El financiamiento de las universidades públicas volvió al centro del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a menos de una semana de la Marcha Federal Universitaria. Leer más
Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, increpó a Andrés Leone, de La Libertad Avanza, por supuestos insultos. Otros legisladores intervinieron para separarlos.
Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.El episodio ocurrió en medio de la intervención del legislador Esteban Paulón, de Provincias Unidas (PU), cuando el debate llevaba más de tres horas de duración dentro del recinto.Los gritos comenzaron luego de que Paulón le apuntara al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y relatara los hechos de la Quinta Marcha Federal que se desarrolló el pasado jueves. Así fue el enfrentamiento entre Castagneto y Leone"Vienen con soberbia a reírse en nuestras caras por una ley que no cumplen. Entonces mínimamente tengan la decencia de tenernos respeto. Porque ya que vienen a esta casa a defender que no cumplen una ley que se votó en el Congreso. Por lo menos, no se nos caguen de risa en la cara como se le cagan de risa en la cara a la gente que estuvo marchando pacíficamente el jueves pasado por las universidades", expresó el legislador de PU.En aquel momento, los integrantes oficialistas de la comisión empezaron a gritar, motivo por el cual Benegas Lynch debió intervenir para pedir silencio. Sin embargo, cuando Paulón quiso retomar su discurso, Castagneto, quien oficia como vicepresidente primero de la comisión, se acercó hasta el sector de LLA para discutir con Leone."Otra vez el mismo diputado", se escuchó de fondo en la transmisión. En uno de los videos que se viralizó en la red social X, se puede observar a Castagneto parado mientras se enfrenta a Leone, quien estaba sentado. El legislador del bloque justicialista tuvo que ser frenado por Lisandro Almirón, diputado libertario de Corrientes.Aún así, el legislador peronista continuó increpando a Leone, quien después de unos segundos decidió pararse. Los diputados quedaron a cara a cara. Por unos instantes, parecía que la situación iba a escalar, pero no pasó a mayores. "El pelado fue, lo invitó a pelear" y "el pelado tiene que salir", se escuchó desde el sector de UxP, en alusión a Leone.Luego, ante el pedido de Lynch para que volviera a su asiento, Castagneto acusó al legislador de LLA de haberlo insultado. "Acá no se habla así", manifestó. Y agregó: "¡Que pida perdón!". No se puede seguir así". "Carlos, ahora voy y me acerco para charlar", le respondió el presidente de la comisión.Finalmente, Paulón logró terminar su intervención y el encuentro continuó sin sobresaltos. Durante la jornada, expusieron como invitados el secretario de Educación, Alejandro Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En el debate por el presupuesto en Educación, Andrés Leone y Carlos Castagnetto protagonizaron un fuerte cruce. Sus compañeros lograron calmarlos
A 5 días de la marcha universitaria, el secretario de Educación se presentó en la Cámara baja para defender el Presupuesto 2027. Criticó la creación de Altas Casas de estudios. Luego, el subsecretario de políticas universitarias acusó a los diputados de llevar a los alumnos universitarios "a tirar piedras y tomar edificios"
En plena disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política presupuestaria y puso bajo la lupa la administración de los recursos del sistema. Durante su exposición en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó las cifras de matrícula informadas por las casas de estudio, advirtió sobre los bajos índices de graduación y aseguró que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones."La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia", afirmó el secretario, que responde a la ministra Sandra Pettovello. Su presentación se inscribió en la defensa del proyecto de presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).La semana pasada se realizó la quinta marcha universitaria que concentró manifestantes en las inmediaciones del Congreso para reclamar el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario. Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaron al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias, y hasta multó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar. La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.Para rebatir los cuestionamientos sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. "Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron", afirmó.Uno de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.Las diferencias entre instituciones también quedaron bajo la lupa. Torrendell aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente. "Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer", cuestionó.El funcionario también objetó la manera en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que presentó, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.En ese contexto, apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional. "Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte", afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.Torrendell también cuestionó los índices de abandono y graduación. Afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% registrado en las instituciones privadas. "De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma", sintetizó.La exposición incluyó un cruce con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema universitario. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos. "El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje", retrucó.En ese tramo, también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en "ocupar espacios y presupuesto" en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.El viraje en la política educativaLa defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo durante las gestiones anteriores. "Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran", afirmó.Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.Frente a ese esquema, defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó."No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor", insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.
