El Departamento de Justicia de EE.UU. implementa una nueva norma para que personas con condenas penales puedan recuperar sus derechos sobre armas.La medida, impulsada por el secretario de Justicia, busca equilibrar la seguridad pública y el derecho constitucional, evaluando cada caso individualmente.
Dos abogadas de distinta extracción política siguieron el camino inaugurado por un juez de la Casación para poder ser reelegidas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces y que este año renueva ocho autoridades. Son Fernanda Vázquez, cercana al peronismo, y Jimena de la Torre, ligada a Pro. Ambas presentaron esta semana una demanda para que la Justicia determine si pueden o no presentarse a un nuevo mandato como representantes del estamento de la abogacía.Argumentaron que existe una laguna jurídica y recrearon un pedido formulado tiempo atrás por el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, que sostuvo que era necesario esclarecer el impacto de un fallo de la Corte Suprema que despertó distintas interpretaciones sobre si es posible la reelección consecutiva dentro del Consejo o hace falta dejar correr un periodo para un nuevo mandato. El pedido se presentó como una acción declarativa de certeza y en concreto busca determinar cuál es la ley que rige actualmente: si la original, que creó el Consejo y permite la reelección, o la reforma sancionada en 2006, que exige un intervalo para postularse.Las abogadas solicitaron que su causa tramite en el juzgado 6, junto a la de Barroetaveña, que había conseguido allí una cautelar del juez Enrique Lavié Pico para poder competir. Pese a que ambos planteos tratan sobre la interpretación del mismo artículo, el juez Lavie Pico consideró el viernes pasado que se trata de dos asuntos distintos y que deben tramitar por separado. Así, devolvió el expediente de las abogadas al juzgado contencioso administrativo federal N° 2.Basó su distinción en que el de los jueces y el de los abogados son estamentos distintos dentro del Consejo. El argumento central del planteo de las abogadas se basa en un fallo de la Corte respecto a la reforma del Consejo que impulsó el kirchnerismo en 2006, que, entre otras cuestiones, modificó la conformación del organismo e introdujo la necesidad del intervalo previo a la reelección de los consejeros. Se trata del fallo "Colegios", de 2021; un pronunciamiento en el que el máximo tribunal declaró inconstitucional la nueva conformación del organismo, que con la reforma había pasado de tener 20 miembros a tener 13, y dispuso que, hasta tanto se dictara una nueva legislación, debía recobrar "plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937â?³, es decir, la ley original. Vázquez y De la Torre, tal como lo había hecho antes Barroetaveña, sostienen que ese criterio alcanza también a la regla sobre las reelecciones. "Solicitamos que V.S. declare aplicable a las actoras el texto originario del artículo 3° de la Ley 24.937 â??conforme Ley 24.939â??, que admite una única reelección consecutiva y, en consecuencia, que no existe impedimento constitucional, legal ni reglamentario para que presentemos nuestras candidaturas y participemos en dichas elecciones", dicen en su presentación. "Si el fallo 'Colegio de Abogados' dio lugar a una estructura institucional diferente, con una composición nueva y un marco legal recompuesto, entonces no puede trasladarse automáticamente una prohibición de reelección propia del régimen anterior a una nueva integración surgida de otro diseño normativo", sigue el texto. El planteo reedita la discusión que enredó la segunda reelección de Agustina Díaz Cordero al frente de la vicepresidencia del Consejo: la reforma de 2006 dispuso que el cargo no podía ejercerse de forma consecutiva, que era necesario un intervalo. No obstante, el propio Consejo admitió en abril de 2025 que Díaz Cordero encadene tres mandatos consecutivos, antecedente que Vázquez y De la Torre mencionan ahora en su planteo. "El Plenario del Consejo admitió y votó, casi en forma unánime, que incluyó el voto del Presidente del Consejo, una reelección inmediata de la Vicepresidenta, Dra. Agustina Díaz Cordero", marcan las abogadas, representadas por Alberto Garay.El kirchnerismo votó en contra y se opone en general a las reelecciones en el Consejo. Lo mismo hacen organizaciones como Será Justicia o Fores, que se pronunciaron en contra. La postura es que el aludido fallo de la Corte impacta solo en los puntos que quedaron bajo controversia y no sobre todo el régimen. "Admitir la interpretación que pretende para su reelección el juez Barroetaveña -dijo en su momento Será Justicia en un comunicado- implicaría alterar las reglas de alternancia previstas por el legislador y abrir un precedente que permitiría la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional".Las abogadas Vázquez y De la Torre señalan en su escrito que el cronograma electoral impone con urgencia despejar las dudas sobre la posibilidad de ir por un nuevo mandato. El 19 de agosto de 2026 se entregan los padrones para su publicación; el 14 de septiembre vence el plazo para presentar las listas de candidatos y el 30 de septiembre se deberían oficializar las listas. De los 20 miembros, este año se renuevan cuatro lugares de los abogados, cuatro de los jueces, ocho de los legisladores nacionales y los dos de los académicos.
La Corte Suprema de Estados Unidos atraviesa un período de cuestionamientos relacionados con su desempeño y con la percepción de que sus integrantes toman decisiones con base en posiciones políticas. El debate se intensificó después de distintos fallos sobre derechos civiles, elecciones, financiamiento de campañas y atribuciones del Poder Ejecutivo, por lo que sectores demócratas impulsaron iniciativas destinadas a modificar el funcionamiento del máximo tribunal.Las propuestas demócratas para reformar la Corte Suprema de EE.UU.De acuerdo con The Washington Post, una de las iniciativas plantea elevar de nueve a 13 el número de jueces. El objetivo señalado por sus impulsores es modificar el actual equilibrio ideológico del tribunal.Otra propuesta establece mandatos de 18 años, con una nueva nominación presidencial cada dos años, en lugar del sistema de cargos de duración indefinida mientras los magistrados mantengan su posición.También se analiza establecer un código de ética con carácter obligatorio. La iniciativa contempla normas de conducta exigibles para los jueces y mecanismos destinados a reducir posibles conflictos de intereses, entre ellos la colocación de determinados activos en fideicomisos ciegos."Los afroamericanos de Texas y de EE.UU. han estado dando la voz de alarma sobre la Corte Suprema", dijo James Talarico, demócrata que se postula al Senado por Texas contra el republicano Ken Paxton.Otra discusión apunta al llamado "shadow docket", mediante el cual la Corte resuelve asuntos de emergencia con decisiones que, en algunos casos, presentan explicaciones limitadas. Los promotores de la reforma pretenden establecer mayores requisitos de transparencia para este mecanismo.El rechazo ciudadano y la división partidista sobre la Corte SupremaEl debate legislativo coincide con un nivel elevado de descontento público. Según la encuesta de Washington Post-Ipsos, el 55% de los estadounidenses desaprueba el desempeño de la Corte, mientras que el 41% lo aprueba, un resultado que se encuentra cerca de los niveles más bajos registrados para el tribunal.El sondeo también señaló que el 46% de los consultados consideró que los jueces deciden principalmente por motivos ideológicos, frente al 25% que cree que sus resoluciones se basan fundamentalmente en la ley. La percepción varía de acuerdo con la identificación partidaria: el 75% de los demócratas desaprueba la labor del tribunal, mientras que alrededor de dos tercios (66%) de los republicanos la aprueban.La misma encuesta reflejó que, entre quienes atribuyen las decisiones a posiciones políticas, el 66% consideró que estas favorecen a Donald Trump y el 17% entiende que lo perjudican. La medición fue realizada entre el 8 y el 13 de julio sobre 2648 personas.Los obstáculos para modificar la Corte Suprema que enfrentan las propuestas demócratasPara avanzar con buena parte de los proyectos sería necesario contar con una mayoría suficiente en el Senado para superar el filibusterismo y alcanzar el umbral de 60 votos. Por ese motivo, sus propios impulsores reconocieron que las posibilidades de aprobación en el escenario actual son reducidas, de acuerdo con The Washington Post.Los republicanos rechazaron las iniciativas y sostuvieron que buscan modificar la Corte debido a que sus fallos no coinciden con las posiciones de sectores progresistas. Los críticos actuales de las reformas también advirtieron sobre una posible consecuencia: que los jueces sean identificados cada vez más con los partidos que participaron en sus designaciones.
El Departamento de Justicia de EE.UU. implementa una norma que permite a exconvictos no violentos recuperar derechos sobre armas. Esta medida, impulsada por el secretario Todd Blanche, busca equilibrar el derecho constitucional con la seguridad pública.La iniciativa, parte de la administración de Donald Trump, establece un sistema en línea para solicitudes, excluyendo a individuos con antecedentes violentos o que representen un peligro. Esta acción sigue a otras flexibilizaciones en regulaciones de armas.
La guerra narco en los barrios San Luis y San Francisco, de Florencio Varela, sumó la tercera víctima mortal en 48 horas. El domingo a la madrugada los vecinos asesinaron a una mujer de 30 años que vivía en una casa donde vendían drogas.Según fuentes policiales, Cintia Caballero fue apuñalada cuando huía de la vivienda que un grupo de unos 200 vecinos incendió. La propiedad está en la calle 1325, entre 1344 y 1348. Allí vivían la mujer, su pareja -un hombre que fue herido de gravedad- y su cuñado, identificado como Johny, un vendedor de droga que instaló un búnker sin autorización de la banda de los Paisa, que controlan la zona.El ataque contra la casa en la que vivían Cintia, su pareja y su cuñado resultó el corolario de la balacera ocurrida el jueves pasado, minutos después de las 22.20, cuando desde un Volkswagen Suran gris, cuatro integrantes de la banda de los Paisa dispararon con una ametralladora contra el frente de la casa situada en 1325, entre 1344 y 1348, y mataron a Ariel Macchi y Franco Herrera, quienes estaban en la puerta de la vivienda junto a Sebastián Ortiz. Cuando fueron baleados, Macchi, Herrera y Ortiz esperaban que les llevaran herramientas porque al día siguiente debían realizar un trabajo de albañilería. Actualmente, Ortiz está internado en grave estado en el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Guerra narco en Florencio VarelaMacchi, Herrera y Ortiz fueron víctimas inocentes de una guerra narco entre los Paisa y bandas rivales. Los Paisa no aceptan competencia y cuando algún transa o vendedor de un grupo rival se instala para vender drogas en su territorio, matan a los dealers disidentes y a vecinos.A partir de la reconstrucción del ataque realizada por los investigadores policiales y judiciales se determinó que cuando los sicarios del Volkswagen Suran gris dispararon contra la casa en la que estaban los albañiles tenían como objetivo, en realidad, la vivienda del tal Johny.La hipótesis de los investigadores apunta a que los sicarios se equivocaron de blanco y en lugar de acribillar el búnker de Johny, su hermano Ariel y su cuñada Cintia, ejecutaron a Macchi y Herrera. Ambas viviendas están en la calle 1325, entre 1348 y 1344.El sábado a la mañana, cuando los vecinos de Herrera se enteraron de que el albañil había fallecido, organizaron una manifestación para reclamar justicia por las víctimas del ataque y para exigir que la policía expulse a los narcos que venden droga en el barrio.Ante la falta de acción de los efectivos -que llegaron al lugar para custodiar la casa que era el verdadero objetivo del ataque, que funcionaba como búnker de droga-, los vecinos incendiaron la vivienda. Tanto Johny, como su hermano, Ariel y su pareja, Cintia, huyeron de las llamas. Pero, ayer, durante la madrugada, fueron alcanzados por algunos de los vecinos que los hirieron a puñaladas.Cintia falleció en el lugar, mientras que Ariel, su pareja, fue llevado en grave estado al hospital Mi Pueblo. En el mismo centro asistencial está internado en terapia intensiva Sebastián Ortiz, el único sobreviviente de la balacera ocurrida el jueves a la noche.
