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La Justicia boliviana ordena la captura de Evo Morales y sus seguidores advierten una "insurgencia" nacional

El proceso judicial se encuentra actualmente suspendido y solo podrá reanudarse cuando el líder cocalero se presente voluntariamente o sea capturado por la fuerza pública. Leer más

La Justicia suspendió el decreto que modificaba los tiempos de vuelo y descanso de los pilotos

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y suspendió los efectos del decreto 378/25, que elevaba los tiempos máximos de vuelo y reducía los períodos de descanso para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y comisarios de a bordo, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.En el fallo, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para sostener que los cambios en los tiempos de servicio, vuelo y descanso de las tripulaciones podrían impactar en la fatiga operacional y, en consecuencia, en la seguridad aérea."Es urgente descomprimir": siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a BrasilAdemás, señaló que no hubo participación ni consulta previa con todos los sectores involucrados, algo que el propio Estado había considerado indispensable en la normativa anterior por tratarse de una materia "extremadamente sensible", vinculada de manera directa con la investigación médico-aeronáutica y la seguridad operacional.Los jueces también recordaron que el derecho al descanso, la jornada limitada y la protección de la integridad física de los trabajadores cuentan con tutela constitucional y supralegal. En ese marco, remarcaron que en materia aeronáutica no es necesario esperar a que ocurra un daño para actuar de manera preventiva."Esta resolución representa un paso muy importante y ratifica la legitimidad del reclamo que venimos planteando desde un primer momento: la seguridad operacional no puede flexibilizarse en función de objetivos económicos o de eficiencia. Los pilotos conocemos perfectamente la responsabilidad que implica cada operación. Defender condiciones adecuadas de descanso no es defender privilegios. Es defender estándares profesionales, proteger a las tripulaciones, cuidar a los pasajeros y preservar la integridad de todo el sistema aeronáutico", sostuvo APLA en un comunicado.El gremio también instó a las distintas empresas a aplicar el régimen anterior para la programación de tripulaciones y pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que fiscalice de inmediato su cumplimiento.Qué establecía el decretoEl decreto 378 elevaba de 8 a 10 las horas máximas de vuelo diarias y de 800 a 1000 las anuales. A su vez, el descanso semanal pasaba de 36 a 30 horas, en línea con el esquema vigente en Estados Unidos. También fijaba vacaciones de 15 días corridos y eliminaba el sistema previo que permitía acumular hasta 45 días. Además, dejaba de considerar como parte del servicio el tiempo de traslado y la espera previa al vuelo.Según argumentó el Gobierno, la modificación apuntaba a que la normativa dejara de reflejar "características gremiales" para concentrarse en criterios técnicos y adecuarse a estándares internacionales, como las Federal Aviation Regulations (FAR 117) de Estados Unidos y los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre fatiga operacional.

Una pareja compró un ático hace 18 años y usaba la azotea como terraza privada, pero la Justicia les ordenó dejar de usarla y dejarla como estaba

El fallo apuntó al uso privado de una zona común del edificio.La clave estuvo en la escritura y en lo que figuraba en el registro.

Corte Suprema y Defensoría del Pueblo rechazan aumento de penas para adolescentes: proponen justicia restaurativa

En medio de la controversia por las penas aplicadas a menores que cometen delitos graves, las entidades coincidieron en que el aumento de sanciones no soluciona la delincuencia juvenil

Absolvieron a un hombre acusado de abusar de su hija de 3 años: la Justicia dijo que las pruebas no alcanzaron

La Justicia chaqueña consideró que las pruebas no alcanzaron para condenarlo por abuso sexual infantil. La Fiscalía apelará el fallo y sostiene que sigue convencida de la culpabilidad del acusado. Leer más

De Loredo coincide con Bullrich y pide al gobierno "no escudarse en la Justicia" por el caso Adorni

El dirigente radical alertó sobre el daño que la causa por enriquecimiento ilícito que recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, provoca en el capital político del gobierno de Javier Milei. Volvió a marcar distancias con Luis Juez y La Libertad Avanza, aunque ratificó su voluntad de construir una alianza opositora amplia. Leer más

Uribe y Petro con Westcol: qué tan diferentes son sus posiciones en temas de seguridad, justicia por mano propia, juventudes y futuro digital

Una conversación reciente puso de manifiesto diferencias significativas en la forma en la que ambos líderes abordan vivencias cercanas a la muerte, perspectivas sobre desarrollo juvenil y enfoques sobre tecnología

Negocios con el dólar blue: el exsocio de Piccirillo admitió en la Justicia que ofició de intermediario para acceder al SIRA

Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber partiicipado de esa operatoria."No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo", contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.Esta causa investiga irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, mejor conocido como dólar blue. El avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023. En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.Migueles buscó desmarcarse de las acusaciones al argumentar que la investigación se sostiene sobre "frases aisladas, registros audiovisuales descontextualizados o interpretaciones parciales de conversaciones privadas".Respecto a su rol como presidente de ARG Exchange S.A., una de las casas de cambio bajo la lupa, Migueles fue categórico al afirmar que la entidad operaba en la legalidad: "Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro". Aseguró que la agencia se regía bajo las normas del Banco Central (BCRA), comprando y vendiendo divisas al por mayor de manera legal y documentada mediante boletos diarios.Sobre frases interceptadas en su teléfono celular como "agencia para sacrificar" o "retiro de bille", Migueles explicó que estaban sacadas de contexto y correspondían a comentarios que hacían terceros sobre cómo operaban otras agencias en el mercado.Otro punto de su descargo responde a su supuesta influencia en la aprobación de permisos de importación (SIRA). Migueles admitió que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda con uno de estos trámites, pero aseguró que su rol se limitó a ser un simple intermediario comercial para contactarlo con otra persona apodada "Pipo" y así ganar una comisión."Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la ley", enfatizó, y negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos. Además, afirmó no conocer a ninguno de los funcionarios del Banco Central mencionados en la causa judicial y aclaró que la expresión "la vieja del Central" era simplemente una referencia que le había transmitido su socio comercial, Francisco Hauque.Sobre la comprometedora escucha en la que afirmaba necesitar transferencias diarias de "100 o 150 palos", el acusado brindó una explicación llamativa. Aseguró que fue una exageración con el único objetivo de "generarle interés" a un vecino y así lograr que le presentara al dueño de la agencia Baires Cambio de Nordelta. "No se trató de una operatoria real mía por esos montos", sentenció.Las sospechas crecieron por los videos y el nivel de vida exhibido por Migueles. En su descargo, desmintió ser el dueño de la fortuna que se le atribuye.Dijo que la casa en Nordelta que se le atribuye no es suya, sino que la ocupaba gracias a un acuerdo de pago de honorarios con su amigo Elías Piccirillo. "Niego tener una colección de relojes de lujo", remarcó.Sobre los videos en los que se muestran vehículos de alta gama, explicó que pertenecían a conocidos y que él solo los filmaba para intentar conseguir compradores y llevarse una comisión o hacer un "revoleo comercial".Migueles destacó que se presentó de manera espontánea ante la Justicia apenas tomó conocimiento de la situación. Solicitó formalmente que cualquier análisis sobre su patrimonio o su rol comercial se base en pericias contables, transferencias bancarias y documentación objetiva. El peritaje sobre uno de los teléfonos de Migueles reveló cómo funcionaba el SIRA. De los chats y los audios analizados se desprenden al menos tres personas identificadas que permitían "gestionar" los permisos de importación. "Percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o "blue"", se lee en el expediente que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Lijo.Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Elías Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

Después de la revelación de los sobornos, Migueles se presentó en la justicia y reconoció su intermediación en las SIRA

Fue a Comodoro Py y dejó un escrito. "Las situaciones de intermediación son habituales", dijo pero no habló de coimas."No le pagué a ningún funcionario público", declaró en otro tramo.

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Un fallo judicial en Cantabria redefine la protección de los alquilados y amplía el alcance de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Horas decisivas para Tapia y Toviggino: la Justicia define el futuro de la conducción de la AFA

Las causas por presunta evasión impositiva y movimientos patrimoniales irregulares colocaron al presidente de la AFA y a su principal operador político ante un escenario delicado. La Cámara en lo Penal Económico deberá resolver si confirma procesamientos que podrían complicar seriamente a la cúpula del fútbol argentino. Leer más

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

Familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz. Algunas de estos bienes fueron sometidos a millonarias refacciones

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

Un cliente pidió una indemnización tras la pesificación de los montos máximos. Aunque la entidad modificó las condiciones de forma unilateral, el fallo concluyó que no logró acreditar un "daño real"

"Siete meses de espera": demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Tras la sustracción del vehículo, un hombre reclamó sin obtener respuesta de la aseguradora. La Justicia civil falló a su favor al comprobar que la compañía pagó recién ante la presión judicial y ordenó abonar intereses, daño moral y una sanción adicional

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El fallo se sustenta en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde 2019 marca que los contratos de alquiler tienen una duración mínima garantizada de cinco años cuando el arrendador es una persona física, aunque las partes acuerden un plazo menor

Vacantes en la Justicia: la Casa Rosada accede a pedidos de los aliados para destrabar las negociaciones

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron a gobernadores y senadores aliados que esta semana ingresarán los pliegos.Incluiría candidatos para Corrientes, Chaco, Catamarca y Salta, entre otras provincias.

