La denuncia de una madre destapó un impactante historial. Las clínicas se pusieron a disposición de la Fiscalía mientras se espera el inicio del juicio.
El Gabinete de Seguridad confirmó que el general se entregó a las autoridades estadounidenses
La jueza Claudia Dávalos determinó en 2023 que el colombiano debería abstenerse de consumir estupefacientes, evitar el abuso de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres enfocados en la problemática de la violencia de género
El grupo latino de HYBE ganó un premio y el comediante fue presentador
José Enrique Martínez Flores es acusado de coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión, prostitución y homicidios en la región
Era el único imputable por el asesinato de Ian Cabrera.El juez consideró "desproporcionado" que siga recluido, por lo que se le otorgó la libertad mientras continua el proceso en su contra.
La causa reveló presuntos pagos ilegales para evitar controles en eventos de música electrónica sin habilitación municipal. El delator chat de WhatsApp. Quiénes son los acusados. Leer más
La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre que desencadenó en un centenar más de casos
La dueña de "Mechozo" sostiene que el perro solo había salido a hacer sus necesidades y que terminó recibiendo un disparo desde la azotea del edificio. Tras la denuncia, los vecinos de la zona pidieron garantías por temor a represalias
El médico habría atacado a sus pacientes durante doce años aprovechando su función profesional en clínicas públicas. Leer más
Liliana Soler Carvajal publicó un video en redes sociales en el que relató los ataques que ha sufrido por parte del político y cómo descubrió su infidelidad con otra mujer en Caquetá
El Ministerio de Seguridad bonaerense oficializó una recompensa para quienes aporten información sobre el paradero de Ignacio Alberto García, imputado por comercialización de estupefacientes y un homicidio agravado con arma de fuego en Lanús.
Un juez impuso prisión preventiva al trabajador de la Clínica 72, sitio donde el pasado 4 de mayo durante la madrugada habría aprovechado que una paciente descansaba para agredirla
Familiares y vecinos marcharon hacia Fiscalía para reclamar justicia por el femicidio de Graciela López. La querella sostiene que la víctima vivía bajo amenazas y miedo constante. Leer más
La Justicia chaqueña consideró que las pruebas no alcanzaron para condenarlo por abuso sexual infantil. La Fiscalía apelará el fallo y sostiene que sigue convencida de la culpabilidad del acusado. Leer más
WASHINGTON.- El hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se declaró este lunes no culpable de todos los cargos en su contra, en un caso que volvió a alimentar el clima de polarización y teorías conspirativas que atraviesa al país.Cole Allen, de 31 años, compareció esposado y vestido con un mono naranja ante un tribunal federal de Washington, aunque no habló durante la audiencia: fue su abogado quien presentó formalmente la declaración de inocencia en su nombre. Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal y delitos vinculados con armas de fuego.Según la fiscalía, el acusado viajó en tren hasta Washington con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, reservó una habitación en el hotel Washington Hilton â??sede de la gala del 25 de abrilâ?? y luego disparó contra un agente del Servicio Secreto antes de irrumpir en un control de seguridad en un supuesto intento de atacar a Trump y otros altos funcionarios de su gobierno.Así vivieron el ataque los invitados a la cena de corresponsales de la Casa BlancaAllen enfrenta una pena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump.La audiencia del lunes también anticipó la próxima gran batalla judicial del caso. La defensa buscará apartar al fiscal general interino, Todd Blanche, y a la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, debido a que ambos asistieron a la cena y podrían haber sido potenciales objetivos del ataque.El abogado defensor, Eugene Ohm, sostuvo que incluso podría pedir la recusación de toda la fiscalía federal de Washington por la cercanía política y personal de Pirro con Trump."Es totalmente inapropiado que las víctimas de un supuesto hecho como este sean quienes lleven adelante el caso", afirmó Ohm ante el tribunal.Los fiscales deberán responder antes del 22 de mayo. Pirro, exconductora de Fox News y figura cercana al presidente, rechazó las críticas y aseguró a CNN que su presencia en la gala "no afecta en absoluto" su capacidad para conducir la causa.La semana pasada, otro juez federal incluso pidió disculpas a Allen por el trato recibido en la cárcel local de Washington, donde permaneció bajo medidas de prevención de suicidio y aislamiento.Teorías conspirativasPero mientras la investigación judicial avanza, el episodio abrió otro frente inesperado: el de las teorías conspirativas.Según una encuesta publicada este lunes por la firma NewsGuard y citada por The Washington Post, cerca de uno de cada cuatro estadounidenses cree que el ataque durante la cena de corresponsales fue montado o fingido.El sondeo, realizado por YouGov entre el 28 de abril y el 4 de mayo sobre una muestra de 1000 adultos, reveló