años antes de que los fiscales decidan si impulsan o no una acusación penal formal.En ese sentido, el Departamento de Justicia inició en 2011 la investigación que se conocería como FIFAgate alrededor del mundo, pero sólo en mayo de 2015 se registró una gran ofensiva judicial con órdenes de arresto en Suiza. Presentó entonces los cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos derivados de sobornos por más de US$ 150 millones.
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"Si les tengo que pedir algo a los jueces que todavía deben intervenir, es que no lo vuelvan a abandonar", dice Alejandra Gabriela Mir. Habla despacio, pero no duda. Por momentos, las lágrimas le caen mientras reconstruye los últimos casi cinco años de su vida. Habla de César Gustavo Fernández, su pareja, pero también habla por él: desde el 24 de noviembre de 2021, cuando sufrió un infarto durante su jornada laboral en una fábrica de componentes plásticos de La Plata, quedó con severas secuelas motrices y neurológicas y ya no puede contar por sí mismo lo que le ocurrió.Fernández tenía 49 años cuando se descompensó dentro de la planta de Albano Cozzuol S.A., donde trabajaba desde 2009. Hoy tiene 54, se moviliza en silla de ruedas y depende de la asistencia permanente de otras personas. Según determinó el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata, la respuesta que recibió dentro de la empresa incidió en la magnitud del daño: la enfermería estaba cerrada, no había un profesional que pudiera evaluarlo y, pese a que pidió una ambulancia, fue trasladado en un remís.Por esas circunstancias, la Justicia bonaerense condenó a Federación Patronal Seguros, la aseguradora de riesgos del trabajo, a pagarle una indemnización de $351 millones y a garantizarle asistencia médica de por vida. La sentencia fue recurrida y permanece en etapa de revisión judicial.La discusión del expediente no estuvo centrada exclusivamente en determinar si las tareas que realizaba Fernández habían provocado su enfermedad coronaria. El eje fue otro: qué ocurrió desde que el trabajador advirtió que estaba atravesando una emergencia, quiénes tenían la obligación de asistirlo y en qué medida la demora y las condiciones del traslado agravaron sus consecuencias.Aquel miércoles, Fernández había ingresado a la fábrica para cumplir su horario habitual, de 6 a 14. Durante la jornada, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y sudoración en las manos. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, comprendió la gravedad de los síntomas, pidió ayuda y solicitó que llamaran a una ambulancia.La enfermería del establecimiento estaba cerrada porque el enfermero se encontraba de vacaciones y no había sido reemplazado. En lugar de activar un servicio de emergencias médicas, la empresa dispuso que Fernández fuera trasladado en un remís, acompañado por otro trabajador y sin personal sanitario, oxígeno, desfibrilador ni elementos para estabilizarlo en caso de que sufriera una descompensación durante el recorrido.Tampoco fue llevado al centro asistencial más cercano, sino al Sanatorio Argentino, que, según explicó su familia, era el establecimiento que trabajaba con la ART. Transcurrieron aproximadamente diez minutos entre el paro y su llegada al sanatorio. Sin embargo, durante el traslado sufrió una severa falta de oxígeno. Cuando llegó, su estado ya era crítico.Matías Martínez, abogado de Fernández, sostuvo en diálogo con LA NACION que las circunstancias laborales y la respuesta deficiente de la empresa fueron determinantes en la magnitud del daño. Este diario consultó en reiteradas ocasiones al estudio que defiende a la Federación Patronal, pero no obtuvo respuestas. De acuerdo con lo que los abogados defensores contestaron previamente en diálogo con otros medios, la empresa considera desmedida la indemnización y afirma que la decisión de enviar a Fernández en remís hacia el centro médico se debe a que la situación no parecía una emergencia, razón por la que, a su vez, nadie recurrió al desfibrilador que había en la fábrica."La empresa no necesitaba tener la certeza médica de que se trataba de un infarto. Precisamente porque no contaba con esa certeza, debía llamar a una ambulancia para que profesionales capacitados evaluaran al trabajador", afirmó Martínez. Para el abogado, un remís no podía reemplazar a una unidad de emergencias porque no tenía médico, desfibrilador, oxígeno ni equipamiento para asistirlo durante el trayecto.El día del infartoEse 24 de noviembre, Alejandra se despertó a las 8 de la mañana con un llamado de un empleado de la fábrica. Le dijo que César