El Tribunal Oral Número 7 sobreseyó el jueves al empresario Enrique Pescarmona en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. La decisión se fundamentó en una "incapacidad sobreviniente" que le impide al ejecutivo de IMPSA participar del proceso judicial y ejercer su defensa de manera adecuada, según determinó un examen médico oficial.Cuál es la enfermedad de Enrique Pescarmona que lo exoneró del juicio de los CuadernosEnrique Pescarmona padece un cuadro de Alzheimer, según el informe del Cuerpo Médico de la Corte Suprema. Esta condición neurodegenerativa le provoca al empresario, de 84 años, una "incapacidad para comprender" los hechos que se le imputan y el desarrollo del juicio en su contra. Por este motivo, los jueces determinaron que no está en condiciones de afrontar su defensa.La resolución del tribunal coincidió con el criterio de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial entendió que la acreditación de un cuadro clínico crónico e irreversible impedía la comparecencia o intervención del imputado. Pescarmona había declarado como colaborador en la causa y la fiscalía lo acusó de realizar pagos indebidos a exfuncionarios por un total de al menos 700 mil dólares.La confesión de José López y los descargos de otros empresariosLa tercera audiencia del juicio, con más de 80 imputados conectados a través de la plataforma Zoom, continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Se repasaron los descargos de distintos empresarios y las declaraciones de quienes se acogieron al régimen del imputado colaborador.Algunos empresarios rechazaron las acusaciones en su contra. Negaron citas, cifras o visitas a los lugares mencionados en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, las cuales calificaron de "fantasiosas". Otros afirmaron que los pagos a funcionarios en realidad fueron "aportes voluntarios" para campañas electorales.El exfuncionario Walter Fagyas, por ejemplo, argumentó que su cercanía a Roberto Baratta hacía común que viajara con Centeno y que portara mochilas, pero negó que estas contuvieran dinero. El empresario arrepentido Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, señaló errores en la imputación y ofreció correcciones. Afirmó que una entrega de 2010 no ocurrió en el primer subsuelo de una cochera, sino en el segundo. También disputó un monto y aclaró que el pago fue de treinta y cinco mil dólares, no la cifra indicada. Precisó además que otras entregas fueron por 100 mil y 200 mil dólares.La jornada incluyó la lectura de la declaración como arrepentido del exsecretario de Obra Pública, José López. Dijo que Julio De Vido le explicó el funcionamiento del sistema de recaudación. Relató que, tras la muerte de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner lo citó a su despacho, le mostró unos cuadernos del expresidente y le advirtió que "podía ser parte del problema o la solución". López afirmó: "A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales". También se leyó su explicación sobre los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez en 2016. Atribuyó el dinero a Fabián Gutiérrez, exsecretario de los Kirchner, quien le pidió cambiarlo de lugar. "Fabián era Cristina", aclaró López en su declaración.Causa cuadernos: arranco el juicioLa acusación contra Cristina KirchnerAntes de la audiencia, Cristina Kirchner cuestionó el proceso en sus redes sociales. Calificó como "truchos" los escritos de Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que originó la investigación periodística de LA NACION y la posterior causa judicial.La fiscal Fabiana León acusa a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita. Sostiene que el sistema de recaudación ilegal dependía "pura y exclusivamente de su voluntad". El texto de la acusación señala que las pruebas demuestran que el dinero era entregado mayormente en los domicilios utilizados por Cristina Fernández y Néstor Kirchner.La primera aparición de Cristina en el juicio por la causa cuadernosEste contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Federico González del Solar.
El 11 de marzo de 1805 el sacerdote Domingo Estanislao Belgrano, quien cumplía funciones en la Catedral Metropolitana, concurrió a la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat para bautizar a un niño que había nacido ese mismo día. Según el registro de la parroquia, era hijo de padre y madre desconocidos. Su madrina fue Catalina Melián de Belgrano, casada con Joaquín, hermano del cura y del entonces funcionario del Consulado Manuel Belgrano. Los tres hermanos mencionados se llevaban poca edad. En marzo de 1805 Domingo tenía 36 años, Manuel 34 y Joaquín 31.La criatura bautizada llevó el nombre de Joaquín Eulogio Estanislao. Joaquín, como el esposo de su madrina, Estanislao era el segundo nombre del sacerdote que lo bautizaba y Eulogio, de acuerdo con el santoral, correspondía con el día de su nacimiento.El niño fue depositado en la casa de la parda Mauricia Cárdenas, quien tenía un hijo de veinte años llamado José Santos. Esta mujer se encargó de la crianza de aquel pequeño bautizado en la iglesia de Monserrat y tan relacionado con la familia Belgrano.En el barrio todos mencionaban a la parda Mauricia como la legítima madre de Joaquín. Y si bien la identidad del padre era un misterio, algunos pocos estaban al tanto del secreto. Por ejemplo, José Santos, el hijo mayor de Mauricia, solía recordar las visitas diarias del cura Belgrano a la casa para pasar tiempo con el niño, a quien llamaba "su hijito". Este dato permitiría entender el motivo por el cual un cura con funciones en la Catedral concurrió a la iglesia de Monserrat para bautizar a un huérfano cuya madrina terminó siendo la cuñada del clérigo."Fruto de mis fragilidades"Confirmando las sospechas, podemos agregar un hecho que ocurrió cierto día en que Rafael Saavedra, hermano de Cornelio, paseaba con Domingo Belgrano, el hermano de Manuel. Llegaron hasta la casa de la parda Mauricia y Domingo ingresó a saludar al pequeño. Luego de esta corta visita el sacerdote le confió a Saavedra: "Ese niño es fruto de mis fragilidades". El chico fue creciendo y Domingo Belgrano le pidió a Rafael Saavedra que le consiguiera un trabajo. Quería que adquiriera experiencia en algún oficio.Siempre apelando a la memoria del hermano de Cornelio, el hombre recordaba que una vez se cruzó con el cura y éste le preguntó si le había conseguido trabajo a Joaquín. Saavedra le respondió que todavía no se había ocupado. Belgrano se enojó y le reconvino, con cierta vehemencia, que le encontrara un trabajo. Don Rafael fue a buscarlo a la casa de Cárdenas y lo presentó en la sombrerería de Valentín Altzíbar donde lo emplearon.Según le había dicho el sacerdote, cuando el chico tuviera alguna habilidad adquirida, se encargaría de montarle un negocio para que se desarrollara. No hay certezas acerca de si cumplió su parte, pero se sabe que Eulogio tuvo un taller de sombreros frente a la iglesia de San Miguel.En 1820, pocas semanas antes de morir, el general Manuel Belgrano nombró albacea a su hermano Domingo Estanislao, lo que demuestra el grado de confianza entre ellos. El sacerdote quedó a cargo de ejecutar el testamento del prócer y lo hizo con orden y paciencia. Pero también le llegó la hora de partir. Murió en julio de 1826.Al mes siguiente, Joaquín Eulogio Belgrano -así firmó el escrito- concurrió a los Tribunales acompañado de Francisco Planes, pariente de Vicente López y Planes, el autor del Himno. El joven -tenía veintiún años, era menor de edad hasta los veinticinco-, y el letrado presentaron un escrito para reclamar parte de la herencia del cura ya que entendían que podían demostrar con claridad el parentesco que los unía.Sin embargo, el juez que recibió la causa, Roque Sáenz Peña, padre de Luis y abuelo de Roque, ambos futuros presidentes de la Nación, rechazó el pedido. Esto no intimidó a Planes, fanático lector del Quijote, quien acudió al Tribunal de Alzada. Y en esta instancia se dio curso al reclamo. Se le pidió al juez que recibiera los testimonios y pruebas que permitieran considerar el parentesco.Joaquín presentó cuatro testigos principales. Por los Tribunales, que estaban en el edificio del Cabildo, y ante la presencia de Sáenz Peña, pasaron Santos José Cárdenas, hijo de la finada Mauricia; Catalina Melián, madrina del supuesto hijo sacrílego; Joaquín Belgrano, marido de la madrina, y el mencionado amigo del sacerdote, Rafael Saavedra.Los cuatro dieron testimonios que ofrecían indicios de que Domingo era el padre. En el caso de Catalina y su marido, dijeron que no lo podían afirmar, pero que entendían que por el cuidado que le dispensaba el cura al jovencito, a quien "había dado lactancia y educación", era muy posible que fuera cierto. Planes solicitó que Joaquín recibiera alimentos (recordemos que seguía siendo menor de edad) obtenidos del patrimonio