La DATIP buscará determinar el origen del video del vestidor con millones de dólares. Además, se realizarán inspecciones oculares y la defensa del exintendente solicitó anular la filmación como prueba por considerarla "de origen ilícito". Leer más
Familiares de personas desaparecidas han realizado distintas acciones en Calzada de Tlalpan y en Paseo de la Reforma para visibilizar los casos de sus seres queridos
Los controles que hizo la AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso
Alimentación saludable, evitar el sobrepeso y practicar ejercicios de Kegel ayudan a prevenir el desarrollo del prolapso de órganos pélvicos, según ginecóloga del Hospital María Auxiliadora
Víctor Mariano Donadio, excuñado de Martín Insaurralde, es investigado en la causa de enriquecimiento junto al exintendente de Lomas de Zamora como su supuesto testaferro, pero, además, está procesado y embargado por 20.000 millones de pesos por la construcción de una ruta que quedó destruida a pocos meses de su inauguración y que fue pagada con sobreprecios de alrededor del 50%.Donadio está investigado porque su empresa Doio S.A. intervino en la adquisición del terreno donde se alzó la mansión de Fincas de San Vicente, del exjefe comunal, donde vivió con Jesica Cirio.A pedido del fiscal Sergio Mola, el juez federal Luis Armella dictó su prohibición de salida del país y la justicia investiga si el patrimonio de Insaurralde se financió a través del direccionamiento de la obra pública municipal y si Doio SA facilitó estas maniobras financieras.De hecho, Mola y Diego Velasco, fiscal de la PROCELAC, mencionaron los nexos entre Insaurralde y empresas proveedoras de la comuna, y las relaciones de esas mismas firmas con departamentos de lujo donde vivió con Jésica Cirio.Investigan la cesión suscripta por Carolina Álvarez, la primera esposa de Insaurralde, y la empresa Doio en 2006. En 2011 -casi 5 años después- la transfirió a SASAXA LIBERO SA, empresa controlada por Insaurralde a través de personas de su círculo familiar.La cesión se refiere a la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente - Club de Chacras. Allí la empresa Doio fue contratista tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del municipio de Lomas de Zamora, y en el trámite de adjudicación de la gran mayoría de ellas se encuentra la rúbrica del propio Insaurralde como intendente.En el sitio web de la empresa Doio hay menciones a una serie de obras que realizó la firma en Lomas de Zamora mientras Insaurralde se desempeñaba como intendente (Pileta y Vestuarios Villa Albertina -2010-, Estación de Transferencia Banfield - Lomas de Zamora -2011, Honorable Concejo Deliberante -2013-, Hogar de Mujeres Fátima Catán -2013- , Cuartel de Bomberos y Centro Cívico -2013-).Donadío tenía una relación con el contador Andrés Galera, al que conocía de la Cámara de la Construcción. El vínculo con José LópezGalera, además de ser el controlador de la empresa Revilier SA -que figura como propietaria del departamento en Puerto Madero en el que residieron Insaurralde y Cirio en 2014-, fue condenado por ser testaferro del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien fue conocido por haber revoleado bolsos repletos de dinero provenientes de la corrupción en un convento en General Rodríguez. Donadío fue quien recomendó a Federico Alberto Curcio, un arquitecto de su máxima confianza -luego fue su socio en la empresa Doio- para la construcción de la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente. También acercó al arquitecto Curcio a López, exsecretario de Obras Públicas, para ayudarlo a edificar su vivienda en Dique Luján, donde escondía los nueve millones de dólares en una valija colocada en la parte alta de un placard. Esa casa estaba a nombre de Galera.Un caso de sobrepreciosA su vez, se comprobó que la empresa de Galera participó en la licitación compitiendo con la empresa Doio en la obra de pavimentación de la ruta 16 que, luego de ser adjudicada a esta última, derivó en una causa por irregularidades en su licitación, adjudicación y ejecución.La pavimentación de esa ruta, conocida como "Camino de las Latas", expuso una matriz de corrupción estructural, pues el trayecto se desmoronó a los pocos meses de ser entregado. Además, se verificó que un grupo de funcionarios y empresarios se beneficiaron con sobreprecios millonarios. Las obras en la Ruta Provincial Nº 16 (el tramo de 12 kilómetros que une la Ruta 58 y la 210, atravesando Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown) habían sido adjudicadas a Doio S.R.L., liderada por Donadío. La licitación original (N° 10/2009) preveía un presupuesto de $36.500.000 financiado por el Estado Nacional. Sin embargo, mediante una serie de "redeterminaciones de precios" y adendas justificadas por supuestas obras anexas, el costo se disparó a $57.641.065,23. Doio S.R.L. no calificaba para ganar. Según los registros, su capacidad para obras de ingeniería era de apenas $13,4 millones, un tercio de lo exigido por el pliego. Aun así, los funcionarios municipales forzaron su aprobación en un segundo llamado a licitación.Ya con la obra en sus manos, Doio cobró un anticipo financiero del 15% ($5.475.000) que no estaba contemplado originalmente. Se certificaron y cobraron 67.000 metros cúbicos de "movimiento de suelo" que jamás se hicieron. También se cobró por la construcción de dos intersecciones viales cuando solo se hizo una y se utilizó maquinaria y personal muy inferior al declarado. Para garantizar que nadie objetara esto, Donadío colocó como "Representante Técnico" a Federico Curcio, el arquitecto de López.La pericia oficial determinó que la obra tuvo sobreprecios del 43% y que los materiales utilizados eran de pésima calidad. La ruta nunca se terminó de manera definitiva. Doio S.R.L. entregó la obra con un acta de "recepción provisoria" el 20 de enero de 2014 y cobró el 99,87% del total del contrato. Al poco tiempo, el asfalto cedió. La ruta se rompió aceleradamente debido a fallas estructurales graves: no se le hizo tratamiento a la base de suelo (que era barroso e inestable), los materiales eran deficientes y no se realizó la segunda capa de compactación asfáltica exigida. En septiembre de 2015, una inspección de Vialidad Provincial confirmó que la calzada estaba minada de baches y fisuras profundas. Ante el inminente peligro para la seguridad vial, la gestión provincial posterior tuvo que volver a repavimentar la ruta por completo, utilizando un paquete estructural más resistente.Los procesados en esta causa son Donadío, el exintendente de Presidente Perón Alfonso Aníbal Regueiro, que firmó los decretos clave; aprobó el direccionamiento y habilitó los pagos irregulares; los funcionarios municipales Julio César Oneri (Secretario de Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Secretario de Hacienda); la Comisión de Preadjudicación (Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz); el arquitecto Curcio e inspectores y supervisores municipales que hicieron la vista gorda. También fue procesado Gustavo Marcelo Gentili (exdirector del Occovi), que garantizó el flujo de los fondos nacionales.El letargo judicialEl expediente sufrió un letargo escandaloso. El primer juez de la causa fue Federico Villena, quien estuvo a cargo de la investigación durante ocho años. En abril de 2025, Villena dictó la falta de mérito para los acusados por falta de pruebas, sin considerar los peritajes. La Cámara Federal de La Plata le dio la razón al fiscal, anuló la resolución por "arbitraria", denunció el "letargo ostensible" y apartó a Villena del caso.La causa recayó entonces en el juzgado actualmente a cargo de Luis Armella. El 21 de octubre de 2025, el juez procesó a todos los implicados y les trabó un embargo de 20.000 millones de pesos. Sin embargo, hoy existe una pelea entre el fiscal Sergio Mola y Armella, pues se apeló el embargo con una medida suspensiva. El fiscal Mola interpuso recursos exigiendo urgencia, acusando al juzgado de paralizar las cautelares, lo que permite a los acusados ganar tiempo para ocultar o transferir sus bienes y evitar resarcir al Estado.
