Parlamentario evitó pronunciarse sobre la negativa del Congreso para que la expremier se convierta en su asesora. No obstante, al ser consultado sobre su eventual salida de territorio peruano, indicó que "es lo que corresponde"
Raquel Sánchez y su esposo, Jesús Muñoz Colorado, dos migrantes de origen latino, denunciaron que fueron detenidos por agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Washington D.C. Ambos fueron arrestados cuando se dirigían a trabajar, a pesar de que tiene una solicitud de visa U en trámite y un caso de asilo abierto.Detenidos cuando iban al trabajo en Washington DC, con una visa U en trámite: "Eso no importa"Sánchez contó en una entrevista con Telemundo que todo ocurrió el martes 26 de agosto, cuando se dirigían por la calle 58 rumbo a su empleo, en Washington D.C. En ese contexto, agentes del ICE los detuvieron y les exigieron su documentación. Ella aseguró que les presentó el formulario G-28, con el que notificaba que contaban con representación legal."Cuando les di el papel lo tomaron feo y dijeron que eso no importaba. Yo les dije: '¿Cómo que no?, si estoy atravesando un proceso'", recordó. Pese a ello, contó que los oficiales mantuvieron su postura y les dieron la misma respuesta: "Eso no importa".Agentes del ICE sin identificación y con los rostros cubiertos en Washington D.C.De acuerdo con el relato de Sánchez, los agentes los esposaron y los trasladaron en un vehículo sin identificación oficial. Además, los agentes tampoco tenían insignias. "El que nos subió a su carro decía 'Federal' y los demás no decían nada, tenían el rostro cubierto y el chaleco no decía nada", afirmó.La pareja fue llevada a las oficinas del ICE en Chantilly, Virginia. Allí, una funcionaria le informó a Sánchez que existía una orden de deportación en su contra. La mujer negó esa versión y sostuvo que su proceso judicial estaba en otra instancia.La versión de la abogada de los migrantes latinos detenidos por el ICE en Washington D.C.: "No son criminales"La abogada Julia Toro explicó a Telemundo que la situación de sus clientes no justificaba la detención. "Mi clienta estaba en proceso de Corte en proceso de remoción frente a un juez, pero el año pasado el gobierno desestimó el caso y retiró el cargo", aseguró. Asimismo, la letrada aclaró que, además de la solicitud de visa U, la pareja tenía un caso de asilo pendiente y que ninguno de ellos tiene antecedentes penales. "Ni ella ni él tienen arrestos o sentencias criminales. No son criminales", enfatizó.Horas después del operativo, Raquel Sánchez fue liberada. Le colocaron una tobillera electrónica y le dieron una notificación para presentarse en la Corte. En cambio, Jesús Muñoz Colorado, su esposo, continuó bajo custodia del ICE.La abogada adelantó que presentará una solicitud de audiencia de fianza para intentar lograr la liberación del migrante. Hasta entonces, el calendario judicial avanza: a él se le programó una audiencia para el 16 de septiembre, mientras que a Sánchez se le fijó fecha para el 26 del mismo mes.Ya en su casa, la mujer describió la situación que atraviesa como una de las más difíciles de su vida. Además, lamentó que su pareja todavía esté detenida. "Me duele el alma no poder hacer nada. Es uno de los pilares de mi casa y tiene que regresar", expresó. Qué es la Visa U y quiénes pueden solicitarlaEl Ajuste de Estatus es un proceso mediante el cual una persona que se encuentra en EE.UU. puede solicitar la residencia permanente. Este proceso es clave para quienes buscan obtener la green card.De acuerdo con los abogados de la organización Immigrant Defense Project, una de las tres visas especiales que pueden ser clave para ajustar el estatus migratorio es la Visa U.El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, sigla en inglés) explica que ese visado está disponible para víctimas de ciertos delitos graves, como violencia doméstica, agresión sexual, secuestro o extorsión. Para calificar, el solicitante debe haber sufrido abuso físico o mental significativo y haber cooperado con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento del crimen.Esta visa ofrece un camino hacia la residencia permanente después de tres años de estatus legal en Estados Unidos. No solo protege a las víctimas, sino que también ayuda a las agencias del orden público a procesar a los perpetradores de delitos graves.
La investigación federal reveló que el grupo utilizó empresas fachada, pagos digitales y hasta vuelos privados para ingresar de manera irregular a miles de migrantes, generando más de 18 millones de dólares entre 2021 y 2025
El expresidente fue recibido por seguidores tras la resolución judicial que anuló su detención preventiva. El Ministerio Público continuará con las pesquisas
Más de 80.000 colombianos buscaron protección internacional en territorio estadounidense, impulsadas por violencia, amenazas y falta de garantías, según datos oficiales y expertos en derechos humanos
La agencia europea Frontex revela que la ruta de Baleares se ha intensificado. Guinea-Bissau es ahora un punto de salida importamte de cayucos. En lo que va de año 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos
Un fallo judicial en Estados Unidos, que rechazó el pedido de asilo de una oficial venezolana, marcó un precedente que podría impactar en de miles de migrantes con trámites abiertos. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) negó este pedido de protección humanitaria en julio y la fiscal general, Pam Bondi, ordenó a jueces y fiscales considerar esta resolución como referencia en decisiones futuras.El caso de asilo de la oficial venezolana que podría marcar un precedenteSegún los registros judiciales a los que accedió Univision, el caso de asilo rechazado afecta a una exteniente del Ejército venezolano (identificada en los documentos bajo el código O-Y-A-E) que se desempeñó como oficial de contrainteligencia. En su pedido expresó que temía ser "golpeada, secuestrada, detenida, torturada o asesinada si regresaba a Venezuela debido a su negativa a cumplir" con una orden ilegal.El expediente indica que un superior, identificado como comandante Ortado, le pidió falsificar un documento. Ella se negó y a partir de ese momento comenzaron las amenazas. Tras pedir su retiro del Ejército, una unidad militar armada acudió a su casa por orden de Ortado. El oficial la buscó de manera directa y la amenazó, lo que reforzó la credibilidad de su testimonio. La mujer emigró a Estados Unidos para protegerse.En 2024, durante el gobierno de Joe Biden, un juez de inmigración analizó el caso y le otorgó el asilo, al considerar que su declaración era creíble y que cumplía con los requisitos bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).El magistrado detalló que, aunque la demandada no sufrió tortura, Ortado "amenazó con secuestrarla, encarcelarla, torturarla y asesinarla a ella y a su familia". También consideró que, debido a su rol en la contrainteligencia, el Estado venezolano tenía capacidad de identificarla con facilidad en caso de su regreso a su país. La apelación del DHS y la orden de Pam BondiEl 4 de diciembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una apelación contra la decisión favorable. El organismo cuestionó el asilo otorgado y solicitó la revisión del caso.Así, el 23 de julio pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración revirtió el fallo original. Determinó que la demandada no cumplía con los estándares requeridos y emitió una orden de deportación.El dictamen advierte que, en caso de incumplimiento, la mujer enfrentará una multa de US$998 diarios hasta abandonar el país.Tras la revocación del fallo, la fiscal general Pam Bondi emitió la orden que establece que la decisión de la BIA en el caso O-Y-A-E debe aplicarse como precedente obligatorio en procesos similares."De conformidad con la orden número 6380-2025, de fecha 20 de agosto de 2025, la fiscal general designó la decisión de la Junta en el asunto O-Y-A-E- (BIA, 23 de julio de 2025) como precedente en todos los procedimientos relacionados con el mismo asunto o asuntos", señala el escrito citado por el mismo medio.Cuál es el impacto en las solicitudes de asilo pendientesEste cambio eleva el estándar de "miedo creíble" en solicitudes de asilo, lo que implica un criterio más exigente para quienes buscan amparo en el país.Con la designación de este caso como referencia obligatoria, miles de solicitantes de asilo con trámites pendientes enfrentarán un estándar más estricto para probar miedo creíble, lo que podría reducir las aprobaciones de asilo.
Informarse sobre los cambios en las políticas migratorias es crucial para asegurar una solicitud exitosa.Obtener la Green Card en 2025 requiere cumplir con los requisitos específicos de la categoría bajo la cual se presenta la solicitud.
Un hombre afgano que trabajó para las fuerzas armadas de Estados Unidos buscaba solicitar asilo en Canadá, pero actualmente permanece arrestado en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) junto a dos de sus hijos. Mientras su esposa y una hija lograron llegar al territorio canadiense, él y los restantes miembros de la familia siguen bajo custodia en Texas y enfrentan restricciones para continuar su viaje hacia el país vecino.Un hombre afgano y sus dos hijos fueron detenidos por el ICE al querer solicitar asilo en CanadáUn hombre, cuya identidad se mantiene en el anonimato, su esposa y tres de sus hijos, se establecieron temporalmente en México con el objetivo de obtener una cita con las autoridades migratorias de EE.UU. a través de la aplicación CBP One durante la administración Biden. Al no lograrlo, el 20 de diciembre de 2024, un mes antes del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, recurrieron a un traficante para cruzar el río Bravo y se entregaron a los guardias fronterizos, según detalló The Washington Post. Su intención era continuar hacia Canadá, donde varios familiares ya habían recibido estatus de refugiados y donde, según el acuerdo migratorio entre estos dos países, también podrían solicitar asilo. Este proceso se inició en 2021, poco después del retorno talibán, cuando tres de los hijos del hombre huyeron a Canadá y alentaron a los demás familiares a intentarlo. Finalmente, el hombre y los cuatro miembros de su familia emprendieron el viaje en 2024. "Nadie está feliz de abandonar su país", expresó.Los cinco integrantes superaron entrevistas de temor creíble en Estados Unidos, según su abogada Juli Goodwin. A fines de enero y principios de febrero de este año, la esposa del hombre y una hija fueron liberadas de la detención del ICE y llegaron a Canadá, donde presentaron solicitudes de protección. Sin embargo, el hombre y sus otros dos hijos permanecen detenidos desde entonces.Goodwin afirmó que se encuentran encerrados en condiciones "deplorables". El hombre detenido aseguró que comparten celdas con hasta 50 personas y que, ante la escasez de alimentos, se vio obligado a consumir carne no halal, en contra de sus prácticas religiosas. Además, señaló que uno de sus hijos sufrió convulsiones sin recibir un diagnóstico médico.Ante estas denuncias, la portavoz del ICE, Mary McLaughlin, afirmó que los centros ofrecen comida que respeta las restricciones religiosas de los detenidos y calificó de "falsas" las acusaciones sobre condiciones inadecuadas en las instalaciones.La abogada del afgano indicó que las autoridades de EE.UU. afirman que el hombre y sus dos hijos podrían volar a Canadá, pero para abordar un avión necesitarían visas o permisos especiales que Canadá probablemente no otorgue. En cambio, las autoridades canadienses los aceptarían en un cruce terrestre, pero Estados Unidos no les permite trasladarse por tierra hasta la frontera."Están en una situación en la que, si pudieran llegar a Canadáâ?¦ podrían solicitar asilo", explicó Goodwin. "Pero permanecen atrapados bajo custodia estadounidense, y EE.UU. se niega a liberarlos. De ser liberados, llegarían a la frontera canadiense en un solo día".Asimismo, aunque EE.UU. ofreciera a los detenidos protección temporal contra la deportación y los impidiera ser enviados a Afganistán, todavía podrían ser trasladados a un tercer país sin relación con ellos, según detalló la experta.Por su parte, el hombre afgano afirmó desde un centro de detención en Texas: "He trabajado para Estados Unidos, los apoyé. Formé parte de un equipo provincial de reconstrucción militar estadounidense durante la guerra. Solo quiero que Canadá me brinde ayuda, que me permita ingresar y reunirme con mi familia, porque Estados Unidos no lo hará".De qué trata el Acuerdo de Tercer País SeguroEn los últimos años, Canadá y Estados Unidos implementaron medidas para restringir las solicitudes de asilo en su frontera compartida. Bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro, vigente desde 2004, cada país puede devolver a los solicitantes que ingresen desde el otro al considerar a ambos como lugares seguros para pedir refugio. Esto implica que los solicitantes deben presentar su solicitud en el país donde llegan primero.Sin embargo, existen excepciones: los migrantes con familiares cercanos que tengan estatus legal en Canadá o EE.UU. pueden cruzar la frontera terrestre para solicitar protección."Ahora que las políticas de asilo y detención de Canadá son tan diferentes de las de EE.UU., y considerando el empeoramiento de la situación allí, ¿qué significa realmente el Acuerdo de Tercer País Seguro? El pacto debería garantizar una oportunidad justa de asilo sin importar el país, pero sabemos que, para personas en estas circunstancias, eso no se cumple", indicó el abogado Maureen Silcoff.Por su parte, Matthew Krupovich, portavoz del departamento de inmigración de Canadá, afirmó: "Canadá supervisa continuamente la designación estadounidense de acuerdo con nuestras obligaciones legales. No podemos especular sobre decisiones de política futura. No comentamos sobre medidas internas del gobierno de EE.UU.".La portavoz del departamento federal, Tricia McLaughlin, afirmó: "Para ser claros, el acuerdo de tercer país seguro entre nuestros dos países significa que EE.UU. no va a pasar ilegales que buscan asilo desde nuestro país a Canadá y viceversa. Esto forma parte de ser buenos vecinos y socios".
