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¿De dónde se sacará el dinero para pagarle el aumento a los jubilados? Pese al enojo oficial, que declamó públicamente que la oposición no daba opciones para hacer frente a ese nuevo gasto, la ley aprobada en el Congreso sí aportó fuentes de financiamiento. Sin embargo, según informes privados, el aporte "estimable" que llegaría a las arcas oficiales serviría para solventar apenas alrededor de un 10% del costo fiscal que tiene el alza de haberes previsionales y del bono.Un informe de la consultora Empiria, que conduce el exministro de Economía, Hernán Lacunza, concluyó que las fuentes "estimables" propuestas por la oposición para financiar el aumento a los jubilados recaudarían 0,1% del PBI. El costo fiscal de la medida, indicó el mismo informe, orillaría el 1% del producto. Los números del oficialismo para este año lo ubicaban en 0,9% del PBI. En Empiria estimaron que al aporte al fisco es prácticamente "simbólico". "Las fuentes de financiamiento explicitadas en los proyectos aprobados no parecen de recaudación sencilla ni directa, sino más bien algo simbólico, buscando cumplir un requerimiento burocrático", cuestionaron en la consultora que dirige el exfuncionario. El oficialismo también denunció que los fondos sugeridos por la oposición para impulsar las medidas no está ni cerca de ser suficiente. "El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian no cubren ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza", escribió hoy en su cuenta de X Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El nivel de IRRESPONSABILIDAD es SUPERLATIVO.Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de como las financian NO CUBREN ni el 15% del costo.Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza.— Martin Menem (@MenemMartin) July 11, 2025LA NACION consultó esta mañana por datos oficiales de la Secretaría de Hacienda que conduce Carlos Guberman, pero en el Ministerio de Economía no respondieron a las consultas de este medio. Según Empiria, el proyecto que aprobó el Senado se financiaría con la derogación de exención de IVA a las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas. "Se estima impacto bajo o nulo", indicaron. Además, con la derogación de beneficios impositivos (Ganancias e IVA) a los contratos de garantía recíproca, que sumaría un 0,03% del PBI y las modificaciones presupuestarias necesarias para readecuar los $ 32.616 millones del programa presupuestario correspondiente a la SIDE, que podrían aportar solo un 0,004% del producto. Las modificaciones presupuestarias para reducir el programa presupuestario correspondiente a los servicios de la deuda pagarían 0,06% del PBI. No hay una estimación, en tanto, para los ingresos generados por entes cooperadores transferidos al Tesoro Nacional. "Incluso tomando las fuentes como verosímiles, los montos potenciales lucen insuficientes (0,1% del PBI las "estimables") para cubrir los costos estimados de la reforma planteada, que orillan el 1% del PBI. Sobre el proyecto de discapacidad y la moratoria previsional, los artículos ligados al financiamiento simplemente facultan al jefe de Gabinete y a la Oficina de Presupuesto del Congreso a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar el costo del proyecto. Distinto es el caso de los proyectos presentados por los gobernadores (ATN y combustibles), ya que lo que se demanda es el traspaso de fondos desde Nación hacia las provincias, sin mencionar sustitutos para reemplazar esos recursos en las arcas nacionales", dijeron.Otro documento de la misma consultora dio cuenta del costo fiscal de las medidas. El proyecto de ATN saldrá 0,05% del PBI solo este año; el impuesto a los combustibles, 0,15%; las jubilaciones, 0,9%; la moratoria previsional, 0,03%; y discapacidad, 0,4% del producto. Este año, el impacto es de 1,5% puntos del PBI, prácticamente la promesa de superávit que el Gobierno le hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI). En rigor, es del 1,6% del PBI. En un año completo, el costo es de 2,5% del producto, según Empiria. Es el mismo costo que informaron tanto el presidente Javier Milei como también el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos días ante el inminente debate. Fuentes curiosasEn el cuadro de situación de lo aprobado ayer aparecen datos por los menos curiosos. Por caso, hay fuentes de financiamiento sugeridas por la oposición en ese proyecto que podrían incluso reducir la recaudación de impuestos de ARCA. Uno de los casos es la mencionada exención que tienen los directores (en caso de Sociedades Anónimas) o gerentes (SRL) -el cargo estatutario de administrador de sociedades, que a veces tienen CEO o directores generales- de pagar el IVA. Hoy, los honorarios que cobra un director o síndico están exentos de IVA (a pesar de ser autónomos que pagan Ganancias). El profesional no puede descontar el IVA que paga en sus gastos relacionados con su función (asesoría legal, contable, entre otros). Ese IVA se le convierte en un costo. La empresa que le paga no puede tomar como crédito fiscal el IVA de esos honorarios, porque no hay IVA en la factura. Con la reforma, esos honorarios pasarían a estar gravados con IVA al 21%. ¿Qué implica esto? Que el profesional podría empezar a descontar el IVA de sus gastos (o sea, ese impuesto deja de serle un costo) y que la empresa que le paga podría tomar el IVA del honorario como crédito fiscal y descontarlo del que genera por sus propias ventas. Según tres tributaristas, ARCA no ve un peso nuevo e incluso podría perder recaudación. En la oposición no negaron esos cálculos, pero estimaron que -por la dinámica del impuesto- podrían sumarse 0,14% del PBI (la mitad del gasto tributario que aparece en la "separata" adjunta en el proyecto de presupuesto aprobado en 2023 y prorrogado hasta hoy)."Hoy hablábamos con Santiago Bausili de esto. Los 'nacionales y populares' destrozando el financiamiento a las pymes y la producción nacional. No pueden haber quedado más en evidencia ayer", posteó en su cuenta de X el ministro de Economía, Caputo, hoy.Inentendible @SalvaDiStefano Hoy hablábamos con Santiago Bausili de ésto. Los "nacionales y populares" destrozando el financiamiento a las Pymes y la producción nacional. No pueden haber quedado más en evidencia ayer! https://t.co/hYMsqFC1Yw— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 11, 2025Citaba los comentarios del economista Salvador Distéfano, sobre otra fuente de financiamiento incluida en el proyecto. "Son tan burros algunos legisladores que ayer aprobaron la derogación de los beneficios de las SGR, lo que atenta contra el crédito a la producción", dijo. "Claramente, nuestros legisladores no tienen idea de lo que es el financiamiento a la producción. En buena medida es entendible, ya que los gobernadores le cobran ingresos brutos al financiamiento a empresas y personas", escribió Distéfano en la misma red social.
div.encabezado { font-family: 'Prumo', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-align: center; max-width: 960px; margin: 0 auto; padding-top: 30px; padding-bottom: 20px; } h1.scrl-titulo { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 180, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; max-width: 920px; line-height: 110%; margin: 0 auto; font-weight: normal; span { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; line-height: 110%; display: block; @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; line-height: 1; margin-top: 6px; } } @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; margin: 0 5px; line-height: 1; } } h2.scrl-bajada { font-weight: normal; font-size: 29px; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; margin: 0; line-height: 1.2; max-width: 893px; margin: 10px auto; @media (max-width: 768px) { font-size: 17px; line-height: 1.2; margin: 10px 20px 0; } } p.scrl-volanta { border: 1px solid #000; font-family: var(--suecaslabbold); font-variation-settings: "wght" 120, "opsz" 0; color: #FFF; background: #000; padding: 8px 18px 4px; border-radius: 1rem; font-size: 16px; line-height: 120%; margin: 25px 0 40px; display: inline-block; span { top: -2px; position: relative; } } p.bajada { font-size: 24px; font-variation-settings: "wght" 50, "opsz" 50; margin: 6px 0 10px; } A FONDO 6 a 0 Uno por uno: así votó cada senador en la noche de la rebelión parlamentaria contra el Gobierno. Esta aplicación web de LA NACION necesita tener Javascript habilitado para funcionar correctamente
Las crisis más extremas de la actriz Lorna Cepeda, quien llevó el papel de contrapunto con Beatriz Aurora Pinzón Solano.Los desafíos que le impuso la vida.
La Cámara Alta aprobó tres leyes clave, que tuvieron apoyo opositor transversal. Así convirtió en leyes el aumento del 7,2% para jubilados, una nueva moratoria previsional y la emergencia para personas con discapacidad. Leer más
En una clara demostración de fuerza dirigida al Gobierno nacional, una heterogénea mayoría opositora del Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados en revisión los proyectos de ley que obligan al Poder Ejecutivo a repartir con las provincias los recursos que viene reteniendo en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los Combustibles.Se trata de una masa de fondos que la totalidad de los 23 gobernadores, más el jefe de Gobierno porteño, se pusieron de acuerdo en exigir su distribución a la administración de Javier Milei, al que acusan de sustentar la política de equilibrio fiscal reteniendo de manera indebida recursos que las provincias consideran que les corresponden. La iniciativa implica un cuestionamiento al Presidente y también a su ministro de Economía, Luis Caputo.Las iniciativas fueron votadas sobre tablas, ya que no tenían dictamen de comisión, y ambas fueron aprobadas por 56 votos a favor y el solitario rechazo de Luis Juez (Pro-Córdoba) al término de una sesión que la Casa Rosada considera inválida, ya que fue iniciada sin que mediara una convocatoria oficial por parte de la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel. De hecho, el oficialismo abandonó el recinto luego de perder una discusión reglamentaria y se ausentó durante casi todo el debate.La rebelión se produjo luego de que los mandatarios provinciales chocaran con la negativa del Poder Ejecutivo a responder a sus reclamos para que distribuya recursos que los distritos consideran propios. Sin una respuesta a sus pedidos, los caciques decidieron avanzar a pesar de las denuncias del oficialismo acerca de que las iniciativas alterarán el equilibrio fiscal.A la delicada situación fiscal que atraviesan varios distritos se suma el traumático cierre de listas para las elecciones provinciales provocado por la negativa de un sector de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei, a cerrar alianzas en el interior del país."Si quieren negociar y parar los proyectos tienen el tratamiento en Diputados", confió a LA NACION un senador opositor de buena relación con la administración libertaria que no tiene un gobernador, pero que avala los reclamos de fondos de las provincias ante la cerrada negativa de Gobierno a atender los reclamos del interior del país.El miembro informante de los proyectos fue el kirchnerista Fernando Salino (San Luis), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien se preocupó por destacar que las iniciativas "tienen que ver pura y exclusivamente con la distribución del impuesto" a los combustibles que tenían asignación específica para el mantenimiento de rutas nacionales. "Esto lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo", agregó.Esta iniciativa también elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y del Sistema Vial Integrado. Incluyen, además, los fondos Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.Al respecto, el radical Martín Lousteau (Capital) destacó que "en todos los casos, el Estado no está usando los recursos o le ha cedido a las provincias la responsabilidad de hacer esas obras específicas".Sobre estos recursos, el proyecto establece que "serán distribuidos de conformidad" con lo que establece la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que hace automático y periódico el giro de esos fondos con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.El otro proyecto incorpora a la la ley permanente de Presupuesto un artículo para que los "recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias" se repartan de "forma diaria y automática" al considerarlos como parte integrante "de la masa de fondos coparticipables"."Pareciera que estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo contra las autonomías provinciales. No hemos vivido un período de centralismo tan marcado como el que estamos viviendo hoy", se quejó la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. "Lo que estamos pidiendo es que los recursos que ya existen se repartan de otra manera", agregó.Las quejas llegaron, incluso, de sectores que se han mantenido afín a las políticas del Gobierno, Es el caso de la tucumana Beatriz Avila (Pro), quien tras recordar que apoyó varios de los proyectos impulsados por la Casa Rosada apoyó estos proyectos por considerar que los fondos son de las provincias."Quienes conducen el país tienen que manejar el arte de gobernar, y gobernar es diálogo, es consenso, es empatía, es escuchar lo que el otro reclama", se quejó Avila.Insistencia por Bahía BlancaEn otro fuerte gesto político dirigido a la Casa Rosada, una amplia mayoría opositora insistió por unanimidad con la ley que declaró la emergencia en Bahia Blanca para paliar la crisis generada por las inundaciones registradas en marzo último.La norma, que fue vetada por Milei, crea un fondo de $200.000 millones para ayudar a los danmificados y a la reconstrucción de la ciudad bonaerense. La norma fue tachada el 24 de junio último, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Si Diputados logra reunir una mayoría de dos tercios para insistir, la ley quedará en vigencia de manera definitiva. Sería la primera norma que logre romper el cerco que la Casa Rosada pudo establecer con "los 87 héroes" de la Cámara baja que le han permitido a ilei sostener los vetos que aplicó desde que asumió la primera magistratura.
