El abogado de la madre del niño Kevin Acosta, que falleció por aparente negligencia médica, allegó la petición a Honorio Henríquez. Indicó que hay investigaciones en contra del exmandatario en la Comisión de Acusación
Si hay modificaciones el texto debería volver a Diputados para su ratificación.
En un giro de 180 grados con relación al espíritu de la iniciativa, el oficialismo anunció hoy que aceptará modificar el proyecto de ley de sociedades para incluir una persona física o jurídica responsable en la integración de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por su sigla en inglés), por lo que ya no serán en un 100% sociedades automatizadas o controladas por Inteligencia Artificial (IA), como pretendía el Gobierno libertario. El anuncio lo formuló la jefa de la bancada de senadores oficialistas de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), durante una nueva jornada de debate del proyecto de ley de sociedades en la Comisión de Legislación General de la Cámara alta."Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos", anunció Bullrich en respuesta a los cuestionamientos formulados por varios de los invitados que expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.El texto de la modificación está todavía en discusión, por lo que su redacción definitiva se conocerá más adelante, pero la intervención de Bullrich dejó en claro que el oficialismo tomó nota de las resistencias y dudas que generaba la figura de las sociedades automatizadas sin intervención humana alguna, según se desprendía del articulado del proyecto."Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados", abundó la senadora oficialista.Según el texto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre las nuevas sociedades se reconoce la existencia de las DAO como entidades que podrán funcionar de manera total o parcialmente autónoma mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido. Además, en la iniciativa se admite la posibilidad de que las sociedades utilicen sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para la ejecución de funciones operativas o la adopción de decisiones administrativas.Ahora, la posibilidad de una sociedad totalmente digitalizada, sin participación humana, quedará completamente descartada, según anunció Bullrich, ya que será obligatorio la participación de una persona física o jurídica que se haga responsable."Creemos que estas van a ser sociedades muy importantes, que van a generar nuevos negocios, nuevas posibilidades y lo que estamos haciendo es generarle un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada y pueda haber un desastre detrás de algunas de estas empresas automatizadas", remató Bullrich.El proyecto de sociedades se está discutiendo en el Senado en la Comisión de Legislación General con la exposición de invitados por los diferentes bloques. El debate continuará la semana próxima con una nueva ronda de expositores, por lo que su tratamiento en el recinto no será antes de la segunda semana de septiembre.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, avisó que no asistiría a pocas horas del encuentro. Quedó, en principio, para la semana próxima. Críticas de expositores a la iniciativa del Gobierno libertario. Fuertes réplicas de los oficialistas Bruno Olivera Lucero y Nadia Márquez
El jurista Manuel Vicente Villanueva recordó que el expresidente fue denunciado ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
Pocas redes sociales, todo a pulmón con una vibrante comunidad de activistas y con apenas 974.000 dólares para gastar en la contienda: una suma mínima comparada a la de su rival, que invirtió más de 16 millones.Se impuso por 12 puntos, 56% frente a 44% de un candidato muy conocido y moderado. En noviembre deberá enfrentar a la republicana Ashley Moody.
El líder del PP anuncia la judicialización del conflicto después de que los ministros de Interior, Exteriores y Defensa no acudieran a la comisión de investigación de la Cámara Alta al tener prevista su comparecencia en el Congreso la próxima semana
El misionero Martín Goerling volvió a defender las PASO como herramienta electoral. Sobre la relación con el gobierno nacional, señaló: "Soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente"
Carlos Guberman concurrirá a un plenario de comisiones para responder a las dudas de los dialoguistas.En el oficialismo confían que la propuesta tendrá dictamen la próxima semana.
La primera iniciativa seguirá analizándose en la comisión de Legislación General, desde las 11.30. Hay 14 expositores anotados. En tanto, por la tarde -16-, un plenario aguarda la disertación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman
Especialistas, autoridades, organizaciones y familiares de víctimas participan en las mesas de diálogo sobre la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum
CÓRDOBA.- La dupla negociadora con los gobernadores, integrada por Diego Santilli y Luis Caputo -el primero a cargo de lo político, el segundo de la gestión de fondos- logró acordar con los gobernadores del norte los principales puntos de la reforma de la ley de Zonas Frías. Según pudo saber LA NACION, los mandatarios plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias de esa zona del país también durante los meses de altas temperaturas.Del encuentro participaron el gobernador de Catamarca, Raul Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; y de Jujuy, Carlos Sadir. Por La Rioja estuvieron el ministro de Industria, Federico Bazán, y el secretario de Energía Alfredo Pedrali, en representación de Ricardo Quintela, enfrentado a Javier Milei.El encuentro se hizo porque el proyecto está a las puertas de ser tratado en el Senado, a donde hace unos días el oficialismo tropezó con la pérdida de aliados al momento de buscar la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de la que terminó retirando tres capítulos.En este caso, el oficialismo aceptó que realizaría cambios en el documento que en su momento presentó en Diputados. De esta manera, Nación estaría dispuesta a transferir más recursos a los consumidores de esas provincias a partir de subsidios a Zonas Cálidas. Caputo fue quien destacó el consenso: "En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".Por su lado, Santilli apuntó que, "en menos de una semana, escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución". Reiteró un concepto que, desde la Casa Rosada, vienen enfatizando en los últimos tiempos "cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente".Según el comunicado oficial, las partes consensuaron una propuesta para redefinir el esquema energético aplicable a las zonas cálidas y muy cálidas y acordaron trabajar conjuntamente para avanzar en su implementación lo antes posible.La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano."Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos", precisó Santilli.
Junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con los mandatarios de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy. El oficialismo busca sellar el respaldo de las provincias en la Cámara alta
En medio de las dificultades políticas que amenazan con complicar la agenda legislativa oficialista, la Comisión de Acuerdos celebró esta tarde una nueva audiencia pública con la exposición de 14 postulantes cargos en el Poder Judicial, entre los que se destacaron las nominaciones de Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, propuestos para la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.La relevancia de las nominaciones de Cortés Olmedo y Mancini radica en el hecho de que están propuestos para completar un tribunal que quedó envuelto en un escándalo político con la denuncia contra los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres por delitos varios, como la manipulación de subrogancias en la misma Cámara para favorecer a una cerealera, por violencia laboral y de género, y por enriquecimiento ilícito.Cortés Olmedo fue funcionario de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre, es hijo de un reconocido dirigente de la UCR cordobesa, partido del fue apoderado, y es primo hermano del diputado nacional por La Libertad Avanza Gonzalo Roca, uno de los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura.Otro candidato destacado que expuso ante la Comisión de Acuerdos fue Andrés Fraga, que el Poder Ejecutivo nomina para ocupar una vocalía en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, en la provincia de Buenos Aires.En el caso de Fraga, su nombre cobró relevancia porque en 2017, como juez civil, desvinculó a Maurico Macri de la causa por la que se investigaban las cuentas off shore en respuesta a una acción declarativa de certeza presentada por el entonces Presidente.El paso de Fraga por el Senado fue sin mayores inconvenientes; en gran medida, gracias a que el kirchnerismo sigue dándole la espalda a las reuniones de la Comisión de Acuerdos en queja porque, aseguran, el oficialismo les asignó una representación menor a la que les correspondería.Otro caso de una postulante que llegó a la audiencia con cierto relieve mediático es el de María Virgina Miguel Carmona, actualmente fiscal en Bell Ville (Córdoba) y propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.El nombre de Miguel Carmona tomó relevancia en abril último, cuando cuestionó de manera pública la discrecionalidad a la hora de poner puntaje a la entrevista personal que se aplica en los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.El caso de la fiscal fue más que llamativo. Tras finalizar primera tras el examen de oposición anónimo y la evaluación de antecedentes, perdió 41 puntos después de la entrevista personal, lo que la dejó fuera de la terna para ocupar un Tribunal Oral Federal de Córdoba.Para la misma época en la que Miguel Carmona presentaba su queja ante el organismo encargado de seleccionar a los jueces, se conocía el proyecto impulsado por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para modificar el sistema de evaluación de los concursos, con especial énfasis en limitar el peso que tiene la entrevista personal.Denuncia a Alberto FernándezOtro postulante con antecedentes relevantes que expuso en el Senado fue Santiago Schiopetto, candidato a juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal.En la actualidad, Schiopetto es secretario del fiscal Ramiro González y en ese cargo tuvo activa participación en la imputación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.Entre 2016 y 2018 fue subsecretario de Seguridad Operativa en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y en 2014, como prosecretario de la Procuración Federal, integró la Comitiva Argentina que junto a la jueza María Servini y el fiscal González tomó testimonios en España por los crímenes de la dictadura franquista.La lista de postulantes que se presentaron ante la Comisión de Acuerdos se completa con los candidatos a defensores públicos oficiales Germán Artola (Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), Carlos Nicolás Escandar (Salta), Paula Inés Lo Gioia (Dolores, Buenos Aires) y Leandro Gastón (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata).También defendieron sus nominaciones Matías Ezequiel Eidem y Ornella Romina Riggitano, candidatos a fiscales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.Por último, la Comisión de Acuerdos también recibió a Sergio Buitrago, postulado como juez nacional en lo Civil N° 26 de la Capital Federal, y a Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco, nominados para jueces de cámara de los tribunales orales en lo Criminal Federal N° 4 y N° 6 de la Capital Federal, respectivamente.