se había desmayado y que había sido trasladado al Sanatorio Argentino. Ella se levantó, se vistió y salió hacia el centro médico sin conocer la gravedad de la situación.La información apareció de manera fragmentada. Primero le dijeron que se había desmayado. Después supo que había sufrido un infarto. Más tarde se enteró de que el traslado se había realizado en un remís y de que habían transcurrido aproximadamente diez minutos entre el paro y su llegada al sanatorio.Un médico le explicó que Fernández tenía una arteria obstruida y que debían colocarle un stent. Alejandra pensó entonces que, con una atención inmediata, reanimación cardiopulmonar y una ambulancia equipada, el desenlace podía ser bueno. Conocía a personas que tenían un stent y llevaban una vida normal. El problema, entendió con el paso de las horas, no había terminado en el corazón: la falta de oxígeno le había causado daño neurológico.Mientras los médicos intentaban estabilizarlo, tuvo que comunicarles lo ocurrido a Camila y Lucas, los hijos de César, que entonces tenían 15 y 16 años. Fernández se había hecho cargo de ellos desde que eran muy pequeños. Según contó Alejandra, la madre había cedido la tutela en 2008 y, desde entonces, él había organizado su vida alrededor de la crianza. "Siempre fue como una gallina con sus pollitos. Fue un excelente papá, a todo terreno. Sus hijos siempre fueron su prioridad", cuenta en diálogo con LA NACION. Además de desempeñarse como operario de máquinas en la fábrica, Fernández hacía trabajos de herrería. Cuando Alejandra les preguntó a Camila y Lucas qué querían hacer, ambos respondieron que se irían a vivir con ella. Ese mismo día, llamó a una amiga abogada para iniciar el trámite de guarda legal. "No fue algo pensado, fue automático. Van a cumplirse cinco años y lo sigo pensando: vuelvo a elegir quedarme con él y con los chicos", afirma. En las horas posteriores al infarto, Alejandra también comenzó a reconstruir lo sucedido dentro de la fábrica. En una de las primeras llamadas que recibió desde la empresa, preguntó si entendían por qué César estaba en ese estado. También la contactaron para consultarle si necesitaba cobrar parte del sueldo y para saber si los hijos del trabajador se encontraban con ella.Alejandra asegura que, en una comunicación, le argumentaron que una ambulancia también podría haberse demorado y que Fernández podría haber muerto dentro del establecimiento. Ella, asegura, les respondió: "Si llamaban a una ambulancia y, a pesar de hacer las cosas bien, el resultado era el mismo, se terminaba ahí. No había mucha más vuelta. Pero tenían que hacer lo que correspondía", sostiene.Meses en coma y un estado de salud fragilFernández permaneció seis meses en coma. Durante la primera etapa estuvo internado en el área coronaria, conectado a un respirador. Las visitas se limitaban a media hora por día. Alejandra, todavía convaleciente de su propia operación, comenzó a buscar especialistas para complementar la atención que recibía.Tras despertar, una resolución judicial permitió trasladarlo a Dinatos, un centro de rehabilitación ubicado en Gonnet. Allí permaneció internado durante nueve meses más. Era el período posterior a las restricciones más severas de la pandemia y cada visita de sus hijos requería una autorización especial.El despertar no fue repentino. "Todo ocurrió muy de a poquito. Que abriera los ojos nos daba una alegría inmensa, pero vos te dabas cuenta de que estaba ausente", relata. En noviembre de 2022 recibió el alta y comenzó la internación domiciliaria. Para entonces, Alejandra ya había solicitado un préstamo y adaptado su casa. Construyó una habitación adicional para que cada uno de los chicos tuviera su espacio, modificó el baño, ensanchó puertas y preparó una habitación en la planta baja para recibir a Fernández.La cama matrimonial fue elevada para permitir el ingreso de un dispositivo hidráulico con el que lo levantan y lo colocan en la silla de ruedas. "Yo duermo con él y lo controlo. Intento que tenga una vida de familia", cuenta.Cada día recibe la visita de enfermeros, cuidadores, kinesiólogos, una fonoaudióloga, una terapista ocupacional y una médica clínica. Fernández se alimenta principalmente a través de un botón gástrico. Tiene una bomba de baclofeno implantada en el abdomen, que envía medicación directamente hacia la médula para disminuir la espasticidad muscular. También duerme con un equipo CPAP porque, según explicó Alejandra, puede sufrir más de 70 apneas por hora.La rutina de la casa comienza a las 5. A esa hora, Alejandra le administra la medicación e inicia la primera alimentación del