La audiencia no contó con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni de su defensa, el abogado penalista Jaime Granados
El cantante enfrenta acusaciones por amenazas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento por hechos ocurridos en 2023. Leer más
En 2023, el exfutbolista se quejó porque la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, actualmente vinculada con Andrés Hurtado, removió de sus cargos a las magistradas que llevaban su caso contra la 'Urraca'
Hay siete acusados de homicidio simple con dolo eventual y dos imputados por ser partícipes secundarios. Los detalles del caso marcado por un "ritual de iniciación". Leer más
El club inglés anunció que salió airoso en el inicio de la batalla legal por las 115 violaciones que pesaban en su contra.
Los más chicos se convierten en jueces de los platos más originales en este reality. Son 8 capítulos y duran menos de 1 hora cada uno.
Los acusados son un ingeniero agrónomo y dos aplicadores por esparcir agrotóxicos cerca de una escuela. El cuarto implicado, en otro hecho, fue un productor que cultivaba soja
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A poco de que comience el juicio por daños agravados y crueldad hacia los animales, la jueza penal de Rawson autorizó medidas para preservar la colonia de pingüinos en Punta Tombo - Punta Clara, en la provincia de Chubut. La fiscalía considera que Ricardo La Regina (acusado de violentar a los pingüinos en 2021) podría intentar alterar las condiciones de la colonia antes del juicio.El pedido lo hizo la fiscal jefe de Rawson, María Florencia Gómez. La medida cautelar impone restricciones al imputado: se realizarán sobrevuelos controlados por técnicos de drones para asegurar la protección de la fauna, del lugar y de las pruebas de cara al debate, que comenzará el 28 de octubre próximo.Actualmente, la colonia de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo atraviesa la época reproductiva, por lo que hay una alta densidad de nidos en la zona. "Las medidas tienen como objetivo evitar cualquier perturbación y disturbio que pueda afectar la estadía de los pingüinos en la colonia de Punta Clara, debido a los antecedentes de crueldad hacia los animales que involucran al imputado Ricardo Adolfo La Regina", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal chubutense.Tras argumentar que el imputado podría intentar alterar las condiciones de la colonia antes del juicio, la fiscalía solicitó que se le impida intervenir en el área por un período de 60 días o hasta que el tribunal pueda inspeccionar el lugar.Además, se propuso el monitoreo de toda la zona afectada (especialmente sobre el predio que administra La Regina) mediante drones, medida que fue autorizada por la jueza penal Karina Breckle para llevarse a cabo sin violar la privacidad del acusado.La operación de los drones estará a cargo del piloto Kevin Zaouali, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut. Las grabaciones serán conservadas bajo cadena de custodia hasta el inicio del juicio.En su pedido, la fiscalía advirtió que cualquier alteración del entorno podría afectar el resultado del proceso penal, ya que uno de los puntos clave a debatir es la cantidad de ejemplares presentes en la zona afectada.El hechoLa masacre de cientos de nidos de crías de pingüinos arrasados por una topadora que ahora llega a juicio ocurrió entre agosto y noviembre de 2021. La Regina es el dueño del campo La Perla y único imputado por el hecho. Según la acusación, actuó sin autorización administrativa sobre impacto ambiental: usando una retroexcavadora, produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre la fauna y la flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo.Según la acusación, el propietario podría ser considerado responsable de masacrar a 105 ejemplares de pingüinos de Magallanes y de arrasar 292 nidos, aplastando huevos y pichones.La Regina quería trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su propiedad. Entre agosto y noviembre de 2021, el imputado habría avanzado con la topadora sobre el trayecto de la franja e instalado un alambrado de seis hilos al que habría anexado un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar. El aparato habría impedido el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos.Ahora, la jueza autorizó tanto las medidas de vigilancia como la notificación formal al acusado para garantizar que se cumpla con la prohibición de acceso a la colonia, preservarla y que se resguarde la prueba para el juicio.
El tribunal de Aviñón habilitará la exposición de la imágenes de los abusos sexuales hacia Gisèle Pelicot. Fue a pedido de la víctima, quien dio marcha atrás con oponerse a la difusión del material.
AVIÑÓN.- El público y la prensa podrán ver los videos y fotografías de las violaciones a Giséle Pelicot en Francia, autorizó este viernes el presidente del tribunal, dando marcha atrás a una decisión anterior a la que se oponía la víctima.Desde el 2 de septiembre, el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, juzga a 51 hombres por violar, en su mayoría, a esta mujer de 71 años, entre ellos su marido Dominique Pelicot que -previo a los abusos- la drogaba para dormirla.Los videos e imágenes de las agresiones sexuales, que el marido grabó durante una década, fueron claves para identificar al resto de acusados que se enfrentan a hasta 20 años de prisión en este juicio, que dio la vuelta al mundo.Aunque en un primer momento el tribunal mostró las imágenes en presencia de la prensa y del público que sigue el juicio en una sala anexa, hace dos semanas dio marcha atrás debido al carácter "indecente y chocante" de las imágenes.Pero Giséle Pelicot, que al inicio del juicio se opuso a que éste se celebrara a puerta cerrada para que "la vergüenza cambie de bando", rechazó, a través de sus abogados, que las imágenes se proyectaran únicamente en presencia de los acusados, partes civiles, abogados y magistrados."Victoria", calificaron este viernes sus abogados después que el presidente del tribunal, Roger Arata, anunciara el cambio de decisión tras un debate de dos horas sobre el tema y una deliberación de 90 minutos de los jueces."Para Giséle Pelicot, ya es demasiado tarde, el mal está hecho", pero, si la difusión de las imágenes "permite evitar que otras mujeres pasen por lo mismo, entonces, encontrará un sentido a su sufrimiento", aseguró su abogado Stéphane Babonneau."No será sistemática"Varios abogados de los acusados se opusieron con fuerza a la difusión pública dentro del tribunal. En Francia, los juicios no se retransmiten por televisión y sólo puede conocerse su contenido asistiendo como público o a través de las crónicas en prensa."La justicia no necesita esto. ¿Qué sentido tienen estas proyecciones nauseabundas? Tuvimos derecho a una proyección del primer caso. ¿No bastaba con una?", defendió en vano el letrado Olivier Lantelme, que defiende a uno de los acusados que reconoce los hechos.Los videos "hacen que se derrumbe la teoría de una violación por accidente", demuestran que "se trataba de degradar, humillar, ensuciar, de una cuestión de odio hacia las mujeres", subrayó Antoine Camus, el otro abogado de la víctima.El presidente del tribunal indicó que la difusión "no sera sistemática", es decir que las imágenes y videos no se mostrarán de manera constante o en cada ocasión, sino que su proyección será limitada a situaciones específicas; sólo tendrá lugar cuando se necesite para lograr la verdad y lo solicite una de las partes.Agencia AFP
La Fiscalía pide para el agente una multa de 3.600 euros por un presunto delito leve de homicidio por imprudencia menor grave
La líder opositora aseguró que estos jóvenes "solo reclamaron su derecho a ser libres" y llamó al pueblo entero a unirse en su reclamo por la excarcelación del grupo
