La mujer publicó una reflexión en sus redes sociales sobre la injusticia que, según afirmó, enfrenta la empresaria de fajas tras cumplir casi 13 meses en prisión y permanecer alejada de su hija pequeña
El juez consideró insuficiente la prueba presentada por el demandante y determinó que no se verificó la responsabilidad de la concesionaria demandada en los daños atribuidos al vehículo
La Cámara de Apelaciones confirmó un fallo que responsabiliza a la municipalidad por el accidente. El tribunal estableció que el deterioro de la calle y la ausencia de señalización fueron determinantes en el hecho
Fue comandante de las Fuerzas Quds y ministro del gobierno iraní. El fiscal Nisman lo consideraba uno de los ideólogos del ataque terrorista perpetrado en 1994 en Argentina
La sentencia destaca que la mujer había presentado pruebas suficientes de especial vinculación con España, como la superación de exámenes culturales y donativos a instituciones dedicadas a la cultura sefardí
El ciudadano alegó que no renovó el documento porque no pensaba salir de España en ese tiempo
El atentado frustrado contra el juez federal Leandro D. Ríos representa una amenaza directa al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática
En 2010, el atentado contra la ruta 47 dejó cicatrices imborrables en Mejicanos. Para una madre salvadoreña, la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo se convirtió en una lucha que duró más de una década
El realizador italiano Marco Bellochio rescató la historia de Enzo Tortora, que en los ochenta pasó de ser un presentador televisivo famosísimo a un paria cuya vida se apagó entre el oprobio y el anonimato.
"Todo el Poder Judicial espera el 1 de marzo", dicen en los pasillos más influyentes del Palacio de Justicia. Es que los jueces están revolucionados en la antesala de la asamblea legislativa.La lista de sus preocupaciones la lideran las vacantes en la justicia nacional y federal, que llegan a un récord del 37%, lo que pone en riesgo su funcionamiento.Además, la reforma laboral diluyó el fuero laboral e hizo desaparecer de un plumazo treinta juzgados del Trabajo, una sala de la Cámara y congeló los concursos.Se teme que la transferencia de competencias a la Ciudad avance sobre toda la justicia nacional civil, comercial y penal, con lo que esos jueces también están en riesgo.Además resta completar el sistema acusatorio en Comodoro Py y el resto del país, y hay un proyecto de nuevo Código Penal, que en campaña electoral se anunció que iba a ir al Congreso, pero eso no pasó. Por si bastara algo más, la Corte sigue incompleta, con solo tres jueces (de cinco), y las vacantes además del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación.Con este escenario, el Poder Judicial espera una señal del presidente Javier Milei cuando dé su discurso en la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo próximo.Sin embargo, a juzgar por los trascendidos que provienen de la Casa Rosada, es probable que las expectativas de los jueces y fiscales se vean defraudadas. "El discurso de Milei estará centrado en lo económico. De dónde vinimos y adónde llegamos. No hay anuncios en materia judicial, puede que haga alguna mención a la cobertura de las vacantes, pero nada más", dijeron a LA NACION tres funcionarios que llevan estos temas en el seno del Gobierno en la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia.No obstante, si hay posibilidades de que esta vez sí el Gobierno avance con el envío de los pliegos de los candidatos a jueces que ya concursaron y que están en el Poder Ejecutivo.En total hay 203 vacantes, cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo; hay 157 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 78 concursos en trámite.Entre esos 203 cargos vacantes hay muchos jueces y camaristas del interior del país y probablemente sean los primeros pliegos que se envíen en el próximo trimestre.Los cargos, ya que fueron negociados y basta una mayoría simple en el Senado para que les den acuerdo a los candidatos.Estos cargos serían para la Cámara en lo Penal Económico, donde hay solo dos de seis jueces necesarios; la justicia federal de Salta, Córdoba, Mendoza (Cámara Federal), Chubut y la Cámara Federal de San Martín.Son cargos de la justicia federal del interior donde los gobernadores de esas provincias mostraron especial interés y el Gobierno está dispuesto a acordar.No se habla de las estratégicas vacantes de Comodoro Py 2002: cuatro en la Cámara Federal de Casación desde este mes de marzo, cuatro en los juzgados federales de primera instancia y dos en la Cámara Federal. Los concursos están en marcha y este año el Gobierno aumentará su poder en el Consejo de la Magistratura para incidir en esas selecciones. Daniel Angelici, el poderoso gestor de asuntos judiciales en la Ciudad, está dispuesto a jugar en esa elección apoyando a sus candidatos.Es más, hay quienes plantean reformar en este semestre el reglamento de concursos para revisar las listas que ya tienen un orden de mérito provisorio, porque los consejeros que llegaron ahora no son los que participaron en la corrección cuando se iniciaron esos concursos. Todo cambia.Quedarían para más adelante las vacantes de los jueces de la justicia nacional. Por lo pronto, la justicia laboral ya quedó en suspenso, con la ley aprobada en el Congreso que la diluye.Solo quedarán 50 juzgados existentes como residuales y nueve Salas de la Cámara, hasta que se dicten sentencia en las viejas causas y se jubilen los camaristas. Por lo pronto de los 18 que hay a fin de año puede que queden una decena.Lo que parece que está fuera de agenda del Gobierno en el avance definitivo sobre la justicia nacional y su traspaso a la Justicia de la Ciudad. El fuero laboral fue una necesidad, luego del fallo "Levinas" de la Corte, que le cedió la competencia de revisar todos los casos al Tribunal Superior de Justicia porteño. Y contribuyó a diluir un fuero conflictivo para el Gobierno, pro-peronista, que fallaba con sentencias desproporcionadas en perjuicio de los empresarios.Pero no hay otros avances en otros fueros, aunque se elabora un informe en el Ministerio de Justicia pensando a largo plazo en el traspaso.Con respecto a la Corte Suprema de Justicia, todas las fuentes coinciden en que la idea es completarla con dos candidatos y, a futuro, si es necesario, ampliarla hasta 7 integrantes.Quienes serán los que se encarguen de la tarea es un misterio, ya que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prepara su salida del ministerio. Antes de irse dejó una lista de candidatos, con muchas mujeres, pero no tuvo eco en el seno de la Casa Rosada.En el Gobierno analizan que avanzarán con la Corte cuando se avance primero con los jueces de los tribunales inferiores. Están entusiasmados en la Casa Rosada por cómo cambió la ecuación en el Congreso.Dicen las fuentes, con muchísimo optimismo voluntarista, que están "a un voto de conseguir los dos tercios" sin el kirchnerismo y con los nuevos aliados que le devolvieron gobernabilidad. Y señalan que cuando tengan todos los votos, ahí avanzarán con un paquete que incluya al Procurador General y al Defensor General."Nada se va a resolver por ahora, todo será más adelante", dijo una fuente de la sede de Gobierno.En tanto, está en la puerta del Congreso, pero aún no ingresa, el proyecto de nuevo Código Penal. Elaborado por una comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, trabajada luego por el ministro Cúneo Libarona y completada con sugerencias de Patricia Bullrich, el texto aún no se presenta.Son 920 artículos, unificando el texto vigente desde hace 100 años de 316 artículos. Este proyecto busca endurecer las penas, incluyendo delitos graves como homicidio y narcotráfico, y tipificando delitos contemporáneos como la pornovenganza y el secuestro virtual. Además, se establece la imprescriptibilidad para ciertos delitos y se elevan las penas para delitos frecuentes como robos y estafas. La reforma también incluye cambios en la legítima defensa.Dada la magnitud del proyecto y su extensión, que prevé una discusión que puede llevar años, hay una sugerencia en el Gobierno de partirlo en dos.Por un lado, quienes tienen esta idea sugieren enviar al Congreso toda la primera parte referida a los aumentos de penas y la parte general, que incluye unos 90 artículos.Y por otro lado, dejar los nuevos delitos, los cambios en el ciberdelito, los delitos especiales, en leyes complementarias, como la ley penal juvenil y que sean tratados de manera individual. Nada está dicho.