El obispo Silvio Báez denunció desde el exilio que Nicaragua es "un país huérfano por falta de libertad y justicia"

Durante una misa celebrada en Miami, el religioso denunció que las autoridades en querido robarle al país "la dignidad y el futuro"

El Gobierno apura el envío de pliegos para la Justicia y manda una tercera tanda con 33 candidatos

Son los de postulantes a ocupar puestos relevantes en la Justicia Federal.Con el último listado, suman unos 110 aspirantes a camaristas, jueces, fiscales y defensores oficiales.

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como "huérfano por falta de libertad y justicia" bajo el régimen de Ortega

El obispo crítico revela desde el exilio las profundas consecuencias sociales derivadas del autoritarismo. Su reflexión aborda el sufrimiento colectivo y resalta la pérdida de esperanza en tiempos de represión política

La Justicia sumó otro gasto por unos muebles y afirman que Adorni le habría pagado 255.000 dólares al constructor Tabar

Se trata de una suma de 10.000 dólares por un conjunto de muebles para el departamento de Caballito. Según el contratista, "fue abonado en efectivo y en dólares" por el jefe de Gabinete.

La "mano invisible" de la justicia general: de Santo Tomás de Aquino a Adam Smith

Se encuentra presente en todos los actos humanos, aun cuando los individuos no lo pretendan y, es más, ni siquiera sepan que buscando su bien individual promueven el interés de la sociedad

Principio de subsidiariedad y justicia social

La subsidiariedad debe ser complementada y enriquecida con la solidaridad, ese es el fundamento de toda recta ordenación de la comunidad política organizada

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia "si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez"

El exfiscal anticorrupción afirmó que no existe una vinculación o pacto entre Juntos por el Perú y Antauro Humala. "No forma parte del proyecto", indicó

XIV Marcha de la Dignidad Nacional: 14 años de madres buscadoras exigiendo verdad y justicia en México

La movilización surgió en 2011 y se convirtió en una de las principales expresiones contra la desaparición de personas en el país

Madres buscadoras en Culiacán jugarán 'partido' por justicia y localización de desaparecidos

Colectivos de búsqueda marcharán este 10 de mayo en Sinaloa y llamaron a la ciudadanía a sumarse a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional

Revés para el gobierno: la Justicia reabre un caso sobre la represión a un jubilado

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se reinicie la instrucción y exhortó a la recolección urgente de pruebas en la causa de Egidio Contreras, que en octubre de 2025 fue golpeado por cuatro policías y le quebraron el brazo. Los jueces criticaron con dureza el "paradigma beligerante de combate" que aplican las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, acusada por los delitos de incumplimiento funcional de deberes y abuso de autoridad. Leer más

Del dólar blue al SIRA. La Justicia rastrea la conexión con exfuncionarios del gobierno de Massa y Fernández

Comenzó con una pelea entre "cueveros" y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el "circuito paralelo" para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con "la gente de adentro" para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones. Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el "rey del blue", aparecen "la vieja del Central", "la señora" y "Pato", los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.Con diferentes roles, "la vieja del Central", "la señora" y "Pato" permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente."Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes", se lee en los oficios enviados a los tres organismos. "Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres", dijo anoche una fuente de la investigación. Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L. Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto "circuito paralelo".Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles. El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es "la señora", quien "presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes" en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA. El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como "Ariel Saponara" le escribió a Migueles: "Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas". El exsocio de Piccirillo le respondió: "La sira?". Luego le envió un audio: "Si, bol..., esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento".Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página. Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con "el Pipo", a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. "Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame", le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria."Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así", se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de "canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación". Héctor Ezequiel "El Pipo" Caputto, investigado en la causa del dólar blueLos clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. "Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco", dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. "Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?". Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa. ¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: "Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer conâ?¦no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (...)". Los investigadores todavía intentan identificar a "la señora" y "Pato" como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA. LA NACION procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que "no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados". Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un "circuito paralelo". Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había "gente de arriba entongada". En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. "Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia" (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial. Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? "La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual", le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021. La auditora clave Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. "Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé", se queja Hauque. Y agrega: "Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada". "Vallejos" en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y "Fernández" alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados. La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego. El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. "Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa", se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía "El "Lobo" Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio "El Yacht".El funcionario de Tigre que gestionaba los trámitesDel análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. "Sigue como director en la Secretaría de Gobierno", confirmaron desde el Municipio ante una consulta de LA NACION. Los mensajes son del 2022. "Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer", se escucha en un audio atribuido al funcionario. LA NACION contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata."Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios", sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.

Una caída en la vereda, infecciones hospitalarias y una demanda por mala praxis: la Justicia fijó una indemnización de más de $63 millones

Tras más de un año de intervenciones y una rehabilitación prolongada, la Cámara Civil responsabilizó a una prepaga y a un sanatorio privado por las secuelas de la paciente. El fallo incluyó resarcimientos por incapacidad física y daño moral

Las seis propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz

La destitución de fiscales, un síntoma más de la crisis que atraviesa la Justicia en Córdoba

El crimen aún impune de Nora Dalmasso no es la única mancha en la imagen de la justicia cordobesa. El estado de situación evidencia que la integración del Poder Judicial también es espejo de una sociedad atravesada por conflictos. Leer más

Causa Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas

El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de plataformas virtuales que confirman transacciones del vocero.

Manuel Adorni cercado: la Justicia investiga movimientos del funcionario en Criptomonedas

La Justicia analiza operaciones vinculadas a dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación apunta a reconstruir movimientos financieros y posibles inconsistencias patrimoniales. Leer más

Rector de la Universidad Nacional exigió justicia tras el asesinato del periodista Mateo Pérez: pidió "prontitud y rigor" en las investigaciones

El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades de Antioquia confirmaran el hallazgo del cuerpo del comunicador y estudiante de ciencia política, desaparecido días antes en Briceño

Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia también detectó movimientos de criptomonedas de Manuel Adorni

Las operaciones realizadas en plataformas digitales durante el año 2024 motivaron nuevos controles sobre el origen de bienes y gastos asociados al funcionario y a su entorno familiar, según documentación judicial analizada en Comodoro Py

La Justicia detectó movimientos de dinero digital de Manuel Adorni a través de criptomonedas

La Justicia revisa por estas horas movimientos en dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que constituye una pata adicional de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.Como parte de las medidas, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado información a distintas plataformas digitales y los investigadores analizan las respuestas que fueron llegando a Comodoro Py. Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían "menores" frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa, dijo una fuente al tanto de la pesquisa, que añadió que la información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de "trazabilidad".Hace un mes, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti, su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ambos.Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte â??desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidadâ?? la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.También solicitó que se informen posibles vínculos de ellos "con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente".Noticia en desarrollo

La Iglesia y referentes del Poder Judicial piden promover una "justicia más humana" y combatir la exclusión

Referentes del Poder Judicial, de la Iglesia y de organizaciones sociales se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una de las obras más emblemáticas dedicadas al cuidado de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema vulnerabilidad, y se pronunciaron en favor de ampliar el acceso a "una justicia más humana" y combatir la exclusión.El encuentro tuvo lugar en momentos en que los programas de atención a la discapacidad enfrentan una severa crisis, por recortes y ajustes atribuidos al gobierno de Javier Milei.Con la misión de visibilizar los derechos de las personas más vulnerables, encabezaron la jornada el obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, monseñor Eduardo García, y el padre Aníbal Quevedo, responsable del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde residen y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria. En el emblemático centro de Claypole fundado en 1935, la Iglesia recibió a los jueces Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre muchos otros.Los jueces y referentes de organizaciones sociales realizaron una recorrida por los hogares y espacios de atención del Cottolengo, donde pudieron conocer de cerca el trabajo cotidiano que desde hace décadas sostiene la obra inspirada en el carisma de San Luis Orione, cuya misión es acompañar, alojar y dignificar a personas atravesadas por situaciones de abandono, pobreza y exclusión."Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes", señalaron los organizadores del encuentro."La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro", expresó el obispo García, al recordar una frase que Francisco encarnó en su pontificado.Se explicó, en ese sentido, que los "diálogos por una justicia más humana" se consolidan como espacios de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias y la Iglesia, para promover "una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas".Testimonios e intercambiosA lo largo de la jornada se presentaron testimonios, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las "Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas", una iniciativa que busca acercar el mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social.Participaron de la jornada, también, Cristina Tabolaro, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires; Daniela Bersi, fiscal de la Casación Penal bonaerense; la jueza nacional de ejecución penal Jimena Monsalve, Karina Yabor, conjueza del Tribunal Oral Federal de La Plata; Francisco Martínez Garmendia, juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes; Mariano Cascallares, del Consejo de la Magistratura bonaerense; Miguel Osorio, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal; Paloma Ochoa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, y Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8 de La Plata, con sede en Cañuelas.A ellos se sumaron Nicolás O'Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación; Samanta Guede, auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10; Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.Además, participaron el hermano Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo Don Orione de Claypole; Fernando Montero, coordinador técnico; el administrador Marcelo Bezek y el representante legal Pablo Díaz.

