pidieron
Más de 400 científicos acusaron a los laboratorios de IA de negligencia y pidieron un organismo internacional de control
Entre los firmantes están Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, que piden desconectar de internet a los modelos capaces de ciberatacar
Senadores pidieron a la Fiscalía revisar publicaciones del influenciador Levy Rincón con acusaciones contra Ana Lucía Pineda: "Que haga respetar a las mujeres"
El legislador Jota Pe Hernández sostuvo que la iniciativa pretende cuestionar los ataques dirigidos a las mujeres
Fundadora de la plataforma Resistencia Chiquita explicó por qué le pidieron a Hollman Morris que se retirara de la marcha convocada frente al Museo Nacional: "¡Fuera abusador!"
Antonia Gómez señaló que ella decidió tomar el megáfono para señalar al exdirector de Rtvc, ahora Inravisión, durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que una de las mujeres presentes en el plantón lo señaló a él como su presunto agresor
ANDIS: Los fiscales pidieron indagar a la cúpula de la Suizo Argentina y a los dueños de las principales droguerías del país
Los fiscales determinaron que la Suizo Argentina fue la empresa que, en 15 meses, más dinero recibió de la agencia dirigida por Diego Spagnuolo, un total de $137.118.708.357. Leer más
Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Díaz pidieron la absolución
En el comienzo de los alegatos de las defensas de los imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz pidieron su absolución al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro.Esta mañana, en tanto, comenzó el alegato del abogado Francisco Oneto, uno de los letrados a cargo de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.El alegato de la defensa del psicólogo Carlos Díaz"Se ha demonizado a Carlos Díaz y a las personas que han pedido su absolución [como Jana Maradona, una de las hijas del astro]", fueron las primeras palabras del abogado Diego Olmedo, uno de los defensores del psicólogo. "Esto es una hipocresía", dijo el abogado Diego Olmedo en su alegatoAl igual que los alegatos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y los de los particulares damnificados, que concluyeron la semana pasada, las exposiciones de las defensas son transmitidas por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense."Carlos Díaz no tuvo oportunidad, por su especialidad y por el rol que cumplió en esa casa [la propiedad del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde el Diez pasó sus últimos 15 días de vida], de impedir la muerte de Maradona. Eso lo excede, mal que le pese a quien le pese. Él es psicólogo. La acusación no pudo identificar qué norma infringió el psicólogo, qué riesgo aumentó, si algún riesgo causado por él provocó la muerte de Maradona; tampoco se pudo acreditar qué pudo hacer para evitarlo", sostuvo Olmedo.También sostuvo: "A esta defensa le subleva la hipocresía de pensar que Díaz fue el artífice de una internación domiciliaria. Díaz no convenció a nadie de esta internación domiciliaria. Terminemos con esta mentira. Porque esa mentira es la piedra angular de la acusación", continuó el abogado de Carlos Díaz.El alegato del abogado Diego OlmedoY concluyó: "Pido la absolución libremente de Díaz y asumo, y esto lo digo desde el corazón, que nuestras excelencias van a juzgar adecuadamente. Acá no hay que buscar una sentencia ejemplar, sino justa. Una ejemplar puede ser injusta. Nosotros pedimos sentencia justa".Tras el alegato de la defensa de Díaz, tomaron la palabra los abogados de Cosachov, que también pidieron la absolución; cuestionaron la investigación y criticaron con dureza a Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga que tenía a Maradona como afiliado"Quiero empezar mi alegato expresándole mi mayor respeto a la familia Maradona. Porque, aunque cada uno cumpla un rol acá, entiendo y celebro la realización de este juicio y su finalización para que puedan comenzar el duelo, así como también que los imputados puedan tener algo de certidumbre en sus vidas", sostuvo en el inicio de su alegato el abogado Vadim Mischanchuk.El alegato de la defensa de Agustina CosachovLuego afirmó: "De ninguna manera la doctora Cosachov fue improvisada, sino que fue obsesiva. La prepaga entorpeció todo, desde el primer momento en el que el paciente se quiso ir a la casa, todo lo que vino después. Quedó probado que la prepaga se lo quería sacar de encima de la Clínica Olivos. La prepaga abandonó a Maradona".Entre los acusados se encuentra Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga. Pero Mischanchuk no apuntó sus dardos contra ella, sino contra los puestos jerárquicos de la empresa. "A ella la presionaban de arriba", sostuvo.Al terminar, dijo: "Acá juzgamos certezas y la agonía de 12 horas no quedó probada. Cosachov hizo todo lo que pudo; no fue indiferente. Tenía dos objetivos: alcohol cero y la toma de la medicación. Maradona murió de un evento cardíaco y no se pudo llegar a determinar qué lo provocó. No tenía alcohol en sangre ni en orina; eso es objetivo. La situación de Agustina Cosachov, analizada con toda la prueba, amerita su absolución, porque no se ha probado que ninguna conducta de ella, activa u omisiva, haya producido el luctuoso desenlace", resumió.Para el abogado defensor, no hubo conducta dolosa ni culposa por parte de la acusada, pero planteó subsidiariamente que en el "hipotético caso" de que el tribunal le reprochara algún delito, este debería ser culposo, aunque Mischanchuk considera que esto "no se probó".Los fiscales habían pedido ocho años de cárcel para Cosachov al considerarla responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.