El último informe de Empiria revela la fuerte presión de los gobernadores al Ejecutivo nacional para recuperar ingresos, extender partidas y redefinir impuestos. El reclamo se da en medio del candente calendario electoral. Leer más
Los artículos 1º y 5º de la Constitución sientan las bases de la organización representativa, republicana y federal, que exige a las provincias cumplir con la prestación de determinados servicios estatales en sus territorios. "No hay federalismo institucional sin federalismo fiscal", dice el autor; ¿a qué se refiere? Leer más
La magistrada del distrito sur de Manhattan llamó a las partes a comparecer con el objetivo destrabar el conflicto por la entrega de información de entidades públicas argentinas. Leer más
Lo adelantó la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, ante la posibilidad de que los mandatarios provinciales no apoyen los proyectos de jubilaciones y de discapacidad. El kirchnerismo quiere un cambio del orden de los temas a debatir en la sesión de esta tarde
Después de miles de mojones que colocó Vialidad a lo largo de su vida, tras haber recorrido millones de kilómetros y de convertir huellas en rutas nacionales durante nueve décadas, uno de los organismos más iconográficos de la Argentina se topó con el final de su camino. Esta vez, a diferencia del cosmético cambio de nombre más famoso de la gestión presidencial de Javiel Milei -que se dio cuando la AFIP pasó a llamarse ARCA-, todo parece indicar que se escribirá el epitafio del organismo vial.En el Gobierno saben que nada será inmediato. Además, aún hay muchas cosas sin definir. "¿Todavía está el logo?", se preguntaba un empleado el día después de que se publicó el decreto 461 en el Boletín Oficial. "No hay quien dé la orden de sacarlo", contestaba otra empleada con casi dos décadas en su silla vial. Se referían a la identificación que está estampada en letras de acero en la puerta del icónico edificio, a una cuadra y media de la Plaza de Mayo.En rigor, lo que refiere la anécdota es que no está claro aún quién será el mandamás en cada dependencia o en las agencias que tomarán las funciones de Vialidad. "Nombres propios vendrán en las próximas horas", resumió una fuente del Gobierno consultada. Coincidió en esencia con otros dos funcionarios consultados por este cronista.Y más allá del tiempo, tampoco nada será pacífico. Los gremios no se la harán fácil al Gobierno.En la Casa Rosada empezaron con algunos números. El primero, la cantidad de empleados. Puntualmente, en febrero de 2024, cuando la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó una auditoría del Estado, se contaron 5711 empleados (un año antes habían sido 5663). La motosierrra de Milei redujo ese número a 5194 y con ese plantel Vialidad llegó al final de su vida.En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dicen que 1000 empleados están en la sede central, en la Ciudad de Buenos Aires. El resto, en el interior. "De esos 4000 aproximadamente, los que están en la ruta son alrededor de 1000; el resto, en oficinas", explicó uno de los hombres que intervino en la norma que decidió el fin de Vialidad.La idea es que esa relación se invierta. En los borradores del plan de acción se prepara un plan de rescate para los técnicos, ingenieros, planificadores y empleados con conocimientos específicos de regulaciones y contrataciones viales. "Esa gente va a pasar al Ministerio de Economía. Aún no se sabe si van a estar en Obras Públicas o en alguna dependencia, pero ese será el destino de muchos de esos empleados calificados", dicen.Así las cosas, empezará el primer conflicto. El punto es que los funcionarios consideran que al terminar la vida del organismo, también finalizan los contratos colectivos vigentes. Esos trabajadores, muchos en sindicatos viales, con condiciones frecuentemente más favorables que las que hay en gremios estatales (UPCN y ATE), es posible que no sean mansos a la hora de cambiar de empleador. Será motivo de negociación.Acá un punto. En el Gobierno dicen que las estructuras sindicales eran muy grandes. "Hay 1300 personas con protección gremial; uno cada tres en promedio tiene este status. Si bien no son delegados, tienen estabilidad. De hecho, hay algunos sindicatos viales que tienen comisiones directivas de alrededor de 500 personas", explicó una fuente oficial. Será una batalla la muerte o no de los convenios colectivos.En cuanto a la estructura de Vialidad, una vez que se arme la parte técnica, seguirá repasar cada delegación y cada campamento y ver las tareas de cada persona, para saber quiénes están en la operación, y quiénes en la burocracia. "Nuestra idea es tener una estructura mínima en las delegaciones ya que la mayoría de los servicios que se prestan desde ahí pueden ser tercerizados. De hecho, del presupuesto, el 40% se destina a cortar el pasto, el 12% a perfilado de banquinas y alrededor de un 10% a bacheo en frío, una de las maneras de arreglar menos eficiente, pero sobre todo, que dura menos", dicen en el ministerio que maneja Federico Sturzenegger.En los antecedentes que conforman el diagnóstico hay algunos informes que dan cuenta de que la contratación de servicios privados es 40% más eficiente que realizarla desde Vialidad.En una entrevista que le concedió a Luis Majul en la radio El Observador, el Presidente dijo que existen 40.000 kilómetros de rutas que están a cargo de la Nación. "De esos 40.000, hay 10.000 kilómetros que se ponen a licitación y que van a ser entregados al sector privado. Después, quedan otros 30.000 que no son rentables, al menos en estas circunstancias. Lo que nosotros vamos a hacer es tercerizarlas", dijo.Para preparar esa licitación, en el Gobierno dicen que quieren cambiar el esquema, ya que Vialidad hacía los pliegos, adjudicaba y controlaba. "Estaba de los dos lados del mostrador", cuentan en el Gobierno.Así las cosas, decidieron que sean los técnicos del organismo vial que pasarán al Ministerio de Economía quienes definan los términos para licitar, mientras que el control del cumplimiento del contrato estará en manos de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, continuación de la Comisión Nacional de Regulación al Transporte (CNRT).Esa nueva agencia, además de tener jurisdicción sobre las concesiones viales, se las verá con el control ferroviario, además de tener que mirar de cerca y regular las 108 líneas de colectivos nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.Para esos 10.000 kilómetros rentables, el Presidente mencionó que se usarán mecanismos como las alianzas público-privadas (PPP), o el sistema BOT (build operate transfer), donde el privado construye, opera (con el cobro del peaje) y transfiere la ruta al Estado tras unos años.Un punto que generó controversia es el traslado de la jurisdicción del control en las rutas a la Gendarmería Nacional. Los reguladores, o desreguladores, dicen que el control de tráfico era un verdadero desaguisado. Por caso, la CNRT podía controlar los camiones cargados y los colectivos con pasajeros, pero, según ellos, no podía hacer lo propio con estos transportes vacíos. Por su parte, la Gendarmería podía controlar en las rutas vehículos particulares, al igual que la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero no podía detener a los camiones y los colectivos. Esa bifurcación de tareas, además de un empoderamiento de la Gendarmería, se terminaría con esta nuevas funciones que tiene la fuerza federal. El control de rutas, de pasajeros y de carga ahora está en manos de los gendarmes.Para hacerlo, más allá de la estructura que ya tiene, en el ministerio de Desregulación esperan un informe de la cantidad de vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que, si algo tenía, además de dinero -contaba con el aporte del 1% de todos los seguros de autos del país-, eran vehículos "azul Randazzo", el ministro que pintó de ese tono (azul francia) todo lo que encontraba al paso cuando fue el número uno de Transporte. "¿Cuántos están en condiciones de circular?", preguntó LA NACION. "Esperamos el informe final, pero los que estén en buen estado irán a la Gendarmería", contestaron. La fuerza realiza actualmente 80.000 controles por año y para ello cuenta con 200 vehículos y motos. Se abre, entonces, un periodo de transición, como lo definen los funcionarios. Mientras tanto, los gremios se aprestan en las banquinas, para cortar el paso del regulador.
El robot noruego ya opera en Abu Dhabi y promete reducir riesgos y costes en la industria energética, mientras la el organismo refuerza la seguridad de infraestructuras críticas tras sabotajes recientes
El ministro de Economía dijo que la macroeconomía está "perfectamente ordenada" y acusó a la oposición de querer "romper el equilibrio fiscal".El Senado tratará este jueves varios proyectos sobre jubilaciones, moratoria, discapacidad y fondos para gobernadores.
La buena noticia es que podemos pasar del "sobrediagnóstico" al inicio de la transformación de nuestro sistema de salud
Esta semana, la motosierra volvió a pasar sobre los fondos ambientales que dispone todavía el Tesoro Nacional. El martes pasado, a través del decreto 463, el Poder Ejecutivo disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego en conjunto con dos más. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Según estipula la Ley de Manejo del Fuego, este fondo se compone de transferencias del Estado Nacional y de un 0,3% de retenciones de todos los seguros, exceptuando los de vida. En suma, esto significaron $10.334 millones en 2022 y $22.507 millones en 2023. Pero, según justificaron en el decreto, este dinero no tuvo trazabilidad clara. En otras palabras, los recibos disponibles no correspondían con el presupuesto ejecutado dentro del fondo.La decisión se tomó a partir de una auditoría que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hizo en junio del año pasado, en la que realizó una revisión exhaustiva de los presupuestos y gastos ejecutados durante los últimos dos años de la administración de Alberto Fernández. Este organismo no recomendó cerrar el fondo, sin embargo, en la misma línea en que la administración libertaria ha llevado hasta ahora, optó por la disolución, en lugar de la reforma sugerida. La recaudación, según establece el decreto en su artículo 5, irá ahora un fondo general del Ministerio de Seguridad, que se destinará hacia "objetivos de prevención de emergencias vinculadas con incendios o para su efectivo combate".Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sospecha que este dinero será destinado a la reacción de los incendios (es decir, al combate) más que, a lo que considera prioritario, la prevención. Además de eso, tanto él como brigadistas consultados por LA NACIÓN, tienen dudas sobre cómo se van a determinar los gastos específicos. "No sabemos cuántos ítems contempla el Ministerio de Seguridad para gastar este dinero. Me parece que lo que el decreto estipula es muy amplio. No sabemos con qué criterio van a ejecutar lo que recauden", añadió Nápoli.Para el abogado, a pesar de las irregularidades que encontró la Sigen, la disolución de fondos como este solo agudiza un problema ya de larga data en el manejo del fuego. Este rubro es históricamente un punto abandonado en la agenda ambiental oficial, aunque los estragos que genera son cada vez más graves. Entre el año pasado y este, solo en Córdoba y en varias provincias patagónicas, los focos de incendio significaron muertes, pérdidas irreparables, y millones de pesos en daños. "Si hay problemas de manejo, lo que hay que hacer es mejorar el fondo, no disolverlo", opinó Nápoli en consonancia con las recomendaciones de la Sigen. Y es que, en términos más amplios, el presupuesto del Tesoro destinado al manejo del fuego ha sufrido licuaciones severas desde la asunción de Javier Milei. En su monitor del presupuesto abierto, FARN calculó una caída del 81% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), hoy dependiente del Ministerio de Seguridad.Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Río Negro, el decreto solo abona al desconcierto que significa la política del manejo del fuego de la administración libertaria. "No nos termina de quedar claro cómo se va a usar este fondo", advirtió Orlando Báez, coordinador del Splif Río Negro, que es una de las provincias que más incendios vivió el año pasado. "Al día de hoy, el SNMF no tiene coordinador patagónico con quien trabajar para el próximo verano. Ya vemos que estamos viviendo un invierno seco, con material disponible para arder en esta fecha, y eso que no es temporada de incendios. Sabemos que el verano va a ser muy fuerte y muy movido", añadió. LA NACIÓN contactó al Ministerio de Seguridad, del que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para responder a las críticas sobre la descoordinación con las provincias, y si hay alguna intención de asignación específica al fondo â??ahora generalâ??. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.Irregularidades y recomendacionesLa Sigen detectó 118 contrataciones en las que "no pudo constatarse el cumplimiento de los entregables establecidos". En números, esto significó 55,6 millones de pesos durante 2022 y 185,6 millones en 2023.Además, el informe planteó que hubo demoras e irregularidades en la compra de autobombas y en la contratación de aviones durante los incendios que golpearon al país el año pasado.En el primer caso, en el informe de la auditoría informan que hay una "falta de respaldo documental" de los "oferentes" de las autobombas forestales durante los incendios de 2022. En ese sentido, las máquinas hidrantes compradas a la empresa Metalúrgica ARD S.A. se entregaron entre 120 y "hasta 330 días después de la emergencia", según se estipuló en la auditoría. El total de la inversión fue de 7, 2 millones de dólares. En 2023, el Gobierno compró seis autobombas más a la misma empresa por 2,5 millones de dólares.Al contrario de este caso, la Sigen registró una subutilización de aviones observadores e hidrantes durante los incendios de esos últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández. "Volaron menos de las veinte horas mínimas mensuales establecidas en la contratación", indicó el informe. "Esto representa un desaprovechamiento de los servicios disponibles para, por ejemplo, vuelos de reconocimiento preventivo", sugieren desde el organismo auditor.Ante este panorama, las recomendaciones de la Sigen apuntaron a mejorar sustancialmente la gestión del fondo. Sugirió también establecer formalmente los contenidos de las rendiciones de cuentas, incluyendo el grado de avance de las contrataciones y un flujo de fondos proyectado. Finalmente, la SIGEN ve necesario establecer un plan de compras ordenado y asegurar la trazabilidad administrativa de las actuaciones, todo ello con el objetivo de favorecer una gestión más transparente y efectiva de los recursos. La disolución de este fondo no estaba dentro de las recomendaciones. Tanto Báez como Nápoli sospechan que, bajo el mandato del "cero déficit", el gobierno nacional tratará de no devengar este presupuesto, lo que inevitablemente significará una mayor presión sobre las provincias y sus respectivos sistemas de manejo de incendios. En especial en provincias con alta tasa de focos y riesgo, como Río Negro, Chubut, Neuquén y Córdoba.
Cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión en el país y urge atención especial para Mipymes
La Procuración respondió las presentaciones de los fondos Burford, Eton Park y Bainbridge.Todos tienen fallos a favor que ordenan entregar el 51% de la petrolera en poder de Argentina.
Miles de ciudadanos siguen a la espera de una posible medida económica que les permita enfrentar los gastos diarios, mientras el Congreso organiza su agenda para definir el futuro de varias propuestas legislativas pendientes
La restauración forma parte del proyecto en curso "PHAROS", dirigido por la arqueóloga y arquitecta Isabelle Hairy, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, junto con el Centre d'Études Alexandrines, bajo la autoridad del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
El gobernador y el intendente reclamaron por la paralización de obras y la retención de recursos coparticipables. "La Nación se queda con la plata de las provincias", advirtió Passerini. Leer más
Desde las provincias abrieron un frente con el Presidente al presentar proyectos de ley propios en el Congreso y tomar la decisión de faltar al acto del 9 de Julio, después cancelado.
En medio de una semana clave para la disputa entre las provincias y el Gobierno nacional por los fondos federales, intendentes de todo el país se reunieron hoy en la Cámara de Diputados para reclamar la restitución de partidas que, según denuncian, la Nación retiene de forma indebida. El foco está puesto en tres ejes: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos fiduciarios para obra pública y el impuesto a los combustibles líquidos, que debería financiar el mantenimiento de las rutas.La reunión fue convocada por el diputado cordobés Juan Brügge, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aunque no pudo llegar a tiempo para presidirla por demoras en los vuelos. En su lugar estuvo Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria. La iniciativa de esta cumbre, según señalaron los participantes, se gestó en mayo, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Tucumán. Se da como parte de una estrategia coordinada con los gobernadores que empujan en el Senado una ofensiva legislativa por los mismos reclamos.Aunque fueron convocados más de veinte jefes comunales de capitales provinciales, las condiciones climáticas impidieron la llegada de varios. Estuvieron presentes, entre otros, los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Marcos Castro (Viedma), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Juan Manuel García (Machagai, Chaco) y Norma Fuentes (Santiago del Estero). También el vice intendente de Puerto Madryn, Martín Ebene. Hubo representantes de las municipalidades de Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz)."En algún momento hay que poner un límite. La Nación es una aspiradora de recursos. No se trata de un orden fiscal, sino de acumular deuda que después alguien va a tener que pagar", dijo Javkin a LA NACION.El intendente rosarino acusó al Gobierno nacional de recaudar con impuestos que impactan directamente en los municipios, pero sin reinvertir en servicios. "El impuesto al débito y crédito, el IVA que pagamos los municipios, el impuesto a los combustibles líquidos. Todo eso se queda en la Nación", agregó.Desde Santiago del Estero, Fuentes reclamó inversiones básicas para garantizar la producción y el transporte: "¿Cómo se va a sacar la producción si no tenemos rutas?", planteó. En la misma línea, el intendente de Machagai (Chaco) describió la situación de colapso social que enfrentan los municipios: "Somos la caja de resonancia donde la gente viene a pedir lo que le falta. Pasajes, transporte, ayuda directa". Y advirtió: "La disolución de Vialidad es una tragedia para nosotros. Se esfuerzan por destruir lo que hizo grande a este país".El Cofein reúne a intendentes de distintas fuerzas -UCR, PJ, PRO y partidos provinciales- con vínculos directos con los gobernadores que lideran la ofensiva legislativa en el Senado. Entre los convocados estuvieron Julio Alak (La Plata), Daniel Passerini (ciudad de Córdoba), Gustavo Saadi (Catamarca), Roy Nikisch (Resistencia), Damián Biss (Rawson), Eduardo Tassano (Corrientes), Rosario Romero (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Armando Molina (La Rioja), Ulpiano Suárez (Mendoza), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Marcos Castro (Viedma), Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan), Gastón Hissa (San Luis), Pablo Grasso (Río Gallegos), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Walter Vuoto (Ushuaia) y Bruno Cipolini (Roque Sáenz Peña).El temario de la reunión giró en torno al impacto del retiro del Estado nacional de las inversiones públicas que históricamente se financiaban con recursos federales. Los intendentes plantearon la necesidad de revisar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y apoyaron los proyectos que los gobernadores buscan instalar en el Senado, que obligarían a coparticipar esos fondos y a distribuir los ATN en forma automática.También se evaluó impulsar una propuesta para eximir del IVA a las contrataciones municipales vinculadas a obras y servicios públicos. "No tenemos ninguna posibilidad de descarga del IVA", se quejó Javkin, al referirse a los sobrecostos que enfrentan los municipios al financiar infraestructura básica.A su vez, Brügge impulsa una reforma para redistribuir el impuesto a los combustibles: propone que el 43,29% vaya a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25,47% al Tesoro Nacional, el 28,69% al Sistema de Seguridad Social y el 2,55% al transporte público. El objetivo, según el legislador, es "recomponer el esquema federal" y garantizar la equidad territorial frente al desfinanciamiento.El movimiento de los intendentes no es aislado: acompaña el impulso de los gobernadores, que esta semana buscarán avanzar en el Senado con dos iniciativas clave. Una establece que los ATN se distribuyan de forma automática como parte de la masa coparticipable. La otra elimina los fideicomisos creados por decreto y establece reglas claras para la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.La tensión con el Gobierno nacional también se hará visible en el plano simbólico este martes por la noche, durante el acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Solo tres mandatarios -el anfitrión Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz- confirmaron su presencia junto a Javier Milei. El resto de los gobernadores, incluidos los dialoguistas, declinaron asistir por tener actividades ya pautadas en sus provincias. El faltazo mayoritario -en el mismo lugar donde hace un año 18 mandatarios firmaron el frustrado Pacto de Mayo- opera como un nuevo gesto de distanciamiento. Aunque aseguran estar dispuestos a dialogar, los gobernadores sostienen que el dinero que reclaman "le pertenece a las provincias" y no afecta el equilibrio fiscal.En este contexto, el Congreso se convierte en escenario de una ofensiva política coordinada. En el Senado, los gobernadores marcan el paso. En Diputados, sus intendentes replican la presión. La estrategia funciona como una pinza legislativa para forzar la redistribución de fondos que, denuncian, el Gobierno nacional concentra sin ley ni consenso.
