Un hombre reclamaba la devolución de lo pagado, una indemnización por daño moral y daño punitivo tras denunciar demoras, trabajos defectuosos y un reclamo de actualización del saldo en dólares. Sin embargo, testimonios, un informe municipal y otras pruebas llevaron a la Justicia a aceptar la defensa del demandado
Los tribunales de Soyapango, San Salvador Centro y Santiago Nonualco resolvieron tres causas separadas, con penas de 26, 16 y 10 años, además de indemnizaciones civiles para dos de las víctimas
En una estrategia para librar la pena de muerte el apodado "Narco de narcos" aceptaría culpabilidad de algunos cargos y evitar un juicio más largo
El hombre de 47 años reportó antecedentes por acoso en Reino Unido antes de viajar a Colombia
Javier Baños había anticipado que recurrirán el fallo contra el músico. Leer más
Javier Baños cuestionó el pedido de la Fiscalía, planteó diez nulidades y anticipó que recurrirá el fallo si condenan al músico. Leer más
El 29 de octubre de 2025, mientras tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuchaban los argumentos del juicio por la estatización de YPF, la estrategia argentina de defensa estaba prestando especial atención a lo que ocurría en algunas de las redacciones periodísticas más importantes del planeta. Sucede que ese día, FGS Global, la consultora contratada por la Argentina, declaró 19 registros de contacto con medios internacionales. En la lista estaban Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times y The Economist, que recibieron correos electrónicos de la firma contratada para asesorar al Ministerio de Economía en comunicación estratégica alrededor del litigio por YPF. El contrato estableció un pago inicial de US$60.000. FGS también envió un mensaje de texto al Financial Times y mantuvo un encuentro presencial y una comunicación por mensaje de texto con Bloomberg. El motivo informado fue siempre el mismo: "Petersen contra la Argentina". La escena condensa una disputa que desbordó los tribunales. Mientras el país instalaba su defensa en los medios, los beneficiarios de la condena por US$16.100 millones, que luego fue revocada, llevaron sus argumentos hasta la Casa Blanca y el Congreso.El rastro de esa segunda ofensiva aparece el 4 de marzo de 2026. Ese día, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, uno de los estudios que representa a Petersen Energía â??cuyo litigio fue financiado por Burfordâ?? y Eton Park, y abrió dos expedientes: uno por cada demandante.La primera descripción fue directa. La consultora trabajaría en "cuestiones relacionadas con el litigio de la Argentina por la expropiación de una petrolera estatal". Después, cuando llegó el momento de informar la actividad, el lenguaje se volvió más aséptico: "Litigio que involucra a un soberano extranjero". Por esas gestiones, OnMessage declaró ingresos por US$250.000: US$110.000 vinculados a Petersen y US$140.000 a Eton Park.Los registros norteamericanos que vio LA NACION consignan gestiones ante la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente y ambas cámaras del Congreso.Hasta allí llega la prueba. Los formularios no identifican a los funcionarios, legisladores o asesores contactados ni revelan qué se les pidió. Pero documentan gestiones declaradas ante esos organismos y su vínculo expreso con el caso YPF.La tarea en nombre de quienes querían cobrarle una millonada a la Argentina quedó en manos de un solo lobista. Es Tommy Binion, un operador con extensos vínculos republicanos. Había sido director legislativo del exrepresentante Steve King y vicepresidente de relaciones con el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Heritage Foundation, uno de los centros de pensamiento conservador más influyentes de Estados Unidos, con fuerte llegada al Partido Republicano y al entorno de Donald Trump. Cuando pasó a OnMessage, en 2022, Heritage informó que Binion seguiría como consultor y destacó sus vínculos con el Capitolio y la primera administración de Trump.El calendario ayuda a entender la urgencia. OnMessage se registró en los organismos norteamericanos 23 días antes de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo de 2026, la condena contra la Argentina y dejara sin efecto la orden de entregar las acciones de YPF. La representación de Petersen y Eton Park terminó el 1° de junio. Al día siguiente, el tribunal rechazó el pedido de reconsideración.Pero Binion no salió de escena. El 22 de julio, OnMessage registró formalmente a Burford Capital y volvió a asignarlo como lobista.En el conjunto de sus registros de lobby de 2026, Burford y tres consultoras informaron montos que suman en bruto US$790.000. La cifra abarca toda su agenda, no sólo el pleito argentino, y puede contener superposiciones entre los gastos internos declarados por la compañía y los honorarios informados por las firmas externas.Tampoco hay pruebas documentales de que OnMessage haya organizado los amicus curiae que después respaldaron a Petersen y Eton Park ante la Corte Suprema. Los escritos de Missouri y otros 14 estados y territorios estadounidenses, organizaciones conservadoras, académicos y dirigentes políticos muestran, sin embargo, un ecosistema favorable a los demandantes.La Argentina había abierto su propio frente casi un año antes. El 22 de mayo de 2025, FGS Global fue contratada para asesorar al Ministerio de Economía; Sullivan & Cromwell, el estudio que representa al país, celebró el acuerdo en nombre de la Argentina y por instrucción del Estado. El acuerdo estableció un pago inicial no reembolsable de US$60.000 por 30 días y, a partir de entonces, honorarios por hora. La misión: manejar un asunto sensible y diseñar la comunicación.Los documentos presentados por FGS bajo la ley FARA de Estados Unidos permiten ver esa maquinaria en movimiento. Un relevamiento de LA NACION sobre las dos primeras declaraciones semestrales identificó 267 registros de contacto entre el 6 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026. No son necesariamente 267 periodistas: hay correos repetidos, llamadas, videoconferencias, mensajes de texto y reuniones. Son, en cambio, una medida de la intensidad de la campaña.Reuters y Reuters Breakingviews concentraron 46 registros; Bloomberg, 38; The Wall Street Journal, 32; Financial Times, 23; Law360, 22, y Latin Finance, 19. También aparecen The Economist, The New York Times, El País, EFE, Americas Quarterly, The American Lawyer, Law.com, Foreign Policy y Global Arbitration Review.Los picos siguieron el pulso del expediente. El 3 de octubre de 2025 hubo 30 contactos. El día de la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, otros 19. Y el 28 de enero de 2026, cuando el país pidió frenar lo que describió como un discovery "intrusivo", se registraron 14 comunicaciones. FGS distribuyó entonces una declaración de la Procuración del Tesoro: la Argentina, sostuvo, ya había entregado más de 115.000 páginas y brindado 30 horas de testimonios.Los registros también muestran el libreto. La defensa advirtió que la entrega de las acciones podía provocar un conflicto de política exterior, sostuvo que la disputa debía resolverse bajo el derecho argentino y acusó a Burford de querer convertir a los tribunales estadounidenses en "un casino". Tras el fallo del 27 de marzo, FGS difundió declaraciones de Sullivan & Cromwell que presentaron la decisión como una reivindicación de la posición argentina.Durante meses faltó una pieza: cuánto había pagado efectivamente el Estado. Las presentaciones de FGS decían que los fondos estaban pendientes.LA NACION recuperó esos datos mediante un pedido de acceso a la información pública que presentó ante el Ministerio de Economía. La cartera que maneja Luis Caputo informó el 13 de octubre de 2026 que el giro inicial de US$60.000 se había concretado el 2 de octubre, en dólares y a favor de Sullivan & Cromwell, por los servicios de FGS. Según la respuesta oficial, no hubo pagos adicionales.La fecha agrega una última coincidencia al relato, aunque no prueba una relación causal: dos días antes, Petersen y Eton Park habían llevado el caso a la Corte Suprema. Para entonces, las contrataciones específicas de OnMessage ya habían terminado. El dinero de la campaña argentina, en cambio, acababa de salir.Los documentos muestran cómo cada parte trató de moldear el ambiente en el que se resolvía el juicio más costoso que enfrentó el país. Un lado buscó las oficinas del poder político; el otro, las redacciones capaces de convertir sus argumentos en clima de opinión.