que el 24% considera que el episodio fue "escenificado", frente a un 45% que cree que el ataque fue real. Otro 32% dijo no estar seguro.La división política aparece marcada en los resultados. Aproximadamente un tercio de los votantes demócratas afirmó creer que el atentado fue armado, frente a apenas uno de cada ocho republicanos. Además, los jóvenes de entre 18 y 29 años fueron más proclives que los mayores a desconfiar de la versión oficial.Las teorías conspirativas comenzaron a circular pocas horas después del ataque frustrado en el Washington Hilton. En redes sociales se multiplicaron publicaciones que afirmaban, sin pruebas, que el gobierno de Trump había organizado el episodio para fortalecer el apoyo al presidente, al Partido Republicano y al proyecto de construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.El vocero presidencial Davis Ingle rechazó esas versiones en declaraciones al Washington Post: "Cualquiera que piense que el presidente Trump montó sus propios intentos de asesinato es un completo idiota".Para Sofia Rubinson, editora de NewsGuard, los resultados reflejan una creciente desconfianza tanto hacia el gobierno como hacia los medios tradicionales.Agencias AP, Reuters y The Washington Post
Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México
La Policía logró ubicar y detener en Talara a William Seminario Girón, en cumplimiento de una orden de captura dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, como parte del proceso de investigación en su contra
Lorenzo Esteban Amarilla (26) fue capturado en un departamento del centro porteño.Lo buscaban desde este jueves por el crimen de Yolanda Raquel Cáceres (52), quien murió de tres puñaladas en su casa de Velázquez al 4100.
La formalización de cargos en contra del presunto responsable se desarrolló después de una investigación estatal que incluyó la participación de varias unidades especializadas y reveló el uso de documentos bancarios falsificados para sustraer fondos públicos
Esteban Amarilla tiene 25 años y es intensamente buscado por el crimen de Yolanda Cáceres, asesinada en su casa de Los Polvorines cuando defendió a su hija de un ataque sexual. El sospechoso conocía a la víctima y vivía cerca del lugar. Leer más
Una investigación de dos meses permitió a las autoridades identificar a un sujeto que utilizaba aplicaciones de mensajería para la difusión de material material explícito de niños de entre 3 y 10 años
Imágenes de cámaras de seguridad complican la situación judicial del letrado que habría facilitado la huida de un brasileño y su hijo en Corrientes.El Tribunal de Revisión de Mercedes decidirá el futuro del abogado, acusado de encubrir delitos graves y con antecedentes de intervenciones polémicas.
El jefe de la Policía del Chaco confirmó que Luciano Etudie estuvo cuatro meses bajo seguimiento psicológico por una denuncia de amenazas y luego volvió a portar su arma reglamentaria. Este jueves declararán policías que participaron del operativo. Leer más
Lee Mongerson Gilley, de 39 años, logró fugarse temiendo por la pena de muerte. Cómo es su situación actual y qué le espera.
En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) expulsó del país a Dmitrii Novikov, el ciudadano ruso acusado de liderar una supuesta campaña de desinformación para "desestabilizar" y "atentar contra las instituciones" argentinas. Formalmente, fue echado por infracción a la Ley de Migraciones y por sospechas de que llevó a cabo actos que atentaron contra el orden democrático de la República Argentina.Según informó la Policía Federal en un comunicado, la causa inició a principios de abril cuando Novikov arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en calidad de turista. Luego se instaló en un domicilio en Lanús, donde "fue monitoreado en todo momento por personal de la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE)".Ante esta situación y a instancias de un informe reservado vinculado a cuestiones de seguridad nacional, su residencia fue cancelada por la Dirección Nacional de Migraciones. pic.twitter.com/La0yfBZU2k— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) May 1, 2026Para el Gobierno, el acusado podría estar vinculado con el Lakhta o "La Compañía", un proyecto presuntamente enfocado en la creación y difusión de contenido digital destinado a fomentar campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales, actividades que ya han sido denunciadas en nuestro país y en los Estados Unidos. El comunicado precisó que Novikov habría sido arrestado en la República Dominicana y expulsado de ese país por tal delito.La semana pasada, y por orden del juez federal Julián Ercolini, efectivos de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA y personal de la Dirección Nacional de Migraciones arrestaron a Novikov en el domicilio en el que había sido ubicado y monitoreado.Tras pasar, desde el 1° de mayo, en la Alcaidía de la Policía Montada, en la calle Cavia, ayer fue trasladado por personal de la Federal al aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Desde Ezeiza, y ante la presencia del cónsul de la Federación Rusa en la Argentina, partió en un vuelo de Turkish Airlines rumbo a Estambul, Turquía.
