obliga

Una exigencia que obliga a decidir entre los principios y el pragmatismo

Si hay algo que la agroindustria argentina puede ofrecer como ventaja competitiva son los sistemas sanitarios y de trazabilidad. Más allá de las dificultades crónicas del Estado, especialmente presupuestarias, para hacer valer su papel como órgano para garantizar la sanidad y calidad agroalimentaria, lo cierto es que hay una tradición por sostener los criterios técnicos y científicos en lugar de las modas pasajeras."Gran paso": el campo celebró la media sanción de una ley que busca endurecer las penas por daños a la producciónMuchas veces se elogia a Brasil en su carácter de potencia agroindustrial, particularmente por el crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, pero se sabe que la trazabilidad de su producción tiene vacíos importantes. Se demostró en el reciente caso del cierre del mercado que dispuso la Unión Europea a los productos brasileños por no otorgar garantías suficientes en el control de antimicrobianos. No se trata de "sacar partido" de la desgracia ajena, pero en un mundo donde nadie da ventajas desde el punto de vista comercial es bueno tener la perspectiva de lo que se hace en el país. A esto no se ha llegado por arte de magia, muy por el contrario: hubo golpes. El más estruendoso fue el de principios de este siglo cuando la Argentina pasó de declararse libre de fiebre aftosa a negar oficialmente su reaparición pocos meses después de esa decisión. La lección fue aprendida.Ahora hay otro desafío. Uno de los mercados más importantes para la agroindustria argentina, la Unión Europea, por razones políticas y presiones sociales adoptó una política supuestamente en favor del medio ambiente y de protección de sus consumidores. Más en lo profundo, con la aplicación del llamado "Pacto Verde" se propone prescindir en el largo plazo de los avances de la tecnología en materia de protección de cultivos, mejoramiento genético y uso de fertilización. Esto lo padecen los propios productores europeos que se sienten arrinconados no solo en cómo trabajan, sino en su forma de vida.Hace tres años, como parte de esa política, aprobó una resolución, la EUDR 115, por la cual un conjunto de productos (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera y sus derivados) deben originarse de zonas que no han sido deforestadas después de 2020. Tras postergarse su aplicación en los dos últimos años, los importadores europeos comenzaron en las últimas semanas a realizar órdenes de compra con el requisito de cumplir los términos de esta normativa. El punto clave es contar con una declaración de diligencia debida que incluya trazabilidad y georreferenciación de las parcelas de producción. En la Argentina se desarrolló una plataforma llamada Visec que, según sus impulsores, permite en forma gratuita registrarse y cumplir con los requisitos. Quienes la objetan afirman que se brinda demasiada información al eslabón exportador que puede no ser utilizada para los fines con los que fue creada.Esta semana, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sostuvo en un comunicado que había frigoríficos que estaban ofreciendo precios más bajos por la hacienda que no estuviera certificada por Visec. No identificó a las industrias."O te adaptás o no le vendés", afirma Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), a cargo de la comisión de Sustentabilidad de la entidad. "Es una barrera para arancelaria, eso está claro, pero ya no es cuestión de una resistencia política sino de decisión comercial", considera.Para Costamagna, la decisión de adoptar una plataforma de certificación es voluntaria. "En los últimos días, los exportadores de granos comenzaron a ofrecer un plus de US$5 por tonelada por soja inscripta en Visec; es más, hay corredores que recomiendan esperar porque la prima podría ser más alta".En la SRA, dijo, asesoran no solo a los socios sino también a productores interesados en cumplir con el requisito de la UE."El día de mañana se podrá plantear el reclamo diplomático y político", dice el dirigente rural en referencia a la posible presentación de una queja en organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC) que hoy parece enfrentar una parálisis por el retroceso de las políticas multilaterales y el crecimiento de las guerras comerciales entre países.Quizás sea el mercado el que en el corto plazo tenga la última palabra sobre este tipo de medidas que imponen los bloques económicos con consumidores de elevado poder adquisitivo. Pero en el mercado también hay fallas y no faltará quien intente tomar alguna ventaja. Nadie regala nada.

La Corte Constitucional confirmó sentencia que obliga a la Iglesia católica a entregar información sobre sacerdotes denunciados por abuso sexual: esto dice el tribunal

La Sala Plena rechazó y negó todas las solicitudes de nulidad, aclaración y adición que presentaron diócesis, arquidiócesis y la Conferencia Episcopal contra el fallo SU-184 de 2025

Agencias de viajes piden recurrir la norma que les obliga a devolver gastos de gestión de billetes aéreos

El Senado aprueba la nueva ley que obliga al pago digital y electrónico a partir de 2027

Avala la Cámara Alta el dictamen con 73 votos a favor y 34 en contra

Trump demandó a Denver por la ley que obliga a los agentes del ICE a identificarse y les impide usar máscaras