Ernesto Medina y Kamil Zayas llevan más de nueve meses en prisión provisional por publicaciones críticas en redes sociales. La Fiscalía pide condenas de hasta diez años y el proceso se pospuso sin explicación legal alguna.
El cantante está imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego y enfrenta una pena de entre ocho y 25 años de prisión. Por su internación psiquiátrica, no estará presente en la audiencia.
Después de tres meses de debate, 20 audiencias y el paso de casi 40 testigos, este viernes se conocerá el veredicto en el juicio que afronta Cristian Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano.Según pudo saber LA NACION, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, dará a conocer su decisión en las primeras horas de la tarde. Pity Álvarez no estará en la sala: el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica de rehabilitación en la que está internado de forma compulsiva.El juicio comenzó el 10 de agosto y lo que inicialmente estaba previsto como un debate de 11 jornadas terminó extendiéndose al doble. Durante ese período declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares de ambas partes y especialistas en salud mental, en un proceso que estuvo atravesado por constantes pedidos de suspensión, cambios en la defensa, discusiones sobre la capacidad o no del músico para afrontar el debate, un intento de fuga de un hospital, una entrevista televisiva con Moria Casán y distintos episodios que alteraron el cronograma.Uno de los momentos que mayor repercusión generó ocurrió cuando Álvarez declaró ante los jueces, algo que inicialmente no estaba en los planes. Con su cronológico y detallado relato de más de cuatro horas, en donde describió con lujo de detalles su versión de los hechos, la tarde del 2 de noviembre, el Pity echó por tierra todos los planteos relacionados con su falta de capacidad de comprender por qué se lo estaba juzgando.No solo pidió perdón. Aseguró que estaba profundamente arrepentido de lo que hizo -"¡¿Cómo no voy a estar arrepentido?! No me reconozco haciendo eso porque sé la clase de persona que soy", le respondió a su abogado- y sostuvo que "más allá de la decisión que tome el tribunal", a él le "gustaría ayudar económicamente a la familia" de la víctima, aunque aclaró: "La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música".La oferta fue, como mínimo, compleja: esa retribución solo sería posible si el tribunal no lo condenara por homicidio simple, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión. Si va a la cárcel, no habrá recitales; sin recitales no habrá asistencia.También hizo referencias a la víctima que generaron controversia. "No crean que era un corderito", expresó en una de las frases que marcaron aquella audiencia. Y también lamentó que "un gil de mierda" se haya cruzado en su vida para hacer que terminara en el banquillo.Pero hubo más. Porque cuando volvió a la clínica psiquiátrica a la que había sido enviado por decisión judicial, le realizaron un análisis que confirmó que el músico había consumido cocaína en algún momento de esa jornada, lo que abrió una nueva controversia en torno a su situación. También hubo jornadas en las que el músico permaneció dormido durante las audiencias, mientras se desarrollaban los testimonios, y el primer día incluso se escucharon sus ronquidos.El proceso tuvo como eje determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La acusación sostiene que Álvarez disparó contra la víctima y la mató de cuatro tiros. La defensa, en cambio, planteó que el cantante actuó en legítima defensa.Tres pedidos y posiciones enfrentadasEl miércoles 11 de noviembre, el fiscal Sandro Abraldes presentó su alegato y solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su exposición rechazó que el músico hubiera actuado para defenderse y sostuvo que comprendía la criminalidad de sus actos al momento del ataque. El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que Álvarez sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica en una clínica de Castelar. Eso recién podría ocurrir en febrero, en caso de que haya un fallo condenatorio, debido a que la Justicia determinó que la internación del músico sea de 90 días.En su alegato, reconstruyó la secuencia del crimen, cuestionó la versión del acusado y sostuvo que había utilizado el arma con intención de matar. "Álvarez jugó a ser Dios, salió armado y decidió que Cristian Díaz debía morir", concluyó.La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó una pena de 11 años y dos meses de prisión. Además, solicitó que, en caso de una condena, el músico pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario y con "salidas laborales". Eso, de alguna manera, acercaría a Pity a contar con la posibilidad de dar nuevos recitales. El viernes 13 de noviembre llegó el turno de la defensa. Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostuvieron que el cantante había actuado en legítima defensa y solicitaron su absolución. Como alternativa, plantearon que, si el tribunal no aceptaba ese argumento, se considerara la figura de exceso en la legítima defensa, que contempla una escala punitiva menor.La defensa también cuestionó aspectos de los peritajes médicos y volvió a plantear objeciones vinculadas a las condiciones en las que se desarrolló el proceso. En ese contexto, los letrados formularon reservas y cuestionamientos sobre la validez del debate, aunque no volverán a plantear la nulidad, bajo el argumento de que, en esta etapa, ya lo hicieron, sin éxito.El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Álvarez disparó contra Díaz y continuó con otros tres tiros sobre su cuerpo cuando la víctima ya estaba en el suelo. Para respaldar esa reconstrucción, el fiscal presentó testimonios, informes periciales y material audiovisual.Uno de los puntos discutidos fue si el músico había sido agredido o acorralado antes de disparar. La defensa sostuvo que Díaz le impidió retirarse del lugar y que el cantante reaccionó ante una agresión ilegítima. La Fiscalía rechazó esa interpretación y consideró que las pruebas reunidas no justificaban el uso del arma.También se debatieron los antecedentes de consumo problemático de sustancias de Álvarez y su estado de salud mental, aspectos que tuvieron un lugar central durante las audiencias y en las evaluaciones incorporadas al expediente.El veredicto se conocerá esta tarde y pondrá fin a un juicio que comenzó más de ocho años después del crimen y que, por la repercusión pública del acusado y las circunstancias que rodearon el debate, concentró atención mediática durante sus tres meses de desarrollo.Del otro lado del estrado, una familia aguarda. Jacqueline Guzzardi, que considera a Cristian Maximiliano Díaz como su padre y presenció todas las audiencias junto a Marita, hermana de la víctima, fue contundente ante el Tribunal: "Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio".