Las autoridades españolas ubicaron al sospechoso tras una operación conjunta con organismos colombianos, luego de varios meses de seguimiento por el crimen ocurrido en una zona rural de Cádiz, donde la víctima recibió decenas de heridas con arma blanca
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia rechazó la impugnación de la fiscalía federal y confirmó la prisión domiciliaria para Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado como supuesto jefe de una estructura dedicada a la captación y explotación de personas. La decisión fue tomada por el Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca. A fines de abril se había dispuesto la prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de San Vicente. Como garantía se impuso una caución real de 30 millones de pesos, al tiempo que se fijó la colocación de una tobillera electrónica para controlar que el imputado cumpla con las restricciones a su libertad ambulatoria.Sin embargo, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, a cargo de Fernando Arrigo, cuestionó la decisión de los jueces.Sobre el criterio de "proporcionalidad en el tiempo" invocado por los jueces revisores (en alusión a que Rudnev lleva más de un año detenido preventivamente en la cárcel de Rawson, Chubut), la fiscalía sostuvo que esa variable no puede evaluarse de manera automática, sino en "correlato con el estado del caso, en función de las características y gravedad del mismo, como así también en relación con el presunto delito y la sentencia a recaer en expectativa".El fiscal Arrigo también criticó la circunstancia de que el imputado cumplirá la prisión domiciliaria junto a una mujer que fue investigada en la causa, aunque no resultó imputada: "No resulta lógico ni la experiencia indica que resulte razonable otorgar una prisión domiciliaria en un domicilio donde convivirá con una mujer en una situación de vulnerabilidad, máxime cuando estamos ante un caso de la gravedad ya indicada y donde justamente, ambas víctimas (madre e hijo) se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema".En el caso se investiga a una organización que habría captado, trasladado y acogido a una mujer rusa embarazada con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, mediante engaño y coerción, bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. A Rudnev en particular se le atribuye haber captado a la mujer de 22 años en su país de origen y también haber intentado ponerle su apellido al recién nacido â??alumbramiento que tuvo lugar en un hospital público de esta ciudadâ??, alterando así la identidad del niño.La fiscalía también advirtió que el inmueble propuesto para que Rudnev cumpla la prisión domiciliaria, "al margen de situarse a más de 1400 kilómetros del asiento del tribunal en donde tramita el caso, es un predio rural de aproximadamente dos hectáreas, alejado de la ciudad, en el cual, según el informe realizado, se aconseja ingresar en un vehículo 4x4".Y sobre el monitoreo electrónico, remarcó que si bien el dispositivo "supervisa la presencia del imputado en el lugar, no supervisa el tipo de contacto que pueda tener con terceros, ni advierte sobre la presunta comisión de nuevos delitos".A su vez, la fiscalía insistió con la existencia de peligro de fuga y recordó la condena previa del imputado en Rusia -11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, actos de violencia sexual y delitos de producción, venta y envío ilegal de estupefacientes- y el momento en el que fue detenido en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, cuando planeaba huir de la ciudad e intentó autolesionarse con una hoja de afeitar.De todos modos, los jueces de Revisión decidieron no elevar la causa a la Cámara Federal de Casación Penal. Señalaron que la prisión domiciliaria no pone fin al proceso ni impide que avance la investigación, cuyo plazo se extendió por un año. Rudnev viajaría en los próximos días a Buenos Aires.Por su parte, hace unos meses, los abogados defensores del creador de la secta Ashram Shambhala invocaron cuestiones de salud para solicitar la prisión domiciliaria del hombre que fue detenido el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de esta ciudad. A fines de enero, el Tribunal de Revisión había hecho lugar a la impugnación de la fiscalía. En ese momento, consideraron que no existía un dictamen pericial ni un informe científico sobre el estado de salud del imputado.La causa -que tiene 20 personas imputadas, 19 mujeres y Rudnev- se inició hace poco más de un año, cuando una mujer de nacionalidad rusa de 22 años que cursaba un embarazo de casi nueve meses acudió al hospital Zonal de esta ciudad acompañada de otras dos mujeres. El personal médico denunció que la embarazada se encontraba en un evidente estado de sometimiento, ya que las acompañantes no le permitían hablar y solo ellas interactuaban con los médicos.Según la denuncia, cuatro días después del parto, una de esas mujeres intentó modificar la partida de nacimiento para anotar al recién nacido como hijo de Rudnev. En la audiencia de formalización realizada en abril del año pasado, el fiscal Arrigo sostuvo que con la maniobra que involucró a la víctima y a su hijo, el supuesto líder de la secta habría intentado obtener la nacionalidad argentina para luego gestionar la residencia brasileña. El objetivo habría sido poder vivir de manera permanente o temporaria en ambos países, donde la organización, aparentemente, estaba consolidando su asentamiento.
