Lo resolvió el plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Un decreto no puede suspender una ley", aseguraron. Leer más
Los rectores de las universidades públicas nacionales acordaron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795) durante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Sin embargo, aún restan detalles de la estrategia jurídica. Horas antes, el Consejo Superior de la UBA también aprobó que iniciarían acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo ejecute de manera efectiva la ley. El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la norma de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. "Un decreto no puede suspender una ley", dijo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Además de la acción judicial, los rectores de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.Por su parte, Fedun -la Federación de Docentes Universitarios- y Conadu -la federación nacional de docentes universitarios- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Se reunirán la próxima semana para decidir las próximas medidas.
Así lo decidió el Consejo Superior, que insistirá por vía judicial la aplicación de la norma aprobada por el Congreso, y que ya fue promulgada.El Ejecutivo también suspendió la aplicación de la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría.
La Universidad de Buenos Aires aprobó mediante resolución unánime de su Consejo Superior el inicio de las acciones judiciales pertinentes para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. Leer más
Dos meses después de que el Estado anunciara que dejará de financiar las obras que representan al país en la Bienal de Venecia, una polémica está instalada en el ámbito del arte. En un video compartido en Instagram por el colectivo Estrella del Oriente, que integran los artistas Pedro Roth, Roberto Plate, Daniel Santoro, Ana Aldaburu, Juan Carlos Capurro, Mirta Gontad y María Negro, se denuncia que los cambios realizados en el reglamento para el concurso de los envíos de 2026 resultan discriminatorios, ya que solo podrían representar al país aquellos creadores que pudieran costear sus propias obras. La convocatoria estuvo abierta hasta el 25 de septiembre y se espera que durante este mes el jurado dé a conocer el trabajo ganador.Como un "Disney" de la creatividad, a una hora de Belo HorizonteTal como informó LA NACION en agosto, la Cancillería, junto con la Secretaría de Cultura y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, confirmó que no habría más financiamiento público para la producción de la obra para la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que desde mayo del próximo año, se presentará con el lema propuesto por la curadora Koyo Kouoh "In Minor Keys" (En clave menor). En cambio, se destinarán fondos para cubrir gastos logísticos y de funcionamiento del Pabellón Argentino. Oportunamente, Cancillería precisó que el Estado no afrontaría los costos de creación ni montaje artístico, que deberán ser asumidos por los propios postulantes o mediante patrocinadores privados. De esta manera, el financiamiento artístico queda en manos de los participantes.Ya en 2024 hubo controversias por el tema económico, cuando la ex canciller Diana Mondino, al presentar la instalación de Luciana Lamothe en el Palacio San Martín, pidió "que la próxima obra sea más barata, por favor".Hasta estos cambios en la reglamentación, el Estado siempre se hizo cargo de los envíos nacionales a la Bienal (en algunos casos, también con la colaboración de particulares). En la 59ª edición, Mónica Heller realizó una videoinstalación multicanal de animación 3D, poblada de personajes en continua transformación, presentada en un clima fantástico ambientado por sonidos artificiales. Heller, quien participó de la primera edición del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2009), fue la tercera mujer consecutiva en representar al país en los últimos años en Venecia, tras los envíos de Mariana Telleria y Claudia Fontes.Consultada ahora sobre la nueva reglamentación acerca del envío, Heller es contundente: "Para mí, ningún artista debiera presentarse y habría que dejar el lugar desierto. Esto va en consonancia con las políticas de Estado en materia de salud, cultura, ciencia y educación", señaló. Y agregó: "Hay otras formas de financiamiento: en mi participación y en otras, el Estado argentino ponía una parte y el resto eran contribuciones de particulares y coleccionistas que apoyaban el envío a Venecia: había un apoyo y una decisión política de tener ese lugar en la Bienal".Gabriel Chaile, artista convocado por la curadora Cecilia Alemani para la muestra central de la última Bienal, manifestó su preocupación: "Me parece polémico: todo lo que tiene que ver con el Estado con este gobierno se va quitando, recortando, arrebatando. Yo me formé gracias a mis becas, subsidios y a la asistencia social del Estado. Llegué a donde estoy gracias a todas las becas públicas, desde niñito". El artista tucumano, que participará desde el 5 de diciembre en una muestra colectiva en el Guggenheim de Bilbao, completa: "No todos tenemos la capacidad de encontrarnos con un privado que sea como un Medici. Desfinanciar la Bienal de Venecia tiene consecuencias. Al recortarse el Fondo Nacional de las Artes y las becas para estudiar en la Universidad, entre muchos otras cosas, genera que la brecha se haga mucho más grande y que las voces que se escuchen sean solo de un sector privilegiado".También la Chola Poblete, que conquistó la última Bienal de Venecia está en desacuerdo con la medida adoptada: "Me parece pésimo que el Estado no pueda apoyar un proyecto, sobre todo para este tipo de evento como es la Bienal de Venecia".En diálogo con LA NACION, Daniel Santoro sostuvo que con este cambio "se produce una gran injusticia: no hay igualdad de oportunidades: quien no tiene relaciones empresariales que le permiten conseguir el dinero para realizar la presentación está en desventaja. Se desnaturaliza absolutamente algo que es muy importante: la libertad en el arte", sostuvo. "Además se trata de las representaciones nacionales, que en todos los casos son financiadas por los Estados. En todos los países, salvo en el nuestro", concluyó el integrante de Estrella del Oriente, colectivo que trabaja con la temática de las migraciones humanas. Sumaron también en el último tiempo el caso de Palestina, como una "forma forzada de migración". Para ellos, es un compromiso con la libertad del arte, "poder trabajar un tema que las empresas no estarían interesadas en financiar".Para el historiador de arte y curador Roberto Amigo, es "obvio el cercenamiento del derecho democrático de todos los artistas a poder participar". Señaló: "No es un concurso: es una convocatoria a los artistas que tienen financiamiento. Mientras que un concurso se define por las posibilidades amplias de que todos los artistas puedan participar en él. Esto es una preselección restrictiva: no se juzga calidades, ni capacidad, ni nivel de representación en el Pabellón argentino, sino a aquellos que tienen un amigo con plata o un negocio montado atrás, en el mercado. Los que sí van a poder ir a Venecia son los artistas que tienen galerías fuertes que los pueden financiar. Que lo loteen entre las galerías, entonces".LA NACION se comunicó con los integrantes del jurado que elegirá la obra que representará al país en la Bienal de Venecia, pero prefirieron no hacer declaraciones sobre este tema.
La senadora confirmó que acudirá a la Comisión de Acusaciones para que allí soliciten la información al gobierno norteamericano y que a partir de ahí se pueda denunciar a Gustavo Petro
El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, cuestionó duramente la decisión del Presidente y dijo que carece de racionalidad. "Es totalmente ridículo", declaró.
El Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas buscan terminar con una problemática en la que han participado alrededor de 3.000 connacionales en los últimos años
El objetivo es consolidar una planificación deportiva sostenida en el tiempo, sin comprometer el equilibrio fiscal.
El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo a través del Boletín Oficial hoy, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. ¿Qué argumentan? Que la medida "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".Ante esto, los rectores de las universidades públicas nacionales y los sindicatos docentes preparan una presentación judicial conjunta para pedir el inmediato cumplimiento de la ley. La oposición, en tanto, condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas.El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá mañana a las 13 en un plenario extraordinario de rectores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para definir la estrategia. "Seguramente podremos acordar hacer una acción jurídica entre todas las universidades en conjunto. Entendemos que tendrá que definir el Poder Judicial la aplicabilidad o no de la ley, y seguimos planteando la necesidad del presupuesto 2026", adelantó a LA NACION Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa. "Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone. Y es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en este caso que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, refiere a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para encontrar una respuesta. En consecuencia, corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley", consideró, Franco Bartolacci, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario. La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ."Lamentablemente no podemos decir que no lo vimos venir. El antecedente de la emergencia en discapacidad dejó, una vez más, a las claras que el Gobierno no solo es cruel con áreas muy sensibles del Estado si no que también poco quiere tener que ver con la democracia y la división de poderes. Tenemos una ley aprobada con dos tercios de ambas cámaras y el Gobierno insiste en buscar artilugios técnicos para dañar la educación", sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Por su parte, Fedun -la federación que agrupa a los docentes universitarios- y Fatun -que representa al personal no docente- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país y participarán de la acción judicial conjunta. "La comunidad universitaria va a recurrir a la Justicia, pero nos preocupa mucho que se pone en peligro el sistema democrático cuando un Presidente no cumple con la ley. Le pide al Congreso que diga de dónde sacar los fondos cuando ya hace dos años que el Poder Ejecutivo discrecionalmente decide los fondos de toda la administración pública porque no tiene presupuesto", opinó Jorge Anró, Secretario Adjunto de Fatun. Y agregó: "Con los salarios de hambre que estamos cobrando, con las becas congeladas hace casi dos años y las obras paralizadas, me parece que es el momento para que la comunidad universitaria diga hasta acá llegamos y que frenemos el funcionamiento de la universidad". El Secretario General de Fedun, Daniel Ricci, dijo: "Nos parece lamentable que el Presidente no acate una ley que ha emitido el Poder Legislativo, es una cosa nunca vista en la historia de la democracia de nuestro país. Más allá de la medida de fuerza que realizamos hoy, también estamos llamando a todos los argentinos que se expresen electoralmente el 26 de octubre apoyando las propuestas que defiendan la universidad pública".
Es el primer ex presidente francés en ir a prisión desde la Segunda Guerra Mundial. Lo condenaron a cinco años por recibir dinero de Libia para su campaña electoral de 2007. Leer más
Significa la vuelta del aporte del 1% de lo que recaudan las compañías TIC. En el primer año recaudaría USD 70 millones. Oposición de LLA
El Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones. Consideran que los proyectos son "inviables" sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles para financiar los gastos. Leer más
"La situación es realmente acuciante. Es desesperante en términos de los salarios docentes y no docentes, pero también en relación al presupuesto", sostuvo Leticia Medina de ADIUC. Leer más
Su puesta en marcha queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto nacional.Lo mismo había ocurrido con la emergencia en discapacidad.