La echaron del trabajo alegando que su esposo era el director general de una empresa rival y la Justicia ordenó indemnizarla con miles de dólares

Una trabajadora deberá recibir una compensación económica tras ser despedida injustamente en China, según resolvió un tribunal local.

Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

La solicitud para que se le otorgue la gracia presidencial al golpista fue declarada inadmisible. En tanto, su condena aún no es firme ya que se encuentra en trámite ante el Poder Judicial

La Justicia frenó la demolición del histórico Luna Park

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal dictó una medida cautelar que suspende todo trabajo constructivo y de demolición del histórico edificio del Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional. La Sala ya había dictado una medida precautelar en el mismo sentido.La resolución judicial, que preserva el patrimonio histórico de la Ciudad frente al riesgo de que se produjeran alteraciones irreversibles sobre este inmueble protegido, fue tomada por unanimidad por los camaristas Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Ricardo Zuleta, y revierte el fallo de la jueza Natalia Tanno, quien había autorizado la demolición del histórico estadio y la construcción de un nuevo edificio mucho más grande en su lugar.La decisión se produjo tras las apelaciones contra el fallo de la jueza presentadas por el abogado Andrés Gil Domínguez y tres organizaciones de la sociedad civil â??Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudadâ??, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo y Pacífico Rodríguez Villar. En 2024 el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, propietario del Luna Park, había presentado a la Ciudad un proyecto en el que se demuele la totalidad del interior y otros sectores protegidos del estadio existente, para en su lugar construir un nuevo edificio, con 30% de capacidad adicional, en violación a las normas del Código Urbanístico que protegen al denominado Palacio de los Deportes. En efecto, este proyecto, aprobado por el gobierno porteño mediante la Disposición 1283/DGIUR/25, contempla el derribo de la cubierta y de la totalidad del interior, modificaciones sustanciales en las fachadas, y la construcción de una nueva estructura de mayor volumen. En el expediente el Arzobispado reconoce que serán demolidos 11.612 metros, quedando en pie solo 1.331 metros del edificio histórico.En los recursos de apelación ante la Cámara los demandantes argumentaron que la magistrada omitió aplicar al análisis de la documentación del expediente las restricciones del Código Urbanístico que protegen al Luna Park de intervenciones prohibidas por la legislación, como lo demuestra los informes técnicos incorporados en la causa de los arquitectos especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli.En su resolución, al Sala III establece que está acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los demandantes, quienes sostienen que en los edificios con protección estructural, como el Luna Park, no pueden realizarse modificaciones que alteren el volumen y las fachadas, y que no pueden demolerse la cubierta ni todo el interior, contradiciendo lo que pretende el proyecto del Arzobispado, y que impulsa el gobierno porteño.Para los especialistas Marcelo Magadán y Francisco Girelli, la resolución de la Cámara es "un fallo histórico, ya que constituye un avance fundamental en la conservación del patrimonio urbano y la preservación de la memoria cultural y social de la Ciudad para las futuras generaciones, en línea con las mejores prácticas que implementan las grandes metrópolis". Para ellos, "es totalmente posible modernizar e incorporar las actualizaciones tecnológicas sin demoler el Luna Park, preservando su valor patrimonial, todo en acuerdo con el marco normativo vigente, como ya se hizo en las obras de restauración y refuncionalización del Teatro Colón".Pedido de inspección ocular urgenteAnte un pedido de los demandantes, hace dos semanas la jueza Tanno ordenó al gobierno porteño presentar un informe técnico que detalle si se han realizado demoliciones en el Luna Park, que estaban ya prohibidas por la precautelar que había ordenado la Sala III. El informe técnico entregado por la Ciudad fue objetado por los demandantes por "insuficiente, contradictorio y falaz", ya que reconoce demoliciones pero no precisa su alcance ni gravedad; tampoco informa si existe el cartel de obra reglamentario en el exterior del edificio.Los demandantes argumentan que la demolición del Luna Park avanzó durante un periodo en el que las obras de demolición estaban suspendidas por la mencionada medida precautelar y que, una vez advertida la irregularidad, las autoridades permitieron continuar con los trabajos sin control. En consecuencia, los demandantes solicitaron a la jueza una constatación judicial urgente del inmueble con la intervención de especialistas para identificar las demoliciones realizadas y determinar si los daños son irreversibles.

Justicia en El Salvador: imponen 10 años de cárcel a hombre que intentó asesinar a una joven de 22

Oscar Antonio Alvarado Mancia, de 54 años, fue sentenciado a una década de cárcel por un intento de feminicidio en perjuicio de una joven de 22 años, a quien maltrató y controló antes de atacarla en una zona rural.

El fondo que demandó a la Argentina por la expropiación de YPF pidió a la Justicia de EEUU que revise el caso, pero admite que sus chances son "bajas"

La revisión está sujeta a límites muy estrictos y según expertos es altamente improbable que prospere. A Burford, el demandante, solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema de EEUU y a un tribunal del Banco Mundial, donde también tiene un escenario en contra

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ve improcedente el despido de repartidor de comida por no usar protecciones

Dejó su Mercedes-Benz en un garaje de Retiro, un empleado se lo chocó y la Justicia condenó al estacionamiento: ¿cuánto deberán pagarle?

El dueño del vehículo regresó y encontró daños en la carrocería que el comercio intentó desconocer. Un fallo de la Cámara Comercial determinó que la custodia del auto es responsabilidad total de la empresa. Qué rubros incluyó la indemnización además del arreglo mecánico

Se les incendió la cocina por una descarga eléctrica y demandaron a la empresa de energía: por qué la Justicia decidió que la culpa fue "compartida"

Un fallo determinó que la compañía es responsable del 70% del siniestro, pero le asignó el 30% restante a los propios usuarios. Qué negligencia detectaron los peritos en la instalación de la casa

Brusco giro en el caso Ángel: ahora la Justicia de Chubut dice que murió de neumonía

Por la muerte del nene de 4 años están detenidos con prisión preventiva la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González.Lo confirmaron fuentes judiciales a Clarin. Previamente, habían asegurado que había muerto por los múltiples golpes internos que tenía en la cabeza

Pegarle en el piso a la Justicia

Es voluntarista creer que la administración de justicia es el principal problema de la Argentina. Leer más

Falleció vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo: familia exige justicia

La víctima permaneció varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén debido a la gravedad de sus lesiones

La Asociación de Magistrados destacó los avances del Ministerio de Justicia en el nombramiento de jueces

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se llevó señales de respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, donde fue recibido en una visita protocolar. Los anfitriones le reconocieron avances en la designación de nuevos magistrados.Las vacantes llegan a más del 36% en el Poder Judicial y al 42% en el Ministerio Público y ponen en riesgo el servicio de Justicia. El presidente Javier Milei no nombró todavía a ningún juez en dos años y medio de gobierno.Con la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia se enviaron más de 113 pliegos desde el Poder Ejecutivo al Senado. Aún falta que la Cámara alta les de acuerdo para ser nombrados como nuevos magistrados.Este viernes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional recibió a Mahiques en una visita protocolar de bienvenida.Mahiques conoce a todos los integrantes de la Comisión Directiva que lo recibió y que está integrada por las tres listas: la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial. Candidatos de las tres lista estaban entre los postulantes que Mahiques eligió para enviar al Senado y cubrir vacantes en la justicia nacional, civil, comercial y penal económico, entre otras.La reunión fue distendida y la foto sonriente que inmortalizó la visita así lo refleja. Con diplomacia y en medio de comentarios jocosos, se mencionó que después de tantas críticas al Gobierno cuando durante dos años no avanzó con las designaciones de jueces, ahora ameritaba un reconocimiento público.El texto institucional del comunicado luego lo reflejó: "La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ha venido reclamando desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, en tanto la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país"."Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad. En ese marco, esta Asociación desea expresar su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que el mecanismo constitucional puesto en marcha permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país", dice la declaración que firman el presidente de la entidad, el juez Andrés Basso.El texto señala que el miércoles pasado, integrantes de la mesa directiva de la asociación recibieron a Mahiques y a la viceministro Santiago Viola.Basso estuvo acompañado por la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa. Y estuvieron también por los funcionarios Maite Soprano; la secretaria general, María Carolina Ocampo; el prosecretario general, Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera, Gabriela Iturbide; y la consejera, María Jimena Monsalve.Aclararon en el documento que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo institucional, "durante el cual se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía".En la Asociación de Magistrados reconocen que, así como antes hubo críticas cada vez en tono de voz más alto por las vacantes, hoy correspondía el apoyo por activar los mecanismos para que se dé esa cobertura.En las charlas el ministro les anticipó que se iban a enviar nuevos pliegos de jueces en los próximos días.