del cura.La contraparte fueron los albaceas de Domingo Belgrano, Juan de Alagón y María Antonia Rivero de Fabre, quienes expresaron que el sacerdote jamás les había manifestado algún tipo de parentesco con el hijo de la parda Mauricia y que, por otra parte, el joven tenía medio de subsistencia, ya que trabajaba haciendo sombreros.Llamado por la defensa, el médico Pedro Martínez Niño se presentó en el Juzgado para certificar que Joaquín padecía una enfermad que lo hacía sufrir de agotamiento y lo dejaba sin fuerzas para realizar tareas. Por su parte, el cirujano dentista y experto en hernias Juan Ristorini, que atendía en la calle Florida, vecino de Mariquita Sánchez, testificó que le había colocado a Joaquín un braguero hernial, por dolores de ingle, en 1825 y confirmó que seguía usándolo luego de dos años y medio.Después de sopesar los elementos de prueba, a dos años de la presentación del abogado Planes, el juez Sáenz Peña dictaminó que Eulogio recibiera una parte de la herencia y que fuera asistido en los alimentos. El problema era que los albaceas demoraban la presentación del inventario de pertenencias. Una vez que lo hicieron, luego de varios reclamos, se conocieron los bienes que había dejado Domingo Belgrano, entre los que figuraban tres relojes, uno "pendiente de una Águila afianzada en la pared", otro que formaba parte de un mueble y el tercero de bolsillo con sus iniciales.Una cómoda de Jacaranda, una mesa de jacarandá redonda que sirve para comer, otra chica de lo mismo con pie, un escritorio "con cajoncitos en uno y otro frente a la derecha e izquierda". Un ropero grande de cedro, "una alacena de lo mismo pintada de blanco con puertas y llave", una mesa redonda de jacaranda "de abrir y cerrar los costados" (es decir, plegable). Tres rinconeras pintadas de azul "que contienen las lozas y cristales del servicio". El coche que usaba "con arreos y dos pares de mulas". Un carrito "que sirve para sacar la basura". Y dos tinajas para agua, una grande y la otra mediana.Aunque el expediente del juicio, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, no menciona qué objetos quedaron en poder de Joaquín, sí se menciona un convenio firmado con los albaceas. Tal vez, allí figurarían los que terminó heredando.Una vez concluidos los trámites, Joaquín Belgrano Cárdenas viajó a San Fernando, donde contrajo matrimonio con Francisxa Villarino. Al año siguiente nació Joaquín Bernardino Belgrano, el primero de los nietos del sacerdote. Joaquín tuvo dos hermanos varones: Eulogio y Estanislao.
La última audiencia del mayor proceso contra la corrupción de la historia argentina se realizó bajo una fuerte coyuntura judicial y política donde algunas de las mayores paradojas del caso quedaron en evidencia
Aedaf exige "una cuantificación acorde con la realidad de la gestión de los residuos"
CÓRDOBA.- El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, pidió 10 años de prisión para el exsecretario general de Luz y Fuerza-Córdoba Gabriel Suárez y nueve años y medio para el actual titular, Jorge Molina Herrera. Ambos están acusados de encabezar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos sindicales, estafar al sindicato y lavar activos entre 2011 y 2019. Después de los alegatos que comenzarán los próximos días, la sentencia llegaría la primera semana de diciembre. Para la Fiscalía, el perjuicio económico rondó los US$220 millones.Para Suárez, además, la Fiscalía pidió ocho años de inhabilitación y multa de $15,6 millones y para Molina Herrera, el mismo plazo de inhabilitación y multa de $67,5 millones. Para Fernando Navarro, quien manejó las arcas del sindicato en el período cuestionado, la pena requerida es de 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.Para el resto de los acusados -Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Yanina Victoria Molina- los pedidos de pena van entre 5 años y seis meses, y tres años.Casas Nóblega, en su alegato, planteó que "existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos". Los imputados usaron dineros del Fondo Compensador para jubilados y de la Obra Social, a través de cheques que libraban ellos, emitidos a proveedores verdaderos y ficticios que, con los endosos, perdían la trazabilidad. Eran cobrados en el Banco de Córdoba y el Banco Nación.El Fondo Compensador nació en 1975 cuando la Epec (empresa provincial eléctrica de Córdoba) absorbió personal de lo que era Obras Sanitarias. Entonces se diseñó ese esquema para atender las diferencias remuneratorias entre las jubilaciones de unos y otros. El plan se fue extendiendo en el tiempo y nunca se deshizo, aunque ya no quedan activos exObras Sanitarias. La discusión de que se mantenga el fondo no se dio nunca: se nutre de aportes de los empleados y de la empresa. En 2018, el sindicato dejó de pagar compensaciones a los jubilados aduciendo que no quedaba más dinero.La causa judicial se inició a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Habían detectado "movimientos financieros sospechosos" desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021, la Justicia ordenó el procesamiento.En el caso del lavado de activos, en la causa quedaron bajo la lupa inversiones inmobiliarias, compras de autos y de divisas. Un punto clave de la investigación fue cuando Molina Herrera, en 2012, compró fichas en casinos por $13 millones.Cuando la causa se elevó a juicio, Casas Nóblega equiparó la situación a la del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), intervenido en febrero de 2020. Sus líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estuvieron detenidos y están acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta.Para la Fiscalía, "los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero".
Las familias de las víctimas descartaron la oferta del exlegislador, que había propuesto más de $ 300 millones como reparación económica para evitar el juicio. El juez y la fiscalía también desestimaron el planteo. Leer más
Desde las 9.30 continúa la lectura de la acusación fiscal en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, la megacausa de corrupción en la que ayer fue sobreseído el empresario Enrique Pescarmona, (IMPSA), de 84 años, acusado de haber pagado coimas en 13 oportunidades. Según fuentes judiciales, el tribunal apartó del juicio oral al empresario por "incapacidad sobreviniente", en razón de un cuadro de Alzheimer que le impide comprender el proceso y llevar adelante su defensa. Para esta tercera jornada, con los más de 80 imputados conectados vía Zoom, está previsto seguir con los aportes de algunos de los "arrepentidos" en la causa y con la descripción, según la acusación fiscal, del rol de Cristina Kirchner como jefa de un esquema de recaudación ilegal. El bloque de los arrepentidos comenzará con Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que escribió los cuadernos que dispararon la investigación periodística de LA NACION y luego la causa judicial. Centeno ratificó ser el autor de esas anotaciones, que eran, según explicó, el resultado de una vieja "costumbre castrense", por su paso por el Ejército. Respecto del sistema de recaudación dijo que, mientras vivía Néstor Kirchner, los viajes se realizaban hasta tres veces por semana, pero que tras su fallecimiento, en 2010, se redujeron a uno por semana. Confirmó también que Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, era el principal responsable de llevar a la práctica ese sistema de recaudación, que intercambiaba coimas por la adjudicación de la obra pública a los empresarios. Al igual que en la antesala a las dos primeras jornadas, Cristina Kirchner volvió a cuestionar el proceso en redes, esta vez apuntando directamente contra esos escritos de Centeno, a los que calificó como "truchos". La fiscal Fabiana León acusa a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita que dependía "pura y exclusivamente de su voluntad". "Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010â?³, dice el texto. El ritmo del juicioAyer, la Cámara Federal de Casación, luego de haber recibido por escrito las demandas de los jueces para agilizar el ritmo de la causa, emitió una resolución por la que eximió al TOF de los nuevos sorteos durante 6 meses y con la que insistió con su objetivo de hacer el juicio presencial y tres veces por semana. Los jueces de la Casación le recordaron al Tribunal de Cuadernos que, por estas horas se encuentra disponible una sala en Comodoro Py, y que desde el 10 de diciembre también estará lista la nueva sala Amia, donde entran casi 200 personas. Sin embargo, los jueces ratificaron hoy al comienzo de la audiencia su deseo de desarrollar el juicio en el salón de Derechos Humanos, en el Palacio de Tribunales, donde está emplazado el TOF 7.Desde el martes, el juicio cambiará de marcha y sumará una audiencia semanal más, algo que estaba previsto originalmente para marzo.