Después del revés que sufrió en ambas Cámaras, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, en el marco del último día de plazo para aplicarlas, las cuales instan a entregar fondos y contemplan una recomposición salarial. El presidente Javier Milei había vetado ambas normas, sin embargo, la oposición logró ratificarlas en Diputados y en el Senado.Por medio del Decreto 759/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. De esta manera, tendrá la obligación de asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil, e incrementar la inversión en programas de becas estratégicas y de estudio en los niveles universitario y preuniversitario."El Poder Ejecutivo deberá definir las partidas presupuestarias destinadas al programa 'Desarrollo de la Educación Superior', con el fin de afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado, así como garantizar su formación continua. Las mismas deberán garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal".Además expresó: "Se dispone la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas. También se prevé la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades, junto con el impulso de las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria".En tanto, señaló que la Auditoría General de la Nación realizará un control administrativo externo de las universidades y "de manera inmediata" remitirá al Congreso informes con observaciones y un plan de seguimiento y control."La presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos", informó.Por otra parte, a través del Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que impone la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. Mediante la normativa, se decreta la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial afectado al cuidado y atención pediátrica; se establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial; y se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados cuando realice actividades críticas, horas extras o guardias.A su vez, el Garrahan fue declarado "hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad" y el Ejecutivo se encargará de reasignar partidas presupuestarias y aplicar recursos."Se pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social", escribieron en el documento.Luego explicaron: "Se busca asegurar la continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas".Este lunes, médicos del Garrahan y miembros de las universidades habían marchado en reclamo a la promulgación de las leyes y acusado que los anuncios de su aplicación habían sido "solo promesas de campaña".
Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad
Tras el veto presidencial y la falta de promulgación, los gremios universitarios vuelven a las calles. Exigen que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento y denuncian un "desguace" del sistema educativo. Leer más
La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas impide la reapertura federal y mantiene suspendidos a más de un millón de empleados públicos tras veinte días de parálisis administrativa
Conadu convocó a otra medida de fuerza en rechazo de la falta de respuesta por parte del Gobierno para promulgar la normativa que fue aprobada por el Congreso. También preparan una jornada de protestas
La periodista de Perfil, Eugenia Muzio, dialogó con Canal E desde el cierre del Coloquio de IDEA y repasó las principales impresiones de los empresarios sobre el programa económico del Gobierno, la ayuda estadounidense y las expectativas cambiarias tras las elecciones. Leer más
En un país donde el Congreso logra torcer el veto presidencial, las leyes siguen sin aplicarse. Mientras miles de estudiantes universitarios y familias con niños enfermos que buscan curarse en el Garrahan esperan que se cumpla lo votado por amplia mayoría, el Poder Ejecutivo guarda silencio. Ese silencio, en democracia, también tiene consecuencias.La Constitución Nacional es clara: cuando el Congreso aprueba una ley por insistencia â?? es decir, cuando ambas Cámaras ratifican por dos tercios un texto que el Poder Ejecutivo vetó â?? esa ley ya es ley. No es una promesa futura ni un borrador sujeto al humor del Presidente: es una norma perfeccionada que debe ser promulgada y publicada sin demora.Sin embargo, en la Argentina de hoy, ese principio básico del sistema republicano está siendo puesto a prueba. Dos leyes â?? la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica y Asistencia al Hospital Garrahan â?? fueron sancionadas por insistencia. Pese a ello, el Poder Ejecutivo aún no ha cumplido su obligación constitucional de promulgarlas.Por qué estas leyes importanNo se trata de simples diferencias políticas. Se trata de dos leyes con un impacto social profundo. La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la continuidad presupuestaria del sistema público de educación superior, en un contexto en el que las universidades nacionales han advertido que su funcionamiento está en riesgo. Su postergación afecta a cientos de miles de estudiantes y docentes que sostienen, con esfuerzo, uno de los pilares de la movilidad social argentina.Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica y Asistencia al Hospital Garrahan asegura recursos y cobertura operativa para uno de los centros de salud infantil más emblemáticos del país y la región. Es una norma que protege la atención de niños y niñas de todo el territorio nacional, muchos de ellos derivados desde provincias sin hospitales de alta complejidad.Ambas normas reflejan un consenso social y federal sobre la responsabilidad del Estado frente a los derechos básicos: estudiar y acceder a la salud. No son banderas partidarias, sino políticas de Estado que expresan una voluntad colectiva que el veto o la omisión no deberían poder borrar.Desobediencia constitucionalEl artículo 83 de la Constitución dispone que si ambas Cámaras insisten con una mayoría de dos tercios, el veto del Presidente no tiene ningún efecto. A partir de allí, el artículo 99 inciso 3 impone al Ejecutivo la obligación de promulgar y publicar la ley. Pero, ¿qué ocurre si no lo hace?La doctrina constitucional â?? desde Bidart Campos hasta Badeni y Sagüés â?? coincide en que la omisión no puede paralizar la vigencia de una ley. En otras palabras: la voluntad legislativa prevalece sobre la voluntad (o el silencio) presidencial.Por analogía con el artículo 80, el Poder Ejecutivo dispone de diez días para promulgar la norma. Si no lo hace, debe considerarse promulgada tácitamente. De lo contrario, se habilitaría un vacío inaceptable: un Presidente podría vetar la voluntad del Congreso no mediante decreto, sino mediante inacción.El antecedente del propio Milei: la Ley de DiscapacidadEste debate no es teórico. Este mismo año, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, y tras la insistencia con más de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, sobre el filo de los diez días, dictó el Decreto 681/2025. En su primer artículo dispuso la promulgación, pero en el segundo decidió suspender su aplicación.Fue una suerte de "promulgación con veto encubierto", una decisión que contradice frontalmente la letra y el espíritu del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que exige promulgación plena e inmediata. Ese antecedente no solo vulneró derechos concretos â?? miles de familias aún esperan la efectiva vigencia de esa norma â?? sino que además desnaturalizó el equilibrio entre poderes.Por ello propuse una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que dé explicaciones ante el Congreso. No se trata de una cuestión personal, sino de un deber institucional: cuando un funcionario firma un decreto que contradice abiertamente una ley votada por el Congreso, debe dar explicaciones ante el cuerpo que representa al pueblo, y si no genera la confianza de que siempre cumplirá las leyes, debe votarse su remoción.La defensa del principio republicanoCuando el Congreso insiste en una ley, el debate político ha terminado. Lo que resta es cumplir el procedimiento constitucional. No puede dejarse en manos del Ejecutivo la posibilidad de neutralizar la voluntad popular expresada a través del Parlamento.Por eso, solicité al Presidente de la Cámara de Diputados que documente la fecha de comunicación de las leyes insistidas, que controle el cumplimiento del plazo constitucional y que, vencido éste, disponga lo necesario para su publicación directa en el Boletín Oficial.No se trata de un tecnicismo jurídico. Se trata de preservar la esencia misma de la República: que ningún poder esté por encima de la ley. La promulgación tácita no es una invención, sino una herramienta de defensa institucional. En momentos en que el equilibrio republicano vuelve a ser desafiado, el Congreso tiene la obligación de recordar â?? con hechos, no con discursos â?? que la Constitución no se negocia. *El autor es diputado nacional
Según el Banco Central de Reserva, el crédito hipotecario creció 6,4 % interanual en agosto, impulsado por tasas de interés más bajas y un mayor acceso a financiamiento para familias que buscan vivienda propia
Con respecto a lo que tiene que suceder para que llegue una eventual ayuda de Estados Unidos, el director de Rafaela Capital dijo: "Lo que imagino es que tiene que haber por lo menos un resultado decoroso para el oficialismo". Leer más
El organismo que preside Ilan Goldfajn prevé fortalecer su presencia en el país durante la gestión de Javier Milei, con foco en más proyectos de inversión, reformas fiscales, eficiencia del gasto y desarrollo productivo.
Con respecto a la estimación del stock del sector productivo, la economista, Mónica Ortolani, afirmó que hay "unos 7 millones de toneladas". Leer más
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentó una modificación al reglamento de financiamiento participativo financiero, lo que promoverá el crecimiento de iniciativas de 'crowdfunding'
En cuanto al trasfondo de la ayuda de Estados Unidos a Argentina, el economista expresó: "Estamos frente a un abordaje colonial de los Estados Unidos sobre la Argentina con definiciones de intervención sobre la situación electoral y el panorama político". Leer más
Los presidentes de ambas compañías realizaron el anuncio en la torre de la petrolera estatal argentina en Buenos Aires. Fuerte inversión para el desarrollo de Vaca Muerta
La ministra de Seguridad expresó: "Yo desclasifiqué este informe. Este informe lo que hace es reunir toda la información que había de Fred Machado. Con esto se hace un procesamiento, una causa que arranca en el 2021". Leer más
De cara a una nueva elección legislativa, conocer cómo se financia la política y quién pone el dinero es clave para entender también a quién le deberán responder quienes resulten electos.