El ministro provincial pidió al Senado que apruebe el proyecto de los gobernadores. Buscan eliminar fondos fiduciarios y garantizar la distribución de ATN a las provincias. Leer más
Las imágenes pueden aplicarse a todos los chats o a conversaciones específicas, sin descargarlas desde otra aplicación
CÓRDOBA.- La mayoría de los gobernadores estará ausente en el acto oficial de este 9 de Julio en San Miguel de Tucumán. En medio de una semana dura para el oficialismo en el Congreso, desde la Casa Rosada no hubo intentos de que los mandatarios acompañaran al presidente Javier Milei esta noche en la vigilia por el Día de la Independencia. Hubo solo una invitación por mail enviada por el área de protocolo. Estarán junto con Milei el anfitrión, Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raúl Jalil, y el salteño Gustavo Saénz (el lunes compartió una foto con Karina Milei); también estarán las vicegobernadoras de Córdoba y Entre Ríos, Myrian Prunotto y Alicia Aluani. Estaría en duda el misionero Hugo Passalaqua y no definieron el chaqueño Leandro Zdero y el santiagueño Gerardo Zamora.Desde las provincias explicaron que los mandatarios ya tenían agenda prevista y que por eso no pueden asistir a la ciudad donde hace un año, 18 de ellos firmaron el Pacto de Mayo. Ahora, los 24 gobernadores impulsaron dos proyectos de ley, uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles.La Casa Rosada rechaza los proyectos de los gobernadores, pero les pidió que no los traten sobre tablas en el Senado, sino que pasen a comisión. Este jueves, si la vicepresidenta Victoria Villarruel no llama a sesión, los senadores podrían autoconvocarse para tratar las iniciativas previsionales (prórroga de la moratoria, ajuste y bono) y la emergencia en discapacidad. Los gobernadores dialoguistas aseguran que, si quieren, tienen los dos tercios para tratar las iniciativas que ya ingresaron. Las fuentes provinciales, ante la consulta de LA NACION, evitaron hablar de un "desplante" al Presidente con el argumento de que la mayoría de ellos debe encabezar actos en sus provincias. Coincidieron en que, sin ceder en sus reclamos, siguen "dispuestos" a dialogar. Insistieron en que no hay impacto de lo que piden en el superávit fiscal y que el dinero que reclaman "le pertenece" a las provincias.El presidente Milei llegará a Tucumán alrededor de las 22 y una vez que termine su discurso en la Casa Histórica de la Independencia, regresará a la Ciudad de Buenos Aires. Del grupo de dialoguistas, algunos dieron los argumentos del faltazo. El santafecino Maximiliano Pullaro está en Estados Unidos en un viaje oficial; el mendocino Alfredo Cornejo tiene el miércoles "toque de diana y posterior desfile militar" y "no cuenta con avión propio ni vuelo directo" y el cordobés Martín Llaryora preside la gala el 8 y el desfile cívico militar el 9 en Colonia Caroya. El neuquino Rolando Figueroa tiene acto y el rionegrino Alberto Weretilneck debe participar del aniversario de Choele Choel. El correntino Gustavo Váldes, cuyo acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) se cayó, tiene el acto de reapertura del teatro Juan de Vera. El puntano Claudio Poggi ya estaba comprometido con la ceremonia provincial del 9 de Julio.No estarán tampoco Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El cierre de Vialidad Nacional dispuesto ayer por la Nación en medio de la presión por la falta de obras y de mantenimiento de rutas, abona el malhumor de los mandatarios. "En el medio, están los trabajadores de Vialidad y las rutas que nunca se hicieron por toda la corrupción que hubo en nuestra provincia Ademas, el Gobierno nacional no tiene la intención de realizar un plan de mantenimiento ni de encarar la construcción de nuevas rutas", dijo ayer el santacruceño Vidal. El rionegrino Weretilneck, en tanto, fue a la Justicia para denunciar el abandono de la ruta nacional 151, en otra señal de tensión. A la presión de los gobernadores por fondos, este martes se suma la de unos 20 intendentes de ciudades importantes que asistirán a la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, presidida por el cordobés Juan Brügge (Encuentro Federal). También piden, entre otros puntos, modificaciones en la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.
Las decisiones quedaron establecidas por el Decreto 463/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial
Una nueva obligación financiera afecta a más de tres millones de trabajadores formales
En las próximas horas, se publicarán en el Boletín Oficial dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para poner en uso dinero que solía destinarse al Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).Cabe recordar que, a principios de este año, el Gobierno eliminó el FFSU por "ineficiencias en la utilización de recursos", aunque pocos días después, el Enacom ratificó la obligación de las compañías Claro, Telefónica y Telecom de seguir aportando un 1% de su facturación anual, con el objetivo de sostener la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal. A la fecha, lo recaudado asciende a aproximadamente $180.000 millones.Fernando Haddad: "Ningún país está obligado a estar en el Mercosur, pero juntos tenemos mejores condiciones de negociar"De ese total, se destinarán $40.000 millones a un programa de apoyo a pymes TIC y $60.000 millones a otro orientado al despliegue de una red mayorista neutral.El programa para pymes TIC apunta al desarrollo de redes de fibra óptica y tecnología 5G. Según el Enacom, beneficiará directamente a hogares, escuelas, hospitales y comercios en todo el país, y fomentará además el desarrollo de inteligencia artificial y la creación de centros regionales de datos. En paralelo, la red mayorista neutral permitirá la instalación de infraestructura crítica de uso compartido y fortalecerá el ecosistema de operadores TIC, promoviendo la competencia y la eficiencia del sector.En lugar de otorgar subsidios, el organismo brindará créditos con tasa subsidiada, y los interesados deberán presentar proyectos que serán evaluados y aprobados."Por primera vez se va a poder medir de verdad la reducción de la brecha digital, porque los proyectos van a tener trazabilidad. Se van a auditar todos los procesos para garantizar el control del destino de los fondos y asegurar que se cumplan los objetivos", explicaron desde el Enacom.A comienzos de la gestión libertaria, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, realizó una auditoría que concluyó que se había ejecutado menos del 50% de los fondos del FFSU. Además, se detectó la distribución de Aportes No Reembolsables (ANR) en zonas ya cubiertas por internet, como el AMBA, y que se avalaron costos por hogar conectado entre cinco y seis veces más altos que los estándares.El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 448/2025, que prorrogó la intervención del Enacom hasta el 4 de enero de 2026.Según los considerandos de la norma, el Ejecutivo resolvió que Ozores continúe al frente de la intervención, con rango y jerarquía de secretario, para finalizar tareas vinculadas a la revisión de procedimientos, la actualización de normas regulatorias, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la redefinición de la estructura orgánico-funcional.La prórroga, que rige desde el 8 de julio de 2025 hasta principios de enero del año próximo, contempla la continuidad de los procesos de diagnóstico y auditoría. Entre los principales ejes de trabajo figuran la implementación de comisiones técnicas y grupos especializados para revisar en detalle los concursos de servicios audiovisuales, el régimen de licencias, la calidad de los servicios y los procedimientos sancionatorios aplicables a los prestadores del sector.El texto oficial señala que la intervención permitió avanzar en la identificación de superposiciones de funciones, discrecionalidad en el manejo de recursos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficiente del ente regulador. Además, se plantea la necesidad de diseñar e instrumentar manuales de procedimientos para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas claras de gestión.En cuanto al espectro radioeléctrico, se prevé relevar el estado y la disponibilidad de las bandas, y planificar medidas para optimizar su utilización en línea con las tendencias internacionales, la evolución tecnológica y la promoción de la competencia.El Poder Ejecutivo remarcó en la normativa que la reconfiguración del ente regulador debe contemplar la actualización de su estructura y funcionamiento, alineada con principios de legalidad, eficiencia, control y planificación estratégica. En esa línea, se subrayó que la intervención tiene entre sus mandatos no solo funciones de administración y gobierno, sino también la capacidad de ejecutar reformas regulatorias y funcionales.La disposición, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destaca que la continuidad de Ozores al frente de la intervención busca asegurar la ejecución coherente de las auditorías y reformas en curso. De cumplirse los plazos establecidos, la intervención sumará un año completo más desde la decisión original de intervenir el ente, anunciada en enero de 2024, y buscará cerrar una etapa de transición hacia una estructura más alineada con las necesidades de regulación en un mercado en constante evolución tecnológica.
El diputado del MID aseguró que eliminando esos privilegios se pueden otorgar los aumentos sin romper el superávit fiscal. Leer más
A pesar de que algunos mandatarios locales participarán de la vigilia en Tucumán, las autoridades nacionales no impulsarán un encuentro. Crece la polémica por la cuestión reglamentaria del proyecto que busca rediseñar el reparto de lo recaudado por ATN y el impuesto a los combustibles
Texas atraviesa una de sus peores crisis climáticas de los últimos años. Fuertes tormentas provocaron inundaciones devastadoras en varias zonas del estado, y en especial en el condado de Kerr, donde se registraron lluvias de hasta 45 centímetros. El desastre no solo dejó a cientos de personas sin hogar, 84 muertos y decenas de desaparecidos, sino que también obligó a activar un operativo federal de emergencia. El presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor que movilizó recursos federales en apoyo al gobernador Greg Abbott.Trump declaró un desastre mayor en Kerr CountyLa declaración de desastre mayor por parte del presidente Donald Trump busca canalizar ayuda inmediata para los habitantes de Kerr County y otras regiones afectadas por las lluvias torrenciales del 3 de julio. El condado se encuentra en el llamado Texas Hill Country, una región montañosa que se vio especialmente afectada por precipitaciones excepcionales. En su red social, Trump escribió: "Acabo de firmar una Declaración de Desastre Mayor para el condado de Kerr, Texas, para asegurar que nuestros valientes rescatistas cuenten de inmediato con los recursos que necesitan. Estas familias están atravesando una tragedia inimaginable, con muchas vidas perdidas y muchas personas aún desaparecidas".El mensaje dejó claro que la administración de Trump, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos, movilizó todos los esfuerzos posibles para apoyar al gobierno estatal en la emergencia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incluso viajó al lugar y se reunió con el gobernador Greg Abbott y otros funcionarios locales.¿Qué fondos y ayudas libera la declaración de desastre?El impacto inmediato de la declaración presidencial fue la activación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que comenzó a trabajar en colaboración con las autoridades estatales y locales. La medida habilita recursos de asistencia individual y pública, y posibilita la llegada de fondos para reconstrucción, reparación y apoyo social.Entre los recursos liberados se encuentran:Asistencia individual: dinero y servicios para personas afectadas por el desastre, entre los que se incluyen alojamiento temporal, reparación de viviendas, reposición de bienes personales no asegurados o subasegurados, servicios legales vinculados al desastre, gastos médicos y dentales, y asistencia por desempleo en caso de haber perdido el empleo por el evento.Asistencia pública: apoyo para trabajos de emergencia, reparación o reemplazo de instalaciones públicas dañadas por el desastre, como puentes, caminos, edificios gubernamentales y escuelas.Evaluaciones conjuntas de daños: equipos integrados por FEMA, el gobierno estatal y autoridades locales realizan evaluaciones en Kerr County para determinar la elegibilidad para asistencia adicional.Programas de mitigación: aunque aún no fue aprobado, Texas solicitó la activación del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos, lo cual permitiría desarrollar obras preventivas y de infraestructura a nivel estatal para reducir el impacto de futuros desastres naturales.El gobernador Abbott agradeció públicamente la decisión de Trump: "El presidente Trump apoya firmemente a Texas en este momento de necesidad, y le agradezco por haber aprobado rápidamente nuestra solicitud de declaración de desastre", dijo en conferencia de prensa.Además, subrayó que este respaldo permite que los primeros auxilios y equipos de gestión de emergencias cuenten con los recursos críticos necesarios para comenzar la recuperación.Rescate, asistencia y operativos: así responde TexasDesde el primer momento, el gobernador Greg Abbott movilizó todos los recursos del estado para enfrentar las consecuencias del desastre. Según un comunicado oficial del gobierno de Texas, se desplegaron múltiples agencias estatales, lo que aumentó el nivel de alerta y reforzó el centro de operaciones de emergencia estatal. Esto incluyó la activación de recursos incluso antes de que comenzaran las lluvias más intensas.Algunas de las medidas adoptadas por el estado incluyeron:Incremento del nivel de preparación al Nivel II (Respuesta Escalada) del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia.Actualización y ampliación de la declaración estatal de desastre para incluir nuevos condados afectados.Despliegue preventivo de recursos de emergencia estatales en zonas con alerta de lluvias e inundaciones.Relevamientos a través de la herramienta iSTAT, que permite a los ciudadanos reportar daños a sus hogares o negocios, información vital para acceder a más asistencia federal.Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) jugó un rol esencial en los operativos de búsqueda y rescate. En la región de Llano, cercana a Kerr County, desplegó dos helicópteros de forma continua y otros tres aviones C-144 equipados con cámaras térmicas.