La USCIS detalla tres vías principales para acceder al asilo: proceso afirmativo, entrevista y defensa legal
La carta, dirigida a Javier Milei, y pruebas de su teléfono revelan su intención de huir, según la justicia brasileña. El exmandatario brasileño enfrenta cargos adicionales y sigue bajo arresto domiciliario a la espera de su proceso en septiembre. Leer más
La congresista y precandidata presidencial por el Centro Democrático le afirmó a Saade que después del 7 de agosto de 2026 todos los corruptos se irán de la presidencia
Iván Cancino habló sobre el proceso que inició el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro y que hoy lo tiene protegido como asilado en Nicaragua
En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Justicia expresaron que el asilo no puede ser invocado cuando la persona ha cometido delitos comunes o que tenga una acción judicial "originada por dichos delitos"
La policía brasileña indicó que Bolsonaro "tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión hacia Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación" del caso por intento de golpe.
El exmandatario enfrenta un juicio por intentar un golpe de Estado tras ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. Si lo hallan culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Leer más
Se trata de un documento que fue encontrado en el celular del expresidente de Brasil en la causa que lo investiga por intentar interferir en el proceso judicial por presunto golpe de Estado.
BRASILIA.- La Policía Federal brasileña incautó en el celular del expresidente Jair Bolsonaro una solicitud de asilo político dirigida al mandatario argentino Javier Milei. El documento figura en la imputación del expresidente realizada por la Policía Federal por coacción en el curso del proceso y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Según la policía, Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien ahora se encuentra en Estados Unidos, han actuado contra integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del juicio del exmandatario en el proceso relacionado con la trama golpista.Durante el análisis del material incautado, la policía identificó un archivo de texto cuya última modificación fue realizada el 12 de febrero de 2024, y afirmó que el contenido revela que Bolsonaro "practicó actos para obtener asilo político en Argentina". Aunque se trata de un único documento en formato editable, sin fecha ni firma, su contenido indica que el acusado, desde la deflagración de la operación Tempus Veritatis, que investiga un intento de golpe de Estado, planeó actos para huir del país con el objetivo de impedir la aplicación de la ley penal, señaló la policía.La fecha de la última modificación del documento coincide con el día en que el expresidente se dirigió a la embajada de Hungría en Brasil, donde permaneció dos noches. La visita ocurrió cuatro días después de que la Policía Federal del país vecino incautara su pasaporte durante una operación."Se trata del archivo Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx, el cual, según sus metadatos, fue guardado en el celular del expresidente el 10/02/2024 a las 18:28 (UTC-0). El creador y último autor del documento remite al usuario FERNANDA BOLSONARO. En este sentido, es posible que dicho usuario esté vinculado con FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, nuera del expresidente y esposa del senador FLAVIO NANTES BOLSONARO", señaló la policía.El documento, según la policía, tiene 33 páginas y la introducción plantea una alegación de persecución política en Brasil."En primer lugar, debo decir que en mi país de origen soy perseguido por motivos y delitos esencialmente políticos. En el marco de dicha persecución, recientemente fui objeto de diversas medidas cautelares", dice el texto.El archivo fue guardado en el teléfono celular del expresidente el 10 de febrero, dos días después de la operación de la policía federal que incautó el pasaporte de Bolsonaro.Agencia AP y diario O Globo
Así lo reveló la Policía de Brasil, que incautó un mensaje clave del teléfono del expresidente, que está en prisión domiciliaria.Qué dice el mensaje hallado en el celular.
El país centroamericano argumentó que el exdirector del Dapre tiene derecho a recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes
El colombiano de 62 años permanece en libertad y en noviembre de 2025 será su audiencia
A través del asilo, los extranjeros presentes o que llegan a Estados Unidos pueden buscar protección contra la persecución pasada o futura por diversos motivos. Este beneficio otorga un permiso de trabajo cuyo trámite se actualizó en este 2025. El precio, cuánto dura y todo lo que se debe saber.Permiso de trabajo por asilo: cómo funcionaPara solicitar un permiso de trabajo por asilo y su vez el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), el migrante debe presentar el Formulario I-765 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). Solicitud de asilo pendiente: por lo general, una persona es elegible para la autorización cuando la solicitud de asilo ha estado pendiente por 180 días. Después de que la petición es adjudicada: con la aprobación del beneficio, el extranjero está autorizado inmediatamente a trabajar. Algunos asilados optan por obtener la tarjeta EAD con propósitos de identificación. Si un juez de inmigración es quien otorga el asilo, se debe presentar el Formulario I-765.El Uscis advierte que si se niega la petición, la autorización de empleo terminará cuando se caduque el EAD o 60 días después de que la solicitud haya sido denegada, lo que sea más tarde.Cuánto cuesta el EAD por asilo en 2025En julio, el Uscis anunció un cambio en las tarifas de diversos trámites, entre ellos la solicitud inicial de asilo y la petición del permiso de trabajo, así como la renovación del mismo. Las disposiciones de la agencia obedecen a lo establecido en el proyecto de reconciliación (HR1), firmado por el presidente Donald Trump.La Ley HR1 creó una tarifa para quienes presenten una solicitud inicial de autorización de empleo basada en el beneficio de asilo, que asciende a 550 dólares para el año fiscal 2025. El costo se debe cubrir al iniciar el trámite del EAD y no se puede eximir ni reducir. Además del precio inicial de solicitud de EAD, la legislación establece un cobro para las renovaciones y extensiones del permiso de trabajo por asilo. El monto es de US$275 para el año fiscal 2025. Este costo tampoco se puede eximir ni reducir, aunque el Uscis puede exentar la tarifa regulatoria preexistente."Los solicitantes deben enviar las nuevas tarifas con las solicitudes de beneficios mataselladas en o después del 22 de julio de 2025. Uscis rechazará cualquier formulario matasellado en o después del 21 de agosto de 2025 que no incluya las tarifas apropiadas", destaca la agencia.De acuerdo con las actualizaciones de este 2025, la solicitud inicial de asilo costará US$100 y se creó la tarifa anual asilo (AAF, por sus siglas en inglés), también de US$100, pagaderos solo en línea.Actualización: lo que se debe saber del Formulario I-765De acuerdo con una alerta del Uscis, desde este 18 de agosto de 2025 cambio el lugar de presentación del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo para ciertos solicitantes. Si se presenta en relación con una petición de visa VAWA, T o U, o relacionada con un Formulario I-485 (ajuste de estado), se debe enviar a una localidad segura (Lockbox), en lugar de en el Centro de Operaciones de Servicio de Nebraska.Ofrecerán un período de gracia de 30 días para los formularios enviados por correo postal a la anterior dirección, pero la oficina de Nebraska rechazará cualquier formulario con matasellos del 18 de septiembre de 2025 o posterior.Asilados: ¿Cuándo renovar el EAD?El organismo precisa que si se desea renovar un documento de autorización de empleo existente, es necesario presentar el Formulario I-765 seis meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta actual. "Le recomendamos que no presente una solicitud para renovar su EAD más de 180 días antes de la fecha de vencimiento de su actual EAD", añade.
En medio de la intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Francisco Aguirre, un solicitante de asilo que vive Oregón, se convirtió en una voz clave para su comunidad. Desde un programa de radio en el sótano de una iglesia en Portland, difunde alertas verificadas sobre operativos migratorios para contrarrestar la desinformación de las redes sociales y proteger a familias enteras de migrantes en Estados Unidos.¿Quién es Francisco Aguirre y cómo llegó a Oregon?De acuerdo con CBS News, Francisco Aguirre llegó a Estados Unidos en los años 90, tras huir de la violencia en El Salvador, donde asesinaron a uno de sus hijos en 2015. Vivió sin estatus legal hasta el 2000, cuando lo deportaron tras ser atrapado mientras vendía heroína y cocaína en Portland.Sin embargo, Aguirre volvió a entrar ilegalmente a EE.UU. años después y solicitó asilo. Nuevamente en Portland, se convirtió en activista por los derechos de los inmigrantes y en coordinador de una organización sin fines de lucro que administra un centro de jornaleros. Actualmente, el propio activista y sus simpatizantes aseguran a CNN que es "una persona reformada, un hombre de familia y pilar comunitario". Incluso estudia para convertirse en pastor. "Mentiría, si dijera que no tengo miedo", reconoció Aguirre, al explicar que su labor lo expone a riesgos, "pero no tengo opción".Hoy, el migrante conduce un programa de radio desde el sótano de una iglesia en Portland, donde se refugió de las autoridades tras reingresar ilegalmente en EE.UU. Allí informa sobre redadas y detenciones del ICE, e incluso asume riesgos por su propio estatus migratorio.Aguirre agregó: "Estas personas con máscaras están atacando familias. Hay niños que se despertaron preguntando por su papá, su mamá, y su mamá ya está detenida. Así que tengo que hacerlo".Nuevas tácticas contra el ICE: redes sociales y alertas comunitariasDistintas comunidades de todo Estados Unidos utilizan herramientas como la aplicación de navegación Waze, cámaras Ring, foros de Reddit y grupos de Facebook y WhatsApp para advertir sobre la presencia de agentes del ICE.En algunos casos, de acuerdo con el mencionado medio, se emplean códigos como falsos avisos de "carretera helada" (en pleno verano) en Waze para indicar que hay oficiales migratorios en la zona. Este sistema informal creció tras la segunda investidura de Donald Trump, cuando aumentaron las deportaciones y los arrestos diarios.Aunque ingeniosa, esta estrategia puede no ser siempre confiable, de acuerdo al propio Aguirre. El líder comunitario advirtió a CNN que las alertas erróneas pueden generar miedo innecesario. Por eso, su equipo se encarga de verificar los datos y de frenar publicaciones falsas. "Nos aseguramos de que la información que está allí sea verídica", explicó Aguirre. Y si no lo es, alertan a su comunidad. "Oye, deja de compartir esta publicación. No es cierto. Esto no está pasando", explican.La respuesta federal y los peligros para los migrantesPor su parte, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sostiene que estos avisos podrían interpretarse como "obstrucción de la justicia".La funcionaria comentó: "Nuestros valientes agentes del ICE ya enfrentan un aumento de casi el 1000% en agresiones contra ellos. Si obstruye o agrede a nuestras fuerzas del orden, lo perseguiremos y será procesado con todo el peso de la ley".Aguirre no piensa lo mismo. "Nuestra comunidad hará lo que sea para defender a su familia. Pero seamos claros: no estamos a favor de la violencia. No somos una comunidad violenta. Somos una comunidad de paz, de amor y de unidad. Nunca usaremos la violencia", declaró.El salvadoreño aclaró que, pese a las amenazas, los inmigrantes seguirán su monitoreo en su programa de radio, las redes sociales y aplicaciones impulsadas por la comunidad, junto con otros métodos que no detalló. En su opinión, mantener esos canales en privado es importante.La labor del ICE en Estados UnidosA pesar de su activismo, Aguirre aclara no se opone a todo el trabajo del ICE. "Estamos de acuerdo con que el gobierno federal haga cumplir la ley y detenga a quienes vienen a hacer daño a Estados Unidos, pero eso no es lo que pasa ahora", explicó.En este sentido, datos internos del ICE obtenidos por CNN en junio indicaron que menos del 10% de los detenidos desde octubre tienen antecedentes penales graves, un hecho que refuerza las críticas de Aguirre y otros defensores de los migrantes. "Detienen a familias que sostienen a este país", agregó.Su idea se respalda además por una encuesta del mencionado medio, que encontró que el 55% de los estadounidenses consultados dijo que el presidente ha ido demasiado lejos en lo que respecta a deportar inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, un aumento de 10 puntos desde febrero.
Cinco menores no acompañados de Malí serán trasladados este sábado a la península
Documentos indican que González habría regularizado su residencia en Nicaragua el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por corrupción
En la entrevista expuso que este individuo la había amenazado y agredido para que quitara su negocio de la zona
El Ayuntamiento de Madrid quería expropiar sus casas y decidieron independizarse.Tuvieron Constitución, moneda y fronteras propias.