Tres años después de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en medio de un rodaje, quedó confirmado en las últimas horas el estreno mundial de Rust, la película en cuya producción se desencadenó la tragedia. El film protagonizado y producido por Alec Baldwin tendrá su primera proyección pública a fines de noviembre en el Festival Internacional de Cine Camerimage, que se realiza cada año en Polonia.Hutchins murió el 21 de octubre de 2021 tras recibir un impacto accidental de bala de un arma de utilería que Baldwin manipulaba a corta distancia de la víctima durante el ensayo de una escena. Todos creyeron en ese momento que el Colt. 45 empuñado por el actor tenía balas de fogueo, pero de allí salió un proyectil de plomo que mató a la directora de fotografía e hirió al realizador Joel Souza, quien pudo recuperarse. Hutchins falleció camino a un hospital de Nuevo México próximo al lugar en el que desarrollaba el rodaje de Rust, un film de bajo presupuesto ambientado en los tiempos del Lejano Oeste.La carrera de Baldwin, a partir de ese momento, entró en un cono de sombras. Fue acusado de homicidio culposo y quedó expuesto a una pena máxima de 18 meses en prisión. Pero el juicio contra el actor fue anulado en julio pasado por deficiencias procesales cuando se realizaba la tercera jornada de audiencias y el jurado ya había sido designado. Todas las acusaciones fueron desestimadas luego de que la corte accediera a un pedido de los abogados del actor, que cuestionaron a la fiscalía por ocultar de manera deliberada una prueba clave. Baldwin lloró al conocer la decisión de la jueza Mary Marlowe Summer, pero nunca pudo recuperar el alto perfil y el status de estrella que tenía antes del episodio.Ya se confirmó que Baldwin no estará presente en el estreno mundial de Rust, seleccionada este año en la programación de un festival de cine que se especializa en el reconocimiento de los méritos en materia de fotografía de los films que allí se exhiben. Tras la proyección inaugural habrá una mesa redonda de la que participarán Souza, Stephen Lighthill (mentor de Hutchins durante su etapa de estudiante en el American Film Institute) y Bianca Cline, la directora de fotografía que completó el trabajo iniciado por su colega."Los tres hablarán sobre los acontecimientos que marcaron el rodaje de la película y darán precisiones acerca de cómo logró terminarse la película después de la muerte de Halyna y de qué manera logró preservarse su visión artística. Ese compromiso resultó muy desafiante para todo el equipo y fue clave para quienes cumplieron con la tarea de completar su trabajo", señaló un comunicado oficial de Camerimage, festival que se realiza todos los años en Torun (Polonia).Los organizadores dijeron también que la memoria de Halyna Hutchins abrirá durante el festival dos espacios de debate, uno sobre el lugar que ocupan hoy las mujeres que se dedican a la fotografía en el cine y otro acerca de las normas de seguridad en los sets de filmación. La tragedia impuso una serie de cambios y discusiones profundas, que todavía continúan, alrededor del uso de armas de fuego durante los rodajes para proteger la integridad de los actores y del equipo técnico y artístico.La primera demanda formal fue planteada pocos meses después de la tragedia por los familiares de Hutchins, que acusaron de negligencia a los responsables del film y pidieron elevar a juicio esa causa. Hasta que, sorpresivamente, en octubre de 2022, las partes llegaron a un acuerdo y el rodaje pudo seguir. La película se terminó lejos de Nuevo México (se mudó a Montana) y sumó al propio viudo de Hutchins como uno de sus productores ejecutivos.Algunos de los integrantes del equipo de Rust enfrentaron a su vez cargos penales. El primer asistente de dirección Dave Halls se declaró culpable de negligencia en el manejo de un arma de fuego y cumplió una pena de seis meses en libertad condicional. Peor la pasó Hannah Gutierrez-Reed, la encargada de las armas utilizadas en la película, a quien un jurado declaró culpable de homicidio involuntario y cumple actualmente una pena efectiva de 18 meses de cárcel. El 1° de octubre, la misma jueza que desestimó los cargos contra Baldwin confirmó esa condena y denegó el pedido de la acusada para iniciar un nuevo juicio. Dijo que las pruebas que la fiscalía había ocultado en medio de la acusación contra el actor no se aplicaban a su caso.La historia de la que habla la película Rust está ambientada en el territorio de Wyoming, al norte de Estados Unidos, durante la década de 1880. El personaje de Baldwin queda expuesto a un incómodo paralelismo entre ficción y realidad porque interpreta a un hombre maduro que se ve obligado a escapar tras ser condenado a la horca por el asesinato accidental de un terrateniente local. Lo acompaña su nieto de 13 años (Patrick Scott McDermott), obligado a valerse por sí mismo porque perdió a sus padres.El festival Camerimage se realizará entre el 16 y el 23 de noviembre y tuvo a Quentin Tarantino, David Lynch, Alfonso Cuarón, Ang Lee, Wim Wenders, Ken Loach y el local Andrzej Wajda entre las muchas figuras que resultaron premiadas allí a lo largo de casi tres décadas. Este año, el jurado de la competencia oficial estará presidido allí por la actriz australiana Cate Blanchett.
La Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte, dio un fuerte respaldo al avance de la causa de los cuadernos de las coimas hacia el juicio oral, al rechazar un pedido de Cristina Kirchner para anular su elevación a juicio en la causa, un planteo de Cristóbal López contra la confesión de un arrepentido y otro recurso de un empresario procesado.Así las cosas, la Sala III de la Casación con los votos mayoritarios de los jueces Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, decidió rechazar los recursos de Cristina Kirchner, de Cristóbal López y del empresario Mario Rovella. El juez de la Casación Carlos Mahiques votó en disidencia.La sentencia es un respaldo para el avance del caso hacia el juicio oral y público. La causa está en el tribunal oral federal N° 7 a cargo de los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que dispusieron una seria de medidas de prueba complementarias, incluido un peritaje sobre los cuadernos de las coimas, antes de iniciar el juicio oral.El caso de los cuadernos de las coimas se descubrió merced a una investigación de LA NACION y Cristina Kirchner allí es la principal acusada. La causa se basa en las anotaciones que realizó en cuadernos el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, con los viajes que realizaba con funcionarios a diversas empresas donde recogían bolsos con dinero y los llevaban a dependencias públicas a casas privadas, como el departamento de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Allí lo recibía Daniel Muñoz, su secretario privado fallecido, con una fortuna de más de 70 millones de dólares invertidos en los Estados Unidos.En ese caso algunos empresarios declararon como arrepentidos en la instrucción del caso ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y admitieron haber pagado y recibido pagos para mantener sus contratos de ora pública.Ahora, con el caso cerca de la instancia oral, los acusados, que son más de 160 están planteando diversos recursos para frenar el juicio o evitarlo.Uno de esos recursos lo planteó Cristina Kirchner contra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7 que rechazó su planteo para anular el requerimiento de elevación a juicio del fiscal, el auto de elevación a juicio del juez y todos los actos posteriores, en cuanto a las acusaciones de cohecho pasivo. La defensa planteó un recurso de Casación que fue rechazado y ahora presentó una queja, también rechazada.Los jueces dijeron que su defensa "no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad" del recurso, ya que el fallo que atacó no es una sentencia definitiva o equiparable. Dijero los jueces que "las decisiones que admiten o deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictiva".Dijeron que tampoco se acreditó una cuestión federal "de entidad suficiente" ni otra circunstancia que habilite la competencia de la Casación. "En consecuencia, corresponde rechazar la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas", dijeron los jueces.La misma resolución le dieron al planteo de Cristóbal López. El empresario cuestionó la decisión del tribunal oral que planteó la nulidad de la declaración del arrepentido Ernesto Clarens, un financista que admitió que recaudaba los sobornos de los empresarios que se descontaban de los anticipos de obra y explicó como funcionaba la maniobra.Lopez reclamó la nulidad de la declaración de Clarens, de la citación a prestar declaración indagatoria, su procesamiento, el requerimiento de elevación a juicio y el auto de elevación a juicio, todo basados en ese relato. porqué dijo que constituyen "frutos del árbol venenoso'", es decir arrastran la nulidad inicial.Contra ese fallo del tribunal oral que rechazó al nulidad, la defensa de López interpuso un recurso de Casación que fue rechazado y otra una queja, que también fue rechazada por dos votos, de Yacobucci y Hornos, contra uno de Mahiques, como en el caso anterior. Los argumentos son similares a los esgrimidos ante el planteo de la defensa de Cristina Kirchner.Y en el caso de Mario Rovella, el empresario planteó un recurso contra el fallo que rechazó su sobreseimiento ante lo que entendió que no se trataba de ningún delito. Rovella admitió entregas de dinero a Clarens, pero al mismo tiempo firmó un acta ante un escribano donde señaló que estaba obligado a declarar así para que Bonadio no lo encarcelara.Sus argumentos fueron rechazados por los tres jueces. La Casación ahora dijo que no admite ese recurso porqué no se dirige contra una sentencia definitiva y porqué además "las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal a quo, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad".
