derecho
Aida Victoria Merlano y la dura confesión sobre su embarazo: "Me arrebataron el derecho de contarlo"
Yina Calderón y Epa Colombia fueron las primeras en filtrar la información de la maternidad de la barranquillera
Los mutualistas que cotizaron entre 1967 y 1978 tienen derecho a una devolución de cuotas de IRPF
Durante este periodo, las cotizaciones a mutuas no podían deducirse y Hacienda reconoce el derecho a recibir una compensación por ello en esta campaña de la Renta
Este es el derecho que todos los trabajadores pueden exigir a la empresa tras volver de una baja, según un abogado: "No es obligatorio decir la enfermedad"
Las empresas están obligadas a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
El Gobierno publicó nuevos parámetros para la gestión de los derechos económicos de autor
Lo hizo a través de un decreto en el que detalló cuál será la entidad encargada de fijar aranceles, entre otras funciones. Además, determinó que el Ministerio de Justicia será el organismo fiscalizador
Yolanda Díaz pide a Fiscalía impugnar un convenio de Madrid por restringir el derecho de protesta de empleados públicos
La ministra de Trabajo acusa al convenio de la Comunidad de Madrid de vulnerar derechos fundamentales y solicita a Fiscalía y Defensor del Pueblo que actúen por su posible impugnación
Albares reitera que los derechos LGTBI son fundamentales en la UE tras recortes en Hungría
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un habeas corpus para "resguardar los derechos de los manifestantes" de la marcha al Congreso
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un habeas corpus preventivo y colectivo en la Justicia "para resguardar los derechos de las personas que participen de la manifestación" de hoy al Congreso y de los que "transiten por la zona en la que se desarrolla". La Defensoría informó que promovió la acción "frente a la creciente preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad" en el contexto del "protocolo antipiquetes".El organismo solicitó que la Justicia les ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, "que actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias" y un "uso excesivo de la fuerza", y para "resguardar la integridad física de quienes se manifiesten". "Además -informó la Defensoría-, se requirió que el personal policial y de fuerzas de seguridad se encuentre visiblemente identificado, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente, para garantizar el correcto control de su accionar."Desde la entrada en vigencia del protocolo, la Defensoría informó que lleva realizadas "30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales, que derivaron en 56 pedidos de informes y recomendaciones dirigidos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad". Según la Defensoría, "hasta el momento ninguno de estos requerimientos tuvo una respuesta adecuada". "En esos documentos -informó el organismo- se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la normativa, la violación de los estándares internacionales de derechos humanos, la afectación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, el despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales, y el uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza, entre otras."Junto con esta presentación, la Defensoría hizo público que interpuso otras dos acciones judiciales. "La primera, un habeas corpus en favor de niños, niñas y adolescentes que participen en las manifestaciones, solicitando expresamente que se prohíba a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como porteñas, proceder a la detención de menores de edad salvo en casos de flagrancia de delito grave -informó-. La segunda, con el objeto de que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad que se abstengan de obstaculizar la labor del personal del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA, a fin de garantizar su intervención ante situaciones de emergencia durante el desarrollo de las manifestaciones."En paralelo, el juez federal Martín Cormick anunció que hoy irá de observador a la marcha. Este lunes, Cormick rechazó un planteo para anular el "protocolo antipiquetes", pero anunció que va a vigilar lo que pase en la movilización de hoy. Su objetivo es ver cómo se lleva a la práctica el protocolo cuya validez se debate en su juzgado. El juez informó que "el tribunal observará presencialmente con suma atención" lo que suceda y dijo que así lo había decidido ante la preocupación que le plantearon distintas organizaciones de que se repitan los "desgraciados hechos" de la semana pasada.
Luis Juez cuestionó la marcha de hoy: "Derecho a la protesta, por supuesto, pero no podés ir con un ladrillo"
El senador nacional se refirió al nuevo reclamo de los jubilados frente al Congreso con la participación de organismos sociales y de barra bravas. La cartera de Seguridad se prepara para el operativo
Ayuntamientos del valle guipuzcoano de Aiztondo llaman a manifestarse el día 31 por los "derechos de los presos" de ETA
Los ayuntamientos de Aiztondo convocan a una manifestación por los derechos de los presos de ETA, destacando la situación actual de 124 presos vascos y la necesidad de abordar el conflicto en Euskal Herria
Podemos Euskadi reivindica el impuesto a energéticas y destaca que no tienen ningún problema con el "derecho a decidir"
El coordinador de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, defiende la permanencia del impuesto a las energéticas y reafirma la importancia del "derecho a decidir" en el contexto de la política vasca
Más Madrid exige a Ayuso que "garantice derechos" de menores que reciba y no vayan a sitios "aislados" como La Cantueña
Garbage: "Todos debemos luchar por los derechos sociales"
El cuarteto salió de gira antes de la salida de su próximo álbum, pero no adelanta esas canciones. En Chile estuvo encargado de cerrar el Festival REC.
Tras los incidentes en el Congreso, un diputado del PRO propuso aplicar derecho de admisión en las marchas
Se trata del legislador rosarino Gabriel Chumpitaz, especializado en protocolos de seguridad. La idea es similar al sistema usado en canchas de fútbol
Polémica por valla pagada por la USO donde exponen a los congresistas que hundieron la reforma laboral: "Pretenden negar derechos a los trabajadores"
La imagen fue expuesta en Barrancabermeja, Santander, lugar donde se encuentra la sede nacional de la organización sindical, que confirmó su participación en las manifestaciones convocadas por el presidente Petro
Rego acusa a Mazón de anteponer su supervivencia política a los derechos de la infancia
Comuns celebra el acuerdo en Rodalies con los sindicatos porque protege derechos laborales
Sancet sufre un "pequeño esguince" en el tobillo derecho
El jugador del Athletic Club Oihan Sancet sufre un esguince en el tobillo derecho tras un incidente en el partido contra Osasuna, según el entrenador Ernesto Valverde.