Tribuno votó en contra de que la Ley 31751 sea declarada constitucional porque no tiene en cuenta la gravedad y complejidad de todos los delitos
El presidente de la AFA volvió este viernes al país tras un viaje a Colombia y Brasil.Pidió autorización para ir a Venezuela a la inauguración de un centro de alto rendimiento. El juez que lo citó a indagatoria por la retención de aportes no lo autorizó.
El sujeto fue sentenciado tras ser extraditado desde Australia, después de intentar escapar tras el veredicto de culpabilidad por delitos sexuales contra un alumno menor
El Juzgado Penal Económico N°5 rechazó este sábado el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. El dirigente quería asistir al acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol.El tribunal consideró que Tapia, envuelto en un escándalo por desvío de fondos y lavado, ya había intentado modificar sin autorización el itinerario previamente aprobado para otro viaje (Colombia y Brasil), excediendo los límites fijados, y que existían inconsistencias en las invitaciones al evento â??con cambios de fecha el mismo día de su emisiónâ?? que generaban dudas sobre la solicitud. El juez Diego Amarante ya le había autorizado su viaje a Colombia y a Brasil como presidente de la Conmebol pese a estar imputado. En ese marco, Tapia pidió extender su viaje hasta el 3 de marzo para ir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado lo rechazó; el dirigente volvió a la Argentina el viernes. Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tienen una audiencia prevista para declarar en indagatoria el próximo 5 de marzo. Ambos están acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, el jueves 19 de febrero, se les prohibió la salida del país."Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)", dice el fallo al que accedió LA NACION. Y agrega: "No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado por esta judicatura mediante la resolución del 23 de febrero de 2026. Y debe también destacarse que la única razón por la que no se materializó la realización de ese acto que implicaba una violación a las condiciones oportunamente impuestas, fue por el presunto cambio de fecha del evento informado, y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos".Noticia en desarrollo
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó la solicitud del titular de la AFA para viajar hasta el 3 de marzo
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El Estado provincial y la municipalidad fueron responsabilizados por la falta de custodia del vehículo. El fallo determinó que el damnificado tiene derecho a una compensación, fijada en dólares y convertida a moneda local al momento de la liquidación
El órgano judicial dio a conocer los nombres de quienes buscan ocupar plazas titulares y suplentes durante el periodo 2026-2031, mientras diversos sectores han señalado deficiencias en la transparencia y el acceso a los expedientes
La investigación involucra a familiares, testigos y figuras públicas, mientras la sociedad exige respuestas y transparencia en cada etapa del proceso
La resolución emitida por el juzgado de San Salvador impulsa la fase de sentencia para los tres procesados, quienes enfrentan acusaciones tras una investigación por prácticas fraudulentas que afectaron económicamente a 375 personas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de ocho años y diez meses de prisión para un abogado de Azul por abuso sexual con acceso carnal hacia un joven con esquizofrenia.Se trata de Claudio Castaño, de 54 años, quien había sido denunciado en 2016 cuando el joven aseguró que había sido llevado engañado a la casa del abogado y luego forzado a tener relaciones sexuales. El acusado negó el abuso y dijo que las relaciones existieron, pero que fueron consentidas.Castaño, un conocido abogado de la localidad de Azul, había sido detenido en mayo de 2021, tras la ratificación de Casación por encontrarlo culpable en una causa por estafa, en donde fue condenado a tres años y ocho meses de prisión.En este caso, en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, por entonces a cargo del juez Luis María Ramón Surget, dictó la condena a ocho años y diez meses de prisión, decisión que fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación bonaerense. En septiembre del 2024, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó la queja de la defensa por incumplimiento de la acordada que regula las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fallo quedó firme.El testimonio de la víctima, que tiene un cuadro de esquizofrenia, resultó en una de las pruebas determinantes para establecer la culpabilidad de Castaño y fijar la condena.Las peritos especialistas intervinientes en el juicio fueron coincidentes en la imposibilidad que tuvo la víctima de reaccionar y evitar que el hecho se consumara por su enfermedad de base.El juez Surget destacó que, por la relación previa de abogado-cliente que Castaño gozaba con la víctima, el acusado debía conocer las limitaciones del joven y su estado vulnerable e influenciable.En el momento en que se radicó la denuncia, el 26 de julio, el cuerpo del joven presentaba lesiones que se condicen con el abuso sufrido.El 11 de julio de 2016, cerca de las 22:00, Claudio Castaño abusó, haciendo uso de la fuerza física, mediante intimidación y en contra de su expresa voluntad, a la víctima.Citó aquella noche al joven en su domicilio de la calle Alem al 500. Una vez en el interior de la residencia, le manifestó "vení vamos a hacer algo entre nosotros, vamos a la pieza a estar más cómodos, vamos a ver una película a la cama".Ante la negativa de la víctima, lo tomó de sus brazos y lo condujo al dormitorio, en donde lo tomó del cuello, cerró la puerta y comenzó a forcejear para bajarle los pantalones al tiempo que le manifestó en forma intimidante "si no la querés pasar mal quedate quieto", atemorizando a la víctima dada su condición de abogado y la posibilidad de que tuviera un arma de fuego en el lugar. Allí se produjo el abuso, hasta que la víctima logró zafarse de su atacante.Condena previa por estafas a clientesEl 4 de septiembre de 2019, Castaño fue condenado por el delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados públicos. El abogado engañó a clientes a los que asesoraba y les pidió plata para supuestas coimas que servirían para beneficiar sus situaciones procesales.El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul lo sentenció a tres años y ocho meses de prisión, la inhabilitación para ejercer la profesión y el pago de una multa de $40.000 luego de que se comprobaran tres hechos, en concurso real de acciones y, en uno de esos casos, cometido en grado de tentativa.Según se mencionó en la resolución, uno de los hechos por los que Castaño fue condenado ocurrió el sábado 5 de marzo de 2011."Abusando del desempeño de su profesión de abogado de la matrícula que hace presumir un conocimiento del Derecho le pidió a un hombre al que patrocinaba, que estaba detenido en la Seccional 2ª de Tandil por una contravención, $1500", escribió en su fallo el juez Gustavo Borghi, al frente del TOC N° 1 de Azul."Lo engañó con el falso y supuesto pretexto de que debía remunerar al fiscal, juez o funcionarios intervinientes como condición necesaria para lograr su libertad por anticipado", señaló el juez en la resolución.