día mediante una bomba que funciona durante una hora y media. Cuando termina, la máquina emite un sonido y ella vuelve a despertarse para conectarle agua y mantenerlo hidratado. El proceso finaliza cerca de las 8. "Yo ya no necesito despertador. Me despierta el 'pip' de la máquina", dice.El grado de conexión de Fernández varía según el día. En ocasiones reconoce a sus hijos; otras veces no puede nombrarlos o necesita que le expliquen quiénes son. Alejandra asegura que todos aprendieron a convivir con esa realidad sin convertir cada olvido en una tragedia."Si está muy conectado, puede decir 'Lucas', pero quizás ocurre una vez de cada diez. A veces le digo: 'Ese es Lucas, tu hijo'. También trato de hacer un chiste para sacarle dramatismo. Les enseñé a los chicos que no tienen que vivir con angustia", explica.Hay respuestas, sin embargo, en las que la familia vuelve a encontrar al hombre que conocía. Algunos días Fernández olvida que no puede caminar e intenta bajarse de la silla de ruedas. Alejandra le explica entonces que sufrió un accidente y que todavía debe permanecer sentado. Cuando él pregunta qué le ocurrió, ella se lo cuenta. En ocasiones responde que "zafó de pedo". "Esa es su personalidad. Su esencia no la perdió. En algunas respuestas está César", dice.Alejandra aprendió a cambiarle los pañales, afeitarlo, lavarle los dientes, cortarle el pelo y asistirlo durante las crisis respiratorias. La primera vez que tuvo que cambiarlo después del alta, se sentó en el piso y lloró. No sabía cómo moverlo ni cómo realizar una tarea para la que existen técnicas específicas.La última internación fue en 2024, debido a una neumonía. Desde entonces, la familia intenta atender las crisis en la casa, que cuenta con un tubo de oxígeno y otros elementos médicos.La indemnizaciónLa indemnización ordenada por el tribunal abrió para la familia la posibilidad de mejorar las condiciones de atención. Alejandra aclara que el dinero no puede revertir las lesiones ni devolverle a César su autonomía, pero podría permitirles comprar una casa con espacios adaptados, un vehículo en el que pueda ingresar la silla de ruedas y equipos de rehabilitación que hoy son inaccesibles."La indemnización es alta porque él depende al 100% de una persona. Necesita atención las 24 horas, medicación, pañales, tratamientos, controles para que no se lastime la piel y personas que lo asistan", explica.Uno de los equipos que podría ayudarlo es un bipedestador eléctrico, utilizado para colocarlo de pie y fortalecer los cuádriceps. "¿Puede mejorar su calidad de vida? Sí. Pero muchas veces no tenemos el espacio o el dinero para comprar lo que necesita", afirma. La expectativa es que una futura vivienda tenga una habitación de rehabilitación, con un arnés en el techo y barras que permitan pararlo y ejercitarlo.Para Martínez, el fallo constituye un precedente porque reconoce que un episodio puede ser considerado un accidente laboral aunque el trabajo no haya provocado originalmente la enfermedad coronaria. "El daño puede ser laboral cuando las condiciones de tiempo, lugar y organización del trabajo agravan sus consecuencias. César estaba dentro del establecimiento. Dependía de las decisiones empresariales para recibir asistencia", explicó."No se trató de una conclusión basada en una sola prueba aislada. Fue la coincidencia entre los testimonios, la documentación, la cronología objetiva y las conclusiones médicas lo que permitió demostrar que la omisión empresarial no fue un dato secundario: incidió concretamente en el resultado final", sostuvo Martínez.Alejandra aseguró que la ART todavía no había sido notificada del episodio cuando ella se comunicó con la aseguradora, en febrero de 2022, tres meses después del infarto. Hasta entonces, distintos abogados le habían explicado que el cuadro coronario sería difícil de encuadrar como un accidente laboral. Finalmente llegó al estudio de Martínez.La sentencia fue recurrida por la parte demandada, que cuestionó tanto la calificación del episodio como accidente laboral como la relación entre la demora asistencial y las secuelas. La defensa de Fernández deberá ahora sostener el fallo ante la instancia revisora."No quiero vivir en el lugar de víctima. Somos una familia y tenemos que salir adelante. Pero acá hubo una desatención, hubo desidia. Si alguien sabía hacer RCP, si llamaban a una ambulancia o si cumplían con lo básico, quizás la situación era otra", sostiene Alejandra. "Me dio esperanza de que apareciera un juez que leyera, que estudiara cómo habían sido las cosas y entendiera que detrás había un trabajador desatendido", concluye.
