juicio

Tras el show ante 35.000 fans, se conoció la fecha en la que Pity Álvarez será evaluado para saber si puede ir a juicio

El 10 de febrero próximo es una fecha determinante para el futuro de Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez. Ese día el músico, que hace nueve días volvió a los escenarios y se presentó ante 35.000 personas en Córdoba, será sometido a la evaluación de una Junta Médica que deberá definir si está en condiciones de someterse a un juicio oral y público.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. "Las conclusiones de los peritos del Cuerpo Médico Forense serán decisivas", explicaron los voceros consultados.Después de siete años de ausencia, el 20 de este mes, el fundador de Viejas Locas e Intoxicados volvió a liderar un show. Se presentó en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.Pity Álvarez debería ser juzgado por un homicidio cometido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y por los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas.El proceso de juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°29. El Ministerio Público está representado por el fiscal general Sandro Abraldes."Pity Álvarez tiene un juicio abierto. Hay una disposición en el Código Procesal Penal que establece que para poder enfrentar un juicio el acusado tiene que estar en situación de imputabilidad. No solo tiene que ser imputable en el momento del hecho, sino también en el juicio. La defensa del músico logró que, bajo la base de su situación psiquiátrica y psicológica, se lo haya declarado inimputable provisoriamente. El juicio está suspendido. Álvarez está sometido a una junta médica, que de tanto en tanto lo evalúa. De hecho, el juez le concedió recién la autorización para viajar a Córdoba el miércoles 17 [72 horas antes del show] porque no se presentaba en el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes. No es que el juicio se borró de un plumazo, está suspendido, pero no anulado", había dicho, pocas horas del recital, una calificada fuente judicial.Como informó LA NACION días atrás, después del show en Córdoba, el fiscal Abraldes presentó dos denuncias.El representante del Ministerio Público Fiscal denunció a Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), y a una productora que participó del recital.El viernes 19 de este mes, cuando faltaban menos de 24 horas para el show, el fiscal Abraldes le envió una notificación electrónica a Calleri, que tiene a su cargo la administración, cuidado y seguridad del estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba."El motivo de dicha comunicación fue solicitarle que arbitrara todos los medios a su alcance para habilitar y asegurar el ingreso a dicho estadio el día 20 de diciembre de cuatro funcionarios policiales que integran la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA), a los que se les había encomendado una serie de tareas en el interior del establecimiento durante el evento musical que allí se concretaría", explicó el fiscal Abraldes en una denuncia presentada ante el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado.En su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, el fiscal Abraldes sostuvo: "El requerimiento no fue cumplimentado. El mismo sábado 20 de diciembre pasado, en horas de la tarde, se recibió en la casilla de correo electrónico de la fiscalía una nota (en un archivo de Word, sin firma) en la que se informaba que el evento a realizarse en el estadio Kempes se encontraba a cargo de la empresa En Vivo Producciones SA y eran ellos los responsables del control de ingreso al predio. El personal policial asignado al cumplimiento de las tareas de investigación tuvo serias dificultades en el acceso al estadio, el cual finalmente se concretó merced a una gestión telefónica entre el representante legal de la productora aludida y uno de los funcionarios de la fiscalía".Según el representante del Ministerio Público, "en el contexto de los intercambios telefónicos que se mantuvieron con el abogado de la citada productora, se tomó conocimiento, no solo de que el presidente de la Agencia Córdoba Deportes no habría realizado gestión alguna para la implementación del requerimiento que le fue cursado, sino que -además- se habría puesto en conocimiento de allegados de Álvarez Congiu acerca de la diligencia policial que se practicaría durante el recital. Ello, así pues, la defensa técnica del nombrado, horas antes del comienzo del evento, habría realizado gestiones para impedir el desarrollo de la actividad policial, mediante comunicaciones a la propia entidad gubernamental. Cabe destacar que la intervención de la División Operaciones Técnicas Especiales de la PFA en el estadio Kempes únicamente era conocida por quien suscribe, los colaboradores de la Fiscalía y las propias autoridades policiales, lo que permite sospechar fundada y objetivamente, a la luz de los hechos ocurridos, que el funcionario indicado -o quien resulte responsable según la investigación- podría haber incurrido, al menos, en el incumplimiento a la manda contenida en el art. 2, incisos c y f -segunda parte- de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que imponen el deber de velar por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, con privilegio del interés público sobre el particular e indica la prohibición de uso de información adquirida en el cumplimiento de funciones en beneficio de intereses privados. Por estos motivos, esta Fiscalía considera que existe mérito suficiente para iniciar una investigación criminal en contra de la persona indicada".Tras la denuncia del fiscal Abraldes, desde la Agencia Deportes Córdoba dijeron a LA NACION: "La presentación de Pity Álvarez en el show que brindó en el Estadio Kempes el pasado sábado 20 de diciembre contaba con autorización expresa de la justicia, según informaron y acreditaron los productores y organizadores del espectáculo musical, motivo por el cual se le brindaron todas las habilitaciones pertinentes para el evento."En tal sentido, y habiendo recibido un requerimiento judicial, el día 19 de diciembre en horario de la tarde mediante correo electrónico institucional de la Agencia Córdoba Deportes, se respondió el oficio haciendo saber que el evento estaba a cargo de la firma En Vivo Producciones como productora y organizadora exclusiva, por lo que tenía a su cargo la comercialización y poder de autorización de ingreso y egreso de personas para dicho espectáculo, como es habitual en cada evento masivo que se realiza en el Estadio Mario Alberto Kempes", agregaron.Además, en paralelo, el fiscal Abraldes presentó una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional contra la productora Pop Art Music porque habría "obstaculizado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo las imágenes que podían ser obtenidas respecto" de Pity Álvarez, "pese a que los efectivos federales le informaron que tenían una orden que cumplimentar en el marco de un proceso judicial".El homicidio por el que fue llevado a juicio Pity ocurrió en julio de 2018. La víctima se llamaba Cristian Díaz."Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado", había sostenido el juez Martín Yadarola cuando procesó, hace siete años y medio, a Pity Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

El denunciante llegó tarde por la espera en la cola del control de seguridad y al acceder descubrió que no se iba celebrar el juicio

Hotesur-Los Sauces, el juicio que se viene contra los Kirchner: se completó el Tribunal y aguardan un peritaje clave

El juez Rodrigo Giménez Uriburu fue designado para integrar el TOF N° 5. Las defensas se preparan para pedir su recusación. En el debate serán juzgados Cristina y Máximo Kirchner, los Báez y otros veinte imputados

Los padres de Diego Bello testificarán el 16 de enero en Filipinas en una nueva vista del juicio por su crimen

La familia del joven empresario asesinado en Siargao viajará desde Galicia para declarar ante el tribunal filipino, en el proceso judicial contra tres agentes acusados de ejecución extrajudicial y manipulación de pruebas durante el operativo de 2020

Fue noticia en 2025 · Juicio a Álvaro Uribe: condena, absolución y claves de un proceso que impactó la política colombiana

La causa contra el exmandatario atravesó una sentencia condenatoria y una absolución, resaltando los argumentos que influyeron en la justicia y los momentos clave que delinearon el proceso

Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces

Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad fue designado por sorteo para juzgarla, ahora junto a su hijo Máximo Kirchner, por el delito de lavado de dinero en el caso Hotesur y Los Sauces.El juez designado por sorteo es Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los camaristas que ya sentenció a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años y que fue recusado en numerosas ocasiones por la defensa de la expresidenta. No se descarta que ahora vuelva a recusarlo.La integración del tribunal es producto de un sorteo realizado este mediodía en la Cámara Federal de Casación, a cargo del camarista Daniel Petrone, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.Cristina Kirchner embistió contra Giménez Uriburu porque dijo que jugaba al fútbol en el mismo equipo de fiscal Diego Luciani, que la acusó en el caso Vialidad, y que además los torneos se desarrollaban en un predio perteneciente a la quinta de fin de semana del expresidente Mauricio Macri.Ese equipo se llama Liverpool y el juez Giménez Uriburu se exhibió en el juicio, que se realizaba por Zoom, tomando en un mate con el escudo de ese club. El kirchnerismo lo interpretó como una provocación. El juicio por el caso Hotesur y Los Sauces está de algún modo conectado con la causa Vialidad. Allí Cristina Kirchner fue condenada, por favorecer a Lázaro Báez con el 85 % de la obra pública de Santa Cruz.En Hotesur y Los Sauces se investiga el retorno de dinero recibido en las cuentas de los Kirchner, tras el otorgamiento de esas obras.Esos pagos se habrían realizado mediante la contratación de habitaciones hoteleras, de la empresa Hotesur, de los Kirchner, que nunca fueron ocupadas por los empleados de Báez.Asimismo, se investigan otros pagos a la empresa Los Sauces, también de los Kirchner, por el alquiler de departamentos en el Sur y en Puerto Madero.Las firmas Hotesur y Los Sauces estaban integradas además de Néstor y Cristina Kirchner, por los Máximo Kirchner y por Florencia Kirchner, que fue separada de la causa, sin acusaciones.En esta causa, en noviembre de 2021, Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos, sin necesidad de enfrentar un juicio oral y público. Esa decisión sería revocada en 2023.Quienes firmaron ese sobreseimiento fueron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia, pero sus colegas hicieron mayoría.En 2023, cuando la Casación con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocó ese fallo y mandó a hacer el juicio oral, apartó a los camaristas Obligado y Grumberg. En su reemplazo fueron designados por sorteo Juan Michilini y Nicolás Toselli, como jueces subrogantes. Vencido ahora el plazo de suplencia del juez Toselli, se sorteó a su reemplazante y salió sorteado Grumberg. Pero como este juez ya no podía integrar el tribunal, se volvió a sortear y fue designado hoy Rodrigo Giménez Uriburu.Así el tribunal de Hotesur y Los Sauces quedó integrado por Adriana Palliotti, José Michilini y Giménez Uriburu.Mientras la causa estuvo en el tribunal oral federal 5, nunca se llegó a ponerle fecha al inicio de este juicio. Michilini, que aspira a ocupar la Cámara de Casación, preside el tribunal.Giménez Uriburu también fue designado por sorteo para juzgar a la expresidenta en el caso por la firma del Memorándum con Irán, junto con Andrés Basso y Javier Ríos.Cristina Kirchner cumple su condena a 6 años en arresto domiciliario en San José 1111, en San Cristóbal. Es juzgada además, por Zoom, como jefa de una asociación ilícita en el caso de los cuadernos de las coimas.Se encuentra internada desde hace una semana en el sanatorio Otamendi con antibióticos endovenosos, por una infección, luego de ser sometida a una operación de apendicitis.