La Justicia confirmó que los municipios no pueden cobrar tasas en las facturas de servicios públicos

Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre el gobierno nacional y los municipios por el cobro de tasas. Después de diferentes cruces en la provincia de Buenos Aires, esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonista a la provincia de Misiones.La Cámara Federal de Posadas ratificó la constitucionalidad de la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, la cual prohíbe a las empresas prestadoras incluir tasas municipales o conceptos ajenos al servicio contratado en sus facturas de consumo.Tasas municipales: la presión impositiva impulsa una mudanza silenciosa de empresas dentro del paísLa medida, dictada por la cartera a cargo de Luis Caputo en septiembre de 2024, busca impedir que proveedores de bienes y servicios utilicen sus facturas para sumar "cargos ajenos a la naturaleza del servicio" que están facturando, y alcanza desde las tasas viales que algunos municipios cobran en las estaciones de servicio, hasta las "ecotasas" que son cobradas por los hoteles en zonas turísticas. Asimismo, prohíbe a los prestadores de servicios de gas y electricidad el cobro de servicios adicionales en las boletas, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales, como aplican algunas distribuidoras.Importante! ð???LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS. Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria yâ?¦ pic.twitter.com/jyld9jSCkE— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024 No obstante, según anticipó LA NACION, la medida podía ser judicializada. Esto dado que a través de la ley nacional de Defensa del Consumidor, que regula la relación entre el proveedor y el usuario final, el Gobierno busca limitar competencias avaladas en algunos casos por leyes provinciales.El caso de Misiones: revés para los municipiosLa decisión de la Cámara Federal de Posadas, dictada el 5 de mayo, revoca una sentencia previa que había declarado la inconstitucionalidad de la norma a pedido de las municipalidades misioneras de Ruiz de Montoya y Garuhapé.El tribunal de alzada fundamentó su decisión en la primacía de los derechos de los consumidores, protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240. Según los magistrados, la normativa nacional busca garantizar que los usuarios reciban información "fehaciente y veraz" y tengan "libertad de elección", evitando que el pago de un servicio esencial como la electricidad se vea condicionado o confundido por el cobro de tributos locales.Si bien el juez de primera instancia había argumentado que la prohibición vulneraba la autonomía municipal y la facultad de las comunas para percibir sus propios recursos, la Cámara Federal sostuvo que dicha autonomía no es absoluta y debe ajustarse a los principios de la Carta Magna nacional.Asimismo, el fallo destaca que la medida del Gobierno Nacional no impide la recaudación de las tasas en sí, sino que objeta el mecanismo de facturación conjunta que suele utilizarse como herramienta de coerción implícita ante el riesgo de corte del suministro.Impacto en los salarios. Las empresas achican sus planes de contratación para 2026A pesar de validar el fondo de la resolución, la Justicia hizo lugar de manera parcial al reclamo municipal en lo que respecta a los tiempos de implementación. El tribunal calificó como "irrazonable y desproporcionado" el plazo original de 30 días previsto por la Secretaría de Industria y Comercio para desglosar los sistemas de cobro.En consecuencia, el fallo resolvió otorgar un nuevo plazo de 60 días para que los municipios y la Cooperativa Cainguás (prestataria en la zona) arbitren las formas de cumplimiento. A su vez, estableció dejar sin efecto la obligación impuesta por el juez anterior de adoptar un sistema de troquelado específico, permitiendo que los municipios decidan, bajo su propia autonomía, cómo ajustar sus convenios con la prestataria para cumplir con la norma nacional.Apelaciones, recursos de amparo y sentenciasDesde su entrada en vigor, la resolución 267/2024 enfrenta múltiples amparos y fallos judiciales dispares. Mientras algunos jueces federales convalidaron la medida para proteger al consumidor, otros declararon su inconstitucionalidad por afectar la autonomía municipal.A fines de 2024, el juez federal de Campana admitió, a pedido de la municipalidad de Pilar, una medida cautelar contra el Estado Nacional, suspendiendo los efectos de la resolución N° 267/2024: sostuvo que las normas provinciales y municipales le confieren al municipio facultad suficiente para recaudar a través de las facturas de servicios.Meses más tarde, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos presentados por siete municipios bonaerenses: Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín. En ese entonces, la Justicia definió que no hubo violación a la Constitución Nacional ni avasallamiento de las autonomías provinciales.En otro orden, a mediados de 2025, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024. El caso tuvo origen en una acción de amparo promovida por la Municipalidad del Partido de Escobar.

Reforma laboral: nuevo revés en la Justicia para la CGT en su intento de frenar la ley

La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió hoy dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley de "modernización laboral" que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado. El fallo de Marra Giménez, al que tuvo acceso LA NACION, significa un nuevo revés para la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento de frenar la ley en los tribunales por considerar que algunos artículos son inconstitucionales. La jueza Marra Giménez ya había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la ley de reforma laborala pedido de la CGT. Se le solicita además al juzgado laboral que intervino la remisión de todos los expedientes vinculados para que tramiten juntos como un proceso colectivo. Marra Giménez consideró que suspender 81 artículos por una medida precautoria es un "claro abuso", ya que la complejidad de los temas requiere un análisis profundo que solo debe darse en la sentencia definitiva, que está aún pendiente y que podría recaer en la Corte Suprema de Justicia. Interviene esta jueza después de que la Cámara Federal (Sala IV) resolviera que la causa debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en el Laboral, algo que fue objetado por la CGT. La jueza desestimó un pedido de la CGT para apartarla del caso. El argumento fue que, al tratarse de un proceso sumarísimo, la ley procesal prohíbe este tipo de planteos para evitar demoras, y dijo, además, que no había causas para ser desplazada. La CGT entiende que debe ser la Cámara del Trabajo la que resuelva porque señala que "como a nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero, o a un oftalmólogo para atender una fractura, una causa laboral debe ser resuelta por especialistas".El 17 de abril pasado, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó el recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. Ayer, la Corte Suprema rechazó el per saltum y el máximo tribunal espera que la definición se resuelva en las instancias inferiores. Sucedería en el Contencioso Administrativo, aunque es probable que el expediente tenga su destino final en la Corte.

La Justicia dejó sin efecto la cautelar de la CGT y rige la reforma laboral

La jueza federal Macarena Marra Giménez falló a favor del Gobierno y desactivó el recurso que había presentado la central obrera y que frenaba la mayoría de los retrocesos que incluye la ley libertaria.

Demian Reidel se defendió ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los gastos con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica, se presentó hoy ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los consumos injustificados que se realizaron con las tarjetas corporativas de la empresa estatal que maneja las centrales nucleares del país durante su gestión al frente de la compañía pública. "No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa", resaltó Reidel en un escrito dirigido al juez del caso, Sebastián Ramos. El exasesor del presidente Javier Milei hizo su descargo después de que el fiscal federal Ramiro González lo imputara en la causa en que se investigan los gastos superfluos que fueron realizaron por autoridades de Nucleoeléctrica en distintas partes del mundo con plásticos de la empresa estatal. Los datos surgieron del informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de preguntas de los legisladores. En ese marco se conoció el listado de gastos en discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, alrededor de 400 adelantos de efectivo por unos$56millones. Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando el exasesor de Milei estaba al frente de la compañía. Hoy, Reidel se puso a disposición de las autoridades judiciales, designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y sugirió medidas de prueba en el expediente. Si bien aún no fue citado a declarar, el exasesor de Milei argumentó que consideraba "indispensable" entregar "precisiones" a la Justicia sobre los consumos indebidos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica.En primer lugar, Reidel arguyó que en los resúmenes de su tarjeta personal que había sido provista por la empresa estatal no figura ninguno de los gastos denunciados. A su vez, sostuvo que sus consumos estuvieron vinculados a la logística por los viajes oficiales que realizó como titular de la empresa para participar en foros internacionales. Puntualizó que solo gastó en "hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios". Y puso a disposición de la Justicia esos documentos."Quiero ser claro y categórico en cuanto a que en la tarjeta de crédito asignada al suscripto no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo", indicó. Además, el exconsejero del Presidente puso énfasis en que la denuncia se basaría en "un reporte agregado de tarjetas corporativas" vinculadas a la cuenta N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., "sin individualizar al titular ni al usuario responsable de cada consumo".La actitud de Reidel, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia para dar explicaciones y prometió presentar documentación, marca un contraste con la postura de Adorni, quien eludir dar detalles sobre su patrimonio con el argumento de que podría interferir en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. En ese contexto, el exfuncionario resaltó que no estuvo a cargo del "control operativo, administrativo ni documental" de los consumos realizados con tarjetas corporativas por otras autoridades de la empresa. Y dijo que la "verificación, autorización y rendición" de esos gastos no corresponde a la presidencia del Directorio, sino a otras áreas de la empresa. "La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico", planteó.Por último, Reidel sostuvo que, en caso de que prospere la investigación, propondrá una serie de medidas de prueba para "esclarecer" los hechos, como auditar cada operación realizada por las tarjetas corporativas y una pericia contable para separar los consumos que él hizo con el plástico de la empresa y los que realizaron el resto de las autoridades.La semana pasada, el exasesor de Milei ya había salido a despegarse de los gastos injustificados con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica y reclamó que se investigue hasta "el último peso". Lo hizo después de que trascendieran públicamente los consumos a partir de la presentación del informe de gestión de Adorni en Diputados.Reidel consideró que las notas publicadas sobre el escándalo en Nucleoeléctrica "mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa". "Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar", subrayó en su cuenta de la red social "X".Tras la difusión de la información, Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, eliminó la posibilidad de usar tarjetas corporativas para viajes.