Se realizó una nueva audiencia pública y, al término de la misma, se pasó a la firma de más de una docena de designaciones en distintos puntos del país. De lograr las rúbricas necesarias, las postulaciones quedarán listas junto a otras que ya esperan para ir al recinto de la Cámara alta
Fiscales, legisladores y activistas iniciaron las mesas de diálogo previo al análisis de la iniciativa en el Congreso
El grupo de trabajo, presidido por el exmagistrado Carlos Mesía, aprobó por unanimidad la nómina de 28 juristas especializados en derecho constitucional, electoral e internacional, con posibilidad de incorporar nuevos nombres
Segob envía un trámite con la firma autógrafa de la presidenta Claudia Sheinbaum
A la espera de la reforma de la carta orgánica del BCRA, que se trata en Diputados y que es la nueva máxima prioridad legislativa para el presidente Javier Milei, la jefa del bloque oficialista de senadores, Patricia Bullrich (Capital), busca redefinir el cronograma de tratamiento de los proyectos impulsados por el Gobierno en un escenario político que empezó a enrarecerse para la Casa Rosada.La traumática aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que perdió tres capítulos en su paso por el Senado, le mostró a la senadora libertaria que el PJ empezó a reordenarse de cara al año próximo y que, por lo tanto, tendrá que armar una nueva mayoría en la Cámara alta porque cada vez contará menos con senadores que hasta no hace mucho eran firmes aliados de la administración libertaria."Vamos a ir al ritmo que podamos ir", afirmó Bullrich en diálogo con LA NACION, admitiendo que la agenda oficialista en la Cámara alta se encuentra empantanada. "No hay mala voluntad [de los aliados], pero hay una realidad política distinta", agregó, comprensiva, la jefa de la bancada oficialista del Senado.El panorama no se muestra alentador, al punto que Bullrich ya se convenció de que tendrá que resignar su pretensión de abrir el recinto en la última semana de agosto. La idea era convocar a sesión para el 26 del corriente para tratar el proyecto de ley "Hojarasca". Sin embargo, el horno no está para bollos en el Senado para convocar a una sesión que tenga a una iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como principal protagonista. Pero la crisis es más profunda aún. El radicalismo le ha puesto en las últimas semanas un freno a los pliegos judiciales. La bancada que conduce Eduardo Vischi (Corrientes) quiere que se destrabe el tratamiento de algunos ascensos diplomáticos antes de llevar al recinto designaciones en el Poder Judicial.El tratamiento de los pliegos judiciales que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos era la prioridad en la lista de temas pendientes del oficialismo, una cuestión que hasta el momento venía avanzando sin demasiados inconvenientes.De hecho, hay más de 70 dictámenes listos para su discusión en el recinto. En esa nómina se destacan con cartel francés dos postulaciones: las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, nominados para vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.Se trata de un tribunal estratégico porque tiene a su cargo la revisión de las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py, el fuero donde hoy se sustancian causas que comprometen al corazón del poder libertario, como las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la supuesta estafa con la criptmoneda $LIBRA y las acusaciones por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.El futuro de los juecesA priori, los pliegos del Poder Judicial parecían formar parte de un acuerdo cerrado y, por lo tanto, a salvo de los vaivenes que algunos sectores peronistas y de fuerzas provinciales de la oposición dialoguista mostraron a la hora de tratar la relajación de los límites a la venta de tierras a extranjeros. Hasta eso cambió.En este escenario, Bullrich sabe que tendrá que armarse de paciencia para avanzar con la agenda legislativa impulsada por la Casa Rosada.Así, impulsa el tratamiento simultáneo en comisiones de los proyectos de Super RIGI y de sociedades, aunque sin apuro y sabiendo que en algunos casos tendrá que acordar modificaciones en los proyectos si quiere obtener dictamen y llevarlos al recinto para su aprobación.En el caso del régimen de beneficios para las inversiones superiores a los US$1000 millones, la intención es aprobarlo tal como salió de la Cámara de Diputados para convertirlo en ley.Es que cualquier cambio en el texto obligaría al proyecto de Súper RIGI a volver en segunda revisión a la Cámara baja, un escenario complejo si se toma en cuenta que septiembre está a la vuelta de la esquina y, con él, el debate del Presupuesto Nacional 2027.En el caso del proyecto que establece un nuevo régimen de sociedades comerciales, es difícil que el tratamiento en comisiones llegue a buen puerto antes de fin de mes, por lo que, en el mejor de los casos, estaría tratándose a mediados de septiembre. En este tema, todo indica que el texto original enviado por la Casa Rosada sufrirá algunas modificaciones para poder conseguir los votos necesarios.Por último, están los cambios a la ley de salud mental propuestos por el Gobierno. Polémico desde el momento mismo en que fue anunciado su envío al Congreso, tras un par de reuniones públicas con expositores invitados, el texto lleva varias semanas discutiéndose entre senadores y asesores en busca de una redacción que consiga el mayor consenso posible.El debate parecía haber llegado a un punto de acuerdo, pero el pedido de un senador para que se consulte a los ministros de Salud de todo el país, reunidos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), puso en pausa el avance del proyecto, ya que la reunión con los funcionarios recién se realizará, de manera virtual, dentro de dos semanas.
La queja creció en las últimas semanas y tuvo consecuencias en el recinto. El antecedente de la ley de ecocidio que libertarios intentarán no repetir
El legislador estatal demócrata James Talarico, candidato al Senado de EE.UU. por Texas, cuestionó los operativos migratorios durante una entrevista. El dirigente planteó que buscará frenar la actuación de agentes enmascarados y exigir responsabilidades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, relacionó su postura con el caso de Lorenzo Salgado Araujo y reclamó una reforma migratoria integral.¿Qué dijo James Talarico sobre el caso de Lorenzo Salgado?Un día antes de la entrevista con Telemundo, Talarico se reunió en Houston con la familia de Lorenzo Salgado Araujo y visitó su memorial junto con uno de sus hijos. El trabajador mexicano que murió tras recibir un disparo de un agente del ICE el 7 de julio vivió durante 35 años en EE.UU. y se desempeñó en la construcción.El candidato destacó que Salgado Araujo envió a sus tres hijos a la universidad. El mayor trabaja como docente de una escuela pública, el segundo es ingeniero y el menor todavía estudia. Por esa trayectoria, sostuvo que "vivió y encarnó el sueño americano".Talarico señaló que Salgado Araujo "era un vecino" y "un texano" como todos los otros. Luego reclamó proteger a la población extranjera y manifestó que tienen que detener a los "hombres enmascarados, en vehículos sin identificación", que "están asesinando a los vecinos en las calles".Una reforma migratoria con acceso a la ciudadaníaEl demócrata aseguró que, si llega al Senado de Estados Unidos, buscará que el ICE responda por sus acciones. También impulsará una reforma migratoria integral con una vía hacia la ciudadanía para las personas que viven y trabajan en el país norteamericano.Talarico cuestionó el desempeño de los dos principales partidos en esta materia. Afirmó que la administración Biden provocó "caos" en la frontera sur y en las comunidades fronterizas. Sobre el gobierno actual de Donald Trump, aseguró que envía agentes con el rostro cubierto y vehículos sin identificación.El candidato consideró que una victoria frente a Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato republicano al Senado, produciría "un terremoto" político. Ese resultado, según explicó, permitiría construir el impulso necesario para aprobar una reforma integral.Sin embargo, condicionó esa posibilidad a la participación electoral. Talarico pidió a los ciudadanos que revisen su registro porque, según advirtió, "están jugando" con las inscripciones. También los convocó a votar durante el otoño y a concurrir con familiares y amigos.La carrera electoral contra Ken PaxtonEl político explicó que su equipo desarrolla la campaña como si estuviera cinco puntos abajo y aseguró que mantendrá el ritmo hasta las elecciones. A su vez, señaló que recibe el respaldo de demócratas, independientes y republicanos. Según sostuvo, esos sectores buscan enfrentar un sistema que calificó como "roto y corrupto", aumentar los salarios, reducir los costos y recuperar la economía.Al analizar el financiamiento electoral, diferenció el origen de los aportes. Afirmó que Paxton recibe fondos de grandes donantes y multimillonarios, mientras su campaña reúne contribuciones de trabajadores por montos de US$5, US$10 o US$15. "No acepto dinero de comités de acción política corporativos", remarcó.¿Qué propone para reducir el costo de vida en Texas?El postulante afirmó que los problemas económicos aparecen en ciudades grandes, pueblos pequeños, áreas republicanas y zonas demócratas. Los residentes, indicó, enfrentan dificultades para pagar alimentos, combustible, servicios públicos y atención médica.El candidato pidió detener la actuación de agentes enmascarados y vehículos sin identificaciónSu programa incluye eliminar los aranceles que, según sostuvo, elevan el precio de los productos comestibles. También propuso suspender los impuestos sobre la gasolina y el diésel, aumentar el salario mínimo y reducir los costos de la vivienda, el cuidado infantil y los medicamentos recetados, incluida la insulina.El legislador aseguró que su experiencia en la legislatura estatal demuestra su capacidad para reunir a representantes de ambos partidos y aprobar políticas destinadas a bajar gastos. En contraste, acusó a Paxton de enriquecerse y "robarle al pueblo de Texas para llenar sus propios bolsillos".