Día cívico: Cathy Juvinao denunció violación de derechos, mientras Petro pidió que no despidan a trabajadores por marchar
La reforma laboral y a la salud podrían hundirse en el Congreso de la República. En consecuencia, el presidente convocará una consulta popular para que la ciudadanía defina el futuro de las iniciativas. El proceso empieza el martes 18 de marzo, con las marchas
Asociación de Sociedades Científicas denunció exclusión de mesas técnicas para definir la UPC: "Nuestro derecho a participar es fundamental"
La agremiación ha expresado en repetidas ocasiones su contrariedad con las políticas del Gobierno con respecto a los temas de la administración de la salud en Colombia
El Govern ve compatible garantizar los derechos laborales con el compromiso sobre Rodalies
Janet Bustamante, la peruana con cáncer terminal que no logró su eutanasia deseada: la gran deuda de Perú con el derecho a la muerte digna
Janet Bustamante luchó hasta el final por el derecho a la eutanasia, pero un cáncer metastásico la consumió antes de llevar su caso a los tribunales. Aspiraba a seguir el ejemplo de otras dos peruanas, Ana Estrada y María Benito. Su caso expone la urgencia de hablar de muerte digna en un país que aún niega la posibilidad de elegir cómo y cuándo despedirse del sufrimiento
El PP plantea al Congreso condenar la "sistemática" violación de derechos en Nicaragua
Mazón muestra "total respeto" ante la tercera manifestación contra su gestión de la dana: "Es un derecho constitucional"
Carlos Mazón respeta el derecho a la manifestación contra su gestión, que se produciría el 29 de diciembre tras la dana de octubre que afectó gravemente a Valencia
Fundación para el Estado de Derecho impugnó la resolución de la UPC 2025 por posible ilegalidad
La resolución del Ministerio de Salud desata controversia. Acusan falta de rigor técnico y violaciones jurídicas sobre el sistema de financiación sanitario en el país
PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP presentan una iniciativa para "reforzar" la ley de derechos LGTBI
Los grupos del Parlament impulsan una reforma de la ley LGTBI de 2014 para prevenir discriminaciones, tipificar terapias de conversión y reconocer a las víctimas del colectivo LGBTI
La tajante postura de Marco Rubio ante el pedido de visa para estos inmigrantes: "No es un derecho"
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., reafirmó su postura con respecto a la emisión y revocación de visas para extranjeros y aseguró que el gobierno federal no dudará en retirar este beneficio a quienes respalden a Hamas. Rubio enfatizó que quienes ingresen al país con un permiso para estudiante y se involucren en actividades de apoyo a la agrupación considerada terrorista podrán enfrentar la revocación de su estatus y la inminente expulsión.Restricciones y revocación de visas de estudiantesEl miércoles 12 de marzo, durante una conferencia de prensa desde Shannon, Irlanda, Marco Rubio respondió a una pregunta de un periodista sobre la posición del gobierno frente a la libertad de expresión y las restricciones impuestas a ciertos extranjeros. En su respuesta, el secretario de estado dejó claro que el acceso a una visa no es un derecho adquirido, sino una prerrogativa que el gobierno estadounidense puede otorgar o denegar según su criterio.Rubio explicó que una persona que solicite un permiso de estudiante y, en el proceso, declare su respaldo a Hamas, así como su intención de promover actividades antisemitas o disruptivas en universidades, no recibiría la aprobación de su solicitud. "Si alguien nos dice que su objetivo al venir a EE.UU. es respaldar a un grupo terrorista, interrumpir clases y generar desorden en los campus universitarios, no se le concederá", afirmó.La advertencia de Marco Rubio para todos los migrantesEl secretario de estado fue más allá, al señalar que si un individuo ya se encuentra en el país con una visa y realiza esas actividades, este documento se le será revocado. En caso de que haya obtenido una tarjeta de residencia (green card) bajo ese estatus, también enfrentará la deportación. "Si nos hubieran informado de sus intenciones en el momento de la solicitud, jamás habrían sido admitidos en el país", aclaró."No se trata de libertad de expresión. Se trata de personas que, para empezar, no tienen derecho a estar en EE.UU.", agregó.Las visas de EE.UU. "no son un derecho"Durante su intervención, Rubio destacó que las visas no constituyen un derecho adquirido y que el gobierno de Estados Unidos puede negarlas por diversas razones.A través de su cuenta en X, el secretario de estado reafirmó su postura: "Venir a EE.UU. con una visa es un privilegio, no un derecho. La administración Trump está decidida a negar o revocar estos documentos a aquellos que estén en el país para apoyar a terroristas".Rubio también criticó las acciones de ciertos estudiantes en los establecimientos educativos. "Creo que ser partidario de Hamas, entrar en nuestras universidades, ponerlas patas arriba y ser cómplice del cierre de instituciones educativas, es un error", aseguró: "Hay niños en estas escuelas que no pueden ir a clase. Tienen miedo porque estos lunáticos andan por ahí con la cara tapada, gritando cosas aterradoras".Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de mayor vigilancia y endurecimiento de políticas migratorias, impulsadas por la administración de Donald Trump. La postura del gobierno ha sido clara en cuanto a restringir la permanencia de personas que representen un riesgo para la seguridad nacional o que participen en actividades relacionadas con grupos extremistas.Actualmente, Marco Rubio se encuentra en Quebec, Canadá, para participar de las reuniones del G7 en su calidad de secretario de Estado. Este foro, que reúne a las principales economías del mundo, aborda diversas problemáticas globales, que incluyen temas de seguridad y migración.