El sábado 5 de julio, Gianluca Simeone arribó a Cerdeña, en Italia, de la mano de Eva Bargiela, con el propósito de celebrar el cumpleaños número 30 de su hermano mayor, Giovanni, que se desempeña como futbolista en el club Napoli. La pareja no solo se reunió con todo el clan, sino que posaron a la luz del atardecer para mostrar cómo avanza el embarazo de la modelo e influencer. Entre dedicatorias y fotos románticas, disfrutaron del entorno paradisíaco. Después del anuncio del embarazo de Bargiela, la familia Simeone se mostró unida siempre que pudo, tanto en Madrid, como actualmente en Italia. Mediante Instagram, los novios subieron imágenes de la ceremonia en honor al cumpleañero, pero también agregaron varias en las que aparecieron abrazados o dándose un tierno beso. Además, la influencer aprovechó las últimas horas de Sol y modeló con la panza y el mar de fondo. "Ti amo", escribió Bargiela en el posteo que publicó en sus redes. Allí mencionó a Gianluca, que segundos después en la sección de comentarios le respondió: "Los amo. Feliz de vivir esto con vos". Además de ellos, también se mostraron con el resto de la familia. Eso incluyó a Valentina y Francesca, hijas de Diego "Cholo" Simeone y Carla Pereyra, Giovanni y Gianluca Simeone, y Carolina Baldini, exmujer del director técnico del Atlético de Madrid y madre de sus tres hijos varones. Las fotos románticas de Gianluca y Eva Bargiela en Cerdeña con el clan Simeone
La Comisión Europea ha descontado unos 1.100 millones de euros a España, principalmente por la falta de compensación a funcionarios interinos y por no aprobar la subida fiscal al diésel acordada en el plan de recuperación
En caso de que Victoria Villarruel no responda al pedido de sesión y el kirchnerismo logre reunir los números, la vicepresidenta se vería forzada a abrir el recinto. Leer más
La Casa Rosada cursó invitaciones a varios mandatarios, aunque la mayoría podría no ir. Crece la presión de las provincias por fondos como las ATN. Habrá pasado un año de la firma del Pacto de Mayo
El comportamiento volátil - y por momentos, complicado- de los instrumentos del universo en pesos hizo mella en la industria de fondos. En concreto, junio se caracterizó por ser un mes magro en términos de flujo y rendimiento. Los rescates alcanzaron los $2,2 billones - los mayores registrados en lo que va del año- y, si bien la gran mayoría provino de la liquidez inmediata, los fondos con riesgo de mercado no se quedaron atrás. Además, por tercera vez en el año, los retornos de los money market se posicionaron por encima del resto de las estrategias. El universo en pesosA diferencia de los meses anteriores, junio dejó un balance desfavorable en el marco de la moneda local, donde la gran mayoría de las curvas de los instrumentos en pesos registraron bajas: aquellos que ajustan por CER (inflación) y los de Tasa Fija, mantuvieron una performance entre pobre y negativa; y, recordemos, estos conforman una gran parte de los activos de las carteras de los fondos. También, la alta demanda por la liquidez (características de la estacionalidad de mitad de año), sumado a la alta volatilidad, tuvieron efecto en el cierre de mes para la industria. Los flujos se sacudieron (y así lo hizo el patrimonio)En concreto, el patrimonio administrado descendió un 1,6% y se colocó en los $65,7 billones - aunque en el año logra aún crecer un 16%-. Pero, ¿qué estrategias, puntualmente, fueron las más afectadas? Las de corto plazo - o más conservadoras-. Por un lado, la liquidez inmediata perdió unos $1,8 billones, llevando a su patrimonio a contraerse un 2% (hasta los $37,2 billones). Por otro lado, la Renta Fija de corto plazo marcó bajas por cerca de $394.000 millones y los de Lecaps (T+0) por $82.000 millones. En lo que respecta a la cobertura, los CER (inflación) sufrieron $100.000 millones de bajas y los Dólar Linked por $91.000 millones.Cuestión de rendimientosSi hablamos de retornos, la foto no fue buena. Incluso, como dato no menor, al igual que en febrero y marzo, los money market superaron a las estrategias con riesgo de mercado con el 2,2% en promedio. Sin ir más lejos, el podio lo logró la Renta Fija T+0 con el 1,9% en promedio, seguidos por los de corto plazo con el 1,4% y los Dólar Linked con el 1%. En menor medida, los Discrecionales avanzaron un 0,6% y los CER marcaron bajas promedio del 0,2%. La Renta Variable, por su lado, recibió un duro golpe y cerró con caídas del 10% (tras un S&P Merval que cerró con descensos del 12,5%).La autora es team leader de FCIs de PPI
Las autoridades nacionales rechazan el proyecto que impulsan los 24 gobernadores, pero por el momento no habrá más negociaciones y se espera una tensa discusión legislativa
La actriz que da vida a la popular Gladys comentó que un motivo personal la llevó a regresar a Las Nuevas Lomas.
Los fondos comunes de inversión de renta variable de Wall Street obtuvieron un flujo positivo de u$s31.600 millones en solo una semana.
Los fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 le pidieron a Justicia de Estados Unidos cobrar también la indemnización con acciones de YPF. La orden "me too" (yo también) se presentó ayer, luego de que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, sorprendiera con la orden que dispone que el Estado argentino debe girar el 51% de sus acciones de YPF para pagar dos litigios en Estados Unidos.Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos -más conocidos como holdouts- que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos argentinos que hay en el exterior.Estos son los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos están representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management."Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores", dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.La jueza Preska ordenó el lunes al país que pague con las acciones de YPF las sentencias de primera instancia por la expropiación de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, y por la deuda en default de 2001 que está en manos del fondo Bainbridge Fund."Vuelve un clásico: los me too. Quedan solo dos fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda de [Nésto] rKirchner y [Mauricio] Macri y tienen sentencias firmes por el default de 2001. Preska ya dictó en favor de uno, Bainbridge (US$95 millones) una orden igual a la que obtuvo Burford por YPF, y ayer el otro, el grupo liderado por Attestor (US$259 millones), le pidió a Preska lo mismo", dijo Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior."Si la Cámara de Apelaciones de Nueva York no revoca el fallo sin precedentes de Preska (objetado hasta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos), sus consecuencias serán globales y pondrán en riesgo futuras reestructuraciones de deuda soberana de cualquier otro país", agregó.Pese a que el artículo 10 de la ley 26.741 de la expropiación de YPF prohíbe al Gobierno transferir las acciones de la petrolera, la jueza Preska dijo en su fallo del lunes que "no hay ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera [la transferencia de] dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país".En otra parte del escrito, la magistrada fue más directa con relación a la ley argentina que prohíbe la transferencia de acciones: "La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos, (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes".Y agrega: "Los gobiernos extranjeros no pueden simplemente invalidar las excepciones a la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), al invocar su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que el derecho extranjero controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, todo estado extranjero podría declararse invulnerable a las sentencias judiciales en los tribunales estadounidenses con solo aprobar una ley que exigiera su propia aprobación para cualquier transferencia de su propiedad".El martes, el Gobierno presentó un escrito ante la jueza de Nueva York en el que pidió la suspensión de la orden hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. En paralelo, dijeron que están diseñando la apelación sobre la cuestión de fondo, que se presentará antes de mediados de mes. A la espera de esta apelación, de manera paralela, la Argentina ya había apelado el fallo de primera instancia por la expropiación de YPF, que la obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.Los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, apelaron también porque quieren que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino pidió que se revise la sentencia.La historia de la deuda en defaultEn abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020, el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitres que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.
Tras la orden de la justicia de Nueva York orientada a pagar a los demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera con el paquete accionario de la empresa, otros demandantes en litigios por deudas en default quieren participar de la ejecución de esos mismos activos
El gobernador participó de la sexta edición del Foro de Capital Emprendedor que reúne a referentes del capital de riesgo, empresas, instituciones y startups. Leer más
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, había denunciado que el Gobierno se quedaba con dinero que no le correspondía: "Cuando un Estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto, está generando un superávit con plata de las provincias". Leer más
En una jugada de fuerte tono político y que amenaza con complicarles cuentas al Gobierno, el kirchnerismo anticipó que pedirá tratar la semana próxima los proyectos de ley impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño que obligan a la administración de Javier Milei a distribuir con las provincias los recursos que viene reteniendo por Aportes del Tesoro Nacional, fondos fiduciarios y el impuesto a los combustibles líquidos.Así se lo confirmó a LA NACION el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), quien precisó que las iniciativas estarán incluidas en la sesión especial que la principal bancada opositora pedirá para el jueves de la semana próxima y en la que también impulsarán la sanción de los proyectos de ley de recomposición de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en las prestaciones por discapacidad a cargo del Gobierno.El pedido todavía no fue formalizado y una vez presentado será la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien tendrá la facultad de decidir si da curso a la solicitud y, en el caso de hacerlo, de fijar el día y el hora a la que convocará a la reunión. La presión sobre la vicepresidenta será fuerte, ya que las iniciativas contaría con el respaldo de todas las provincias.Los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y la ciudad de Buenos Aires fueron presentados ayer, por lo que deberán ser discutidos sobre tablas, ya que todavía Villarruel no decidió a las comisiones que serán giradas las iniciativas.El apuro de los legisladores kirchneristas se explica en la acuciante situación financiera que viven las provincias, que le vienen recamando al Poder Ejecutivo que distribuya fondos que, sostienen, les pertenecen y que la administración libertaria viene reteniendo de manera indebida.Es esta unanimidad mostrada desde la semana pasada por los estados provinciales lo que le garantizaría que los proyectos consigan el apoyo de los dos tercios de los presentes en una eventual sesión, mayoría exigida para debatir en el recinto una iniciativa que no haya obtenido, antes, la luz verde de las comisiones de trabajo parlamentario.Noticia en desarrollo
Las primeras tres iniciativas fueron aprobadas por Diputados y el Ejecutivo ya anunció vetos. El último tema deberá ser votado y girado para su sanción en la Cámara baja
La actriz Kukuli Morante retorna a las grabaciones de la serie más popular de la televisión peruana y se reencontrará con sus compañeros de la nueva temporada.
Juan Grass (ACLISA) advierte que las clínicas y sanatorios vienen operando por debajo de la sustentabilidad desde 2001 y que la "emergencia sanitaria" solo sirvió como un parche. La baja inflación trajo alivio en costos, pero no solucionó la brecha crítica entre ingresos y gastos. Leer más
CÓRDOBA.- En paralelo a que los gobernadores decidieron ingresar al Senado sus proyectos con los reclamos a la Nación por la distribución del remanente del fondo de ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, los giros del gobierno de Javier Milei a las provincias por fuera de la coparticipación cerraron el primer semestre del año con una mejora real interanual del 187,6% (la base de comparación es muy baja), pero fue, no obstante, el segundo peor período en los últimos 20 años. Del fondo de ATN solo se ejecutó el 20% de lo acumulado.Después de la reunión de los ministros de Economía provinciales con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el martes pasado, el malhumor reina entre los gobernadores. Acordaron presentar en el Senado los proyectos de ley que consensuaron hace unas semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El segundo de Luis Caputo rechazó las propuestas.En lo que hace a las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, en junio crecieron 142% interanual en términos reales, pero en comparación con el mismo mes del 2023, todavía presentan descensos de importante magnitud (54% en términos reales), según datos de Politikon Chaco.La clave de la mejora siguen siendo los envíos a CABA, que se quedó con 52,1% ($153.130 millones) del total distribuido por efecto de los pagos nacionales en cumplimiento de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia por la causa de la coparticipación. Muy por detrás se ubicaron Buenos Aires (19,7% del total), Córdoba (4,5%), Tucumán (3%), Chaco (2,7%) y Santa Fe (2,5%). Jujuy, La Pampa y San Luis fueron las que menos fondos recibieron el mes pasado: las tres quedaron por debajo de los $400 millones.Politikon Chaco ratifica que en la mayoría de los casos hay un "fuerte rebote" respecto del 2024 -ocho provincias recibieron menos que el año pasado- pero todas siguen debajo del 2023. La excepción es CABA por la recepción de los recursos de la cautelar. Es la misma razón que explica el salto de las transferencias: si se la excluye, el alza real es del 30,4%.En cuanto a los ATN, hoy en el centro de la discusión entre los gobernadores y la Casa Rosada, la ejecución de junio fue de $10.500 millones. Catamarca, Santa Cruz y Tucumán recibieron $3500 millones cada una. Además, se devengaron $3000 millones a Corrientes, pero no fueron pagados (posiblemente impacte en julio). El fondo total de ATN sumó $85.240 millones, con lo que solo se ejecutó 12,3%.En el primer semestre, las transferencias automáticas aumentaron pero quedaron por debajo de todos los primeros semestres entre 2005 y 2023 medidos en moneda constante.Y en lo que va del año, en materia de ATN se pagaron $91.000 millones, cifra que equivale al 20% del fondo de $451.048 millones acumulado. Entre enero y junio recibieron estos recursos Neuquén, $15.000 millones; Buenos Aires, $10.000 millones; Salta, $9500 millones; Santa Fe, $9000 millones; Tucumán, $8500 millones; Santa Cruz, $8000 millones; Chubut, $7000 millones; Río Negro, $5000 millones; San Juan, $4000 millones; Catamarca, $3500 millones; Entre Ríos, Mendoza y Misiones, $3000 millones cada una, y Chaco, $2500 millones.
Se trata de dos propuestas que ingresaron con las firmas de todos los bloques de la oposición.Una es para hacer coparticipable el impuesto a los combustibles y el otro para regular el reparto de los ATN.
Tras varios días de negociaciones que fracasaron entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias, los gobernadores dieron un golpe en la mesa y enviaron al Congreso dos proyectos que tienen como objetivo aumentar los fondos que reciben las provincias de la coparticipación federal.Se trata de un par de proyectos que cuentan con el aval de los mandatarios de las 24 provincias y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados con la firma de los líderes de los distintos bloques del Senado, entre ellos Juliana Di Tullio, José Mayans, Eduardo Vischi, Fernando Salino y Carlos Espínola.El primero de los proyectos propone la eliminación de varios fideicomisos y fondos "poco transparentes" -de la misma forma que lo hizo el Gobierno- que son financiados con lo producido por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y que esos fondos se giren a las provincias para que puedan hacerse cargo de "funciones y responsabilidades asumidas por los gobiernos provinciales y municipales" en el último tiempo como consecuencia del ajuste que llevó a cabo la administración libertaria.La iniciativa eliminaría el fondo fiduciario de Infraestructura Hídrica, el de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda para "terminar con este mecanismo de distribución sectorial" y distribuir esos recursos según los porcentajes de coparticipación establecidos en la Ley 23.548 (Coparticipación).Para poner en perspectiva, solo el de Transporte y de Infraestructura Hídrica, este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el ICL.Para concretar esto el proyecto propone modificar la Ley 23.966 (impuestos - previsión social) para redefinir la distribución de lo que produce el ICL. En este caso, sería un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (Anses). Los fondos correspondientes a las provincias quedarían repartidos en un 25% en partes iguales entre todos los distritos, y el otro 75% según los índices de coparticipación.El segundo proyecto es complementario y propone incorporar un nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) y establecer que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se redistribuyan según los artículos 3°, 4° y 8° de la de coparticipación. Se resalta que la redistribución se hará "diaria y automáticamente", bajo las mismas condiciones de la ley de coparticipación.Los proyectos son una respuesta de los gobernadores a las quejas por el corte de recursos y transferencia de responsabilidades a las provincias realizado desde la llegada a la Casa Rosada de La Libertad Avanza. En la mesa de negociación entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los ministros de economía provinciales se rechazó coparticipar el remanente del fondo de ATN y en cambio la oferta fue coparticipar la parte que va a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos, transfiriéndoles también las rutas.Desde el Gobierno adelantaron que, como se hizo en el pasado, cualquier ley que vaya en contra del equilibrio fiscal sería vetada. Así lo plasmo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en recientes declaraciones. No obstante, los gobernadores esperan sortear aquel recurso del Ejecutivo alegando que se trata de un redireccionamiento de los fondos desde los mencionados fideicomisos que no dañaría el equilibrio fiscal.
A pesar de los incendios, los cuarteles de bomberos de Chubut no pueden pagar los gastos básicos de funcionamiento por la resolución del Ministerio de Economía que les impide cobrar tasas en las facturas de los servicios. Leer más
Un equipo de arqueólogos submarinos logró un descubrimiento que podría cambiar la comprensión actual sobre la infraestructura naval del Imperio Romano. Durante una operación de recuperación frente a la costa de Bacoli, en el sur de Italia, investigadores hallaron una imponente estructura de 90 metros de longitud que permanecía sumergida en el fondo del mar. Se trató de un rompeolas romano construido a partir de materiales arquitectónicos reutilizados, una muestra de la sofisticación y el avance tecnológico que tenía la civilización de la época.El hallazgo tuvo lugar en la zona donde se ubicaba Portus Iulius, la antigua base naval romana situada en Miseno, que sirvió como cuartel general de la Classis Misenensis, la flota del Imperio en el mar Tirreno. Este puerto militar fue de vital importancia durante la primera parte del siglo I, en especial bajo el mando de Plinio el Viejo, quien lideraba la flota al momento de la trágica erupción del Vesubio en el año 79 d.C.La estructura submarina, que conecta Punta Terone con Punta Pennata, mide aproximadamente 90 metros de largo por 23 de ancho y se encuentra a una profundidad de entre cinco y nueve metros. Los buzos descubrieron que estaba conformada por arquitrabes de mármol con molduras, columnas fragmentadas de mármol y bloques tallados, elementos que alguna vez formaron parte de edificaciones monumentales.Según los expertos, no se trata de los restos colapsados de un edificio, sino de un diseño intencional. Los fragmentos fueron deliberadamente colocados para formar una barrera contra el viento siroco, típico del Mediterráneo. A pesar del deterioro causado por el paso del tiempo, el mar y los litodomos (moluscos perforadores), el rompeolas conserva evidencias claras de su uso original y del nivel del mar en aquella época.La operación de recuperación fue llevada a cabo por la Unidad Subacuática de Carabineros, que utilizó tecnología 3D de escaneo, fotogrametría de alta resolución e imágenes hiperespectrales para mapear el área. Por primera vez en Italia, el procedimiento fue transmitido en vivo gracias a la tecnología Naumacos, bajo la dirección del arqueólogo Gabriele Gómez de Ayala.Durante la intervención se extrajeron dos arquitrabes y una columna completa, que fueron trasladados al Parque Borbónico de Fusaro para su desalinización y restauración. Posteriormente, las piezas serán exhibidas en el Palazzo dell'Ostrichina, en una nueva muestra arqueológica que permitirá al público contemplar de cerca el esplendor arquitectónico del Imperio Romano.El superintendente Mariano Nuzzo, presente en el lugar durante la extracción, explicó: "Estos fragmentos arquitectónicos probablemente formaban parte de edificios que simbolizaban el poder imperial, estrechamente vinculados al Classis Misenensis. Ofrecen una pista fundamental sobre el panorama político y urbano del antiguo Miseno".Este hallazgo no solo pone en valor la riqueza histórica del pueblo italiano, sino que abre nuevas puertas para entender cómo los romanos aprovechaban recursos y conocimientos para desarrollar infraestructura adaptada al entorno marítimo que los ayudara a paliar grandes catástrofes en sus ciudades.