Una encuesta de Emerson College Polling ubicó al republicano Ken Paxton apenas un punto por encima del demócrata James Talarico en la carrera por uno de los escaños del Senado de Texas. La edad y el origen étnico aparecen entre los factores que dividen al electorado, según el sondeo.Quién va ganando en las encuestas para el Senado de TexasEl centro de investigación no partidista Emerson College Polling realizó una encuesta, en colaboración con Nexstar Media, a 1000 votantes probables. El sondeo se realizó entre el 9 y el 10 de agosto y cuenta con un intervalo de credibilidad de +/- 3%.Talarico Apuntó Contra PaxtonLa carrera por uno de los escaños de Texas en el Senado de Estados Unidos se presenta sin un candidato claramente separado del otro. De acuerdo con la encuesta:Ken Paxton, el actual fiscal general del estado, obtuvo el 47% de las preferenciasJames Talarico, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, alcanzó el 46%Otro 5% todavía no definió su votoEl 2% optaría por otros candidatosLa diferencia de un punto entre ambos candidatos no permite identificar una ventaja estadísticamente definida. El escenario queda abierto de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.Encuesta al Senado de Texas muestra diferencias entre generacionesLa edad constituyó uno de los principales elementos de la competencia:Entre los electores menores de 50 años, Talarico reunió el 53% de las preferencias, frente al 38% de Paxton, lo que representó una diferencia de 15 puntos a favor del demócrata.La relación se invirtió entre los mayores de 50 años. En este grupo, Paxton alcanzó el 53% y Talarico el 42%, con una distancia de 11 puntos.Los resultados también mostraron una diferencia entre los votantes hispanos, que se inclinan por Talarico con una ventaja de 19 puntos. La valoración personal de los candidatos no presentó una separación amplia:El republicano registró un 43% de opiniones favorables y un 44% desfavorables. El demócrata obtuvo un 44% de favorabilidad y un 41% de opiniones negativas.Economía e inmigración, entre las prioridades del electoradoLa economía apareció como el principal asunto para los votantes de Texas, con el 30% de las menciones. El tema ocupó el primer lugar entre los demócratas, con 33%, y los independientes, con 31%.La inmigración se ubicó en segundo lugar, con 19%. Entre los republicanos.La encuesta también registró posiciones sobre cuestiones vinculadas con el desarrollo del Estado. El 60% de los consultados se opuso a la instalación de centros de datos en sus comunidades o cerca de ellas. Además, el 71% consideró que los legisladores estatales toman decisiones guiados por sus intereses financieros y no por el interés público.Qué dicen los votantes sobre el rumbo de TexasLa percepción sobre la dirección del Estado también está dividida. Un 43% consideró que Texas avanza por el camino correcto, mientras que el 48% entiende que se dirige en una dirección equivocada.La división aparece en un contexto electoral que incluye, además de la disputa por el Senado, la elección para gobernador. En esa contienda, el republicano Greg Abbott registró el 49% de intención de voto, mientras que la demócrata Gina Hinojosa alcanzó el 45%. El 4% permaneció indeciso.La evaluación de Abbott también mostró una diferencia entre aprobación y desaprobación. El gobernador obtuvo un 46% de aprobación de su gestión y un 49% de desaprobación.Por su parte, Hinojosa presentó un 40% de opiniones favorables y un 27% desfavorables. Sin embargo, el 33% de los encuestados no tuvo una opinión definida sobre ella o afirmó no conocerla.
La ley Hojarasca ya está aprobada por Diputados y dictaminada en la Cámara alta, aunque persisten dudas por la relación resentida -por propiedad privada- con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Salud mental, Sociedades y Súper RIGI, en carpeta
Pasó el Mundial, el calendario marcó la llegada de agosto y, en silencio, pero con señales claras, comenzó a girar la rueda electoral de cara al año próximo y, con ella, los primeros efectos de la incipiente carrera presidencial en un Senado donde el oficialismo no tiene mayorías propias y alguno gobernadores tienen un peso determinante.En otras palabras, tras la sesión del pasado 6 de agosto, en el Senado comenzó a dibujarse un nuevo mapa político, distinto del que había trazado la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), y que le permitió contar con mayorías fluctuantes entre los 38 y los 42 votos para aprobar los proyectos del Gobierno de Javier Milei.Los números son difusos, pero el oficialismo sabe que deberá forjar una nueva alianza para, al menos, llegar a fin de años sin disgustos legislativos. Cuenta con 21 senadores propios, con al menos 7 de 10 radicales y los 3 miembros de Pro. A esta lista hay que sumar al peronista correntino Carlos Espínola.Lo que resta para consolidar una mayoría clara, el umbral serían 37 votos, Bullrich y el Gobierno tendrán que trabajarlo ley por ley, paso a paso, como diría Carlos "Mostaza" Merlo.La muestra de que las fichas legislativas empiezan a moverse al ritmo electoral del 2027 la vivió en carne propia la exministra de Seguridad hace diez días, cuando tuvo que resignar dos capítulos enteros del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de ellos durante la misma sesión en que se aprobó la iniciativa, por la decisión de un puñado de gobernadores que consideró que su alianza con la Casa Rosada no justificaba pagar el costo político de apoyar un texto que había perdido consenso social.Más allá de que la derrota legislativa se puede explicar en que el Gobierno había perdido la batalla política y mediática en torno al capítulo que levantaba las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, en la mesa de arena de Bullrich consideran que detrás del desguace del proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se esconde una acción política que marca el inicio de la batalla electoral."Hay un reacomodamiento político en el peronismo, que se está organizando para encuadrar a los gobernadores que han apoyado al oficialismo", fue el primer análisis, en caliente, que hizo Bullrich en diálogo con LA NACION en un recinto que se iba vaciando de senadores la misma madrugada de la aprobación del proyecto de propiedad privada.El subtexto de la lectura que hace el oficialismo de la última sesión del Senado es el reconocimiento implícito de la caída en imagen y apoyo que, según varias encuestas, viene sufriendo Javier Milei como consecuencia del desgaste de su gestión, de los costos indeseados del plan económico y de errores no forzados como haber sostenido por casi tres meses al inefable Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete.Los hechos de esta semana parecen darle la razón a la senadora. La "cumbre" de tres de los principales referentes del PJ (Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa) unificando criterios y juramentándose trabajar en contra de la eliminación de las elecciones primarias que impulsa la reforma política del Gobierno, así lo demuestra. Más aún si se toma en cuenta la velada amenaza lanzada por el trío bonaerense contra los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para que rechacen la eliminación de las PASO.Si bien Jalil viene evitando poner a su senador, Guillermo Andrada, a las órdenes del Gobierno, en el caso de Jaldo el abandono del barco oficialista fue evidente: le ordenó a la senadora Beatriz Avila votar en contra de la extranjerización de tierras y también colaboró a que se cayera, ya en el recinto, el capítulo que modificaba la ley de manejo del fuego para permitir la disposición inmediata de terrenos productivos afectados por un siniestro.Lo mismo ocurrió con las senadoras Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Jujuy), ésta última una "asilada" del mandatario norteño después de pelearse con Cristina Kirchner, que responden al gobernador salteño Gustavo Sáenz; y la neuquina Julieta Corroza, alineada con el mandatario provincial Rolando Figueroa.En el caso de Sáenz, en los despachos libertarios empiezan a ver que cada vez será más difícil contar con sus votos y anticipan un distanciamiento que será directamente proporcional con la capacidad que tenga el PJ de unirse de cara a los comicios del año próximo. El mismo análisis aplica para Jaldo.En el oficialismo se entusiasman con poder mantener el apoyo de Figueroa a partir del punto en común que tiene con el gobierno nacional en favorecer el desarrollo de Vaca Muerta. Una señal de eso se vio la semana pasada con el claro respaldo de Corroza al proyecto de ley de Súper RIGI, que se trata en comisiones de la Cámara alta y que Bullrich pretende llevar al recinto, y convertir en ley, a más tardar en los primeros días de septiembre.En la lista de votos elusivos entraron los dos senadores por Misiones Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Con la fractura del oficialismo misionero, la senadora tomó partido por el gobernador Hugo Passalacqua y fue uno de los rechazos que colaboró a la caída de extranjerización de tierras, primero, y de los cambios en la ley de M anejo del Fuego, después, ya en el recinto. Arce, por su parte, mantiene su alineamiento con Carlos Rovira, el líder del extinto Frente Renovador de la Concordia devenido ahora en Encuentro por Misiones. Se estima que el todavía hombre fuerte de la provincia mesopotámica mantendrá su alianza con la Casa Rosada.Por último, en la columna de votos dudosos se anota Edith Terenzi. La senadora por Chubut es radical, pero juega alineada con el gobernador Ignacio Torres (Pro), que suele hacer un delicado equilibrio entre su apoyo al Gobierno nacional y sus aspiraciones políticas. En la sesión del 6 de agosto, la legisladora se opuso a los capítulos controvertidos y colaboró, así, a que el proyecto oficialista fuera dejando jirones en el camino.