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El Tribunal de Juicio N°2 inició el debate contra el policía Osvaldo David Medina, imputado por el homicidio de Alfredo Javier Armando Molina y femicidio en grado de tentativa contra su ex pareja. Leer más
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Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Entre los capturados y acusados por las tropas aliadas estaban Hermann Göring, Rudolf Hess o Albert Speer. Allí nació el concepto de crímenes de lesa humanidad.18 acusados fueron declarados culpables y 3 fueron absueltos. 12 fueron condenados a muerte, tres a cadena perpetua y los demás a penas de entre 10 y 20 años de prisión.
Según datos oficiales, en el primer semestre de este año crecieron 58,2% los casos de deudas impagas que terminaron en la Justicia.Hoy este costo representa más del 20% de un alquiler.
Luego de casi tres años de batalla legal, la periodista obtuvo una sentencia a su favor que ordena su reinstalación y el pago de su liquidación
El tribunal penal respondió así a la polémica por la frecuencia del debate y la falta de presencialidad. Pidió que haya tres audiencias semanales, incluyendo futuras ferias judiciales. Mañana se realizará la tercera jornada
Mariana Zepeda, corresponsal de Imagen TV, dio su testimonio
La Sala Penal determinó que no se vulneraron garantías procesales y ordenó la práctica de nuevas pruebas y la toma de declaraciones de altos funcionarios, en el caso relacionado con los polémicos mensajes difundidos por el representante en plataformas digitales y foros públicos
Tras una maratónica audiencia inicial, el cantautor sonorense evitó la vinculación a proceso
Pasó de ser una estrella en ascenso a una figura enigmática. Luego de la muerte de su novio, un juicio lleno de irregularidades y una condena insólita marcaron el destino de la actriz, que sigue siendo un misterio en Aspen.
El fiscal federal afirmó que se habrían reunido las pruebas suficientes para comprobar el mecanismo de recaudación. "Tenemos decenas de testigos", apuntó
La resolución judicial representa un revés para los intentos regulatorios sobre el sector digital y anticipa nuevos desafíos para la supervisión estatal
En una grabación difundida desde una zona selvática, el jefe del Estado Mayor Central divulgó un mensaje dirigido a sectores políticos, fijando su postura frente al escenario nacional y las próximas elecciones
Los jueces se reunieron con los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº7
Dos jueces del Tribunal Oral Federal 7 se reunieron con los camaristas durante casi 40 minutos. Hubo pedidos y ofertas y mañana habrá una decisión
Con el objetivo de intentar destrabar la marcha del juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, que hasta ahora se desarrolló vía zoom, los presidentes de las distintas salas de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, recibieron este mediodía en Comodoro Py a dos de los magistrados del Tribunal que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 86 imputados en la causa de corrupción más extensa de la que se tiene registro. En principio, la Casación emitirá una resolución mañana, luego de que el Tribunal presente por escrito cuáles son sus reclamos puntuales para poder agilizar el ritmo del juicio, según lo acordado hoy en el encuentro y que LA NACION pudo reconstruir. La reunión se extendió alrededor de una hora y se desarrolló en la sala de acuerdos de la Casación. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, el juez Enrique Méndez Signori, y su colega Fernando Canero les manifestaron a superiores de la Casación que necesitaban mayor espacio físico y nuevo personal y que, tras las quejas, ya habían agregado una nueva audiencia semanal al debate. Los escucharon el presidente de la Casación, Daniel Petrone y sus colegas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma. A contramano de lo hecho hasta el momento, los jueces de la Casación creen necesario realizar audiencias de forma presencial, tres veces por semana. Les comunicaron a los dos jueces que por estas horas en Comodoro Py se encuentra disponible la sala conocida como "Sum" y que se trabaja para dejar en condiciones a la nueva sala Amia, que contará con un aforo de 197 personas sentadas y estaría lista para el 10 de diciembre. Otro de los ejes de la conversación fue la posibilidad de analizar la reasignación de alguna de las causas en manos del TOF 7 a otro tribunal, siempre que eso no implique entorpecer la marcha de otros expedientes. También se tocó la posibilidad de avanzar con el juicio en días inhábiles. El tercer juez del tribunal, Germán Castelli no formó parte del encuentro. Entendió que la reunión tenía por fin introducir cambios en el "modo en que se está llevando a cabo el juicio", algo que ya había sido decidido por el TOF y se encontraba "estabilizado" frente a las partes.Así lo puso en su voto de la resolución por la que el Tribunal dio a conocer que incrementaba la frecuencia de las audiencias, la semana pasada, luego de las quejas por la falta de celeridad en el debate. Dijo, además, que se encontraba trabajando en los fundamentos de otras sentencias. "Si la convocatoria del tribunal de superintendencia -agregó Castelli- finalmente tuviera por único propósito conocer las públicas necesidades funcionales que el Tribunal viene solicitando desde hace más de seis años, la presencia de los colegas será suficiente". En aquella resolución, leída al comienzo del último debate, los jueces remarcaron que vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo algunas excepciones relacionadas con nuevo personal. Inicialmente, los jueces habían estipulado comenzar con las audiencias los días jueves y sumar una los martes, desde marzo. Pero tras las críticas, resolvieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.Las indagatorias, en tanto, se realizarían de manera híbrida, esto es que en la sala estén físicamente los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.
La Justicia Federal elevó a debate oral la causa que investiga un entramado de desvíos millonarios, adquisición de bienes y uso de fondos públicos a través de la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña. Leer más
El especialista Federico Pérez Vecchio analizó la destitución de la magistrada y el impacto que tendrá en el expediente por la muerte de Diego Maradona. "Hay tantas causas alrededor suyo que ya existe un 'fuero maradoniano'", afirmó. Leer más
El expresidente cargó contra Fabiola Yañez y la acusó de hacer una "falsa denuncia" por violencia de género. "Siempre termina con que quiere un departamento", cuestionó.
Las sugerencias incluirían más audiencias semanales, abandonar la virtualidad y utilizar una sala especial de Comodoro Py, entre otros puntos.
"Dieguito" Fernando habló tras la destitución de Julieta Makintach y dejó un mensaje contundente al salir de la audiencia.
El juez de la Corte advirtió que las megacausas requieren juicios presenciales y celeridad, reclamó infraestructura adecuada y sostuvo que procesos así deberían avanzar incluso durante la feria judicial
El integrante de la Corte Suprema pidió que sea presencial y que los jueces trabajen durante la feria judicial.
Hoy, a partir de las 10, se conocerá el veredicto. La audiencia se transmitirá por el canal de Youtube de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez."La palabra 'escándalo' ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza", dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro.El letrado, en su alegato donde también pidió la destitución, sugirió que la magistrada "lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera".El escándalo judicial ocurrió a partir de la participación estelar de Makintach, de 48 años, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte."La evidencia está clara desde el minuto uno", afirmó la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.La fiscal Duarte fue contundente. "Lamentablemente, fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. [Makinatch] Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial", sostuvo.El jurado de enjuiciamiento a la magistrada Julieta Makintach es presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.La magistrada hizo uso del derecho que tiene el acusado de dar unas últimas palabras ante de que el jurado se retirara a deliberar."Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo. Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedette a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje", se lamentó.La defensa de la magistrada, liderada por los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, también alegó ante el jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense."La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara [con la que se filmó parte del malogrado juicio]- Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios", manifestó la defensa de Makintach.Dario Saldano, abogado de MakintachEn el jury, a Makintach se le atribuyeron, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.Hoy, a las 10 horas, cuando se haga público el veredicto del jurado de enjuiciamiento, se conocerá si Julieta Makintach, la magistrada -quien protagonizó un escándalo que impactó de lleno en la imagen de la Justicia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona- es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dio detalles de la reforma laboral y aclaró algunas de las versiones que circularon, entre ellas, las referidas a las indemnizaciones y las vacaciones
El jurado de enjuiciamiento dará a conocer el veredicto a partir de las 10 en el Senado bonaerense de La Plata.Los cuatro escenarios que enfrenta la jueza.