La asociación seguró que la problemática ya lleva tres meses. Está afectando la llegada de insumos fundamentales para sectores productivos
Todo comenzó en julio de 2019, cuando la trabajadora, de baja por una lesión en el hombro derecho, se convirtió en objeto de una investigación privada
La Cámara Federal dispuso el traslado de Leonardo Airaldi, imputado por narcotráfico y autor intelectual de un plan contra un funcionario público y otros integrantes del Poder Judicial. La medida busca garantizar la seguridad del proceso antes del inicio del juicio programado para la próxima semana. Leer más
Cada vez son más frecuentes los fallos judiciales que obligan a las distribuidoras de energía eléctrica a incluir en sus boletas el cobro de cuotas alimentarias. Ocurrió en los últimos años con Edenor y, la semana pasada, se sumó uno nuevo en Santa Fe.El Juzgado Unipersonal de Familia N° 11 de Rosario ordenó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) actuar como agente de retención: deberá incorporar en la factura del servicio eléctrico el monto correspondiente a una cuota alimentaria, depositarlo en la cuenta judicial del Banco Municipal de Rosario y, en caso de falta de pago, proceder al corte del suministro."Que proceda a incorporar en la facturación mensual del servicio de energía eléctrica (â?¦) un cargo mensual en concepto de cuota alimentaria (â?¦) suma que, una vez percibida, deberá retener y depositar/transferir a la cuenta judicial del Banco Municipal de Rosario", señala el fallo firmado por las juezas Florencia Martínez Belli y Andrea Mariel Brunetti.LA NACION intentó comunicarse con la EPE, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.El abogado Andrés Beccar Varela, que sigue estos casos, señala que se trata de una medida "muy novedosa", aunque encuadrada dentro de las facultades judiciales. "Está dentro del artículo 553 del Código Civil", explicó. Ese artículo establece que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.Sin embargo, el especialista advierte un punto distintivo en este caso: la orden no recae únicamente sobre el deudor, sino también sobre un tercero â??la distribuidora eléctricaâ??, a quien se le impone la obligación de actuar como agente de retención. "Eso es lo novedoso. Surgen interrogantes: ¿qué ocurre si la distribuidora no cumple? ¿Puede ser sancionada? ¿Y qué pasa si el usuario paga solo el consumo eléctrico y omite la cuota alimentaria incluida en la factura?", planteó.Un antecedente reciente se registró en agosto de 2024, cuando la Justicia porteña ordenó a Edenor cobrar en la factura de electricidad una cuota alimentaria de $80.000 a un usuario demandado. La empresa informó al juzgado que esa persona no tenía suministro activo ni era titular de ningún medidor, por lo que la orden resultaba de imposible cumplimiento. Al tramitarse en el fuero de familia, el expediente no es de acceso público y no hubo más novedades.En caso de que el usuario hubiera sido titular del servicio, la distribuidora debería haber informado la situación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Algo similar ocurrió en abril de 2025, cuando un juzgado de familia de La Matanza ordenó a Edenor retener el equivalente al 40% de un salario mínimo vital y móvil en concepto de cuota alimentaria.En esa oportunidad, el ENRE respondió que no correspondía incorporar el cobro de la cuota alimentaria en la factura eléctrica, en función de lo dispuesto en 2024 por la Secretaría de Comercio (resolución 267/24) y por el propio ENRE (708/24), que prohíben incluir conceptos ajenos al servicio de energía en las boletas.No obstante, el miércoles pasado la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional la resolución de la Secretaría de Comercio, tras una demanda presentada por la municipalidad de Pergamino, que cobra la tasa de alumbrado público a través de la factura eléctrica. LA NACION consultó al Ministerio de Economía si va a apelar la medida, pero no tuvo respuesta.En los últimos años, especialmente en municipios del conurbano bonaerense y del interior del país, se volvió habitual que las facturas de electricidad incluyan cargos por servicios no vinculados directamente con la energía. Además de la tasa de alumbrado y limpieza, en algunos distritos se incorporan cuotas de seguros de vida o créditos.Dado que el servicio eléctrico registra bajos niveles de morosidad y suele ser el último que los hogares dejan de pagar, muchos gobiernos locales y empresas acuerdan con las distribuidoras la inclusión de otros conceptos en las boletas.En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley 10.740 â??vigente desde 1991â?? habilita a los municipios a convenir con las distribuidoras la percepción de la tasa de alumbrado en la factura de luz. A su vez, la resolución 151 del ENRE (1996) obliga a instrumentar un mecanismo para que los usuarios puedan manifestar su voluntad de no pagar esa tasa en la boleta. Ese mismo año, la resolución 725 fijó las condiciones para su implementación en los municipios que suscriban los convenios correspondientes.En la práctica, los usuarios pueden abonar únicamente el consumo eléctrico y omitir la tasa municipal, aunque esta opción no siempre aparece de manera visible en la factura.Con excepción de Edenor y Edesur, el resto de las distribuidoras del país están reguladas por entes provinciales, que determinan hasta qué punto las empresas pueden incluir en las boletas cargos distintos al servicio de energía eléctrica.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la querella, que denunciaba una maniobra de financiamiento ilegítimo, y ratificó que las transferencias fueron legales
El exmandatario de EEUU también afirmó que él no hizo "nada malo". El interrogatorio debió realizarse a puertas cerradas.
La información surgió a partir de un pedido de Guillermo Tofoni, querellante en la causa, quien denunció a los dirigentes de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por fraude por la ruptura de un contrato. Leer más
El organismo dirigido por Daniel Vítolo cuestionó el traslado realizado por la Asociación del Fútbol Argentino a Pilar, remarcando que no se cumplieron los requisitos legales necesarios para modificar el ámbito de control estatal
La protesta tuvo lugar en el mismo punto donde las autoridades programaron la reconstrucción de los hechos, medida clave para determinar responsabilidades.
Varios miembros de la pandilla 18 fueron condenados a décadas de cárcel tras comprobarse su participación en extorsiones reiteradas y agrupaciones ilícitas en comunidades rurales, de acuerdo con información oficial
La ley permite usar distintos tipos de prueba, como certificados de estudios sobre cultura española y conocimientos del idioma
La defensa cuestionó la demora en las diligencias y advirtió que se habrían perdido pruebas importantes
El juez federal con competencia en provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla revocó la decisión de la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense que había excluido la lista vinculada al intendente de Tigre, Julio Zamora, y ordenó su oficialización para las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo.La nómina está encabezada por Mario Alberto Zamora -su hermano- como candidato a presidente del Consejo Distrital del PJ en Tigre. La Junta Electoral había resuelto no oficializarla mediante la Resolución N° 10, al considerar que la lista de congresales provinciales no incluía la totalidad de titulares exigidos al cierre del plazo. Además, en una segunda resolución (N° 46), había rechazado la apelación presentada por la lista al entender que había sido interpuesta fuera del plazo de 24 horas previsto en el reglamento.En sus fundamentos, Ramos Padilla declaró la "temporaneidad del recurso de apelación". Explicó que la resolución que excluía la lista fue publicada el jueves 19 de febrero a las 23.30 en el sitio web partidario y que la mesa de entradas de la Junta Electoral funciona "de lunes a viernes de 12 a 17hs.". Como no existe modalidad de presentación digital, el magistrado consideró que la apelación presentada el siguiente día hábil debía considerarse válida.Superado ese punto, el juez analizó el fondo del conflicto. Allí sostuvo que "no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado", sino de "la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada dentro de dicho plazo". Según detalló, los tres nombres cuestionados ya figuraban como suplentes en la lista original y fueron reubicados para completar la cantidad de titulares requerida en el distrito.En ese sentido, afirmó que "no resulta ajustado a derecho privar de su participación electoral a una lista" por "defectos formales que se resuelven con el solo corrimiento de los candidatos". En la parte resolutiva, el magistrado ordenó a la Junta Electoral proceder a la inmediata oficialización de la lista de congresales de Tigre, efectuar el corrimiento correspondiente respetando la paridad de género y oficializar también la categoría de consejeros, que no había sido objetada.Ramos Padilla dejó sin efecto la proclamación de la lista única realizada por la Junta en el distrito y dispuso que se garantice a ambas nóminas la asignación de número y color, así como los plazos para presentar los modelos de boleta y cumplir con los demás requisitos de participación.