Con un avance del 3,7% en junio y un volumen diario de $125.373 millones, el índice accionario del país cierra un semestre excepcional
Con respecto a las formas que maneja el presidente Javier Milei a la hora de comunicar, desde el empresariado dijeron que, "va a ser imposible hacer confluir valores con una lógica de pragmatismo económico", según informó el periodista, Ariel Maciel. Leer más
Tras la crisis financiera de 2008, los bancos vendieron sus activos inmobiliarios a precios muy bajos, lo que permitió a los fondos extranjeros adquirir propiedades en condiciones muy favorables
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) emitió un comunicado como respuesta a la investigación del portal Análisis, del periodista Daniel Enz, que expuso el manejo de viáticos, las licencias y los salarios millonarios que perciben los vocales, como así también las designaciones de personal en el Poder Judicial. El comunicado del Stjer comenzó cuestionando el rigor periodístico de la publicación: "La nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin". Desde el portal Análisis refutaron dicha apreciación y resaltaron que el artículo "refleja un trabajo de cuatro meses que incluyó la consulta con más de 20 personas que van desde integrantes del propio Poder Judicial entrerriano, como así también de otras jurisdicciones provinciales, actuales funcionarios del Poder Judicial, exfuncionarios judiciales, gremialistas, entre otros".Asimismo el comunicado niega las cifras publicadas sobre gastos en viáticos, afirmando que el monto real abonado desde enero de 2022 a mayo de 2025 fue de $49.148.418,60, y no de $260.767.232 como publicó originalmente el portal Análisis."Lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más)", señalaron. Vale destacar que desde el medio reconocieron un error de tipeo en la cifra publicada en la nota inicial, error que fue subsanado en la publicación web, donde republicaron el monto corregido de 160.767.232 pesos. Y explicaron: "Siempre se consignó que se tomaba el cálculo a valores actuales, porque hacerlo de la otra manera era imposible cuantificarlo por la inflación acumulada en más de tres años y sin saberse qué porcentaje de aumento se iban dando los propios vocales, tal como hacen". La investigación expuso que desde 2022 hasta ahora la jueza Susana Medina de Rizzo se ausentó del Superior Tribunal 191 días hábiles, prácticamente un año judicial completo, y que cobra un sueldo de casi 15 millones de pesos. Medina presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y desde este año es directora para América Latina de la entidad.Además, el informe mencionó el nombramiento sin concurso de más de 300 personas; entre ellas, una refugiada política siria designada por pedido expreso de la vocal Claudia Mizawak y un integrante de una fuerza de seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en Buenos Aires y que solamente permaneció unos meses en Paraná. Habría sido nombrado a instancias de la jueza Medina.La investigación reveló además que, en la actualidad, el monto que se paga como viático dentro del territorio entrerriano es 164.044 pesos por día, mientras que el de fuera de la provincia es 246.074 pesos. Y para viajar al exterior el monto llega a 369.111 pesos por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, en el territorio donde cumplen su función.La explicación oficialEn el texto que rubrica el presidente del Stjer, Leonardo Portela, se especificó que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos por traslados de acuerdo a las funciones realizadas (traslado, alojamiento y comida) y que los gastos del Alto Cuerpo son informados oportunamente al Tribunal de Cuentas de la provincia.En cuanto a las designaciones de personal, el Stjer señaló que tal y como "se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado".En relación a las licencias, el comunicado apuntó a explicar la condición especial del régimen laboral en el que se encuentra encuadrado el tribunal. Existen dos tipos de licencias: las ordinarias (vacaciones) y las extraordinarias (enfermedades, capacitaciones, etc.). Si bien todos los integrantes del Poder Judicial tienen derecho a ambas, los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Stjer) tienen una particularidad: deben estar disponibles los 365 días del año para atender procesos de amparo.Por lo tanto, señalaron, cualquier ausencia de la provincia, incluso en días inhábiles o feriados, debe ser registrada en el sistema. Esto incrementa notablemente sus días de licencia informados en comparación con otros jueces, quienes no están obligados a informar salidas en días no laborables. Sobre el sueldo de la jueza Medina, Portela aclaró en declaraciones a Radio 2820: "Más allá de que se trata de información pública, no puedo especificar el salario de cada uno de los vocales ya que algunos no accedieron a brindar esta información puntual, pero puedo decir que el monto de los salarios promedia los 10 millones de pesos mensuales y no las cifras consignadas en la nota periodística"."La cenicienta del gobierno" "Hay cuestiones que están en el informe que son reales", reconoció Portela, a la vez que señaló que "49 millones de pesos como gasto en viáticos durante tres años y medio es mucho, puede serlo, la pregunta es comparado con qué. Si la comparación es con los otros poderes del Estado, no es mucho, es menos. Ahora si lo comparamos con la enfermera que se toma el colectivo de su casa y lo paga de su bolsillo, sí es mucho. Debemos pensar estos datos en contexto", argumentó el presidente del Stjer. Y opinó: "Hay que dar la discusión de fondo respecto de hacia dónde vamos y qué lugar le damos al Poder Judicial dentro de lo que es el Gobierno del Estado, porque el Gobierno del Estado lo ejercen los tres poderes. El Poder Judicial no puede ser la cenicienta del gobierno como lo estamos siendo actualmente, no le atribuyo la culpa a [el gobernador Rogelio] Frigerio en esto porque está haciendo malvares con lo que recibe de coparticipación de Nación, pero es una realidad". "Al Poder Judicial de Entre Ríos recibe menos de un tercio del presupuesto solicitado para el 2025. Con eso funcionamos. El presupuesto que solicitamos era de 1500 millones de pesos por mes, y nos quedamos cortos. La legislatura nos aprobó 1100 millones de pesos mensuales, pero nos están dando 490 millones de pesos, o sea que de lo que nosotros presupuestamos nos están dando menos de un tercio; en abril y mayo no nos dieron nada para obras", cerró. El comunicado del Superior Tribunal de Justicia de Entre RíosA raíz de la nota publicada el 26 de junio del corriente en la versión impresa del semanario "Análisis", suscripta por el señor Daniel Enz, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos se ve en la necesidad de aclarar diversas cuestiones.En primer lugar, que la nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin.ViáticosAl respecto, se impone aclarar que el monto que se informa en la nota como gastado en concepto de viáticos desde 2022 a la fecha es inexacto. En un doble sentido: i) Porque se consigna en ella que se habrían gastado $260.767.232 por el período y esta cifra no se condice ni siquiera con los números que surgen de la propia nota, que sumando los totales de los cuadros publicados sería de $160.767.232. Una diferencia de 100 millones de pesos exactos. ii) Lo informado como gastos en concepto de viáticos es erróneo, además, porque, como se le hizo saber al señor Enz al brindársele información, lo real gastado en el período -enero 2022/mayo 2025-, asciende a $49.148.418,60. Es decir, entre lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más).Hay que aclarar también que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos cuando se trasladan a raíz de una obligación funcional. Es decir, no solamente los vocales del Superior Tribunal lo hacen, sino todos los empleados del Poder Judicial. Además, este gasto, una vez ejecutado, se informa al Tribunal de Cuentas -como se hace con todos los gastos que tiene el Poder Judicial-, para que ejerza la función de contralor constitucionalmente atribuida.Adicionalmente, es del caso señalar que es incorrecta la información volcada en la nota cuando expresa que el Poder Judicial no se encuentra incorporado al SIAF (Sistema integrado de administración financiera), ya que lo está, obligatoriamente, por formar parte de la estructura del Estado. Toda la información que el Poder Judicial genera es cargada al sistema y controlada por el Tribunal de Cuentas provincial de acuerdo a su reglamentación. Por supuesto que, como se explica en la página web del Ministerio de Hacienda, las claves y permisos que el Poder Judicial emplea, en idéntica situación que los otros poderes del Estado, no resultan accesibles a otros usuarios debido a la estricta atribución de responsabilidades que el sistema contempla. Este Tribunal tiene, además de la función jurisdiccional y al igual que los otros dos poderes del Estado, una función de gobierno, que debe asumir con responsabilidad. De allí surge la obligación de relacionarse institucionalmente, tanto con los otros poderes judiciales provinciales como con la Corte Suprema. Es decir, hay gastos, como los viáticos, que son inevitables. A ello se suma algo informado oportunamente al periodista; que algunos colegas del Superior Tribunal desempeñan cargos de dirección en instituciones federales (la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), el Instituto de Capacitación Judicial de JuFeJus y el Instituto Federal de innovación, tecnología y justicia (IFITEJ), indispensables para la formación de la magistratura y para la cohesión gremial de la profesión.Pero, además, hay que aclarar que cuando un vocal del Superior Tribunal se encuentra "en comisión" -lo que provoca que se le paguen viáticos-, sigue haciendo su trabajo; esto es, debe firmar digitalmente las sentencias que dicta y los actos administrativos en que participa.De tal modo, teniendo en cuenta la aclaración que se hizo respecto de los montos reales gastados en este concepto en tres años y medio ($49.148.418,60), se puede advertir que se ha hecho un uso responsable y prudente de los fondos.Designaciones de personalComo se informó, este Superior Tribunal ejerció atribuciones legales y reglamentarias para designar al personal cuya cobertura debe hacerse de modo inmediato para no afectar el servicio de justicia, que es un servicio esencial del Estado. En algunos casos se trata de cargos de las áreas mayordomía e intendencia -ajenos al ingreso por concurso al Poder Judicial-, y en otros de jueces y juezas, cuyas menciones quedan sin efecto cuando son cubiertos los cargos por las personas que resultan designadas mediante el mecanismo constitucionalmente previsto (Consejo de la Magistratura, Senado, Poder Ejecutivo). Para que el Superior Tribunal designe un/una agente debe darse necesariamente una vacante -por suplencia (enfermedad, nacimiento, cargo de mayor jerarquía), interinato (jubilación, renuncia o muerte)-, o la existencia de un nuevo cargo. No hay otra posibilidad y los cargos son creados por ley.Como se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones del Superior Tribunal obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado.LicenciasAl respecto corresponde aclarar que hay dos tipos de licencias; las ordinarias, tales como vacaciones y que son comunes a todos los integrantes del Poder Judicial, y las extraordinarias, que obedecen a cuestiones personales -enfermedades, nacimientos, capacitaciones, etc. Los vocales del Superior Tribunal tienen derecho a ambas, pero con una particularidad: Tienen turnos permanentes los 365 días del año en lo que tiene que ver con procesos de amparo. De tal modo, cuando se ausentan de la provincia cualquiera de los días del año, sea hábil, inhábil, feriado o fin de semana, debe consignarlo en el sistema que registra las salidas de la jurisdicción.Es por ello que los días de licencia informados por los vocales del Superior Tribunal se ven notoriamente incrementados en relación a los días hábiles; para ellos todos los días son hábiles. Esta particularidad no se da con jueces y juezas de otras instancias, quienes no deben informar salidas de la jurisdicción en días inhábiles o feriados.Leonardo PortelaPresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Los mandatarios locales tienen decidido impulsar el proyecto de ley que prevé cambios en la distribución de los ATN y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Enojo por la contrapropuesta que hizo la Nación
A partir de la nueva camada de profesionales de la salud que ingresarán a las residencias nacionales en dos meses, podrán optar dentro de ese sistema de formación entre dos formas de remuneración. Una, abonada por la institución donde siguen su formación de posgrado y, otra, a cargo del Ministerio de Salud, como hasta ahora. Ambas becas seguirán financiándose con fondos nacionales, pero en el caso de las instituciones podrán mejorar la oferta del Estado con recursos propios. Así surge de una actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas que el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Es al día siguiente de la jornada en la que miles de profesionales matriculados -este año, hubo 13.476 inscriptos- rindieron el Examen Único de Residencias por una vacante en ese sistema. En un contexto de crisis, como el que sigue inmerso el sistema de salud en general, habrá que ver que efecto tendrá esta medida. ¿Los hospitales podrán destinar dinero a mejorar esas remuneraciones? ¿Habrá competencia por atraer un recurso humano escaso y así cubrir vacantes en especialidades críticas que quedan libres año tras año? "El objetivo es recuperar el rol formativo de la residencia, corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década, y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas", indicaron desde la cartera nacional a cargo de Mario Lugones. La medida se definió durante el paro de residentes del Hospital Garrahan que se extendió por varios días en reclamo de una mejora de la remuneración, que se abona por recibo de sueldo, como el resto de los empleados de la administración pública aun cuando se trata de una beca. A ese reclamo, se plegaron otros residentes de hospitales nacionales, como el Posadas, en Morón, o el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata.Por el reglamento que ahora se vuelve a actualizar, los profesionales que anualmente se incorporan al sistema de residencias en las vacantes con financiamiento nacional firman un convenio con el Ministerio de Salud que define responsabilidades y obligaciones entre ambos, incluido el régimen de actividad profesional a cumplir, el presentismo y normas disciplinarias. En el conflicto con los residentes del Garrahan, el área de Investigación y Docencia de la que dependen esos profesionales los intimó a suspender el paro que llevaban adelante y volver a sus puestos de trabajo en función de ese convenio firmado. Un incumplimiento puede llevar a la pérdida del certificado de especialidad al completar la residencia. La nueva norma derogó la actualización reglamentaria de 2015, año en el que los residentes se movilizaron para reclamar por las condiciones laborales y beneficios, que se asimilaron a los de los empleados de la administración pública. "Durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron «parches» para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado asumió responsabilidades que no le correspondían -señalaron en Salud al respecto-. Es necesario sincerar esto para devolverle a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla."ActualizaciónLa actualización publicada hoy, según sostiene el Gobierno, "recupera el concepto de beca" al excluir "cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio", detallaron. Así, en adelante, los residentes podrán optar entre dos maneras de percibir ese ingreso: por una Beca Institución o una Beca Ministerio. En ambos casos, el financiamiento nacional seguirá cubriendo el mismo monto por residente. Las instituciones, a la vez, podrán mejorarlo con fondos propios y rendir cuenta por el dinero que recibieron de la Nación.Pero, a diferencia de la Beca Ministerio, será el hospital el que asigne la beca en ese caso. "Los residentes que elijan esta opción percibirán el monto sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales a criterio de la organización. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte el monto de la beca", ampliaron desde la cartera sanitaria. En tanto, los que opten por la Beca Ministerio la "percibirán con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional y serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional". Pero, "no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, que deberá hacerse cargo de cubrir su ART y el seguro por mala praxis", aclararon. En la recomposición de la remuneración que Salud otorgó a los residentes del Garrahan, el ministerio echó mano a los fondos que el hospital obtiene legítimamente del recupero de prestaciones a otras coberturas y países. Así, reforzó el ingreso de los residentes con $300.000 de un bono de $200.000 que percibe todo el personal del Garrahan mensualmente. Esto potenció el reclamo dentro del hospital en el resto de los profesionales de planta. "El nuevo reglamento, que entra en vigencia desde su publicación, busca ordenar las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes implicadas. La función del Estado es establecer el marco dentro del cual se debe realizar la formación. Por su parte -plantearon desde Salud-, las instituciones deben recuperar su autonomía para poder adaptar las becas a sus propias necesidades y establecer un vínculo directo con los residentes, a quienes debe acompañar durante sus procesos formativos." Los residentes que se incorporen a los hospitales en septiembre ya podrán optar una u otra beca. También lo podrán hacer los que ya están dentro del sistema. "Quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento", explicaron en la cartera sanitaria.