La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal. La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto."Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa", admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones deâ?¦— PRO (@proargentina) September 23, 2026El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: "Derógase toda norma que se oponga a la presente".Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.La discusión políticaLa conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. "El escenario está abierto. Todavía hay tironeos", repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. "No me tomen de tonta", advirtió entonces.Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias."Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable", remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
La Cámara retoma el debate del Presupuesto con el capítulo Educación. Expondrá el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Álvarez a días de la marcha y represión. El miércoles LLA pidió sesión por discapacidad y morosidad
En un guiño a sus aliados provinciales, que la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión impulsada por la oposición, el oficialismo en Diputados acelerará el debate de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años.La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, comenzará este martes a discutir el proyecto, que propone aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.La propuesta despierta especial entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, sus principales impulsoras, donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas productoras de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la producción de biocombustibles. También genera expectativas en Jujuy y Tucumán, productoras de caña de azúcar, elemento clave para la elaboración de bioetanol.El cambio más significativo es el aumento de los cortes obligatorios. De convertirse en ley, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la norma.En Diputados, vamos a apoyar el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles que viene con media sanción del Senado. Sube el corte de bioetanol de 12% a 15% y el de biodiesel de 7,5% a 10%. Cada punto de corte que aumenta genera 200 puestos de trabajo directos en Córdoba.â?¦ pic.twitter.com/AgHAEwQHPR— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 13, 2026En el Senado, el proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 25 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó por considerar que perjudica a las pequeñas y medianas empresas productoras de su provincia.Es que uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año. La nueva iniciativa elevaría el corte al 10%, pero modificaría su distribución: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para las empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Esa participación reservada se reduciría progresivamente hasta el 4% en 2031. Es un esquema que despierta resistencias entre las pymes del sector.Gestiones con gobernadoresEl debate comenzará este martes a las 15, con una reunión de la Comisión de Energía en la que expondrán invitados. Los impulsores del proyecto esperan obtener un dictamen favorable la próxima semana, para luego avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa.Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto esté en condiciones de llegar al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para debatir el Presupuesto 2027. "Va a avanzar", aseguró un legislador que participó de las conversaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem.El impulso que ahora recibe la iniciativa llega apenas después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba contribuyeran a dejar sin quórum la última sesión solicitada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023. Entre los ausentes estuvieron los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos integrantes de Provincias Unidas. Tampoco bajaron al recinto los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto, en sintonía con la estrategia del Gobierno. La cifra coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quorum: reunió 121 de los 129 necesarios.Dentro de la bancada se anticipa una discusión áspera que podría desembocar en una ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hacer declaraciones públicas. "Nos debemos una conversación", admitió uno de los legisladores más críticos, que distingue dos sectores: los diputados que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas "sin tierra", que mantienen una posición más confrontativa frente a Javier Milei.Los pases de factura por las negociaciones con la Casa Rosada también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una delicada situación financiera y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de la crisis quedó expuesta la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con una agenda propia, los libertarios procuran devolver las gentilezas a sus aliados. El avance de la ley de biocombustibles no es el único gesto: también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.
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El análisis de Turnitin detectó un 65 % de similitud con otros documentos, incluidos trabajos académicos publicados antes de la investigación del parlamentario
Alfonso Ramírez Cuéllar se sinceró y aclaró que al interior del movimiento hay más de una forma para designar los cargos y/o candidaturas
Senadores de oposición podrían exigir a Miguel Torres que, en aplicación del artículo 105 de la Constitución, remita el dictamen respaldado por la Cámara Baja a la presidenta Keiko Fujimori para que proceda a promulgarlo
La iniciativa apunta a que Gonzalo Uriarte Herrera aclare si el servicio desde Punta Arenas facilitaría el apoyo logístico a las empresas vinculadas con la exploración petrolera en el Atlántico Sur
El proyecto de resolución lo elaboró Cafiero con legisladores del espacio opositorA su vez, Michell propuso dejar sin efectos convenios bilaterales