Los dialoguistas piden pista para que se traten sus proyectos en el Senado. Condicionan la próxima sesión en la que el oficialismo busca aprobar los pliegos de jueces clave para Milei. Saltan diferencias entre los libertarios por las reformas de Sturzenegger que complican el plan de reelección.
El exdirector del NIAID declina un requerimiento voluntario tras la votación por desacato en Washington. La controversia legal involucra el financiamiento en Wuhan y el uso de la Quinta Enmienda durante interrogatorios sobre el origen del coronavirus
La Ley 32581, Ley de pensiones dignas para maestros jubilados y cesantes, será llevada ante el Tribunal Constitucional por el Colegio de Economistas. La acción tiene apoyo del MEF
El permiso solicitado por el exjefe de Estado tendrá vigencia por doce meses y le permitirá atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos fuera del país
La cámara alta reportó 416 iniciativas sancionadas en el ciclo agosto 2025-julio 2026 y anunció una agenda enfocada en cambios sobre seguridad, salud, educación, empleo, seguridad social y regulación tecnológica
El acuerdo, para ingresar al Escudo de las Américas, fue suscrito el miércoles 12 de agosto por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, con el objetivo de adelantar operaciones conjuntas contra estructuras del narcotráfico
Enrique Gómez, Isabel Zuleta y Kevin Gómez Paz se pronunciaron en sus cuentas de X a la decisión de la Cámara Alta sobre petición del expresidente
El proyecto ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta comenzó con su debate. Kirchneristas criticaron y dialoguistas se mostraron dubitativos. El artículo sobre el "compre nacional" y el dilema ante una eventual sanción y reglamentación
La cámara alta del Congreso de la República autorizó al exmandatario a realizar viajes internacionales durante los 12 meses posteriores a la terminación de su gobierno, luego de estudiar la solicitud que presentó
El diputado del PRI lanzó nuevos señalamientos contra el morenista y lo vinculó con presuntos contratos gubernamentales y la venta de armamento
La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos al dirigente nacional del PRI
Casi sin sobresaltos, apenas si debieron enfrentar una serie de preguntas técnicas, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defendieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado sus nominaciones para convertirse en vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial estratégico que tiene a su cargo la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.En gran parte, que la audiencia pública haya sido casi un trámite formal fue por responsabilidad del kirchnerismo, que volvió a darle la espalda a una reunión de la Comisión de Acuerdos. Del peronismo, solo participaron del encuentro los miembros del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca). Elegidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y avalados por el presidente Javier Milei, ambos candidatos quedaron un paso más cerca de obtener la luz verde para convertirse en camaristas cuando, al final de la reunión de la comisión, el oficialismo puso a circular para la firma los dictámenes favorables para ambos postulantes.La intención de la jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), es tener los despachos habilitados para su tratamiento para la próxima sesión. Por el momento, esa reunión no tiene fecha, pero en el oficialismo piensan en convocarla el jueves de la semana próxima.El apuro del oficialismo tiene una explicación. Si consiguen el voto del pleno de la Cámara alta, Yadarola y Bertuzzi se integrarán en la Cámara de Casación y tendrán la posibilidad de intervenir como jueces de alzada en causas en las que se investigan maniobras de corrupción que involucran al propio Presidente y a su hermana, Karina Milei. Los casos más urticantes para la Casa Rosada son las denuncias de pago de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $LIBRA y la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.En el caso de Bertuzzi, ya integra la Cámara de Casación Penal. Lo hace desde 2018, cuando fue trasladado desde un tribunal oral con sede en La Plata por decreto del entonces presidente Mauricio Macri.El propio postulante hizo mención de su ingreso al tribunal como parte de una extensa carrera en el Poder Judicial. Sin embargo, nada dijo de cómo se realizó su traslado a la Cámara de Casación.Sí lo hizo Bullrich al felicitarlo "por haber cumplido con la manda de la Corte Suprema de Justicia" por haber concursado para reivindicar su vocalía en la Cámara de Casación Penal."Son 37 años en la justicia federal. Llevo 18 años como juez federal, ocho de los cuales los vengo desempeñando en la Sala I y eso me ha permitido conocer y trabajar de primera mano la instrucción, sustanciación y la resolución de diferentes causas de delitos federales complejos, de delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos", afirmó.Yadarola, en tanto, aspira a ocupar la vocalía en la Cámara de Casación Penal que ocupaba Leopoldo Bruglia, quien presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar su reemplazo. Es juez en lo penal económico, cargo en el que investiga la falta de control de un avión privado atribuido al empresario Leonardo Scaturicce, vinculado con el asesor presidencial Santiago Caputo.En su exposición ante los miembros de la Comisión de Acuerdos, Yadarola también destacó su extensa trayectoria como empleado del Poder Judicial y que su ingreso a la Justicia Federal, en 2004, le permitió "trabajar en delitos complejos, de narcotráfico y contra la administración pública"."La Cámara es de vital trascendencia institucional", agregó Yadarola, quien elogió el trabajo de sus posibles compañeros al destacar que "armaron un sistema de gestión trazable". En caso de acceder al cargo, se comprometió a "intentar darle estabilidad a las decisiones judiciales, no solo de los casos, sino a darle seguridad y previsibilidad jurídica a los ciudadanos".Entre sus antecedentes políticos, Yadarola cuenta con el hecho de haber integrado el grupo de jueces invitados a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido.La audiencia empezó casi cuarenta minutos tarde y los primeros postulantes en pasar a defender sus nominaciones fueron Nuria Saba Sardañons y Hernán Figueroa, propuestos para defensores públicos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional y en lo Penal Económico porteños, respectivamente. La tanda inicial se completó con Luciana Califano, propuesta para jueza en el fuero civil de la Capital Federal.Este grupo fue sometido a algunas preguntas, ninguna polémica. A Califano, la senadora Bullrich le preguntó su opinión sobre el proyecto de ley sobre falsas denuncias. La candidata respondió que, antes que agravar penas, una reforma debería "darles a los procesos penales donde se denuncian abusos sexuales infantiles una celeridad que no tienen" en la actualidad, para acotar el tiempo de separación del padre acusado ante la eventualidad de que haya sido imputado sin fundamentos.Después, fue el turno de tres postulantes a magistrados en el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal. Desfilaron por el estrado Javier Pereyra, nominado para juez del Juzgado N° 3 de la Capital Federal, y Vanesa Silvana Alfaro y Marian Saludna, postuladas a camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 y N° 25 de la Capital Federal, respectivamente.La tercera tanda estuvo integrada por una postulante a fiscal ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Natalia Crede, y los postulantes a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal, Evangelina Lasala, y en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal, Sebastián Ghersi.También expusieron Juan Manuel Cabral, nominado a vocal de la sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil porteña; Sergio Alejandro Echegaray y Maximiliano Callizo y Diego Villaneva, candidatos para los juzgados Nacional en lo Criminal y Correccional 44, 58 y 42 de la Capital Federal.
