causa
La derogación del impuesto a herencias en Guatemala causa la supresión de un departamento en la Contraloría
Las autoridades dispusieron trasladar a los empleados a otros puestos y organizar el resguardo de expedientes, asegurando la continuidad operativa y el acceso transparente a la información conforme a la nueva normativa
Facundo Macarrón: "Queremos que los fiscales sean destituidos por dejar la causa impune"
El hijo de Nora Dalmasso sostiene que si hubieran hecho lo que debían, "en dos meses el crimen estaba resuelto". Desde mañana Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentan el juicio político por mal desempeño y negligencia grave. Leer más
La causa por Francisca Cadenas cierra la primera fase de declaraciones de testigos
Begoña Gómez acusa al juez Peinado de "generar una indefensión real y efectiva" y construir una causa en la que "siempre está detrás el presidente del Gobierno"
El recurso cuestiona la imparcialidad del instructor por sus alusiones al "régimen absolutista de Fernando VII" y sostiene que sus afirmaciones son "impropias de un titular de la potestad jurisdiccional"
La jueza del accidente de Adamuz designa a los tres peritos judiciales para la causa
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente recibió un doctorado Honoris Causa en Israel
Lo hizo en el marco de su viaje bilateral, donde también el presidente israelí le entregará una Medalla de Honor. Luego, disertará en una academia talmúdica.
La hija de Kim Kardashian y Kanye West exhibe grills de oro blanco y causa impacto en redes sociales
El uso de fundas dentales decorativas personalizadas por la hija mayor de la empresaria y el rapero ha impulsado discusiones sobre tendencias juveniles y la influencia familiar en plataformas como TikTok e Instagram
Feminicidio de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte
La desaparición y hallazgo de Edith Guadalupe ha generado señalamientos por omisiones en la actuación inicial de autoridades
Incómodos por el avance de la causa, los libertarios ya evalúan un plan para blindar a Adorni en Diputados
El bloque libertario de Diputados se prepara para una sesión incómoda. Mientras avanzan las revelaciones judiciales sobre los gastos de Manuel Adorni, el oficialismo afina -sin definición cerrada- la estrategia para la presentación del jefe de Gabinete en la Cámara baja, prevista para el 29 de abril. En ese contexto, no descartan una señal política fuerte: la posible presencia en el recinto de Javier Milei, Karina Milei y varios ministros, en respaldo al exvocero.Puertas adentro, sin embargo, el clima dista de ser cómodo. "Es muy difícil defenderlo", admite un diputado oficialista. El diagnóstico se repite en distintas voces: en el bloque no terminan de entender cómo la agenda quedó absorbida por los viajes y el patrimonio del ministro coordinador.Según pudo saber LA NACION, la estrategia aún no fue formalmente discutida. "No se conversó", aseguran. Pero empiezan a delinearse reflejos comunes. "Vamos a ir a la guerra", sintetizó un legislador libertario. La idea: contraatacar con cuestionamientos a las inconsistencias patrimoniales de dirigentes de otros espacios y apostar a la confrontación para desordenar el debate en el recinto.Aun así, la incomodidad será difícil de disimular. Los aliados del Gobierno -Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la UCR- optarán por el silencio y dejarán al oficialismo a cargo de la defensa. Incluso dentro del propio bloque hay reticencias: algunos evalúan ausentarse. "Una ya se pidió vacaciones", aseguró, molesto, un diputado.El malestar interno viene en aumento. En los últimos días generó ruido que al menos ocho legisladores libertarios viajaran a Estados Unidos para participar de un seminario de la Red de Acción Política (RAP), una organización que promueve el diálogo entre dirigentes políticos y distintos sectores. "No se puede viajar en este momento. Hay que quedarse acá", cuestionó uno de sus pares. El tema derivó en reproches en el grupo de WhatsApp del bloque por faltazos a comisiones y pedidos de reemplazo.La agenda de viajes seguirá: la próxima semana está previsto que al menos tres diputados oficialistas participen de otra actividad en el exterior, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).En paralelo, el Gobierno intenta ordenar el frente legislativo para evitar que la agenda política quede monopolizada por el caso Adorni. En la Casa Rosada buscan dosificar iniciativas para sostener impacto y evitar que se diluyan, como ocurrió -según reconocen- con la ley de glaciares y el fallo favorable por YPF. En ese marco, evalúan enviar en los próximos días el primer paquete de reforma penal, con nuevos tipos delictivos, y coordinar una sesión para tratar la denominada ley "hojarasca", centrada en derogaciones y desregulaciones.En el Senado, en tanto, proyectan una sesión para el mismo 29 de abril, con un paquete de reformas sobre propiedad privada como eje, en simultáneo con la exposición de Adorni en Diputados.Más allá de la estrategia política, el frente judicial sigue sumando elementos. En la causa por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Adorni pasó el Año Nuevo 2025 con su familia en Aruba y que realizó el viaje en clase ejecutiva, un dato que se suma a las dudas sobre su evolución patrimonial.
La UBA distinguió a Taty Almeida con el Doctorado Honoris Causa por su lucha por los derechos humanos
La casa de estudios distinguió a una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y reivindicó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
Dr. Simi conquista Japón: abre tienda en Tokio y causa ternura al bailar vestido de samurái
El icónico personaje mexicano busca expandirse al mercado asiático.
Causa ARA San Juan: el inusual acuerdo entre querella y defensas por una prueba durante la instrucción
Causa ANDIS: el entramado de empresas vinculadas a Miguel Ángel Calvete que recibieron millones del Estado
El supuesto lobista entre el sector privado y el organismo se habría llevado entre un 12 y un 20 por ciento de las adjudicaciones. Está preso en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. La Justicia volvió a llamarlo a indagatoria
Revés para Tapia: la Cámara le puso un frenó al traslado de una causa contra la AFA y ahora decide la Corte
La Cámara del Crimen frenó el traslado de uno de los expedientes que investiga a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a la Justicia de Campana, adonde Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, buscan concentrar todos los expedientes en su contra. Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló LA NACION en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la Selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC, la firma constituida en Estados Unidos vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni.Al igual que otros expedientes, quedó atravesado por un tironeo de competencias entre juzgados. Replicando una estrategia anterior, el juez federal de Campana Adrián González Charvay -que tiene bajo su órbita la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar- solicitó que la denuncia de Tofoni, que tramita en la Justicia porteña, pasara a su juzgado. Entre otros puntos, sostuvo que había una cuestión federal tributaria en la causa.Así, en línea con los deseos de Tapia y Toviggino, que entienden que todo debe tramitar en Campana porque la dirección de la AFA es en Pilar y porque el presunto desvío de dinero de la entidad y el delito de lavado son inseparables, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, que fue aceptada por la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi.Pero Tofoni apeló la decisión y ahora la Cámara, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, le dio parcialmente la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema para que defina qué tribunal debe quedarse con el expediente. En un duro fallo, el juez Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V, remarcó que, aunque pueda haber conexión fáctica entre el presunto desvío y el lavado, el lavado es un delito autónomo y no arrastra automáticamente al fuero federal todos los delitos previos. Sostuvo que el planteo ya había sido resuelto en un fallo anterior y que era "llamativa" la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar, según sostuvo. Rechazó también un planteo de la defensa de Tapia que pedía declarar "desierto" el recurso de Tofoni, es decir, anularlo, por haber llegado tarde a la audiencia. El juez dijo que Tofoni llegó dentro de un margen "tolerable" y marcó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia. "Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate", escribió.Como no hay un tribunal superior común entre ese tribunal y el juzgado de Campana, el juez resolvió que sea la Corte quien defina la contienda, sin que eso frene la investigación."Se espera que, en lo sucesivo, no se reediten asuntos que, aunque provisorios, no han observado modificaciones sustanciales, y se estabilice de manera perceptible y duradera la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas introducidas en este legajo", sostuvo el juez.