El fiscal que interviene en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y posible lavado, Sergio Mola, le pidió al juez Luis Armella que desestime el intento del exfuncionario bonaerense de correrlo del caso.Lo hizo en un escrito cargado de críticas, con el que buscó rebatir los argumentos del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, y en el que también incluyó reproches al juez, a quien acusa de demorar la investigación. Mola sostuvo que las quejas de Insaurralde â??quien aseguró que el fiscal mantenía un "ensañamiento procesal" contra élâ?? no son más que un intento por condicionar su trabajo. "Asumir la postura del recusante [Insaurralde] implicaría exigir que el fiscal permanezca estático o indiferente ante la hipótesis delictiva planteada", señaló Mola.El fiscal ya había pedido la indagatoria del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio. Y después de que apareciera el video de Cirio en un vestidor repleto de fajos de dólares que dio a conocer LA NACION, reclamó la detención de Insaurralde y de la vedette y conductora de TV. Armella rechazó ese pedido por considerarlo prematuro y dejó en su resolución observaciones críticas sobre la actuación de la fiscalía.Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólaresAl pedir el corrimiento del fiscal, Insaurralde sostuvo que el fiscal había "sobreactuado" después de la difusión del video, que impulsó medidas "desproporcionadas" y que su actuación había quedado contaminada por la exposición pública del caso.En su escrito de hoy, el fiscal Mola dijo que la defensa de Insaurralde confunde "la intensidad de la investigación" con una "persecución personal" y sostuvo que sus pedidos responden a la gravedad de los hechos investigados."La indignación social y la alarma que estos hechos provocan no son producto de una 'exposición mediática' generada por esta fiscalía, sino de la obscenidad de las conductas ventiladas: un funcionario público de alta jerarquía retratado en un yate de lujo en el Mediterráneo con su 'acompañante de viaje' [por Sofía Clerici] y la posterior detección de sumas millonarias en dólares asociadas a su entorno familiar inmediato", dice el texto. El fiscal también dedicó varias líneas de su descargo a hablarle a Armella y al anterior juez de la causa, Ernesto Kreplak. Mola remarcó que todos los avances en el expediente fueron gracias a su impulso, pese a pedir, sin ningún éxito, tener el control de la investigación."La actividad investigativa desplegada de oficio por el juzgado ha sido, cuanto menos, prácticamente nula", marcó. "Los magistrados que intervinieron en esta causa han tenido un rol pasivo a la espera de las sugerencias de esta parte", agregó el fiscal. En un escrito anterior, el juez Armella sugirió que la fiscalía era la responsable de algunas filtraciones en el expediente, observación que luego recogió Insaurralde en un planteo propio. Mola dijo hoy que aquella acusación es infundada y sostuvo que la fiscalía era la principal perjudicada de cualquier presunta filtración porque podía poner a los imputados al tanto de las medidas solicitadas. Las diferencias entre el fiscal Mola y el juez Armella respecto al desarrollo de la causa son viejas, pero crecieron al calor de la renovada atención que recibió el caso con el video de Cirio y los dólares que publicó LA NACION hace dos semanas. Mola venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Insaurralde. La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero.Los fiscales imputaron también a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y decidieron incluirla en el peritaje contable que peritos de la Corte pusieron en marcha el año pasado, una medida que está pronta a culminar y será crucial para el desarrollo del caso. Pero el juez Armella entendió que Álvarez no debía ser incluida en la medida y la excluyó del peritaje contable.Luego vendrían las discrepancias respecto a la indagatoria del funcionario y su detención. El último de los contrapuntos entre ambos fue el desatendido pedido del fiscal para allanar las oficinas que Insaurralde visita en el último tiempo para mantener reuniones políticas. Armella es juez de Quilmes y se encuentra subrogando el juzgado donde tramita la causa de Insaurralde. Quien se apresta a desembarcar allí y convertirse en el tercer juez de la causa es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y titular de la Dajudeco, cuyo pliego fue seleccionado por el gobierno de Javier Milei y se encamina a ser aprobado en el Senado.
Ya afuera del Gobierno, sin fueros y tras su salida también del directorio de YPF, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá avisar a la Justicia si quiere salir del país, en medio de la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito. La noticia se conoce luego de que en las últimas horas existieran versiones de un posible traslado suyo a Uruguay, pero fuentes de su entorno lo descartaron, tal como publicó LA NACION. Según pudo saber este medio, el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente, hizo lugar a un dictamen del fiscal que conduce la investigación, Gerardo Pollicita, que si bien descartó un peligro de fuga, pidió que el también exvocero de Javier Milei le notifique a la Justicia si va a abandonar el país para que se evalúe la pertinencia y razonabilidad del viaje. El 25 de junio, dos días antes de presentar su renuncia como jefe de Gabinete, Pollicita había ordenado una serie de medidas de prueba en la causa y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del ahora exfuncionario.El fiscal les indicó a los expertos lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. Si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el exjefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonialEsto incluye pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas. En LN+ hace poco más de un mes, Adorni dijo haber ahorrado US$500.000 "en negro" a partir de inversiones en plataformas cripto. Pollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad.El exjefe de Gabinete cambió sus declaraciones con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra, después de que se revelaran gastos por cientos de miles de dólares de él y de su esposa, que no tenían correlato con su patrimonio declarado.Una vez que tenga a su disposición el informe completo, Pollicita avanzará con el pedido para que Adorni justifique cómo incrementó su patrimonio. La ley prevé que, si el exfuncionario tiene un enriquecimiento apreciable y no logra explicarlo, sea llamado a indagatoria.Perfil bajoTras renunciar y posteriormente dejar Casa Rosada, Adorni desapareció del radar público, tanto físico como virtual. Su último tuit fue el 27 de junio pasado, con su carta de salida, ya sin apoyo oficial, acorralado por el Congreso e investigado por la Justicia.En las redes sociales, donde cosechó adhesiones y aversiones, Adorni dejó de recurrir a diario, como lo hacía habitualmente. Tras su salida del Gobierno, en su cuenta de Instagram dejó de repostear stories y la imagen más reciente es el triple abrazo con Milei y Diego Santilli, su reemplazo. Lo mismo sucedió con su cuenta de X, ya lejos de los tiempos en los que ironizaba y se burlaba de otros usuarios.Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY— Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026"La verdad es que nadie quiere hablar de él", se sinceró un hombre del oficialismo con este diario que aún no logra entender por qué el Presidente lo sostuvo "tanto tiempo". Tampoco fue visto en los alrededores de su departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Adorni dejó la sede de Gobierno el último martes, después de la jura de Santilli. Se retiró en una camioneta oficial, con la que recorrió los 9 kilómetros que separan a la Casa Rosada de su casa.
El exjefe de Gabinete deberá solicitar autorización judicial para salir del país.Sería una de las primeras medidas procesales dictada en su contra.
Sergio Mola acusó a la defensa del ex intendente de querer "debilitar" la investigación para garantizar "impunidad".