El diputado nacional analizó el escenario político tras la derrota parlamentaria del oficialismo, cuestionó su vínculo con la ciudadanía y planteó los desafíos que enfrenta el peronismo
Todas las miradas políticas estarán puestas este miércoles en la Comisión de Acuerdos y, más precisamente, en la presentación en audiencia pública de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, que concurrirán al Senado este miércoles a las 11 a defender sus nominaciones como jueces de la Cámara Federal porteña, cargos para los que fueron impulsados por el presidente Javier Milei a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.La importancia de estas designaciones radica en el hecho de que en el caso de obtener el acuerdo del Senado, ambos jueces se convertirán en miembros de un tribunal penal clave, ya que tiene la misión de revisar todas las decisiones adoptadas por los jueces federales con asiento en Comodoro Py.En otras palabras, las presencias de Yadarola y Bertuzzi en la Cámara de Federal serán estratégicas para un Gobierno que tiene a sus principales figuras, el Presidente y su hermana Karina Milei, involucrado en causas en las que se investigan maniobras de corrupción como los casos Andis, $LIBRA y denuncias por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.Todo indica que sus nominaciones pasarán el filtro de la Comisión de Acuerdos sin problemas, como ha ocurrido con la gran mayoría de los más de 110 pliegos remitidos este año por el Poder Ejecutivo para completar las más de 300 vacantes que se habían acumulado en los últimos cuatro años. En realidad, Bertuzzi ya es miembro de la Cámara Federal, donde fue trasladado en 2018 por decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Por este motivo, el juez se ganó el rechazo del kirchnerismo, que siempre lo acusó de formar parte de la supuesta guerra judicial del macrismo contra la expresidenta presa por corrupción, Cristina Kirchner.Por su parte, Yadarola es juez en el fuero penal económico y en su despacho tiene causas importantes, como la que investiga la falta de control aduanero en la llegada al país de un avión privado atribuido al empresario Leonardo Scaturicce, conocido por sus vínculos con el gobierno libertario, más precisamente con el asesor presidencial Santiago Caputo.También es cuestionado por haber formado parte del grupo de jueces que participó del viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, junto a Mahiques y directivos del Grupo Clarín, otro hecho que kirchnerismo utiliza como ariete para denunciar la connivencia de referentes del Poder Judicial con el expresidente Macri.Ambos pliegos se encuentran impugnados por el juez del Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal Germán Castelli, también trasladado de juzgado por decreto de Macri, que junto a Bertuzzi concurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revertir el fallo de la Corte que ordenó concursar los cargos que habían sido ocupados por un traslado.A la audiencia pública, la sexta en lo que va del año, también está previsto que concurran una decena de postulantes a ocupar juzgados, fiscalías y defensorías públicas. La lista de este miércoles la integran:Nuria Saba Sardañons, para defensora pública ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional porteños, quien hoy se desempeña como secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación.Hernán Enrique Figueroa, para defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Como defensor público adjunto cobró relieve por su asistencia a Sergio Schoklender en la causa Sueños Compartidos.Luciana Califano, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal, quien en la actualidad subroga el juzgado para el que está postulada.Javier Pereyra, nominado para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.Vanesa Silvana Alfaro, para jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal, quien en la actualidad se desempeña como auxiliar fiscal y coordinadora del área de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).Mariana Salduna, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal. Se desempeña ahora como defensora oficial.Natalia Cecilia Crede, propuesta para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.Evangelina María Lasala, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.Sebastián Rodrigo Ghersi, postulado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.Juan Manuel Cabral, nominado a vocal de la sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Fue asesor en la Auditoría General de la Nación en la presidencia Leandro Despouy y en la actualidad se desempeña en el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura.Sergio Alejandro Echegaray, candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.Maximiliano Alberto Callizo, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal. Es secretario en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.Diego Andrés Villanueva, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 de la Capital Federal.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado tuvo que dar explicaciones en el órgano oficial. Las claves del encuentro. Leer más
El Senado retomó esta tarde el debate del proyecto de ley General de Sociedad, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar el marco normativa, que rige desde 1972, reconociendo la existencia de sociedades gobernadas en su totalidad por tecnología y el uso de la inteligencia artificial (IA) para la ejecución de funciones operativas.Esta fue la segunda reunión sobre el tema que celebra la Comisión de Legislación General, que preside la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), tras un largo intervalo provocado por la crisis generada por el caso de Manuel Adorni y el trabajoso debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La intención del oficialismo sería emitir dictamen en la próxima reunión, que todavía no tiene fecha, previo consenso con los bloques de la oposición dialoguista.El anterior y primer encuentro fue el 23 de junio pasado, hace más de 40 días, y contó con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, siempre dispuesto a enfrentarse con los senadores del kirchnerismo.En esta ocasión, la reunión transcurrió sin mayores inconvenientes, salvo por una polémica entre la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), y el dos veces titular de la Inspección. General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, Ricardo Nissen.Se trata de dos viejos rivales políticos. En su último paso por la IGJ, Nissen ordenó intervenir, en 2023, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (Iees) que presidía Bullrich, por recaudar fondos con fines proselitistas.En su exposición, Nissen sostuvo que el marco normativo de sociedades debe modificarse, pero que el proyecto del gobierno libertario no es la forma. "Esto es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como lugar y ámbito para una actuación deshonesta, para que la gente que tiene plata tenga más plata", denunció el exfuncionario kirchnerista. "La finalidad principal de este proyecto es que el empresario no responda por nada, y eso no puede ser", remató.Al momento de la preguntas, Bullrich salió al cruce de Nissen acusándolo de haber violado la ley al modificar la ley que creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) mediante una resolución de la IGJ."Destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes y emprendedores de comenzar con una SAS", disparó Bullrich en dirección a Nissen, tras lo cual lo acusó de "violar un principio jurídico básico, que por una resolución no se puede cambiar una ley de la Nación".A favor del proyecto se expresó el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, quien aseguró que el texto "contribuye a la modernización del sistema" reclamado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que con sus reformas "permite el acceso irrestricto directo para llevar monitoreo y trazabilidad de las sociedades".En la misma sintonía se manifestó el abogado Sebastián Balbín quien destacó que el marco legal vigente fue "concebido para una economía, una tecnología y unas empresas que hoy no existen".En ese sentido, Balbín dijo que el proyecto da un "mayor aporte conceptual, incorporando principios generales que permiten cuál debe ser la función de derecho societario en el siglo XXI, que debe otorgar un marco jurídico seguro y previsible y ofrecer soluciones cuando aparecen conflictos".El proyecto de Ley General de Sociedades busca sustituir de manera integral a la Ley 19.550, vigente desde 1972. Según el Gobierno, esta reforma tiene como objetivo central adecuarlo el marco normativo. vigente a las realidades económicas, tecnológicas y jurídicas actuales, con base en la simplicidad, la flexibilidad y la autonomía de la voluntad de los socios.Uno de los cambios más disruptivos es la digitalización absoluta de los procesos societarios. El proyecto promueve el uso de registros y libros digitales, eliminando la obligatoriedad de los soportes físicos y permitiendo la constitución de sociedades mediante firmas digitales o electrónicas. Además, incorpora la figura de la "sede electrónica", lo que permitirá que las notificaciones legales se realicen de manera virtual.En una apuesta que genera polémica, la iniciativa pretende crear las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), entidades que podrán funcionar de manera totalmente autónoma mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido. Además, admite que las sociedades utilicen sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para la ejecución de funciones operativas y decisiones administrativas.También se busca modernizar el concepto de capital social, permitiendo aportes más diversos y acordes a la economía actual, como el aporte de activos digitales y criptoactivos que tengan valoración económica. En ese sentido, se habilita que las acciones de las sociedades anónimas sean representadas mediante tokens para facilitar la entrada de nuevos inversores y la financiación de startups.El texto redefine el objeto social de las sociedades, que deja de estar encadenado a una visión tradicional de producción de bienes y servicios. De sancionarse la ley, el objeto podrá ser amplio y plural, tanto que ante la falta de una previsión específica en el estatuto se entenderá que la sociedad está facultada para realizar cualquier actividad lícita. En materia de gobernanza, el proyecto formaliza las reuniones de socios y directorios de manera remota o mixta. Se introduce la "regla de discrecionalidad empresarial", que establece que los administradores no serán responsables por decisiones estratégicas que no den el resultado esperado, siempre que hayan actuado de buena fe, de forma diligente y en tutela del interés social.Otro punto destacado es la integración de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) al cuerpo general de la ley. Tras años de dispersión normativa, este tipo societario se reconoce sistemáticamente en el régimen general, preservando su agilidad, rapidez registral y la libertad de organización que la caracteriza.El rol del Estado también sufrirá una transformación, pasando a una fiscalización más específica, al concentrar el control público solo en sociedades que realicen oferta pública o donde exista un interés público comprometido.