Una avioneta incautada en una causa de estafas fue la estrella en un remate de bienes surgidos de actividades delictivas
ROSARIO.- La avioneta Cessna 402A tenía una base de 50.000.000 de pesos. No tenía llaves, no volaba desde 2019 y su historia judicial arrastraba semanas de polémica. Pero cuando el martillero abrió la puja en el Salón Metropolitano de esta ciudad, las ofertas subieron rápido y la aeronave se vendió por $70.000.000. Su venta selló la quinta subasta de bienes decomisados al delito organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un mecanismo que Santa Fe usa para golpear donde más les duele a las organizaciones criminales: en el bolsillo.El remate reunió a 5411 inscriptos de todo el país, un récord absoluto. En total se ofrecieron 150 lotes: 72 autos, 74 motos, dos cuatriciclos, el mobiliario completo de una cafetería rosarina â??la primera vez que se remata un fondo de comercioâ?? y la avioneta. Los precios de base iban desde los 45.000 pesos pedidos por una motocicleta Zanella de 50cc hasta los 50 millones de pesos como propuesta inicial por el Cessna. En el medio, una Ford Ranger Raptor 2020 que arrancó en 16 millones de pesos se fue a 51 millones en el calor de la puja, mientras que un Audi A7 Sportback de 2018 saltó de 16 a 42 millones de pesos y las ofertas por un Toyota Corolla Cross modelo 2021 cerraron en 36 millones de pesos tras comenzar en la base de 14 millones. Los números hablan de un mercado que se consolida: los compradores confían en el mecanismo y pujan fuerte.Detrás de cada lote hay una causa penal. Y detrás de cada causa, una organización que perdió algo más que un vehículo: perdió capacidad operativa. "Casi todos los bienes están vinculados con el narcotráfico", indicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. La frase es clave porque define la naturaleza de la subasta: no se trata de un remate judicial más, sino de una estrategia de asfixia patrimonial contra el crimen organizado.Santa Fe es la única provincia que cuenta con una ley de decomiso para habilitar esta clase de subastas. Ese marco legal, impulsado durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, le permite al Estado tomar posesión de bienes incluso antes de que exista una condena firme, siempre que medie una orden judicial. Es un mecanismo agresivo que se diferencia de la extinción de dominio â??una herramienta que existe en otros países de la región, pero que Argentina todavía no sancionó a nivel nacionalâ?? aunque comparte su filosofía: quitarle al delito los activos que necesita para reproducirse.Desde abril de 2024, cuando se realizó la primera subasta, la Aprad lleva recaudados más de 3500 millones de pesos en cuatro remates previos. La primera ronda juntó 451 millones; la segunda, 700 millones; la tercera, 1200 millones; y la cuarta, en septiembre de 2025, marcó el récord con 1238 millones. La quinta, realizada ayer, con lotes premium que alcanzaron altos valores superó otra vez el techo para esta clase de remates. "El Gobierno de Santa Fe recaudó $ 1.564.070.000. Los fondos serán destinados a la reparación de víctimas, al fortalecimiento de políticas sociales y al autofinanciamiento de la Aprad", informó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes.La avioneta Cessna 402A fue, por lejos, la pieza que más atención mediática irradió en la subasta. El gobierno provincial tomó posesión de la aeronave en octubre de 2025, tras un operativo en un campo de María Grande, Entre Ríos. No proviene de una causa de narcotráfico en sentido estricto. Estaba vinculada a Daniel Casanovas, un agente de bolsa rosarino detenido con prisión preventiva por estafas financieras. La avioneta figuraba a nombre de Cereales del Sur, una empresa de Casanovas que se encuentra concursada.Esa situación jurídica generó un conflicto que dominó la previa. La defensa de Casanovas pidió en el Centro de Justicia Penal la suspensión del remate, con el respaldo de los acreedores de la empresa, que argumentaban que la aeronave debía servir para saldar los pasivos del concurso preventivo. El juez civil Nicolás Villanueva, del Juzgado Nº 4, primero confirmó la inhibición del bien y después, en un giro, resolvió que la subasta podía avanzar porque la sindicatura había omitido diligenciar esa inhibición. El juez penal Alejandro Negroni terminó de despejar el camino al validar que la Aprad había actuado dentro del marco de la ley provincial.La defensa insistió con un argumento que no es menor: los bienes de Casanovas no tienen vinculación con el narcotráfico, sino con delitos económicos, y fueron secuestrados en causas en las que no hay dictadas condenas firmes. "Llama la atención que no se hayan decomisado bienes 50 veces más caros", deslizaron los abogados del financista, en referencia a que la provincia subastaba la avioneta y dos Audis como piezas emblemáticas de un remate que, en rigor, mezcla los bienes del crimen organizado con los de la delincuencia económica.El dinero recaudado tiene tres destinos definidos: reparación a las víctimas de los delitos de los que provienen los bienes, autofinanciamiento de la Aprad â??que no recibe presupuesto provincialâ?? y políticas públicas, como el programa "Mi Frente Encendido", que pintó locales y puso luminarias en cien comercios barriales, además de aportes a escuelas, clubes de barrio y centros de jubilados. Según Figueroa Escauriza, hasta el momento se han destinado más de 300.000.000 de pesos a indemnizar víctimas.El mecanismo también contempla medidas de seguridad para los compradores: los vehículos salen con patentes nuevas que eliminan la trazabilidad con el propietario original, y los datos de quienes compran se mantienen confidenciales. La Aprad además cruza la información de los inscriptos para detectar vínculos con las organizaciones a las que se les quitaron los bienes. En la primera subasta, de hecho, el anterior dueño de una moto Honda de alta cilindrada se presentó en la exhibición, llave en mano, para negociar por su cuenta con los interesados. Desde entonces, los controles se reforzaron."Vendemos la moto del motochorro que le robó la cartera a mi mamá y también los bienes de los narcotraficantes más importantes. No hay impunidad para nadie", dijo Figueroa Escauriza al abrir el acto. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue más sintético: "Se persigue, se condena y se desapodera".
Un juez laboral busca trabar la reforma otra vez y sacar al Procurador de la causa
A pedido de la CGT, el juez Ojeda resolvió que Sebastián Amerio no puede litigar por la reforma laboral. Es el mismo juez que suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley.El Gobierno analiza pedir su juicio político por "abuso de poder".
Nahuel Gallo solicitó ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la justicia argentina
El gendarme estuvo 448 días preso en Venezuela y será llamado como testigo cuando se encuentre en condiciones de declarar
Así actúan las empresas para despedir empleados a causa de la IA
Los directivos de empresas tecnológicas vinculan la reducción de personal con la promesa de mayor agilidad y eficiencia
Escuela de Yoga: apartan al juez Lijo de la causa por expresiones ofensivas a víctimas de trata
Lo definió la Cámara de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país también cuestionó que el juez hubiera aceptado un premio otorgado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) porque consideró que esa distinción se encontraba vinculada con su labor en un expediente todavía en trámite. Leer más
La Cámara Federal rechazó el pedido de Novelli de ser acusador en una causa vinculada a $Libra, que investiga su celular
En el teléfono celular del empresario se encontró el presunto borrador de un acuerdo secreto para pagarle 5 millones de dólares al presidente Javier Milei por una serie de servicios que beneficiarían a Hayden Davis, creador de la criptomoneda. Leer más
Fentanilo mortal: comenzaron las nuevas indagatorias al clan García Furfaro y la causa suma 124 muertes
La voluminosa causa ingresó en etapa de definiciones. El juez Ernesto Kreplak indagó ayer a dos de los 14 procesados. Ariel García Furfaro pidió postergar su interrogatorio
Causa Cuadernos: "Mentimos para no ir presos", declaró un empresario en el juicio
Daniel Pitón habló ante el tribunal sin responder preguntas y negó haber pagado sobornos. La audiencia volvió a estar marcada por el silencio de varios acusados y cuestionamientos de las defensas. Leer más
La Corte destrabó una causa por antisemitismo y la dirigente del PO Vanina Biasi va a juicio oral
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación porque el recurso fue interpuesto extemporáneamente.
Tiger Woods solicita al tribunal que sus recetas médicas no se divulguen en la causa penal por el accidente en Florida
El ex número uno del golf mundial exige mantener su historial clínico reservado y prioriza la privacidad frente a la exposición pública
Karina Milei volvió a mostrarse con Manuel Adorni: "sostén" político en plena causa judicial
La Secretaria General de la Presidencia compartió agenda con el jefe de Gabinete en Vaca Muerta, en otro gesto de apoyo mientras avanzan las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Leer más
El hijo de una prestamista de Manuel Adorni declara como testigo pero podría terminar siendo imputado en la causa
Se trata del empresario de la construcción Pablo Feijoo. Está citado para una testimonial para el miércoles próximo. Es hijo de Beatriz Viegas quien dijo que le presentó 100 mil dólares sin interes al jefe de gabinete para la compra del departamento de la calle Miró.Fuentes judiciales apuntan a Feijoo y dudan de la cortada de las jubiladas. Todo depende de su testimonial.
$LIBRA: la Cámara Federal rechazó el intento de Novelli de ser acusador en la causa sobre el contenido de su teléfono celular
De acusado en la "causa $LIBRA", Mauricio Novelli quiso pasar a acusador en una investigación vinculada, pero le dijeron que no, en ambas instancias. La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini y rechazó el pedido del "abrepuertas" de la Casa Rosada, que pretendía ser querellante en la pesquisa por la presunta filtración del peritaje sobre el contenido de su teléfono celular. Con las firmas de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara estimó que Novelli no cumple con los requisitos previstos por la ley para ser aceptado como querellante, ya que la pesquisa se circunscribe â??por ahoraâ?? a delitos de acción pública impulsados por la fiscalía y "no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo". Por lo tanto, no podrá impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar sobre el desarrollo de la investigación ni apelar decisiones del juez Ercolini. El intento de Novelli de involucrarse en la investigación derivada del "caso $LIBRA" sobre la presunta filtración del informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) se inscribe en una línea de planteos orientados a cuestionar la validez del contenido de su teléfono celular y, de ese modo, mejorar su situación en el expediente principal. El 14 de febrero de 2025, Milei posteó el código alfanumérico para adquirir $LIBRA en su cuenta de X. A partir de allí, el precio del token trepó de 0,01 a 5 dólares en pocas horas. Quienes vendieron a tiempo retiraron cerca de US$100 millones; el resto perdió su inversión. Entre los damnificados que actúan como querellantes en la causa figura Martín Romeo, quien se presentó ante la Comisión Parlamentaria que analizó el caso como vocero de más de 200 inversores que vieron evaporarse sus ahorros. De obtener la nulidad del material extraído de su teléfono, la Justicia no podría tomar como evidencias el "memo" con el borrador de un acuerdo de US$5 millones, pagaderos en etapas y atados a decisiones del presidente Javier Milei en relación con el creador del criptoactivo, Hayden Davis, y con contratos con el Estado argentino. En ese sentido, el juez federal a cargo de la investigación central por $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó el pedido de Novelli de declarar la nulidad absoluta del informe de la Datip. Consideró que resultaba "prematuro", pero avanzó con medidas preliminares de prueba destinadas a determinar cómo fue la actuación de los expertos de la Datip y si preservaron la llamada "cadena de custodia" de los dispositivos electrónicos. Entre otras disposiciones, Martínez de Giorgi ordenó que le remitan el sumario administrativo completo que abrió la Procuración General por la presunta filtración a la prensa del informe de la Datip, y la preservación de la "huella digital" de todo el proceso tecnológico y los protocolos aplicados: logs, backups, accesos y eventuales registros asociados, además de correos y archivos en la nube. La causa avanza bajo la órbita de la fiscalía de Eduardo Taiano, que en los últimos días ordenó nuevas medidas, incluida una revisión adicional del celular. La decisión de la Cámara Federal porteña dejó entreabierta, sin embargo, la posibilidad de que Novelli sea aceptado como querellante más adelante, si el desarrollo de la pesquisa aporta elementos que lo justifiquen. El tribunal ponderó, en ese sentido, el carácter aún "incipiente" de la investigación al momento de evaluar su planteo. De ser así, su abogado, Daniel Rubinovich, podría asistir y preguntar durante las audiencias de testigos o en las indagatorias y solicitar medidas de prueba complementarias a las que proponga la Fiscalía. No es la primera vez que Novelli pierde una pulseada procesal. En abril de 2025, la Cámara Federal de Casación ya había rechazado su planteo â??y el de su cosimputado Manuel Terrones Godoyâ?? para impedir que las víctimas de la maniobra actuaran como querellantes en la causa principal. La investigación penal sobre la filtración se inició tras una denuncia de la Procuración General de la Nación, que encabeza Eduardo Casal, por posibles irregularidades en la Datip, el área que analizó el contenido del teléfono celular de Novelli y de otros protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo, entre ellos Terrones Godoy â??identificado también como articulador local del proyectoâ?? y Sergio Morales. Afrontan imputaciones por estafa, cohecho y tráfico de influencias.