Todo indica que la chica de 21 años que alardeaba de ser la "Toretto" el personaje de la saga cinematográfica de Rápidos y Furiosos, seguirá presa hasta que se realice el juicio oral que la tendrá en el banquillo acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Rubén Armand en un cruce del centro de La Plata. La Cámara de Apelaciones y Garantías de la capital provincial rechazó la pretensión de la defensa de que Felicitas Sofía Alvite siga atada al proceso, pero en condición de detención domiciliaria, y dejó firme su prisión preventiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual, por el que podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel. Dos de los tres jueces de la Cámara coincidieron en que los peritajes psicológicos y psiquiátricos a los que fue sometida la joven revelan en ella un estado de ansiedad e impulsividad que constituyen "una estructura de personalidad o de ciertos rasgos que, en lo que cuenta, se avizoran en principio poco contributivos respecto de la morigeración pretendida que representa un ámbito de menor injerencia y control estatal, más allá de los reaseguros que puedan disponerse". No obstante, dejaron entreabierta la puerta para que en un "corto mediano o largo plazo", la continuidad de la asistencia profesional y terapéutica en materia de salud mental posibilite constituir un contexto que permita a la Justicia ofrecerle "un mecanismo menos oneroso de ejecución de la medida de coerción personal".Los jueces Fernando Mateos y Juan Benavides coincidieron en que "persisten los riesgos procesales". Dijo el juez Mateos -en un voto al que adhirió en un todo su colega Benavides- que "se advierte que junto a [la naturaleza del delito y su consecuente gravedad y penalidad expectante] se presentan una serie de elementos y circunstancias que, hoy por hoy, llevan a concluir razonada y razonablemente sobre la imposibilidad de neutralización o conjuración de los riesgos procesales verificados en el caso concreto".Citaron el informe de las psicólogas de la Asesoría Pericial de La Plata Ana Victoria Maimone y Ayelén Eugenia Rodríguez, que sostuvieron que Alvite "tiene algunas dificultades para tramitar simbólicamente sus propios afectos hostiles, contradictorios y/o dolorosos, utilizando mecanismos defensivos inestables que pueden resultar fallidos en situaciones de estrés emocional, presentando dificultades en la evaluación de su conducta, pudiendo ser proclive a cometer conductas precipitadas o poco pensadas. Evidencia movilización afectiva por su situación procesal actual y la repercusión mediática de la presente causa: vergüenza, temor y ansiedad" y que "en situaciones de tensión o de estrés emocional puede reaccionar por las vías de la acción por sobre el pensamiento, pudiendo ser proclive a cometer conductas impulsivas o poco pensadas, sin advertir las consecuencias que las mismas puedan tener".Mateos también relevó el informe de los psiquiatras María Celia Rodríguez y Ernesto Scorians, peritos forenses de la Asesoría Pericial departamental, que junto con Carolina Crespo, perito de parte, quienes analizaron que en la Toretto "no hay criterio clínico en su estado actual para hacer diagnóstico de trastorno de pánico así como tampoco un estrés postraumático, intentando muy precariamente la entrevistada de dar cuenta de síntomas de tales patologías sin el adecuado correlato de los signos y síntomas que conforman tales cuadros clínicos, que con el correr de la entrevista no puede sostener. Los síntomas de la entrevistada responden a la repercusión emocional propia de su condición de encierro y las consecuencias que dicho malestar lleva consigo y no necesariamente a un diagnóstico psiquiátrico". Actualmente está controlada y medicada con un ansiolítico (clonazepam) y un antidepresivo (escitalopram)."Muestra escasa implicancia en su proceder, manteniendo en distintas oportunidades de la entrevista una actitud exculpatoria sobre los hechos que se le imputan, brinda infructuosos ejemplos que solo logran a los ojos de los entrevistadores dar cuenta de su inmadurez en su actuación. Tales circunstancias no se han visto modificadas en las distintas situaciones por las que ha atravesado desde el comienzo de la presente causa penal resultando dicho posicionamiento llamativo, mostrando durante cada uno de los encuentros su incapacidad para implicarse en los hechos de los que fue protagonista y desplegando un relato prestado, acomodado a su situación procesal sin la resonancia afectiva que se esperaría en su situación".En minoría, el juez Alejandro Villordo hizo propia la posición de la defensa y votó a favor de concederle a Alvite la prisión domiciliaria. "Existen innumerables datos obrantes en el expediente que acreditan -sin lugar a duda- la existencia de los ataques de pánico y estrés postraumático de Felicitas" sufridos tanto en la alcaidía donde se encuentra alojada como en el momento de prestar declaración indagatoria, cuando se desmayó, habían afirmado los abogados defensores Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri. Para ellos existe "un grado de certeza absoluta" de que la chica "no se dará a la fuga" y que si recibiera una morigeración de la prisión preventiva y se le permitiera cumplirla en la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica de monitoreo. Villordo ponderó que la chica "luego de producido el hecho, se quedó en el lugar, llamó y le envió mensajes a sus amigos para pedirles que rezaran por la salud del joven, le solicitó a su amiga Valentina que fuera al Hospital para preguntar por la salud de la persona herida, aportó la clave de su celular para que se pueda realizar la pericia informática, no cuenta con antecedentes penales, tiene familia, arraigo y domicilio fijo".Contra la oposición de la querella, que afirmó como un elemento "indicativo de peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio" el hecho de que Alvite no quiso notificarse de la demanda civil en su contra", Villordo desestimó ese planteo y también consideró que no podía atribuirse como un elemento de cargo contra la acusada el hecho de que se haya negado a prestarse a la prueba de alcoholemia tras el incidente mortal, porque de habérsela obligado a hacerlo se habría violentado la garantía contra la autoincriminación, como el equivalente a declarar contra sí misma.Para Villordo, "en el presente caso resulta suficiente y proporcionado que la imputada cumpla la prisión preventiva con arresto domiciliario -con pulsera electrónica-, para mitigar los peligros procesales, tal como lo propicie oportunamente y como en este momento lo requiere la defensa particular"."Ha quedado suficientemente demostrado en autos, que la imputada no se quiso fugar, en tanto ella se presentó voluntariamente a la justicia -junto a sus abogados- al momento de ordenarse su detención y de otra parte nada hay para considerar que la misma fuera a entorpecer las pruebas que ya fueron sustanciadas en esta investigación penal preparatoria, por cierto ya fenecida, cumpliendo la prisión preventiva en arresto domiciliario con pulsera electrónica como peticiona la defensa", concluyó.
El 18 de ese mes empezará el proceso judicial contra Ryan Routh bajo la supervisión de la jueza Aileen Cannon
Un sobreviviente de la dictadura declaró que Jorge Bergoglio, por entonces cura y profesor en Tucumán, fue avisado de su detención e hizo gestiones para lograr su liberación.
