Luego de casi tres años de batalla legal, la periodista obtuvo una sentencia a su favor que ordena su reinstalación y el pago de su liquidación
El tribunal penal respondió así a la polémica por la frecuencia del debate y la falta de presencialidad. Pidió que haya tres audiencias semanales, incluyendo futuras ferias judiciales. Mañana se realizará la tercera jornada
Mariana Zepeda, corresponsal de Imagen TV, dio su testimonio
La Sala Penal determinó que no se vulneraron garantías procesales y ordenó la práctica de nuevas pruebas y la toma de declaraciones de altos funcionarios, en el caso relacionado con los polémicos mensajes difundidos por el representante en plataformas digitales y foros públicos
Tras una maratónica audiencia inicial, el cantautor sonorense evitó la vinculación a proceso
Pasó de ser una estrella en ascenso a una figura enigmática. Luego de la muerte de su novio, un juicio lleno de irregularidades y una condena insólita marcaron el destino de la actriz, que sigue siendo un misterio en Aspen.
El fiscal federal afirmó que se habrían reunido las pruebas suficientes para comprobar el mecanismo de recaudación. "Tenemos decenas de testigos", apuntó
La resolución judicial representa un revés para los intentos regulatorios sobre el sector digital y anticipa nuevos desafíos para la supervisión estatal
En una grabación difundida desde una zona selvática, el jefe del Estado Mayor Central divulgó un mensaje dirigido a sectores políticos, fijando su postura frente al escenario nacional y las próximas elecciones
Los jueces se reunieron con los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº7
Dos jueces del Tribunal Oral Federal 7 se reunieron con los camaristas durante casi 40 minutos. Hubo pedidos y ofertas y mañana habrá una decisión
Con el objetivo de intentar destrabar la marcha del juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, que hasta ahora se desarrolló vía zoom, los presidentes de las distintas salas de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, recibieron este mediodía en Comodoro Py a dos de los magistrados del Tribunal que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 86 imputados en la causa de corrupción más extensa de la que se tiene registro. En principio, la Casación emitirá una resolución mañana, luego de que el Tribunal presente por escrito cuáles son sus reclamos puntuales para poder agilizar el ritmo del juicio, según lo acordado hoy en el encuentro y que LA NACION pudo reconstruir. La reunión se extendió alrededor de una hora y se desarrolló en la sala de acuerdos de la Casación. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, el juez Enrique Méndez Signori, y su colega Fernando Canero les manifestaron a superiores de la Casación que necesitaban mayor espacio físico y nuevo personal y que, tras las quejas, ya habían agregado una nueva audiencia semanal al debate. Los escucharon el presidente de la Casación, Daniel Petrone y sus colegas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma. A contramano de lo hecho hasta el momento, los jueces de la Casación creen necesario realizar audiencias de forma presencial, tres veces por semana. Les comunicaron a los dos jueces que por estas horas en Comodoro Py se encuentra disponible la sala conocida como "Sum" y que se trabaja para dejar en condiciones a la nueva sala Amia, que contará con un aforo de 197 personas sentadas y estaría lista para el 10 de diciembre. Otro de los ejes de la conversación fue la posibilidad de analizar la reasignación de alguna de las causas en manos del TOF 7 a otro tribunal, siempre que eso no implique entorpecer la marcha de otros expedientes. También se tocó la posibilidad de avanzar con el juicio en días inhábiles. El tercer juez del tribunal, Germán Castelli no formó parte del encuentro. Entendió que la reunión tenía por fin introducir cambios en el "modo en que se está llevando a cabo el juicio", algo que ya había sido decidido por el TOF y se encontraba "estabilizado" frente a las partes.Así lo puso en su voto de la resolución por la que el Tribunal dio a conocer que incrementaba la frecuencia de las audiencias, la semana pasada, luego de las quejas por la falta de celeridad en el debate. Dijo, además, que se encontraba trabajando en los fundamentos de otras sentencias. "Si la convocatoria del tribunal de superintendencia -agregó Castelli- finalmente tuviera por único propósito conocer las públicas necesidades funcionales que el Tribunal viene solicitando desde hace más de seis años, la presencia de los colegas será suficiente". En aquella resolución, leída al comienzo del último debate, los jueces remarcaron que vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo algunas excepciones relacionadas con nuevo personal. Inicialmente, los jueces habían estipulado comenzar con las audiencias los días jueves y sumar una los martes, desde marzo. Pero tras las críticas, resolvieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.Las indagatorias, en tanto, se realizarían de manera híbrida, esto es que en la sala estén físicamente los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.
La Justicia Federal elevó a debate oral la causa que investiga un entramado de desvíos millonarios, adquisición de bienes y uso de fondos públicos a través de la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña. Leer más
El especialista Federico Pérez Vecchio analizó la destitución de la magistrada y el impacto que tendrá en el expediente por la muerte de Diego Maradona. "Hay tantas causas alrededor suyo que ya existe un 'fuero maradoniano'", afirmó. Leer más
El expresidente cargó contra Fabiola Yañez y la acusó de hacer una "falsa denuncia" por violencia de género. "Siempre termina con que quiere un departamento", cuestionó.
Las sugerencias incluirían más audiencias semanales, abandonar la virtualidad y utilizar una sala especial de Comodoro Py, entre otros puntos.
"Dieguito" Fernando habló tras la destitución de Julieta Makintach y dejó un mensaje contundente al salir de la audiencia.
El juez de la Corte advirtió que las megacausas requieren juicios presenciales y celeridad, reclamó infraestructura adecuada y sostuvo que procesos así deberían avanzar incluso durante la feria judicial
El integrante de la Corte Suprema pidió que sea presencial y que los jueces trabajen durante la feria judicial.
Hoy, a partir de las 10, se conocerá el veredicto. La audiencia se transmitirá por el canal de Youtube de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez."La palabra 'escándalo' ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza", dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro.El letrado, en su alegato donde también pidió la destitución, sugirió que la magistrada "lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera".El escándalo judicial ocurrió a partir de la participación estelar de Makintach, de 48 años, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte."La evidencia está clara desde el minuto uno", afirmó la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.La fiscal Duarte fue contundente. "Lamentablemente, fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. [Makinatch] Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial", sostuvo.El jurado de enjuiciamiento a la magistrada Julieta Makintach es presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.La magistrada hizo uso del derecho que tiene el acusado de dar unas últimas palabras ante de que el jurado se retirara a deliberar."Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo. Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedette a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje", se lamentó.La defensa de la magistrada, liderada por los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, también alegó ante el jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense."La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara [con la que se filmó parte del malogrado juicio]- Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios", manifestó la defensa de Makintach.Dario Saldano, abogado de MakintachEn el jury, a Makintach se le atribuyeron, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.Hoy, a las 10 horas, cuando se haga público el veredicto del jurado de enjuiciamiento, se conocerá si Julieta Makintach, la magistrada -quien protagonizó un escándalo que impactó de lleno en la imagen de la Justicia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona- es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dio detalles de la reforma laboral y aclaró algunas de las versiones que circularon, entre ellas, las referidas a las indemnizaciones y las vacaciones
El jurado de enjuiciamiento dará a conocer el veredicto a partir de las 10 en el Senado bonaerense de La Plata.Los cuatro escenarios que enfrenta la jueza.
El procurador Jorge Canteros y el equipo fiscal especial calificaron al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski como "el más importante en la historia del Chaco" y defendieron la actuación del jurado popular. Leer más
Algunos imputados están presos en la cárcel de Bouwer. Los principales damnificados eran comerciantes del rubro de la construcción. Leer más
El expresidente catalán, hospitalizado por una neumonía, deberá acreditar si está en condiciones de afrontar la vista por la presunta fortuna oculta de su familia
Durante dos semanas, unos 40 testigos han pasado por el Tribunal Supremo para aportar nuevas pruebas de la inocencia o culpabilidad de Álvaro García Ortiz
Los abogados de los acusados por corrupción se quejan de tener que ir más de una vez por semana a la Audiencia. Hubo muchas críticas al modo virtual que impuso el Tribunal que los juzga.