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

El máximo tribunal paraguayo desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador entrerriano y avaló la elevación a juicio prevista para abril de 2026. La causa se originó tras su detención en la triple frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. Leer más

Fiscal pidió citar a juicio a exinspector de tránsito por abuso sexual de una compañera

El hecho habría ocurrido en noviembre de 2022 después de un festejo por el día del empleado municipal. Nunca estuvo preso. La defensa tiene plazo para oponerse. Leer más

La Corte Suprema de Paraguay rechazó los planteos de Kueider y confirmó la elevación a juicio

El exsenador demora la extradición a nuestro país y podría ser juzgado en Paraguay por tentativa de contrabando. Leer más

Juicio por YPF: los demandantes piden declarar a la Argentina en desacato

Burford Capital realizó una presentación pidiendo a la Jueza Loretta Preska que se cumpla con la entrega de mensajes de texto y correos electrónicos de funcionarios y ex funcionarios argentinos. Leer más

Juicio de YPF en Nueva York: el fondo Burford le pedirá a la jueza Preska que declare a la Argentina en desacato

Los demandantes consideran que el Estado no cumplió con el pedido de entrega de las comunicaciones de funcionarios y exautoridades.El país todavía tiene tiempo hasta el 10 de enero para hacerlo, en la nueva fecha límite formal que fijó Preska.

Juicio por YPF: escala la controversia por los chats de exfuncionarios y miembros del Gobierno

Un expediente paralelo al juicio multimillonario por el caso YPF, que también se desarrolla en Estados Unidos, atraviesa una disputa por la entrega de chats de exfuncionarios y actuales miembros del Gobierno. Los demandantes de la Argentina realizaron una presentación para hablar de posibles sanciones sobre lo que consideran un incumplimiento del país. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que el país no está en desacato y ha cooperado.La causa madre es la de la expropiación de YPF en 2012. El expediente tiene un fallo de primera instancia. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones. Este fallo fue apelado por el país y ahora la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos determinará si da lugar al reclamo del Estado o si se manifiesta de acuerdo con la magistrada.En paralelo, avanza otro expediente, catalogado como "discovery". En él, la Justicia estadounidense busca bienes embargables de la Argentina y si son alter ego del país como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF.En otras palabras, el desarrollo del "discovery" también puede ser planteado como la búsqueda de ¿con qué puede pagar la Argentina, en caso de perder definitivamente el juicio por la expropiación de la petrolera?En este caso, la jueza Preska solicitó a la Argentina documentación que alude a las "off channel communications". Esto implicaría, entre otras cuestiones, la entrega de información como chats y correos de exfuncionarios y de actuales miembros del Gobierno. Allí puede haber datos sensibles. La orden de la Justicia norteamericana incluye desde los mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) hasta el detalle de activos de la Argentina que eventualmente podrían ser embargados para pagarles a los demandantes.El asunto acumula varias semanas de controversias. Una fuente relacionada con el juicio asegura el país ya hizo entregas parciales de documentación y ha recuperado el contenido de muchos teléfonos, pero que los demandantes no encuentran la información que buscan para demostrar que YPF o el Banco Central son alter ego del Poder Ejecutivo.¿Quiénes son los demandantes? El megabufete internacional Burford Capital financia el juicio porque compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton), creadas por la familia Eskenazi. Su representación legal estuvo a cargo de tres estudios: Levine Lee LLP(con la intervención de los abogados Seth Levine, Alison Bonelli y Miriam Alinikoff), King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick.Ellos propusieron a la jueza Preska un cronograma de presentación de mociones de sanciones. Allí plantearon que el 15 de enero podrían entregar esa solicitud contra la Argentina. A su vez, según el calendario de los demandantes, el país podría responderle el 19 de febrero. Fuentes oficiales indicaron que los demandantes pueden solicitar lo que deseen, y que la Argentina se seguirá defendiendo.Este nuevo episodio en la disputa por los chats de funcionarios y exfuncionarios llega después de un fallo favorable que obtuvo YPF. El 23 de diciembre, Preska decidió suspender una orden que había emitido para investigar los activos de YPF potenciales de ser embargados.Sin embargo, la historia también posee otros capítulos de mayor tensión. Tal como contó LA NACION, el 9 de diciembre Preska cuestionó la falta de información sobre algunos puntos relacionados a la Argentina.Precisamente, el problema, en aquella ocasión, giró en torno a los acuerdos con China por el swap, dado que los demandantes consideran que ese convenio es una alternativa para empezar a cobrar.La fricción ocurrió tras la afirmación de que "la República" no tendría acceso a ciertos documentos porque habrían sido firmados por el Banco Central (BCRA) y no por el Poder Ejecutivo. Los letrados del país defienden entre sus argumentos la independencia del ente monetario con respecto al gobierno nacional.La Argentina planteó que revisó en distintos ministerios los detalles sobre el convenio con China, pero no encontró nada. Según las búsquedas realizadas, ningún organismo de la administración central tenía copia de esos acuerdos. Fue allí cuando Preska interrumpió con una frase que marcó un punto de quiebre en la audiencia: "¿Se está escuchando?". La jueza no frenó allí. Inmediatamente, profundizó el reproche y dejó en claro que el argumento no le resultaba creíble: "La idea de que la República no tenga acceso a un documento firmado en su nombre suena ridícula", señaló.De esta manera, la disputa por los chats acumula semanas de controversias. Su desenlace todavía resulta desconocido, al igual que la causa madre. Su resolución en segunda instancia podría anular todo, o acelerar los fallos adversos contra la Argentina.

Una cirugía estética terminó en juicio y la paciente logró una compensación económica

Una joven inició una demanda por una operación de implantes mamarios fallida. Debió someterse a una segunda intervención y enfrentar una depresión diagnosticada. La Cámara de Apelaciones elevó los montos indemnizatorios

La muerte de Diego Maradona: tras un fallo clave sobre el juicio, prometen "ir a fondo y hasta las últimas consecuencias"

Tras un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que rechazó una serie de planteos presentados por las defensas de los acusados y que allana el camino para que el segundo juicio donde se intentará develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona comience el 17 de marzo próximo, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas, prometió ir a fondo y hasta las últimas consecuencias."A partir de lo resuelto por el tribunal de alzada vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias porque someter a los imputados a un nuevo juicio viola la garantía que prohíbe que una persona sea sometida dos veces a un proceso penal por los mismos hechos. Hay que tener en cuenta que el juicio anterior se anuló por deficiencias del propio Estado no por responsabilidad de los procesados, por lo tanto, la idea de un nuevo juicio solo tiene sustento en limpiar la imagen del sistema judicial y quedar bien con la opinión pública a costa de los derechos de los imputados", dijo Mischanchuk.El primer juicio, que había comenzado el 11 de marzo pasado y donde eran juzgados Cosachov y otros seis acusados, fue declarado nulo a fines de mayo último después de que se conociera la participación de la por entonces jueza Julieta Makintach, que integraba el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, en la producción de un documental sobre el debate. La magistrada, finalmente, fue destituida.La reacción de Dalma y Gianinna a la foto de Maradona tras su deceso"El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas. Ambas decisiones nos afectan y utilizaremos todas las herramientas que nos otorga la ley para evitar que se avance de esta manera poniendo en riesgo el derecho de todas las partes de acceder a la verdad objetiva y una sentencia válida y justa. No debemos olvidar que detrás de los expedientes hay personas que la están pasando mal. En este caso, familiares de Maradona y los ocho profesionales de la salud injustamente acusados de haber provocado intencionalmente la muerte del ídolo, siendo que esto último con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado", sostuvo el letrado tras ser notificado de la decisión del tribunal de alzada.Cuando Mischanchuk habló de "la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes" hacía referencia a que su asistida y otro seis imputados serán juzgados por un tribunal colegiado y la octava acusada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, se someterá a un juicio Ayer, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, por mayoría, declaró inadmisible los recursos de rapelación que habían presentado las defensas de Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora médica Nancy Forlini y el enfermero Ricardo Almirón.Por mayoría, el tribunal de alzada también declaró abstracto los planteos presentados por las defensas del psicólogo Carlos Díaz y del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, otros dos acusados.Entre otras cuestiones, los camaristas Carlos Blanco, Gustavo Herbel y Oscar Quintana resolvieron sobre el pedido de que todos los acusados fuesen juzgados en juicio por jurados."Todos por jurados o todos bajo la órbita del juicio común", había sostenido el abogado de Cosachov en una de sus presentaciones, rechazadas por el tribunal de alzada.Mischanchuk también había hecho referencia a una "excepción de previo y especial pronunciamiento vinculada a la 'prohibición de múltiple persecución penal' equiparable a la conocida como 'cosa juzgada'". El tribunal de alzada intervino después de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7, a cargo del debate, rechazara una serie de pedidos de nulidad presentada por las defensas de los acusados y confirmó la fecha de inicio del segundo juicio.En ese fallo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio, confirmaron que el debate comenzará el 17 de marzo próximo y las audiencias se celebrarán martes, miércoles y jueves, de 10 a 17, en los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340.El Ministerio Público estará representado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren"Queremos que el juicio se haga de una vez y para siempre. Esto parece el Juego de la Oca: avanzamos un casillero y retrocedemos diez. Pedimos el rechazo de todos los planteos y que la decisión la tomen en el día de la fecha para no dilatar más", había sostenido el fiscal Ferrari en la audiencia de la semana pasada donde se debatieron las pruebas que cada parte presentará en el nuevo debate.

La Corte Suprema de Paraguay rechazó un reclamo de Edgardo Kueider y confirmó el juicio por contrabando

Lo hizo al denegar un recurso de apelación del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel. Los argumentos

Juicio por la expropiación de YPF: Burford anticipó que le pedirá a la jueza Preska que declare a Argentina en desacato

La solicitud, que también incluirá el pedido de sanciones, se dará en el contexto de la supuesta falta de entrega de comunicaciones de funcionarios locales. El evento que protagonizará Milei en EEUU cuando la magistrada deba decidir

Rechazan apelaciones y avanza el juicio por la muerte de Maradona: la queja del abogado de una de las acusadas

La Cámara de Apelaciones de San Isidro declaró "inadmisibles" los recursos presentados por las defensas y despejó el camino para la realización de un nuevo proceso. Entre los planteos, había solicitudes de un juicio por jurados y pedidos de sobreseimiento. Leer más

La AN fija para septiembre de 2027 el juicio a Ignacio González por adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal

El proceso judicial contra el exmandatario madrileño, junto a varios familiares y empresarios, investigará su papel en el presunto desvío de fondos públicos mediante contrataciones irregulares y el pago de comisiones, según Anticorrupción y fuentes jurídicas

Un "hijo del poder" y el ex de Paulina Lebbos van a juicio por el crimen de la joven, 20 años después

César Soto, ex pareja de la víctima, y Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de José Alperovich empezarán a ser juzgados en marzo.El 26 de febrero de 2006, la víctima había salido a bailar junto a un amiga. Cuando volvía, la asesinaron y su cuerpo fue encontrado 11 días después. Por el caso ya condenaron por encubrimiento a la cúpula de la Policía de Tucumán, al fiscal Carlos Albaca y al ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella.