La iniciativa prevé que la comisión no solo exija informes y documentos a las entidades responsables, sino que promueva mesas de trabajo con alcaldías y gobernaciones de las zonas más afectadas y faculte al Congreso monitorear en tiempo real el destino de los fondos de la emergencia
El proyecto libertario fue observado por disertantes promovidos por la oposición. Cruces entre la jefa oficialista, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de la Justicia (IGJ) del kirchnerismo Ricardo Nissen
El Gobierno reunió a su mesa política durante casi tres horas. El encuentro fue el primero después del revés en el Congreso con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó saliendo, pero con dos capítulos cercenados. Esa situación motivó revisiones internas y cuestionamientos a las decisiones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hoy fue sumado por primera vez a los cónclaves que se realizan en la Casa Rosada. La presencia de Sturzenegger se caía de madura desde el mismo momento en que el Gobierno buscaba digerir los cambios forzados por la oposición en el Senado, donde cayeron la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego. La mesa política será, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales."Todo tiene que pasar por ahí", afirmaron en la sede de gobierno. Y resaltaron que en ese paso, las preguntas fundamentales más allá de los proyectos que se trabajan son fundamentalmente de tiempos políticos. Definieron el espacio como un "ordenador" de lo que vendrá en materia legislativa. Parte de eso, con Sturzenegger presente, es lo que los funcionarios abordaron este martes. Según dejaron trascender en Balcarce 50 poco después de terminado el encuentro, con Sturzenegger se conversó precisamente sobre "el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo". Y "se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales". Se trata de una iniciativa que posibilitaría emitir obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de cuenta, una alternativa que actualmente presenta fuertes limitaciones regulatorias.Al tiempo que, en lo que pareció ser un guiño después de las tensiones con Sturzenegger, se resaltó que "las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país". Hacia afuera hubo un mensaje conciliador, aunque dentro del Gobierno afloraron los cuestionamientos al ministro de Desregulación.En tanto que, a nivel general, explicaban que durante el encuentro "se repasaron la agenda legislativa y los principales temas económicos y de gestión del Gobierno nacional". También, agregaron las fuentes, se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de las iniciativas oficiales.Durante la reunión se decidió que a partir de ahora se irán convocando a otros ministros del Gabinete nacional para ampliar "la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa". El encuentro se extendió entre las 13 y casi las 16 y los primeros en retirarse fueron precisamente Sturzenegger y la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich. El encuentro post votaciónEl último viernes, en las horas posteriores a la votación, en el Gobierno hubo varios pases de factura y mea culpas internos. Todos ellos confluían en la necesidad de que, a partir de ahora, los proyectos de ley pasen por la mesa política. "Todo proyecto tiene que pasar por la mesa", repetían casi como un mantra en distintas terminales, desde emanaba la incomodidad por lo sucedido en el recinto la noche anterior. Por eso, desde ahora los proyectos de Sturzenegger, que mantiene una excelente sintonía con el presidente Javier Milei, deberían esperar ante la urgencia del tratamiento de otras iniciativas y en la búsqueda de mantener una relación armónica con la oposición dialoguista. "Es la mirada fundamental, la del control político", ampliaban en referencia a la mesa encabezada por Karina Milei.Además de Karina, la mesa está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la integran la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el ministro Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.En el encuentro de este martes, el ministro Luis Caputo hizo, de acuerdo a información oficial, un "abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores". En tanto que Santilli habló de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores que viene manteniendo y confirmó que este miércoles participará del encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a mandatarios provinciales de la región. En el marco de la mesa política también se anuncio que el próximo viernes Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, el anfitrión, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Ambos buscarán dar así un gesto de la buena sintonía que buscan mantener con los gobernadores que, en la última sesión del Senado, le jugaron en contra.
La senadora de Morena informó personalmente sobre la fractura a través de redes sociales
El expresidente solicitó que su petición sea sometida a discusión en la sesión más próxima de la corporación
Junta de Portavoces definió las presidencias de los grupos de trabajo de la Cámara Alta
La comisión de Legislación General no se reúne desde hace más de un mes y medio por este tema. En aquella ocasión -que ni siquiera logró quorum- disertó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No se dictaminará el proyecto
Honorio Henríquez propuso una colecta entre parlamentarios y anunció una comisión bicameral para hacer seguimiento a la emergencia nacional
La secretaria general de la Presidencia juntó a sus legisladores para armar el plan con la Provincia en la mira. El objetivo: la gobernación y al menos 70 intendencias. Leer más
La iniciativa S.5369 fue remitida al Comité de Relaciones Exteriores para su análisis inicial y plantea prorrogar medidas vigentes, sumar instrumentos de presión y ampliar las atribuciones del Ejecutivo en Washington
El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" llegó a Diputados con media sanción del Senado, pero sin el impulso que el oficialismo había buscado darle originalmente. La iniciativa aterrizó en la Cámara baja recortada de sus dos títulos más controvertidos y, aunque en La Libertad Avanza (LLA) descartan por ahora dejarla en el freezer, admiten que quedó relegada frente a la agenda económica que Javier Milei quiere acelerar durante agosto."No está frenado, pero tampoco es prioridad", reconoció a LA NACION uno de los referentes libertarios de Diputados. Otro diputado del bloque fue más explícito: "Veremos. La prioridad ya está fijada en otros cuatro proyectos". Se trata de la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, un acuerdo entre Mercosur y Singapur, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue aprobada el jueves pasado por el Senado y girada ese mismo día a Diputados por Bartolomé Abdala, que reemplazaba a Victoria Villarruel en la presidencia de la Cámara alta. El ingreso formal se produjo el viernes y este lunes se terminarán de definir las comisiones que deberán analizarla. Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia aparecen entre los posibles giros, todas encabezadas por diputados del oficialismo.Firmé el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada que aprobamos ayer en el Senado y que será girado a la Cámara de Diputados.#TeQuieroSanLuis #TeQuieroArgentina pic.twitter.com/7fW2loNRDr— BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) August 7, 2026Pero la celeridad administrativa no se traduce en urgencia política. El texto llegó a Diputados después de perder los dos títulos que habían concentrado los mayores cuestionamientos: la flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y los cambios en las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.Ambos fueron removidos antes de la votación para evitar que fueran rechazados explícitamente. La reacción que generaron las propuestas había llevado a gobernadores, legisladores y distintos sectores sociales a reclamar su eliminación. Ahora, incluso dentro del oficialismo reconocen que difícilmente vuelvan a insistir con esos cambios en el corto plazo.Qué quedó del proyectoLa versión que recibió media sanción quedó reducida a tres grandes ejes: endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados, acelerar los desalojos por intrusión o falta de pago y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble mediante su digitalización y la creación de una Ventanilla Única Federal.En materia de expropiaciones, el proyecto establece una interpretación más restrictiva de la "utilidad pública": la declaración deberá ser específica y estar vinculada a un objetivo concreto. También dispone que la transferencia del dominio al Estado no podrá concretarse hasta que se haya pagado íntegramente la indemnización.La compensación deberá tomar como referencia el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos provocados por la expropiación. El capítulo también amplía el régimen de regularización dominial: el beneficio previsto para quienes acrediten una posesión pacífica durante diez años de una vivienda única y permanente se extenderá a agricultores familiares respecto de sus tierras productivas.El segundo eje apunta a acelerar los desalojos. La iniciativa establece que estos procesos se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo y habilita al juez, en casos de intrusión o tenencia precaria, a ordenar la restitución del inmueble desde el inicio del juicio.Para los desalojos de viviendas por falta de pago se mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino por un plazo mínimo de diez días. Y cuando en el inmueble haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y otorgar diez días para procurar una alternativa habitacional antes del lanzamiento.El tercer capítulo apunta a modernizar el funcionamiento de los registros inmobiliarios mediante la digitalización de trámites y la creación de una Ventanilla Única Federal.Las prioridades de MileiEl futuro del proyecto comenzará a ordenarse este martes, cuando los diputados de LLA se reúnan en bloque para definir su hoja de ruta. Pero las prioridades para las próximas semanas ya están prácticamente establecidas y responden, sobre todo, a la agenda económica con la que Milei busca llegar a la próxima elección sin sobresaltos.En el primer escalón aparecen dos proyectos cuyo debate ya comenzó en comisión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal. El oficialismo buscará conseguir dictamen esta semana para llevar ambas iniciativas al recinto durante agosto.La reforma del Banco Central vuelve a colocar la preservación del valor de la moneda como objetivo central de la entidad, prohíbe el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y endurece las condiciones para remover a sus autoridades.La oposición concentró buena parte de sus reparos en este último punto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a autoridades cuya designación requiere únicamente el aval del Senado por mayoría simple.La segunda iniciativa prioritaria es la nueva versión de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen simplificado y busca facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.En este caso, uno de los principales cuestionamientos opositores estuvo centrado en la posibilidad de que funcionarios públicos ingresen al régimen. "No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros", planteó durante el debate el diputado Agustín Rossi (UP).Según pudo saber LA NACION, el oficialismo también evalúa incorporar a la próxima sesión de Diputados, prevista para el 26 de agosto, el Acuerdo Mercosur-Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). El primero se tratará en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur este miércoles; el segundo ya cuenta con despacho y está listo para ser debatido en el recinto.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. estuvo como invitado del programa de LN+ La Cornisa y habló sobre el operativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en coordinación con las nacionales, el jueves pasado, cuando se trató en el Senado la la Ley de Tierras.El jefe comunal remarcó su intención de poner orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y puntualizó: "No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano". Además, cuestionó a algunos de los manifestantes, al considerar que buscan trasladar a la Capital los problemas que no logran resolver en sus municipios ni en la provincia."Hay plena coordinación en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes", sostuvo Macri.Además, el mandatario porteño dijo que los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso excedieron un reclamo político. "Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político: son delincuentes. Esto no es una marcha pacífica", expresó.Al ahondar sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, Jorge Macri respaldó la posibilidad de acelerar la restitución de inmuebles ocupados. "Me parece que la ley es un avance y que es bueno que pueda haber desalojos exprés", afirmó.
El presidente enfrenta una situación muy compleja frente a un pedido muy específico de los mandatarios provinciales que, de no satisfacerse, podría significar un gran revés político para La Libertad Avanza. Leer más
Los gobernadores vuelven a ser protagonistas de la agenda legislativa. Tras convertirse en los actores que terminaron por desmoronar el capítulo de la ley de propiedad privada que elevaba los topes máximos para la venta de tierras a extranjeros, un proyecto apadrinado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta semana le marcarán la cancha al presidente Javier Milei frente a lo que consideran un incumplimiento del Poder Ejecutivo. O, más precisamente, del ministro de Economía, Luis Caputo.Se trata del recorte al régimen de subsidios al gas por zonas frías, que quedó frenado en el Senado. Aunque el oficialismo consiguió la media sanción en Diputados gracias al respaldo de los gobernadores dialoguistas, esos mismos mandatarios ahora mantienen congelado el proyecto por considerar que la Casa Rosada todavía no canceló los compromisos asumidos durante la negociación.La iniciativa fue girada al Senado el 22 de mayo y, desde entonces, no registró ningún avance. Según pudo reconstruir LA NACION, las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores aliados se estancaron porque dos de los principales reclamos de las provincias quedaron sin respuesta: una reducción del costo de la energía eléctrica para las jurisdicciones más cálidas como compensación por la quita de los subsidios al gas, así como la incorporación de las distribuidoras y transportistas provinciales al esquema de regularización de deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).Durante el debate en Diputados, el Gobierno se comprometió a instrumentar un beneficio para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Misiones y Santa Fe, que perderán parte de las ventajas del régimen de zonas frías. Según trascendió, el Ministerio de Economía prometió otorgar exenciones impositivas sobre la energía eléctrica, pero casi tres meses después de la media sanción la medida todavía no fue formalizada.En el oficialismo sostienen que esa compensación llegará una vez aprobada la ley. Los gobernadores, en cambio, pretenden que quede garantizada antes de habilitar el tratamiento en el Senado. De hecho, durante el debate en Diputados solicitaron incorporar ese compromiso en el texto de la ley, pero la propuesta fue rechazada por el Poder Ejecutivo.La falta de definiciones llevó a los gobernadores a darle entidad propia al reclamo. El próximo 12 de agosto propiciarán una cumbre de mandatarios del Norte Grande que se realizará en Posadas. Uno de los temas centrales será el impulso de una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región, como contrapartida a la reforma del régimen de zonas frías que promueve el Gobierno.El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que participará del encuentro y adelantó que ese será uno de los ejes de la reunión. La propuesta busca instalar por ley el concepto de "zona cálida", una demanda que, hasta ahora, no tuvo una respuesta concreta."Para nosotros, los del norte, es muy necesario tener alguna buena noticia respecto de la zona cálida porque somos electrodependientes. Veremos qué pasa en el Senado", reafirmó a LA NACION un interlocutor habitual de una de esas provincias en el Congreso.Más que fructífera reunión con los gobernadores y representantes del Norte Grande y la Región Litoral, donde dimos a conocer un comunicado conjunto con una propuesta muy clara: una ley nacional que establezca una tarifa energética diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas,â?¦ pic.twitter.com/js3PF0p1Gp— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 26, 2025El segundo reclamo apunta al capítulo de regularización del mercado eléctrico mayorista. El proyecto establece un mecanismo excepcional para que las distribuidoras y transportistas federales cancelen sus deudas con Cammesa mediante compensaciones por créditos acumulados durante los años de congelamiento tarifario.Sin embargo, las empresas provinciales y municipales quedaron fuera de ese esquema. Para ellas, la iniciativa únicamente encomienda a las jurisdicciones locales calcular los créditos correspondientes y aclara que cualquier saldo a favor deberá ser afrontado por cada provincia o municipio, sin intervención del Estado nacional.Al ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, le planteé nuevamente el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños y la demora en los pagos a las empresas para que continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta.Se trata de proyectos fundamentalesâ?¦ pic.twitter.com/ukOPUOtdlv— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 27, 2026"Hay una compensación importante para las transportistas y distribuidoras federales, pero no está claro qué pasará con las provinciales y municipales. En Diputados hicimos ese planteo, pero finalmente no quedó incorporado", resumió un dirigente que sigue de cerca las negociaciones.El cambio de clima quedó expuesto entre los legisladores mendocinos. Mientras los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos aliados al gobernador Alfredo Cornejo, acompañaron la media sanción en Diputados, los senadores del mismo espacio adelantaron que buscarán modificar el proyecto antes de aprobarlo.La senadora Mariana Juri afirmó en junio que uno de sus principales objetivos fue postergar el tratamiento de la iniciativa. "Lo que no nos puede pasar es que zonas de Mendoza que tienen temperaturas más frías que algunas de la Patagonia queden afuera del subsidio", sostuvo. Y agregó: "Quiero que esta sea una oportunidad para construir un nuevo sistema de subsidios".La reformaEl proyecto del Poder Ejecutivo deja atrás el esquema actual, basado principalmente en la ubicación geográfica, y lo reemplaza por otro focalizado según el nivel de ingresos de cada hogar.En la práctica, eso implica que amplias zonas incorporadas al régimen en 2021 dejarán de recibir el descuento automático en la tarifa. Entre ellas figuran localidades del interior bonaerense, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En esas regiones, solo conservarán el beneficio los hogares que acrediten vulnerabilidad económica.Ese es el punto que cuestionan dirigentes como Juri. La senadora sostiene que varias localidades mendocinas con inviernos más rigurosos que otras zonas del país quedarían excluidas del subsidio automático únicamente por el nuevo criterio que propone la ley.El proyecto mantiene, en cambio, un régimen especial para las zonas de "efectiva severidad climática", como toda la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Allí el subsidio seguirá vigente para todos los usuarios, aunque con un alcance menor: cubrirá únicamente el precio del gas y dejará afuera los costos de transporte y distribución