Las elecciones en seis municipios de Mendoza insinuaron los primeros síntomas de fatiga en el desdoblamiento de los comicios, la fórmula utilizada por los gobernadores para enfrentar el desafío que representa la Libertad Avanza a los liderazgos caudillescos. Sobre todo en sociedades descreídas de la política tradicional y que perciben al gobierno de Javier Milei como un agente de cambio. Derrotado en tres de esas comunas, el peronismo está obligado a revisar esa estrategia si, como se descuenta, recurrirá otra vez a ella en 2027. Pero las conclusiones que podrían extraer sobre este curioso remanente de las elecciones de 2025, no son menos alarmantes para los que optaron por aliarse al gobierno y no ser arrasados por La Libertad Avanza. Alfredo Cornejo es un caso paradigmático. Ser uno de los gobernadores más cercanos a Milei no lo eximiría de los aparentes sometimientos impuestos por el Presidente a sus aliados. Particularmente en el Congreso. Cornejo, incluso, se resignó a que "Cambia Mendoza", su lema electoral, vaya en segundo término en las boletas y el proselitismo electoral. Sin reelección ni sucesor consolidado en su espacio, al propio Cornejo le costaría hallar razones para que Luis Petri no compita por el cargo de gobernador el año que viene. Electo primer diputado nacional por la alianza entre Cornejo y Milei, el exministro de Defensa es una vieja inquietud de Cornejo. Los 29,79 puntos que obtuvo en las PASO de 2023 fueron opacados por el 19,22 de Petri. Ese resultado no solo condicionó el festejo que tenía organizado Cornejo con Bullrich. La entonces candidata presidencial optó por Petri como compañero de fórmula. El dato sobresaliente del pasado domingo es, sin embargo, el aparente hartazgo de los electores con las sistemáticas convocatorias a sufragar. El 46 por ciento de participación promedio representa una caída de 20 puntos con relación a las primarias de hace dos años (66%). Si bien ganó en Maipú, Santa Rosa y La Paz, el peronismo perdió por 700 votos en San Rafael, uno de los departamentos más importantes. La ecuación habría sido otra si los cuatro mil de La Cámpora con "San Rafael futuro" hubiesen tributado a la lista del intendente Omar Félix. Omar sucedió a su hermano Emir, electo diputado nacional. Los Félix concentran la expectativa del peronismo no kirchnerista por desplazar del PJ a Anabel Fernández Sagasti. Junto a la bonaerense Juliana Di Tullio, dos incondicionales de Cristina Kirchner en el Senado. En miniatura, ese conflicto permite observar en detalle la confrontación desgastante que enfrasca a los bloques de Unión por la Patria en el Congreso. Cómo diseñar una oferta electoral atractiva sin una fractura que lo prive de ser competitivo. La calidad del debate sobre el futuro inmediato no difiere demasiado en la UCR, donde las distintas tribus pactaron la unidad en el Comité Nacional ante el espanto causado por la incertidumbre. Como en un espejo empañado, ese acuerdo debería reflejarse esta semana en otro similar del radicalismo bonaerense. Con la diferencia de que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora cuentan con reelección, la situación en Santa Fe y Córdoba guarda similitudes con la de Mendoza. Después de Buenos Aires y la Capital, las jurisdicciones que concentran el mayor número de electores. Aunque de forma gregaria, dirigentes del PJ, la UCR y Pro mantienen contactos con la idea de conformar un frente que carece por ahora de un líder que lo conduzca si no a la victoria, al menos a un desempeño favorable. A esa dificultad, por el momento insalvable, se suma la amenaza del gobierno de eliminar las PASO. ¿Tendría la oposición que colabora con el oficialismo un argumento eficaz para oponerse a derogar esa ley? La pregunta corroe a varios de los dirigentes que esbozan ese proyecto. De esas conversaciones no participa Axel Kicillof. Pese al esfuerzo con que lo intenta, al peronismo no kirchnerista le cuesta hallar diferencias entre el gobernador bonaerense y Cristina. Un problema seguramente acrecentado desde el miércoles. Gregorio Dalbón anunció ese día por X que a través de la Dirección de Personas Jurídicas, la provincia de Buenos Aires aceptó el traslado del domicilio jurídico de la AFA. Una decisión que la dejaría fuera del alcance de la resolución de auditar con veedores dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ). La Dirección de Personas Jurídicas depende de Martín Mena. El ministro de Justicia es uno de los funcionarios de confianza de Cristina que ocupan casi la mitad del gabinete de Kicillof. No deja de ser llamativo que sus voceros habituales hayan delegado en el abogado personal de Cristina comunicar un acto de gobierno de enorme trascendencia. No solo porque el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, sea el presidente del Ceamse en representación del gobierno bonaerense. Tapia y su tesorero en la AFA, Pablo Toviggino, son investigados por el presunto desvío de fondos y lavado de activos. Ese silencio oficial avalaría el malestar de intendentes aliados con Kicillof por aceptar ser el presidente del PJ bonaerense por aparente imposición de Cristina. Hay entre ellos quienes opinan que la expresidenta prepara una venganza con el desdoblamiento electoral de 2027. "Una vez que se elija gobernador a quién le va a importar si Axel es presidente." El kirchnerismo acusa al gobernador de no haber colaborado con la elección del 26 de octubre tras el triunfo del 7 de septiembre. Pero el cambio inminente que introduciría el gobierno en su elenco tras una búsqueda que parecía infructuosa, podría tener un impacto inesperado en la causa AFA. Fuentes judiciales dan por seguro que Juan Bautista Mahiques sustituirá a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia si acepta que Santiago Viola lo secunde. Quien ocupa el lugar que tendría Viola, Sebastián Amerio, sería ubicado en otra área del gobierno. En apariencias, esa definición terminaría de redondear este fin de semana. Juan Bautista es el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires e hijo de Carlos Mahiques, el juez federal de Casación Penal que desde el lunes dejará de integrar la sala I de ese tribunal. La sala I debe resolver si la causa donde se investiga el origen de los fondos para adquirir una quinta en Pilar cuya propiedad se atribuye a Toviggino. Aunque Mahiques lo niega, es firme la versión de que en enero festejó su cumpleaños en esa propiedad. No deja de ser una ironía que Mahiques pueda haber celebrado en ese predio su cumpleaños número 75, la edad límite para ejercer como juez y el motivo por el que Milei le pidió al Senado que lo ratifique en su cargo antes que este hecho trascienda. Los aparentes buenos oficios de Daniel Angelici ante Cúneo Libarona habrían sido vitales para que ese pedido llegue a la Cámara alta. Angelici es sindicado como benefactor de los Mahiques. Padre e hijo habrían figurado en la lista de contactos que Sergio Massa le habría ofrecido a Cristina para contribuir con la suerte de sus causas judiciales como parte de la supuesta oferta realizada a la expresidenta para ocupar el Ministerio de Economía. Massa y Angelici mantienen contactos por la autorotulada industria del juego. Los dos se vincularían con Toviggino a través del fútbol. El traspaso a la ciudad del fuero laboral incrementa el poder de Angelici en la Justicia. El lunes serán notificados de sus calificaciones quienes concursaron para cubrir cuatro vacantes de jueces y seis de camaristas. El inicio de un proceso en el que juegan un papel decisivo las entrevistas personales y el lobby político. De concretarse, los cambios en el Ministerio de Justicia confirmarían una victoria de Karina Milei sobre Caputo. Podría ser una mala noticia para Bullrich y sus aspiraciones de ser candidata a vice de Milei o jefa de gobierno en la ciudad. Sobre todo por el malestar de Karina por el pacto de Bullrich con Villarruel que confirmó a Bartolomé Abdala como presidente previsional. Karina deseaba en ese lugar a Nadia Márquez, incondicional de Martín Menem, aliado de la hermana del Presidente. A Bullrich le servirían de poco los argumentos de orden institucional: la Constitución faculta a la vicepresidente como jefa administrativa del Senado. En teoría, una circunstancia menor frente a un sistema político que sucumbiría ante los Milei. Pero también una alerta temprana sobre la suerte que podrían correr quienes buscan amparo a ese derrumbe refugiándose entre ellos.