Biocombustibles: las pymes pidieron elevar el corte del biodiésel y las aceiteras reclamaron aprobar la ley sin cambios
El debate por la nueva ley de biocombustibles llegó a la Cámara de Diputados con diferencias entre las empresas sobre las condiciones para abrir el mercado del biodiésel. Durante una presentación de las cámaras del sector, la industria aceitera pidió preservar el acuerdo que obtuvo media sanción en el Senado, mientras que representantes de las pymes reclamaron modificaciones y propusieron aumentar el corte obligatorio al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda sin reducir su participación. La discusión se desarrolló ante la expectativa de que el proyecto pueda obtener dictamen la próxima semana.La iniciativa fue aprobada por el Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos. Prevé elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. El principal desacuerdo se concentra en la transición del biodiésel y en el espacio reservado a las empresas no integradas con la industria aceitera.Polémica: el Senasa se desligó del accionar de una empresa de software, evitó dar nombres y ya gastó más de $726 millones en un sistemaGustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), defendió el texto aprobado por los senadores y sostuvo que contempla herramientas de protección para las firmas que hoy abastecen el mercado interno. "La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer", afirmó. Además, reclamó acelerar la aprobación: "Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos".Durante su exposición, Idígoras presentó la reforma como una política agroindustrial cuyo alcance excede a las plantas elaboradoras. Vinculó el desarrollo de los biocombustibles con las cadenas del maíz y la soja, el empleo, la industrialización de materias primas y la posibilidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.También sostuvo que las reglas del mercado interno influyen sobre las posibilidades de acceder a otros destinos. El titular de Ciara reconoció que el resultado del Senado no satisfizo por completo a los distintos sectores, incluida la industria aceitera. Sin embargo, lo consideró el mejor acuerdo posible después de las negociaciones entre legisladores, gobiernos provinciales y empresas. Por eso pidió que el dictamen de Diputados respete los entendimientos alcanzados en la Cámara alta.Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuestionó esa lectura y rechazó que exista consenso en el biodiésel. Señaló que las empresas que representa, radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, elaboran alrededor del 65% del producto utilizado en el corte obligatorio y no respaldan la media sanción.Según Martelli, el esquema pone en riesgo la continuidad de plantas que fueron construidas bajo las condiciones del régimen actual. Afirmó que el abastecimiento interno involucra unas 900.000 toneladas anuales, producidas por 25 pymes de cinco provincias, con 1500 empleos directos y 8000 indirectos. "Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras", sostuvo. Su objeción apunta a que empresas de distinta escala y con diferente acceso a la materia prima competirían por una porción creciente del mercado.Cuando el corte llegue al 10%, las no integradas tendrán inicialmente reservados 6,5 puntos porcentuales. Ese segmento bajará a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036. El resto quedará abierto a la participación de integradas y no integradas. Como alternativa, propuso elevar el corte de biodiésel al 12% o al 12,5%. Argumentó que existen antecedentes de propuestas legislativas con mezclas superiores al 10%.La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), presidida por Axel Boerr, presentó pedidos de modificación sobre artículos específicos. Para el artículo 39, apartado A, propuso eliminar el máximo de 50.000 toneladas y aplicar límites porcentuales tanto a empresas como a grupos económicos: 12% durante el primer año, 10,5% en el segundo y 9,5% desde el tercero.En el apartado B del mismo artículo, solicitó que los volúmenes faltantes se ofrezcan primero a las empresas no integradas que dispongan de capacidad para abastecerlos. El planteo busca darles prioridad antes de recurrir a otros proveedores. Sobre el artículo 12, Capba pidió que una reducción del corte solo pueda disponerse ante una imposibilidad acreditada y por un plazo de seis meses. Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, también cuestionó las condiciones de competencia y las facultades de la autoridad de aplicación. Defendió la necesidad de una regulación de largo plazo por razones ambientales y de salud pública, pero advirtió sobre las diferencias entre los actores que participarían del mercado."Es muy buena la competencia, pero no pongamos en la misma pista un F1 con un F4", graficó. Uno de sus reparos se concentró en las atribuciones para modificar las mezclas obligatorias. Según su interpretación, la redacción otorga facultades demasiado amplias y podría permitir una reducción del bioetanol hasta el 3%. También pidió revisar las condiciones de transición entre el 12% y el 15%, por considerar que deben ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones.Molina objetó, además, la definición de grupo económico y el uso de una fecha anterior a la eventual entrada en vigencia de la norma para determinar las vinculaciones societarias. Ese punto había sido uno de los cambios negociados antes de la votación del Senado. Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), respaldó la aprobación, aunque señaló que la redacción representa "el mínimo que consideramos necesario para las empresas no integradas de Santa Fe". "No es nuestra aspiración máxima ni el punto de llegada", expresó, y dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras. Sin embargo, remarcó que esos planteos no implican un rechazo a la iniciativa."No está en nuestro espíritu frenar la iniciativa ni desconocer los avances alcanzados. Queremos que la ley avance, que se apruebe y que su implementación sea transparente, equilibrada y previsible", afirmó.