Se aguarda una respuesta de la Corte para definir si las propiedades decomisadas saldrán a remate o serán utilizadas por el Poder Judicial. También hay recursos de queja pendientes
Los cinco exquerellantes que el viernes fueron desplazados del caso $LIBRA por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi apelarán el fallo. Eso implica que el debate sobre su permanencia como acusadores privados en la causa que más preocupa al Gobierno trepará de manera inevitable a una sala de la Cámara Federal que atraviesa sus horas más inestables.Es la Sala I. En ella convergen la intención del Gobierno de reformatear un tribunal clave en las causas de corrupción y el problema de las vacantes: dos de sus tres sillas están ocupadas de manera provisoria.Son los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados allí durante el macrismo y no tienen asegurada su continuidad más allá del tiempo que demore el proceso para reemplazarlos. Algunos sostienen que podría resolverse incluso antes de la feria de invierno, que empieza el 20 de julio.El concurso para reemplazarlos avanza a paso firme. El Consejo de la Magistratura ya envió al Poder Ejecutivo las ternas para sustituirlos -aprobadas por 15 votos contra 5- y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encamina junto al presidente Javier Milei a elegir a sus reemplazos.Ambos camaristas llegaron a la Cámara en 2018, trasladados por Mauricio Macri desde dos tribunales orales. La Corte Suprema ordenó luego que todos los traslados fueran cubiertos por jueces elegidos por concurso. El kirchnerismo intentó desplazarlos sin éxito y ahora el Gobierno retomó el camino que abrió aquel fallo.Cada uno atraviesa una situación distinta. Bruglia pelea por su lugar en la Cámara ante la Justicia internacional desde por lo menos 2021. Es un proceso que abrió junto con Bertuzzi y con el juez Germán Castelli, y que los enfrenta con el Estado argentino.Con Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, el asunto se encaminaba a una "solución amistosa", pero con la llegada de Mahiques a la cartera de Justicia -y las pruebas que se fueron sumando en $LIBRA- el Gobierno tiró abajo el acuerdo y promovió el concurso para poder elegir a sus reemplazos.En escritos presentados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bruglia sostuvo que el Gobierno aplica el criterio de la Corte de manera "selectiva": dice que en casos idénticos al suyo no promueve una nueva designación por concurso. El caso más paradigmático, según su planteo, es el del juez de la Casación Carlos "Coco" Mahiques, padre del ministro de Justicia. Él también fue trasladado al máximo tribunal penal del país durante el macrismo, pero el Gobierno impulsó que siga en el cargo más allá de la edad jubilatoria.Con ese argumento, Bruglia pidió que la CIDH dicte una cautelar para frenar su reemplazo. Su planteo parece haber encontrado cierta receptividad: la Comisión le corrió traslado al Estado argentino para que informe sobre el reclamo en el plazo de un mes. Parece improbable, sin embargo, que la CIDH avance con la velocidad suficiente como para interferir en el proceso que ya está en marcha. Tampoco está claro qué alcance tendría un pronunciamiento de la Comisión. Bertuzzi tiene más chances de sostener su cargo en la Cámara. El juez participó del concurso habilitado por el Consejo y, pese a quedar en el puesto número 21 en el primer orden de mérito, empujado por las entrevistas personales, fue incluido por los consejeros en una de las dos ternas.La primera terna quedó conformada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La segunda, por Julio César Di Giorgio, la fiscal Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi.En los próximos días, el Gobierno elegiría a dos de esos seis nombres para llenar las vacantes de la Cámara. Los nombres que más se repiten entre quienes siguen de cerca el proceso son los de Yadarola, por la primera tanda, y los de la fiscal Incardona y Bertuzzi. Es decir, tres nombres para dos lugares. Los pliegos deberán ser aprobados por el Senado y luego nombrados por el Presidente. El reclamo de las querellas de la causa $LIBRA podría estar en la mesa de la Cámara Federal la semana próxima. Pero la reconfiguración de la Sala podría ocurrir una, dos o tres semanas después, calculan quienes conocen los tiempos que demanda el trámite.En temas como este, la Sala suele expedirse en unos 15 días. Pero si uno de los tres jueces actuales se toma un tiempo más para emitir su voto, la integración de la Sala que tome la decisión final sobre las querellas podría ser otra. Los antecedentesLa Cámara Federal ya admitió a las querellas que hoy fueron apartadas por el juez. Pero fue la otra Sala de la Cámara la que intervino y dijo que la condición de las querellas podía cambiar en el futuro. Ocurrió cuando el caso tramitaba bajo la órbita de la jueza María Servini, que luego declaró la incompetencia del juzgado y el expediente se mudó entonces al de Martínez de Giorgi. Eso implicó también un cambio de sala. Ahora, no será la Sala II sino la Sala I la que deba pronunciarse sobre este y otros planteos futuros en el caso. Quienes conocen los movimientos de la Cámara señalan que un eventual fallo no debería apartarse mucho de uno previo en el que la Sala I, sin fisuras, le cerró la entrada al caso a dos inversores bielorrusos que se declararon damnificados.En aquel fallo, de abril de este año, Bertuzzi y el tercer magistrado de la Sala, Mariano Llorens, dijeron que, por el "relativo anonimato" de este tipo de operaciones cripto, no se había logrado acreditar la titularidad del dinero afectado por el colapso de $LIBRA y rechazaron incluir a los bielorrusos como querellantes. El juez Bruglia votó en el mismo sentido. Un argumento similar utilizó hoy Martínez de Giorgi al apartar del caso a los cinco querellantes.
La defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense buscó apartarlo de la investigación. El expediente analiza presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y se reactivó tras la aparición de nuevos videos. Leer más
La resolución sacó del expediente a todos los querellantes con la insólita teoría de que no está demostrado que hayan sido damnificados. Javier Milei y todos los implicados en la criptoestafa fueron beneficiados con la medida.
Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo
El abastecimiento residencial se mantendrá como prioridad frente al aumento de la demanda invernal, mientras la industria deberá afrontar un escenario más complejo. Especialistas advierten que la falta de obras de transporte continúa siendo el principal problema del sistema. Leer más
El juez Julián Ercolini dictó hoy el sobreseimiento de los ex directores de la AFI de Macri. Leer más
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó hoy a dos grupos de querellas en la causa que investiga los hechos en torno al lanzamiento de $LIBRA, la moneda digital que promovió el presidente Javier Milei en redes, se derrumbó y acabó sospechada de estafa. Las querellas, que reunieron a presuntos damnificados, tuvieron un rol fundamental impulsando la investigación en paralelo con el fiscal del caso, Eduardo Taiano, que es el representante de la acusación pública. Ahora, ya no podrán promover nuevas medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria, apelar decisiones o incidir de otro modo directo en el rumbo de la causa.El juez dictó su fallo en respuesta a un planteo de una de las personas investigadas, el lobista Mauricio Novelli, quien pidió correrlos con el argumento de que no habían sido víctimas de una estafa. Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo de Novelli y sostuvo que no estaba del todo acreditado que los cinco querellantes sean los titulares de las billeteras que apostaron por $LIBRA y perdieron. "La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso", afirmó el juez en su fallo."Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley", dijo el juez.Respecto a la titularidad de las billeteras, sostuvo: "La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello". Noticia en desarrollo
En una resolución firmada este viernes, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 hizo lugar a una excepción por falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli. El fallo aparta de la causa a cinco inversores del token que pretendían actuar como acusadores privados. Leer más
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desplazó a cinco querellantes en la causa por la fallida criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei. La investigación sigue por impulso de la fiscalía
La Cámara Federal le dio este jueves un nuevo empujón a uno de los expedientes de corrupción más longevos de Comodoro Py: sumó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que lleva ya 20 años en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.Por disposición de la Sala I, al expediente se incorpora como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil que está representada por el abogado Carlos Negri. Desde este jueves, contará con acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.De hecho, antes de constituirse como querellante ya había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo cual consideran un "prejuzgamiento encubierto". De la sociedad forman parte, entre otros, la exnúmero dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.Los mismos jueces que hoy sumaron a Integridad Republicana al caso â??Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzziâ?? en 2024 habían constituido como querellante a Contadores Forenses, una ONG que mantuvo actividad en el expediente pero perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin.En ambos casos, los magistrados lo hicieron dando vuelta la decisión del juez Lijo, que había optado por no incorporarlos."Entendemos que resulta procedente su constitución como tal [...]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización", dijeron los magistrados.La asociación estará como querellante en el expediente junto a las provincias de Mendoza y Chubut. En la misma resolución de noviembre con la que el juez decidió no sumar a Integridad Republicana, decidió aceptarlas como querellantes. Son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante el macrismo y figura clave en el capítulo internacional de la trama.El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, que durante los primeros años de vida de la causa estuvo bajo el mando del fiscal Carlos Cearras â??hoy fiscal de Cámaraâ?? y actualmente está a cargo de Ramiro González. La investigación, sin embargo, no fue delegada.El recorridoEl caso YPF nació en 2006 como una denuncia, pero a los dos años se concretaría el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, lo que se convertiría, por el modo en que se realizó esa operación, en uno de los ejes del expediente.Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a la compañía al adquirir el 25% de las acciones mediante un esquema de préstamos que se pagarían con los propios dividendos de la empresa.Según la denuncia, formulada y luego ampliada por Elisa Carrió, para financiar la entrada del Grupo Petersen, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012. Además, sostiene que se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido "inexistentes", es decir, pagados sin ganancias genuinas de la empresa. En 2012, otro evento con resonancias internacionales volvería a redibujar los contornos del expediente: la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.La compra de acciones de la empresa desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a cualquiera que se hiciera con una determinada cantidad de acciones a realizar la misma oferta al resto de los accionistas minoritarios. El Estado retomó así el control mayoritario de la petrolera -hasta ese momento en manos de la española Repsol-, pero desató una tormenta legal en los Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado al dejar de recibir los dividendos tras la reestatización de YPF.Esos derechos de litigio fueron adquiridos por Burford en el marco de un remate de la justicia española que administraba la quiebra.En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por haber incumplido con aquel estatuto. Pero en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo de Preska.La Corte reconoció que la Argentina no había cumplido con el estatuto, pero sostuvo que las leyes de expropiación están por encima de cualquier estatuto comercial interno de una empresa. Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo en esencia a lo largo de los distintos gobiernos, estuvo Saravia Frías, hoy abogado patrocinante de las provincias querellantes.