Con mayor o menor intensidad, en el transcurso de del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, pero especialmente en la etapa de las cuestiones preliminares, los empresarios -acusados de haber pagado más de 33 millones de dólares en coimas a funcionarios del kirchnerismo- apuntarán a reanimar viejos planteos para debilitar la prueba en su contra. Es que, terminada la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se abrirá una instancia donde las partes podrán plantear nulidades, recusaciones o pedir que sea excluida una parte de la prueba, y allí el empresariado volverá a la carga. Se descuenta que en esa ventana del juicio aparecerá una vez más el debate sobre la "reparación integral", el instrumento mediante el cual los empresarios intentaron sortear el juicio ofreciendo más de 13 millones de dólares.Esa estrategia ya fue rechazada por los jueces del Tribunal Oral N°7, pero la decisión fue cuestionada y la Sala I de la Cámara de Casación deberá pronunciarse al respecto. La versión más elemental de lo que sostienen los empresarios asegura que la reparación integral forma parte del Código y que la aceptación de su uso no es optativa. La oferta, argumentan los hombres de negocios, puede resultar insuficiente para compensar el daño, pero nunca inadmisible. Quienes se oponen a esa idea y a la utilización de la herramienta en esta causa señalan que la reparación es un instrumento diseñado para extinguir conflictos de menor calibre y en los que hay una víctima individualizada; no para cerrar una causa como Cuadernos, con delitos "pluriofensivos" y donde es la sociedad en su conjunto la agraviada. De ese modo lo entendieron los jueces del Tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al sostener que el dictamen de la fiscal Fabiana León, donde se señaló que no había monto que reparara el daño institucional generado, era vinculante. Pero las apelaciones deberán resolverse en la Casación, el máximo tribunal penal del país. Los empresarios aseguran que la resolución del TOF 7 confunde la reparación con la conciliación, donde sí es necesario el consenso de la víctima para extinguir la acción penal. El empresariado y también los exfuncionarios retomarán otro frente adverso al intentar cuestionar la validez de las declaraciones de los arrepentidos, que constituyen el corazón de la prueba. La Cámara de Casación, en noviembre de 2020, rechazó un planteo de este tipo enarbolado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido, que afirmaba que esas declaraciones no fueron filmadas ni grabadas, tal como exige un artículo de la ley del arrepentido. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña afirmaron que eso no invalidaba la prueba y lo rechazaron. Sin embargo, dejaron entreabierta una rendija al sostener que podía tener incidencia a la hora de evaluar la prueba "en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados". Pero los empresarios se aferrarán sobre todo al voto en solitario de la exjueza Ana María Figueroa, quien sostuvo en aquel fallo de 2020 que no haber grabado las declaraciones de los arrepentidos, tal como indicaba la ley, constituía una seria deficiencia. "Un acta [escrita] no puede reemplazar a un medio técnico grabado observable, lo audible, lo presencial", dijo la jueza, que valoró como necesario poder tener una impresión del "estado de ánimo del declarante", sus "expresiones, gestos, el tono de la voz y su cadencia, que permitan evaluar su autenticidad e integralidad". Detrás de esta discusión técnica asoma la hipótesis, agitada la semana pasada en redes por la expresidenta Cristina Kirchner, alineada de manera indirecta con los empresarios, de que las declaraciones de los arrepentidos fueron "arrancadas" bajo coacción por el fiscal Carlos Stornelli, a pesar de que los más de 20 imputados colaboradores que declararon lo hicieron junto a sus abogados defensores. Al igual que en la primera audiencia, la expresidenta, acusada de ser la jefa del sistema de recaudación ilegal, publicó en X un mensaje en el que sostenía que los arrepentidos que apuntan en su contra fueron "extorsionados" y "torturados". Reunión entre juecesPara el martes que viene -después de los chispazos que se produjeron en torno a la marcha del juicio oral- está prevista una reunión entre los jueces de la Casación y lo del TOF 7, y los abogados de los empresarios, que pidieron estar presentes para no perder pisada, ya fueron notificados de que no podrán ser de la partida. "Se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes en el proceso", dice la comunicación de la Casación.
El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre
El 5 de febrero de 2014, a las 7.20, uno de los custodios que trabajaba en el depósito de Iron Mountain, en Barracas, escuchó la alarma temprana de incendio. En lugar de alertar al número de emergencias 911, el empleado de seguridad privada anuló la alarma, porque supuestamente funcionaba mal y había activado varias falsas alertas.Casi doce años después, otro depósito de la misma empresa volvió a aparecer vinculado a un incendio. En esta oportunidad no hubo víctimas. Según el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, una planta de esa firma instalada en el Polígono Industrial Carlos Spegazzini, figura entre las empresas alcanzadas por la explosión en una química. En 2014, durante los 40 minutos siguientes el mismo empleado cortó en siete oportunidades el sistema de emergencias que activaba los rociadores. No se trataba de una falsa alarma o una falla en los sistemas de prevención de incendios. Al contrario, ese humo que era detectado por el sensor y hacía sonar la alarma era real y había sido provocado por la combustión de los archivos de papel que se guardaban en el depósito construido a principios del siglo pasado en la esquina de Azara y Jovellanos, en Barracas.Cuando los bomberos de la Policía Federal llegaron al predio para apagar el incendio las llamas llevaban más de cuarenta minutos activas y se alimentaban de los archivos de papel altamente combustibles. Los peritajes realizados en la investigación judicial determinaron que, si bien el sistema de rociadores no hubiera sofocado el fuego, habría demorado la propagación del incendio.Una hora más tarde, la pared de la Jovellanos se derrumbó sobre el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y del agente bombero Juan Matías Monticelli, los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los nueve murieron en el acto. Mientras que el bombero Facundo Ambrosi falleció el 17 de febrero, luego de permanecer internado durante casi doce días a raíz de la gravedad de las lesiones provocadas por los gruesos ladrillos de la pared que colapsó.También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti. En tanto que otros 18 bomberos y rescatistas sufrieron lesiones de distinta consideración.A casi 12 años del trágico incendio en el depósito de Iron Mountain, todavía no tiene fecha de inicio el juicio oral contra los más de veinte acusados por los homicidios culposos de los nueve bomberos y del rescatista de la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad.En abril de 2023, la magistrada a cargo del juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 18, Fabiana Palmaghini, aceptó el requerimiento de elevación a juicio presentado por los representantes del Ministerio Público y dispuso que los imputados por la tragedia sean sometidos a juicio oral.Sin embargo, cuando pasaron dos años y medio desde que la jueza envió la causa a juicio oral, todavía no fue fijada la fecha de la primera audiencia. Según el abogado Javier Moral que representa las familias de nueve de las diez víctimas, toda la prueba fue producida, no quedaron peritajes pendientes y tampoco recursos por resolver. Doce días después que la jueza Palmaghini requirió que los más de veinte acusados sean sometidos a juicio oral, se registró otro incendio en el mismo predio. A diferencia de la tragedia ocurrida en febrero de 2014, en el incendio del 25 de abril de 2023 no hubo víctimas fatales ni heridos.La sucesión de incendios en depósitos de Iron Mountain no se detuvo con el hecho ocurrido en 2023. La explosión registrada en las últimas horas en una empresa química que funciona en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini afectó a una de Iron Mountain en dicho complejo industrial. Fue el tercer siniestro ocurrido en una instalación de esa empresa, en menos de doce años."Acá hay una empresa, Iron Mountain, una muy famosa que estaba en Capital, que todos recordarán por el incendio que tuvo. Se mudó a Ezeiza y también habría sido alcanzada por las llamas, es una empresa que guarda cuestiones vinculadas a la administración pública", dijo el intendente Gastón Granados sobre esa compañía que protagonizó la tragedia de Barracas, el 5 de febrero de 2014.La investigación para establecer las responsabilidades en el nuevo incendio ocurrido en el partido de Ezeiza apenas comenzó y no existe ninguna certeza. Sin embargo, en el expediente judicial por la tragedia de Barracas constan los peritajes técnicos sobre cómo se inició el fuego mortal.En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron las conclusiones de los estudios, en los que se determinó que el incendio podría haber sido intencional. No obstante, el peritaje realizado por los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, descartó la presunción del incendio intencional.Luego de analizar los distintos informes, testimonios y pruebas físicas, los investigadores judiciales habrían determinado la existencia de una serie de irregularidades que sirvieron para crear las condiciones favorables para que el incendio ocurriera.Al revisar el sistema contra incendios los técnicos y los bomberos descubrieron que la cisterna que abastece de agua para los rociadores estaba vacía. También habría fallado el dispositivo alternativo. En la inspección realizada meses después de la tragedia, los técnicos habrían determinado que la llave de paso que permite abastecer con agua de la red pública a los rociadores estaba cerrada. Tampoco funcionaba el sistema de presurización que manda agua a presión debido a defectos en el mecanismo de la bomba. Además, los técnicos habrían establecido que se violó la denominada "carga de fuego" que establece la existencia de un espacio libre entre la pila de cajas apiladas y los rociadores. Estas pruebas más otros peritajes constituyeron los fundamentos de la resolución dictada diciembre de 2022 por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, confirmó los procesamientos de 17 imputados.En dicha resolución, además, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto revocaron los sobreseimientos de tres acusados. Uno de esos imputados fue procesado, mientras que a los dos restantes se les dictó falta de mérito. La tercera integrante del mencionado tribunal votó en disidencia.Dos meses después, cuando la jueza Palmaghini aceptó el pedido de elevación a juicio se incluyeron a más imputados. Por ese motivo, serán más de veinte los acusados que deberán ser juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia.Según fuentes judiciales, entre los acusados figura uno de los custodios del depósito, el gerente y el encargado de Seguridad e Higiene de la empresa; el gerente general de la firma y el director técnico de la firma que debía garantizar el correcto funcionamiento del sistema contra incendio en la planta de Barracas.El listado de imputados se completó con cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin denunciar fallas en el sistema. También figuran como acusados, el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, del Director de Industrias y Otros Locales, de la Directora General de Fiscalización y Control, de la Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa, del gobierno porteño y un inspector de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.La investigación de la tragedia fue realizada por la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de Romina Monteleone, y su colega de la fiscalía general N° 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Joaquín Gaset. Mientras que el Tribunal Oral N° 18 estará a cargo del juicio oral.Los bomberos fallecieron cuando estaban parapetados detrás de una pared que colapsó y se derrumbó sobre ellos. En ese momento, preparaban el plan de ataque contra el fuego. Según los protocolos de operaciones era el lugar más seguro. Pero, según los peritajes consignados en el expediente, el fuego provocó que las columnas se retorcieran, lo que causó el derrumbe del techó que arrastró la pared que cayó encima de los bomberos y rescatistas.