MADRID.â?? El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó este lunes la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y le dio un plazo de 30 días para adoptar medidas que permitan recuperar la normalidad en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. El dirigente del Partido Popular (PP) advirtió que, si no obtiene una respuesta, recurrirá a otras instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, además de las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las instituciones europeas."Vamos a recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo, a las Cortes Generales, al poder judicial, a las Comunidades Autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, por supuesto, a Europa. A quien haga falta, porque no nos vamos a rendir", afirmó Vivas durante una comparecencia extraordinaria en el palacio de la Asamblea. El presidente ceutí, que lleva más de 25 años al frente de la ciudad y que hasta ahora había mantenido una relación de cooperación con los distintos gobiernos centrales, acusó al Ejecutivo socialista de una "pasividad casi absoluta" y de haber intentado "maquillar la realidad" al sostener que la situación había recuperado la normalidad en las primeras 48 horas posteriores a la llegada masiva.Según Vivas, más de 70.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, aunque las cifras oficiales difundidas en las últimas semanas sitúan el movimiento en más de 72.000 personas. La gran mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero entre 5000 y 8000 migrantes permanecen todavía en el enclave, según distintas estimaciones. "Normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden y entraron en nuestra ciudad", sostuvo Vivas, quien cuestionó además que las autoridades no hayan informado con precisión cuántas personas continúan en Ceuta ni cuántos expedientes de devolución o expulsión fueron iniciados.El dirigente del PP anunció que su intención es trasladar personalmente la situación a las máximas autoridades judiciales españolas, si aceptan recibirlo. En concreto, mencionó a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. "El poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho. Ceuta vive un estado de excepción", afirmó.Vivas también deslizó críticas más profundas hacia la estrategia de La Moncloa y llegó a plantear la posibilidad de que detrás de la falta de respuesta exista una intención política. "Hasta la caída definitiva [de Ceuta]", dijo. El presidente ceutí reclamó además una mayor colaboración de Marruecos para reforzar el control fronterizo y facilitar los retornos.El presidente ceutí insistió en que no se trata únicamente de una emergencia migratoria, sino de una cuestión de seguridad, convivencia, servicios públicos e integridad territorial. "Los ceutíes no nos vamos a rendir; el gobierno es una parte muy importante del Estado, pero no es todo el Estado", afirmó. En su cuenta de X, compartió una imagen de un equipo de fútbol que sostiene una bandera con la inscripción: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". En la publicación agregó un texto con una analogía al partido deportivo y aseguró que: "Sabemos resistir y sé que ganaremos este partido con firmeza, dignidad y unidos".Esta imagen refleja lo que somos: un pueblo unido y un solo corazón latiendo por Ceuta. No nos rendiremos. Sabemos resistir y sé que ganaremos este partido con firmeza, dignidad y unidos. Porque somos Ceuta.Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Juntos. pic.twitter.com/a80IKQU7Df— Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) August 16, 2026"Tenemos que pensar en los ceutíes"El Gobierno central, entretanto, comenzó a ampliar su dispositivo de acogida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este lunes la habilitación de cuatro centros de atención humanitaria y acogida temporal con capacidad para unas 1500 personas que ingresaron irregularmente durante la crisis. La medida se produjo en paralelo al enfrentamiento político entre Madrid y el Ejecutivo ceutí. La cuestión de los alojamientos es uno de los principales puntos de fricción. Vivas se opone a utilizar determinados espacios propuestos por el gobierno central para realojar a los migrantes y sostiene que algunos se encuentran en zonas céntricas y generan rechazo entre los vecinos. Su Ejecutivo asegura que no cuestiona todos los emplazamientos planteados, pero rechaza específicamente la utilización de la denominada Fábrica de Harinas, un inmueble propiedad del Ministerio de Defensa."Hay emplazamientos con los que los vecinos no están de acuerdo. Debemos pensar en los inmigrantes, pero tenemos que pensar en los ceutíes, ¿o es que los ceutíes no tenemos derechos?", argumentó Vivas.La disputa se trasladó también al terreno sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta este domingo y reclamó al gobierno local que habilitara espacios adecuados para garantizar condiciones de salubridad y una atención sanitaria controlada. García negó que el sistema sanitario estuviera colapsado, aunque reconoció que se encontraba bajo presión. Según sus datos, los servicios médicos atendieron a unas 5800 personas en 15 días, con alrededor de 300 consultas diarias. Profesionales de la salud de Ceuta denunciaron agotamiento y presión sobre los servicios, mientras García advirtió de un riesgo epidemiológico moderado entre la población migrante y bajo para los residentes. La ministra también rechazó asociar automáticamente migración y enfermedad y calificó de injustos y xenófobos los discursos que vinculan ambos fenómenos. Vivas respondió acusando a García de "desviar el foco" y rechazó que la ciudad necesite recibir "lecciones de humanidad". "Si hay un territorio donde la gente sufre como propio el sufrimiento de otros, con independencia del origen de la persona, es Ceuta y los ceutíes. Lecciones ninguna", afirmó.La situación humanitaria sigue siendo uno de los principales desafíos. Cientos de migrantes que permanecen en la ciudad participaron el domingo en una protesta en la playa de El Trampolín para reclamar asilo y rechazar su devolución a Marruecos. Muchos de ellos permanecen en condiciones precarias, durmiendo al aire libre o en asentamientos improvisados mientras esperan una respuesta sobre su situación. Los manifestantes exhibieron banderas españolas y carteles con mensajes como "No queremos volver a Marruecos" y "También somos humanos". Entre los migrantes hay ciudadanos marroquíes, pero también personas procedentes de países como Nigeria, Senegal y Bangladesh, algunas de las cuales aseguran haber llegado a España huyendo de conflictos, persecuciones o situaciones económicas adversas. Las autoridades españolas advirtieron que quienes ingresaron irregularmente no podrán permanecer en Ceuta ni trasladarse a la España peninsular, salvo en casos excepcionales vinculados a situaciones de especial vulnerabilidad. El pasado viernes, mientras Marruecos mantiene presión sobre su frontera, las autoridades detuvieron a al menos 111 personas que intentaban dirigirse hacia Ceuta, después de que en redes sociales circularan nuevos llamamientos a realizar otro cruce masivo. España también reforzó su dispositivo de seguridad en el enclave con más de 500 agentes adicionales. Agencias ANSA y Reuters y diario El País
Se profundiza el conflicto entre los productores de Colón, en el norte bonaerense, y el municipio por el estado de los caminos rurales. Luego del reclamo presentado a fines de julio pasado, el Ejecutivo local respondió, reconoció que hay sectores de la red que necesitan mejoras y convocó al sector a una mesa de trabajo. Sin embargo, la Sociedad Rural y productores independientes quieren que antes se abran las cuentas: pidieron conocer los ingresos y gastos vinculados con los caminos entre 2023 y 2026 y ya anticiparon que no descartan recurrir a la Justicia.Ese pedido será presentado formalmente mañana ante el Ejecutivo municipal. Luego, una delegación de siete productores se reunirá con el Concejo Deliberante y, por la tarde, habrá un encuentro en la Sociedad Rural de Colón con el abogado Pablo Abdón. Allí, los productores recibirán asesoramiento sobre las posibles medidas legales que podrían tomar y podrán realizar consultas. Desde la entidad esperan una convocatoria de más de 100 personas.Exporta a EE.UU. y Europa: trabajó con algoritmos y en multinacionales, se retiró y ahora es creador de vinos top en la PatagoniaEl conflicto había tomado fuerza a fines de julio último cuando, después de una asamblea, la Sociedad Rural local y productores independientes enviaron un petitorio al intendente Waldemar Giordano, de Unión por la Patria, y al Concejo Deliberante. Allí reclamaron una solución por el deterioro de los caminos, cuestionaron el sistema de mantenimiento y pidieron explicaciones sobre los recursos destinados a la red vial.El municipio respondió el 10 de agosto. En una carta firmada por Giordano, aseguró que viene realizando trabajos de mantenimiento y que durante este año sumó personal para reforzar las tareas. A la vez, reconoció que existen sectores de la red vial donde es necesario mejorar las condiciones y profundizar los trabajos y admitió que todavía hay lugares donde las respuestas son insuficientes.Como parte de la respuesta, el Ejecutivo propuso crear una Mesa Técnica de la Red Vial Rural junto con representantes del sector. La idea, según señaló, es actualizar el diagnóstico de los caminos, analizar el plan de mantenimiento para el segundo semestre, buscar financiamiento provincial y nacional y realizar reuniones mensuales para evaluar los avances.Si bien José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, reconoció que "es una carta amplia y en buenos términos", los productores consideran que la respuesta no les da la información que necesitan sobre el manejo de los recursos destinados a los caminos. Por eso, después de consultar con abogados, resolvieron hacer una nueva presentación y pedir que, antes de avanzar con la mesa propuesta por el municipio, les entreguen la documentación sobre los ingresos, los gastos, la maquinaria y los trabajos realizados en la red vial.En la nueva carta, fechada el 14 de agosto, dejan en claro que no rechazan el diálogo. "Para un diálogo sincero y productivo nos es necesario, previo al diálogo â??que no rechazamosâ??, contar con la información necesaria", señalaron.El pedido apunta principalmente a saber cuánto dinero ingresó y cuánto se gastó en los caminos. Solicitaron documentación sobre lo recaudado por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal durante 2023, 2024, 2025 y 2026 y los gastos realizados en esos mismos años. También quieren conocer los fondos provinciales y nacionales recibidos para el mantenimiento de la red y el listado de cheques y transferencias relacionados con esos trabajos.Además, pidieron información sobre los kilómetros que debe mantener el municipio, el personal dedicado a esas tareas y la maquinaria disponible, con su modelo, función, fecha de compra, estado de conservación y reparaciones realizadas.Para Manfredini, ese último punto ayuda a explicar un problema que viene de mucho antes de la actual administración. Según señaló, la Sociedad Rural de Colón reclama por los caminos desde hace unos 25 años, durante distintos gobiernos municipales. "La Sociedad Rural de Colón hace 25 años que reclama por los caminos rurales, con todos los intendentes de turno, y nunca nadie solucionó el problema", afirmó.Validada en 30 países: una tecnología replantea a fondo el lavado de las pulverizadorasSegún recordó, la última etapa en la que, a su entender, los caminos estuvieron en buenas condiciones fue durante la gestión de Carlos Macieri. "Ahí sí estaban bien los caminos rurales y se destinaba el 80% del dinero al mantenimiento", aseguró. Manfredini sostuvo que, con el paso de los años, el municipio fue perdiendo capacidad para atender la red. "Se han quedado sin maquinaria. No tienen maquinaria porque no fueron renovando el parque en los últimos 25 años, o lo hicieron muy poco, no a la altura de las circunstancias", señaló.La carta que presentarán también incluye números que los productores aseguran que surgen de documentación municipal. Según detallaron, hasta junio se había alcanzado menos del 50% de las metas previstas para la red vial. De los 300 kilómetros de caminos rurales municipales que se proyectaba mantener se hicieron 150; de los 150 kilómetros provinciales previstos, 75; y de las 12 alcantarillas contempladas, seis. Además, de los 30 kilómetros que se preveían reconstruir con alteos se hicieron 15.Los productores también compararon esos trabajos con los recursos disponibles. Según la presentación, el programa destinado a la red vial tiene asignados $554,6 millones para todo 2026. En tanto, de acuerdo con documentación oficial, hasta junio habían ingresado $400,6 millones por coparticipación del impuesto inmobiliario rural y otros $736 millones vinculados con la tasa vial municipal, entre lo recaudado este año, ejercicios anteriores y planes de facilidades de pago. En total, calculan ingresos provinciales y municipales por $1.136,6 millones.Por eso, antes de integrar la mesa propuesta por el Ejecutivo, quieren acceder a toda esa documentación. También plantearon que la Mesa Técnica debería funcionar dentro de la Comisión Asesora Local prevista por el decreto provincial 130/2007, para darle un marco formal y participar en la elaboración de los planes de mantenimiento.Mañana una delegación de siete productores también se reunirá con el Concejo Deliberante. Manfredini participará como vicepresidente de la Rural, junto con representantes de productores independientes y del Centro de Camioneros de Colón. Según explicó, el mal estado de los caminos no perjudica solamente a quienes producen, sino también a camioneros, trabajadores rurales, docentes que tienen que llegar a las escuelas y familias que viven en el campo.Horas después, a las 15, será la reunión con Abdón en la Casa de Campo de la Sociedad Rural. El abogado explicará las alternativas legales que podrían seguir y responderá las consultas de los productores. Para Manfredini, después de 25 años de reclamos, esta vez están dispuestos a avanzar si no obtienen las explicaciones que buscan. "Ahora vamos a ir a fondo. Si hay que recurrir a denuncias penales para ver qué hicieron con la plata, lo vamos a hacer", afirmó.
Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia se enfrentan este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y con arbitraje de Nicolás Ramírez en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.La previa del partidoEl cotejo tiene cara a cara a dos de los líderes de la tabla de posiciones de la zona. El Fortín es el único invicto del certamen con 10 puntos producto de tres victorias y un último empate frente a Boca 1 a 1 como visitante y necesita ganar para recuperar la cima que le arrebató Instituto de Córdoba con su triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0.El elenco de Guillermo Barros Schelotto no tiene competencia internacional y se perfila para pelear por el título en una temporada donde es uno de los que más puntos sumó -marcha tercero en la Tabla Anual con 38-. Su rival, en tanto, se ubica cuarto en el Grupo A con siete unidades y anhela vencerlo para alcanzarlo. Dirigido por Julio Vaccari, el Halcón de Florencio Varela tiene una campaña de dos triunfos, un empate y una derrota.Posibles formacionesVélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.78 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.Ambos equipos se enfrentaron en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y empataron 1 a 0 en el estadio Norberto Tito Tomaghello con goles de Juan Gutiérrez para el local y de Matías Pellegrini para el visitante.