Un testigo desconoció firmas en documentos de la investigación. El exabogado de Laudelina Peña declarará el 26 de noviembre. Leer más
El presidente encabezó la primera cena anual del FACA, reivindicó las medidas del gobierno en la lucha contra el antisemitismo e invitó a los países de la región a sumarse a estas políticas
La evaluación psiquiátrica concluyó que el acusado, de 82 años, puede comprender la naturaleza y las consecuencias de los cargos
En la audiencia de este jueves ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes un albañil denunció que falsificaron su firma en actas de operativos en los que él nunca estuvo.Los jueces fijaron para la semana próxima la declaración del polémico José Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña.
El ente acusador presentó cargos contra el cantante, el empresario musical y dos abogados por la denuncia de un representante de imitadores, quien afirmó que fue presionado para suscribir un contrato
El acusado obtuvo la suspensión del juicio a prueba: deberá publicar su arrepentimiento en el mismo sitio donde posteó su mensaje
El procurador general estadounidense deberá recomendar al máximo tribunal qué opina sobre la revisión del fallo que en marzo favoreció al país. ¿Es una decisión que podría influir en la campaña presidencial de 2027?
Un auditor de Vialidad Nacional que supervisó en 2016 la obra pública la provincia de Santa Cruz ofreció este jueves una confusa frase y luego se desdijo al declarar como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que se juzga la existencia de un presunto esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo.Se trata de Martín González Oría, un ingeniero que desde 2008 se desempeña en la unidad de auditoría del organismo y que en 2016 integró el equipo que, a pedido de Javier Iguacel, revisó el estado de alrededor de 40 obras en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas."Sí, lamentablemente se constató eso, la existencia física de la obra", respondió cuando le consultaron si habían ido a comprobar sobre el terreno si las obras efectivamente existían.El sentido de la frase no quedó claro y la frase misma pasó desapercibida hasta casi el final de la audiencia, cuando la retomó el representante de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariano Galpern. "Usted contestó 'lamentablemente'", le marcó. "¿Lamentablemente dije yo? No recuerdo haber dicho eso, sería ilógico lamentar algo así como una obra que esté ejecutada", respondió. "No recuerdo haber usado ese término", aseguró. La declaración del técnico González Oría fue solicitada por la defensa de su exjefe y titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, quien fue condenado en la causa Vialidad y es acusado en Cuadernos por asociación ilícita, como la expresidenta Cristina Kirchner. En su declaración, González Oría se mostró renuente a reconocer que las empresas de Báez fueron beneficiadas con la mayor parte de la obra pública y evitó ser preciso en este punto. "Había diversas empresas", dijo primero. Cuando el fiscal Nicolás Codromaz le preguntó si recordaba alguna en particular, nombró varias y, al ser consultado puntualmente por Austral, evitó precisiones. "Son informes bastante antiguos. Está escrito en el informe", dijo. "Era un porcentaje alto", reconoció tras las preguntas de la fiscalía. De esta manera evitó mencionar que las empresas de Baez fueron adjudicatarias de casi el 80% de la obra pública de la provincia, según el informe que él mismo ayudó a confeccionar. El juicio ya ingresó en la etapa de los testimonios solicitados por las defensas, con alrededor de 200 declaraciones todavía pendientes, aunque esa cifra podría reducirse si las partes continúan desistiendo.
Howard "N", alias "El Howard" o "El Jaguar", enfrentará un proceso penal por asociación delictuosa agravada; la Fiscalía capitalina lo relaciona con extorsiones, cobro de piso y venta de drogas en CDMX y Estado de México
El letrado está acusado de recibir bienes provenientes de delitos y de obstaculizar un acto funcional. Uno de los cargos por encubrimiento incluye el agravante del ánimo de lucro. En cuatro causas, los pedidos también alcanzan a otros dos imputados. Leer más
El acuerdo se inscribe en una causa derivada del caso contra referentes del Movimiento Octubres por supuestas extorsiones vinculadas con planes sociales
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría objetaron la petición de la defensa, argumentando que el testimonio no es pertinente para el caso
El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7
Organizaciones cubanas de derechos humanos alertaron que la académica ha sufrido varias retenciones durante 2026 cuando intentaba llevar adelante sus protestas mensuales.
La actriz habló en 'The Drew Barrymore Show' sobre el estigma que cargó por sus años de excesos en los clubes de Nueva York
Ante el Tribunal Oral Federal N° 5, comienza este miércoles la lectura de la acusación por la causa Hotesur. La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo siguen la audiencia de forma virtual
El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a policías que participaron en allanamientos y búsquedas con drones. Las declaraciones llegan después de nuevos testimonios sobre la Ford Ranger de dos imputados.
Darán testimonio un sargento de 9 de Julio y dos efectivos pertenecientes a la División Drones de la Policía de Corrientes. Los uniformados estuvieron presentes en allanamientos y procedimientos clave de la investigación por la desaparición del menor. Leer más
El hombre reclamó una indemnización por las lesiones y una cicatriz permanente que, según sostuvo, sufrió mientras realizaba un ejercicio de dominadas en una clase de entrenamiento funcional. La acción apuntó contra el propietario del establecimiento, pero la Justicia rechazó su reclamo
La cantante de Bandana se presentó a declarar como testigo en el juicio que su madre le inició a su expareja, Leandro García Gómez, por violencia de género. Leer más
El Máximo Tribunal determinó que el tribunal colegiado que negó el amparo a la víctima no incorporó los estándares interseccional, de género e infancia en la valoración de las pruebas del expediente
La declaración de Bladimir Cuadro Crespo, actual procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue solicitada por la defensa del exsenador para esclarecer dos encuentros en la cárcel El Buen Pastor durante 2019
La autoridad judicial de Morelos dictó prisión preventiva contra Ricardo Alejandro tras valorar las grabaciones del ataque armado
El Poder Judicial revisará la vinculación a proceso del exfiscal de Chihuahua
Tres de las figuras clave recuperaron la libertad por vencimiento de términos, mientras los otros dos continúan sin comparecer ante la justicia colombiana
Un hombre irá a juicio en Tucumán acusado de haber estrellado su camioneta para intentar asesinar a su pareja. En el vehículo también se trasladaban sus dos hijas menores y de acuerdo a la investigación, la acción se produjo luego de que la esposa le pidiera separarse. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona.El episodio ocurrió el pasado 28 de marzo cerca de las 17.40 sobre Avenida América, en San Miguel de Tucumán. El acusado, identificado como Darío Pascual Cabrera, de 35 años, conducía una Toyota Hilux y a su lado se hallaba su pareja, de 32. En la parte de atrás viajaban sus hijas de 16 y 10. La tensión se generó luego de que la mujer le pidiera separarse. Según consignó La Gaceta, el hombre reaccionó violentamente. Al pasar por una garita policial, la víctima pidió ayuda, motivo por el cual Cabrera la habría sujetado del cuello y la ropa para evitar que siguiera gritando. Así fue el intento de femicidio La agresión fue observada por dos policías, que inmediatamente iniciaron una persecución e intentaron que el atacante redujera la velocidad. Sin embargo, Cabrera logró huir, realizó una violenta maniobra y aceleró a toda velocidad para terminar impactando de manera frontal contra una casa en la intersección de Pasaje Houssay y Pasaje Aragón."Ahora nos matamos todos", habría expresado antes de la colisión, según surge de la investigación. A pesar del siniestro, Cabrera continuó con el ataque e intentó estrangular a su pareja, pero fue frenado por sus dos hijas. En ese instante, la víctima logró salir del vehículo. "Inmediatamente después del choque, aún dentro del vehículo, se abalanzó sobre la víctima y comenzó a ahorcarla con ambas manos. No logró su objetivo gracias a la intervención de sus hijas, que forcejearon para que la soltara", relató en aquel entonces el auxiliar de la fiscalía, Alejandro Andole.Luego de la agresión, la mujer recibió atención médica y fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla. Afortunadamente, sobrevivió a las heridas. "Pensábamos que era un accidente, pero al ver a esas chicas haciendo lo imposible para ayudar a su madre, nos dimos cuenta de la gravedad. Si ellas no se metían, estaríamos hablando de un nuevo femicidio", había expresado en aquel entonces Blanca Núñez, vecina y testigo del hecho, en diálogo con La Gaceta. A juicioEl caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale. Tras meses de recolección de evidencia, que incluye la declaración de la víctima, sus hijas y testigos, además de las pruebas materiales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán decidió en las últimas horas elevar a juicio la causa. La Fiscalía anticipó que pedirá diez años de prisión.Previamente, la defensa había solicitado el sobreseimiento del acusado, pero la jueza a cargo, Fany Siriani, rechazó el recurso e hizo lugar al pedido del MPF. Por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con daños, el fiscal Ricardo Ybáñez exigió una pena de diez años de cárcel. Cabrera ya cumple con prisión preventiva desde el pasado 30 de marzo, cuando fue imputado por el hecho.