Burford Capital y Eton Park no verían con malos ojos activar un canal para negociar con la Argentina luego de la sentencia en contra del país en el proceso por la estatización de la petrolera. Leer más
En un mensaje a la FAO, León XIV criticó que la comunidad internacional haya abandonado la lucha contra la inseguridad alimentaria en favor de industrias bélicas
El inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos llegó con una medida inesperada: la administración de Donald Trump decidió retener más de US$6000 millones en fondos educativos que debían distribuirse el 1° de julio entre los estados y territorios del país norteamericano. La decisión impacta directamente en programas esenciales para estudiantes migrantes, niños que aprenden inglés como segunda lengua, iniciativas de formación docente y actividades extracurriculares.Fondos congelados: qué implica la medida para la educación públicaLa medida, calificada como "retención presupuestaria", afecta directamente a recursos que el Congreso ya había aprobado en marzo y que el propio presidente Trump firmó como ley. En total, la legislación contemplaba cerca de US$45.000 millones para apoyar la educación primaria y secundaria en todo Estados Unidos, con una porción significativa destinada a los sectores más desfavorecidos.Sin embargo, a pesar de la aprobación legal, el Departamento de Educación no liberó los llamados "allocation tables", las tablas que informan a cada estado cuánto dinero pueden recibir y comenzar a utilizar. Estas asignaciones, que tradicionalmente se distribuyen el 1° de julio, permiten a las autoridades locales en la materia planificar presupuestos, contratar personal y ofrecer actividades como los programas de verano, fundamentales en varios distritos con inicio escolar anticipado.La situación tomó mayor gravedad el 30 de junio, cuando el Departamento de Educación notificó a los estados que aún no se habían tomado decisiones sobre la distribución de fondos para el ciclo lectivo que comienza, sin brindar ninguna fecha estimada para la liberación del dinero, según informó Politico.Cinco programas clave afectados por la congelación presupuestariaCinco programas federales centrales para la educación pública permanecen sin financiamiento a partir del 1° de julio. Se trata de iniciativas que benefician principalmente a estudiantes con mayores necesidades educativas.Educación para migrantes: ayuda a niños en situación migratoria a alcanzar estándares académicos exigentes y obtener su diploma de secundaria.Formación docente (Supporting Effective Instruction): busca elevar el rendimiento académico de los estudiantes mediante una mejora en la calidad de los educadores y su distribución equitativa.Adquisición del idioma inglés (English Language Acquisition): ofrece apoyo a niños y jóvenes que no dominan el inglés, al facilitar su inserción en las aulas regulares y ayudarlos a cumplir con los estándares estatales.Apoyo académico y enriquecimiento (Student Support and Academic Enrichment): financia una educación integral, mejoras en las condiciones escolares y el uso de nuevas tecnologías en el aula.Centros comunitarios de aprendizaje 21st Century (Nita M. Lowey): sostiene programas extracurriculares, especialmente en escuelas con bajo rendimiento, lo que ofrece actividades educativas durante las tardes y el verano.Según un informe de la organización Learning Policy Institute, una entidad sin fines de lucro y sin filiación partidaria, los fondos retenidos representan al menos un 10% del presupuesto federal para educación K-12 en 33 estados y territorios. En 17 de ellos, la proporción supera el 15%, lo que obligaría a realizar recortes drásticos en los servicios esenciales que estos programas proveen.Escenarios posibles y margen de maniobra para los educadores de Estados UnidosMientras crece la presión para destrabar los fondos, las autoridades educativas locales exploran soluciones provisorias. Algunas jurisdicciones evalúan utilizar reservas presupuestarias o fondos estatales de emergencia, aunque estas opciones no están disponibles en todas las regiones y, en cualquier caso, son limitadas, explicaron desde Politico.Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Educación ofrecieron claridad sobre cuándo se podrían destrabar los US$6200 millones retenidos. Tampoco confirmaron si se tratará de una suspensión temporal o si algunos programas serán finalmente eliminados en el presupuesto definitivo para el año próximo.
La aventura de Monza había comenzado a resquebrajarse en el fin de esta temporada, cuando se decretó su descenso a la Serie B de Italia luego de finalizar último en la tabla. Se terminaba así una era de bonanza deportiva luego de que el magnate Silvio Berlusconi hubiera comprado al club en 2018. Según la agencia AFP, la familia del empresario, fallecido en 2023, le acaba de vender Monza al fondo de inversión estadounidense Becket Layne Ventures."La sociedad Fininvest (holding de la familia Berlusconi) y Beckett Layne Ventures (BLV) anuncian haber llegado a un acuerdo para la cesión del 100% del capital del club Monza en favor de BLV", indicaron en un comunicado conjunto. Y prosigue: "La operación establece el traspaso del 80% del capital durante el verano (boreal) a BLV, y el 20% restante será adquirido (por BLV) de aquí a junio de 2026".El total de la operación no fue precisado, pero según la prensa italiana Beckett Layne Ventures desembolsará 45 millones de euros, 15 de ellos para hacerse cargo de la deuda del club lombardo.Propietario del AC Milan de 1986 a 2017, Silvio Berlusconi, empresario de medios de comunicación y dirigente político fallecido en junio de 2023, había tomado el control del Monza en 2018.Bajo su dirección, el Monza disputó su primera temporada en la Serie A en 2022-2023. Permaneció tres temporadas en la élite, antes de descender en mayo pasado.Beckett Layne Ventures es un fondo de inversión especializado en el deporte y el entretenimiento dirigido por Brandon Berger, durante un tiempo encargado de las operaciones de marketing del Chelsea de Londres.Según información del diario ABC, desde que Berlusconi tomó las riendas del club, el Monza ha acumulado pérdidas de 270 millones de euros. Solo en 2024, éstas fueron de 48 millones de euros.Esta operación pone de manifiesto el interés que suscita el fútbol italiano entre los inversores estadounidenses: ocho de los veinte clubes que disputaron la última Serie A (Atalanta, Fiorentina, Inter de Milán, AC Milan, Verona, Venezia, Parma y AS Roma) tienen propietarios estadounidenses.
El revés judicial sufrido por la Argentina e YPF frente el fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York generó interrogantes sobre los actores detrás de la demanda. Más allá de los tecnicismos legales, emerge la figura de Burford Capital, un fondo con un modelo de negocios particular y una apuesta audaz en el caso YPF.Miradas de la Argentina de hoy: ¿Que va a pasar con las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino? ¿Qué es Burford Capital y cómo opera?Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones con un enfoque específico: proporciona capital y financiación al sector legal. En esencia, se dedica a financiar litigios y arbitrajes a cambio de una parte de las ganancias si el caso resulta exitoso. Sus acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.En el caso de YPF, Burford Capital intervino tras la renacionalización de la petrolera en 2012 y la posterior quiebra de las empresas de Petersen. El fondo inglés compró los créditos contra YPF y Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios, incluyendo al Grupo Petersen de la familia Eskenazi.¿Cuál fue la estrategia de Burford Capital en el caso YPF?En 2015, Burford Capital inició el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas sociedades, radicadas en Madrid, recibían las utilidades generadas por YPF para cubrir los créditos que habían tomado para adquirir el 25,4% de la petrolera entre 2008 y 2011.Cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid decidió reclamar al Estado argentino e YPF, ante la falta de recursos para financiar un juicio prolongado, Burford Capital se hizo con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones.Evolución de la participación de Burford Capital en el caso YPFInicialmente, Burford Capital tenía derecho al 70% de la recuperación en el caso Petersen. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, fue vendiendo partes de su porcentaje. En 2016, se desprendió del 1% por US$4 millones, y en 2017, vendió otra transacción por US$40 millones. Estas transacciones revelaron una revaloración de su inversión inicial de US$17 millones, que alcanzó los US$400 millonesPara 2019, Burford Capital había cedido a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones. A pesar de estas ventas, aún conserva una parte significativa de los beneficios. Se estima que el 30% restante de las ganancias permanece en manos de la administración del concurso, que luego debería distribuirlo entre los acreedores del Grupo Petersen.Eton Park Capital Management, un fondo de cobertura creado por Eric Mindich, también participó en el litigio contra YPF. Aunque cerró sus operaciones en 2017 debido a malos resultados, Eton Park fue financiado por Burford para fortalecer el reclamo judicial.Burford invirtió US$26 millones en los reclamos de Eton Park y acordó embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda. Se presume que Eton Park se quedará con el 25% restante si logran el cobro.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más de 10 años pasaron desde que los fondos Burford Capital e Eton Park presentaron â??por separadoâ?? una demanda contra la República Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, ocurrida en 2012. Desde entonces, ambos fondos obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, que ordena una indemnización de US$16.100 millones. Aunque la Argentina apeló el fallo, los demandantes ya iniciaron contactos con el Gobierno para negociar un acuerdo y cerrar el litigio.Los primeros acercamientos entre los fondos y el Estado argentino comenzaron el año pasado, tras el cambio de administración y la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Durante la campaña electoral, Milei había puesto sobre la mesa la posibilidad de privatizar el control accionario de YPF.Burford, que adquirió el derecho a litigar tras comprarle la demanda al fisco español â??luego de la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energíaâ??, contrató como mediadores ante la Argentina a tres economistas: Gerardo "Gerry" Mato, Hernán Rizzolo y Tomás Gaona. Mato es un viejo conocido de la city porteña. Con pasado en el banco HSBC, como chairman de Global Banking & Markets, reside desde hace años Estados Unidos, en Greenwich, Connecticut, a menos de una hora en tren desde Manhattan. En septiembre de 2023 cobró notoriedad al organizar un encuentro entre asesores económicos de Milei e inversores locales.El evento tuvo lugar apenas días después de que el entonces candidato sorprendiera con su triunfo en las PASO presidenciales de agosto. En representación de La Libertad Avanza viajaron a Nueva York Darío Epstein, director de la firma financiera Research for Traders, y Juan Nápoli, presidente del banco VALO y excandidato a senador por la provincia de Buenos Aires.Meses más tarde, Burford retomó el vínculo con Mato para tender puentes con el nuevo Gobierno. El objetivo del fondo es resolver el conflicto judicial, que ya lleva una década, y alcanzar un acuerdo de pago con la Argentina, que podría incluir una quita sobre el monto de la indemnización y pagos mediante bonos.Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español (equivalentes a unos 19 millones de euros actuales), además del 30% de la eventual indemnización que surja de la sentencia, a cambio del derecho a litigar. Las empresas Petersen habían quebrado en España, país donde fueron constituidas.El Estado argentino, representado por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, apeló el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y, luego de presentar todos los escritos, se está a la espera de que designen un panel de tres miembros y se resuelva la fecha de una audiencia para tratar el caso.Las empresas Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, quien dice que es totalmente ajeno a la demanda, habían comprado las acciones de YPF a Repsol el 21 de febrero de 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% del paquete accionario y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, de acuerdo con los valores de mercado de entonces. Para financiar la operación, tomaron créditos de un consorcio de bancos europeos, que iban a ser devueltos con las utilidades generadas por los dividendos. Sin embargo, cuando la Argentina asumió el control de YPF, suspendió el pago de dividendos, lo que precipitó la quiebra de las compañías.Por su parte, el fondo Eton había adquirido el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por US$458 millones. En mayo de 2014, el entonces ministro Axel Kicillof acordó con Repsol el pago de una indemnización de US$5000 millones por el 51% de las acciones que la empresa española poseía al momento de la expropiación.
La entidad estaría atravesando por un periodo de inestabilidad interna marcado por la salida de personal técnico clave, la llegada de contratistas sin experiencia suficiente, y la vinculación de personas cercanas a grupos políticos o con antecedentes controvertidos
El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, explicó por la 750 en qué consiste el plan del Poder Ejecutivo y por qué es perjudicial tanto para trabajadores como empleadores.
CÓRDOBA.- Para intentar destrabar el conflicto en ciernes con todos los gobernadores que firmaron un proyecto de ley para modificar la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunirá este martes con los ministros de Economía de Economía provinciales para intentar acercar posiciones. El encuentro llega horas después de que se conociera que en junio las transferencias automáticas crecieron 6,5% real interanual, pero cayeron 4,3% real respecto a mayo.En el encuentro de hoy Guberman insistiría con la posición de que si se eliminan los fiduciarios, las provincias deben hacerse cargo de las obras públicas viales. El propio presidente Javier Milei era partidario de terminar con esos fondos.La semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que la Casa Rosada rechaza la propuesta de los mandatarios, pero abrió la chance de avanzar en las negociaciones: "Tuvimos una reunión con gobernadores, hubo gente de nuestro equipo que se reunió con ellos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ellos hicieron una propuesta que nosotros no tenemos posibilidades de aceptar, en aras del equilibrio fiscal", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.La iniciativa impulsada por todos los mandatarios provinciales elimina dos fondos fiduciarios que se sostienen con aportes del impuesto a los combustibles y pide repartir entre la Nación y las provincias el remanente de los ATN. Insistieron en que "no ponen en riesgo el superávit fiscal" porque es dinero que les pertenece y que incluso están "distribuyendo" con la Casa Rosada.La mirada de la Nación es otra. "Buscamos qué alternativas podemos ofrecer para ver si llegamos a un acuerdo. Si no, se discutirá el tema en el Congreso y ellos verán cómo buscan acuerdos. Es una discusión por fondos, tiene que haber un equilibrio entre reducción de gastos e ingresos -sostuvo Francos-. Aducen que nos les dan los recursos, algunos tienen más recursos que otros, es un tema que está en discusión, trataremos de llegar a un acuerdo".El proyecto de ley que impulsan los gobernadores ingresaría por el Senado y desde las provincias insisten en que, esta vez, "ninguno podrá sacar los pies del plato" porque todos lo consensuaron con lo que el número para aprobarlo estaría.CoparticipaciónCon el dato de junio, en el primer semestre las transferencias totales automáticas a provincias y Ciudad de Buenos Aires crecieron 3,5% real interanual, según datos del Iaraf; los giros por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $28.527.000 millones. Politikon Chaco analiza que las 23 jurisdicciones registraron subas reales el mes pasado por las leyes especiales y compensaciones, ya que la coparticipación cayó en todas. Buenos Aires presentó el alza más fuerte con 10,6%; en el extremo opuesto, CABA fue el único distrito con bajas (-5,1%) debido a que no impacta allí las partidas que mejoraron.Pese a la mejora global del 3,5% en el primer semestre del año, el período queda por debajo de los del 2023 (-9,2%), del 2022 (-10,7%), del 2021 (-3,1%), de 2019 (-6,7%) y de 2018 (-8,6%) y solo crece contra enero-junio del 2020 (8,1%) y 2017 (5,7%).