En las próximas semanas se conocerá si el golpista expresidente purgará hasta 34 años de prisión por los hechos del 7 de diciembre
La madre de César Sena, acusada como partícipe primaria del crimen de la joven, habló frente al jurado popular antes del veredicto y aseguró que el caso fue manipulado políticamente. Leer más
Se trata del último lugar donde se vio a la joven con vida. La llegada de los móviles inquietó a los vecinos.
En medio de las expectativas por el veredicto del jurado -conformado por doce miembros- que debate la decisión final del juicio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, el abogado penalista Eduardo Gerome analizó el caso en LN+. "El juicio por jurado ha revolucionado los sistemas judiciales", afirmó. Consultado acerca de los motivos detrás de realizar un juicio por jurado, el letrado explicó: "El juez nunca se pone en el lugar del que está siendo víctima de un delito, los ciudadanos sí porque todos se creen potenciales víctimas. La participación de un jurado popular es esencial -insistió-".Eduardo Gerome, abogado penalistaHipótesis en torno al final del juicio"Todo puede pasar", subrayó Gerome. Al referirse al juicio por la joven que desapareció en el norte del país, indicó: "Este crimen ha puesto al descubierto lo que pasaba en este feudo porque el cacique era [Jorge] Capitanich -exgobernador de Chaco- y todo dependía de él".Y continuó: "Se cometían las peores tropelías, la peor corrupción, siempre dependiendo de él. Todos los estamentos dependían de él. En este estado, a Sena le tuvieron que soltar la mano porque representaba un grave daño para la credibilidad y la candidatura". La posible decisión del juradoSobre las declaraciones de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena -todos imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo-, el abogado penalista sostuvo: "Hoy en día, los padres intentan despegarse con una actitud... realmente, moralmente... imputar al hijo, caerle sobre eso... yo no creo que una madre, que se considere tal, lo pueda hacer". "Por más consecuencias que le pueda traer. Tampoco creo que el jurado popular compre esa coartada a esta altura. Además, toda esa gente va a tener que seguir viviendo en la provincia", concluyó Gerome.
Los integrantes del TOF 7 fueron citados para el martes próximo.Por lo pronto, sumaron una audiencia semanal y determinaron que las indagatorias no serán virtuales. Pero podría haber más cambios.
Cada uno de los imputados por el crimen tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Marcela Acuña, la mamá de César Sena, aseguró nuevamente que es inocente y pidió la intervención del Poder Judicial del Chaco.
Se les atribuye falsedad genérica e ideológica a la expremier y Raúl Noblecilla por presentar un documento supuestamente emitido por la Clínica Chorrillos
La líder piquetera insistió en un "uso político del caso" y su esposo, Emerenciano, reiteró su inocencia. César Sena se mantuvo en silencio. Hoy es el veredicto el jurado popular.
El procedimiento de denuncia por "perturbación anormal" de la convivencia es un proceso burocrático y farragoso en Francia
En un especial de LN+, se reconstruyeron las diez horas que se demandó ejecutar el plan macabro. El juicio por Cecilia Strzyzowski: un femicidio sin cuerpoCuarto intermedio en el juicio por Cecilia en ChacoCésar Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Acuña, son los principales acusados del caso. Los tres están imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César, como autor; y sus padres, como partícipes primarios. Además, están imputados sus colaboradores Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por encubrimiento agravado.No hay pruebas y no hubo un plan criminal para matar. En estos dos puntos se basaron las defensas del matrimonio Sena en sus alegatos finales para desligarse del femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, que estaba casada con el hijo de ambos, César.Ricardo Osuna, abogado del líder piquetero Emerenciano Sena, pidió por su inocencia. Celeste Ojeda, que defiende a Marcela Acuña, consideró que debería estar imputada por encubrimiento agravado, por lo que no podría ser condenada. El Código Penal establece expresamente que están exentos de pena los padres que oculten las pruebas de un crimen cometido por un hijo cuando no hubo una promesa previa.Hoy se conoce el veredicto del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El jurado popular debate durante dos horas las pruebas escuchadas de los siete acusados por el crimen de la joven desaparecida en 2023.A partir de las 8, los doce miembros deberán llegar a un veredicto unánime para cada uno de los imputados.
El presunto líder criminal, Diego Marín Buitrago, enfrentará proceso penal en Colombia mientras permanece detenido en Portugal, acusado de encabezar una organización que sobornaba funcionarios para facilitar el ingreso de mercancía ilegal
El Cuerpo Médico Forense presentó un dictamen que podría eximir al empresario metalúrgico de enfrentar a la Justicia por pagarle coimas al kirchnerismo. La fiscal Fabiana León y la UIF resolvieron a su favor. El Tribunal N°7 debe resolver la cuestión
CÓRDOBA.- Dos hombres serán juzgados por femicidio por el femicidio y descuartizamiento de Brenda Torres, una joven cuyos restos fueron encontrados en distintas partes de la ciudad, en julio pasado. Los acusados son Christian Alexis Aranda y Gustavo Martín Lencina, quienes están detenidos.El fiscal Horacio Vázquez dio por concluida la investigación al considerar que la prueba reunida permite acusar a Aranda y Lencina como coautores de homicidio agravado por mediar violencia de género.La joven de 24 años, con problemas de consumo de drogas, estaba -según determinó la investigación- en una situación de "especial vulnerabilidad y desigualdad" frente a sus femicidas. En una reunión en la que hubo consumo de drogas Torres fue primero golpeada y, al verla muerta, descuartizaron su cuerpo. Dejaron los restos en diferentes lugares, a tal punto que diez días después de encontrar las primeras partes, siguieron apareciendo otras. Lencina tenía experiencia como matarife; las formas de los cortes revelaron haber sido hechos por alguien con conocimientos. En la casa donde fue la reunión se secuestró la cuchilla empleada. Las conversaciones entre ellos, detectadas al intervenir sus teléfonos, fueron pruebas claves en la investigación que derivó en la elevación al juicio que será en el 2026.Torres fue vista por última vez el jueves 24 de julio. Un día después, los investigadores encontraron sus brazos, que fueron los primeros restos en ser encontrados en el predio de una obra en construcción en una bolsa de consorcio en el barrio Chateau Carreras, cerca del estado mundialista. Días después se encontraron más, a unas cuadras de allí, y el 2 de agosto aparecieron su torso y la cabeza en la casa de los acusados. Una bolsa con vísceras fue hallada más tarde. La identificación pudo realizarse a través de las huellas dactilares. La causa fue recaratulada en agosto; hasta entonces los dos imputados estaban acusados por homicidio. "Una minuciosa merituación del material probatorio [...], las circunstancias de especial vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima en los momentos anteriores y concomitantes al hecho, con la consiguiente situación de desproporcionada desigualdad en que esto la situaba respecto de los autores del hecho, determinan la existencia de un contexto de violencia de género en el homicidio de Brenda Torres", definió el Fiscal.El padre de la víctima, Roque Torres, encontró los primeros restos de su hija sin saberlo. Cuando se enteró de la tragedia advirtió lo que le había sucedido: "Salí con la intención de ver dos palos para cortar al otro día. En el lugar vi un tacho de pintura gris, tirando a blanco, con la tapa puesta. Cuando lo levanté, estaba muy pesado. Lo abrí y adentro había una bolsa negra. La toqué y estaba blanda. Nunca pensé que podía ser lo que faltabaâ?¦", contó oportunamente a La Voz."No estaba buscando nada. Fue de golpe. Es algo muy fuerte para mí. Tuve el corazón de mi hija en la mano", dijo. Es que cuando encontró la bolsa no sabía que su hija había sido asesinada.El padre hacía veinte días que no tenía contacto con ella. Contó que "se había puesto muy rebelde" y que "estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita".