La justicia certificó que Adorni no declaró en la Oficina Anticorrupción la compra de la casa del country ni sus refacciones

El jefe de Gabinete hizo esas operaciones en el 2024, y ya deberían figurar en sus declaraciones juradas.En la de este año podría agregar el departamento en Caballito, y justificar todas las erogaciones.

La Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises

Tras una disputa legal que se extendió durante más de diez años, la Justicia porteña dictó una sentencia que obliga a los conductores que operan mediante plataformas digitales, como Uber, Cabify y DiDi, a ajustar sus condiciones de servicio a las normas que rigen para taxis y remises en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución, emitida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, establece que, independientemente de la falta de una ley específica para el sector, el transporte de pasajeros es una actividad que debe cumplir con requisitos básicos de seguridad y habilitación.El fallo, derivado del expediente Nº 3065/2016, pone fin a un largo enfrentamiento entre los representantes del sistema de transporte tradicional y las empresas tecnológicas. Durante el juicio, los taxistas argumentaron que las aplicaciones operaban en un marco de ilegalidad que perjudicaba sus intereses económicos y vulneraba los protocolos de seguridad exigidos por el Estado. Por su parte, los defensores de las plataformas sostuvieron que la ausencia de una regulación específica generaba un vacío jurídico que les permitía funcionar fuera de las restricciones impuestas a los vehículos con licencia municipal. Ante esto, los jueces concluyeron que la omisión estatal en la fiscalización fue el factor determinante para sostener esta desigualdad.La Cámara de Apelaciones fue enfática al señalar la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según los magistrados, la administración local toleró, e incluso propició, la coexistencia de dos sistemas bajo tratamientos normativos dispares durante una década. En respuesta, la sentencia impone al Ejecutivo porteño la obligación de fiscalizar la actividad, perseguir el cobro de tributos y realizar campañas informativas sobre los riesgos asociados al servicio. Asimismo, se prohibió al Gobierno exigir cargos adicionales a los taxistas por trámites regulares, buscando restablecer el equilibrio en el sector mientras no se apruebe una ley integral.El fallo detalla que las exigencias mínimas para los conductores de aplicaciones deben incluir, obligatoriamente, la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos destinados al traslado de pasajeros. Pese a estas directivas, el tribunal aclaró que el Poder Judicial no tiene la potestad de crear el marco regulatorio definitivo, labor que recae exclusivamente en la Legislatura. En este sentido, la resolución se presenta como una medida provisional diseñada para corregir una situación considerada injusta mientras las autoridades políticas definen una normativa unificada.La reacción de las empresas no se hizo esperar. Fuentes de Cabify informaron a LA NACION que se encuentran analizando los alcances de la resolución interna, sin emitir una postura definitiva. Desde Uber, en cambio, destacaron que la empresa no formó parte del proceso judicial. "El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no modifica la forma en que opera nuestra plataforma", señalaron. Por su parte, desde DiDi indicaron que continúan evaluando el documento.Esta resolución judicial irrumpe en un momento de efervescencia política. A fines de 2025, ingresó a la Legislatura un proyecto integral que busca modernizar el Código de Tránsito y Transporte. Esta iniciativa propone, entre otros puntos, que todas las aplicaciones tengan sedes locales, tributen por los viajes iniciados en la ciudad y se sometan a estrictos controles de datos, equiparando las condiciones de competitividad para todo el sistema de movilidad urbana porteño.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Muerte del preso político Víctor Quero Navas estremece a la opinión pública venezolana que exige justicia

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asciende a 27 el número de personas detenidas por razones políticas que han fallecido bajo custodia del Estado

La Asociación de Magistrados se reunió con Mahiques y respaldó el envío de pliegos para cubrir las vacantes en la Justicia

La entidad que preside el juez Andrés Basso se reunió con el ministro de Justicia y el vice Santiago Viola y destacó la "contundente respuesta" del Gobierno para resolver la falta de jueces

Máximo Kirchner fue operado y apuntó contra el Gobierno y la Justicia desde el quirófano

El diputado nacional confirmó una cirugía programada a través de un mensaje en el que vinculó su situación personal con la "prisión domiciliaria irregular" que cumple Cristina Kirchner. "A Ella no le conceden permisos", denunció. Leer más

ARA San Juan: la Justicia realizará una inspección ocular de una embarcación gemela al submarino hundido

El objetivo de la medida es que los magistrados y las partes puedan tener una referencia concreta sobre el funcionamiento de los equipos y estructuras involucradas.

Le robaron la moto, el seguro se negó a pagar y la Justicia rechazó su demanda: el detalle que le hizo perder el juicio

El dueño del vehículo fue a tribunales para reclamar la cobertura, pero la sentencia le dio la razón a la aseguradora. El tribunal ratificó que la protección contractual no estaba vigente al momento del siniestro debido a una omisión del propietario. No solo se quedó sin la motocicleta, sino que deberá cubrir los gastos del proceso judicial

Denunció que cables de alta tensión dañaron su auto, la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos judiciales

El dueño de un vehículo demandó a la empresa distribuidora de energía y a la municipalidad por un incidente en 2020. Según la sentencia, el relato del demandante y las fotos presentadas fueron insuficientes para demostrar el siniestro. Sin evidencias sólidas, el reclamo se desmoronó y el denunciante quedó a cargo de las costas procesales

Viaje de egresados cancelado por la pandemia: dos familias demandaron a la agencia y la Justicia ordenó una fuerte indemnización

La Cámara de Apelaciones elevó los montos por daño moral y punitivo tras el incumplimiento de la empresa y la falta de respuestas. Los jueces consideraron que hubo una falta de "trato digno" hacia los estudiantes y sus padres

La Justicia rechazó el pedido para definir una fecha de inicio en el juicio contra Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

La causa Hotesur-Los Sauces comenzó en 2014 por una denuncia de Margarita Stolbizer, en ese momento diputada nacional del GEN. Leer más

20 años de prisión para Abel Guzmán: por qué la Justicia no le dio perpetua por el asesinato en la peluquería Verdini

El colorista que ejecutó de un balazo en la cabeza a Germán Medina recibió la pena por homicidio simple. La querella y la fiscalía anticiparon que apelarán el fallo de los jueces por considerar que existió un plan criminal y alevosía. Leer más

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que "no existe" pedido aún, pero se "analizará" si se presenta

El titular de Justicia, Luis Jiménez Borra, descartó la existencia de una solicitud formal para beneficiar al expresidente y aclaró que cualquier trámite será revisado bajo los procedimientos y normas vigentes

Guatemala: Corte Suprema de Justicia denuncia amenazas contra su presidenta

El máximo tribunal informó que la presidenta Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue objeto de intimidaciones reiteradas, incluyendo la difusión de información familiar, lo que, según la institución, representa un riesgo grave para la estabilidad democrática

La Justicia confirmó que Manuel Adorni heredó parte de un departamento en La Plata y un terreno en Daireaux

La información fue incorporada al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que investiga los movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. La fiscalía busca determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos, propiedades y gastos en dólares. Leer más

Coto vs. La Matanza: la Justicia habilitó continuar con la construcción de un hipermercado frenado hace 13 años pero Espinoza apelará

La construcción de un hipermercado con cines en Isidro Casanova está frenada desde 2013.La empresa asegura que generará 1000 puestos de trabajo.La Comuna asegura que el plano caducó porque es de 1998 y que afectará a los comercios de la zona.