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda federal contra la ciudad de Denver y su alcalde, Mike Johnston, con el fin de invalidar una ordenanza municipal. La medida prohíbe a los agentes de la ley, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cubrirse el rostro durante arrestos o detenciones y les exige llevar una identificación visible. Sin embargo, la administración federal argumentó que la norma viola la Constitución estadounidense al interferir con las operaciones federales y exponer a los funcionarios.La demanda del gobierno de Trump contra Denver por la ley que impacta en agentes del ICEEl 8 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ciudad y el condado de Denver, el alcalde Johnston, la fiscal municipal Michiko Ando Brown y el jefe de policía Ronald Thomas. En un comunicado, calificó la medida como "un intento inconstitucional de regular a los agentes federales" al prohibirles usar mascarillas y exigirles identificación.El DOJ argumentó que la medida amenaza la seguridad de los agentes federales, quienes, según sus palabras, enfrentan "una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia"."Según la Constitución de Estados Unidos, la Cláusula de Supremacía deja claro que los estados y las localidades no tienen autoridad para regular al gobierno federal", declaró el Fiscal General Adjunto Stanley E. Woodward Jr. "No pueden promulgar leyes que pongan en riesgo la seguridad de las fuerzas del orden federales ni que socaven las operaciones federales", añadió luego.Asimismo, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ, remarcó la importancia de la jerarquía federal. "La ordenanza de Denver sobre el uso de máscaras e identificación regula directamente las operaciones de las fuerzas del orden federales y amenaza con graves consecuencias tanto para los agentes como para la seguridad pública", sostuvo.En esa línea, completó: "El gobierno federal decide qué equipo pueden o no usar los agentes federales al desempeñar sus funciones oficiales".Cómo es la normativa que obliga a los agentes del ICE a identificarse en DenverEn febrero, el Ayuntamiento de Denver aprobó por unanimidad la ordenanza municipal que prohíbe a los agentes del ICE usar cubrebocas mientras detienen o arrestan personas, así como también les exige llevar una identificación visible.De acuerdo con la norma, los agentes del ICE que no cumplan con la ley pueden recibir una multa de hasta 999 dólares o 300 días de cárcel.No obstante, la normativa contempla algunas exenciones, entre ellas para los agentes que participan en operaciones encubiertas y en funciones de equipos SWAT, o que visten atuendos religiosos.La respuesta de Denver a la demanda de Trump y antecedentesEn la presentación de la demanda, el Departamento de Justicia afirmó que la ley municipal amenaza la seguridad de los agentes federales. En contraposición, la administración del alcalde Mike Johnston confirmó que responderá judicialmente en defensa de la ordenanza."Los habitantes de Denver merecen saber quién los arresta y por qué. Prohibir el uso de mascarillas a los agentes del orden es de sentido común y constitucional, y esperamos defender nuestra postura y los derechos de nuestros residentes ante los tribunales", declaró Jon Ewing, portavoz de la alcaldía, citado por Denver Post.La ley de Denver fue redactada de forma uniforme para todas las fuerzas de seguridad con la intención de resistir el escrutinio legal, frente a los precedentes de normativas anteriores.A principios de este año, un juez en California bloqueó la aplicación de una restricción similar contra el uso de máscaras debido a que eximía a los agentes estatales. Ante este antecedente, el concejo de Denver optó por aplicar la norma a todos los niveles policiales para evitar ese vacío jurídico.

Horas decisivas: la fecha límite que obliga a una región a sacar 11.000 vacas en medio de la urgencia por la crecida del Paraná

Las vacas avanzan lentamente en fila por el agua, sin dejar de balar en medio del estero. Delante, los peones las guían con gritos de "¡wep, wep!" y, desde atrás, otros menchos las arrean entre chapoteos y algún sapucay que se pierde en la inmensidad de los bañados. La escena se repite en las islas frente a Goya, Corrientes, donde cada arreo cuenta para llevar la hacienda a tierra firme antes del pico de la crecida del río Paraná. En algunos sectores, la hacienda atraviesa bañados y zonas anegadas; en otros, el arreo se abre paso por una extensa red de riachos, lagunas y esteros conectados con el río Paraná. En las islas frente a Goya, dentro del Delta del Ysoró, el tiempo apremia: los productores quieren sacar los animales antes del viernes, cuando se espera que el agua llegue a nivel máximo.El movimiento se intensificó en los últimos días y ya involucra a una parte importante de la hacienda que permanece en las islas correntinas. Según Santiago Decotto, presidente de la Sociedad Rural de Goya, se estima que entre un 60% y un 70% de los animales ya fue trasladado a campos de tierra firme, aunque todavía no existe un registro completo de todos los movimientos realizados.Crecida del Paraná: preparan el retiro de 15.000 vacas para que no se las lleve el agua"En papeles habrá salido entre un 30 y un 40%. Pero tenemos estimado que ya un 70% se movió porque ayer domingo hubo muchísimo traslado. Todos los días está saliendo mucha hacienda", explicó a LA NACION. La diferencia entre los porcentajes responde a que parte de los traslados todavía no quedó registrada formalmente. Quedarían unas 11.000 cabezas para sacar.La flexibilización de