El procurador Jorge Canteros y el equipo fiscal especial calificaron al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski como "el más importante en la historia del Chaco" y defendieron la actuación del jurado popular. Leer más
Algunos imputados están presos en la cárcel de Bouwer. Los principales damnificados eran comerciantes del rubro de la construcción. Leer más
El expresidente catalán, hospitalizado por una neumonía, deberá acreditar si está en condiciones de afrontar la vista por la presunta fortuna oculta de su familia
Durante dos semanas, unos 40 testigos han pasado por el Tribunal Supremo para aportar nuevas pruebas de la inocencia o culpabilidad de Álvaro García Ortiz
Los abogados de los acusados por corrupción se quejan de tener que ir más de una vez por semana a la Audiencia. Hubo muchas críticas al modo virtual que impuso el Tribunal que los juzga.
Con mayor o menor intensidad, en el transcurso de del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, pero especialmente en la etapa de las cuestiones preliminares, los empresarios -acusados de haber pagado más de 33 millones de dólares en coimas a funcionarios del kirchnerismo- apuntarán a reanimar viejos planteos para debilitar la prueba en su contra. Es que, terminada la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se abrirá una instancia donde las partes podrán plantear nulidades, recusaciones o pedir que sea excluida una parte de la prueba, y allí el empresariado volverá a la carga. Se descuenta que en esa ventana del juicio aparecerá una vez más el debate sobre la "reparación integral", el instrumento mediante el cual los empresarios intentaron sortear el juicio ofreciendo más de 13 millones de dólares.Esa estrategia ya fue rechazada por los jueces del Tribunal Oral N°7, pero la decisión fue cuestionada y la Sala I de la Cámara de Casación deberá pronunciarse al respecto. La versión más elemental de lo que sostienen los empresarios asegura que la reparación integral forma parte del Código y que la aceptación de su uso no es optativa. La oferta, argumentan los hombres de negocios, puede resultar insuficiente para compensar el daño, pero nunca inadmisible. Quienes se oponen a esa idea y a la utilización de la herramienta en esta causa señalan que la reparación es un instrumento diseñado para extinguir conflictos de menor calibre y en los que hay una víctima individualizada; no para cerrar una causa como Cuadernos, con delitos "pluriofensivos" y donde es la sociedad en su conjunto la agraviada. De ese modo lo entendieron los jueces del Tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al sostener que el dictamen de la fiscal Fabiana León, donde se señaló que no había monto que reparara el daño institucional generado, era vinculante. Pero las apelaciones deberán resolverse en la Casación, el máximo tribunal penal del país. Los empresarios aseguran que la resolución del TOF 7 confunde la reparación con la conciliación, donde sí es necesario el consenso de la víctima para extinguir la acción penal. El empresariado y también los exfuncionarios retomarán otro frente adverso al intentar cuestionar la validez de las declaraciones de los arrepentidos, que constituyen el corazón de la prueba. La Cámara de Casación, en noviembre de 2020, rechazó un planteo de este tipo enarbolado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido, que afirmaba que esas declaraciones no fueron filmadas ni grabadas, tal como exige un artículo de la ley del arrepentido. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña afirmaron que eso no invalidaba la prueba y lo rechazaron. Sin embargo, dejaron entreabierta una rendija al sostener que podía tener incidencia a la hora de evaluar la prueba "en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados". Pero los empresarios se aferrarán sobre todo al voto en solitario de la exjueza Ana María Figueroa, quien sostuvo en aquel fallo de 2020 que no haber grabado las declaraciones de los arrepentidos, tal como indicaba la ley, constituía una seria deficiencia. "Un acta [escrita] no puede reemplazar a un medio técnico grabado observable, lo audible, lo presencial", dijo la jueza, que valoró como necesario poder tener una impresión del "estado de ánimo del declarante", sus "expresiones, gestos, el tono de la voz y su cadencia, que permitan evaluar su autenticidad e integralidad". Detrás de esta discusión técnica asoma la hipótesis, agitada la semana pasada en redes por la expresidenta Cristina Kirchner, alineada de manera indirecta con los empresarios, de que las declaraciones de los arrepentidos fueron "arrancadas" bajo coacción por el fiscal Carlos Stornelli, a pesar de que los más de 20 imputados colaboradores que declararon lo hicieron junto a sus abogados defensores. Al igual que en la primera audiencia, la expresidenta, acusada de ser la jefa del sistema de recaudación ilegal, publicó en X un mensaje en el que sostenía que los arrepentidos que apuntan en su contra fueron "extorsionados" y "torturados". Reunión entre juecesPara el martes que viene -después de los chispazos que se produjeron en torno a la marcha del juicio oral- está prevista una reunión entre los jueces de la Casación y lo del TOF 7, y los abogados de los empresarios, que pidieron estar presentes para no perder pisada, ya fueron notificados de que no podrán ser de la partida. "Se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes en el proceso", dice la comunicación de la Casación.
El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre
El 5 de febrero de 2014, a las 7.20, uno de los custodios que trabajaba en el depósito de Iron Mountain, en Barracas, escuchó la alarma temprana de incendio. En lugar de alertar al número de emergencias 911, el empleado de seguridad privada anuló la alarma, porque supuestamente funcionaba mal y había activado varias falsas alertas.Casi doce años después, otro depósito de la misma empresa volvió a aparecer vinculado a un incendio. En esta oportunidad no hubo víctimas. Según el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, una planta de esa firma instalada en el Polígono Industrial Carlos Spegazzini, figura entre las empresas alcanzadas por la explosión en una química. En 2014, durante los 40 minutos siguientes el mismo empleado cortó en siete oportunidades el sistema de emergencias que activaba los rociadores. No se trataba de una falsa alarma o una falla en los sistemas de prevención de incendios. Al contrario, ese humo que era detectado por el sensor y hacía sonar la alarma era real y había sido provocado por la combustión de los archivos de papel que se guardaban en el depósito construido a principios del siglo pasado en la esquina de Azara y Jovellanos, en Barracas.Cuando los bomberos de la Policía Federal llegaron al predio para apagar el incendio las llamas llevaban más de cuarenta minutos activas y se alimentaban de los archivos de papel altamente combustibles. Los peritajes realizados en la investigación judicial determinaron que, si bien el sistema de rociadores no hubiera sofocado el fuego, habría demorado la propagación del incendio.Una hora más tarde, la pared de la Jovellanos se derrumbó sobre el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y del agente bombero Juan Matías Monticelli, los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los nueve murieron en el acto. Mientras que el bombero Facundo Ambrosi falleció el 17 de febrero, luego de permanecer internado durante casi doce días a raíz de la gravedad de las lesiones provocadas por los gruesos ladrillos de la pared que colapsó.También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti. En tanto que otros 18 bomberos y rescatistas sufrieron lesiones de distinta consideración.A casi 12 años del trágico incendio en el depósito de Iron Mountain, todavía no tiene fecha de inicio el juicio oral contra los más de veinte acusados por los homicidios culposos de los nueve bomberos y del rescatista de la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad.En abril de 2023, la magistrada a cargo del juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 18, Fabiana Palmaghini, aceptó el requerimiento de elevación a juicio presentado por los representantes del Ministerio Público y dispuso que los imputados por la tragedia sean sometidos a juicio oral.Sin embargo, cuando pasaron dos años y medio desde que la jueza envió la causa a juicio oral, todavía no fue fijada la fecha de la primera audiencia. Según el abogado Javier Moral que representa las familias de nueve de las diez víctimas, toda la prueba fue producida, no quedaron peritajes pendientes y tampoco recursos por resolver. Doce días después que la jueza Palmaghini requirió que los más de veinte acusados sean sometidos a juicio oral, se registró otro incendio en el mismo predio. A diferencia de la tragedia ocurrida en febrero de 2014, en el incendio del 25 de abril de 2023 no hubo víctimas fatales ni heridos.La sucesión de incendios en depósitos de Iron Mountain no se detuvo con el hecho ocurrido en 2023. La explosión registrada en las últimas horas en una empresa química que