El senador nacional por la provincia de Formosa se refirió a la instauración de mataderos ilegales y aseveró que, "se faena en lugares no habilitados y sin ninguna norma sanitaria, con la propagación de virus y bacterias mortales como la salmonella y el síndrome urémico hemolítico". Leer más
Entre el 26 y el 28 de diciembre, la jueza técnica Dolly Fernández escuchará a todas las partes para determinar la pena de cada condenado. La fiscal Nelia Velázquez anticipó cómo será la audiencia, qué disputas se abrirán y por qué la prisión perpetua para los Sena es inevitable. Leer más
Una jueza federal dictó una medida cautelar frente los perjuicios diarios que provoca la situación en el llamado "camino petrolero"
Uno de los canales automovilísticos más controvertidos en YouTube es WhistlinDiesel, que tiene un contenido en el que suele llevar los vehículos al límite, con el que logró construir una audiencia masiva a base de rupturas mecánicas, destrucción y desafíos al sentido común.Uno de sus capítulos más recordados fue hace dos años, cuando Cody Detwiler â??líder del proyecto y rostro del canalâ?? condujo temerariamente un Ferrari F8 Tributo a través de una plantación de maíz seco. Como era de esperar, el superdeportivo no estaba diseñado para ese terreno ni para condiciones de rally.El Ferrari F8, pensado para asfalto y alta velocidad en pista, posee un sistema de refrigeración y una configuración del motor muy sensibles a la acumulación de polvo y a la falta de flujo de aire. Bajo esas circunstancias extremas, el motor se sobrecalentó y terminó incendiándose. Las llamas se propagaron con velocidad, al punto de alcanzar la minivan del equipo de producción, que quedó completamente calcinada.Más allá del impacto visual y la espectacularidad buscada para la audiencia, el episodio dejó al descubierto otro aspecto central: el riesgo de utilizar un vehículo fuera de los escenarios para los cuales fue concebido. Forzar una mecánica de alta performance en entornos para los que no fue desarrollada no solo implica la destrucción del propio auto, sino que puede desencadenar consecuencias que exceden ampliamente la intención original del contenido.En zonas rurales y secas, por ejemplo, una chispa, una fuga o una temperatura extrema pueden convertirse rápidamente en un incendio fuera de control. En este caso, las llamas afectaron al equipo de filmación, pero podrían haber alcanzado terrenos privados, cultivos, infraestructura agrícola e incluso expandirse a mayor velocidad y poner en peligro vidas humanas.Hasta ese momento, el episodio se consideraba simplemente otro exceso propio del youtuber. Sin embargo, la historia acaba de incorporar un giro judicial que pone al creador bajo un nuevo foco mediático. En su cuenta de Instagram, Detwiler anunció recientemente su arresto y compartió fotos y videos del procedimiento. En las imágenes puede verse que la causa de la detención fue evasión de impuestos, vinculada directamente con la compra del Ferrari utilizado en aquel video.Detwiler quedó en libertad bajo fianza, pero deberá comparecer ante la justicia en el condado de Williamson, Tennessee. La causa podría implicar sanciones económicas significativas y antecedentes penales.
Preparan una movilización a un año de la muerte de Giovani Mvogo
Reclaman por una audiencia judicial en el caso Savani
Integrantes del gabinete ministerial dieron profundizaron en el anuncio dado por el presidente José Jerí en su primera entrevista televisiva
La formación propone la instalación de un Gobierno de Unidad Nacional y pide reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia
El informe realizado con el INEI advierte que el país podría llegar al 2030 sin cumplir metas clave: anemia infantil cercana al 44%, aprendizaje escolar en caída y cuatro de cada diez adolescentes mujeres afectadas por algún tipo de violencia
El mandatario estatal habló de la situación actual de diferentes áreas, destacando la transparencia y la atención social
BARCELONA.- El único elemento en el que han coincidido la prensa progresista y la conservadora en España a la hora de valorar la inédita condena a dos años de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito revelación de secretos es en definirla como un "hecho histórico". En el resto, la discrepancia es total. Desde que se filtró el jueves pasado cuál sería el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, los análisis sobre el juicio a García Ortiz tanto en la esfera política como en la mediática han reproducido fielmente la agria división política existente en España entre quienes apoyan al gobierno del socialista Pedro Sánchez y quienes desean su inmediata caída. Y en el fragor de la batalla, la primera víctima es la imagen de independencia del Poder Judicial.La acusación contra García Ortiz, seguida de su dimisión este lunes, surge de una controversia por el contenido de las negociaciones entre la fiscalía y los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP), actualmente procesado por fraude fiscal. González Amador está imputado por la supuesta elaboración de facturas falsas por 350.000 euros, un delito por el que podría enfrentar casi cuatro años de cárcel.El caso tomó un giro político cuando, como reconoció en el juicio el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, él mismo filtró el año pasado una noticia falsa que acusaba al Gobierno central de intervenir en el expediente de González Amador. Al día siguiente, la oficina del fiscal general emitió un comunicado desmintiendo la versión, pero para entonces ya se habían filtrado a la prensa documentos oficiales que demostraban la falsedad de la acusación.El juicio se centró precisamente en determinar si fue García Ortiz quien facilitó a los medios esos documentos y si ello constituyó una filtración irregular.En la sede del PP se celebró la sentencia del Tribunal Supremo como una gran victoria sobre el gobierno. "[La sentencia] confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió", espetó su líder, Alberto Núñez Feijóo, que tildó a García Ortiz de "peón" del Ejecutivo en su estrategia contra el PP. Acto seguido, y por enésima vez, Feijóo pidió la dimisión del presidente Sánchez. Tras la condena al fiscal general, no hay otra salida decente que la dimisión de Sánchez. pic.twitter.com/pP6HEPEHn7— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025Por su parte, el diario conservador El Mundo se felicitó por una sentencia que considera una muestra de la independencia del Poder Judicial. "Su inhabilitación como fiscal general es la inhabilitación moral y política del gobierno al que ha servido rebasando los límites de la ley", reza el editorial del diario.En cambio, al otro lado de la trinchera, la valoración era diametralmente opuesta. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitó a declarar que el gobierno tiene "el deber legal de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir que no lo comparte. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. pic.twitter.com/ls81VFyvSt— Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 20, 2025Sin embargo, los partidos que apoyan al Ejecutivo fueron mucho más mordaces en sus críticas, y varios de sus representantes calificaron el dictamen de "golpismo judicial". Desde su punto de vista, el hecho de que no hubiera ninguna prueba concluyente contra el fiscal, sino tan solo indicios, y de que los periodistas que publicaron la filtración hayan negado en sede judicial que García Ortiz fuera su fuente convierten la sentencia en una injusticia, y una prueba más de la voluntad de la cúpula judicial de derribar el gobierno.Mientras políticos y periodistas salían en tromba a valorar el histórico fallo, varios expertos legales pidieron cautela hasta que no se haga público el texto de la sentencia con sus correspondientes argumentos legales. Entre ellos, el prestigioso catedrático de derecho Jordi Nieva-Fenoll, que se muestra preocupado por los efectos del vitriólico debate actual en "la imagen de la independencia judicial".En un artículo publicado en El País, Nieva-Fenoll recuerda que cuando se supo la composición del tribunal, algunos periodistas ya clasificaron a cada uno de los magistrados con las etiquetas de "conservadores" o "progresistas". "Incluso alguno se atrevió a decir que los primeros votarían por la condena y los segundos por la absolución. Pues bien, exactamente así ha ocurrido... No sirve a la imagen de independencia que debe conservar la Justicia que sus servidores se vayan poniendo camisetas", lamenta.La cuestión de la politización de la Justicia en España es un viejo debate que se ha reavivado con fuerza estos últimos años. De hecho, la Justicia europea ya ha dado varios toques de atención a las instituciones españolas por la falta de independencia del poder judicial. Pero cada bando, progresistas y conservadores, tan solo escuchan sus sentencias cuando les conviene. Por ejemplo, los jueces europeos han criticado en numerosas ocasiones que sea el gobierno quien nombre de forma unilateral al fiscal general del Estado. Sin embargo, ello no impidió que Sánchez apostara por nombrar a García Ortiz, a quien la oposición consideraba demasiado cercano al Ejecutivo. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, llegó a calificarlo de "no idóneo" para el cargo, y el magistrado fue también reprobado por el Senado, con mayoría conservadora.En cambio, el PP ha ignorado también las opiniones de los magistrados europeos cuando le ha convenido. La última ocasión, este mismo mes cuando el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) validó la legalidad de la amnistía a los líderes y activistas independentistas por el referéndum de autodeterminación de 2017, todo un revés para el Tribunal Supremo, que se ha negado a aplicar en numerosos casos. La ley de amnistía es la de mayor calado político aprobada en esta legislatura. Aunque García Ortiz presentó su renuncia este lunes, su batalla judicial probablemente no terminará aquí. El magistrado puede recurrir al Tribunal Constitucional que, a diferencia del Supremo, cuenta con una mayoría de jueces progresistas. Ahora bien, esta es mucho más ajustada que la conservadora en el Supremo, por lo que sus resoluciones son más impredecibles. En todo caso, el Constitucional ya ha enmendado la plana al Supremo en varias sentencias de calado, otro golpe al prestigio de la Justicia española. Y es que algunos analistas interpretan sobre todo la condena a García Ortiz como la expresión de una batalla en el seno del Poder Judicial entre magistrados de diversas sensibilidades ideológicas.
Ella proviene de una millonaria familia de Australia y su esposo es un inglés ex chef, que ganaba mucho dinero en su país.Tienen tres hijos y viven sanos y felices lejos del mundanal ruido.
A 80 años de los Procesos de Nuremberg, el legado reside en su impacto en la memoria histórica, la investigación sobre el nazismo y la relación entre derecho e historia
Un hombre recibió un llamado en el que le anunciaban que había sido seleccionado para participar en una publicidad de un supermercado. El engaño culminó con la sustracción de sus ahorros. Para los jueces, la culpa es de la víctima, porque posibilitó la maniobra al facilitar sus claves a terceros
El presidente del Perú, José Jerí, dijo que como fue accesitario de Martín Vizcarra "no ía que se pensase que iba a despotricar para quedarme"
La Audiencia Provincial de Murcia añade intereses legales a la entidad financiera por desproteger los depósitos del demandante a la hora de adquirir una propiedad en la ciudad brasileña de Natal
Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender el fallo que bloquea la ampliación del proceso de deportación acelerada en todo el país, al considerar que la medida podría vulnerar el debido proceso de los inmigrantes.
Además, la mujer y su hijo mayor de edad también han sido condenados a una multa de 180 euros cada uno
La trabajadora fue relegada de su lugar de trabajo una tarde de febrero de 2022 sin previo aviso y con una carta que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca tildó de arbitraria
El hombre había intentado desheredarlas, pero el tribunal revirtió esa decisión
El tribunal ha entendido que la empresa no había roto el vínculo laboral sino simplemente negado la reincorporación por falta de vacantes
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Un repaso por los políticos y exfuncionarios peruanos investigados, prófugos o sometidos a procesos de extradición
La institución académica se había negado a certificar la validez del trabajo tras la solicitud del alumno, alegando un cambio en los criterios internos
La resolución concluye que "no se sigue ni el origen sefardí español de la demandante ni tampoco su especial vinculación con España"
La Fiscalía sigue sin ubicar al señalado, pieza clave en el atentado contra el político, mientras fuentes de inteligencia revelan que el grupo criminal también lo persigue y habría puesto una millonaria recompensa para evitar que hable
El músico, quien renunció al jurado un día antes del certamen alegando un presunto fraude, declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana
El hombre de 66 años no pudo declarar ante el juez porque fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles tras la agresión
El intenso debate judicial y político en Colombia gira en torno a la protección de garantías fundamentales y la legitimidad de los procesos internacionales
El fallo confirma que solo hechos probados de especial gravedad pueden excluir a un descendiente del reparto, rechazando el argumento familiar como justificación suficiente
El exmandatario cumplía prisión domiciliaria desde agosto. Sin embargo, se lo detuvo preventivamente luego de una orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Con críticas al "embate constante" de la hija, se confirmó que una mujer de 87 años es plenamente capaz. La adulta mayor relató que ya "no aguantaba más" el proceso, que se extendió desde 2021 y la sometió a pericias, audiencias e inhibición de bienes
La tía y abuela paterna del menor denunciaron que el cuerpo del menor de dos años y medio fue hallado en un sitio previamente inspeccionado, y con fluidos biológicos de la pareja de Derly Yulieth Ricar
El secretario de Transparencia asumirá el cargo de manera temporal debido a que César Valencia Copete rechazó la jefatura de la cartera
El exdirigente socialista niega las acusaciones en su contra tras abandonar Soto del Real después de casi cinco meses, denuncia falsedades respecto a los informes de la UCO y anticipa futuras explicaciones sobre el proceso judicial que afronta
La tragedia se produjo cuando varios automóviles colisionaron en cadena y chocaron contra el carro en el que viajaba Rosa Gualteros, que murió en el accidente
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, solicitó la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que incluye asesores, directores y viceministros
El expediente avanza con nuevas detenciones y allanamientos vinculados a maniobras que habrían generado un perjuicio millonario dentro del organismo. La causa apunta a órdenes falsas, recetas electrónicas irregulares y un circuito interno bajo sospecha. Leer más
Un heredero omitido de forma intencionada del testamento de su padre logró que la justicia reconociera su derecho a recibir una mayor parte de la herencia
El dependiente admitió haber incluido un seguro por robo de celular sin el consentimiento del cliente porque este le había faltado el respeto. La Cámara de Apelaciones sostuvo que la cesantía fue con justa causa