En forma llamativa, los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora usaron conceptos del magistrados para tratar de apartar al fiscal. Mientras el juez decide si acepta allanar la oficina secreta del ex jefe de Gabinete de Kicillof.
El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el rechazo a los planteos de las defensas en la causa por la manipulación de índices de inflación en el INDEC y dispuso que el Tribunal Oral Federal N°2 dicte un nuevo pronunciamiento.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de casi 685.000 millones de pesos para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios en la causa en la que fueron condenados por corrupción.Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que rechazaron un recurso de la expresidenta. Aún restan resolver varios recursos más relacionados con el decomiso de los bienes, que no se ejecuta hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal. Entre ellos, debe decidirse aún si pueden decomisarse los bienes de Florencia y Máximo Kirchner, por tratarse de la herencia de su padre.En el fallo al que accedió LA NACION, la Corte dispuso rechazar por "inadmisible" el recurso y aludió al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que la exime de dar mayores explicaciones ante la decisión.El fallo fue ante el planteo de la defensa de la expresidenta, que cuestionaba la forma de actualización de los casi 85.000 millones de pesos, fijados en concepto de decomiso en la sentencia del tribunal oral federal 2, que ya está firme.También rechazó los argumentos de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante el decomiso.El 6 de diciembre de 2022, después de tres años de debate oral y público, ese tribunal condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.Entendió que favoreció a Lázaro Báez en 51 licitaciones en Santa Cruz y la absolvió por la acusación de asociación ilícita que había impulsado la fiscalía. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Cristina Kirchner fue inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. En tanto, fueron absueltos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. En esa misma sentencia, el tribunal también instó al decomiso de 84.835.227.378,04 de pesos por el perjuicio ocasionado por el monto de sobreprecios, la cifra calculada por cartelización en el proceso licitatorio de cada una de las obras, los daños ocasionados por su abandono y lo abonado en concepto de modificaciones de obras y redeterminaciones de precios en la totalidad de los casos. También dispuso que esa suma, por la que deben responder solidariamente todos los condenados, fuera "ajustada" según los criterios fijados por organismos técnicos, cuando la sentencia adquiera firmeza.El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del tribunal oral. Las defensas recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía también porque quería que se agravaran las condenas por el delito de asociación ilícita.El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema desestimó el pedido del fiscal y rechazó por falta de fundamentos los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y el resto de los acusados. El punto del decomiso no había sido cuestionado entre esas observaciones.Tras la decisión de la Corte, el tribunal ordenó la detención de la expresidenta y los otros condenados y dispuso la actualización del monto de $84.835.227.378,04 del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público. La cifra actualizada fue fijada en $684.990.350.139,86, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC a mayo del 2025 y a noviembre de 2022 (previos a la condena y su firmeza).La defensa de Cristina Kirchner, a la que se sumaron otras defensas, apeló esa resolución; el tribunal oral la rechazó y llevaron sus cuestionamientos a la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroeteveña y Gustavo Hornos rechazaron los planteos y confirmaron la cifra fijada.La defensa de la expresidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy insistieron en que el monto fijado por el tribunal oral inicialmente era provisorio y cuestionaron la elección del IPC para su actualización. Por su parte, la abogada de Lázaro Báez, Yanina Nicoletti, cuestionó además la competencia del TOF 2 para llevar adelante el decomiso porque, a su criterio, en su caso, debía ser el TOF 4, que ya lo condenó en la causa conocida como "la ruta del dinero K". Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles.Hoy el índice de actualización usado quedó firme y, respecto del monto del decomiso, restan aún resolverse otro cúmulo de recursos planteados por las defensas.
Dos empleados de la Jefatura de Gabinete complicaron al ex vocero. Dijeron que le prestaron sus tarjetas de crédito para comprar electrodomésticos y artículos para el hogar. Crece la posibilidad de que Adorni sea imputado, primer paso para un juicio. Leer más
Con el inicio del verano y el aumento de las temperaturas, la búsqueda de un bronceado perfecto lleva a miles de personas a exponerse al sol o recurrir a camas de bronceado
La causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y de la funcionaria del Indec Beatriz Paglieri, en la que fueron condenados a tres años de prisión por falsear los índices de inflación durante el kirchnerismo, podría quedar en la nada, sin castigo.La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, decidió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo y mandó al tribunal oral que impuso la condena que falle en consecuencia. El juez Javier Carbajo votó en disidencia. El caso está ahora en revisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos de Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y de la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec, Beatriz Paglieri. Ambos atacaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal.Ahora, los jueces de la Casación mandaron de nuevo el caso al tribunal oral para que dicte un fallo en consecuencia. La decisión no declara prescripta la acción penal ni absuelve a Moreno y Paglieri, pero le indica al tribunal oral que falle en consecuencia con este criterio.Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los consideraron autores de los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos. En rigor, se los condenó por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor durante el último semestre de 2007, cuando Moreno era Secretario de Comercio. Paglieri, como directora, elaboraba el indicador. Las otras dos imputadas del juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, fueron absueltas.En mayo de 2025, la Sala II de Casación, con otra integración, confirmó la condena, pero las defensas acudieron a la Corte Suprema de Justicia, donde está pendiente de una decisión.No obstante, los abogados de Moreno y Paglieri hicieron una nueva presentación ante el tribunal oral diciendo que el caso prescribió. El Código Penal dice que la prescripción se suspende en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los partícipes mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Pero una interpretación minoritaria, a la que adhirió Borinsky, postula que hay que analizar si ese funcionario tenía un rol y poder para entorpecer la causa.La defensa dijo que el plazo de cuatro años propio de los delitos imputados había transcurrido holgadamente y no se podía argumentar que seguía en funciones uno de los acusados, Marcela Filia, porque ya fue absuelta.El tribunal oral rechazó el planteo, pero ahora la Casación hizo lugar a lo que querían las defensas.El juez Slokar, en un voto al que adhirió Borinsky, dijo que la suspensión de la prescripción "no opera de manera automática" por la sola circunstancia de que un imputado sea funcionario, sino que "es necesario que ese cargo haya tenido la virtualidad concreta de obstaculizar o impedir el ejercicio de la persecución penal". Citaron tesis de doctrina del juez Eugenio Zaffaroni, jurisprudencia propia y de otras salas de Casación.El tribunal oral había constatado que Filia permaneció en funciones en el Indec hasta al menos julio de 2025, y por eso entendió que el caso no había prescripto. Pero los camaristas dijeron que omitir el análisis de su rol resultaba especialmente significativo, pues era una empleada administrativa que acataba indicaciones.El juez Carbajo votó en disidencia, pues su criterio sobre la prescripción es diferente y se basa en la letra de la norma. El tribunal de origen deberá evaluar concretamente si el cargo que Filia desempeñó en el INDEC tenía o no la capacidad de obstruir la persecución penal, a la luz del estándar fijado por la Cámara de Casación.De todos modos, aún está pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de fondo. Es allí donde se decidirá la suerte del caso iniciado en 2007.Otras condenasMoreno tiene otras dos condenas dejadas firmes por la Corte, con penas de prisión en suspenso. Fue condenado por peculado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, por utilizar fondos del Estado Nacional para financiar y comprar merchandising (globos, banderas, stickers y gigantografías) con leyendas como "Clarín Miente", utilizados para campañas y actos políticos entre 2011 y 2013. Además, fue condenado por amenazas en una asamblea de Papel Prensa a 2 años de prisión en suspenso. Esa asamblea se celebró en agosto de 2010, cuando irrumpió con guantes de boxeo, impidió la votación y amenazó a los accionistas privados.