El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

La defensa de El Menchito sostiene que la imposibilidad de capturar a su padre influyó en la severidad de la sentencia y cuestiona la validez de las pruebas y testimonios presentados

Juicio por los cuadernos: avanza la acusación por "La Camarita" y subsidios ferroviarios sin Clarens ni Cristina Kirchner

En la 13ª audiencia se leyeron las acusaciones de la UIF y del fiscal Stornelli por coimas en obra pública y transporte. El juicio sigue el martes próximo. Leer más

De la ilusión a la frustración: cómo la construcción de una casa terminó en juicio, acusaciones y millones en juego

Lo que comenzó como un proyecto familiar se convirtió en una batalla judicial. Retrasos y actualización permanente de valores presupuestados de otros proveedores. Finalmente, un tribunal ordenó a una empresa de aberturas indemnizar a los propietarios de la obra

Rechazan apelaciones y avanza el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

La Cámara de San Isidro declaró inadmisibles los recursos de varias defensas y despejó el camino hacia el debate oral, previsto para comenzar el 17 de marzo.

Ábalos solicita al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular en el juicio de las mascarillas

Juicio por YPF: al borde de la Navidad, la jueza Preska tomó una decisión que benefició a la petrolera

El tribunal de distrito de Nueva York accedió al pedido presentado por la empresa y pausó la búsqueda de bienes solicitada por Burford Capital

Carlos Fernando Motoa puso en tela de juicio a Iván Cepeda, que advirtió una campaña de desprestigio: "No aclare que oscurece"

El senador de Cambio Radical cuestionó las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, que aseguró ser víctima de ataques a su reputación orquestada por sus adversarios políticos

Gavier elevó a juicio a la banda que habría perpetrado cientos de estafas inmobiliarias en Punilla

Habrían hecho 325 escrituras apócrifas. Hay 28 acusados. El epicentro de las maniobras es una escribanía cuya titular ya falleció. Ocupaciones, denuncias falsas, defraudaciones a inversores. Aparecen los nombres de Diómedes Carbone y de Javier Perchante, exfuncionario de Parque Siquiman. Leer más

Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el primer juicio del 'caso mascarillas'

La defensa del exministro sostiene que los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación deben ser enjuiciados por un tribunal del jurado y cita el precedente de Francisco Camps

Sin Cristina Kirchner, el juicio de los Cuadernos avanza con el tramo "Transporte" y exhibe los pagos a Jaime y Schiavi

Sin Cristina Kirchner -internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por un cuadro de apendicitis-, el Tribunal del juicio de los Cuadernos de las Coimas continúa hoy con la lectura de la acusación fiscal que apunta contra las coimas por contratos y subsidios en el área de transporte. Además de la expresidenta y el exministro de Planificación, Julio de Vido, en este tramo del juicio cobran especial relieve las figuras de Ricardo Jaime -que está preso- y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de transporte durante el periodo investigado. "Yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba. También yo personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovía US$ 500.000â?³, describió en su acuerdo de colaboración el empresario Benjamín Gabriel Romero. "Jaime era medio ostentoso, pero la relación podría decirse que era cordial, él me decía que los pagos eran para arriba, pero no me consta cuál era su destino", sostuvo en su declaración, leída hoy en el juicio. La acusación del fiscal Carlos Stornelli y las declaraciones de dos empresarios sostienen que tanto Schiavi como Jaime habrían exigido pagos en efectivo para mantener concesiones, destrabar desembolsos o sostener un determinado esquema de subsidios.El empresario Romero relató que tras la salida de Jaime de la secretaría, el flujo de los pagos continuó con Schiavi al mando. "Generalmente, iba a su oficina, él era más escurridizo, prometía pero después no te daba nada, lo que quiero decir es que prometía trabajo y luego nos congeló la tarifa, y el subsidio", señaló. "nos amenazaban de que nos podían rescindir el contrato. Fuimos rehenes", agregó Aldo Benito Roggio, de Metrovías S.A. Respecto del 5%, dijo: "Debimos resignar parte de nuestra rentabilidad, ya que los subsidios no implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades". Esta parte de la maniobra también quedó alumbrada con los detalles que aportó como arrepentido el exsecretario del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, antes de ser brutalmente asesinado en El Calafate. Gutiérrez fue, entre 2003 y 2005, secretario adjunto de la presidencia, desempeñándose como ladero de Cristina Kirchner, por entonces senadora y primera dama. "Como primera dama, tenía despacho ubicado cerca del de Néstor. En esas ocasiones, que eran por la noche, alrededor de las 21.30 horas, yo podía observar que José López y Jaime iban a verlo a Néstor. José López con más frecuencia y llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila", detalló. Aclaró que nunca llegó a ver el contenido de los bolsos, pero que por su impresión y por lo que comentaban los secretarios, creía que llevaban lo de la "recaudación"."Estas circunstancias también las presenciaba Daniel Álvarez, quien luego de todo esto también venía con nosotros en el helicóptero. También recuerdo que Miriam Quiroga estaba en la Secretaría Privada en ese momento, y luego, en la presidencia de Cristina fue desplazada por Parrilli, por los comentarios que había de que era amante de Néstor Kirchner". Jaime está preso desde noviembre del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a 6 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once. Fue condenado en otros cinco procesos y ya había estado preso siete años.Noticia en desarrollo

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Sala de Apelaciones Nacional concluye que Fiscalía pretendió imputar dos delitos distintos por los mismos hechos al exmandatario

Juicio por los Cuadernos de las Coimas, EN VIVO: hoy se realiza una nueva audiencia, con Cristina Kirchner y exfuncionarios entre los acusados de corrupción

Este martes 23 de diciembre a partir de las 9 se realiza una nueva audiencia sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos del kirchnerismo. Esto mientras la principal acusada Cristina Kirchner sigue internada tras una operación.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

El juicio por los cuadernos de la corrupción continúa con la ausencia de CFK

El proceso continúa en el Tribunal Oral Federal N°7 con la ex presidenta como principal acusada, internada tras una operación de apendicitis. Cómo sigue la acusación de la fiscalía

Xavi Abat, abogado: "Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio"

El letrado comparte su experiencia personal sobre cómo ha asumido su propia defensa en los tribunales, explicando las particularidades de la autorrepresentación y lo que la legislación española permite

Poder Judicial archiva proceso por colusión contra Martín Vizcarra y descarta un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso del exmandatario y dispuso el sobreseimiento del caso al considerar que los hechos ya son materia de otro proceso penal

Quedó constituido el tribunal para el juicio por Vialidad II: quiénes son los acusados

La Cámara Federal de Casación Penal dejó constituido el tribunal que se encargará de realizar la segunda etapa del juicio por la causa Vialidad, a partir del 10 de abril de 2026, contra Martín Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, y exfuncionarios kirchneristas.Los jueces serán Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que realizaron el primer juicio donde fueron condenados a seis años de prisión Cristina Kirchner y Lázaro Báez, además del exsecretario de Obras Públicas José Lopez y otros exfuncionarios acusados por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz hacia el empresario kirchnerista.Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación rechazaron el recurso de Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad que pretendió recusar al juez Basso.Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado contra el rechazo de la queja presentada por la defensa de Sandro Férgola.Con esta decisión quedó constituido el tribunal para que empiece el proceso oral.Ahora serán juzgados funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz, a quienes se les atribuye el haber convalidado presuntas irregularidades en 27 expedientes de asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.En este segundo tramo, conocido como Vialidad II, será juzgados Martín Báez, el mayor de los hijos varones del empresario; Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones; el excontador Fernando Butti, y Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad que debía controlar a Báez y ahora se encuentra también investigado por el incremento exponencial de su patrimonio durante su paso por la gestión pública.Martín Báez ya está condenado â??y el fallo fue ratificado por la Corte Supremaâ?? a seis años y seis meses de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K".Además de recusar al juez Basso, Férgola pidió permiso para salir del país y estará durante un mes en Costa Rica, desde el 26 de diciembre al 26 de enero. Dijo que fue contratado para asesorar en la construcción de un emprendimiento inmobiliario.Indicó que viajaría desde Córdoba, con una escala en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, para llegar a Costa Rica. Hizo saber que durante su estadía se alojaría en el Apart Hotel Villa Alta Tamarindo y que fue el arquitecto Diego Roca quien contrató sus servicios profesionales.Dijo que debe brindar asesoramiento en los proyectos urbanísticos "The Box" (San José de Pinilla) y "Núcleo" (Avellanas), ubicados en la provincia de Guanacaste, emprendimientos que comprenden infraestructura vial, parque, piscina y solarium, y un conjunto residencial de 130 departamentos en 18 edificios.El fiscal Diego Luciani se opuso, considerando que Férgola enfrenta dos expedientes penales. Sin embargo, los jueces hicieron lugar al pedido considerando que ya viajó este año en tres oportunidades y cumplió cabalmente con sus compromisos.

Caso Escuela de Yoga: el principal denunciante irá a juicio por calumnias e injurias tras una denuncia de su madre

Pablo Salum fue acusado de difamación por su madre, Graciela Alarcón, quien negó haber sido víctima de la organización que funcionaba en Villa Crespo. En abril, la Justicia ratificó los procesamientos de 17 personas sospechadas de trata de personas y lavado de activos. Leer más

Héctor Julio Alfonso, hijo de alias la Gata, irá a juicio por vínculos con el paramilitarismo: Corte Suprema negó nulidad del caso

El máximo tribunal desestimó los intentos de frenar el proceso por presuntos nexos con grupos armados, al considerar que las pruebas y testimonios solicitados no aportan elementos nuevos a la investigación

Robaban rieles del Belgrano Cargas y los enviaban a Bolivia: condenan al hijo de un exintendente y su padre espera el juicio