Javier y Karina Milei hacen bien en intentar que las leyes más importantes para el gobierno se sancionen en los próximos tres meses. El Presidente y su hermana parecen haber aprendido en estos dos años a calibrar la capacidad de tolerancia de la opinión pública para esperar por resultados vinculados a sus demandas. Pero también a calcular el tiempo que podría insumir a la oposición salir de su desconcierto. Más cautos, algunos gobernadores hablan de un plazo de seis meses para que el idilio de la sociedad con el oficialismo desnude algún eventual síntoma de desencanto.Como siempre en estos casos, resulta difícil establecer cuánto incide en este diagnóstico precoz el sesgo de deseo, promovido por la necesidad y la urgencia de cada uno. El dato objetivo es que a fines de junio de 2026 comenzará a delinearse la política de alianzas para las elecciones presidenciales de 2027. De cómo llegue cada espacio a esa fecha, dependerá el margen con el que cuente para negociar su lugar en una alianza con el oficialismo u otra para enfrentarlo. Esa perspectiva se proyecta sobre la posición que los bloques especulan adoptar con las iniciativas del oficialismo.De todas, la prioridad es el Presupuesto. El Presidente y su hermana precisan sancionarlo para dar una señal de garantía a la seguridad jurídica y de que se regularizará la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Sobre todo con Victoria Villarruel. Patricia Bullrich aludió a la vicepresidente con sobriedad desacostumbrada tras visitarla en el Senado. Esa necesidad, sin embargo, se superpondría con la de cubrir vacantes en la Corte, la Procuración General y la Justicia Federal. Para quienes razonan con malicia, una urgencia ligada a las causas que involucran a Karina Milei. Particularmente la del pago de supuestas coimas en el Andis. El éxito de las dos depende del que tenga Bullrich para organizar una nueva mayoría simple de 37 senadores alrededor de La Libertad Avanza y con la intención de aislar al kirchnerismo. O, más puntualmente, a Cristina Kirchner. Una meta que podría sobre cumplirse con la suma de los 20 de la bancada que liderará Bullrich con los diez de la UCR, cinco del Pro y cuatro aportados por las provincias de Santa Cruz y Misiones.Pero ese optimismo se diluye por la dificultad de compatibilizar los intereses de cada sector para ratificar esa aritmética. Bullrich ya habría tomado nota de esas exigencias. La resiliencia de Crisitina con el éxodo de Fuerza Patria que los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gerardo Zamora ordenarían a sus delegados, contrasta con la belicosidad del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Pero mucho más que Luis Juez oficie de abanderado de Rodolfo Tailhade. El senador del Pro dijo que "no podía estar más de acuerdo ni haberlo expresado mejor" lo que Tailhade pidió. Avanzar con las denuncias contra las juezas federales Sandra Arroyo Salgado y María Eugenia Capuchetti. No está del todo claro que la ofensiva sobre las magistradas se vincule a la negociación por las vacantes en la Corte. Ni si Juez se pliega a esa estrategia por lo endeble que quedó su candidatura a gobernador en Córdoba luego de la victoria obtenida por La Libertad Avanza con Gonzalo Roca. El candidato propuesto por el jefe de bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni. La acusación contra Arroyo Salgado es por haber detenido a Alesia Abaigar, la funcionaria de Axel Kicillof que arrojó estiércol en la casa de José Luis Espert. Tailhade quiere que Abaigar declare en la comisión de Acusación pese a estar imputada en esa causa. Capuchetti está denunciada por su investigación del presunto asesinato de Cristina. Tailhade pretende escuchar el alegato de Martin Mena, a quien Capuchetti denunció por falso testimonio en esa causa. Ni Ariel Lijo ni Julián Ercolini avanzaron en la denuncia de la magistrada contra el ministro de Justicia de Axel Kicillof. Capuchetti tiene otras dos causas sensibles para el kirchnerismo. Investiga a Francisco Hauque por presunto lavado de dinero. Hauque le reclama a Elías Piccirillo una deuda por seis millones de dólares. La jueza intenta determinar el origen de esa suma. El informe confidencial enviado a Capuchetti por la UIF alimentó la paranoia de quienes se descuentan incluidos en el documento pese a desconocer su contenido. Igual que la titular del juzgado Penal y Económico N°11, Verónica Straccia, Capuchetti investiga por el mismo delito a Ariel Vallejos. El titular de Sur Finanzas denunciado por la Procelac. No hay indicios de que Capuchetti tenga previsto apartarse de la causa. Menos aún si fuese cierto que permaneció inactivo durante los tres años que estuvo en poder del fiscal federal Jorge Taiano. Hay quienes especulan que una investigación seria terminaría por hallar una conexión entre Hauque, Piccirillo y Vallejos. La ansiedad de Tailhade y Juez para que Mena declare contra Capuchetti se debería a que el ministro de Justicia es el candidato de Cristina a ocupar una de las cuatro vacantes en la Corte bonaerense. Aunque no lo descalificaría, la imputación que le efectuó Capuchetti echaría sombras sobre sus antecedentes. Kicillof consiguió postergar esa discusión hasta marzo. Cuando los hechos desmientan que Hilda Kogan pensaba renunciar ese mes. La versión de la salida de la presidente de la Corte se le atribuye a su colega Sergio Torres con real malicia. Tal vez con la intención de aprovechar la supuesta zozobra que le provocó el juicio político que destituyó a Julieta Makintach del cargo de jueza. Hay quienes insisten en que la exmagistrada le enviaba por whatsapp capturas de momentos relevantes del jury en su contra. Condenada por filmar sin autorización un documental sobre Diego Maradona valiéndose de imágenes captadas en el juicio por la muerte del exfutbolista, Makintach le habría asegurado a su entorno que contaba con autorización de la Corte para hacerlo. A Kogan le interesaría saber cuánto de verdad contiene esa murmuración. Igual que otra que le atribuye a Torres haber negociado a través de su relator, Ezequiel Corteletti, un acuerdo con Sebastián Pareja para cubrir las vacantes en la Corte y acelerar el retiro de Kogan y de Daniel Soria. Aunque ganó 90 días y eludió la presión de Cristina, Sergio Massa y Martín Insaurralde para quedarse con tres de las cuatro vacantes en la Corte, Kicillof no tendrá otro remedio que ceder una a La Libertad Avanza cuando se discuta la composición de ese cuerpo. A partir de diciembre, los libertarios conformarán la primera minoría en la Legislatura. Esa nueva situación obliga a Fuerza Patria a mantener la unidad. La peor de las condenas que podría pesar sobre esa alianza. Pero también el factor para que el 26 de noviembre pueda sancionarse el Presupuesto, la ley Tarifaria y un endeudamiento por casi cuatro mil millones de dólares. Un trámite que requiere de los dos tercios de cada cámara. El Pro y la UCR amenazan con no colaborar con esa mayoría especial si no se constituye un fondo de 600 mil millones de pesos para distribuir entre todos los municipios. Acusan a Kicillof de perjudicarlos con la coparticipación en beneficio de sus aliados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La reunión de Johnny Depp con Julio Alak podría ser un argumento a favor de los supuestos damnificados por el desigual reparto de fondos. Jorge "Corcho" Rodríguez gestionó la visita del artista al municipio de La Plata. Un agradecimiento al intendente por su intervención para que Kicillof actualice las tarifas de las empresas del grupo Edesa (Edelap, Eden, Edesa) que proveen energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Músico aficionado, un intendente del MDF se preguntó si Depp aportará las nuevas melodías que Kicillof no tiene quien le componga. Una broma de mal gusto. Alak perdió en La Plata por casi seis puntos contra La Libertad Avanza. El 6 de septiembre se había impuesto por una diferencia superior a 14.