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La Justicia busca determinar qué provocó el fallecimiento de la niña que ingresó sin vida al hospital de Villa Gesell. La investigación cobró mayor repercusión al conocerse que su madre había sido juzgada y posteriormente absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas.
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Zohran Mamdani pronunció el 15 de julio un discurso en Nueva York durante el lanzamiento del Foro Global de Liderazgo de la Fundación Nelson Mandela. En la intervención, el funcionario recordó la enseñanza que lo marcó de niño y afirmó que la justicia "debe ser material".La enseñanza de Nelson Mandela que marcó la infancia de Zohran MamdaniMamdani tenía cinco años y vivía en Ciudad del Cabo en 1996. Por entonces, veía el rostro de Mandela en pancartas colocadas sobre las fachadas y lo reconocía como el primer presidente que había conocido, un dirigente que parecía tener "el poder de cambiar el mundo", comentó en su discurso publicado por la Alcaldía de Nueva York.El dirigente neoyorquino destacó el legado de MandelaEl alcalde contó que tenía en el refrigerador una imagen de Mandela con la camiseta de la selección sudafricana. Al recordar esa etapa, sostuvo que la principal lección fue que "la justicia debe ser más que un ideal" y que debía reflejarse en la vida material de las personas.Mandela había sido el primer mandatario negro de Sudáfrica y el primer jefe de Estado elegido mediante comicios democráticos, con la participación de todos los grupos raciales. Mamdani señaló que su figura permanece en cada protesta por justicia, reclamo democrático y acción contra la opresión, la pobreza o la miseria.Por qué Zohran Mamdani pidió no convertir a Nelson Mandela en un mitoEl socialdemócrata destacó el trabajo que la Fundación Nelson Mandela realizó durante 27 años para mantener su legado dentro de los movimientos por la libertad. También agradeció a Mbongiseni Buthelezi por organizar el encuentro y convocarlo como orador principal.El jefe del gobierno de Nueva York recordó que el Centro Nobel de la Paz describió a Mandela como "un mesías para millones de personas". Sin embargo, advirtió que presentarlo como un mito podía ocultar su condición humana. Para explicar esa idea, citó una frase del dirigente: "No soy un santo, a menos que pienses en un santo como un pecador que sigue intentándolo".Según explicó, Mandela tuvo dudas, formó parte de un movimiento con disputas internas y obtuvo victorias importantes. Mamdani sostuvo que reconocer esas imperfecciones permite mostrar a las nuevas generaciones que también pueden seguir su ejemplo. "Es imposible emular a un mesías", afirmó.Mamdani reivindicó la solidaridad de Mandela frente a los costos políticosEl representante del Partido de Familias Trabajadoras presentó la conducta de Mandela como un ejemplo de solidaridad universal. A su juicio, el dirigente se mantuvo junto a las personas con las que compartía una causa y estuvo dispuesto a "perder poder" antes que renunciar a sus principios.Sin embargo, señaló contradicciones en torno a su legado. Recordó que los conservadores británicos lo calificaron como un "verdadero héroe mundial" después de haberse opuesto durante la década de 1980 a las sanciones, al Congreso Nacional Africano y a su liberación.Además, indicó que el gobierno federal estadounidense mantuvo a Mandela en listas de vigilancia terrorista hasta 2008, cuando tenía 90 años. También recordó que algunos de sus antiguos carceleros asistieron a su funeral pese a los abusos que sufrió. El trabajo sin protección en una cantera de cal le había causado daños permanentes en la vista. Las causas actuales que Mamdani relacionó con el legado de Nelson MandelaEl político de origen musulmán se preguntó quiénes reciben hoy el mismo trato que Mandela antes de alcanzar reconocimiento mundial. A su vez, planteó qué personas deben esperar por su libertad y qué causas son desacreditadas en el presente.En ese marco, recordó a Johan Sebastián Durán Guerrero, baleado en la cabeza por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Biddeford, Maine. La máxima autoridad de la ciudad sostuvo que los intereses económicos, los algoritmos, las guerras, la desigualdad y la discriminación separan a las personas. Frente a esas fuerzas, definió la solidaridad como la decisión de elegir a los demás, incluso por encima de uno mismo.