Aunque el hombre que aparece en lo videos aseguró que no recuerda nada de los hechos, sí pudo describir con detalle los movimientos de Dominique Pelicot. Leer más
El juicio contra José Manuel Villarejo y Javier López Madrid por acoso y amenazas a Elisa Pinto se celebrará del 6 al 31 de octubre de 2025, tras varias suspensiones
El crimen ocurrió en abril de 2015 cuando la víctima regresaba de un bar. El hombre estuvo prófugo por 8 años y podría recibir entre 8 y 12 años de cárcel. Leer más
Perteneció a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. El fallecimiento ocurrió en Buenos Aires. Se investiga una posible autodeterminación. Leer más
Juicio a Gisella Dahiana Madrid por la muerte de Diego Maradona comienza con audiencia previa para definir pruebas y testigos, mientras se espera determinar responsabilidades en la tragedia del exfutbolista
El joven de 21 años enfrenta cargos de homicidio doblemente calificado por violencia de género y alevosía.
Dahiana Madrid es enfermera y es una de las personas acusadas de la muerte de Diego Armando Maradona. Será juzgada por un jurado popular. Hoy, en una audiencia preliminar, se esperaba que se definieran las pruebas que deberán presentar cada parte del proceso y la fecha de inicio, pero todo se postergó para fin de mes después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara que el debate se realice después de juzgar al neurocirujano Leopoldo Luque y otros seis acusados, a cargo de un tribunal técnico.Así lo informaron a LA NACION fuentes que participaron de la audiencia preliminar que estuvo a cargo de la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro y a cargo de coordinar el jurado popular que definirá si la enfermera Madrid es culpable o inocente.La magistrada citó a las partes para el 28 de este mes. "Se realizó una audiencia preliminar donde se pidió que este juicio se realice con posterioridad al que serán juzgados los otros siete acusados. Se fundamentó la solicitud", explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.Al pedido de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal Laura Capra, se sumaron los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna; Mario Baudry, a cargo de los intereses de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro mundial del fútbol y Jana Maradona, otras de las hijas del Diez."La Fiscalía, con razón, intenta que este juicio se haga después del juicio contra los otros siete acusados", sostuvo a LA NACION Burlando.Rodolfo Baqué, defensor de Madrid, se opuso a la solicitud hecha por parte del Ministerio Público Fiscal."Después de exponer la teoría del caso, la jueza dispuso una nueva fecha para el 28 de octubre próximo donde se fijarán las pruebas y la fecha del juicio. No hay marcha atrás en este juicio, el debate se hace o se hace", afirmó a LA NACION Baqué.Los otros siete acusados son Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico Pedro Di Spagna. Serán juzgados por el TOC N°3 de San Isidro, integrado por erónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, a partir del 11 de marzo próximo."Entiendo que corresponde hacer lugar a la solicitud de postergación de la audiencia debate formulada por las Defensas de los imputados Luque, Cosachov y Díaz, sin oposición de las demás partes de este proceso. La falta de oposición expresa de los representantes del Ministerio Público Fiscal, de los letrados que asisten a los cinco particulares damnificados, y las defensas de los restantes imputados, debe ser evaluada en el marco del proceso acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires", sostuvo en su voto el juez Savarino en la resolución donde se postergó el inicio del juicio para el próximo 11 de marzo.
La solicitud se dio en el marco del juicio Mansión Seré IV/RIBA II, que tiene un total de 133 víctimas. Según uno de los sobrevivientes, el pontífice "insistió en forma casi violenta" para su liberación. Leer más
El juicio programado por injurias y calumnias contra Óscar Puente en Valladolid queda suspendido tras el perdón otorgado por el ministro, quien estaba citado como testigo para el proceso
El hijo de Verónica Ojeda y el Diez se expresó en sus redes sociales."Es difícil entender todo lo que ha pasado", aseguró el joven.
Álvaro Uribe
A pesar de que la defensa de Néstor Aguilar Soto, el imputado, tenía la opción de apelar la decisión de llevar el caso a juicio, decidieron no hacerlo, lo que aceleró el proceso judicial. Leer más
El asesinato en julio de la estudiante de arquitectura Catalina Gutiérrez (21) conmocionó a la provincia. Su compañero de facultad Néstor Aguilar Soto (21) será juzgado por femicidio.
Gisella Dahiana Madrid será la primera de las acusadas en ser juzgada. Según consideró el letrado, es responsable de "abandono seguida de muerte".
La defensa de Néstor Soto no presentó ningún recurso para frenar el avance de la medida dictada por el fiscal José Maná. Leer más
El juicio por jurados comenzará este miércoles en el Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro a las 10. La enfermera Gisella Dahina Madrid estará en la audiencia preliminar de su juicio pero no se espera que declare.
AVIÑÓN.- Dominique Pelicot, juzgado en Francia por drogar a su esposa durante una década para violarla junto a decenas de desconocidos, se ausentó nuevamente este lunes del mediático proceso, debido a que se sometió "a una operación médica"."No se encuentra bien. Debe someterse a una operación médica esta tarde. Le permití ausentarse hoy. Mañana veremos", explicó el presidente del tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, que lo juzga, Roger Arata.Pelicot, de 71 años, se sometió el viernes a un examen médico, previsto desde hace varios días. Su abogada Béatrice Zavarro indicó a AFP que fue "bien" y que su cliente estaría presente el lunes en el tribunal.El hombre ya se ausentó una semana a mediados de septiembre por problemas intestinales, antes de que el tribunal adoptara medidas, como una silla adaptada, para que el principal acusado pudiera seguir el juicio.Este proceso, seguido con gran atención en Francia y en el mundo, que comenzó el 2 de septiembre, juzga hasta el 20 de diciembre a 51 hombres, entre ellos Pelicot, en su gran mayoría por violar a su ahora exesposa Giséle.Entre 2011 y 2020, el principal acusado administró a escondidas medicamentos a su esposa para dormirla y violarla junto a desconocidos contactados por internet. Los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión.La quinta semana de juicio se centrará en un tercer grupo de siete acusados, entre ellos Jéreme V., de 46 años, quien acudió seis veces al domicilio de los Pelicot para agredir sexualmente a Giséle.El presidente del tribunal anunció que consagrará el jueves por la tarde a debatir sobre su decisión de prohibir la difusión de los videos de las violaciones con público y periodistas en la sala.Los abogados de la principal víctima rechazaron esta decisión, en la línea del deseo de Giséle Pelicot de que este juicio, que consiguió que se celebrara con público, sirva para que "la vergüenza cambie de bando".Ausencias prolongadasDominique Pelicot se ausentó en varias ocasiones del juicio, citando problemas de salud como la necesidad de una operación médica reciente y problemas intestinales anteriores.Estas ausencias prolongadas han retrasado el proceso y generado preocupación entre las víctimas y sus abogados.Debido a su enfermedad, el juicio podría aplazarse, pero no suspenderse.El caso de Dominique Pelicot conmocionó a Francia y al mundo por su brutalidad. Durante casi una década, Pelicot drogó a su esposa y permitió que decenas de hombres la violaran mientras ella estaba inconsciente, lo que quedó registrado en videos. Estos abusos, que incluyeron 200 violaciones por más de 70 hombres, fueron organizados por Pelicot a través de internet. La víctima solo descubrió lo sucedido cuando la policía le mostró las grabaciones.Agencia AFP
Se llama Christian Ivan Cámara. Es la tercera causa penal que enfrenta. En este expediente sostuvo que él no fue el atacante porque tiene un problema visual, pero las pruebas lo comprometen.
El hecho ocurrió en mayo de 2019 y la víctima tenía 19 años. Luego de denunciarlos fue desafectada del curso que realizaba en la Escuela de Aviación Militar. Hay otro expediente penal federal demorado con personal militar imputado por obstruir la denuncia inicial tras el abuso. Leer más
Pese a que los accidentes cayeron 40%, las denuncias crecieron 25%.La judicialización encarece los costos del sistema.