Rafael Álvarez Ayala permanece hospitalizado tras resultar herido durante su captura en Guadalajara; cuatro de sus coimputados continuarán en prisión preventiva y serán trasladados a penales federales
Lourdes Fernández no pudo contener la angustia después de declarar en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez. Visiblemente conmovida, la cantante de Bandana se detuvo ante los periodistas y contó cómo atraviesa el proceso. "Estoy muy triste. Realmente, que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es muy triste", expresó.La artista, más conocida como Lowrdez, prestó declaración este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El juicio aborda los hechos que tuvieron lugar en un departamento de Palermo en octubre de 2025 y tiene como acusado a García Gómez, quien permanece detenido con prisión preventiva. La cantante llegó a la audiencia acompañada por su mamá, Mabel.A la salida, Fernández destacó la rapidez con la que actuó la Justicia en su caso y pidió que esa respuesta alcance también a quienes no tienen exposición pública: "Me encantaría también que lo hagan con mujeres y hombres que no la están pasando bien". Luego, agregó: "No a la violencia, es lo único que tengo para decir".
Hay 10 acusados. Dos de ellos no aceptaron el abreviado y sus eventuales responsabilidades se ventilarán en un debate abierto. La primera parte fue a puertas cerradas, sin acceso de la prensa, por los delitos de violencia de género. Leer más
El debate que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este martes con más testigos pedidos por las defensas
La Audiencia Provincial de Albacete eleva de 5.000 a 40.843 euros la indemnización que deberá abonar la letrada por no acudir al juicio, no comunicar a la empresa la sentencia y dejar que se acumularan los salarios de tramitación
La cantante de Bandana brindará su testimonio desde las 9:00 en los tribunales porteños, pese a no ser querellante en la causa donde el imputado, Leandro García Gómez, se arriesga a 15 años de prisión Leer más
La mujer acusada de asesinar a sus tres hijos enfrentará un nuevo juicio en marzo tras un fallo nulo en el primer proceso judicial. Clancy, quien alega psicosis posparto, se declaró no culpable por demencia. El caso ha reavivado el debate sobre salud mental materna.
Un nuevo proceso judicial fue convocado para la madre acusada de asesinar a sus tres pequeños en 2023, tras un juicio anterior sin veredicto.La defensa busca desestimar cargos y acusa a un jurado de parcialidad, mientras la fiscalía evalúa mantener la acusación inicial.
El segundo proceso comenzará el 29 de marzo en Massachusetts, después de que la fiscalía confirmara que continuará adelante con la causa por los homicidios de los menores
Gustavo Folli Pedetta, exsubjefe de la Policía de Córdoba, exjefe de Bomberos y exfuncionario municipal durante la gestión Martín Llaryora, es uno de los acusados que aceptó juicio abreviado junto otros ocho imputados. Solo uno, Julio Zárate, no lo admitió. Leer más
La tecnología detecta señales y anomalías, pero el profesional evalúa su relevancia y toma decisiones. Deloitte aplica este enfoque con Omnia, su plataforma global de auditoría y aseguramiento
El alto tribunal solicitó recuperar declaraciones, registros de visitas y documentos que permitan examinar las versiones entregadas durante las investigaciones por corrupción electoral
El lunes, un ejecutivo le daba indicaciones a su equipo de estrategia y tenía una semana entera por delante hasta que lo volvieran a necesitar. Eso era antes. Hoy el equipo vuelve a las pocas horas, con el trabajo hecho, pidiéndole que lo revise. "No tengo el ancho de banda para revisarlo todo", confesó. La escena aparece en un informe de octubre de McKinsey, The judgment bottleneck, Balancing AI and human speeds in strategy, que nombra una tensión que muchos sienten hoy: en las organizaciones conviven dos relojes que marchan a velocidades distintas: el primero es el reloj rápido de la IA, que rastrea patentes, startups e inversiones, simula escenarios en minutos y avisa cuando se cumple una condición definida de antemano. Un directivo contó que su equipo completa en menos de dos días un análisis financiero que antes llevaba cinco semanas. El segundo es el reloj lento del juicio humano: interpretar la evidencia, cuestionar supuestos, detectar lo que nadie anticipó, construir acuerdos y movilizar a la organización. Los autores lo explican con el béisbol: una cosa es ver venir la bola rápida y otra, poder batearla. El problema es que el segundo reloj no se acelera al ritmo del primero. El físico y escritor Eliyahu Goldratt enseñó en su libro La Meta que todo sistema avanza a la velocidad de su eslabón más lento. Con la IA, el cuello de botella dejó de ser el análisis y pasó a ser la capacidad de decidir. En una compañía, un equipo junior empezó a producir resultados entre diez y veinte veces más rápido. Los ejecutivos, lejos de decidir antes, tardaron más: no sabían qué supuestos había detrás de cada número. Y cuando no sabés en qué confiar, revisás todo.Misterios argentinos: El dólar está quieto, no hay emisión descontrolada y, sin embargo, la inflación no baja / Cada vez más lejos del comienzo con 0 que prometió Milei / ¿Qué está pasando? La inercia inflacionaria, los precios relativos que todavía buscan acomodarse y las subas que siguen pendientes / Además, se viene la temporada alta de aumentos: ¿Puede volver a acelerarse la inflación o finalmente perforará el piso del 2%?El informe señala tres trampas. Uno, aplicar la lógica de la eficiencia y saltear la revisión para seguirle el ritmo a la máquina. Dos, ahogarse en un diluvio de análisis que tapa lo importante. Y la más silenciosa: si la IA hace el trabajo que antes formaba a los jóvenes, ¿dónde se entrenará el juicio de los próximos líderes? ¿Cómo se gestionan los dos relojes a la vez? Con tres movimientos. Primera, proteger la atención de los líderes. En vez de un informe entero, mostrarles los supuestos clave y las preguntas de "qué tendrías que creer". Y clasificar decisiones: las rutinarias, como precios dinámicos o fraude, se automatizan con reglas claras; las inciertas, como entrar a un mercado, las lideran personas con apoyo de la IA; las de alto impacto, como una fusión, quedan en manos de quien rinde cuentas. Dos, entrenar el juicio a propósito. Por ejemplo, una empresa exige que la herramienta muestre fórmulas, datos y supuestos de cada paso, y que el equipo pueda responder preguntas sobre ellos. Finalmente, defender la responsabilidad. Cada decisión importante necesita un dueño con nombre y apellido. La IA puede ayudar: hay compañías que usan agentes que atacan un análisis como lo haría un gestor de riesgos o un abogado del diablo antes de que llegue a quien decide. Gestionar dos relojes no es obligar al lento a correr. Es decidir qué mide cada uno. Bien usada, la velocidad de la IA permite revisar decisiones más seguido. El reloj rápido no reemplaza al lento: le da más oportunidades de acertar.