La firma fue beneficiada con un veredicto que le reconoció 95 millones de dólares por bonos que no ingresaron a los canjes de deuda. Las críticas de Javier Milei a Axel Kicillof, por su gestión Leer más
WASHINGTON.- La decisión de la Justicia de Estados Unidos, que ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, generó inmediatas repercusiones en Wall Street, donde los actores del mercado que siguen de cerca los vaivenes del país lo tomaron como una noticia negativa -aunque no como un factor de pánico-, mientras que también señalaron que la medida empujaría al Gobierno a negociar para poner fin al litigio.La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar a los fondos demandantes -Burford y Eton Capital- el 51% de las acciones de la petrolera con control estatal como forma de pago por la sentencia en primera instancia de US$16.100 millones más intereses, que se había determinado en 2023 en el marco del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012. Rápidamente, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la decisión."Obviamente el mercado reaccionó negativamente. Pero, me pregunto, ¿qué información nueva tenemos hoy que no teníamos el viernes producto de este fallo? La sentencia ya estaba en firme y nada cambió. Lo que el fallo hace es darle un canal a Burford para tratar de cobrarse. Canal que, por cierto, es difícil de hacerlo cumplir. En definitiva, lo que el país debía ya había quedado establecido y hoy sabemos que la jueza está molesta y quiere que encontremos la forma de pagarle a Burford. Para eso les otorga el derecho a cobrarse, si pueden, con las acciones de YPF", explicó a LA NACION el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y asesor de fondos de inversión.El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, había pedido en abril del año pasado el control de las acciones que ahora le fue otorgado por Preska. También había solicitado embargos y otras medidas como forma de presión para sentar al Gobierno a una mesa de negociación."La otra cosa que sabemos es que si la Argentina no entrega las acciones en dos semanas, y sospecho que no las entregará, la jueza puede declarar al país como incumplidor de una orden judicial. Eso podría tener consecuencias para la capacidad del soberano de financiarse en el exterior. Y todos sabemos que 2026 es un año donde vamos a necesitar mucho financiamiento", añadió Mondino, que como otros analistas consultados por LA NACION apuntó a algún tipo de negociación con los fondos demandantes."La noticia es que se abre una ventana en la que el Gobierno va a tener que buscar la forma de resolver el tema Burford. Finalmente, no es un fallo que afecte a YPF como compañía y su capacidad de financiarse, ni a ninguna compañía privada argentina. Es un fallo en contra del soberano. Por lo tanto, debería tener mayor efecto sobre los bonos. Aunque, obviamente, lo que ocurra con el soberano impacta en todos los activos del país", destacó el economista.Respecto de lo que pueda hacer el Gobierno más allá de la apelación anunciada, Alberto Ades, director de investigación y estrategia del hedge fund NWI Management, en Nueva York, señaló a LA NACION que "lo más lógico es que se sienten a negociar"."El monto de US$16.000 millones es absurdo, ridículo. Toda la gente que hace un análisis más o menos detallado de eso dice, 'no, el número final tiene que ser una fracción de eso'", agregó Ades, que hizo foco también en una primera reacción de los mercados con la caída de las acciones de YPF en Wall Street."El feeling del mercado a medida que nos vamos acercando a las elecciones [legislativas de octubre] es que se torna más cauto, porque hay una historia muy larga en la Argentina de personas que acumulan dólares antes de los comicios. Entonces es natural que los inversores empiecen a reducir posiciones y se empiecen a mandar informes un poco más cautos", ahondó, en referencia al momento en el que se dio a conocer esta decisión judicial en Estados Unidos.Otro agente de Wall Street -que prefirió mantener el anonimato-, que sigue muy de cerca las posiciones argentinas y los juicios en Nueva York, dijo a LA NACION que "el mercado sobrerreaccionó" en un primer momento a la noticia del fallo de Preska, pero que luego se impuso la cautela por lo que pueda pasar en los próximos días."El Presidente ya anunció que apelará. Lo más probable es que se lo aprueben, y seguiríamos como hasta ahora, pero con la diferencia de que el el revólver está más cerca de la cabeza. Y esto me parece que va a ser un motivador para el Gobierno para negociar y tratar de sacarse el problema de encima", dijo la fuente, en referencia a cómo podría seguir el litigio con el fondo Burford. También hizo foco en el monto multimillonario establecido en la primera sentencia."Entre malos manejos legales del Gobierno anterior, esto es de dimensiones ridículas. Los US$16.000 millones están muy mal valuados. Creo que el Gobierno tiene un fuerte argumento ahí para que revisen el monto, porque a pesar que legalmente los demandantes tienen su argumento, me parece que es un exceso, un número que no tiene ni pies ni cabeza", añadió.Según publicó la agencia Bloomberg, la orden de Preska podría obligar a la Argentina a sentarse a la mesa de negociación, especialmente si la transferencia de las acciones interfiriera en los planes de YPF -la petrolera más grande del país- con sus socios para avanzar en la exportación de las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta, según Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Grit Capital Group, con sede en Buenos Aires."Con las acciones en el limbo, estos procesos podrían retrasarse de manera significativa. Esto debería llevar al equipo económico a acelerar el proceso de negociación para llegar a un acuerdo financiero", señaló a Bloomberg."Milei ha intentado en gran medida hacer la vista gorda al caso. Aunque ha dicho que la Argentina estaría dispuesta a pagar si tuviera el dinero, los abogados del país han seguido luchando con uñas y dientes. Entre bastidores, en marzo, Milei y sus principales asesores ni siquiera se habían puesto en contacto con los negociadores de Burford para llegar a un acuerdo extrajudicial", apuntó la agencia especializada.En tanto, el economista Arturo Porzecanski, investigador de la American University, en Washington, y experto en finanzas internacionales, señaló a LA NACION que el Gobierno actuó de manera "muy desprolija" sobre este asunto. "En todas estas cosas usted tiene la opción de negociar. Pero en general usted negocia antes de que haya un fallo, porque una vez que está, obviamente se termina jugando a la defensiva", dijo.
Los dos fondos beneficiarios del contundente fallo de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, son lo que se conocen como fondos buitre o "carancho". Esto quiere decir, no tienen una liquidez orientada a realizar distintas clases de inversiones financieras, sino que se especializan en comprar grandes juicios, en general, a compañías en quiebra que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.Fue precisamente lo que hicieron, tras la renacionalización de YPF en 2012 y la quiebra de las empresas de Petersen, el fondo inglés Burford Capital Ltd (principal actor) y el estadounidense Eton Park (actor de reparto, llevado al juego por el propio Burford): compraron los créditos contra YPF y la Argentina a empresas que eran accionistas minoritarios de la petrolera estatal, entre quienes figuraba con un rol central el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.Burford Capital es una firma de gestión financiera e inversiones que proporciona capital y financiación al sector legal. Su principal objetivo es financiar litigios y arbitrajes, y sus acciones cotizan -hoy en alza gracias a este fallo- en las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres.Fue la que inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid que recibían las utilidades generadas por YPF para ir cubriendo con ese ingreso los créditos que habían tomado para quedarse con el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.Ese plan quedó inconcluso con la reestatización en 2012, ya que entonces se dejaron de pagar dividendos, y los Eskenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que les habían prestado el dinero para comprarlas, entre quienes figuraban los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.Burford aparece en escena cuando el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Luis Armando Betancor, decidió encarar el reclamo hacia el Estado argentino y la propia YPF tras hacer notar que el estatuto societario de la compañía obligaba al estatizador a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante, algo que la administración de Cristina Kirchner decidió obviar.Claro que, ante la falta de recursos para financiar un juicio que se presumía ya sería muy largo, Betancor abrió un concurso, y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar con una inversión inicial de US$17 millones, a la que ya le auguraba una futura "recuperación de múltiplos sustanciales de esa cantidad".Este fondo lo blanqueó en su balance 2015, al informar a sus accionistas que había sido designado para financiar a los liquidadores de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron tras la expropiación, llevando adelante una demanda contra el Estado argentino e YPF en los tribunales de Nueva York. "Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen (del cual Burford deberá pagar gastos significativos)".Pero luego, a medida que el planteo avanzaba en la Justicia, fue vendiendo partes de su porcentaje. En diciembre de 2016, por caso, se desprendió del 1% de la participación en las ganancias que se pudiesen obtener, en este caso, por US$4 millones a "dos inversionistas globales". A comienzos de 2017, cerró otra transacción por el 10% con "inversores institucionales" por US$40 millones. Hasta ahí quedó claro que valoraron su inversión inicial de US$17 millones en US$ 400 millones.Esos desprendimientos se sucedieron al menos hasta 2019 (no hay registros posteriores), y se hicieron más usuales, al punto que llegó a ceder a terceros el 38,75% de los derechos por US$236 millones y a un precio aún mayor, lo que hizo que el reclamo quede ya valuado por encima de los US$1000 millones.Pero queda el 30% restante de los beneficios, que se supone siguen en cabeza de la administración del concurso, quien luego debería repartir ese dinero entre los acreedores del Grupo Petersen, aunque en el mercado se cree que la familia Eskenazi tiene algún tipo de acuerdo privado con Burford para recibir también parte de la indemnización que el fondo buitre logre.Eton Park Capital Management era un fondo de cobertura creado por Eric Mindich, ex ejecutivo de Goldman Sachs, que poseía oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Fue cerrado en 2017 debido a malos resultados y la retirada de inversores. En la causa YPF, apareció financiado por Burford para que el reclamo judicial tuviera más "volumen". De hecho, en su balance anual de 2019, aseguró que llevaba invertidos US$26 millones en los reclamos de Eton Park, "que son esencialmente idénticos a los reclamos de Petersen y siguen el mismo camino de litigio en EE.UU.", y reveló que había acordado embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda, por lo que se supone que Eton Park se quedará con el 25% restante si logran el cobro.
En 2021, la SAREB organizó un gran concurso internacional para adjudicar la comercialización de una serie de activos que entonces sumaba más de 25.000 millones de euros
Tras la decisión de la Corte Suprema de devolver la causa al juzgado de origen, el secretario general nacional del gremio gastronómico aseguró que el fallo no ratifica las elecciones "fraudulentas" de 2021. Las graves denuncias contra su ex cuñado
Apuntalado por su aparato electoral, el gobernador buscará quedarse con el control de la Constituyente y sostener su hegemonía en la Legislatura unicameral. La Libertad Avanza presentará dos propuestas
Se reunieron con el Ejecutivo nacional, pero no hubo avances y amenazan con presentar un proyecto en el Senado la próxima semana por ATN e impuesto a los combustibles.El martes hay un nueva reunión en el CFI y estaría Luis Caputo.
Como se sabe, y esto no es spoiler, la trama central de La sirenita transcurre bajo del mar. Así la escribió Hans Christian Andersen hace casi 200 años y así fue revisitada por la versión fílmica de Disney, de 1989, que reconvirtió a este texto clásico en un éxito de taquilla a nivel global. Desde hace unas semanas, ahora esa misma trama no para de batir récords de público en el circuito comercial porteño (primera en recaudaciones, primera en cantidad de espectadores y hasta tres funciones por día). Se presenta en el Teatro Gran Rex, la sala privada más grande, impactante y monumental de nuestro país. En esta nueva versión, Ariel es la joven sirena que desea abandonar la vida en las profundidades del mar para convertirse en humana y vivir a nivel del mar (o del escenario) su amor por el príncipe Eric. Pero entre tanto mundo subacuático en esta producción a gran escala dirigida por Ariel Del Mastro, el trabajo aéreo muy por arriba de la Avenida Corrientes es un elemento troncal. A lo largo de los 90 minutos de esta historia tres de los personajes centrales descienden al escenario por una puertita cuadrada ubicada en el centro del techo de la sala, a la altura de las filas 10 a 12 de la platea. De esa puerta mágica y misteriosa a las butacas hay unos 27 metros (o algo más de 8 pisos, como se quiera). De allí se sostiene una estructura colgante que fue supervisada por ingenieros. La base, de apenas tres metros cuadrados, oficia de gran trampolín desde donde saltan los actores venciendo miedos de todo tipo y color. Los valientes seres alados son Ariel, la sirenita que encara Albana Fuentes; la malvada Úrsula, a cargo de Evelyn Botto, la que debió lidiar con sus propias fobias y con el propio voluminoso vestuario que pesa unos cinco kilos; y la gaviota Scuttle, el personaje optimista que encara Nahuel Adhami, el actor que de joven vio volar en ese mismo Gran Rex a otros intérpretes, en un recuerdo que le ronda ahora la cabeza.Creer o reventar, los tres se pasean por arriba de las butacas de platea sostenidos por dos cables de tres milímetros de diámetro. No son tanzas comunes para colgar simples cuadros, son unos cables que se usan para la náutica que soportan unos 250 kilos y que resultan ser los que menos visibles para el espectador.El backstage de "La Sirenita"Como el resto del elenco, la joven Albana Fuentes nunca había realizado trabajo escénico en altura. El período de ensayo para aclimatarse no le fue fácil. "Le tengo pánico a la altura y, de golpe, estaba ahí subiendo metros y metros por encima de las butacas del Gran Rex. De terror. Por suerte estaba todo el equipo de especialistas en trabajo aéreo haciendo el aguante con suma paciencia", cuenta a este cronista la joven, que llegó a todo este mundo tan subacuático como de altura mediante un casting. Luego de horas de ensayo, la cara de pánico y el vértigo que tenía inicialmente fue mutando. El cantar mientras volaba le sirvió para pensar en otra cosa que no sea la altura o en su propio miedo. "Hoy, con varias funciones realizadas, me encanta y me divierten esas escenas. Ariel [Meijone] y Toti [por Tobías Heredia], del equipo de vuelo, son quienes me acompañan todos los días. Se convirtieron en vestuaristas, calmadores, contadores de chistes y demás etcéteras para ayudarme a vencer los nervios que me provocaba estar allí", se sincera quien se eleva o desciende de las alturas con la misma fluidez de una sirena en medio de un mar de aguas calmas y felices.El equipo que está detrás de estos seres alados es clave en todo esto. Cristian Aguilera es una especie de DT de este engranaje y Germán Cabanas es uno de los que se encarga del diseño de vuelos y del coaching de los performers junto a Andrés Heredia, Patricio Keity y Tobías Heredia. Son, de paso, los que guían a LA NACION por las alturas de esta gran estructura arquitectónica en su lado menos conocido, menos transitado. Cabanas tiene mucho millaje en esto. Trabajó con Cris Morena en la televisión y, luego, en teatro cuando se montó acá mismo Casi ángeles. Fue integrante de la compañía de Brenda Angiel, la coreógrafa que tiene su compañía de danza aérea; y fue parte de Villa Villa, montaje de Fuerza Bruta. De paso, arma sus obras como intérprete con la productora UOW en el circuito alternativo. Fue él uno de los que se encargó del entrenamiento de los actores para ver las cualidades del movimiento teniendo en cuenta que ninguno había hecho teatro aéreo anteriormente. La charla con ambos tiene lugar en uno de los puentes laterales del escenario, al que se llega luego de haber subido distintos tramos de escaleras metálicas y pasillos laterales de donde se sujetan cables y perchas escenográficas de esta gran caja de medidas desproporcionadas. Mientras hablan, algunos covers ajustan movimiento en altura cuando todavía faltan algunas horas para la función del jueves y mientras parte del elenco ya está en camarines de los subsuelos de la sala. Acá, en las alturas, la sensación de vértigo está al alcance de la mano. Por estas escaleras sostenidas a grandes paredes, Albana Fuentes, la protagonista, sube varias veces durante la función, acompañada siempre por un asistente que, entre otras cuestiones, le lleva la cola de su personaje -que pesa unos tres kilos-. Todo este recorrido laberíntico sucede entre estos pasillos y escaleras de un ancho mínimo. También Evelyn