El empresario está enojado porque el buscador "beneficia a la otra candidata (Kamala Harris), de ella solo dan noticias positivas, y de mí todas malas...". Los detalles. Leer más
El proceso judicial se realiza en la ciudad de Bariloche. En la segunda jornada, los vecinos de la localidad detallaron los momentos de terror que vivieron por la violencia de la agrupación Lafken Winkul Mapu
El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina le reclamó al tribunal oral federal a cargo del juicio por el caso de "los cuadernos de las coimas" que lo excluya de ese proceso, con el argumento de que él no recibió sobornos de empresarios sino aportes irregulares para la campaña del Frente de Todos de 2013 y, por ende, es la justicia electoral la competente para investigarlo.Abal Medina, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, sigue el mismo camino que otros acusados -empresarios- que señalaron que los fondos que pagaron a exfuncionarios kirchneristas no eran coimas, sino donaciones para la campaña de 2013 que no declararon.El empresario Angelo Calcaterra consiguió este año que la Justicia atendiera sus argumentos. Él hizo 16 pagos en el garage subterráneo del hotel HiIton de Puerto Madero y señaló que eran aportes para la campaña. El Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio, rechazó sus pretensiones, pero la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido del empresario.Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron enviar su caso a la jueza federal electoral María Servini. Pero el fiscal Raúl Pleé pidió anular esa decisión porque la tomaron sin escuchar los argumentos de un organismo que es parte en el juicio, la Unidad de Información Financiera (UIF).Con ese mismo argumento, también la UIF pidió anular la decisión que favoreció a Calcaterra y ahora los camaristas convocaron a una audiencia "multipropósito", donde escucharan a la UIF, a Pleé y a los acusados, y resolverán si anulan su propio fallo y dan marcha atrás con su decisión. Hay voluntad de hacerlo, al menos en alguno de los jueces del tribunal, lo que prenuncia un fallo con disidencias, tal vez contra Calcaterra.Abal Medina basó su reclamo actual en este fallo. En el escrito de su abogado Gabriel Presa rescata la sentencia de Casación que "dispuso la declinatoria parcial de competencia en favor de la justicia electoral, expresamente y sin margen de dudas, en relación también al proceso de recepción de fondos en el que participara nuestro asistido por lo que de ningún modo puede mantenerse al margen de las consecuencias de esta decisión la situación de nuestro defendido, Juan Manuel Abal Medina"."Se observa la relevancia que en dicho pronunciamiento judicial se da a las manifestaciones vertidas justamente por nuestro asistido, en consonancia con las de su secretario, Martín Larraburu, al afirmarse la finalidad exclusivamente electoral de los aportes realizados por privados durante el año 2013â?³, dice el escrito.El planteo de Abal Medina está aún en el Tribunal Oral Federal N° 7, donde los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero deben resolver. La fiscal Fabiana León ya se opuso a que el legajo de Abal Medina pase a la justicia electoral, pero la última palabra la tienen los jueces del tribunal oral. En Comodoro Py creen que el planteo de Abal Medina tiene más chances de prosperar que los de otros acusados.En su momento, el juez Claudio Bonadio sacó del caso de las coimas y envió a la justicia electoral a otros imputados, pero obvió a Abal Medina. Sin embargo, Bonadio lo separó de la asociación ilícita dedicada a recaudación de sobornos y lo dejó con una acusación como partícipe secundario en un cohecho pasivo. Lo sobreseyó por la asociación ilícita y ese fallo quedó firme. La versión de Abal MedinaAbal Medina viene declarando desde 2018 que el dinero que recibió de empresarios fue para la campaña electoral. Lo dijo en su declaración del 9 de agosto de 2018 y a través de un escrito que presentó en ese momento al entonces juez Bonadio.Ahora, en su escrito de 27 páginas al que accedió LA NACION, mencionó que la totalidad de las "entregas/recepciones" de estos dineros ocurrieron y se limitaron "única y exclusivamente" al tiempo entre mayo y octubre de 2013, "justamente período en el que se celebraron las elecciones "PASO" (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias); entre el 1° de Agosto y las "Elecciones Generales de Legisladores" del 27 de octubre -también de 2013- y, la última, el 22 de octubre, cinco días antes de los últimos comicios.El exfuncionario y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del detenido exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. "Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego lleváselo a Juan Manuel Abal Medina", escribió el remisero en los cuadernos que investiga la Justicia. LA NACION investigó el caso y aportó esos cuadernos a los tribunales.Abal Medina desvinculó a su secretario privado de cualquier responsabilidad con el argumento de que "actuó de acuerdo a sus instrucciones generales", dijeron cerca del exjefe de Gabinete.Abal Medina, en su declaración, señaló que Baratta era la persona que "recolectaba" los pagos que realizaban los empresarios para financiar la campaña. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", indicó Abal Medina en un comunicado. También dijo desconocer quiénes eran los empresarios que hacían los pagos y negó cualquier vinculo con ellos.Oscar Centeno, exchofer de Baratta, escribió que Larraburu recibió un pago de US$200.000 de "Armando" (en supuesta referencia al empresario Armando Loson), "que llevan luego a la Rosada". Dos meses después, Centeno anotó en su famoso cuaderno: "Entraron con Martín [Larraburu] y retiraron en cada lugar US$1 millón y se lo llevó Martín a Presidencia para entregar a Abal Medina".Abal Medina explicó que "a finales de julio o principios de agosto de 2013â?³ fue contactado por Baratta. "Me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios", dijo. Detalló que le encomendó a Larraburu "la coordinación con el mencionado Baratta para la recepción de los eventuales aportes de campaña" y que coordinó su entrega con Juan Carlos "Chueco" Mazzón -por entonces Coordinador General de Asuntos Políticos-Institucionales de la Unidad Presidente-, "quien a su vez, y según el caso, instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizada [la supuesta donación electoral] de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía"."En ningún caso tal requisitoria me pareció impropia o desajustada, me refiero a la de Baratta, más allá de la informalidad, pues ningún elemento tenía en aquel momento para dudar de su procedencia", dijo Abal Medina.Las palabras de Abal Medina coinciden con el relato aportado por los empresarios arrepentidos, que repitieron que los pagos que se realizaban a pedido de Baratta eran aportes para campañas electorales.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juicio oral y público contra integrantes de la comunidad mapuche Quemquemtrew, acusados de usurpar terrenos en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, finalizó este viernes en San Carlos de Bariloche. El veredicto se dará a conocer el próximo miércoles.El Ministerio Público Fiscal consideró probado que "los seis imputados participaron activamente en el hecho, invadiendo el predio y obstaculizando la posesión de quien la detentaba desde 1981â?³. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres. A todos se los acusó de haber perpetrado el delito de usurpación el 18 de septiembre de 2021.El hecho se perpetró en los lotes 103 y 104 de las leguas A, B y C del paraje denominado Cuesta del Ternero, en el que "se despojó de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde el año 1981â?³, cuando los imputados, "invadiendo el predio", le impidieron "concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento".Desde el ministerio público afirmaron que, "en este marco, además, se cortaron especies arbóreas, manteniéndose el grupo de personas dentro del predio, instalando pancartas que decían 'Lof Quemquemtrew', 'Rafa vive en la resistencia' y una bandera mapuche".La fiscal jefe Betiana Cendón consideró probado que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no fueron identificadas aún: "Estas personas, traídas a juicio, sabían cuál era la intencionalidad y ellos mismos confirmaron en esta sala la fecha del hecho".Cendón se refirió también al modo de ingreso al predio: "Entraron al predio aprovechando la ausencia (â?¦) ocultaron sus rostros, encapuchados, negándose a ser identificados. Es decir, en la clandestinidad". Dijo además que la posesión del lugar por parte de Rocco también fue acreditada por una pluralidad de testigos: "Es decir, el lugar fue invadido, la comunidad ha usurpado".La fiscal agregó que se pudo ver en los videos exhibidos a lo largo del debate el corte de árboles y la obstaculización del ingreso imposibilitando la posesión de Rocco hasta el día de hoy. También quedó acreditado en el juicio que la víctima ejercía la actividad forestal. Asimismo, Cendón enfatizó en que el mencionado "arraigo espiritual con un lugar no necesariamente implica el arraigo legal".El abogado querellante adhirió al alegato de la fiscal y añadió el alto costo que significó para el Estado provincial toda esta situación, por lo que solicitó la pena máxima que marca el artículo 181 y realizó la reserva de efectivizar el desalojo al final del juicio. En tanto, la defensora particular de los imputados pidió la absolución al asegurar que no había quedado demostrado que Rocco ejercía la posesión del lugar.El juicio duró cuatro días, en los que brindaron declaración testimonial unas 20 de personas. El veredicto se dará a conocer el 2 de octubre a las 8.15. En febrero de 2022, los integrantes de la comunidad Quemquemtrew y el empresario Rocco llegaron a un acuerdo por el cual la lof permanecería en el lugar en disputa, aunque abriría una vía de acceso para la explotación forestal. Las tierras en disputa pertenecen al Estado argentino y Rocco es su ocupante fiscal desde 1981.Tras la usurpación en 2021, la ocupación en Cuesta del Ternero ganó notoriedad nacional en noviembre de ese mismo año, cuando Elías Garay fue asesinado y Gonzalo Cabrera sufrió heridas graves tras ser baleados por dos individuos finalmente detenidos en Esquel y Comodoro Rivadavia. Garay y Cabrera pertenecían a la lof.En junio de 2023, el Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la condena de 12 años de prisión a Diego Ravasio como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego del que resultó víctima el joven mapuche Garay.A su vez, los jueces condenaron a Martín Cruz Feilberg por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas, a 5 años de prisión. De acuerdo con la sentencia que los condenó, tanto Ravasio como Feilberg sabían que los lotes 103 y 104 de Cuesta del Ternero "se encontraban en conflicto y ocupados por integrantes de la comunidad mapuche lof Quemquemtreu desde el día 18 de septiembre de 2021â?³.
