justicia

Illa pide "lealtad institucional" e "imparcialidad" a la Justicia ante la crisis de Ceuta

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda

Un comprador denunció que había pagado un sobreprecio por un vehículo cuyo odómetro había sido alterado. Sin embargo, el tribunal desestimó su reclamo por daños e incumplimiento y le impuso las costas del proceso

Se hizo un lifting facial, no le gustó el resultado y demandó al cirujano por mala praxis: 17 años después, la Justicia rechazó el reclamo

Una mujer demandó al médico y a la clínica por el resultado de la intervención y por un hematoma que sufrió tras la cirugía. El tribunal concluyó que no hubo negligencia profesional y atribuyó las complicaciones a circunstancias propias de la paciente

Justicia de República Dominicana deja firme la condena contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez tras vulnerar la libertad de prensa

El fallo mantuvo el pago de RD$2 millones a Marino Zapete por perjuicio moral, con un 1,5% mensual desde la apelación, al no cumplirse la exigencia legal para conocer esa vía extraordinaria

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: "Que la justicia intervenga", pide Muñante

El senador de Renovación Popular aseguró que la trabajadora continuará en su despacho y pidió celeridad a la justicia tanto en este caso como en otras denuncias de violencia

Crisis de Ceuta en RDC: la Justicia investiga y crece la tensión entre España, Marruecos y la Unión Europea

Marcelo Molina, periodista desde España, analizó en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, las últimas novedades de la crisis de Ceuta y sus consecuencias judiciales, políticas y migratorias. Leer más

"Estrangulamiento del mercado" y "suba desmedida de costos": los dueños de Granja Tres Arroyos detallaron su debacle ante la Justicia

Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo junto a las demás sociedades del grupo y detalló en el expediente las causas de su crisis financiera, entre ellas el ingreso de pollo importado y el cierre de mercados externos

La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo

La historia resulta tan cinematográfica como singular y, a la vez, pone en escena un dilema frecuente: ¿Es válido el testamento de una persona mayor con deterioro cognitivo? Recientemente, en un fallo que sienta precedentes, la Justicia estableció que no.El caso es el siguiente: una mujer de 82 años, soltera y sin hijos, un día antes de morir, en julio de 2014, firmó un testamento desde la cama del Sanatorio Güemes. El documento establecía que la mujer dejaba todos sus bienes (un departamento sobre la calle Juncal y un local comercial en la avenida Santa Fe, además de otros locales comerciales y un campo) a la mujer que la cuidó y asistió durante el último tiempo y a una amiga abogada. Al enterarse de la situación, tras el fallecimiento, la sobrina de la mujer decidió iniciar una demanda contra la validez de ese testamento. Denunció que su tía, al momento de firmar ese documento, ya no estaba en sus facultades y que, producto del deterioro cognitivo que tenía y de la medicación que se le suministraba por encontrarse en los últimos momentos de su vida, no podría haber tenido la lucidez necesaria como para, a conciencia, desheredarla a ella, única heredera legal, y dejar todos sus bienes a las otras dos mujeres.El reclamo judicial llevó más de 12 años, hasta que finalmente, el 25 de agosto último, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la nulidad del testamento, dando validez al argumento de que, en el momento de la firma, la mujer carecía de discernimiento de sus actos. El fallo fue publicado en el portal de jurisprudencia El DialLa cuidadora de la mujer, quien había sido beneficiada por el testamento, alegó en sus declaraciones que en los últimos años la familia no se había hecho presente y que ella estaba en estado de abandono. Afirmó también que, como en distintas oportunidades ella la había asistido y ayudado, tenían un vínculo afectivo de "madre e hija", y que por esa razón, la mujer le había prestado dinero en distintas ocasiones para que pudiera salir de deudas. Con el paso de los años, según declaró, cuando el estado de la mujer se fue deteriorando, la cuidadora, que no recibía pago por lo que hacía, se comunicaba con la sobrina y otros familiares para informarles y pedirles ayuda, pero, según dijo, no se habrían acercado al departamento en el que vivía, sino solo al local para cobrar el alquiler. La cuidadora también declaró que había familiares que hacían uso de un departamento que la mujer tenía en la costa, sin nunca pagarle el alquiler, hasta que se vendió esa propiedad.Hay que recordar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación permite hacer un testamento para redireccionar el destino de los bienes de una persona que tiene herederos forzosos (que son hijos, nietos, padres, abuelos o cónyuge), pero permite reasignar esos bienes solo en un 30%, algo que el Código anterior no contemplaba. En ambos códigos, en cambio, las personas que no tienen herederos forzosos pueden hacer un testamento para determinar el destino total de sus bienes. Si lo hacen correctamente, demostrando que esa fue su voluntad, no podrán reclamar herencia otros familiares como sobrinos o hermanos.El relato de la cuidadora ante la Justicia apuntó a explicar cómo la familia no se había hecho cargo del cuidado de la mujer, identificada como "señora C.", y que, en cambio, ella había sido la que se había dedicado a asistirla y acompañarla. También indicó que la última vez que se descompuso, tuvo que pedir ayuda a los bomberos para trasladarla, porque la mujer pesaba más de 100 kg y ya no podía movilizarse sola. Mencionó, a su vez, que la señora estaba en un estado de gran deterioro y que tenía diabetes.El fallo de la Cámara declaró la nulidad del testamento que se firmó un día antes de la muerte y usó el término "falta de discernimiento". Estableció: "Testadora que atravesaba un cuadro de desorientación y deterioro cognitivo y no se encontraba en condiciones de comprender el alcance del acto ni de las disposiciones que contenía. Valoración integral de la prueba médica, testimonial y de las constancias provenientes de la causa penal. Delito de circunvención. La formalidad del instrumento público no puede prevalecer cuando se acredita la ausencia de una voluntad consciente y jurídicamente relevante. Se confirma la sentencia de grado que resolvió hacer lugar a la nulidad del testamento", dice el fallo.Indica, a su vez, que se consideraron las pruebas correspondientes a fin de determinar, en primera medida, si, al momento de otorgar el testamento del 24 de julio de 2014, la señora C. adolecía de perfecta razón como fuera alegado por la nulidicente (la sobrina). Y agrega: "La señora C. no se encontraba en uso de sus facultades mentales para testar al momento de otorgar el testamento". Luego de reseñar las declaraciones testimoniales, el fallo concluyó: "se encuentra corroborada la tesis de la nulidicente con basamento en que, al momento de testar, la Sra. C adolecía de perfecta razón, admitiendo así la demanda promovida, declarando la nulidad del testamento otorgado"."El aprovechamiento por parte del nombrado de la situación de desorientación y deterioro cognitivo en que se encontraba la señora C. los días previos a su fallecimiento, haciéndole firmar el día antes de morir y sin que ella pudiera comprender que estaba haciendo un testamento en el que instituía como herederas a sus coimputadas, una de ellas socia en un estudio jurídico -acto que presenció en calidad de testigo para dotar de validez al documento realizado en las circunstancias señaladas- configura sin dudas el delito de circunvención de incapaz ", dice el fallo."Tanto los médicos que la asistieron como los testigos que declararon en autos señalaron que para aquel entonces la víctima estaba desorientada, su salud empeoraba día a día y que su estado cognitivo no pudo haber mejorado dado que se la mantenía con drogas hasta el final de su vida", se lee en el fallo. Según se lee en el documento, la Justicia apunta a que el escribano no es responsable si el acto se anula por la existencia de error o dolo entre las partes. Esto se debe a que son cuestiones de hecho y circunstancias internas de la voluntad de las personas que el profesional no tiene posibilidad de conocer o analizar en su ámbito de actuación. Pero se aclara que existe una excepción por dolo (responsabilidad aquiliana): el escribano sí será responsable si se demuestra que formó parte del engaño (dolo). En este caso, su responsabilidad nacería de su propia conducta ilícita y deliberada. Sin embargo, en este fallo, esto no quedó probado.

Megaobra en el Monumental: River presentó ante la Justicia el proyecto para techar el estadio y llevarlo a 101 mil espectadores

â?¢ Dirigentes de la institución presentaron los detalles del proyecto ante jueces y fiscales en el salón de usos múltiples del club. â?¢ La propuesta contempla la edificación de una quinta bandeja perimetral y una cubierta integral para albergar a 101.000 espectadores.

Malvinas: la justicia le ordenó a Rockhopper y Navitas que suspendan la exploración de petróleo

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar de ex combatientes de Malvinas e intimó a las compañías que en 10 días presenten una serie de informes. Leer más

Exministro de Justicia de Petro criticó proyecto de megacárceles al estilo Bukele del gobierno de Abelardo de la Espriella: "¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?"