La escena que reconstruyó la fiscalía se ubica en el chaco salteño, entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo, donde las vías del ramal Câ??25 del Ferrocarril Belgrano Cargas fueron objeto de saqueo. Cuadrillas contratadas para cortar y cargar rieles trabajaban incluso de noche, con grupos electrógenos, herramientas y una camioneta del municipio. El proveedor señalado como organizador, Miguel Gerala, hijo del entonces intendente de Coronel Juan Solá, se jactaba ante el comerciante David Edilberto Medina: "Nadie puede traer más que yo". Ambos fueron condenados por robo y contrabando, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).Entre el 3 y el 12 de diciembre, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó dos acuerdos de juicio abreviado solicitados por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual. El primero, el 3 de diciembre, estableció la condena de Miguel Gerala a 6 años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda. En el mismo acuerdo, David Edilberto Medina recibió 6 años de prisión por contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo [pagar una coima], además de la inhabilitación para ejercer el comercio por 5 años.El segundo acuerdo, homologado el 12 de diciembre, alcanzó al sargento Jorge Fernando Cabrera, condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo, es decir, recibir una coima.La jueza también declaró admisible la acusación contra el exintendente Atta Gerala, imputado por contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos. El oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, deberá responder por cohecho pasivo. Ambos casos fueron elevados a juicio, con expectativa de pena de 11 años para el exintendente y de 3 años para el policía.La investigación comenzó el 23 de agosto de 2024 tras una denuncia del Correo Argentino por el envío de más de 480 cubiertas comercializadas por Medina en Orán. Las primeras medidas revelaron que el comerciante ingresaba neumáticos desde Bolivia y luego los vendía en el país. Con el avance de las pesquisas, se determinó que Medina también exportaba material ferroso, principalmente rieles sustraídos del ramal Câ??25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, pese a la prohibición vigente de exportación de material ferroso establecida por el decreto 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional.La investigación permitió establecer que Medina contaba con un proveedor que disponía de una estructura para el saqueo y el traslado del material hasta un galpón ubicado en Alberdi al 900, en Orán. En julio de 2024, una denuncia señaló al hijo del intendente como principal responsable del robo de rieles, información corroborada mediante comunicaciones con Medina en las que Gerala mencionaba rieles sustraídos en Pluma de Pato, Dragones y Morillo. También se comprobó la participación de integrantes de comunidades originarias contratados para las extracciones, quienes recibían pagos de $10.000 por tarea.Según el MPF, se utilizaron maquinarias, herramientas y una camioneta del municipio. En los teléfonos secuestrados se hallaron mensajes y un video filmado por Miguel Gerala que muestra a una cuadrilla trasladándose en camioneta tras una extracción. La cobertura para evitar controles fue atribuida al oficial ayudante Rodríguez, jefe del destacamento de Pluma de Pato. En el expediente consta un procedimiento en el paraje Padre Lozano, donde se detuvo un camión con rieles; el chofer declaró que había sido contratado por Atta Gerala.En noviembre de 2024 se realizaron allanamientos en predios municipales y en la vivienda del entonces intendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en aproximadamente $19.000.000. El traslado hacia Bolivia se efectuaba por una finca privada con fondo lindero al país vecino. En esta etapa se acreditó la intervención de Cabrera para garantizar el paso de los camiones sin controles.La causa incluye evidencia como intervenciones telefónicas, registros de imágenes, testimonios y secuestros de material. El exintendente fue destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de ser imputado por el MPF.

Un padre pide reducir los 1.000 euros que le pasa a su exmujer alegando que no tiene dinero, pero unos detectives prueban su "elevado nivel de vida": pierde el juicio

El hombre está además acusado de violencia de género

Un ciclista voló por el aire tras toparse con una tapa de alcantarilla en el microcentro porteño: ganó el juicio

Un hombre sufrió graves lesiones en un accidente en el cruce entre Viamonte y San Martín. La disputa entre la empresa de agua y la víctima reavivó históricos debates sobre el estado de las calles y la seguridad urbana

Piden llevar a juicio a un exministro de seguridad de Córdoba y siete policías por un caso de gatillo fácil

Alfonso Mosquera quedó al borde del juicio por su presunta responsabilidad en el operativo que derivó en el asesinato de Blas Correa, ocurrido en agosto de 2020 durante un operativo policial. También está acusado el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano, hoy integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. La nueva causa investiga irregularidades, encubrimiento y abuso de autoridad. Leer más

El delicado momento de la futura reina de Noruega: trasplante de pulmón y juicio por violaciones contra su hijo

La situación Mette-Marit, cónyuge del príncipe Haakon Magnus.Los difíciles frentes que debe afrontar en forma inminente.

Manuel Adorni le hizo juicio a su exempleador, reclamó que le pagaban en negro y cobró más de US$60.000

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le hizo una demanda a su exempleadora de casi 15 años por un presunto despido sin causa. El exvocero alegó que la demanda se cerró previamente, en un acuerdo conciliatorio. La empresa, Mapemfi, agente oficial de la marca de autos Renault, no reconoció los hechos pero acordó un pago en etapa de conciliación. Adorni aseguró en su demanda que le pagaban en negro. El proceso comenzó en 2016. Además de Mapemfi, Adorni demandó a Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A por supuesta responsabilidad solidaria.En el telegrama enviado a todas las sociedades, el jefe de Gabinete argumentó que incurrieron en "faltas graves alejadas de la buena fe y costumbres laborales que han imposibilitado mantener el vinculo laboral". Adorni rechazó la "improcedente, mendaz e insólita" carta documento que le enviaron previamente, en la que se lo intimó bajo apercibimiento de abandono a "justificar ausencias de los días 11 al 12 de mayo de 2016â?³. "Adviértase dos días para tamaño apercibimiento", acotó en el telegrama. Allí explicó que el día 11 del ese mes, directivos de la empresa le negaron categóricamente el trabajo "sugiriéndome que haga un número (liquidación en virtual camino a un despido sin causa que lo justifique)". "Sorpresivamente -agregó- recibo la CD en cuestión que, amen de no entender la posición de la empresa, aprovecho para intimarla ante negativa de trabajo, aclare mi situación laboral en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de considerarme despedido ante su actitud injuriosa", continuó.En este mismo telegrama, los intimó a que regularicen su situación laboral, "en atención a que siempre me pagaron mensualmente mis remuneraciones parcialmente en negro la suma de $ 15.000; como también la fecha de ingreso registrado dos años después". "Por la misma razón nunca me pagaron aguinaldos ni vacaciones proporcionales por las diferencias en negro. A los efectos que procedan a regularizar mi situación laboral y cumplan con todas las obligaciones de la seguridad social , señalo que ingresé a trabajar en septiembre de 2002, que percibía una remuneración por recibo oficial y la parte en negro que ascendía a $45.862,15â?³, argumentó en aquel entonces el actual jefe de Gabinete.Fuentes del entorno de Adorni dijeron a LA NACION que lo sucedido "no tiene nada que ver con la industria del juicio". Y alegaron que la demanda nunca llegó a juicio ni sentencia. "Fue hace mas de 10 años y en el marco de la ley", agregaron. Las empresas mencionadas respondieron el 11 de octubre de 2016, rechazando en todos los casos el reclamo. Negaron la existencia de una relación laboral directa con el actor y descartaron cualquier tipo de responsabilidad solidaria. Entre el 12 y el 18 de octubre de 2016, quedaron registradas en el expediente las notificaciones y devoluciones de las cartas documento.La etapa judicial comenzó formalmente el 24 de abril de 2017, cuando el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66 tuvo por presentada la demanda. El juez Julio Armando Grisolía convocó a una primera audiencia de conciliación para el 23 de junio de 2017. En esa audiencia comparecieron Adorni y el apoderado de Mapemfi S.A., sin que se alcanzara un acuerdo. El tribunal dispuso entonces correr traslado de la demanda a las restantes codemandadas y fijó una nueva audiencia.Durante agosto de 2017, Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A. contestaron la demanda solicitando su rechazo. En sus presentaciones, reiteraron la inexistencia de vínculo laboral con Adorni y cuestionaron la procedencia del reclamo. El actual funcionario respondió esas contestaciones, ratificando los términos de su demanda original.El 12 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación. En ese acto, Adorni desistió de la acción y del derecho respecto de Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., lo que implicó su desvinculación definitiva del proceso judicial. A partir de ese momento, el litigio quedó limitado exclusivamente a Mapemfi S.A.Ese mismo día, el actor y la empresa alcanzaron un acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el juzgado. Según consta en el acta, Mapemfi S.A. se comprometió ("al sólo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno al actor") a abonar a Adorni la suma total de $1.000.000, en concepto de indemnización por antigüedad. El pago se estableció en cuatro cuotas de $250.000, con vencimientos entre septiembre y diciembre de 2017. Al valor del dólar de entonces, eran unos US$60.000. La homologación judicial otorgó al acuerdo efecto de cosa juzgada.Adorni se refirió a los juicios laborales en su última aparición en el Coloquio de Idea. "Necesitamos recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, profundamente dañado por el exceso de burocracia y litigiosidad. Para eso debemos quitarle poder a los agentes que buscan dañarlo para su propio beneficio, como los caranchos laboralistas, que son capaces de mandar a la quiebra una pyme con tal de cobrar un juicio. Cuando una pyme no sabe cuánto le va a terminar costando un empleado a causa de juicios injustos, directamente no lo toma. Por eso esta reforma apunta a terminar con la nefasta industria del juicio laboral, buscando eliminar discrecionalidad por parte de los jueces laborales a la hora de dictar sus sentencias", dijo entonces.

La "industria del juicio laboral", un slogan vacío

Los abogados laboralista Alberto y Javier Indij sostienen que cada año se mantiene la misma cantidad de juicios, aunque es cierto que existan letrados inescrupulosos. Proponen consensuar una reforma laboral en base al principio de no regresividad.

La Cámara Federal de Salta envió a juicio a un ex intendente por el robo y contrabando de rieles

El tribunal de Alzada declaró admisible la acusación contra Atta Gerala, señalado como integrante de una organización dedicada al saqueo de rieles del Belgrano Cargas y su traslado ilegal a Bolivia, con presunto uso de recursos municipales

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

Los abogados Valerie Gotlib y César de Castro presentaron un documento de 78 páginas para optar que su cliente pueda revertir su condena ante la justicia norteamericana

Avanza el juicio del caso Cuadernos: la investigación reveló 175 sobornos y pagos ilegales en la obra pública atribuidos a Cristina Kirchner

Los documentos entregados a la Justicia por el periodista Diego Cabot detallaron presuntos pagos ilegales vinculados a contratos de obra pública. Según la acusación, las entregas fueron coordinadas por Roberto Baratta y llegaban hasta la residencia de la familia Kirchner. Leer más

Juicio de los Cuadernos: se leyó la acusación de la UIF y se expusieron detalles que dieron los arrepentidos

"En la segunda o tercera reunión con [Ernesto] Clarens, también en las oficinas de él, a las cuales concurrí solo, éste me dice que para poder cobrar debíamos devolver el 3% de todo lo que se nos pagara, sí o sí".Los dichos son del empresario Gabriel Pedro Losi, acusado en la causa de los cuadernos de las coimas de haber realizado al menos siete pagos indebidos a funcionarios del kirchnerismo. Forman parte de su declaración como arrepentido, leída hoy en una nueva audiencia, en la que se expuso gran parte del requerimiento de elevación a juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como "La Camarita".En el acuerdo de colaboración que trabó con la fiscalía, el empresario Losi dijo haber realizado los pagos de forma presencial, en las oficinas del financista Clarens, quien oficiaba de intermediario entre parte del empresariado y los Kirchner. "Clarens refería tener un vínculo directo con Néstor Kirchner. Él hablaba más de él que de Cristina. Se refería a Néstor como 'el Furia', que era un calentón", contó Losi en el tramo leído este jueves. El empresario agregó no tener registro de los pagos, por "obvias razones".Otros testimonios, uno de ellos repasados en esta audiencia del juicio, refieren que, tras la muerte del expresidente, en 2010, la expresidenta se puso al frente del esquema de recaudación ilegal."José López tomó una significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner, porque a partir de allí él se jactaba de que hablaba directamente con Cristina, lo decía en reuniones con empresarios", dijo en un tramo de su declaración leída en esta jornada el empresario Juan Chediack."El nos reunía en la oficina 1202 del Ministerio, si no me equivoco, y nos decía: 'Ustedes son unos forajidos, ustedes tienen que trabajar; si no, tengo 14 tipos que quieren agarrar tu obra'. A todos nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte de Néstor más vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto", dijo. En la audiencia número once del caso de los cuadernos, los hechos se presentaron desde la óptica acusatoria de la UIF, conducida en aquel entonces por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, y con Agustín Biancardi al frente del departamento de litigios."En estas actuaciones [en referencia a 'La Camarita'], se trata el caso específico de los actos de adjudicación de las obras que se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, siendo que cuando se abonaban anticipos financieros, los mismos oscilaban entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra", dice la acusación del organismo. "Julio Miguel De Vido, a través de los distintos organismos dependientes del exMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue el responsable de la concreción de este sistema, encomendándole su coordinación a José Francisco López [Secretario de Obras Públicas], y su ejecución a Carlos Guillermo Enrique Wagner [empresario]", dijo la UIF, hoy bajo la conducción de Paul Starc. Con el testimonio del exfuncionario arrepentido Claudio Uberti, la UIF apuntó también contra Marcelino Aznar, el empresario que, según la acusación, era el encargado de organizar el pago de los "corredores viales". "Los primeros meses sacaban una cuenta -dijo Uberti- por cada uno de los seis corredores, era una cifra aproximada de 150.000 dólares. Esa recaudación me la entregaba Aznar y yo debía entregarla. Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así." "El mismo día en que cobraban su parte, [los empresarios] se reunían con el señor Miguel Aznar y le daban aquello que había sido pedido por Néstor Kirchner", afirmó. La lectura continuará el próximo martes, a las 9, en la anteúltima audiencia del año.