El diputado nacional por Misiones aseguró que la actividad parlamentaria continuó pese a las controversias que atravesó el Gobierno
En este proceso, celebrado el pasado abril, se le juzgó por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005, un periodo que comenzó después de que huyera de España siendo parlamentario vasco
El juez Diego Amarante pidió unificar en su juzgado la investigación sobre la lujosa propiedad de Pilar al sostener que el expediente por presunta evasión tributaria contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA se encuentra más avanzado y comprende delitos de mayor gravedad que la causa por presunto lavado de activos. Leer más
La magistrada no ve indicios de un delito de revelación de secretos en el envío del nombre y apellidos de dos periodistas
Se trata de una de las cajas favoritas de los libertarios ,que se maneja con secretismo para premiar y castigar a los medios de comunicación. El antecedente de Editorial Perfil con Aerolíneas Argentinas, que fue avalado por la justicia. Leer más
El máximo tribunal penal del país anuló el fallo que había rechazado el planteo del exfuncionario y de Beatriz Paglieri, exdirectora del área encargada de elaborar el Índice de Precios al Consumidor, y exigió analizar si una ex empleada del organismo podía influir en la investigación
Diego Amarante pidió que se le envíe la investigación que intenta determinar si la casaquinta pertenece a dirigentes de la entidad del fútbol argentino
Mientras un juez civil define si mantiene frenada la obra, un fiscal investiga una denuncia por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.
Nahuel Gallo se presentó este miércoles ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, brindó detalles sobre su detención en Venezuela -que duró más de 448 días- y expresó sus argumentos para apelar la decisión de unificar a todas las querellas en la causa que se tramita en el país contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad.Durante su testimonio, el gendarme contó cómo transitó el casi año y medio que pasó privado de su libertad en territorio venezolano, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 hasta su liberación el 1 de marzo de este año.Por otro lado, Gallo explicó sus motivos para la apelación que presentó ante la decisión del juez Sebastián Ramos de unificar a los querellantes. El gendarme se había acercado a los tribunales por primera vez el pasado 30 de abril, en aquel caso como testigo. Luego, su defensa pidió incorporarlo como querellante, hecho que fue avalado por Ramos. Sin embargo, el magistrado decidió después la unificación con las denuncias del resto de los damnificados. Ahora los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberán decidir si conservan o revocan la resolución.Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro.No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido.Confíoâ?¦ pic.twitter.com/TBQZkKFjaa— Nahuel Gallo (@nahuollag) July 1, 2026"Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro. No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido", manifestó Gallo vía X tras su presentación.A su vez, indicó que confía en que la "Justicia avance" y que la "impunidad no tenga la última palabra". Además, le agradeció a su equipo legal, Claudio Nuncija, Alfonso Martinotti, Alejandro Ferreira y Rodrigo Guzmán Espoz.Su primera declaraciónEl gendarme se presentó por primera vez ante la Justicia el pasado 30 de abril y denunció haber sufrido "torturas" por parte del régimen chavista durante su arresto en Venezuela."Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido", manifestó en redes en aquel momento.La causa contra Maduro y otros funcionarios, entre ellos, Diosdado Cabello -quien permanece en funciones como ministro del Interior-, se inició a principio de 2023, por impulso del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
La Cámara Federal de La Plata revocó el procesamiento contra un hombre que se había manifestado contra la presencia del Presidente en Lomas de Zamora. En la resolución, los camaristas Álvarez y Lemos Arias recordaron que reclamar ante las autoridades es un derecho constitucional.
El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que ya procesó al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por apropiación de tributos, ahora reclamó quedarse también con la causa donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una quinta en Pilar, que se adjudica a la casa madre del fútbol argentino.El juez Amarante rechazó un pedido del fiscal Pablo Turano y le mandó un oficio a su colega Verónica Straccia para quedarse con el expediente de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, valuada en 25 millones de dólares, que supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino. Sostiene Amarante que los delitos tributarios que investiga, con procesamientos firmes contra la AFA y Tapia, son "más graves" que el lavado de activos y que su causa está mucho más avanzada.Cuando parecía saldada la guerra judicial de siete meses entre la justicia federal de Campana y el fuero penal económico porteño por quién se quedaba con la causa de la mansión, ahora Amarante la reclama para sí.El fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, había pedido lo contrario: que enviara su expediente al juzgado 10 para acumularlo. El agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños, había denunciado a Tapia y Toviggino porque supuestamente desviaron fondos de la AFA a empresas fantasmas y dijo que existió un "enorme esquema de lavado de activos".Sostuvo que el desvío de fondos desde España y Estados Unidos se hacía hacia empresas intermediarias atribuidas a Marcelo Saracco; el dinero regresaba a Buenos Aires a través de un grupo de financieras del microcentro, pasaba por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon y "finalmente terminaba en la sede de la AFA de la Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta".Amarante coincidió en que hay conexidad entre los casos, pero concluyó que se deben quedar en su juzgado donde ya se investiga a la AFA, Tapia y Toviggino por delitos tributarios.Según manifestó el juez, ese expediente es, por lejos, el más avanzado. El 30 de marzo de 2026 Amarante procesó Tapia, Toviggino y a la AFA, como persona jurídica. La Cámara en lo Penal Económico confirmó esos procesamientos.Esa decisión se dio el 26 de junio, el mismo día en que la causa madre llegaba de Campana al Juzgado N° 10, de Straccia.A eso se suma que, el 8 de mayo, ARCA amplió la denuncia contra la AFA y sus directivos por presunta evasión agravada mediante facturación apócrifa por $289.336.519,66 y por la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.Con ese cuadro, Amarante aplicó que su tribunal investiga el delito más grave y ,por eso, el caso debe quedarse aquí. El lavado de activos, que investiga Straccia tiene una escala de tres a diez años de prisión; los delitos tributarios de su juzgado tienen mínimos de tres años y seis meses, cuatro años y hasta cincp años, con máximos de seis, nueve y diez años. Por todo ello resolvió rechazar la solicitud de incompetencia del fiscal Turano y pedirle a Straccia que le mande la causa de la quinta de Pilar. La mansión de Villa Rosa que cuenta con helipuerto, caballos árabes y medio centenar de vehículos de colección pertenece en los papeles a una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, pero se cree que actúan como testaferros de autoridades de la AFA.La jueza Straccia puede aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o rechazarla. En este último caso quedará trabada una contienda de competencia que deberá dirimir la Cámara en lo Penal Económico.
El fiscal Raúl Garzón resolvió mantener detenidos al principal acusado del femicidio de la adolescente y a los dos imputados por encubrimiento. Además, la madre de la adolescente fue admitida como querellante. Leer más
Eduardo Casal sostuvo que la Corte Suprema debe revocar el fallo que restituyó de manera provisoria la pensión vitalicia de la expresidenta como viuda de Néstor Kirchner. Consideró que la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social contradice los efectos de la condena firme por corrupción en la causa Vialidad. Leer más
El defensor del Inter de Milán, es investigado en una causa de prostitución que explotó el pasado 21 de abril, cuando cuatro personas vinculadas a la organización fueron detenidas.