El militar retirado explicó que, aunque su intención inicial era someterse a juicio y presentar pruebas, optó por un acuerdo de culpabilidad para obtener una reducción de la condena
La dura pelea comenzó en 2024. El Instituto José Manuel Estrada de City Bell le informó a Rodrigo Rey y su esposa, Laura, que no renovarían la matrícula para sus hijos Benicio y Renata para el 2025. Benicio, a quien le dicen "Benchu", tiene autismo, algo que consideraron que influyó en la decisión de la institución. Llevaron este acto de discriminación a la Justicia para asegurar que continúen en la casa de estudios. Uno de los principales motivos de esta decisión se respalda en que Benicio continuara en un entorno familiar y cómodo, algo fundamental para quienes se encuentran dentro del espectro. La batalla fue larga y dura. Rodrigo y Laura se posicionaron como voceros para esta causa, sustentados en la visibilidad que podían brindar, y así fue que llegaron exitosos. La Justicia falló a favor de la familia Rey y decidió que el instituto deberá garantizar la totalidad de la escolaridad de Renata y Benicio, además de brindar capacitaciones a su personal para la inclusión escolar de niños con autismo. Esto último no tiene antecedentes.El fallo, al que tuvo acceso LA NACION, representa un cambio histórico que podría modificar el rumbo de causas futuras para las familias de niños dentro del espectro, que ahora podrán apoyarse en esta decisión judicial.Carla Junqueira, abogada de la familia Rey y madre de un niño con autismo, explicó a LA NACION la importancia de la decisión de la Justicia. "Es el primer fallo en la Argentina específico sobre programas de inclusión escolar de niños con autismo y que establece obligaciones para colegios privados. Muchas veces estas instituciones usan una interpretación turbia de la legislación y pasan el derecho de admisión por encima de los derechos de los niños. Este fallo es muy contundente", señaló. La abogada explicó que, aunque el precedente no es obligatorio para futuras causas, es una referencia para que se basen no solo los jueces, sino también los abogados. "No veo posible que un juez vaya a resolver contra un fallo tan contundente basado en la Defensoría de Menores, que explica los derechos universales de los niños con autismo que están siendo vulnerados por los colegios privados. Esta es la realidad de la Argentina".Junqueira explicó que recibe decenas de llamados por día de padres desesperados por casos similares en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Muchas veces esas familias sacan a los hijos de sus colegios para evitar un mayor sufrimiento. "Los únicos que lograron ir para adelante contra un colegio fueron los Rey. Y lo hicieron no solo por Benicio, sino por el precedente, porque tenían los recursos necesarios y la visibilidad y fuerza para hacer que la decisión que beneficiara a todos", elogió.El mensaje de Rodrigo y Laura Laura y Rodrigo dejaron un sentido mensaje a través de las redes sociales tras la noticia. "Como muchos ya saben, hace un año vivimos una situación profundamente triste: la escuela de nuestros hijos les negó la rematriculación a ambos (uno de ellos está dentro del espectro autista). Atravesar en carne propia semejante ensañamiento -simplemente por reclamar los derechos y las adaptaciones que le corresponden a un niño con discapacidad- fue algo muy difícil de procesar y entender", comenzaron. View this post on Instagram Luego, la pareja aseguró que consideran que el fallo trae "alegría y esperanza para muchas familias que están pasando -o pasarán- por algo parecido". "Lamentablemente, la discriminación hacia niños autistas y sus familias en las escuelas están afectando a miles de hogares de una manera alarmante. (...) Hace unos días recibimos el fallo. Un fallo que nos devolvió esperanza en la justicia y que ahora se convierte en un caso testigo, un precedente que permitirá que otras familias también puedan pelear por lo que es justo", señalaron.Al final, dejaron un contundente mensaje para los colegios e instituciones: "Ningún derecho de admisión está por encima de los derechos de los niños". Los detalles del falloSegún el fallo, la Justicia decidió dar lugar a la acción de amparo de la familia Rey y obligó a la Fundación José Manuel Estrada a garantizar la continuidad escolar de los dos niños hasta el fin de sus ciclos educativos. Para Renata, esto implica el secundario, mientras que para Benicio se trata del primario y el secundario."El fallo deja en claro que el colegio no puede basarse en el derecho de admisión para rechazar o no renovar matrículas de niños con autismo. El colegio tiene que adaptarse al niño con autismo. No al revés, como muchas veces hacen", expresó Junqueira.Para ello, están obligados a realizar los "ajustes necesarios y razonables" para que Benicio tenga "acceso a una educación plena, integradora e inclusiva" que "atienda sus particularidades, destrezas y capacidades".Una parte fundamental del fallo es que obliga al instituto a capacitar a su personal en materia de discapacidad y deberán presentar certificados que así lo demuestren. Esto incluye a aquellos que están en el nivel empresarial o de tomas de decisiones de la casa de estudios. "Los colegios no están capacitados y no quieren capacitarse. Hablo no solo como abogada, sino como madre de un niño autista, cuando digo que nuestros hijos son un estorbo para los colegios, que tienen una conducta expulsiva, casi de hostigamiento. Pasan por mucha discriminación porque prefieren excluirlos", reclamó la abogada.También recomienda a los padres de los niños afectados y a las autoridades del instituto a que realicen acciones para fortalecer el vínculo entre ambos para que Benicio y Renata puedan vivir su proceso educativo de forma armoniosa, digna y potenciadora de sus capacidades.
La situación judicial del hombre acusado por un doble femicidio en Córdoba se complica aún más: también está apuntado por el crimen del chofer.