Botto debe subir por acá con su gran falda que pesa unos cinco kilos. También la gaviota, papel a cargo de Nahuel Adhami. Eso sí: su paso por el lugar deja sus secuelas ya que, a lo largo de estos pasillos y escalones, quedan desparramadas plumas blancas de sus traje. Gajes del oficio. En el proceso de montaje de La sirenita, un día entero los integrantes del equipo aéreo lo dedicaron a mostrarles a los tres actores el recorrido interno, para que se vayan familiarizando. Inicialmente el trabajo se centró en lo artístico. Después de todo, había que lograr que esa actriz o ese actor bajara al escenario con cara distendida mientras canta un tema feliz. Para lograr eso fueron necesarias horas y horas de prueba y de errores. De vencer miedos, de superar desafíos técnicos, de llevar como si nada el peso del vestuario y procesar las fantasías más oscuras.Evelyn Botto, la bruja de la historia subacuática que está preparándose para la función en uno de los camarines, cuenta que en uno de los ensayos Ariel Del Mastro le preguntó con cierta liviandad si se animaba a hacer una vuelo. No lo dudó. Aceptó. Inicialmente, probó colgada de los arneses a 20 centímetros del piso para entender el desplazamiento con el propio peso del cuerpo sostenido por una soga. Todo bien. Dos semanas antes de estrenar el equipo completo se trasladó al Gran Rex. Ahí la cosa tomó otro color y otra altura. "Sudé frío, tuve taquicardia, lloré, temblé y estuve a punto de decir que no iba a poder", cuenta. Ese día llegó a su casa y, al asomarse al balcón del quinto piso, le dio una sensación espantosa. "Ahora es todo diversión, aunque llegar a esa caja suspendida del techo es realmente muy agotador. Al salir de espaldas al vacío siempre hay un microsegundo de puro vértigo, hasta que me balanceo. Ahí veo a la gente de frente y me olvido de todo", cuenta.La recorrida por las alturas del icónico teatro continúa. Mas escaleras. Más pasillos. A varios pisos de la Avenida Corrientes entre lo que es el escenario y la sala propiamente dicha, hay un hueco que atraviesa una pared de más de medio metro de espesor. Al dar algunos pasos se ingresa a un espacio mágico del ancho del terreno, 46 metros, que es donde está el techo de la sala, dividido en arcos, cuyos espacios intermedios sirven para resolver la iluminación, la acústica y los conductos de ventilación. Arriba de esa gran estructura está el mismo techo del teatro, con vigas de hierro y sus maderas. Apenas esa gran volumetría está iluminada por algunos focos que generan la sensación de estar recorriendo un túnel en una mina. Toda esta otra realidad tiene lugar en este espacio menos desconocido de esta sala que cuenta con varios subsuelos y que fue construida por el famoso arquitecto Alberto Prebisch (el mismo del Obelisco) y el ingeniero civil Adolfo T. Moret. Antes de llegar al último tramo, en un rincón hay un cesto de plástico para imprevistas necesidades y urgencias en medio de este banquete visual de escaleras y laberintos. El último tramo conduce a esa ventana o puerta central de un metro por un metro que da a la platea. De ahí se colgó una estructura metálica de 1,50 x 1,50 y 12 metros de profundidad (la llaman "el rulero") que se observa con claridad desde el pullman y el super pullman. Los actores descienden por allí acompañados por alguien del equipo de altura que, claro, también oficia de vestuarista (hay que ponerle la cola a la sirenita o acomodar el vestuario de la bruja, por ejemplo). En el proceso se cambian sistemas de ajustes y de ahí a volar, sostenidos por esos cables de no más de 3 milímetros. El desplazamiento está guiado por un riel automatizado de 15 metros de largo que deposita a los performers en el escenario.¿Quién tuvo la delirante idea de usar esa puerta para que desciendan desde allí actores con cara de contentos? Según cuentan los entendidos, a Cris Morena, cuando montó acá las distintas versiones de Casi ángeles. Cristian Aguilera y Germán Cabana formaron parte de aquel equipo creativo. Recuerdan que tanto Emilia Attias como Nicolás Vázquez se mandaban a las escenas aéreas y a las acrobacias sin ningún problema. Lo mismo sucedía con Lali Espósito. Hasta recuerdan que si alguna secuencia aérea no salía como lo previsto, la misma Cris Morena subía hasta acá para poner la casa en orden. En 2009, tiempos de Casi ángeles, los desplazamientos aéreos eran manuales. En la actualidad, está todo automatizado. Está todo tan ajustado que del armado de la estructura suspendida del techo participaron ingenieros. Cuando a Nahuel Adhami lo convocaron y le contaron que su personaje iba a aparecer volando por arriba de la platea, recordó las veces que acá mismo vio espectáculos con dispositivos de vuelo. A diferencias de sus dos compañeras de escena, no tiene vértigo. O, en verdad, nunca se había expuesto a un desafío de esto tipo. "Igual, me dio un poco de miedo porque es como tirarse al vacío. Ahora ya me acostumbré y me resulta increíble crear esa fantasía de vuelo y escuchar las reacciones del público cuando te van descubriendo. Es impagable", reconoce mientras se prepara para la función. Desde esa plataforma, una sirena, una bruja y un pájaro se dan el gusto de volar por la sala en medio de este engranaje en el cual todo está milimetrado. En el escenario también se elevan otros cuatro personajes y hay que sumar a los dobles de los protagonistas, que hacen escenas de vuelo durante la función porque de otro manera no se llegaría a la escena siguiente. Todo está tan regulado, pautado y medido que hay hasta un reemplazo del reemplazo. Así son las cosas en esta megapuesta que el equipo de productores venía soñando hace 15 años y que hoy es una realidad. Y es puro asombro que queda reflejado en las caras de los miles espectadores que se sorprenden al ver a una sirena, a una bruja y un pájaro volando por el Gran Rex en esta historia que transcurre debajo del mar.
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LA PLATA.- El peronismo se reúne este mediodía para ratificar, junto a partidos aliados al último frente electoral, la estrategia a desarrollar por la libertad de Cristina Kirchner, la expresidenta presa en su domicilio por una condena judicial a seis años de prisión. La foto será una muestra de poder hacia la interna del peronismo: estará el PJ, Kolina, Nuevo Encuentro, entre otros de los actores del frente que formó Unión por la Patria en 2023. Sin embargo, no estará presente Axel Kicillof.El gobernador de la provincia de Buenos Aires llamó el lunes por la noche a una mesa de unidad con todos los sectores de Unión por la Patria para cerrar listas de cara a los comicios del 7 de septiembre.Esa reunión unidad para fortalecer un frente electoral "sin vetos", que Kicillof esperaba se concrete antes del desembarco del presidente Javier Milei ayer en la ciudad de La Plata, nunca se concretó.En cambio el Partido Justicialista, que responde a Cristina Kirchner se reunirá hoy con mayoría de protagonistas de La Cámpora y del peronismo bajo la conducción de Máximo Kirchner. Con el calendario electoral en tiempo de descuento para el cierre de alianzas, que vence el 9 de julio, Kicillof asignó el día de hoy a hacer campaña por el interior de la provincia de Buenos Aires: visita primero Chascomús y luego San Cayetano y finalmente General Pueyrredón.Ayer mientras Milei copaba con todo su gabinete la ciudad de La Plata, Kicillof se mostró en la ciudad de Ensenada, considerada la cuna de peronismo, en la tercera sección electoral. Lo cierto es que Kicillof esperaba tener avanzada la unidad a la que aspira antes del desembarco de Milei. Y encontró dilaciones por parte de los socios que responden a Máximo Kirchner y Sergio Massa. Por estas horas esos dos espacios mantienen diálogo más fluido entre sí de cara al cierre de alianzas. A la reunión de hoy concurrirá Rubén Eslaiman en representación de Masssa.Kicillof hace equilibrio para bregar por la unidad pero mostrarse como un espacio autónomo. Y estos gestos de autonomía y liderazgo irritan al kircherismo puro. La semana que pasó marchó junto a alcaldes, movimiento sociales y centrales obreras del Movimiento Derecho al Futuro para denunciar la proscripción de la expresidenta quedará detenida seis años con prisión domiciliaria. La marcha fue una demostración de fuerza hacia adentro, más que una declaración hacia afuera. Un gesto hacia la mesa de unidad: Kicillof se mostró como un actor con fuerza de movilización e identidad propia dentro del conglomerado frente a la Plaza de Mayo. Evitó posicionarse como adlátere de Máximo Kirchner, y buscó mostrarse como un diferente dentro del mismo espacio, ahora movilizado por la centralidad de la expresidenta.El mandatario provincial, que es desconocido y relegado a un segundo plano por Máximo Kirchner en los actos de apoyo a Cristina, a su vez se posiciona como par e interlocutor de la expresidenta, no de su hijo en este momento de centralidad del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sus dos dialogos con Cristina Kirchner antes de su detención domiciliaria selló la base para una mesa de negociación que se demora, y a la que no asistirá personalmente. Kicillof dejó saber que designará alcaldes y ministros en su representación, para acordar condiciones antes que nombre de las listas que cierran el 19 de julio. Algunos de los intendentes más afines al gobernador podrían participar del encuentro del PJ en la calle Matheu, tal como ya sucedió tras la detención de Cristina Kirchner. "Es una reunión por la causa de Cristina libre. No es una reunión electoral", se aseguró al lanzar la convocatoria desde el kirchnerismo. De modo tal que aún sin Kicillof podrían registrarse un inicio de conversaciones informales. El encono en las cúpulas es tal entre Kicillof y Máximo Kirchner, que pese al anuncio del gobernador de no vetar una candidatura de Kirchner como reemplazo de la expresidenta en la tercera sección electoral aún persisten diferencias que dilatan un avance más formal en la negociación de un frente electoral.
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El joven actor y músico peruano ha sorprendido a los televidentes con su ingreso a la serie más popular de la televisión nacional y encarna ahora al carismático doctor Vivas, compañero de July.
La imagen que las personas eligen como fondo de pantalla del celular tiene mucha información sobre el momento que viven y su personalidad. Para la psicología -la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, como las emociones, pensamientos, percepciones, aprendizajes y motivaciones-, no es lo mismo tener una foto de un paisaje que una con amigos. En los últimos días, se viralizó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía una foto de él mismo en su smartphone. A partir de esa noticia, el medio británico Daily Mail entrevistó a Holly Beedon, directora clínica de Living Well UK y aseguró que "el fondo de pantalla puede mostrar una ventana sutil, pero reveladora sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, qué valoramos y hacia dónde se dirige naturalmente nuestra atención".Aunque advirtió que, si bien no se puede hacer un diagnóstico definitivo a partir de una sola imagen, los patrones y las preferencias pueden dar indicios de nuestras prioridades emocionales y nuestros mensajes inconscientes. Por eso, según el tipo de foto que alguien elige como fondo de pantalla, se pueden interpretar distintos rasgos de su personalidad o estado emocional: Foto de ellos mismosCuando un individuo elige una foto personal como fondo de pantalla, esta decisión puede estar vinculada a su autoimagen, autoestima o necesidad de autoafirmación. También puede reflejar orgullo por un momento específico de su vida o una etapa que desea recordar constantemente. Sobre el caso de Trump, la experta opinó: "Puede ser visto como algo egocéntrico y en algunos casos, esto es cierto". "Este tipo de imágenes podrían estar vinculadas a rasgos narcisistas, específicamente al deseo de admirar la propia imagen o de conservar una identidad específica", aseguró. Sin embargo, advierte que no siempre es tan sencillo, ya que algunas personas usan una foto favorecedora de sí mismas durante un período en el que se sintieron seguras, motivadas o empoderadas; esto casi funciona como una charla de ánimo visual para uno mismo. Foto de la parejaMientras tanto, elegir una imagen de una pareja para mirar cada vez que se enciende el teléfono refleja cercanía emocional, enfoque romántico y el deseo de tener presente constantemente a esa persona especial. Con respecto a esta elección, comunicó: "Puede indicar que la relación es fundamental en la vida de esa persona o que encuentra consuelo y motivación al ver a su pareja a diario. Para algunos, es una forma privada de reforzar la conexión y la intimidad en una vida ajetreada o estresante". Fotos familiaresRefleja vínculos afectivos fuertes, sentido de pertenencia y una necesidad emocional de cercanía o protección. Puede expresar amor, nostalgia o gratitud hacia esos lazos. "Esto generalmente representa fuertes vínculos emocionales y valores arraigados en el cuidado, la tradición o la identidad", explicó. Foto de la mascotaTenerlos en el celular puede representar un fuerte apego emocional y también podría significar que la mascota es una fuente de consuelo diario. "Las mascotas generalmente aportan una energía tranquilizadora y alegre al día de alguien", continuó Holly. Fotos con amigos"Prospera con la conexión social y valora profundamente las relaciones elegidas", afirmó Beedon. La forma en que se decida quién ocupa el lugar de honor en la pantalla del teléfono puede ser una decisión emotiva, y tener amigos allí podría reflejar "una etapa de la vida en la que las amistades son el principal sistema de apoyo". Fotos de paisajes"Las personas que usan estas fotos pueden valorar la atención plena, la soledad o sentirse más ellos mismos cuando están al aire libre", explicó. A veces, estas fotografías sirven como recordatorios visuales para reducir la velocidad o regresar mentalmente a un lugar tranquilo durante el estrés de la vida diaria.
Tras la decisión de la Corte Suprema de devolver la causa al juzgado de origen, el secretario general nacional del gremio gastronómico aseguró que el fallo no ratifica las elecciones "fraudulentas" de 2021. Las graves denuncias contra su ex cuñado
Estos recursos que implican "una ayuda enorme", dijo el ministro de Economía de Salta. El funcionario se refirió al proyecto de ley que impulsan los gobernadores para redistribuir los fondos del impuesto a los combustibles y los ATN.
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Fue luego de que el Presidente anulara la ley de emergencia que había sido aprobada en el Congreso, la cual contemplaba hasta 200 mil millones de pesos para recomponer los destrozos tras las inundaciones de marzo. "Todavía no tenemos respuestas a las peticiones que hicimos", sostuvo Federico Susbielles. Leer más
Jaime Andrés Beltrán criticó la presencia del presidente junto a líderes criminales en un acto público, señalando que la institucionalidad y la fuerza pública están siendo deslegitimadas
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Unión por la Patria), afirmó que intentará comunicarse con el presidente Javier Milei de forma directa para solicitarle que restituya a la municipalidad los $200 mil millones que establecía la ley de emergencia por las inundaciones que fue hoy vetada por el Gobierno. "Voy a intentar comunicarme directamente con el Presidente", señaló Susbielles en una conferencia de prensa que brindó este martes en la municipalidad. La confirmación del veto a la ley se publicó en el Boletín Oficial. "Sé que es un momento político especial. Yo confío en que ese marco de colaboración que se dio en el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado a través del presidente de la Nación, de que el Gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca"."Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo", remarcó el jefe comunal, que agregó que la reconstrucción tras las inundaciones que azotaron la ciudad el 7 de marzo no comenzó y que necesitan "gestión y presupuesto" para encararla. "La ciudad ha dado una primera respuesta a la emergencia, con la restitución de servicios básicos, con mucha solidaridad de los bahienses. Hemos logrado ponernos de pie, pero quiero decir que la reconstrucción de la ciudad no empezó. Lo vengo diciendo desde que fue la tragesida. La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gesitón y presupuesto no solamente del gobierno municipal sino también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional", añadió Susbielles.Para justificar el veto a la ley de asistencia que había votado el Congreso, el Gobierno argumentó que "el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen". La decisión se publicó hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad). Noticia en desarrollo
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Los mandatarios de 21 distritos se reunieron con funcionarios de Nación, pero se fueron sin respuestas. Denuncian que el Gobierno concentra ilegalmente recursos y no ejecuta fondos clave. Impulsan una ley para repartir dinero el impuesto a los combustibles. Leer más
Los 23 gobernadores y el alcalde de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley en el Congreso para reclamar un cambio en la distribución de los recursos. Leer más
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Roberto Cipriano García desmenuza el contenido de los anuncios, su peligrosidad y el creciente giro autoritario. Una reforma de hecho que no pasó por el Congreso.