La Sala de lo Penal considera que las nuevas diligencias practicadas permiten vincular provisionalmente al eurodiputado con el canal investigado y aprecia indicios suficientes para asumir la investigación y abrir un procedimiento penal
La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar signos de malestar físico durante una transmisión digital, lo que generó especulaciones y mensajes de preocupación en redes sociales sobre su salud y su relación con un empresario
Estos movimientos breves, por ejemplo en piernas o párpados, suelen relacionarse con factores cotidianos como estrés o cansancio. Sin embargo, hay indicios que pueden acompañar afecciones neurológicas graves, según especialistas
Este pedido se conoció mientras la Justicia sigue avanzando con el peritaje del video ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que busca definir si las imágenes de la grabación son auténticas o si presentan alteraciones. Leer más
Al no realizar este paso, los oligosacáridos presentes en los frijoles no se eliminan ni se reducen, lo que favorece su llegada al intestino grueso
La tarde del 30 de junio, una fuerte lluvia con granizo provocó el colapso de la estructura metálica de un centro comunitario en la colonia Tlalpexco; autoridades suspendieron actividades y acordonaron la zona para retirar los restos
Erling Haaland lideró este martes a Noruega hacia el primer triunfo de su historia en un partido de eliminación directa de un Mundial. El atacante marcó el 2 a 1 en el epílogo del partido contra Costa de Marfil por los dieciseisavos de final.En su primera Copa del Mundo, el dueño de los goles en el Manchester City selló la victoria tras una asistencia de Patrick Berg a cuatro minutos del cierre de los primeros 90, en el Estadio de Dallas.Noruega, de vuelta a la máxima competencia después de 28 años, jugará los octavos de final contra Brasil, que este lunes superó 2 a 1 a Japón. El partido será el próximo domingo en Nueva Jersey.El extremo Antonio Nusa (un crack del subdesarrollo) abrió el marcador a los 39 minutos con un derechazo desde el vértice del área imposible de atajar para Yahia Fofana. Amad Diallo anotó el empate transitorio."Hoy es el día más importante de nuestra historia", destacó Nusa. "Todo lo que venga de ahora en adelante será todavía más grande. Ahora queremos disfrutar esta victoria y en los próximos días analizaremos lo que se viene", puntualizó.Haaland, de 1,95 metros, anotó su quinto gol en la competencia y quedó a uno del máximo goleador del certamen, el capitán argentino Lionel Messi (6).Además, la torre noruega convirtió en 13 partidos consecutivos con su selección y suma 25 goles en ese tramo.Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.Noruega vs Costa de Marfil - Mundial 2026El plantel noruego se sentó sobre el campo de juego, con Erling Haaland a la cabeza de la formación y frente a los hinchas noruegos ubicados en las tribunas. Delante de ellos apareció el capitán Martin Ã?degaard, encargado de conducir la celebración.Con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del festejo. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de sus compañeros que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Tras una breve pausa, Ã?degaard convocó a los hinchas para que se sumaran a la secuencia desde las tribunas.El festejo noruego después de la victoria ante Costa de Marfil (GIF)Cuando el capitán retomó el ritmo, jugadores y aficionados respondieron al unísono. La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general, con los futbolistas de pie y el público acompañando desde las gradas.La ceremonia es conocida como Remada Vikinga. Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones. En los partidos de esta selección, los hinchas suelen realizar esta misma coreografía para alentar a sus futbolistas. Y no sólo dentro de los estadios.Algo más de la tradiciónLos hinchas gritan la palabra "¡Ror!", que significa "remar" en noruego. La coreografía en las tribunas consiste en un grito, con el sonido "¡Ror!" y una sincronización de los hinchas, que mueven sus brazos para atrás como si estuvieran remando. Detrás de esta iniciativa se encuentra el músico y productor Jonas Thomassen, quien ideó el cántico tras la clasificación del equipo en noviembre, según cuenta el diario El Mundo, de Madrid.El concepto tiene una clara intención simbólica vinculada a la sede del torneo. Según explicó el propio Thomassen, "dado que el Mundial se juega en Estados Unidos, teníamos que hacer algo con la idea de que los vikingos regresaran para reclamar el continente que descubrieron mucho antes que Colón". Esta referencia alude a la llegada de los pueblos nórdicos a América cerca del año 1021. El impacto del remo vikingo superó cualquier expectativa, replicándose en colegios y residencias de ancianos, e incluso el primer ministro se unió al grito.El remo no podía faltar en Dallas. pic.twitter.com/8dN9ahwJim— Fútbol Noruego (@NoruegArg) June 30, 2026La fiebre es tal que en el país nórdico lo replicaron en múltiples lugares, como escuelas, residencias de la tercera edad y hasta en el Parlamento, donde abrieron la sesión con un homenaje para los jugadores. Desde las pantallas gigantes de Times Square en Manhattan hasta los estadios de Boston y Nueva Jersey, Noruega está demostrando que volvió a la élite del fútbol tras 28 años de ausencia con un espíritu inquebrantable. Con este grito de guerra, los noruegos no solo buscan goles, sino rendir un tributo a los vikingos que remaban hace mil años para conquistar y descubrir nuevas tierras.
El máximo tribunal provincial evaluará el recurso presentado contra los sobreseimientos de Hugo Auradou y Oscar Jegou, que habían sido acusados de abusar de una mujer tras disputar con su selección un partido contra "Los Pumas". Leer más
Un director de la ARCA acaba de aportar una pista en una investigación que venía avanzando a paso lento sobre presuntas irregularidades en los permisos para importar durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. El hallazgo, recabado por el fiscal Franco Picardi, conduce directamente a un área que entonces estaba a cargo de un funcionario massista, Germán Cervantes, entonces subsecretario de Gestión de la Secretaría de Comercio y uno de los que incidía sobre aquel complejo sistema de autorizaciones. La revelación apareció la semana pasada durante la declaración testimonial que el fiscal le tomó a Carlos Alberto José Rodríguez, que durante los meses investigados ocupaba el cargo de subdirector general de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros. Hacía cuatro meses que Picardi iba y venía sin éxito entre la exAFIP y el Ministerio de Economía en procura de un dato elemental: quién o quiénes resolvían esas autorizaciones y con qué criterio entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, lapso en el que rigió el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).Rodríguez, que sigue siendo funcionario y ocupa desde abril el cargo de director de Programación y Normativas de Procedimientos Aduaneros, fue citado el miércoles a declarar en esta causa, que está ahora en el juzgado de Ariel Lijo. Durante la primera parte de su exposición insistió en una respuesta que dan últimamente en la ARCA, que el organismo tenía entonces un sistema automático, sin intervención de personas físicas, y que en todo caso hay que buscar esa información en la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Economía, desde donde también vienen esquivando ese tipo de precisiones. Pero Picardi intentó hurgar y afinó la pregunta: ¿exactamente qué área del Palacio de Hacienda lo definía?, quiso saber. Y ahí Rodríguez, delante de abogados y en una declaración de la que hay registro fílmico, identificó que era la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa.Esa dependencia, que entonces estaba a cargo de Cristian Javier Grosso, designado ahí de manera transitoria y por 180 días, funcionaba bajo la conducción de Cervantes, economista, uno de los nexos con los empresarios para el tratamiento de las importaciones y en ese momento jefe de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, área estratégica que dependía en el organigrama de Matías Tombolini, secretario de Comercio, pero que tenía vuelo propio y que hasta la semana pasada no había sido mencionado en la causa.Cervantes tiene una extensa trayectoria en el Frente Renovador y presidió el PJ en el municipio de San Martín, su distrito. Ocupó un cargo en la Anses durante la gestión de Diego Bossio, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y volvió a la función pública en 2019 como gerente de Asuntos Administrativos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezado por Mario Meoni. No bien Sergio Massa asumió en el Ministerio de Economía, en agosto de 2022, Cervantes pasó a encabezar la Subsecretaría de Gestión Comercial y empezó a atender los múltiples llamados de empresarios que entonces buscaban lo imposible: poder importar en medio del cepo cambiario, cuando escaseaban los insumos y los dólares hasta para los sectores sensibles, como el de la salud. Los empresarios recuerdan a Cervantes además por un hecho sugestivo: al día siguiente de que Javier Milei derrotó en el balotaje a Massa dejó de ir para siempre a la Secretaría de Comercio y desde entonces resultó inhallable. Hay quienes dicen que es probable que haya cambiado de teléfono, porque dejaron de llegarle mensajes a su WhatsApp, que mostraba sólo una tilde a quienes le escribían. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con el economista.El funcionario de la ARCA fue uno de los dos del organismo a quienes Picardi citó después de recorrer dependencias en busca de información. La otra es María Carolina Caironi Corral, subdirectora general de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, que también declaró la semana pasada. La causa intenta esclarecer también de qué modo se hicieron muchas compras de dólares al valor oficial durante aquellos meses. Por eso las testimoniales incluyeron a Marcelo Leguizamón, alias "Pan Dulce", un cadete que trabajaba para Martín Migueles, operador financiero investigado que tenía una relación fluida con otro ya famoso de ese circuito, Elías Piccirillo, también involucrado. Algunas de las conversaciones detectadas en el teléfono que el fiscal le secuestró en el inicio de la causa a Migueles mencionan también a Leguizamón como uno de los que llevaba valijas. Tal como publicó la semana pasada Nicolás Pizzi en este diario, Leguizamón admitió ante Picardi haber trasladado fajos de billetes al menos en dos oportunidades, y agregó que los había recibido de manos de una secretaria de Piccirillo para llevárselos a Migueles. Una vez, dijo, los recogió en una casa de cambio de Paraguay y Florida, y otra, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Lavalle. Aunque declaró desconocer la suma porque no solía contar los billetes, admitió haber hecho ambas entregas en una oficina ubicada en Libertador 8008 que ya apareció mencionada en la investigación.Leguizamón aparece en estas conversaciones como destinatario de mensajes en los que Migueles le pide traerle una suma de Piccirillo. "Hola, Marce. ¿Podés pasar por Florida a verlo a Elías? Te va a dar una plata para mí. Eso es personal mío. No le digas a nadie, 12 mil dólares", le escribió el 4 de mayo de 2021, y un mensaje similar se repitió el 14 de julio de ese año.Otra de las que declaró la semana pasada ante Picardi es Rocío Ávila, exempleada de la agencia de cambio Arg Exchange, de la que Piccirillo tenía un 90% que siempre había negado y que ella confirmó: dice que el financista fue su jefe directo. Y el tercer testigo es Sergio Daniel Speroni, un chofer que trabajaba para Piccirillo en la época que estaba casado con Jésica Cirio y que declaró haber hecho traslados, pero en su mayoría familiares, principalmente de la hija que Cirio tiene con Martín Insaurralde. Estos avances son hasta ahora los únicos en una investigación que parece tener pocos interesados en darle velocidad. No es el único caso: una causa similar, radicada desde hace un año y medio en el juzgado de María Romilda Servini, ofrece incluso menos hallazgos.