Francisco Ochoa sostuvo que la ejecución del fallo obtenido en 2016 avanza solo parcialmente y reclamó que se aceleren las pruebas de ADN y las búsquedas pendientes de decenas de comuneros
Distintas organizaciones saludan el acuerdo anunciado tras el cierre de la primera etapa de la negociación entre el chavismo y la oposición, al tiempo que demandan que los nuevos magistrados sean escogidos respetando la Constitución
Una pasajera reclamó una indemnización por las lesiones que dijo haber sufrido en 2017 en la estación 9 de Julio de la línea D. El tribunal analizó un informe que fijó en seis centímetros la separación entre el andén y la formación y también advirtió contradicciones en las declaraciones
Aunque la causa se inició en 2017, el exfuncionario kirchnerista aún no prestó declaración indagatoria. Su defensa pidió la prescripción
El tribunal afirma que no son pruebas válidas y subraya que los certificados no cumplían con el requisito territorial que dicta la ley
La mujer sostuvo que había asumido en soledad las tareas del hogar mientras su esposo viajaba y desarrollaba su actividad profesional
El comprador advirtió una diferencia en el odómetro poco después de retirar el vehículo de la concesionaria. El expediente reconstruyó antiguas publicaciones de venta y registros de service que confirmaron la adulteración
Iván Cancino, titular de la cartera, señaló que trabajan junto a la Fiscalía General de la Nación y Colcert para establecer lo ocurrido
La senadora de Ahora Nación defendió que el museo siga bajo la órbita del Ministerio de Cultura y cuestionó los antecedentes del ministro Ernesto Álvarez en materia de derechos humanos
El funcionario aseguró que se ha normalizado que cuestionar al gobierno sea, automáticamente, un acto de traición o de conspiración
Tras el respaldo de la Corte Suprema en junio para recortar el programa humanitario, la justicia reconoció la potestad del gobierno para dar por finalizada la protección que regía desde 1991, exponiendo a los beneficiarios a la deportación.
Agentes judiciales localizaron en Santa Rosa de Santo Domingo a un menor implicado en intimidaciones contra Gabriel Aguilar, mientras continúa la investigación sobre otros involucrados en el caso
La líder venezolana ha asegurado que el país avanza hacia un escenario de cambio y ha prometido que "habrá memoria y reparación" para las víctimas del régimen
El descapotable negro, valuado en unos US$ 320.000, forma parte de una flota de autos de lujo que la justicia entiende que se compraron con fondos no justificados. El financista es investigado por asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield. Las ex autoridades de la entidad deportiva fueron beneficiadas con "falta de mérito"
Banco CentralEl Congreso tiene ante sí el proyecto de olvidar 80 años, cuando un gobierno de facto (25/3/1946) nacionalizó el Banco Central, que era ajeno a la política, como Perú hoy, Riesgo País 112, y la Reserva Federal. Ahí nació la inflación, que en promedio había sido del 1,5 % anual desde 1870.Patricio Avellanedapatoave48@gmail.com"Hay que..." Las políticas argentinas conducidas desde nuestra independencia muestran una pobreza extrema de estadistas, males endémicos que no se solucionan nunca, promesas que no se cumplen, proyectos que quedan en proyectos, una justicia que no llega, la felicidad de un pueblo que depende del resultado de un torneo de fútbol. Ello indicaría que no hemos aprendido nada desdeentonces, yque vivimos en un país donde lo que hay que hacer se agota en un "hay que..." que nunca se hace.Juan Peñapenapirovano5@gmail.comJusticia politizada Cortito y al pie. En relación al excelente editorial del 13 de los corriente, me permito recordar aquello de cuando la política entra en la Justicia ésta sale por la ventana. Desde la amañada reforma de la Constitución en 1994, que importó e incorporó el Consejo de la Magistratura, un órgano extraño a su plexo, la justicia se inmoló en aras de la política partidaria. Como a los pingos se los ve en la cancha, actualmente no dudo en afirmar que el sistema de elección de los jueces antes vigente garantizaba funcionarios más probos que la mayoría de los actuales. Norberto A. Giletta Juez Federal (R) ngiletta@gilettayasociados.com.ar Desarrollo científicoLa lamentable situación que impera en la Comisión de Energía Atómica, cuyos logros han sido mundialmente reconocidos, en especial por el empleo de sustancias radioactivas en distintas áreas y en la construcción de reactores nucleares, así como la importancia de la ciencia en general para el desarrollo de la economía, como sucedió con países con mucha menos población que el nuestro, pero que valoraron la investigación científica, nos lleva a recordar frases de ilustres investigadores argentinos, galardonados con el premio Nobel. El Dr. Bernardo Houssay decía: " Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia". Por su parte, el Dr. Federico Leloir, refiriéndose al tema, decía: " La ciencia no es un lujo, es una necesidad para el progreso de la humanidad".Silvio Kremenchuzkyskremenchuzky@gmail.comUna francesa agradecida Llegué por primera vez a la Argentina para viajar sola el año pasado, con ganas de conocer mejor un país del que en Francia se habla menos de lo que merece. Durante ese viaje mejoré mi español y pensé que sería solo un viaje memorable. Pero me enamoré de la Argentina y decidí volver este año por más tiempo: ya llevo acá unos meses. La semana pasada publiqué en mis redes sociales un texto explicando qué me hizo volver y por qué decidí quedarme más tiempo. Quise hacerlo porque siento el deseo de aportar mi pequeño grano de arena para que más personas descubran este país extraordinario, injustamente desconocido en Europa. Descubrí que cada región parece pertenecer a un mundo diferente. En pocos días se puede pasar de contemplar la inmensidad del glaciar Perito Moreno a caminar entre los cardones del noroeste; de los paisajes casi mágicos de Tierra del Fuego al estruendo de las cataratas del Iguazú. Nunca había visto una naturaleza tan diversa y tan deslumbrante concentrada en un solo país. Pero no fueron solamente los paisajes los que me enamoraron. También encontré una sociedad cálida, espontánea y generosa, capaz de hacer sentir parte de ella a una extranjera desde el primer día. Y más allá de las maravillas naturales y de su gente, es todo lo demás lo que hace que la Argentina sea tan especial: su cultura, la pasión por el fútbol, su comida, y el hecho de ser un lugar tan internacional y abierto. Desde la mirada de quien viene de afuera, Argentina posee un patrimonio natural, humano y cultural extraordinario, del que debería sentirse profundamente orgullosa. Hay países que se visitan. Y hay países que cambian la vida. Para mí, Argentina pertenece a esta última categoría. Actualmente estoy en el proceso de solicitar una visa de estudiante para estudiar español, de modo que pueda quedarme acá al menos seis meses, y a partir de ahí ver cómo puedo trabajar y, quizás, construir mi vida en este país. Ojalá mi testimonio anime a otros europeos a mirar a la Argentina con nuevos ojos y a descubrir todo lo que este maravilloso país tiene para ofrecer. Una joven francesa agradecida. Emma Wachtel golf-emma97@hormail.fr SargazoAnte la gran cantidad de sargazo que está invadiendo el agua y las costas del caribe,pregunto....no hay alguna mente brillante qué pueda darle uso a esteinvasor ?. El mar nos está brindando un elemento gratuitamente, con el que se podrían hacer varias cosas beneficiosas. Ojalá aparezcan inventores, científicos o alguien que sepa dar utilidad a esta gran masa de materia prima.Patricia Vilaclarapatsyosuna@hotmail.comEn la Red FacebookDenuncian a un exdirector de escuela que se tomó nueve años de licencia "¿Recién ahora se dan cuenta?" -Denise Gallagher "Si revisan hay un montón" -Cristina Frenquelli "El problema no es el director, el problema es el funcionario que le dio la licencia" - Rafael Guillermo Fernandez "Es común que en un cargo haya suplentes del suplente, solo en educación pasan estás cosas" -Angel JS "El problema es el estatuto, los gremios, los médicos que otorgan las licencias" - Ana Perlotti
Ocurrió en Tandil. La clienta compró la piscina en 2022 y pagó un adicional por un color específico, pero cuando se la instalaron en 2024 descubrió que era de otro. Un juez consideró determinantes los mensajes de WhatsApp intercambiados con la empresa y la condenó a pagar una indemnización por daño moral y daño punitivo
La fiscal Cecilia Incardona había logrado el secuestro de dos docenas de vehículos que figuraban a nombre del financista o de sus empresas. Hacia casi 8 meses que no se encontraba la Ferrari California. Pero una jubilada de 73 años reclamó su propiedad y se descubrió una maniobra para esconderla.
La resolución judicial ordenó la sanción económica y medidas estrictas de protección tras considerar probada la exposición indebida de niñas en espacio de TV.
La Cámara Federal de Casación decidió que el caso salga del fuero penal económico y envió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que desde allí se derive al juzgado que corresponde por jurisdicción en resguardo del "juez natural"
La demanda la hizo la provincia de Buenos Aires y reclama garantizar la "vida y seguridad" de los usuarios ante tramos inconclusos, colocar señales de seguridad y reparar la calzada, entre otras medidas
El nombramiento por parte de Trump de su abogado personal como ministro de Justicia confirma un comportamiento de control total y ruptura de tradiciones de independencia del Ejecutivo con la legalidad, un defecto autoritario que una rebelión de los tribunales inferiores intenta evitar y sobre el cual la Corte Suprema exhibe una actitud ambigua
El inmueble fue allanado el 24 de octubre de 2023, tras el escándalo del Yategate, donde el exjefe de Gabinete fue grabado con la modelo Sofía Clerici en un barco llamado "Bandido". Leer más
Una mujer demandó a la empresa propietaria del establecimiento por el supuesto robo de su camioneta en 2019. Sin embargo, un tribunal de Mercedes concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar el hecho, rechazó la demanda y le impuso las costas del proceso
La mujer sufrió la lesión mientras trabajaba en 2004. Tras su fallecimiento, su hija continuó la demanda. Aunque se acreditó la incapacidad que padecía, un tribunal civil rechazó el reclamo por mala praxis y le impuso las costas del juicio a su familia
La investigación, iniciada tras una denuncia del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, examina papeles con sellos y rúbricas atribuidas a funcionarios que, según el centro, no siguieron los procedimientos oficiales
La presidenta interina de Venezuela conmemoró el centenario del nacimiento del dictador cubano. "Una referencia para los pueblos libres", calificó desde Caracas.