El Tribunal Oral Federal 5 habilitó este viernes un nuevo día para avanzar con el juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces, en el que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmobiliarias de la familia Kirchner. El proceso tiene sentado por primera vez en el banquillo de los acusados al hijo de la expresidenta, Máximo. Así, el debate, que comenzó hace tres semanas, tendrá por primera vez una jornada un día miércoles. Será para compensar el próximo lunes, que es feriado judicial, pero fundamentalmente para consolidar un nuevo día de audiencias y poder hacer avanzar el debate a un ritmo de tres sesiones por semana, tal como estaba previsto en la hoja de ruta inicial del tribunal.Durante la audiencia de hoy, el tribunal que preside el juez Jose Michilini concluyó con la lectura de la acusación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al tramo Los Sauces. Ese segmento del juicio oral examina los alquileres de inmuebles de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, bajo un arco de posibles delitos que incluyen la asociación ilícita, lavado y dádivas. Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra por parte de la sociedad Los Sauces del departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Fue adquirido el 11 de junio de 2015 por US$370.000 en cuatro Cedines para que viviera allí Florencia Kirchner. "La firma Los Sauces, en oportunidad de adquirir el inmueble de la calle San José 1111, unidad funcional 5 de esta ciudad, incorporó una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y cuentas de la propia sociedad, que a su vez se han querido mantener en el anonimato", leyó hoy uno de los secretarios del Tribunal.Tanto para la UIF como para el fiscal Diego Velasco, Los Sauces permitió dar un "ropaje de legalidad" a fondos de origen ilícito e incorporarlos al patrimonio de los Kirchner.La maniobra, según la acusación, incluyó un encadenamiento de sociedades que habría permitido a la familia Kirchner disponer del dinero presuntamente blanqueado, ya fuera mediante retiros de fondos de la firma, la compra de propiedades para uso personal o el pago de salarios.El miércoles de la semana próxima comenzará la lectura de la acusación fiscal correspondiente al tramo Hotesur, donde se revisa únicamente el alquiler de los hoteles de los Kirchner a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez. La intención original del tribunal era realizar un juicio distinto para cada una de estas causas, que habían sido unificadas en instancia oral. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esa posibilidad y ordenó que se desarrollara todo el trámite en un único debate.
Cincuenta y dos penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, incluidos los jefes de la unidad y dos médicos, fueron elevados a juicio oral y público por torturar presos durante un motín ocurrido en 2019, durante el cual apilaron a los detenidos en una "montaña humana", gasearon a nueve reclusos por la mirilla de una celda individual y los dejaron cuatro días sin comer.La decisión a la que accedió LA NACION fue tomada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es querellante. Además, ordenó la inhibición general de bienes de todos los acusados.Los sucesos comenzaron en la tarde del domingo 9 de junio de 2019, cuando un grupo de presos del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestó por un cambio en el horario de visitas. Los presos insultaron a los celadores, tiraron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Lo que pasó en las cuatro horas siguientes y en los cuatro días posteriores llegará ahora a un juicio oral.El juez Rodríguez Ponte cerró la instrucción y envió el expediente a un Tribunal Oral Federal de La Plata que se sorteará. Ante el incendio, el jefe de turno pidió la intervención de grupos operativos para entrar al pabellón y "restablecer el orden". Se armó entonces un "cuerpo de requisa extraordinario" con agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.Según la acusación, los integrantes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior "en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos" y no en forma disuasiva. Una vez dentro, empujaron a los presos hacia un rincón, en el ángulo entre las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente llama una "montaña humana". Allí, ya reducidos y sin posibilidad de resistir, los golpearon, les tiraron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.Mientras tanto, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, que es individual, y cerraron la puerta. Según la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban. La agresión se prolongó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.Terminada la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que acababan de participar del operativo. Uno de ellos registró en video las imágenes y el audio de las conversaciones en la celaduría. Esas filmaciones resultaron una prueba clave.Los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, miraron el operativo desde el pasillo. Según la causa, cuando entraron no examinaron a los presos: los observaron a distancia, ubicados detrás de los agentes, y anotaron solo parte de lo que los internos les decían. La Cámara Federal de La Plata, a partir de las filmaciones, señaló que certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que en exámenes posteriores presentaron heridas. Irán a juicio por falsedad ideológica y por omisión de denunciar torturas.Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de "sectorización", que dispuso el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicaron los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio. Formalmente era una medida preventiva, pero funcionó en la práctica como una sanción colectiva, que prohíbe la ley. Durante esos días, según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados. Las bandejas tampoco entraban por la mirilla. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. El pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.El régimen terminó el 13 de junio a las 16:30, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La comitiva encontró a los detenidos gritando por comida y agua y las viandas tiradas en el suelo.Irán a juicio por torturas unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad. Y está acusado de omisión de evitar torturas Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo esa jornada. Llegó a la unidad a las 22:45 y se fue a las 0:20.Los médicos irán a juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, y dos celadores, un inspector y un auxiliar, por falsear actasLas defensas sostuvieron que la requisa fue necesaria ante el incendio y la resistencia de los presos, que según ellas usaron elementos punzocortantes. Afirmaron que la sectorización fue un aislamiento provisorio previsto en la reglamentación para evitar peleas entre internos. Además, cuestionaron los episodios de la "torre humana", la mirilla y el inodoro porque, dijeron, no tienen respaldo en constancias médicas objetivas.El juez respondió que eran sustancialmente los mismos argumentos que ya había evaluado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cuando confirmó los procesamientos, el 18 de julio de 2025, y que desde entonces no se incorporó prueba nueva. Recordó también que en esta etapa alcanza con un juicio de probabilidad y que la certeza queda reservada al juicio oral.En la misma resolución, a pedido de la fiscalía y de la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), que solo apagaron el fuego y ventilaron el pabellón.