Polonia reabre el debate en la UE sobre la revisión de derechos de los pasajeros aéreos
Venezuela suspende licencia de operadora de TV SuperCable por violar derechos de usuarios
La jueza Karina Andrade dijo que liberó a los presos porque no tenía información de la detención y que priorizó derechos
La jueza Karina Andrade, atacada por el Gobierno porque decidió liberar a 114 de las personas presas en la marcha de los jubilados, justificó este viernes por la mañana la medida. Dijo la magistrada que no le enviaron ni siquiera "la información básica" de la detención de esta gente y, además, que priorizó derechos, como el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional."No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones", indicó Andrade en Radio Urbana Play sobre uno de los motivos por los cuales emitió una decisión de madrugada que dejó libres a 94 personas presas por la Policía de la Ciudad y a otras diez capturadas por las fuerzas federales, que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña. Aclaró, en eso, que no fue una "decisión trasnochada" la suya. "Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté", marcó Andrade, que fue denostada desde la Casa Rosada. Incluso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que pedirá una investigación contra ella en el Consejo de la Magistratura de la Capital. Por su parte, Andrade indicó que ahora la fiscalía tendrá a cargo la investigación sobre cada una de estas personas y que, en caso de que así lo consideren en base a las pruebas, podrán pedir nuevamente la detención en la causa. Mientras, insistió con que en ningún momento hubo algún aviso al Poder Judicial de que existía una sospecha previa de una situación delictiva orquestada con premeditación (como quiso marcar el Gobierno con respecto a la protesta) y que tampoco se pidió ninguna medida o allanamiento anterior a la marcha, sino que ella tenía notificado solo que iba a haber una manifestación. "La sentencia dejó en claro el ABC de la detención de una persona en el país. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos", planteó. Dijo, entonces, que ella debía obrar sobre personas que necesitaban una "respuesta rápida" y ponderar los derechos a preservar. "Los datos para la comunicación de una detención son nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo, intersección, [tiene que ser] exacto, el oficial y la fuerza que interviene. Y yo siempre pido que en el delito de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos", enumeró sobre condiciones que -dijo- no le proveyeron. "Llegó un momento en que la información era 'misma situación', 'mismo lugar', todos los delitos eran artículos 237, 238 y 239â?³, se quejó y alegó que de esa forma no podía tener "un control de la detención" en un contexto en donde se había anunciado una "manifestación de personas adultas mayores que vienen ocurriendo en la Ciudad desde el año pasado". "Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número", comentó. Indicó también Andrade que como ella pertenece al sistema acusatorio su función es "controlar los requisitos de detención", en un contexto de "ponderación de derechos", y que por eso actuó de esa forma. "Esa es la situación. Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse. Frente a una situación donde se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente. Y la persona que cometa delitos es detenida", expresó. La jueza también defendió su carrera ante los ataques que no solo recibió desde el Gobierno sino también desde las cuentas de X pro-libertarias. "Está mi audiencia pública, expresé toda mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar por estar dentro del Poder Judicial. Cuando se dicen esas cosas se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra jueces y juezas. Creo que es una forma de manifestar una disconformidad [del Gobierno con la decisión que ella tomó]", dijo. Minutos después, desde el Ministerio de Seguridad nacional presentaron una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada por lo que ocurrió en el exterior del Congreso. En el segundo punto de los pedidos que hicieron desde la cartera de Bullrich a la Justicia requirieron la "declaración de incompetencia por 'inhibición'" a Andrade.
La jueza que liberó a los acusados por la marcha de los jubilados dijo que fue por "una ponderación de derechos"
Karina Andrade, la jueza que ordenó la liberación de 114 detenidos por la marcha frente al Congreso aseguró que "las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos". También afirmó que "no había un control judicial efectivo". Leer más
La jueza que liberó a los acusados por los incidentes en el Congreso dijo que priorizó el derecho de protesta y no analizó los antecedentes de los detenidos
Karina Andrade defendió la resolución que provocó la reacción del gobierno nacional. Dijo que el fiscal y la Policía no presentaron pruebas para defender los operativos y decidió garantizar los "derechos constitucionales" de las personas que fueron aprehendidas. "No fue una decisión trasnochada", dijo
Gustavo Petro 'casó pelea' con Vargas Lleras por cuenta de la consulta popular: "Eso es Estado de derecho"
El presidente de la República, en una publicación en sus redes sociales, enfiló baterías contra el exvicepresidente de la República y defendió la propuesta de que se convoque a los colombianos a las urnas
La jueza que liberó a los detenidos de ayer destacó fallas en la actuación policial y un avance sobre derechos clave
La jueza Karina Andrade, que liberó a 114 personas que fueron detenidas ayer en las inmediaciones del Congreso, basó su fallo en dos razones centrales: la falta de información que aportaron las fuerzas de seguridad sobre las razones de sus arrestos y la importancia de los derechos constitucionales en juego; básicamente, a manifestarse y a protestar ante las autoridades.En primer lugar, Andrade relató que la información que recibió el juzgado fue "absolutamente deficitaria". Dijo que las fuerzas omitieron detalles tales como la hora y el lugar de las detenciones, y el delito específico que las convalidaba. La jueza añadió: "A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos".Andrade recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo dictado en 2011 contra la Argentina, afirmó que cualquier detención tiene que estar "debidamente registrada en el documento pertinente" y que tienen que estar señaladas "con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo".La jueza destacó que "la exigencia de comunicación inmediata se anuda directamente con la garantía de libertad personal como parte inviolable de la dignidad de las personas" y que dicha comunicación inmediata debe cumplir con ciertas exigencias que le permitan a ella, como jueza de garantías, "poder realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención". Andrade afirmó: "No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a 'los hechos del Congreso de la Nación'. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en 'flagrancia', no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle".Para la jueza, la falla no fue de la fiscalía sino una consecuencia de "las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad".En su fallo, la magistrada advirtió que no estaba haciendo un análisis de fondo de los hechos, que podrán ser materia de investigación, sino que, con los elementos que tenía, no podía aplicar el trámite ordinario que se asigna a los casos de flagrancia y que debía disponer la "inmediata soltura" de los detenidos.Derechos constitucionalesLa jueza insistió en que se encontraban en juego "derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros"; todos derechos contemplados por el texto de la Constitución o por tratados internacionales con jerarquía constitucional.Aclaró que los derechos "no pueden ser ejercidos de manera absoluta", sino que están "limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio", pero advirtió que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos "no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico"."Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se 'moviliza') en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores", destacó. Y dijo: "Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente. Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación".Andrade afirmó: "La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático".Citó en su decisión fallos de la Corte Suprema y una obra del constitucionalista Roberto Gargarella, de 2007, titulada "El Derecho a la Protesta: el primer derecho", en la que Gargarella sostiene que en "una democracia representativa, la única alternativa con la que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de protestar y quejarse frente a las autoridades" y que "si se socava dicha posibilidad, la democracia representativa se convierte en una oligarquía o plutocracia, es decir, la democracia llega a su fin". El constitucionalista afirma: "De allí que una democracia, aún modesta, no sólo no puede darse el lujo de perder ciertas voces críticas sino que más bien, y por el contrario, debe hacer todo lo posible por potenciar a cada una de ellas".La decisión de Andrade fue duramente criticada por el Gobierno, que la acusó esta mañana de "militar la impunidad". El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó incluso con promover sanciones contra la jueza: dijo que "se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por posible incumplimiento de sus funciones".