El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas
Dirigentes de la Seccional Zárate-Campana pidieron que se lo investigue por la cesión del manejo de fondos sindicales a una compañía vinculada con La Cámpora. Las elecciones del gremio metalúrgico, telón de fondo del conflicto
Tras la presentación de una vecina por un presunto abuso cometido por un hombre de la zona, la Dirección de Bienestar Animal retiró a dos perras de su domicilio para garantizar su seguridad. Leer más
El hombre habría ofrecido bienes a bajo precio y aseguraba tener influencias para facilitar trámites, sin especificar las fechas en las que se cometió el delito ni los afectados
El plan era que el nieto comprará la casa con el dinero que le dio su abuela, para que ambos convivieran. Sin embargo, la relación se fue deteriorando rápidamente
Jorge Iván Cuervo explicó que su postura no implica un enfrentamiento con el presidente, sino que responde a su preferencia por centrarse en la agenda técnica de su cartera
Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas
WASHINGTON.- En una nueva revelación de la saga del caso de Jeffrey Epstein que cayó como una bomba en esta capital, decenas de entrevistas a testigos del FBI sobre la investigación del fallecido depredador sexual fueron retenidas por el Departamento de Justicia el mes pasado, cuando publicó miles de archivos, entre ellas algunas relacionadas con la denuncia no verificada de una mujer que acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente hace décadas.La investigación, publicada inicialmente por National Public Radio (NPR) y luego ampliada por The New York Times y la cadena CNN, refiere a memorandos del FBI que resumen las entrevistas de la agencia en relación con las denuncias realizadas en 2019 por una mujer que, luego del arresto de Epstein aquel año, declaró haber sido agredida sexualmente tanto por el financista como por Trump cuando ella era menor de edad. Esos archivos -que no se hicieron públicos a pesar de una ley aprobada por el Congreso que exigía su divulgación- incluyen más de 50 páginas de entrevistas del FBI, así como notas de conversaciones con la mujer que acusó a Trump, señaló NPR en su artículo.La existencia de los memorandos se reveló en un índice que enumeraba el material de investigación relacionado con su relato, el cual se hizo público. Según ese índice, el FBI realizó cuatro entrevistas en relación con sus denuncias y redactó resúmenes de cada una. Sin embargo, el Departamento de Justicia, que lidera Pam Bondi, solo publicó un resumen de las cuatro entrevistas, que describe sus acusaciones contra Epstein. Los otros tres no fueron dados a conocer.Un registro de pruebas proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, en su momento cómplice y pareja de Epstein, incluye los números de serie de unos 325 registros de entrevistas con testigos del FBI. Sin embargo, más de 90 de ellos (más de una cuarta parte de la lista) no parecen estar presentes en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión de la CNN.Los archivos públicos tampoco incluyen las notas de la entrevista subyacente, que el índice también indica que forman parte del expediente, señaló The New York Times, que hizo una revisión exhaustiva. El Departamento de Justicia publicó notas de entrevistas similares en relación con entrevistas del FBI con otros posibles testigos y víctimas de Epstein.La oposición demócrata se hizo eco de la investigación periodística y denunció la "desaparición" de esos archivos. Los encargados fueron los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dedicada al esclarecimiento del caso Epstein y a controlar cómo el Departamento de Justicia desclasifica los documentos.Luego de la revelación de NPR, el miembro de mayor rango de ese comité, el congresista demócrata Robert García (California), indicó que revisó los registros del Departamento de Justicia y que pudo "confirmar que parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con la sobreviviente que acusó a Trump de crímenes atroces".García y otros legisladores demócratas que integran la comisión anunciaron que abrirán una investigación paralela sobre la decisión del Departamento de Justicia de no publicar esos documentos.El departamento que lidera Bondi rechazó las acusaciones y pidió a los demócratas que dejen de difundir información engañosa. "Nada ha sido borrado. Si algunos documentos fueron retirados para eliminar los nombres de las víctimas, lo fueron solo temporalmente", destacó.Ante un requerimiento de explicaciones, el Departamento de Justicia afirmó el lunes a The New York Times que "los únicos materiales que se han ocultado eran reservados o duplicados". Y un día más tarde, el martes, señaló la posibilidad de que esos archivos pertenezcan a "una investigación federal en curso". Los funcionarios no explicaron directamente por qué no se publicaron los memorandos relacionados con la denuncia de la mujer contra Trump.La descripción de la mujer -de quien se resguarda el nombre- de haber sido agredida por Trump en la década de 1980 se encuentra entre varias acusaciones sin corroborar contra hombres conocidos, contenidas en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia.Cuando los archivos se hicieron públicos a fines del mes pasado, los funcionarios los describieron como si incluyera todo el material enviado al FBI."Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", declaró en ese momento el Departamento de Justicia mediante un comunicado. El hecho de que esos registros no hayan aparecido profundizaron las dudas sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado la divulgación de los archivos del caso Epstein.En un comunicado emitido el martes, la vocera de la Casa Blanca Abigail Jackson afirmó que Trump había sido "totalmente exonerado de cualquier delito relacionado con Epstein".El caso del financista neoyorquino -quien fue hallado muerto en prisión en 2019- se ha convertido en un terremoto interno entre los republicanos y un dolor de cabeza para Trump. En su discurso del martes por la noche sobre el Estado de la Unión, el presidente omitió el caso Epstein y la divulgación de los archivos.Trump, que durante años mantuvo un estrecho vínculo con Epstein, ha negado sistemáticamente haber participado o tener conocimiento de los delitos sexuales por los que el financista fue acusado y llevado a prisión.Otros archivos que -de acuerdo a las investigaciones periodísticas- se ocultaron al público pertenecen a otra mujer que fue testigo clave de la acusación en el juicio contra Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Algunos de esos documentos fueron retirados brevemente y puestos de nuevo en el sitio web del Departamento de Justicia la semana pasada, mientras que otros permanecen ocultos, según la comparación realizada por NPR del conjunto de datos inicial del 30 de enero con los que se encuentran actualmente en la página de la agencia.Según la ley aprobada por el Congreso, el Departamento de Justicia puede censurar material que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas de Epstein, que representara violencia o abuso sexual infantil, o que perjudicara una investigación federal en curso. Sin embargo, la norma prohíbe expresamente a los funcionarios federales retener o censurar material "por vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política" hacia figuras públicas.Algunos legisladores y sobrevivientes de los abusos de Epstein criticaron al Departamento de Justicia por la forma en que gestionó las censuras. También advirtieron que se expusieron los detalles que identificaban a algunas víctimas y que se incluyeron fotos de mujeres jóvenes desnudas, mientras que el material relacionado con denuncias de abusos por parte de otros hombres había sido censurado en gran medida.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. validó la legitimidad del intercambio de información entre el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión podría poner en peligro a ciertos inmigrantes que declaren impuestos.El IRS puede compartir datos de inmigrantes con el ICEUn panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington D. C. emitió un fallo y rechazó la solicitud de grupos civiles para suspender temporalmente el acuerdo de datos entre ambas organizaciones.La decisión publicada el pasado 24 de febrero representa una mala noticia para ciertos inmigrantes, ya que la agencia de impuestos no protege los datos de contribuyentes y compartirá nombres y direcciones.Esto bajo el argumento de que no viola las leyes de confidencialidad cuando se trata de investigaciones criminales, incluidas las personas con órdenes de deportación ya emitidas.El intercambio de datos no supone que el IRS entregue información al ICE de manera automática; más bien supone que la agencia de inmigración entregue al departamento recaudador de impuestos una lista de personas que están bajo investigación o que cuenten con una orden final de deportación.Posteriormente, el IRS buscará en sus archivos a la persona para corroborar si ha declarado impuestos y entregará al ICE la dirección registrada recientemente. Esta medida afectaría principalmente a quienes usan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y declaran sus ingresos sin tener un estatus legal.Gobierno de EE.UU. defiende el intercambio de datos La solicitud que buscaba bloquear temporalmente el intercambio de información entre ambas agencias fue enviada por un grupo de derechos de los inmigrantes para evitar facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano.A pesar de que diversos grupos de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes reaccionaron negativamente al fallo de la corte, el gobierno de EE.UU. defendió su postura.Harry T. Edwards, uno de los jueces de la Corte de Apelaciones, expresó que es poco probable que los grupos solicitantes tengan éxito en sus reclamos, ya que la información que comparten las agencias no está cubierta por el estatuto de privacidad del IRS.Por otra parte, Pam Bondi, fiscal general, celebró la decisión del tribunal como una victoria crucial para la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con The Washington Post.El argumento de las autoridades es que el acuerdo entre el IRS y el ICE ayuda a llevar a cabo la agenda del mandatario estadounidense para deportar a los inmigrantes indocumentados y asegurar las fronteras del país.Qué inmigrantes deben presentar declaración de impuestos en EE.UU.La ley estadounidense indica que los migrantes en cualquier parte del país norteamericano están obligados a pagar sus obligaciones ante el IRS, sin importar su estatus migratorio.El ITIN es el proceso en el que los extranjeros que están irregularmente en EE.UU. pueden pagar impuestos, ya que no se requiere de un número de Seguro Social.El procedimiento del número de identificación personal del contribuyente consta de una cifra de nueve dígitos emitida por el IRS y tiene validez en el sistema tributario, aunque no funciona como identificación en otro ámbito.Las leyes del país norteamericano indican que todas las personas que generen ingresos deben pagar impuestos, lo que significa que los inmigrantes indocumentados deben cumplir las mismas obligaciones fiscales que los residentes legales.
La mujer fue descubierta por una persona en plena "actividad sexual" con un joven.Era docente en un internado de niñas en el que ganaba 30.000 libras al año.