Lo que parecía otra audiencia de lectura de la imputación se transformó con el reclamo de los magistrados del Tribunal N°7 para más recursos de cara a la presión por apurar los tiempos del proceso junto a la llegada de Julio De Vido tras su nuevo arresto
Ya visto para sentencia, el litigio que ha sentado en el banquillo a Álvaro García Ortiz cierra con todavía algunas preguntas que han quedado sin respuesta
Jorge Molina Herrera, Gabriel Suárez y Fernando Navarro son los principales acusados como jefes de una asociación ilícita que defraudó las arcas gremiales en provecho propio. El rulo de los cheques. Factura por preservativos. Leer más
Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones "híbridas", esto es, semipresenciales.No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial â??no por Zoomâ??. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad. Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre. En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público. Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja. Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora. Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego "sin un fundamento novedoso", impulsado por el "reclamo de un sector de la opinión pública", aparecería como caprichoso. El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica."Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima", dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para "coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación" implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema â??a través de la Dirección de Relaciones Institucionalesâ?? una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.Pero indicaron que la sala tiene "dos problemas insolubles": aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.
La nueva modalidad será a partir del 25 de noviembre pero seguirá por Zoom. En una resolución, el TOF 7 dijo que la la remodelación de la sala AMIA de Comodoro Py aún no está terminada y que su personal trabaja desde el palacio de Tribunales.
El abogado de González Amador ha asegurado que "no cabe exigirles una declaración veraz" a los profesionales de la información, mientras que la Abogacía del Estado ha pedido la "nulidad" del informe de los agentes de la Guardia Civil
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceptó la dimisión de Raúl Noblecilla y dispuso que el proceso contra la ex primera ministra continúe con un abogado público designado por el Estado
El proceso penal contra 'el zar del contrabando' se suma a otras investigaciones en curso por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito
"Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario", ha sentenciado el abogado del Estado que representa a García Ortiz
Con 40 minutos de retraso, desde las 9.40, se desarrolla de manera virtual la segunda audiencia del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, el caso más grande de corrupción del que se tiene registro, donde están acusados la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de sus funcionarios, y más de medio centenar de empresarios por poner en funcionamiento un esquema de intercambio de sobornos por obra pública. Para esta segunda jornada está previsto continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Fabiana León, un documento extenso, de más de 678 páginas, del que durante la primera audiencia solo se leyeron 132.Esa primera jornada de apertura dejó en evidencia algunas de las complicaciones propias de la virtualidad y despertó preocupación tanto en la Corte Suprema como en la Cámara de Casación, por lo que puede llegar a demorarse un proceso tan complejo, con 87 imputados. La Cámara de Casación, de hecho, convocó a los jueces del tribunal a una reunión con la idea de plantear que las audiencias se realicen al menos tres veces por semana y de manera presencial.El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, defendió hoy la "modalidad telemática" elegida, que también contempla, dijo, la modalidad híbrida e incluso presencial. "Más allá de algunas defectos menores, que suelen aparecer subsanables a través del personal, tal como sucedió la semana pasada con el comportamiento de algunas personas imputadas conectadas telemáticamente", dijo el magistrado.Algunos de los imputados, como la expresidenta Cristina Kirchner, casi no aparecieron en el recuadro de sus respectivas cámaras, pero la situación que más llamó la atención durante la primera audiencia fue la del empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), quien siguió parte del juicio oral desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial.Julio de Vido, que está siendo acusado como organizador de una asociación ilícita, sigue el debate desde el Tribunal Oral N° 4, en Comodoro Py, donde está detenido desde esta mañana, en el marco de la causa por la tragedia de once.Al igual que la semana pasada, la antesala del debate estuvo atravesada por un mensaje de Cristina Kirchner en redes. La expresidenta apuntó nuevamente contra el juicio: "en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados 'arrepentidos' habría que llamarlos 'extorsionados'".Noticia en desarrollo
Enfrenta la acusación de ser la jefa del sistema de recaudación. Los cuadernos, testigos, funcionarios y empresarios arrepentidos ofrecieron pistas sobre el recorrido del dinero que acababa en la Quinta de Olivos, su departamento en Recoleta o en valijas cerradas con candados que viajaban rumbo a Río Gallegos o El Calafate, según se desprende de la declaración de pilotos del Tango 01.No puede ser que un juicio oral y público que está juzgando, según la fiscal Fabiana León, el caso de corrupción más grande la historia judicial argentina se haga una vez por semana durante cuatro horas. Es lo que tenían previsto. ¿Hay problemas para qué el juicio sea más dinámico? Sí. Pero seguramente también hay soluciones.Un juicio no se puede extender cuatro o cinco años, o más. La sociedad está esperando saber si se robó, quién, cuánto y qué condena le van a dar a los supuestos responsables si se establece que robaron. No es una cuestión solo de los jueces. Uno los mira y parece que es una cuestión solo de ellos, pero no lo es. Ellos están juzgando en nombre de la sociedad argentina.Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en LA NACION, en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo.Están implicados la expresidenta Cristina Kirchner, que se conectará a esta primera jornada desde San José 1111 vía virtual, y otros 86 exfuncionarios y empresarios.La expresidenta Cristina Kirchner hizo una fuerte denuncia en redes este jueves: dijo que los funcionarios y empresarios arrepentidos en la causa cuadernos fueron, además de "extorsionados", "torturados" para confesar. Apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli.Su descargo llegó una hora antes de que comience la segunda audiencia del juicio por ese expediente â??que definió como "un show" la última semanaâ??, en el que está imputada.Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados "arrepentidos" habría que llamarlos "extorsionados".Y la verdadâ?¦ nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos "extorsionados", directamente fueron torturados.A uno deâ?¦ pic.twitter.com/zF1YhMKi0M— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025El juicio estaba programado para iniciar a las 9.30 de la mañana, comenzó a las 9.40 horas.El juicio demorará años hasta llegar al veredicto final por el volumen probatorio, pero también porque al menos en el primer tramo, las audiencias se realizarán solo una vez por semana.Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, pero hay 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.Este jueves, a las 9.30, empieza la segunda audiencia del juicio por corrupción más grande de la historia del país: el de los Cuadernos de las Coimas del chofer Oscar Centeno, que retrató con detalle los sobornos que pagaron importantes empresas para quedarse con obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realiza la segunda audiencia en el juicio contra Cristina Kirchner y otros acusados por los cuadernos de las coimas. Leer más
En diferentes lugares de la capital francesa, terroristas identificados con ISIS atacaron a ciudadanos indefensos. Los ataques dejaron cicatrices profundas. La reapertura de Bataclan simbolizó la resistencia cultural, mientras las tensiones sociales y políticas aún resuenan en la memoria colectiva
El proceso contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados sigue bajo modalidad remota, mientras la Cámara Federal de Casación discutirá con los jueces del Tribunal Oral 7 los cambios para agilizar el juicio y garantizar mayor transparencia
Uno de los acusados en el caso de los cuadernos de las coimas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, envió una nota al tribunal que lleva adelante el proceso para oponerse a la posibilidad de que se agreguen más audiencias por semana al juicio y que sean presenciales.Los abogados de Wagner, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, señalaron en su escrito que agregar audiencias alteraría sus agendas con procesos en trámite y sostuvieron que hasta ahora en otros juicios ante el mismo tribunal, el sistema híbrido está dando resultados.La queja de los letrados se debe a que la Cámara de Casación llamó para el martes a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Carnero y Germán Castelli a una audiencia para ofrecerles mecanismos para agilizar el juicio.Los abogados mencionaron que no hubo menoscabo al derecho de defensa, como mencionaron los camaristas cuando advirtieron sobre los problemas derivados de la falta de audiencias presenciales.En la misma línea, indicaron que "no han visto mengua alguna de sus facultades y posibilidades, ya que la naturaleza hibrida de la instrumentación del debate, con consenso de todos, permite utilizar la presencialidad de imputados y testigos a expresa solicitud".Los defensores de Wagner mencionaron que en los casos Aysa, que tramita ante el mismo tribunal, y Gas Natural Licuado -que ya concluyó- "las audiencias de las que simultáneamente participan los mismos abogados ante este tribunal, se han desarrollado sin dificultad alguna, esta última con un avance operativo muy importante".Dijeron que de prosperar que se admitan tres audiencias semanales presenciales, "se descompensaría absolutamente la programación laboral de muchos de los abogados defensores presentes en este debate, que deben atender necesariamente otros juicios, con el inevitable correlato de perjudicar en terminos de asistencia horaria y de preparación, a sus propios defendidos"."Introducir ahora la inmediación coma formula excluyente de la continuación del debate pondría en crisis la validez de lo transcurrido hasta el momento por vía Zoom", señalaron. Y abundaron que "podría decirse que lo que sobra es una tendenciosa publicidad que alimenta las producciones televisivas y las entrevistas a funcionarios judiciales que, al decir de Miguel Angel Almeyra, debieran guardar un silente recato"."Es la opinión de estos letrados que vuestra excelencia y tambien la señora fiscal general deben ajustarse estrictamente al cronograma fijado por el tribunal en las audiencias preliminares, como garantía de legalidad y respeto al debido proceso", concluyeron.