La ciudadana alega estar siendo víctima de una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Permanece refugiada en la residencia oficial del embajador de Colombia en Venezuela
El colombiano Carlos Adolfo Haeckermann Cárdenas, residente del Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida, se declaró culpable por ayudar a docenas de migrantes a presentar solicitudes de asilo falsas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). El migrante de 62 años, arrestado en 2024, ahora enfrenta una pena máxima de diez años de prisión y multas de 250 mil dólares por cada uno de los cuatro cargos. Es colombiano y lo arrestaron por presentar solicitudes de asilo falsas ante UscisHaeckermann fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 13 de noviembre de 2024, mientras que se declaró culpable el 30 de julio de 2025. Durante su audiencia, admitió haber operado un negocio, primero en Colombia y luego en Estados Unidos, en el que cobraba honorarios para guiar a ciudadanos colombianos a realizar los procesos de solicitud de visa y asilo en Estados Unidos con información falsa. Según explicó el Uscis en un comunicado oficial, el colombiano les recomendaba a sus clientes inflar su estatus profesional y mentir en sus intereses comerciales o sus conexiones personales en Colombia para engañar a los funcionarios migratorios. Incluso redactaba él mismo las solicitudes completas y se las daba a los solicitantes de visa para que las firmaran y presentaran. El objetivo era que los extranjeros presentaran un perfil elegible, que diera la impresión de que regresarían a su país de origen sin exceder la estadía permitida por sus visas. "También solía embellecer y, en algunos casos, inventar directamente las historias de persecución en Colombia de sus clientes para engañar a los funcionarios de inmigración y aumentar sus posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos", añadió la agencia. En ocasiones, les solicitaba a los migrantes pagos adicionales a cambio de documentos falsificados que, según les decía a sus clientes, eran necesarios para respaldar sus solicitudes de asilo.Cómo lo descubrió el Uscis y qué penas enfrenta el colombianoHaeckermann alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y se declaró culpable de cuatro casos, referidos a aplicaciones migratorias entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En ellos, se lo acusa de complicidad en una declaración falsa en un documento de inmigración, en violación de los artículos 1546(a) y 2 del Título 18 del Código estadounidense.En específico, el colombiano admitió haber inventado historias de presunta persecución política en las cuatro solicitudes. Además, reconoció haber trabajado en otras docenas de peticiones de asilo fraudulentas.La información fue reciclada con detalles insignificantes, lo cual facilitó que el Uscis descubriera su estrategia. De acuerdo con el comunicado, el caso es resultado de una investigación conjunta del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) y del Uscis.Tras admitir su culpabilidad, el hombre fue puesto en libertad bajo fianza y tiene una audiencia de sentencia programada para el 5 de noviembre de 2025 ante el juez federal de distrito Vince Chhabria. Haeckermann enfrenta una pena de hasta diez años de prisión y una multa de US$250 mil por cada uno de los cuatro cargos.
El formulario 1-589 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) permite pedir asilo y la suspensión de la remoción al mismo tiempo. Sin embargo, los expertos en beneficios migratorios señalan que existen diferencias entre ambos procedimientos. Asilo y suspensión de la remoción: diferenciasUna de las principales diferencias tiene qué ver con la aceptación, ya que el asilo puede ser aprobado por un oficial del Uscis o por un juez de Inmigración. Sin embargo, la suspensión de la remoción solo puede ser acordada por un juez.Además, a diferencia del asilo, que ofrece un camino hacia la residencia permanente y a su vez a la ciudadanía, la retención de la expulsión es una forma más limitada de alivio, esto debido a que no proporciona una ruta directa hacia el estatus migratorio por el que se obtiene la green card.Formulario 1-589 del Uscis: quiénes pueden usarloEl formulario I-589 está diseñado para determinar la elegibilidad para asilo en los Estados Unidos y para la suspensión de expulsión.Las instrucciones del formulario indican que para calificar para el asilo, el solicitante debe demostrar que no puede o no quiere regresar a su país de origen, o a su última residencia habitual, debido a persecución o a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.Al incluir a miembros de la familia en la petición, será necesario presentar evidencia documentada que establezca la relación para cada miembro. Si no se presenta el Formulario I-589 dentro del plazo de un año a partir de la llegada a EE.UU., no será elegible bajo la sección 208(a)(2)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).Si se concede asilo, el beneficiario principal y cualquier cónyuge o hijo elegible incluido en la solicitud podrán vivir y trabajar en Estados Unidos y, eventualmente, obtener la residencia permanente legal.El documento advierte que si no se concede el beneficio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podría usar la información proporcionada para determinar que puede ser deportado de Estados Unidos. Sin embargo, aún se podría ser elegible para la suspensión de expulsión.Suspensión de la remoción, al mismo tiempo que el asiloLas instrucciones del formulario precisan que la solicitud de asilo también se considera una solicitud de suspensión de expulsión, según la sección 241(b) (3) de la INA, en su versión modificada. Asimismo, se puede presentar la petición para cancelar la remoción bajo la Convención contra la Tortura si se marca la casilla indicada.Para calificar para la retención de deportación, el solicitante debe presentar mayores pruebas para demostrar que es probable que su vida o libertad sean amenazadas debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia en un grupo social u opinión política.Si se obtiene, el extranjero no podrá ser expulsado a un país donde su vida o libertad corran peligro, pero existe la posibilidad de que sea removido a una tercera nación donde su vida o libertad no corran peligro. A diferencia del asilo, la cancelación de expulsión no se aplica de forma derivada a ningún cónyuge o hijo; ellos tendrían que hacer la petición por su cuenta. Tampoco otorga el derecho a solicitar la residencia permanente legal en Estados Unidos.El Formulario I-589 se considerará una solicitud de suspensión de deportación bajo la Convención contra la Tortura si el extranjero informa al juez de inmigración que desea que se le considere para dicho procedimiento, o si se determina que la evidencia indica que podría ser torturado en el país de deportación.Independientemente del fundamento de la solicitud de suspensión, la persona no será elegible para la suspensión si:Contribuyó a la persecución nazi o participó en genocidio;Ha perseguido a otra persona;Ha sido condenado en sentencia firme por un delito particularmente grave y, por lo tanto, representa un peligro para la comunidad estadounidense;Se considera, por razones serias, que ha cometido un delito común grave fuera de Estados Unidos; oRepresenta un peligro para la seguridad del país.Nuevas reglas del Uscis para solicitantes de asiloEl Uscis, por sus siglas en inglés, anunció hace unos días un cambio en las tarifas de diversos trámites. Las disposiciones de la agencia obedecen a lo establecido en el proyecto de reconciliación (HR1), conocido como One Big, Beautiful Bill Act. La ley HR1 establece un que la solicitud inicial de asilo ahora costará 100 dólares.La legislación también exige que todos los extranjeros con una solicitud de asilo pendiente paguen una tarifa anual (AAF, por sus siglas en inglés) por cada año calendario que el proceso se encuentre sin respuesta de las autoridades, la cual corresponde a US$100 para el año fiscal 2025, pagaderos solo en línea.La agencia dio a conocer que notificará personalmente a cada solicitante de asilo con un caso pendiente sobre el pago de la AAF, para indicar el monto de la tarifa, cuándo y cómo debe pagarse y las consecuencias de no hacerlo.
El antioqueño fue declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció hace unos días un cambio en las tarifas de diversos trámites y la estipulación de un nuevo pago para los solicitantes de asilo. Como parte de las nuevas reglas, existe una simple acción por la que se podría perder el proceso y quedar expuesto a la deportación.Nueva regla del Uscis: qué es la tarifa anual de asiloLas disposiciones de la agencia obedecen a lo establecido en el proyecto de reconciliación (HR1), conocido como One Big, Beautiful Bill Act. Dicha legislación exige que todos los extranjeros con una solicitud de asilo pendiente paguen una tarifa anual por cada año calendario que el proceso se encuentre sin respuesta de las autoridades. La tarifa anual asilo (AAF, por sus siglas en inglés) es de 100 dólares para el año fiscal 2025, pagaderos solo en línea.Además del pago de la tarifa por asilo pendiente, la ley HR1 establece un que la solicitud inicial de asilo también costará US$100. De acuerdo con el Registro Federal, se interpreta el término "permanece pendiente" como cualquier solicitud presentada ante el Uscis o el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y que permanezca sin resolución ante cualquier agencia, tribunal o entidad del gobierno federal con jurisdicción sobre solicitudes de asilo."Cualquier extranjero que presentó o presente un formulario I-589 después del 1º de octubre de 2024, que permanezca pendiente con el Uscis durante 365 días, debe pagar el AAF a partir del primer aniversario de su fecha de presentación y cada año posterior que la solicitud permanezca pendiente en dicho día del año calendario", especifican.El Uscis notificará personalmente a cada solicitante de asilo con un caso pendiente sobre el pago de la AAF, para indicar el monto de la tarifa, cuándo y cómo debe pagarse y las consecuencias de no hacerlo. La agencia también explica que para las solicitudes pendientes durante más de un año antes del 1º de octubre de 2024, se determinó que no se requiere ningún AAF adicional por los años en que la petición estuvo pendiente antes del año fiscal 2025, lo que significa que no existirá un costo retroactivo.La acción por la que se podría perder el asilo en EE.UU.El abogado de inmigración, John R. De La Vega, explicó en el canal de YouTube La hora del inmigrante, que si no se hace el pago de la tarifa de asilo pendiente podría considerarse como una acción no cumplida y el caso podría ser rechazado por abandono, lo que a su vez llevaría al gobierno federal a iniciar un proceso de deportación."Si yo fuera una de las personas que aplica al asilo después del primero de octubre del 2024, estaría muy pendiente de mi correo. Cuando se acerque esa fecha, contacte a inmigración, sea proactivo, para que después no se vea afectado su procedimiento", señaló el legista.El abogado también destacó que el Uscis puede tardar hasta 12 años en dar una entrevista de asilo, por lo que el pago de la AAF se tendría que realizar por un tiempo considerable.Los casos pendientes de asilo del Uscis, en cifrasEl reporte más reciente de todos los formularios de solicitud y petición de la agencia indica que desde el inicio del año fiscal 2025 (1º de octubre de 2024) al 31 de marzo de este año, hay 1.548.261 solicitudes pendientes del formulario I-589, Solicitud de asilo y de suspensión de deportación. En ese mismo periodo, recibieron 278.750 peticiones, se denegaron 7326, y se completaron completado 95.909.
El sueño americano se desvaneció para muchos migrantes que eligieron Estados Unidos para vivir, pero que encuentran obstáculos en el sistema de permisos para obtener un estatus legal y sienten temor a ser deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Así fue el caso de una mujer hondureña que decidió abandonar ese país.Es migrante hondureña y abandonó EE.UU. el atraso en su caso y temor al ICEKataleya Nativi Baca llegó a Estados Unidos en 2021, con 30 años, e inició una solicitud de asilo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La mujer pudo permanecer en ese país mientras esperaba una resolución sobre su caso, pero antes de que llegara tomó la contundente decisión de irse por voluntad propia."El presidente [Donald Trump] llegó al poder y amenazó con quitarnos nuestros derechos y deportarnos", advirtió Nativi a The Washington Post. Y alegó: "No quiero que me deporten, prefiero irme por mi cuenta".El temor de Kataleya es el de muchos extranjeros que se encuentran sin autorización legal en el territorio norteamericano, o incluso que poseen uno temporal, frente a las medidas implementadas por el mandatario republicano desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado. Trump ordenó incrementar el número de arrestos diarios al ICE en mayo, para cumplir con las deportaciones masivas de un millón de personas al año que prometió.Nativi obtuvo un permiso de trabajo temporal y se insertó en el mercado laboral en una cadena de comida rápida coreana y en una empresa de limpieza de obras. Encontró ventajas de residir allí durante cuatro años, entre Virginia, Texas, Washington D.C. y Nueva York.Ya no se sentía amenazada de recibir una discriminación similar a la que vivió en Honduras y México. De hecho, utilizó la ley para cambiar legalmente su nombre y que reflejara su identidad de género.Pero también enfrentó severos obstáculos con el sistema migratorio y sufrió agresiones e incluso fue víctima de violación en Dallas. Cuando hizo la denuncia, la mujer relató que las autoridades "no hicieron nada"."Ya no puedo estar en un país donde he pasado por tantos desafíos", indicó. Pero resaltó uno de ellos por encima del resto: "La situación actual, con las políticas migratorias del nuevo gobierno, me ha decepcionado aún más".La mujer decidió abandonar EE.UU. y regresar a su país de origenDesde el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, Baca abordó su vuelo de vuelta a Honduras, tras cuatro años de vivir en Estados Unidos. "No es fácil recorrer un camino tan largo y regresar en solo unas horas", expresó al medio mencionado.Así, emprendía su camino a otra nueva etapa, pero no sin antes decirle adiós al país que se convirtió en su hogar por un período de tiempo. "Con mucho amor y cariño, me despido de EE.UU. Le doy gracias a Dios y al presidente [Joe] Biden por haberme permitido estar aquí", señaló."La llegada fue sanadora", relató la migrante, dado que sus familiares, incluidos sus sobrinos, estaban en la terminal aérea de San Pedro Sula para recibirla. Sobre la posibilidad de volver a EE.UU., Baca puntualizó que tiene la intención, pero que debe existir una situación diferente. "Ya no es un país libre. Cuando cambie, regresaré", expresó.