En la conmemoración realizada cerca de Corferias, en Bogotá, los allegados del periodista y humorista reclamaron el esclarecimiento total del crimen, al señalar vacíos en las pesquisas y la falta de sanción a todos los implicados
Un día antes de dejar su cargo, el juez Luis Armella determinó que la modelo no fue la testaferro de Martín Insaurralde durante el escandaloso viaje a Marbella. Sin embargo, la mediática deberá explicar el origen de su fortuna en los tribunales de San Isidro. Leer más
El organismo inició ocho ejecuciones fiscales contra la low cost. Ya hay medidas sobre sus cuentas mientras crecen las deudas con trabajadores, proveedores y pasajeros. Leer más
El juez federal Santiago Carrillo desestimó la presentación de Andrés Gil Domínguez al sostener que no acreditó un perjuicio directo y diferenciado, y que faltaba un caso concreto para intervenir
El edificio, ubicado cerca de Comodoro Py, fue acondicionado para el Ministerio Público Fiscal. La medida se inscribe en la expansión operativa prevista por la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal
ROSARIO. Hay figuras en el organigrama del narcotráfico rosarino que no aparecen en las escenas de sangre, pero sostienen todo lo demás. Mariano Hernán Ruiz â??"Marianito", como aparece en los expedientesâ?? es una de ellas. Esta semana, la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en una casa en Larrechea al 800, en Parque Casas, en el noroeste de la ciudad, para cerrar un círculo abierto hace más de una década: el hombre señalado como el administrador de la fortuna de Los Monos volvió a quedar detenido, ahora por una causa federal por lavado de activos.El operativo tuvo un momento de dramatismo: en plena detención, Ruiz â??de 50 añosâ?? sufrió una descompensación y debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se reforzó la custodia policial debido a su alto perfil. La investigación que derivó en su captura está encabezada por los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Rosario Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, con autorización del juez de Garantías Carlos Vera Barros. El pedido de captura llegó acompañado de once allanamientos en el sur santafesino.Además de la residencia de Parque Casas, se hicieron procedimientos en Lourdes, Abasto y Saladillo, y dos operativos simultáneos en Pérez y Piñero. En la casa de Piñero â??vinculada a Agustín, hijo de Marianitoâ?? se incautaron tres cargadores de pistola, 73 cartuchos calibre 9 milímetros y documentación de dos autos. Pero la parte reveladora vino en una segunda tanda de operativos: los investigadores allanaron una mutual, tres escribanías y una inmobiliaria en el centro y el macrocentro rosarino. Se sospecha que son parte de la infraestructura para introducir dinero en el circuito legal.El corazón de la causa es una sociedad de responsabilidad limitada que Ruiz constituyó en 2005 junto a su hijo. A partir de ese vehículo societario aparecieron adquisiciones de casas, vehículos de alta gama y locales comerciales que, según los fiscales, no se explican con los ingresos lícitos declarados. Por eso la investigación no apunta solo a él: su hijo Agustín y su pareja deberán comparecer en libertad, sospechados de haber ayudado a construir ese patrimonio. Ruiz, en cambio, esperaba el alta médica para ser indagado en los tribunales federales del bulevar Oroño.Para entender por qué esta detención importa hay que volver al lugar que Ruiz ocupó en el clan. Su nombre está atado a Los Monos desde el origen mismo del entramado. Fuentes oficiales lo describieron como testaferro de la banda y amigo personal de Claudio "Pájaro" Cantero, el líder asesinado en 2013 â??hay fotografías de ambos juntos que circulan desde entoncesâ??. Tras la muerte del Pájaro, su vínculo se prolongó con Ariel Máximo "Guille" Cantero y con la organización ya consolidada.En febrero de 2014 fue procesado junto al núcleo duro de la familia Cantero y varios policías cómplices. El expediente le adjudicaba tres funciones que lo convertían en una pieza estratégica: lavar el dinero de la familia, proveer armas y municiones, y tender los contactos con la policía local para garantizar protección. Esa combinación â??finanzas, armamento y connivencia estatalâ?? es precisamente lo que distingue a un operador de confianza de un simple empleado. En marzo de 2015, quedó documentado que la acusación estatal lo ligaba a la compra de armas y balas en el mercado negro, un capítulo que conectaba con el faltante de casi 19.000 municiones calibre 9 milímetros detectado en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán.En abril de 2015, Ruiz firmó un juicio abreviado que cerró su participación en aquella etapa con una condena de tres años de prisión efectiva. La investigación que llevó adelante en ese entonces la Justicia provincial era débil y poco profunda de manera intencionada. Ruiz selló un acuerdo polémico: llegó con cambios de calificación legal que fueron cuestionados públicamente â??incluido por el entonces candidato a gobernador Miguel Lifschitzâ?? porque abrían la puerta a licuar responsabilidades gravísimas. La Justicia provincial quiso extender esos juicios abreviados a otros miembros de Los Monos, entre ellos al propio "Guille" Cantero, pero la presión pública frenó la maniobra luego de que se publicara ese pacto político. El resultado concreto para Ruiz fue haber quedado afuera del primer gran juicio contra los referentes de la organización, que recién terminó el 9 de abril de 2018.En 2019, la Justicia federal â??a través del entonces juez Marcelo Bailaque, actualmente preso en su domicilioâ?? lo procesó por lavado de activos junto a Ariel "Guille" Cantero, Ramón "Monchi" Machuca y Patricia Celestina Contreras, entre otros. En aquel expediente, un capítulo entero estaba dedicado a Ruiz como "lavador de dinero de la familia". Pero esa investigación tampoco tenía ninguna profundidad. Hay un tercer hilo, menos conocido, que muestra la vigencia de Ruiz en el ecosistema criminal rosarino más allá de la etapa fundacional. Su nombre reapareció en el legajo derivado del ataque al casino City Center de enero de 2020, cuando la banda disparó contra la fachada del edificio y mató a un apostador de 64 años que fumaba en un balcón. Ruiz nunca fue imputado en esa causa, pero las intervenciones telefónicas lo colocaron en la escena: Maximiliano "Cachete" Díaz, uno de los encargados de los "aprietes" extorsivos a comerciantes en nombre de Los Monos, ofrecía como punto de encuentro con las víctimas dos bares de Ruiz sobre avenida Pellegrini. Aquella investigación fue la que terminó salpicando al Ministerio Público de la Acusación y derivó en la caída del fiscal regional Patricio Serjal.Ruiz nunca dejó de ser comerciante: desembarcó en la gastronomía con bares y con servicios de viandas, y esos mismos negocios funcionaron como plataforma social y logística de la organización. El circuito legal y el ilegal, en su caso, nunca fueron dos mundos separados sino las dos caras de una misma operación.La detención de "Marianito" Ruiz no es un episodio aislado, sino parte de una ofensiva más amplia de la Justicia federal sobre el andamiaje económico del narcotráfico rosarino, que en las últimas semanas incluyó también la indagatoria por lavado del empresario Leandro "Lelo" Pérez. La lógica es clara: golpear la capacidad de las bandas de transformar dinero ensangrentado en ladrillos, escrituras y autos de lujo.
La organización asegura que cuenta con evidencia entregada por las familias y advierte que se desconoce tanto el lugar donde están los niños y adolescentes como las condiciones en las que permanecen
El empresario fue capturado junto a su madre cuando ingresaba a la Argentina desde Paraguay. En una grabación difundida horas después, pidió a trabajadores que "no bajen los brazos" y advirtió que "pagarán los daños quienes tengan que pagarlos". Leer más
El Supremo Tribunal Federal respaldó las leyes que retiraron beneficios fiscales a empresas adheridas al pacto contra la deforestación.
Tras la explosión, el usuario se quedó sin suministro eléctrico y denunció daños en varios electrodomésticos. Un tribunal civil condenó a la distribuidora de energía a indemnizar las pérdidas materiales y le aplicó una multa por la forma en que gestionó el reclamo
La aseguradora intentó desconocer el accidente, ocurrido en 2019, pero el ticket de la mesa 69 y los testimonios de las amigas de la víctima resultaron determinantes para acreditar la caída. La pericia también concluyó que la escalera incumplía las normas municipales y carecía de un tratamiento antideslizante para los días de lluvia
Salvo la fracasada propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, pese a que las vacantes en los tribunales alcanzaban un tercio del total, el Gobierno viene intentando completarlas con candidaturas que, en no pocos casos, parecen más orientadas a criterios políticos que a cuestiones técnicas, de idoneidad y probidad.Esta premura y algunas reacciones absolutamente inaceptables como pretender coartar a la jueza María Verónica Michelli su ascenso en la Justicia sobre la base de su parentesco con un prestigioso periodista de este diario coinciden sugestivamente con el cambio de mando en el Ministerio de Justicia. Idéntica preocupación generan aspectos vinculados con las autorizaciones a jueces penales para seguir en sus cargos más allá de los 75 años. Mientras rápidamente se avaló la continuidad del camarista Carlos Mahiques, padre del cuestionado ministro de Justicia, Juan Bautista, no corrió la misma suerte el probo juez Martín Irurzun, uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política.Numerosas designaciones judiciales, que en teoría se intentaron despolitizar mediante concursos públicos, no han hecho más que llenarse de sospechas por influencia del poder político.En los últimos días se ha estado reuniendo la Comisión de Acuerdos sin que surgieran mayores escollos para que avanzaran las designaciones de jueces, como ha ocurrido con la gran mayoría de más de un centenar de pliegos remitidos este año por el Poder Ejecutivo.De hecho, ayer, casi sin oposiciones, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defendieron en el Congreso sus nominaciones para convertirse en vocales de la Cámara Federal porteña, tribunal judicial estratégico que tiene a su cargo la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.Elegidos por el ministro de Justicia y avalados por el presidente Milei, ambos candidatos quedaron un paso más cerca de convertirse en camaristas.Yadarola, por ejemplo, no ha hecho el mejor de los recorridos y su postulación resulta controvertida, ya que en el concurso de oposición para competir por el cargo ocupó el puesto 16. Pero también por su criticada actuación en la causa en la que se investiga el ingreso al país de 15 bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice. Esa investigación por presunto contrabando está sospechosamente empantanada hace más de un año sin que el juez se haya esforzado por determinar quién se comunicó con una agente aduanera para que no se revisaran las valijas que ingresó una estrecha colaboradora de Scatturice.Aparece más que claro el apuro del Gobierno para lograr su acuerdo, al igual que el de Bertuzzi. De integrarse a la Cámara Federal Penal, podrán intervenir como jueces de alzada en causas en las que se investigan maniobras de corrupción urticantes para la Casa Rosada como las del presunto pago de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $LIBRA y la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.Es cierto que las propuestas del Presidente surgen de una terna decidida por el Consejo de la Magistratura, pero este procedimiento no ha sido eficaz, lo que ha llevado a la Corte Suprema a realizar propuestas para intentar dotar de mayor objetividad y transparencia al sistema.El Poder Judicial no puede gestionarse como una simple dependencia administrativa del EstadoEn los últimos tiempos, las designaciones en la Justicia han sido objeto de aspiraciones por parte de casi todos los partidos políticos. Hoy parece normal que en la Justicia Federal de las provincias estas se negocien con los gobernadores, lo cual va en contra del objetivo de contar con poderes independientes. Lo mismo ocurre con las designaciones de fiscales que, desde la reforma de 1994, comparten con los jueces la responsabilidad de impartir justicia en el área penal. Baste recordar que, entre 2012 y 2017, cuando Alejandra Gils Carbó presidió la Procuración General de la Nación, se cubrieron innumerables cargos en los que privilegió la orientación política partidaria por sobre la idoneidad y la ética. Esos nefastos antecedentes deberían oficiar como una luz de alerta para la actual administración, que parece más dispuesta a replicar aquellas prácticas viciadas que a depurar el sistema.La despolitización de la Justicia es una demanda imperiosa y fue uno de los pilares de la reforma constitucional de 1994. Con ese fin se creó el Consejo de la Magistratura, tomando como modelo las experiencias de España, Francia e Italia. La reforma siguió las grandes líneas de esta institución, conformada por un órgano colegiado, "integrado periódicamente de modo de que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".Sin embargo, resulta evidente que el Consejo se ha convertido en un botín político. No fue casualidad que, en 2006, Cristina Kirchner lograra modificar la ley por la que había sido creado para reducir la cantidad de consejeros y priorizar al estamento político por sobre el resto, rompiendo así el equilibrio constitucional, y quitándole la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema. Finalmente, en 2021, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos clave de esa última reforma y exhortó al Congreso a dictar una nueva ley en un plazo razonable. Ante la omisión legislativa, se repuso la situación inicial.Tampoco resulta extraño ni extemporáneo que el actual gobierno intente ahora impulsar una nueva ley para reducir el número de consejeros y desplazar a la Corte de la presidencia. Podría caer en los mismos errores de la expresidenta e importaría otro grave retroceso. Tampoco se despolitizará la Justicia incorporando jueces con perfil político.En lo referido a la presidencia de la Magistratura, si se considera que la Constitución reconoce a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y al Consejo como un órgano importante, pero auxiliar de ese poder (en administración y selección), resulta lógico y justificado que su titular lo presida. Solo así se garantiza la jerarquía y la independencia de la Justicia frente a los constantes embates de la política.Los cambios que el Gobierno impulsa en las máximas instancias del área penal, especialmente en el fuero federal, con la excusa de disminuir la cantidad de magistrados, son preocupantes.Las demoras de nuestra Justicia no tienen parangón en el mundo. Aunque es justo decir que, en ciertas causas de alto voltaje político, estas demoras no siempre son por ineficiencia. Lo razonable sería aumentar la cantidad de jueces redistribuyendo eficientemente la gruesa planta de empleados. Bajar la cantidad de magistrados en las instancias superiores es un contrasentido. Siempre se ha cuestionado el enorme poder concentrado en los jueces de Comodoro Py, al extremo de haberse pensado en otros tiempos fusionar el fuero federal con el nacional para diluir ese poder. Su concentración genera fundadas sospechas sobre el verdadero objetivo: facilitar el control de las causas sensibles mediante la gestión de unos pocos magistrados afines.El Poder Judicial no puede gestionarse como una simple dependencia administrativa del Estado. Despolitizarlo y designar jueces probos e independientes es un objetivo agonal para la República. Quienes en el mejor de los casos buscan hoy despejar obstáculos para sus reformas y, en el peor, blindarse ante las investigaciones en su contra, cometen un grosero error de cálculo. No se puede contar con la lealtad eterna de quienes no la tienen consigo mismos ni con el alto cargo que ejercen. Debería el Gobierno orientar sus esfuerzos a fortalecer la independencia del Poder Judicial. No basta con declamarla, urge ponerla en práctica sin más demoras.
Juan Orlando Hernández enfrenta este miércoles la audiencia inicial del caso Pandora II y asegura que no guardará silencio ante lo que califica como una persecución política.
Se trata de Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes habrían participado en una maniobra ilícita con dinero del Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido. La Cámara Federal porteña modificó la acusación y despejó el camino hacia el debate oral
La abogada especializada en género, Patricia Sotile explicó: "Lo primero que vemos es que no es un proyecto contra las falsas denuncias, es un proyecto que castiga denunciar". Leer más
Se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir qué magistrado intervendrá.Dos jueces del tribunal fueron recusados para que no resuelvan.
El ministro de Justicia marroquí denuncia que Rabat envía agentes a España para recoger a los reclamados y que, en ocasiones, la entrega finalmente no llega a producirse
El tribunal que sentenció a Cristina Kirchner en la causa Vialidad dispuso el embargo preventivo de bienes de la expresidenta, entre ellos el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, propiedades en Puerto Madero y hoteles en El Calafate. La medida, que había sido solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, incluye inmuebles y vehículos de otros condenados en esa causa.Con las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el Tribunal Oral Federal N°2 coincidió con los fiscales en que "corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real" para hacer efectivo su decomiso, decisión que ya fue tomada por el TOF 2 y convalidada por la Cámara de Casación, pero que la expresidenta objetó ante la Corte Suprema de Justicia.Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados. Pero, a más de un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo a la expresidenta.La batalla es por 111 bienes que identificaron Luciani y Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. A esos bienes se suma otro conjunto de propiedades que identificó la fiscalía y que el TOF está procesando. Sobre ese lote si fijaron algunos de los embargos preventivos decididos hoy.Noticia en desarrollo
Lo ordenó el Tribunal a cargo de ejecutar las penas de la causa Vialidad, por la que la expresidenta está condenada. Avanzan con los decomisos para recuperar el dinero de la corrupción
La respuesta española se produce después de que Abdellatif Ouahbi asegurara que Marruecos plantea "en cada reunión" con España la soberanía de las dos ciudades autónomas
Leandro Petersen se había desempeñado como director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017.