A los sujetos se les investiga por amenazas en contra de comerciantes
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, confirmó hoy el avance de una causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, que está acusado de haber intervenido como operador judicial, junto con el exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados, en un esquema de presiones y extorsión a empresarios.La defensa de Busaniche había pedido que se anulara la causa en su contra, pero la Casación, por dos votos contra uno, rechazó ese planteo. Se pronuciaron por la subsistencia de la causa los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yabobucci -que firmó un duro fallo contra la pretención de que el caso se cerrara-. En disidencia, Mariano Borinsky le dio la razón a Busaniche: sostuvo que la acusación en su contra era nula y que la causa, en lo que a este imputado respecta, no podía seguir adelante.El argumento de la defensa fue que no había sido debidamente notificada de una decisión que declaró el caso como "complejo" y que amplió así el plazo que la fiscalía tenía para formalizar la acusación contra Busaniche. Alegó, por un lado, que al escribano no lo habilitaron a participar de la audiencia que trató el pedido del Ministerio Público para que el caso se declarara complejo -audiencia de la que sí participó Bailaque- y, por otro, que no le comunicaron la decisión tomada como hubiera correspondido. Relató que la fiscalía notificó a Busaniche por mail y sin las formalidades exigidas por la ley.Mahiques, autor del primer voto del fallo, dijo que era cierto que la notificación cuestionada "no cumplió con todas las formalidades incluidas en los artículos 125 y 126 del nuevo ordenamiento procesal federal" (el caso se rige por el sistema acusatorio). Sostuvo que la comunicación debió haberla hecho la Oficina Judicial dentro de las 24 horas, con claridad y precisión, y advirtiéndole "suficientemente" al imputado que estaba en juego el ejercicio de un derecho. Pero según Mahiques, la defensa de Busaniche reconoció que había recibido el mail de la fiscalía que le informaba lo resuelto y, sin embargo, dejó pasar meses sin cuestionar esa decisión.Mahiques escribió: "Una notificación tardía, sin intervención de la Oficina Judicial encargada en la gestión administrativa y la utilización de locuciones más vinculadas a la urbanidad que a la técnica procesal no parece lo más adecuado a los estándares regulares en ese tipo de comunicaciones". Advirtió, no obstante: "No puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado".El camarista estimó que la prórroga que tuvo el fiscal para formalizar su acusación no provocó una "vulnernación de derechos del imputado" y recordó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para "habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción". El voto de YacobucciPara Yacobucci no hubiera correspondido siquiera tratar el recurso de Busaniche porque -afirmó- lo resuelto por el juez de garantías (que había dicho que el caso debía continuar) tuvo "fundamentos válidos y suficientes" y fue ratificado por el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario, "garantizando en el caso la doble conformidad judicial".Con el recurso ya abierto por sus colegas, Yacobucci dijo que coincidía con el voto de Mahiques, pero añadió una serie de observaciones propias. Aludió al "principio de desformalización" que regula "la sistemática del Código Procesal Penal Federal" y dijo que ese cuerpo legal no prevé una nulidad como la que pretende la defensa. Yacobucci manifestó que eso "resulta de especial significación frente a hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico, que son materia de compromisos internacionales del Estado argentino". "Una interpretación asistemática y descontextualizada de las normativas en juego -añadió el camarista- no puede ser legítimamente de recibo, además del strepitus fori que de esas consecuencias se deriva." Yacobucci citó en su voto una serie de fallos de la Corte Suprema y destacó lo afirmado por el ministro Ricardo Lorenzetti en el precedente "Price" en cuanto a que un muy breve plazo de caducidad que impida avanzar en el juzgamiento de hechos de corrupción "derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino".La disidencia de BorinskyBorinsky, en disidencia, dijo que "por motivos exclusivamente formales" se privó "puntualmente a la defensa de Santiago Busaniche de cuestionar y recurrir la declaración de complejidad del proceso, cuando la ley expresamente establece la posibilidad de impugnar esa resolución jurisdiccional". Sostuvo que "más allá de la discusión en torno a la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el mail de fecha 9 de mayo de 2025, lo cierto es que se aprecia que en el caso concreto de Busaniche, su defensa no tuvo la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar el carácter de complejo que se le asignara al procedimiento".Por ende, según Borinsky, a Busaniche la fiscalía lo acusó cuando el plazo para hacerlo había vencido y, entonces, esa acusación no es válida y es algo que ya no puede subsanarse. Está en juego la garantía constitucional del plazo razonable, de acuerdo con este camarista.Borinsky subrayó que el cierre de la causa debería regir entonces únicamente para Busaniche y no para los demás acusados, que consintieron la decisión de considerar el caso como complejo y ampliar los plazos. "Considero que en las particulares circunstancias del caso y sólo con relación a Busaniche -y no respecto de otros imputados-, el trámite impreso al proceso, fue llevado a cabo al margen de las normas específicas aplicables", sostuvo Borinsky en soledad.Qué se investigaMahiques describió en su voto la acusación de la fiscalía contra Busaniche. Relató que le imputan "su presunta intervención en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado el nombrado junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei [financista, arrepentido ante la Justicia] y Carlos Vaudagna [extitular de la AFIP de Rosario y Santa Fe]".Lo que hicieron -siempre según la acusación- fue iniciar y direccionar actuaciones administrativas y un expediente judicial contra empresarios "con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal". De acuerdo con la fiscalía, a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos. Mahiques relató en su fallo que los hechos atribuidos por la fiscalía a Busaniche "fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario".