La Justicia incorporó el expediente de la herencia del padre de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe del expediente judicial relacionado con la herencia que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su padre, fallecido en 2002.Los documentos de la sucesión del padre de Adorni determinaron que Jorge Eduardo Adorni le dejó al exfuncionario el 33% de un departamento en La Plata y una porción idéntica de un terreno en Daireaux como herencia. "No hay dinero", dijeron a LA NACION fuentes judiciales, en relación con los movimientos de dólares en efectivo que se conocieron en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. La existencia de la posible incorporación de bienes producto de la sucesión llegó a oídos de la fiscalía por los medios, que solicitó informes para ubicar ese trámite.El informe recibido menciona que Adorni recibió el 33 ppr ciento de un terreno en Daireaux y un departamento en La Plata. La sucesión de Jorge Eduardo Adorni se tramita en los tribunales de La Plata y de ese expediente surge que sus herederos declararon que él tenía, a su muerte, un inmueble modesto en La Plata y un terreno de 690 metros en Daireaux.Jorge Eduardo Adorni murió el 21 de agosto de 2002. Tras su muerte se abrió el expediente "Adorni, Jorge Eduardo s/sucesión ab intestato [sin testamento]", que tramita desde julio de 2006 en el juzgado en lo civil y comercial N° 18 de La PlataAllí aparecen como herederos el jefe de Gabinete; su hermano, Francisco Jorge Adorni, actual diputado bonaerense, y la madre de ambos, Silvia Pais. Declararon que al momento de su muerte, Jorge Eduardo Adorni tenía dos bienes inmuebles: el 100% de un departamento en la Avenida 53 N° 448, 9° 6, de la Ciudad de La Plata. Se trataba de un bien propio (no ganancial) y, por eso, se dispuso que debía dividirse en tres partes iguales entre Manuel Adorni, su hermano y su madre.Dicho inmueble tenía una valuación fiscal de 593.000 pesos, según la declaración jurada que presentaron el 17 de junio de 2025. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que ese departamento está hoy en venta.El otro bien que componía el patrimonio de Jorge Adorni era un terreno de 690 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge Adorni había heredado de su madre, fallecida en 1993. Tenía una valuación fiscal de 568.000 pesos.Pollicita siguió incorporando información al expediente que está analizando para pedir nuevas medidas de prueba en los próximos días.El juicio sucesorio del padre de Adorni no parece reflejar una fortuna de magnitud. Adorni, además, publicó en sus redes en 2018 que le había "costado años arreglar todo" lo relacionado con el trámite y dio a entender que su padre le había dejado deudas.Pollicita sigue recibiendo informes. Aparecieron los resúmenes de la tarjeta de crédito de Adorni con los gastos que realizó durante un viaje a Bariloche, donde se alojó en el Hotel Llao Llao con su familia. También llegaron los comprobantes de los pasajes aéreos.La documentación en poder de la fiscalía muestra que hubo consumos en el Llao-Llao. No hay constancias aún de quién abonó la estadía del grupo familiar, aunque todo ese viaje, revelado por Clarín, habría costado al menos 10 millones de pesos, si bien aún no hay documentos que avalen esa suma total.Por lo pronto, sí está acreditado el viaje de la familia Adorni a Aruba. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes por Latam que costaron 1450 dólares cada uno y el monto total â??unos 5800 dólaresâ?? fue abonado en efectivo.Originalmente, Latam había informado a la Justicia que los Adorni habían volado en "Business (J)", pero la compañía hizo una nueva presentación en los tribunales en la que dijo que, en realidad, volaron en "Premium Economy", una categoría con "mayor espacio" que en la clase "Turista" y "embarque prioritario", según la web de la empresa.La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel. Además, están bajo la lupa otros viajes realizados por el ministro coordinador del gabinete de Javier Milei.En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100.000 dólares que utilizó para adquirir la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, y la hipoteca de 200.000 dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Para la primera oposición habría abonado 20.000 dólares en efectivo. Para la segunda, 30.000 dólares. Pero, además de esos gastos y los viajes bajo la lupa, el contratita que refaccionó la casa del country declaró bajo juramento haber recibido US$245.000 en efectivo del propio Adorni, sin factura.

La Justicia del Trabajo suspendió la reforma laboral para los trabajadores del dragado y balizamiento

El juez Raúl Ojeda hizo lugar a un planteo del Sindicato. La resolución alcanza al personal que desempeña tareas de dragado, balizamiento, relevamiento, obras portuarias y apoyos logísticos en todo el país.

Revés para Pablo Toviggino: la Justicia rechazó apartar a ARCA de la causa por evasión en la que está procesado

El tesorero de la AFA pretendía correr del rol acusador a la Agencia de Recaudación en la investigación por una multimillonaria retención de aportes

Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión al exgobernador del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán: ordenó su captura inmediata

El alto tribunal impuso la pena contra el exmandatario departamental por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. La decisión también absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz

Colectivos piden a la Suprema Corte atraer caso de abuso sexual tras seis años sin justicia

El IMDHD espera que la SCJN se pronuncie sobre pruebas sin estereotipos, plazo razonable y debida diligencia reforzada

La Justicia suspendió la cautelar por financiamiento universitario tras un recurso del Gobierno

La Cámara concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó en suspenso la ejecución de la medida cautelar vinculada a la ley de financiamiento universitario hasta que resuelva la Corte Suprema Leer más

Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises

La Justicia porteña dictó un fallo que vuelve a poner en el centro del debate la regulación de las plataformas digitales de transporte en la Ciudad de Buenos Aires: obliga a los conductores que trabajan mediante aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi a cumplir requisitos equivalentes a los exigidos para taxis y remises, entre otros la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros.La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad en el expediente Nº 3065/2016, cuya sentencia definitiva había dictada el 30 de abril de 2026. El caso se tramitó durante más de diez años y expuso el conflicto entre, por un lado, representantes de taxis y remises, que reclamaban restricciones a las plataformas digitales por considerar que operaban por fuera del régimen vigente, y, por el otro, usuarios y conductores de estas aplicaciones, quienes argumentaban que, al no haber una regulación específica, nadie podía exigirles los mismos requisitos que se le exigen al sistema tradicional.Durante el juicio, representantes del sector de taxis y remises reclamaron que el Gobierno de la Ciudad impidiera el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, al considerar que la actividad era contraria al marco normativo vigente y que afectaba tanto los intereses económicos del sector como las condiciones de seguridad vinculadas al traslado de pasajeros.En sentido inverso, representantes de usuarios y conductores de aplicaciones plantearon que existía un estado de incertidumbre jurídica, ya que, según sostuvieron, la falta de una regulación específica impedía aplicarles las exigencias previstas para taxis o remises y, por lo tanto, entendían que podían desarrollar la actividad sin esas limitaciones.Ahora los jueces concluyeron que, aun en ausencia de una regulación particular para las plataformas digitales, el servicio prestado mediante aplicaciones configura un servicio de transporte de pasajeros. Sobre esa base, entendieron que la actividad no puede quedar al margen de las obligaciones mínimas previstas por el ordenamiento vigente.La Cámara cuestionó además la actuación del Gobierno porteño y sostuvo que hubo una "omisión" en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación. Según los jueces, esa situación perjudicó tanto a los taxis y remises â??que deben cumplir un régimen específico y estrictos requisitos para poder operarâ?? como al interés público vinculado a la correcta prestación del servicio de transporte.Mientras se mantengan las actuales condiciones de hecho y de derecho, la Justicia impuso al Gobierno de la Ciudad una serie de obligaciones articuladas en distintos planos. En materia arancelaria, le prohibió exigir a taxis y remises el pago de trámites necesarios para operar regularmente en la ciudad. En el plano tributario, lo obligó a impulsar procedimientos para perseguir el cobro de los tributos derivados de la actividad desarrollada mediante plataformas digitales. Además, en materia publicitaria y de defensa de consumidores y usuarios, la Justicia ordenó al Gobierno porteño ejercer facultades de fiscalización sobre los avisos vinculados al servicio y desarrollar campañas activas de información sobre las condiciones en las que se presta y los riesgos asociados.Las nuevas exigenciasPara los jueces de la Sala II, el hecho de que no exista una regulación específica para las plataformas no significa que puedan operar sin controles, ya que cualquier servicio de transporte de pasajeros, sin importar la modalidad, debe cumplir requisitos mínimos de seguridad. Entre esos requisitos, el fallo menciona expresamente la necesidad de contar con licencia profesional habilitante y con seguros específicos para el transporte de pasajeros, condiciones actualmente exigidas para taxis y remises.En los fundamentos de la sentencia, los magistrados describieron el litigio como un caso "marcadamente heterodoxo" debido a la combinación de factores jurídicos, económicos, sociales y políticos involucrados durante más de una década. Según señalaron, la prolongada ausencia de una regulación específica permitió consolidar una situación "desigual e injusta" entre los distintos actores del sistema de transporte urbano.No obstante, aclararon que la elaboración de un nuevo marco regulatorio corresponde exclusivamente a los poderes políticos y no al Poder Judicial. En ese sentido, remarcaron que la función de la Justicia consiste en resolver el caso concreto y restablecer el equilibrio conforme al derecho vigente, sin avanzar sobre competencias propias del Ejecutivo o del Legislativo.La Cámara sostuvo además que durante diez años el Gobierno porteño toleró â??e incluso propicióâ?? la coexistencia de dos modalidades de transporte bajo tratamientos normativos diferentes y sin una base legal específica que justificara esa diferencia. Según el fallo, la condena busca corregir provisoriamente esa situación mientras no exista una regulación integral aprobada por las autoridades competentes.Tras conocerse la sentencia, fuentes de Cabify señalaron a LA NACION que la empresa tomó conocimiento del fallo recientemente y que, por el momento, se encuentran analizando internamente los alcances e implicancias de la resolución judicial, por lo que todavía no emitirán una postura oficial al respecto. En tanto, voceros de Uber Argentina respondieron a este medio que la empresa "no fue parte de este proceso judicial". "El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no modifica la forma en que opera nuestra plataforma ni las condiciones bajo las cuales se brinda el servicio", señalaron desde la compañía. Además, agregaron: "Seguimos enfocados en ofrecer más opciones de movilidad seguras y confiables, y en generar oportunidades económicas flexibles para miles de conductores en todas las ciudades de la Argentina".LA NACION intentó comunicarse con DiDi para conocer su postura sobre el fallo, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.La resolución judicial se conoce además en un contexto de creciente debate político y legislativo sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad. A fines de 2025 ingresó en la Legislatura porteña un proyecto impulsado por el legislador de Unión por la Patria y vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte, Alejandro Grillo, que proponía crear un marco regulatorio unificado para taxis, remises y plataformas digitales.La iniciativa buscaba "reorganizar y modernizar" el sistema de traslado público-privado de pasajeros mediante una reforma integral del Código de Tránsito y Transporte, compuesta por más de 66 artículos. Uno de los ejes centrales del proyecto era impedir que operaran vehículos particulares no habilitados para el traslado de pasajeros dentro de la ciudad.La propuesta establecía que solo podrían prestar servicio vehículos habilitados, conducidos por choferes registrados y bajo relación laboral formal. También fijaba requisitos vinculados con habilitaciones, seguridad, seguros y condiciones de prestación del servicio.A diferencia de otras iniciativas legislativas, el proyecto reconocía formalmente la existencia de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, aunque exigía que contaran con sedes operativas en la ciudad, se registraran ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tributaran por la totalidad de los viajes iniciados en territorio porteño.Además, planteaba la creación de un sistema de registro y transmisión de datos en tiempo real hacia un "servidor espejo" administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la ciudad, donde debían almacenarse datos vinculados a viajes realizados, actividad de conductores, variaciones tarifarias y tiempos de espera.En relación con los taxis, el proyecto disponía que el servicio debía prestarse los 365 días del año durante las 24 horas y establecía la obligación de que los conductores permanecieran conectados durante su turno laboral a la aplicación Taxi BA.La iniciativa también proponía un sistema de actualización automática de tarifas basado en variaciones de costos del servicio, con revisiones cada cuatro meses o cuando el índice superara el 10%. Asimismo, contemplaba distintos métodos de pago, entre ellos efectivo, tarjetas de crédito y débito y billeteras virtuales.Referentes del sector de taxis también habían respaldado la necesidad de establecer exigencias equivalentes para todos los servicios de transporte de pasajeros que operan en la ciudad, especialmente en materia de seguros, habilitaciones, controles vehiculares y licencias profesionales para conductores.