los procedimientos para movilizar el ganado fue uno de los factores que facilitaron la operación. Según Decotto, el Senasa y el Ministerio de Seguridad provincial, a través de la Policía, habilitaron un mecanismo que permite sacar primero los animales de las islas y completar después la documentación correspondiente.Negocio para la Argentina: los cinco gigantes de Asia que buscan más alimentos por millones de dólares"Se flexibilizaron los movimientos, que era lo que pedíamos", señaló. De ese modo, los productores pueden llevar la hacienda a un campo propio o alquilado, o al predio de la Sociedad Rural local, y realizar allí el trámite. Senasa registra las categorías de animales trasladados y la Policía controla las marcas para verificar la propiedad.La dimensión del operativo se explica por la cantidad de ganado que se concentra en la zona. Sobre el río Paraná, en la provincia de Corrientes, había unas 60.000 cabezas distribuidas en las islas. De ese total, 37.400 estaban en el departamento de Goya, donde se contabilizan alrededor de 379 unidades productivas con hacienda isleña. Según las estimaciones de los productores, quedarían unas 11.000 cabezas por retirar de las islas antes del viernes, cuando se espera que el río alcance su pico máximo.Arreo de vacas de las islas a tierra firme, en Goya, Corrientes, por la crecida del río Paraná"Goya tiene muchísima hacienda en las islas, más de la mitad que hay sobre el río Paraná en toda la provincia de Corrientes", afirmó el dirigente rural. A ese volumen se suma la hacienda ubicada sobre el río Uruguay, también dentro del territorio provincial.La urgencia responde a la velocidad con la que subió el nivel del Paraná. Según Decotto, el río venía creciendo entre 10 y 12 centímetros diarios, pero en las últimas jornadas el ritmo se aceleró y llegó a registrar aumentos cercanos a los 20 centímetros. En ese momento, la altura en Goya era de 5,30 metros.El pronóstico de los productores es que el viernes el nivel alcance los 5,70 metros, una marca a partir de la cual el agua comenzaría a ingresar en sectores bajos de la ciudad, entre ellos la zona del puerto, la ribera y el aeropuerto. Para entonces, estiman que ya no quedará tierra seca disponible en las islas para mantener a los animales: "No va a quedar nada en las islas porque este viernes se espera el pico de creciente". Por eso, los traslados continúan también durante los fines de semana, sin esperar el avance del agua. La geografía de la zona agrega complejidad, pero también ofrece algunas alternativas. En distintos sectores de las islas se puede sacar la hacienda por arreo, sin necesidad de utilizar barcos o barcazas. En el Delta del Ysoró, una reserva natural provincial caracterizada por terrenos bajos, arroyos y bañados, se concentra una parte importante del ganado que debe ser trasladado. La salida de los animales, sin embargo, no comenzó con la crecida actual. Algunos productores ya habían adelantado el engorde y el traslado de la hacienda gorda, ante la previsión de que el nivel del río aumentara: "Nada fue sorpresivo".Por ahora, la principal ventaja es que hay establecimientos disponibles para recibir a los animales. Decotto explicó que varios productores ya habían alquilado potreros o reservado campos fuera de las islas, aunque mantenían allí la hacienda porque las condiciones de pastoreo eran favorables. Señaló que los campos de la zona de Goya todavía tienen poca agua, lo que permite alojar el ganado que sale del Delta."Hay mucha solidaridad en el sector, en el campo", dijo. Relató que los productores se comunican a través de sus contactos y estados de WhatsApp para pedir referencias sobre potreros disponibles. En algunos casos consiguen arrendamientos a valores razonables y, en otros, encuentran ganaderos dispuestos a ofrecerles espacio para recibir los animales.Decotto advirtió que la situación podría complicarse si se concretan las lluvias intensas previstas por el fenómeno de El Niño. Por ahora, la crecida responde principalmente al agua que llega desde el sur de Brasil por el Paraná, mientras que los campos de Goya todavía registran pocas precipitaciones, a diferencia de otras zonas del norte de Corrientes: "Ahora, si realmente vienen las lluvias grandes que dicen, ahí la superficie de los campos se va a achicar una barbaridad". Explicó que una parte importante de los establecimientos de la región son bajos y, cuando llueve de manera persistente, quedan anegados. El agua demora la recuperación de las pasturas y reduce la superficie disponible para alimentar a los animales. Hasta ahora, dijo, no se observa una salida desordenada ni una liquidación generalizada de hacienda. La mayoría de los productores logró organizar el traslado y encontrar lugares donde alojar los animales. Tampoco se ven ganaderos obligados a llevar sus vacas a la banquina o a venderlas de urgencia en una feria.La venta de hacienda es una alternativa para los productores que necesitan reducir sus rodeos: aunque algunos pueden aceptar precios entre un 10% y un 20% inferiores por la urgencia, Decotto señaló que los valores siguen siendo buenos. Además, el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor) amplió los remates y subsidia el flete y la mitad de la comisión de los pequeños y medianos productores. Y mientras continúa el operativo para sacar los animales de las islas, la Sociedad Rural de Goya tiene previsto realizar un remate el 28 de octubre para productores de distintas escalas. La posibilidad de reunir hacienda de varios establecimientos permite completar cargas y facilitar la venta.