La caída de Bashar al-Assad y la crisis venezolana han provocado un giro en las tendencias migratorias, desplazando a Alemania y posicionando a España como nuevo epicentro de solicitudes en la Unión Europea
Una jueza de inmigración en Florida desestimó el caso de asilo de Joel Pérez, activista cubano de 44 años, por considerar que como opositor "no tenía ni un 10%" de poder ganar el amparo. Pérez tenía muchas expectativas sobre su audiencia final de asilo político y en diálogo con Telemundo 51, describió el momento como "un gran día" en su lucha por la libertad fuera de Cuba."Sé que hoy va a ser un día grande para mí. Luego de arresto, acoso, humillación y secuestros", expresó el cubano antes de su audiencia. De acuerdo con Rosaly Chaviano, la abogada de inmigración de Pérez, contaba con una gran cantidad de pruebas que documentaban su activismo y persecución política. Sin embargo, los fiscales consideraron que no eran evidencia por tratarse de documentos viejos.Niegan Asilo Político A Opositor Cubano, Joel Pérez, Que Recibió I-220A Tras Ingresar Por La FronteraLas pruebas presentadas por el activista cubanoLa audiencia, que duró dos horas y media, terminó en la desestimación de la jueza de su caso por no contar con suficientes pruebas que mostraran los riesgos creíbles de persecución si fuera devuelto a Cuba. "Tenemos más prueba de lo usual y creo que ese es un punto donde los fiscales no están convencidos porque sospechan que es algo de fraude. Además, están cuestionando documentos viejos, de muchos años atrás, y para ellos no es posible que exista ese tipo de evidencia", comunicó Rosaly Chaviano."Se basó en que yo como opositor no tengo ni un 10% para poder ganar un asilo. Lo que hago diariamente, para ella, no bastó", expresó Pérez.Pérez también denunció que en la audiencia no le dejaron hablar acerca de los presos políticos en Cuba. Según el activista, no le permitieron abordar su visión sobre las represiones existentes en la isla."Uno tiene que expresar lo que verdaderamente vivió para que puedan entender lo que se sufre en Cuba: las violaciones de los derechos humanos. No pude hablar sobre eso y lo que sucede con los presos políticos", sostuvo Pérez.Cuál será el siguiente paso del caso de Joel PérezLa abogada anunció que apelarán la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). En caso de rechazarse la apelación, existe la posibilidad de buscar otras alternativas. "Y digamos que la junta de apelaciones diga que no, también se puede apelar esa decisión", expresó la abogada del caso. La defensa buscarán reforzar el expediente con nuevas evidencias. Entre ellas, testimonios presenciales, declaraciones juradas de otros opositores y documentación oficial que demuestre el activismo de Pérez, según Cuba en Miami.¿Joel Pérez puede ser deportado?Si Joel Pérez apela la decisión del juez de inmigración, la deportación queda suspendida de manera temporal hasta que se agoten todos los recursos legales. No obstante, si no presenta la apelación dentro del plazo de 30 días, la orden de remoción se puede ejecutar de forma inmediata, según estipula la Sociedad Americana de Profesionales Administrativos (ASAP, por sus siglas en inglés).
Aunque la Fiscalía pidió la captura internacional del exdirector de Dapre, Interpol no ha expedido la orden porque González solicitó protección en Nicaragua, luego de ser declarado prófugo por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd
Algunos de los residentes se asomaban por las ventanas mientras gritaban por ayuda mientras los equipos de emergencia derribaban puertas y hacían lo posible por sacarlos de las llamas
Los fallecidos no pudieron ser evacuados a tiempo debido a problemas de movilidad. Las demás personas fueron trasladadas a centros asistenciales por presentar afectaciones en su salud tras la inhalación de humo
Una decisión judicial frenó los intentos del presidente Donald Trump de endurecer el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El juez federal Randolph Moss dictaminó que la administración federal no puede expulsar a migrantes sin antes permitirles presentar sus solicitudes de protección, como establece la ley vigente. El gobierno del republicano tiene dos semanas para apelar la resolución.Un freno a las restricciones impuestas desde la Casa BlancaEl fallo del juez federal del Distrito de Columbia rechazó específicamente una proclamación firmada por Trump el día en que asumió su segundo mandato en la Casa Blanca. Esa orden presidencial describía la situación en la frontera como una "invasión" y activaba poderes de emergencia para bloquear las solicitudes de asilo de quienes ingresaran fuera de los puertos oficiales. Según el dictamen de Moss, el jefe de Estado no tiene autoridad para reemplazar el sistema migratorio definido por el Congreso con uno propio, consignó The New York Times.El magistrado escribió que la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no otorgan al mandatario la facultad de diseñar un mecanismo paralelo para procesar migrantes. En esa línea, señaló que la autoridad del presidente para restringir la entrada de extranjeros no se aplica a quienes ya están dentro del país norteamericano. Así, su decisión declaró que la normativa actual representa "el único y exclusivo medio" para expulsar a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense.Por determinación del juez, el fallo quedó en suspenso por 14 días, para darle tiempo al gobierno federal a una posible apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington DC. Según informó Politico, en caso de mantenerse firme restablecería el derecho a solicitar asilo en la frontera, incluso para quienes cruzaron fuera de los pasos legales.Qué decía la orden de Trump que buscaba eliminar la opción del asilo para determinados casosLa proclamación de Trump, titulada "Garantizando la protección del estado contra la invasión", intentaba impedir que quienes cruzaran entre puertos de entrada pudieran solicitar asilo al momento de ser capturados. Incluso exigía requisitos adicionales para aquellos que se presentaran legalmente, como un historial médico y penal detallado. Esta medida permitía deportaciones rápidas sin evaluar los temores de persecución o violencia que expresaban los migrantes.La política también suspendía programas previos, como la libertad condicional para migrantes de países como Venezuela y Cuba, e interrumpía las citas agendadas mediante la app CBP One, utilizada para cruzar de manera legal al país norteamericano.Cuál es el alcance del fallo que contradijo la proclamación de TrumpLa demanda contra la orden ejecutiva del republicano fue presentada por distintos grupos de derechos civiles, en representación de más de una docena de personas, entre ellas migrantes de Afganistán, Turquía y Cuba. Estas entidades argumentaron que la administración Trump violó las protecciones que el Congreso otorga a quienes enfrentan persecución o tortura en sus países de origen.Según detalló The Washington Post, el juez Moss certificó al grupo demandante como una clase legal, lo que amplió el impacto de su decisión a todos los solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en Estados Unidos. Esta maniobra permitió que el fallo tuviera un efecto general, sin contradecir la limitación impuesta por la Corte Suprema a las órdenes judiciales de alcance nacional.La reacción de la administración Trump sobre el fallo en su contraLa Casa Blanca criticó con dureza el dictamen. La portavoz Abigail Jackson afirmó que "un juez de distrito local no tiene autoridad para impedir que el presidente Trump y Estados Unidos aseguren nuestra frontera ante la avalancha de extranjeros que intentan entrar ilegalmente". Otras figuras del gobierno, como Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), acusaron a Moss de extralimitarse y de poner en riesgo la seguridad del país norteamericano.En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron la resolución. "Es una decisión enormemente importante. No solo salvará las vidas de las familias que huyen de un peligro grave, sino que reafirma que el presidente no puede ignorar las leyes aprobadas por el Congreso", expresó Lee Gelernt, abogado de la ACLU, consignó AFP.
Una decisión judicial de amplio alcance podría cambiar por completo el escenario migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Un juez federal bloqueó una de las políticas más restrictivas impulsadas por la administración Trump, que impedía solicitar asilo a quienes ingresaran por pasos no autorizados. El fallo abrió una puerta que, hasta ahora, estaba cerrada para miles de migrantes que buscaban refugio en territorio estadounidense. Pero la situación continuará en disputa y su implementación concreta dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.El origen de la disputa: una orden ejecutivaEl 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva, en la cual declaró que la situación en la frontera sur representaba una "invasión" que impedía al gobierno federal controlar el ingreso de extranjeros al país norteamericano. Bajo ese argumento, estableció que toda persona que cruzara por puntos no oficiales, o sin documentación detallada (como antecedentes penales o historia médica), no podría solicitar asilo ni otros mecanismos de protección, como la suspensión de expulsión.El efecto inmediato fue impedir el acceso a procedimientos básicos de protección a miles de personas. La respuesta llegó desde los tribunales. Trece migrantes â??algunos ya expulsados, otros aún dentro del paísâ?? y tres organizaciones de asistencia legal (RAICES, Las Americas Immigrant Advocacy Center y Florence Immigrant & Refugee Rights Project) demandaron al Gobierno, al sostener que la orden violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y otras normas federales. Qué resolvió el Tribunal sobre la disputa legaEl juez Randolph D. Moss rechazó de plano la legalidad de la orden. En una decisión de 128 páginas, dictaminó que ni la Constitución ni la Ley de Inmigración otorgan al Presidente la facultad para crear un régimen paralelo de expulsión que sustituya el sistema legal vigente. Según el fallo, el intento de modificar por decreto los derechos de los migrantes fue un acto inconstitucional que vulneró las garantías mínimas establecidas por el Congreso.Entre los puntos centrales del fallo, se destacan:Derecho a solicitar asilo: el juez reafirmó que la sección 1158(a)(1) de la INA permite que "cualquier extranjero que se encuentre físicamente en Estados Unidos o que llegue al país, independientemente de su estatus legal, pueda presentar una solicitud de asilo". Este derecho no puede eliminarse por una proclamación presidencial. El Tribunal recordó que el derecho a pedir asilo es obligatorio para el gobierno, aunque su concesión quede a criterio de las autoridades.Sobre la "autoridad extraordinaria" del Presidente: la defensa de la Proclamación se basó en las secciones 1182(f) y 1185(a) del Código de Estados Unidos, que permiten al Presidente suspender el ingreso de extranjeros considerados "perjudiciales". Sin embargo, el juez concluyó que estas disposiciones no permiten reemplazar procedimientos ya establecidos por el Congreso, ni otorgan al Ejecutivo la facultad de inventar mecanismos alternativos para expulsar personas que ya se encuentran en el país norteamericano.Contra los procedimientos extra legales de expulsión: la Orden instauró lo que el gobierno llamó "repatriación directa" y "expulsión expedita 212(f)". Pero el juez Moss aclaró que solo hay dos formas legales de remover extranjeros: el proceso regular (bajo el artículo 1229a) y la expulsión expedita (bajo el artículo 1225). No se admiten atajos. "Suspender el ingreso" no equivale a "expulsar", según el fallo, y crear mecanismos extra estatutarios equivale a arrogarse un poder que la ley no concede.Suspensión de la suspensión de expulsión (Withholding of removal): la Proclamación también bloqueó el acceso a otro mecanismo fundamental: el derecho a evitar la expulsión en caso de riesgo de persecución. La ley estadounidense establece que este beneficio no es discrecional: debe concederse a quienes demuestren que podrían ser perseguidos si regresan a su país. El Tribunal sostuvo que ni la Constitución ni el Código permiten excepciones a esa regla.Violación de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés): las nuevas directrices también modificaban los procedimientos de protección bajo la CAT. Imponían una carga de prueba más estricta desde la primera entrevista y limitaban el acceso a asistencia legal. El juez calificó estas modificaciones como "arbitrarias y contrarias a la ley". Subrayó que las agencias deben respetar sus propias regulaciones y no pueden alterarlas por vía administrativa.¿A quién beneficia la decisión judicial?El Tribunal certificó una clase compuesta por todas las personas que estén o vayan a estar sujetas a la Orden, y que se encuentren dentro de Estados Unidos. Esto significa que la decisión tiene efectos colectivos, y no solo para quienes iniciaron la demanda. Aun así, el juez pospuso la resolución sobre si esa protección incluirá a los individuos que ya fueron expulsados.Además, el juez anuló formalmente la guía de implementación de la Orden, declaró su ilegalidad y emitió un mandato judicial que prohíbe a las agencias federales seguir aplicándola. Aunque la orden no se extiende directamente al Presidente, sí impide que el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias continúen operando con mecanismos que violen la ley.Según el magistrado, la anulación era necesaria para evitar que los funcionarios de inmigración aún actúen "fuera de los límites normales" establecidos por el Congreso. Citó como ejemplo que, incluso si se eliminaba la guía, el solo hecho de mantener la Proclamación obligaba a muchos funcionarios a seguir ignorando la ley.¿Y ahora qué pasará?El gobierno solicitó al Tribunal una suspensión de la orden judicial mientras apelaba. Esa petición fue denegada. El juez consideró que el Ejecutivo no demostró tener grandes posibilidades de éxito en la apelación, ni que sufriría daños irreparables por acatar la decisión. En cambio, sí reconoció que permitir que la Proclamación siguiera vigente causaría un "daño sustancial e irreparable" a miles de migrantes.Aun así, el Tribunal concedió 14 días de margen para que los demandados se preparen y presenten una apelación ante una instancia superior. Pasado ese plazo, la orden de clase comenzará a aplicarse plenamente. Para los demandantes individuales que aún se encuentran en territorio estadounidense, el fallo ya está en vigor.