La Corte Suprema definirá: la Justicia avaló un pedido del Gobierno y la ley de financiamiento universitario queda suspendida

La Justicia aceptó el recurso federal extraordinario presentado por el Gobierno para no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, queda así suspendida hasta que se expida la Corte Suprema.A cinco días de la cuarta marcha federal universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, concedió el recurso solicitado por la administración de Javier Milei a medidados de abril. A pesar de que la decisión previa sobre una medida cautelar no se considera una sentencia definitiva, los jueces justificaron su admisión debido a que la controversia involucra la interpretación de diversas normas de naturaleza federal."Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con un comunicado publicado en X. COMUNICADO OFICIAL.@JMilei pic.twitter.com/qb56drDOH6— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 7, 2026El ministerio reiteró allí su explicación para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitaria votada y ratificada el año pasado: "Cabe recordar que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas"."El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado", cerraron.El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, tambien lo comunicó por esta vía: "La llamada "ley de financiamiento universitario", impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación", tuiteó. Noticia en desarrollo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga operaciones especulativas en futuros de petróleo por USD 2.600 millones

Las autoridades estadounidenses analizan si operadores se beneficiaron ilícitamente de información anticipada sobre anuncios gubernamentales que influyeron en los mercados internacionales de crudo, generando ganancias millonarias en pleno conflicto en Irán

Detenido en Cuenca un fugitivo que cambió de género para intentar eludir a la justicia

La justicia le otorgó la probation a una de las empresarias ligadas a Lázaro Báez en el segundo tramo de la causa Vialidad

La resolución dispone que deberá realizar tareas comunitarias en un hogar de ancianos de Chubut, durante dos años

Marcelo Macarrón tras el fallo contra los fiscales: "Empecé a creer en la justicia"

El médico aseguró que el reciente fallo representa un punto de inflexión en la causa por el crimen de Nora Dalmasso. Tras dos décadas de proceso judicial, sostuvo que comienza una nueva etapa en la búsqueda de la verdad. Leer más

El costo oculto de ampliar el Tribunal Supremo de Justicia: más magistrados, más escoltas y una factura que crece

Las críticas también se enfocan en la seguridad jurídica: según los señalamientos, diputados habrían omitido respetar la adscripción por sala de algunos magistrados suplentes

Delcy Rodríguez repite la fórmula de Chávez para tomar el control del Tribunal Supremo de Justicia

Defensores de Derechos Humanos y expertos legales señalan que el país no necesita un aumento de magistrados, y que los cambios en el Poder Judicial parecen responder a la necesidad de la presidenta encargada de tener mayoría dentro de la institución

Un fallo de la Justicia porteña obliga a los choferes de aplicaciones a sacar licencia profesional y contratar seguros

El fallo equiparó las plataformas de transporte con los taxis y cuestionó al Gobierno por la "omisión" y la desigualdad regulatoria. Hasta que haya una ley específica, ambos servicios deberán tener las mismas reglas y controles

La Justicia porteña le impone nuevas reglas a los conductores de Uber y otras plataformas

A través de un sorpresivo fallo se conoció que los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional y pagar seguros, al igual que los taxistas. Leer más

Vigilante atropellado en Trujillo lucha por su vida: familia exige justicia tras liberación de conductora

Maricsa Alfaro Cerna manejo aquel día con la licencia de conducir vencida desde hace cuatro años, pero a esto se suma las irregularidades en el acta policial

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

La mujer tenía reconocido un 24%, pero solicitó elevarlo a un 33% porque aseguró padecer enfermedades que no aparecían en los anteriores informes médicos

Provea instó al gobierno venezolano a avanzar en una Justicia independiente tras la intención de incorporar jueces al TSJ

La ONG sostiene que actualmente las prioridades del Poder Judicial son la transparencia y la autonomía, luego de la iniciativa parlamentaria para ampliar el número de magistrados que aún está en trámite legislativo

Quiso comprar una camioneta, pretendía congelar el precio de la reserva y la Justicia falló en su contra: la operación se cayó y deberá pagar el juicio

Una mujer demandó al concesionario para que respetara el monto inicial tras cuatro meses de espera, pero la venta nunca se concretó. La Cámara de Apelaciones determinó que el valor debía actualizarse según lo pactado y condenó a la demandante a pagar todas las costas del proceso

Demandaron por los cortes de luz, pero la empresa alegó que la factura no estaba a su nombre: la Justicia resolvió a favor de los usuarios

Una familia de Caballito sufrió interrupciones reiteradas durante tres años e inició una demanda. La sentencia determinó que no es necesario ser titular del servicio para reclamar una indemnización y priorizó al usuario efectivo por sobre la titularidad formal

Guerra de vecinos en Acassuso: una propietaria enfrentó al consorcio por un toldo y la Justicia rechazó su reclamo en dos instancias

Lo que comenzó como un planteo por una instalación en el estacionamiento derivó en cruces de cartas documento y denuncias de hostigamiento. La demanda fue desestimada por dos tribunales. El caso expone los límites del derecho individual frente a las reglas del edificio

Crisis en la justicia de Medellín: el Tribunal Superior solicita suspender términos judiciales por fallas en la nueva plataforma

Se reportan errores en la migración de procesos, asignación incorrecta de expedientes y fallas técnicas en la plataforma judicial, lo que ha generado retrasos, sobrecarga laboral y dificultades en la gestión diaria de los despachos

Causa cuadernos: la Justicia ratificó el derecho a preservar las fuentes periodísticas