La normativa fue oficializada este miércoles 12 de agosto. El nuevo procedimiento mantiene el requisito de obtener un nuevo nombramiento.
Durante décadas se postergó la reforma institucional más importante de todas: construir un Poder Judicial más independiente, más profesional, más eficiente y más cercano a las necesidades de la sociedad
Las propietarias de un Volkswagen Up iniciaron la demanda en 2023, pero el juzgado civil aplicó el plazo de un año previsto por la Ley de Seguros para este tipo de reclamos. Al considerar prescripta la acción, rechazó la demanda, por lo que las damnificadas se quedaron sin indemnización y deberán afrontar las costas del juicio
La clienta logró demostrar que, al momento del consumo, se encontraba en la Argentina y denunció fallas en la gestión del reclamo, en la atención al usuario y en el deber de seguridad. Un tribunal civil condenó al banco y a la tarjeta, y aplicó una sanción por la falta de trato digno
El ex intendente de La Plata quedó en el centro de un escándalo por permitir el avance de desarrollos inmobiliarios sin el aval de la Provincia. Hay 450 terrenos bajo sospecha y gran parte del ex gabinete de Juntos por el Cambio ya pasó por los tribunales. Leer más
El médico mendocino que conducía la camioneta que ingresó a la Pampa del Leoncito, San Juan, y generó un daño ambiental que podría tardar 100 años en recomponerse, se presentó ante la Justicia y realizó su descargo. Según contó el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, el hombre argumentó que desconocía las condiciones para acceder a la planicie.Quien manejaba la camioneta es Agustín Añó, un nefrólogo de 46 años que quedó vinculado al expediente contravencional abierto para investigar el impacto provocado sobre el patrimonio natural de la provincia de San Juan. "Se presentó acá a comparecer a derecho, a hacer su descargo", explicó Troche, según informó el medio local Diario Huarpe.El magistrado indicó que la defensa del conductor se basó en alegar el desconocimiento de las restricciones que regían para ingresar a la Pampa del Leoncito y que no había señalización suficiente en la zona. Sin embargo, Troche aclaró que los accesos al lugar cuentan con las indicaciones necesarias en la que se detallan las actividades permitidas, las prohibidas y las condiciones bajo las cuales se puede circular.Según explicó el Troche, en su declaración, el médico también habría mencionado la oscuridad y la presencia de agua sobre la superficie como factores que incidieron en lo ocurrido. Según la versión expuesta ante la Justicia, las condiciones del terreno lo tomaron por sorpresa. "[Añó] Siempre estuvo en libertad, nunca estuvo privado de la libertad, por lo menos desde acá del Juzgado de Paz nunca tuvo alguna restricción", aclaróLa investigación continuará de acuerdo con lo establecido por el Código de Faltas y Contravenciones de San Juan. El objetivo será determinar la existencia y la magnitud del daño sobre la Pampa del Leoncito, así como establecer las responsabilidades por el episodio. El mendocino podría recibir una multa de hasta $1.000.000. "Eso es el máximo que prevé ese artículo para ese tipo de daño", indicó el juez.Como indicó el mismo medio local, mientras se elaboran los informes técnicos, la Toyota Hilux permanecerá en el lugar en el que quedó enterrada. La decisión busca evitar que las maniobras necesarias para extraerla generen nuevas marcas sobre una superficie que presenta una importante acumulación de agua.El juez solicitó la intervención de la Dirección de Patrimonio, cuyos especialistas deberán establecer "la existencia del daño, la gravedad del mismo y las condiciones o las posibilidades de extracción". Hasta entonces, el vehículo permanecerá bajo la custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan.Añó había avanzado, como informó LA NACION, cerca de 1,5 kilómetros dentro del sector restringido antes de quedar atrapado. En sus intentos por salir, retrocedió entre 200 y 300 metros y dejó surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Luego utilizó una escalera plegable para bajar una moto que transportaba en la caja de la Hilux y se retiró con ese vehículo, dejando nuevos rastros sobre la planicie.Según las estimaciones conocidas por un caso previo, marcas de unos 10 centímetros pueden demorar entre 40 y 60 años en desaparecer naturalmente. Debido a que algunos de los surcos detectados en este caso alcanzan una profundidad considerablemente mayor, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal estimó que el proceso podría extenderse hasta 100 años, aunque aclaró que no es un especialista en el tema.
Una notebook y un teléfono móvil con información acerca de un tema sensible: los movimientos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 hasta el presente ya están en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ambos dispositivos pertenecen a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la entidad de la calle Viamonte, que los habría entregado en los últimos días a fiscales del Estado de Florida que investigan estos negocios, según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las operaciones.La entrega del material se da en el contexto de un creciente interés de tres fiscales de los Estados Unidos sobre la estructura comercial y financiera de la AFA en el exterior a través de TourProdenter, intermediaria que pertenece a Javier Faroni, productor teatral y ex diputado provincial del Frente Renovador. Los fiscales, que trabajan bajo la órbita del Departamento de Justicia norteamericano, investigan la posibilidad de lavado y otros delitos financieros en operaciones superiores a los 300 millones de dólares.Según pudo averiguar LA NACION, tanto los fiscales como agentes del FBI han estado últimamente recabando testimonios de sponsors de la entidad que preside Claudio Tapia y mantienen desde hace varios días conversaciones con la abogada de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la entidad y uno de los hombres que más información tiene al respecto por su relación con Pablo Toviggino, tesorero.La pretensión de los funcionarios norteamericanos es que tanto Beacon como Petersen puedan declarar como testigos ante un gran jurado.Petersen, dueño de la agencia creativa Studio 23 y también ligado en los últimos años a Toviggino, renunció a la AFA el 31 del mes pasado, 24 horas después de la fecha en que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Miami, lo habría citado como testigo para declarar.Consultado por LA NACION, Petersen no contestó a los mensajes, pero tanto en su entorno como en la AFA negaron que hubiera declarado. Lo que sí trascendió es que ya tiene un estudio de abogados contratado en Miami, circunstancia que le permitiría cumplir con un mecanismo jurídico previsto en estos casos: declarar bajo juramento ante un fiscal que, a su vez, presente el documento ante el gran jurado.Petersen es un ejecutivo clave en los movimientos comerciales de la AFA. Más allá de que el mismo se encargó de aclarar que se trataba de una decisión prevista desde hacía tiempo, su renuncia, anunciada oficialmente en el Sponsor Day, que se desarrolló con la presencia de representantes de anunciantes en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, fue objeto de múltiples interpretaciones. ¿Se fue en buenos términos con la conducción de la AFA? Sin ir más lejos, Tapia, que encabezó el acto, le hizo un chiste que repitió varias veces: "Leandro, el descubierto, porque ya no es más el encubierto", dijo, con sorna sobre las versiones sobre la citación. ¿Era una ironía contra la prensa, que hablaba en ese momento sobre la condición de testigo del ex funcionario, o un reproche al ex directivo de la AFA?Petersen posteó en ese momento en su cuenta de Twitter que el paso al costado obedecía a un ciclo cumplido en el cargo y le agradeció tanto a Tapia como a Toviggino "el espacio y la libertad" que le habían dado para trabajar. "Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses", escribió. Entre sus proyectos está no sólo seguir con su desempeño en el mundo del marketing, sino una apuesta grande: quiere ser candidato a presidente de Boca en las elecciones del año próximo, aventura para la que tendría ya el respaldo de empresarios y, dijo en la intimidad, la propia Claudia Villafañe, ex mujer de Diego Maradona, una de las que lo acompañó en la despedida en el Sponsor Day.El destino lo ubica ahora frente a un desafío de distinta índole: contar lo que sabe de uno de los entramados más opacos de la vida pública argentina.
Las palabras de su padre, Miguel Uribe Londoño, y el testimonio de su esposa, María Claudia Tarazona, reflejan el dolor ante una pérdida irreparable, mientras el Estado aún sigue debiendo respuestas sobre la seguridad de sus líderes
La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda cae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí como el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.Los límites del programa de MileiEn el país, existen dos jurisprudencias contradictorias de la Corte Suprema. Una corresponde precisamente al juez Fayt. El llamado "caso Fayt" refiere a una resolución del máximo tribunal de justicia en el que declaró "nulo de nulidad absoluta" el articulo de la Constitución que fijó ese precepto etario. El argumento de la Corte de 1999 consistía en que ese artículo agregado a la Constitución por los constituyentes no figuraba en el núcleo de coincidencias básicas que había aprobado el Congreso cuando convocó a la Asamblea Constituyente. El núcleo de coincidencias surgió, a su vez, del llamado Pacto de Olivos que suscribieron los dos mayores partidos políticos de ese momento: el peronismo conducido por Carlos Menem y el radicalismo liderado por Raúl Alfonsín. Mucho después, la Corte modificó esa jurisprudencia con el llamado "caso Schiffrin" por el camarista Leopoldo Schiffrin, quien reclamó, poco antes de cumplir los 75 años, que hicieran valer en su caso la jurisprudencia que había beneficiado a Fayt. La Corte, integrada ya en 2017 por otros jueces, cambió la jurisprudencia y dictaminó que la Asamblea Constituyente tenía autonomía como para agregar decisiones constitucionales que no estaban en el núcleo de coincidencias básicas. La Constitución quedó así con dos artículos contradictorios: el 99, inciso 4, que establece los 75 años como límite para que los jueces se vayan, y el artículo 110 que dispone la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta. El reconocimiento de que el límite etario es inconstitucional, tal como la Corte estableció en 1999, contó con el voto del actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien fue asesor de Alfonsín cuando este fue constituyente para aplicar la reforma pactada con Menem. Sin embargo, otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, que renunció en diciembre de 2024 cuando cumplió los 75 años, votaron a favor de reconocer la vigencia de ese artículo. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes por el Partido Justicialista para la reforma constitucional de 1994. Dos posiciones entre tres jueces que participaron de la misma reforma constitucional.Ahora, Irurzun pidió una cautelar cuando el gobierno de Javier Milei ni siquiera le contestó una solicitud formal para contar con un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más, mecanismo también previsto por la reforma del 94. El caso de Irurzun es el mismo del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques padre contó en el acto con el apoyo del Gobierno para continuar siendo juez hasta los 80 años. El Senado le dio el acuerdo con un número arrollador de votos. Hubo intensas gestiones del oficialismo. La cautelar requerida por Irurzun fue rechazada por el juez de primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Irurzun planteó entonces la cuestión ante la propia Corte Suprema, pero el máximo tribunal debería en este caso dictar una cautelar, decisión que casi nunca tomó. Generalmente, las cautelares se deciden en las instancias inferiores de la Justicia. Otro análisis que se escuchó en despachos cercanos a los jueces supremos es que se trata de un caso abstracto porque Irurzun ya cumplió los 75 años, aunque el reconocido magistrado hizo su presentación en la Corte antes de su cumpleaños. Irurzun también planteó en primera instancia la cuestión de fondo (¿el límite de los 75 años es constitucional según la jurisprudencia vigente o, por el contrario, es inconstitucional como lo estableció la Corte en 1999?). Dijeron en despachos muy encumbrados de la Justicia que Irurzun debería esperar, sin renunciar, a que se resuelva el fondo de la cuestión. El problema es que, mientras no se resuelva el planteo a favor o en contra de Irurzun, este no puede ejercer el cargo de juez porque sus decisiones podrían ser objetadas. Mientras no renuncie y se jubile, tampoco cobrará su salario como juez hasta que no haya una sentencia definitiva. Ese es el limbo en el que está Irurzun, un juez que creó una doctrina propia cuando persiguió la corrupción del kirchnerismo. La "doctrina Irurzun" sostiene que los exfuncionarios deben ser sometidos a prisión preventiva porque pueden tener un poder residual para entorpecer el proceso. Julio De Vido fue preso, previa autorización de la Cámara de Diputados que integraba, porque prevaleció la "doctrina Irurzun".Esos son los trazos principales de un conflicto de técnica jurídica que afecta a un juez que nunca fue cuestionado. La cuestión central es otra: Irurzun integra la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que tiene a su cargo la revisión de la investigación por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que expuso su propio exdirector, y amigo del Presidente, Diego Spagnuolo. La denuncia afecta directamente a la influyente hermana del Presidente, Karina Milei, y a los primos Menem, sobre todo a Eduardo "Lule" Menem, según se desprende de los audios atribuidos a Spagnuolo. Fuentes oficiales inmejorables aseguraron que el ministro Mahiques le garantizó a la familia Milei que él se haría cargo de terminar con la investigación sobre los presuntos sobornos por la compra de medicamentos para discapacitados. El ministro Mahiques nunca habló bien del juez Irurzun, tal vez para justificar el desdén con el que lo trató su gobierno. ¿Permitirá la Justicia que se cometa semejante injusticia? En la cuestión de fondo, ¿no son muchos, acaso, los jueces capaces de suscribir la teoría de la inconstitucionalidad de ese artículo de la Constitución porque saben que algún día la guillotina caerá sobre ellos? Además, una justicia que le renueva de inmediato el acuerdo para seguir siendo juez al padre del ministro de Justicia, y se lo niega a un juez con reconocidos antecedentes como intachable magistrado, no es justicia. Peor: Irurzun podría ser reemplazado por el juez Pablo Yadarola, amigo personal del ministro Mahiques. Todo un estropicio. Como señaló ayer en un artículo en LA NACION el entrañable político Esteban Bullrich "sin instituciones confiables, la república termina siendo apenas una palabra escrita en la Constitución".Ese es el contexto en el que se enmarca la audiencia convocada para hoy por la Cámara de Casación para escuchar a las partes; en síntesis, los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron escuchar a Claudio "Chiqui" Tapia y a su cómplice, Pablo Toviggino, otro personaje frecuentado por el ministro Mahiques, o a sus abogados. Estos aspiran a que la investigación sobre la propiedad de la mega mansión de Pilar, atribuida a Toviggino, testaferros mediante, se dirima en el juzgado federal de Campana, donde manda el juez Adrián González Charvay. Los dueños de la AFA confían más en la bondad para con ellos de González Charvay que en la jueza Verónica Straccia, actualmente a cargo de ese expediente y con prestigio de persona seria y trabajadora. La Cámara de Casación debe decidir si la sede de la poderosa AFA está en un terreno baldío de Pilar (en ese caso, la cuestión caería en manos de González Charvay) o en su histórico edificio de la calle Viamonte en la Capital, donde durante décadas se vivieron los días de gloria y de infortunio del fútbol argentino. Hace poco, Tapia y Toviggino hicieron levantar una carpa en el terreno de Pilar, e instalaron baños químicos, para poder hacer una asamblea de dirigentes. Todo es poco para notificar a los jueces de que ellos ahora trabajan en Pilar y no en la calle Viamonte de la Capital. Todo es poco para que sea el juez González Charvay quien investigue la propiedad de esa mansión en la que el juez Carlos Mahiques, padre del ministro, habría festejado sus 75 años. No es solo una versión. Hay también una virtual confesión: "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema?", respondió Mahiques padre cuando le preguntaron si era cierta la información de su fiesta cumpleañera en ese lugar. Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia señalaron que la Justicia debe establecer la sede de Pilar como el lugar de la AFA porque así lo estableció la Inspección General de Justicia. ¿Solo por eso? ¿Manda más la IGJ que el criterio de los jueces? Elisa Carrió reclamó ayer que el juez Barroetaveña se excuse de seguir tratando el caso de la AFA en la Cámara de Casación porque fue presidente de la Comisión de Ética de la entidad más importante del fútbol argentino hasta fines del año pasado. Tiene razón. No se puede ser juez y parte. Barroetaveña no es el único juez que estuvo cerca de Tapia y Toviggino en los últimos años. Son muchos, no pocos de ellos cumplen funciones en las provincias. La AFA y el vaho de poder que la rodea son demasiado seductores. Por su parte, el juez Yadarola, el amigo del ministro Mahiques, quedó en el puesto 16 entre los candidatos a integrar la Cámara Federal en el examen escrito, pero escaló hasta la terna finalmente enviada por el Consejo de la Magistratura al Gobierno luego de su examen oral. No hay otra deducción creíble si no se piensa mal: saben hablar, pero no saben escribir.