La Corte Suprema desestimó un recurso que presentó Vanina Biasi en la causa por publicaciones antisemitas
El máximo tribunal rechazó el pedido que presentó la dirigente del Frente de Izquierda y dejó firme su procesamiento por incitación al odio contra la comunidad judía
Inminente definición: Brasil avanza en una causa por supuesto dumping en lácteos contra la Argentina y Uruguay
El gobierno de Brasil avanzó en una investigación por presunto dumping en las importaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país emitió una "nota técnica" donde expuso los "hechos esenciales" que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales. El documento, al que accedió LA NACION, concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023.El documento, de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países "creció un 144,5% en el período analizado", que ingresaron al mercado brasileño con "precios por debajo de los costos de producción locales". Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, "proporcionalmente mayor a las investigadas". Debe US$120 millones: la láctea SanCor pidió su quiebraEl Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó una denuncia en nombre de los productores. En su argumento señaló que esto resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil. En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo, el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.Por el lado de Uruguay, la investigación incluye a Conaprole â??la principal cooperativa láctea del paísâ?? junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos. Las compañías son mencionadas en distintos tramos del expediente, tanto en su carácter de productoras y exportadoras investigadas como en calidad de partes interesadas que aportaron información para el cálculo de precios, costos y volúmenes. El procesoEl proceso se inició formalmente en diciembre de 2024 "para determinar la existencia de dumping en las exportaciones de la Argentina y Uruguay a Brasil de leche en polvo entera o descremada, no fraccionada", según se desprende del documento. Esto se dio luego de que la autoridad brasileña considerara que las importaciones "a precios con indicios de dumping contribuyeron significativamente para el daño a la industria doméstica". La CNA, organismo que representa a los productores de leche cruda, sostiene que las importaciones afectaron directamente a ese segmento. "Las exportaciones [â?¦] en forma de polvo [â?¦] causarían daño a los productores de leche in natura [cruda]", se desprende del documento del Decom, donde se destaca que ambos productos "presentan características químicas semejantes, tienen los mismos usos y pueden ser sustituidos". En rigor, el argumento apunta a construir la idea de "producto similar", ya que la leche en polvo puede reconstituirse, se usa para muchos de los mismos fines y compite indirectamente con la leche fluida en ciertos segmentos. Con esa base, buscan justificar que las importaciones de leche en polvo pueden presionar precios hacia abajo en toda la cadena, incluyendo a los productores de leche cruda. Sin embargo, la Argentina y Uruguay rechazan esa equivalencia y afirman que se trata de productos distintos, con mercados y estructuras de costos diferentes. Ambos países advirtieron que la investigación podría violar normas del acuerdo antidumping de la OMC si no se define correctamente la "industria doméstica". Uruguay rechazó la existencia de un vínculo entre las importaciones y el desempeño del sector brasileño y atribuyó las dificultades a factores internos, entre ellos condiciones climáticas adversas, mayores costos y problemas estructurales de competitividad.En febrero pasado, el gobierno argentino había solicitado "el inmediato cierre de la investigación sin la imposición de medidas antidumping", pero no hubo caso. La Argentina representa el 3% del total de los lácteos consumidos en Brasil.El organismo brasileño convalidó que el análisis de daño se realice sobre un sector primario altamente atomizado, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de la industria procesadora. La definición de "producto similar" emerge como el eje del conflicto, como se dijo, ya que de ella depende si las importaciones pueden considerarse responsables del daño alegado.En rigor, la investigación se encuentra en una etapa previa a la resolución definitiva, en la que las partes deben presentar su defensa y observaciones al expediente. Ayer se reunieron las autoridades de la Secretaría de Agricultura con los representantes de la industria nacional y sus expertos jurídicos para unificar una estrategia. La Argentina trabaja con Uruguay para exponer su defensa. De acuerdo con la Decom, el próximo 5 de mayo se emitirá el dictamen de determinación final.
"Es una causa justa": Milei volvió a respaldar a Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país
El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al Estado de Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país, al afirmar que la causa de esa nación es "justa", en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", expresó Milei en una entrevista con el medio israelí Canal 14 difundida este jueves.El mandatario planteó que, desde su punto de vista, "la causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", aclaró.También dijo haberse sentido "conmovido" por haber sido invitado a encender una antorcha en la celebración por la creación del Estado de Israel que se celebrará el martes 21 de abril, en lo que fue considerado por el Canal 14 como un "evento histórico" por tratarse de la primera vez que un mandatario extranjero interviene de esa manera en la festividad.Nuevo viaje a IsraelMilei estará en Israel el martes 21 para participar de las celebraciones por el aniversario número 78 de la creación del Estado judío, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. La visita se producirá en medio de la tensión y los bombardeos en Medio Oriente.También se espera en esa celebración la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien por su parte anunció este jueves el alto el fuego entre Israel y el Líbano, en una tregua que, según aclaró el mandatario republicano, comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18.En este contexto de tensión, Milei concretará un nuevo viaje a Israel que, según está previsto, se extenderá desde el 19 al 22 de abril.Desde el inicio de su mandato, Milei sostuvo una relación estrecha con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Visitó en enero de 2024 los territorios del sur israelí donde el grupo Hamas atacó el 7 de octubre de 2023 y, en su segunda incursión, a mediados del año pasado, habló ante el parlamento.El 17 de marzo pasado, el Presidente asistió a la conmemoración del aniversario número 34 del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, donde ratificó que "la Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo".Días más tarde, el Gobierno escaló en su conflicto diplomático con Irán y definió a la Guardia Revolucionaria iraní como "organización terrorista". Ante la respuesta de ese país, que amenazó con represalias al Presidente, el Estado argentino expulsó al encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
Fintech bajo la lupa: elevan a juicio la causa contra el CEO de Wenance y seguirá detenido en Córdoba
El fiscal Enrique Gavier pidió elevar a juicio la causa contra Alejandro Muszak y otros tres directivos. La investigación sostiene que captaban inversores con garantías presuntamente duplicadas y ocultaban la insolvencia de la empresa. Leer más
Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones
Autoridades sanitarias reportan un aumento de cuadros graves en menores de cinco años, con mayor demanda en servicios de emergencia pediátrica
Qué es el artivismo: perspectivas sobre el arte con causa
El tomo 21 de Temas, la publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, está dedicada al artivismo, de la mano de destacados pensadores locales.
Secta de Villa Crespo: le quitaron la causa al juez Ariel Lijo por sospechas de que no sea imparcial
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó los planteos de las defensas y víctimas del caso que investiga presuntos delitos de trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero en una escuela de yoga.
Declaran más empresarios en una nueva audiencia del juicio a CFK en la Causa Cuadernos
Todos están procesados por presunto cohecho activo, pago de sobornos para acceder a la obra pública durante el kirchnerismo
Trata: apartaron al juez Ariel Lijo de la causa de la Escuela de Yoga de Buenos Aires
Era el 23 de septiembre pasado. En el Senado de la Nación se realizaba el Encuentro Internacional Unidos contra la Trata - Recomendaciones Post Cumbre Mundial Madrid. En uno de los paneles, disertó el juez federal Ariel Lijo. Entre otras palabras, sostuvo: "Nosotros tenemos un caso importante, conocido como la secta yoga, que es [un caso] internacional, que tiene cantidad de propiedades, lavado, operaciones de lavado de dinero, falsos hospitales, la estructura de prostitucioÌ?n se llamaba BotaÌ?nico. En referencia a que estaÌ? lleno de gatos el [Jardín] BotaÌ?nico. Hasta se lo tomaban como en joda, con una gran cantidad de detenidos, las viÌ?ctimas sí... hay viÌ?ctimas muy enojadas con los tribunales, con el Poder Judicial, muy especialmente enojadas".Lijo se refería al expediente donde están bajo sospecha los responsables de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), caso también conocido como "secta del horror", donde se investigan delitos como asociación ilícita,trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.Las palabras de Lijo en el Senado de la Nación, donde recibió un premio de la Red Alto al TraÌ?fico y la Trata (RATT), hizo que las defensas de los procesados presentaran una recusación por "fundado en el temor de parcialidad" porque la causa aún está en trámite. En octubre pasado, la presentación fue rechazada por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña. Entonces, las defensas interpusieron un recurso de casación.En las últimas horas, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacoubucci, anuló la decisión impugnada y apartó al juez Lijo de la causa. El expediente fue remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que, "con la mayor celeridad posible", se designe a un nuevo magistrado para continuar con la investigación.Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. El viernes pasado, en su última decisión en el expediente, el juez Lijo dictó la prisión preventiva de tres de los sospechosos investigados."El primer elemento objetivo para ponderar está constituido por la naturaleza y contenido de las declaraciones formuladas por el magistrado. En ese marco, cabe resaltar que no realizó consideraciones abstractas o genéricas sobre el fenómeno delictivo de la trata de personas, sino que se refirió de manera específica y concreta a la causa que tiene bajo su conocimiento -de la que reconoció que era identificada públicamente como la 'secta yoga'- y emitió juicios de valor sobre aspectos sustanciales que se encuentran aún sometidos a su investigación y decisión", se explicó en el reciente fallo del máximo tribunal penal del país.Hace un año, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado los procesamientos dictados por Lijo sobre 17 de los imputados, entre los que se encontraba Juan Percowicz, el sindicado líder de la "secta del horror".Según el expediente judicial, la explotación sexual de las alumnas se hacía, principalmente, en la sede central de la EYBA, en Villa Crespo. El noveno piso del edificio situado en Estado de Israel 4457 era conocido como el "Museo" y estaba acondicionado como si fuese la habitación de un hotel alojamiento.La sede central no era el único lugar donde se practicaba lo que en la EYBA se llamaba el "geishado". También se llevaba adelante en departamentos de Palermo e incluso en hoteles cinco estrellas.El caso se conoció en agosto de 2022, cuando el juez Lijo ordenó una serie de 50 allanamientos y la detención, en su momento, de una veintena de sospechosos.En su momento, fuentes judiciales habían explicado que en el domicilio del sindicado líder de la organización se secuestró una carpeta titulada "Trinchera CC Botánico, Departamento Novio", en la cual se pudo identificar una "ficha de datos" de ciertos hombres a los que la EYBA ponía como "objetivo" del plan de "geishado".En septiembre de 2023, el juez Lijo elevó el primer tramo de la causa a juicio. Después, por pedido de las defensas, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decretó la nulidad de la elevación a juicio y le ordenó al magistrado que evaluara la prueba producida con posterioridad al dictado de los procesamientos. A partir del citado fallo, Lijo volvió a revisar la prueba y confirmó lo que ya había dispuesto en el caso oportunamente.En el expediente, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