La crítica surgió luego de que el jefe de la cartera ratificó ante la Comisión Primera de la Cámara que el Ejecutivo ya avanza en la planeación del proyecto que combina una política de "mano dura" e inversiones en resocialización

"Siguen abusando a nuestros hijos": convocan una movilización por Agostina Vega desde la casa de Barrelier para reclamar justicia

La marcha será este sábado desde las 11. La abogada de Gabriel Vega, Fernanda Alaniz, cuestionó la elevación a juicio y aseguró que "los niños y adolescentes están totalmente en peligro" en Córdoba. Leer más

Gonzalo Quesada: "Que haya justicia y que sólo quede el enorme legado de la gran persona que era Fede"

Aquella noche de marzo de 2022, Gonzalo Quesada iba a ser uno de los partícipes de la cena que precedió el trágico desenlace. Debía encontrarse con Federico Martín Aramburú y otros excompañeros de los Pumas: Marcelo Bosch, Octavio Bartolucci y José Orengo. Obligaciones coyunturales con Stade Français, al que entrenaba entonces, se lo impidieron. Cuando llegó al club a la mañana siguiente, un jugador le dio la noticia del asesinato de su amigo. "Si hubiese estado con él en ese momento, por ahí habría terminado como él", le dice Quesada a LA NACION. Cuatro años más tarde, la realización del juicio a los asesinos mezcla el reclamo de justicia y el recuerdo de un ser humano que todos describen como extraordinario con el dolor de recordar aquellos días traumáticos. Designado por la familia de la víctima como uno de los tres amigos que participan del litigio como testigos, Quesada dejó por unos días sus labores como entrenador de la selección de Italia y volvió a París para intervenir en el juicio. "Sabiendo la cantidad de amigos que tenía Fede, la cantidad de gente que lo quería muchísimo, para mí era una responsabilidad fuertísima defender su honor, su nombre y testificar quién era". Quesada encuentra en un par de interludios del juicio un momento para hablar con LA NACION desde el imponente Palais de Justice de París, ubicado Ã?le de la Cité, a metros de la Catedral de Notre Dame, el mismo que alojó al Tribunal Revolucionario durante el Reinado del Terror. Muy cerca también, apenas cruzando el Sena, del Mabillon, el bar del Boulevard Saint Germain donde se suscitó la pelea. Aprovecha el receso, también, para tomarse un respiro ante el abatimiento que remueve la situación. Las crónicas desde Francia relatan que durante la declaración no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo. "Tenía pensado entrar y casi gritarle al juzgado diciéndole: 'Han matado a un gran hombre, a un tipo con valores impresionantes, una persona increíble'. Cuando me preparaba y escribía lo que quería decir, me daba cuenta de que era emocionalmente muy difícil y que no lograba ni repetírmelo sin que se me cerrara el estómago". Locuaz como siempre, esta vez su voz arrastra un tono cansino. "Tenía que pensarlo de un modo más técnico, estratégico, porque sabemos que la defensa está yendo por el lado de la legítima defensa. Tenía que cuidar mis palabras, medir bien los conceptos, ser honesto y describir a Fede en toda su grandeza, pero también controlar las emociones. Creo que no logré expresarme exactamente como quería. Un par de veces tuve que cortar porque se me cerraba el pecho y se me caían las lágrimas. Pero creo que salió bien. Pude transmitir quién era Fede, pude dar mi interpretación de lo que pudo haber pasado".-¿Fuiste a París exclusivamente para declarar?-Me vine de Italia. No se sabía si era el lunes o el martes, así que me saqué un pasaje para aterrizar el domingo y volver el miércoles a mi casa. Bloqueé toda la agenda de trabajo para lunes, martes y miércoles. Para mí, era importantísimo estar acá. Compartimos el lunes con la familia de Fede, fuimos a comer a la noche.-¿Habías estado en el Palacio de Justicia de París? ¿Alguna vez habías declarado como testigo en un juicio?-No, nunca había estado. Es la primera vez en mi vida. Y espero que sea la última que me encuentre en una situación así, en la sala más importante del tribunal más importante de Francia y seguramente de los más importantes de Europa. Es un lugar impresionante. Como testigo te tienen encerrado en un cuartito y de golpe se abre la puerta, te hacen pasar a la Cour d'appel, la sala principal, que es un lugar realmente imponente, con el jurado ahí arriba, con muchísima gente. Volver a entender que lo mataron, que no está más, es algo que cuesta creer. Aunque hayan pasado cuatro años, es fuerte. -¿Cuándo habías visto a Fede por última vez?-Lo había visto un par de semanas antes de su muerte. Él venía de ponerse de acuerdo para asociarse con alguien que iba a ser agente oficial del Mundial, cosa que para su empresa era un salto enorme. Estaba en un proyecto donde se estaba jugando un montón, una inversión muy grande. Yo iba a estar con ellos como uno de los exjugadores y entrenadores que participan de los hospitalities pre o post partido. Nos veíamos muy seguido. Hablé con él toda la semana y participé de la organización activamente. Me acuerdo de que hablé con Octavio Bartolucci, José Orengo y el Chelo Bosch, que andaban por ahí también. Fede venía con sus clientes y quedamos en ir a comer a Volver, el restaurante argentino, para vernos y para bancarlo a Fede. Al otro día, aprovechando que no había partido, nos íbamos al sur con Stade Français a hacer una semana de concentración para encarar el fin de temporada, me tenía que levantar a las seis de la mañana, se hizo tarde y no llegué. Terminé mandándole un mensaje a Fede: "Te la debo". Apagué el teléfono, me fui a dormir, me desperté, me pegué una ducha, me fui al club y no había ni agarrado el teléfono todavía. Vino uno de los jugadores y me dijo: "¿Escuchaste lo de Fede?". "¿Qué Fede?". "Fede Aramburú, es amigo tuyo, ¿no? Parece que lo mataron a la noche". Ahí prendí el teléfono, tenía varios mensajes. Llamé al Chelo Bosch, a Jean-Baptiste Gobelet, que sabía que habían estado esa noche con él. Lo tendría que haber visto esa noche. Si hubiese estado con él en ese momento por ahí habría terminado como él. -¿Por qué creés que la familia te eligió como testigo?-Declaramos tres amigos de Fede: Thomas Lièvremont, un fisioterapeuta de cuando él jugaba en Biarritz que terminó siendo muy amigo también y yo. Era realmente muy amigo de Fede. Cuando yo jugaba en Pau y él en Biarritz, con el Negro Gaitán y Manu Carizza, en 2005, 2006, nos veíamos mucho y nos hicimos bastante amigos. En enero de 2017 sale en la prensa en Francia que yo había anunciado que no iba a renovar con Stade Français me llamó a la semana y me convenció para acompañarlo en el proyecto para ascender a Biarritz a Primera. Ahí nos hicimos íntimos amigos. Creo que la familia sabía perfectamente la relación de amistad profunda y lo que nos queríamos. Esas últimas semanas nos había acercado ese proyecto que tenía Fede con el Mundial. Viendo la cantidad de amigos, grandes amigos que tiene Fede, fue fuerte. Pero nunca pregunté por qué. Me dijeron cuándo era el juicio, qué querían que testifique, arreglé el viaje, preparé más o menos en la cabeza lo que quería decir y vine a expresarme. -¿Cómo estás viviendo este momento? Pasaron cuatro años de la muerte de Fede, pero el juicio te debe remover un montón de cosas.-Imaginé que iba a ser duro, pero no esperaba que fuera así. Recordarlo a Fede me mueve muy profundamente. Está siempre presente. Tenés que describirlo y contarlo y tenés a toda su familia, a todos los seres queridos que son casi tu familia también: Cecilia, Edgardo [sus padres], sobre todo María [Codino, su mujer], Trini, Justi, Santi [sus hijos]. Creo que estos días pueden ser una oportunidad para que se cierre una etapa. Fede no va a volver. El dolor de la pérdida de Fede es para siempre. Que Trini, Justi, Santi puedan sólo pensar en el recuerdo del padre y no como estos últimos cuatro años, donde el recuerdo del padre está mezclado con cuándo va a ser el juicio qué van a decir, cuál será el castigo, qué va a pasar con la memoria de Fede. Ya no hay tanto odio, ni tanta sensación de bronca, sino más una sensación de querer paz: que no se hable más del juicio, de lo que se juzgó o no juzgó, y que sólo quede el legado de Fede, todos los recuerdos increíbles que tenemos todos y el dolor de no tenerlo más, pero sin esta polución mental que es la espera de un juicio sobre su muerte.-¿La defensa de los acusados te hizo preguntas?-No. Yo hice una declaración espontánea, que fue bastante larga. Y los abogados de la familia me agregaron algunas preguntas para aclarar quién era Fede y no dejar puertas abiertas y que no haya ningún malentendido de parte de la defensa de los acusados. Ahí terminé. La defensa de los acusados prefirió no hacerme ninguna pregunta "Para usted, ¿qué palabras o comportamientos podrían haber provocado en él una reacción o un enojo?", le preguntó el juez."Seguramente algo injusto. La situación era demasiado fuerte para él; no podía dejarla pasar. Allí había una situación que, creo, tocaba sus valores de justicia. Vio cómo humillaban a su amigo, tuvo ese gesto intuitivo; eso es lo que era capaz de hacer por un amigo".Declaración de Gonzalo Quesada, citada por L'Indépendant-¿Cómo está viviendo la familia estos días?-Son situaciones duras todos los días porque te cruzás con las familias de los acusados. Hay un montón de gente de rugby que viene a acompañar. Es muy emocionante. Creo que toda la familia, como hace cuatro años, es como una montaña rusa de emociones constante. Lo que me gusta es que cuando hablás con la familia de Fede hay una esperanza de que se haga justicia y que la verdad de lo que pasó esa noche salga a la luz, que haya un castigo correspondiente y que se cierre el caso y que no se hable más de la parte judicial de la muerte de Fede. Es sólo dolor, porque ya no está más, y es difícil no odiar a los que causaron la muerte, pero siento que en algún punto se bajó un poco ese odio y ahora sólo hay una gran necesidad de todos de que la verdad salga a la luz, que se haga justicia en consecuencia de la verdad, que se cierre esta etapa de una vez por todas y que podamos pensar sólo en el legado de Fede.-¿Qué sentiste vos al tener frente a frente a los acusados de asesinar a Fede?-Yo me concentré ciento por ciento en lo que me habían dicho: "Sólo mirá al jurado que tenés adelante, no te distraigas con la cantidad de gente que hay. A la derecha, atrás de un vidrio, están los dos acusados de haber matado a tu amigo". Hice lo que me recomendaron y durante toda esa declaración sólo pensé en responder lo que me decían. Las preguntas venían de la izquierda, así que eso también me permitió enfocarme en lo que tenía que hacer. En cuanto terminé la declaración me fui a sentar atrás a donde estaba la parte civil, la familia y los amigos de Fede. Estuve varios minutos tratando de mirarles las caras, las posturas, los gestos y entender a estas dos personas. Había visto fotos, pero necesitaba verles la cara. Traté de seguir las reacciones y los comportamientos que tenían durante las distintas etapas del proceso.-¿Qué significa para vos que se haga justicia y qué legado de Fede esperás que trascienda el juicio?-Lo más importante para mí es que se confirme que a Fede le metieron diez tiros y le provocaron la muerte en una pelea donde no estaba armado, donde lo fueron a buscar después de que se habían separado de una primera pelea casi anecdótica. Que el castigo sea en relación con la verdad, con cómo fue asesinado. Que el nombre de Fede quede muy en alto como alguien que defendió los valores más importantes de la humanidad, con el término humanidad bien grande. Era una persona alegre, que transmitía una energía positiva impresionante, un tipo que era corajudo, que era valiente, que tenía huevos, que era responsable. Que Trini, Justi, Santi crezcan sabiendo que no lo tienen más, pero que su padre fue un ejemplo de los valores que hoy por hoy son importantísimos para la sociedad. Creo que ese es el legado de Fede después de todo lo que está pasando ahora, que quede claro ante el mundo la calidad de persona que era y que él sea la imagen de la sociedad a la que le queremos apuntar. Que los hijos recuerden con mucho orgullo. Que se cierre este juicio para que lo único que quede es el legado de la gran persona, el gran ser humano que era Fede Martín Aramburú.

Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval

En un nuevo escándalo que sacude a la Armada, la justicia federal investiga una denuncia sobre maniobras fraudulentas en la liquidación de haberes del personal, que comprendería manejos irregulares por unos $1600 millones.El fraude habría sido advertido por una teniente de navío, que a la vez es contadora pública y desempeña tareas en el área de liquidación de sueldos del personal, explicaron fuentes navales a LA NACION.Tras la conmoción interna y averiguaciones preliminares que se llevaron adelante dentro de la fuerza, la denuncia judicial fue presentada finalmente por el jefe del servicio contable de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, en los tribunales de Comodoro Py. Aparecerían involucrados en las maniobras entre 25 y 50 personas, entre militares y civiles que cumplen funciones en la Armada.La denuncia se conoció días después de que el presidente Javier Milei girara un refuerzo presupuestario por $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un viejo anhelo de la Armada, en medio de las tensiones del gobierno argentino con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.Las maniobras irregulares, cuyos orígenes se remontarían a 2022, comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, "cobros fantasma" mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.El escándalo sorprendió al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, de visita oficial en Asunción, para asistir a la celebración del Día de la Armada local. Incluso, fue condecorado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña Nieto, quien le entregó la Medalla al Mérito.Pagos en dólaresSegún la denuncia, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.También se investiga si para los "cobros fantasma" se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los "suplementos con retorno", se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50/ de lo cobrado, según trascendió.La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar "inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos"."Constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación", se indicó en el comunicado.Además, la fuerza que conduce el almirante Romay aseguró que "la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina". Y agregó que "existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley".El diario Ámbito Financiero reveló que "la cadena de complicidades se habría roto a partir de que una teniente se negara a recibir un suplemento del que debía devolver la mitad"Se estima que la Armada mantiene unos 35 oficiales en misiones estables en el exterior, a través de agregadurías navales y de defensa, a lo que se suma el personal que integra misiones de paz y de cooperación técnica en otros países, con roles específicos y relevos periódicos. También hay viajes transitorios por comisiones y adiestramientos.

La Justicia anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración pública de País Vasco por fallos en su memoria económica

El Tribunal Superior de Justicia rechaza otros motivos políticos alegados por Vox, como la nulidad de todo el decreto por vulneración de la cooficialidad y principio de igualdad

Magaly Medina ofrece a la justicia grabación inédita de conversación con Gustavo Salcedo: "Nunca la hemos puesto al aire"

La conductora de Magaly TV La Firme reveló que conserva un registro de una conversación que Gustavo Salcedo habría sostenido con un investigador de su programa dentro de su camioneta. Aseguró que el material nunca fue difundido y que podría entregarlo a la justicia o a la defensa de Christian Rodríguez si resulta necesario

Antich (Òmnium) reclama "justicia" para Roger Español y condenar a los policías que le lesionaron

Esperaba dentro del auto, un árbol le cayó encima y demandó al municipio y a un barrio cerrado: por qué la Justicia solo condenó al Estado

Un conductor sufrió destrozos en su vehículo mientras aguardaba frente a la entrada de una urbanización privada por la caída de un árbol. El fallo reconoció una indemnización por los daños y dejó afuera a uno de los demandados

Pactó la venta de un departamento con el dólar fijo a $295, quiso anular la cláusula tras la devaluación y la Justicia rechazó el reclamo

Un vendedor intentó renegociar las condiciones fijadas en 2022 de una compraventa de 90.000 dólares al considerar que la disparada del tipo de cambio volvía perjudicial el acuerdo. Sin embargo, el juzgado rechazó la demanda y convalidó la postura del comprador al determinar que la volatilidad económica era un riesgo asumido libremente por ambas partes

Sánchez y Feijóo protagonizarán un cara a cara con Ceuta y la justicia como telón de fondo

La Justicia investiga un esquema de corrupción con los sueldos de la Armada por $1.600 millones

La denuncia alcanza a unos 25 oficiales y civiles por presuntas irregularidades en sueldos y viáticos. Defensa detectó inconsistencias, inició una actuación administrativa y, tras constatarlas, radicó la denuncia ante la Justicia Federal. Leer más

Cristina Kirchner y su candidatura en 2027: la estrategia de sus abogados ante la ONU, la Justicia y la política

Sus abogados plantearon tres caminos para intentar revertir la condena y la inhabilitación. La estrategia incluye la presentación ante la ONU, un eventual recurso de revisión y una vía política para mantener abierta la posibilidad de competir en 2027. Leer más

La Justicia aplicó la reforma laboral y una indemnización por despido se elevó a $160 millones de pesos

Un fallo judicial en San Juan recalculó los intereses de un despido de 2014 aplicando de forma retroactiva el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Leer más

Crisis en la mayor avícola: Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores ante la Justicia