Quién es la abogada que fue despedida del Departamento de Justicia en EE.UU. por "los derechos de armas de Mel Gibson"
Elizabeth G. Oyer, quien se desempeñaba como fiscal en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), denunció que fue despedida un día después de negarse a recomendar que el actor Mel Gibson recuperara su derecho a portar armas. La decisión generó controversia dentro del organismo y despertó críticas sobre presiones políticas en la administración de Donald Trump.Elizabeth G. Oyer, la abogada despedida del Departamento de JusticiaHasta el 7 de marzo, Oyer trabajaba como fiscal de indultos en el DOJ. Allí, integraba un equipo encargado de evaluar las solicitudes de restauración de derechos de armas para personas con condenas previas.De acuerdo a la información oficial brindada por el organismo, la letrada ingresó en 2022. En ese entonces, la dependencia destacó que Oyer aportaba "al puesto una gran experiencia en la representación de acusados en el sistema legal penal federal", algo que "dio forma a su comprensión del papel vital que desempeña la clemencia en la creación de oportunidades para segundas chances".El organismo de Justicia también había resaltado que fue "la primera exdefensora pública designada como abogada de indultos" y la calificó como una profesional "comprometida a garantizar la imparcialidad, la accesibilidad y la transparencia del proceso de clemencia para el beneficio de todas las partes interesadas".Antes de convertirse en fiscal de indultos, Oyer trabajó durante una década como defensora pública federal. Fue asesora principal de litigios del Defensor Público Federal del Distrito de Maryland, donde representó a personas en todas las etapas de los procedimientos y en todo tipo de casos penales en el tribunal federal de distrito. Además, fue asesora de ética de la Oficina, coordinadora de políticas de descubrimiento y mentora de abogados jóvenes.Oyer obtuvo su licenciatura en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y recibió su título de abogada en la Facultad de Derecho de Harvard.Cómo fue el despido de Elizabeth G. Oyer y su relación con el caso de Mel GibsonDe acuerdo con NBC News, semanas antes del 7 de marzo â??fecha en la que fue despedidaâ?? Oyer había presentado un informe en el que recomendaba restaurar el derecho de armas a nueve candidatos, tras haber analizado su historial y determinar que no representaban un riesgo.Tras enviar su evaluación, recibió una solicitud para agregar a Mel Gibson a la lista de recomendados. El actor, ganador del Oscar, había perdido su derecho a portar armas en 2011, tras declararse culpable de un cargo menor de violencia doméstica en Los Ángeles, detalló Variety.Oyer revisó la petición y respondió a sus superiores que no podía hacer la recomendación, ya que Gibson no había pasado por el mismo proceso de evaluación que los otros casos analizados. "Devolver armas a los maltratadores domésticos es un asunto serio que, en mi opinión, no es algo que pueda recomendar a la ligera, porque hay consecuencias reales que se derivan del hecho de que personas con antecedentes de violencia doméstica estén en posesión de armas de fuego", explicó.Pocas horas después de rechazar la solicitud, según le dijo Oyer a The New York Times, la funcionaria recibió una llamada del fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien le sugirió que "sería prudente hacer la recomendación" debido a la relación del actor con el presidente Donald Trump.La abogada no cambió su postura y envió un segundo informe el viernes 7 de marzo por la mañana, sin incluir una recomendación favorable para el actor. Ese mismo día, recibió una notificación de despido.La versión del Departamento de Justicia sobre el despido de OyerDesde el Departamento de Justicia negaron que la destitución de Oyer estuviera relacionada con el caso Gibson. Un funcionario del organismo aseguró a NBC News que "la decisión sobre Mel Gibson no influyó en la decisión de despido" y que la documentación para removerla del cargo "se había procesado antes de que se enviara el correo sobre Mel Gibson".Sin embargo, otro alto funcionario del Departamento expresó preocupación por lo ocurrido. "La destitución de Oyer es parte de un conjunto muy preocupante de movimientos de personal en todo el gobierno federal y en el Departamento de Justicia", señaló al mismo medio."No sé en qué medida lo que le pasó a Liz se debió a que no se acató una norma específica", dijo el funcionario del Departamento de Justicia, pero consideró que "sistemáticamente, el liderazgo político de esta administración está haciendo todo lo posible para eliminar las barreras institucionales".
El catedrático condenado por vulnerar el derecho al honor de Baena Tocón pedirá una aclaración de sentencia ante "dudas"
Horas antes de la marcha de los hinchas, el Gobierno endureció las condiciones para el derecho de admisión en los estadios
La medida, publicada en el Boletín Oficial, amenaza con "restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública". Leer más
Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto y liberación: "Mis derechos fueron vulnerados"
La modelo venezolana fue detenida tras convertirse en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars
El Gobierno endureció el derecho de admisión a los estadios de fútbol
La medida fue publicada este miércoles a la medianoche, a través de la Resolución 2025, en el Boletín Oficial.Fue horas antes de que "hinchas" de clubes asistan a una marcha de jubilados.Patricia Bullrich había advertido que se detendrán y aplicarán sanciones a quienes infrinjan la ley durante la convocatoria.
El Gobierno endurece el derecho de admisión a canchas a horas de la "marcha de barrabravas"
El Gobierno oficializó una medida que apunta a impedir el ingreso a los estadios de fútbol a quienes participen en hechos violentos durante manifestaciones en la vía pública. La Resolución 321/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, amplía la aplicación de la Restricción de Concurrencia Administrativa, que hasta ahora solo alcanzaba a incidentes en espectáculos futbolísticos.El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fundamentó la decisión en la necesidad de prevenir desmanes y garantizar el orden público. En un comunicado difundido previamente, la cartera había advertido que cualquier persona que provocara disturbios en la marcha de jubilados convocada para este miércoles frente al Congreso sería identificada, detenida y sancionada con la prohibición de ingreso a los estadios del país.La nueva norma modifica la Resolución 354/2017, que regulaba la restricción de concurrencia a eventos deportivos. Con la actualización, las sanciones se extienden a quienes hayan participado en disturbios antes, durante o después de una manifestación, aunque no tengan antecedentes en hechos de violencia en el ámbito del fútbol. También alcanza a quienes bloqueen calles, interrumpan el tránsito o alteren el orden público en el marco de concentraciones en la vía pública.pic.twitter.com/xAYAYElMA0— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 11, 2025La medida se publica en un contexto de creciente tensión por la marcha que convocaron hinchadas de fútbol, que tendrá lugar este miércoles, cuyo objetivo es sumarse al reclamo que realizan agrupaciones de jubilados todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.Todo esto empezó la semana pasada, cuando un grupo de hinchas de Chacarita participó en la marcha de los jubilados y protagonizó incidentes en las inmediaciones del Congreso. El episodio encendió las alarmas en el Ministerio de Seguridad, que reforzó la vigilancia y advirtió sobre la aplicación de medidas especiales en caso de nuevos desmanes.Sin embargo, en los últimos días, circularon invitaciones para marchar de sectores de las parcialidades de Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros.Ante ese escenario, la cartera liderada por Patricia Bullrich volvió a advertir sobre la implementación de "estrictas medidas" para garantizar el orden y la seguridad pública. El ministerio de Seguridad de la Nación también indicó que quien impida el normal funcionamiento de los transportes o servicios "será reprimido con prisión de tres meses a dos años".Comunicado de hinchas autoconvocados de Boca Juniors a marchar por los jubilados en Congreso el próximo miércoles. pic.twitter.com/wRlFNGYc8O— Andrés Yossen ð??¦ð??· â?ð???â? (@FinoYossen) March 7, 2025En diálogo con LN+, la ministra también había adelantado medidas contra "los barras" que decidieran participar de la convocatoria. "A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir", dijo en esa ocasión.Por último, instó a todos los participantes de la marcha a expresarse de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad. El mensaje también fue compartido por la ministra de Seguridad, quien escribió: "Mañana, en la marcha de las barras bravas, como en todas las demás: ley y orden".