El vuelco de un camión con caballos en la A-5 obliga a desviar el tráfico en Extremadura

Un accidente con doce coches implicados obliga a cortar la A-8 en Gijón en sentido Galicia

La lluvia torrencial en Oliva (Valencia) obliga a hacer rescates en helicóptero

Fuerte incendio en Tláhuac obliga a evacuar a 80 personas por quema de desperdicios industriales

La emergencia movilizó a bomberos y personal de Protección Civil; autoridades reportaron el fuego sofocado, retiraron cilindros de gas y realizaron labores de enfriamiento

La alerta naranja obliga al Levante a cambiar su plan de entrenamiento

Se reactiva la Lotería de Visas en 2027 y una jueza obliga a Marco Rubio a poner fecha

La Lotería de Visas de Estados Unidos volverá a tener un calendario de inscripción para su edición 2027 luego de que una jueza federal ordenara al gobierno establecer fechas concretas para poner en marcha el programa. La decisión alcanza al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), encabezado por Marco Rubio, que no había iniciado el procedimiento correspondiente a ese período.Lotería de Visas 2027: cuáles son las nuevas fechasLa magistrada Jinsook Ohta, del Distrito Sur de California, concedió una orden judicial preliminar en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio. El litigio cuestionó la falta de apertura del registro y derivó en una resolución que establece obligaciones y plazos para las autoridades federales.Según el fallo, la demora del gobierno fue considerada arbitraria y contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo. La decisión busca que el programa avance conforme a las disposiciones vigentes y que los aspirantes dispongan del período de inscripción previsto para presentar sus solicitudes.La orden judicial inicial contemplaba que el DOS anunciara el calendario antes del 15 de octubre y comenzara a recibir solicitudes, a más tardar, el 18 de octubre. También establecía como fecha límite el 19 de noviembre para informar a las personas seleccionadas.Sin embargo, ambas partes solicitaron modificar el cronograma. La jueza aceptó el planteo y extendió el plazo para iniciar el registro hasta el 1° de noviembre. La inscripción deberá permanecer abierta durante un mínimo de 30 días, de acuerdo con las condiciones fijadas por el tribunal.El nuevo calendario también establece que los seleccionados deberán ser notificados, como máximo, el 3 de diciembre. El DOS tendrá que continuar con el procesamiento de los casos hasta completar el cupo disponible o hasta el 30 de septiembre de 2027, cuando finaliza el año fiscal, lo que suceda primero."El tribunal ordena que el Departamento procese las solicitudes según los estándares habituales", señaló el abogado Curtis Morrison de Red Eagle Law en su cuenta de X. "Además, el tribunal señaló que está abierto a modificar dicho plazo si las partes lo estipulan, es decir, entre Red Eagle Law y el secretario Rubio. ¡Así que ganamos!", agregó.El bufete de abogados Red Eagle Law festeja como una victoria la resolución judicial contra Marco RubioQué es la Lotería de Visas y cuántas residencias ofreceEl Programa de la Lotería de Visas fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para facilitar la inmigración legal desde países con niveles históricamente bajos de migración a EE.UU. El mecanismo permite asignar hasta 55.000 visas de inmigrante por año fiscal, destinadas a quienes resulten seleccionados y cumplan las condiciones exigidas.La participación comienza con un formulario electrónico que debe enviarse durante el período oficial de registro. Luego, un sistema computarizado selecciona a los participantes al azar. La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente en el portal oficial del programa: dvprogram.state.gov. Además, la agencia aclara que ser seleccionado no significa recibir automáticamente una visa ni obtener la residencia permanente. Los candidatos deben superar los controles de seguridad, acreditar los requisitos migratorios y cumplir las condiciones educativas o laborales establecidas. Entre ellas, se contempla haber completado la educación secundaria equivalente o contar con al menos dos años de experiencia en una ocupación que requiera capacitación específica, dentro de los cinco años anteriores.Qué países pueden participar y cuáles son las condicionesLa elegibilidad depende, entre otros factores, del país de origen considerado por las reglas del programa. Quedan excluidos los países desde los cuales hayan emigrado a EE.UU. 50.000 personas o más durante los cinco años fiscales anteriores, según los criterios aplicables a la lotería.Existen excepciones limitadas relacionadas con el país de nacimiento del cónyuge o de los padres, siempre que se cumplan las condiciones oficiales. Por eso, antes de iniciar el trámite, los interesados deberán revisar las reglas específicas que correspondan a su situación.La resolución judicial no modifica los requisitos de admisión ni garantiza la entrega de visas a todos los seleccionados. Su alcance consiste en obligar al Departamento de Estado a abrir el registro, respetar los plazos establecidos y procesar los casos conforme a los procedimientos habituales.

Sequía obliga al cierre de 214 fincas camaroneras y reduce la producción en Honduras

El sector atribuye las pérdidas al incremento de la salinidad del agua y al menor crecimiento del crustáceo en los estanques.

Régimen de Cuba obliga a tener clases presenciales pese a los apagones, escasez de combustible y déficit docente

La ministra Naima Trujillo reconoció que el comienzo del ciclo lectivo exige esfuerzos adicionales de alumnos, familias y trabajadores, ante dificultades de transporte, cortes eléctricos y problemas logísticos en los centros escolares

Pablo Borraz, arquitecto: "Aunque tu casa tenga ventanas, la normativa obliga a tener sistema de ventilación"

Para incorporar un sistema de recuperación mecánica se necesita un presupuesto de entre 2.000 a 8.000 euros

México firma decreto que obliga a plataformas digitales regular contenidos para menores de edad: habrá sanciones de no cumplir la ley

Esta iniciativa será publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

Los coches que odian los mecánicos: "Hay coches en los que cambiar una bombilla te obliga a quitar una rueda"

El experto Rubén Fidalgo detalla qué modelos convierten reparaciones habituales en intervenciones largas y costosas por el difícil acceso a sus componentes

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

El INE ha confirmado el dato definitivo del IPC, el más alto desde febrero de 2023, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y los paquetes turísticos

Marcos Galperin cuestionó la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos

Marcos Galperin cuestionó la normativa del Banco Central (BCRA) que obliga a entidades financieras, fintech y billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total (CFT) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de los préstamos que ofrecen a los usuarios. Además, definió al indicador como "falso e incorrecto".Sus críticas surgieron a partir de la publicación del economista Agustín Etchebarne en X, quien había difundido una captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago como parte de un mensaje sobre "Educación Financiera".En el posteo Etchebarne advertía: "Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tenés que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor". El mensaje estaba acompañado por una simulación de crédito de Mercado Pago en la que un usuario recibía $10.000 y debía devolver el dinero en 12 cuotas fijas de $1.208,02. En total, el cliente terminaba pagando $14.496,24. La pantalla mostraba además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36%. Ese último indicador aparecía destacado en la imagen con la frase "Baratitos los préstamos de MELI".Galperin respondió ese posteo y cuestionó específicamente el indicador que exige mostrar la entidad monetaria. "El 'Costo Financiero Total Efectivo Anual' que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca", sostuvo en X.Noticia en desarrollo

Clima extremo: El Niño obliga a reescribir los protocolos de seguridad en las Cataratas y continúa el alerta en la región