Tras el fracaso de la sesión convocada por la oposición para rechazar el megadecreto 70 de Javier Milei, el bloque Unión por la Patria (UP) acaparó la atención luego de que dos integrantes de la bancada no bajaran al recinto: Estela Neder (Santiago del Estero) y Agustín Tita (Tierra del Fuego).Mientras en el bloque sostienen que Neder había avisado con anticipación que no asistiría por motivos personales, los reproches se concentran en Tita, legislador alineado con el gobernador fueguino Gustavo Melella. La inasistencia de Neder estaba prevista, pero Tita los habría tomado por sorpresa en la mañana del jueves.De acuerdo a dos diputados consultados por LA NACION, Tita avisó solo "un rato antes" de la sesión que no estaría presente. "Supongo que hubo una conversación con Melella; no tiene autonomía", deslizó en las últimas horas un legislador kirchnerista. En concreto, el faltazo de Tita levantó la sospecha de que Melella haya negociado esta jugada con el gobierno libertario.Otra fuente parlamentaria puntualizó que Tita "adujo un problema familiar un rato antes" de la sesión, que fue convocada el 1° de octubre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la derogación de la ley de tierras fijada en el DNU 70/2023. No obstante, el legislador consultado aclaró que no le consta que ese problema sea real y no descarta que Tita lo haya coordinado con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.En el bloque plantearon una autocrítica: convocaron la sesión con demasiada anticipación y muchos temas (además del DNU, pretendían abordar los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar). No obstante, evitaron señalar un único responsable de la fallida estrategia.Por su parte, Germán Martínez, titular del bloque UP, dijo que Neder y Tita le "expresaron los motivos de fuerza mayor que los llevaron a esa situación". Ante la consulta por el fueguino, sostuvo: "No me pidas que yo sea el vocero de un diputado que me expresa una situación de fuerza mayor. Ya dirá lo que tenga que decir. A mí me trasladó una situación de fuerza mayor en un momento donde ya no podía hacer nada", dijo en Futurock.El faltazo de Tita no solo encendió alarmas en el Congreso, sino que activó el frente interno en su provincia.En este sentido, el diputado kirchnerista Jorge Araujo Hernández, también de UP y de Tierra del Fuego, sostuvo que está "convencido de que la ausencia de Agustín Tita es provocada por el arreglo que tiene el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación".Según consignó el medio local Diario Provincia 23, Araujo Hernández dijo que el gobierno nacional "no le va a cumplir" a Melella con este hipotético acuerdo, dado que "no cumple con nadie". "Y si le cumple, le va a dar migajas", agregó.En la misma línea, Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana del municipio fueguino Río Grande, que gobierna el intendente kirchnerista MartiÌ?n Pérez, dijo que Tita "volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesión". El diputado también había faltado, por ejemplo, a la votación de la reforma laboral.El Diputado Agustín Tita volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesion.Gracias a la ausencia acordada de Tita fracasó el rechazo al DNU 70/23, el más extenso y más inconstitucional de Milei.¿Cómo nos afecta eso? Apertura comercial; desprotección a la industriaâ?¦ pic.twitter.com/K5DlkZ2t3c— Gonzalo Ferro (@GonzaFerro) October 15, 2026Tanto Araujo Hernández como Pérez apoyaron en 2025 la lista Defendamos Tierra del Fuego, una alternativa a Fuerza Patria, la opción que respaldó Melella y por la que Tita ingresó a la Cámara baja en diciembre pasado.LA NACION intentó contactar a Agustín Tita, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.En los últimos meses, Melella, aliado del kirchnerismo, pasó de un perfil opositor más duro al diálogo con el gobierno libertario, especialmente después del renovado reclamo del presidente Javier Milei por la soberanía de las islas Malvinas.El fueguino apoyó el llamado a la unidad, respaldó el anuncio sobre la Base Naval Integrada y pidió la "participación efectiva" de Tierra del Fuego en las decisiones que se tomen sobre las islas y el Atlántico Sur. También recibió a los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que visitaron el lugar donde se instalará la futura base, y se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para hablar, entre otros temas, de Malvinas. Al salir del encuentro, planteó que "en general hay que acompañar" el Presupuesto 2027 del Ejecutivo."Como no tiene reelección, no hay mucho para conversar con Melella", plantearon en UP, después del faltazo de su diputado. El gobernador conduce la provincia desde 2019.Jaldo, un "pseudocompañero"Lo cierto es que la oposición necesitaba 129 diputados para abrir el recinto y alcanzó 121: le faltaron ocho para el quorum. Al margen de las ausencias dentro del bloque UP, hubo gobernadores jugaron a favor del Gobierno. Uno de ellos es el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos legisladores integran la bancada Independencia, que suele acompañar al oficialismo en el Congreso.Los otros dos jefes provinciales justicialistas que acostumbran moverse en la misma línea, Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), esta vez jugaron en tándem con la oposición. De todos modos, Jalil perdió influencia sobre los tres legisladores de Elijo Catamarca desde que anunció que no buscará la reelección.Los faltazos de los tres diputados de Jaldo, sin embargo, no sorprendieron ni decepcionaron a UP. "Los de Jaldo nunca los contamos. Hace años que no están", dijeron. La legisladora Julia Strada había advertido con anticipación que el quorum dependía, en parte, del tucumano y sus diputados.Por su parte, Teresa García, diputada y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) que lidera Cristina Kirchner, dijo que los gobernadores que instruyeron a sus legisladores para que no dieran quorum "tienen que poner la cara frente al pueblo de sus provincias", porque algunos de esos diputados