Mafe Carrascal se sumó al llamado de movilización de Petro tras hundimiento de la reforma laboral: "Nadie les puede arrebatar el derecho"
La representante a la Cámara criticó la postura del Congreso, al asegurar que la falta de apoyo a la iniciativa muestra una desconexión con las necesidades de los empleados, resaltó que estaban "enfrentando a la clase trabajadora"
El acuerdo con el FMI y una nueva violación del estado de derecho
Apurados, secreteando y abusando de los DNU, se negoció directamente con el FMI un nuevo endeudamiento para cubrir deudas anteriores, que el Congreso aprobará sin revisarlos. Sin embargo, al país nunca le fue bien con el FMI: esos acuerdos nos salieron muy caros. Leer más
Marlaska habla de "sorpresa" ante citación a Bolaños y señala diligencias anuladas a Peinado por vulneración de derechos
Corte Constitucional ordena regular derechos de migrantes en tránsito
La decisión se derivó por una tutela interpuesta por tres ciudadanas camerunesas contra Migración Colombia, luego de que se les impidiera ingresar al país y fueran retenidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá
PSOE y Sumar impulsan de nuevo reforma de derechos de emisión de gases efecto invernadero
El TSXG reconoce el derecho de las familias del 'Nuevo Marcos' a una indemnización de medio millón por el naufragio
Un empleado con más de 30 años de antigüedad es despedido durante su baja médica: la Justicia le da derecho a una indemnización
El Tribunal señaló que nadie puede ser objeto de discriminación para recibir su remuneración
Ristic sufre una rotura fibrilar en el muslo derecho
El defensa del Celta, Mihailo Ristic, presenta una "rotura fibrilar de grado I" en el muslo derecho tras un partido contra el Sevilla, afectando su temporada en LaLiga
Multan con 12.000 euros al festival Icónica por incumplir normativa de derecho de admisión
Gobierno acuerda con CCOO y UGT recuperar el derecho a jubilación parcial de funcionarios
El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT acuerdan la recuperación del derecho a la jubilación parcial para empleados públicos, facilitando la transición laboral y regulando nuevos perfiles de relevistas
Piden la regularización extraordinaria de migrantes ante un sistema que "recorta derechos"
Regularización Ya demanda la aprobación de la iniciativa legislativa popular para garantizar los derechos de migrantes en situación administrativa irregular, criticando la reforma actual que limita su acceso a protección internacional
La realidad de servir en las casas de los millonarios: "Los ricos están por encima del Derecho y de las normas"
'Infobae España' entrevista a la socióloga Alizée Delpierre, que acaba de publicar un libro sobre las relaciones que se establecen entre los más adinerados y quienes les sirven
La curiosa estrategia de la primer puesto de Derecho en el examen de admisión a San Marcos: "La clave es comer pan duro"
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El PSE-EE plantea una reforma del Estatuto de Gernika con un gran pacto que reconozca el poder municipal y otorgue competencias tributarias al Parlamento Vasco, excluyendo el derecho a decidir del debate estatutario
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PSE apela a sacar el derecho a decidir del debate estatutario y aprovechar "la oportunidad" para lograr "un gran pacto"
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El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la defensora del Pueblo, mientras se resuelve una demanda que cuestiona su elección alegando que la terna exclusiva de mujeres vulneró el acceso equitativo a cargos público
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¿Fin de Sadaic, Aadi, Argentores y otros? Así es cómo los artistas gestionarán sus derechos de autor
El Gobierno cambia la gestión de cobros: los artistas podrán cobrar sin intermediarios.Cómo registrar una canción u obra bajo el nuevo decreto: paso a paso.