El alto tribunal rechazó la solicitud de anulación presentada por la defensa del congresista, quien enfrenta cargos por hostigamiento tras publicaciones en redes sociales
La audiencia para revisar la sentencia contra 10 exmilitares fue suspendida nuevamente sin aviso previo
El nuevo presidente enfrenta el reto de mantener la unidad del tribunal y garantizar la independencia judicial, mientras avanzan investigaciones sensibles y crecen los roces con el Ejecutivo
Demoras, burocracia y cuestionamientos constantes transforman los procesos judiciales en un nuevo escenario de violencia contra las mujeres, donde los hijos e hijas se ven involucrados en estrategias de manipulación y daño hacia la madre. Leer más
El dirigente fue arrestado este martes por el presunto cobro de comisiones en la trama de contratos de material médico durante el COVID. Los otros cuatro arrestados también quedan libres y se mantienen imputados
La jurista, clave en la política de "paz total" y experta en justicia transicional, dejó su cargo el 18 de noviembre, y su renuncia genera una vacante estratégica en el Ministerio de Justicia
Julieta Makintach perdió sus fueros y fue inhabilitada para ejercer cargos por el "escándalo del documental". Ahora, deberá enfrentar una causa en la que está imputada en cinco delitos. Leer más
El presidente Gustavo Petro destacó la trayectoria de César Julio Valencia Copete y lamentó que motivos de salud impidieran su llegada al Ministerio de Justicia
La Abogada General de la UE explica que la regulación europea sobre igualdad de trato en el empleo solo prohíbe la discriminación cuando tienen que ver con la religión o convicciones y no por opiniones sobre salud
La Audiencia Provincial de Murcia ha fallado a favor de Maximino en su disputa con AXA Seguros Generales, S.A., obligando a la aseguradora a abonar los intereses de demora tras desestimar que existiera una causa justificada para retrasar el pago de la indemnización por el robo de un vehículo
Según pudo saber Infobae, el caso judicializado de los hijos del futbolista Rodrigo Rey obtuvo una resolución emblemática para el colectivo de niños y familias con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
En diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Jiménez, investigador de Amnistía Internacional, expuso las claves de la problemática que se registra desde hace años en el país
Familiares, amigos y vecinos despidieron esta tarde a Nazareno Isern, el joven de 21 años asesinado a quemarropa hace dos días en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría, cuando unos delincuentes lo abordaron mientras andaba en bicicleta con una amiga. El velatorio se realizó en una sala situada en el barrio porteño de Mataderos, lindante con Villa Madero, donde la víctima vivía con sus padres y su hermana menor."Nazareno desde chico siempre fue un pibe muy alegre, muy despierto, muy amigo fiel. Siempre bien predispuesto para todos", relató Cristian Radzichewski desde la puerta del lugar. Este hombre, médico de hospital público, expresó su dolor como uno de los amigos más cercanos de los padres de la víctima, Edith y Daniel. "La primera salida que tuve de novio con mi esposa fue al cumpleaños de la tía de Nazareno, para que vos te des una idea de lo que significa toda esta familia en mi vida", recordó con congoja. Y agregó: "A las seis y media de la mañana me llamó la tía y me dijo: 'a Nazareno le pasó algo muy grave'. Ahí se nos cayó el mundo".En la sala velatoria San Gabriel, los conocidos comenzaron a llegar alrededor de las 18, donde mostraron su mezcla de tristeza, bronca y reclamo de justicia por la brutal muerte de "Naza", como lo llamaban sus más cercanos. Entre ellos también estuvo Kiara Alegre, la joven de 21 que acompañaba a Nazareno en el momento del homicidio. "Nos arrancaron a un chico espectacular, lleno de sueños. Lo que hicieron no tiene arreglo", expresó afectado Damián, uno de los familiares.Por parte del Instituto Hermanos Amezola, la escuela donde Nazareno cursó sus estudios, estuvieron presentes sus excompañeros. "Era un gran amigo, un pibe muy espontáneo. No puedo creer lo que pasó. Sigo en estado de shock desde el momento que me enteré", manifestó uno de ellos. El colegio ubicado en Villa Madero se pronunció a través de un comunicado: "La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso".Según explicó Cristian, Nazareno, que iba a estudiar locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (Iser) a partir de 2026, "también había empezado a andar mucho en bicicleta porque quería organizar una bicicleteada a Luján como excusa para reconciliar a unos amigos suyos de toda la vida que estaban distanciados". Una de las razones por las cuales, explicó, solía recorrer las cercanías del Centro Recreativo Nacional (Cerena), donde fue asesinado. Por último, en su pedido de justicia, enfatizó: "Hay que parar con esta romantización de la marginalidad. Por todos los Nazarenos que andan por ahí, que no pase nunca más esto".Daniel-padre-de-nazareno-b715f73319263262697ed377af17ab2c57fffaa19a86ee7333884b037ac63abdUna zona peligrosa"En esa parte es terrible. Aparecen de los pastizales todo el tiempo. Te esperan escondidos con cuchillos, machetes o pistolas, te afanan y huyen por los descampados", contó a LA NACION un agente de seguridad del Centro Recreativo Nacional (Cerena). El predio, que depende de la Secretaría de Deporte de la Nación, está ubicado sobre la colectora, a la altura del kilómetro 23 de la autopista Riccheri. A 600 metros de esos límites deportivos, en un sector que describen como "el tramo más hostil", anteayer por la tarde delincuentes ejecutaron a Nazareno.Los emboscaron alrededor de las 19 en la parte de la colectora que se corta de golpe, cercada por descampados avanzados por la naturaleza que llegan hasta la calzada. La zona, ubicada del lado de Esteban Echeverría, al límite de Ezeiza, se convirtió en una frontera entre dos municipios cada vez más riesgosa para ciclistas y corredores. Utilizada como área recreativa, no hay iluminación ni garitas policiales ni cámaras de seguridad. Aunque el Cerena tiene vigilancia propia en su interior, el peligro emerge apenas se sale del perímetro. "Muchos vienen por la pista de ciclismo del complejo, que tiene seguridad y no hay robos. Pero los que salen con la bici por la colectora se vuelven a pie", describieron vecinos que circulan a diario por esa zona.Los deportistas y guardias identifican incluso un modus operandi repetido: "Son dos menores que van al frente y un mayor que los coordina. Siempre es lo mismo: un tipo grande y dos pibitos". Indicaron que automovilistas también son blanco frecuente de los delincuentes. Recordaron, en ese sentido, un episodio cercano con desenlace fatal que no fue noticia: "Hace como tres meses, quisieron robarle a un ciclista que estaba armado, se defendió y lo mató de más de veinte disparos. Al delincuente lo encontraron tirado en los pastizales".Hablo Kiara, amiga y unica testigo del crimen de NazarenoLos fines de semana se calcula que cerca de 200 ciclistas pasan por el circuito. El predio se llena de autos y conviven bicicletas de ruta y de paseo. A pesar de esa afluencia, "nunca hubo una garita fija de seguridad", lamentaron los usuarios. Ante los reiterados robos, se elevó un pedido al municipio de Esteban Echeverría y se asignó un patrullero de la Guardia Urbana, aunque solo concurre sábados y domingos, cuando el flujo de gente es mayor en esa zona. La autopista Riccheri, que bordea el área, es jurisdicción federal, una situación que hace más compleja la coordinación. "Estamos en el límite de todo y los políticos se viven tirando la pelota", comentaron ciclistas que concurren a esa pista.Impactado por el caso, a la altura de la pista, Juan Salvo, un ciclista de 44 años, contó que la víctima era de su barrio, en Villa Madero. "Tengo allegados que lo conocían. Por lo que tengo entendido, venía pedaleando con una amiga y ocurrió este hecho tan lamentable", dijo. Y agregó: "Sabemos de mucha gente que ha sufrido delitos por acá. Usualmente, son a mano armada y perpetrados por dos o tres personas. Hay 800 metros de esta parte de la colectora que terminan en la cortada, que es donde más se esconden y roban".Algunos creen que dentro de los pastizales hay conductos armados por los delincuentes que desembocan en una villa pegada al complejo de lo que solía ser la estación de Transradio, donde quedan las ruinas de un edificio. Unos pasos más atrás sobresalen las casillas y casas sin revocar del barrio de emergencia, al que se bautizó con el mismo nombre. "Los delincuentes armaron pasadizos entre los matorrales y creemos que llegan a la villa", señalaron vecinos.
Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini no fueron los únicos funcionarios que dejaron su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estalló el caso sobre las presuntas coimas en el organismo. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que, tras la intervención dictada por el Gobierno en el organismo, fueron apartados Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, actualmente investigados por la Justicia.Di Giorno es descripta como una "exagente" de Andis mientras que González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas del organismo. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que dejaron de formar parte de la Agencia "al poco tiempo" que asumió Alejandro Vilches como interventor.Si bien las fuentes oficiales consultadas no facilitaron documentos que reflejaran el apartamiento de los dos investigados, de acuerdo a registros comerciales, los últimos aportes patronales de Andis a ambos fueron en septiembre.El dictamen del fiscal Franco Picardi señala que tanto Di Giorno como González tuvieron acceso al sistema SIIPFIS mediante el cual se administraron las licitaciones "acotadas", acusadas de supuesto direccionamiento y sobreprecio. Asimismo, ambos presentan vínculos con otro de los investigados por la Justicia, Miguel Ángel Calvete.En el caso de Di Giorno, el fiscal determinó que tuvo nexos empresariales con Calvete. "El primer registro data de abril de 2019, oportunidad en la que fueron reelegidos en la firma VERBADEI S.A. en calidad de Presidente y Directora Suplente, Miguel Ángel Calvete y Lorena Di Giorno", escribió en su dictamen. Pero desde dentro de Andis, según el texto judicial, "comunicaba a Miguel Ángel Calvete todas las novedades del organismo de discapacidad".El dictamen contiene un intercambio de mensajes entre ellos. En ese sentido, el fiscal destacó uno del 4 de septiembre. "Lorena Di Giorno le envió a Miguel Ángel Calvete un archivo adjunto que contiene el oficio que Sergio Leonardo Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, envió a la Andis en el marco de estas actuaciones, a fin de solicitar al organismo para que informe con carácter urgente qué normativa gestionan y/o llevan adelante las contrataciones efectuadas por esa agencia desde enero de 2023 y hasta la fecha", señala el dictamen.Esta era una funcionaria que tenía acceso al sistema SIIPFIS, con el que se llevaron adelante las licitaciones sospechosas. Sin embargo, su usuario también lo "habría utilizado Federico Santich". Este último es identificado por el fiscal como "gerente y accionista" de la empresa Profusión S.R.L., que a su vez, según el texto judicial, "tiene casi el 50% de las acciones de Profarma". Esta última es una de las cuatro droguerías que habrían sido beneficiadas con el esquema de licitaciones "acotadas" que están en el foco de la acusación.Asimismo, otro elemento que resaltó el fiscal sobre Di Giorno es una factura que emitida "por ella a la firma Indecomm S.R.L. por cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000) en concepto de honorarios por servicios profesionales realizados, en el mes de junio de 2025, cuando trabajaba en la Andis". De acuerdo con el dictamen, "se corroboró que Miguel Ángel Calvete era Socio Gerente de INDECOMM S.R.L., además de accionista mayoritario".Por su parte, Eduardo Nelio González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis desde junio de 2025. Pese a eso, "mantenía conversaciones con distintos funcionarios y el propio Daniel María Garbellini le solicitaba al personal que se encontraba a su cargo que algunas cosas las hablaran con "Pino" incluso antes de su designación formal en Andis". Según el fiscal, "Pino" era uno de sus apodos.Además, González habría estado vinculado a Calvete a través de empresas. Tal cual afirma el dictamen, hace casi 20 años ambos "conformaron, junto a otras personas, la sociedad Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L".Según Picardi, González era un "pivote entre el mundo de las contrataciones Pacbi de la Andis y las firmas beneficiadas". En su escrito, afirmó que también contaba con acceso al sistema informático que administraba las licitaciones.Dichas compulsas fueron catalogadas como "acotadas" porque, según el fiscal estaban "caracterizadas por la invitación a pocos oferentes". Por ese motivo, las diferenció a este tipo de compulsas de las denominadas "generales".Mediante ese esquema, se habrían direccionado las contrataciones a cuatro droguerías, de acuerdo con la acusación. Se trata de las droguerías Génesis, Profarma, New Farma y Floresta. Según un pedido de acceso a la información que Andis respondió a LA NACION, el organismo firmó órdenes de pago por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió este martes ejecutar el decomiso de propiedades pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa Vialidad. La decisión busca cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, cifra que quedó firme el 10 de junio de 2025.La medida surge de la sentencia condenatoria ratificada este año por la Corte Suprema, que confirmó para la ex presidenta la pena de seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además de Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios también deberán afrontar la ejecución patrimonial derivada del fallo.El valor inicial del decomiso había sido fijado en $84.835.227.378,04, pero posteriormente se dispuso su actualización. Esa tarea estuvo a cargo de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Propiedades alcanzadas por la resolución La decisión comprende activos vinculados a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Si los recursos patrimoniales enumerados resultaran insuficientes, el tribunal avanzará sobre el patrimonio de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.Entre los más destacados, se encuentra una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007 y que cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.El fallo incluye también diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos. Estas fueron transferidas a los hijos de la ex mandataria en 2007 y ahora pasarán a integrar el patrimonio sujeto a ejecución.En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.El inventario se amplía con terrenos situados en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran las parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial. Ese predio fue comprado en 2002 y, años después, se sumaron otras tierras en 2007 que se integraron al mismo desarrollo.A estos bienes se agregan otros dos de gran valor en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados.
Se trata de la sede central de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, ubicada en Adrogué. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal.