Jorge Alberto Ortiz exigió conocer cuál fue la conducta en la cual, presuntamente, el hijo del mandatario colombiano influyó sobre la entonces gobernadora del Atlántico
Víctor Manzanares es uno de los arrepentidos que más información proporcionó a la justicia.Será testigo en el expediente principal, pero además aguarda que sea elevado a juicio otro tramo que investigó las multimillonarias inversiones del ex secretario presidencial Daniel Muñoz.
La magistrada intercambió una serie de mensajes de WhatsApp los días previos a la nulidad del debate que se frustró en San Isidro.Les pidió perdón varias veces y que la ayudaran para que el juicio continuara. "Lamento que estén pasando por eso por mi culpa! Mucho que aprender", escribió en el grupo de WhatsApp "Juicio DAM".
Los dos líderes piqueteros anticiparon que usarán la palabra en la última jornada de audiencias.César, su hijo y el principal acusado, permanecerá en silencio.Un jurado popular definirá el veredicto de culpabilidad de los siete imputados.
El escándalo estaba cerca de estallar. La investigación sobre un supuesto documental donde se pretendían contar detalles del juicio donde se intentaba determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona con la participación estelar de la jueza Julieta Makintach avanzaba. Pero la magistrada lo negaba ante sus colegas del tribunal a cargo del debate, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. "Me hago cargo de mi ingenuidad y buena intención mal direccionada. Es una alarma de aquí en más para mí. ¡Confío en poder aprender de esto, sin duda así será! Ojalá puedan descansar", escribió la jueza Makintach el sábado 17 de mayo pasado a las 13.14 en el grupo de WhatsApp llamado Juicio DAM [por Diego Armando Maradona] que compartía con Savarino y Di Tommaso.Unos minutos antes, Savarino había escrito: "Estoy muy molesto. Uno lo que busca es hacer un juicio oral como corresponde. Buen fin de semana". Dos días antes había comenzado la investigación del supuesto documental, tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Braudy, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y Verónica Ojeda, respectivamente. En esa jornada, durante la audiencia, se identificó entre el público a María Lía Aleman [amiga íntima de Makintach] y Juan Manuel D'Emilio, señalados, después, como los guionistas de Justicia Divina, como se había bautizado el documental.El lunes 19 de mayor, según los chats a los que tuvo acceso LA NACION, Makintach le escribió a sus colegas a las 10.47. "Buen día. Si están disponibles me acerco". Pero sus colegas estaban ocupados, según las respuestas que enviaron. Di Tommaso estaba en un juicio y Savarino estaba con una sentencia de un debate.El 20 de mayo, una audiencia clave del anulado juicio de Maradona, el intercambio de mensajes comenzó temprano. "Buen día. Entiendo que estén molestos y disgustados por cuestiones vinculadas a mí. Pero no hice nada malo. Ni vendí un documental, ni hay operaciones o contratos con productoras, ni ninguno de los delitos que intencionalmente me atribuyen para ensuciar la cancha, porque claro que están negociando todo por atrás y el juicio, la legalidad y la verdad les importa poco y nada", escribió Makintach a las 7.15.Los mensajes de Makintach por WhatsApp continuaron. "Pido disculpas nuevamente y puedo que como colegas puedan cuidarme y resguardar la legalidad del debate entre los tres", fue el chat enviado por la jueza a las 7.18. En un momento, Makintach le contó a sus colegas que estaba reunida con Rafael Sal Lasri [exjuez Garantías de San Isidro], quien le aconsejó que no se le ocurriera excusarse. "Quisiera que lo pudieran escuchar", pidió. Di Tommaso le respondió: "Me parece que por ahora no es necesario. Y también creo que vos podés consultar con todos quienes consideres referentes. Por ahora estoy a la espera del paso de estos días. Prefiero estar a la prudencia". Savarino coincidió.Ese día, tras un pedido de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, el juicio se suspendió una semana para conocer el avance de la causa penal por el documental, a cargo de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo.El 21 de mayo, a las 17.20, con el juicio suspendido, Makintach escribió en el grupo: "Me arrepiento infinito. Pero no puedo volver el tiempo atrás, así que toca defenderme convencida de que no cometí ningún delito y que esa denuncia no es causal de recusación. Si con una denuncia remueven a un juez, entonces que elijan ellos quien los juzga".Seis minutos después, Savarino envió el siguiente mensaje: "Prefiero que nos juntemos el lunes. Mañana debo dedicarme a otras causas. Además, el martes que viene [el día que terminaba la suspensión del debate], tengo la lectura de una sentencia de un juicio unipersonal. Me parece prudente esperar hasta el lunes para juntarnos".A continuación Di Tommaso escribió: "Coincido con Maxi. De momento no hay nada nuevo en la causa. Esperemos a ver qué pasa en estos días".A las 17.40, Makintach mandó otro chat: "¡Lamento que estén pasando por eso por mi culpa! Mucho que aprender. Mucho. (espero tener la posibilidad de demostrarlo). Nos vemos el lunes. Quedo atenta a las novedades".El sábado 24 de mayo, la jueza sentada en el banquillo le mandó a sus compañeros de tribunal un link de una nota de LA NACION donde se mencionaba un escrito presentado en la causa penal por su amiga "la Negra" Aleman, donde negaba la producción de un documental y donde afirmó: "Solo era una entrevista en su rol de mujer y jueza". Y en el siguiente mensaje que escribió a las 12.02, sumó: "Sé que el lunes nos vamos a reunir. Pero quisiera ir mandándoles las novedades de la causa penal. Y las razones por las que no voy a aceptar la recusación. Lamento tanto todo esto. No me alcanza la vida para pedir perdónnnnnnn por dar lugar a todo esto. Ojalá el debate y las instituciones soporten este embate". El domingo 25 de mayo, los mensajes comenzaron antes de que amaneciera. Makintach envió al grupo de WhatsApp dos links de notas de Clarín en Infobae. Uno de los títulos anunciaba que la familia de Maradona iba a impulsar un juicio político contra ella. Entonces, a las 6.30, envió el siguiente texto: "Perdón. No me puedo dormir. Esta idea de un juicio político, no solo contra mí, sino contra ustedes también, indica la necesidad de juntarnos los tres para resolver esto juntos. Yo les aseguro que como tribunal podemos hacer frente a esto, pero necesito que me den esa oportunidad. Nos están coaccionando para que nos apartemos del juicio, buscan anularlo, a cualquier precio. Yo les juro que no hay delito ni causal para jury o recusación y que el juicio puede seguir con normalidad dentro de la sala de debate. Pero tenemos que resolverlo juntos los tres, no queda otra solución. Se podrán juntar hoy. Es muy urgente para frenar este disparate". A las 9.59 hubo otro mensaje de Makintach: "Sería sano y previsor que nos juntemos para definir qué postura va a tomar el tribunal. Estoy para acercarme al lugar que me digan en el horario que dispongan" y en otro texto agregó: "No hay delito, no hay irregularidad".A las 10.10, Di Tommaso respondió con un mensaje contundente: "Esto lo vi anoche [lo del jury impulsado por la familia de Maradona]. Una verdadera infamia, porque ni Maximiliano ni yo cometimos ningún acto cuestionable. Yo no estoy disponible, por temas personales. Además, no voy a hacer nada más que contraríe mi espíritu y hoy mi único interés es tener tiempo para clarificar las cosas. He respondido por educación. Y es todo cuanto tengo para decir".Ocho minutos después, Makintach escribió: "Gracias por la respuesta. Es TODO [las mayúsculas son originales del mensaje] una verdadera infamia. Tampoco YO cometí un acto cuestionable. ¡Solo acepté de buena fe dar una entrevista vinculada a la Justicia que pretendía difundir una imagen completamente contraria a la que está resultando (qué ironía!). No había promesas, privilegios, influencias, beneficios, plata, productoras, NADA irregular que pueda configurar un delito. Y después del primer día donde la filmación era permitida por Corte [bonaerense] a un contenido de YouTube visto por todos, cerró la entrevista y enfoque solamente en el juicio. ¿Es delito? ¿Cuál? ¿Cómo pone en duda mi imparcialidad?".Makintach continuó: "Les ruego mañana nos juntemos para definir la situación. No podemos ir improvisando frente a los claros mecanismos coactivos y difamatorios que están circulando. Tenemos que traer al eje del debate la muerte de Maradona y la imparcialidad del tribunal, que es lo que todos parecen olvidar. Lo último que digo y ya no los molesto más: la única solución a todo este escarnio público es continuar el debate, confiando en que el centro de atención volverá a Maradona y el juicio va a transcurrir con normalidad. Faltan cuatro meses aún. Hay mucho por andar y reparar si la Justicia me da esa posibilidad".Savarino y Di Tommaso respondieron recién el lunes. "Buen día. Estoy en juicio. Y al terminar me voy por temas personales", fue el mensaje enviado por la magistrada. El juez escribió: "No voy a reunirme hoy. Debo terminar una sentencia que se lee mañana, de juicio oral unipersonal".Ante las respuestas, Makintach dijo: "Ojalá mañana no se lleven puesto al tribunal por intereses oscuros, malintencionados. Solo de nosotros tres depende salvaguardar la justicia y la función judicial para que este debate continúe hasta el final. Es lo que espera el mundo. Es lo que merece la Justicia. Lamento haber dado pie para ponerla en riesgo".Finalmente, al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas contundentes sobre el proyecto Justicia Divina y después de que todas las partes (acusación pública y privada y las defensas recusaran a Makintach), la magistrada fue apartada del debate, y Savarino y Di Tommaso declararon el juicio nulo.Hoy Makintach enfrenta un jury que podría terminar con su destitución.