fueron electos por el peronismo. En una entrevista con Futurock, añadió que en 2027 esos jefes provinciales podrían tener "una sanción electoral" por parte de los votantes.En ese grupo ubicó a Jaldo, y advirtió que en algún momento el PJ tendrá que tomar "una decisión respecto a estos pseudocompañeros que integran boletas, tanto como gobernador como legisladores, y después votan con el Gobierno en contra de la gente".A propósito de esta disputa, Cristina Kirchner se reunió en septiembre con el exgobernador Juan Manzur, quien evalúa una nueva candidatura a gobernador de Tucumán. El senador desafía a Jaldo y su campaña se enfoca en "mostrar que está con el Gobierno".Ausencias y gobernadoresEl auxilio de los gobernadores del norte y del centro, que tienen influencia directa sobre bancadas provinciales ajenas al PJ, también fue clave para el Gobierno.En este sector figura Provincias Unidas. Los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) no bajaron al recinto. Ambos diputados santafesinos son de Pro, por lo que justifican su ausencia por su "identidad política" y su lejanía con el kirchnerismo. Niegan que el gobernador haya pactado el movimiento con el Gobierno. Torres también es de Pro. Más extraño fue el caso de la jujeña Inés Zigarán, que había sido una de las firmantes de la convocatoria, pero finalmente se ausentó sin previo aviso. También faltó la cordobesa Alejandra Torres, pero los otro cinco coterráneos de la bancada -que, con sus matices, son cercanos a Martín Llaryora- hicieron su aporte a la oposición.Entretanto, el bloque Argentina Federal también se dividió entre apoyos y faltazos. Pablo Outes y Bernardo Biella, que responden a Sáenz, bajaron al recinto, mientras que Yolanda Vega se ausentó -dijo que estaba enferma-. Otros dos legisladores que suelen jugar con el salteño no estuvieron: Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).De ese mismo bloque, por parte del misionero Hugo Passalacqua, dijeron presente Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa. No fue Daniel Vancsik; tampoco brindó explicaciones a la bancada.
En la mesa política algunos creen que el respaldo de los gobernadores para el DNU 70 es una muestra de que están más cerca de la reforma política. Otros no ven relación entre una discusión y la otra. Además, queda la duda por los diputados que sorprendieron al sentarse en bancas. Hoy Santilli buscará retomar el diálogo con los mandatarios.
Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan ayudaron al gobierno. Las razones económicas.
En diálogo con Infobae al Regreso, el titular de la Cámara baja también confirmó una convocatoria para debatir discapacidad y morosidad y reveló que el oficialismo analiza convertir parte de las desregulaciones en leyes
La Comisión de Seguridad Social de San Lázaro hizo tal petición en medio de las manifestaciones de los empleados
El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, acudió a la Fiscalía General para solicitar que se investigue la designación de Pablo Martínez Bertozzi como director de la DIS, pese a que, según reconoció Casa Presidencial, no posee el rango policial exigido por la ley.
Los giros políticos y las concesiones materiales se sucedieron hasta las horas previas a la sesión. Cronología de una victoria circunstancial del Gobierno que no le garantiza un apoyo cerrado para los debates que se avecinan
Lejos del escenario previsto para el acto central de la Marcha Universitaria, grupos atacaron el vallado dispuesto alrededor del parlamento. Las fuerzas federales respondieron con balas de goma, gas lacrimógeno y un camión hidrante en el cruce de Rivadavia y Entre Ríos
El peronismo y el resto de los bloques opositores no consiguieron reunir los 129 diputados para abrir el debate.
El diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la CTA se refirió a las difíciles negociaciones en el Congreso para sesionar sobre el DNU 70/23. Además, analizó las concesiones del Gobierno y el impacto de la movilización universitaria. Leer más
"Está todo muy movedizo", resume un diputado libertario sobre el clima en la Cámara baja en la previa de la megasesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23. Sin embargo, los bloques impulsores ya anticipan una derrota. Es que, incluso en el mejor de los escenarios, el "poroteo" les da entre 120 y 123 adhesiones, por lo que todavía necesitan sumar entre seis y nueve voluntades para alcanzar el quorum.Del lado del oficialismo predomina la cautela. Aunque confían en el respaldo de sus aliados, no descartan cambios de último momento y siguen de cerca a los gobernadores del norte, con influencia directa sobre las bancadas provinciales que podrían inclinar la balanza. Las negociaciones siguen abiertas y los más desconfiados sospechan, en particular, de una eventual concesión del Gobierno a la provincia de Salta. Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas comenzaron a cuestionar el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. En particular, pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.Las mismas fuentes descuentan que el gobernador salteño Gustavo Sáenz se hizo escuchar en la Casa Rosada después de elevar su queja por redes sociales."No podemos permitir que esos ramales sean opcionales; tienen que ser obligatorios, porque de eso depende el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el norte argentino", advirtió Sáenz, al destacar la importancia de las conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia para el desarrollo regional.En esa línea, el gobernador también hizo un llamado a los legisladores nacionales por Salta â??tres senadores y siete diputadosâ?? y a los representantes del Norte Grande para que acompañaran su reclamo. "Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias", insistió, al tiempo que pidió dejar de lado los intereses políticos y partidarios.No obstante, el apoyo de los salteños no es el único que la oposición buscó capitalizar para avanzar con la sesión en la que pretende rechazar el megadecreto y