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La Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió avanzar con la ejecución de más de 80 propiedades para cubrir el monto actualizado de 685.000 millones de pesos por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión. La medida alcanza también a Máximo y Florencia Kirchner.La oposición concluyó que Milei habría incurrido en el delito de mal desempeño en sus funciones por $LIBRA. Diputados opositores que integran la comisión investigadora concluyeron en su informe final que tanto el Presidente como su hermana Karina fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internación, y les caben responsabilidades políticas por el hecho. El oficialismo calificó el informe de "delirio".Declara hoy Diego Spagnuolo en la causa por supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad. El ex titular de la Andis deberá responder sobre el presunto esquema de sobornos y pedidos de coimas en ese organismo, en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al programa Incluir Salud. La declaración indagatoria está prevista para las 13 en Comodoro Py. Una obra de Gustav Klimt se vendió a valor récord. La pieza rematada pertenecía a la colección de Leonard Alan Lauder, y se vendió por más de 236 millones de dólares. Se convirtió en la obra de arte moderno que mejor precio alcanzó en subastas y en la segunda más cara de la historia.Racing-River se jugará con público. Aprevide le levantó la sanción a la Academia, que tenía que cumplir tres partidos a puertas cerradas de local por uso de pirotecnia en las semifinales de la Libertadores ante Flamengo y solo cumplió uno. Ahora podrá jugar con hinchas en el encuentro por octavos de final del torneo Clausura del próximo lunes a las 19.30.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
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De manera imprevista, el caso de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se cruzó con Ariel Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Por orden de la Justicia, la Policía Federal (PFA) realizó ayer un operativo en la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué, para secuestrar información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados. Según consta en el expediente de la Andis, una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación "Neblockchain". El dictamen del fiscal Franco Picardi acompaña un comprobante de una transferencia sobre esa aplicación, ahora conocida como Sur Finanzas PSP. Calvete, quien ayer se negó a declarar ante la Justicia, y Pocoví son investigados por el esquema de licitaciones "acotadas" (con menos participantes). En la acusación del fiscal, Calvete es mencionado como un "conector entre Andis y el sector privado vinculado a la salud", supuestamente a cargo de la coordinación de pagos y gestión de cobros. En el caso de Pocoví, el dictamen lo describe como uno de los posibles encargados de blanquear del dinero.Al momento de pedir las indagatorias, el fiscal citó chats de WhatsApp entre Pocoví y Calvete sobre el destino del dinero. "El mensaje que Miguel Ángel Calvete le envía consultándole cuánto dinero había reunido, permite presumir que Alan sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS", dice el dictamen.Los efectivos de la PFA llegaron ayer a la tarde a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, con una orden judicial del juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello. Según pudo saber este medio, los efectivos estuvieron varias horas en el lugar y se llevaron la documentación sobre las transferencias. El presidente de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, es investigado por otras causas, pero ninguna está vinculada al expediente ANDIS. En este caso, una ramificación del grupo empresarial que lidera la proveedora de servicios de pago, Sur Finanzas PSP, habría sido la plataforma utilizada por Calvete y Pocoví para movilizar fondos. Su origen es el principal objetivo de la investigación.La Justicia busca reconstruir la ruta del dinero descripta en el dictamen de Picardi. Con esos papeles podría certificar si es cierto que "Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense", y si "parte de los fondos recibidos por Alan Pocovi serían invertidos en criptomonedas". Según la acusación del fiscal, esas transferencias habrían sido precedidas por otra maniobra sospechosa: la de las licitaciones "acotadas", que funcionaron en paralelo a las licitaciones generales. Entre sus ganadores aparecen las droguerías Génesis, New Farma, Floresta y Profarma (vinculada a Calvete).Según un pedido de acceso a la información que la Andis respondió a LA NACION, el organismo firmó órdenes de pago a favor de estas droguerías por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año.Una de las adjudicaciones presentadas por la fiscalía para argumentar la acusación de sobreprecio es la de la compra de Burosumab, un medicamento para tratar la hipofostatemia.Según lo detallado por la Fiscalía, Andis adjudicó la compra de este medicamento a Profarma y a Génesis por un valor unitario que osciló entre $39.476.556 en febrero 2025 y $45.152.230 en junio, mientras que en mayo, a otros oferentes como Hemipharm SRL o Soldist SRL, se los adjudicó por $21.000.000. Es decir, una diferencia de entre el 87,9% y 115%. "Es el mismo principio activo, mismas marcas", especificó el dictamen.Precisamente, los investigadores judiciales vincularon a Calvete a la droguería Profarma. Además, la Justicia posee mensajes entre él y funcionarios de la Andis, así como también una foto de "quien sería" Diego Spagnuolo en la puerta de su domicilio.En uno de los operativos dispuestos en esta causa, la Justicia halló el cuaderno que contiene la insignia de "Círculo Tuco" arriba de una lista de contactos. También encontró planillas, en las que el acusado distinguía entre "Costos" (con dos columnas, la primera con una cifra superior a la segunda), "Diferencia" (que es el resultado de la resta entre la primera y la segunda columna de costos), y "2/3 Partes" (con una cifra que representaría los dos tercios de la columna anterior "Diferencia"). "Esto demuestra que Miguel Ángel Calvete, registraba diversos montos vinculados a prestaciones Pacbi , y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendían", sostuvo el fiscal Picardi al enumera las pruebas.Su hija, Ornella Calvete, que renunció este martes a su cargo en el Ministerio de Economía, también forma parte del expediente a raíz de mensajes telefónicos. El 10 de septiembre de 2025, "insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana, su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, "una lambo, una granja, lo que quieras". Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: "No hace faltaâ?¦con el 3% a KM está perfecto"", firmó Picardi en su dictamen. Sur Finanzas PSPLa empresa de Vallejo, antes llamada Neblockchain, es la que, según el fiscal, utilizaron Calvete y Pocoví para transferir fondos. Sur Finanzas no es investigada por la Justicia en el caso Andis, pero fue requerida para obtener información que certifique el giro de los fondos señalados en el dictamen.El operativo dispuesto por autoridades judiciales en la sede central de Sur Finanzas comenzó por la tarde y terminó pasadas las 21 horas. El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, está siendo investigado en otro expediente por presunto lavado dinero, tras una denuncia de la Procelac. En ese caso, revelado por LA NACION, la Justicia en lo Penal Económico analiza las transferencias realizadas desde una empresa denominada Construcciones TAR, creada por dos personas que habrían actuado como testaferros. Los organismos especializados en lavado detectaron que esa firma recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Es una cifra que no guarda relación con su actividad ni su nivel de facturación. La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio que fue adquirida por Vallejo en 2020: "Centro de Inversiones Concordia".En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera. Vallejo sigue apelando al silencio y solo publica mensajes enigmáticos en sus redes sociales. "La traición viene de adentro", posteó entre sus contactos de WhatsApp al día siguiente a la primera publicación sobre la investigación por presunto lavado de dinero. Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia en eventos vinculados al fútbol, en el predio de la AFA, y hasta en su propia oficina. Su marca "Sur Finanzas" o firmas vinculadas al grupo llegó a ser sponsor de Racing, Banfield, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, entre otros.Además de ser el auspiciante principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección, también invirtió en el Torneo de Segunda División, en la Liga Femenina, y en la Liga Proyección de la Liga Profesional. Llegó a aportar un camión de caudales de su empresa para trasladar la Copa del Torneo Clausura 2025 hasta el estadio de Santiago del Estero, donde posó sonriente junto al gobernador Gerardo Zamora y al mandamás de la AFA.