Se deben juzgar 540 hechos de presuntos pagos ilegales realizados por empresarios para acceder a contratos de obra pública; la expresidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la cabeza de la asociación ilícita que permitió estas maniobras. Leer más
La magistrada, acusada de anular el juicio por la muerte del astro deportivo, aseguró que "cree en las instituciones". En el jury, denunció a su colega Maximiliano Savarino por "falso testimonio". Leer más
La Cámara Federal de Casación convocó a los jueces del tribunal oral que realiza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por el caso de los Cuadernos de las Coimas para que hagan las audiencias al menos tres veces por semana, de manera presencial, y no por Zoom, y que no se tomen la feria judicial de verano.Así lo resolvieron los jueces que presiden cada una de las salas de la Casación junto con el presidente del cuerpo, Daniel Petrone. La idea de los jueces es apresurar el debate del caso de corrupción mas importante del país.Los magistrados están preocupados porque las audiencias se hacen solo una vez a la semana, los jueves y por Zoom. Recién a partir de marzo se sumaría otro día en la semana.Los camaristas ya habían tratado el asunto la semana pasada y hoy al mediodía volvieron a analizarlo. Si bien en el encuentro no definieron la modalidad de los cambios, fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que hay una mayoría que impulsa que las audiencias se hagan tres veces por semana, de manera presencial y sin feria judicial.Coincide esta decisión con el avance de las obras de la remodelación de la sala AMIA, donde entran 200 personas, que se podría inaugurar a fin de mes.Estaba previsto que la sala AMIA se inaugurara esta semana, pero se demoraron las reformas.Noticia en desarrollo
El máximo tribunal penal convocó a los jueces del TOF 7 para definir medidas que permitan avanzar con mayor rapidez en el proceso contra Cristina Kirchner y otros acusados, incluyendo la eliminación de la feria
La Justicia va confirmando que el megacaso de corrupción no es una "invención" como dice Tomás Gálvez
Federico "Fred" Machado no dejó que el tiempo corriera. Con su firma manuscrita, se declaró "no culpable" ante la Justicia federal de Texas y, de ese modo, rechazó la posibilidad de negociar una reducción de la pena con la fiscalía a cambio de entregar información o declarar contra terceros. Afrontará un juicio oral a todo o nada: saldrá libre o recibirá una condena de prisión efectiva por los cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa.Machado comunicó su decisión al juez federal Bill Davis tras acceder a la quinta y última ampliación de los cargos que la fiscalía presentó en su contra y que van en línea de los que afrontó su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien también se había declarado "no culpable" y terminó condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión en una cárcel federal.La decisión de Machado acota -o elimina- la posibilidad de que el empresario aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió, como la del diputado nacional por el oficialismo, José Luis Espert, y su interacción con otros dirigentes de ese mismo u otros espacios políticos.Todo indica que el juicio oral contra Machado será en 2026, avanzado el año. El 9 de enero es la audiencia previa al juicio, según el cronograma que dio a conocer la Justicia de Texas.Según consta en las pruebas que ya presentó en Texas la fiscalía, Machado transfirió al menos 200.000 dólares a Espert durante 2020, a través del Bank of America, que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones "further credit to" de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.En ese mismo expediente que tramita en Texas, identificado como "USA v. Mercer-Erwin et al", se describe cómo Machado y sus socios habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópterosMachado tenía plazo hasta las 16 horas del lunes 15 de diciembre para comunicar su decisión, sea por e-mail, fax o nota manuscrita, pero el empresario presentó un escrito junto a su abogado, Jamie Hoxie Solano, y puso fin con las especulaciones.Machado se encuentra ahora detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, tras ser extraditado la semana pasada desde la Argentina. Estuvo cuatro años bajo arresto domiciliario, mientras en la justicia local se tramitaba el expediente para definir si se lo deportaba a los Estados Unidos para ser juzgado.Mercer-Erwin, la socia de Machado, fue hallada culpable de los delitos de fraude y lavado de activos. Su sentencia representa una amenaza directa para el empresario, cuyo papel complementario -proveyendo el capital y los supuestos clientes vinculados al narcotráfico- fue esencial en la operación, según argumenta la fiscalía.
Medio siglo después, una de las garantías de la libertad de información se abre a debate por el proceso a un "particular", Alberto González Amador
Preska rechazó la moción de reconsideración de la orden del 17 de septiembre pasado.Burford y Eton Park solicitaron que aporte YPF aporte la data requerida en el litigio para investigar si la petrolera es un alter ego del Estado.Buscan identificar posibles activos para embargar y así cobrar la sentencia de US$ 16.100 millones más los intereses que se acumulan.
En el universo de los contratos de alquiler, el juicio de desalojo aparece como una herramienta legal que, aunque extrema, resulta indispensable cuando el vínculo entre propietario e inquilino se rompe. Pero ¿cuándo puede iniciarse este proceso? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un juez autorice el desalojo de un inmueble? Enrique Abatti, abogado especializado en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, ofrece una mirada precisa sobre los tiempos, requisitos y desafíos que implica esta instancia judicial."La falta de pago del alquiler es la causal más común de desalojo, pero también lo es la falta de pago de los accesorios del canon locativo, como las expensas, el ABL o los seguros", explica Abatti. Esta distinción no es menor: el canon locativo, definido en el artículo 1208 del Código Civil y Comercial, incluye tanto el alquiler puro como todos sus accesorios pactados libremente entre las partes. Por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera de esos rubros puede habilitar el inicio de un juicio de desalojo o incluso de ejecución.Así está la tabla de precios de la construcción en noviembre 2025El alquiler puro, por su parte, está definido en el artículo 1187 del mismo código y se refiere solo al precio de la locación. Según la ley, para que proceda el juicio de desalojo por falta de pago deben transcurrir dos meses consecutivos de mora. Sin embargo, como aclara Abatti, "eso no es de orden público, por lo tanto puede pactarse en el contrato que con un solo mes de mora ya se habilita el juicio. Incluso si la mora no es consecutiva, también puede ser causal de desalojo, siempre que esté expresamente pactado".Otra causal frecuente es el vencimiento del contrato. En muchos casos, el inquilino se niega a restituir el inmueble una vez finalizado el plazo pactado, lo que obliga al propietario a iniciar el proceso judicial. "Es una posición muy cómoda para el inquilino, sobre todo si el fiador se insolventó. Y más aún cuando los juicios de desalojo están demorando entre un año y un año y medio, por razones de mal funcionamiento de la Justicia y por la postura garantista de muchos jueces", advierte Abatti.Esta lentitud judicial tiene efectos colaterales: desalienta el cumplimiento de los contratos y perjudica a los inquilinos cumplidores. "Es como en las compañías de seguros: cuanto mayor es el riesgo, más requisitos se exigen. Por eso hoy los propietarios piden más meses de depósito o incluso pagos por adelantado, algo que antes estaba prohibido en la locación de vivienda", señala el abogado.Las nuevas joyas porteñas: las avenidas que eran "el patito feo" del barrio y hoy son muy demandadas para vivirEl nuevo escenario legal, marcado por el DNU 70/23 vigente desde diciembre de 2023, habilita una libertad contractual absoluta. Ya no existe un plazo mínimo legal para los contratos de vivienda â??antes era de tres años con la ley sancionada en 2020 y derogada a fines de 2023â?? y se permite pactar depósitos por año de locación o pagos adelantados sin límites. "Yo aconsejo un mes de depósito por cada año de contrato. Si es por dos años, dos meses. Y que se devuelva conforme al último mes de alquiler vigente, no al valor histórico", recomienda Abatti.Además de la falta de pago y el vencimiento del contrato, existen otras causales de desalojo expresamente previstas por la ley: la cesión del contrato o la sublocación cuando están prohibidas. "La regla general es que la sublocación y la cesión están permitidas, pero el 99% de los contratos las prohíbe. Si están prohibidas y se incumple esa cláusula, también es causal de desalojo", aclara el abogado.El sistema federal argentino agrega otra capa de complejidad: cada provincia tiene su propio código procesal. "Por ejemplo, Mendoza tiene el procedimiento más célere del país. Allí, por falta de pago o vencimiento de contrato, podés desalojar en menos de seis meses", destaca Abatti.¿Cuáles son los barrios de zona norte que más aumentaron las propiedades en octubre de 2025?Otro punto clave es lo que ocurre cuando el contrato vence y el inquilino se niega a entregar el inmueble, aun habiendo pagado hasta el último mes. En ese caso, ya no se trata de alquileres impagos, sino de "ocupación extemporánea", es decir, fuera del plazo contractual. "Ahí corresponde un juicio por daños y perjuicios, que es distinto al juicio por cobro de alquileres. Y si se dan ambas situaciones â??deuda y ocupación posterior al vencimientoâ??, hay que iniciar dos juicios: uno ejecutivo por los alquileres adeudados y otro de conocimiento por los daños y perjuicios", explica Abatti.Este segundo juicio es más complejo, ya que requiere probar el perjuicio económico, el valor locativo de plaza y otros elementos. Sin embargo, puede simplificarse si el contrato incluye una cláusula penal que fije un monto determinado por mes de ocupación indebida. "Si el contrato dice que en caso de ocupación extemporánea el inquilino deberá pagar, por ejemplo, US$200 por mes, eso se ejecuta como si fuera un alquiler. Es rapidísimo", asegura.La conclusión de Abatti es tajante: "El secreto para el éxito de un juicio de desalojo es un contrato bien redactado. Un contrato mal hecho te perjudica el juicio". En un contexto de libertad contractual y lentitud judicial, la claridad en los acuerdos y la previsión de escenarios conflictivos se vuelven herramientas esenciales para proteger los derechos de ambas partes.