La iniciativa limita la discrecionalidad estatal en los procesos expropiadores, exige indemnizaciones ajustadas al valor de mercado y establece criterios más estrictos para declarar la utilidad pública
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Lo suspendieron luego de que Infobae diera a conocer la sentencia. La presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, firmará un decreto para oficializar su exoneración
El bloque que conduce Gabriel Bornoroni pretende sesionar el 26 de agosto con cambios para el Banco Central y una nueva Inocencia Fiscal, en un Congreso más áspero y atravesado por el ciclo electoral 2027
El martes se reanuda el debate del proyecto que crea las sociedades automatizadas sin la intervención de seres humanos.El miércoles van funcionarios a defender el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche, exabogado del presidente Donald Trump, como el nuevo fiscal general del país, poniendo fin a semanas de incertidumbre sobre su nominación y a las dudas sobre su independencia al frente del Departamento de Justicia.El Senado, controlado por los republicanos, votó ajustadamente en la madrugada de este sábado por 50 votos a favor y 49 en contra, para convertir a Blanche en el segundo secretario de Justicia confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado con el deseo declarado de usar el departamento para investigar a sus enemigos políticos.La votación puso fin a una dura batalla por la confirmación, donde la lealtad de Blanche a Trump fue el centro del estancamiento. Aunque ya dirigía la agencia de forma interina, su confirmación podría darle margen para impulsar la agenda gubernamental con más agresividad aún.Blanche dijo en redes sociales que se sentía "profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí", y añadió que estaba "agradecido" a los senadores por trabajar hasta tarde para confirmarlo.La votación se produjo tras una turbulenta batalla por la confirmación que dejó al descubierto profundas preocupaciones -tanto de algunos republicanos como de demócratas- sobre el nombramiento de un aliado cercano de Trump al frente de un departamento que históricamente se ha enorgullecido de su independencia de la Casa Blanca.Margen estrechoAl final, Blanche fue confirmado por el margen más estrecho posible, con la oposición de dos republicanas: las senadoras Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, así como de todos los demócratas.El camino hacia su confirmación fue inusualmente accidentado, en gran medida debido a las preocupaciones republicanas por un polémico acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).Bajo presión, Blanche prometió públicamente por escrito que el departamento abandonaría un fondo de compensación de 1800 millones de dólares propuesto por Trump para los aliados del presidente, incluidos quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, y que limitaría otra parte del acuerdo diseñada para proteger al presidente y a su familia de auditorías fiscales del IRS.Sus gestiones fueron suficientes para convencer al senador republicano Bill Cassidy -el voto decisivo-, quien respaldó a Blanche la mañana del viernes. Cassidy manifestó que quizá ningún otro nominado podría dirigir mejor el departamento bajo el mandato de Trump y sugirió que el papel de Blanche como exabogado del mandatario puede hacer que sea más eficaz para resistir a sus exigencias."Esto no es un referéndum sobre el presidente Trump. Es una decisión sobre el señor Blanche en circunstancias muy específicas", afirmó Cassidy, que este año perdió sus primarias frente a un rival respaldado por Trump.Blanche fue elevado al máximo cargo del Departamento de Justicia de forma interina después de que Trump despidiera a su antecesora Pam Bondi en abril.Blanche actuó con rapidez para impulsar los intereses del presidente, acelerando investigaciones sobre quienes éste percibía como sus enemigos y anunciando el acuerdo que creó el "Fondo Antiinstrumentalización" de 1800 millones de dólares para compensar a personas que se sienten agraviadas por el sistema judicial y que otorgaba a Trump y a su familia inmunidad frente a auditorías del IRS.El polémico acuerdo amenazó con hundir la nominación de Blanche hasta que rescindió formalmente el fondo por escrito bajo presión de los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis. El acuerdo alcanzado entre los senadores y el departamento desbloqueó una votación en el Comité Judicial del Senado, que impulsó la nominación.Agencias AP, ANSA y Xinhua
Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se presentarán este miércoles en una nueva audiencia pública.Están postulados para una cámara que puede ser decisiva en causas sensibles para el Gobierno como el escándalo $LIBRA.
El Senado de EE. UU. aprueba una medida temporal para evitar el cierre del gobierno hasta diciembre, mostrando unidad bipartidista. La ley incluye cláusulas sobre cáñamo y subvenciones, generando debate entre legisladores y la Casa Blanca.
El ex abogado del presidente, quien ya venía desempeñándose como el máximo responsable de la aplicación de la ley de forma interina, fue elegido para el cargo por 50 votos contra 49
El poroteo de Juliana Di Tullio sobre el final de la votación. El 35 a 35 y cómo se cayeron los dos capítulos más importantes en 48 horas. Sergio Massa, al teléfono con gobernadores y senadores aliados. Joaquín Benegas Lynch terminó de empujar en pleno recinto a quienes ya venía buscando Máximo Kirchner. Las certezas que tenía el oficialismo se evaporaron entre los errores propios y una crisis en el esquema de votos construido por Bullrich. Leer más
Se rompieron los cálculos del oficialismo en la última pulseada que afrontó en la Cámara Alta. Al empeoramiento de la relación con Victoria Villarruel se sumó la acusación contra el senador Joaquín Benegas Lynch, que salió a defenderse por la empresa inmobiliaria que posee. El libertario incomodó a su bloque y debilitó a la jefa de la bancada, Patricia Bullrich. Se apaga la estrella de Federico Sturzenegger como el principal responsable de una ofensiva que, hasta hace poco, contaba con el respaldo de los hermanos Milei. La pérdida de aliados aumenta el temor en el Gobierno. Leer más
En el gobierno bonaerense apuestan a tratar el proyecto que presentó la senadora Ayelén Durán. El kirchnerismo quiere discutir el paquete electoral completo. La comisión de la Cámara alta en donde está la iniciativa se reúne la semana que viene, pero el expediente no está en el orden del día
La IA ya puede intervenir en decisiones laborales, mientras la Argentina debate una figura societaria capaz de funcionar sin trabajadores humanos. Entre el avance tecnológico y los límites que empiezan a fijar la OIT y el Vaticano, el verdadero debate es quién responde cuando una máquina decide.
El exministro de Economía no hizo declaraciones públicas, pero dirigentes del Frente Renovador dejaron trascender su participación y volvieron a instalar su figura en medio de la interna del peronismo. Leer más
El comentario desafortunado del libertario Benegas Lynch que hizo que una senadora federal saliera del chat de aliados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza acusó al exgobernador chaqueño por la causa que investiga adjudicaciones de tierras fiscales y el intercambio terminó a los gritos. Capitanich pidió luego la palabra, rechazó las acusaciones y denunció "operaciones políticas, de prensa y judiciales". Leer más
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales. Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado. Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos. Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble "termina devastando el mercado de alquileres". "Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda", opinó Monteverde. "Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás", remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato. También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el "estado de necesidad", limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de "restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común"."También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras", agregó.También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que "con tres clics" el Gobierno puede endeudar el país. Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. "Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia", marcó. Noticia en desarrollo
Una encuesta de Management & Fit revela que el malestar económico sigue condicionando la mirada sobre el Gobierno: casi seis de cada diez argentinos desaprueban la gestión de Javier Milei y una mayoría reclama un cambio de rumbo. Leer más