El fiscal Mondino pidió elevar a juicio a 11 funcionarios por el encubrimiento posterior al crimen de Blas Correas

Los principales son el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el ex subsecretario Lucas Mezzano y el exjefe policial Gonzalo Cumplido. Hay pedido de archivo para la exjefa de la Policía, Liliana Zárate Belleti y la extitular del Tribunal de Conducta, Ana Becerra. Leer más

Juicio del caso Cuadernos: por la cartelización de la obra pública, Cristina Kirchner recibió 175 sobornos por 170 millones de pesos y 600 mil dólares

En la audiencia de este jueves se leyó la acusación de la querella de la Unidad de Investigación Financiera.Más detalles sobre los beneficiados por la "Camarita" de la obra pública y las empresas que ademas de coimas pagaban alquileres a la expresidenta.

Revelan la dieta que revierte el hígado graso en pocos días: debe cumplirla con juicio

El hígado graso no alcohólico, conocido científicamente como enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA), se ha convertido en la causa más frecuente de enfermedades hepáticas crónicas tanto en niños como en adultos, explica el Centro de Nutrición Júlia Farré.Una de las principales causas de este padecimiento es el sedentarismo, así como el sobrepeso, la obesidad, el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes. Por ello, los especialistas recomiendan seguir una dieta balanceada acompañada de actividad física.El lugar de la casa donde se debe poner una taza con sal para atraer la abundancia y la riquezaEl tratamiento del hígado graso implica cambios en la alimentación, así como en el estilo de vida, ya que debe incluir alimentos como verdura, hortalizas, frutas frescas, legumbres, cereales integrales, proteínas magras, grasas saludables y lácteos descremados, entre otros.Además, deben reducir el azúcar, los ultraprocesados y el consumo de alcohol. Asimismo, es importante mantener las porciones en cantidades moderadas para evitar el exceso de calorías.La Enfermedad Hepática Grasa No Alcohólica ocurre cuando más del 5 por ciento de las células del hígado han acumulado ácidos grasos y triglicéridos hasta el punto de no poder eliminarlos, según el sitio mencionado anteriormente.La acumulación de grasa en el hígado suele ser consecuencia de una dieta poco saludable y de la falta de ejercicio físico.La gran mayoría de las personas no saben que tienen esta enfermedad, ya que suelen ser asintomáticas. Sin embargo, algunos de los síntomas más comunes son el cansancio, el malestar general o el dolor en la parte superior derecha del abdomen.El tipo de magnesio que puede ayudar a reparar los músculos y los huesosDe acuerdo con el Centro de Nutrición Júlia Farré, el tratamiento más eficaz para esta enfermedad consiste en un cambio de hábitos, incluyendo una dieta saludable y una rutina regular de ejercicio.Para mantenerlo bajo control, es importante acudir siempre a revisiones médicas y evitar la automedicación, para así no empeorar los síntomas."No se trata de abandonar la ingesta de grasa, sino de controlar la cantidad de energía que se ingiere y a través de qué alimentos proviene", afirma Cristina González, nutricionista del Centro de Nutrición Júlia Farré.Una de las dietas más recomendadas para tratar el hígado graso es la dieta mediterránea, que se caracteriza por el consumo predominante de alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras.Esta es la dieta que recomienda el Centro de Nutrición Júlia FarréDesayunoCafé con leche descremada; una tostada de pan integral con queso fresco, tomate y aceite de oliva virgen extra.AlmuerzoEndivias con granada, salmón al vapor con boniato asado.MeriendaUn yogur natural sin azúcar, acompañado de seis nueces.CenaUn calabacín y pimiento a la plancha.Una pechuga de pollo a la plancha.Una rebanada de pan integral.

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: "La imagen es fundamental"

La vestimenta y la compostura son elementos clave

Juicio por asaltos a countries del Gran Córdoba: una de las víctimas es Kesito Pavón de La Banda de Carlitos

En la Cámara 4a del Crimen se podrían plantear acuerdos entre los acusados y la Fiscalía, con reparaciones a los damnificados. En la audiencia de ayer el presidente del Tribunal dio una clase magistral sobre qué significa un juicio abreviado y el verdadero arrepentimiento de los acusados. Leer más

El juicio por los cuadernos de la corrupción: sigue la acusación que reveló las fortunas que ganaron los empresarios

Toni Musalaev, abogado: "Estás obligado a declarar en un juicio como testigo, pero existen excepciones"

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla casos en los que es posible abstenerse de testificar si existe vínculo familiar o profesional con el investigado

La opinión pública ante al Juicio a las Juntas y las políticas de DDHH de Alfonsín

El Juicio a las Juntas del que este año se cumplen 40 años es, sin duda, uno de los hitos más trascendentes de la historia democrática argentina. Las encuestas entre 1983 y 1986 realizadas por Gallup bajo mi dirección permiten reconstruir aquel clima público con nitidez. Ese conjunto de materiales permite observar un patrón consistente: la sociedad argentina apoyó masivamente tanto el Juicio a las Juntas como la política de verdad y justicia de Alfonsín, aun cuando coexistían tensiones y ambivalencias heredadas del pasado reciente.Apenas unos meses después de la creación de la Conadep, en abril de 1984, el 54% de la población ya evaluaba positivamente el juzgamiento de los responsables de la represión, y solo el 12% lo consideraba negativamente. Eran tiempos en que el miedo todavía no había desaparecido del todo y en que cada avance institucional implicaba tensiones internas y externas. Sin embargo, incluso ahí, en ese territorio incierto, la mayoría reclamaba verdad.Con el inicio del Juicio a las Juntas en abril de 1985, lejos de erosionarse, ese respaldo creció. En junio de ese año, el 76% de los argentinos sostenía una opinión positiva sobre la política de juzgamiento, y apenas el 8% la rechazaba, mientras que un 15% la evaluaba regular. Un nivel de consenso excepcional en cualquier democracia, y más aún en una democracia recién recuperada como la argentina.Este apoyo no se daba en el vacío. Era parte de un debate profundo sobre la responsabilidad, sobre quién debía rendir cuentas. La mayoría -el 52%- consideraba que debían ser juzgados tanto los que dieron las órdenes como los que las ejecutaron, mientras que el 29% consideraba que debía juzgarse solo a los superiores por ser los responsables. Esa definición moral y jurídica, expresada desde la calle antes, anticipó discusiones que marcarían nuestra historia en los impactos siguientes.También resulta significativo observar cómo se posicionaba la sociedad ante la disyuntiva entre memoria y olvido. Desde 1982, cuando la dictadura todavía respiraba, cerca de la mitad de los argentinos ya se inclinaba por esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias, mientras que el 40% optaba por olvidar el pasado y mirar hacia delante. Con el retorno de la democracia y sus años de ejercicio, esa voluntad se volvió aún más firme: en 1995 un 50% pedía esclarecer y un 31% optaba por el olvido, y en 2003 sube a 62% quienes eligen esclarecer y baja a un 29% quienes prefieren olvidar y mirar hacia delante.Las encuestas realizadas indican un amplio apoyo a las políticas de verdad y justicia, incluso en un contexto de dificultades económicas crecientes. Los argentinos valoraban positivamente el proceso judicial impulsado por Alfonsín y consideraban necesario depurar el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política. La ciudadanía respaldó la política de derechos humanos, aunque coexistían percepciones ambivalentes sobre el impacto de la violencia política previa en los años 70 y sobre el rol que las Fuerzas Armadas habían tenido en el restablecimiento del orden.La sociedad argentina apoyó mayoritariamente el Juicio a las Juntas y las políticas de derechos humanos de Alfonsín. Ese respaldo no solo brindó legitimidad al proceso judicial, sino que consolidó un consenso democrático duradero. A 40 años del Juicio, esa evidencia empírica muestra que la búsqueda de verdad y justicia no fue una imposición desde arriba, sino una convicción compartida por la mayoría de los argentinos: una base moral y política sobre la cual se construyó la democracia recuperada.El proceso judicial y el debate público de aquellos años tuvieron también un impacto profundo en la percepción social de las Fuerzas Armadas. Durante décadas, la intervención militar en la vida política había erosionado su imagen frente a la ciudadanía, situación que se acentuó al hacerse visibles las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario. Sin embargo, con el paso del tiempo y frente a la evidencia sostenida de que las instituciones militares se han concentrado en sus funciones específicas, subordinadas al orden constitucional y sin pretensiones de poder político, esa imagen se ha transformado. Hoy predomina una valoración más serena y profesional de las Fuerzas Armadas, asociada a su papel institucional y no a las ambiciones de gobierno que marcaron etapas conflictivas del pasado.En 1985, el 66% de los argentinos declaraba no confiar en ellas. El descrédito militar no era un simple dato sociológico: era parte del sostén político y cultural que hizo posible el Nunca más. No fue solamente un gesto audaz del gobierno democrático, ni un experimento institucional que el mundo observó con asombro. Fue, ante todo, una expresión clara de la sociedad argentina, que en los años más frágiles de su transición eligió un camino difícil. Mirar estos números 40 años después no transforma el Juicio en una estadística, pero sí nos obliga a comprenderlo como un acto colectivo.Tomando datos actuales de Voices y World Values Survey, las Fuerzas Armadas son la institución más valorada en 2024 con 53% de confianza vs. 19% en 1984, mientras que las instituciones más ligadas al sistema político han perdido credibilidad marcadamente. La confianza en el Congreso, que en 1984 alcanzaba el 73%, se redujo de forma drástica, así como también la credibilidad en la Justicia, que llegaba al 59%. Actualmente, solo cerca de 2 de cada 10 argentinos confían en ambas instituciones y solo 1 de cada 10 en los partidos políticos.A 40 años del Juicio a las Juntas y ante los datos actuales, la pregunta no es solo qué pasó entonces, sino qué estamos dispuestos a defender hoy. Porque aquel juicio fue, en esencia, una afirmación colectiva: la democracia no se negocia y la justicia no se posterga. Y esa afirmación, nacida en las calles, todavía nos interpela. Debemos afianzar y hacer más eficiente nuestra democracia para responder a las necesidades de los argentinos.Socióloga, presidente de Voices Consultancy, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

Caso Hotesur: a un año del fallo de la Corte que ordenaba hacerlo, aún no tiene fecha ni tribunal completo el juicio que más preocupa a Cristina Kirchner

Es la investigación por lavado de dinero y dádivas a través del alquiler de hoteles y departamentos de la exfamilia presidencial.El caso está demorado por el retraso de una pericia contable y la designación de un juez suplente en el TOF 5.