Una serie de documentos detalla solicitudes de eventos deportivos, registro en hoteles y lazos sociales complejos que involucran a personalidades internacionales
Pese a que ya pasaron casi dos meses de que el Gobierno puso en marcha el plan de identificación electrónica obligatoria de los vacunos, a través del Senasa, un grupo de productores ganaderos decidió ir en contra de la medida por considerarla innecesaria e injusta. Por eso, comenzaron a presentar recursos administrativos individuales para intentar revertir la obligatoriedad del sistema. Y si no obtienen respuesta favorable anticiparon que agotarán las instancias administrativas y avanzarán por la vía judicial.El planteo apunta contra la resolución 841/2025 del organismo sanitario, que impuso la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos. Los productores cuestionan tanto el costo como la forma de implementación y sostienen que la medida impacta exclusivamente sobre el criador.Carlos Baravalle, productor ganadero de Carrilobo, al sudeste de Córdoba, y vicepresidente de Bases Federadas â??organización creada en 2023 que surgió como una disidencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) y que hoy reúne a unos 500 productoresâ?? es uno de los impulsores de la iniciativa. "Hace tiempo que nos manifestamos en contra de la trazabilidad electrónica, no del uso de la tecnología, sino de la imposición, de su obligatoriedad", afirmó a LA NACION.Mes récord: el Gobierno informó que la agroindustria exportó en enero por US$4152 millonesSegún explicó, la discusión no pasa por la herramienta en sí, sino por su carácter obligatorio. "Estamos en contra de su obligatoriedad porque consideramos que para algunos productores que tienen, por ejemplo, 400 madres, un sistema así le puede facilitar la carga de datos y el trabajo en la manga. Ahora, para productores de 200 madres para abajo, este sistema en realidad lo termina complicando", señaló.Baravalle sostuvo que el nuevo esquema no genera mejoras productivas. "Podemos confirmar fehacientemente que este tipo de tecnología no aumenta el índice ni de preñez ni de destete. He estudiado los procesos que intervienen en la ganadería y cría, sé del potencial que tiene la ganadería y cría, y me da bronca que erremos el camino", expresó.Abrupta caída: una importante región agrícola tuvo una de las peores sequías en 40 añosEn ese sentido, agregó: "El 80% de los ganaderos argentinos están por debajo de las 150 madres. Es decir que le estamos poniendo a esos productores un costo innecesario. Hay que dejar que el propio ganadero decida en qué invertir su dinero".El dirigente también cuestionó el argumento oficial vinculado a la eficiencia. "En el Gobierno dicen que no solamente es una cuestión sanitaria, sino que además que mejora la eficiencia del rodeo. No es así. Está comprobado, por ejemplo, que en el vecino país de Uruguay, que hace 20 años que tienen este tipo de trazabilidad, no aumentaron su índice de preñez y de destete", indicó.Sobre el impacto comercial, fue crítico: "Teóricamente, la carne vacuna trazada puede ingresar en nuevos mercados y luego se va a derramar en la cadena. Pero en esa teoría del derrame, los criadores tenemos que esperar tres años para ver eso, mientras tanto del costo nos tenemos que hacer cargo solo nosotros".En ese sentido, dijo que el reclamo también apunta a la distribución de costos dentro de la cadena cárnica. "Resulta que el único que paga el costo es el productor. Ninguno de los otros eslabones que conforman y participan de la cadena cárnica son parte del pago del binomio en cuestión", sostuvo.En paralelo al malestar sectorial, desde la dirigencia de Bases Federadas circuló un modelo de recurso administrativo que los productores presentan de manera individual ante el Senasa. El documento plantea un "Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio" contra la resolución 841/2025 y solicita que "se deje sin efecto la obligatoriedad de la identificación electrónica individual bovina".En forma subsidiaria, el escrito pide que "se establezca su carácter voluntario o que se suspenda su aplicación respecto de terneros/as nacidos desde el año 2025 y para pequeños y medianos productores ganaderos de cría".Entre los fundamentos, el recurso sostiene que la resolución resulta "arbitraria, irrazonable, desproporcionada y contraria a derechos constitucionales, generando un grave perjuicio económico y productivo".En el apartado económico, el texto detalla que el nuevo sistema implica un binomio electrónico de aproximadamente $3200 por animal, una "aplicación informática anual de $56.000 y un bastón lector electrónico de $3.800.000. Para un productor que desteta 100 terneros por año el costo pasaría de aproximadamente $35.000 a $4.176.000", dice el escrito."Esta carga económica no genera mejoras productivas ni sanitarias comprobables, resulta inviable para pequeños y medianos productores y provoca transferencia de costos hacia el eslabón más débil de la cadena", dice el escrito.Sin embargo, fuentes del Senasa aclararon ayer que el bastón para la lectura de la información no es necesario que lo tenga el criador sino que es para quien cierra el DTe, a saber un invernador, un feedlotero o un frigorífico; por lo que el costo que tendría un criador sería solo de la caravana electrónica. En tanto, según una de las once firmas que comercializan, el precio de la caravana está entre $1900 y $2250 (entre US$1,35 y US$1,6). En cuanto al valor del bastón, que son importados, en las empresas hablaron que oscilan entre los $1.350.000 a $2.810.000 (entre los 950 y 2000 dólares).En el documento que van a presentar en el Senasa también se advierte una "contradicción normativa manifiesta" respecto de la aplicación a animales nacidos en 2025 y sostiene que desde noviembre de 2025 "cesó la fabricación de caravanas convencionales", lo que â??según el planteoâ?? fuerza al productor a adoptar el sistema electrónico.En materia jurídica, el recurso invoca la vulneración del principio de razonabilidad, el derecho de propiedad, la libertad de ejercer industria lícita y el principio de igualdad.Asimismo, solicita una "medida cautelar administrativa" para suspender los efectos de la resolución respecto del establecimiento hasta que se resuelva el planteo y deja expresada la "reserva de accionar judicialmente, incluyendo acción de amparo".Baravalle anticipó que, en su caso personal, avanzará en esa dirección. "Voy a ir a la Justicia con un amparo en contra de esta resolución del Senasa porque la considero totalmente injusta. Nos trasladaron un costo y no nos da ningún beneficio", afirmó.Mientras tanto, el conflicto suma adhesiones. Según el dirigente, en conversaciones con muchos productores de diversas entidades ruralistas y autoconvocados, "hay un gran descontento con esta imposición".A casi dos meses del inicio del esquema obligatorio, con los primeros recursos administrativos ya presentados y la amenaza de judicialización en el horizonte, se abre un nuevo frente de tensión entre los ganaderos autoconvocados y el organismo sanitario.
El juez penal de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el exdirector de la Función Pública, quien no ha sido localizado desde agosto de 2025
La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental. Según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia no presentó a tiempo. La presentación de la IGJ, que llevó la firma de Daniel Vítolo, titular del organismo, es para establecer una veeduría que apunte a los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución futbolística con diversas personas. La IGJ intimó por primera vez a la cabeza del fútbol local, en diciembre pasado. Ese plazo venció el 20 de enero pasado y la institución, como la Superliga, presentaron lo que le era requerido. Luego de eso, la IGJ pidió más precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. Les dio para eso un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información. El organismo les pidió esas ampliatorias sobre lo que consideraban insuficiente. "Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo", había dicho Vítolo a este medio en la antesala de la decisión conocida hoy. La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Por eso pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos. El plazo para esa presentación venció ayer, pero solo la Superliga hizo su presentación. Por lo que, pasadas las primeras horas de este miércoles, el organismo dirigido por Vítolo empezó a elaborar la decisión a tomar a partir del incumplimiento de le AFA. Noticia en desarrollo
El organismo de control societario pidió al Ministerio de Justicia nacional la designación de representantes que releven documentos y verifiquen la información contable y financiera que no fue remitida por la entidad que preside Claudio Tapia
El estado acumula el mayor número de ejecuciones este año mientras la jueza Sonia Sotomayor advierte sobre posibles fallos graves y falta de transparencia en los procedimientos estatales de la pena capital
En las últimas horas, se difundieron nuevas imágenes que muestran a Adrián Villar junto a familiares cercanos tras el atropello, pese a lo cual ninguno de ellos se presentó ante las autoridades ni informó sobre lo ocurrido
El ministro de Justicia porteño explicó cómo se instrumentará el cambio de jurisdicción. Anticipó un período de adaptación de cinco años, la creación de tribunales con gestión integrada y abordó la alta litigiosidad del fuero.