Un espeluznante caso mantiene en vilo en los últimos a días a la provincia de Corrientes luego de que una mujer, madre de cuatro hijos, fuera hallada sin vida junto a su pareja en el interior de su domicilio. La principal hipótesis de la Justicia es que el novio la asfixió hasta la muerte y luego se suicidó.La víctima fue identificada como Marina Segovia, de 46 años, y el presunto agresor como Sergio Hugo Sánchez, de 36. Ambos fueron encontrados el lunes al mediodía por uno de los hijos de la mujer en su casa, situada sobre el Pasaje Dante al 300, del barrio Bañado Norte de Corrientes capital.El joven se había acercado al domicilio luego de que su madre no respondiera mensajes ni llamadas durante el domingo. La había visto por última vez el sábado a la tarde, en el cumpleaños de su abuela.Tras divisar desde una de las ventanas del inmueble el cuerpo de su madre llamó inmediatamente a la Policía. Al llegar, los efectivos de Comisaría Sexta Urbana encontraron a Segovia sin vida y a Sánchez colgado de un cable a su lado. Luego del análisis de la escena y de las primeras pruebas, la Justicia comenzó a investigar el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. El hombre habría asfixiado a su pareja con el cable del cargador de un celular y luego se habría quitado la vida. A cargo de la investigación quedó Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9. Habló el hermano de la víctimaUno de los hermanos de la víctima contó que Segovia solía brindar asistencia en un centro de ayuda para adictos y que fue allí donde habría conocido a Sánchez, quien cuenta con antecedentes de consumo."No conocíamos la relación de mi hermana Marina con este hombre. Ella asistía a un centro de ayuda para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente, siempre colaboraba. No sabemos qué le pasó a este sujeto, parece que se obsesionó o se enamoró de ella", manifestó, en diálogo con Radio Dos.El hombre contó que el domingo su hermana dejó de responder los llamados y que por dicho motivo "un hijo y un amigo" fueron hasta la casa, forzaron la puerta y se encontraron con los dos cuerpos."El sábado fue el cumpleaños de nuestra mamá y terminó a las cinco de la tarde. Marina quedó sola en la casa porque la abuela se llevó a sus hijas más chicas. No sabemos si este hombre ya estaba adentro o si ingresó durante la noche", relató.A su vez, resaltó que la familia no conocía a Sánchez y que solo sabían que "era una adicto". "Nunca nos contó nada de él, si tenían una relación, no sabemos nada", agregó.Por otro lado, precisó que Segovia llevaba más horas fallecida que Sánchez e indicó que el agresor tuvo "todo el domingo para meditar la decisión". "Su muerte es mucho después que la de mi hermana. Estamos todos destrozados", señaló.Quién era Marina SegoviaSegovia tenía 46 años y cuatro hijos, dos adolescentes y dos niñas, una cinco y otra de nueve. En su cuenta de Instagram se describía como "creadora de contenido" y "mamá emprendedora". "Te ayudo a dar vida a tu contenido con ideas y herramientas", escribió.La mujer solía subir videos de distinta índole; entrenando, explicando recetas de comida, brindando consejos y dando mensajes motivacionales.También contaba con imágenes de sus hijos. "Siempre con ellos para todos lados juntos" y "sos la luz de mi vida" expresó en distintas publicaciones.
El juez federal de Venado Tuerto ratificó un amparo de 2025 y dispuso que la Nación repare "en forma inmediata e integral" las rutas nacionales 7, 8 y 33.Según el intendente de la localidad, Leonel Chiarella, en una de las rutas crecieron 30% los accidentes viales por la falta de mantenimiento.
Jonatan Riquelme hizo el pedido justificado en que intenta continuar con el tratamiento iniciado antes de ser detenido. Es el hermano de un líder narco de la ciudad santafesina, también condenado.La Justicia provincial analiza su solicitud.
La fiscalía reconstruyó gastos por $272,8 millones y US$402.578 entre 2023 y 2026. Además, detectó millonarios pagos en efectivo y miles de dólares en viajes al exterior. Leer más
El fallo de un Tribunal paralizó las obras que comprendía llenar los fosos con cocodrilos del Nilo.Una agrupación protectora de animales hizo la presentación. Ahora, el Gobierno israelí tiene hasta el 16 de agosto para apelar.
El imputado fue detenido el 1 de agosto de 2026 en medio de pesquisas por un incendio en L&R Comercial, que se registró en Santo Domingo Este.
En cuanto a lo que plantea el fiscal Pollicita, la periodista, Sol Clemente, comentó: "¿Qué es lo que está diciendo el fiscal acá? A ver qué pasó en ese periodo porque sus gastos eran de un nivel mientras que su sueldo era de otro". Leer más
En una entrevista en la televisión marroquí, Abdellatif Ouahbi asegura que Marruecos "nunca" ha utilizado la inmigración "como una herramienta" de presión frente a España y la Unión Europea
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López para garantizar su plena transitabilidad en el sur de la provincia de Santa Fe, y remarcó que la prolongada falta de mantenimiento y conservación constituyó una omisión "con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas".La orden la impartió el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien remarcó que la obligación estatal de reparar las rutas subsiste aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas, tras hacer lugar a una acción de amparo de la senadora provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Cuello Murúa ordenó que el Estado nacional se encargue de las reparaciones, a través de Vialidad Nacional o del organismo que en el futuro asuma sus competencias, o mediante las empresas concesionarias actuales o futuras de esos corredores. Pero dejó establecido que esa transferencia de tareas no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.La resolución es particularmente relevante porque se conoce cuando el Gobierno acaba de avanzar con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. El propio expediente consigna que la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA -la empresa de Cristóbal López- en el tramo Portuario Norte, mientras que las rutas 7 y 8 fueron adjudicadas a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA, en los tramos correspondientes. Para el juez, esos cambios contractuales no pueden convertirse en un obstáculo para reparar las rutas.Di Gregorio requirió el amparo en marzo de 2025 y ya había obtenido una medida cautelar que obligó a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando correspondiera y ejecutar tareas de bacheo o relleno, que confirmó la Cámara Federal de Rosario.El cumplimiento de esa medida cautelar, sin embargo, fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos sobre la ruta 33 no habían sido reanudados porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria. En una nota posterior, el organismo advirtió que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.Según reveló LA NACION este domingo, sin embargo, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio, pero ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos que le permitieron sostener el "déficit cero", lo que generó la radicación de una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.En ese sentido, el juez Cuello Murúa destacó que parte de las dificultades se debieron a la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que debían involucrar a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Concluyó que todos los intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando una "omisión comunitaria" del Estado.La orden del magistrado trascendió así una disputa contractual entre el Estado y sus concesionarios: el Estado nacional deberá asegurar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, cualquiera sea el organismo o empresa que ejecute las obras.