Cristina Kirchner y Máximo pidieron participar por Zoom en el juicio por Los Sauces
La defensa solicitó al Tribunal Oral Federal 5 que ambos puedan conectarse de manera remota al debate previsto para este viernes. Casación aún debe definir si la causa se tramitará junto con Hotesur. Leer más
Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual en el juicio oral por Los Sauces
La defensa invocó las obligacLa defensa presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal 5 para evitar la presencialidad de ambos acusados. El debate está previsto para el viernes 23 de octubre, mientras Casación debe resolver si unifica las causas Los Sauces y Hotesuriones parlamentarias del diputado y la prisión domiciliaria de la ex presidenta para evitar cumplir la obligación de audiencias presenciales que impuso el TOF 5
La semana negra del juez Salmain: irá a juicio en la causa penal y en el jury pidieron su destitución
El magistrado de Rosario sumó un nuevo revés judicial en medio del jury: deberá enfrentar un juicio oral por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión se conoció apenas dos días después de que se solicitara su destitución en el marco de otro expediente, en el que se cuestiona su desempeño como juez. La acusación de su defensa sobre una "batalla campal" entre los jueces Rosatti y Lorenzetti. Leer más
Por qué los ateos de Bogotá le pidieron al presidente Abelardo de la Espriella rectificar: "La cultura de una nación no le pertenece a un credo particular"
En un comunicado difundido este 16 de octubre, la entidad cuestionó que el mandatario asociara el ateísmo con una posición política determinada y lo presentara como una amenaza para los valores nacionales
Pidieron la destitución del juez federal Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su currículum
El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está acusado de un supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en momentos en que regía el cepo cambiario y de haber omitido información de su currículum, se defendió ante un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Fue después de que la fiscalía integrada por el senador Luis Juez, la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña pidiera su destitución por mal desempeño."No soy lo que dice la acusación", sostuvo Salmain, luego de los alegatos de sus abogados defensores.El jury de enjuiciamiento, que deberá dictar si continúa con el cargo de juez, analizó hoy los dos casos que enfrenta Salmain. Uno de ellos se relaciona a la investigación en su contra por presuntamente recibir coimas para garantizar medidas judiciales que permitieron a un fideicomiso acceder a US$10 millones cuando el cepo lo prohibía. En este expediente se encuentra procesado y con prisión preventiva. Si fuera destituido, perdería fueros que hoy impiden su detención.El segundo, se retrotrae en el pasado y analiza la omisión de sus antecedentes en la declaración que presentó cuando concursaba para juez. "Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando", pronunció Salmain frente al jury del Consejo de las Magistratura en sus últimas palabras. Hace más de veinte años, Salmain se desempeñó como auxiliar del juzgado N°8 de la Seguridad Social. En ese contexto, fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado donde trabajaba.Según el senador Luis Juez, que formó parte de la acusación durante el jury, Salmain "pretendía darle trámite especial" a determinados expedientes. Finalmente, Salmain renunció y la Corte Suprema lo cesanteó. Luego, enfrentó una causa penal que derivó en una probation, por lo que debió hacer trabajo comunitario en el Jardín Botánico.La fiscalía cuestionó que Salmain no haya informado sobre esa causa que derivó en una cesantía en el Poder Judicial cuando concursó para ser juez federal de Rosario. "Gran evasor de cumplimientos legales", dijo el cordobés Juez.La defensa de Salmain, que fue ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. Mostró un video en el que Juez, en calidad de senador, habría votado afirmativamente la designación de Salmain. "Lo hiciste vos, levantaste la mano", lanzó.Castro Bianchi, además, expuso otro video en el que supuestamente Salmain pronunció ante preguntas de miembros del Consejo de la Magistratura, antes de ser designado juez, que él trabajó "hace muchos años, pero como auxiliar" en el Poder Judicial. Más allá de la disputa sobre sus antecedentes, su defensa habló de "errores saldados" y cuestionaron si la normativa señala que es obligatorio o deseable que los concursantes aclaren por escrito antecedentes como tal.El otro de los hechos que el jury de enjuiciamiento consideró es la investigación sobre el supuesto cobro de sobornos al financista Fernando Whpei para facilitar acceso al mercado de cambios a través de medidas judiciales. El caso federal encuentra a Salmain en calidad de procesado y con prisión preventiva. No está en la cárcel porque, por su calidad de juez, posee fueros. Por la parte acusadora, el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, sostuvo que "Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación". Es decir, pidió su remoción. Barroetaveña cuestionó las decisiones de Salmain en el caso conocido como Attila. Este es un fideicomiso que reclamaba al Banco Central el acceso al mercado oficial de cambios para obtener US$10 millones, en época de cepo. Luego de una cautelar firmada por Salmain, Attila pudo realizar seis operaciones que sumadas daban esos dólares que, según el juez de Casación, "fueron transferidos al exterior".El magistrado cuestionó la cautelar así como otros aspectos de la decisión de Salmain como una "caución juratoria", pero también trajo a colación la declaración como imputado colaborador o arrepentido del financisWhpei. "Según su relato (el de Whpei), fue Santiago Busaniche quien le explicó que el costo sería un 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue", afirmó Barroetaveña. A su vez, mencionó impactos de antena de celulares que ubicaban en cercanías a Salmain y al financista Whpei, ya sea en adyacencias de su juzgado, en las de un hotel y las de un bar.En este sentido, la defensa de Salmain respondió que eso no significa que se hayan reunido y negaron que el juez de Rosario conozca a Whpei. Lo tildaron de "arrepentido mentiroso". El abogado Ubeira, defensor de Salmain, pidió: "Dejenlo en paz, rechacen los cargos, mándenlo a su juzgado".El jury de enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulliy la abogada Ana Beatriz Fernández. Ellos decidirán si Salmain conserva el cargo de juez.
Pidieron la destitución del juez federal de Rosario acusado por coimas y ocultamiento de antecedentes en su CV
Gastón Salmain escuchó el alegato del Consejo de la Magistratura, que pidió removerlo de sus funciones. Fue por dictar una medida cautelar presuntamente a cambio de un retorno económico y por mentir en el currículum que presentó para ser magistrado
En el juicio por la muerte de Maradona no solo pidieron condenas: también reclamaron que se investigue al director de la Clínica Olivos