La detención de Jorge Alberto "Turu" Mendieta en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe se realizó ayer, por orden del juez federal Aldo Alurralde. Tras el operativo de la Policía de Investigaciones, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre la detención del hombre sindicado como líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024 en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes.
La resolución reconoce que la demandante enfrentó dificultades laborales y personales debido al accidente por los que tuvo que contratar a otra persona en su tienda de ropa
La insólita medida del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la novena fecha del torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en repudio por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra aquella entidad por presuntos delitos de evasión impositiva y retención indebida de aportes, configura un liso y llano intento de extorsión por parte de dirigentes que se resisten a ser investigados por la Justicia, encabezados por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.Tal decisión resulta vergonzosa, no tan solo porque pretende tomar como rehenes a todos los aficionados al deporte más popular de la Argentina, sino también por la actitud cómplice de la inmensa mayoría de los representantes de los clubes afiliados a la AFA, que con su silencio avalan graves irregularidades en la conducción del fútbol local. Como hemos señalado oportunamente, que no sea la propia dirigencia de los clubes la que exija la renovación de la AFA revela un tan escandaloso como punible nivel de complicidad. Salvo casos aislados, como el del presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, no se han escuchado cuestionamientos públicos de los dirigentes ante la sucesión de anomalías de las que ha sido protagonista la conducción de la entidad rectora del fútbol argentino. Algo que solo puede explicarse por el nivel de dependencia económica que tienen la mayoría de los clubes de los recursos que manejan Tapia y Toviggino, como por el temor a represalias de quienes han dado muestras de capacidad para manipular arbitrajes. Una frase de Tapia -"Ya fueron por nosotros, pueden ir por ustedes si no hacen algo"- fue la invitación del presidente de la AFA al resto de los directivos a ensayar una defensa corporativa frente a cualquier embate de la Justicia. Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestosLas sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos. Estamos frente a demasiados y contundentes indicios de irregularidades como para que los involucrados en las denuncias puedan esgrimir, utilizando los mismos argumentos empleados por los políticos corruptos, que son víctimas de una "persecución". Existen hasta ahora cuatro causas que deberá investigar el Poder Judicial. La primera es por la presunta apropiación indebida de tributos y está a cargo del juez Diego Amarante; la segunda es por el desvío de fondos a través de la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, y está en manos del juez Luis Armella; la tercera es la causa de Sur Finanzas por lavado de activos, a cargo de la magistrada María Servini, y la cuarta se vincula a la lujosa quinta de Pilar, cuyo juzgado debe ser definido por la Cámara Federal de Casación Penal. Las fechas elegidas para el paro dispuesto por la AFA coinciden con la citación a declaración indagatoria hecha por el juez Amarante a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la entidad, a quienes se investiga por la posible omisión del pago de aportes a la seguridad social correspondientes a futbolistas y empleados, y de retenciones impositivas, por un total que supera los 19.300 millones de pesos.La suspensión del fútbol no es más que un vil chantaje por parte de quienes pretenden investirse de impunidad frente a hechos sobre los que necesariamente deben brindar explicaciones ante la Justicia. Les guste o no.
La causa investiga un presunto "rulo financiero", una maniobra que consiste en adquirir dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), para luego venderlos al mercado de la divisa blue, consiguiendo, de esa forma, una gran ganancia por la diferencia cambiaria. Leer más
Empleados y sindicalistas protagonizaron un acto en el que se vieron fotos de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral. También participaron miembros de la CGT y referentes políticos de la oposición Leer más
La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como "rulo cambiario". Entre los allanados, se encuentra el domicilio de una exsocia de Ariel Vallejo, el cuestionado financista de la AFA. Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio "Chiqui" Tapia.Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, "accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado 'dólar blue'", una maniobra conocida como "rulo cambiario". La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas. Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejo en Banfield.En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.CausaComo publicó LA NACION, la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.Según la denuncia, "por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud".Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).
Esta tarde, Jiménez Borra asumió la cartera de Justicia en medio de una transición marcada por reformas pendientes y retos heredados del sistema penitenciario. Se espera que su gestión concluya con el cambio de gobierno tras las elecciones
El ministro cordobés analizó en Infobae al Regreso los desafíos y alcances de la reforma penal juvenil. Planteó la necesidad de un tratamiento diferenciado para adolescentes y reclamó mayor inversión nacional para que la ley sea efectiva en todo el país
El expediente por el reconocimiento de la hija de un empresario de General Villegas fue elevado al máximo tribunal provincial tras un conflicto de competencia entre cámaras de apelación. La máxima instancia provincial deberá resolver dónde debe tramitar la causa y cómo debe integrarse el tribunal interviniente
Colectivos afectados por la catástrofe señalan preocupación ante el avance del expediente contra el exresponsable autonómico y muestran esperanza en que el proceso judicial conserve la seriedad, subrayando la importancia de que ningún cargo quede exento de responder ante la ley
El dirigente sostuvo que la medida fue adoptada por "solidaridad" ante lo que considera una avanzada coordinada contra la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes. Leer más
El detrás de escena del insólito paro que decretaron los dirigentes del fútbol argentino a pedido de Tapia.Con Riquelme ausente, Boca le dio todo el apoyo a los popes de la AFA.Sin embargo, River, no estuvo de acuerdo con la medida y habló de demagogia.
La familia del histórico comediante logró retirar el contenido y sentar bases para la protección de identidades digitales, en medio de la expansión del contenido sintético y la preocupación por el legado de los artistas
La sentencia avaló la constitucionalidad de la reforma laboral de 2024, aunque aclaró que el trabajador aún puede reclamar daños si los acredita. Leer más
Desde lavado de dinero con Sur Finanzas hasta contratos comerciales en el exterior o un partido que se cobró y aún no se hizo, el jefe del fútbol argentino está bajo la lupa por delitos e irregularidades.
El tribunal justifica su decisión en la ausencia de pruebas que demuestren una buena conducta cívica, tal y como exige la ley
Era la última instancia que le quedaba al ex presidente para dar vuelta su situación.En el club, celebraron el fallo y ahora tienen mayor tranquilidad para gobernar.
El presidente de la AFA debió depositar una caución para viajar a Colombia y Brasil mientras avanza la causa por evasión impositiva de la entidad. Leer más
Luna López recibió el alta tras 23 días internada luego de quedar parapléjica en el tiroteo y volvió a reclamar condenas para los tres menores detenidos y el adulto acusado de proveer las armas. Leer más
Trabajadores se movilizaron en la puerta de los tribunales del fuero. El líder del gremio, Julio Piumato, habló de "desguace". El traspaso es parte de la reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados. Leer más
Ambos iniciaron un trabajo como cocineros que abandonaron voluntariamente porque "no les llenaba"
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viajará a Colombia y Brasil por compromisos oficiales en el marco de la causa que investiga a la entidad por presunta evasión impositiva
Cómo fue el detrás de escena de una reunión de Jufejus que desembocó en un pedido inédito de las cabezas de los poderes judiciales de todo el país. Qué dijo el funcionario nacional. Leer más
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la condena por tentativa de homicidio agravado. El exefectivo disparó desde su balcón en el barrio Molina Punta en 2021, dejando a la víctima con lesiones gravísimas y movilidad reducida. Leer más
Jorge Iván Cuervo aseguró que los funcionarios del Gobierno tienen total independencia frente a iniciativas ciudadanas y detalló sus prioridades en el fortalecimiento del sistema penitenciario y la justicia agraria
Un juzgado había rechazo previamente la petición del padre, argumentando que el menor no había estado internado de forma prolongada en un hospital
La defensa del presidente de Sidenor sostiene que la investigación judicial contra José Antonio Jainaga carece de fundamento razonable y denuncia medidas desproporcionadas, mientras el empresario asegura que actuó siempre conforme a la legalidad y mantiene su honorabilidad
El máximo responsable de la compañía reitera su tranquilidad frente a las acusaciones por exportaciones a Israel, denuncia decisiones judiciales "desproporcionadas" y afirma haber presentado pruebas que, asegura, demuestran la legalidad de las operaciones en cuestión
El tránsito de lo estrictamente procedimental a una visión sensible evidencia la necesidad de adaptar el sistema judicial a demandas sociales que reclaman mayor humanidad y reconocimiento de experiencias diversas
La sentencia expuso los criterios que deben evaluarse en reclamos por daños automovilísticos y precisó el alcance de la carga probatoria en procesos judiciales de especial complejidad
La empresa Flyzar no entregó todos los planes de vuelo o los manifiestos completos de los 60 viajes de sus aeronaves a la mansión de Pilar atribuida a Tapia y Toviggino.Bajo juramento, los tripulantes afirmaron no haber llevado pasajeros.