Un juez federal en Washington se convirtió en la figura central de uno de los fallos más relevantes del año en materia migratoria. Randolph D. Moss, magistrado para el Distrito de Columbia, declaró ilegal una medida del presidente Donald Trump que impedía a los extranjeros pedir asilo tras cruzar la frontera sur. Un juez con una carrera forjada en la élite jurídica de Estados UnidosRandolph Daniel Moss nació en Springfield, Ohio, y desde muy joven se destacó por su excelencia académica. En 1983, obtuvo su licenciatura con honores máximos en el Hamilton College y tres años más tarde se graduó como abogado en la prestigiosa Facultad de Derecho de Yale, donde también se desempeñó como editor del Yale Law Journal, según indica su biografía.Tras finalizar sus estudios, inició su trayectoria como asistente legal de dos reconocidas figuras del poder judicial: primero del juez Pierre N. Leval, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y luego del juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, un puesto reservado para los egresados más destacados.En 1989 se incorporó al influyente estudio jurídico Wilmer, Cutler & Pickering, donde trabajó hasta 1996. Ese año, ingresó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Oficina de Asesoría Legal. Allí ocupó varios cargos de alta jerarquía:Entre 1996 y 1998, se desempeñó como subprocurador adjunto.Entre 1998 y 2000, asumió como procurador adjunto en funciones.Desde 2000 hasta 2001, ocupó formalmente el cargo de procurador adjunto de los Estados Unidos.Luego de su paso por el sector público, regresó al estudio jurídico WilmerHale, donde dirigió el Departamento de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales hasta 2014.Su designación como juez federal y el respaldo del SenadoEl presidente Barack Obama nominó a Moss el 3 de abril de 2014 para cubrir una vacante en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Esta vacante había surgido cuando el juez Robert Leon Wilkins fue ascendido al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.La nominación fue recibida con entusiasmo por parte del mundo legal. La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) evaluó a Moss como "Unánimemente bien calificado", la máxima puntuación posible. Luego de una audiencia ante el Comité Judicial del Senado el 20 de mayo de ese mismo año, su nombramiento fue confirmado por la Cámara Alta con 54 votos a favor y 45 en contra, el 13 de noviembre de 2014. Al día siguiente, recibió su comisión judicial y desde entonces integra el tribunal federal con sede en Washington D.C.La sentencia que limitó a Trump y defendió el derecho al asiloEl pasado 2 de julio de 2025, el juez Moss firmó una sentencia que anuló una de las medidas más drásticas impulsadas por Donald Trump desde su retorno al poder: una Orden Ejecutiva que suspendía el programa de admisión de refugiados y alteraba de forma radical el proceso de asilo, establecido por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.En su escrito, Moss sostuvo que "ni la Constitución ni la legislación federal migratoria le otorgan al presidente la facultad de adoptar un sistema alternativo de inmigración". Aunque reconoció los desafíos que enfrenta el Poder Ejecutivo para controlar los cruces fronterizos y procesar las solicitudes, subrayó que ninguna interpretación legal permitía eludir el marco establecido por el Congreso.La proclamación de Trump, titulada "Garantizando a los estados protección contra la invasión", pretendía devolver a los migrantes â??incluidas familias completasâ?? sin evaluar sus solicitudes de refugio, incluso cuando alegaban persecución o tortura. La medida fue cuestionada por organizaciones de derechos de los inmigrantes que representaban a personas originarias de Afganistán, Cuba, Egipto, Perú y Turquía, varias de las cuales habían sido víctimas de violencia política o torturas sistemáticas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó la guía sobre la validez de matrimonio para los beneficiarios de asilo o refugio. Estos extranjeros con protección humanitaria pueden solicitar al gobierno de EE.UU. que su cónyuge e hijos sean aceptados en el país como derivados de su estatus.Asilo y refugio: por qué Uscis actualizó la guía sobre la validez de matrimonioLa agencia modificó las directrices del Manual de Políticas, Volumen 4, sobre los matrimonios que se consideran válidos entre un asilado o refugiado principal y el cónyuge declarado. Con el cambio de reglas, todos los enlaces matrimoniales entre asilados o refugiados principales y sus cónyuges derivados deben ser legalmente válidos según la legislación de la jurisdicción donde se celebraron para que se consideren aceptables a efectos de los beneficios de inmigración. Uscis informó en un comunicado que estas normas entraron en vigor el pasado 3 de marzo de 2025 y se aplican a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de esa fecha. "La guía contenida en el Manual de Políticas prevalece y reemplaza cualquiera previa", precisó.También indicó que la guía actualizada es coherente con la jurisprudencia aplicable de la Junta de Apelaciones de Inmigración y otras decisiones del Uscis. Asimismo, se alinea con dos órdenes ejecutivas presentadas por el presidente, Donald Trump.Qué dice el Manual de Políticas sobre los refugiados y asilados casadosEl Manual de Políticas, explica que un refugiado o asilado debe presentar el formulario I-730 para cada miembro de la familia calificado (cónyuge o hijos) que desee adjudicar como beneficiario de su estatus. La solicitud debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la admisión.Acerca de la validez del matrimonio, advierte que se determina por la ley del lugar donde se celebró. También que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) limita las relaciones conyugales para fines de inmigración a aquellas en las que las partes estuvieron presentes durante la ceremonia o consumaron el enlace después. Generalmente, para demostrar una relación conyugal calificada para el formulario I-730, el peticionario debe proporcionar evidencia de un matrimonio legalmente reconocido.Las regulaciones establecen que se debe presentar documentación primaria de la relación calificada cuando sea posible, como el certificado. Las regulaciones también permiten que el Uscis considere evidencia secundaria, declaraciones juradas y testimonio oral creíble si los documentos emitidos civilmente no están disponibles.Para la elegibilidad general, debe existir una relación entre el peticionario y el miembro de la familia calificado: En la fecha en que se aprobó el asilo del peticionario o fue admitido como refugiado;En la fecha en que el peticionario presentó el formulario I-730;En la fecha en que Uscis adjudique el I-730; y En la fecha en que el beneficiario es admitido en Estados Unidos, si el beneficiario residía en el extranjero cuando Uscis aprobó el formulario.Estos enlaces o relaciones no son reconocidas en EE.UU.La guía destaca que en circunstancias limitadas, un matrimonio puede violar la política pública de Estados Unidos o del estado en el que reside la pareja y, por lo tanto, puede no ser válido para fines de inmigración en el país. Generalmente, la agencia no reconoce estas relaciones como matrimonios, incluso si son válidas en el lugar de celebración:Relaciones en las que una de las partes no está presente durante la ceremonia matrimonial (matrimonios por poder) a menos que las partes consuman el matrimonio posteriormente; oRelaciones que son contrarias al orden público en los Estados Unidos, incluidas aquellas que involucran a ciertos menores, la poligamia o el incesto.Además, si el peticionario o beneficiario estuvo casado anteriormente, se debe demostrar mediante una preponderancia de la evidencia que cualquier matrimonio anterior fue terminado de forma legal.
Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo de tercer país seguro desde el 2004 para recibir deportados que solicitaron asilo en EE.UU., pero ahora otras naciones parecen unirse. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, anunció que dos países latinos firmaron convenios.Noem anuncia nuevos países aceptan a migrantes deportados que solicitaron asilo en EE.UU. La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó un viaje por Centroamérica y dio a conocer que Guatemala y Honduras firmaron acuerdos para potencialmente ofrecer refugio a personas de otros países que de otra manera buscarían asilo en Estados Unidos, precisa AP.La funcionaria de la administración Trump explicó que ahora serán países que acogerán a las personas deportadas y también les otorgarán el estatus de refugiados. Agregó: "Nunca hemos creído que Estados Unidos deba ser la única opción de garantía para un refugiado de ir a un lugar seguro y protegido de cualquier amenaza que enfrente en su país. No necesariamente tiene que ser Estados Unidos".Encontronazo: naciones niegan acuerdo con EE.UU.Sin embargo, según el reporte de AP, los gobiernos de Honduras y Guatemala negaron haber firmado acuerdos de terceros países seguros."La oficina de comunicaciones de la presidencia de Guatemala dijo que el gobierno no firmó ningún acuerdo de tercer país seguro ni relacionado con inmigración durante la visita de Noem". Pero sí confirmaron que recibirán a los centroamericanos enviados por Estados Unidos como escala temporal en el retorno a sus naciones.La secretaria del DHS comentó que durante su reunión en Guatemala recibió el acuerdo ya firmado, y que se celebró una ceremonia pública de entendimiento que establece un Programa de Seguridad Conjunta que desplegará agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en el aeropuerto internacional de la capital guatemalteca.La agencia de noticias también refiere que el director de inmigración de Honduras, Wilson Paz, negó que se haya firmado y su Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a una solicitud de comentarios.En una publicación de X, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solo indicó que la agenda común que se trató en la visita fue en materia de seguridad, migración, desarrollo económico y la extensión del TPS. Asimismo, mencionó acuerdos alcanzados, pero sin dar más detalles del tipo e implicaciones. En febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acordó con El Salvador y Guatemala enviar migrantes de otros países. Sin embargo, en el caso del primero, se trataba únicamente de un punto de tránsito. Con el segundo, la medida implicaba encarcelar a los deportados.Estados Unidos también tiene convenios con Panamá y Costa Rica para recibir migrantes de otros países, aunque AP destaca que hasta el momento el número de enviados ha sido relativamente pequeño.Estados Unidos tiene un acuerdo de "tercer país seguro" con CanadáEl Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos es parte del Plan de Acción de Frontera Inteligente entre ambas naciones. El convenio indica que los solicitantes de refugio deben pedir protección en el primer país seguro al que llegan, a menos que califiquen para una excepción."El Acuerdo ayuda a ambos gobiernos a gestionar mejor el acceso al sistema de refugiados de cada país para las personas que cruzan la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos", explica el gobierno canadiense. La iniciativa fue firmada el 5 de diciembre de 2002 y entró en vigor el 29 de diciembre de 2004. Años más tarde, ambos países firmaron un Protocolo Adicional que entró en vigor el 25 de marzo de 2023.
El presidente Donald Trump delineó un nuevo plan migratorio que, de implementarse, dejaría sin protección a cientos de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Su estrategia apunta a acelerar las deportaciones y cancelar los pedidos de protección para aquellos extranjeros que hayan ingresado al país norteamericano sin autorización. Trump quiere deportar a los solicitantes de asilo: cómo funcionaría el planEsta estrategia de la administración Trump apunta directamente a quienes ingresaron a EE.UU. por vías no autorizadas y luego solicitaron asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Aunque estos pedidos permanecían en proceso, ahora podrían cerrarse sin una audiencia ante un juez de inmigración, lo que dejaría a las personas en riesgo inmediato de ser deportados, según explicaron desde CNN.En Estados Unidos, las leyes migratorias reconocen el derecho a pedir asilo a quienes huyeron de su país por motivos de violencia o persecución. Sin embargo, el plan de Trump busca revocar este acceso, tal como ya lo había intentado al inicio de su primer mandato, cuando restringió drásticamente las solicitudes en la frontera sur.Según datos federales, existen actualmente 1.450.000 de solicitudes de asilo afirmativo pendientes. Estas corresponden a personas que no se encuentran bajo procesos de deportación y que tramitaron sus casos directamente ante el Uscis.Un informe federal de 2023 reveló que alrededor del 25% de estos inmigrantes reconoció haber ingresado sin autorización al país norteamericano, lo que representa al menos un cuarto de millón de personas que quedarían afectadas por la nueva embestida de Trump.La nueva estrategia de Trump: más poder para deportar migrantes desde el UscisUna de las claves del plan radica en el cambio de rol que tendría el Uscis, una oficina que históricamente gestionó beneficios migratorios y no deportaciones. De acuerdo con un memorando interno citado por CNN, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, delegó a dicha agencia la facultad de iniciar procedimientos de expulsión acelerada, así como también de aplicar sanciones civiles y penales contra quienes violen las leyes migratorias.Este giro institucional representa una ruptura con décadas de política migratoria estadounidense, en la que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza eran las encargadas exclusivas de hacer cumplir las órdenes de expulsión.La propia oficina del Uscis, a través de su vocero Matthew Tragesser, respondió al medio citado que no tenía "nada que anunciar por el momento", pero destacó que la prioridad del organismo es "la evaluación y verificación de todos los extranjeros que buscan vivir o trabajar en los Estados Unidos". "El presidente Trump y la secretaria Noem otorgaron al Uscis la posibilidad de usar todas las herramientas disponibles para asegurar la integridad del sistema migratorio, detectar fraudes y expulsar del país a los inmigrantes ilegales", agregó.Programas migratorios en la mira del gobierno de TrumpEste nuevo plan no representa un hecho aislado. Durante su administración, Trump intentó acabar con diversas protecciones temporales destinadas a ciertos grupos de migrantes. Sin embargo, para los especialistas del medio citado, es inusual que el Uscis acepte una solicitud y luego la descarte abruptamente, lo que plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso.Aunque aún no se ha implementado oficialmente, el borrador del plan filtrado a CNN indica que Trump y su equipo están dispuestos a avanzar con una política migratoria más agresiva, donde la prioridad ya no sería analizar caso por caso, sino reducir el número de inmigrantes por vías expeditivas.