La primera etapa del plan vial abarca los corredores Oriental y Conexión, con 741 kilómetros en cuatro provincias y una concesión bajo régimen de peaje
Finalmente, pasó. Con los interesados de siempre, con la billetera floja y con la mano tiesa a la hora de aportar capital propio, los constructores de obra pública de toda la vida le torcieron el brazo al Gobierno y lograron que el financiamiento para hacer las obras en la primera ruta nacional concesionada por la administración Milei lo aporte el Estado.La novedad apareció ayer lunes, a 48 horas del cierre del llamado a licitación para la concesión de la llamada Ruta del Mercosur, que corre por la 12 y 14, además del puente Rosario-Victoria, pero ya había sido decidida el viernes pasado. Fue entonces cuando el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) publicó un nuevo crédito destinado a los que quieran presentar sus ofertas para quedarse con el corredor."En el marco de la licitación 504-0007-LPU25 lanzada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación para el Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) dispuso la estructuración de financiamiento a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo", dice la comunicación oficial de la entidad.Llenas de condicionamientos, mañana, cuando se abran los sobres, aparecerán al menos, cuatro ofertas, todas ellas de conocidas empresas de la obra pública vial. Según pudo establecer LA NACION, se trata de constructoras que no estaban interesadas en aportar el dinero necesario para dejar la ruta en condiciones de "transitabilidad" con dinero propio y con una garantía de cumplimiento, tal el requisito del pliego, y luego de terminada la obra, cobrarse con peaje y tiempo de concesión. Pero claro, la aparición del crédito del BICE modificó el panorama.Así las cosas, seguramente, varias de las empresas que sean de la partida deberán dividir sus días entre el juicio de Cuadernos, que impacta de lleno en el mundo de las constructoras viales, y los requisitos de la licitación, más aún en caso de ganar. La novedad cambió tangencialmente la licitación ya que hasta que se conoció la novedad, y de acuerdo a decenas de declaraciones de funcionarios del área, incluido el presidente Javier Milei, este esquema de concesiones de la obra pública vial no iba a requerir dinero del Estado sino que serían los empresarios los que aporte el capital que luego, se cobrarían con el peaje.Sin embargo, LA NACION habló con cuatro empresas, el principal problema era que nadie estaba dispuesto a financiar la obra con dinero propio. Los bolsillos de los viejos contratistas de la obra pública argentina no están acostumbrados a servirse de su capital en el mundo público ya que históricamente trabajaron con el dinero estatal. Como dice el dicho popular: "Con la nuestra"."El superávit fiscal alcanzado permite acompañar las inversiones del sector privado en obras fundamentales que hacen a la infraestructura productiva, comercial y logística del país. El monto máximo previsto es de $56.000 millones o hasta el 70% del total de la inversión que establezca el contrato de concesión y se otorga en UVA +2%, con un plazo de repago de hasta 6 años con 1 de gracia", detalla la comunicación oficial.El BICE, actuamente, está presidido por Maximiliano Voss y Evert Van Tooren, presidente y vicepresidente, y cuanta con un directorio formado por Nicolás Scioli (Hermano de Daniel), Felipe Núñez (uno de los conductores del canal de streaming oficialista, Carajo) y Martín Vauthier, economista cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia no deja de sorprender. En principio, porque se escribe a contramano del discurso libertario donde el Estado se repliega, en este caso un banco, y abandona el financiamiento público para tender una mano al sector privado. Se podrá decir que, en realidad, y técnicamente es así, el BICE financia a una empresa. Pero, detrás de esta medida se esconde dinero para la obra pública y, además, el final de una negociación con los empresarios de la obra pública que no miraban la licitación con interés.La salida del crédito del BICE, a pocas horas de la apertura de los sobres, no es ni más ni menos que el camino que se encontró a último momento para evitar otra prórroga al proceso que se inició en marzo, cuando el Estado se hizo cargo del corredor después de que termine el contrato de Caminos del Río Uruguay (Crusa), anterior concesionaria.Si bien en el mundo de la obra pública vial "nadie se pisa el poncho", como dice el dicho popular, lo cierto es que podría haber algún planteo judicial ya que semejante cambio en las condiciones modifica por completo el proyecto de licitación y genera un enorme perjuicio a todas las empresas, sean constructora o no, que hubiesen mirado con otro interés el proceso con un crédito estatal disponible.En abril, el Gobierno decidió poner fin a la concesión privada. A través de Vialidad Nacional, retiró las cabinas de peaje, asumió la administración de las rutas y dejó a unos 500 trabajadores en una situación incierta ya que, sin concesión nueva, se quedaron sin empleador. La medida generó protestas en los accesos y expuso una contradicción política: un Gobierno que pregona la reducción de su tamaño, pero que a la vez estatizó uno de los corredores más transitados del Mercosur. El acto, cargado de tensión sindical y política, fue presentado como un paso necesario ante el "incumplimiento" de Crusa y la imposibilidad de licitar a tiempo un reemplazo. Sin embargo, detrás de esta acusación a la empresa se esconden décadas de problemas que se resumen en un concepto: tarifas.Sin tarifas, con los valores congelados desde durante mucho tiempo o actualizados por debajo de la inflación y los costos, Crusa jamás pudo mantener a flote la ecuación económica financiera. La situación, que se mantuvo mucho tiempo y se agudizó durante el gobierno de Alberto Fernández, terminó por generar un deplorable estado de la ruta. Meses más tarde, la administración lanzó la primera licitación vial de la era Milei. El proceso fijó condiciones inéditas: no estableció un canon inicial para el Estado, pero sí fuertes exigencias de inversión a cargo del nuevo operador antes de poder aplicar la tarifa plena. Esa condición se debía garantizar con una póliza, cuestión que el ganador efectivamente haga las obras. Ahí se trabó todo. En septiembre, a pedido de los interesados, la apertura de sobres se prorrogó un mes, hasta mañana. Las rutas llegaron al traspaso en condiciones desastrosas. Baches, hundimientos y señalización deficiente se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Tal es el nivel de deterioro que en la autovía, que une Zárate con Paso de los Libres, los camiones parecen ingleses, australianos o japoneses: circulan por la izquierda ya que el carril derecho, sobre la banquina, es intransitable. Pasar a un transporte de cargas es una desafío la muerte para cualquier automovilista.La tarifa proyectada â??unos $4.200 cada 100 kilómetros para un automóvilâ??, considerada insuficiente para cubrir la magnitud de obras necesarias, más a aún en un contexto de tensión cambiaria. La transición también dejó heridas abiertas en el plano laboral: medio millar de empleados quedaron fuera de convenio, sin certezas sobre su futuro. Y en lo institucional, el proyecto despertó críticas por la falta de documentación clara en algunas prórrogas y por la elección de Vialidad como administrador, un organismo con historial cuestionado en materia de transparencia y que además, fue disuelto por el gobierno de Milei y vuelto a reimplantar por el Congreso, cuando no aprobó el decreto de necesidad y urgencia que había dispuesto el fin del organismo.Así las cosas, mañana se abrirán los sobres para explotar el corredor que desde abril tiene las barreras de peaje levantadas, la vía de transporte más importante que llega a Brasil. Aparecerán nombres conocidos, empresas de obra pública que ya han escrito una historia en el mundo vial, como constructoras o como concesionarias. Será un intento más por revertir una catástrofe en las rutas argentinas que a diario escribe crónicas de muertes y accidentes; un capítulo más del fracaso de la infraestructura que lleva décadas de deterioro.
El gobierno de Javier Milei atraviesa su mayor punto de vulnerabilidad. La ayuda de Estados Unidos no se concreta, el riesgo país sigue alto y la recaudación se desploma. Qué puede pasar si no llega el auxilio antes de las elecciones de medio término.
Infobae Colombia habló con Carlos Jiménez, experto en proyectos de incidencia de Red Papaz, donde explicó las implicaciones que podría traer en el consumo de alcohol en menores de edad
La economista sostiene que "la economía necesita menos épica y más consistencia" y que el Gobierno enfrenta una pérdida de reservas "extremadamente costosa". Pide un reseteo económico y político y advierte sobre el impacto de levantar los controles de capitales sin respaldo financiero. Leer más
"Nos llamaba la atención que se manejaba en un avión privado y que decía que iba a buscar financiamiento a Estados Unidos". Con esa frase Alberto Asseff, presidente del partido UNIR, recordó en las últimas horas su frustrada experiencia junto a José Luis Espert en 2019, cuando el ahora diputado nacional y candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires quería iniciar una carrera presidencial, pero no tenía una plataforma política para el lanzamiento. Asseff rememora esa época luego de que el propio Espert intentara involucrar a UNIR en el financiamiento de aquella campaña, como una forma de explicar de dónde obtenía los fondos para viajar por todo el país con un avión privado. "Es evidente que necesitaba un partido político, no tanto por la vocación de ser presidente, porque sabía que no había perspectivas, pero sí estaba interesado en ser candidato, que esa candidatura fuera oficializada y que hubiera un respaldo político firme ante la Justicia. Con el diario del lunes, uno entiende que los financistas le exigían eso", sostuvo el exdiputado.El partido de Asseff estuvo ligado a Espert entre febrero y junio de 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri le ofreció integrarse a la alianza de Juntos por el Cambio y se alejó del economista liberal. La retirada de UNIR llevó a Espert a postularse a último momento por otra fuerza política, Unite, con el rosarino José Bonacci a la cabeza. Espert llegó a decir, dos años después, que el avión que -ahora se sabe se lo cedió Federico "Fred" Machado" para esa campaña- se lo había conseguido Unite. Pero también mencionó a UNIR, el partido de Asseff.En declaraciones al programa No Tan Aliados, que se emite por FM Milenium, Asseff replicó: "Lo que a hecho Espert estos días, al mencionar mi nombre, es propio del resentimiento, que todavía conserva, respecto de cómo nosotros afortunadamente nos desvinculamos de él en el año 2019â?³."Nosotros, como partido nacional que éramos y somos, habíamos decidido tener participación en la elección de 2019 y tuvimos un llamado de allegados de Espert, Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba. Les dije que vengan a conversar conmigo en Mar del Plata, a fines de enero. Llegamos a un acuerdo, no el ideal pero el posible", relató Asseff sobre el comienzo de aquella relación política.El exdiputado nacional, que compartió el recinto con Espert y el actual presidente Javier Milei entre 2021 y 2023, abundó: "Yo ahí supe, porque Espert lo decía, que tenía que ir a Estados Unidos a buscar financiamiento. Y que debía hacerlo arropado con un partido que lo sostenga. Esa es la clave del interés que tenía, nada más que por obligación, de tratar con nosotros". Machado, que es investigado por la Justicia norteamericana por narcotráfico y lavado de dinero, tenía en aquel momento residencia en Florida, Miami. "Monumental mentira""Todo lo que ahora dice Espert es una monumental mentira. Hizo primero una negación: dijo 'yo no tengo nada que ver con este Machado, sí lo conocí, como conocí a tantas personas'. Dijo vaguedades", afirmó Asseff, para luego señalar que Espert reconoció la transferencia de 200.000 dólares que cobró por parte de una compañía minera ligada a Machado en 2021. "Eso no tiene nada que ver con nosotros, que no manejamos ni un centavo", remarcó Asseff.Pero concedió: "En aquel momento nos llamaba la atención que Espert se manejaba con un avión privado. Yo nunca subí a ningún avión ni a ninguna camioneta de Espert"."El ruido que me hacía Espert era su tosquedad, su rusticidad, su altanería, su total falta de rigor en materia de comportamiento político, sus desplantes, su ninguneo. Lo que transmitía él era que el partido nuestro era simplemente un sirviente, que estaba ahí porque no tenía más remedio. Eso es lo que a nosotros nos creó un clima hostil y enrarecido que hacía casi imposible seguir adelante. Nunca hubo affectio societatis", aseguró.A la luz de los acontecimientos, seis años después de aquella mala experiencia con Espert, Asseff remató: "Yo no entiendo que el presidente Milei sea el único que lo sostiene, porque le soltaron la mano todos los actores del gobierno, de todos los sectores. Este hombre no debería estar en la política".