La actualización de los intereses en los juicios laborales es obscena, destructiva y letal con graves cuestionamientos del sector productivo, que espera con urgencia una respuesta justa, equitativa y definitiva de la Corte Suprema. Por estas horas se debate un reciente fallo del fuero laboral que vulnera la ley de un modo notorio para favorecer a alguien.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Comenzó este jueves en esta ciudad el juicio oral y público contra miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Hay ocho personas imputadas por los delitos de atentado a la autoridad y usurpación entre 2017 y 2022, a raíz de la ocupación de dos predios ubicados en Villa Mascardi, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.Una de las imputadas, Betiana Ayelén Colhuan, machi de la comunidad, fue absuelta durante la mañana: la defensa planteó que la mujer era menor en el momento de los hechos, ya que tenía 16 años. Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados, indicó que si bien Colhuan quedó fuera de la causa tras la absolución resuelta por el juez Hugo Horacio Greca, los defensores pidieron que sea incorporada como testigo. El juez resolverá sobre ese punto este viernes.El crecimiento de la pobreza: una crisis social que mantiene en primer plano el crudo mensaje de Francisco al GobiernoEl resto de los imputados son Martha Luciana Jaramillo, MariÌ?a Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra AyleÌ?n Tapia, Joana Micaela Colhuan, Cristian GermaÌ?n Colhuan y Gonzalo Fabián ConÌ?a."Cuando ocurrió la usurpación, en 2017, esta comunidad dejó sin abastecimiento eléctrico a toda Villa Mascardi y cuando el juez y el fiscal fueron al lugar los amedrentaron y fueron violentos con ellos. Luego se ordenó un allanamiento y cuando la Policía Federal y la Gendarmería se presentaron, los recibieron con piedras y palos", dijo a LA NACION el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen.Luego de la primera audiencia, celebrada en el Escuadrón 34 de la Gendarmería nacional, con una mínima cantidad de público, Larsen puntualizó que tras el cambio de gobierno, en diciembre de 2019, hubo inacción. "Nadie se presentó para dar impulso a la causa y quedó dormida, con pocos avances, a pesar del buen trabajo de la Fiscalía".La Administración de Parques Nacionales se constituyó luego como querellante en la causa por usurpación que es considerada la "causa madre", ya que existen varios expedientes abiertos en la Justicia relacionadas con estos hechos.La controversia que ahora llegó a juicio -las audiencias continuarán el viernes y el lunes- se originó luego de que el 10 de noviembre de 2017, un grupo de personas que se autodenominó como perteneciente a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ingresara a un predio ubicado en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 Sur propiedad de Parques Nacionales.La primera usurpación se extendió luego a otros terrenos lindantes, pertenecientes a entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares."Estamos impulsando la causa. El 19 de octubre operaría la prescripción, así que entiendo que tras estos tres días de audiencia habrá una sentencia antes de esa fecha. Se trata de mostrar la voluntad del gobierno nacional, que hay nuevos aires y no vamos a tolerar que se usurpen tierras de parques nacionales. Esperamos una sentencia favorable, que sea condenatoria", explicó Larsen."La idea es dar un mensaje: no nos da lo mismo que los parques estén usurpados o no. Y no es un hecho puntual. También lo hacemos en otros lados, en Los Alerces, con la usurpación de la seccional El Maitenal; en Ciervos de los Pantanos, donde hay una ocupación y también nos presentamos a la Justicia y estamos a punto de obtener el desalojo. Hay otro caso en el parque Aconquija, en Tucumán".En Parques Nacionales destacaron que trabajan de forma conjunta con la gran mayoría de las comunidades mapuches en todo el país, como sucede en los parques Lanín y Nahuel Huapi.Actos de violencia"Hay otras comunidades violentas, que prefieren estar en la clandestinidad y ejercer actos de violencia contra los funcionarios de Parques Nacionales. Muchos guardaparques fueron golpeados y sufrieron agresiones. No lo vamos a permitir", señaló Larsen.-¿Acepta la raigambre mapuche de los miembros de Lafken Winkul Mapu, que fue cuestionada por los vecinos de Villa Mascardi?-Ese tema le corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Hay muchas comunidades que no son originarias. Jones Huala vivía en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Hay muchos delincuentes que se hacen pasar por mapuches para obtener la propiedad de las tierras y no lo vamos a tolerar.-¿Qué condena esperan lograr en esta causa?-La máxima condena que el Código Penal prevé para delitos de usurpación, que es de 3 años de prisión.-¿Qué planes tienen a futuro para esos terrenos de Parques sobre la ruta 40?-Ahí está situado el rewe o sitio sagrado, en un terreno en el que estaba el hotel IOS, que fue destruido durante la usurpación. Está previsto hacer una Escuela de Guardaparques. Por eso es muy importante que el tótem que forma parte del rewe se retire. Es simbólico y es el lugar donde se produjeron los hechos de violencia. Para que podamos comenzar la construcción de la Escuela de Guardaparques, ese rewe debe ser retirado. Hoy la Justicia no permite ninguna modificación en ese espacio, pero esperamos que con la sentencia podamos empezar a poner las cosas en su lugar.Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron desalojados en octubre de 2022 durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).Durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de ese desalojo, el Estado nacional se comprometió a reconocer el "rewe" como sitio sagrado de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. El acuerdo, cuestionado por los vecinos y la oposición, se concretó en junio de 2023.En tanto, en la Gremial de Abogados consideraron que la sentencia condenatoria "ya está escrita y firmada" y denunciaron que "los racistas y supremacistas nos encerrarán en un cuartel de la Gendarmería, una fuerza nacional de ocupación responsable de asesinatos y desapariciones en los últimos años de democracia". Transmitieron, así, su desconfianza y rechazo a los funcionarios judiciales, la Administración de Parques Nacionales, las fuerzas federales y muchos vecinos de Bariloche y la Comarca Andina.