La querella solicitó la pena máxima contra Abel Guzmán, quien asesinó a Germán Medina en un salón ubicado en Recoleta y se mantuvo prófugo durante dos meses. Este jueves continuarán los alegatos finales del juicio. Leer más
El tribunal federal rechazó las solicitudes de excarcelación y arresto domiciliario presentadas por la defensa del empresario Alejandro Muszak, fundador de la fintech, investigado además en Uruguay y España por fraude
El homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006, quedó impune. La Justicia de Tucumán absolvió, por el beneficio de la duda, a César Soto, el exnovio de la víctima.Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica también absolvieron a Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario de José Alperovich -gobernador entre 2003 y 2015-, que no había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal.Soto había llegado a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía. Kaleñuk estaba imputado por encubrimiento agravado.Se trató del cuarto juicio por el homicidio de Lebbos. Soto de 44 años, era la pareja en aquel momento de la víctima y padre de una hija en común.De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se encontró con su exnovio luego de salir a bailar a Gitana, un local bailable de la capital provincial tucumana, en la noche del 26 de febrero de 2006. El hallazgo se dio el 11, cuando agentes de la policía realizaban tareas de rastrillaje y descubrieron el cuerpo de una mujer que había sido arrojado a un barranco, pero había quedado atrapado en la vegetación. Solo días después, el 13, pudieron identificarlo.El cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición, heridas de un arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo. "Me hubiera gustado estar cuando encontraron a Paulina, creo que hubiera podido reconocerla", había declarado Soto en aquel momento ante medios locales. En la autopsia se descubrió que había sido estrangulada.Su muerte generó un fuerte sismo político en Tucumán, debido a que a lo largo de tres juicios fueron condenados los más altos mandos de la policía provincial por encubrimiento, además de funcionarios públicos, entre ellos políticos y miembros del sistema judicial.Kaleñuk que no fue acusado por el Ministerio Público Fiscal había sido considerado cómplice de Soto.
A Mauro Albornoz lo asesinaron en 2024 y su cadáver fue encontrado congelado en una casa del barrio Alto Alberdi, en Córdoba.Para el fiscal lo mataron luego de robarle.El único acusado es Fabián Ricardo Páez, de 39 años, quien fue detenido dos meses después del hallazgo.
El director general de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, comisario Juan Pablo Esquivel, fue separado del cargo en las últimas horas acusado de haber agredido a su esposa durante un festival de música.El hecho tuvo lugar durante el festival 'Kilómetro' que se llevó a cabo el 1 de mayo último en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital provincial.Según la denuncia, Esquivel estaba de franco y vestía como civil cuando habría agredido a su esposa durante la presentación de uno de los grupos. La víctima debió ser asistida en una posta sanitaria, aunque luego se habría negado a formalizar la denuncia.El casoDe acuerdo al relato de los testigos, Esquivel habría agredido a su esposa tras una discusión en el predio del estadio.Después de ese episodio, el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Juan Pablo Quinteros, actuó de oficio ante la denuncia de otros agentes y se resolvió pasar a Esquivel a situación pasiva, previo retiro del arma reglamentaria y la placa identificatoria.De esta forma, Esquivel quedó apartado de sus funciones mientras se analiza la situación disciplinaria y administrativa del funcionario.Así lo dispuso el Órgano de Control de Conducta de las fuerzas de Seguridad, por lo que el comisario cobrará el 30 por ciento de su salario mientras se instruye su causa y se decide si recibirá sanción disciplinaria.Según consignaron los medios locales, se trata del décimo cambio en el área de Seguridad Capital en los últimos ochos años.