El devenir histórico tiene tiempos apacibles y otros de transformaciones. El mundo está inmerso en un movimiento tectónico al que nuestro país y su sociedad no son ajenos. Mucho está juego, entre demandas sociales insatisfechas y el sistema político que tiene que dar respuestas cada vez más perentorias. La clave está en identificar los cambios neurálgicos y trazar una hoja de ruta. No es cuestión de muchas leyes ni de derogaciones expansivas. Lo ha dejado en claro la vorágine normativa del año pasado: todavía siguen en pie los registros del automotor y muchas reformas no han cambiado el día a día de la gente.El actual gobierno norteamericano hizo el aprendizaje en su primer período y está llevando adelante un plan desde esa lección. El hito ha sido las designaciones al final del mandato anterior en un lugar central del funcionamiento institucional, como lo es la Corte Suprema de Justicia. Desde ese cambio material ocurre toda la agenda de transformación del país. Vale la pena repasarla, especialmente porque en la Argentina no se termina de sopesar la importancia de los dos sitios vacantes en el máximo tribunal de justicia.El eje del paradigma filosófico es el alcance de la autoridad presidencial; más específicamente cómo ampliarlo. El argumento es la emergencia, concepto clave a estos fines desde tiempos inmemoriales. El Poder Ejecutivo realizó cinco grandes movimientos sobre este punto de apoyo: cambió el eje del sistema de comercio internacional con tarifas, impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, desplegó tropas federales en Estados provinciales, transformó la política migratoria, con deportaciones exprés, y modificó el derecho a la ciudadanía basada en el lugar de nacimiento.Para los cinco aplicó el mismo diagrama. Hay una emergencia: déficit comercial, crisis migratoria; exceso de autoridad de organismos supranacionales. Para todos recurrió a leyes de dudosa aplicación con una hermenéutica flexible o decretos presidenciales. Desde ahí, su apuesta es mantener su vigencia y que se consolide en el tiempo, contra cientos de demandas en todo el país, acelerando los procesos judiciales para llegar pronto al máximo tribunal del país.Y acá cierra el círculo: hay una agenda de transformación política basada en el agrandamiento de la autoridad presidencial a partir del concepto de emergencia. Y todo se va a decidir en la Corte Suprema de Justicia. El desafío es enorme, como lo deja en claro el régimen de tarifas que está por decidirse luego de casi un año de implementación; las dudas son enormes: tiembla un principio constitucional histórico, que viene desde la Carta Magna inglesa de 1215 y fue el fundamento de la revolución americana: no taxation without representation. Desde ahí, hasta lo más práctico: por ejemplo, qué hacer con los billones recaudados sobre la base de una ley de 1977, dictada paradójicamente para limitar la autoridad presidencial. Todo depende de la Corte.Hay tanto por cambiar en el orden normativo argentino. Pero hay un paso previo, esencial: ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. No a los empellones, no con cualquiera. Convenciendo, con candidatos probos. No se puede pensar en un mejor mensaje para la seguridad jurídica para el país, para los argentinos y todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar nuestro suelo con sus inversiones.
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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.La resolución del Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega después de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran. En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de 6000 metros cuadrados y 19 departamentos que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes "decomisables" que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 â??el período juzgado en la causaâ?? con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones. La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la expresidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022. El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes. Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de "multa encubierta". Cristina Kirchner, por caso, pidió anular la ejecución de los bienes, además de criticar el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y señalar que era ilegítimo ejecutar bienes que fueron adquiridos antes de 2009, año en el que firmó un decreto que la vinculó a la maniobra. Sus hijos, Máximo y Florencia, señalaron que no podían ser alcanzados por la medida, puesto que no guardaban relación con el proceso. Los jueces sostuvieron que para llevar a cabo el decomiso no se sigue una "trazabilidad científica", sino que basta con acreditar la coincidencia temporal y la razonabilidad económica. Además, dijeron que la medida, que persigue que el delito no rinda frutos, alcanza tanto el producto directo como a "ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados", y también a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o el propio Néstor Kirchner. "Si bien es cierto que no ha existido una sentencia condenatoria sobre Néstor Kirchner â??quien falleció incluso antes de que esta causa se iniciaraâ??, ello no quita que la reconstrucción histórica de los hechos lo halló en el marco de la maniobra, celebrando múltiples negocios con Lázaro Báez", dice la resolución, que sigue: "Y que los bienes heredados por sus hijos supieron formar parte de la masa común de bienes de la sociedad conyugal que conformó con Cristina Fernández de Kirchner".
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La denuncia de Ayelén sobre su beba fallecida el sábado pasado no es la única que plantea sospechas de posibles intervenciones deficientes. Convocarán al Comité de mala praxis del Poder Judicial. La Fiscalía recaba historias clínicas e informes sobre decesos de otros bebés en los últimos meses. Leer más
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia por la que Luciano Napolitano, el hijo del mítico guitarrista Norberto "Pappo" Napolitano, había sido condenado a la pena de tres años y ocho meses de prisión por los delitos de por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra.Así lo informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal del país. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa por inconsistencias formales de la presentación.Según el expediente judicial, el 21 de noviembre de 2020 Napolitano, de 50 años, "luego de hostigar, humillar y denigrar a su entonces pareja, Mariel Oleiro", la agredió y amenazó, y, "para hacerlo, esgrimió un arma de fuego tipo revólver calibre 38â?³. Además, el 24 de mayo de 2021, cuando Oleiro se encontraba en la casa familiar de Benavídez, en el partido de Tigre, Napolitano "comenzó a hostigarla, humillarla y denigrarla para luego, valiéndose de su condición de género, tomarla del cuello apretándolo fuertemente hasta provocarle dificultad para respirar mientras le refería dichos amenazantes". Tras ese ataque, la víctima hizo la denuncia. La investigación estuvo a cargo del fiscal Diego Callegari, quien por esa época era uno de los funcionarios a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Tigre.En un acuerdo de juicio abreviado ante el Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, Napolitano fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por dos hechos de violencia de género contra Oleiro.Pero, el 30 de diciembre de 2023, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la condena. Los jueces Juan Eduardo Stepañiuc y Leonardo Gabriel Pitlevnik absolvieron a Napolitano y ordenaron su libertad.El Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado recurrieron la sentencia del tribunal de alzada. En diciembre del 2024, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a la apelación, revocó la decisión y dejó en pie la condena dictada en primer término. "De acuerdo al máximo tribunal provincial, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro incurrió 'en una consideración fragmentaria y aislada que le impidió una visión de conjunto, seleccionando únicamente las pruebas que sustentaban la absolución del acusado, sin confrontarlas críticamente con la múltiple variedad producida en la causa'", explicaron fuentes judiciales.La defensa intentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara la decisión, pero el máximo tribunal rechazó el recurso de queja por incumplimiento del reglamento de la acordada 4/2007, dijeron las fuentes consultadas.
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