El Ejecutivo canario asegura que cada menor será ubicado donde mejor se garanticen sus derechos y que no se forzará la salida de quienes ya están integrados
Entidades sociales alertan sobre la falta de acceso a la protección internacional en España, destacando la problemática de la salud mental en niños refugiados y la vulnerabilidad de mujeres migrantes
El más reciente reporte detalló que algunos colombianos mencionaron ser víctimas de la presión por parte de simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro
Natalia, venezolana de 44 años, cuenta cómo se ha visto obligada a buscar alternativas informales en España para salir adelante
En pleno segundo mandato de la administración Trump se implementaron múltiples políticas migratorias. Entre las consecuencias de estas medidas se encuentra el "cierre administrativo", un estatus que deja en un "limbo" a quienes buscan asilo. En qué consiste el cierre administrativo en EE.UU.El cierre administrativo, según consignó el bufete de abogados Ybarra Maldonado Law Group, es un procedimiento legal en el cual un juez decide pausar o suspender de manera temporal los procedimientos de deportación. A los migrantes que reciben un "cierre administrativo" y tienen solicitudes de asilo, se les detiene el proceso. Esto significa que el caso queda en suspenso, lo que le permite al individuo permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación, pero sin estatus legal.Cómo afecta el cierre administrativo a los casos de asiloDurante este período, la persona no contará con un estatus migratorio legal permanente. Por lo tanto, pueden estar bajo un estado de incertidumbre prolongado hasta que el caso vuelva a reabrirse. La alternativa en este tipo de situaciones es que se pueden investigar alternativas legales para vivir en Estados Unidos, como peticiones basadas en la familia, visas patrocinadas por el empleador y autorizaciones de trabajo.El cierre administrativo durante la era de Biden y TrumpEl cierre administrativo pasó por múltiples etapas durante los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump. En el primer mandato del magnate, el entonces fiscal Jeff Sessions emitió una orden denominada "Matter of Castro-Tum" que limitaba a los jueces el uso del cierre administrativo en casos de inmigración, salvo en excepciones judiciales. "Los jueces de inmigración y la Junta no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración mediante el cierre administrativo", indicó la normativa presentada por el exfiscal. Bajo la administración Biden, el fiscal general Merrick Garland revirtió la decisión impuesta por Sessions para suavizar las políticas migratorias impuestas por Trump. Sin embargo, esto produjo un aumento de casos con cierre administrativo. "Los últimos dos años de Biden estuvieron marcados por una narrativa pública un poco más compasiva. Trataba de deshacerse del daño causado por la primera administración Trump. Sin embargo, varias de las promesas que él hizo se quedaron en eso, en promesas. Yo vi en mis pacientes numerosos casos de personas afectadas por este cierre administrativo", destacó la psicoterapeuta Brenda Punsky en diálogo con LA NACION. La ejecución de este procedimiento legal decayó con el segundo mandato de Donald Trump, debido a que el Departamento de Justicia instó a los jueces a permitir que los abogados del DHS presentaran "mociones de desestimación en forma oral" y que estas se concedan de manera inmediata.Esto quiere decir que los casos de asilo archivados con el cierre administrativo deben ser reabiertos con una tendencia a denegar a través del término legal "pretermisión". "Lo que pasa ahora con la administración Trump es que se le comunicó al sistema judicial que esos expedientes archivados deben ser reabiertos y procesados, con tendencia a denegar el asilo. Una de las cosas que instruyó es la pretermisión, un término legal que significa que si los jueces en una primera mirada no ven el caso muy fuerte, pueden negarles el asilo sin derecho de audiencia", explicó Punsky sobre la nueva tendencia en los casos de asilo con los cierres administrativos.
Las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Gregory Antonio Sanabria Tarazona, un ciudadano venezolano de 31 años que había solicitado asilo político tras denunciar torturas sistemáticas durante más de cuatro años en las cárceles del régimen de Nicolás Maduro. El arresto ocurrió el jueves 12 de junio cuando el activista se presentó voluntariamente a su cita programada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas.Detenido por ICE podría ser deportadoLa noticia de su detención fue difundida por Renzo Prieto, dirigente opositor venezolano y también expreso político y amigo de Sanabria, quien advirtió que su compatriota fue aprehendido por agentes de inmigración. "Mientras cumplía con la ley, acudiendo puntualmente a su cita de asilo político, fue privado de su libertad", publicó en X."Gregory es uno de los jóvenes que luchó por la democracia en Venezuela. Fue encarcelado, torturado y perseguido por la banda criminal que mantiene secuestrado el poder en nuestro país", agregó.Sanabria, quien permanece recluido en el Centro de Procesamiento Montgomery, ubicado en Conroe, Texas, el estado con más inmigrantes bajo custodia, tiene programada su audiencia preliminar de asilo para el próximo 1° de julio. Su detención ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sus familiares, que consideran que el venezolano debería ser protegido.Durante una breve comunicación telefónica permitida tras su arresto, el venezolano informó a un amigo que un funcionario de inmigración le había advertido sobre una posible deportación a El Salvador. Esta amenaza ha generado alarma entre sus representantes legales, quienes interpretan la medida como una táctica de presión.Según declaraciones tomadas por The Washington Post, un funcionario de inmigración habría mencionado la posibilidad de que fuera trasladado a El Salvador. La familia teme que esta amenaza sea una forma de presionarlo para que firme una orden de deportación voluntaria hacia Venezuela. Por este motivo, Kelvi Zambrano, abogado venezolano que representa a la familia Sanabria en Washington, anunció que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.Respuesta de organizaciones internacionales tras la detención del activista venezolanoHuman Rights Watch ha manifestado su preocupación por el caso a través de Juan Pappier, subdirector para las Américas de la organización. "Hay motivos para temer que Gregory Sanabria sufra abusos si es devuelto a Venezuela", le dijo a The Washington Post. "Su caso tiene todas las características de una solicitud de refugio clásica, y EE.UU. debería protegerlo", aseguró.La posición de Human Rights Watch se fundamenta en la documentación extensa sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, particularmente contra opositores políticos y expresidiarios de conciencia que han buscado refugio en otros países.Riesgo de persecución en EE.UU.La madre de Gregory, María Graciela Sanabria, quien vive en Colombia, expresó su preocupación por la seguridad de su hijo si es deportado a Venezuela. "Pase lo que pase, no puede regresar", le dijo al medio estadounidense. "Le pido a Dios que lo liberen", agregó."Exigimos que se aclare su situación de inmediato. Gregory Sanabria necesita y merece protección internacional, ya que de ser deportado a Venezuela, su vida corre peligro", aseguró también Renzo Prieto.El temor a represalias por parte del estado venezolano está basado en antecedentes documentados de abusos que sufrió el joven venezolano antes de migrar a EE.UU.De prisionero en El Helicoide a solicitante de asilo en EE.UU.Sanabria fue uno de los estudiantes que participó en las protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014. Estas manifestaciones, que se extendieron por todo el territorio venezolano, resultaron en al menos 43 muertes y centenares de heridos, además del arresto de más de 3000 manifestantes, incluido el activista.Durante su detención en el centro penitenciario de El Helicoide, administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue víctima de agresiones físicas severas que incluyeron una fractura craneal y la rotura de su nariz, según documentó la organización Amnistía Internacional.En mayo de 2018, durante una protesta interna en el penal, fue golpeado brutalmente. Las imágenes de su rostro desfigurado circularon ampliamente por redes sociales y medios venezolanos, lo que generó condenas internacionales y reacciones de líderes opositores."Deploramos la brutal paliza sufrida por el activista Gregory Sanabria en prisión. Exigimos un trato humano a todos los presos e instamos a que se investigue el uso de tortura y otros malos tratos", escribió Human Rights en X en ese momento. "Todos los presos políticos deben ser liberados", agregaron.Maria Corina Machado también se había hecho eco de la noticia y pidió difusión del caso en una publicación en Facebook en 2018. "Un joven preso político es atacado en El Helicoide. Esto es tu responsabilidad, Nicolás Maduro", escribió.Debido a las repercusiones fue liberado semanas después bajo libertad condicional, con restricciones legales y prohibición de salida del país. Aun así, volvió a involucrarse en actos de activismo político, hecho que atrajo la atención de los servicios de inteligencia venezolanos. Cuando notó que lo seguían, decidió abandonar su país.Ruta de escape hacia EE.UU.Sanabria logró salir de Venezuela hacia Colombia, para luego iniciar una travesía por Centroamérica y cruzar el tapón del Darién, momentos que decidió documentar a través de las redes sociales. Finalmente, llegó a la frontera sur de EE.UU. y solicitó asilo. Ingresó legalmente en el país norteamericano, donde se le otorgó un permiso de trabajo mientras se tramitaba su caso."Bienvenido a América", publicó en Instagram en referencia a su esperanza de reconstruir su vida lejos de la persecución política. Se instaló en Houston, desde donde se desplazaba a Dallas para trabajar en la construcción, según declaró su madre a The Washington Post.
Las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos traen consigo muchas dudas e incertidumbre entre los extranjeros que habitan en el país. El fin de las protecciones, como el Programa de Libertad Condicional para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV, por sus siglas en inglés) o los "cierres administrativos" en los casos de asilo son algunos de los factores que impactan en la salud mental de la comunidad migrante. Una especialista que trabaja con este grupo contó a LA NACION cuáles son sus principales miedos en la era Trump. El lado B de los migrantes en Estados UnidosLa psicoterapeuta mexicana Brenda Punsky, quien trabaja actualmente en Nueva York, dialogó con LA NACION para ofrecer un análisis acerca de los traumas o situaciones que enfrentan los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Punsky, que es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (México) y tiene una maestría en Trabajo Social Clínico en la Universidad de Nueva York (NYU), ofrece servicios como la terapia individual o familiar a migrantes, en su mayoría en busca de asilo. También realiza evaluaciones de salud mental en apoyo a casos migratorios y capacitaciones sobre cómo ayudar a esta comunidad. ¿Cuáles son los estresores o temores que percibes en tus pacientes que solicitan asilo en EE.UU.?Es importante hacer una distinción entre los niños y los adultos, así que te hablo primero de los menores no acompañados (aquellos que cruzan la frontera de Estados Unidos antes de cumplir los 18 años sin sus padres biológicos o guardián legal). Estos menores llegan a Estados Unidos y algunos se reencuentran con su familia, que ya estaban ahí, o con alguien que han visto tres veces en su vida. Basándonos en la relación que hayan tenido antes con esta persona con la que ahora van a convivir, se va a poder entender el tipo de estrés que van a tener en su nuevo hogar.El hecho de empezar a vivir con alguien que no conocías genera mucho estrés. Pero también mudarse con alguien que ya conocías, como la familia biológica, puede ser muy estresante porque como que las expectativas tanto de los padres como de los hijos de la reunificación pueden ser muy diferentes. También puede haber estrés financiero, inseguridad por la comida o la casa, o el temor a ser deportados. Todos le tienen miedo a la deportación. Sin embargo, en los adultos es uno de los temores más comunes, junto con el choque de una nueva cultura con diferente comida, ropa, estilo o clima; y la discriminación o el estigma que viene con el ser migrante. ¿Los trámites migratorios también forman parte de estos estresores?Es una combinación. Pero creo que hay muchísimo desconocimiento de qué es lo que hay que hacer. Las leyes migratorias en Estados Unidos son supercomplicadas, no es un proceso que sigues paso a paso. Son muy rebuscados incluso para abogados migratorios. Entonces imagínate, llegas a Estados Unidos, no sabes ni el idioma ni cuál es el proceso. Mucha gente no sabe que hay una fecha límite de un año a partir de que uno entra a país para meter la aplicación de asilo y hay mucha gente que lo desconoce. Es normal que la gente no lo sepa y viene en parte por el trauma que tiene. Los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump: de "promesas incumplidas" al plan de deportación masivaBrenda Punsky hizo un recuento de los casos que atendió y comparó la gestión del expresidente Joe Biden en sus últimos dos años con el segundo mandato de Donald Trump. ¿Cómo fue tu trabajo durante los dos últimos años de Biden y qué diferencias notaste con la administración actual de Trump?¡Sí que cambió! [sus evaluaciones entre las dos administraciones]. Te diría que cambió dentro de la administración de Biden. Al principio y al final era diferente también.Los últimos dos años de Biden estuvieron marcados por una narrativa pública un poco más compasiva. Trataba de deshacerse del daño causado por la primera administración Trump. Sin embargo, varias de las promesas que él hizo se quedaron en eso, promesas. Entonces, se generó muchísima incertidumbre y desconfianza. Aunque la administración Biden hizo promesas públicas para reformar el sistema de asilo y hacerlo más humano, en la práctica, muchas de las promesas no se tradujeron en mejoras reales para los migrantes.Durante esos años, yo vi en mis pacientes, que acompañaba en la terapia desde que tramitaban la aplicación de asilo hasta que años después que tenían su audiencia, si les daban el asilo o un cierre administrativo, esto último quiere decir: "No te vamos a deportar, pero tampoco a dar el asilo. Vamos a meter tu caso en el cajón y ahí se va a quedar". Durante el final de la Administración Biden observé numerosos casos de mis pacientes afectados con este cierre administrativo. Y lo que pasa ahora con la administración Trump es que se le comunicó al sistema judicial que esos expedientes archivados deben ser reabiertos y procesados, con tendencia a denegar el asilo. Una de las cosas que instruyó Trump es "La Petición", un término legal que significa que si los jueves en una primera mirada no ven el caso muy fuerte, pueden negarles el asilo sin derecho de audiencia. ¿Y estas denegaciones sin derecho a audiencia las ves con más frecuencia entre tus pacientes?Por suerte, no. Pero si sé que está pasando mucho. Esa es una de las muchas razones por las cuales todos los abogados reclaman que no se les permite a sus clientes un proceso legal. El síndrome de Ulises, una afección cada vez más presente entre los migrantes Punsky también proporcionó información sobre el síndrome de Ulises, un conjunto de síntomas de estrés crónico que experimentan las personas ante los desafíos de la migración y cómo afecta a esta comunidad en Estados Unidos. Con base en tus evaluaciones y experiencia con la comunidad migrante, ¿cómo se puede definir el síndrome de Ulises?¿Por dónde empezar? Este síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple no es un diagnóstico formal ni un trastorno mental, es un cuadro intenso de estrés donde se presentan síntomas que se parecen mucho a trastornos depresivos o ansiosos, pero está conectado de forma directa con las condiciones migratorias extremas. No responde a un evento traumático, sino al proceso migratorio como tal. Por lo tanto, no es un diagnóstico, pero sí tiene características de un trastorno. ¿El síndrome de Ulises sería un acumulado de diferentes sintomatologías de otros trastornos?Sí. Me parece que el síndrome es como que se tienen varios de estos síntomas sin llegar a tener lo necesario para calificar como trastorno.¿Cuál es el grupo más vulnerable a sufrir este síndrome?Por mi experiencia, no he trabajado nunca con un migrante que no tenga varias experiencias traumáticas en su país de origen. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? No sé, es buena pregunta. Quizás las personas que tengan un mayor historial de traumas y quienes tengan menos recursos sociales o emocionales para lidiar con los estresores en su nueva vida en Estados Unidos. ¿Crees que este tipo de síntomas se hayan incrementado durante las últimas políticas migratorias de Trump?Sí, creo que con esta administración hay un aumento en los síntomas. Y no solo los que componen el síndrome, sino los otros trastornos comunes como el estrés postraumático, la ansiedad y el trauma complejo. Los miedos se han incrementado muchísimo, no solo para ellos, sino para la sociedad en general, para las personas que trabajamos con esta población. Estos síntomas los vemos nosotros mismos, síntomas de depresión, de ansiedad. Entonces imagínate, si eso es para nosotros, ¿cómo será para ellos mismos que son los que más en peligro?En mi red de otros profesionales que trabajan con migrantes, desde el punto de vista de salud mental o médico o legal, confirman que el nivel de ansiedad y de depresión ha incrementado. Los migrantes y las duras políticas de Trump: "Quizás no sea lo más difícil que han vivido"Brenda Punsky goza más de una década de experiencia en el área de terapias para la comunidad migrante en Estados Unidos. Por eso, aconseja a dicha población a mantener la calma en medio del endurecimiento de las políticas migratorias. ¿Qué consejo le darías a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos para transitar su proceso de la mejor manera?Yo diría tener paciencia y aferrarse a lo que les sirva para mantener las esperanzas y la fuerza. La razón de esto es que es una población resiliente, con una mentalidad de seguir adelante, de trabajar. Han vivido tantas cosas difíciles a lo largo de su vida que bueno. Esto es algo muy difícil, pero no sé, quizás no sea lo más difícil que han vivido a comparación de sus demás experiencias.