La investigación sobre los hechos comenzó tras detectarse signos de violencia sexual en la inspección técnica al cuerpo del menor. Entre las pruebas recolectadas figura un examen de ADN para confirmar correspondencia genética
El 5 de mayo de 1925, en un pequeño pueblo de Tennessee, el docente de ciencias John T. Scopes hizo una defensa pública de la teoría de Darwin para que la justicia lo acusara de violar la Ley Butler, que prohibía su enseñanza y solo aceptaba el origen divino del hombre. Fue el primer juicio transmitido por radio en Estados Unidos y tuvo repercusión mundial. La condena judicial que se convirtió en una victoria política contra el fundamentalismo religioso
El principal acusado por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fue extraditado desde Perú.
MAR DEL PLATA.- Matías Farías, inicialmente acusado y condenado a prisión perpetua por violación y asesinato de la adolescente Lucía Pérez, recibió una pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado que se sumará a otra de 6 años que originalmente se le había fijado, en el marco de este mismo caso, por comercialización de estupefacientes. La semana pasada afrontó una nueva instancia de enjuiciamiento, ahora por resolución de la Cámara de Casación Penal, que atendió un recurso de su defensa y consideró que en la investigación no se había probado su participación decisiva en la muerte de la menor de 16 años y, por ende, descartó la carátula de femicidio y ordenó que se fijara nueva pena, ahora por abuso sexual agravado. "Todavía no sabemos quién mató a nuestra hija", reclamaron los padres de la víctima apenas conocida la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert.La familia Pérez, a través de su representación legal, a cargo del abogado Juan Pablo Gallego, había insistido con que el caso se mantuviera como homicidio agravado por condición de género y, en consecuencia, reclamaba que se sostuviera la condena a prisión perpetua dictada en el anterior juicio que afrontó Farías.De todos modos, la querella había avalado, en su defecto, el alegato del fiscal Carlos Russo, que consideró que por la participación en el hecho se debía aplicar al acusado la pena de 20 años de prisión, el máximo previsto para el abuso sexual agravado.Farías tuvo una defensa oficial, a cargo de María Laura Solari, que siempre desestimó la posibilidad de que la muerte de Lucía Pérez se hubiera tratado de un asesinato. Requirió, en su última exposición ante los jueces, que se aplique la mínima pena prevista para este encuadre legal, que es de 8 años de prisión. Incluso sumó algunos elementos como eventuales atenuantes. Los jueces escucharon a las partes el jueves y el viernes últimos e incluso a Farías, que siguió la audiencia desde la unidad penal donde permanece detenido. Desde allí, a través de una audiencia virtual, aseguró que no mató ni violó a Lucía Pérez. Los jueces decidieron unificar las penas por ambos delitos, por lo que el condenado debería pasar 23 años en la cárcel. "Se ha configurado la asimetría de la relación de poder que, en definitiva, ha sido el marco del abuso sexual cuya pena aquí se define", planteó en su voto la jueza Soulé, acompañada luego por sus compañeros de tribunal. "Esta especial situación de desigualdad ha sido un presupuesto indispensable de la ausencia de consentimiento de la agresión sexual perpetrada por Farías", evaluó, al tomar en cuenta en este caso que se acusa a un mayor de edad y que tiene como víctima a una menor, condición que el hoy condenado tenía presente. El caso se originó hace casi diez años, marcó la luz verde para el movimiento "Ni una menos" frente a la violencia de género y tuvo varias instancias judiciales. La primera, con la absolución de Farías y otros dos imputados, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, a los que solo se los condenó por comercialización de drogas, pena que el acusado hoy está cumpliendo. Vale recordar que Farías y Pérez tomaron contacto en la puerta de la escuela donde ella cursaba estudios. Él le vendió marihuana y luego se volvieron a encontrar, esta vez en un domicilio del barrio Alfar. Allí tuvieron relaciones sexuales y hubo consumo de drogas. La menor se descompensó y Farías la llevó a una sala de salud, donde se constató su muerte. La Justicia anuló aquel primer fallo y ordenó un nuevo juicio, además de enviar a los jueces de aquella instancia inicial a un jurado de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño. Todos pudieron volver a sus puestos, ya que no se probó que al resolver aquel proceso hubiesen cometido algún delito o una irregularidad grave que mereciera su destitución. Un nuevo juicio a Farías lo encontró culpable y lo llevó a recibir una pena de prisión perpetua que cumplía hasta el año pasado, cuando la Cámara de Casación Penal determinó que en el caso no correspondía la carátula de femicidio y solo se consideró probado el abuso sexual agravado.La familia de Pérez adelantó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se revise el fallo de Casación y se vuelva a encuadrar el caso como femicidio, lo que automáticamente restituiría la pena de prisión perpetua para Farías.