tratar, además, la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. También resultan decisivos los tres diputados de Independencia, el bloque tucumano que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, y los otros tres de Elijo Catamarca, alineados con Raúl Jalil.Antes de que la Corte Suprema restituyera los límites a la venta de tierras a extranjeros, los diputados de Elijo Catamarca habían adelantado a LA NACION su intención de bajar al recinto. Sin embargo, tras el fallo, el bloque dejó en suspenso esa definición y optó por mantener el hermetismo sobre su postura.A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El primero, el artículo 38, "deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023", mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.La jugada de los libertarios buscó no solo atender el reclamo de sus aliados de Pro y la UCR, que habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sino también contener a los sectores de centro que conviven en Provincias Unidas. Entre ellos figuran Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza).Frente a este escenario, el conteo de votos arroja 92 adhesiones de Unión por la Patria (UP), la totalidad de su bancada; 13 de Provincias Unidas; cuatro de los diputados misioneros de Argentina Federal, que ya anticiparon su rechazo al DNU por la desregulación de la actividad yerbatera; dos de la Coalición Cívica; cuatro de la izquierda; dos de San Luis y el respaldo de los monobloques de la cordobesa Natalia de la Sota y Marcela Pagano. En total: 119 avales. Los más optimistas se animan a pronosticar 123 apoyos. De no abrirse este jueves el recinto, los libertarios ya oficializaron la convocatoria a una sesión para el próximo 21 de octubre, que incluye un ambicioso temario que abarca el reciente dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de discapacidad, morosidad y vandalismo rural, entre otros.
La sesión confluye con la quinta Marcha Federal Universitaria, protestas y el paro de los trabajadores estatales. Leer más
CÓRDOBA.- Luego de que el oficialismo aceptara reponer los límites a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición deberá redoblar los esfuerzos para conseguir el quorum en la sesión especial convocada con el objetivo de voltear todo el decreto de Javier Milei, que avanzó en la política desreguladora del Estado.Para iniciar el debate se requieren 129 diputados y, aunque las cuentas muestran que la oposición no tendría garantizado ese número, hay dudas sobre qué directivas darán a sus legisladores los gobernadores aliados. "Después del dictamen no tiene sentido la sesión", definieron varios legisladores que responden a gobernadores consultados por LA NACION, a la vez que admitieron que igual seguirá el tira y afloje. El dictamen, agregan, "va en sintonía con la definición de la Corte Suprema de hace unos días". Pese a todo, siguen las negociaciones por la sesión convocada por la oposición. El eje ya no estará en el DNU 70/23, pero a la hora de la sesión estará la quinta marcha universitaria por el financiamiento y los reclamos en torno a las políticas de discapacidad. Como en otras oportunidades, varios especulan hasta el último minuto. Por ejemplo, si el quórum queda lejos no tiene costo político frente al oficialismo nacional que sus legisladores bajen. En cambio, si la diferencia es mínima deben jugarse antes. Lo que tienen en claro es que ya el debate no será solo por las restricciones a la venta de tierras.Entre los santafesinos de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, quien preside el bloque de Provincias Unidas, y tampoco José Núñez. "El DNU 70 no tiene vigencia a partir de los cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se votó el artículo que deroga el artículo 154. Ahora tocar el decreto nos perjudica la política de cielos abiertos", definieron desde el círculo de Pullaro. El chubutense Ignacio Torres aportará la ausencia de su diputado, Jorge Ávila.En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, uno de los mandatarios con más cercanía a la Casa Rosada, los tres diputados integrantes del bloque Elijo Catamarca habían decidido, hace unos días, asistir a la sesión. Así lo confirmó Sebastián Nóblega: "Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737", dijo a la radio El Esquiú. Sin embargo, en las últimas horas, se reactivaron los contactos de la Casa Rosada para tratar de evitar su presencia. Jalil estuvo entre los 13 gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París.Al salteño Gustavo Sáenz le responden tres diputados -Pablo Outes, Bernardo Biella, Yolanda Vega- quienes integran el bloque Argentina Federal con cuatro misioneros. La diputada Vega, según indicaron fuentes salteñas a LA NACION, está con un pobre de salud; respecto de los otros dos sostuvieron que "todavía no hay definiciones. Pero entendemos que no llegan al número los que impulsaron la sesión". Para el oficialismo también será clave el rol de Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien controla tres diputados. Los cuatro misioneros conversaron con el gobernador Hugo Passalacqua la decisión de dar quorum. Fue el legislador Alberto Arrúa quien confirmó públicamente la posición de asistir.Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, es de los mandatarios con vínculo resbaladizo con la Rosada. Seis son los diputados del peronismo cordobés y cinco se sumarán al quorum. De ese grupo, tiene juego propio Juan Schiaretti, a quien siguen Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, quienes bajarán al recinto. Ignacio García Aresca, hombre de Llaryora, también dará quórum, al igual que Juan Brügge, hoy aliado con la Democracia Cristiana. Es una incógnita si Alejandra Torres se sumará o no a sus compañeros.Hasta esta hora, los diputados María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, alineados con Carlos Sadir -quien también participó de la Argentina Week en París-, también se suman para el quorum. Igual que en el caso de Jalil, siguen los contactos para evitar que estén si su presencia es llave para el inicio de la sesión.