En 2024 la tasa de resoluciones favorables de asilo en España mejoró hasta alcanzar 18,5%, pero sigue alejada de la media europea de 46,5%
China encabezó la lista de solicitantes de asilo en Estados Unidos, con casi 63.000 casos entre 2013 y 2022. Detrás siguieron países latinoamericanos como Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras, que también registraron cifras significativas.Asilo afirmativo y defensivo: cómo es el proceso legal en EE.UU.Según la legislación vigente, los migrantes que llegan a Estados Unidos pueden solicitar asilo si sufrieron persecución o temen sufrirla en su país de origen. Estos migrantes se clasifican como solicitantes de asilo y pueden seguir dos procesos: asilo afirmativo o defensivo.El asilo afirmativo se presenta ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuando el solicitante ya está en el país y busca proactivamente el estatus de protección. En cambio, el asilo defensivo se solicita como defensa contra la deportación durante un procedimiento estándar, es decir, cuando la persona ya enfrenta un proceso de expulsión.El procesamiento de las solicitudes está a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y el DHS.Solicitantes de asilo en Estados Unidos: China y países latinoamericanos lideran las cifrasEn 2021, Estados Unidos admitió 17.692 asilados, la cifra más baja desde 1994, con una caída del 42,9 % respecto al año anterior. Entre 1990 y 2021 se registraron 767.950 solicitudes de asilo, motivadas por persecuciones por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política, según el informe de USA Facts.Entre 2013 y 2022, más de 165 mil personas obtuvieron asilo afirmativo. China encabeza la lista con 27.868 casos, seguida por Venezuela (20.688), Egipto (14.909), Guatemala (8.976) y El Salvador (8.378). En asilo defensivo, China también lidera con 30.175 casos, mientras que El Salvador (12.096), Guatemala (9.142), India (8.490) y Honduras (7.752) completan el ranking.En este contexto, la proporción de solicitudes defensivas creció del 26,4 % en los años 90 al 39 % en la última década, lo que muestra cambios en los perfiles y contextos de quienes buscan protección.DHS refuerza restricciones para migrantes que solicitan asilo en Estados UnidosEl DHS implementa, desde diciembre pasado, una nueva metodología que intensifica las restricciones para ciertos migrantes que buscan asilo. La normativa permite a los oficiales evaluar desde las etapas iniciales del proceso migratorio las prohibiciones legales para quienes representan riesgos para la seguridad nacional o pública. Esta medida busca agilizar la detección y remoción de personas que no cumplen con los requisitos legales para obtener asilo.Hasta ahora, las prohibiciones obligatorias contempladas en la ley federal no se aplicaban durante las verificaciones iniciales de temor creíble o razonable. Con la nueva regla, los funcionarios del DHS podrán actuar y descartar solicitudes de asilo en casos vinculados a delitos graves, terrorismo o amenazas a la seguridad pública. Según el DHS, estas acciones llevaron a una caída del 60% en las entradas ilegales desde junio de 2024.La medida busca fortalecer la seguridad fronteriza al integrar tecnología avanzada y cooperación internacional para identificar y detener a migrantes considerados riesgosos antes de que crucen la frontera. Además, proporciona a los jueces de inmigración información clasificada que facilita la emisión de órdenes de deportación.
El abogado del expresidente afirmó que el asilo político es una posibilidad legal, aunque su defendido no lo ha solicitado ni lo considera en este momento. Además, denunció una posible persecución política
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, confirmó que se presentarán ante el organismo internacional, argumentando que "se violan garantías constitucionales". Leer más
El Gobierno de Canarias solicita el cumplimiento de la Ley de Extranjería para el reparto de 4.400 menores migrantes y la atención a más de 1.000 solicitantes de asilo urgentemente
Jacob Qadri denuncia el incumplimiento del Gobierno para acoger a menores solicitantes de asilo, destacando la intervención del Tribunal Supremo que impone plazos y posibles sanciones al Ejecutivo español
La Sala constata el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos
El PVV, primera fuerza en la Cámara, argumenta que toman esta decisión tras no lograr un acuerdo en política migratoria con sus socios, una semana después de lanzar un ultimátum para cerrar las fronteras
Mohamed Sabry Soliman, el sospechoso del ataque en Colorado que dejó múltiples personas heridas, había intentado establecerse legalmente en Estados Unidos hace dos décadas. Según confirmaron fuentes oficiales, había solicitado asilo en 2005, pero recibió una negativa a su visa.Ataque en Denver: ¿quién es Mohamed Sabry Soliman?El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a Soliman como el atacante del evento proisraelí en Boulder, Colorado. El hecho ocurrió el pasado domingo 1° de junio, durante una reunión semanal de la comunidad judía llamada "Run for Their Lives".Mark D. Michalek, agente especial del FBI en Denver, dijo que Soliman gritó "¡Palestina libre!", antes de iniciar el ataque. Acto seguido, utilizó un lanzallamas improvisado y arrojó un artefacto incendiario contra los asistentes.Los agentes policiales detuvieron a Soliman en el lugar y lo trasladaron a un hospital. El incidente dejó varios heridos, aunque las autoridades no precisaron cuántos, de acuerdo a la información de CNN.El historial migratorio de Soliman, el atacante de ColoradoFuentes policiales revelaron que Soliman solicitó asilo en Estados Unidos en 2005, pero recibió un rechazo a su pedido. De acuerdo a varios funcionarios citados por CNN, ingresó a Estados Unidos en agosto de 2022 como visitante no inmigrante. Un mes después, en septiembre, presentó una solicitud de trabajo, que se le aceptó en marzo de 2023. Ese permiso venció a fines de marzo de 2025.Esa misma versión está respaldada por Stephen Miller, exfuncionario de la Casa Blanca, que sostuvo que Soliman ingresó con una visa de turista y permaneció ilegalmente. Según explicó, el gobierno de Joe Biden luego le otorgó un permiso de trabajo.Por el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaron su estatus migratorio.Otro ataque que activa alertas en el contexto del conflicto en GazaEste nuevo ataque ocurrió poco después del asesinato de dos diplomáticos israelíes en Washington D.C. Las víctimas, Sarah Milgram y Yaron Lischinsky, fueron asesinadas a tiros por Elías Rodríguez cuando salían de un evento en el Museo Judío Capital.Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Rodríguez también gritó "¡Palestina libre!", al ser arrestado. Por lo tanto, las autoridades investigan ese hecho como un acto de terrorismo.Ambos ataques ocurrieron en medio de una escalada de tensiones en EE.UU. vinculada a la guerra entre Israel y Hamas. La comunidad judía organizó el evento en Boulder como muestra de apoyo a los rehenes capturados en octubre de 2023.Posibles cargos federales contra Mohamed Sabry Soliman, el atacante de DenverEl fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, informó que Soliman enfrentará cargos, aunque no detalló de qué competencia serán. De acuerdo a la información de una fuente cercana al mencionado medio, podrían presentarse cargos penales federales. También se analiza el estado de salud mental del sospechoso.Sin embargo, en una rueda de prensa, Dougherty aseguró que evalúan variantes legales: "En los próximos días se decidirán qué cargos presentar y dónde. Hay un par de opciones diferentes, pero lo más importante es que estamos totalmente unidos para asegurarnos de que los cargos que presentemos exijan la plena responsabilidad del atacante".Así fue el nuevo ataque antisemita en Estados UnidosAtaque en Colorado: todo lo que se sabe hasta El ataque ocurrió el domingo 1° de junio en la calle Pearl de Boulder, durante un evento pacífico. El FBI confirmó que el sospechoso utilizó un lanzallamas casero y lanzó un artefacto incendiario.Testigos corroboraron la presencia de gritos de contenido político-religioso. La Liga Antidifamación indicó que el evento apuntaba a visibilizar la situación de los rehenes israelíes en Gaza.Por su parte, Soliman resultó herido durante la intervención policial y fue hospitalizado. Las autoridades no informaron si ya cuenta con defensa legal. La investigación sigue abierta bajo jurisdicción federal.