La polémica surge tras comparar activos del juego con escenas icónicas del anime y analizar su proceso creativo
Nathanel Jesús Castro Barbitta, conocido por su apodo de Mini Boy y socio del youtuber Yao Cabrera , será juzgado por el delito de abuso. Los ataques sexuales, según el expediente judicial, habrían ocurrido en una casa del barrio privado San Marcos, en Tigre, conocida como Mansión Wifi y utilizada para producir contenido que era subido a Youtube.Así lo resolvió la jueza de Garantías suplente del Deparamento Judicial de Zárate-Campana Lidia Moro al rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Castro Barbitta. El requerimiento de elevación a juicio había sido presentado por el fiscal Claudio Aundjian, funcionario a cargo de la causa.Mini Boy llegará a juicio acusado de "abuso sexual con acceso carnal reiterado en, al menos, tres oportunidades"."Entiendo que la calificación legal que aquí se sustenta es pertinente a los fines de encuadrar los hechos investigados, desprendiéndose de los elementos de prueba reunidos que un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de la víctima [G. D], al menos en tres oportunidades-accediéndola carnalmente en el recito denominado Mansión Wifi.Mansión Wifi era presentado en redes sociales como un espacio de convivencia y producción de contenidos. En la causa, el lugar descripto como el escenario de prácticas sistemáticas de violencia. En ese contexto, algunas víctimas lo bautizaron como la "Casa del Terror", denominación que quedó incorporada en el relato judicial como reflejo del clima que, según la acusación, imperaba puertas adentro, explicaron fuentes al tanto del expediente.Yao Cabrera, que en realidad se llama Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, está preso en Córdoba condenado por el delito de trata de personas, también es investigado por lavado de dinero, en un expediente que tramita la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).Para defenderse en la causa que se tramita ante el Juzgado en lo Penal Ecómico N°3 el youtuber uruguayo contrató a los abogados Su caso volvió a quedar en el foco luego de queLuana Fernández, participante de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe), hablarade su vínculo con el youtuber uruguayo preso en la cárcel de Bouwer por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, que tienen en su cartera de clientes, entre otros, a dos acusados de manejar plataformas ilegales de transmisión ilegal de eventos deportivos pagos â??como "Al Ángulo TV" y "Fútbol Libre"â?? y a Braian Paiz, el exmesero de un restaurante de Puerto Madero acusado de haberle vendido cocaína al cantante británico Liam Payne, que murió en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo.Los abogados buscan deslindar a Cabrera de "falsas atribuiciones jurídicas y mediáticas". Dijo Fernando Madeo Facente a Infobae: "Que Yao haya sido condenado por un delito no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal"."Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero", explicó el letrado, que agregó que "no está probado en absoluto" ese delito precedente ni que "Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto".
La investigación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, lo que permitió a las autoridades avanzar en la recolección de pruebas y testimonios. Leer más
Extraditado desde Perú llegará hoy, cerca de las 19, a la Argentina Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, triple crimen ocurrido en septiembre pasado en Florencio Varela y que habría tenido como móvil la venganza por un robo de cargamento de cocaína.El joven de nacionalidad peruana será indagado mañana por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, funcionarios a cargo de la causa.El operativo de trasladado de Pequeño estará a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y se realizará en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó hoy a las 10 en Lima."El vuelo de regreso hará una escala en Salta para cargar combustible y antes de aterrizar en Brigada Aérea de El Palomar hará un viaje a Asunción, en Paraguay, para buscar a otros dos extraditados", dijeron a LA NACION fuentes de la PFA.Pequeño J es requerido por las autoridades judiciales argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.En la causa se investiga no solo los homicidios de esas jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la banda en la Argentina, una red que actuaría en una amplia gama de actividades delictivas, desde narcomenudeo hasta lavado de dinero y trata de personas.Además de ese joven peruano que fue arrestado en Lima tras dejar nuestro país poco después del triple crimen, en el expediente hay otros 11 imputados. La semana pasada, la Justicia dictó la falta de mérito del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "Señor J", como partícipe del triple crimen de Florencio Varela."Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre pasado], aproximadamente entre las 22.30, y el martes último [por el 23 de septiembre de 2025], aproximadamente a la 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota [cuando todavía no tenían identificado al supuesto autor intelectual del triple crimen] y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres", según la orden de captura internacional que pesaba sobre el sospechoso.