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó hoy la moción que había presentado YPF para evitar presentar información en el proceso que impulsan los fondos demandantes para cobrar la sentencia de primera instancia. El Estado fue condenado a indemnizar a las partes con el pago de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.Si bien el juicio fue apelado, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, en Estados Unidos una sentencia no queda automáticamente suspendida cuando se apela. El juez debe decidir si otorga o no esa suspensión. Los fondos Burford -quien compró el derecho a demandar en la quiebra de las empresas Petersen- y Eton Park solicitaron cobrar de inmediato el fallo. Como la Argentina se negó, las partes iniciar un proceso para averiguar qué activos nacionales se pueden embargar, en lo que se conoce en la jerga financiera un discovery (descubrimiento). En términos técnicos, significa identificar cuáles son su "alter ego", expresión utilizada para señalar que dos entidades son lo mismo. Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por YPF, que buscaba revertir la orden del 17 de septiembre en la que se le había denegado intervenir en el caso de Petersen/Eton Park vs. República Argentina."El tribunal reafirmó que YPF no puede intervenir ni frenar la etapa de ejecución y ratificó que los demandantes pueden avanzar contra los activos de YPF bajo el modelo Crystallex, es decir, ejecutando contra el Estado argentino y buscando embargar los bienes de su empresa estatal una vez demostrada la relación de alter ego", dijeron fuentes allegadas a los fondos demandantes.De esta manera, la jueza confirmó la orden a YPF de entregar información clave para que los demandantes puedan investigar si la empresa es un alter ego del Estado argentino."Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre", dictó Preska el 9 de octubre. Las "comunicaciones fuera de canal" a las que se refirió la jueza son correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.Días atrás, la Argentina presentó una manifestación de querer colaborar con la Justicia estadounidense en la entrega de esta información. "Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo", señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de los 35 funcionarios y exfuncionarios no trascendió hasta el momento.Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ese escrito presentado no implica que el Gobierno vaya a entregar chats, sino a intermediar para que 35 funcionarios y exfuncionarios brinden su consentimiento y remitan la información -de carácter privada- solicitada por la Justicia estadounidense. Esta jugada de la Argentina persiguió el objetivo de no entrar en desacato.La resolución de la cuestión de fondo también se encuentra en suspenso (la apelación de la Argentina contra el fallo de primera instancia). Casi 15 días atrás se desarrolló una audiencia en Nueva York, en la que los defensores del país y sus demandantes cruzaron argumentos para dar vuelta el fallo de Preska, en el caso argentino, y para mantenerlo, en el caso de los demandantes."Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino", lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Burford y Eton Park), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: "La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso".Estos textuales reflejan las posiciones y todo lo que está en juego en la apelación solicitada por la Argentina: en caso de tener éxito el recurso del país, puede revertirse la sentencia que lo obliga a pagarle a sus demandantes US$16.100 millones, más intereses.
Es un desprendimiento del expediente donde fue condenado en juicio abreviado Francisco Scudieri. La investigación estuvo a cargo del fiscal Gavier. El juicio debe realizarse en la Cámara 10a. del Crimen. Leer más
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un planteo de un querellante y ratificó la decisión de llevar adelante el proceso en Santa Cruz. El debate oral comenzará el 3 de marzo de 2026
Alejandro Gil fue vice primer ministro, ministro de Economía y Planificación, y muy cercano al presidente Díaz-Canel. Fue echado en febrero del año pasado y encarcelado. Está acusado de once delitos, entre ellos malversación, falsificación de documentos y tráfico de influencias.
La Cámara Federal de Casación ratificó que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de 44 marinos, se realizará en Santa Cruz.El máximo tribunal penal rechazó por inadmisible un recurso extraordinario para que el juicio pasara a Mar del Plata, presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y representante, además, de otras víctimas.La decisión fue de los jueces de la Sala IV Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El Tribunal Federal de Santa Cruz ya fijó fecha para iniciar el debate en marzo 2026."Es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones que deciden sobre cuestiones de competencia cuando, como en el caso, no media denegatoria del fuero federal no son susceptibles de ser impugnadas por la vía del recurso extraordinario federal", dijeron los camaristas.Señalaron además que "es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión", cuestión que -sostuvieron- no se verifica en el caso. En la causa se encuentran elevados a juicio el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.Están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La etapa de instrucción se realizó en el juzgado federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, que era el tribunal que tenía competencia sobre el lugar donde el buque hizo contacto por última vez. La jueza Marta Yáñez elevó la causa a juicio y quedó radicado en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el único existente en la provincia.El jueves 4 de diciembre de 2025, a las 9, se realizará una audiencia preliminar en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, ya que el Aeropuerto de Río Gallegos se encuentra temporalmente cerrado.El tribunal fijó el cronograma para la realización del juicio oral y público y prevé que se extienda por cuatro meses (desde el 3 de marzo hasta el 8 de julio de 2026) con audiencias fijadas de lunes a jueves.
El contenido de una serie de mensajes privados se convirtió en un elemento central del proceso de enjuiciamiento que enfrenta la jueza Julieta Makintach. Las comunicaciones, que tuvieron lugar en las primeras jornadas del anulado debate por la muerte de Diego Maradona, exponen las interacciones entre la magistrada y sus pares del tribunal. Estos chats entre la jueza y sus colegas Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, forman parte de la evidencia en el jury que podría determinar su futuro en la carrera judicial.Qué dicen los chats entre la jueza Julieta Makintach y sus colegasLos intercambios ocurrieron el lunes 17 de marzo pasado, antes del inicio de la tercera audiencia del juicio. Se desarrollaron en un grupo de chat denominado "Juicio DAM", integrado por los tres magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3. La conversación la inició la jueza Di Tommaso a las 11:55."Buenos días. Me habló Klass y me preguntó por el tema de la cámara que autorizó July. Estuvimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero si ustedes pueden me avisan y hago un cuarto intermedio para no demorarnos mañana antes de la audiencia. July, si tenés una autorización de la Corte, por favor, mostránosla, así se agrega a la causa y evitamos problemas", escribió Di Tommaso.El mensaje hacía referencia a Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La cámara en cuestión pertenecía al equipo de producción de Justicia divina, el documental que contaba con la participación de Makintach.Cuatro minutos después, a las 11:59, la jueza Makintach respondió: "Hoy no puedo" y "Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba". A las 12:01, continuó: "Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedé a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de no tener problemas. ¿Alguna presentación o algo del juicio que tengamos que atender?".A las 12:07, la magistrada agregó una aclaración: "Y agrego, para que se queden tranquilos. Desde ya que no los filman a ustedes. Ni van a filtrar prueba. Le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna".Maximiliano Savarino, presidente del tribunal, intervino a las 12:11 para tratar un asunto del proceso judicial, sin mencionar la cámara. "Por ahora no presentaron nada. Cualquier cosa estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado [Ricardo] Almirón de lo que se resolvió el viernes [14 de marzo] y dejó constancia de que recibió conforme", detalló. Di Tommaso cerró el intercambio seis minutos más tarde: "Mañana lo vemos, sigo en juicio".El jury de enjuiciamiento y el pedido de destituciónEl jury contra Makintach comenzó el jueves pasado en La Plata. Durante la apertura del proceso, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, adelantó que pedirá la destitución de la jueza. "Esta acusación pretende demostrar que la magistrada, en su calidad de jueza, decidió personalmente participar en un video, en un proyecto audiovisual sobre el juicio en el que juzgaba la responsabilidad de hombres y mujeres vinculados presuntamente a la muerte de Diego Maradona, con el fin de explotarlo comercialmente", sostuvo Duarte ante el jurado.En esa misma audiencia, Makintach pidió la palabra y expresó su arrepentimiento. "Quería dar la mejor imagen de la Justicia. Cumplí mi rol de jueza desde el minuto uno del juicio. Nunca imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Fue todo lo contrario a lo que yo buscaba", afirmó. La magistrada concluyó con una disculpa pública: "Pido perdón por cómo dañé la imagen de la Justicia".La dura respuesta de Savarino y Di TommasoLa postura de los otros dos jueces del tribunal quedó de manifiesto el 27 de mayo pasado, día en que se declaró nulo el juicio por la muerte de Maradona. Savarino fue contundente: "El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos, salvo por una persona, la persona que fue apartada". El presidente del tribunal calificó la filmación como una "cámara oculta" y negó cualquier conocimiento previo. "Fuimos filmados por una cámara oculta. Es una infamia decir que yo sabía, que vi a alguien grabando en la primera audiencia", declaró.Por su lado, la jueza Di Tommaso también emitió un fuerte descargo. "Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha", expresó. Sus palabras provocaron el llanto de Dalma y Gianinna Maradona, presentes en la sala. La magistrada defendió su trayectoria profesional. "Yo soy la primera profesional de mi familia. Mis padres hicieron un esfuerzo gigante para que yo fuera a la universidad pública. No soy hija de ningún funcionario, no soy hija de nadie, sobrina de nadie", dijo en una clara alusión al trasfondo familiar de Makintach, hija de un histórico juez de San Isidro.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.