García Fulfaro y otros 13 imputados vuelven a declarar en la causa que investiga 111 muertes
La causa que investiga el circuito de fentanilo contaminado en el sistema de salud suma a partir de hoy una nueva etapa. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, convocó a 14 imputados para ampliar sus declaraciones indagatorias en un expediente que analiza su posible relación con la muerte de 111 pacientes y otros 49 casos no fatales. Entre los imputados que deberán volver a declarar, se encuentra Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, quien se presentará hoy ante la Justicia. El expediente donde se lo imputa acumula reconstrucciones de historias clínicas y testimonios de familiares que describen la evolución de distintos pacientes que murieron o quedaron con secuelas tras ser inyectados con la sustancia adulterada. Entre ellos se encuentra Renato Nicolini, de 18 años, quien murió el 3 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata tras haber sido trasladado al centro médico con un traumatismo de cráneo causado por un accidente de moto en Chascomús. Ingresó intubado y bajo sedación con fentanilo. En los primeros días mostró signos de mejoría. Sin embargo, al tercer día presentó fiebre y luego, una neumonía intrahospitalaria que su madre, Sol Francese, consideró inusual por la evolución del cuadro. El 1° de mayo fue sometido a una craneotomía y al día siguiente dejó de responder. El 3 se confirmó su muerte cerebral. Días después, la familia se enteró de que Renato estaba entre los casos positivos por fentanilo contaminado. El hospital se los confirmó cuando pidieron una reunión. "Pasaron una medicación alterada, infectaron a mi hijo y eso lo mató", contó su madre a LA NACION. Otro de los casos es el de Luis Rossetti, de 72 años, vecino de Villa Ballester, quien había sido exjuez de línea de la AFA en Primera División y trabajador de la industria textil. El 1 de mayo de 2025, ingresó en el Sanatorio Dupuytren, en Almagro, por insuficiencia cardíaca y renal. También tenía antecedentes de un EPOC controlado. "Lo dejaron internado en una unidad coronaria lúcido y consciente, apenas con valores elevados en lo renal", recuerda Mariano, uno de sus hijos, a LA NACION. A los pocos días, la situación se agravó y, según el relato de la familia, los médicos se limitaron a explicar que había contraído una bacteria, sin mayores precisiones. Tras dos semanas en terapia, el 18 de mayo, su padre falleció. Luego de una larga insistencia, su familia logró obtener la historia clínica, que consignaba la detección de las dos baterías ligadas al fentanilo contaminado. También figura en el expediente Miguel Maino, quien había ingresado al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada. Durante el procedimiento fue sedado con fentanilo correspondiente al lote 31.202, luego identificado como contaminado y producido por HLB Pharma y Ramallo. Tras la operación desarrolló un cuadro infeccioso grave por Klebsiella pneumoniae. Recibió tratamiento antibiótico y mostró una leve mejoría cuando se retiró la sedación, pero su estado se deterioró de forma abrupta: requirió traqueotomía, cursó un shock séptico y falleció el 17 de abril luego de varios días en coma farmacológico. En la historia clínica casi no aparecía mencionado el fentanilo. La confirmación del uso del lote cuestionado llegó luego de una reunión con autoridades del hospital. A partir de ese momento, su familia tomó contacto con otros casos y comenzó a difundir la situación a través de redes sociales.La investigación también abarca el caso de Daniel Oviedo, de 44 años, quien se encontraba en tratamiento de diálisis desde hacía más de 16 años en el Hospital Italiano de La Plata. Ingresó al centro de salud tras una convulsión y, según la reconstrucción de su familia, permaneció más de 15 horas en la guardia sin atención. Cuando finalmente fue asistido, fue sedado y trasladado a terapia intensiva. Su estado se agravó rápidamente: sufrió dos paros cardíacos y, aunque en un primer momento logró ser estabilizado, su evolución posterior fue desfavorable hasta su fallecimiento. La revisión de la historia clínica indicó la administración de una ampolla perteneciente a uno de los lotes de fentanilo bajo investigación.En el mismo expediente también se encuentra el caso de Héctor Vilches, de 74 años, quien ingresó el 25 de febrero del año pasado al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada. Tras tres días recibió el alta, pero el 2 de marzo debió regresar por una infección severa. Fue sometido a una endoscopía y permaneció en terapia intensiva, con períodos de mejoría y recaídas que incluyeron traslados entre sala y cuidados críticos.Falleció el 28 de abril. Según la reconstrucción posterior, la familia desconocía las causas hasta que, semanas más tarde y tras la difusión pública del caso, revisó la historia clínica y detectó la administración de fentanilo junto con la presencia de una infección por Klebsiella. A partir de ese momento, tomaron contacto con otros familiares a través de la causa judicial.De acuerdo con los testimonios reunidos en el expediente, en varios de estos casos los familiares accedieron a información sobre la posible vinculación con el fentanilo contaminado de manera tardía, en ocasiones a partir de publicaciones periodísticas o del intercambio con otras personas en situaciones similares.El caso fue abordado en el documental "Morir en el hospital: la trama de corrupción detrás del fentanilo contaminado", una producción de LA NACION que reconstruye el recorrido del medicamento, el impacto en los pacientes y el avance de la investigación judicial a partir de testimonios, documentos y registros del expediente.Las audiencias continuarán con un esquema que se extenderá hasta el martes 21. Además de García Furfaro, el primer día también fueron citados Carolina Ansaldi, María Victoria García y Eduardo Darchuk. El lunes 20 será el turno de José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro â??madre de García Furfaroâ??, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay. Finalmente, el martes 21 completarán la ronda Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García, hermano del principal acusado.Una vez concluida esta etapa de indagatorias y tras el análisis de los planteos que puedan presentar las defensas, el juez quedará en condiciones de avanzar con los próximos pasos procesales. Entre ellos se encuentra la posibilidad de elevar la causa a juicio oral. El expediente, que reúne una gran cantidad de documentación y peritajes, es considerado por su dimensión como uno de los mayores casos sanitarios investigados en el país. De acuerdo con las calificaciones en análisis, las eventuales penas para los imputados podrían ubicarse en un rango de entre 10 y 25 años de prisión.
Archivada la causa por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987
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La periodista reveló en Canal E detalles de la investigación por presuntos sobreprecios y contrataciones irregulares en el organismo. El juez dio luz verde a nuevas indagatorias que se extenderán durante un mes. Leer más
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La Justicia volverá a indagar a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa por supuesta corrupción en ANDIS
Según el juez Ariel Lijo "la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público". Leer más
Ariel Lijo amplía la indagatoria de Diego Spagnuolo en la causa por contrataciones irregulares en la ANDIS
El juez federal ordenó nuevas declaraciones en una investigación que apunta a un presunto esquema de direccionamiento de compras de insumos médicos dentro del Programa Incluir Salud, con participación de funcionarios y empresas del sector Leer más
El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis
La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías. La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía "retornos" en la hipótesis de la fiscalía.El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros. Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas. Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático. Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes "pantalla": figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder. Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.La contraprestación, según Picardi, era el pago de "retornos" a los funcionarios públicos implicados.La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis. Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro. Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de "kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves" a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de "camas ortopédicas reacondicionadas".Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares. Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
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Causa ANDIS: volvieron a llamar a indagatoria a Diego Spagnuolo, funcionarios y empresarios
La convocatoria incluye a 35 personas, entre ellas las máximas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y los lobistas que habrían operado desde las sombras. Es la primera decisión de impacto que toma el juez Ariel Lijo desde que está al frente del caso
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Infobae tuvo acceso a las fotos que exponen las condiciones de la propiedad cuando la compraron las jubiladas, y cómo estaba cuando se lo vendieron a Adorni tras la remodelación.
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Investigan al ICE por posible secuestro en Minnesota: el caso del ciudadano estadounidense que motivó una causa judicial
Se abrió una investigación penal por el posible secuestro de ChongLy "Scott" Thao, según informaron las autoridades de Minnesota. El ciudadano estadounidense fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En ese arresto, oficiales se metieron en su casa y lo hicieron caminar bajo la nieve en ropa interior.Investigan al ICE por la detención de un ciudadano estadounidense en St. PaulEl fiscal del condado de Ramsey, John Choi, reveló la apertura de un proceso judicial y de investigación penal sobre lo ocurrido el 18 de enero en St. Paul, parte del área metropolitana de Twin Cities, quedó alcanzada por los operativos federales de inmigración.Según CNN, funcionarios de Ramsey sostuvieron que el hecho podría encuadrar en delitos como secuestro, detención ilegal y privación ilegítima de la libertad. La interpretación fue que los oficiales del ICE no tenían ninguna razón para ingresar a la casa de Thao.Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), autoridad que nuclea al ICE y otras agencias, respondió que se trata de una "maniobra política para demonizar a los agentes del orden de ICE".Qué pasó con ChongLy "Scott" Thao: la detención del ICE que se investiga como posible secuestroEl domingo 18 de enero, Thao, un extranjero que se naturalizó como ciudadano estadounidense hace más de 20 años, dormía la siesta en su casa. Su descanso se vio interrumpido por su nuera, quien le indicó que agentes del ICE golpeaban la puerta. A pesar de que el hombre le dijo que no les abriera, los oficiales, enmascarados, entraron por la fuerza.Inmediatamente se llevaron a Thao de la propiedad. El ciudadano estadounidense, que estaba en ropa interior y sandalias, debió salir a la calle bajo la nieve solamente con una manta que le cubría los hombros.Antes de que lo subieran al auto, el hombre les pidió a los agentes del ICE que les dejaran tomar su identificación para demostrar que es ciudadano. Sin embargo, los oficiales no le hicieron caso y se lo llevaron arrestado.Toda la secuencia ocurrió en el medio del enojo de vecinos que presenciaron la escena y grabaron imágenes del momento en el que se llevaban a Thao.Luego de que lo subieron al auto, el hombre fue llevado a una zona alejada de la ciudad de Minnesota, donde los agentes del ICE lo obligaron a bajar para fotografiarlo. En ese momento, le pidieron que mostrara su identificación y Thao les recordó que no le dejaron tomarla.Luego de verificar que era un ciudadano estadounidense, los agentes federales lo llevaron a su vivienda y lo dejaron allí sin disculparse.Qué dijo el DHS sobre el operativo del ICE en Minnesota y la detención del ciudadaniLuego de la repercusión que generó el caso en Minnesota, las autoridades dieron una respuesta a través de un comunicado oficial. Según el documento, el ICE buscaba a dos criminales sexuales que los agentes creían vinculados con esa dirección.Sin embargo, sus familiares negaron esta versión. Según su relato, en la propiedad solo habitan Thao, su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años.