La Fiscalía Anticorrupción reduce penas para Ana Duato e Imanol Arias en un caso de presunto fraude fiscal, con múltiples acusados y un entramado empresarial en investigación
El conflicto por la ocupación de tierras adquiridas por el reconocido basquetbolista hace dos décadas llega a los tribunales. La comunidad mapuche Paicil Antriao reclama el territorio ubicado en Villa La Angostura como parte de su herencia ancestral. Leer más
La Procuraduría llamó a juicio a los cuatro profesores tras adelantar investigaciones en su contra
Algunos letrados de la defensa atacaron frontalmente a la víctima. Todos son acosados por la opinión pública. Y denuncian que son amenazados."La mediatización y la opinión pública han afectado los procedimientos judiciales en el pasado", advirtieron.
Siete integrantes de la comunidad Paichil Antriao están acusados de haber ocupado ilegalmente una propiedad que el ex basquetbolista adquirió hace 20 años.
En 2018, un grupo de mapuches miembros del Lof Paicil Antriao decidió instalarse en una propiedad que el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili había comprado en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura. Los integrantes de esa comunidad justificaron entonces que se trata de un territorio ancestral que les pertenece. Finalmente, en diciembre de este año y a pedido de la defensa del reconocido deportista, se llevará adelante un juicio contra los ocupantes por usurpación y amenazas.En tanto, este jueves, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche comienza un proceso oral contra ocho integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu por una causa similar a la de Ginóbili que le inició la Administración de Parques Nacionales a esa comunidad, informó el diario local Río Negro. Esa causa comenzó en 2017 tras la denuncia de ese organismo por la ocupación ilegal del predio próximo al viejo hotel del organismo ubicado sobre la Ruta 40, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Para esa época, se vivían momentos álgidos y tensos entre los mapuches y los lugareños.Por la denuncia realizada por Ginóbili, los medios locales indicaron que la Justicia de Neuquén confirmó que las audiencias comenzarán el próximo 16 de diciembre y se extenderán hasta el 23 de ese mes. La Justicia decidió unificar las tres causas que involucran las tierras que supuestamente fueron ocupadas por la comunidad mapuche. Uno de los legajos es por la usurpación al lote del exdeportista bahiense.Desde la compra del lote a un vendedor privado hace 20 años, hubo espacios de mediación y negociación entre la defensa del exbasquetbolista y los acusado, pero todas las instancias fracasaron. Se tratan de alrededor de 20 hectáreas.El campeón olímpico compró el lote en la ladera del cerro Belvedere en 2004, pero según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Emanuel Ginóbili "fue estafado" al comprar los lotes. Florentino Nawel, vocero de la comunidad, señaló en una entrevista con El DiaroAr: "Compró sin saber que ese es territorio es de la comunidad".Según la comunidad, cuyos algunos integrantes estarán en el banquillo de los acusados, los predios reclamados por los mapuches fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.A fines de agosto pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, posteó en sus redes sociales un mensaje de apoyo para Ginóbili. "Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudomapuches", escribió la funcionaria."No podemos permitir que pseudo-mapuches se apropien de lo ajeno. En este caso le tocó a Manu Ginóbili. En Parques Nacionales trabajamos para terminar con el abuso y la criminalidad de la usurpación de tierras que son de todos los argentinos. El que las hace, las va a pagar", sumó hace días Cristian Larsen, el presidente de ese organismo.
Como si la floja actualidad deportiva no fuera suficiente, la Justicia le dio a San Lorenzo otra mala noticia este miércoles luego de un largo proceso legal por la causa iniciada por el exmediocampista Ignacio Piatti. El exfutbolista inició su reclamo luego de su conflictiva salida del club en 2021, la Sala I de la Cámara Laboral dictó sentencia definitiva y le ordenó a la entidad de Boedo el pago de casi tres millones de dólares.En abril del año pasado, la Justicia había fallado en primera instancia parcialmente en favor de Piatti, que a fines de 2021 se fue a pesar de que le restaba un año de contrato, como consecuencia de la decisión de bajarle el sueldo por una cláusula contractual. El reclamo del por entonces futbolista ascendía a cerca de siete millones de la moneda norteamericana, en concepto de sueldos adeudados, intereses y la indemnización por la terminación anticipada del vínculo. Sin embargo, el fallo inicial en aquella oportunidad exigió el pago de 800 mil dólares por los sueldos adeudados y sin la indemnización, lo que abrió otra instancia en el conflicto.Esta vez, la Sala I de la Cámara Laboral dictó sentencia sobre la apelación de Piatti y modificó ese fallo, elevando la obligación de pago del club a 2.710.606,04 dólares. Eso sí, se aclaró que se deben deducir casi 950 mil dólares de ese monto, en concepto de sumas que ya debían estar abonadas, pero los abogados del exjugador apelarían nuevamente bajo el argumento de nunca cobraron aquel dinero inicial. En el Ciclón también están pensando en una apelación.Como se recordará, Piatti había llegado de la mano del por entonces presidente Marcelo Tinelli a inicios de 2020 con un contrato por dos temporadas con incrementos en su salario, aunque recibió a fines de ese mismo año el telegrama en el cual se le informaba que esa unión se rompía por parte de la dirigencia azulgrana. Pero en medio de la pandemia del Covid 19...Existía una cláusula gatillo para rescindir el acuerdo, con un resarcimiento de 850.000 dólares. No obstante, Piatti consideró que no correspondía aplicarse porque estaba vigente la ley que prohibía los despidos injustificados en medio de la situación sanitaria. Así, quien se retiró a fines de 2021 tras su paso por Racing, demandó a San Lorenzo por la totalidad de su contrato, incluidas la doble indemnización y multas. El conflicto fue escalando.A comienzos de 2020, Tinelli y Nacho se fundieron en un abrazo al presentar al flamante refuerzo del Ciclón, en lo que significó el regreso al club con el que había logrado ganar la Copa Libertadores de 2014. Pese a lo que fue su primera sorpresiva salida en medio de las finales de aquel certamen, en el que no pudo jugar la revancha con Nacional de Paraguay sin explicarse los motivos, la vuelta de Piatti había sido anunciada de manera rimbombante, con el recuerdo de lo que fue su gran nivel en ese primer paso por el club. Pero su segundo ciclo estuvo lejos de lo esperado, la relación se quebró por completo y los últimos tres años todo estuvo en manos de la Justicia.
Juan Carlos Vázquez Sarmiento fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro y es investigado por su participación en el secuestro y desaparición de Patricia Roisinblit y su compañero, José Manuel Pérez Rojo.
Se trata de Juan Carlos Vázquez Sarmiento, acusado por delitos de lesa humanidad, preso en Ezeiza. Leer más
El testigo principal, Roque Julio Díaz, acusa al excongresista de abuso de poder. La investigación conecta a un miembro de seguridad y un homicidio
Comenzará a mediados de octubre en Corrientes y durará hasta fin de año.Están acusados Leonardo Cositorto, su segundo Maximiliano Batista, el cajero Miguel Echegaray y otros tres líderes locales.Habrá más de 150 testigos, incluyendo al ex futbolista Alejandro Mancuso y al actor Gabriel "Rosita" González.