LONDRES.- El presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó este lunes por lo que calificó como un "error de juicio" tras la difusión de un documental que contenía una edición engañosa de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.El episodio, que generó una ola de críticas, provocó las dimisiones de dos altos ejecutivos y derivó además en una amenaza legal de Trump contra la cadena pública, desató una profunda crisis en la corporación británica, ya bajo escrutinio por su cobertura de temas sensibles como la guerra en Gaza y las cuestiones de identidad de género.Shah reconoció ante una comisión parlamentaria que la edición del discurso de Trump -emitida en el programa Panorama, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024- dio una impresión "falsa" y que el montaje "debió manejarse con más cuidado".En una carta dirigida al Comité de Cultura, Medios y Deportes, el presidente admitió que el material alterado "podía interpretarse como un llamado directo a la acción violenta", algo que no se correspondía con las palabras reales del mandatario. "El compromiso de la BBC con la imparcialidad es absoluto", escribió Shah, agregando que la cadena trabaja para "restaurar la confianza pública y asegurar que su periodismo cumpla con los más altos estándares editoriales".Según explicó, el asunto había sido revisado internamente a comienzos del año, pero no se habían adoptado medidas formales hasta ahora. En su carta, Shah prometió "reforzar" el control del cumplimiento de las normas editoriales del grupo. "La BBC ha aprendido de este caso", aseguró. "Nuestro deber es garantizar que errores como este no vuelvan a ocurrir".La BBC confirmó que recibió una carta legal del presidente estadounidense amenazando con iniciar acciones judiciales contra la cadena por "difamación y manipulación intencional" de su discurso. Según medios británicos, el equipo legal de Trump acusa al canal de haber "fabricado pruebas visuales" que dañaron su reputación internacional.No sería la primera vez que el mandatario acude a los tribunales contra la prensa: en su segundo mandato ya demandó a varios medios estadounidenses â??entre ellos The Washington Post y CNNâ??, aunque varios de esos casos fueron desestimados por la justicia.El polémico montaje de Panorama unió dos fragmentos distintos de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington. En la edición final, el discurso parecía incluir una exhortación directa a "luchar como demonios" y marchar hacia el Congreso, cuando en realidad el entonces presidente había dicho: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes". La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro pasaje del discurso, no relacionado con ese contexto.El informe interno que detectó el error fue redactado por Michael Prescott, un antiguo asesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC. En el documento, Prescott apuntó que había alertado a los responsables de la división de estándares, quienes, según él, negaron en su momento que se hubiera producido una violación de las normas.El escándalo llevó el domingo a las dimisiones del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness. En un mensaje interno, Davie afirmó que "la BBC funciona bien" pero reconoció que "se han cometido errores" por los que debía asumir la responsabilidad.Turness, por su parte, rechazó las acusaciones de parcialidad institucional y defendió al canal: "BBC News no está sesgada. Por eso seguimos siendo el proveedor de noticias más confiable del mundo", declaró a periodistas frente a la sede londinense del grupo.Ola de críticas políticasEl caso desató una ola de críticas políticas. La presidenta de la comisión parlamentaria, Caroline Dinenage, exigió explicaciones y consideró que "la BBC debe ser ejemplar frente al auge de la desinformación". Desde el gobierno, un vocero oficial expresó el apoyo del Ejecutivo a una "BBC fuerte e independiente", que desempeña un "papel vital en la era de la desinformación", aunque subrayó que la emisora "debe mantener una alta calidad y corregir rápidamente sus errores".I've written to Keir Starmer, Kemi Badenoch and Nigel Farage urging them to condemn Donald Trump's attack on the BBC.The BBC belongs to Britain, not Trump. We must defend it together. pic.twitter.com/MBexY9ZM1x— Ed Davey (@EdwardJDavey) November 10, 2025En la oposición, la conservadora Kemi Badenoch habló de "un catálogo de graves fallos" y el líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió "una reforma total y radical" del grupo público. En tanto, el líder liberal demócrata Ed Davey instó al primer ministro laborista Keir Starmer a defender a la BBC frente a los ataques de Trump y sus aliados: "Es fácil entender por qué Trump quiere destruir la fuente de información número uno del mundo. No podemos permitir que lo haga", escribió en la red X.El propio Trump, en su red social Truth Social, celebró las dimisiones y arremetió contra los "periodistas corruptos e inmorales" de la BBC, en línea con sus ataques habituales a los medios tradicionales.La controversia sobre Panorama se suma a una serie de cuestionamientos por supuesta falta de neutralidad en la cobertura de temas internacionales. En octubre, el regulador de medios británico ya había reprendido a la cadena por "infringir normas de emisión" en un reportaje sobre Gaza, en el que el narrador era el hijo de un alto funcionario de Hamás.La crisis llega en un momento delicado para el grupo audiovisual, financiado mayormente por una tasa anual de 174,50 libras (unos 229 dólares) que pagan más de 22 millones de hogares británicos, lo que representa alrededor de 3800 millones de libras (unos 5000 millones de dólares) al año.Agencias AFP y Reuters
FORES manifiesta su seria preocupación por el modo en que se desarrolla uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas, vinculado a los hechos de corrupción que conmocionaron al país. La causa que expuso el funcionamiento de una red sistemática de pagos ilegales entre funcionarios y empresarios ha llegado finalmente a juicio oral. Sin embargo, su dinámica amenaza con transformarlo en un procedimiento interminable.No resulta aceptable que un juicio de semejante trascendencia avance con una frecuencia intermitente, sesiones esporádicas y audiencias espaciadas por semanas. La sociedad no puede esperar años para conocer una sentencia en un caso que compromete la confianza pública en las instituciones y el principio de igualdad ante la ley.La solución no requiere reformas complejas ni recursos extraordinarios. Basta con aplicar criterios elementales de organización y prioridad institucional: audiencias presenciales, desarrollo diario del debate y planificación continua del proceso. Lo que en cualquier sistema judicial moderno sería una práctica ordinaria, aquí se presenta como una dificultad estructural. El problema no radica en la falta de estructura, sino en la falta de decisión para aplicar con eficacia y previsión la que existe aun cuando no sea la ideal.A ello se suma una situación estructural que agrava el problema: la alta cantidad de vacantes judiciales en todo el país, que genera sobrecarga de trabajo, ralentiza los procesos y debilita la capacidad de respuesta del sistema. Una justicia con tribunales incompletos no puede garantizar plazos razonables ni calidad institucional.FORES sostiene que la celeridad y la continuidad procesal son componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Un juicio oral debe desarrollarse en forma concentrada, pública y sin interrupciones injustificadas. La demora excesiva no solo posterga una sentencia: diluye la verdad y degrada el valor del proceso judicial.El país no necesita nuevas leyes para juzgar con eficacia, sino un sistema liderado por personas que no especulen políticamente y lo hagan funcionar todos los días. Porque la justicia que se interrumpe, se posterga o se administra a tiempo parcial ya no es justicia.