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Denunciante de la AFA y D'Onofrio: Matías Yofe declaró en una causa por falso testimonio y afirmó que buscan amedrentarlo
El dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe declaró este martes en la Fiscalía N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana. La citación se dio por una investigación por presunto falso testimonio para acceder a una custodia policial en el marco de la "mega causa" que impulsó contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, procesado con un embargo de $350 millones por presunto lavado de activos de origen ilícito.El referente del partido de Elisa Carrió en Pilar también es denunciante en la causa por la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia."No hay prueba alguna. La causa se construye a partir de dos testimonios y suposiciones del fiscal, nada más. Uno de esos testimonios es de un oficial de la Policía Bonaerense que era mi custodio, que decía a viva voz a todo el mundo que le ofrecían dinero por mi cabeza y que después al que termina denunciando es a mí por 'hechos falsos'. El otro testimonio es de un periodista de Pilar que, como no pudo ser candidato por la Coalición Cívica, se dedica a atacarme con animosidad tanto desde su medio como en presentaciones judiciales", afirmó Yofe a LA NACION luego de declarar durante casi dos horas. Aseguró haber ratificado las amenazas recibidas "con pruebas contundentes". Señaló que su pedido de indagatoria responde a un "intento para amedrentar" por su involucramiento en casos judiciales de alto impacto para el poder. Desde su defensa argumentan que desde entonces comenzó a "ser blanco de una persecución con tintes mafiosos, que escaló desde mensajes intimidatorios hasta amenazas contra su familia, e incluyó el tajeo de las ruedas de su auto o haber matado a uno de sus perros". A su vez, cuestionan la imparcialidad del fiscal Quintana ya que â??afirmanâ?? "forma parte de una lista en el Colegio de Magistrados de San Isidro vinculada a Sergio Massa".Por sus denuncias, D'Onofrio â??que proviene de las filas del Frente Renovador afronta otra causa junto con la concejala Claudia Pombo (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar) por montar un presunto esquema de recaudación paralelo en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que lleva el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata. La de lavado, por su parte, está radicada en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay. "Dejé en claro que el tema del perro no lo denuncié porque tengo hijos chicos y era un proceso al que no los quería exponer, pero marqué que fue mi propio custodio con el personal de Prefectura quienes me dijeron 'a tu perro lo embicharon'", dijo Yofe.En ese contexto, Yofe llegó a disponer de dos custodios de la Policía Bonaerense (uno por turno, que lo acompañaban constantemente) y en el perímetro de su casa en Pilar una posta de la misma fuerza (dispuesta por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires) y otra posta de la Prefectura (por pedido del juez federal González Charvay). "Para entender la gravedad, la hija del chofer de D'Onofrio pertenece a la misma comisaría de los policías que custodiaban mi casa. La oficial Ormeño de la 6ta de Villa Rosa, Destacamento Zelaya. Ella misma llegó a custodiar el perímetro. Hay registro y está probado porque el fiscal se lo preguntó al comisario y se lo confirmó", reveló el dirigente de Pilar, férreo opositor del intendente Federico Achaval, a quien le achaca "haber convertido el municipio en un antro de negociados".No es la única causa que enfrenta el referente de la CC. El 2 de enero de este año, la casa de Yofe fue allanada por orden del juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro (con asiento en Pilar), a pedido del fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, luego de que Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, lo denunciara por una supuesta "extorsión" para que declarase en contra de D'Onofrio. Yofe en ese momento se encontraba de viaje en Mar del Plata y acusó un procedimiento violento e intimidante contra su esposa y su beba de meses, que estaban en la vivienda. Dos días después se presentó junto a Carrió en la fiscalía de Camafreita, donde realizaron un duro descargo por el desarrollo de la causa, en la que quedó imputado junto con el empresario Leandro Camani, titular de la compañía Secutrans -que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en municipios-, también denunciante en el caso de las fotomultas.En esta segunda causa, según Yofe, también declaró "siempre en calidad de ciudadano" el periodista local, señalándolo de supuestos incentivos para reclutar testimonios en sus denuncias. A finales de enero, por su parte, se sumó una presentación judicial del propio Tapia contra Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (CC), también denunciante de la mansión de Villa Rosa; y Camani, a los que les atribuyó ser parte de una red de "maniobras de extorsión". Al respecto, Yofe apuntó contra el juez Saettone dada su pública simpatía por referentes kirchneristas, y también sembró dudas sobre la praxis de Camafreita."Se están sosteniendo causas en mi contra sin un solo material probatorio con uno de los fiscales que tendría relación con el universo de las fotomultas y con un juez como Seattone que tiene animosidad partidaria para amedrentar a quienes denunciamos a las mafias más grandes de la provincia de Buenos Aires", cerró.
Vaguada causa cuatro muertes y más de 30,000 desplazados en República Dominicana
Las intensas lluvias han provocado una emergencia que mantiene a la mayor parte del país bajo alerta, con numerosas viviendas dañadas, comunidades incomunicadas y una elevada cantidad de habitantes sin acceso seguro al agua
Crimen de "Wazón" Romero: detienen al sospechoso de facilitar el arma y la causa suma testimoniales
Un nuevo arresto en Resistencia refuerza la hipótesis de que el homicidio no fue un hecho aislado. La querella habla de un posible doble agravante y la defensa anticipa planteos de nulidad. Leer más
La justicia allanó el Elíseo por una causa sobre las licitaciones para organizar actos en el Panteón de París
PARÍS.- En una jornada que sacudió los cimientos del poder político en Francia, efectivos de la brigada financiera anticorrupción realizaron este martes un procedimiento sorpresa en el Palacio del Elíseo. La sede de la presidencia francesa fue el centro de un allanamiento vinculado a una pesquisa sobre la adjudicación de las ceremonias de entrada de grandes figuras al Panteón. El operativo, que reveló el semanario Le Canard Enchaîné, pone la lupa sobre los contratos que recibió la empresa Shortcut Events durante las últimas dos décadas.La investigación judicial se centra en las condiciones bajo las cuales el Estado otorgó la organización de estos eventos de alto perfil. Según los datos que trascendieron de fuentes cercanas al caso, esta firma privada maneja la logística de los homenajes de forma ininterrumpida desde hace 22 años. El Panteón, un sitio emblemático que se conoce en todo el mundo como el "templo de los inmortales", resguarda los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de la nación. Bajo la normativa vigente, el Presidente de la República es quien posee la facultad exclusiva de decidir qué personalidades reciben este honor máximo.Los costos de estas ceremonias despertaron fuertes sospechas entre los investigadores financieros. De acuerdo con la información que publicó el medio satírico francés, cada proceso de "panteonización" demanda un desembolso que ronda los dos millones de euros. El período que abarca la indagatoria judicial comienza en el año 2002 y llega hasta la ceremonia que tuvo lugar en 2024, cuando ingresaron al templo los restos del resistente armenio Missak Manouchian, poeta y héroe de la lucha contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.El conflicto principal de la causa radica en el mecanismo de selección de la agencia que organiza los actos. Si bien el Ministerio de Cultura o el Centro de Monumentos Nacionales lanzan licitaciones públicas de carácter clásico, el Elíseo tiene siempre la última palabra en la elección final. Esta situación ocurre debido a la presencia obligatoria del jefe de Estado en estos actos de enorme peso institucional. La justicia busca determinar si existió un trato preferencial hacia Shortcut Events, dado que otras agencias competidoras manifestaron su desánimo ante la elección constante de la misma empresa. Incluso se reportaron casos donde se impuso a esta firma a pesar de los deseos contrarios de las familias de los homenajeados.Desde la empresa cuestionada, uno de sus codirectores, Christophe Pinguet, rechazó cualquier tipo de vínculo privilegiado con el entorno presidencial que pudiera favorecer a su firma. El ejecutivo justificó la permanencia de su agencia en la experiencia técnica que desarrollaron tras orquestar unas quince ceremonias de este tipo vinculadas al "relato nacional". Según sus declaraciones previas, estas prestaciones siempre cumplieron con los procedimientos de licitación obligatorios.La brigada financiera, que surgió tras la fusión de diversos organismos de represión de delitos económicos en junio pasado, lideró el registro en las dependencias oficiales. Mientras la causa avanza, el cronograma oficial mantiene firme la próxima cita en el Panteón para el mes de junio. En esa ocasión, el honor será para el historiador judío Marc Bloch, fusilado por las fuerzas nazis.La opinión pública sigue con atención este escándalo que mezcla el gasto público con la memoria histórica de Francia. El operativo de este martes marca un hito, ya que las autoridades ingresaron de forma directa a la casa de gobierno para secuestrar documentación. Por el momento, la presidencia no emitió comentarios oficiales sobre los resultados del registro en sus oficinas. El caso abre un debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos estatales en actos de reconocimiento histórico.Agencia AFP
Pradas insiste en que no es necesaria una prueba caligráfica suya en la causa de la dana
La Audiencia de Valladolid devuelve la causa de Esther López al Juzgado instructor
Se reanudó el juicio por la causa Cuadernos: indagan a siete empresarios, cuatro como arrepentidos
El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner sigue ante el Tribunal Oral Federal 7. Hasta ahora los arrepentidos guardaron silencio
Causa Adorni: la escribana Nechevenko cerca de quedar implicada
La escribana no verificó el origen de los fondos del funcionario libertario. Este lunes también declararon dos mujeres policías, madre e hija, que confirmaron que aceptaron la operación con garantía hipotecaria, de unos 100 mil dólares, que les propuso la notaria.