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El Gobiero desreguló el cobro de derechos para los artistas
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció en su cuenta de X cambios en la manera como se gestionan los derechos de autor en la Argentina. Es, de hecho, un golpe para entidades monopólicas en ese campo como Sadaic, Sagai, Aadi-Capif, DAC y Argentores, que tienen la gestión de derechos de músicos, actores y bailarines, grabaciones, directores de cine y guionistas, respectivamente. A partir de las nuevas medidas, los artistas podrán gestionar sus derechos desde estas asociaciones, desde otras que puedan ser creadas (porque la actividad queda desregulada) o ellos mismos sin intermediarios. Como lo explicó el propio ministro, esto -como la Ley de Cine, en realidad, y otras muchas medidas vinculadas con las industrias culturales- proviene del período de facto de Juan Carlos Onganía. Por supuesto que hubo y hay reacciones del campo artístico -sobre todo de las entidades-, pero eso no implica que la medida sea nociva para los creadores.En primer lugar, hasta este decreto 138/2025 que comunicó Sturzenegger, los artistas estaban obligados a cobrar sus cachets o salarios a través de una SGC (Sociedad de Gestión Colectiva), que tomaba un porcentaje de ese cobro por la gestión y luego liquidaba al creador lo que le correspondiese. La ventaja del sistema -en teoría- consiste en que hay una entidad que se dedica a cobrar aquel uso de las creaciones a las que el artista no llega. Si alguien utiliza una canción en una serie de TV y el artista no lo sabe, sí lo sabe Sadaic y cobra en consecuencia lo que corresponde, y luego le liquida al creador. Pero tiene también desventajas: está abierto al uso discrecional de los plazos de pago, por ejemplo, y al manejo igualmente discrecional de una caja enorme. Debe pensar el lector que todo uso de música pasa por Sadaic, y se cobra. Por cierto, ya no tanto: la actual administración ya había dispuesto que no debía pagarse a Sadaic por fiestas privadas (el decreto 765/24), por ejemplo, y que todo quedaba en la órbita de la explotación comercial de una obra.Ahora bien: en el campo de la creación en la Argentina, era frecuente escuchar críticas a estas entidades, no solo por el manejo de los fondos sino, también y sobre todo, por su eficiencia. No era lo mismo un cantante consagrado que otro que está recién comenzando a la hora de cobrar o hacer valer sus derechos. Aquí tomamos como ejemplo el campo de la música, porque es el más sencillo de comprender, pero las mismas críticas se escucharon desde siempre respecto de las otras ramas del entretenimiento. Por cierto, las quejas no tardaron en aparecer.Pocas horas después del anuncio, Sadaic publicó un comunicado oficial que dice: "La música tiene valor y quieren regalar nuestro trabajo. La canción es una propiedad privada y el autor tiene el derecho constitucional de recibir una recompensación económica cuando su obra es utilizada especialmente para beneficio económico de terceros. El decreto presidencial nos obliga a regalar el fruto de nuestro trabajo intelectual. Sin contemplar que es parte de nuestro sustento, el de nuestras familias y el de miles de personas que trabajan y viven dentro del maravilloso mundo del entretenimiento musical. Es injusto y no hay derecho. Sadaic es una sociedad civil y mutualista, sin fines de lucro. Y representa 113 sociedades de gestión y más de 4 millones de autores en el mundo. No coincidimos con los objetivos que marca el decreto. Vamos a defender nuestro derecho en todos los ámbitos necesarios. Queremos Justicia y queremos respeto".Sin embargo, el decreto no anula los derechos de autor (lo que implicaría no cobrar) sino que abre el camino para la competencia entre entidades y gestores, o para que el artista los gestione él mismo. Al contrario: establece cuál es la normativa para la creación de otra sociedad de gestión colectiva. De hecho, coloca un límite a lo que pueden retener al artista, en ningún caso por encima del 30% de la cantidad a percibir. Actualmente, Sadaic cobra un 20% por espectáculos con entrada, 15 % por los sin entrada, y 10% de los ingresos por radiodifusión, teledifusión, grabaciones, publicaciones, y exhibición de películas. Es decir, el tope que establece el artículo es superior, pero es evidente que se trata de un margen amplio para facilitar la competencia.Quizás el artículo más complejo para las actuales entidades sea el 4°, que reza: "Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual, respecto de cualquier utilización de una obra o bien cuando hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro. Los representados podrán hacer acuerdos particulares, debiendo comunicar dicha circunstancia en forma fehaciente a la sociedad de gestión colectiva a la que hayan otorgado consentimiento para que gestione sus derechos, sin que esta última pueda oponerse a dichos acuerdos". Es decir, la libertad del artista para pactar de qué modo y a través de qué mecanismo cobrará lo que le corresponda por el uso o la interpretación de su obra es completa. El intermediario ya no es imprescindible, como hasta ahora. El decreto también establece trato equitativo, cómo se distribuyen los cobros no retirados de una SGC vencido el tiempo para hacerlo (cuatro meses) y un plazo máximo de liquidación de dos meses.Además, algunos de los artículos no se aplican a Argentores y Sadaic, en virtud de leyes específicas, mientras que hay una frase en el artículo 2° que resulta especialmente interesante: "La gestión colectiva de los derechos de autor y conexos solo podrá realizarse por asociaciones civiles conforme a lo establecido en (...) y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político y/o religioso". Tiene su lógica que se consideren entidades totalmente ecuánimes sin importar lo que piense alguno de quienes acceden a sus servicios. En síntesis, no implica la desaparición de Sadaic, Sagai, DAC, etcétera, sino la apertura de la actividad a otros actores. Lo más importante es que elimina la obligación de que el cobro de derechos, obligatoriamente, pase por una SGC. Para el público, podría implicar que los espectáculos o las producciones sean más baratas, en la medida en que disminuya el costo de gestión de derechos. En ciertos casos, el cambio puede implicar ahorros importantes: uno de los mayores costos para el audiovisual en la Argentina es el uso de canciones u otras obras dentro de una película o serie, que se pactaba obligatoriamente a través de estas entidades. Hoy eso podría hacerse directamente con el autor o el dueño original de los derechos. Pero en principio, hasta que efectivamente exista la competencia o los artistas elijan otra SGC u otra modalidad de cobro, los cambios serán mínimos. Especialmente porque todo el sistema hoy funciona alrededor de ellas.