Un jurado de St. Louis rechazó por unanimidad la demanda de tres mujeres que atribuían su linfoma al uso del producto.La compañía alemana enfrenta unos 65.000 reclamos y busca cerrarlos con un pacto de 7.250 millones de dólares.
La modelo de 36 años fue encontrada sin vida en un apartamento del norte de la capital, cinco días después de los hechos ocurridos el 18 de junio de 2026
El hecho que causó dos muertes se produjo el 3 de noviembre de 2014. Una triste coincidencia: ese día se cumplían 19 años del atentado a la Fábrica Militar. El debate se realiza con jurados populares. En 2018 habían sido absueltos. Leer más
El histórico jefe de la custodia de Cristina Kirchner, Diego Carbone, negó haber visto movimientos de bolsos en los aviones presidenciales al declarar hoy como testigo en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.Su testimonio fue solicitado por la defensa del exfuncionario Daniel Álvarez, que le preguntó puntualmente si lo había visto cargar bolsos. "Ni a él ni a ningún otro secretario", afirmó Carbone.La acusación, basada en testimonios de exfuncionarios y empresarios arrepentidos y en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, sostiene que la expresidenta estaba a la cabeza de un sistema de coimas y que la recaudación tenía un circuito que pasaba por su departamento en Recoleta y era luego trasladado a Santa Cruz. Carbone dio detalles de los viajes, de las cápsulas de seguridad que rodeaban los traslados de los exmandatarios y del modo en que llegó a estar a cargo de la protección de la expresidenta. "Jamás dejé de darle seguridad a la familia de la expresidenta", afirmó."Yo soy profesional. Puedo ser jefe de seguridad de Lilita Carrió, Macri, no me importa la política, la amistad, ni nada. Soy un profesional de la seguridad", dijo en el juicio. En este tramo del debate, por el estrado desfilan los testigos solicitados por las defensas de los imputados, que son más de 80, entre empresarios, exfuncionarios y otros actores involucrados en la trama. En la audiencia declaró también la abogada y actriz Nicole González, quien volvió a poner sobre la mesa un episodio vinculado con Fabián Gutiérrez, uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos, que fue asesinado en 2020 en El Calafate.En su declaración, la mujer sostuvo que el exsecretario de Cristina Kirchner le había confiado cuestiones personales sobre su orientación sexual y que estaba siendo amenazado con la difusión de grabaciones íntimas.Fue en 2019, cuando González, que había alcanzado cierta popularidad bajo el apodo de "la Rubia Peronista", ofrecía un espectáculo llamado "Gorilas abstenerse", de fuerte impronta peronista.Durante una presentación en El Calafate, una de las personas que la asistía le advirtió que en la segunda fila se encontraba Gutiérrez, quien ya había declarado como arrepentido en la causa de los Cuadernos.Tras el show, cuando Gutiérrez se acercó a saludarla, ella lo increpó. "¿Qué carajo haces acá? Sos parte de una causa armada", le espetó la mujer.Según el relato que González brindó hoy ante el tribunal, Gutiérrez le confió entonces que era homosexual y que lo estaban amenazando con difundir grabaciones en las que aparecía manteniendo relaciones sexuales con hombres en hoteles.González, que es una mujer transgénero, empatizó con él y se terminó sacando una foto. La publicó en redes sociales luego de que el exsecretario Gutiérrez apareciera asesinado y enterrado en un predio en El Calafate a veinte cuadras de su casa, con lesiones y signos de estrangulamiento. Por el asesinato, fueron condenados a prisión perpetua tres hombres que habrían ido a su casa con la intención de robarle dinero que, creían, Gutiérrez tenía de la corrupción.Al declarar como arrepentido en la causa Cuadernos, Gutiérrez reveló aspectos logísticos sobre el traslado de bolsos al sur en los aviones presidenciales, una operatoria, afirmó, a cargo del exsecretario Daniel Muñoz. Aunque dijo no saber qué contenían, afirmó que había una percepción compartida de que las valijas llevaban la "recaudación". "En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca, cerrada, donde siempre decíamos los secretarios que ahí estaba la historia, en relación al lugar donde se guardaban los bultos", dijo también Gutiérrez en su declaración de septiembre de 2018.
El debate que tiene como principal acusada a la expresidenta y se reanudó este jueves con la declaración de su custodio
El Estado Mayor Central sostuvo que les brindó a los cautivos las "mejores condiciones posibles" durante su retención y aseguró que envió pruebas de supervivencia a sus familiares
Una mujer de 70 años aseguró que su vecino le pegó en el rostro cuando fue a reclamarle por ruidos molestos durante la pandemia. Según su relato, cayó al piso y se fracturó una muñeca. Sin embargo, el tribunal desestimó el reclamo y le impuso las costas
Un hombre de 76 años denunció que se cayó en unas escaleras dentro del complejo turístico en el que se estaba alojado junto a su familia. En primera instancia la demanda fue rechazada, pero ahora la Cámara Civil hizo lugar al recurso de apelación presentado por el demandante
Clodoveo Domínguez de León falleció por causas naturales la noche del 10 de noviembre en Suchitepéquez. Su deceso extingue la persecución penal sin que los jueces emitieran una resolución de fondo sobre su responsabilidad
Una trabajadora social declaró este martes y dio a entender que los hijos de dos de los imputados estaban en un hotel en contra de su voluntad.También declararon otros testigos sobre las distintas medidas de prueba que se realizaron en el marco del expediente.
María Ximena Céspedes denunció el uso de distintos medios legales para prolongar el inicio del juicio
Sandro Abraldes rechazó la legítima defensa, reconstruyó los cuatro disparos contra Cristian Díaz y cuestionó el trato que recibió la víctima durante el juicio. Leer más
Sandro Abraldes rechazó la legítima defensa, reconstruyó los cuatro disparos contra Cristian Díaz y cuestionó el trato que recibió la víctima durante el juicio. Leer más
Durante su alegato, Sandro Abraldes cuestionó la reacción del músico durante la discusión con Cristian Díaz y puso el foco en los disparos que recibió la víctima cuando ya estaba en el suelo. "Pity Álvarez jugó a ser Dios", afirmó el representante del Ministerio Público.
Néstor Pavón (45) fue condenado en 2017 por el encubrimiento del crimen y ahora, tras un fallo de la Corte Suprema, vuelve a ser juzgado, pero como coautor.El acusado era el dueño del lavadero en el que trabajaba Sebastián Wagner (39), condenado a perpetua como el principal asesino.Dijo que es inocente y que de lo único que se arrepiente es no haberse dado cuenta que su empleado era "un monstruo".