Luciano Román recibió el título Doctor Honoris Causa de la UADE
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) distinguió esta tarde a Luciano Román como Doctor Honoris Causa en el Aula Magna de la facultad. Román, que se desempeña como Secretario de Redacción y columnista de LA NACION, fue reconocido por "su destacada trayectoria profesional y su significativo aporte al ámbito académico y al periodismo argentino".En un auditorio colmado por la presencia de autoridades de la institución, el cuerpo docente y alumnos; el director de LA NACION Fernán Saguier y José Claudio Escribano, miembro del directorio; colegas, familiares y amigos, el acto quedó inaugurado con las palabras del rector de la casa de estudios, Ricardo Orosco, quien ofreció los argumentos para otorgar este título reservado a "reconocer los valores de personas sobresalientes", un hecho que, en definitiva, no es tan frecuente: contabilizó en los 64 años de historia de la UADE solo 18 honores semejantes. En este caso quiso subrayar, principalmente, la comprometida labor de Román con la educación, que es también el rol central de la universidad, tanto en sus notas como en la experiencia desempeñada como docente (es profesor invitado recurrente en la UADE) y como exdirector de la Carrera de Periodismo de la Universidad Católica de La Plata.A continuación, el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon pronunció una laudatio que resumió méritos personales, académicos y profesionales del agasajado, palabras que surgieron "del corazón". Una larga relación los une desde La Plata, la ciudad de ambos: "Cigarrillo en boca, café en mano, la primera vez que vi a Luciano Román fue en octubre de 1999. Eran otros tiempos. Tiempos en que encarnamos el 'eslabón perdido' entre las viejas redacciones".Tras repasar la trayectoria de Román, iniciada a los 18 años en el diario El Día -donde más tarde sería su primer jefe-, Alconada Mon puso el foco en lo que define su perfil. "No es dónde trabajó o trabaja, sino cómo escribe. En tiempos de velocidad, eligió la pausa; en tiempos de ruido, eligió el argumento; en tiempos de grieta, eligió la incomodidad. Sus columnas no buscan agradar: interpelan. No se apoyan en la estridencia, sino en la evidencia, en la duda honesta y en una convicción profunda: que el periodismo no está para confirmar prejuicios, sino para desafiarlos", afirmó.También subrayó su compromiso con el oficio y la dimensión pública: "En una época en la que la verdad parece negociable y la palabra pública se devalúa, trayectorias como la de Luciano adquieren un valor adicional. Porque encarnan una idea del periodismo como servicio público, como herramienta de control del poder y como espacio de construcción cívica. Por todo esto, este reconocimiento no solo honra a Luciano Román. También nos recuerda qué periodismo vale la pena defender. En tiempos como estos, no es poco", finalizó.A su turno, ya con el diploma en mano y la emoción en la voz, Román comenzó por agradecer. "Cuando el doctor [Héctor] Masoero me llamó para comunicarme que el consejo de administración de la UADE había resuelto otorgarme esta distinción, tuve una mezcla de sentimientos. A la vez que me sentía honrado, me invadía una sensación de incomodidad, porque pertenezco a una generación a la que nos enseñaban que el lugar de los periodistas siempre estaba ahí abajo, en la silla del observador, y nunca acá, en el medio del escenario", aseguró.A partir de esa idea, planteó algunos contrapuntos entre el pasado y el presente de la profesión, también con sus tensiones. "Permítanme tomar esta distinción no como algo personal, sino como un reconocimiento a los valores esenciales de un oficio que no solo enfrenta los desafíos y los avatares de una profunda transformación, sino también, y desde hace décadas, el asedio del poder, empeñado, ayer nomás, en fagocitar a las empresas de medios, y hoy en fomentar "el odio" contra los periodistas independientes", afirmó.En ese marco, describió el contexto actual en el que se desarrolla la actividad: "Trabajamos en un ecosistema comunicacional más complejo, más heterogéneo, horizontal y fragmentado, en el que las redes sociales juegan un papel protagónico, muchas veces para enriquecer el debate público, muchas otras para enturbiarlo y degradarlo". Y agregó que, en ese escenario, "el periodismo de autor ha adquirido una relevancia fundamental; se ha acentuado el valor de las firmas como referencias de prestigio, de confiabilidad y de calidad".Román -que además es abogado- también se detuvo en los valores que, a su juicio, siguen definiendo al periodismo profesional y de calidad. Mencionó, en primer lugar, la "responsabilidad del lenguaje" o "la ética de la palabra": "la degradación del lenguaje ha deteriorado nuestro sistema de convivencia de una manera alarmante", sostuvo. A ese principio sumó el valor de la conversación y la escucha, en un contexto marcado por la polarización: "la prensa profesional sobrevive como un espacio multicolor y pluralista", afirmó, y destacó a este como un ámbito donde se reflejan distintas voces y se sostiene la idea de "escuchar las dos campanas". El tercer eje fue la reivindicación de la duda frente a los discursos cerrados: "en un mundo que por momentos parece enfermo de certezas (â?¦) en la prensa profesional se reivindican las preguntas y se valoran los matices". Y por último, subrayó la importancia de la independencia y la honestidad intelectual, en contraste con la lógica de alineamientos rígidos: el periodismo, dijo, debe sostener "una mirada matizada y profesional (â?¦) desprovista (â?¦) de los fanatismos que llevan a medir las cosas con un doble estándar".Hacia el final, eligió una imagen tomada de una anécdota con toques de fábula que dejó un mensaje claro de su mirada sobre el oficio. "Tratar de mirar el mundo desde una perspectiva original -desde los ojos del ratón del cuento en cuestión-, sin creer que eso nos pone en algún pedestal". Y cerró con un agradecimiento más íntimo y más hondo, vinculado a su historia personal y familiar, en el que destacó "la decencia, la humildad y la pasión" como los valores que -legado de sus padres- guiaron su recorrido.
Pablo Toviggino recusó al juez Diego Amarante por "enemistad manifiesta" en la causa por evasión
El tesorero de la AFA busca apartar al magistrado que lo procesó por una retención indebida de $19.300 millones, alegando un complot judicial. Leer más
Causa Seguros: Ariel Lijo aceptó pruebas de Alberto Fernández y citó a Vilma Ibarra y Santiago Cafiero
El juez ordenó nuevas testimoniales de ex funcionarios y un peritaje contable para evaluar el presunto daño al Estado. La investigación sigue bajo revisión de la Cámara Federal de Casación
Causa AMIA: ordenaron la captura internacional de un jerarca iraní para indagarlo y ampliaron las imputaciones
Se trata de Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del líder supremo y es el más reciente acusado por el fiscal Sebastián Basso. Por ahora, la Justicia no avanzará con los procesamientos
Casación cerró el camino a la Corte Suprema para Lázaro Báez en la causa "El Entrevero"
El máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios y dejó firmes las condenas por lavado de activos dictadas contra el empresario y otros imputados
Los gestos de Karina Milei en respaldo de Manuel Adorni tras los últimos movimientos en la causa judicial
La secretaria general de la Presidencia se reunió con el jefe de Gabinete y se mostró escoltada en una actividad en el Instituto Malbrán. La colección de fotos de la jornada
El mensaje que le mandó la escribana de Adorni a una de las testigos en la causa por enriquecimiento ilícito
Adriana Nechevenko se comunicó esta mañana con Isabel Molina, una de las acreedoras del jefe de Gabinete que declaró esta mañana ante el fiscal Pollicita en el marco de la investigación a su patrimonio
AFA-gate: un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana
La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido. Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. "La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa", planteó Sáenz. La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló LA NACION a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de LA NACION demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones. El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. "Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11", sostuvo Sáenz. En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) "explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría".La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma. Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.
Revelan causa de la muerte de "La Werita Consentida" y Joe Lara, amigos de Ivonne Montero y Paty Navidad
La muerte de la pareja dejó un vacío en el ámbito del entretenimiento digital
Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que le revoquen el procesamiento
El ex presidente llegó rodeado de su custodia a presentar su descargo en una audiencia en Casación Federal
Toviggino recusó al juez que lo procesó por los aportes de la AFA para que no siga en la causa
Es Diego Amarante. El tesorero de la AFA hizo una presentación en primera persona en la que habló de "enemistad manifiesta".El magistrado rechazó el planteo y definirá la Cámara en lo Penal Económico.
La ex fiscal Fein vuelve a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman
Se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.
Llegaron dos de las prestamistas de Adorni a Comodoro Py: comenzaron a declarar como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito
Se trata de Isabel Molina y Victoria María José Cancio, acreedoras del jefe de Gabinete en la hipoteca que se trabó sobre el departamento de Parque Chacabuco
Se complica la situación de la escribana de Adorni y no descartan investigarla en la causa
Es porque no logró explicar por qué no realizó algunos controles sobre los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.
Un juzgado de Andalucía investiga la muerte de un hombre a causa del retraso en los cribados del cáncer de mama
Se trata de la primera denuncia penal relacionada con los fallos en los cribados del Servicio Andaluz de Salud
"Algún error por el viento", posible causa del accidente de un parapente con 2 muertos
Ángel Bozal causa baja en una lista a la que regresan Ramos y Bolinches
Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política en una semana clave para la causa por presunto enriquecimiento
El jefe de Gabinete aparecerá nuevamente en actividades oficiales. La Libertad Avanza ya tiene en agenda las siguientes reformas que impulsará tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Cuál es la próxima ley que se votará en el Congreso
Declaran hoy dos de las mujeres a las que Manuel Adorni les debe dinero y la causa entra en una etapa decisiva
Otras dos personas fueron citadas para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py
Semana clave en la causa contra Adorni: declaran las prestamistas y hay más testimoniales
Se trata de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de Javier Milei.El fiscal Pollicita también requirió documentación y otras medidas de prueba vinculadas a los inmuebles del funcionario y su esposa.
Procesados, Tapia y Toviggino apuestan ahora a la "reparación integral" para hacer caer la causa por evasión
Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio "Chiqui" Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco. Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.Los dirigentes apelan allí a la "reparación integral", una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna "contraprestación" que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente. No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto. En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una "evasión" de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron. Otras visionesEs una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y "víctima directa" del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también "social". "(â?¦) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas", sostiene el juez. El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos. Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo- el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor "disponibilidad" de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un "desprecio" contra el pueblo."Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social", precisó el juez.Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una "inclinación marcada" tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren."Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario", advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.Los CuadernosAlgunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra. La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de "mercantilización de la corrupción". "Mi fiscalía no vende impunidad", dijo la fiscal, que consideró que "el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima".El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como "insuficientes".