En un fuerte alegato, el abogado Félix Linfante, uno de los letrados que representa a Jana Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, no solo pidió penas de prisión para seis de los imputados sentados en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del astro mundial del fútbol: también solicitó la extracción de testimonios para investigar a otras personas, como a Pablo Dimitroff, director médico de la Clínica Olivos, propiedad de la empresa Swiss Medical. "Entendemos que debe incluirse al director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitrov, porque estaba en conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Era él quien nutría de información a los demás; sabía de las decisiones. El 5 de noviembre [de 2020] la clínica lo internó [a Maradona] involuntariamente por riesgo de vida. Recuerden que se le hizo un coma inducido por síndrome de abstinencia y se cargó esa información en la historia clínica, información que para la toma de decisión para la salud del paciente no se consignó nunca más en la historia clínica. El equipo de Dimitrov sostenía que el domicilio [para continuar la rehabilitación] no era viable. El egreso se negoció con el entorno [de Maradona] con el director. El contenido del acta [de externación] lo dictó él sin constar la condición clínica del egreso. Después del egreso siguió indicando medicación. Pedimos que se investigue si, conociendo el riesgo, autorizó el egreso cediendo a presiones ajenas al criterio médico", sostuvo Linfante, que representa a Jana junto con sus colegas Marcelo D'Angelo y Gustavo Pascual.El alegato del abogado de Jana MaradonaEn un alegato que otros colegas presentes calificaron de "convincente", Linfante también solicitó la extracción de testimonios para investigar a Christian Maximiliano Pomargo, asistente personal del Diez, y a Vanesa Morla, la hermana del abogado Matías Morla, último representante y apoderado de Maradona, entre otras personas.Respecto del pedido de pena, Linfante solicitó penas de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, al considerarlo autor del delito de homicidio simple con dolo eventual; de diez años de cárcel para la médica Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical, de ocho años y dos meses de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov y de tres años de cárcel para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.Pero a diferencia de lo que sucedió en los alegatos del Ministerio Público, a cargo de los fiscales generales de San Isidro Patricio Ferraru y Cosme Iribarren, y del abogado Mario Baudry, que representa a Diego Fernando, el hijo menor de Maradona, Linfante pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz. El alegato de Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona"La actuación de Díaz fue sin dudas la que generó mayor debate en este equipo de trabajo. Queremos dejar claro que, para nosotros, el no hallazgo de alcohol en el cuerpo del paciente no lo vemos como un logro de Díaz. No queremos adjudicarle ese éxito profesional: él no participaba de las decisiones tomadas a espaldas de su familia. Díaz tenía poco poder de decisión. Sí se interesaba por la medicación y hablaba con Cosachov. En definitiva, no vemos su actuación profesional como buena, pero no logramos vincular sus opciones y omisiones con el deber de su rol de psicólogo. Por la ausencia del deber jurídico, y al tratarse de un psicólogo sin competencia para analizar el cuadro clínico, desde esta parte vamos a proponer que, al momento de dictar sentencia, se disponga su absolución", afirmó Linfante.La decisión de los representantes de Jana de no acusar al psicólogo Díaz provocó el enojo de sus hermanas, Dalma y Gianinna."Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento, ¡y después te diste cuenta de que el único fin de ese pedido era aislarlo! Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando... ¿cómo podés pedir la absolución? ¿Por qué harías algo así?", fue la pregunta retórica de Dalma Maradona en una historia que subió a Instagram.Gianinna también hizo una publicación en esa red social. "No hay explicación, no hay forma", escribió en letras blancas en un fondo negro.Linfante también solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, tal como había pedido la fiscalía.Antes de Linfante había alegado Baudry, quien pidió que Luque fuera condenado a 16 años de cárcel y que Díaz recibiera una pena de 12 años de prisión por considerarlo culpable del delito de homicidio simple con dolo eventual (la fiscalía lo había acusado de homicidio culposo).Para Forlini solicitó 14 años de prisión y para Cosachov, 12. A los acusados los definió como "una banda de irresponsables".
OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias
Google DeepMind y Meta, citados en la misma audiencia, rechazaron atarse a reglas obligatorias y confiaron en los organismos ya existentes
Pidieron la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili: de qué los acusan
El ministro de Economía y el presidente del Banco Central recibieron una fuerte denuncia en su contra. Leer más
Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación
Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su "tasación oficial e íntegra". La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que "el proceso continúa".El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una "ceguera deliberada" impide "evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional".Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso "deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos" a dicha normativa.Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue "el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)". Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.LA NACION contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que "el proceso continúa" y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, "queda desreservado" y hay "acceso al informe de valuación previo".La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. "La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un 'secreto comercial' oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía", dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, "la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente".Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como "unilaterales" decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. "Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)", señalaron. Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. "Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas", sostuvieron.Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía â??lo que en el mercado se conoce como enterprise valueâ?? rondaría los US$447 millones.
Estudiantes universitarios realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno y pidieron que se aplique la Ley de Financiamiento
El reclamo de las agrupaciones estudiantiles se da después de que la Justicia inhabilitó el derecho del Gobierno que limitaba la normativa. El próximo 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria
Antibióticos: fuerte rechazo a un planteo de productores de Irlanda que pidieron prohibir la carne argentina
Luego de que productores de Irlanda reclamaran a la Comisión Europea que restrinja el ingreso de carne vacuna argentina por un estudio que detectó residuos de antimicrobianos en suelos de feedlots del país, desde la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) rechazaron que los resultados puedan trasladarse a la inocuidad de la carne. La entidad, que colaboró con los investigadores facilitando el acceso a establecimientos, sostuvo que el trabajo tuvo un objetivo ambiental y que la Argentina cuenta con un sistema específico del Senasa para controlar residuos en los alimentos."Lo que demuestra es que se encuentran en los suelos residuos de antimicrobianos. Nada tiene que ver con los residuos en carnes ni con la inocuidad del producto", dijo a LA NACION Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Las muestras fueron obtenidas entre 2021 y 2023 y la investigación buscó determinar qué ocurría en el ambiente con los antimicrobianos administrados a los animales.Se destrabó un negocio clave con Europa y las exportaciones ya son más de cuatro veces las del primer semestreEl trabajo, titulado Assessment of Veterinary Antimicrobial Residues in Feedlot Soils in Argentina, fue publicado en septiembre pasado en la revista científica Antibiotics. Fue encabezado por Sergio Sánchez Bruni, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y Peers Davies, de la Universidad de Liverpool, junto