Otro empresario pyme en riesgo por un juicio laboral de $250 millones: "No se puede seguir castigando a las empresas"

El dueño de una empresa de aditivos alimenticios reclamó por una sentencia judicial que consideró infundada tras la demanda de un ex empleado. La jueza que lo sancionó es Lucrecia Pedrini, la misma del "caso Piégari"

Kylian Mbappé le ganó un juicio laboral al PSG y el club deberá pagarle más de 61 millones de euros

Un tribunal de París falló a favor del delantero en un litigio laboral récord y obligó al PSG a pagar salarios y primas impagas.

A juicio por abusar sexualmente de su hija menor en Palma

La familia de un alumno ganó un juicio contra una agencia por un viaje de egresados que nunca se realizó

Un juez reconoció el derecho a recuperar el dinero abonado y a recibir una compensación por el perjuicio sufrido, tras la suspensión del crucero de fin de curso contratado para su hijo

Lesa humanidad: Casación avaló la prisión preventiva del ex médico Jorge Bergés y pidió celeridad en el juicio

Juicio laboral histórico en el deporte: PSG deberá pagarle â?¬ 61 millones a Mbappé (que quería 263)

En un caso sin precedentes en la historia reciente del fútbol profesional, el Consejo de Prud'hommes de París condenó a Paris Saint-Germain a pagar 61 millones de euros (más de 70 millones de dólares) a Kylian Mbappé, en concepto de salarios impagos y primas no abonadas. La sentencia se enmarca en un conflicto de proporciones récord entre el delantero francés y su exclub, iniciado tras la abrupta salida del jugador rumbo a Real Madrid.El fallo representa un hito en materia de relaciones laborales en el deporte profesional, tanto por el monto concedido como por el rechazo integral a las demandas reconvencionales que había presentado el club. PSG, que reclamaba 440 millones de euros a su exjugador por presuntos daños contractuales y pérdida de oportunidad, no obtuvo respaldo alguno por parte del tribunal. Además del pago millonario, la resolución ordena al club publicar la sentencia completa durante un mes en la portada de su sitio de internet.La sentencia fue dictada por mayoría de los cuatro magistrados laborales que integran el tribunal, tras semanas de deliberación. La defensa del jugador había llevado el caso ante el Consejo tras una audiencia celebrada el 16 de noviembre, en la que Mbappé reclamó 263 millones de euros, mientras que PSG exigía esos 440 millones por "mala fe" del futbolista. Ambas cifras fueron descartadas por el tribunal, que se centró exclusivamente en los conceptos salariales impagos. Según precisaron medios franceses, como L'Équipe, el jugador reclamaba haberes correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, además de una prima de ética y una prima de firma previstas en su contrato. La corte consideró probado que esos pagos no fueron efectuados, y recordó que la propia liga francesa ya había reconocido la existencia de esas deudas en resoluciones emitidas en septiembre y octubre del año pasado.Los abogados del futbolista sostuvieron además que PSG nunca presentó pruebas de su supuesto argumento: que Mbappé había aceptado condonar esas sumas a través de un acuerdo informal vinculado con su reincorporación al plantel. Ante la falta de documentación, la defensa del club fue descartada.A la salida del tribunal, las abogadas del delantero, Frédérique Cassereau y Delphine Verheyden, insistieron en la dimensión laboral del conflicto: "Hemos hecho todo durante más de 18 meses para reducir este litigio a los meses de salarios y a la prima que se debía. Por lo tanto, es una victoria. No es en absoluto un tema personal. Simplemente, es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello", señalaron ante la prensa. Además, destacaron que el tribunal ordenó la ejecución provisional del fallo, lo que obliga a PSG a pagar de inmediato. "El fútbol no es una zona sin ley. Esperamos que PSG pueda ejecutarlo espontáneamente, sin que tengamos que pasar por la vía de un alguacil. Eso sería elegante", añadieron.La relación entre Mbappé y el club parisino se rompió en 2023, cuando el delantero decidió no extender su contrato, que expiraría en junio de 2024. Esa decisión privó a PSG de obtener un ingreso por una transferencia, después de que gastara 180 millones de euros para incorporarlo, y pese a haberle ofrecido en 2022 el contrato más lucrativo de su historia. Como represalia, el atacante fue apartado de la gira de pretemporada y obligado a entrenarse con los suplentes. Más tarde fue reincorporado tras una negociación interna cuyas condiciones formaron parte del litigio.En el marco de su demanda, el club alegó que el jugador había ocultado durante once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar, impidiéndole ejecutar una venta a buen precio. Entre sus argumentos incluyó una oferta formal de 300 millones de euros del club saudita Al-Hilal, rechazada por el futbolista en julio de 2023. Solo por ese concepto, PSG reclamaba 180 millones de euros dentro del monto total exigido como resarcimiento, la cifra que había pagado en su momento al club Monaco.Por su parte, los asesores legales de Mbappé remarcaron que el jugador "cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años y hasta el último día. Hizo todo lo posible para evitar litigios, incluso llegando a retirar una denuncia de acoso en un espíritu de conciliación. En total, estuvo reclamando sus salarios y bonificaciones durante más de 18 meses". El club negó haber ejercido hostigamiento y destacó que el delantero participó en 94% del total de los partidos oficiales durante la temporada 2023/2024, siempre en condiciones acordes con la Carta del Fútbol Profesional. No obstante, esos aspectos no fueron considerados relevantes por el tribunal para resolver sobre el fondo del caso."Paris Saint-Germain toma nota de la decisión pronunciada por el Consejo de Prud'hommes de París, la cual ejecutará, al tiempo que se reserva el derecho de apelar", anunció el club, según difundió L'Équipe. Y continuó, en el mismo en un comunicado: "El club siempre actuó de buena fe y con integridad, y continuará haciéndolo. Ahora mira hacia el futuro, fundado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera".Mbappé dejó PSG a mitad de 2024 como jugador libre, tras afrontar siete temporadas en el club, con seis títulos de campeón de Ligue 1 y el récord de goles de la entidad: 256 en 308 partidos. Posteriormente, el equipo parisino conquistó por primera vez la Champions League, aunque ya sin su principal figura en el plantel. El fallo cierra, al menos de forma parcial, uno de los capítulos más conflictivos entre una entidad deportiva y una superestrella; el proceso continúa abierto a la vía de apelación.

Procuraduría citó a juicio disciplinario al ministro de Salud y exfuncionarios por modelo de sistema de salud para maestros

La entidad inició actuaciones disciplinarias tras detectar posibles fallas graves en la gestión del modelo de atención dirigido al magisterio

Suspenden juicio de "El Lastra", reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

La investigación por el reclutamiento del crimen organizado en el Rancho Izaguirre no podrá llegar a juicio hasta que se resuelva el amparo

Caso Dalmasso. Piden la elevación a juicio del parquetero Bárzola, aunque el caso en su contra está prescripto

CÓRDOBA.- El crimen de Nora Dalmasso suma un nuevo capítulo. Días después de que se resolviera que los tres fiscales que intervinieron en la instrucción del expediente por el femicidio ocurrido hace 19 años en Río Cuarto enfrentarán un jury de enjuiciamiento con miras a su eventual destitución, el fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación y pidió la elevación a juicio del caso sobre el último sospechoso: Roberto Bárzola, el parquetero que trabajaba en la casa de la víctima. En octubre pasado, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto había decretado su sobreseimiento total por prescripción.Los hijos y el viudo de Nora Dalmasso apelaron la decisión de la Cámara; presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que todavía no se expidió.En conferencia de prensa, el fiscal Pablo Jávega sostuvo que "se ha alcanzado la probabilidad necesaria de elevación a juicio" contra Bárzola. La acusación se basa en una prueba genética. Aunque no hay confirmación se descuenta que la defensa se opondrá al pedido de la Fiscalía. En su momento ya pidió la prescripción.Puntualizó que el indicio más importante es la compatibilidad genética, "pero no el único". Agregó el fiscal: tenemos un indicio de presencia en tiempo y en espacio que se desprende del mismo relato del señor Barzola que confirma que estuvo en el rango de tiempo en el que ocurrió el hecho, en declaraciones hechas a pocas horas del hecho. A su vez, hay un indicio de mala justificación. Él dijo que tenía pago el día sábado y que concurrió a un domicilio en otra casa y ha quedado acreditado que él nunca concurrió a ese domicilio". Jávega añadió: "Esto se combina con otro indicio. Afirmó que no había podido trabajar en la casa de Dalmasso porque se habían abierto las ventanas y se había mojado el piso. Esto no pudo verificarlo si no estuvo en el lugar, porque es literalmente lo que se vio en la escena del delito. Existen diversos indicadores, ninguno concluyente por sí mismos, pero analizados en conjunto excluyen otra opción o hipótesis".Último tramoLa investigación que ahora Jávega eleva a juicio fue iniciada el 15 de octubre de 2022, después de que la Justicia absolviera al viudo Marcelo Macarrón quien llegó a proceso acusado de presunto autor intelectual del crimen. El objetivo fue identificar a los partícipes del hecho. La Unidad Fiscal afirma que esa etapa finalizó luego de que se recibiera declaración al imputado y se produjera la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes del proceso y considera "reunidos los elementos necesarios para formular el mérito acusatorio, por lo que solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio".La acusación fue notificada a la defensa técnica de Bárzola "y puesta en conocimiento de la familia de la víctima, constituida como querellante particular".En el comunicado del lunes, se agradece el trabajo realizado por el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, bajo la dirección de la doctora Nidia Modesti, así como el aporte del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida (Estados Unidos), a cargo del doctor Jack Ballantyne. También reconoce la labor de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial de Córdoba.Sentencia de prescripciónHace un año un nuevo estudio de ADN permitió situar a Bárzola en la escena del crimen. Operario en el pulido de pisos de madera, trabajaba en la obra de remodelación de la casa de Dalmasso. Fue imputado por abuso sexual seguido de muerte.A mediados de octubre la Cámara determinó que "desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción", puntualizó el tribunal al bloquear el avance de la acción contra Bárzola.La sentencia remarca que el artículo 62, inciso 2, del Código Penal establece que el plazo máximo de prescripción para el delito atribuido al imputado Bárzola es de 15 años. Los camaristas Pablo Bianchi, Carlos Hernán González Castellanos y María Victoria Cavagnaro puntualizaron que, en este caso, la prescripción no se ha visto interrumpida por la comisión de otro delito imputable a Bárzola."De acuerdo con las normas legales aplicables, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente â??estado convictivo de certeza sobre los extremos invocadosâ?? que la acción penal en contra de Barzola está prescripta â??cuanto menos- desde noviembre del año 2021 y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado", expresaron los magistrados.El tribunal descartó que la imposibilidad del esposo y el hijo de la víctima para instar la acción penal como querellantes porque habían sido imputados del crimen pueda suspender los plazos de prescripción."El Ministerio Público Fiscal no enfrentó un obstáculo legal insuperable que justificara suspender el curso de la prescripción. En consecuencia, los lapsos en que se investigó a los mencionados [Marcelo y Facundo Macarrón] no pueden reputarse como períodos de suspensión de la acción penal", explica el fallo.