funciona en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini afectó a una de Iron Mountain en dicho complejo industrial. Fue el tercer siniestro ocurrido en una instalación de esa empresa, en menos de doce años."Acá hay una empresa, Iron Mountain, una muy famosa que estaba en Capital, que todos recordarán por el incendio que tuvo. Se mudó a Ezeiza y también habría sido alcanzada por las llamas, es una empresa que guarda cuestiones vinculadas a la administración pública", dijo el intendente Gastón Granados sobre esa compañía que protagonizó la tragedia de Barracas, el 5 de febrero de 2014.La investigación para establecer las responsabilidades en el nuevo incendio ocurrido en el partido de Ezeiza apenas comenzó y no existe ninguna certeza. Sin embargo, en el expediente judicial por la tragedia de Barracas constan los peritajes técnicos sobre cómo se inició el fuego mortal.En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron las conclusiones de los estudios, en los que se determinó que el incendio podría haber sido intencional. No obstante, el peritaje realizado por los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, descartó la presunción del incendio intencional.Luego de analizar los distintos informes, testimonios y pruebas físicas, los investigadores judiciales habrían determinado la existencia de una serie de irregularidades que sirvieron para crear las condiciones favorables para que el incendio ocurriera.Al revisar el sistema contra incendios los técnicos y los bomberos descubrieron que la cisterna que abastece de agua para los rociadores estaba vacía. También habría fallado el dispositivo alternativo. En la inspección realizada meses después de la tragedia, los técnicos habrían determinado que la llave de paso que permite abastecer con agua de la red pública a los rociadores estaba cerrada. Tampoco funcionaba el sistema de presurización que manda agua a presión debido a defectos en el mecanismo de la bomba. Además, los técnicos habrían establecido que se violó la denominada "carga de fuego" que establece la existencia de un espacio libre entre la pila de cajas apiladas y los rociadores. Estas pruebas más otros peritajes constituyeron los fundamentos de la resolución dictada diciembre de 2022 por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, confirmó los procesamientos de 17 imputados.En dicha resolución, además, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto revocaron los sobreseimientos de tres acusados. Uno de esos imputados fue procesado, mientras que a los dos restantes se les dictó falta de mérito. La tercera integrante del mencionado tribunal votó en disidencia.Dos meses después, cuando la jueza Palmaghini aceptó el pedido de elevación a juicio se incluyeron a más imputados. Por ese motivo, serán más de veinte los acusados que deberán ser juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia.Según fuentes judiciales, entre los acusados figura uno de los custodios del depósito, el gerente y el encargado de Seguridad e Higiene de la empresa; el gerente general de la firma y el director técnico de la firma que debía garantizar el correcto funcionamiento del sistema contra incendio en la planta de Barracas.El listado de imputados se completó con cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin denunciar fallas en el sistema. También figuran como acusados, el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, del Director de Industrias y Otros Locales, de la Directora General de Fiscalización y Control, de la Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa, del gobierno porteño y un inspector de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.La investigación de la tragedia fue realizada por la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de Romina Monteleone, y su colega de la fiscalía general N° 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Joaquín Gaset. Mientras que el Tribunal Oral N° 18 estará a cargo del juicio oral.Los bomberos fallecieron cuando estaban parapetados detrás de una pared que colapsó y se derrumbó sobre ellos. En ese momento, preparaban el plan de ataque contra el fuego. Según los protocolos de operaciones era el lugar más seguro. Pero, según los peritajes consignados en el expediente, el fuego provocó que las columnas se retorcieran, lo que causó el derrumbe del techó que arrastró la pared que cayó encima de los bomberos y rescatistas.
En las próximas semanas se conocerá si el golpista expresidente purgará hasta 34 años de prisión por los hechos del 7 de diciembre
La madre de César Sena, acusada como partícipe primaria del crimen de la joven, habló frente al jurado popular antes del veredicto y aseguró que el caso fue manipulado políticamente. Leer más
Se trata del último lugar donde se vio a la joven con vida. La llegada de los móviles inquietó a los vecinos.
En medio de las expectativas por el veredicto del jurado -conformado por doce miembros- que debate la decisión final del juicio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, el abogado penalista Eduardo Gerome analizó el caso en LN+. "El juicio por jurado ha revolucionado los sistemas judiciales", afirmó. Consultado acerca de los motivos detrás de realizar un juicio por jurado, el letrado explicó: "El juez nunca se pone en el lugar del que está siendo víctima de un delito, los ciudadanos sí porque todos se creen potenciales víctimas. La participación de un jurado popular es esencial -insistió-".Eduardo Gerome, abogado penalistaHipótesis en torno al final del juicio"Todo puede pasar", subrayó Gerome. Al referirse al juicio por la joven que desapareció en el norte del país, indicó: "Este crimen ha puesto al descubierto lo que pasaba en este feudo porque el cacique era [Jorge] Capitanich -exgobernador de Chaco- y todo dependía de él".Y continuó: "Se cometían las peores tropelías, la peor corrupción, siempre dependiendo de él. Todos los estamentos dependían de él. En este estado, a Sena le tuvieron que soltar la mano porque representaba un grave daño para la credibilidad y la candidatura". La posible decisión del juradoSobre las declaraciones de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena -todos imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo-, el abogado penalista sostuvo: "Hoy en día, los padres intentan despegarse con una actitud... realmente, moralmente... imputar al hijo, caerle sobre eso... yo no creo que una madre, que se considere tal, lo pueda hacer". "Por más consecuencias que le pueda traer. Tampoco creo que el jurado popular compre esa coartada a esta altura. Además, toda esa gente va a tener que seguir viviendo en la provincia", concluyó Gerome.
Los integrantes del TOF 7 fueron citados para el martes próximo.Por lo pronto, sumaron una audiencia semanal y determinaron que las indagatorias no serán virtuales. Pero podría haber más cambios.
Cada uno de los imputados por el crimen tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Marcela Acuña, la mamá de César Sena, aseguró nuevamente que es inocente y pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.
Se les atribuye falsedad genérica e ideológica a la expremier y Raúl Noblecilla por presentar un documento supuestamente emitido por la Clínica Chorrillos
La líder piquetera insistió en un "uso político del caso" y su esposo, Emerenciano, reiteró su inocencia. César Sena se mantuvo en silencio. Hoy es el veredicto el jurado popular.
El procedimiento de denuncia por "perturbación anormal" de la convivencia es un proceso burocrático y farragoso en Francia
En un especial de LN+, se reconstruyeron las diez horas que se demandó ejecutar el plan macabro. El juicio por Cecilia Strzyzowski: un femicidio sin cuerpoCuarto intermedio en el juicio por Cecilia en ChacoCésar Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Acuña, son los principales acusados del caso. Los tres están imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César, como autor; y sus padres, como partícipes primarios. Además, están imputados sus colaboradores Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por encubrimiento agravado.No hay pruebas y no hubo un plan criminal para matar. En estos dos puntos se basaron las defensas del matrimonio Sena en sus alegatos finales para desligarse del femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, que estaba casada con el hijo de ambos, César.Ricardo Osuna, abogado del líder piquetero Emerenciano Sena, pidió por su inocencia. Celeste Ojeda, que defiende a Marcela Acuña, consideró que debería estar imputada por encubrimiento agravado, por lo que no podría ser condenada. El Código Penal establece expresamente que están exentos de pena los padres que oculten las pruebas de un crimen cometido por un hijo cuando no hubo una promesa previa.Hoy se conoce el veredicto del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El jurado popular debate durante dos horas las pruebas escuchadas de los siete acusados por el crimen de la joven desaparecida en 2023.A partir de las 8, los doce miembros deberán llegar a un veredicto unánime para cada uno de los imputados.