Roberto Zataráin Leal difundió en redes un video donde llega en una nave espacial y expone su gestión ante personajes extraterrestres, un formato que provocó críticas y comentarios humorísticos entre usuarios
La sesión, que comienza a las 14 horas en el Palacio Legislativo, tratará varios temas claves. Confluye con la "V Marcha Federal Universitaria", protestas y el paro de ATE
El inicio del debate en la Cámara baja, en el que también está previsto que se traten los proyectos sobre morosidad familiar y el pedido de prórroga de la emergencia en discapacidad, está previsto para las 14 de este jueves.
La Cámara de Diputados avaló una recaudación estimada de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos
Con un dictamen que deroga el artículo 154 y repone la norma de 2011, el oficialismo y sus aliados le quitan el argumento a los bloques provinciales que dudan. Hasta el momento, la oposición no reuniría el número necesario para activar el recinto. Leer más
En las redes se lanzaron a dar la batalla en defensa del DNU 70/23. En La Libertad Avanza calculan en un "80 por ciento" que no esté asegurado el quórum, pero dejaron en suspenso varias actividades, incluida la reunión quincenal con el PRO, a la espera de que se confirmen los acuerdos para voltear la sesión
La mandataria mexicana dio a conocer la medida durante su discurso en el evento del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial
El dictamen forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum
El diputado nacional por Mendoza explicó su acercamiento a Axel Kicillof y sostuvo que las derrotas del peronismo en la provincia se debieron a errores de gestión en municipios clave, más que a su vínculo con el kirchnerismo. Leer más
Las autoridades hondureñas coordinan una visita al CECOT para conocer el modelo de seguridad salvadoreño.
La organización vigilará la participación, posturas y votos de todas las bancadas durante la reunión programada para la tarde de este miércoles
Durante el inicio del debate por el presupuesto 2027, el libertario, presidente de la comisión, utilizó un anglicismo para hacer una pausa, los legisladores peronistas se lo cuestionaron y se produjo un intercambio de sarcasmos
A siete años de los homicidios ocurridos a metros del Congreso de la Nación, la condena a Juan Jesús Fernández quedó firme luego de un fallo de la Corte Suprema. Preso en Ezeiza, sostiene que es inocente y que no tuvo posibilidad de evitar los disparos. La motivación del asesinato: el misterio que el tirador se llevó a la tumba
El intercambio entre el diputado y Elías Lixa ocurrió durante la discusión de la Ley Federal de Derechos y reavivó las preguntas sobre la ruta política del exmorenista
Con 329 votos a favor aprobaron el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum
Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, anticipó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto. â?¢ Este martes comienza el debate del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027. ð???ð???ð??´ Mientras tanto, el Poder Ejecutivo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario en el corriente año y no garantiza los fondos para su cumplimiento en el Presupuesto 2027.ð???â?¡ï¸? Porâ?¦ pic.twitter.com/uBVrkJvSDO— Diputados UP (@Diputados_UxP) October 13, 2026Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de "no alterar el resultado financiero". La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones. Si bien Benegas Lynch consideró "razonable" la petición, esquivó la cuestión al asegurar que "no es la competencia" de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.El pronóstico oficialista, suscitó múltiples críticas por parte de la bancada peronista. Uno de los discursos más encendidos fue el de la diputada Julia Strada, quien acusó a la administración mileísta de "mentirosa" tras haber contemplado una inflación del 10,1% para 2026. "No se cumplió nada en términos de proyección de las partidas porque la inflacion es tres veces más", arremetió la diputada de UP. Las declaraciones de Strada se suceden tras darse a conocer esta tarde el última dato de inflación de septiembre, que marcó 1,9%, un leve aceleración con respecto al 1,7% de agosto que ya acumula un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Noticia en desarrollo
El proyecto fue avalado en lo general con 28 votos y pasará mañana al pleno junto con los proyectos de Ley Federal de Derechos y de ISR
La sesión convocada para este jueves quedó aún más complicada luego de que la Corte repuso la ley de Tierras.El Gobierno negocia con los mandatarios provinciales y a la vez prepara una jugada para este miércoles.