Laura Daniela Schiuma, directora de Actividades Presidenciales, testificó ante el fiscal Pollicita en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete. Admitió que le prestó su tarjeta al funcionario para comprar un monitor gamer de más de dos millones de pesos, un gasto desproporcionado para su sueldo. Leer más
El próximo 31 de julio se estrena la nueva película de Marvel.La increíble imagen del rosarino volando con el Hombre Araña por los rascacielos de la Gran Manzana.
Estefanía Knuth, "la viuda del hombre más rico de Cataluña", afrontó una batalla legal con los tres hijos del creador del imperio textil.Su testimonio es clave en la imputación contra Jonathan Andic, el hijo mayor del empresario que murió en una fatal caída en una montaña.
El principal acusado continuará detenido mientras avanza el proceso y la madre de la víctima se incorporará formalmente a la causa como querellante particular. Leer más
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento que beneficiaba al suboficial acusado de violar a una soldado voluntaria en el Regimiento de Monte Caseros. Leer más
El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó con más testigos vinculados a la fiscalización de las empresas involucradas
Más de la mitad de las defunciones fueron debidas a tumores o a enfermedades del sistema circulatorio
La resolución incorpora a responsables de la SEPI, Mercasa, ENUSA, Tubos Reunidos, Forestalia y otras empresas, además de reconstruir las conexiones que la investigación establece entre estas 25 personas y el entorno de la exmilitante socialista
La oficina forense de Los Ángeles determinó que la muerte de Daveigh Chase, actriz de "La llamada" y "Lilo y Stich". De acuerdo con el informe dado a conocer este lunes, el fallecimiento de la joven de 35 años se produjo por complicaciones derivadas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida).El deceso de Chase ocurrió el pasado 17 de junio. En un principio, se había determinado que la defunción de la ganadora del premio a Mejor Villana en los MTV Awards era producto de una meningitis. Su pareja Roy Hernandez declaró que Chase había sido ingresado a un hospital a principio de mes por un cuadro de desnutrición.Debido a su cuadro, Hernandez había iniciado una colecta bajo la consigna "Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz". Allí, el joven explicaba: "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo"."Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días", completó.Quién era Daveigh ChaseChase fue una de las figuras infantiles más populares del cine a comienzos de los años 2000. Su gran salto a la fama llegó cuando fue elegida para darle voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, la exitosa película animada de Disney que con el paso de los años se transformó en un clásico para toda una generación.Ese mismo año también participó en otro proyecto histórico del cine animado, al darle su voz a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la aclamada película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada. En 2002 también interpretó a Samara Morgan en The Ring (El aro o La llamada), la remake estadounidense de la película japonesa Ringu.A partir de ese éxito, trabajó en distintos proyectos de cine y televisión, entre ellos Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko, y la serie Big Love de HBO, en la que tuvo uno de sus papeles más reconocidos en la pantalla chica. Todo esto hacía creer que la joven estaba destinada a triunfar en Hollywood.Sin embargo, poco a poco su carrera comenzó a desmoronarse. Con el tiempo, distintos episodios, que salieron en las portadas de todos los diarios estadounidenses, dejaron en evidencia que Daveigh tenía problemas con el consumo de estupefacientes. Uno de los episodios más delicados ocurrió en febrero de 2017, cuando fue detenida por la policía por conducir un vehículo reportado como robado.De acuerdo con el reporte publicado en aquel momento, la actriz habría trasladado a un hombre a un hospital de Los Ángeles y luego lo abandonó en el lugar. El sujeto, identificado por los medios como "un conocido suyo", murió por una sobredosis. Aunque Chase nunca fue acusada formalmente por la muerte, el episodio generó una fuerte exposición mediática alrededor de su vida privada.La situación volvió a complicarse en 2018. En agosto de ese año fue arrestada nuevamente, esta vez por posesión de una sustancia controlada. Según trascendió, permaneció algunas horas detenida antes de recuperar la libertad tras pagar una fianza de US$1000. Meses después, enfrentó otros cargos menores relacionados con posesión de medicamentos sin receta válida y tenencia de parafernalia vinculada al consumo de drogas.Sus últimas publicaciones en Instagram datan del año 2017 y en ellas puede verse el descontrol que atravesaba su vida por aquellos años. Desde entonces, nunca más fue vista en la pantalla grande."Una infancia difícil"Hernandez, su novio, hizo una breve apreciación en GoFundMe sobre la niñez de Chase: "Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad".Esta temática cobró relevancia en los últimos dos años por un video que la vinculó directamente con el escándalo judicial que rodea al rapero Sean "Diddy" Combs, quien fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión federal por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.El video de Daveigh Chase junto al rapero Diddy que escandalizó al mundoEn esas imágenes, Daveigh Chase, quien era una niña, es invitada por Diddy a una fiesta posterior a los premios MTV de 2003. La respuesta casi obligada de "sí" de la entonces menor horrorizó al público en redes sociales.Además, en otra imagen breve se puede ver que el rapero se acerca a Daveigh cuando la joven daba un discurso frente a todo un salón repleto.Allí, junto a otro hombre, la toma de la mano y comienza a acariciarla, lo que provoca que se incomode y olvide lo que iba a decir. Aunque se desconoce si la actriz sufrió algún tipo de acoso por parte del rapero, gran cantidad de personas reconocieron la terrible actitud del adulto frente a la menor.
Conocida por su trabajo en cine desde la infancia, la actriz falleció el pasado 17 de junio a los 35 años
Argentina no enfrenta solo un problema macroeconómico; tiene, fundamentalmente, un problema productivo.
El magistrado atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y cita como investigados a la actual presidenta de la SEPI, antiguos responsables de empresas públicas y exdirectivos de Tubos Reunidos por los indicios apreciados durante la instrucción
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.Al ser consultado por LA NACION, Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: "Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión".La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un "kit para inventar licitaciones". Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos. Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.Un "kit" para licitacionesSegún se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada. Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que "no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como 'llamativas' hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta".En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que "los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad".El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.Pedido de otro fiscal y nueva acusaciónEl escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial. Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D'Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que "con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público".En la resolución de 60 páginas, el fiscal D'Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal."Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa", concluyó el fiscal Baccini.