El presunto líder criminal, Diego Marín Buitrago, enfrentará proceso penal en Colombia mientras permanece detenido en Portugal, acusado de encabezar una organización que sobornaba funcionarios para facilitar el ingreso de mercancía ilegal
El Cuerpo Médico Forense presentó un dictamen que podría eximir al empresario metalúrgico de enfrentar a la Justicia por pagarle coimas al kirchnerismo. La fiscal Fabiana León y la UIF resolvieron a su favor. El Tribunal N°7 debe resolver la cuestión
CÓRDOBA.- Dos hombres serán juzgados por femicidio por el femicidio y descuartizamiento de Brenda Torres, una joven cuyos restos fueron encontrados en distintas partes de la ciudad, en julio pasado. Los acusados son Christian Alexis Aranda y Gustavo Martín Lencina, quienes están detenidos.El fiscal Horacio Vázquez dio por concluida la investigación al considerar que la prueba reunida permite acusar a Aranda y Lencina como coautores de homicidio agravado por mediar violencia de género.La joven de 24 años, con problemas de consumo de drogas, estaba -según determinó la investigación- en una situación de "especial vulnerabilidad y desigualdad" frente a sus femicidas. En una reunión en la que hubo consumo de drogas Torres fue primero golpeada y, al verla muerta, descuartizaron su cuerpo. Dejaron los restos en diferentes lugares, a tal punto que diez días después de encontrar las primeras partes, siguieron apareciendo otras. Lencina tenía experiencia como matarife; las formas de los cortes revelaron haber sido hechos por alguien con conocimientos. En la casa donde fue la reunión se secuestró la cuchilla empleada. Las conversaciones entre ellos, detectadas al intervenir sus teléfonos, fueron pruebas claves en la investigación que derivó en la elevación al juicio que será en el 2026.Torres fue vista por última vez el jueves 24 de julio. Un día después, los investigadores encontraron sus brazos, que fueron los primeros restos en ser encontrados en el predio de una obra en construcción en una bolsa de consorcio en el barrio Chateau Carreras, cerca del estado mundialista. Días después se encontraron más, a unas cuadras de allí, y el 2 de agosto aparecieron su torso y la cabeza en la casa de los acusados. Una bolsa con vísceras fue hallada más tarde. La identificación pudo realizarse a través de las huellas dactilares. La causa fue recaratulada en agosto; hasta entonces los dos imputados estaban acusados por homicidio. "Una minuciosa merituación del material probatorio [...], las circunstancias de especial vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima en los momentos anteriores y concomitantes al hecho, con la consiguiente situación de desproporcionada desigualdad en que esto la situaba respecto de los autores del hecho, determinan la existencia de un contexto de violencia de género en el homicidio de Brenda Torres", definió el Fiscal.El padre de la víctima, Roque Torres, encontró los primeros restos de su hija sin saberlo. Cuando se enteró de la tragedia advirtió lo que le había sucedido: "Salí con la intención de ver dos palos para cortar al otro día. En el lugar vi un tacho de pintura gris, tirando a blanco, con la tapa puesta. Cuando lo levanté, estaba muy pesado. Lo abrí y adentro había una bolsa negra. La toqué y estaba blanda. Nunca pensé que podía ser lo que faltabaâ?¦", contó oportunamente a La Voz."No estaba buscando nada. Fue de golpe. Es algo muy fuerte para mí. Tuve el corazón de mi hija en la mano", dijo. Es que cuando encontró la bolsa no sabía que su hija había sido asesinada.El padre hacía veinte días que no tenía contacto con ella. Contó que "se había puesto muy rebelde" y que "estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita".
Lo que parecía otra audiencia de lectura de la imputación se transformó con el reclamo de los magistrados del Tribunal N°7 para más recursos de cara a la presión por apurar los tiempos del proceso junto a la llegada de Julio De Vido tras su nuevo arresto
Ya visto para sentencia, el litigio que ha sentado en el banquillo a Álvaro García Ortiz cierra con todavía algunas preguntas que han quedado sin respuesta
Jorge Molina Herrera, Gabriel Suárez y Fernando Navarro son los principales acusados como jefes de una asociación ilícita que defraudó las arcas gremiales en provecho propio. El rulo de los cheques. Factura por preservativos. Leer más
Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones "híbridas", esto es, semipresenciales.No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial â??no por Zoomâ??. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad. Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre. En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público. Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja. Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora. Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego "sin un fundamento novedoso", impulsado por el "reclamo de un sector de la opinión pública", aparecería como caprichoso. El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica."Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima", dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para "coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación" implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema â??a través de la Dirección de Relaciones Institucionalesâ?? una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.Pero indicaron que la sala tiene "dos problemas insolubles": aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.
La nueva modalidad será a partir del 25 de noviembre pero seguirá por Zoom. En una resolución, el TOF 7 dijo que la la remodelación de la sala AMIA de Comodoro Py aún no está terminada y que su personal trabaja desde el palacio de Tribunales.
El abogado de González Amador ha asegurado que "no cabe exigirles una declaración veraz" a los profesionales de la información, mientras que la Abogacía del Estado ha pedido la "nulidad" del informe de los agentes de la Guardia Civil
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceptó la dimisión de Raúl Noblecilla y dispuso que el proceso contra la ex primera ministra continúe con un abogado público designado por el Estado
El proceso penal contra 'el zar del contrabando' se suma a otras investigaciones en curso por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito
"Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario", ha sentenciado el abogado del Estado que representa a García Ortiz
Con 40 minutos de retraso, desde las 9.40, se desarrolla de manera virtual la segunda audiencia del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, el caso más grande de corrupción del que se tiene registro, donde están acusados la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de sus funcionarios, y más de medio centenar de empresarios por poner en funcionamiento un esquema de intercambio de sobornos por obra pública. Para esta segunda jornada está previsto continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Fabiana León, un documento extenso, de más de 678 páginas, del que durante la primera audiencia solo se leyeron 132.Esa primera jornada de apertura dejó en evidencia algunas de las complicaciones propias de la virtualidad y despertó preocupación tanto en la Corte Suprema como en la Cámara de Casación, por lo que puede llegar a demorarse un proceso tan complejo, con 87 imputados. La Cámara de Casación, de hecho, convocó a los jueces del tribunal a una reunión con la idea de plantear que las audiencias se realicen al menos tres veces por semana y de manera presencial.El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, defendió hoy la "modalidad telemática" elegida, que también contempla, dijo, la modalidad híbrida e incluso presencial. "Más allá de algunas defectos menores, que suelen aparecer subsanables a través del personal, tal como sucedió la semana pasada con el comportamiento de algunas personas imputadas conectadas telemáticamente", dijo el magistrado.Algunos de los imputados, como la expresidenta Cristina Kirchner, casi no aparecieron en el recuadro de sus respectivas cámaras, pero la situación que más llamó la atención durante la primera audiencia fue la del empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), quien siguió parte del juicio oral desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial.Julio de Vido, que está siendo acusado como organizador de una asociación ilícita, sigue el debate desde el Tribunal Oral N° 4, en Comodoro Py, donde está detenido desde esta mañana, en el marco de la causa por la tragedia de once.Al igual que la semana pasada, la antesala del debate estuvo atravesada por un mensaje de Cristina Kirchner en redes. La expresidenta apuntó nuevamente contra el juicio: "en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados 'arrepentidos' habría que llamarlos 'extorsionados'".Noticia en desarrollo