Un hombre demandó a su compañía de seguros tras sufrir el robo de su Fiat Toro en 2022. Sin embargo, un juzgado civil rechazó la demanda. El fallo determinó que el vehículo era utilizado para transportar pasajeros a través de una plataforma pese a tenerlo asegurado como uso particular
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El memorando de entendimiento, presentado en la sede del distrito, busca coordinar entidades locales con el alto tribunal para atender a población vulnerable y llevar los fallos a la vida cotidiana
Como cada año, cientos de manifestantes unieron caminando ayer los siete kilómetros que separan a Calilegua de Libertador General San Martín, en memoria de los secuestros masivos, y las desapariciones de más de 30 personas, llevados a cabo por la dictadura en julio de 1976.
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La adaptación convierte rayos y truenos en señales con peso moral, un principio sagrado de hospitalidad reaparece desde el arranque y el cierre, bajo relámpagos, invita a releer cada gesto
El ex funcionario seguirá con monitoreo de vigilancia electrónica. Está procesado por tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización. Para el fiscal Marijuan la calificación "luce endeble"
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida. 1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de "non bis in idem"; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. 6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar "discoveries"; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como "sponsors" de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones ("subpoenas", en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado ("grand jury") en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones ("subpoenas") son para declarar ante un gran jurado ("gran jury"), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado "principio de oportunidad" ("prosecutorial discretion", en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una "subpoena"?Una citación "subpoena" es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un "grand jury" en Estados Unidos?El "gran jurado", también llamado "jurado de acusación" es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay "causa probable" suficiente para formular una acusación penal formal ("indictment", en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.13) ¿Fue secuestrado el teléfono del "Chiqui" Tapia en Estados Unidos?No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al "Chiqui" Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restriccionesâ?? todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
El cuerpo de la joven apareció a orillas de un río en el sector de La Buitrera, después de que su familia la reportara como desaparecida desde el 16 de julio de 2026
La medida fue solicitada por la defensa del principal acusado y se realizó en la vivienda de barrio Cofico donde, según la investigación, ocurrió el crimen. La inspección busca reforzar la reconstrucción del crimen mientras la causa avanza hacia el juicio. Leer más
El perrito no sobrevivió a las lesiones cervicales y su muerte generó una ola de exigencias de justicia en redes sociales
Un ómnibus protagonizó en 2012 un violento choque contra un puente ferroviario en Exaltación de la Cruz. Una pasajera sufrió una fractura de húmero que le dejó secuelas físicas y psicológicas permanentes. Tras varios años de litigio, la Cámara Civil confirmó la responsabilidad de la empresa de transporte de larga distancia y del conductor, y los condenó a indemnizarla con intereses acumulados
Una Cámara de Apelaciones confirmó la decisión que habilitó a una madre a radicarse en el exterior junto a sus hijos de 11 y 14 años, pese a la oposición de su padre biológico. Los jueces entendieron que la medida resguardaba el interés superior de los menores y destacaron que su opinión fue escuchada y valorada con asistencia de equipos técnicos
La organización pidió agotar todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la labor periodística del comunicador
En diciembre de 2021, Claudio "Chiqui" Tapia logró el apoyo de todos los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar a una empresa desconocida como agente comercial de la entidad en el exterior. TourProdEnter LLC se había creado apenas cuatro meses antes en Florida, Estados Unidos. Al frente aparecía Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia. Durante los siguientes cuatro años, manejaron una fortuna. LA NACION reveló en diciembre pasado que esa sociedad acumuló cerca de US$ 300 millones en al menos cinco bancos de Estados Unidos. Sólo una parte de esa fortuna se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. De acuerdo a los registros que obtuvo el empresario Guillermo Tofoni en Estados Unidos, de ese total recaudado se desviaron casi US$57 millones a través de diez sociedades constituidas en Miami. Hoy, tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la investigación contra dirigentes de la AFA por los desvíos de fondos, a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC. Según confirmaron fuentes al tanto del caso, se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo de dirigentes cercanos a Tapia. Manejos irregularesLa historia de las 10 empresas "pantalla" incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de LA NACION, no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas "gemelas"; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales.Otro caso revelado por este medio tiene como protagonista a una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, que figura detrás de Tronador Import Export LLC. TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank. Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades "fantasma" como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter.Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road,ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de LA NACION, según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.La investigación determinó que el dinero se desvió a través de esas sociedades y luego fue enviado a Buenos Aires, donde se retiraba en efectivo desde una serie de cuevas financieras de la City porteña. Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Juan Pablo Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon. Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los "cueveros" y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo LA NACION. Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, LA NACION constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en "agente comercial exclusivo para el exterior" de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como "dedicada a la familia full time" y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del "Chiqui" Tapia. En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC â??aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031â?? le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el "Chiqui" Tapia.Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette y Faroni acumuló casi US$300 millones. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan. Luego apareció una quinta cuenta en PNC Bank. Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones), y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año. Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguidas por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones. Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de "Pop pago para proveedores AFA". El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como "agente comercial y de cobro", a administrar los pagos de la AFA.El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una "oferta" de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El organismo evaluará si el exministro de Hacienda avaló contratos millonarios para favorecer a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
La Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios que hubo en ese país entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas "fantasmas" a partir del contrato comercial sellado en 2021 con TourProdEnter LLC, la firma del productor teatral Javier Faroni. Se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo. "No llegarían a Chiqui Tapia", señalaron fuentes confiables a LA NACION. La investigación también comprende a Faroni y al empresario Diego Adrián Lucero, vinculados la AFA. Los dirigentes de la AFA citados deberán presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida el 30 de julio próximo. Se les solicitó, además, que aporten toda la información disponible que poseen relacionada con TourProdEnter, incluidas comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La empresa se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la entidad en el exterior hasta 2030. De acuerdo a una publicación de Infobae, la Justicia de Estados Unidos incautó el teléfono de Claudio Tapia antes de su regreso al país tras haber participado del Mundial de Fútbol. En el entorno del presidente de la AFA desmintieron a LA NACION que haya existido un operativo y que haya sido demorado. "Acabo de hablar con él, eso no ocurrió", dijo el abogado Mariano Lizardo, defensor del dirigente de fútbol.El abogado defensor de Toviggino, Marcelo Rocchetti, negó que el tesorero haya recibido una citación judicial. "Mi defendido no recibió ninguna citación de la justicia nacional y de Estados Unidos", dijo a LA NACION. El detalle del contratoEl contrato le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA "la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos". Y, también, la "concertación de distintos eventos deportivos y comerciales".Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a "actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera", y a abocarse a la "promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA".La empresa que Faroni montó en Florida también quedó a cargo de la "realización de tareas de logística" para AFA; en otras palabras, que desde sus cuentas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debía pagarles a los proveedores de la entidad de la calle Viamonte por, entre otros rubros, el traslado internacional y alojamiento de la Selección.Según surge de los registros bancarios confidenciales a los que accedió LA NACION, TourProdEnter LLC recaudó más de US$260 millones para la AFA desde fines de 2021, por lo que sus honorarios rondarían los US$78 millones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, aunque la cifra sería mayor, en atención a los pagos cursados por "logística".
Frente al avance del ámbito judicial sobre las candidaturas en las democracias contemporáneas, el sociólogo Denis Merklen reflexiona sobre los dilemas que atraviesan tanto a la Argentina como a Francia, donde líderes con alta "atracción electoral" ven condicionado su futuro político por decisiones de los tribunales. Leer más
El expresidente venezolano, detenido desde enero en una prisión federal de Nueva York enfrenta cuatro cargos por tráfico de drogas y armas. Su esposa, Cilia Flores, también está acusada y ambos se declararon inocentes. Leer más
El ex dictador venezolano, detenido desde enero en una prisión de Nueva York, enfrenta cuatro cargos de tráfico de drogas y armas. Su esposa, Cilia Flores, afronta tres cargos. Ambos niegan las acusaciones
El Gobierno oficializó este miércoles una nueva tanda de designaciones en la Justicia. Entre los nombres más salientes figura el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se convirtió en el titular del juzgado de Lomas de Zamora donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanzan a cinco áreas distintas de la Justicia nacional y federal.En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, fue designado para integrar un Tribunal Oral Federal de San Martín. Bernardo María Rodríguez Palma.El nuevo bloque de nombramientos sigue a la prórroga por cinco años que obtuvo el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien falló a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.El Gobierno ha exhibido distintos criterios para hacer uso de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que cumplen 75 años.El camarista Martín Irurzun, por caso, debió dejar la Cámara Federal de Comodoro Py tras alcanzar esa edad este fin de semana.Pesino y el juez de la Casación Carlos "Coco" Mahiques, padre del ministro de Justicia, sí obtuvieron la renovación de sus cargos.Rodríguez PonteEl Gobierno oficializó así la designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde tramita y atraviesa instancias clave la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.En la causa acaba de concluir un largo peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte que complicó a Insaurralde. Además, el expediente entró en estado de ebullición con el video que dio a conocer LA NACION de Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares. Rodríguez Ponte también intervendrá en otra causa delicada: la que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, en cuyo centro está el empresario Ariel Vallejo, de vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia. Rodríguez Ponte es un funcionario bien considerado en el mundo judicial. Creció profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un organismo técnico que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas judiciales. El cargo lo convirtió también en representante del Poder Judicial ante organismos internacionales en materia de lavado de dinero. Fue parte de la delegación argentina que viajó a París para afrontar la evaluación -finalmente favorable- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por los países y organismos de mayor peso en el mundo.Apadrinado por su antiguo jefe, Lijo, Rodríguez Ponte llegó a un juzgado por el que había concursado hacía más de una década. En ese mismo concurso participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ella finalmente se impuso en la competencia por un juzgado de Hurlingham, donde quien quedó en el camino fue Diego Arce, actual secretario de Lijo.