De forma unánime, los jueces del juicio de los Cuadernos de las Coimas ratificaron el derecho a reservar las fuentes periodísticas y relevaron así al periodista Diego Cabot de tener que relatar en su declaración como testigo con qué empresarios se había reunido durante su investigación, tal como exigían saber una docena de abogados defensores, entre ellos el de Cristina Kirchner. "El tribunal decidió hacer lugar a su petición de reservar la fuente", le anunció al periodista el juez Enrique Méndez Signori, luego de una deliberación que, junto con los planteos previos, insumió casi dos de las 12 horas que duró el debate, tiempo en el que Cabot debió aguardar en un salón contiguo, incomunicado. La decisión, de la que también formaron parte los jueces Fernando Canero y Germán Castelli, fue en línea con un fallo previo del mismo tribunal y en respuesta a un planteo empujado por la defensa del exfuncionario Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores en el circuito de pagos bajo juicio. Méndez Signori y Canero fundamentaron en conjunto que la protección constitucional es amplia y que la información era producto de consultas realizadas en una investigación cuya reserva el periodista decidió mantener. "Que el testigo [Cabot] haya tomado la decisión de realizar la denuncia penal en lugar de escribir una nota periodística no debilita la garantía constitucional aludida", marcó por su parte el juez Castelli.La pujaAmparado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto de las fuentes de información periodística, Cabot se negó a contestar una pregunta sobre sus reuniones con empresarios. Su decisión fue objetada por la abogada de Baratta, que pidió al Tribunal que le "ordene" al periodista contestar la pregunta. Al planteo se sumaron otras 10 defensas, incluida la de la expresidenta Cristina Kirchner, que, sin oponerse de manera explícita al derecho constitucional, pretendieron que Cabot revelara quiénes fueron sus interlocutores durante la investigación. "Las reuniones que mantuvo con personas que son investigadas en esta propia causa nunca podrían cumplir el rol de fuente", aseveró la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta, antes de la resolución del tribunal. "Son reuniones que tuvo con personas que ya tenía identificadas, que no le proveyeron información, en todo caso le corroboraron información que él ya tenía", argumentó, y añadió: "La mayoría probablemente sean personas que son imputadas en esta propia causa".Al cruce salió la fiscal Fabiana León, que recordó un fallo previo del tribunal en favor del secreto periodístico, y también Mariano Galpern, representante de la UIF, que sostuvo: "La protección del secreto de las fuentes periodísticas no depende de que la fuente haya dado un dato nuevo decisivo, si ya lo tenía o no. La garantía protege la fuente, no la novedad del dato"."Se afirmó, dando un salto al vacío, que las personas con las que habló Cabot son imputados en esta causa", marcó la fiscal León. "Carece de valor veritativo: no es posible saber si el señor Cabot habló con imputados de esta causa", señaló. Detrás del planteo de Baratta y de Cristina Kirchner se encolumnaron empresarios, como Gerardo Ferreyra, y otros funcionarios, como Julio De Vido o Fabián Ezequiel García Ramón, cuyo abogado sugirió que la protección periodística de las fuentes no debía "ceder" pero sí "adaptarse" al derecho de defensa de los acusados. Otro de los argumentos escuchados ayer en la audiencia fue que no existía una manera "alternativa" para saber acerca de esas reuniones que preguntarle a Cabot. Pero ninguno tuvo eco en el tribunal, que se apoyó en un fallo del año pasado en la causa que juzgó el financiamiento estatal de la telenovela "Mamá Corazón", una producción que nunca llegó a emitirse, a cargo de la productora de Andrea del Boca. La decisión del tribunal obtura la posibilidad de que el planteo surja nuevamente este jueves, cuando los que concurran como testigos sean Candela Ini y Santiago Nasra, los otros dos periodistas del diario LA NACION que participaron en la investigación del caso Cuadernos.

La Justicia electoral advirtió sobre el bajo nivel de participación de los votantes jóvenes

La Cámara Nacional Electoral se mostró preocupada por los bajos niveles de participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años durante un encuentro que mantuvo con organizaciones de la sociedad civil, en busca de una articulación institucional orientada a los comicios presidenciales del 2027.A la reunión concurrieron representantes de Conciencia, Cippec, Poder Ciudadano, Pulsar.UBA, Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, Club Político, Red Ser Fiscal, entre otras entidades, con quienes se abordaron desafíos relacionados con la capacitación electoral, la participación ciudadana y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).Participaron los camaristas Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, además de los secretarios del tribunal.Uno de los puntos centrales del intercambio fue la inquietud por los niveles de abstención electoral de los ciudadanos de entre 16 y 29 años. Este segmento etario presenta niveles de concurrencia a las urnas inferiores al promedio general del padrón.Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias que resulten adecuadas para este grupo etario, con el objetivo de promover una participación más activa, informada y sostenida en el tiempo.Asimismo, se analizó el impacto de los cambios en los instrumentos de votación, particularmente en la implementación de la Boleta Única Papel.Los especialistas coincidieron en su buen desempeño en las últimas elecciones nacionales y subrayaron que es importante seguir realizando capacitaciones específicas que faciliten su comprensión y utilización en las elecciones de 2027.Las asociaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de mantener el debate presidencial obligatorio y dijeron estar preocupadas por las modificaciones previstas en el proyecto de reforma electoral que ingresó al Congreso, en lo referido a la rendición de cuentas de la campaña. También destacaron su preocupación por la desinformación, la comunicación y la calidad del debate público, particularmente en lo que respecta a la relación de los jóvenes con el sistema democrático.La Cámara Nacional Electoral reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la participación en el proceso electoral, promoviendo instancias de diálogo institucional con actores clave de la sociedad civil que contribuyan a consolidar una ciudadanía activa e informada.

Demócratas quieren abolir el ICE: el plan para reemplazarlo por una agencia del Departamento de Justicia

Un grupo de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos inició una ofensiva para bloquear los fondos del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de desmantelar la institución. La propuesta, liderada por el congresista de California, Ro Khanna, busca reemplazar la agencia actual por un nuevo organismo que opere bajo la jurisdicción directa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).Ro Khanna impulsa un plan para reemplazar ICE por una agencia bajo el DOJSegún explicó Khanna en una entrevista con la agencia EFE, el rechazo al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se debe a un incremento sin precedentes en los recursos de ICE.Ro Khanna se refirió sobre el ICE y justificó su posible abolición "Necesitamos votar para recortar los fondos. Francamente, necesitamos demoler ICE y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia", sentenció el legislador. Por otro lado, calificó de "inaceptable" que cualquier miembro de su partido apoye lo que denomina un "presupuesto hinchado".El presupuesto de ICE por US$75.000 millones que cuestionan los demócratasDe acuerdo con la información difundida por Telemundo 52, la fuerza operativa de ICE creció un 120%. Se contrataron 12.000 nuevos agentes, hasta alcanzar un total de 22.000 efectivos en todo el país norteamericano.Este crecimiento responde a una legislación firmada por el presidente Donald Trump en 2025, que busca convertir a la agencia en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos.Los detalles financieros revelados por los legisladores demócratas son más que contundentes:El presupuesto estimado de la agencia ascendería a US$75.000 millones.A sus recursos habituales de US$10.000 millones anuales, se sumarían otros US$18.000 millones por año durante un período de cuatro años.Renee Good y el crecimiento del apoyo a abolir ICE en Estados UnidosKhanna argumentó que los demócratas no pueden ser cómplices de una entidad acusada de cometer "atroces violaciones de derechos humanos" tanto contra inmigrantes como contra ciudadanos estadounidenses.Cabe destacar que la presión política para abolir la agencia se intensificó tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que falleció el 7 de enero en Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente migratorio durante un operativo. Tras el fallecimiento de Good, una encuesta de YouGov, publicada el 13 de enero, reveló que por primera vez el 46% de los estadounidenses apoya la abolición de ICE, frente a un 43% que se opone. Qué es el ICE Dashboard que lanzaron los demócratas del Comité de VigilanciaComo parte de esta estrategia, los demócratas del Comité de Vigilancia del Congreso lanzaron una herramienta digital denominada "ICE Dashboard". Se trata de un sitio web diseñado para que las personas puedan denunciar presuntos abusos a los derechos humanos cometidos por agentes migratorios en comunidades o centros de detención.El compromiso de los líderes progresistas es iniciar investigaciones formales si recuperan el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. El foco principal de estas pesquisas sería la muerte de migrantes bajo custodia. "Si ven violaciones a derechos humanos, vengan al sitio del Comité de Vigilancia, repórtenlo y lo investigaremos", prometió Khanna, quien busca finalmente abolir el ICE.

El dolor de la familia de Paulina Lebbos tras la absolución de César Soto: "La Justicia no está a la altura"

Familiares expresaron su descontento con la decisión final del Tribunal tras la acusación del fiscal contra Soto. Describieron a Paulina como "sumamente bondadosa" y aseguraron que "ella los sostiene".

La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa

En busca de nueva documentación, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales con acceso al caso. La medida es a pedido del fiscal que lleva el caso, Gerardo Pollicita, y busca hacerse de documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia, como la vivienda que adquirieron en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, o el departamento que ambos tienen en venta en la ciudad de La Plata. Previamente, ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requiere un pedido especial. El objetivo es "reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera" de Adorni y su mujer.La Justicia tiene en su radar cinco inmuebles a nombre del matrimonio. Además de investigar el origen del dinero utilizado para comprar las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio siendo funcionario, el fiscal busca tener una foto lo más precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete, incluidos aquellos detrás de los inmuebles. Según se desprende de la declaración de distintos testigos en la causa, las compras de la casa en el country Indio Cua y el departamento en Caballito fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron a Adorni un total de 300.000 dólares. El juez Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni. Se trata de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -cuyo hijo declaró hoy- y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Noticia en desarrollo

FBI y Departamento de Justicia arrestan a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

El operativo federal, realizado en abril en los 50 estados, formó parte de la iniciativa Operation Iron Pursuit contra la explotación sexual infantil

La Justicia analiza las llamadas del periodista amigo de Manuel Adorni que ganó seis contratos con el Estado

La DAJuDeCo buscará establecer posibles conexiones entre funcionarios y la productora ImHouse, de Marcelo Grandio y Horacio Silva. El juez Ariel Lijo pidió la colaboración del organismo especializado de la Corte Suprema