El investigado habría captado a la menor con golosinas y la mantuvo encerrada por cerca de ocho horas. Ahora enfrenta nuevas acciones legales con acompañamiento del Ministerio Público
La Justicia de Nueva York investiga si Rubén Rocha Moya forma parte de una red de coimas del cartel de "Los Chapitos". Asumirá Yeraldine Bonilla por, al menos, 30 días.
El acusado enfrenta cargos de asesinato tras una investigación que vincula ambos decesos con un entorno de cercanía laboral y doméstica
Un hombre de 39 años fue detenido este sábado en Austria acusado de haber envenenado potes de papilla para bebés con veneno para ratas.Según informó la Policía de ese país, el detenido perseguía presuntamente la intención de chantajear al fabricante del producto para bebés, que es la marca HiPP. El hombre fue acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y por intento de lesiones graves.La policía de la región de Burgenland, al sur de Viena, no precisó dónde fue arrestado el hombre, así como tampoco divulgó su identidad, según informaron las agencias APA y AFP.El casoSegún la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se encontraron cinco frascos con comida envenenada antes de que fuera consumida en Austria, República Checa y Eslovaquia.Un bote comprado en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, también había sido encontrado el 18 de abril, y contenía 15 microgramos de veneno para ratas.A mediados de abril, HiPP había pedido retirar de forma preventiva tarros potencialmente contaminados en Austria. Las alertas hacían referencia especialmente a un pote de 190 gramos de "puré de verduras de zanahoria y papa".Otro pote, vendido en la misma filial de Spar en Eisenstadt, e igualmente sospechoso de haber sido contaminado con veneno para ratas, todavía no fue encontrado, indicaron las fuentes.La extorsiónMedios austríacos como la emisora estatal Österreichischer Rundfunk (ORF) consignaron que el hombre habría intentado extorsionar a la empresa HiPP por dos millones de euros.El Ministerio de Salud de Austria había pedido a padres, jardines de infancia y guarderías que extremaran los recaudos al alimentar a niños pequeños con productos HiPP. "Es profundamente perturbador que alguien aparentemente esté dispuesto a poner en peligro la salud de bebés por motivos criminales", declaró en esa oportunidad la ministra de Salud, Korinna Schumann.El veneno para ratas suele incluir bromadiolona, que impide la coagulación de la sangre, según la Agencia Austríaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria. Ingerir veneno para ratas podría provocar sangrado de encías y hemorragias nasales, así como moretones y sangre en las heces.Los síntomas podrían aparecer entre dos y cinco días después de la ingestión, consignó la Agencia Austríaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria.
El uruguayo de 35 años está procesado por homicidio y doble femicidio y espera ir a juicio en un cárcel de Entre Ríos.En octubre de 2025 llegó desde su país a Entre Ríos, tomó un remise y se dirigió a Córdoba para matar a su ex pareja y a la madre que participaban de un campamento evangélico.
Horacio Grasso, fue condenado por el crimen de un nene de 6 años, Facundo Novillo.También está imputado por el asesinato de Milagros Basto, la joven cuyo cuerpo fue hallado en el departamento donde cumplía con prisión domiciliaria.La violación por la que va nuevamente a juicio y la Justicia tardó tres años en investigar se habría perpetrado cuando cumplía con la domiciliaria.
El detenido fue ubicado en el sector de Pichu Alto mientras bebía licor junto a otras personas, tras un operativo coordinado entre policías de ambos países
Lo arrestaron en una casa del GBA y Migraciones ordenó la expulsión del país.Había llegado desde San Pablo para una estadía de una semana, pero permaneció por casi tres.Su anterior expulsión de República Dominicana y sus lazos con un exladero de Putin.
El sospechoso de 40 años habría cometido los abusos entre 2020 y 2024 en su domicilio. La investigación se desarrolla en un contexto atravesado por otros casos recientes de alto impacto en el país. Leer más
El suboficial identificado como Augusto José Ñaupas Huamancha, de 33 años, quien se habría contacto por WhatsApp para exigirle la entrega de dinero
El morenista se encuentra entre los 18 senadoras y senadores que se encargarán de la legislación mexicana mientras dura el receso de la Cámara
Christopher Gillum fue arrestado en un hotel tras una investigación que involucró a varias agencias.
El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara Obregón, explicó que el detenido empleaba su experiencia militar para ponerla al servicio de las redes locales
El exsecretario de Obras Públicas abre la ronda de 43 testimonios previstos ante el Tribunal Oral Federal 7. Su declaración reactiva la etapa de indagatorias en una causa clave por recaudación ilegal de sobornos. Leer más
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