POSADAS.- El cambio climático y el fenómeno de El Niño están obligando a las autoridades del Parque Nacional Iguazú, el más visitado de la Argentina, a reescribir los protocolos de seguridad y tomar medidas que no tienen precedentes.Las persistentes lluvias en el sur de Brasil, en las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, provocaron esta vez un aumento del caudal del río con el salto de agua más famoso del mundo a un nivel de 12.000 metros cúbicos por segundo el lunes: unas diez veces el normal.Por ese motivo, las autoridades del parque nacional junto a la concesionaria, Iguazú Argentina SA, tomaron la decisión inédita de restringir el acceso del público a todo el predio, es decir, a todos los paseos: Circuito Inferior, Circuito Superior, Tren Ecológico, Sendero Verde o Sendero Macuco.La Garganta del Diablo ya estaba cerrada preventivamente desde el 3 de agosto pasado, y sus pasarelas y barandas rebatidas, desarmadas y puestas a resguardo en tierra firme, en previsión de estas crecidas extraordinarias."La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina SA informan a la comunidad, agencias de viajes y visitantes que, debido a la crecida registrada en el río Iguazú -alcanzando niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo- se ha implementado el protocolo de seguridad preventivo", indicó el comunicado conjunto entre la intendencia y el concesionario, divulgado este lunes a la mañana."Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy", informó el escrito.Teniendo en cuenta que es una de las atracciones más visitadas del país (recibe más de 1,5 millones de visitantes al año) tanto las autoridades del parque como la concesionaria quieren evitar la palabra "cierre" porque temen que los posibles visitantes, ante la duda, opten por otros destinos."El parque implementa los protocolos de seguridad, pero está abierto y sus atracciones están disponibles, no queremos que haya malos entendidos, más allá de alguna medida extraordinaria que siempre pone en primer lugar la seguridad del visitante", explicaron a LA NACION desde la empresa concesionaria.Reabriría mañana, martes"Más tarde vamos a evaluar no solo el nivel del río, sino también el estado de las pasarelas, porque hay muchos troncos, ramas, sedimentos, pueden aparecer animales muertos", dijo a LA NACION el intendente del parque, José María Hervás."Si todo va bien, mañana podríamos reabrir, aunque la lluvia es persistente y el nivel no está bajando con la rapidez que lo había hecho en otras ocasiones recientes", comentó Hervás, en momentos en que el caudal estaba ya en 11.500 m3/s.El cierre de la Garganta del Diablo el 3 de agosto pasado y el desarme de la enorme estructura de hierro de casi 2 kilómetros también fue una medida inédita en la historia del parque y otra muestra de cómo el cambio climático y la naturaleza obligan a adaptarse a las nuevas condiciones.Por primera vez, no se esperó a la feroz crecida del río para inhabilitar el paseo y rebatir las pasarelas, sino que se decidió cerrarlo preventivamente a la espera de la crecida, desarmar todas las pasarelas, barandas de hierro y demás estructuras desmontables (solo quedaron los pilotes de concreto), y ponerlas a resguardo en tierra firme.El Niño y las complicaciones: debido a la fuerte crecida del río Iguazú, cierran por hoy el acceso a las CataratasEl cálculo que hicieron es que si el río volvía a arrasar buena parte de las barandas y pasillos, y destruía una parte como sucedió con la crecida de octubre de 2023, reconstruirla iba a tener un costo en dinero y tiempo mucho mayor al del costo de desarmar todo, guardarlo y volverlo a armar cuando las condiciones se normalicen.Aquella vez, el paseo más visitado de Iguazú estuvo nueve meses cerrado al público."Con 8000 metros cúbicos por segundo ya el río toca el nivel del piso del balcón de la Garganta del Diablo y con 10.000 ya lo sobrepasa", indicó Hervás, quien está al frente del área protegida más visitada desde 2024.Del otro lado de la frontera, el Parque Nacional do Iguaçú también restringió el acceso a las pasarelas que llevan a la Garganta del Diablo de su orilla, aunque dejó habilitados los paseos por los senderos altos, muy alejados y a un nivel mucho más alto del caudal del río.Toda la región, en alertaMás allá de las Cataratas, en toda la zona de la Triple Frontera se están observando escenas de una crecida del río sin precedentes.Una postal impactante es el acceso al puerto internacional de Iguazú, desde donde se toman lanchas y balsas a Paraguay, totalmente tapado por el agua, que casi toca el techo.Tanto este paso fronterizo sobre el río Iguazú como los pasos fronterizos por lanchas y/o balsas a lo largo del Alto Paraná (Eldorado, Jardín América, Montecarlo, Puerto Rico) se encuentran cerrados hasta nuevo aviso.Además, las autoridades brasileñas han evacuado algunas viviendas de las zonas bajas de Foz de Iguaçú, mientras que en Ciudad del Este también permanecen en alerta ante la posible necesidad de evacuar viviendas de zonas bajas del río Paraná.Cabe destacar que en esta zona, tantos los ríos Iguazú como Paraná corren encajonados y a muchos metros por encima están las ciudades, con lo cual el alerta de evacuación siempre está restringido a las zonas ribereñas, donde hay unos pocos asentamientos.Las localidades río abajoEn la ribera del río Uruguay también se suspendieron los cruces fronterizos por balsa o lancha y se emitieron alertas naranjas, que es el estatus previo a la necesidad de evacuación de la zonas ribereñas.En las localidades correntinas y entrerrianas como Santo Tomé, Monte Caseros, Paso de los Libres o Concordia, se restringieron también accesos a zonas costeras, ya con el agua ingresando a algunas de ellas. En estas provincias, el río ya corre al nivel de las ciudades y pueblos, y son comunes las inundaciones en los sectores ribereños.De la misma forma, en Corrientes río abajo de la represa de Yacyretá la población está en alerta en localidades como Ituzaingó, Paso de la Patria o Goya, por si las crecidas continúan subiendo el nivel del río y se hace necesario evacuar.En Ituzaingó, la apertura del vertedero de Aña Cuá dejó ver imágenes impactantes de un caudal corriendo a toda potencia bajo las enormes compuertas, lo cual provocó la inundación de las playas de esa localidad turística muy visitada por correntinos y misioneros.Todas las autoridades consultadas repiten lo mismo: es necesario actualizarse permanentemente de los partes oficiales, para estar atento a la tendencia en los próximos días.Una situación es que el río crezca hasta cierto punto, luego las lluvias cedan y los niveles bajen lentamente, para unos días después reiniciar el ciclo lluvia-crecida-alerta. Todos en esta región esperan que El Niño no dé respiro durante un buen lapso más respecto de estas condiciones.Otro escenario muy distinto sería que las lluvias no paren y el caudal continúe subiendo a niveles récord, llevando la situación de alerta a niveles críticos y forzando medidas más extremas.PerspectivaEl titular de la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales (OPAD) de Posadas, Favio Cabello, alertó sobre la continuidad de las lluvias que afectan a toda la región del Litoral."Estamos ya en el mes de octubre y las condiciones de inestabilidad van a ir aumentando en la medida que nos vamos acercando al verano", indicó Cabello, en declaraciones a MisionesOnline."En la escala de crecimiento estamos en un escalón número siete. Todavía nos faltan tres escalones para llegar a la máxima magnitud. En noviembre vamos a tener El Niño ya en su máxima magnitud y va a perdurar hasta enero inclusive", detalló.