La empresa Juramento, ligada a la familia Brito, consiguió ayer US$30 millones mediante la colocación en una ronda de Obligaciones Negociables (ON).Según dijo, la colocación se hizo a una tasa del 9% anual con un vencimiento de dos años, "un plazo que no se encuentra frecuentemente en el mercado". "La oferta generó gran interés entre los inversores minoristas e institucionales que participaron con un total de 1185 órdenes", expresó. Según señaló, "los fondos obtenidos serán destinados principalmente a garantizar una mayor liquidez y previsibilidad para financiar el capital de trabajo de la compañía, el cual se compone principalmente por la hacienda en proceso de cría, recría y terminación, y el alimento e insumos necesarios para ese proceso productivo". Punto de inflexión: los tres desafíos para la carne argentina ante una demanda mundial que no da treguaJuramento, que se considera la firma agrícola ganadera más importante del NOA, concentra sus actividades en Salta con más de 90.000 hectáreas, 70.000 cabezas de ganado, una planta industrial y un equipo de 800 colaboradores. La firma comercializa carne premium envasada al consumidor local e internacional con las marcas Cabaña Juramento y Bermejo."Unas semanas atrás concretamos la compra de una empresa con un aporte de capital de 56 millones de dólares por parte de los accionistas. Estos fondos que acabamos de conseguir en el mercado nos permiten dar un paso importante en nuestro plan de crecimiento sostenido, garantizando una estructura de financiamiento eficiente y de más largo plazo, acompañando esta etapa de la compañía donde el foco está puesto en aumentar la producción, aumentar las exportaciones y ser más productivos y eficientes en toda la cadena", señaló Rafael Aguilar, CEO de Juramento. Vale recordar que la firma, en septiembre último, desembolsó US$56,4 millones y se quedó con una empresa que posee un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en la provincia de Salta. La operación se hizo en el marco de la compra del 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif. El establecimiento productivo se encuentra a pocos kilómetros de la sede central de la compañía, en Joaquín V. González."Asimismo, esta inyección de capital es un respaldo ante eventuales escenarios de volatilidad climática o de mercados, y permitirá la refinanciación de compromisos bajo condiciones más favorables, evitando presiones de corto plazo y reforzando su liderazgo en el mercado", dijo la firma tras obtener el financiamiento.Además de la inversión en septiembre pasado, la firma "dio inicio a un ambicioso proyecto sustentable que combina producción forestal y producción de carne con la plantación de 100.000 algarrobos nativos"."Desde el lado industrial, con una inversión en su planta de US$15 millones hasta mediados de 2025, la empresa avanza con un plan de reconversión comercial para ampliar sus exportaciones de carne envasada al vacío, bajo marcas propias como Cabaña Juramento, hacia mercados de alto valor agregado como Estados Unidos, Asia e Israel", expresó."Con esta nueva colocación, Juramento refuerza su posición como uno de los principales jugadores de la industria agropecuaria del país, su liderazgo en el mercado retail de carne premium y su presencia y trayectoria en el mercado de capitales, tanto en el de acciones como en el de deuda", destacó.
El ministro de Economía Luis Caputo y el gobernador Leandro Zdero encabezaron la firma de un convenio por 40 mil millones de pesos para atender las necesidades de la caja previsional de la provincia
Hubo 58 votos para insistir con la normativa original y 7 votos para respaldar el veto presidencial, además de 4 abstenciones.Diputados ya había rechazado el veto a mediados de septiembre.
La atención ahora está puesta en si el Ejecutivo las va a aplicar o dejar en suspenso como hizo con la Emergencia en Discapacidad.
El presidente deberá promulgar la norma dado que fue ratificada por las dos Cámaras del Congreso. Leer más
La oposición reunió los dos tercios necesarios y rechazó los vetos del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema, obligando al Gobierno a promulgar ambas normas
Una contundente mayoría opositora restableció las leyes que el presidente bloqueó y ordenó así que entren en vigencia. El Poder Ejecutivo deberá garantizar los fondos para las casas de altos estudios y los hospitales pediátricos
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Desde las 10, la Cámara alta tratará las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Pero se espera que el Gobierno no pueda sostenerlo, y que la oposición se alce con una nueva victoria legislativa
El Senado pondrá a prueba, otra vez, los límites del poder presidencial. Desde las 10, la oposición buscará revertir los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Si consigue los votos, el Congreso volverá a imponerse sobre la Casa Rosada y el Gobierno quedará obligado a aplicar normas que intentó bloquear.Para La Libertad Avanza, el escenario es cuesta arriba: con apenas siete senadores propios y un puñado de aliados, todo indica que sufrirá un nuevo revés parlamentario, en una cadena de derrotas que se repite desde que el oficialismo quebró sus alianzas con varios gobernadores.Si la oposición logra imponerse, será la tercera vez que el Congreso doblega un veto presidencial. Antes ocurrió con la emergencia en discapacidad: Milei terminó promulgando la ley, pero suspendió su aplicación por decreto, con la firma de Guillermo Francos y del ministro de Salud, Mario Lugones. La Casa Rosada alegó que la norma carecía de fuentes de financiamiento claras.En este contexto, el kirchnerismo evalúa redoblar la presión. Tras obtener dictamen en comisión, podría intentar llevar al recinto el pedido de interpelación a Lugones. Más difícil parece, por ahora, citar a Karina Milei: la secretaria General y hermana del Presidente quedó a salvo luego de que un grupo de senadores peronistas se ausentara en la reunión en la que se definía el dictamen. Tampoco prosperó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haber congelado la emergencia en discapacidad.Para habilitar ese debate en el recinto, Unión por la Patria necesitará los dos tercios de los presentes. Sin el respaldo del radicalismo, que ya anticipó que no prestará sus votos, el bloque que conduce el formoseño José Mayans enfrenta un camino cuesta arriba para forzar esa discusión.Senadores del #BloqueUCR se reunieron, de forma presencial y virtual, para debatir los principales temas de la agenda legislativa, en vísperas de la sesión de mañana en el @SenadoArgentina. pic.twitter.com/MUExEWi2x0— Bloque UCR Senado (@ucrsenado) October 1, 2025Otros proyectosEl Senado también tratará la creación del sistema de "Alerta Sofía", un mecanismo de búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. El proyecto prevé un registro nacional, la coordinación entre Poder Ejecutivo y Judicial y la centralización de información para acelerar los operativos de localización.Además, se votarán dos convenios internacionales -con Francia y Austria- para evitar la doble imposición y la evasión fiscal.El detalle de las insistenciasEl proyecto de financiamiento universitario establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimestral. También prevé un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales ligadas al IPC, además de recomponer becas y ordenar auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría los $1,9 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI.La ley de emergencia pediátrica, en tanto, apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector.
El analista internacional Leandro Morgenfeld explicó en diálogo con "QR!" la presión que ejerce la crisis política interna en Washington sobre el intento de ayuda prometida por el secretario de Estado Scott Bessent al Gobierno de Javier Milei. Además, explicó las razones por las que el aporte ilegal de 200 mil dólares de parte de Fred Machado hacia el candidato libertario podría constituir un impedimento para que el desembolso avalado por Donald Trump pueda efectivizarse. Leer más
Con el antecedente de Diputados, la oposición confía en tener los votos para rechazar las medidas del Ejecutivo. El temario de este jueves también incluye designaciones judiciales y convenios internacionales. Leer más
La decisión deriva del fracaso de las gestiones de último momento entre la Casa Blanca y los líderes demócratas.La actividad administrativa que no sea de emergencia quedará paralizada y esto podría causar una verdadera pesadilla para los estadounidenses.
Una causa judicial en Estados Unidos apunta que el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires recibió 200 mil dólares del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. El caso involucra traslados en avión privado, vínculos con abogados cercanos a Javier Milei y un crecimiento patrimonial de Espert del 789%. Leer más
En el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento, se presentaron los datos del Observatorio Estadístico de los Sistemas de Garantía en Iberoamérica. El rol de las SGR.
Durante la Semana Climática en Nueva York, el Ministerio del Ambiente logró el financiamiento y la creación de alianzas con líderes indígenas
"Cuando la propia ley es una invitación a delinquir o a financiarse con dinero negro, esto genera mafiosidad; esa atmósfera que se crea entre mafia y Estado, concretamente cuando no hay controles cruzados", explicó el activista social y titular de la Fundación La Alameda Leer más
No es un tema de moda, es una vía práctica para generar valor económico y social, asegurando al mismo tiempo que las próximas generaciones puedan contar con un entorno saludable
El Banco Supervielle anunció la apertura de una línea de crédito por un monto aproximado de US$270 millones para financiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas. Con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo del país, la medida viene de la mano de una alianza estratégica con el brazo Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades internacionales. "Los fondos nos permitirán ampliar el acceso al crédito de más largo plazo, con especial foco en aquellas empresas que integran cadenas de valor vinculadas a economías exportadoras. Este respaldo reconoce no solo nuestro compromiso con el sector, sino también a nuestra propuesta de valor integral basada en innovación digital, atención cercana y especializada e inclusión financiera, para que cada vez más empresas puedan crecer, competir y proyectarse al mundo", dijo Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle.De científica a emprendedora: la argentina que abrió el mercado del mate en Nueva ZelandaLa operación comprenderá dos tramos. El tramo A tiene previsto un préstamo por US$50 millones financiados por el BID Invest; y otros US$50 millones financiados por JICA Trust Fund Achieving Development of Latin America and the Caribbean (TADAC), un fondo administrado por IDB Group en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Ambos tendrán un plazo de tres años y una tasa del 6,729%.Por otro lado, el tramo B tendrá préstamos por aproximadamente US$170 millones, que podrían ser financiados por inversionistas institucionales a través de la venta de participaciones. "De esta forma, Supervielle se convierte en el primer banco del país que, desde 2021, recibe fondos internacionales para financiar a pymes, lo que reafirma la confianza de los organismos en la institución, reconociendo su solidez, su foco estratégico y el permanente acompañamiento a este sector clave para el crecimiento de la Argentina", sumaron desde la entidad financiera.