El agente solicitó protección internacional alegando haber sido víctima de trato discriminatorio por su origen rifeño (nordeste de Marruecos) y obligado a realizar prácticas irregulares
El Tribunal Supremo examina las medidas del Gobierno para la atención de 1.200 menores migrantes no acompañados bajo tutela de Canarias tras el incumplimiento de plazos y normativas establecidas
A pesar de que insistió para que la sede de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe fuera cambiada, el mandatario colombiano no asistió
Ángel Gabilondo exhorta a Aena y al Ayuntamiento de Madrid a actuar ante la situación de las personas sin hogar en el aeropuerto de Barajas, reflejando la desigualdad social actual
Además de su presencia en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, Mulino podría abordar temas coyunturales que implican a las dos naciones
Fernando Manholer criticó la decisión del presidente brasileño, porque considera que su actitud no coincide con la "integridad de su pueblo"
Acnur y Accem lanzan una herramienta en línea para facilitar el acceso a la protección internacional mediante un glosario multilingüe, dirigido a migrantes y profesionales en España
Una experta en derecho de extranjería explica cómo afecta la nueva normativa a quienes aún no tienen resolución firme y qué pasos seguir para acceder al arraigo
Más de 38.000 migrantes permanecen en albergues en la ciudad de Nueva York, según informó este mes el gobierno de Eric Adams. En este contexto de crisis para miles de extranjeros en la Gran Manzana, los cierres de refugios continúan y se ejecutan recortes para asistencia legal a solicitantes de asilo.El presupuesto destinado a asistencia a migrantes en Nueva YorkEl alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió que el gobierno estatal, liderado por Kathy Hochul, no destinó refuerzos adicionales para la Gran Manzana en el presupuesto aprobado por la Legislatura el 1º de mayo."Desafortunadamente, el estado decidió no asignar nuevos fondos a la ciudad de Nueva York para los costos relacionados con los solicitantes de asilo y ha dejado de extender su declaración de emergencia sobre la crisis migratoria", señaló la portavoz de la oficina de Adams, Liz García, en declaraciones consignadas por El Diario NY. Asimismo, explicó que, debido a "estas brechas en la financiación estatal", no se podrá continuar con la operación del Centro de Ayuda para la Solicitud de Asilo.La funcionaria enfatizó que los proyectos locales requieren de la ayuda del gobierno estatal para poder llevarse a cabo a través del financiamiento. Asimismo, la ciudad indicó que brindó atención a más de 236 mil migrantes en la gestión de casos y que únicamente percibió 200 millones de dólares para cubrir los costos relativos a estas peticiones. En tanto, precisó que se gastaron más de US$7500 millones en la crisis migrante de los últimos tres años."Seguimos brindando albergue a más de 38.000 migrantes. Nos decepciona tener que tomar la difícil decisión de cerrar un centro de recursos que nos ha permitido dar asistencia a más de 109 mil solicitudes de asilo y trabajo, con las autorizaciones de asilo y TPS", lamentó.El cierre de tres centros de ayuda para migrantes en Nueva YorkEl viernes 16 de mayo, la alcaldía de Adams advirtió que el Centro de Ayuda para Solicitantes de Asilo de la ciudad de Nueva York, en West Side, cerrará sus puertas a fines de junio. Este edificio se ubica en la sede de la Cruz Roja Americana. A su vez, otra instalación en Times Square y una tercera en un albergue del Bronx también dejará de funcionar en el corto plazo.Estas noticias van de la mano con el plan al que puso fin la administración Kathy Hochul sobre ayuda a personas para abandonar los albergues y refugios. El Programa de Asistencia para la Reubicación de Migrantes de Nueva York (MRAP, por sus siglas en inglés), que comenzó en julio de 2023, no aceptará más solicitudes de estos procesos a partir del 15 de junio.En tanto, el gobierno estatal argumentó que la llegada de extranjeros al territorio disminuyó en un 95% y que la ciudad administrada por Adams aún cuenta con un margen presupuestario para brindar asistencia legal a los migrantes que la requieran para completar sus solicitudes de asilo.En este contexto, la población migrante en Nueva York permanece en la incertidumbre sobre las resoluciones de sus casos.
Juan Manuel Aguilar Echeverry, Fabio Valencia Cossio y Roque Arismendy declararon en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal
José, un migrante venezolano de 22 años, fue detenido por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el miércoles 21 de mayo a la salida de una sala judicial en San Diego, California. Según contó su abogado, el arresto ocurrió pocos minutos después de que un juez cancelara su orden de deportación.¿Quién es el venezolano arrestado en San Diego?El joven formó parte de la Guardia Nacional en Venezuela. De acuerdo con su familia, salió de ese país por persecución política y solicitó asilo en Estados Unidos. Ingresó en enero de 2025 mediante la aplicación CBP One, con permiso para permanecer dos años, informó Telemundo San Diego.Pese a ello, ICE le envió una orden de deportación por carta, lo que motivó su audiencia judicial. El juez anuló ese documento, pero al salir del tribunal fue esposado por los agentes migratorios.¿Qué dijo el abogado del venezolano tras el operativo de ICE?Su representante legal, Michael Hirman, afirmó que en más de 20 años de experiencia nunca presenció una situación similar, en la que una persona sea arrestada tras obtener un fallo favorable. Además, dijo que se trata de una medida injusta y arbitraria, a la que calificó como una manera "perezosa" de aplicar las leyes migratorias.El temor de la familia de José por su posible deportaciónUn familiar directo, que pidió no ser identificado, relató a Telemundo 20 que el joven teme por su vida si regresa a Venezuela, donde los desertores de cuerpos militares son perseguidos. "Nos sentimos estafados. Hicimos todo para cumplir con la ley", dijo. Y agregó: "Esto le pasa a muchas personas que no hablan por miedo".Según expresó, Venezuela persigue y reprime a quienes abandonan las fuerzas armadas. Por eso, la familia solicitó que el gobierno le realice una entrevista de miedo creíble para sostener su caso de asilo.¿Cuándo será la próxima audiencia y qué espera la defensa?José permanece detenido en el Centro de ICE en Otay, donde el martes 27 de mayo se realizará su próxima audiencia. Su abogado y su familia esperan que pueda salir bajo fianza y continuar el proceso de asilo en libertad.Durante su estadía en EE.UU., el joven estudió inglés y comenzó una relación sentimental. Hasta el momento, ICE no respondió a las solicitudes de información realizadas por Telemundo San Diego.¿Qué es el temor creíble y cómo influye en los procesos de asilo en Estados Unidos?En situaciones como la de este joven venezolano, el concepto de temor creíble cumple un rol central en la solicitud de asilo en Estados Unidos. Según explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), este proceso se aplica a personas que ingresan a EE.UU. sin autorización formal y expresan miedo de regresar a su país de origen por riesgo de persecución o tortura.La entrevista de temor creíble ocurre cuando alguien, durante su detención por entrada irregular, manifiesta su intención de solicitar asilo o declara que teme regresar a su país. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe informarle sobre el procedimiento y ofrecerle una lista de abogados de bajo costo o gratuitos.En caso de que el oficial determine que el solicitante tiene un "temor creíble", el caso puede seguir dos vías: o bien se agenda una nueva entrevista para evaluar los méritos del asilo, o se remite al solicitante a una corte de inmigración donde deberá presentar el formulario I-589 y defender su caso ante un juez.
Según Mauro Vieira, la delicada salud de la exprimera dama y su responsabilidad de cuidar a su hijo menor fueron razones determinantes para concederle la protección diplomática
Fiscalía y DIF inspeccionarán el centro "La Aldea de los Abuelos" tras denuncias por violencia y condiciones insalubres
Autoridades aseguran asilo donde adultos mayores vivían en condiciones inhumanas; indagan posible suministro de fármacos no autorizados
Las organizaciones sociales temen que ese cambio pueda afectar a las más de 240.000 personas que actualmente esperan respuesta a su petición
Alí Wissam abandonó la embarcación el miércoles a la noche, al norte de Rosario.Pero nunca regresó y el Ministerio de Seguridad nacional activó un protocolo de búsqueda. Se presentó este viernes en una sede de Migraciones en la ciudad de Santa Fe.
José Raúl Mulino aseguró que su gobierno no gestionó la solicitud de asilo político del exmandatario condenado por corrupción, aunque sí le otorgó el salvoconducto tras la decisión soberana de Colombia
En una jugada explosiva, EE.UU. otorgó asilo exprés a sudafricanos blancos alegando un supuesto "genocidio", desmentido categóricamente por Pretoria. Trump reactivó su cruzada racial: mientras persigue migrantes y recorta programas de inclusión en su propio país, abre las puertas a afrikaners en tiempo récord. La ONU se mantuvo al margen del polémico operativo.
La senadora y precandidata presidencial aseguró que una alta funcionaria de la administración actual está buscando salir del país y conseguir refugio en Panamá o a México. Afirmó que hay otras personas que estarían recurriendo a la misma estrategia
La exembajadora de Colombia en Panamá se volvió a despacharse contra la ministra de Relaciones Exteriores, quien evalúa con su equipo legal denunciarla por presunta violencia moral contra servidor público
La exembajadora de Colombia en Panamá se refirió a los viajes de la canciller al vecino país, además del abrupto cambio de parecer del presidente de la República, que hace una década lo tildaba de corrupto y uribista
Martinelli se encontraba en asilo político en Nicaragua, otorgado previamente por el régimen de Daniel Ortega, desde febrero de 2024 hasta mayo de 2025, donde se confirmó su traslado a territorio colombiano
El presidente aseguró que el país garantizará asilo a quien lo necesite sin importar su postura política, y aseguró que Colombia ha recibido a varios de los "perseguidos" por el presidente nicaragüense Daniel Ortega
El excandidato presidencial aseguró que el expresidente de Panamá fue condenado por corrupción y no es víctima de persecución política, por lo que rechazó que el Gobierno de Gustavo Petro le haya concedido asilo político
El expresidente panameño, que recibió el salvoconducto por parte del Gobierno de José Raúl Mulino, está en el 'ojo del huracán', luego de que se desempolvaran sus declaraciones sobre lo que pensaba del mandatario colombiano
El exmandatario fue condenado a más de 10 años de cárcel al ser acusado de haber recibido, entre otros, dineros de la multinacional brasileña Odebrecht, mientras que en España fue imputado por una investigación contra la constructora FCC por pago de sobornos
En línea con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, legisladores republicanos impulsan un proyecto para restringir aún más la llegada de inmigrantes al país. Buscan imponer una tarifa mínima de 1000 dólares a quienes soliciten asilo en Estados Unidos. Una medida restrictiva para quienes piden protección: el impacto sobre los migrantesSegún el proyecto redactado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, quienes soliciten permisos temporales en EE.UU. deberían abonar US$1000, según informó The Associated Press. En tanto que quienes deseen renovar su autorización de trabajo, deberían desembolsar US$550 cada seis meses.De prosperar esta iniciativa, sería la primera vez que el gobierno estadounidense le cobre a los refugiados por iniciar el trámite de asilo. La propuesta incluye también tarifas para otros procesos migratorios. El ajuste de estatus migratorio ante un juez, necesario para acceder a la residencia permanente, tendría un costo de US$1500El impacto que la aplicación de esta tarifa tendría sobre los migrantes que solicitan asilo en EE.UU. sería significativo, especialmente en personas provenientes de países atravesados por crisis económicas y humanitarias. Por ejemplo, el medio citado remarca que en Afganistán, uno de los principales países de origen de solicitantes de asilo en 2023, US$1000 equivalen a dos años y medio de salario. En tanto que en Venezuela se necesitarían alrededor de tres meses de trabajo para reunir esa suma.Qué podría pasar con los patrocinios a menores migrantesEl proyecto también busca imponer un cargo de US$8500 a quienes deseen patrocinar a un menor migrante para que salga de la custodia del gobierno federal. La propuesta establece que US$5000 podrían reembolsarse con el paso de los años, pero solo si el menor no es deportado por faltar a una cita judicial.Aaron Reichlin-Melnick, miembro del American Immigration Council, expresó su preocupación en redes sociales. "Ese es un precio que detendría a casi todos los patrocinadores", advirtió.Tarifas para solicitantes de asilo en EE.UU: quiénes impulsan la iniciativaA través del elevado costo económico de los trámites, los legisladores republicanos apuntan a disuadir la llegada de migrantes, limitar las solicitudes de asilo y reducir la cantidad de menores liberados bajo patrocinio.En este sentido, el Comité Judicial republicano remarcó que tanto el presidente Trump como los republicanos de la Cámara de Representantes están "determinados a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado".Según argumentan, estas medidas ayudarían a frenar el ingreso irregular de inmigrantes y a recuperar el control del sistema migratorio. El proyecto sería incluido en una ley más amplia que permitiría financiar múltiples prioridades del mandatario republicano. El objetivo no solo es aumentar el control fronterizo, sino también generar ingresos mediante el cobro a los migrantes.Más personal para las agencias de control migratorioImplementar este proyecto requeriría una fuerte inversión en personal y recursos para fortalecer la vigilancia migratoria, un aspecto previsto en el proyecto, que propone la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y también para la unidad de investigadores criminales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
CARACAS.- La situación de los asilados en la Embajada Argentina en Caracas sigue siendo grave. No solo por el asedio al que han sido sometidos, lo que contraría las normas elementales que regulan las relaciones diplomáticas, sino porque se está violando el Derecho Internacional ante el silencio cómplice internacional.Es lamentable que después de un año el régimen de Maduro no haya otorgado los salvoconductos a los refugiados en la embajada, como corresponde de conformidad con la Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático. A Brasil le fue encomendada la custodia de la sede diplomática. ¿Contribuirá la afinidad ideológica con Caracas a ignorar y contrariar los compromisos asumidos? El gobierno de Lula da Silva, contraviniendo las normas del asilo diplomático, no ha exigido con la fuerza que era de esperar los salvoconductos para esos perseguidos políticos, pero actuó con total celeridad en el caso de Nadine Heredia, ex primera dama de Perú. Estas actuaciones debilitan la institución del asilo, porque se atiende a la conveniencia ideológica y se deja de lado una norma de entendimiento entre Estados, vital para proteger vidas y denunciar a las tiranías.