El exsenador planteó dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía tras la desaparición de documentos clave, al preguntarse si existe "un innombrable 2.0" en el sistema judicial
Testimonios clave de altos cargos y exagentes policiales serán escuchados ante el tribunal en Madrid, donde se decidirá el futuro judicial de la familia Pujol, acusada de enriquecimiento ilícito y vinculada a operaciones policiales y financieras controvertidas
Para eliminar esta ayuda, debe demostrarse que el distanciamiento es "intenso, relevante, manifiesto" y atribuible en exclusiva a los hijos
El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado
Una Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que consideró que la conducta del titular del vehículo facilitó el hecho ilícito, configuró culpa grave y liberó a la aseguradora de responder por los daños reclamados
La mesa chica del Gobierno tomó una decisión clave ante el anuncio del cierre de la histórica fábrica. La intimidad en el Gabinete ante las noticias por la actividad económica y la oportunidad que se le abre a La Libertad Avanza para negociar casilleros clave
La legisladora dijo que con la reforma laboral "no hay trabajador que no vaya a sufrir las consecuencias". El papel "central" clave de Pullaro en la aprobación de la ley.
El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales
La secuencia del proyecto de reforma laboral, o modernización, bien puede escribirse en una agenda y esperar que suceda. Primero, segura aprobación en el Senado. Después, trámite formal para promulgar la ley y entonces, operatividad de la norma. Empezará, entonces, un camino paralelo, en dos campos de juego muy distintos. En el territorio del Gobierno, avanzarán con la reglamentación de decenas de artículos, institutos y procedimientos; en la oposición y los gremios, apelarán la judicialización, ya advertida, de parte o toda la ley. Y acá surge el gran interrogante ya que esta batalla judicial se dará en gran parte en la Justicia Nacional del Trabajo, el llamado fuero laboral, un conjunto de 80 juzgados y sus 10 cámaras de apelaciones que la propia ley manda a desarmar.Será todo un desafío para el oficialismo y la vida de la ley, ya que serán los propios jueces sentenciados a desaparecer o, por lo menos, a pasar a depender de la justicia porteña, los que tendrán las primeras palabras sobre la constitucionalidad o no de la modernización laboral.Cuando la norma partió del Senado con su aprobación incluyó un artículo clave, el 90. Allí se incorporó como parte integrante de la ley un convenio firmado apenas unos días antes, el 9 de febrero. Ese día, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, rubricaron llamado "Acuerdo de transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires".Se trata de un documento para traspasar las competencias judiciales en materia laboral de la Nación a la jurisdicción porteña. El texto establece un plan de transición y, además, establece la necesidad de un segundo paso: otro convenio para el traspaso de los recursos que ahora serán solventados por la administración de Jorge Macri.La importancia del asunto es que será la Justicia, no sólo la porteña sino la de todo el país, la que decida la constitucionalidad o no de la norma que seguramente se aprobará en pocos días. Pero claro, éste fuero es la caja de resonancia más importante para estos asuntos. Y justamente, desde varios lugares apuntan a este lugar como una de las trincheras de resistencia del kirchnerismo. De hecho, la decisión de terminar con él y pasarlo a la Ciudad se fundamenta, además de las cuestiones constitucionales sobre la autonomía porteña, en el convencimiento de que esos juzgados serán remisos a cualquier cambio en el régimen actual.El año pasado, varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus pares porteños habían iniciado una mesa de trabajo para avanzar en el traslado. Para sorpresa de los negociadores locales, en el proyecto de ley, apareció el artículo 91 y los sorprendió. "Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos", decía el primer borrador de la reforma que apareció en diciembre.En el verano, esas negociaciones se convirtieron en un acuerdo formal, como se dijo, firmado el 9 de febrero. Entonces, aquel artículo se convirtió en otro que incorporó el texto rubricado por Adorni y Tapia. Pero, en la Ciudad está todo listo para recibir el fuero que en los últimos años se convirtió en uno de los lugares que sostuvieron el entramado legal que ahora se trata de cambiar, puntualmente desde que la familia Recalde se ocupó personalmente de cada una de las designaciones.En aquellos borradores ya se había avanzado en el traspaso. En mayo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad llamó a concurso para empezar a tener candidatos a los juzgados. Entonces hubo 52 inscriptos y el proceso avanzó.Ahora, el convenio que es parte de la ley que seguramente se aprobará establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados. Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.Antes de que empiecen a correr los plazos de transición, deben cumplirse tres condiciones previas. Además de la aprobación del Congreso de la Nación, también se requiere que la Legislatura porteña haga lo propio. Luego, avanzar en la firma del convenio específico de transferencia de recursos. Cumplido esto, se iniciará el plazo de 180 días. Una vez que el acuerdo entra en vigencia, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) tiene un plazo no mayor a 180 días corridos para finalizar los procesos de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público, además de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y operativas para el funcionamiento del fuero porteño.En caso de que la administración de Jorge Macri termine antes de ese tiempo deberá notificar al Estado Nacional para adelantar el traspaso formal. Recién entonces, las causas nuevas se radicarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo porteño.Ahora bien, la Justicia Nacional no desaparecerá entonces sino continuará tramitando exclusivamente las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha hasta que se dicte sentencia definitiva de segunda instancia (o de primera, si queda firme). Además, intervendrá en todos los conflictos colectivos o gremiales, entre otros asuntos. En otro párrafo se dispone que al entrar en vigencia el acuerdo se cerrarán de inmediato los juzgados nacionales que se encuentren vacantes, 30 listados en un anexo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.En resumen, el hito temporal más relevante es el de los 180 días posteriores a la ratificación legislativa, momento en el cual la justicia porteña asume plenamente el ingreso de nuevos expedientes laborales.La idea del gobierno porteño es crear inicialmente 10 juzgados laborales que empiecen a recibir todos los expedientes nuevos. Cerca del ministro Tapia, además de remarcar en la necesidad de ponerse de acuerdo con en la asignación de los recursos, pusieron el asunto en la necesidad de ver si se estipula alguna transferencia de jueces nacionales a la jurisdicción local. Es decir, abrir una suerte de "libro de pases, validación o aprobación" de la magistratura local.Por un principio de derechos adquiridos, los jueces nacionales seguirán como magistrados. De ahí la necesidad de algún sistema de pases, para que puedan decidir qué hacer, si pasar a la Justicia local o mantenerse, además de optar por el sistema de jubilación a los que les llegue el tiempo.La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso que lleva 30 años y que se inauguró con la aprobación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994.Sin embargo, la inclusión del artículo ya generó un fuerte rechazo entre los magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral porque entienden que implícitamente deroga la vigencia del fuero laboral nacional.En el último tiempo, el proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la de la ciudad ya se da desde que la Corte Suprema estableció, en el fallo "Levinas", que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el que interviene para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal. Los jueces nacionales, por ahora, se han resistido aplicar este fallo porque subsume los tribunales nacionales a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. De hecho, cuando los litigantes quieren revisar las sentencias de cámaras y piden la elevación al Superior Tribunal porteño, generalmente les deniegan el recurso, una pequeña resistencia que se quiebra con un recurso en queja.Esa trinchera judicial será el escenario de disputa entre la Nación y una parte de la oposición, gremialismo y kirchnerismo, se dará en medio del fuero con sentencia de desaparición. En el medio quedará la futura ley de modernización laboral, y los interrogantes que esa pelea irremediablemente va a generar.
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