La empresa avícola Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en medio de la crisis financiera, judicial y laboral que atraviesa. La causa quedó radicada en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, y al 15 de septiembre figuraba "en despacho", según surge del sistema de consulta de expedientes judiciales. Es la segunda firma del grupo GTA que acude a este mecanismo judicial, después de Wade SA. El expediente está registrado bajo el número COM 018558/2026, con la carátula "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo". La información disponible hasta el momento no permite afirmar que el concurso haya sido formalmente abierto por el juzgado, aunque fue confirmado por fuentes de la compañía a LA NACION que el trámite fue iniciado formalmente. Lo que consta por ahora es la presentación del proceso concursal y su radicación. Vale aclarar que la apertura requiere una resolución judicial. "No nos gustó": ganaderos de Estados Unidos llegaron a la Argentina y hablaron de una medida de Donald Trump que causó revueloEl Grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA. Granja Tres Arroyos era la sociedad principal del conglomerado y concentraba buena parte de la estructura productiva; Wade quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría; mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba. Las obligaciones de las tres compañías habían sido contempladas en conjunto dentro del intento de reestructuración financiera que llevó adelante el grupo. La empresa también tiene una planta en Capitán Sarmiento.Como se dijo, por el momento no se encuentran disponibles públicamente los detalles de la presentación judicial que permitan conocer el monto del pasivo y del activo declarado, la cantidad de acreedores ni las razones invocadas por la empresa para explicar su situación patrimonial.La decisión se inscribe en la delicada situación que atraviesa uno de los principales grupos avícolas del país, que en los últimos meses quedó alcanzado por reclamos laborales, ejecuciones de deuda, pedidos de quiebra contra sociedades vinculadas, medidas cautelares y un fuerte conflicto con los trabajadores.Hasta ahora, Granja Tres Arroyos enfrenta tres de las ejecuciones relevadas en el sistema judicial: una por un pagaré cuyo capital pendiente supera los $1194 millones, con un monto procesal de $1794,9 millones al sumar intereses y costas; otra por un cheque electrónico rechazado de $200 millones, con $150 millones presupuestados para intereses y costas, y una tercera por $55,8 millones correspondiente a dos préstamos prendarios, con un embargo fijado en $80 millones y pedido de secuestro de dos tractores. En esas causas, la Justicia también dispuso o analizó embargos sobre inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia. En el caso de Wade SA, Banco Credicoop reclama $206,35 millones de capital por un pagaré de $250 millones que tuvo un pago parcial; con intereses y costas, la ejecución alcanza $412,7 millones. Además, Wade ingresó en convocatoria de acreedores luego de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, con reclamos que superan los $2000 millones entre capital e intereses, más otro planteo por más de US$12.000. El grupo GTA tiene un pasivo total estimado en US$350,9 millones que busca reestructurar en su concurso preventivo de acreedores.El concurso preventivo es el procedimiento mediante el cual una empresa en dificultades busca reestructurar sus deudas y alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La delicada situación financiera y operativa del grupo se profundizó desde fines de mayo, cuando comenzaron las paralizaciones indefinidas de algunas plantas. Primero quedó sin actividad La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y a fines de agosto la compañía confirmó la paralización "transitoria" de los establecimientos de faena ubicados en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, los sindicatos denunciaron alrededor de 1730 despidos entre ambas provincias, más del 25% de la dotación total del grupo. Ante el conflicto en territorio bonaerense, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, que alcanzó a 1200 trabajadores de las plantas vinculadas con Granja Tres Arroyos y Wade. En el telegrama de despido, la empresa argumentó la existencia de "fuerza mayor" y una disminución del trabajo por causa del impacto de la influenza aviar en el país.

Tras su detención, Sergio Urribarri enfrentará nuevas causas por corrupción en la Justicia de Entre Ríos

El dirigente peronista irá a juicio por negociaciones incompatibles y aguarda por la remisión en otra causa por enriquecimiento ilícito. También está mencionado en un caso por contratos irregulares en la Legislatura

Caso EXEN: la Justicia rechazó el fideicomiso propuesto para reabrir tres gimnasios

La jueza Zunilda Niremperger desestimó el plan para retomar la actividad y mantuvo las medidas sobre los bienes. Ignacio Sinkovich había reclamado una resolución urgente por la pérdida de sus fuentes de ingresos. Leer más

Estudiantes de la UAEM toman las calles de Morelos: manchan para exigir seguridad y justicia para alumnas víctimas de feminicidio

Cientos de jóvenes se reunieron en Cuernavaca para movilizarse luego del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio que llegó de España

L-Gante otra vez en la mira de la Justicia: ¿podría volver a la cárcel?

La familia de Elián Valenzuela denunció la usurpación de un terreno en General Rodríguez.Personas que dicen ser inquilinos denunciaron al músico por amenazas y violación de domicilio.El ex de Wanda Nara había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas y daño en otra causa por la que estuvo detenido.

Coimas en discapacidad: Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, declarará ante la justicia argentina

La abogada baleada en Bolivia dice saber quién filtró los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hablando de presuntos pagos de sobornos a funcionarios del Gobierno nacional por parte de droguerías

Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: "La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse"

La firma del exjefe de la cartera de Justicia anunció que representará a María Camila Martínez en el proceso por la denuncia presentada tras el ataque ocurrido durante un control en la Clínica Avidanti

La Justicia revocó el fallo que frenaba la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires

La Cámara penal de Lomas de Zamora anuló la orden de Marta Pascual, que había interrumpido por 60 días la vigencia de la ley que bajó la edad de imputabilidad

Chats, muebles y fechas que no cierran: por qué la Justicia sobreseyó a los hermanos Caputo por el financiamiento a Revolución Federal

El juez Marcelo Martínez De Giorgi envió a juicio a los integrantes de la agrupación de ultraderecha. A su vez, descartó que los hermanos del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, haya usado la carpintería del líder del grupo como "pantalla comercial" para respaldar económicamente al grupo extremista

Se reactiva el juicio por la muerte del obispo Ponce de León y en la Iglesia piden "verdad y justicia"

El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron "a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte".Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa. La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar. Fueron determinantes para declarar "cosa juzgada írrita" la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado. "Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente", argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso."Pastor con olor a oveja""A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte", declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento. "Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir", dijeron los sacerdotes.Recordaron, incluso, que el obispo "denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar". A raíz de ello, hoy la Justicia "encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad". En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: "Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte" y subrayan que "su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión". Y concluyen: "Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social".

Un español lleva 768 días con su eutanasia paralizada por la Justicia: el caso que reabrió el debate en España

El catalán de 56 años había recibido la autorización para acceder a la muerte digna en 2024, pero un recurso presentado por su padre frenó el proceso.

Cataluña pide celeridad a la justicia en la resolución de recursos contra las eutanasias

La Justicia procesó al mapuche "de los binoculares" por falso testimonio durante la búsqueda de Santiago Maldonado

El juez federal le atribuyó haber declarado que observó con largavistas cómo efectivos de Gendarmería Nacional golpeaban y subían a una camioneta al joven artesano. El testimonio, brindado en 2017, derivó en acusaciones contra los efectivos que participaban del operativo

Intenta suicidarse un hombre cuya eutanasia está paralizada por la justicia desde 2024

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

El trabajador permaneció dado de alta pese a que la empresa no tenía actividad, por lo que dejó al trabajador en una situación irregular a la hora de solicitar el subsidio por desempleo

La Justicia confirma que Mapfre debe indemnizar a un albañil autónomo con 6.500 euros tras una operación de cadera por la que estuvo más de ocho meses de baja

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado un recurso con el que la aseguradora cuestionaba la incapacidad temporal total de un asegurado alegando que padecía una enfermedad previa, había cambiado de profesión y continuaba realizando actividades laborales durante la baja

La hermana de la estudiante española asesinada en México pide justicia: "A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie"

La joven ha afirmado que Claudia Tacoronte no supo hasta que estuvo en Morelos que otras alumnas de la misma universidad habían sido asesinadas en los últimos meses

Justicia de El Salvador deja firmes las condenas por la masacre de cuatro periodistas holandeses

La Corte Suprema rechazó los recursos de tres militares retirados y dejó firme el fallo que ratificó penas de 30 años de prisión

La Justicia le prohibió tener suscripciones de streaming a un padre por adeudar casi $4.000.000 de cuota alimentaria

El Juzgado Multifueros de El Bolsón, en Río Negro, ordenó mediante un fallo el bloqueo de varias plataformas de streaming a un hombre por adeudar casi $4 millones de cuota alimentaria. Mediante ese dictamen, se instruyó a los servicios digitales -entre los que figuran Netflix, Spotify, Disney+, Prime Video, YouTube y Max- la suspensión inmediata de las suscripciones a su nombre. Además, la disposición incluyó la suspensión de la licencia de conducir del deudor.Paola Bernardini, la magistrada que lideró el caso, adoptó esta decisión bajo el amparo del artículo 553 del Código Civil y Comercial, el cual habilita la aplicación de medidas para asegurar los pagos de las sentencias atrasadas.Según indicó el medio Río Negro, Bernardini detalló que estas restricciones no tienen una finalidad sancionatoria, sino que el objetivo central es "generar condiciones que disuadan al deudor de mantener el incumplimiento y permitan hacer efectiva la obligación alimentaria".En ese sentido, el Tribunal intimó a las plataformas para que informen primero si el sujeto posee abonos vigentes. En caso de una suscripción vigente, las empresas deberán suspender las cuentas de manera inmediata bajo una única orden: no permitir nuevas contrataciones mientras persista la deuda alimentaria.La medida fue solicitada por la madre de los hijos ante la continuidad de la deuda y recibió dictamen favorable del Defensor de Menores, subrayó el medio local Noticiasnqn. El mismo diario indicó que, respecto al ítem de la licencia de conducir del deudor, además de su suspensión también queda vigente la imposibilidad de su renovación hasta que el acusado se ponga al día con el monto total.Sumado a estas inhibiciones, el fallo también derivó en la consulta a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para determinar si el deudor posee propiedades. En caso de encontrar bienes registrados a su nombre, podrían evaluarse nuevos embargos. Lo mismo corre para el vehículo del acusado, sobre el cual ya pesa un mandamiento de embargo.En su resolución, la responsable del Juzgado Multifueros de El Bolsón destacó que el derecho alimentario constituye un derecho humano básico y que el incumplimiento afecta el derecho de los hijos a un nivel de vida adecuado y su interés superior.Al momento de indicar el por qué del rechazo a una potencial multa, Bernardini ponderó que, agregar otra obligación económica no sería necesariamente eficaz frente a una persona que ya mantiene una deuda alimentaria. Por otro lado, sostuvo que las medidas deben elegirse teniendo en cuenta las circunstancias concretas y las posibilidades reales de lograr el cumplimiento.Finalmente, de la disposición de la magistrada emana una última advertencia: ante un incumplimiento sistemático de la obligación alimentaria, puede promoverse una acción penal, de modo que el conflicto pueda trascender el ámbito estrictamente civil.