El Poder Ejecutivo completó el proceso de designación de María Virginia Ise y Patricio Sabadini. La primera integrará la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, mientras que el segundo conducirá la Unidad Fiscal Federal de la capital chaqueña. Leer más
El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni
Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumirá al frente de un juzgado federal estratégico de Lomas de Zamora que tiene entre sus principales expedientes la investigación contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Leer más
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrató un servicio de inteligencia artificial (IA) para la gestión, administración, análisis y búsqueda de jurisprudencia del tribunal por casi 600.000 dólares.Tras una licitación, la ganadora fue C&S Informática SA, que proveerá el servicio de IA. Esta novedad, dijo el tribunal, tendrá impacto en los procesos jurisdiccionales.La adjudicación lleva la firma de todos los jueces del TSJ porteño: Inés Weinberg (presidenta), Alicia Ruiz (vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.La adjudicataria deberá además suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior. La IA y la automatización serán visibles en el ingreso de escritos ante el Tribunal, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares.También automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de los antecedentes del tribunal porteño.C&S Informática diseñará soluciones de los sistemas aplicables, tanto de programación y de testing como el soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al "alojamiento en la nube".Los cambios activarán los procesos con reemplazo de acciones manuales por automatizaciones, y se busca brindar respuestas inmediatas y propuestas generativas, pues se incluyen módulos de IA generativa de creación de contenidos, con la modernización de los portales actuales. En lo atinente a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia procurará agilizar el acceso de manera que sea intuitivo, con buscadores más veloces, tanto para los abogados litigantes como para la institución. La compañía ganadora acreditó antecedentes relevantes sobre la provisión de diferentes herramientas informáticas de gestión en la administración pública, nacional y provincial, según fuentes del gobierno porteño. El contrato con el TSJ se extenderá por 5 años.Esta semana, tanto el Tribunal como la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para dar inicio al proceso de implementación de la IA.A la licitación se presentaron 11 empresas y se eligió a la que mejor cumplió con lo requerido en los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas. Además, resultó la más recomendable al sugerir tecnologías que se encuentran en consonancia con las expectativas y necesidades del TSJ, a la par que su cotización fue la más aceptable entre todas las ofertas admisibles.El monto total de la adjudicación es de 587.528 dólares para implementar inteligencia artificial en sus procesos jurisdiccionales y desarrollar un sistema integral de gestión y búsqueda de su jurisprudencia. La resolución RTSJ-2026-55-TSJ-TSJCABA, finaliza la licitación pública 4/2026 a la que se presentaron once empresas y en la que dos fueron rechazadas: Naxos AR SA porque su oferta no estaba firmada, y Digital Hive Group SA por presentar una garantía insuficiente.De las nueve ofertas que superaron el filtro formal, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó a C&S Informática por encima de competidoras como Unitech SA, Systems Management Specialist SA, Datacloud SA, la UTE conformada por SG Soluciones Gráficas y Cumbresoft, Anfler Solutions, Data Voices y NSS SA. Todas esas firmas fueron consideradas aptas técnicamente, pero descartadas por precio, según la resolución oficial. La oferta ganadora superó en un 1,6% la previsión presupuestaria del renglón 1 del pliego y en un 13% la del renglón 2 del pliego, pero la comisión evaluó que su propuesta tecnológica era la más alineada con las necesidades del tribunal y que la empresa tiene mayor trayectoria en servicios digitales e inteligencia artificial para el sector público.El contrato cubre dos objetivos diferentes. El primero es la implementación de un servicio de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales del TSJ porteño. El segundo es el desarrollo de una solución integral para la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del tribunal. La resolución de adjudicación no detalla los pliegos técnicos, por lo que el alcance preciso de ambos módulos â??qué tareas asistirá la IA dentro de los procesos judiciales, por ejemploâ?? surge de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas aprobados en enero por la presidenta del TSJ Inés Weinberg.La adjudicación no recibió impugnaciones de ninguno de los oferentes dentro del plazo legal y la asesora jurídica del tribunal dio su visto bueno sin objeciones. La compra se cotizó y se pagará en dólares, lo que es inusual para una contratación de servicios de un organismo judicial porteño y refleja tanto el carácter tecnológico del objeto como la indexación al dólar que impuso el mercado de software en los últimos años.Más causasEl disparador de la adquisición es la urgencia, ya que mientras que en 2024 ingresaron 1610 causas en el Tribunal Superior de Justicia, en 2025 esa cifra se disparó a más de 6800 expedientes, un incremento superior al 300%. Ese número de explosión de causas se entiende por el dictado del fallo Levinas de la Corte que convirtió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el tribunal al que deben ser apeladas todas las decisiones de la justicia nacional laboral, civil, comercial y penal.