La Comisión de Hacienda analizará la Ley de Ingresos, cambios al ISR y ajustes a cuotas migratorias, mientras el Gobierno federal proyecta una deuda pública de 55% del PIB para 2027
Su cambio partidista ocurre meses después de los señalamientos federales por concesiones de agua
La interna peronista dejó de ser subterránea hace rato. El jueves, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, puso en duda que una pronunciación de la ONU sobre la condena a Cristina Kirchner pueda allanarle el camino a una candidatura presidencial y sugirió que, en tal caso, que el gobernador estaría dispuesto a ir a una interna. Un diputado massista, Guillermo Michel, se metió hoy en esa pelea. Cuando le preguntaron por las declaraciones de Bianco, el legislador respondió: "Últimamente, sobre todo en el peronismo, hay muchos novatos en la política"."Quiero ser respetuoso y no hacer política con nombres propios, sino que lo voy a hablar en primera persona para que quede claro. Yo creo que, últimamente, en la Argentina, y sobre todo en el peronismo, hay muchos novatos y gente acelerada, entre los que me incluyo", expresó Michel en diálogo con Rosario Ayerdi, en Radio 10.En este sentido, el diputado por Entre Ríos aseguró que muchos dirigentes del peronismo están haciendo política en consecuencia de haber formado parte de un gobierno como el de Cristina Kirchner y afirmó que, en lugar de "andar discutiendo qué hace ella o no", deberían estar "poniendo una estampita y prendiendo una vela para agradecer".Además sostuvo que hay una "vocación" de querer hacer política confrontando con Cristina Kirchner y remarcó: "También respetemos la situación que vive porque, más allá de ser una dirigente política, es madre, abuela y está viviendo una situación con el caso de las restricciones de la prisión domiciliaria que no las tiene ni siquiera un narcotraficante".Michel, en tanto, subrayó que, dentro del peronismo, llegó el momento de "ponerse los pantalones largos" y que cada uno haga política "humildemente" desde su espacio. "La verdad es que lo que está en frente es un dispositivo político y económico que representa otros intereses y que está buscando cambiar el modelo social de la Argentina. Es latinoamericanizar la economía argentina: que no haya clase media, educación de calidad y salud. Nos tenemos que concentrar en eso, respetar a Cristina y ponernos a trabajar", agregó.Las declaraciones de BiancoEste jueves, el ministro de Gobierno bonaerense sugirió que Kicillof podría enfrentar a Cristina Kirchner en una eventual PASO si la Justicia internacional la habilita a participar en las elecciones presidenciales de 2027. Bianco desestimó una candidatura de la expresidenta porque consideró que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU no sería vinculante, pero no descartó que, en caso de que sucediera, pueda darse una interna."No sé, habrá que discutirlo el año próximo. Porque nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año próximo veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más", manifestó en diálogo con el canal de streaming Cenital, tras ser consultado por la posición de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sobre una eventual candidatura de la exmandataria.A su vez, el ministro rechazó que Cristina Kirchner pueda presentarse a pesar de un fallo favorable porque se encuentra en prisión domiciliaria y con inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Se hablaba de un dictamen en octubre (del Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la Justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la Justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva", aclaró.A su vez, reafirmó que la determinación del espacio de Kicillof para este año es fortalecer el armado político del MDF y se mostró a favor de realizar una alianza ampliar para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027. "Hay que ampliar. Con los propios no alcanza para ganar una elección. Y nunca alcanzó además. El peronismo siempre fue frentista, porque nunca le alcanzó con los puros, los propios", añadió.