Las autoridades del centro de salud denunciaron a trabajadores y dirigentes sindicales que irrumpieron en las oficinas de la dirección durante una manifestación en octubre de 2025
La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión. Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente. Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes. Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud. El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación. Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. "Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos", se preguntan. Antes de que, una vez más, "le tomen el pelo a la justicia", en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.A fondo - Cirio - HOMEEl pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante los últimos tres años. La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que corresponda ante la opinión pública.Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio. La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá. Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva. Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa. El peritajePero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada. Tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la "acompañante de viajes" con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión. El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se "determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006". El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. "Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella", señaló.Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.
Durante su concierto en Austin, Ariana ajustó la letra directamente para su exnovio, quien asistió al show en la zona VIP junto a su papá
Funcionarios documentaron operativos activos sin autorización, vertidos que ponen en riesgo ecosistemas y nuevas acciones coordinadas entre entes para contener el deterioro
En medio de las fuertes versiones sobre la salida del jefe de Gabinete, el fiscal Pollicita pidió una serie de medidas de prueba para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial, que sería la antesala de un llamado a indagatoria al funcionario. Leer más
Un souvenir del Mundial 2026 se convirtió en uno de los objetos más buscados por los aficionados en Estados Unidos. En los últimos días, miles de personas hicieron filas de hasta tres horas para conseguir una pulsera de colección gratuita que entrega Bank of America en las sedes del torneo y que ya alcanzó un alto valor de reventa en línea.Más de 140 diseños de pulseras inspirados en las ciudades sede del Mundial 2026Las pulseras pueden personalizarse con 140 dijes inspirados en la cultura de las 11 ciudades estadounidenses sedes del Mundial, según detalló Bank of America. Además, se encuentran disponibles en tres colores: rojo, azul y negro.Cada ciudad tiene diseños propios:en Nueva York destacan la Estatua de la Libertad y un taxi amarilloen Los Ángeles, tablas de surf y palmerasen San Francisco, el Golden Gate y los tradicionales tranvíasen Seattle, el Monte Rainier.en Texas, Dallas ofrece un sombrero de vaquero y Houston, un cohete. en Filadelfia, hay dijes de la Campana de la Libertad y un cheesesteak en Miami, el número 305 y maracasen Kansas City, fuentes y salsa barbacoa en Atlanta, un durazno en Boston, una langosta o un trébolLargas filas en las sedes del Mundial y reventa por cientos de dólaresLa popularidad de estas pulseras provocó largas filas en estadios y festivales del Mundial. Según informó el New York Post, algunos aficionados compartieron su experiencia en redes sociales y comentaron esperas de hasta tres horas.La alta demanda también impulsó la reventa en línea. Aunque las pulseras se entregan de forma gratuita, algunas publicaciones en plataformas como eBay y Poshmark las ofrecen por hasta 500 dólares.Las pulseras del Mundial 2026 que ofrece Bank of America en EE.UU.Según el New York Post, la escasez del producto y el interés de los coleccionistas y los turistas convirtieron este souvenir en uno de los más codiciados de la Copa del Mundo.La iniciativa de Bank of America por el Mundial 2026Como banco oficial del torneo, Bank of America produjo 2 millones de pulseras y 10 millones de dijes para repartir gratuitamente en las 11 sedes del Mundial en EE.UU. desde el 11 de junio, según remarcó la propia entidad.Además, el banco impulsa una iniciativa solidaria junto con FIFA y la organización Vet Tix. Según la información oficial, se destinaron US$2,25 millones a entregar entradas del Mundial a veteranos de guerra y personal de emergencia.Otros souvenirs del Mundial 2026 disponibles en EE.UU.Las pulseras de Bank of America no son el único recuerdo que buscan los aficionados. El New York Post aseguró que en los festivales del Mundial 2026 también tienen gran demanda las bolsas sorpresa con figuras de las mascotas oficiales y de árbitros, además de los vasos coleccionables de Coca-Cola, que cuestan US$4 y cuentan con un diseño diferente para cada partido.Aun así, la pulsera se mantiene como el souvenir más codiciado del torneo. David Tyrie, director de marketing de Bank of America, explicó que se crearon la intención de celebrar a las selecciones, los aficionados y las ciudades anfitrionas del torneo.
En una entrevista emitida por el programa de Pablo Caruso, el docente universitario analizó el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, defendió el rol de la educación pública y criticó la concepción del Estado que, según afirmó, impulsa el gobierno de Javier Milei. Leer más
La hija de Gustavo Petro habló sobre el futuro de los movimientos políticos de izquierda en el país
La fiscal confirmó que la muerte de Sebastián Dearmas ya no se analiza solamente como un posible accidente laboral. Las pericias descartaron fallas en el gato hidráulico y la investigación puso el foco en los movimientos de una clienta que quedó detenida. Leer más
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad por presunta evasión y retención indebida de aportes. Leer más
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede. Es poco probable que lo haga, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió LA NACION. El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate "Bandido" con Sofía Clerici como acompañante.Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.
Un informe técnico contradijo el relato oficial sobre la criptomoneda mientras la defensa intenta apartar a quienes impulsan la acción judicial y reclaman avances. Leer más
El juicio investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los diferentes gobiernos kirchneristas. Además de Cristina Kirchner, son juzgados exfuncionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de ese periodo. Leer más
La investigación apunta a presuntas irregularidades en contrataciones, desplazamientos de personal de carrera y concentración de obras. También están bajo análisis la actual presidenta y vicepresidenta del organismo
El juez Diego Barroetaveña declaró inadmisible el recurso de Fernando Butti al sostener que la decisión impugnada no era definitiva ni presentaba arbitrariedad o cuestión federal
El lobista Mauricio Novelli pidió correr del expediente a los damnificados, que impulsan una acusación privada independiente de la del fiscal Eduardo Taiano
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a LA NACION que la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno. Después, si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial, adelantaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py. Las nuevas medidas dispuestas por la fiscalía incluyen pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas.El informe contablePollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que colaboran con él que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad. Solicitó que la DAFI considere de manera integral todos los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos de los que hay registro en el expediente, informaron fuentes con acceso a la causa. Pollicita pidió que el informe identifique las "inconsistencias" que puedan existir, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que no, o que requieran una explicación adicional. También, que le señalen si es que existe un "desbalance patrimonial apreciable", con el propósito de evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial. Noticia en desarrollo
El exsenador Edgardo Kueider, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, sumó este miércoles una nueva causa en su contra por supuesto lavado de dinero a través de la compra de seis departamentos en Paraguay, país donde cumple prisión domiciliaria por el desarrollo del juicio oral por contrabando.Según informó el medio ABC, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó Kueider; a su exsecretaria Magdalena Guinsel Acosta y a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat por presunto lavado de activos a través de ina operación inmobiliaria.Según la nueva imputación presentada, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito y con el cual habrían adquirido un total de seis departamentos con sus respectivas cocheras.Los departamentos pertenecen al edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix de la ciudad de Asunción.Según esta nueva causa, los imputados habrían llevado a cabo desde 2027 una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero de Paraguay.Las maniobras se habrían llevado adelante a través de la empresa "Golsur SA", una firma que ya había quedado bajo investigación de la Justicia cuando Kueider y su exsecretaria habían sido detenidos en diciembre de 2024 con 200 mil dólares sin declarar.La detección de Kueider en la fronteraKueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción por la detención de ambos en diciembre de 2024 con dinero no declarado.El caso derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.Kueider fue figura de confianza del exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, de quien fue funcionario en la Gobernación. Su última actuación en el Senado había sido a favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases. En algún momento de su detención, Kueider atribuyó incluso la causa en su contra al impulso que como senador había hecho del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), sancionado por el Congreso e implementado por primera vez en las elecciones legislativas del año pasado.
"Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema y no hay nada más que decir", aseguró el juez de la Corte Suprema de Justicia. Leer más
El intérprete suma el título honorífico tras ser distinguido por su trabajo al frente de la fundación Canta Perú, que apoya a jóvenes promesas del canto en situación vulnerable
Se trata de Angel Toninelli, quien estaba acusado de omitir deliberadamente tareas de control, fiscalización y cobro sobre la empresa