La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app

El fundador de Mercado Libre cuestionó el método de cálculo del Costo Financiero Total Efectivo Anual, que la normativa exige mostrar. Qué establece la norma, cómo define el BCRA al CFT y qué recomienda a quienes piden un préstamo.

Desde el Congreso piden eliminar 'mico' que beneficiaría a candidatos presidenciales pese a no alcanzar el umbral: no se les obliga a retornar anticipos

La reforma al artículo 22 de la Ley 1475 buscaría imponer el reintegro de fondos estatales a aspiraciones que no obtengan la votación mínima, como ocurre en los comicios legislativos y locales

Un error obliga a OpenAI a retirar tres estudios matemáticos hechos con IA tras presentarlos como un hito histórico

La empresa detrás de ChatGPT había presentado 722 manuscritos como un hito histórico, pero matemáticos de Cornell e Imperial College piden cautela antes de celebrarlo

La lluvia obliga a detener varios partidos en el Másters de Shanghái

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras el fuerte movimiento sísmico de este viernes, obligó a reorganizar operaciones aéreas en la región. AERIS confirmó que la terminal costarricense funciona con normalidad, aunque se esperan demoras en vuelos con destino a Panamá.

El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Ministerio de Capital Humano recurrió la sentencia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la aplicación de la norma. El Ejecutivo argumentó que la medida compromete el equilibrio fiscal y cuestionó la vía judicial utilizada por las universidades. Leer más

El volcán KÄ«lauea obliga a cerrar senderos en Hawái por más de 200 terremotos y el riesgo de desprendimientos de roca

Las restricciones afectan dos rutas que descienden hacia el fondo de la caldera. Los especialistas también identificaron una grieta de 15 centímetros de ancho y mantienen la vigilancia sobre la actividad del magma

Malvinas: el conflicto que obliga a las empresas a revisar sus negocios y sus socios

La cuestión Malvinas dejó de ser un asunto reservado a la política exterior y la defensa. Las decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales también pueden generar consecuencias para empresas, inversores, accionistas, proveedores y contratistas. El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes. El alcance informado incluye a empresas que participarán directamente de esas actividades, a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios. Esto amplía el alcance de la situación y puede involucrar a actores que no participan directamente de la explotación. En septiembre se anunciaron 15 nuevos procedimientos, que se sumaron a los 45 comunicados días antes. En total, son 60 personas y entidades alcanzadas por las actuaciones informadas oficialmente. Se trata de investigaciones en curso, no de sanciones firmes para todos los involucrados. Ver Comunicados oficiales N.° 158 y 161. La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental. La norma contempla multas, inhabilitaciones, suspensión de actividades y consecuencias específicas para las personas jurídicas. El dato más relevante para las empresas es el alcance de la investigación: la exposición puede extenderse más allá de quien opera directamente un proyecto. El riesgo también circula por la cadena Una empresa puede quedar vinculada con una operación a través de sus accionistas, proveedores, contratistas, financiadores o socios comerciales. Esa posibilidad obliga a revisar cómo se analiza una relación de negocios. Durante mucho tiempo, la debida diligencia se concentró en verificar la existencia legal de un proveedor, pedir cierta documentación y revisar antecedentes básicos. Situaciones como la de Malvinas, junto con la evolución de las regulaciones internacionales y de los estándares de gestión, muestran que las empresas deben prestar cada vez más atención a su cadena de valor. La debida diligencia permite conocer a los socios de negocio, anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones empresariales. También ayuda a fortalecer los ecosistemas de los que depende una operación. Las empresas necesitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de sus contrapartes, qué sociedades integran sus grupos económicos, en qué proyectos participan, qué actividades desarrollan sus propios proveedores, qué riesgos presentan y qué medidas aplican para mitigarlos. También deben contar con mecanismos para detectar cambios. Una relación comercial que parecía adecuada al momento de la contratación puede quedar expuesta por una sanción, una investigación, una modificación normativa o un cambio en la estructura societaria de un tercero. La conexión con Vaca Muerta y la minería El caso Malvinas no significa que los proveedores de Vaca Muerta o de la minería queden automáticamente alcanzados por las mismas medidas. La relación es más concreta: muestra cómo un riesgo originado en una operación puede extenderse a través de su estructura societaria y su cadena de servicios. Vaca Muerta, la minería, la energía y la infraestructura reúnen proyectos de gran escala, múltiples contratistas y relaciones comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones. En ese contexto, una empresa operadora depende de una red de proveedores técnicos, logísticos, financieros, ambientales, tecnológicos y profesionales. Cada uno de esos actores puede incorporar riesgos al proyecto. Una situación legal irregular, un incumplimiento ambiental, una denuncia laboral, una estructura societaria opaca o una relación con una entidad sancionada puede afectar la continuidad de un contrato, una auditoría, una decisión de financiamiento o la reputación de toda la cadena. Por eso, los grandes operadores buscan proveedores que puedan demostrar algo más que capacidad técnica. Necesitan conocer su estructura, su situación patrimonial, sus antecedentes, sus controles internos y la forma en que gestionan a sus propios subcontratistas. La debida diligencia de cadena de valor también empieza a ser una condición para las empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a estos mercados. Una condición para hacer negocios Muchas empresas quieren convertirse en proveedoras de grandes compañías energéticas, mineras, industriales y de infraestructura. Para lograrlo, la capacidad técnica es indispensable, pero también cuenta la posibilidad de demostrar cómo funciona la empresa y qué riesgos tiene bajo control. Los procesos de evaluación y aprobación de proveedores pueden incluir información societaria, financiera, laboral, ambiental y de integridad. En el sector minero, incluso existen registros y programas específicos orientados al desarrollo de proveedores y a la conducta empresarial responsable. La propia Cancillería reconoce la debida diligencia como una herramienta para fortalecer las cadenas de suministro, gestionar la incertidumbre y generar valor sostenible. Guía oficial sobre la debida diligencia. Para una empresa proveedora, prepararse para ese proceso puede definir su acceso a una oportunidad comercial. La pregunta ya no es solamente si puede prestar un servicio. También importa si puede acreditar quiénes son sus socios, cómo gestiona a sus terceros, qué controles aplica y cómo responde frente a un incumplimiento. Cumplir y poder demostrar En un contexto de mayor control regulatorio, una empresa debe poder explicar cómo evaluó sus relaciones comerciales. Los directorios y las áreas ejecutivas deberían conocer las respuestas a preguntas básicas: ¿Quiénes son los beneficiarios finales? ¿Se revisaron los vínculos directos e indirectos? ¿Se analizaron los antecedentes de los proveedores críticos? ¿Existen cláusulas para actuar ante un incumplimiento? ¿Hay un responsable de monitorear cambios? ¿La empresa puede demostrar qué información tuvo en cuenta antes de tomar una decisión? La trazabilidad importa porque permite distinguir entre una organización que afirma gestionar sus riesgos y otra que puede acreditar cómo lo hizo. Esto requiere coordinación entre las áreas de compras, legales, compliance, finanzas, sostenibilidad y negocio. También exige actualizar la información durante la relación, especialmente en proyectos de alta exposición. No todas las relaciones comerciales requieren el mismo nivel de análisis. El criterio debe ser proporcional al riesgo. Una empresa que contrata un servicio menor no enfrenta la misma exposición que una compañía que participa en un proyecto energético, accede a beneficios fiscales o integra una cadena de suministro estratégica. Una responsabilidad compartida La gestión de riesgos en la cadena de valor no corresponde únicamente a las grandes compañías. También involucra a las empresas proveedoras. Los operadores deben definir expectativas claras y controles proporcionales. Los proveedores deben prepararse para responder con información confiable y demostrar que conocen sus propias relaciones comerciales. La debida diligencia no debería aparecer después de una crisis, una investigación o una auditoría de un cliente. Tiene que formar parte de la estrategia de las empresas que buscan integrarse a negocios de energía, minería e infraestructura. La cuestión Malvinas muestra que una decisión vinculada con recursos naturales puede tener consecuencias para una red amplia de actores. Esa realidad ofrece una enseñanza aplicable a cualquier sector estratégico: una empresa debe conocer no solo el contrato que firma, sino también el contexto, la estructura y los riesgos que acompañan a la relación. Para quienes buscan participar en los grandes negocios de energía, minería e infraestructura, la debida diligencia de cadena de valor será cada vez más parte de la competitividad. Conocer a los socios, proveedores y contratistas permite anticipar problemas, proteger la continuidad del negocio y construir confianza. En mercados de alta exigencia, esa capacidad puede definir quién logra ingresar a una cadena y quién queda afuera. Paula Cortijo, abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor. Founder y CEO, Transparencia Latam.