Desaparición de cuatro jóvenes de 14 y 16 años causa alerta en Zamora, Michoacán: esto es lo que se sabe
Salieron juntas la tarde del 8 de abril y desde entonces no hay rastro de ellas
Declararán las cuatro mujeres a las que Adorni les debe dinero: semana clave en la causa por presunto enriquecimiento
Dos están citadas para el lunes y otras dos para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py
Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas
En un nuevo paso en la causa por la presunta desaparición de hacienda en un campo del sur de Santa Fe, la Justicia le permitió a Bruno Riboldi, el productor e influencer conocido como "la joya agro", avanzar con la venta de los animales recuperados al mismo comprador al que se iban a vender originalmente, pero esta vez sin la participación de Nicolás Coscia, imputado en el caso.La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecerSegún el documento, la decisión se tomó luego de que "se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado" y de que "han cesado las razones que motivaron dicha cautela".En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: "Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades".El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás. La transacción â??por 161 animales y un monto superior a $267 millonesâ?? quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que "no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados".Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.El origen del conflictoEl caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.Es mortal: investigan un posible caso de una enfermedad exótica en ovinosSegún la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje â??es decir, debía cuidarlosâ??, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor. Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización."Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó "víctima de una maniobra" bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.
Ordenan liberar a los líderes de La Salada y se derrumba la causa de lavado de dinero
La causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora se derrumbó y la justicia ordenó liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.El tribunal decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.La decisión judicial argumenta que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuanto menos, "prematuro" y carente de "autonomía suficiente".La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios. Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.A raíz del caso, Armella había embargado por 750 millones de pesos a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por 500 millones a los miembros principales, y por 250 millones a los partícipes secundarios. Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria, que llevaba una vida humilde â??viviendo en una casa heredada y pagando un auto con un plan de ahorroâ?? en contraste con el éxito de una banda criminal multimillonaria.El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita. Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria. Para la Cámara, el magistrado falló al "no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial" para convertirse en un delito. No se probó la "mínima cohesión" ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella "no ha efectuado ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal".Señalaron que no hubo un delito precedente que generó divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (sus autos e inmuebles) pero "sin especificar puntualmente que el dinero utilizado hubiera tenido origen en la comisión de algún delito". La Cámara explicó que las "afirmaciones genéricas y vagas" del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar. La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
Valeria Becerra, psicóloga sobre el caso Maitena: "El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 años"
La psicóloga Valeria Becerra analizó la situación de la salud mental en jóvenes tras la muerte de Maitena Luz Rojas, una menor de 14 años en Merlo, que fue encontrada en Las Heras. En este marco, la especialista profundizó en la vulnerabilidad emocional y los peligros digitales. Valeria Becerra en LN+Maitena Luz Rojas Garófalo salió hacia su escuela el miércoles por la mañana. Su familia inició una búsqueda que terminó con el hallazgo de sus restos y de nueve cartas para sus allegados y correos electrónicos programados para sus amigos. En este contexto, Becerra vinculó el hecho con un escenario posterior a la pandemia y señaló un incremento en los cuadros de depresión y ansiedad. "Está en un contexto que tenemos a partir de la pandemia, una crisis en salud mental y infantojuvenil gravísima, un aumento de los problemas de depresión, ansiedad e intentos de suicidio muy llamativos", resaltó."La estadística cambió brutalmente y se relaciona con el contexto en el que están viviendo los chicos. Es real que algunos intentos de suicidio o algunos suicidios no son previsibles por el entorno esto es real", sumó.El suicidio como problemática social y familiarEl tratamiento del tema en los medios y en el hogar suele encontrar barreras, es por ello que la psicóloga destacó que el silencio no ayuda a la prevención. "Yo creo que ya algo estamos haciendo hablando del suicidio, porque el suicidio es un tema tabú y siempre es algo que evitamos", relató.El entorno familiar muchas veces minimiza las señales de alerta por creer que la tristeza pertenece solo a una fase del crecimiento, según explicó Becerra, y enseguida sostuvo: "Los padres, incluso adolescentes o de niños, pensamos que nuestro niño nunca va a cometer suicidio o nuestro adolescente puede estar triste porque es la etapa, puede estar sentimental, pero no va a tomar una decisión tan definitiva y la realidad es que son etapas de vulnerabilidad emocional".Asimismo, la profesional enfatizó la necesidad de romper el estigma, y sostuvo que la comunicación abierta permite que los jóvenes expresen su malestar antes de llegar a un punto sin retorno. "Lo importante es hablar en un contexto con gente que sepa del tema que está hablando. Y por supuesto que es importante hablar de suicidio porque hay que visibilizar que cualquier persona puede en una situación extrema, de sentir que no tiene salida, tomar una decisión de este tipo", subrayó y concluyó: "No debe ser tabú hablar del suicidio".Todos Pudimos Ser Maitena. Merlo Despidió A La Adolescente De 14 Años Que Fue Hallada MuertaRiesgos en el acceso a plataformas digitalesLa psicóloga mencionó que los menores acceden a contenidos peligrosos con facilidad y la falta de supervisión potencia la exposición a conductas extremas. "Los adultos estamos un poco distraídos sobre todo lo que está pasando con el mundo digital de los chicos. La realidad es que los chicos pueden acceder a un montón de peligros en el mundo digital que están en aumento", explicó la experta."Aumentan las denuncias de grooming, de acoso, de exposición a situaciones de riesgo de comunidades que difunden información sobre conductas extremas como pasó hace poquito con el tema del tiroteo escolar y también están las comunidades", precisó.La planificación de actos contra la integridad física circula en diversas redes sin filtros efectivos. En este contexto Becerra denunció la existencia de material que instruye a los jóvenes sobre cómo lastimarse: "Ciertas plataformas permitían la distribución de contenido vinculado con incitar o normalizar conductas de riesgo como son las autolesiones o suicidios. Incluso hay videos de planificación o de asesoramiento a cómo cometer un suicidio". La experta finalizó su intervención con un pedido de acción directa: "La educación digital desde la familia y desde la escuela es fundamental".
Causa Seguros: Casación definirá si confirma el procesamiento de Alberto Fernández
El ex presidente es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Lo acusan de firmar un decreto que direccionó contrataciones del Estado
Quién es Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni que declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El miércoles Adriana Nechevenko llegó una hora y media más temprano de lo previsto a Comodoro Py. Lucía una chaqueta rosa y anteojos de marco prominente cuando las cámaras capturaron su imagen mientras esperaba junto a su abogado en el café de la planta baja de los tribunales. Luego declararía ante la Justicia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su cliente, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Con esa exposición, que se extendió durante dos horas, Nechevenko ganaría notoriedad ante la ciudadanía, pero también entre sus propios colegas. Era hasta ahora -y como señaló una fuente del mundo notarial porteño- "una del montón". Su participación en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete cambió esa situación.Nechevenko figura en la nómina de letrados habilitados del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y -según deslizó en una entrevista con Infobae- lleva al menos 40 años en ejercicio. De acuerdo a los registros oficiales, opera en una oficina sobre la calle Luis Sáenz Peña, en Monserrat, a pocas cuadras del Congreso de la Nación.Conocedores de los movimientos de la entidad notarial señalaron que, de los alrededor de 2500 profesionales del distrito, "100 son los que tienen alguna actividad [dentro del Colegio] y 50 los que son muy activos". Es decir, solo entre un 2% y un 4% cuenta con un verdadero protagonismo entre sus pares. Nechevenko -señalaron- pertenecía a la otra amplia mayoría. No tenía la costumbre de encabezar conversatorios ni participar de actividades masivas del Colegio. "No tiene ese perfil de intervención; es el común de los escribanos", indicaron a LA NACION.Tampoco tienen registros de participación alguna en otras operaciones controvertidas. "No tiene antecedentes de ningún tipo. Si hubiese tenido algún tipo de problema judicial, lo hubiésemos sabido", añadieron desde el colegio de profesionales.Así, Nechevenko mantenía un perfil bajo que terminó de estallar ante las sucesivas revelaciones sobre el aumento patrimonial de Adorni. Esta semana, se convirtió en una de las elegidas del comediante Ariel Tarico para sus imitaciones en el canal Todo Noticias.LA NACION contactó a Nechevenko para consultar por su trayectoria profesional y su vínculo con el jefe de Gabinete. "No estoy haciendo declaraciones ni aclaraciones de ningún tipo", respondió la escribana.La mujer declaró este miércoles por primera vez ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, a instancias de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano. Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.La mujer volvió el jueves a los tribunales de Retiro sin que la Justicia la volviera a citar. Según aclaró horas más tarde, regresó para entregar al fiscal Pollicita documentación sobre las operaciones inmobiliarias con la que no contaba en su primera jornada en Comodoro Py. No entregó su teléfono.El miércoles, se le había pedido a la escribana que mostrara su celular para corroborar aspectos de su relato, pero la mujer aseguró que no traía consigo. En las imágenes captadas en la previa de su declaración ese día, se la vio utilizando un teléfono móvil, pero la escribana advirtió, luego, que el aparato no le pertenecía."Todo el mundo dice que sí (que el fiscal le pidió el teléfono), yo no me acuerdo. Evidentemente me lo debe de haber pedido. En una declaración de tres horas, seguramente el pedido se me pasó, igual no lo tenía", argumentó en la entrevista por streaming. Aseguró que tampoco lo exhibió ante el fiscal en su segunda visita a Comodoro Py -ya que lo había dejado en su auto-, pero sostuvo que el dispositivo "está a disposición" si la Justicia lo requiriese.Consultada respecto del origen de los fondos utilizados en las transacciones, Nechevenko explicó que está obligada a indagar sobre ese aspecto: "Con que declare que es de origen legal ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo (documentación respaldatoria)". Se mostró confiada en que el dinero es lícito, porque conoce a Adorni desde hace más de dos décadas."Hace 20 o 25 años que conozco a Adorni", subrayó, pero aclaró que, de todos modos, no son amigos. "Manuel Adorni trabajaba en una empresa, a través de esa empresa la conocí y quedamos en relación después de que se fue", dijo a Infobae. Antes de ingresar a la administración pública, Adorni había trabajado en la agencia oficial de Renault, Mapemfi SA. Nechevenko no precisó si conoció al funcionario durante su paso por esta empresa o si se trató de otra compañía.