El juicio por los cuadernos de la corrupción: continúa la acusación que desnuda el vínculo entre empresarios y políticos

El Tribunal Oral Federal N°7 llevará adelante la audiencia número 11 del proceso, centrada en la cartelización de la obra pública con el caso de "La Camarita"

Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares y la cadena respondió que irá a juicio

LONDRES.- La cadena británica BBC anunció el martes que se defenderá contra la demanda presentada el día anterior por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares a la emisora por difamación y prácticas comerciales engañosas e injustas, en su última embestida contra un medio de comunicación.Trump denunció a la cadena por haber realizado un montaje engañoso en la cobertura de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, pronunciado antes de que se produjera el asalto al Capitolio de Washington, en el que parece incitar a los actos de violencia cometidos por sus seguidores.La demanda de 33 páginas acusa a la BBC de transmitir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump", en lo que fue "un descarado intento por interferir e influir" en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.Acusó a la BBC de "unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021" con el fin de "representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump".La BBC ha pedido disculpas al magnate, ha admitido un "error de juicio" y ha reconocido que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamamiento directo a la acción violenta, pero sostiene que no existe una base legal para la demanda."Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", dijo un portavoz de la BBC.La demanda de TrumpEl lunes, el republicano presentó su demanda en un tribunal federal en Miami, exigiendo una indemnización por "daños e intereses por un monto no inferior a 5000 millones de dólares" por cada uno de los dos cargos presentados contra la cadena británica, a la que acusa de difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida. Los plazos para presentar el caso en los tribunales británicos expiraron hace más de un año.Expertos legales han señalado posibles complicaciones para un caso en Estados Unidos dado que el documental no se emitió en el país.Sin embargo, la demanda alega que las personas en Estados Unidos pueden ver el contenido original de la BBC, incluida la serie "Panorama", que incluyó el documental, utilizando la plataforma de streaming por suscripción BritBox.El discurso en cuestión tuvo lugar antes de que algunos de los seguidores de Trump irrumpieran en el Capitolio federal mientras el Congreso se disponía a certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, las cuales Trump alegó falsamente que le habían sido robadas.Días antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, la BBC transmitió un documental titulado "Trump: ¿Una segunda oportunidad?". En la emisión de una hora de duración unió tres citas de dos secciones del discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia para armar una sola declaración en la que Trump parecía instar a sus seguidores a marchar con él y "luchar con todo". Entre las partes eliminadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.Pedido de disculpa y dimisionesLa BBC se había disculpado el mes pasado con Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Pero la cadena rechazó las afirmaciones de que hubiera difamado al mandatario, después de que el presidente amenazó con emprender acciones legales.El presidente de la cadena, Samir Shah, había calificado la edición como un "error de juicio", lo que provocó las renuncias del principal ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.La demanda de Trump coincidió con una acción del gobierno británico, emprendida el martes, para revisar la Carta Real de la BBC, que establece la financiación y la gobernanza de la corporación y que debe renovarse en 2027.La emisora, con 103 años de antigüedad, es una institución nacional financiada a través de una tarifa de licencia anual de 174,50 libras (230 dólares) pagada por cada hogar que ve televisión en vivo o contenido de la BBC. Obligada por los términos de su carta fundacional a ser imparcial, típicamente enfrenta un escrutinio y críticas especialmente intensas tanto de conservadores como de progresistas.Como parte de la revisión, un procedimiento delicado, se lanzó una consulta pública sobre temas que incluyen el papel de la "exactitud" en la misión de la BBC y las controvertidas reformas al modelo de financiación de la corporación.Agencias AP, AFP y Reuters

Crimen de Nora Dalmasso: cuáles son las pruebas de la Fiscalía para requerir juicio a Roberto Bárzola

El fiscal Pablo Jávega señaló que las pruebas reúnen un "grado de probabilidad grave y consolidado" contra el parquetista Roberto Barzola. La controversia judicial en torno a la prescripción del delito se tramita en un incidente separado y está en el Tribunal Superior. Leer más

Kylian Mbappé le ganó un juicio laboral al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros

El Tribunal de lo Laboral de París ordenó el pago de salarios, primas y vacaciones adeudadas.Desestimó las acusaciones del club por "conducta desleal" del delantero.La sentencia es de ejecución inmediata, aun si el PSG decide apelar.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La decisión se fundamenta en la revisión de actuaciones que habrían limitado la libertad de un colaborador judicial, que se acogió a un acuerdo con la Fiscalía y optó por guardar silencio

Juicio por los Cuadernos de las Coimas, EN VIVO: se realiza la décima audiencia, con Cristina Kirchner y exfuncionarios entre los acusados

Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal está seguro de quién la mató y pide que el sospechoso vaya a juicio

El fiscal Pablo Jávega presentó este martes el requerimiento de elevación a juicio contra Roberto Bárzola (45) quien trabajaba como parquetista en la casa de la víctima cuando fue la violación seguida de muerte.Testigos, horarios y análisis de ADN lo complican, pero sigue libre porque la Justicia continúa debatiendo si la acusación contra él prescribió por el paso del tiempo.

Elevaron a juicio la causa contra Pablo Laurta, acusado de doble femicidio

El uruguayo de 39 años se encuentra cumpliendo con prisión preventiva, y es el principal sospecho de haber terminado con la vida de un remisero en Entre Ríos, y de asesinar a su exesposa Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, en Córdoba.

Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

El uruguayo Pablo Laurta será juzgado por los homicidios de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, doble femicidio ocurrido en octubre pasado en Córdoba. "El fiscal de instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad", informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en su página Web.Además, Laurta tiene otra causa en Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Martín Palacio, al que había contratado para que lo llevara desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, en Santa Fe, aunque a poco de comenzar el viaje lo mató y le robó el auto.Cuando se retiraba de los tribunales de Concordia, tras haber sido indagado por el homicidio del remisero, y le preguntaron por el móvil del doble femicidio, Laurta respondió: "Quería rescatar a mi hijo de una red de trata". En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, agregó: "Estoy en paz. Mi hijo ahora está seguro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo".A principios del mes pasado, la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva por los homicidios de Giardina y Zamudio, ultimadas a balazos el 11 de octubre último. Esa mañana, tras ejecutar el plan criminal, se llevó a su hijo Pedro, que estaba a días de cumplir 6 años. Finalmente, Laurta fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú.El doble femicida había llegado a Entre Ríos una semana antes del doble crimen. Había cruzado el río Uruguay desde la ciudad uruguaya de Salto en una canoa que ocultó entre la vegetación en Puerto Yeruá. Durante tres días se alojó en un hotel de Concordia con una identidad falsa. Intentó pagar el hospedaje con dólares, pero los encargados del establecimiento le pidieron que lo hiciera con pesos argentinos. Después, a la tarde del martes 7 de octubre, cuando ya oscurecía, fue hasta la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se encontró con el remisero Palacio, que se convertiría pronto en otra de sus víctimas."Laurta practicó durante diez días cómo manejar un kayak o una piragua", dijo el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en una conferencia de prensa en la que dio detalles de la investigación y de la detención del presunto triple homicida.Laurta, de 39 años, había llegado a Salto en su auto particular, marca Lifan, y durante los diez días que practicó cómo navegar con una pequeña canoa el río Uruguay para no pasar contratiempos alquiló una cabaña. En los tres días en que estuvo en Concordia hasta que viajó a Córdoba para asesinar a la madre de su hijo y a su exsuegra para escapar con su hijo en intentar regresar a su país, Laurta viajó en colectivos interurbanos.El martes 7 de octubre pasado, seis minutos antes de las 20, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Palacio. Le iba a pagar $1.500.000 por el viaje."En principio, el destino iba a ser la ciudad de Rafaela, en Santa Fe", explicó Roncaglia en aquella conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, y el comisario inspector José María Rosatelli, a cargo de la Jefatura Departamental Concordia, entre otras autoridades.Después de saludar a Palacio con un beso y un abrazo y de guardar su equipaje en el baúl, el sospechoso se subió al Toyota Corolla blanco del remisero para comenzar el viaje que iba a terminar con tres homicidios.Entre las 22 y las 23 del martes 7 de octubre los dos teléfonos celulares de Palacio dejaron de funcionar. Se supone que en ese lapso el remisero fue asesinado por Laurta.A las 2.44 del miércoles 8 de octubre pasado, el automóvil de Palacio llegó a una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos. En el vehículo había un solo pasajero: Laurta. Estuvo allí 15 minutos. A las 2.59, y tras cargar combustible, siguió viaje.Los investigadores sospechan que Palacio fue asesinado en el trayecto entre Estación Yeruá, en el departamento Concordia, y General Campos, en el departamento San Salvador. El auto de la víctima apareció incendiado en Córdoba.Como se dijo, Giardina y Zamudio fueron asesinadas en su casa la mañana del 11 de octubre pasado. "Todo indica que el arma homicida fue una pistola Bersa .380 que el asesino compró en Uruguay", dijeron fuentes de la investigación.Tras asesinar a su exmujer y a su exsuegra, el femicida se fue en taxi a la terminal de ómnibus de Córdoba junto con su hijo.En la terminal de ómnibus de Córdoba, el sospechoso y su chico abordaron otro taxi que los llevó hasta Gualeguaychú, donde se hospedaron en el hotel Berlín, donde el doble femicida fue detenido y el niño, puesto a salvo.

Qué hará la Conmebol con la denuncia de Bullrich a Tapia y Toviggino: el antecedente del juicio de Domínguez para recuperar el dinero de la corrupción

La senadora avanzó contra la conducción de la AFA.Y busca eco en el Tribunal de Ética del casa del fútbol sudamericano.Qué pasó con el FIFA Gate y con el dinero desviado durante la gestión de Nicolás Leoz.

Pablo Laurta irá a juicio por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba

El fiscal Gerardo Reyes concluyó la etapa de investigación y solicitó que Pablo Rodríguez Laurta sea juzgado por el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido en octubre pasado en el barrio Villa Serrana. Leer más

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026

Un pastor evangélico, a juicio por desfalcar más de 500.000 euros de su iglesia en Madrid

El relato sobre los bolsos de José López en el Juicio Cuadernos: "Creí que el dinero era de Cristina"

En el marco de la lectura de acusaciones se escucharon los aportes realizados por López como imputado colaborador en el juicio.Se refirió a bolsos con USD 9 millones que buscó esconder en junio de 2016 en el Convento de General Rodríguez, mencionó a Fabián Gutiérrez y a las órdenes de la ex presidenta.