Rinden homenaje a estudiante española asesinada en UAEM: exigen justicia por su feminicidio

Compañeros de la Universidad crearon un altar para despedir a Claudia además de exigir justicia por su asesinato

Gobierno lanzó ultimátum a grupos armados tras acabar con mesas de diálogo: sometimiento a la justicia o confrontación con la fuerza pública

El Ejecutivo sostuvo que, durante el mandato de Gustavo Petro, las estructuras ampliaron presencia territorial y capacidad operativa, y aumentaron ataques contra civiles, militares y policías mientras mantenían las mesas de negociación

La Justicia falló a favor de Boca y Talleres tendrá que devolverle más de 2,5 millones de dólares por el caso de Cristian Pavón

En un momento especialmente sensible de la relación entre Boca y Talleres de Córdoba, la Justicia emitió una resolución que modifica el escenario económico entre ambas instituciones y amenaza con alterar una negociación que permanecía abierta por uno de los futbolistas más buscados por el club de la Ribera. ¿Qué pasó? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó y amplió el criterio favorable a Boca en el litigio originado por el caso Cristian Pavón y estableció que la entidad cordobesa deberá devolverle al conjunto xeneize US$2,5 millones, más los intereses correspondientes.La decisión representa una victoria significativa para Boca. No sólo porque ratifica el reclamo que había iniciado años atrás, sino porque modifica la sentencia de primera instancia, que había reconocido una cifra sustancialmente menor. Con esta nueva resolución, la Cámara le otorgó al club presidido por Juan Román Riquelme la totalidad de lo reclamado por el anticipo que había realizado en 2018 en el marco de una eventual transferencia de Pavón al exterior. Claro que lo que es bueno por un lado, puede ser contraproducente por el otro. Y más adelante se verá por qué.El origen del conflicto se remonta a una operación celebrada durante la gestión encabezada por Daniel Angelici. Por entonces, Boca acordó con Talleres el pago anticipado de US$2,5 millones en concepto de plusvalía sobre una futura venta del delantero cordobés. La cifra estaba asociada a una eventual transferencia internacional, por entonces valuada en alrededor de US$39,5 millones. Eran tiempos en los que el delantero se insinuaba como una de las mejores promesas y hasta había ido al Mundial de Rusia 2018, convocado por el entrenador Jorge Sampaoli.Sin embargo, aquella venta nunca se concretó. Pavón continuó su carrera, atravesó distintos ciclos deportivos y finalmente dejó Boca en condición de libre en 2022, sin que el club obtuviera el beneficio económico que justificaba aquel desembolso inicial.Ante ese escenario, la dirigencia que asumió en 2019 decidió avanzar judicialmente para recuperar los fondos entregados. El expediente se extendió durante varios años y tuvo un primer pronunciamiento favorable para Boca, aunque por un monto mucho menor al pretendido. Esa sentencia ordenaba restituir US$500.000 y una suma en pesos que equivalía al resto de los pagos efectuados. La Cámara, en cambio, consideró procedente el reclamo completo y dispuso que Talleres reintegre la totalidad de los US$2,5 millones, o su equivalente, además de los intereses correspondientes.La resolución tiene además una consecuencia institucional relevante: prácticamente agota las posibilidades de discusión sobre el fondo del asunto y deja a Talleres ante la obligación de afrontar una deuda millonaria con Boca. Más allá de los aspectos jurídicos, el fallo vuelve a tensar una relación que en los últimos años estuvo atravesada por varios desacuerdos en materia de mercado de pases.La particularidad es que la novedad judicial se conoció mientras ambos clubes mantenían conversaciones por Matías Galarza, uno de los futbolistas que Boca intentaba incorporar utilizando el cupo habilitado por la lesión de Tomás Aranda. El mediocampista apareció como una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, pero las negociaciones ingresaron en una zona de complejidad justamente cuando quedó firme el fallo por Pavón.Según trascendió en las últimas horas, la deuda que Talleres mantiene con Boca empezó a convertirse en un elemento central dentro de las discusiones por Galarza. En el club xeneize analizaban la posibilidad de compensar parte de los montos o incluir la acreencia reconocida judicialmente dentro de una eventual estructura de pago. Esa situación generó nuevas diferencias económicas y terminó condicionando una negociación que ya era delicada por la cotización que Talleres hacía del futbolista. De hecho, distintas versiones -ya que nunca hubo confirmación oficial- señalaron este lunes que las conversaciones se enfriaron de manera considerable y que el reclamo derivado del caso Pavón pasó a ocupar un lugar determinante en la discusión entre los dirigentes. En otras palabras, un litigio iniciado por una transferencia frustrada de hace casi una década terminó impactando directamente en una operación del mercado actual.Para Boca, el fallo implica la recuperación de un activo económico importante y una validación de la estrategia judicial impulsada por la conducción del club. Para Talleres, en cambio, supone afrontar una obligación financiera significativa en un contexto en el que debe administrar recursos, sostener competitividad deportiva y negociar la continuidad o transferencia de jugadores valiosos de su plantel.La historia que comenzó con Cristian Pavón todavía sigue produciendo efectos. Y la resolución conocida este lunes demuestra que las decisiones tomadas años atrás pueden alterar no sólo los balances de los clubes, sino también el desarrollo de los mercados de pases del presente. En esta oportunidad, el principal damnificado podría ser un nombre que nada tuvo que ver con aquel acuerdo original: Matías Galarza.

Abuso sexual en el Ejército: un nuevo fallo cuestiona que una víctima deba recurrir a la Justicia Civil para obtener una reparación

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el rechazo a la reparación integral solicitada para una exintegrante de las Fuerzas Armadas, víctima de abuso sexual cometido en un cuartel del Ejército Argentino en Gualeguaychú, y ordenó que el planteo sea revisado. El pedido había sido estimado en $29.228.298 por organismos especializados del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre la base del salario que la víctima percibió durante los cinco años en los que, según la investigación, sufrió los abusos y sus consecuencias.La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes dejaron sin efecto el pronunciamiento del Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, que había descartado la reparación al considerar que el planteo había sido sorpresivo y que la víctima debía recurrir, eventualmente, a una acción civil.Para la Casación, esos argumentos no se ajustaron al caso. El tribunal sostuvo que el pedido había sido formulado durante la etapa previa al juicio, que había sido incorporado al requerimiento de elevación a juicio y que el cálculo realizado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) había sido puesto en conocimiento de la defensa, que no había formulado objeciones.Los jueces también remarcaron que la víctima había adherido, antes del debate y en su condición de querellante, a las pautas utilizadas por la fiscalía para calcular la reparación. Esos criterios fueron ratificados durante los alegatos sin que la defensa efectuara cuestionamientos al respecto.Uno de los puntos centrales del fallo fue determinar si la víctima debía iniciar un nuevo juicio civil para obtener una reparación por un daño que ya había sido acreditado durante el proceso penal.La Cámara respondió que no. Señaló que el artículo 29 del Código Penal permite que la reparación del daño sea dispuesta en la propia sentencia penal y que esa posibilidad no está condicionada a que la víctima se haya constituido como actora civil ni a que mantenga su participación como querellante hasta el final del debate.También destacó que el Ministerio Público Fiscal está facultado para solicitar la reparación en representación del interés general y de los derechos de las víctimas, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal."Remitir a la víctima a la vía civil luego de un proceso penal que acreditó el daño, su entidad y su vinculación causal con la conducta del condenado, no solo resulta contrario a la finalidad de la norma, sino que importa, en los hechos, una carga adicional e injustificada sobre quien ya ha transitado un proceso de esta naturaleza", sostuvo el tribunal.El monto había sido calculado en febrero de 2024 por la Sifrai y la Dgradb por pedido de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. La propuesta consistió en establecer como reparación una suma equivalente al salario percibido por la víctima durante los cinco años considerados en la investigación.La Cámara también puso el caso en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos y recordó que la reparación integral de las víctimas de violencia constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico.La recalificación del delitoEn el mismo fallo, aunque en este punto por mayoría de Yacobucci y Ledesma, con la disidencia de Slokar, la Sala II hizo lugar al planteo de la defensa y recalificó el hecho de abuso sexual consumado a tentado. La propia fiscalía había sostenido esa calificación durante su alegato en el juicio oral.La Cámara aclaró que esa modificación no supone desconocer que el hecho ocurrió ni la responsabilidad penal del sargento Víctor Hugo Mercado, cuya participación fue confirmada por unanimidad después del análisis de la prueba testimonial y documental producida durante el debate.Para ello, Casación ordenó que la causa regrese al TOF de Concepción del Uruguay, que deberá tomar intervención con una nueva integración, previa audiencia y con participación de las partes.Mercado era sargento del Ejército Argentino y se desempeñaba como superior jerárquico de la víctima en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú, actualmente, Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado N° 2.El hecho investigado ocurrió en julio de 2016. Según se acreditó durante el juicio, el entonces suboficial obligó a la víctima a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechando esa situación, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y realizó distintos tocamientos sin su consentimiento.Después de que la mujer se negó, comenzó, según la acusación, una etapa de hostigamiento y acoso laboral. Mercado la habría sometido a burlas y expresiones denigrantes delante de sus compañeros y se refería a ella con apodos como "loca", "la soldado 22" y "la crazy" durante las formaciones.Pese a las denuncias formuladas en su contra y a una orden de alejamiento, la situación continuó y provocó un grave deterioro psicológico en la víctima. En septiembre de 2021 tuvo un intento de suicidio y posteriormente solicitó la baja del servicio militar."Cuando hice la denuncia en 2021, para mí fue un infierno todo ese tiempo. Él pasaba al lado mío y se reía", declaró hace unos años sobre Mercado la joven. "Me mandaba gente a decirme cosas. Había un principal, González, que era encargado de unidad y amigo suyo, que me decía: '¿Quién te va a creer si no tenés pruebas?'. Mientras, yo me preguntaba '¿por qué permiten que se acerque a mí si yo hice la denuncia?' No podía salir de la oficina, pero él podía andar libremente por el regimiento", recordó.El 8 de septiembre de 2025, el TOF de Concepción del Uruguay condenó a Mercado a cuatro años y seis meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como autor de abuso sexual simple, en concurso real con lesiones psicológicas graves mediando violencia de género.