Con respecto a los rumores de que Argentina estaría negociando un préstamo de USD 10.000 millones con Estados Unidos, la economista, Natalia Motyl, expresó: "No es un número casual, sino que coincide con el grueso de vencimiento de los meses de enero y de julio". Leer más
"Está casi paralizada la actividad en Casa Rosada con la expectativa de si va a haber un anuncio después de ese respaldo tan fuerte que tuvo Javier Milei por parte del gobierno norteamericano", señaló el periodista, Alejandro Gomel. Leer más
Un testigo paraguayo, cuya familia controla una de las financieras más importantes de Asunción, entregó documentación al fiscal del caso AMIA Sebastián Basso, en la que figurarían triangulaciones de fondos millonarios hacia terroristas de Hezbollah, que están acusados de participar en el atentado a la mutual judía en 1994. Este dinero estaba destinado a Ali Hussein Abdallah, quien le dio cobertura -según el expediente- en la Triple Frontera a uno de los 10 libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia: Salman Raouf Salman, acusado de coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación, que provocó 85 muertos. El 12 de marzo pasado, David Rachid Lichi cruzó la frontera desde Paraguay hacia la Argentina y se encontró en Clorinda, Formosa, con el fiscal Basso, a cargo de la causa AMIA. Este hombre, que vive en Asunción y pertenece a una familia de peso y tradición en el Partido Colorado, había enviado un mail a los investigadores unos días antes en el que prometía entregar documentación relevante sobre terroristas de Hezbollah que estaban acusados de participar en el ataque a la mutual judía el 18 de julio de 1994.Ese día de intenso calor en Formosa, David Rachid entregó dos bultos con documentos originales -entre los que figuran chequeras, boletas de depósito y documentación relevante- que contenía información de la firma Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO). Los titulares de esa empresa eran su abuelos Ale Rachid y Adela Lichi, y luego de que fallecieron, esa compañía pasó a estar al mando, desde 1982, de sus tíos Fohad Rachid Lichi, director de SAFIO, y Bader Rachid Lichi, exsenador del Partido Colorado. En esos documentos, según investiga la Justicia paraguaya y están en poder de la fiscalía de AMIA, constarían transferencias por unos 12.000.000 de dólares que realizó entre 1989 y 2000 Fohad Rachid Lichi a Ali Hussein Abdallah, quien era buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado a la AMIA, pero antes de que el juez Daniel Rafecas pidiera su captura internacional falleció en El Líbano durante la pandemia en 2020.David Rachid Lichi aseguró, en diálogo con LA NACION, que entre los documentos que también entregó a la Justicia argentina figuran depósitos que su tío Fohad Rachid realizó en 1994 a Abdallah por 2.000.000 de dólares en esa época. "Eran desde su cuenta personal, no de la financiera. Y se concretaban casi a diario por montos que iban desde 10.000 a 300.000 dólares y se hacían a través del ABN AMRO, que después fue absorbido por Sudameris", detalló David desde Asunción. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Basso, Abdallah fue quien le facilitó a Salman Raouf Salman un domicilio en Ciudad del Este, para poder acceder a la nacionalidad paraguaya. Abdallah era propietario de dos departamentos en el Edificio Progreso, ubicado en Monseñor Rodríguez y Pampliega, en Ciudad del Este. En el sexto piso, depto. "C" fijó residencia Salman. "De esa forma, al lograr una nueva identidad falsa, le facilitó un desplazamiento sigiloso y oculto ante las autoridades para transitar por distintas partes de Latinoamérica", señala la acusación de Basso.Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman el Reda, está acusado de ser el encargado de la coordinación de la fase final del atentado a la AMIA. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación. Forma parte del lote de diez libaneses e iraníes que serán juzgados en ausencia por haber organizado el ataque a la mutual judía. Entre la información que dio el testigo paraguayo a las autoridades argentinas se confirmaría la hipótesis que manejan los investigadores de la causa AMIA, de que Abdallah fue clave -según señalaron fuentes de la causa a LA NACION- para que Salman se estableciera en Ciudad del Este, la Triple Frontera, antes de que se concretara el atentado. La documentación que analizó la fiscalía de la causa AMIA, que fue la que entregó el empresario paraguayo David Rachid Lichi al fiscal Basso en Clorinda en marzo pasado, también contenía información -según advirtieron fuentes judiciales- sobre maniobras financieras que Fohad Rachid Lichi realizó con Abdallah en Panamá en esa fecha. Eso también tiene relevancia para la causa en Argentina. Un día después del atentado a la AMIA, el 19 de julio de 1994, un avión de la empresa Alas Chiricanas explotó en el aire, mientras hacía el trayecto de la provincia de Colón al aeropuerto internacional de Panamá. La investigación que se realizó en ese país nunca avanzó, pero siempre existió la sospecha de que se trató de un atentado de Hezbollah. En la detonación de la aeronave fallecieron 18 personas, 12 de ellas de la comunidad judía. Según publicó Infobae en 2020, el FBI determinó que el atentado lo llevó adelante Alí Jamal, que iba sentado en la tercera fila y activó un explosivo con su radio Motorola. El año pasado, el FBI ofreció una recompensa por información sobre un ciudadano de origen libanés, con ciudadanía venezolana. Se trata Ali Hage Zaki Jalil, de unos 52 años, que viviría en la isla Margarita. Según la información difundida por la agencia estadounidense, se trata de un piloto de aviones, aficionado al paracaidismo, con antecedentes penales por tráfico de armas."En la documentación que entregué a la Justicia figura una maniobra financiera que llevó adelante Abdallah en Panamá, a través de un crédito de 2.000.000 de dólares en el banco Santander, que tiene relación con Fohad Rachid con una serie de hipotecas", aseguró David Rachid Lichi. El fiscal Basso le dio aviso a los fiscales paraguayos de la documentación que le habían entregado. El tema excedía el caso puntualmente del atentado a la AMIA, y contenía información relevante sobre el supuesto financiamiento de organizaciones terroristas como Hezbollah en la Triple Frontera. A partir de este caso, en Paraguay, el fiscal Francisco Cabrera inició pesquisa y se creó un Equipo Conjunto de Investigación, en el que colabora la Justicia argentina. David Rachid entregó esa documentación al fiscal Basso porque, según admitió, desconfía de los fiscales de Paraguay porque tienen influencias políticas para no investigar. "Hay mucha corrupción", apuntó. El primo del denunciante, con quien -según admitió a este diario está enemistado y dice sufrir una persecución- es Jalil Rachid, que fue fiscal y actualmente es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). El lunes este funcionario salió a despegarse de este caso, al señalar que él nunca había participado de las actividades de la financiera SAFIO, que fundó su familia. El interés de que estas supuestas maniobras de financiamiento del terrorismo se investiguen tienen un origen en una disputa familiar. David Rachid alega que a su madre Watfa Lichi le falsificaron la firma para ceder su parte accionaria de la empresa que ahora controla Fohad Rachid, su tío. Él se crio con su abuela Adela Lichi en su casa, que está ubicada al lado de la empresa. "Cuando me despojaron de lo que me correspondía entré a la oficina de mi abuelo por un conducto que daba a la casa. Y ahí encontré todos estos documentos que se escondieron por años. Por eso, estoy vigilado todo el tiempo y temo por mi vida, debido a que esta familia es muy poderosa en Paraguay", afirmó David Rachid Lichi a través de una comunicación telefónica con LA NACION.
Este lunes el secretario del Tesoro de EEUU aseguró que entre las opciones para brindarle un "auxilio" financiero al país se encuentran líneas de swap, compras directas de divisas y compras de bonos.
Empresas pueden presentar bienes inmuebles como respaldo y demostrar modelos de negocio sólidos para calificar a créditos que van desde S/100.000 hasta S/10 millones, dependiendo de su tamaño, giro y garantías disponibles
Argentina tendrá futuro sólo si es capaz de invertir en conocimiento. Los presupuestos para educación no son un gasto: son una inversión
Las empresas enfrentan condiciones crediticias adversas, tasas históricamente altas y desafíos en la cadena de pagos, mientras buscan alternativas para sostener su capital de trabajo y preservar su personal
La banca regional consolida su cercanía con el campo a través de propuestas personalizadas y alianzas estratégicas que acompañan la evolución del sector agropecuario en la Argentina
El gobernador mantendrá reuniones con empresarios e inversores en Londres, Bruselas y Luxemburgo. Busca atraer capitales y completar la colocación de deuda por 800 millones de dólares. En paralelo, Milei llega a Córdoba para reforzar la campaña libertaria. Leer más
Este miércoles, como en todo el país, se realizó una masiva marcha en la ciudad de La Rioja para exigir el sostenimiento de la ley de financiamiento universitario y en rechazo al veto del presidente Javier Milei a dicha ley. Leer más
Tras el doble revés que sufrió el gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra los diputados que aprobaron originalmente la ley pero que ayer rechazaron el veto y los acusó de hacer "demagogia"."El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para tener equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta. Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta: el nulo interés en el equilibrio fiscal y la obsesión por destruir el plan económico y sacar a millones de la pobreza", acusó el portavoz este jueves por la mañana. Así, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni chicaneó a los legisladores con sugerencias irónicas para financiar las leyes: "Pensemos, por un momento, que si queremos financiarlo con otras partidas deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto"."Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con más impuestos", dijo y enumeró: "Tengo otros ejemplos para que entiendan la gravedad de financiar: equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses o suspender todos los subsidios energéticos por cuatro meses. Podemos suspender el presupuesto del Poder Judicial por cinco años. O suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Son algunas de las equivalencias para que la gente entienda el horror que han votado el día de ayer".Y siguió: "Esto es equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. La pregunta es si la casta está dispuesta a votar este tipo de cuestiones. Hay otras equivalencias para que se entienda la magnitud: habría que despedir a 60 mil empleados públicos o suspender el subsidio al transporte por un mes.El vocero habló en una conferencia breve, que comenzó casi una hora más tarde de lo programado, en la previa a que el Senado inicie el debate para tratar el veto a la ley que obliga al Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN)."Este Gobierno propuso actualizar en términos reales en educación un 8% por encima de la inflación. Las jubilaciones un 5%, pensiones un 5%, universidades un 8%", enumeró y anticipó: "Las actualizaciones de gastos fueron de 0 pesos. El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso y evitar que el partido del Estado dilapide el futuro de los argentinos". En este marco, destacó que durante la administración mileísta se alcanzó el superávit "más alto del siglo" y el "mayor en 35 años". "Por cuestiones como estas la casta atenta contra el equilibrio fiscal, porque es consciente de que el país va por el camino correcto y de que si aprovecha los recursos nunca más van a ocupar un lugar de decisión", apuntó y marcó: "O, tal vez, quieren volver al Gobierno porque el motín a repartir es más jugoso que nunca"."Lo que falla es un sistema esquemático político que no quiere que la Argentina avance. Va más allá de determinado gobernador, diputado o senador. Está claro que hay un esquema en donde quieren poner palos en la rueda para que la Argentina estalle, pero no lo vamos a permitir", adelantó y subrayó: "Más allá de los errores que podamos cometer, está claro que cuando atentás contra el equilibrio fiscal la intención es una sola: que no puedas gobernar. Por eso apelamos a que en octubre eso cambie y a que el partido del Estado entienda que la gente quiere otra cosa".