El abogado de las víctimas, Julián Quintana, exdirector del CTI, sostuvo que ese acercamiento y la reunión con personas cercanas al exgobernador deben ser valorados por los investigadores
La trabajadora ya fue despedida disciplinariamente por la empresa, pero ese despido también fue declarado improcedente y se ordenó su readmisión
Se trata de la tercera comparecencia desde su captura en Caracas el pasado enero. El ex líder permanece detenido desde entonces en una prisión de Brooklyn. Durante la sesión, la Fiscalía y la defensa tratarán la clasificación y preparación de las pruebas, además de la presentación de mociones previas al juicio, que todavía no tiene un cronograma definido
Durante un torneo intercolegial de handball, una profesora de educación física quedó inconsciente y debió ser operada de la órbita ocular tras recibir un golpe desde atrás. La Cámara Civil condenó en forma solidaria al agresor, al organizador del certamen y a una institución privada a indemnizarla por las secuelas sufridas
La empresa propietaria aportó informes de detective para probar que la inquilina no vivía en el piso, pero el juez consideró que las pesquisas se hicieron de día, cuando la anciana estaba en casa de su hija recibiendo cuidados
Hay juegos que deberían terminar en la infancia. Uno de ellos es el del Gran Bonete. Sin embargo, a veces parecería que algunos abogados y tribunales argentinos insisten en seguir jugándolo.El debate acerca de qué juez debe intervenir en la investigación sobre la irregular compra de una lujosa propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) constituye un ejemplo elocuente del juego del Gran Bonete judicial. Recientemente, los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña -curiosamente, exmiembro del tribunal de ética de la AFA- aceptaron una queja planteada por los acusados de ser testaferros de Pablo Toviggino y ordenaron volver a discutir la competencia de la causa judicial. Los citados camaristas, con la disidencia de su par Alejandro Slokar, convocaron a una audiencia para el 12 de agosto con el fin de definir si el caso se mantiene en el fuero penal económico, como hasta ahora, o si regresa al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como pretenden los acusados.De este modo, después de sucesivos planteos procesales, el sistema sigue discutiendo la competencia en tanto que el análisis de la cuestión de fondo continúa esperando.Los expedientes sobre el escándalo de la AFA recorren juzgados y tribunales superiores sin que nadie parezca advertir que el paso del tiempo también puede constituir una forma de impunidadMientras las semanas transcurren, los expedientes recorren juzgados y tribunales superiores sin que nadie parezca advertir que el paso del tiempo también puede convertirse en una forma de impunidad. O, peor aún, que es ese, precisamente, el objetivo.Toda sociedad civilizada reconoce el derecho de los jueces a resolver los conflictos de competencia. Lo que ninguna democracia puede aceptar es que esa discusión termine ocultando o sustituyendo al proceso mismo. Porque la Justicia fue creada para investigar los hechos, no para distraerse investigando quién debe investigarlos.Cuando la definición del juez tarda más que las primeras medidas de prueba, el proceso deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un monumento a la ineficacia. O, lo que sería mucho más grave, la evidencia de una inadmisible complicidad.Una Justicia que dedica más tiempo a decidir quién debe investigar que a investigar ya no tiene un problema de competencia. Tiene un problema de prioridades y muy probablemente otro, más serio aún, de corrupción.En la Argentina, la Justicia parece haber inventado una nueva y curiosa categoría procesal: la investigación de la investigación. Su resultado suele ser la impunidad de los investigados. Mientras tanto, la verdad se demora, la credibilidad de la Justicia se evapora y nuestra República se deteriora.