Sánchez asegura que el juez Peinado "no será recordado por sus instrucciones": "Ha hecho mucho daño a la Justicia"

Juicio contra Pity Álvarez. La hija del hombre asesinado negó que tuvieran un conflicto previo y sentenció: "Solo pido justicia"

Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, volvió a poner en el centro del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez el impacto que tuvo en su vida el asesinato de su padre, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. La declaración de la hija de Díaz, que inicialmente no formaba parte de los testigos propuestos por las partes, fue uno de los momentos centrales de la jornada. Su padre tenía 36 años cuando fue asesinado y ella fue una de las personas más afectadas por las consecuencias del homicidio. En una entrevista anterior, Guzzardi había contado que desde entonces no podía escuchar las canciones de Álvarez y había reclamado que el músico pagara por lo que había hecho.La joven negó que hubiera algún conflicto previo entre su padre y el Pity. Y cuando le preguntaron qué esperaba del juicio, respondió sin rodeos: "Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio".El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y tiene al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados imputado como autor material del homicidio de Díaz. La continuidad del debate había quedado nuevamente en duda después de que la defensa recusara a los tres jueces del tribunal. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y el juicio pudo reanudarse."Fueron disparos a corta distancia"Después del testimonio vinculado a la familia de la víctima declaró Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense y responsable de la autopsia de Díaz.La médica explicó ante el tribunal que el hombre recibió cuatro disparos en el rostro y la cabeza y que, por la trayectoria de los proyectiles, el tirador debía encontrarse ubicado del lado izquierdo de la víctima.Uno de los elementos que destacó Bustos fue la presencia de pólvora en una de las fotografías tomadas durante la autopsia. Para la especialista, ese indicio resulta compatible con disparos efectuados a corta distancia."Fueron disparos a corta distancia", afirmó la forense durante su declaración, realizada por videoconferencia. También confirmó que Díaz murió como consecuencia de las heridas de bala y de la hemorragia interna provocada por los disparos.El testimonio de Bustos ya había comenzado semanas atrás, pero quedó interrumpido cuando Álvarez sufrió una descompensación durante una audiencia y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Por ese motivo, su declaración fue retomada este lunes.Después de la forense declaró la médica legista Mariela Biazoni Rolla, quien recordó el examen que le había realizado a Álvarez. Según explicó, durante esa evaluación el músico respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que recibía."Cuando uno le pregunta al causante su nombre y apellido, y le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, es que comprende lo que uno le está solicitando", explicó la profesional.También declaró Celminia Guzmán, médica del Cuerpo Médico Forense y especialista en neurología. La profesional recordó que durante el examen realizado al músico se detectó una parálisis facial del lado izquierdo, que, según explicó, era consecuencia de un accidente sufrido aproximadamente una década atrás.La defensa insiste con el estado de salud de PityMientras la prueba médica incorporada al debate describía las condiciones en las que Álvarez había sido evaluado, su defensa volvió a cuestionar que el músico esté en condiciones de comprender el proceso que enfrenta.En declaraciones televisivas, sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, sostuvieron que no alcanza con observar el comportamiento de Álvarez durante las audiencias para determinar si puede afrontar un juicio. Cuestionaron que el músico pudiera mostrarse activo, saludar a personas o sacarse fotografías, y que esos comportamientos hayan sido tomados como evidencia de que comprende lo que sucede en la sala.El abogado aseguró que la defensa cuenta con distintos estudios médicos, entre ellos una resonancia magnética y un encefalograma, que â??según su interpretaciónâ?? mostrarían un deterioro en la salud de Álvarez. También mencionó análisis de sangre realizados después de una recaída que, de acuerdo con su explicación, habría detectado "consumo activo". Fue entonces cuando utilizó una expresión que generó repercusión: "Hay un estudio que dice incluso que se le achicó el cerebro", afirmó.La frase corresponde a la explicación del abogado sobre la documentación médica que maneja la defensa y no a una conclusión expresada durante la audiencia por los médicos que declararon ante el tribunal. El propio defensor reconoció que estaba intentando traducir a un lenguaje coloquial información contenida en estudios médicos.El planteo de la defensa apunta a demostrar que Álvarez no estaría en condiciones de comprender plenamente el debate y, por lo tanto, no podría continuar siendo juzgado en las actuales condiciones. El abogado también sostuvo que mantiene dificultades para establecer con el músico la comunicación técnica necesaria para preparar la defensa y que muchas de las conversaciones vinculadas con el caso las mantiene con la hermana de Álvarez.Este miércoles a las 12 se realizará una nueva audiencia en la que darán su testimonio Esteban Toro Martínez (integrante del Cuerpo Médico Forense) y los inspectores Mariano González y Walter Guayta. Además, Adela Beatriz Ahuad aportará un informe psicológico.

La sorpresiva declaración de la hija de la víctima de Pity Álvarez: "Espero que se haga justicia"

Jacqueline Guzzardi (24) relató las horas previas del crimen de su padre, cuando la fue a visitar al Barrio Samoré de Villa Lugano.Qué dijo una médica legista que atendió al ex líder de Viejas Locas pocas horas después del crimen.

Episcopado mexicano pide al gobierno garantizar la seguridad, la justicia y escuchar a las víctimas

El pronunciamiento retoma a José María Morelos y Pavón para defender derechos humanos, igualdad ante la ley y protección a periodistas, además de llamar a un debate público sin descalificaciones

García-Page pide respeto a los tribunales y "no socavar" a la justicia

La Justicia confirmó el secuestro de más de 20 vehículos en una megacausa por casinos virtuales y lavado de dinero

Roberto Javier Zuco, señalado como líder de la organización, reclamó la devolución de la flota ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los coches quedarán a disposición de la Corte Suprema

La Justicia habilitó un proceso de salvataje para una algodonera de la familia Vicentin

Algodonera Avellaneda se encuentra en concurso de acreedores desde 2024. Tiene 360 empleados y debe a Banco Nación, su principal acreedor, más de $1.500 millones y US$ 260,8 millones.