La Unidad de Inteligencia Financiera implementó medidas preventivas contra individuos y compañías identificados por el Departamento del Tesoro estadounidense
Los seis diputados chaqueños presentes se dividieron entre respaldar el financiamiento universitario y la salud pediátrica o acompañar el veto de Javier Milei. Cuatro votaron contra el Ejecutivo, dos lo apoyaron y ahora el Senado tendrá la última palabra. Leer más
Esta actividad ha comenzado a diversificarse. En 2023, las regiones fuera de Lima y Callao representaban cerca del 10 % del total de operaciones
Estudiantes, docentes y organizaciones sociales marcharon en Resistencia, Corrientes y en distintos puntos del país para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Rectores y exrectores advirtieron que la medida compromete el futuro de la educación Leer más
La Cámara de Diputados rechazó las objeciones presidenciales, con 181 votos a favor y 60 en contra en la Emergencia Pediátrica, y 174 a favor y 67 en contra en el Fondo para Educación Pública. Ambas iniciativas avanzan al Senado, donde se espera que la contraparte política vuelva a imponerse. Leer más
La Cámara Baja dio un paso clave para anular dos vetos presidenciales de Javier Milei. Con amplio apoyo de la oposición, se busca restablecer el financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales. Leer más
La Cámara baja ratificó por amplia mayoría la normativa que otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y el proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento de las Universidades por el Índice de Precios
Andy Kusnetzoff rompió en llanto este miércoles, durante su programa Perros de la calle, en Urbana Play, al reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad a partir de los recortes en las pensiones. Durante una jornada marcada por el debate en Diputados por los vetos presidenciales, el periodista se refirió directamente al impacto de las recientes decisiones políticas del Gobierno."Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los 'kukas', eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, que no puede ir a ningún lado", señaló con angustia el conductor.Visiblemente afectado, el periodista continúo: "Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día de mañana cuando sea grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté", continuó el periodista, muy conmovido.El psicólogo Gabriel Rolón estaba presente en el programa y al verlo movilizado con la temática tomó el micrófono y dio su parecer: "Es tremendo, pero está bien que nos duela, Andy, está bien que nos duela. Digo, a mí me preocupa si no te duele eso; a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía lo que te duele". Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de los recortes en discapacidad y financiamiento universitario: "Me angustié""Me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy", lanzó Leandro, un hombre sin trabajo y con una historia atravesada por las dificultades económicas que fue invitado al ciclo radial y abrió el debate sobre las medidas de recorte encaradas por el gobierno de Javier Milei."No, tranquilo, maestro... No sos responsable, quedate tranquilo", le insistieron el resto de los participantes. "Perdón, me angustié", cerró Andy, con los ojos repletos de lágrimas. "¡Cómo no te vas a angustiar! ¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo o ante un chico discapacitado que no tiene una ayuda?", expresó el analista. Tras las palabras de Rolón, Kusnetzoff agregó una reflexión sobre la situación socioeconómica de la Argentina: "Esto no tiene que ver con algo o con alguien, tiene que ver con que te duela no tener más porque Argentina no tiene presupuesto. Y hacemos un esfuerzo entre todos, como siempre hacemos acá, pero es una cuestión de, por lo menos, entenderlo y escucharlo. Yo no sé si te puedo ayudar, pero vamos a intentarlo", destacó el conductor en diálogo con el invitado. El lunes por la noche, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que a partir de la aprobación del presupuesto 2026 las personas que cobran una pensión por discapacidad percibirán un aumento del 5% por encima de la inflación estimada. Sin embargo, en el texto que ahora deberá analizar el Congreso se proyecta una reducción de la partida total para este rubro.El proyecto de presupuesto 2026 establece una reducción en la cantidad de pensiones a entregar a las personas con discapacidad. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se detalla que en la actualidad el Andis administra 1.133.549 pensiones; para el año próximo la cifra se reducirá a 977.943 pensiones. Esto significa que las auditorías continuarán su curso, una medida que desató una fuerte polémica entre beneficiarios y sus familiares ante la cantidad de pensiones que la Andis suspendió sin aviso previo.
Las insistencias ahora pasarán al Senado, donde su ratificación está prácticamente asegurada. La Casa Rosada intentó acercarse a los gobernadores con fondos, pero no logró sumar apoyos clave. Una masiva movilización rodeó el Congreso
La firma cordobesa selló un compromiso con la agencia financiera de desarrollo de Estados Unidos (DFC. Es para obtener un crédito de largo plazo que potenciará sus planes de inversión y consolidará su expansión en el mercado de maquinaria agrícola.
La oposición abrió el recinto de Diputados con la intención de dar el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas por el presidente Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.El quorum se consiguió con 132 legisladores sentados en sus bancas, sin los libertarios ni la mayoría de Pro. En los alrededores del Congreso se congregan médicos, universitarios, partidos opositores, gremios y piqueteros para presionar por la insistencia de las leyes. Abrió el recinto Cecilia Moreau vicepresidenta 1° de la Cámara. Martín Menem, el titular, se retrasó y la diputada de Unión por la Patria tomó su lugar. El peronismo aplaudía a rabiar. Minutos después, cuando Menem retomó el estrado, se saludaron afectuosamente. Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, en la que los jefes de bloque se congregan para definir la hoja de ruta de la sesión, la misma se prolongará por alrededor de 13 horas. Iniciará con una serie de homenajes y cuestiones de privilegio. Tras ello, comenzará el debate por la ley de emergencia pediátrica, que durará alrededor de dos horas y media. La votación de la misma está prevista para alrededor de las 17. La sesión continuará con el debate por el presupuesto universitario, cuya votación se estima para las 21. Esta discusión en Diputados coincidirá con el momento cúlmine de la movilización estudiantil que se espera para esta tarde en las puertas del Congreso.Tras ello, habrá una serie de emplazamientos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para que dictamine antes de fin de mes. Uno de los más relevantes es el que busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta central del gobierno de Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo apunta a que la sesión se caiga antes de tratar este tema. Apuesta a dilatar esta discusión para evitar que este proyecto prospere antes del cierre del año parlamentario, el 30 de noviembre.Los vetosLos números están justos, pero juegan a favor de los bloques críticos que impulsan la sesión. En la votación original, ambas iniciativas habían alcanzado el umbral de dos tercios, un número que hoy le permitiría a la oposición insistir y dejar sin efecto el veto presidencial. En esa ocasión, el oficialismo quedó muy por debajo de los 87 diputados necesarios para blindar la decisión de Milei: apenas 75 rechazos en universidades y 67 en el caso de la ley Garrahan, mientras que en el Senado resistió prácticamente en soledad.Serán determinantes las ausencias y abstenciones. Hubo 26 faltazos en la votación de Garrahan y 18 en la de universidades. La especulación está puesta en cómo se moverán hoy esos legisladores, que responden en su mayoría a gobernadores o aliados intermitentes del oficialismo. Una buena porción corresponde a Pro, que no termina de definir su posición por un Gobierno que los expone más de la cuenta sin retribuir las gentilezas.El Gobierno respondió con la única herramienta que le queda: desempolvar la billetera y repartir fondos a las provincias. Lo hizo el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que giró $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN): $3000 millones a Entre Ríos, $2500 millones a Chaco, $4000 millones a Misiones y $3000 millones a Santa Fe. La mayoría de los legisladores que responden a estos mandatarios provinciales se abstuvieron o faltaron. Ninguno votó con el Gobierno.Por cadena nacional, el Presidente intentó dar la estocada final con anuncios de aumentos para universidades y hospitales pediátricos, entre otros sectores en pie de guerra. Sin embargo, la disputa no quedó saldada: en Diputados, el tablero muestra una paridad en el caso de las universidades y una leve ventaja para la oposición en la ley de emergencia pediátrica.Es que, además de poner en duda que sea real el aumento prometido por Milei, un día antes de enviar fondos a cuatro gobernadores la Casa Rosada recortó en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y le rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.El proyecto de financiamiento universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.Decretos bajo la lupaEl tercer capítulo de la sesión estará marcado por el inicio del trámite para rechazar decretos delegados y de necesidad y urgencia impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si la oposición reúne mayoría simple, las iniciativas pasarán al Senado.En esa lista figura el decreto 396/25, que reestructura el Instituto Nacional del Agua y fusiona el Inpres con el Segemar.También se revisará el DNU 62/25, que modificó la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales de adecuación exclusivamente a mayores de 18 años.Otro texto bajo examen es el decreto 383/25, que convirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad.Finalmente, se pondrá a votación el decreto 446/25, que establece un nuevo estatuto de la Policía Federal, orientado a delitos federales y complejos, que retira funciones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y proyecta un plan de modernización con una reducción en el número de ingresantes.
La Cámara baja tratará la insistencia de las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud que derogó el presidente Javier Milei. El oficialismo necesita un tercio para sostener el bloqueo de ambas leyes, pero la oposición llega fortalecida a la sesión
El subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera de EEUU, viene a CDMX para fortalecer cooperación bilateral contra el narcotráfico
Con foco en fortalecer su capacidad financiera de mediano y largo plazo, uno de los mayores jugadores del mercado de la maquinaria agrícola argentina anunció que suscribió un acuerdo para tener un millonario crédito internacional. Se trata de la cordobesa Metalfor, ubicada en Marcos Juárez, referente en el mercado de pulverizadoras, entre otros productos, que pactó una carta de compromiso con la United States International Development Finance Corporation (DFC) para conseguir US$50 millones. Es un monto nunca visto en el país para una empresa de maquinaria agrícola.Pagan hasta US$4 millones: el nuevo perfil inversor que irrumpió en una provincia"Me dirijo a Uds. en mi carácter de presidente de Metalfor SA (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a efectos de informar que, con fecha 12 de setiembre de 2025, la Sociedad ha suscripto una carta de compromiso (Commitment Letter) con la United States International Development Finance Corporation (DFC) para el otorgamiento de un financiamiento por parte de DFC por un monto de hasta USD50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (el "Financiamiento")", dijo la empresa en una carta a la CNV firmada por su presidente, Eduardo Borri. De acuerdo con la empresa, el financiamiento será instrumentado a través de la suscripción de un contrato de préstamo, finance agreement, y tendrá un plazo de hasta ocho años contados a partir del primer desembolso. Metalfor remarcó: "La sociedad busca fortalecer su capacidad financiera de mediano y largo plazo".Según un informe de la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en los primeros ocho meses del año se patentaron 449 pulverizadoras autopropulsadas, una suba del 2,7% versus igual período de 2024. Metalfor tuvo la mayor participación de marca: fue del 24,1%. Luego siguieron PLA, con el 19,2%; Caimán, 15,8%; Jacto, con el 8,2%; Case, con 7,3% y John Deere, con 8,7%. Otras marcas representaron el 16,7% restante.Noticia en desarrollo
La sesión en la Cámara de Diputados está convocada para este miércoles a las 13:00. Mientras los legisladores discutirán en el recinto, afuera del Congreso se espera una movilización masiva de organizaciones sociales, estudiantiles, la CGT y las dos CTA. Leer más
"Las universidades no pueden ser la variable de ajuste. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos", aseguró el gobernador de Córdoba. Leer más
La sesión está convocada para las 13 y coincidirá con la marcha multitudinaria convocada fuera del Congreso.También se tratarán proyectos para rechazar cuatro decretos delegados y citar a Karina Milei a declarar por el escándalo de Andis.