Enfrenta la acusación de ser la jefa del sistema de recaudación. Los cuadernos, testigos, funcionarios y empresarios arrepentidos ofrecieron pistas sobre el recorrido del dinero que acababa en la Quinta de Olivos, su departamento en Recoleta o en valijas cerradas con candados que viajaban rumbo a Río Gallegos o El Calafate, según se desprende de la declaración de pilotos del Tango 01.No puede ser que un juicio oral y público que está juzgando, según la fiscal Fabiana León, el caso de corrupción más grande la historia judicial argentina se haga una vez por semana durante cuatro horas. Es lo que tenían previsto. ¿Hay problemas para qué el juicio sea más dinámico? Sí. Pero seguramente también hay soluciones.Un juicio no se puede extender cuatro o cinco años, o más. La sociedad está esperando saber si se robó, quién, cuánto y qué condena le van a dar a los supuestos responsables si se establece que robaron. No es una cuestión solo de los jueces. Uno los mira y parece que es una cuestión solo de ellos, pero no lo es. Ellos están juzgando en nombre de la sociedad argentina.Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en LA NACION, en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo.Están implicados la expresidenta Cristina Kirchner, que se conectará a esta primera jornada desde San José 1111 vía virtual, y otros 86 exfuncionarios y empresarios.La expresidenta Cristina Kirchner hizo una fuerte denuncia en redes este jueves: dijo que los funcionarios y empresarios arrepentidos en la causa cuadernos fueron, además de "extorsionados", "torturados" para confesar. Apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli.Su descargo llegó una hora antes de que comience la segunda audiencia del juicio por ese expediente â??que definió como "un show" la última semanaâ??, en el que está imputada.Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados "arrepentidos" habría que llamarlos "extorsionados".Y la verdadâ?¦ nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos "extorsionados", directamente fueron torturados.A uno deâ?¦ pic.twitter.com/zF1YhMKi0M— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025El juicio estaba programado para iniciar a las 9.30 de la mañana, comenzó a las 9.40 horas.El juicio demorará años hasta llegar al veredicto final por el volumen probatorio, pero también porque al menos en el primer tramo, las audiencias se realizarán solo una vez por semana.Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, pero hay 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.Este jueves, a las 9.30, empieza la segunda audiencia del juicio por corrupción más grande de la historia del país: el de los Cuadernos de las Coimas del chofer Oscar Centeno, que retrató con detalle los sobornos que pagaron importantes empresas para quedarse con obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realiza la segunda audiencia en el juicio contra Cristina Kirchner y otros acusados por los cuadernos de las coimas. Leer más
En diferentes lugares de la capital francesa, terroristas identificados con ISIS atacaron a ciudadanos indefensos. Los ataques dejaron cicatrices profundas. La reapertura de Bataclan simbolizó la resistencia cultural, mientras las tensiones sociales y políticas aún resuenan en la memoria colectiva
El proceso contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados sigue bajo modalidad remota, mientras la Cámara Federal de Casación discutirá con los jueces del Tribunal Oral 7 los cambios para agilizar el juicio y garantizar mayor transparencia
Uno de los acusados en el caso de los cuadernos de las coimas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, envió una nota al tribunal que lleva adelante el proceso para oponerse a la posibilidad de que se agreguen más audiencias por semana al juicio y que sean presenciales.Los abogados de Wagner, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, señalaron en su escrito que agregar audiencias alteraría sus agendas con procesos en trámite y sostuvieron que hasta ahora en otros juicios ante el mismo tribunal, el sistema híbrido está dando resultados.La queja de los letrados se debe a que la Cámara de Casación llamó para el martes a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Carnero y Germán Castelli a una audiencia para ofrecerles mecanismos para agilizar el juicio.Los abogados mencionaron que no hubo menoscabo al derecho de defensa, como mencionaron los camaristas cuando advirtieron sobre los problemas derivados de la falta de audiencias presenciales.En la misma línea, indicaron que "no han visto mengua alguna de sus facultades y posibilidades, ya que la naturaleza hibrida de la instrumentación del debate, con consenso de todos, permite utilizar la presencialidad de imputados y testigos a expresa solicitud".Los defensores de Wagner mencionaron que en los casos Aysa, que tramita ante el mismo tribunal, y Gas Natural Licuado -que ya concluyó- "las audiencias de las que simultáneamente participan los mismos abogados ante este tribunal, se han desarrollado sin dificultad alguna, esta última con un avance operativo muy importante".Dijeron que de prosperar que se admitan tres audiencias semanales presenciales, "se descompensaría absolutamente la programación laboral de muchos de los abogados defensores presentes en este debate, que deben atender necesariamente otros juicios, con el inevitable correlato de perjudicar en terminos de asistencia horaria y de preparación, a sus propios defendidos"."Introducir ahora la inmediación coma formula excluyente de la continuación del debate pondría en crisis la validez de lo transcurrido hasta el momento por vía Zoom", señalaron. Y abundaron que "podría decirse que lo que sobra es una tendenciosa publicidad que alimenta las producciones televisivas y las entrevistas a funcionarios judiciales que, al decir de Miguel Angel Almeyra, debieran guardar un silente recato"."Es la opinión de estos letrados que vuestra excelencia y tambien la señora fiscal general deben ajustarse estrictamente al cronograma fijado por el tribunal en las audiencias preliminares, como garantía de legalidad y respeto al debido proceso", concluyeron.
Jorge Alberto Ortiz exigió conocer cuál fue la conducta en la cual, presuntamente, el hijo del mandatario colombiano influyó sobre la entonces gobernadora del Atlántico
Víctor Manzanares es uno de los arrepentidos que más información proporcionó a la justicia.Será testigo en el expediente principal, pero además aguarda que sea elevado a juicio otro tramo que investigó las multimillonarias inversiones del ex secretario presidencial Daniel Muñoz.
La magistrada intercambió una serie de mensajes de WhatsApp los días previos a la nulidad del debate que se frustró en San Isidro.Les pidió perdón varias veces y que la ayudaran para que el juicio continuara. "Lamento que estén pasando por eso por mi culpa! Mucho que aprender", escribió en el grupo de WhatsApp "Juicio DAM".
Los dos líderes piqueteros anticiparon que usarán la palabra en la última jornada de audiencias.César, su hijo y el principal acusado, permanecerá en silencio.Un jurado popular definirá el veredicto de culpabilidad de los siete imputados.
El escándalo estaba cerca de estallar. La investigación sobre un supuesto documental donde se pretendían contar detalles del juicio donde se intentaba determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona con la participación estelar de la jueza Julieta Makintach avanzaba. Pero la magistrada lo negaba ante sus colegas del tribunal a cargo del debate, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. "Me hago cargo de mi ingenuidad y buena intención mal direccionada. Es una alarma de aquí en más para mí. ¡Confío en poder aprender de esto, sin duda así será! Ojalá puedan descansar", escribió la jueza Makintach el sábado 17 de mayo pasado a las 13.14 en el grupo de WhatsApp llamado Juicio DAM [por Diego Armando Maradona] que compartía con Savarino y Di Tommaso.Unos minutos antes, Savarino había escrito: "Estoy muy molesto. Uno lo que busca es hacer un juicio oral como corresponde. Buen fin de semana". Dos días antes había comenzado la investigación del supuesto documental, tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Braudy, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y Verónica Ojeda, respectivamente. En esa jornada, durante la audiencia, se identificó entre el público a María Lía Aleman [amiga íntima de Makintach] y Juan Manuel D'Emilio, señalados, después, como los guionistas de Justicia Divina, como se había bautizado el documental.El lunes 19 de mayor, según los chats a los que tuvo acceso LA NACION, Makintach le escribió a sus colegas a las 10.47. "Buen día. Si están disponibles me acerco". Pero sus colegas estaban ocupados, según las respuestas que enviaron. Di Tommaso estaba en un juicio y Savarino estaba con una sentencia de un debate.El 20 de mayo, una audiencia clave del anulado juicio de Maradona, el intercambio de mensajes comenzó temprano. "Buen día. Entiendo que estén molestos y disgustados por cuestiones vinculadas a mí. Pero no hice nada malo. Ni vendí un documental, ni hay operaciones o contratos