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Tras desregular los derechos de autor, el Gobierno ahora apuntó a los de los intérpretes
Lo hizo a través del Decreto 143/2025, publicado en el Boletín Oficial. Impuso nuevas reglas para percibir y administrar las retribuciones. Según el Gobierno, era "necesario adecuar el régimen de representatividad de los autores". Leer más
Continúa el proceso de actualización del régimen de regulación de los derechos de autor
El Gobierno impuso ciertas limitaciones en lo que respecta a las sociedades de gestión colectiva y su relación con los titulares de las obras
Cuándo estás obligado a pagar a la SGAE por derechos de autor si pones música en tu tienda o bar
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta obligación no es universal y depende de si existe una "comunicación al público" de la obra protegida
"Va a haber una gran reactivación laboral": Daniel Grinbank y cómo impactará en la música la desregulación de los derechos de autor
En la mañana de este jueves 27 de febrero, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para referirse al decreto 138/2025 que desregula la gestión de los derechos de autor en la Argentina. Este decreto alcanza a las sociedades de gestión colectiva (SGC) Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), Aadi-Capif (Asociación Argentina de Intérpretes y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), entidades que gestionan los derechos de músicos, actores, bailarines, grabaciones, directores de cine y escritores, entre otros autores."Las sociedades de gestión representan a creadores de distinto tipo. Los compositores en Sadaic, los intérpretes en Aadi-Capif, los directores de cine en DAC, los actores en Sagai y los autores en Argentores. Todas estas entidades fueron creadas por decreto. La de Sadaic es un monopolio establecido en la época de (Juan Carlos) Onganía [presidente del país entre 1966 y 1970) y la verdad que es la más cara del mundo. Para comparar con países limítrofes, su porcentaje es el doble del de Brasil y Chile. Además, es abortiva en cuanto a muchos emprendimientos, porque encima en la Argentina hay una sumatoria de sociedades de gestión que no existen en ninguna otra parte, como por ejemplo la retención de DAC de cobrar por el uso de pantallas en recitales", señala el histórico productor de conciertos Daniel Grinbank, quien lleva tiempo poniendo este tema sobre la mesa. Hoy, por Decreto 138/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @m_cuneolibarona, liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente @JMilei nadie quiso o se animó a desarmar.â?¦ pic.twitter.com/Cv00ixmKoH— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 27, 2025 El decreto macro que se dio a conocer este jueves sostiene que los artistas podrán gestionar sus derechos desde estas asociaciones ya existentes, desde otras que se creen en el futuro o hacerlo ellos mismos sin intermediarios. "Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual", señala el decreto, que agrega: "Las sociedades que pretendan administrar los derechos establecidos en la Iey deberán acreditar hallarse facultadas por los estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros amparados por la Ley N° 11.723. La representación de un determinado derecho de autor o conexo puede ser llevada adelante en forma simultánea por más de una sociedad de gestión colectiva. En ningún caso se podrá limitar la facultad de los titulares de derechos de administrar sus obras en forma individual".Entre otras particularidades, el decreto también especifica que "los representados podrán hacer acuerdos particulares, debiendo comunicar dicha circunstancia en forma fehaciente a la sociedad de gestión colectiva a la que hayan otorgado consentimiento para que gestione sus derechos, sin que esta última pueda oponerse a dichos acuerdos"."Durante muchos años y particularmente en la gestión anterior, intentamos desde la cámara Aadet (Asociación Argentina de Empresarios y Empresarias Teatrales y Musicales), que nos nuclea, tener diálogo para fijar topes, porque obviamente reconocemos los derechos genuinos de los creadores y hay que pagar por eso, pero también entiendo que estas sociedades se convirtieron en una elite burócrata que, a partir de decretos, tuvieron empoderamientos y jamás se sentaron a dialogar en una cuestión que la dinámica de la industria requería imprescindiblemente", aduce Grinbank y amplía: "Esto fue hecho antes del mundo digital y estas organizaciones no se modernizaron y, repito, son las más caras del mundo. Por una entrada de 100 pesos, acá en Argentina se llevaba el 12 por ciento Sadaic, el 2 los directores y el 1 por ciento Aadi-Capif. Es decir, el 15 por ciento en total. La misma entrada en Brasil, solo el 6 por ciento, con lo cual quedaba el 94 para distribuir entre el artista y el productor. Pero lo más importante que le da la potestad al artista, al creador, que genuinamente pueda negociar con el productor en un acuerdo de partes cuánto cobra, más, menos y, lo que es más importante, que no obliga a nadie a irse de la sociedad en la que está. Esto es como decir que cuando se promulgó la ley de divorcio yo me tenía que divorciar. No, te da la potestad y creo que ampliar derechos es algo fantástico.-No desaparece Sadaic, ¿entonces?-No, de ninguna manera. Todos los que quieren quedarse en Sadaic van a seguir estando en Sadaic. Ahora, si un autor dice: en lugar de cobrar por Sadaic que me paga a los premios y me descuenta acá, quiero cobrar ni bien termina el show, pero entiendo que por los gastos de producción no me podés pagar el 12, pero sí el 9 y lo cobro ni bien termina, puedo negociar en forma individual. Da libertades y recuperan esas libertades los autores de ser los propietarios nuevamente y no las sociedades de gestión que les mandan a los creadores. Acá se invirtió el orden, se empoderaron sociedades, con burocracia, con sueldos altísimos en detrimento de la industria. Recuerdo un hecho, cuando en la pandemia no había trabajo y tuvimos que negociar por el streaming lo que fue negociar con Sadaic. En realidad ningún artista ganaba plata, era generar plata para poder pagarle a mucha gente precarizada laboralmente que trabaja en la industria. Mirá el caso de otros países. Brasil tiene seis sociedades de gestión, Estados Unidos tiene tres. Voy a contar una anécdota de Agosto, la obra teatral que produje hace muchos años. Tenía música de Eric Clapton. Vino Sadaic y pretendía cobrar el 2 por ciento de la recaudación bruta. Yo negocié los derechos de la adquisición de la obra con la música, entonces me comunico con los dueños de la obra que habían negociado con Eric Clapton y con su editorial y me dicen que no, que el arreglo es de una platea por función, nada más que eso. Y se pagó eso. Con lo cual es la potestad del artista el que tiene el derecho a manejar como quiere sus obras.-Acá entra en juego la capacidad de negociación que tiene un grande contra un chico, un artista independiente...-Un artista chico puede decir "sigo con Sadaic, me representan ellos, sigo con el 12 por ciento". Ahora, si tengo las ganas de salir de ahí, voy a poder hacerlo. Es tan sencillo como eso. Hay un miedo tremendo a la libertad. No quiero entrar en el bastardeo a la palabra que estamos viviendo en el mundo, pero tiene todo el derecho a seguir en Sadaic. No entiendo cuál es el planteo. Creo que también tenemos que salir del sesgo ideológico. Yo no comulgo con este gobierno, pero hay que tener la amplitud mental de ver cuestiones que puedan ser positivas para la industria. Es una locura el plantearse que te hayan ampliado derechos y tener temor a ese derecho. Yo creo que en 45 años de industria debo haber pagado varias paredes de Sadaic. Nos educamos con dos cosas: desde que nací tenía claro que algún día me iba a morir y que siempre iba a pagar los gravámenes más altos del mundo por la sociedad de gestión argentina. Bueno, eso se cayó. Después me voy a cuidar la salud, también.-¿A partir de esta medida va a haber más recitales?-Va a haber mucha más actividad de todo tipo. Porque, por ejemplo, voy al interior. Han crecido de manera considerable los costos de transportación, hotelería, de personal, traslados aéreos que no se pueden incorporar al precio de la entrada porque hay una crisis económica. Entonces yo puedo negociar con el empresario del interior como artista: "Che, en lugar del 12 cobrá el 6 y tenés 6 por ciento más bruto para poder pagar todos los gravámenes". Va a ser una gran reactivación en lo laboral. Y, otro pretexto: dicen que se debilita la mutual. Nadie te prohíbe que pagues la mutual. Bajo todo punto de vista esto es virtuoso. No le veo ninguna contraindicación. Obviamente este es el primer decreto, después vendrán los detalles pormenorizados. Estas organizaciones no se han modernizado en tecnología, en personal y no están preparadas para todo lo que se viene. ¿Sabés cuántas obras tiene Sadaic en un rubro que se llama ONI, Obras No Identificadas? Más de 400.000 obras. Cobró por ellas y no le pagó a nadie.-¿Cobra igual?-Cobra igual y no distribuye. Son sociedades de gestión carísimas, arcaicas y con gravámenes en algunos casos más altos. Porque por ley, cuando se crearon, por una cuestión demagógica, Aadi-Capif, que cobra el 1 por ciento, que no existe en ninguna parte del mundo, tiene la potestad de ir hasta el 6 por ciento; DAC, que no existe en ninguna parte del mundo para los recitales, acá pretende el 2 por ciento. Me parece que en este sentido es muy positivo el decreto, no hay que tener miedo a que haya libertades. Y el que quiere seguir en Sadaic, repito, va a seguir en Sadaic. Hay sociedades de gestión que funcionan bien y otras no tanto.