Más acceso, pero más riesgos: el avance de las fintech y la IA obliga a cambiar la forma de tomar decisiones

Especialistas reunidos en el XX Congreso de Economía y Gestión advirtieron que la expansión de las fintech y la inteligencia artificial está transformando el acceso al crédito, las inversiones y los procesos empresariales. Leer más

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

El valor medio de la vivienda sobre la que se solicita financiación cae hasta los 268.333 euros en el tercer trimestre, mientras que el importe medio pedido alcanza los 207.667 euros

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Huracán Isaías obliga a suspender clases en 27 municipios de Yucatán

El ciclón alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora

Ley de Tierras: un fallo judicial obliga al Gobierno a preservar los datos sobre tierras rurales

Un fallo judicial exigió al Gobierno resguardar el registro de campos en manos de extranjeros tras el reclamo de la Defensoría bonaerense, mientras la oposición en el Congreso afina su estrategia para revertir la desregulación del DNU 70/23 y proteger el suelo nacional. Leer más

La Corte Suprema dejó firme un fallo que obliga a la provincia de Buenos Aires a garantizar el suministro de agua potable en Bragado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar en un plazo máximo de seis meses las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, afectada por las altas concentraciones de arsénico.El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa que alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona. Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, lo que supera los límites permitidos. Por eso los vecinos plantearon una acción de amparo para obligar a la provincia a realizar trabajos necesarios para mejorar la calidad del agua de acuerdo con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino y otros organismos internacionales.Además, demandaron a la Provincia de Buenos Aires, responsable sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para efectuar el suministro de agua a la población de Bragado. Y reclamaron declarar la inconstitucionalidad de una resolución (N° 34/2012 y N° 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Pesca, y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) que permitió una excepción en el Código Alimentario para consumir el agua con esos valores de arsénico. En 2021, el juzgado de Garantías del Joven 1 de Mercedes ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días comenzara a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en Bragado. Y mandó a que los valores máximos no debían exceder la composición microbiológica y físico-química del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico. No podía superar el umbral de 0,01 mg/l, nitratos, flúor, y sólidos disueltos, conforme a la normativa vigente.El juzgado instó a trabajar en un proyecto para garantizar la sanidad del agua para la población del municipio de Bragado.La empresa apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la presentación y ratificó la orden para que ABSA comience las obras que aseguraran la mejora en la calidad y potabilidad del agua. Siempre con la idea de que el nivel arsénico no podía ser superior a 0,01 mg/l.Contra esa decisión, ABSA planteó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que confirmó en todos sus términos la decisión. Pero la empresa provincial buscó la revisión de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que la sentencia vulneraba la autonomía provincial regulatoria y que se le reclamaba un parámetro de calidad de agua que la ley no exige. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la presentación inadmisible y dejaron firme la decisión.