"Creo que lo que hay es más antipolítica que anticorrupción", indicó el ex titular de la Oficina Anticorrupción. Leer más
Concejales de cuatro bloques opositores presentaron una denuncia penal para que la Justicia investigue posibles hechos de corrupción en el sistema municipal de habilitación y control de bares y boliches. Piden determinar si existió una estructura que permitió el funcionamiento irregular de locales nocturnos y si hubo funcionarios que incumplieron sus deberes. Leer más
La Justicia argentina tiene una deuda con los ciudadanos. Y el Consejo de la Magistratura, una responsabilidad central en esa deuda.La reforma constitucional de 1994 creó el Consejo con un propósito concreto: reducir la excesiva influencia de la política partidaria en la selección y remoción de los jueces y garantizar una Justicia independiente y eficaz. Más de 30 años después debemos preguntarnos: ¿lo hemos conseguido?Lamentablemente, resulta difícil responder afirmativamente.La Constitución estableció que el Consejo debía procurar un equilibrio entre representantes de los órganos políticos surgidos del voto popular, jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científico. Además, le otorgó responsabilidades fundamentales: seleccionar candidatos a jueces mediante concursos públicos, ejercer facultades disciplinarias y dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia judicial y la eficaz prestación de Justicia.Sin embargo, especialmente en sectores de la Justicia Federal, la percepción ciudadana es muy diferente: procesos interminables, expedientes que parecen avanzar o detenerse según los tiempos políticos y causas relevantes que muchas veces se activan cuando los funcionarios investigados ya abandonaron el poder.Una Justicia que llega demasiado tarde muchas veces deja de ser Justicia.El problema se agrava cuando el propio Consejo, creado precisamente para disminuir la influencia partidaria, queda atrapado en las mismas lógicas políticas que debía limitar.La Constitución estableció que el Consejo debía procurar un equilibrio entre representantes de los órganos políticos surgidos del voto popular, jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científicoNo pretendo resolver aquí todos los problemas de nuestra Justicia. Quiero concentrarme en dos medidas concretas, posibles y de implementación inmediata.La primera se refiere a la selección de juecesActualmente los concursos tienen tres grandes instancias. La prueba de oposición, con un máximo de 100 puntos, evalúa la capacidad del postulante para resolver casos. Los antecedentes profesionales, académicos y de trayectoria permiten obtener otros 100 puntos. Finalmente aparece la entrevista personal.Y allí surge el problema.La entrevista puede modificar sustancialmente el orden de mérito obtenido en las etapas anteriores. En la práctica, alguien que ocupaba el puesto 12 puede terminar tercero; quien estaba 15 puede terminar segundo.¿Para qué hacemos entonces concursos, evaluamos antecedentes y establecemos puntajes?Una entrevista personal es necesaria. Un juez no es una computadora jurídica y existen cualidades humanas, criterios y motivaciones que deben ser considerados. Pero una entrevista no puede convertirse en la puerta por la cual vuelva a entrar la discrecionalidad política que la Constitución quiso sacar.Existe una solución concreta.En marzo de este año, la Corte Suprema remitió al Consejo una propuesta de reglamento cuyo artículo 92 establece un máximo de 20 puntos para la entrevista personal. Es una modificación razonable: conserva la entrevista, pero limita su capacidad para alterar arbitrariamente el mérito demostrado por los candidatos.Han pasado más de cuatro meses y el Consejo todavía no la aprobó. La demora resulta especialmente preocupante cuando existen cientos de cargos judiciales por cubrir. Es difícil encontrar una explicación razonable para continuar utilizando un mecanismo cuya arbitrariedad puede corregirse inmediatamente.La segunda medida es todavía más elemental: medirResulta incomprensible que en pleno siglo XXI, con expedientes digitalizados, enormes capacidades de procesamiento de información e inteligencia artificial, la Argentina no cuente con un sistema público y permanente de control de gestión de los juzgados.¿Cuántos expedientes ingresan? ¿Cuántos se resuelven? ¿Cuánto demora cada instancia? ¿Cuánto tiempo permanece una causa sin movimientos? ¿Cómo se compara el funcionamiento entre juzgados semejantes?No necesitamos esos datos para perseguir jueces. Los necesitamos para mejorar la Justicia.No se trata de estar contra la política. Creo profundamente en ella cuando es entendida como servicio. Se trata de defenderla de una de sus peores tentaciones: querer controlar aquello que debería controlarnosHace aproximadamente 10 años, cuando el Consejo auditó los juzgados de Comodoro Py a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades, debió recurrir a cuestionarios enviados a los propios juzgados porque no existía un sistema que permitiera obtener automáticamente la información.Una década después, semejante carencia resulta inadmisible.Necesitamos un tablero público de gestión judicial con información accesible, comparable y actualizada que permita detectar demoras extraordinarias, identificar buenas prácticas y exigir explicaciones cuando los expedientes permanecen paralizados durante años.Aquello que no se mide difícilmente pueda mejorarse. Y aquello que permanece oculto inevitablemente alimenta la sospecha.Mientras tanto, existen expedientes que pasan de un juzgado a otro, discusiones interminables sobre competencias entre jueces y fiscales y causas que envejecen mientras las víctimas esperan y los acusados pueden terminar beneficiándose de demoras generadas por el propio sistema.No podemos acostumbrarnosLa pregunta es incómoda pero inevitable: ¿el Consejo de la Magistratura está dispuesto a cumplir plenamente con el mandato constitucional para el cual fue creado? ¿O la política terminó condicionando también al organismo que debía impedir que la política condicionara a la Justicia?No se trata de estar contra la política. Creo profundamente en ella cuando es entendida como servicio. Se trata de defenderla de una de sus peores tentaciones: querer controlar aquello que debería controlarnos.La República tampoco se defiende solamente cuando una sentencia nos gusta. No podemos reclamar independencia judicial cuando somos oposición y olvidarla cuando gobernamos. Las instituciones valen especialmente cuando limitan nuestro propio poder.Argentina necesita jueces independientes, pero también eficientes, transparentes y responsables frente a la sociedad. Necesitamos que cualquier ciudadano que llegue a un tribunal sepa que encontrará un juez elegido por su mérito y no por sus contactos, y que recibirá una respuesta en un tiempo razonable.La independencia judicial no puede ser una bandera que levantamos solamente cuando nos conviene. Debemos defenderla siempre, gobierne quien gobiernePor eso quiero terminar con un pedido concreto al Senado de la Nación y, muy especialmente, a la senadora Patricia Bullrich, con quien tanto hemos luchado por una Justicia independiente: que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal.No se trata de paralizar la Justicia. Se trata de evitar que sigamos nombrando jueces mediante un procedimiento que deja una puerta demasiado grande abierta a la discrecionalidad y a los acuerdos políticos.La independencia judicial no puede ser una bandera que levantamos solamente cuando nos conviene. Debemos defenderla siempre, gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte.Sin Justicia independiente no hay división de poderes. Sin Justicia eficaz no hay seguridad jurídica. Y sin instituciones confiables, la República termina siendo apenas una palabra escrita en la Constitución.La mayor injusticia que podemos cometer contra la Justicia es acostumbrarnos a que no funcione. Yo no estoy dispuesto a hacerlo.
Para la fiscalía hay inconsistencias y faltarían justificar 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000 en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El gobierno federal demandó a Nueva York, Connecticut y Vermont por ofrecer aranceles universitarios preferentes y becas a extranjeros sin estatus legal, en la acción judicial número 17 de una campaña nacional
Hace 18 años que la familia de Mario Golemba intenta encontrar una respuesta: dónde está el joven que fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando salió de una consulta médica en Oberá, Misiones. Después de casi dos décadas sin noticias sobre su paradero, la causa dio en las últimas horas un importante giro: 16 policías y expolicías fueron detenidos, mientras que otro sospechoso permanece prófugo. Todos están acusados de haber participado de un "pacto de silencio" en torno a la desaparición forzada de Golemba.Este lunes por la mañana, 17 allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional en distintos puntos de Misiones, incluidas dependencias policiales, terminaron con la detención de 16 personas, entre policías en actividad y retirados. Además, hay otro sospechoso que tiene un pedido de captura vigente.Los operativos fueron ordenados por la fiscal federal N.º 2 de Posadas, Silvina Flavia Gutiérrez, en el marco de la investigación por la desaparición del joven, que tenía 27 años cuando fue visto por última vez. En un comienzo de la investigación se creyó que Golemba se había ido por su propia cuenta o que había sido víctima de algún tipo de hecho delictivo, pero los testimonios recabados y las pruebas recolectadas a medida que avanzó la pesquisa permitieron avanzar hacia la presunción de una desaparición forzada.De acuerdo con la investigación, los policías sospechados habrían utilizado la estructura operativa de la comisaría de la localidad misionera de Dos de Mayo para detener entonces a Golemba â??no queda claro por qué lo habrían aprehendidoâ??, someterlo a violencia física y hacerlo desaparecer. A la fecha, todavía se desconoce el paradero del joven y tampoco fueron hallados sus restos.De acuerdo con el portal Fiscales, la acusación sostuvo, además, que desde el momento de la desaparición de la víctima se habría desplegado un "pacto de silencio institucional" destinado a impedir que se conociera lo ocurrido. Según la imputación, ese entramado se habría manifestado "mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación".La fiscalía también considera que, por tratarse la desaparición forzada de persona de un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba. En ese sentido, alcanza también a quienes, según la imputación, habrían tomado conocimiento de su presencia clandestina y omitido deliberadamente denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.Según informó el portal judicial, las identidades de los acusados son el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).El caso GolembaEl 27 de marzo de 2008, Golemba salió de la vivienda que compartía con su familia en Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo, para concurrir a una consulta con una nutricionista en Oberá. Tras finalizar con el turno médico, envió mensajes de texto a sus familiares y a su pareja y les indicó que regresaría "cerca de la tardecita". Sin embargo, nunca volvió a su domicilio y nada más se supo de él.La investigación inicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, pero no logró determinar qué había ocurrido. Posteriormente, testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Golemba había estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de la Provincia de Misiones, donde habría sido golpeado.En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a los familiares de Golemba, el expediente pasó a la justicia federal de Posadas, que inició una investigación por el delito de desaparición forzada de persona.En la investigación también colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La diputada acusó a la cúpula económica por malversación de fondos tras una licitación de deuda. El Presidente la tildó de "basura" y ella contraatacó con munición gruesa: "Mitómano y esbirro de la casta". La explicación técnica del Gobierno y el detrás de escena del quiebre político definitivo de la experiodista con La Libertad Avanza. Leer más
Un hombre soltero y sin hijos donó en 2007 un campo a sus sobrinas. Años después cayó en una situación de vulnerabilidad económica y le pidió ayuda a una de las beneficiarias mediante una carta documento. Como la mujer respondió de manera tardía e insuficiente, un juez hizo lugar a la demanda y revocó la donación respecto de su parte por considerar acreditada la ingratitud
El funcionario fue confirmado por un estrecho margen en el Senado después de enfrentar la oposición de los demócratas y reservas dentro de su propio partido
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro cuestionaron la constitucionalidad de la medida y sostuvieron que el Ejecutivo avanzó sobre facultades del Congreso. La causa quedó a cargo del juez Pablo Cayssials
El Gobierno avanzó con la delegación de corredores a San Juan y prepara un acuerdo similar con Catamarca. En paralelo, la Justicia ordenó reparar rutas en Santa Fe y una investigación puso la lupa sobre más de $1 billón del SisVial que no llegó a obras. Leer más
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó hoy una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo maneja la Casa Rosada los recursos del llamado Sistema Vial Integrado (SisVial), después de que el propio Gobierno admitiera que utiliza parte de los fondos destinados legalmente a las rutas nacionales para "lograr el equilibrio fiscal". Tolosa Paz solicitó que la Justicia evalúe si funcionarios libertarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.De acuerdo con los datos citados en la denuncia de la legisladora de Unión por la Patria (UP), el SisVial recaudó $1,503 billones durante los dos años y medio, pero solo destinó $394.406 millones a su destino específico, lo que supone una subejecución del 73,8%. En 2024 se ejecutó el 11,3% de los recursos asignados; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%.Al 31 de mayo último, según reveló LA NACION, $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras al 31 de mayo último, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. La denuncia sostiene, además, que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente al fideicomiso, por lo que solicita determinar cuánto dinero llegó al SisVial, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de ingresar en sus cuentas.El planteo judicial adquiere especial relevancia porque el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de los impuestos que alimentan el sistema es dispuesta por el Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal, aunque no pudo precisar qué proporción queda efectivamente destinada al mantenimiento de las rutas. La denuncia busca determinar si esa utilización resulta compatible con la afectación específica de los recursos y qué funcionario o dependencia impartió las instrucciones correspondientes.Tolosa Paz sostuvo que se trata de recursos que el Estado nacional recauda con un destino legal específico e irrevocable. "Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable â??el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacionalâ?? fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros", afirmó.Uno de los principales ejemplos analizados corresponde a las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744. El programa contempla trabajos sobre la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha y sobre la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs."La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros", señaló.El esquema de financiamiento establece un aporte de 30% de contraparte local y 70% de financiamiento externo. Sin embargo, según los informes de auditoría correspondientes a 2024 citados en la denuncia, la ejecución de la contraparte local fue de 0%, pese a la existencia de recursos del SisVial disponibles.Los niveles de avance también fueron señalados como evidencia de la demora. La obra de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba a mayo de 2026 un avance físico de 16,89% y financiero de 11,36%. Otro tramo de la misma ruta, entre el distribuidor de la RP 41 y el kilómetro 104, tenía un avance físico de apenas 0,88% a diciembre de 2025, aunque el contrato debía finalizar en octubre de ese año. En la RN3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, el avance físico alcanzaba 26,95% a mayo de 2026.Denuncias previasEl proceder de la Casa Rosada con las obras viales acumula reclamos y denuncias desde al menos febrero de 2025, cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se presentó con varios intendentes de la provincia ante el Juzgado en lo Contenciosoadministrativo Federal N° 1 de San Martín para que el Gobierno explique el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. "Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono", explicó.En un documento público, en tanto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) denunció el "uso discrecional e ilegítimo" de la recaudación del SisVial. "Se podrían haber rehabilitado 3.000 km de rutas. Se podrían haber mantenido 22.000 km más", estimaron. "Los números son contundentes: los recursos existen, la voluntad política, no".Por su parte, el director del Instituto Consenso Federal, el exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, reclamo que la Casa Rosada rinda cuentas porque "incumple decididamente con la ley, reduciendo brutalmente las transferencias a las provincias, los subsidios al transporte y los gastos de capital".En ese sentido, Tolosa Paz pidió ayer a la Justicia que ordene medidas urgentes para preservar documentación vinculada con la gestión de los fondos desde enero de 2024. Entre ellas, conservar instrucciones que hayan impartido los funcionarios responsables, expedientes administrativos, correos electrónicos, registros contables y bancarios, y certificar los saldos actuales de las cuentas del SisVial y de sus inversiones.