La categórica reacción de los artistas tras la modificación de la ley de derechos de autor
El Gobierno presentó la medida como un beneficio para los artistas, pero en verdad los deja más desprotegidos ante los intereses de las grandes empresas.
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Polémica medida: El gobierno autorizó a los artistas a gestionar los derechos de autor sin intermediarios, qué dice Sadaic
Fue anunciado a través del Decreto 138/25 publicado en el Boletín Oficial. Además, autoriza a la creación de nuevas sociedades de gestión colectiva.La respuesta de la Sociedad de Autores y Compositores.
Sturzenegger explicó los cambios en los derechos de autor y dijo que se termina un "perverso sistema"
Como cada mañana, el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó este jueves una nueva medida que se tomó desde su cartera. En este caso, sobre modificaciones a la regulación de los derechos de autor. Según afirmó el funcionario de Javier Milei, estos cambios permitirán terminar con un "perverso sistema" que se extiende desde la época del golpe de Estado que arrancó en 1966."Hoy liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de [Juan Carlos] Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente Javier Milei nadie quiso o se animó a desarmar", aseguró Sturzenegger sobre la pauta que se adoptó a través del Decreto 138/2025, que determinó que desde ahora los interesados puedan registrarse a partir de una sociedad de gestión colectiva u optar por inscribirse de manera individual, algo que antes no era posible."Hasta ahora el Estado controlaba los ingresos de todos los artistas, obligándolos a rendir sus derechos a través de una organización autorizada por el mismo Estado. Este perverso sistema ideado por el presidente de facto Onganía (luego amplificado por el kirchnerismo, que comparte esa visión autoritaria del poder) le permitía al Gobierno dos cosas. Primero, tener el control de los derechos de los artistas para disciplinarlos (ya sea privilegiándolos en el cobro o extorsionándolos). Segundo, constituía una abultada caja en la que vale el dicho 'el que reparte se queda con la mejor parte'. (El kirchnerismo le sumaba la hipocresía, porque mientras condicionaba la creación artística y le sacaba recursos, te verseaba que la quería ayudar y promover)", justificó el ministro de Milei, quien desde que asumió ya tuvo una serie de traspiés con el mundo de la cultura, sobre todo por los recortes en el Incaa, por su ataque a reconocidas cantantes (como Lali Espósito y María Becerra) y por impedirle hacer un show en la ex ESMA a Milo J.Al mensaje, Sturzenegger le sumó una foto hecha con Inteligencia Artificial (IA) donde se ve a Onganía desplazado por un grupo de jóvenes músicos. "Por eso acompañamos este post con una imagen de unos músicos despidiendo al dictador Onganía. ¡Nunca más el control del Estado sobre la cultura! ¡Viva la libertad carajo!", exclamó.Tras eso, el funcionario mileísta siguió con los detalle de la medida. Dijo que desde la época de Onganía y hasta este jueves en que se publicó el decreto las sociedades de gestión colectiva (SGC) -que en la Argentina son Sadaic, Sagai, Aadi-Capif, Dac y Argentores- tenían un "monopolio" en la representación de los derechos autorales y en la fijación de las tarifas para usarlos. "Los músicos que querían vender su música (incluso hacer un show en vivo) debían cobrar obligatoriamente a través de Sadaic y Aadi sus derechos. Miren el absurdo: en un recital, en vez de que la banda pudiera cobrar sus derechos sin intermediarios, tenía que pagárselos a Sadaic, que luego le 'devolvía' lo que era suyo", expuso.Entonces, planteó que esta desregulación instrumenta dos cambios "decisivos" para la industria. "1) Elimina el monopolio de las SGC: desde hoy si alguien quiere fundar una Sadaic-2 para competir con Sadaic, podrá hacerlo. 2) Permite que los autores y creadores celebren acuerdos particulares sin intervención de dichas sociedades, cobrando sus derechos ellos mismos y acordando la tarifa con el usuario", enumeró y sostuvo que los beneficios son "evidentes" porque de esta forma los autores "recuperan la libertad que les da el pleno control de sus derechos", debido a que podrán elegir quién los representa o representarse ellos mismos sin intervención de una SGC."Los contratantes, por su parte, sabrán que con el acuerdo particular ya satisfacen todos los derechos económicos de ese autor, lo que da mayor certeza en el comercio. La competencia fomentará la transparencia y ahora las SGC estarán obligadas a ofrecer un servicio transparente, eficiente y eficaz a sus socios", remarcó y concluyó: "Miren esta locura: Sadaic pagaba el personal y los elementos que requerían sus auditores para llevar adelante su tarea. Sin competencia podían hacer lo que quisieran, drenando hacia las SGC cualquier gasto que consideraran válido. Ahora la competencia los disciplinará y los obligará a ser eficientes".Después le agradeció al equipo del Gobierno que trabajó en esta normativa, que salió firmada por Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.Hoy, por Decreto 138/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @m_cuneolibarona, liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente @JMilei nadie quiso o se animó a desarmar.â?¦ pic.twitter.com/Cv00ixmKoH— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 27, 2025