Ministerio de Justicia defendió la aspersión aérea como herramienta contra el narcotráfico en Colombia: "No debe presentarse como una amenaza"

Iván Cancino González sostuvo que las plantaciones ilícitas financian grupos armados y afectan a comunidades en distintas regiones del país

Ministerio de Justicia se refirió a la polémica por la posibilidad de que la Policía ingrese a las universidades: "No están por fuera de la Constitución o de la ley"

En un comunicado, la cartera recordó que las autoridades pueden actuar si hay flagrancia, riesgo para la vida o afectaciones severas a bienes, y exigió respaldo jurídico y proporcionalidad

La Justicia de San Juan aplicó la reforma laboral a un despido de 2014 y la indemnización saltó de $6 millones a casi $160

En un fallo que marca un precedente, los jueces que integran la Sala 2 de la Cámara Laboral de San Juan decidieron aplicar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso y fallaron a favor de un trabajador que fue despedido en julio 2014.Con el nuevo cálculo, la indemnización que deberá percibir el exempleado pasó de unos 6 millones de pesos a casi 160. Si bien se trata de una sentencia firme, la misma fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el máximo tribunal deberá definir si corresponde o no dar lugar.Los magistrados Susana Raed y Germán Parra resolvieron aplicar el nuevo artículo 55 respecto de cómo deben calcularse los intereses de la indemnización. Según indicaron fuentes calificadas al medio local 0264noticias, es el primer fallo de esas características en la provincia.La ley de Modernización Laboral, número 27.802, entró en vigencia el 6 de marzo de este año. El artículo 55 establece "un piso y un techo" a los intereses a contemplar en una sentencia para todos "los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución".Algunos jueces consideran que esa norma va en contra de lo que indica el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 7 establece que "las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario".El expediente de este trabajador tuvo varias instancias previas, según el mismo medio sanjuanino. La primera se dio en septiembre de 2024, cuando se rechazó la demanda que hizo el exempleado; la segunda fue en agosto de 2025, momento en que la Cámara Laboral revirtió la sentencia inicial y condenó a las empresas a pagar la indemnización por despido; mientras que la tercera ocurrió en octubre siguiente, cuando el juez inicial analizó qué ítems debían tenerse en cuenta para hacer el cálculo de la indemnización. En el texto de la resolución, la jueza Raed, quien emitió los fundamentos, y Parra, quien adhirió, dejó en claro que la nueva ley se aplica a "los juicios en trámite, categoría que comprende al proceso cuyo pronunciamiento de grado fue apelado y pende ante la alzada, donde el litigio no concluyó ni la decisión adquirió autoridad de cosa juzgada". Según el cálculo que hizo el abogado en el expediente, "partiendo de un crédito nominal histórico cercano a los $800.000â?¦ su actualización por la doctrina Huaquinchay [plenario de la Corte de Justicia] arroja $5.822.000, suma que calificó de irrisoria tras veintidós años de trabajo y doce de espera". Mientras que "el art. 55 de la Ley 27.802 conduce a $158.000.000".En esta sentencia fueron condenadas tres empresas: Arraigo S.R.L., Fabritex S.A. y Milatex S.A., todas representadas en el expediente por el abogado Roy Kirby. Al respecto del fallo, el letrado lo calificó de "sorpresivo" y confirmó que presentó el recurso extraordinario por inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia local, planteo que formuló la semana pasada.

La Pampa presentó una cautelar en la Justicia para que suspenda el decreto de Milei que le da a Mendoza el 100% de las regalías de la represa Los Nihuiles

Lo informó el gobernador Sergio Ziliotto. Un decreto con la firma del presidente y del ministro Caputo beneficia a Mendoza en una pelea que lleva 53 años.

Tiene 360 empleados: la Justicia abrió el salvataje de una reconocida algodonera para evitar su quiebra

La Justicia resolvió hoy abrir un salvataje para evitar, por ahora, la quiebra de Algodonera Avellaneda, la textil de integrantes de la familia Vicentin que controlaba la excerealera que cayó en concurso de acreedores y el año pasado fue rescatada tras un cramdown por el grupo rosarino Grassi SA. Algodonera Avellaneda tiene unos 360 empleados y su base de planta industrial e hilandería se encuentra en Reconquista, Santa Fe. La decisión de abrir el salvataje de la empresa en concurso de acreedores sobrevino luego de varias idas y vueltas y una batalla entre la firma y el Banco Nación (BNA).Gregg Sauder: la última máquina del hombre que resuelve los cuellos de botella de la agricultura modernaEl BNA representa más del 80% del pasivo quirografario computable. El crédito verificado y admisible del BNA se ubica en $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40. La algodonera había pedido la exclusión del BNA del cómputo de las mayorías para cerrar su concurso. Lo consideró un "acreedor hostil" por no dar sus conformidades pero el banco se defendió en su momento alegando que con una propuesta de pago no recuperaba el 100% de los desembolsos realizados.Fabián Lorenzini, el juez del proceso judicial, rechazó el pedido de exclusión del BNA de las mayorías e informó que la concursada no logró las mayorías de capital exigidas. Y abrió el registro de salvataje "a fin de que los interesados (acreedores, cooperativa de trabajadores constituida o en formación, o terceros) se inscriban para ofertar por la adquisición de las cuotas de capital de Algodonera Avellaneda SA y obtener las mayorías para un acuerdo preventivo". Según el magistrado, la misma empresa concursada podrá participar del proceso sin inscripción previa. Alcanzará con que exprese su voluntad en el expediente.De acuerdo con el escrito del juez, la inscripción empezará desde las 07:30 del martes 29 de septiembre de 2026 hasta las 12:30 del lunes 5 de octubre próximo. Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del proceso judicial, si no hay interesados luego se pasaría a la quiebra, aunque con la intención de que continúen los contratos de quiénes realizan fasones.Respecto de esto último, en el fallo de Lorenzini se sostiene: "La planta industrial opera al 60% de su capacidad por inconvenientes en la maquinaria de hilandería, manteniendo su actividad mediante contratos de fasón cuyos ingresos se destinan al pago de salarios, sin generar márgenes para la cancelación del pasivo verificado". Y en cuanto a su situación patrimonial detalla que posee "un patrimonio neto negativo, verificándose un pasivo que supera de forma significativa el valor de sus activos". Noticia en desarrollo

Los vecinos de Francisca Cadenas exigen "verdad y justicia" para este crimen atroz

La Justicia laboral porteña condiciona su arranque al traspaso de los recursos que acordó con la Nación

El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, estará en condiciones de funcionar en abril próximo, dijo a LA NACION Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. El funcionario, sin embargo, condicionó ese arranque a que se produzca la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, estimados en unos 60.000 millones de pesos para la cobertura de los cargos."La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que estamos esperando el convenio de transferencia de recursos", dijo Tapia.La llegada de la justicia laboral porteña es producto del traspaso de la justicia nacional laboral y su progresiva desarticulación. En la justicia laboral nacional tuvo históricamente influencia y poder de lobby el peronismo y los gremios. La Corte Suprema de Justicia llamó la atención en reiteradas ocasiones, revocando fallos desproporcionados o fuera de toda lógica en perjuicio de los empresarios. La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso determinó que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales de los casos individuales que tramiten, mientras que las nuevas demandas laborales, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, tramitarán en el fuero laboral local. Los juicios colectivos por casos relacionados con asuntos gremiales seguirán en la justicia contencioso-administrativa federal o en la nacional, donde se redujo el número de jueces de primera instancia y los camaristas que se van jubilando.En la Ciudad de Buenos Aires se preparan para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales porteños y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una. Se aprobó también en la Legislatura un código procesal laboral porteño.Pero con la nueva ley laboral se dispararon las necesidades. Pues con el progresivo cierre de la justicia laboral nacional, se prevé que el fuero laboral local tramite unas 30.000 nuevas causas.Para hacerlo no alcanzan los nuevos 10 juzgados, cuyos jueces está designando el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.Ya se hicieron los concursos y están los candidatos que en el sistema porteño se designan tras una audiencia pública a realizarse el 18 de septiembre.El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad es diferente al de la justicia federal. En la Ciudad no interviene el Poder Ejecutivo, solo el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura.El Consejo le propone directamente un candidato a la Legislatura porteña y es la Legislatura la que designa por mayoría absoluta de sus miembros.Si la Legislatura rechaza esa propuesta, el Consejo tiene que proponer otro candidato. Si la Legislatura no se expide en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por el vencimiento del plazo.50 nuevos juzgadosPara atender a esta necesidad de nuevos jueces, está pendiente de aprobación en la Legislatura una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños con siete salas y la ley del Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) porteño.Esto requeriría que se transfieran los recursos nacionales. Tapia ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, con el viceministro Santiago Viola y con Pilar Ramírez, la referente en la Legislatura de Karina Milei.Se está trabajando en una idea de un convenio de traspaso progresivo de fondos; no importa si la Ciudad debería poner plata en el inicio del proceso, mientras que la Nación lo complete. Incluso, confiaron fuentes del oficialismo porteño a LA NACION, se piensa en abrir un "libro de pases" con algunos jueces nacionales en caso de que no se llegue a tiempo con los concursos para cubrir las 50 vacantes en la ciudad.Lo mismo podría ocurrir con la cobertura de las vacantes de los empleados, que verían reducidas sus tareas en la Justicia Nacional. En ambos casos, de todos modos, la última palabra la tendrá la ciudad a la hora de elegir. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que se piensa abrir un registro de empleados de la Justicia nacional que se quieran pasar a la Justicia porteña. En el Consejo de la Magistratura, la otra pata para que este sistema funcione, se está activando la organización de la secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero."El nuevo esquema de Oficina de Gestión Judicial que buscamos implementar en el fuero laboral propone cambiar el modelo tradicional, siguiendo experiencias de Córdoba y Tucumán. Basado en la oralidad y la celeridad, concentra las gestiones administrativas en una oficina que trabaja para un grupo de jueces, para que los magistrados puedan enfocarse en su función jurisdiccional y, especialmente, en las audiencias. El objetivo es una Justicia más ágil, que le ahorre tiempo al ciudadano y mejore su acceso a la Justicia", dijo Ferrero a LA NACION. El Consejo de la Magistratura local ya alquiló un edificio moderno en Alsina 833/845, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, donde funcionarán los juzgados, la Cámara, las salas de audiencias y tendrán sus oficinas los peritos. Son más de 3100 metros cuadrados. Se prevé una organización denominada de "gestión judicial asociada", donde oficinas centralizadas, por ejemplo de audiencias o de trámites, canalicen las tareas y cada juzgado se dedicará solo a la labor jurisdiccional. Es decir, dictar sentencias, no organizar audiencias o llevar una contabilidad interna o gestionar personal.La idea es estandarizar procesos que atiendan las necesidades de gestión de varios juzgados.El Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya mandó en julio pasado los pliegos para cubrir los primeros cargos y los tratará la Legislatura en la audiencia del 18 de septiembre.Antes ya se había aprobado el "Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que previamente fue aprobado por el Congreso Nacional. Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura a jueces de Cámara son: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau (exfuncionario de Macri y Milei en el Ministerio de Trabajo) y Gabriela Inés Fernández. Para la Fiscalía de Cámara fue propuesto Germán Helvio Queipo, mientras que para los diez juzgados de primera instancia los postulantes son María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.Por otra parte, para las dos fiscalías de primera instancia fueron propuestas Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, mientras que Damián Natalio Ariel Corti se postula como candidato a asesor tutelar de Cámara y Federico Kaimakamian Carrau para el cargo de asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia.