con otros seis investigadores. Analizó muestras de suelo de corrales de 27 feedlots comerciales de diferentes regiones y escalas productivas y buscó 15 antimicrobianos mediante técnicas de cromatografía líquida y espectrometría de masas.La investigación no tuvo como objetivo determinar la inocuidad de la carne, sino que formó parte de un programa de cooperación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para estudiar la resistencia a los antimicrobianos en el suelo. El proyecto fue cofinanciado por el Conicet y el Departamento de Salud y Asistencia Social británico mediante el Global AMR Innovation Fund (Gamrif). La CAF facilitó la participación de las empresas y aportó las muestras necesarias para la investigación. Según los investigadores, había pocos datos en América del Sur sobre residuos de antimicrobianos en suelos de feedlots, información necesaria para evaluar riesgos ambientales bajo el concepto de Una Salud. Los resultados mostraron monensina en los 27 establecimientos estudiados, con concentraciones que en algunos sitios superaron las 15.000 partes por billón (ppb). Otros antimicrobianos, principalmente tetraciclinas, fueron detectados en el 70% de los feedlots. La oxitetraciclina alcanzó en uno de los sitios valores cercanos a 14.000 ppb.Otro de los resultados que destacó el paper fue que en el 40,7% de los establecimientos se detectaron compuestos que no aparecían en los registros disponibles de tratamientos. Entre ellos figuraron oxitetraciclina, tulatromicina, cefquinoma, enrofloxacina y ciprofloxacina. Los investigadores no atribuyeron ese resultado a una única causa: mencionaron como posibles explicaciones la persistencia histórica de los compuestos en el suelo, la redistribución de estiércol, registros incompletos, utilización fuera de indicación o contaminación cruzada.Storni aclaró que se trataba de productos que al momento del relevamiento estaban aprobados para la salud animal. El dirigente también explicó por qué era esperable encontrar restos de los productos en el suelo. "Los antibióticos no se metabolizan por completo en el animal; es lógico que haya residuos", señaló. Agregó que los hallazgos fueron heterogéneos dentro de los establecimientos y que hubo mayor presencia en corrales de inicio, donde los animales recién ingresados reciben tratamientos sanitarios.La controversia comercial surgió después de la publicación del estudio. La Irish Farmers' Association (IFA), que representa a productores irlandeses, utilizó los resultados para reclamar a la Comisión Europea que avance con una prohibición sobre la carne argentina. Su presidente, Francie Gorman, pidió extender al país las restricciones aplicadas a Brasil y sostuvo que la investigación planteaba interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares europeos en materia de antimicrobianos. La Unión Europea dejó a Brasil fuera de la lista de países habilitados bajo las nuevas exigencias sobre antimicrobianos desde septiembre de este año.Para Storni es difícil que la situación de Brasil pueda equipararse con la argentina. "Es un escenario que nada tiene que ver [con Brasil]; es totalmente distinta. Acá, lo que este estudio realmente marca es el residuo en suelos y no en carne", afirmó.En 2024, el Senasa prohibió en todo el territorio nacional el uso y comercialización de productos veterinarios con principios activos antimicrobianos destinados a promover el crecimiento, mejorar el desempeño o aumentar la eficiencia alimentaria de los animales. La normativa contempla, no obstante, excepciones para determinados antimicrobianos empleados como aditivos para alimentos animales, entre ellos la monensina.La Argentina tiene el Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) cuyo objetivo es detectar residuos y contaminantes que superen los valores establecidos por la legislación en productos destinados al consumo humano. Los planes de muestreo abarcan productos para consumo interno, exportación e importación y, según el Senasa, cuentan con la aprobación de servicios sanitarios de la Unión Europea y de los Estados Unidos, entre otros mercados. "Hoy Argentina no tendría nada de qué preocuparse. Tiene un sistema sanitario que, a través del Senasa, hace los controles pertinentes de residuos de antimicrobianos en carne. Eso nada tiene que ver con este estudio", afirmó. Para Storni, este antecedente puede servir para revisar las prácticas dentro de los establecimientos y profundizar las investigaciones sobre resistencia antimicrobiana.
Pidieron elevar a juicio a un matrimonio acusado de apropiarse de la nieta recuperada número 139
El requerimiento del fiscal Ramiro González atribuyó a un expolicía y a su esposa la falsificación registral que ocultó la identidad de la hija de Noemí Macedo y Daniel Inama desde 1978
"Los ladrones están cebados": productores entrerrianos pidieron "medidas urgentes" ante el avance de la inseguridad rural en la provincia
Ganaderos y representantes de entidades gremiales se reunieron la semana pasada para analizar la situación de una de las "zonas calientes" del abigeato en Entre Ríos.Denuncian "inacción judicial" ante los hechos.
Pidieron indagar a Alejandro Muszak, fundador y presidente de la fintech Wenance, por otras 520 estafas
Por medio de un "ardid o engaño", provocaron un "desplazamiento patrimonial" que perjudicó a 410 inversores por 3.331.096.665 de pesos, 8.760.820,86 dólares y 143.600 euros. Ante las pruebas reunidas, el fiscal federal Federico Iuspa solicitó que el fundador y presidente de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, sea citado a prestar declaración indagatoria por 520 casos de estafa.La presentación fue hecha ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. El representante del Ministerio Público solicitó también que sean citados a prestar declaración indagatoria la directora Wenance, Paola Vallone; su pareja, Pedro Viggiano, y Rodolfo Cleto García.Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. En julio pasado, la jueza Arroyo Salgado había elevado a juicio parte de la investigación contra Muszak, Vallone, Viggiano y García por integrar asociación ilícita, que habría operado entre 2016 y 2024. "De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, los 520 nuevos hechos por los que se pidió la indagatoria habrían sido cometidos en el marco de la referida asociación ilícita y guardan similitudes con las otras 524 estafas investigadas en la causa que comenzó en agosto de 2023 y que fue elevada a juicio en julio pasado. En este nuevo tramo de la investigación, la fiscalía consideró que la maniobra defraudatoria se vinculaba 'con la operatoria de constitución de fideicomisos financieros y firma de contratos de mutuo, ofrecidos por las distintas sociedades del conglomerado empresarial' liderado por Muszak, de 57 años, y que 'fueron ejecutados de manera concertada bajo la dirección de la misma asociación ilícita'", se dijo en la citada publicación.Según explicó el fiscal Iuspa en su dictamen, por medio de un "ardid o engaño, 410 inversores habrían confiado sus ahorros -en moneda nacional y extranjera- al grupo societario conformado por los imputados. Así, mediante la suscripción de contratos de mutuo o fideicomisos financieros, se les prometía que el dinero entregado se destinaría 'a inversiones rentables, con la promesa de obtener intereses elevados que generaron en los damnificados la expectativa de una ganancia extraordinaria'. Sin embargo, esto no fue más que uno de los tantos ardides empleados, al que se aduna la simulación de operaciones de inversión legítimas mediante fideicomisos financieros, la interposición de múltiples sociedades, la presentación engañosa de solvencia y respaldo financiero, la difusión masiva a través de medios digitales y redes".El representante del Ministerio Público sostuvo: "Dichas estrategias fueron empleadas para