Un disparo, un giro en la causa
El caso por la muerte de la policía federal Rosalía Yamla La Roza en un presunto forcejeo con su hijo de 15 años, en Villa Gobernador Gálvez, el mes pasado, dio un giro en las últimas horas. En Canal 3 indicaron que se investiga una presunta premeditación. El joven, que no es punible, fue llevado a una audiencia informativa y permanece alojado fuera del departamento Rosario.
El juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación
La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a su par, Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).El fallo estipula que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Qué había solicitado la CGT? Que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N°27.802 que, desde la óptica del sindicato, trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75 de la Constitución Nacional.Además, el pedido de la CGT hacía hincapié en que se estaba vulnerando la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros. De esta forma, el movimiento de la jueza Marra Giménez es celebrado en Balcarce 50. Los fundamentos de la resoluciónA partir del fallo quedó establecido que la competencia para adentrarse en la demanda de la CGT contra el Estado Nacional sobre la ley de reforma laboral pasó a ser competencia exclusiva del fuero Contencioso Administrativo Federal. Situación que encomienda al juzgado de Ojeda a remitir el expediente. De no seguir con el debido proceso, entraría en escena la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.Por otra parte, la decisión de la magistrada Marra Giménez deja vislumbrar dos elementos. Por un lado, el hecho de que los reclamos individuales de los trabajadores continuarán en el fuero laboral. Por el otro, la consolidación del criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado. Noticia en desarrollo
La muerte de Ángel: una causa sin imputados, muchas sospechas y lesiones cerebrales recientes
Ángel López, de 4 años, llegó en una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, con pulso. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio en la humilde casa donde vive su madre. Era el domingo pasado. Cuarenta y ocho horas después de la internación, falleció. El resultado preliminar de la autopsia determinó que tenía lesiones recientes en la zona cerebral. La causa de la muerte todavía no se pudo determinar, pero el caso se investiga como como un posible homicidio. Así lo informaron Cristian Olazábal y Facundo Oribones, fiscal jefe y fiscal general de Comodoro Rivadavia, respectivamente una conferencia de prensa.El expediente judicial no tiene imputados. Sí, sospechados. Se trata de Mariela Altamirano, la madre del niño, y su pareja, cuya identidad no trascendió. Ambos están en Comodoro Rivadavia, sin acusación y en libertad, pero bajo vigilancia policial."En la operación de autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense surgieron algunos traumatismos en la zona del cráneo. En base a esto se está tratando de dilucidar si las lesiones fueron producidas por una acción voluntaria o involuntaria", explicó el fiscal general Oribones al comenzar la citada conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.El funcionario judicial dijo que las líneas de investigación son diversas. "Sí, se investiga el caso como un posible homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación", afirmó el fiscal general.Antes de la conferencia de prensa, la madre del niño había hecho declaraciones en el sitio de noticias ADN Sur. "Yo no maté a mi hijo, lo protegí", dijo la joven, de 28 años.Altamirano hizo un repaso de lo ocurrido el domingo pasado en su vivienda del Barrio Quinta Uno de Comodoro Rivadavia. "Nos levantamos temprano [con su pareja] y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 23, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", contó.Según dijo, en en ese momento, su hijo dormía. "Lo escuchaba roncar", afirmó. Y agregó: "Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y llamo a la ambulancia enseguida".Mientras esperaban al servicio de emergencias, la pareja salió de la vivienda. "Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno", recordó la mujer.Los fiscales Olazábal y Oribones confirmaron que cuando Ángel llegó en ambulancia al hospital tenía pulso, pero que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Ángel vivía en un estado de vulnerabilidad, entre denuncias cruzadas de sus padres.A pesar de la situación de vulnerabilidad, en la conferencia de prensa se afirmó: "No teníamos ningún indicador o alerta previa de que podía estar pasando algo con el menor. No había indicadores de alarma". La referencia a la ausencia de señales de alarma apunta a expedientes en el fuero penal, ya que otra cosa emergía en la Justicia de Familia. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Lorena Andrade, pareja de Luis López, padre del niño, había presentado el año pasado una denuncia contra ese hombre por violencia.Andrade, según los voceros consultados, había afirmado que ella y Ángel eran víctimas de agresiones."Hubo denuncias anteriores que fueron desestimadas y archivadas porque no había elementos de convicción [para avanzar]", explicaron los fiscales Olazábal y Oribones en la presentación ante los medios de comunicación.El juez de Familia Pablo López había decidido dar la tenencia del niño a su madre. Altamirano y Ángel estaban en un proceso de revinculación, después de que la joven regresara a Comodoro Rivadavia desde Córdoba.Esa intervención judicial y la posterior muerte del niño emparentan en principio el caso con el homicidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado a golpes en Santa Rosa el 26 de noviembre de 2021. Por el crimen recibieron la pena de prisión perpetua la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y, su pareja, Abigail Páez. En un posterior juicio político, resultó absuelta la jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester, que habia sido cuestionada por entregar la custodia del menor a la madre, que sostenía un enfrentamiento con su exesposo.El fiscal Oribones adelantó que si se llega a determinar responsabilidades de "otras instituciones" [por la decisión de revincular al niño con su madre] se harán las investigaciones correspondientes, pero por el momento están enfocados en determinar la causa de la muerte de Ángel. Para Luis López no hay dudas de que lo que pasó con Ángel. "Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni en los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", sostuvo en las últimas horas.Antes de terminar la conferencia de prensa, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia dijo: "No tenemos una evidencia firme que nos permita sostener que fue [la muerte de Ángel] una acción que fue ejecutada de forma deliberada". El fiscal Olazábal agregó: "No había constancias de lesiones externas, los traumatismos eran internos".Ante una consulta sobre la data de los traumatismo, los funcionarios judiciales explicaron que eran recientes y, según lo que pudieron hablar con la médica forense que intervino en la autopsia "como mucho de diez días anteriores" a su fallecimiento."Nuestra prioridad es establecer la causa de la muerte", sostuvieron los fiscales. Y para avanzar esperan los resultados de los estudios histopatológicos para complementar el resultado preliminar de la autopsia.También, adelantaron, pedirán ante el juzgado de Garantías que interviene en el caso, la autorización para peritar el teléfono celular secuestrado en la vivienda de la madre de Ángel, con la posibilidad de que puedan reconstruir las últimas horas antes del trágico final.
Procesaron a Hernán Boveri y "Fini" Lanusse por presunta administración fraudulenta en la causa por el robo de anestésicos
El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso el procesamiento de Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse por el delito de administración fraudulenta, sin prisión preventiva, en el marco de la causa que investiga la sustracción de medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en esta instancia del proceso penal, aunque sin ordenar la detención de los imputados.La resolución judicial se dictó luego de una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, análisis de documentación interna del hospital y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. La figura de administración fraudulenta contempla una pena máxima de seis años de prisión, según lo previsto en el Código Penal, en caso de que se llegue a una condena.Boveri, anestesiólogo de planta del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año del área de anestesiología, estaban imputados en la investigación que analiza cómo anestésicos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires. Ambos profesionales fueron apartados de sus funciones y alcanzados por distintas medidas restrictivas mientras avanza la causa.La pesquisa tuvo su origen a partir del hallazgo de medicamentos anestésicos en distintos procedimientos ordenados por la Justicia y del rastreo de su procedencia. Según surgió de las actuaciones, los fármacos secuestrados pertenecían al stock del Hospital Italiano y no se comercializan en farmacias ni en circuitos de venta habilitados. Ese dato fue central para que los investigadores avanzaran sobre la hipótesis de una salida irregular del material.En el expediente se acreditó, hasta el momento, un recorrido que vincula al hospital con al menos dos domicilios particulares donde se encontraron medicamentos e insumos médicos. Esos allanamientos permitieron recuperar parte del material sustraído y reforzaron la sospecha de una maniobra sostenida en el tiempo. La Justicia investiga ahora la cantidad total de fármacos desviados, el período durante el cual se habría llevado a cabo la práctica y los roles específicos de cada uno de los imputados.Durante las indagatorias, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó una presentación por escrito. Según fuentes judiciales, en esa instancia no se incorporaron elementos que modificaran sustancialmente el eje central de la investigación. En esta etapa, el juez consideró que las pruebas reunidas permiten sostener el procesamiento, aunque sin imponer la prisión preventiva.La causa por la sustracción de anestésicos se tramita de manera unificada bajo la órbita del juez Sánchez Sarmiento, luego de que la Justicia resolviera concentrar en un solo expediente actuaciones que inicialmente se habían iniciado por carriles separados. Esa decisión apuntó a ordenar la prueba y analizar de forma integral la trazabilidad de los medicamentos, los controles internos del hospital y las eventuales responsabilidades penales.En paralelo, continúa en trámite otro expediente judicial que investiga como averiguación de muerte dudosa el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrido en febrero, aunque ese proceso se mantiene separado del que analiza el presunto delito contra el Italiano. Desde el punto de vista judicial, ambos casos comparten elementos de contexto, pero tienen objetos procesales distintos.
Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación
Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma
Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque
Se trata de Héctor Marchi. Lo hizo la defensa del operador judicial de Rosario Santiago Busaniche. También pidieron que se le secuestre el teléfono, entre otras medidas de prueba.
Avanza la causa que más preocupa al "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino por maniobras cambiarias con U$S 100 millones
Por ser una infracción a la ley cambiaria, el juez debe decidir en forma directa si condena o absuelve a los dirigentes de la AFA. Entre 2020 y 2021, ingresaron dólares de Adidas, la FIFA y la Conmebol al país y los liquidaron al valor del blue y no del oficial.Es una denuncia del Banco Central. No hay declaración indagatoria ni procesamientos. Decide el juez Gustavo Meirovich.
La escribanía bajo silencio: la inesperada quietud en torno a la oficina de Adriana Nechevenko en plena causa judicial
La sorpresiva inactividad de una escribanía en pleno centro porteño abre interrogantes que trascienden lo operativo. Su vinculación con una causa que involucra a Manuel Adorni le da al episodio una dimensión judicial que podría escalar en los próximos días. Leer más
La ex fiscal Fein volverá a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman
Será este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.
Dos personas muertas por accidente de tránsito en el centro de Bogotá: la imprudencia de uno de los conductores habría sido la causa del choque
La colisión involucró a un motociclista de 28 años, que se desempeñaba como escolta para la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, y a un ciclista de 58 años que conducía una bicicleta azul