Invasión de ramas, grietas en un tapial y un juicio entre vecinos: la Justicia obliga a una mujer a podar árboles y plantas

Con informes agronómicos y de ingeniería civil como prueba, un tribunal aplicó los límites al dominio por razones de vecindad y ordenó extraer un tronco, realizar podas correctivas y controlar los rebrotes. Además, condenó a la propietaria a pagar el 40% de los costos de reparación de las grietas y deformaciones estructurales constatadas en el muro divisorio

El adelanto electoral obliga a la nueva coalición Sumar a elegir ya candidato

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La alerta roja obliga a suspender 19s partidos de fútbol en varias zonas de Badajoz

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El temporal obliga a suspender la alta velocidad ferroviaria entre Barcelona y Tarragona

Caótica vuelta de formación obliga a un segundo retraso de la salida en Sepang

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

El suceso ha ocurrido durante la madrugada en San Vicente de la Sonsierra

"Ningunismo": el fenómeno que desvela al Gobierno y lo obliga a rediscutir la estrategia electoral

El oficialismo discute la manera de renovar el vínculo con el electorado. La necesidad por un nuevo mensaje, el fantasma de Kicillof, el acuerdo con los gobernadores aliados y la agenda legislativa para llegar con aire a 2027

La salud de Mette-Marit de Noruega obliga a aplazar su debut como reina: el rey Haakon inaugura el Parlamento con su heredera

La esposa de Haakon continúa de baja médica tras su trasplante de pulmón y no ha podido acompañar al monarca en la inauguración del parlamento

Un nuevo ES-Alert en Cataluña obliga a confinar las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) por riesgo de inundaciones

La vivienda en España pende de una mansión en Waterloo: Junts dinamita los decretos y obliga a Sánchez a reaccionar para evitar un mayor estallido social

La decisión se ha conocido tras una reunión telemática de la ejecutiva convocada de urgencia por el secretario general Jordi Turull

La TSA retira las sillas de los controles de seguridad en los aeropuertos y obliga a los agentes a permanecer de pie

La medida llega dos meses después de la llegada de David Cumins a la agencia, mientras el sindicato que representa a esos trabajadores denuncia que la decisión se tomó sin ninguna consulta previa

Trump firmó la orden que obliga a todas las agencias a integrarse a America.gov: qué cambia y cuándo

Los servicios con más de 100.000 usuarios al año tendrán que conectarse a la plataforma. Los trámites de pasaporte y Medicare llegan más adelante

Crecida del arroyo Garandina obliga a evacuar a 16 personas en Corte de Peleas (Badajoz)

El acuerdo de Chicago que obliga a vender una aerolínea usada por el DHS en deportaciones de migrantes

En el marco de las negociaciones sobre la aprobación de la transferencia del contrato de privatización de los parquímetros de Chicago, en Illinois, una de las partes involucradas aceptó la condición de vender la aerolínea Omni Air International. Esta empresa fue usada en vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo el segundo mandato de Donald Trump.El acuerdo por los parquímetros de Chicago que exige vender Omni AirLos líderes del Ayuntamiento de Chicago, encabezados por la presidenta del Comité de Finanzas, Pat Dowell, avanzaron con un acuerdo con la firma de inversión neoyorquina Stonepeak Partners.Las negociaciones actuales se desprenden del contrato firmado en 2008 por el entonces alcalde Richard M. Daley, quien arrendó los 36.000 parquímetros por 75 años a cambio de 1150 millones de dólares.En el acuerdo presentado este mes, Stonepeak ofreció US$2530 millones para adquirir los 57 años restantes del contrato de los parquímetros. Uno de los puntos centrales establece que la firma debe desprenderse de Omni Air International. La cláusula surge como respuesta a las críticas hacia la aerolínea por su participación en los traslados de deportación de migrantes llevados adelante por el gobierno federal, según informó Chicago Sun-Times.La ciudad es una de las jurisdicciones que implementa políticas de santuario para proteger a los inmigrantes de las operaciones de control migratorio y resguardar sus derechos.Otro punto corresponde a que la ciudad recibiría un pago de US$75 millones al cierre de la transacción y una participación del 5% sobre los ingresos netos a lo largo del contrato, estimada en US$376,2 millones.Además, según las autoridades, esto resultaría en una reducción en las costosas compensaciones que la ciudad está obligada a pagar a la concesionaria cada vez que inhabilita lugares de estacionamiento por obras o eventos públicos.El contrato de parquímetros de Chicago: US$1150 millones y 75 añosEl contrato de 2008 tuvo como objetivo principal equilibrar las arcas municipales. Daley utilizó los ingresos para evitar aumentar los impuestos sobre la propiedad en la ciudad, mientras que las tarifas de los parquímetros aumentaron.En el centro de Chicago, las tarifas pasaron de US$3 a US$6,50 por hora, además de que las cláusulas costaron decenas de millones de dólares a los contribuyentes.El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una nueva orden ejecutivaChicago define antes del 30 de septiembre la venta a StonepeakEl alcalde Brandon Johnson presentó inicialmente una oferta de US$3200 millones para recomprar los parquímetros y devolverlos a control público, pero desistió tras determinar que los riesgos financieros y políticos eran excesivos. Tras retirar su propuesta, dejó la decisión final en manos del Concejo Municipal.Ahora, los concejales tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar la transacción con Stonepeak. De rechazar el compromiso, Chicago se expone a un arbitraje, que podría imponer a la ciudad una costosa multa u obligarla a realizar la venta. Además, el grupo inversor podría presentar una demanda judicial.El exfiscal federal Dan Webb, representante del grupo vendedor, advirtió que un colapso de la venta por incumplimiento de contrato podría desencadenar una "catástrofe financiera" para las arcas municipales."Si la ciudad incumple el contrato de arrendamiento de 75 años, y como consecuencia la venta a Stonepeak fracasa, se destruirán activos por un valor de miles de millones de dólares por los que la ciudad será legalmente responsable", señaló.