El grupo agrícola sinaloense dejó de pagar un pagaré vencido; piden congelar sus cuentas y embargar sus inmuebles en Los Mochis
El legislador Thomas Massie lo acusa de mala gestión de la guerra, de extralimitarse en cambios de personal y de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. La moción podría avanzar, pero necesita un apoyo que aún no tiene en el Senado
El vuelo de regreso, previsto para el 27 de marzo de 2020, fue cancelado y los pasajeros denunciaron que la empresa no les ofreció una alternativa eficaz ni les reintegró el tramo no utilizado, además de no brindarles asistencia para afrontar los gastos de alojamiento, comida y transporte. Finalmente, volvieron el 18 de mayo en un vuelo de otra compañía que pagaron con una tarjeta prestada. El fallo reconoció los gastos y reintegros reclamados y fijó además una compensación por daño moral
Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez y un cómplice enfrentan acusaciones por ilícitos contra la salud y posesión de armamento exclusivo de las fuerzas armada
El magistrado William Sullivan mantuvo vigente el expediente y fijó para el 16 de noviembre una audiencia destinada a definir la fecha de un nuevo proceso
La selección del jurado quedó fijada por el tribunal de Utah tras una audiencia en la que las partes expusieron sus diferencias sobre los plazos, las pruebas y la eventual pena capital
Se conocieron en medio de las audiencias por el juicio oral contra la ex influencer por el "homicidio" del motociclista Walter Armand (35).Intentan desmentir parte del perfil psicológico que describió una perito en una audiencia.
Además, un juez federal les impuso prisión preventiva oficiosa a los detenidos
Mientras los accidentes laborales y las muertes en el trabajo bajan, los reclamos judiciales crecen. Aseguradoras, pyme y economistas advierten sobre un costo que se traslada a la inversión, el empleo formal y la supervivencia de las empresas
El equipo legal del comediante británico impugnó con éxito la inclusión de su exesposa en el alegato inicial de la fiscalía
El hecho ocurrió en 2024 en Goya, donde los oficiales quisieron detener Carlos Bartlett (37), quien padecía un brote psicótico y exhibía cuchillos en plena calle.En un primer momento se dijo que la víctima había sufrido una muerte "no traumática", pero para la fiscalía se trató de un crimen.Los impactos con el móvil fueron entre dos y cinco.
El regreso de una pareja desde Brasil se postergó varios días debido a una huelga nacional convocada en la Argentina por la CGT. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda contra la aerolínea internacional al considerar que la medida gremial constituyó un caso de fuerza mayor y que la compañía cumplió con sus obligaciones de asistencia e información durante la demora
La disputa legal entre los herederos de Michael Crichton, creador de ER: Emergencias, y Warner Bros. Television, la productora detrás de The Pitt, sumó un capítulo decisivo. Un tribunal de apelaciones de California determinó que ambas series presentan suficientes similitudes como para que pueda continuar la demanda que acusa a la exitosa ficción protagonizada por Noah Wyle de ser una versión encubierta y no autorizada del histórico drama médico. Sin embargo, los jueces también resolvieron apartar del litigio al actor y a otros dos productores que habían trabajado en ambas producciones.La decisión fue adoptada por unanimidad por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California. Los jueces consideraron que el magistrado que intervino en primera instancia había actuado correctamente al rechazar el pedido de Warner Bros. Television para desestimar la demanda. De esta manera, la compañía deberá continuar defendiendo su posición en el proceso judicial.El fallo no establece que The Pitt sea efectivamente un plagio de ER: Emergencias ni determina que exista una infracción de derechos de autor. Se limita a considerar que los argumentos presentados por los demandantes tienen sustento suficiente para que el caso avance y pueda discutirse en otras instancias.En su análisis, los magistrados reconocieron una serie de coincidencias entre las dos ficciones. Ambas, señalaron, ofrecen una mirada sobre el sistema de salud y se concentran particularmente en el funcionamiento de las salas de urgencias y las condiciones de trabajo del personal médico. También destacaron que, salvo contadas excepciones, las historias transcurren dentro de esos espacios, a diferencia de otros dramas médicos que siguen a los pacientes fuera del hospital o que no se limitan a las guardias de emergencia.El tribunal también encontró puntos de contacto en los recursos narrativos. Tanto una serie como la otra se caracterizan por un ritmo vertiginoso, con múltiples situaciones críticas que se desarrollan simultáneamente. A eso se suma un diálogo acelerado, cargado de abreviaturas y terminología médica que puede resultar difícil de seguir para quienes no están familiarizados con esa especialidad. Según los jueces, estos elementos contribuyen a generar una sensación de inmediatez y precisión.Warner Bros. Television, sin embargo, sostiene que esas semejanzas responden a convenciones propias del género y no demuestran que una producción derive de la otra. En sus presentaciones judiciales, los abogados de la compañía argumentaron que se trata de características habituales de cualquier ficción dramática centrada en médicos y profesionales de la salud sometidos a una intensa presión laboral.En un comunicado, el estudio reafirmó su postura: "WBTV sigue sosteniendo que The Pitt es una serie completamente original y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Nada en la decisión del Tribunal de Apelación demuestra lo contrario, y WBTV espera defender su posición a medida que avance el caso".La demanda fue presentada hace dos años por Sherri Crichton, viuda del escritor, antes de que se estrenara el primer episodio de The Pitt. La mujer sostiene que la ficción de HBO Max es, en realidad, una reformulación de un proyecto para relanzar ER: Emergencias que ella había rechazado.Michael Crichton, reconocido mundialmente por novelas como Jurassic Park, fue también el creador de ER: Emergencias, la serie de NBC que transformó el género del drama médico. El escritor estuvo a cargo del guion del episodio piloto de la producción, que seguía las experiencias de un grupo de profesionales en la sala de urgencias de un hospital de Chicago.Estrenada en 1994, ER: Emergencias se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión estadounidense. Durante sus 15 temporadas, que se extendieron hasta 2009, convocó a decenas de millones de espectadores cada semana y obtuvo numerosos reconocimientos. Noah Wyle fue uno de sus protagonistas más destacados, en el papel del doctor John Carter.El reclamo de Sherri Crichton se apoya en una cláusula contractual que su marido había conseguido negociar con Warner Bros. Television y que, según la demanda, le otorgaba un control especial sobre el futuro de la propiedad intelectual. Conocida como cláusula de "derechos congelados", la disposición impedía que el estudio desarrollara secuelas, remakes, spin-offs u otras producciones derivadas de la serie sin el consentimiento expreso de Crichton. Tras su muerte, ocurrida en 2008 a causa de un cáncer, esa facultad habría pasado a sus herederos.De acuerdo con la presentación judicial, Warner Bros. intentó negociar con Sherri Crichton un acuerdo para realizar una nueva versión de ER: Emergencias, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. La viuda sostiene que, después de que ella rechazara la propuesta, la compañía avanzó con el desarrollo de The Pitt, una producción que, a su entender, recupera la premisa y los elementos fundamentales de la serie original sin contar con la autorización correspondiente.La ficción protagonizada por Wyle trasladó el escenario de Chicago a Pittsburgh y propuso una estructura narrativa diferente: cada temporada sigue un día de trabajo en una sala de urgencias, con los acontecimientos desarrollándose prácticamente en tiempo real. Desde su estreno, la producción se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.Su reconocimiento también se reflejó en los premios Emmy. The Pitt obtuvo el galardón a mejor serie dramática en sus dos primeras temporadas, mientras que Wyle recibió en ambas ocasiones el premio al mejor actor de drama. Aunque el tribunal permitió que el reclamo contra Warner Bros. Television siga adelante, los magistrados también resolvieron por unanimidad desestimar la demanda contra tres de las personas involucradas en el desarrollo de The Pitt: Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill.Wyle no solo protagoniza la nueva serie, sino que también participa como productor. Wells, por su parte, es el creador de The Pitt y había trabajado como productor en ER, mientras que Gemmill se desempeña como productor ejecutivo de la ficción de HBO Max y también tuvo participación en la serie original.Los jueces entendieron que no había pruebas suficientes para sostener que los tres conocían las cláusulas contractuales de Michael Crichton y que, por lo tanto, hubieran interferido deliberadamente en los derechos que la familia reclama. Esa falta de elementos probatorios justificó que fueran excluidos del litigio.