Con el impulso de sus últimas victorias, la oposición en Diputados intentará sostener su ofensiva legislativa. En una sesión convocada para las 13, buscará dar el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas por Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado. En las puertas del Congreso se espera una masiva movilización en contra de las impugnaciones presidenciales. Los números están justos, pero juegan a favor de los bloques críticos que impulsan la sesión. En la primera votación, ambas iniciativas habían alcanzado el umbral de dos tercios, un número que hoy le permitiría a la oposición insistir y dejar sin efecto el veto presidencial. En esa ocasión, el oficialismo quedó muy por debajo de los 87 diputados necesarios para blindar la decisión de Milei: apenas 75 rechazos en universidades y 67 en el caso de la ley Garrahan, mientras que en el Senado resistió prácticamente en soledad.Serán determinantes las ausencias y abstenciones. Hubo 26 faltazos en la votación de Garrahan y 18 en la de universidades. La especulación está puesta en cómo se moverán hoy esos legisladores, que responden en su mayoría a gobernadores o aliados intermitentes del oficialismo. Una buena porción corresponde a Pro, que no termina de definir su posición por un Gobierno que los expone más de la cuenta sin retribuir las gentilezas.Es inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en @DiputadosAR aún existan diputados y diputadas que no hayan definido su voto en temas tan sensibles.No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades.— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 16, 2025El Gobierno respondió con la única herramienta que le queda: desempolvar la billetera y repartir fondos a las provincias. Lo hizo el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que giró $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional: $3000 millones a Entre Ríos, $2500 millones a Chaco, $4000 millones a Misiones y $3000 millones a Santa Fe. La mayoría de los legisladores que responden a estos mandatarios provinciales se abstuvieron o faltaron. Ninguno votó con el Gobierno. Por cadena nacional, el Presidente intentó dar la estocada final con anuncios de aumentos para universidades y hospitales pediátricos, entre otros sectores en pie de guerra. Sin embargo, la disputa no quedó saldada: en Diputados, el tablero muestra una paridad en el caso de las universidades y una leve ventaja para la oposición en la ley de emergencia pediátrica.Es que, además de poner en duda que sea real el aumento prometido por Milei, un día antes de enviar fondos a cuatro gobernadores la Casa Rosada recortó en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y le rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.El proyecto de financiamiento universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.EmplazamientosTras la pulseada inicial, la sesión continuará con una serie de emplazamientos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para que dictamine antes de fin de mes. Entre ellos se encuentra el proyecto para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de los audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo que describen un presunto esquema de coimas.También se pondrá en discusión la iniciativa que busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia, una herramienta central del gobierno de Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado. Otro punto clave será la creación de una comisión investigadora sobre las más de 90 muertes vinculadas a fentanilo adulterado, una propuesta que consiguió acuerdo unánime entre los bloques opositores y dejó aún más aislado al oficialismo.A estos debates se sumarán los proyectos de reforma de la Andis, de prevención del embarazo adolescente no deseado, de declaración de la emergencia en ciencia y de creación de un plan nacional contra el Alzheimer.Decretos bajo la lupaEl tercer capítulo de la sesión estará marcado por el inicio del trámite para rechazar decretos delegados y de necesidad y urgencia impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si la oposición reúne mayoría simple, las iniciativas pasarán al Senado.En esa lista figura el decreto 396/25, que reestructura el Instituto Nacional del Agua y fusiona el Inpres con el Segemar. También se revisará el DNU 62/25, que modificó la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales de adecuación exclusivamente a mayores de 18 años. Otro texto bajo examen es el decreto 383/25, que convirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad. Finalmente, se pondrá a votación el decreto 446/25, que establece un nuevo estatuto de la Policía Federal, orientado a delitos federales y complejos, que retira funciones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y proyecta un plan de modernización con una reducción en el número de ingresantes.
A modo de protesta contra el veto a la ley de financiamiento universitario, algunas universidades de todo el país realizaron un apagón. La medida fue realizada en la antesala de un nuevo miércoles de marchas, en el que también se sumarán los estudiantes, que se movilizarán al Congreso alrededor de las 15 en el marco de otra sesión en Diputados.Una de las primeras en expresarse este martes fue la Universidad de San Martín (Unsam), que publicó en sus redes sociales un video en el que mostró su adhesión al apagón. "No a los vetos en Salud y Educación. Sí a las leyes que garanticen salud y educación públicas de calidad", sostuvo la entidad educativa en la descripción de la filmación, en la que mostraron sectores del establecimiento apagándose, incluso con estudiantes adentro. View this post on Instagram A post shared by Universidad Nacional de San MartiÌ?n (@unsamoficial)Por su parte, la Universidad de La Matanza (Unlam) también compartió un video aunque más emotivo, en el que, con una música más melancólica de fondo, mostró partes del establecimiento funcionando con normalidad, pero que repentinamente quedan a oscuras. Entre ellas aparecen aulas, canchas de básquet, fútbol y vóley, comedores y patios. "Siempre del lado de la educación pública, gratuita y de calidad", escribió. View this post on Instagram A post shared by UNLaM (@unlamoficial)También se adhirieron al apagón estudiantes de la Universidad Nacional del Oeste, en San Antonio de Padua; de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp); y de UTN San Francisco, entre muchas otras que reclamaron por el veto a la ley de financiamiento.Cuándo se realizará la marcha universitaria federalLa Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una movilización federal bajo el lema "Si hay veto, hay marcha", la cual tendrá lugar el día en que el Congreso trate la anulación del veto presidencial a la ley de financiamiento, el 17 de septiembre a las 15.La protesta no se limitará al ámbito universitario, ya que se espera la participación de otros sectores afectados por medidas similares, como el de la salud pública. La comunidad académica planea unirse a la lucha que encabeza el Hospital Garrahan, con el fin de ampliar el alcance de la movilización. También participarían jubilados, quienes se movilizan todos los miércoles hacia el Congreso.La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, establecía la actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Además, contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias. Sin embargo, la falta de actualización presupuestaria generó una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, estimada por los decanos en casi la mitad. En tanto, la administración pública opera actualmente con presupuestos prorrogados.
La Legislatura le pidió a los legisladores nacionales por Córdoba que respalden el reclamo de las universidades. Austin advirtió que el nuevo proyecto de presupuesto que consolida el ajuste para 2026 en el sector universitario. Duras críticas de Siciliano al mensaje en cadena nacional de Milei. Leer más
El monto total de los tramos de los préstamos podría alcanzar los USD 250 millones
La consultora cuestiona las proyecciones oficiales de crecimiento, inflación y tipo de cambio, y alerta sobre las dificultades para cubrir vencimientos sin acceso al crédito internacional. Leer más
Tras la crisis que golpeó a la actividad láctea en 2023 y parte de 2024 en la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial señaló que ahora el sector muestra signos alentadores con mejora de precios, inversiones en marcha y productores que vuelven a apostar al desarrollo. De acuerdo con datos oficiales de la provincia, el crecimiento fue de hasta el 11% en el último año. "Se está evaluando": el Gobierno analiza un alivio impositivo para las zonas inundadasEn ese contexto, el gobierno de Santa Fe indicó que el sector lácteo provincial consolidó su recuperación tras la crisis de 2023. Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el último año la actividad láctea registró un crecimiento que osciló entre el 6% y el 11,2%.Indicaron que en parte esto se logró por el impulso de beneficios fiscales, el financiamiento por más de 15.000 millones de pesos, obras de caminos y electrificación, mientras se avanza en la apertura de nuevos mercados internacionales. Dijeron que, aunque persisten desafíos, los signos son alentadores: los precios mejoraron, las inversiones comienzan a consolidarse y los productores vuelven a apostar por el desarrollo del sector. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, subrayó que "se definieron medidas claras para alcanzar resultados concretos".Entre las disposiciones, desde el Ministerio destacaron los beneficios fiscales establecidos por la ley tributaria 2025: exención del pago de patentes al transporte lechero, eliminación del impuesto a los contratos tamberos, modificación de alícuotas y del tamaño de las parcelas, entre otras.El Ministerio también priorizó el acceso al financiamiento. Resaltaron que Santa Fe, cuyo gobernador es Maximiliano Pullaro, fue la primera provincia en otorgar créditos del BICE a valor producto, por más de 4000 millones de pesos en 2024. "Con Banco Provincia, Banco Nación y agencias de desarrollo se superaron los $15.000 millones, con proyecciones superiores para 2025â?³, dijeron.Agregaron que la inversión en infraestructura se tradujo en mejoras de caminos productivos, con 132 tambos conectados a la red de ripio, y en obras de electrificación a través del Fondo de Electrificación Rural (FER) y del programa Genera. También se proyecta la conexión de más de diez empresas lácteas al sistema de gas natural mediante gasoductos."Se avanzó, además, en la mejora de los rodeos lecheros, tanto en productividad como en sanidad, con reuniones con cabañeros y el impulso a la reglamentación de la Ley de Buenas Prácticas Lecheras, clave para elevar los estándares de calidad", observaron.Otro aspecto destacado es la inserción internacional, según mencionaron: "Santa Fe, principal exportadora láctea del país, trabaja en la apertura de nuevos mercados -con el Santa Fe Business Forum como vidriera internacional- y en la optimización de la logística, como las tareas desarrolladas en el Puerto de Santa Fe, con el fin de mejorar la competitividad".Por otra parte, en materia energética, a través del Programa Prosumidores 4.0, las industrias lácteas y tambos adheridos pueden generar energía renovable, reducir costos y contribuir al cuidado ambiental.Productividad y desarrollo sosteniblePor otra parte, indicaron que las políticas se complementan con la promoción de productos locales a través de Sabores de Santa Fe, el impulso a la región del Queso Azul, la vinculación con cooperativas y el trabajo conjunto con proveedores de bienes de capital e insumos. "También se destacan los cursos del programa Impulsa -como el de Oficio Tambero- y el financiamiento de redes eléctricas mediante el programa Genera", dijeron. Por último, mencionaron que las inversiones, el financiamiento y la mejora en infraestructura delinean un escenario favorable para los productores. "La implementación de buenas prácticas y el fortalecimiento de los rodeos resultan claves para aumentar la productividad y garantizar una leche de mayor calidad. Con una coordinación integral, la cadena láctea de Santa Fe tiene condiciones para seguir creciendo y consolidar un desarrollo sostenible. Las expectativas son alentadoras: crece la confianza de productores e industrias y se fortalece la articulación entre las distintas secretarías del ministerio para dar respuestas conjuntas a los desafíos del sector", sintetizaron.