Un juicio laboral dejó al borde del cierre a una ONG que promueve el desarrollo social en el Conurbano: piden revocar el fallo

La sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo obliga a la Fundación Provivienda Social a pagar 160 millones de pesos a un gasista. Pero la organización negó ser empleadora y calificó la decisión de "arbitraria"

Arranca un nuevo juicio al comisario Villarejo por un presunto espionaje empresarial

Alejandro Lyons reveló detalles en juicio por el 'Cartel de la Hemofilia' en Córdoba: declaró desde la cárcel La Picota

El exgobernador de Córdoba compareció sobre el entramado que habrían permitido los desvíos millonarios de recursos del sistema de salud departamental

Una pyme de Junín tiene tres empleados y la Justicia le ordenó pagar $190 millones por un juicio laboral

En medio de la discusión en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, un local de ropa infantil en Junín está al borde de cerrar porque la Justicia dictaminó pagarle $190 millones a un exempleado por un juicio laboral. Patricia Bullrich se hizo de eco de la situación y cuestionó la decisión judicial. El caso se suma al del restaurante porteño Piegari, que atraviesa una situación similar.La pequeña empresa textil se llama Naranja Mandarina y está ubicada en pleno centro de la localidad bonaerense de Junín. Tiene tres empleados y atraviesa una situación crítica cuyos gastos no puede afrontar, según informaron los propietarios. Y es que un exdistribuidor del local inició un juicio laboral en 2022 y tuvo un litigio comercial tras su desvinculación de la empresa luego de cinco años de relación.De acuerdo a lo que publicó el medio local La Verdad de Junín, el hombre se consideró como empleado y no como proveedor, entonces demandó a la pequeña empresa. En junio, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín llegó a un veredicto y dictó la sentencia: resolvió que el hombre era un trabajador en relación de dependencia y fijó una indemnización de aproximadamente $14 millones.Pero la situación cambió cuando el juez luego aplicó el fallo "Barrios" de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, un polémico antecedente que impacta en la actualización de los créditos laborales. En consecuencia, la cifra a pagar subió a los $190 millones. Además de eso, se ordenó un embargo por más de $330 millones y las cuentas de Naranja Mandarina fueron bloqueadas.Frente a esto, la pequeña empresa de ropa infantil apeló el fallo ante la Corte Suprema bonaerense y pidió que se analice el caso sin exigir el depósito previo del monto. Ahora, la dueña está al borde del cierre porque el local no puede sostener ese gasto.Al difundirse la situación del local de Junín, la exministra de Seguridad y flamante senadora Patricia Bullrich se refirió a la situación. "Una ley pensada para la corrupción. No para los que laburan. No para los que, con esfuerzo, dan trabajo todos los días", afirmó en la red social X.Un local de ropa para chicos en Junín. Tres personas trabajando. 200 millones de pesos de indemnización.Una ley pensada para la corrupción.No para los que laburan. No para los que, con esfuerzo, dan trabajo todos los días.Hoy, esta pyme familiar está embargada, parada yâ?¦ https://t.co/c5b030nMYx— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 13, 2025En esa línea, la legisladora aprovechó para aludir al proyecto oficial del Gobierno. "Hoy, esta pyme familiar está embargada, parada y fundida. ¿Quién va a invertir y generar empleo con este nivel de locura? La Ley de Modernización Laboral viene a cambiar esto: orden, previsibilidad y justicia para el que trabaja y el que da trabajo", sumó. Qué dijo el Gobierno sobre los juicios laboralesEl impacto mediático de tanto este caso como el de Piegari llegan en un momento de tensión política por la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei en el Congreso. Desde el inicio de la campaña electoral del 2023, el actual oficialismo puso sobre la mesa el daño que generan los juicios laborales en las pequeñas empresas. En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó cómo sería el cambio en los juicios laborales en caso de que se apruebe el proyecto. "El pago de la indemnización [actualmente] es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay. Eso no es un problema. El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 [sueldos]. Se genera una incertidumbre respecto al despido", marcó Sturzenegger en una entrevista radial el viernes. En eso, sostuvo que el monto legal establecido por ley se mantiene, pero que la reforma establece reglas sobre cómo llevar ese monto a dinero de hoy por inflación."Hemos introducido cambios que buscan bajar esa incertidumbre. Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre", agregó, y detalló que el Estado pondrá dinero para que las empresas lo giren a un fondo en caso de tener que enfrentar un litigio y no quiebren. Aclaró además que la nueva ley laboral aplicará para todas las relaciones laborales, no sólo para las futuras.

Juicio abreviado a la superbanda que asaltó la casa de Arturo Puig: por qué podrían cumplir la condena fuera de la cárcel

Los ocho imputados llegaron a un acuerdo con la fiscalía para recibir una pena de seis años, pero el planteo todavía tiene que ser aceptado por un tribunal.La organización delictiva cometió robos millonarios en autos de lujos y vivían en pisos en Puerto Madero y barrios privados.

Santos Cerdán será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de los 4 ediles del PSOE de Santiago

La historia de la pyme de Junín que tiene 3 empleados y está a punto de cerrar por un juicio laboral de $330 millones

La justicia laboral bonaerense puede llevar a la quiebra a una microempresa a raíz de la demanda de un vendedor que por desacuerdos comerciales se consideró "empleado despedido"

El ministro Antonio Sanguino irá a juicio por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá: Corte Suprema cerró la puerta a una posible nulidad

La Sala Penal del alto tribunal confirmó la decisión de primera instancia, en medio del proceso por presunto tráfico de influencias cuando Sanguino ejercicio como concejal de la ciudad

A 40 años de la histórica sentencia, la Legislatura porteña homenajeó a los protagonistas del Juicio a las Juntas

El acto se realizó en el Palacio Legislativo y reunió a autoridades judiciales, académicos y referentes de derechos humanos

Michael Jordan y NASCAR llegan a un acuerdo para concluir juicio por monopolio excesivo

Llevan a juicio a una jueza por publicar videos bailando en TikTok: "Es un manifiesto machista"

La magistrada enfrenta un juicio disciplinario por su actividad en redes. La jueza se defendió de las acusaciones y criticó el proceso.

Petro presentará proceso contra 'Iván Mordisco' ante la Corte Penal Internacional: "Ha decidido iniciar juicio revolucionario"

El cabecilla del EMC de las disidencias de las Farc tiene una orden de captura vigente por el genocidio del pueblo indígena nasa en el departamento del Cauca

A 40 años del Juicio a las Juntas: jueces que integraron el tribunal visitan Córdoba

Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz estuvieron en el Espacio de la Memoria La Perla, excentro clandestino de detención. Luego, fueron recibidos en el Colegio de Abogados. Doctorado Honoris Causa para los magistrados y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Leer más

Cuadernos de las coimas: se repasan en el juicio más de 50 descargos de imputados

"Como tenía la oficina al lado de la de De Vido, se lo llevaba y lo dejaba en el baño. Eran carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100 y 300 mil dólares".El extracto forma parte de un descargo realizado por el exsecretario de Obra Pública arrepentido José López, leído hoy al comienzo de la novena audiencia del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas. "De Vido estaba presente -siguió López- y me decía pasa, y se lo dejaba en el baño. Luego manteníamos una reunión en el escritorio. En el baño se dejaba sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet. En algún lugar a la vista".Es uno de los muchos testimonios que por estos días se exhiben bajo la luz pública en el tramo del juicio oral conocido como la Camarita. Son declaraciones que describen la dinámica y los roles dentro del presunto sistema de recaudación de coimas durante los tres gobiernos del kirchnerismo.De acuerdo con el testimonio de López, por caso, existía solo un puñado de empresas con acceso directo al exministro Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Los pagos del resto de las firmas pasaban por Ernesto Clarens, el financista que oficiaba de intermediario. "Efectivamente, recibía a las personas de esas empresas que traían el dinero", ratificó Clarens en su descargo, leído hoy después del de López. "El dinero yo lo recibía, lo cambiaba a dólares donde cobraba una comisión por la diferencia de cambio, y se lo entregaba a José López", precisó luego. Uno de los imputados de mayor peso en este segmento de la causa -donde son juzgados más de 40 empresarios- es Carlos Wagner. "Las dádivas que entregara en la sede de la empresa eran con dinero propio, generalmente en pesos y el monto es muy difícil de saber porque varía muchoâ?¦ es una cuenta muy difícil de hacer", dijo el empresario, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante gran parte del período. "Los montos entregados al Sr. Clarens no guardaban una proporción con el monto del contrato y eran variables. Este sistema de pagos se mantuvo con vaivenes al menos hasta el año 2011. Los pagos fueron siempre realizados con dinero personal y la mayor parte de ellos fueron en pesos", agregó en su declaración, repasada hoy en la audiencia. Wagner es el único empresario acusado de integrar la presunta asociación ilícita que habría liderado la expresidenta Cristina Kirchner.La audiencia se abrió con un descargo suyo, en el que además de negar los hechos, la expresidenta sostuvo que la causa era una "movida judicial sin pruebas", diseñada para perseguirla, como resultado de un "ensañamiento" en su contra. También se sobrevolaron algunas declaraciones con pequeñas semblanzas acerca de la personalidad de los implicados. De López, por caso, se dijo que era un "maltratador". "López es una persona desequilibrada, mala en el trato, te bastardeaba y te denigraba. Era un tipo que te insultaba delante de la gente, insufrible", describió Sergio Pasacantando, exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). "Era un vehemente, te puteaba. Era mejor no decirle nada", completó el exfuncionario. En su declaración como arrepentido, en la que brindó detalles sobre los bolsos, López contrastó aquellas declaraciones de Pasacantando al afirmar ser una persona de "perfil bajo, que no ostentaba su cargo". Sobre el financista Clarens, por caso, el exfuncionario Sandro Férgola sostuvo que era una persona "amable y entradora", aunque los empresarios lo vieran como un "extorsionador", cuyas exigencias de dinero eran "muy firmes", al decir de Hugo Dragonetti, de la firma Panedile. "[Clarens] habló con claridad y nos informó, de manera escueta, concreta y contundente, que para poder cobrar debíamos 'devolver' el 3 % de todo lo que se nos pagara, 'sí o sí", dijo en su descargo Gabriel Pedro Losi, hijo del empresario Luis Losi. "Finalmente, decidimos que no podíamos hacer otra cosa [más] que claudicar y comenzar a atender, dentro de las posibilidades financieras de mi padre, el pago que se nos exigía -siguió Losi- A partir de esta decisión, que adoptamos en forma privada [...] personalmente hice entregas de dinero a Clarens, en sus oficinas. Por obvias razones, no tenemos registro de dichos pagos".En la lectura que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 está previsto que a los descargos sigan las declaraciones de los ocho arrepentidos de este expediente.Noticia en desarrollo

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