La magistrada pidió a la unidad que centraliza las comunicaciones de la PFA un reporte sobre los responsables de las conversaciones en la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso
"No es la moda de un pontificado, es una exigencia teológica", sostuvo el arzobispo de Córdoba durante la homilía de la celebración del primer domingo de la justicia social. Leer más
La Justicia pide indagar a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas por la causa conocida como Vacunatorio VIP. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a indagatoria 34 particulares que recibieron dosis de la vacuna Sputnik por fuera de todo criterio sanitario durante la pandemia de coronavirus. Para el fiscal, los vacunados fueron parte de la maniobra de peculado de bienes que prevé penas de 2 a 10 años de prisión.Una familia de cuatro personas necesitó más de $2.500.000 en julio para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Para no ser pobre, un grupo familiar de dos adultos y dos menores requirió, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña, poco más de $1.617.000. Y cerca de $880.000 para no ser considerada indigente.El Gobierno estima que la inflación de julio no será tan alta como la de la Ciudad de Buenos Aires. Según estimaciones de consultoras privadas, el IPC sería de entre 1,9% y 2,1%, apenas por encima del de junio, que había sido de 1,9%. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%. El Indec dará a conocer el dato este jueves.Irán aseguró que el estrecho de Ormuz va a seguir cerrado hasta que Estados Unidos acepte todas las condiciones. La ruta permanece bloqueada por la Guardia Revolucionaria, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización. Los precios del petróleo se mostraron estables mientras las exigencias de Teherán frenan las expectativas sobre la reapertura del estrecho.Sigue la 4.ª fecha del Clausura. Hoy se juegan 2 partidos: a las 19, Banfield - Belgrano, y a las 21:15, Unión - Central Córdoba. Ayer Argentinos le ganó 2 a 1 a Racing, Defensa y Justicia superó a Newell's también 2 a 1, Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 0 a Barracas Central y San Lorenzo perdió 2 a 0 ante Huracán.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
La víctima sufrió lesiones cervicales y un severo cuadro de ansiedad tras el impacto. El tribunal determinó que el letrero carecía de habilitación municipal y ordenó a la empresa propietaria indemnizar los daños físicos y psicológicos
Ocurrió en Mar del Plata con un Renault Sandero. La compañía de seguros rechazó la cobertura al advertir inconsistencias entre la denuncia y la escena del supuesto robo, por lo que la propietaria inició una demanda. Sin embargo, un juzgado civil rechazó el reclamo al considerar que no logró acreditar su versión de los hechos
Ocurrió en 2012, cuando el alumno tenía 11 años. La escuela intentó eximirse de responsabilidad al sostener que se trató de un hecho fortuito entre estudiantes. Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento y condenó al colegio y a su propietario a indemnizar a la víctima
La ecuación de Newell's se repite una y otra vez. No aprovechar los errores ajenos y cederle al otro las facilidades mínimas e indispensables para que saque ventaja. Eso hizo ante Defensa y Justicia, por la cuarta fecha del torneo Clausura. Fallas que pagó caro: cayó 2-1 porque, además, entendió tarde que, algo más metido y punzante en ataque, se podría haber llevado algún premio.La compleja realidad de la Lepra tiene un punto de partida trazado mucho tiempo antes que este domingo y con una mesa que, por supuesto, no falla solo en la pata que se muestra al público al salir a disputar los partidos. Ahora bien, en lo estrictamente futbolístico, lo que exhibió en Florencio Varela, a su vez, basta para ejemplificar el porqué de su estado. Y en un tiempo apenas, no más. Los fallos en los mínimos detalles, la evidente falta de jerarquía en relación a los demás y, por ende, la ingenuidad que rebalsa, deriva en las caras pálidas e incrédulas de Frank Darío Kudelka: evidentemente está muy comprometido con la causa para no darse por vencido.Lo más llamativo es que no fue un mal partido del conjunto rosarino. Incluso, jugando algo más de un tiempo con un hombre menos, dispuesto a hacerlo prolijamente y empujando con actitud. Asimismo, al escapar rápido de la voracidad inicial del Halcón, que al tercer minuto ya había amenazado de una manera que no retomó en el resto del desarrollo, al encontrar dormida a la última línea visitante e impactar en un poste el cabezazo de Leandro Fernández. Pero al equipo leproso le sobran licencias y sus rivales aprovechan todo aquello que él no exprime.Promediaba la primera mitad cuando tuvo el gol en los pies del uruguayo Ignacio Ramírez, que enfrentó mano a mano al arquero Matías Borgogno gracias al error cometido por Ayrton Portillo, que dejó corto el pase hacia atrás: el centrodelantero intentó colocarla, pero el exPlatense le ganó el duelo con una gran atajada. Y, como le suele ocurrir al equipo, se le cayó el mundo rápido en lugar de entusiasmarse.Seis minutos después, el lateral izquierdo Jerónimo Russo cometió una infracción innecesaria en la esquina de su zona, se ganó la amonestación y activó el laboratorio de la jugada preparada con la mano derecha de David Barbona pasando sobre su propio pelo. La señal tuvo éxito: el conductor la tocó hacia fuera del área, Domingo Blanco distrajo al dejarla pasar y el remate cruzado del chileno César Pérez no era dañino, pero encontró el desvío ocasional del lateral paraguayo Fernando Román. Con el gol, todo empeoró y descontroló para Newell's.En el epílogo del primer capítulo, Russo recibió un mal control de Blanco, pero tardó demasiado en decidir y giró al revés para salir desde el fondo. Lo terminó de comprometer el arrinconamiento que no esperaba de Portillo, que se la robó y forjó su desesperación: le propinó un patadón para evitar el ingreso al área y recibió la segunda amarilla. Newell's se quedaba con 10.El pibe Russo se durmió, metió un patadón, se ganó la segunda amarilla y vio la ROJA. Newell's pierde 1-0 ante Defensa y se quedó con uno menos antes de los 40' PT... ð??º ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8Yb0Knn96J— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026Todo cuesta arriba y, a la vez, muy pegado a un entretiempo en el que, evidentemente, Kudelka les dio confianza. Debía reponerse, jugar y algo aparecería. Pero el entrenador tardó diez minutos en volver a sentarse en el banco, entre el fastidio y la resignación. Un taco displicente de Domingo Blanco facilitó un desborde con centro raso que recorrió el área varelense hasta encontrar a Walter Mazzantti de cara al empate, pero definió débil y las piernas de Borgogno lo agradecieron.Como en la del uruguayo, la sensación fue de decaimiento colectivo. A los 22, hilvanó increíbles fallas que sentenciaron la derrota. Primero, el zaguero Bruno Cabrera demoró la salida y le permitió a Juan Gutiérrez puntearle la pelota desde atrás, acción que estimuló la ofensiva. Cuando parecía que un rechace de Lautaro Giannetti alejaba el susto, un resbalón de Martín Luciano le dejó la pelota a Valentín Loza, que asistió a Tomás Pérez para el segundo gol de Defensa.El compacto de Defensa 2 vs Newell's 1Demasiadas facilidades. Un pecado porque, se insiste, no fue una gran versión del equipo de Julio Vaccari y, en efecto, ser más serio le hubiera dado posibilidades al herido Newell's. Una conclusión potenciada por el descuento que logró mediante el cabezazo de Cabrera, a falta de siete minutos para el final. Sin embargo, mereció perderlo porque hizo todo para irse a Rosario con el bolsillo vacío.
Por primera vez un tribunal argentino consideró el abandono de persona en perjuicio de niñas y niños como parte del ataque sistemático durante la última dictadura.
El ministro Ernesto Álvarez sostuvo que una eventual gracia presidencial solo podría analizarse si evaluaciones médicas acreditan un cuadro de salud grave en el exmandatario
Will Rosenzweig asegura que perdió su cargo por comentarios que había publicado años antes, cuando era un ciudadano particular. La demanda sostiene que el despido violó su derecho constitucional a la libertad de expresión.
BRASILIA.- La corrupción volvió a convertirse la semana pasada en el problema central de la precampaña presidencial brasileña, y esta vez el golpe pegó con particular dureza sobre el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Mientras la Justicia profundizaba el cerco sobre Fábio Luís Lula da Silva, "Lulinha", el hijo mayor del presidente, fue revelado que uno de los colaboradores más cercanos de Lula en el Planalto había recibido dinero de la misma trama, y la oposición eligió exactamente ese tema -la corrupción- como bandera para octubre, con un candidato a vicepresidente que hizo de ese escándalo su marca personal.Lo que a primera vista parece un round más de la interna judicial brasileña es, en el fondo, síntoma de algo más amplio, según analistas consultados por LA NACION. Creomar de Souza, socio fundador de la consultora de riesgo político Dharma en Brasilia, parte de un dato concreto: los escándalos de esta campaña -el caso del fraude del Banco Master, el fraude al Instituto de Seguridad Social (INSS)- no golpean a un solo bando, sino a los dos candidatos con más chances, Lula y Flavio Bolsonaro.En una sociedad "polarizada afectivamente" como la brasileña, sostiene, ese dato no lleva a un balance racional de responsabilidades: cada electorado justifica lo que hace "su" candidato y condena como criminal lo mismo cuando lo hace el rival. Ese reflejo, explica de Souza, convierte la denuncia de corrupción en un arma política eficaz más allá de su peso judicial real, y les da a los candidatos más rédito en señalar al otro que en discutir gestión: "Hay una recompensa electoral para señalar los problemas del otro sin hablar de los propios".La percepción no es exclusiva de los analistas. Según una encuesta de Atlas Intel, realizada en sociedad con Bloomberg y divulgada el jueves pasado, el 47% de los brasileños considera "muy probable" que salga a la luz un nuevo gran escándalo de corrupción en los próximos seis meses, contra apenas 14% que lo ve poco probable. El mismo relevamiento ubicó a la corrupción y a la seguridad pública como las dos principales preocupaciones del electorado de cara a octubre.El martes pasado, el juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó a la Policía Federal a abrir una tercera investigación contra "Lulinha" por presuntos negocios ilícitos en dependencias del gobierno, y ordenó además una investigación paralela por la filtración de datos de la causa.Los dos casos anteriores -por tráfico de influencias en el Ministerio de Salud y en Dataprev, la empresa pública que administra los datos del INSS- ya estaban en marcha con otro juez, André Mendonça. Todos se apoyan en la Operación Sin Descuento, que investiga el fraude a los jubilados a través del INSS -afectó a seis millones de beneficiarios, según cálculos oficiales- y apuntan a los vínculos de Lulinha con la empresaria Roberta Luchsinger y con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, detenido desde septiembre pasado.El propio Lula ya había hablado del tema una semana atrás, al asegurar que su hijo "no tiene derecho a equivocarse". "Si es acusado de cualquier cosa, será tratado como hijo de cualquier persona, como yo. No habrá ningún privilegio", dijo Lula, al podcast Inteligência Ltda.El caso, sin embargo, dejó de ser solo un problema del hijo del presidente. El martes pasado trascendió que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como "Marcola", exjefe de gabinete personal de Lula y hasta entonces coordinador de agenda en la campaña a la reelección, había recibido un préstamo de 249.000 reales de la propia Luchsinger. El PT había decidido inicialmente sostenerlo en el cargo, al no encontrar irregularidades en el préstamo, pero la presión pudo más: al día siguiente, Marcola pidió por su cuenta dejar el comité de campaña para evitar que el caso siguiera desgastando al oficialismo.Para de Souza, el patrón no es nuevo: "Desde las crisis de 2013, la corrupción se convirtió en un fantasma estructural para el PT", dijo a LA NACION. A su juicio, Lulinha y Marcola "son solo dos episodios más" de una tendencia que ya lleva más de una década.Consultado por LA NACION, el abogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, apuntó contra sectores de la Policía Federal, a los que acusó de actuar "al servicio de intereses político-electorales".Apenas un día después de la decisión de Dino, Flavio Bolsonaro -senador e hijo del expresidente preso- presentó a su vice: el diputado por Alagoas Alfredo Gaspar, relator de la comisión parlamentaria que investigó el fraude al INSS y pidió la imputación de más de 200 personas, entre ellas la prisión preventiva del propio Lulinha. La elección llegó después de agotar otras opciones: Flavio no logró cerrar alianzas con partidos del Centrão y sondeó sin éxito nombres femeninos, como la exministra Tereza Cristina y la economista Daniela Marques."Lulinha, Marcola y las fraudes del INSS tienen que discutirse en la campaña", dijo Gaspar a la CNN Brasil, anticipando lo que será un estrategia de campaña de la oposición.Pero la elección también presenta costados incómodos para la fórmula opositora. Flavio es investigado por la Policía Federal por haberle pedido dinero a Daniel Vorcaro -el banquero preso y dueño de Banco Master- para financiar Dark horse, una película sobre la vida de su padre. Y Gaspar arrastra desde marzo una denuncia por presuntamente haber embarazado a una adolescente, hecha por rivales políticos. El caso llegó al STF, donde el juez Gilmar Mendes le dio 15 días a la senadora denunciante, Soraya Thronicke, para aportar pruebas concretas."La elección de Gaspar fue un bumerán. El bolsonarismo lo lanzó y ahora le está volviendo", grafica el analista político André César, de la consultora Hold. Para Creomar, además, el costo no es solo judicial: ese pasivo pesa justo en el electorado donde Flávio "persistentemente rinde mal", el femenino.Los números ya se están moviendo. Según la última BTG/Nexus, divulgada esta semana tras la convención partidaria que formalizó la candidatura de Flávio Bolsonaro, la ventaja de Lula en primera vuelta cayó de nueve a apenas cuatro puntos -41% a 37%-. En el balotaje, la diferencia se redujo de cuatro a dos puntos, y el rechazo a ambos quedó empatado en 49%.Entre Lula y Flavio, la pulseada por la corrupción todavía no tiene ganador, resume César: "Es un 0 a 0 clásico, con un gol que puede llegar en el último minuto." Y advierte que la definición puede no estar tan lejos. Evalúa como un escenario probable que los dos bandos todavía guarden material sensible para largarlo "en el momento justo", antes de la primera vuelta, prevista para el 4 de octubre.Creomar va más allá y ve algo más profundo: tener a los dos principales candidatos bajo sospecha de corrupción -a uno de forma directa, al otro por interpósita persona- expone una crisis del propio sistema político, con un modelo vigente desde el fin de la dictadura. Su pronóstico no es alentador: "El escenario más probable es una elección pesada, marcada por ataques muy bajos de lado a lado y por la negativa, tanto de Flavio como de Lula, a debatir efectivamente temas importantes".