La exministra es investigada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público
Este viernes, la defensa de Felicitas Alvite (23) decidió no sumar más testimonios, por lo que el tribunal a cargo del debate dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas.Cuándo será la próxima audiencia, en la que las partes expondrán sus argumentos finales y pedirán pena.
El parto fue 40 años atrás. Pero a la madre nunca le entregaron el bebé. Se lo robaron. Ayer, en un cementerio de Mendoza se hallaron restos óseos y la mujer que había dado a luz en 1986 reconoció una medallita que había dejado en la sala de partos del Hospital Lagomaggiore. La justicia federal de Mendoza investigaba el caso como "una desaparición de persona en democracia" y ayer peritos encontraron restos óseos que serían del bebé que había dado a luz una mujer en septiembre de 1986.La mujer reconoció la medallita que fue encontrada con los restos en la cripta 16 del cementerio de la capital provincial.La investigación está a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, del Área de Transición de la Fiscalía Federal de Mendoza y el procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Garnica.Una de las primeras personas en enterarse del hallazgo fue la mujer que llevó primero el caso a la Justicia provincial, pero no tuvo resultados, por lo que luego, bajo la representación de los abogados Enoc Ortiz, Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan, la causa pasó al fuero federal, según informó el diario Clarín.La investigación podría derivar en un Juicio por la Verdad, procedimiento judicial orientado a esclarecer hechos y ofrecer reparación a las víctimas sin dictar condenas de prisión cuando los casos prescribieron.
Silvina Débora Álvarez será la última testigo en el proceso por el asesinato de Cristian Díaz. La mujer expondrá la preocupación de la familia por los episodios de paranoia del músico y las consecuencias que tuvo su paso por la cárcel.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la elevación a juicio de la causa que investiga el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires y ordenó que el expediente regrese a la etapa de instrucción. La decisión alcanza a la investigación contra dos médicos anestesiólogos procesados por defraudación por administración fraudulenta y responde a la falta de producción de pruebas que podrían modificar el alcance de los hechos investigados y la participación atribuida a los imputados.El fallo respaldó los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado el cierre de la investigación mientras permanecían pendientes los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Para Casación, avanzar hacia el debate oral sin conocer esos resultados podía comprometer la adecuada determinación de la acusación e incluso afectar la validez del juicio.La causa comenzó en febrero de 2026 y tiene como imputados al exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano, Hernán Boveri, y a una exresidente de tercer año de la misma especialidad, Delfina "Fini" Lanusse. Según la hipótesis judicial, ambos habrían desviado propofol para su utilización personal, en perjuicio de la institución. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó sus procesamientos: el primero como presunto autor de la maniobra y la segunda como partícipe secundaria.Durante la investigación, los camaristas habían señalado la necesidad de avanzar con la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos de los acusados. En consecuencia, el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, solicitó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) realizara los peritajes. También requirió registros para establecer en cuántas operaciones intervinieron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.Sin embargo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que había estado subrogado por otro magistrado durante gran parte de la instrucción, consideró que las pruebas pendientes podían producirse durante el juicio oral. Herrera se opuso al cierre del expediente porque entendía que el análisis de los dispositivos era "potencialmente relevante" para esclarecer los hechos. El juzgado mantuvo su postura y sostuvo que esas diligencias no eran imprescindibles para decidir la clausura de la investigación.El desacuerdo continuó cuando el caso llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. En agosto, la fiscal María Luz Castany solicitó que las actuaciones regresaran a primera instancia. En su dictamen, advirtió que el examen del contenido de los dispositivos "excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria".La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que los resultados podían tener consecuencias "tanto en la ampliación de la base de los hechos, como en la delimitación de la intervención de los imputados y su alcance y encuadre jurídico". También recordó que el expediente está relacionado con otras tres investigaciones: una sobre las circunstancias de la muerte de un médico, otra que involucra a una anestesióloga del Hospital Rivadavia y una tercera que tramita en el fuero federal porteño.Castany cuestionó que el juzgado hubiera avanzado hacia el juicio sin completar una medida prevista desde el inicio de la investigación. Según planteó, los dispositivos de almacenamiento habían formado parte de los elementos buscados durante los allanamientos y no era posible descartar que su análisis modificara la reconstrucción de los hechos. Además, señaló que no existían demoras que justificaran prescindir de esa prueba, dado que los procesamientos eran recientes y ya se habían superado los inconvenientes con las defensas vinculados con su producción.El juez Pablo Vega, del Tribunal Oral N°17, coincidió con el planteo fiscal y consideró prematura la elevación a juicio. Por ese motivo, devolvió el expediente al juzgado de origen. No obstante, el magistrado de primera instancia aceptó parcialmente esa decisión y remitió nuevamente al tribunal el tramo correspondiente a Boveri.Ante esa situación, Castany solicitó la nulidad de la clausura de la investigación y de las actuaciones posteriores. Sostuvo que postergar la producción de las pruebas suponía trasladar al debate oral cuestiones que debían esclarecerse durante la instrucción. El tribunal compartió sus objeciones y elevó la controversia a Casación.En esa instancia intervino el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien respaldó la posición de sus colegas. "No se trata aquí de subsanar una mera deficiencia formal ni de producir una diligencia probatoria complementaria, sino de completar una medida de investigación cuya realización fue solicitada durante la etapa instructora y cuya relevancia ha sido expresamente ratificada por la fiscal que interviene ante el tribunal oral", sostuvo."Útil y pertinente" Al analizar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno concluyó que la prueba requerida por Herrera "resultaba útil y pertinente para la presente investigación". Consideró que sus resultados podían incidir no solamente en el fortalecimiento de la hipótesis acusatoria, sino también en la determinación de los hechos que eventualmente serían sometidos a juicio. Por esa razón, entendió que no correspondía diferir su producción hasta el debate oral, ya que sus posibles implicancias todavía eran difíciles de delimitar.Casación señaló que el juzgado no había ponderado adecuadamente el impacto que podía tener esa evidencia sobre la acusación y advirtió que esa circunstancia podía comprometer la correcta realización o validez del juicio. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución del 17 de julio, mediante la cual el Juzgado N°47 había rechazado el planteo fiscal e insistido en exigir el requerimiento de elevación a juicio, pese a las objeciones del MPF.La decisión también dejó sin efecto todas las actuaciones posteriores a aquella resolución.
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