inducir a error a las víctimas y provocar así el desprendimiento patrimonial, dentro de un esquema fraudulento planificado y ejecutado por el entramado societario liderado por Muszak".Durante la investigación, el fiscal Iuspa tuvo la colaboración de distintas áreas especializadas del Ministerio Público, como la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).Según el requerimiento de elevación a juicio, tras poner en marcha Wenance, "Muszak diseñó un nuevo esquema de negocios basado en la constitución de diversos fideicomisos financieros, cuyo propósito consistía en sostener la actividad crediticia previamente desarrollada".El discurso para captar nuevos clientes se basaba en la presentación de supuestos beneficios económicos al tiempo que "se proyectaba la imagen de Muszak como un empresario exitoso y referente en el ámbito financiero, destacando su experiencia previa y presentándolo como creador y director de todos los negocios ofrecidos. Esta construcción discursiva buscaba otorgar credibilidad y legitimidad a las propuestas, reforzando la confianza de los potenciales inversores y facilitando la captación de sus ahorros", destacó la fiscalía.Iuspa afirmó también, según www.fiscales.gob.ar, que "la magnitud de la empresa, la expansión internacional y la existencia de una estructura con más de doscientos empleados denotan la existencia de un entramado societario y organizacional que habría permitido dotar de apariencia de legalidad a operaciones que, en su esencia, resultaban fraudulentas. Wenance y sus distintas marcas, habrían sido utilizadas para ocultar la verdadera magnitud del negocio y diluir responsabilidades penales, mediante la rotación de razones sociales, sedes y representantes legales, lo que dificulta deliberadamente la trazabilidad de los fondos y la identificación de los responsables".Según la fiscalía, luego de cumplirse inicialmente con los pagos de los intereses pactados, en julio de 2023 las sociedades que integraban el denominado Grupo Wenance entraron en estado de cesación de pagos y dejaron de cumplir las obligaciones asumidas, por lo que privaron a los inversores de la devolución de su capital como de los intereses prometidos, lo que evidenció en verdadero carácter defraudatorio de la maniobra. El fiscal Iuspa consideró que "no se trató de un incumplimiento contractual de índole comercial, sino de un esquema defraudatorio desde su origen, consistente en presentar a los inversores, créditos inexistentes o falsamente cedidos, con el único objeto de captar fondos bajo apariencia de legalidad".Además explicó que "el desvío de los capitales obtenidos en perjuicio de los inversores y en beneficio de los acusados, se evidencia a partir de su notorio crecimiento patrimonial personal, como así también de los cuantiosos gastos derivados del funcionamiento de la estructura societaria montada â??sueldos de empleados y directivos, alquileres de inmuebles, honorarios fiduciarios, publicidad, desarrollo tecnológico, entre otrosâ??, los cuales resultan a todas luces desproporcionados en relación con la actividad declarada y sin que se adviertan otras fuentes de ingresos lícitas que pudieran justificar tales erogaciones".En un primer momento, la investigación que llevó tras la rejas a Muszak estuvo radicada en el fuero nacional en lo criminal y correccional, con la intervención de la fiscal Mónica Cuñarro, pero por "conexidad" pasó a la justicia federal.
Estafas millonarias: pidieron que vaya a juicio Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y de Gonzalo Montiel
El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la investigación, lo definió como el "pater de la cadena delictiva que perjudicó a tantas víctimas" y pidió que el expediente donde está imputado el abogado Nicolás Payarola Hernayes, que entre otros famosos representó a la conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, sea elevado a la etapa de juicio oral y público."Se observa un mismo patrón, el cual se replica y atiende a que todo comienza con Payarola Hernayes presentándose como un hombre que atiende a su familia y hace parte de su familia a cada una de las víctimas. Familia en la literalidad de la palabra, compartiendo asados con el grupo familiar más íntimo y la familia como su grupo de trabajo en su estudio jurídico. En cada una de las víctimas de una u otra manera generó un vínculo donde no había lugar a la desconfianza ante la entrega total de la fibra más íntima, la familia y lealtad, pilares que al poco tiempo se vieron desmoronados ante la falta de respuesta concreta y eficaz a los reclamos patrimoniales de los perjudicados", explicó el representante del Ministerio Público en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.Hasta que fue detenido, a fines de noviembre del año pasado, Payarola Hernayes vivía en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, donde también tenía su estudio."En el curso de la investigación debo destacar además el papel protagónico y sistemático de Parayarola Hernayes en entorpecer y dilatar el trámite de la pesquisa", explicó Iribarren, que es uno de los fiscales generales de San Isidro y, además, tiene a su cargo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, en Tigre, en el citado requerimiento de elevación a juicio.Al imputado, de 42 años, se le impuso la prisión preventiva y está alojado en la cárcel de Melchor Romero. La Justicia le denegó varios pedidos que hizo su defensa, como el beneficio del arresto domiciliario."Los damnificados están agradecido por la labor del fiscal y también por el avance de la causa. Solamente entendemos de que esto constituye una organización criminal, es decir, una asociación ilícita y esa es la acusación que de manera privada vamos a llevar adelante. No se trata de una banda de estafadores, sino de algo mucho más sofisticado, liderado por Payarola Hernayes", dijo a LA NACION el abogado José María Vera, que en el expediente representa a víctimas de la estafas.En la causa declaró como testigo Nara, que fue clienta del abogado acusado de estafas. Dos de las presuntas damnificadas del accionar delictivo ison las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de TV y empresario en cuestiones civiles y ahora reclaman US$600.000 después de que les revocaron de forma unilateral el convenio de trabajo que habían firmado."Él revisaba y daba el visto bueno final; si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [el acusado] estaba enojado con cosas que presentaban [Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante de mí. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determinara en el expediente", sostuvo Nara al declarar como testigo ante el fiscal Iribarren.En la audiencia, la conductora de TV y empresaria contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación personal.Al ser consultada respecto de quién había firmado la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y a De Leonardis a patrocinarla en la causa civil [el reclamo de la cuota alimentaria de sus hijas tras su separación del futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: "Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente no me acuerdo de haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho 'firmá este papel que es para sacar a las abogadas'. Si se fija en el expediente civil mío no hay otra causa que tenga tantas cosas firmadas".Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. "No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas".La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se detallaba la obligación de abonar US$600.000 si se revocaba la presentación de las abogadas después de una reunión con el CEO de una importante empresa, encuentro que se llevó a cabo en el departamento de Nara en el edificio Château Libertador, de Núñez."Cuando terminó la reunión, Marcela [De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas se fueron le escribí a Nicolás, no sé si fue ese día o el siguiente, y le dije que me preocupaba porque tenía una cláusula de 600.000 dólares que yo no iba a poder pagarla y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de 90.000 dólares. Ahí le escribí, él me llamó y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: 'quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y ellas van a cobrar del ajuste de honorarios que va a hacer la Justicia'. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y ni con Macarena [Posse], y él me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que eso me iba a traer problemas".La investigaciónPayarola Hernayes fue detenido en su casa del barrio Golf, de Nordelta, Tigre, el 27 de noviembre del año pasado. Fue imputado por los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.Uno de los damnificados, según el expediente judicial, es Juan Montiel, padre de Gonzalo, lateral de River Plate y del seleccionado nacional de fútbol.La investigación del fiscal Iribarren había comenzado tras la denuncia de Sergio Occhiuzzo, uno de los clientes de Payarola Hernayes, a quien habría estafado en $63.672.107 y 64.200 dólares, según se desprende del expediente judicialA Juan Montiel, padre del futbolista de River, lo habría estafado en 150.000 dólares; a otro clienta en US$800.000 y a otro en 15.000.000 de pesos."Particularmente, la explicación brindada por Payarola Hernayes se encuentra enfrentada con documentación que acredita la recepción de importantes sumas de dinero y, en distintos casos, el destino específico para el cual aquellas le habían sido entregadas. La pericia caligráfica estableció, además, la autenticidad de las grafías atribuidas al sospechoso en la documentación sometida a estudio", explicó el fiscal Iribarren en el requerimiento a juicio.El representante del Ministerio Público afirmó que se encuentra acreditado que Payarola Hernayes y los otros tres acusados siempre utilizaron el mismo modus operandi, que fue ganarse la confianza de sus clientes mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas para después obtener en beneficio propio y posibles terceros el dinero que le era entregado para hacer inversiones u otras cuestiones.
Cítricos dulces: dos legisladores peronistas de Entre Ríos le pidieron a Quirno información sobre la demorada apertura de los EE.UU.
La apertura del mercado estadounidense para los cítricos dulces argentinos volvió a quedar en el centro de la agenda de Entre Ríos. El diputado nacional Guillermo Michel y el senador Adán Bahl, ambos representantes de esa provincia por el peronismo, le solicitaron al canciller Pablo Quirno información actualizada sobre el estado de las negociaciones para que naranjas y mandarinas frescas argentinas puedan ingresar a Estados Unidos.A través de una nota presentada ante la Cancillería, los legisladores pidieron conocer cuáles son las etapas que todavía quedan pendientes, tanto de la Argentina como de Estados Unidos, y cuáles fueron las últimas comunicaciones mantenidas con las autoridades sanitarias norteamericanas. El planteo apunta especialmente a conocer qué ocurrió con la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), un paso que permanece pendiente en el proceso."Evolucionen": el planteo del mexicano que logró un récord mundial de maíz sobre la siembra directa en la ArgentinaSe trata de una negociación de larga data. Según los fundamentos del proyecto presentado por Michel, las gestiones para acceder con estos productos al mercado estadounidense comenzaron en 2008 y en agosto de 2019 concluyó la instancia técnica bilateral entre el Senasa y el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Desde entonces, quedó pendiente la publicación para comentarios públicos del ARP. Para los legisladores, la posibilidad de ingresar a ese mercado tendría particular relevancia para las economías regionales y, especialmente, para la producción citrícola entrerriana. "La apertura de este mercado reviste especial importancia para las economías regionales argentinas y, particularmente, para la provincia de Entre Ríos y su sector citrícola", señalaron en la nota presentada ante Quirno. De acuerdo con las estimaciones sectoriales incluidas en el pedido, la Argentina podría llegar a exportar alrededor de 20.000 toneladas anuales de cítricos dulces a Estados Unidos, por un valor superior a US$20 millones por año. A esto se suma una condición comercial favorable: la producción argentina ingresaría durante la contraestación, por lo que no competiría de manera directa en el mismo período con la producción estadounidense.Prohibido. Tras el uso de un balde de glifosato para transportar chorizos, una entidad advierte: "No puede usarse para cocinar""La Argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense", remarcaron Michel y Bahl.El reclamo adquiere además otra dimensión por el contexto de la relación comercial bilateral. En los fundamentos del proyecto se señala que en febrero de 2026 ambos países suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, cuyo objetivo incluye reducir barreras arancelarias y no arancelarias y facilitar el intercambio entre ambos mercados. Los legisladores plantearon que la Argentina avanzó en distintos compromisos asumidos en la negociación bilateral, pero que todavía no se concretó un avance equivalente en el acceso de los cítricos al mercado estadounidense: "El análisis del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos evidencia una marcada asimetría en su nivel de cumplimiento".En la carta, Michel y Bahl enumeraron distintas medidas adoptadas por la Argentina en áreas vinculadas con esos compromisos. Entre ellas mencionaron la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cambios en las normas de homologación de vehículos importados y la simplificación del Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas.Mientras tanto, plantearon que sigue pendiente el acceso efectivo de los cítricos argentinos: "Se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense, lo que expone un desequilibrio persistente en la relación".El pedido también pone el foco en las gestiones realizadas por el Gobierno argentino desde 2023. Los legisladores solicitaron que la Cancillería informe cuáles fueron las comunicaciones oficiales recibidas de APHIS y USDA, qué explicaciones dieron las autoridades estadounidenses sobre las demoras y qué acciones diplomáticas, políticas y técnicas llevó adelante la Argentina para intentar destrabar el procedimiento. 5202-D-2026Otro de los puntos incluidos en la presentación está relacionado con el reclamo que la Argentina llevó desde noviembre de 2023 al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde planteó una Preocupación Comercial Específica por las demoras estadounidenses en la autorización de los cítricos dulces argentinos. Michel y Bahl también preguntaron específicamente qué tratamiento recibió la apertura de este mercado durante las negociaciones del acuerdo comercial bilateral y si el Gobierno considera actualmente el acceso de los cítricos dulces como una prioridad de la agenda con Estados Unidos. En particular, solicitaron conocer qué acciones concretas están previstas durante 2026 ante USDA y APHIS. La presentación busca, además, precisar qué falta para que el proceso avance hacia una apertura efectiva. Entre las preguntas elevadas al Poder Ejecutivo figura cuál es el plazo estimado para la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas y cuáles son actualmente los principales obstáculos técnicos, administrativos o políticos que impiden concretarla. "Para Entre Ríos, la apertura del mercado estadounidense representa una oportunidad concreta para ampliar mercados, incrementar exportaciones y fortalecer una de sus principales economías regionales", cerraron la carta los legisladores.