La actriz y el exministro De Vido serán juzgados junto a otros 8 funcionarios kirchneristas por los convenios con universidades para producir la novela "Mamá Corazón" y otra miniserie. Leer más
También fue legislador provincial. La fiscal de Deán Funes Analía Cepede acusa a José Eugenio Díaz (67) de coacción y abuso sexual en perjuicio de una víctima. Quedan pendientes hechos en perjuicio de otras cuatro mujeres. Leer más
La causa en la que la actriz Andrea del Boca y exfuncionarios del kirchnerismo, entre los que se encuentra Julio de Vido, fueron procesados por defraudación al Estado, llegará a la instancia de juicio oral y público. El cierre de la instrucción y elevación, por parte juez federal Sebastián Ramos, se hizo en abril de 2019 y recién el viernes pasado, más de cinco años después, se definió la fecha para el comienzo del juicio en el que se investiga el reparto irregular de fondos públicos para una telenovela y una miniserie que no se habrían terminado.La audiencia inicial se hará el jueves 6 de marzo de 2025 y habrá, a partir de entonces, audiencias semanales . Los imputados son Julio Miguel de Vido, exministro de Planificación Federal; Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, figuras del espectáculo como Fernando Dente, políticos como diputado de Pro Hernán Lombardi y Tristán Bauer, exministro de Cultura, entre otros. Quedaron pendientes las convocatorias a Alejandro Alfie, periodista, y Sebastián Ortega, el director de cine, pedidos por el abogado Juan Pablo Fioribello, que defiende a Andrea Del Boca."Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Si, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujo deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia", dijo Del Boca en un comunicado en sus redes sociales.En la causa se investigaron presuntos ilícitos que se habrían cometido con la intervención de exfuncionarios y empleados de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). Los convenios investigados son los que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora privada A+A Group SRL para la telenovela Mamá Corazón, que no se habría concretado.Según la defensa de Del Boca, los capítulos se hicieron, pero no se publicaron. "El error radicó siempre en que se decía que la novela nunca salió a la luz. Andrea, por contrato, no le correspondía exhibirla. Andrea lo que tenía que hacer era solamente dar el contenido al banco audiovisual. Nunca exhibirla. Ella dio la totalidad del contenido, 100%. Es el banco el que todavía no la exhibió. Ahí radica el error sustancial en esta causa. La novela fue hecha, la novela fue rendida, la novela fue auditada. No se exhibió porque quien tenía que exhibirla por contrato decidió no terminarla y no exhibirla. Pero la función de Andrea era dar el contenido, te repito", dijo Fioribello.El circuito involucró, según la instrucción, la actuación de funcionarios y empleados para la firma de dos convenios por $344 millones (los ACUDGDyME N° 1234/11 por $232.433.300,00 y el N° 1226/15 por $121.008.105,90) para financiar dos producciones: la miniserie El Pacto (antes denominada Será Justicia y otros) y la telenovela Mamá Corazón.En el procesamiento, en 2018, el juez Ramos enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero. La principal crítica es que se contrató a productoras privadas para las realizaciones cuando el Convenio contemplaba que eran parte de los trabajos que haría la Universidad de San Martín.En el primer tramo de cada una de las maniobras, se desviaron presuntamente los fondos mediante los convenios con la UNSAM, lo que permitió eludir los controles. La Universidad percibiría un canon del 10% de los recursos comprometidos, en concepto de honorarios y gastos administrativos. Las productoras privadas, además de obtener el financiamiento con fondos públicos, generarían sus propias ganancias. Todo ello, habría provocado un perjuicio económico para las arcas del Estado por la innecesaria tercerización para la producción de los contenidos audiovisuales.Para transferir la plata a las productoras se habría armado un sistema de triangulación. Primero se firmó un convenio con la UNSAM para producir contenidos digitales con un presupuesto de $232.433.300,00. Luego se firmó un convenio con el INCAA para la producción de contenidos audiovisuales para el fortalecimiento del sistema de televisión SATVDT y se licitaron diez series en HD."Después de tanto tiempo, la justicia le puso fecha de inicio a este juicio. Andrea lo tomó muy bien, estaba muy contenta. La verdad que creo que no hay persona más interesada en que se aclare la verdad que ella misma, porque esto le ha hecho un daño enorme a su vida, en lo personal, a su carrera, en todo, de manera que estaba muy muy segura y muy confiada en esto", comentó Fioribello.
El excongresista del Centro Democrático afronta cargos por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el escándalo de repartición de coimas por contratos dados por el Departamento de Prosperidad Social
El Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse ante el recurso de una persona que había sido grabada sin consentimiento, denunciando una violación de su derecho a la intimidad
El presidente del tribunal ha decidido llevar parte del proceso sin público ni cámaras para proteger la dignidad de Gisèle Pelicot
Se trata de información que podría justificar los viajes al exterior del exmagistrado, lo que desmontaría una de las principales hipótesis de la fiscalía sobre el enriquecimiento ilícito. Leer más
La fiscalía imputa cargos graves al exdirector, incluyendo homicidio con fines terroristas y porte ilegal de armas, en un caso que conmocionó a Colombia
El fiscal federal Diego Luciani reveló que durante el juicio en el que le tocó acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad sufrió "presiones inconcebibles" del expresidente Alberto Fernandez, señaló que tuvo que enfrentar "operaciones mediáticas" y dijo que los medios kirchneristas lo hostigaban.En una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organizada por Transparencia Internacional y Poder Ciudadano, Luciani afirmó que las presiones se extendieron al fiscal Sergio Mola, con quien llevó adelante la acusación en el juicio, y también a sus familiares."Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos", aseguró Luciani.El fiscal federal, cuyo alegato fue tomado como base para la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, dijo que ese "hostigamiento" tuvo su origen en "los medios de comunicación colonizados por la corrupción".Luciani compartió la charla con con François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la jueza Alejandra Provítola; y Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano."El mismo presidente de la Nación, dos días después de terminado nuestro alegato, dijo 'Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide'. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron", recordó Luciani.Además, afirmó que "la corrupción es un grave atentado contra la democracia y, principalmente, contra los derechos humanos, ya que desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables, para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder". Reiteró, así, parte de los conceptos que usó al alegar en el juicio."Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia", sostuvo.
La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso del periodista Roberto Navarro en una causa donde está siendo investigado por incitación a la violencia debido a expresiones suyas por las fue denunciado por su colega Eduardo Feinmann.La causa se inició el 17 de agosto de 2022 a partir de las denuncias presentadas por Feinmann y la abogada Silvina Martínez, habitual colaboradora en los programas de Luis Majul, porque Navarro dijo en su programa en la radio El Destape, el 15 de agosto de 2022, que generaban violencia con sus afirmaciones y que alguien "debía frenarlos" y que deberían tener miedo por ello.Navarro -según la denuncia- expresó: "Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara". También habría dicho: "El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también".El 12 de octubre de 2022, la jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó la denuncia por inexistencia de delito, tras considerar que las expresiones formuladas por Navarro, por más reprochables que pudiesen resultar, se encontraban al amparo de la libertad de prensa, expresión y pensamiento. Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.La querella a cargo de la abogada Silvina Martínez apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Navarro recusó entonces al juez de la ese tribunal, Carlos Mahiques, por considerar que las opiniones del juez sobre su programa El Destape eran hostiles y tenía temor de que actuara con parcialidad. Pero la Sala I rechazó sin más trámite ese planteo de recusación. Contra esa decisión de la Casación por la recusación de Mahiques, la defensa presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Y la Corte Suprema, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó el pedido de recusación realizado por Navarro.Ahora Navarro fue contra el fondo del fallo de la Casación, que el 14 de junio de 2024 anuló la decisión de la jueza Capuchetti que había entendido que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión, hizo lugar al recurso de Feinmann y ordenó a la magistrada dictar una nueva sentencia.Ahora los jueces Mahiques -ya confirmado en el caso-, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron ese recurso. Dijeron que los agravios del periodista "no pueden habilitar la vía" del recurso extraordinario porque no se dirigen contra una sentencia definitiva."El recurso extraordinario federal exige, entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en el presente caso sometido a control jurisdiccional no se advierte", dijeron los jueces. Agregaron que Navarro planteó "juicios discrepantes" con la decisión que no alcanzan para acreditar la cuestión federal. Por eso declararon inadmisible el recurso extraordinario de la defensa particular de Roberto Daniel Navarro, con costas.
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