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La Justicia y la política tienen precio, y alguien lo paga

Solemos hablar de la Seguridad Social como si fuera un problema de administración: déficit, alícuotas, relación entre activos y pasivos. Esas variables importan, pero esconden la pregunta de fondo. La Seguridad Social no administra beneficios: decide. Decide quién recibe protección y quién no, quién la financia y en qué medida, qué riesgos se socializan y cuáles se dejan librados al individuo. Cada una de esas decisiones es, en su esencia, una decisión de justicia. Y toda decisión de justicia tiene un precio, que alguien paga. La presencia del Estado en la Seguridad Social no es, entonces, una opción política entre otras igualmente válidas. Es una exigencia constitucional. Y la evaluación de las formas que adopta esa presencia -qué administra directamente, qué delega, qué controla, qué financia- debe hacerse siempre desde la perspectiva de las tres funciones constitutivas: ¿garantiza con suficiencia? ¿organiza con equidad? ¿redistribuye en la dirección correcta? Cuando la respuesta a alguna de esas preguntas es negativa, el Estado no ha cumplido su función. Y el sistema habrá tenido un precio que pagaron quienes no podían permitírselo. Por eso también la política con su decisión tiene un precio que pagar.Ese precio es literal -proteger cuesta dinero- y también distributivo: lo que uno recibe, otro lo financia. Cuando el debate se reduce al lenguaje técnico-financiero, esa dimensión distributiva queda oculta detrás de números que parecen neutros y no lo son. Cada reforma previsional es, en el fondo, una decisión sobre quién gana y quién pierde. Fingir que es sólo una cuestión actuarial es una de las ficciones más productivas -y más engañosas- del debate público. Conviene, además, abandonar la idea de que la Seguridad Social es asistencia. La asistencia depende de la voluntad política del momento; el derecho, no. Un jubilado que entiende su haber como un derecho exigible puede reclamar ante los tribunales y resistir recortes arbitrarios. Uno que lo percibe como una concesión graciosa queda a merced de la discrecionalidad estatal. La Constitución, en su artículo 14 bis, eligió la primera concepción: no dice que el Estado intentará otorgar la protección social, dice que la otorgará, con carácter integral e irrenunciable. La teoría de la justicia ofrece herramientas precisas para entender por qué. El principio de diferencia de John Rawls admite desigualdades sólo si benefician a los menos aventajados de la sociedad; un régimen especial más generoso, financiado por quienes cobran haberes mínimos, no supera ese test. Amartya Sen enseñó que lo relevante no es la existencia formal de una prestación, sino lo que efectivamente permite hacer y ser a quien la recibe: una jubilación que no alcanza para vivir con autonomía no cumple su función, aunque exista en el papel. Y Ronald Dworkin explicó que las desigualdades derivadas de circunstancias no elegidas -enfermar, envejecer, quedar discapacitado, perder el sostén de familia- son las que la sociedad debe corregir, precisamente porque nadie las eligió. De ahí se sigue algo que el debate previsional argentino discute poco: la Seguridad Social pertenece a la lógica de la justicia distributiva, no de la conmutativa. No es una cuenta de capitalización individual donde cada uno recibe exactamente lo que aportó. Es un sistema de solidaridad organizada por el derecho, donde quienes tienen más financian a quienes tienen menos. Cuando esa dirección se invierte -cuando trabajadores de ingresos medios financian, vía impuestos generales, regímenes especiales de sectores con más poder de negociación- el sistema traiciona su propia razón de ser. La Corte Suprema construyó, con los años, una dogmática sólida en defensa de esa idea. En "Sánchez" (2005) estableció que el haber tiene naturaleza sustitutiva del salario y carácter alimentario. En "Badaro" (2006 y 2007) declaró que la falta de movilidad adecuada, sostenida en el tiempo, es tan inconstitucional como una quita expresa: la degradación silenciosa por inflación también destruye un derecho. Y "Elliff" (2009) exigió que el haber inicial se calcule correctamente desde el primer día. El Sistema Interamericano llegó más lejos todavía: en "Muelle Flores vs. Perú" (2019), la Corte Interamericana reconoció que el derecho a la pensión está directamente protegido por la Convención Americana, y responsabilizó a un Estado por dejar sin ejecutar, durante más de veinte años, una sentencia previsional. La inejecución prolongada, dijo la Corte, no es un problema administrativo: es una decisión con costo humano concreto. Ese mismo marco permite responder una pregunta incómoda, que se suele evitar: ¿es justo que un haber exceda largamente cualquier nivel de vida razonable, no para preservar dignidad sino para acrecentar patrimonio? La respuesta, si se es coherente con todo lo anterior, es que no. Quien exige un haber sin techo porque "aportó para eso" vuelve a aplicar el criterio conmutativo que ya descartamos: trata a la Seguridad Social como una cuenta propia, cuando nunca lo fue. Nuestra Corte nunca declaró inconstitucionales los topes jubilatorios en abstracto. Desde "De Rose" (1976) sólo exige que no produzcan una desproporción confiscatoria, y en "Actis Caporale" (1999) fijó ese límite en una merma del quince por ciento. Pero ese test, pensado para proteger haberes que sin tope ya eran razonables, pierde sentido si se aplica mecánicamente a remuneraciones extraordinarias: llevado al absurdo, volvería inconstitucional un tope que redujera cien mil dólares mensuales a ochenta y cinco mil, cifra que ningún criterio de suficiencia podría justificar como piso de protección. La propia Corte evitó esa mecanización en otros fallos: en "Villanustre" (1991) ancló el límite del haber reajustado en un criterio funcional -no superar lo que se ganaría en actividad- y años después, en "Mantegazza", advirtió contra la aplicación aritmética y automática de esa doctrina. Un tope justo no se define por un porcentaje fijo de descuento sobre cualquier base, por elevada que sea: se define por la suficiencia real del haber. Incluso el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, norma fundacional de la Seguridad Social moderna, autoriza expresamente fijar montos máximos, siempre que no vacíen el nivel de sustitución que el propio sistema promete. Esto no es una objeción a la propiedad ni un desconocimiento del esfuerzo de quien aportó sobre salarios altos. Es una precisión sobre qué protege la Seguridad Social y qué no. Protege contra la pérdida de un nivel de vida digno frente a una contingencia. No protege, ni tiene por qué proteger, la acumulación patrimonial indefinida financiada con solidaridad ajena. Quien aspira a acrecentar su patrimonio por encima de ese umbral cuenta con todas las herramientas del derecho privado -ahorro, inversión, seguros voluntarios- para hacerlo. Lo que no puede exigir es que ese acrecentamiento lo pague, sin saberlo, un trabajador que cobra el haber mínimo. La conclusión es la misma con la que empezamos: la justicia y la política tienen precio, y alguien lo paga. Cuando el sistema protege con suficiencia a quien más lo necesita, ese precio construye una sociedad más justa. Cuando permite que haberes ya excesivos sigan creciendo sin límite, financiados por quienes menos tienen, ese mismo precio se convierte en una injusticia silenciosa. La pregunta que una sociedad debe poder responder, en cada reforma y en cada sentencia, es siempre la misma: ¿quién paga, y por qué?

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