El secretario de Hacienda defenderá la iniciativa oficial en la comisión presidida por Alberto Benegas Lynch. El mismo servirá de moneda de cambio con las provincias, mientras persisten reclamos por obras viales y fondos para las universidades. Leer más
Se abre una nueva etapa para el oficialismo en la Cámara de Diputados. Con el frente judicial despejado tras la resolución de la Corte Suprema, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ensaya una ambiciosa estrategia parlamentaria que contempla la convocatoria a una sesión para el 21 de octubre, con una agenda tan amplia como heterogénea, que abarca desde los proyectos de defensa de la soberanía nacional e inviolabilidad de la ppropiedad privada hasta las iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar. Estos últimos temas forman parte del reclamo impulsado por la oposición, que la administración de Javier Milei busca ahora capitalizar para evitar un nuevo traspié político y recuperar el control de la discusión parlamentaria. Todo ello, con miras a lo que verdaderamente interpela al Gobierno: sellar los acuerdos necesarios para acelerar la suspensión de las PASO y el tratamiento del presupuesto 2027. Si bien la medida cautelar "interina" de la Corte llevó alivio al Gobierno, tras restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, el oficialismo buscará dar señales de "autonomía" respecto de la decisión judicial. Así, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 â??hoy suspendido transitoriamente por la Corte- e introducir modificaciones a la ley de lierras.Claro está, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar del 15% al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un "marco jurídico" para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, para blindar el megadecreto ante un eventual rechazo legislativo.Su intención es dictaminar ese mismo miércoles y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre -como fue oficializado anoche-, junto al resto de las iniciativas mencionadas, en un claro desafío a los bloques opositores de Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales que no desisten en dar pelea este próximo jueves cuando bajen al recinto para intentar formar quorum, objetivo que cada vez se aleja más. Aunque muchos legisladores invoquen la urgencia de tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, la convocatoria a una sesión que incluye estos temas sensibles actúa como paliativo para los legisladores indecisos de los bloques del centro que quieren dar el debate, pero sin quedar expuestos al motivo inicial de la sesión: voltear el DNU 70/23.El oficialismo procura apropiarse de esos votos del centro, varios de Provincias Unidas -los cordobeses y santafesinos- para la convocatoria del 21, que también someterá a discusión otros proyectos como el de vandalismo rural, entre otros. En las huestes libertarias se muestran optimistas ante un eventual fracaso de la sesión del jueves 15. Sin embargo, coincidirá con otra foto: la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento, que se concentrará en las inmediaciones del Congreso. A ese escenario se suman las críticas de la Iglesia en materia de discapacidad, en momentos en que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV se encontrará con "una Argentina dividida y en crisis" y con un "alto porcentaje de pobres".El de discapacidad, podría transformarse en uno de los frentes políticos más complejos que deba afrontar esta semana el bloque de LLA, sobre todo cuando algunos de los legisladores dialoguistas, como el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) -a cargo de la mayoría de los aportes al dictamen oficialista- le exige al Poder Ejecutivo mayor claridad sobre la letra chica del proyecto. Quiere que deje explícitas las partidas presupuestarias y si éstas podrán actualizarse de forma trimestral, al igual que una mayor precisión sobre el modo en que se actualizarán las prestaciones, como le exigieron los aliados, de forma mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con cierta suspicacia, algunos legisladores advierten que la discusión todavía no está saldada con la Casa Rosada y, en particular, con el Ministerio de Economía, sobre todo después de que el proyecto de Presupuesto incluyera modificaciones que daban marcha atrás con artículos clave en materia de discapacidad. Hasta el momento, se desconoce si el Ejecutivo está dispuesto a eliminar ese capítulo.Mientras tanto, varios legisladores, entre ellos libertarios, dejan trascender la posibilidad de que el oficialismo llame para este mismo martes a una reunión en informativa en comisiones por el presupuesto. Otro foco de controversia podría surgir este miércoles, cuando las comisiones retomen el tratamiento del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que la semana pasada despertó numerosos cuestionamientos durante su debate en el plenario. Resta saber si el bloque libertario estará dispuesto a introducir las "múltiples modificaciones" que reclaman tanto la oposición como sus propios aliados, para conseguir los respaldos necesarios e incorporar también esta iniciativa a la sesión prevista para el 21 de octubre.
El martes va el secretario de Hacienda a defender la "ley de leyes" y el jueves esta convocada la sesión para voltear el DNU70.El oficialismo también abrirá la discusión por Propiedad Privada -donde incluirán límites a la venta de tierras- y quiere dictaminar la "Ley Malvinas".
Los inquilinos tendrán dos meses para pagar cuotas atrasadas antes de que un propietario inicie el desalojo. La restitución de la vivienda requerirá los trámites establecidos, con garantías de defensa, mientras el texto veta expulsiones mediante fuerza, amenazas o cortes arbitrarios de servicios básicos sin orden competente
El coordinador la bancada de Morena adelantó el trabajo legislativo que se avecina en San Lázaro
Durante la intervención en la cuenta de Sergio Gutiérrez Luna se realizaron alrededor de 200 publicaciones asociadas a criptomonedas
El escenario que se avecina en el Congreso para la semana próxima estará signado por una durísima pulseada en la Cámara Baja y una masiva movilización convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, exigiendo que el Ejecutivo aplique la Ley de Financiamiento luego de las confirmaciones judiciales. El térmómetro será adentro y afuera del Palacio Legislativo. Leer más
Como anticipó Infobae, La Libertad Avanza propondrá abrir el recinto el 21 de octubre y así desactivar la sesión que está prevista para el 15. Incluirá la derogación del artículo de Ley de Tierras, un proyecto sobre discapacidad y otro de morosidad
Jesús Farías, que interrumpió varias veces el discurso del expresidente de Colombia, aseguró que solo decía falsedades