con productoras, ni ninguno de los delitos que intencionalmente me atribuyen para ensuciar la cancha, porque claro que están negociando todo por atrás y el juicio, la legalidad y la verdad les importa poco y nada", escribió Makintach a las 7.15.Los mensajes de Makintach por WhatsApp continuaron. "Pido disculpas nuevamente y puedo que como colegas puedan cuidarme y resguardar la legalidad del debate entre los tres", fue el chat enviado por la jueza a las 7.18. En un momento, Makintach le contó a sus colegas que estaba reunida con Rafael Sal Lasri [exjuez Garantías de San Isidro], quien le aconsejó que no se le ocurriera excusarse. "Quisiera que lo pudieran escuchar", pidió. Di Tommaso le respondió: "Me parece que por ahora no es necesario. Y también creo que vos podés consultar con todos quienes consideres referentes. Por ahora estoy a la espera del paso de estos días. Prefiero estar a la prudencia". Savarino coincidió.Ese día, tras un pedido de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, el juicio se suspendió una semana para conocer el avance de la causa penal por el documental, a cargo de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo.El 21 de mayo, a las 17.20, con el juicio suspendido, Makintach escribió en el grupo: "Me arrepiento infinito. Pero no puedo volver el tiempo atrás, así que toca defenderme convencida de que no cometí ningún delito y que esa denuncia no es causal de recusación. Si con una denuncia remueven a un juez, entonces que elijan ellos quien los juzga".Seis minutos después, Savarino envió el siguiente mensaje: "Prefiero que nos juntemos el lunes. Mañana debo dedicarme a otras causas. Además, el martes que viene [el día que terminaba la suspensión del debate], tengo la lectura de una sentencia de un juicio unipersonal. Me parece prudente esperar hasta el lunes para juntarnos".A continuación Di Tommaso escribió: "Coincido con Maxi. De momento no hay nada nuevo en la causa. Esperemos a ver qué pasa en estos días".A las 17.40, Makintach mandó otro chat: "¡Lamento que estén pasando por eso por mi culpa! Mucho que aprender. Mucho. (espero tener la posibilidad de demostrarlo). Nos vemos el lunes. Quedo atenta a las novedades".El sábado 24 de mayo, la jueza sentada en el banquillo le mandó a sus compañeros de tribunal un link de una nota de LA NACION donde se mencionaba un escrito presentado en la causa penal por su amiga "la Negra" Aleman, donde negaba la producción de un documental y donde afirmó: "Solo era una entrevista en su rol de mujer y jueza". Y en el siguiente mensaje que escribió a las 12.02, sumó: "Sé que el lunes nos vamos a reunir. Pero quisiera ir mandándoles las novedades de la causa penal. Y las razones por las que no voy a aceptar la recusación. Lamento tanto todo esto. No me alcanza la vida para pedir perdónnnnnnn por dar lugar a todo esto. Ojalá el debate y las instituciones soporten este embate". El domingo 25 de mayo, los mensajes comenzaron antes de que amaneciera. Makintach envió al grupo de WhatsApp dos links de notas de Clarín en Infobae. Uno de los títulos anunciaba que la familia de Maradona iba a impulsar un juicio político contra ella. Entonces, a las 6.30, envió el siguiente texto: "Perdón. No me puedo dormir. Esta idea de un juicio político, no solo contra mí, sino contra ustedes también, indica la necesidad de juntarnos los tres para resolver esto juntos. Yo les aseguro que como tribunal podemos hacer frente a esto, pero necesito que me den esa oportunidad. Nos están coaccionando para que nos apartemos del juicio, buscan anularlo, a cualquier precio. Yo les juro que no hay delito ni causal para jury o recusación y que el juicio puede seguir con normalidad dentro de la sala de debate. Pero tenemos que resolverlo juntos los tres, no queda otra solución. Se podrán juntar hoy. Es muy urgente para frenar este disparate". A las 9.59 hubo otro mensaje de Makintach: "Sería sano y previsor que nos juntemos para definir qué postura va a tomar el tribunal. Estoy para acercarme al lugar que me digan en el horario que dispongan" y en otro texto agregó: "No hay delito, no hay irregularidad".A las 10.10, Di Tommaso respondió con un mensaje contundente: "Esto lo vi anoche [lo del jury impulsado por la familia de Maradona]. Una verdadera infamia, porque ni Maximiliano ni yo cometimos ningún acto cuestionable. Yo no estoy disponible, por temas personales. Además, no voy a hacer nada más que contraríe mi espíritu y hoy mi único interés es tener tiempo para clarificar las cosas. He respondido por educación. Y es todo cuanto tengo para decir".Ocho minutos después, Makintach escribió: "Gracias por la respuesta. Es TODO [las mayúsculas son originales del mensaje] una verdadera infamia. Tampoco YO cometí un acto cuestionable. ¡Solo acepté de buena fe dar una entrevista vinculada a la Justicia que pretendía difundir una imagen completamente contraria a la que está resultando (qué ironía!). No había promesas, privilegios, influencias, beneficios, plata, productoras, NADA irregular que pueda configurar un delito. Y después del primer día donde la filmación era permitida por Corte [bonaerense] a un contenido de YouTube visto por todos, cerró la entrevista y enfoque solamente en el juicio. ¿Es delito? ¿Cuál? ¿Cómo pone en duda mi imparcialidad?".Makintach continuó: "Les ruego mañana nos juntemos para definir la situación. No podemos ir improvisando frente a los claros mecanismos coactivos y difamatorios que están circulando. Tenemos que traer al eje del debate la muerte de Maradona y la imparcialidad del tribunal, que es lo que todos parecen olvidar. Lo último que digo y ya no los molesto más: la única solución a todo este escarnio público es continuar el debate, confiando en que el centro de atención volverá a Maradona y el juicio va a transcurrir con normalidad. Faltan cuatro meses aún. Hay mucho por andar y reparar si la Justicia me da esa posibilidad".Savarino y Di Tommaso respondieron recién el lunes. "Buen día. Estoy en juicio. Y al terminar me voy por temas personales", fue el mensaje enviado por la magistrada. El juez escribió: "No voy a reunirme hoy. Debo terminar una sentencia que se lee mañana, de juicio oral unipersonal".Ante las respuestas, Makintach dijo: "Ojalá mañana no se lleven puesto al tribunal por intereses oscuros, malintencionados. Solo de nosotros tres depende salvaguardar la justicia y la función judicial para que este debate continúe hasta el final. Es lo que espera el mundo. Es lo que merece la Justicia. Lamento haber dado pie para ponerla en riesgo".Finalmente, al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas contundentes sobre el proyecto Justicia Divina y después de que todas las partes (acusación pública y privada y las defensas recusaran a Makintach), la magistrada fue apartada del debate, y Savarino y Di Tommaso declararon el juicio nulo.Hoy Makintach enfrenta un jury que podría terminar con su destitución.
Se deben juzgar 540 hechos de presuntos pagos ilegales realizados por empresarios para acceder a contratos de obra pública; la expresidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la cabeza de la asociación ilícita que permitió estas maniobras. Leer más
La magistrada, acusada de anular el juicio por la muerte del astro deportivo, aseguró que "cree en las instituciones". En el jury, denunció a su colega Maximiliano Savarino por "falso testimonio". Leer más
La Cámara Federal de Casación convocó a los jueces del tribunal oral que realiza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por el caso de los Cuadernos de las Coimas para que hagan las audiencias al menos tres veces por semana, de manera presencial, y no por Zoom, y que no se tomen la feria judicial de verano.Así lo resolvieron los jueces que presiden cada una de las salas de la Casación junto con el presidente del cuerpo, Daniel Petrone. La idea de los jueces es apresurar el debate del caso de corrupción mas importante del país.Los magistrados están preocupados porque las audiencias se hacen solo una vez a la semana, los jueves y por Zoom. Recién a partir de marzo se sumaría otro día en la semana.Los camaristas ya habían tratado el asunto la semana pasada y hoy al mediodía volvieron a analizarlo. Si bien en el encuentro no definieron la modalidad de los cambios, fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que hay una mayoría que impulsa que las audiencias se hagan tres veces por semana, de manera presencial y sin feria judicial.Coincide esta decisión con el avance de las obras de la remodelación de la sala AMIA, donde entran 200 personas, que se podría inaugurar a fin de mes.Estaba previsto que la sala AMIA se inaugurara esta semana, pero se demoraron las reformas.Noticia en desarrollo
El máximo tribunal penal convocó a los jueces del TOF 7 para definir medidas que permitan avanzar con mayor rapidez en el proceso contra Cristina Kirchner y otros acusados, incluyendo la eliminación de la feria
La Justicia va confirmando que el megacaso de corrupción no es una "invención" como dice Tomás Gálvez