La central obrera se movilizará este miércoles 17 en apoyo a los trabajadores de la salud y las universidades. "La salud y la educación son pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo de nuestro país", postuló en un comunicado. Leer más
Docentes e investigadores de distintas facultades realizaron cátedras abiertas para reclamar la implementación de la ley vetada por el presidente Javier Milei
Luego del resultado electoral del 7 de septiembre, distintas empresas decidieron pausar la búsqueda de financiamiento hasta que el panorama se aclare y el riesgo país vuelva a una zona de relativa estabilidad que abarate la toma de crédito para las compañías. La primera en admitirlo fue Tecpetrol, aunque luego fuentes de la firma aclararon que no tenían previsto salir a buscar capital en lo inmediato.Duros análisis de Financial Times y The Wall Street Journal: de "la mayor crisis" a definir a Karina como "un problema"Durante un panel en el evento Argentina Oil & Gas, su CEO, Ricardo Markous, señaló que no les alcanza con el cash flow y que deberán salir al mercado para financiar las inversiones en Vaca Muerta. Recordó entonces que, a principios de año, consiguieron financiamiento con una tasa del 7,5% y en agosto, al 8%. "Ahora hay que esperar a que las condiciones macro se estabilicen", completó.En la misma línea, una de las principales distribuidoras de energía eléctrica en el AMBA habría suspendido la colocación de una obligación negociable, al igual que YPF Luz, aunque la empresa no lo confirmó."En general, no se ve que los planes de buscar financiamiento estén frenados, aunque los emisores parecen estar esperando a que aclare un poco más el panorama después del resultado del domingo antes de salir al mercado", explicó Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist en Facimex Valores.Fuentes de una sociedad de bolsa que suele participar en la colocación de obligaciones negociables dijeron no estar al tanto de compañías que depusieran sus intentos de financiamiento, pero admitieron que no les sorprendería."La realidad es que muchos grandes emisores estaban pensando en salir al exterior porque es difícil emitir en el mercado argentino más de US$50 millones y a más de 2 años. No puedo confirmar que se estén bajando por las elecciones, aunque creemos que, con la baja que tuvieron los activos el lunes 8 â??impulsada por inversores extranjeros saliendo de la Argentinaâ??, lo vemos probable", agregaron.Pero no solo los planes de financiamiento se habrían frenado: también se demoraría el ingreso de empresas extranjeras. Según una nota de IProup, el banco digital brasileño Nubank dejó sin efecto la compra de Brubank, el banco digital más grande de la Argentina, tras meses de un proceso de due diligence. Consultadas por LA NACION, fuentes de Brubank dijeron que no tenían información al respecto. De acuerdo con el artículo, la operación se enfrió, al punto que ahora los dueños de Nubank buscan nuevas alternativas para reflotar su regreso al mercado local, aunque sin apuro y a la espera de que "cambien los vientos" y el escenario político-económico del país se vuelva más estable y previsible.Atrás quedó, por ahora, la posibilidad de volver a operar localmente, como ya lo habían hecho en 2019, cuando abrieron una oficina con 12 empleados en Buenos Aires, que cerraron pocos meses después con el argumento de que preferían centrar su estrategia en Brasil, México y Colombia. Con esa retirada, sus ejecutivos también dejaron atrás la promesa hecha a Mauricio Macri de invertir $2000 millones en dos años para crear un "hub de exportación de servicios y 300 empleos".
En un masivo acto con los principales intendentes de la provincia, se entregó aportes económicos por 1.500 millones de pesos para obras de infraestructura gasífera, fortalecimiento ambiental y equipamiento eléctrico. Leer más
La decisión la confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Milei. Qué impacto fiscal tiene y por qué el Ejecutivo va a demorar la reglamentación
Las entidades financieras desplegaron una variedad de planes de pago y alianzas con comercios para que más personas puedan acceder a la última generación de dispositivos, aunque la brecha económica sigue marcando diferencias en la región
El próximo miércoles el Gobierno enfrentará en Diputados otra sesión de la que podría salir aún más debilitado. Gobernadores, ex libertarios y aliados distanciados terminarán de inclinar la balaza
Ante la ofensiva del Gobierno de vetar las leyes de emergencia en la salud pediátrica y de financiamiento de las universidades, la oposición en la Cámara de Diputados responderá con una sesión especial el próximo miércoles en la que procurará insistir con ambas normas.Será la primera demostración de fuerza que realizarán los opositores tras la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses del domingo pasado. Con los médicos residentes del Hospital Garrahan y docentes universitarios en las calles, los opositores creen que, tal como sucedió la semana pasada cuando se rechazó el veto a la ley de Discapacidad, se podría recrear un clima social similar que sirva de presión sobre los legisladores aún dudosos. No por casualidad los convocantes a la sesión especial pusieron como primer punto del temario la ley sobre salud pediátrica, iniciativa que nació al calor del conflicto salarial entre el Gobierno y los médicos residentes del Hospital Garrahan y que el Congreso aprobó por abrumadora mayoría. Una iniciativa por demás sensible en la opinión pública que la oposición pretende utilizar como señuelo para alcanzar el quorum en el recinto. El temario continuará con la insistencia a la ley de financiamiento universitario; esta iniciativa no despierta tanto apoyo como la anterior aunque, en su momento, se aprobó por amplia mayoría en ambas cámaras. Como se sabe, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en las dos cámaras para insistir en ambas normas y rechazar los vetos presidenciales; una vara muy alta que exige la Constitución pero no infranqueable a juzgar por las últimas sesiones en ambas Cámaras, donde el oficialismo viene sufriendo una seguidilla de derrotas.La sesión especial fue convocada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Además de insistir en ambas leyes, los opositores quieren aprovechar la sesión para forzar al oficialismo a discutir en comisión una serie de iniciativas que, de ser aprobadas, constituirían un duro golpe político al Gobierno. Una de esas iniciativas es la que le impone restricciones al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión clave del gobierno de Javier Milei y que ya cuenta con media sanción del Senado. La oposición buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, a que se dictamine antes de fin de mes. Una vez con el dictamen en mano, solo se requerirá la mayoría simple de los votos en el recinto para convertirlo en ley. El escándalo sobre el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia por las muertes ocasionadas por el fentanilo adulterado serán los otros dos temas que la oposición buscará instalar en el debate para incomodar a los libertarios. La intención es emplazar a las comisiones respectivas para que allí se dictamine sobre sendos pedidos de informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Asimismo, los opositores insistirán en la creación de una comisión investigadora por el caso fentanilo contaminado, aunque resta el aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por esa razón buscarán emplazar a Mayoraz para avanzar en los dictámenes, una ofensiva que incluso tendría el aval de un sector de Pro.
El Gobierno anunció este viernes que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a su reciente campaña contra el veto del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario. "Al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra", señalaron en un comunicado del Ministerio de Capital Humano.También solicitarán la investigación de "quienes ordenaron crear el subdominio noalveto.uba.ar" para determinar "las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".La denuncia promovida por la cartera hace referencia a la reciente campaña, con una pata digital, que lanzó la casa de altos estudios. Al ingresar a la página oficial de la UBA, las palabras "No al veto" figuran en letras grandes y blancas con un fondo negro. La página se encuentra inhabilitada para cualquier tipo de acción de parte de los usuarios que ingresan, por lo que el alumnado no puede acceder a ningún tipo de material previamente disponible en el sitio web. "Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades", continuaron en el comunicado.Mientras tanto, una marcha se lleva adelante esta tarde el rechazo a los vetos a la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Allí se reúnen profesionales de la salud y de la casa de altos estudios. Realizan un recorrido que va desde el Congreso a Plaza de Mayo.COMUNICADO OFICIAL@JMilei @AleCiroAlvarez pic.twitter.com/fIDSANKvm9— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) September 12, 2025"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley", concluyeron desde la cartera.El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sumó: "Siempre vamos a defender el derecho de los alumnos a la educación, es inadmisible que las autoridades de la UBA se apropien de los campus virtuales que son de y para los estudiantes". En paralelo, este viernes gremios docentes de las universidades nacionales llevaron adelante un paro en las más de 60 casas de altos estudios de todo el país, donde destacaron un "altísimo acatamiento". Ya preparan una marcha federal para revertir la decisión de la Casa Rosada en el Congreso.La nueva medida de fuerza es la segunda de estas características luego de la paralización de clases que hubo hace un mes en respuesta al veto a la ley de financiamiento universitario.En la ciudad de Buenos Aires, la UBA colgó carteles como un llamado de atención a los diputados nacionales, quienes serán los encargados de ratificar o rechazar el veto presidencial. "Diputados y diputadas, no al veto", se leía en una bandera gigante exhibida en la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas. Otra frase también se difundió en otras facultades en forma de cartelería y panfletos: "Si hay veto, hay marcha".El próximo miércoles 17 de septiembre se llevará adelante una tensa sesión en la Cámara baja. El pedido de la oposición incluye en el temario los vetos al financiamiento universitario y emergencia pediátrica. La ley que defiende la casa de altos estudios permite la creación de un fondo anual de diez mil millones de pesos, la garantía de becas y una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta ahora por inflación acumulada. También contempla una actualización mensual por IPC.