Bullrich almorzó con más de 30 empresarios: recibió el respaldo al modelo libertario, pero pidieron racionalidad
La senadora tuvo una comida privada con varios CEOs en el marco del Coloquio de IDEA. La defensa del rumbo y el pedido de tranquilidad frente a la premonición de mayor volatilidad para los próximos meses. Quiénes participaron del exclusivo encuentro
Por dejar abandonados a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, animalistas pidieron quitarle la visa de Estados Unidos a pareja de colombianos que viajaron desde Miami: "Absolutamente indignante"
La solicitud de revocar los permisos migratorios se basa en que los dos caninos quedaron en el puesto de control después de que el ICA detectara irregularidades en los documentos requeridos para su traslado. La pareja abordó luego su vuelo hacia Cali
RDC: Senadores demócratas le pidieron a Trump que no interfiera en las elecciones de Brasil
En Ronda de Corresponsales (RDC) detallaron que un grupo de legisladores estadounidenses reclamó al secretario de Estado, Marco Rubio, que la Casa Blanca garantice que respetará los resultados de los comicios de octubre, incluso si Luiz Inácio Lula da Silva es reelecto. Leer más
Corrupción: pidieron procesar al ex titular de ARSAT que le encontraron 2,4 millones de dólares
Se trata de Facundo Leal, quien estuvo al frente del organismo público durante los gobierno de Alberto Fernández y Javier Milei.Fue allanado y tenía millones de dólares en efectivo. La Fiscalía solicitó que sea procesado por cuatro delitos, entre ellos el cobro de coimas.
Causa ARSAT: dos fiscales pidieron procesar a Facundo Leal por presunta corrupción en la empresa estatal
Reclaman que se dicte la prisión preventiva al extitular de la firma de telecomunicaciones. Y que se lo procese como supuesto coautor de administración fraudulenta. Habría beneficiado a una empresa privada contratada para resguardar materiales de alto costo y valor estratégico
Javier Milei sorprendió con el dato de los 30.000 "terroristas deportados", pero ya le pidieron precisiones
En la entrevista con Luis Majul, el mandatario mencionó una cifra que llamó la atención por la magnitud. Cómo la justificó. Leer más
Fletcher dio positivo tras ganar la Polla de Potrillos: se pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad en Palermo
Fletcher dio positivo tras ganar el Gran Premio Polla de Potrillos y eso causó un gran impacto en el mundo del turf. Era el gran favorito, venció como la mayoría esperaba en la carrera que marcó el inicio de la Triple Corona argentina corrida el 5 de este mes en Palermo, y ya casi se estaba diseñando su futuro en Medio Oriente, tras un acuerdo para su venta que sólo necesitaba la última firma. Pero la conmoción fue mayor todavía en las últimas horas porque el sorpresivo doping está derivando en una investigación del equipo para saber qué sucedió el día anterior.Sin comunicación oficial sobre el hecho de las autoridades del hipódromo, que en estos casos reciben el informe del laboratorio del Cenard y avisan únicamente a los involucrados a la espera de realizarse una contraprueba, generalmente se hace el pronunciamiento oficial tras la apertura de un segundo frasco. Esta vez, trascendió antes por la magnitud de la cita. A poco de enterarse del resultado de los análisis, sus dueños y entrenadores se preocuparon en obtener las imágenes de las cámaras del sector en el que está alojado el caballo de Chos Malal y por eso se trabaja en el seguimiento de lo sucedido en el stud que está a cargo de Roberto Pellegatta y Juan Franco Saldivia, ya que el día anterior a la carrera el caballo tuvo un inusual episodio de sudoración.La sustancia que se habría detectado es clembuterol, un broncodilatador cuyo uso para la competencia está castigado con la descalificación, lo que invariablemente ocurrirá en este caso si se confirma el positivo, aunque se comprobara un supuesto sabotaje. Su impacto en el sistema del animal coincide con la reacción que tuvo aquel mediodía previo al inicio de la Triple Corona. Con la cabeza en frío, alguno podría haber pensado en la opción de retirarlo, como medida preventiva, pero la Polla no da segundas oportunidades en la vida de los caballos y era el gran favorito. Difícil que, salvo por un error, alguien pudiera creer que se le puede suministrar eso prohibido a un animal de semejante nivel, sabiendo que saldrá en los implacables estudios posteriores. Más allá de lo que se descubra en la investigación, si se confirma, en lo deportivo deberá pagar por la infracción al reglamento.De 3 años, transitando la primera temporada de su campaña, Fletcher llegó primero hasta aquí en cuatro de sus seis carreras, incluidos tres clásicos, y solamente perdió en el debut, entre sus cinco presentaciones sobre pista de arena, y en el único viaje a San Isidro. No fue inscripto para el Jockey Club (G1-2000m), el segundo paso de la Triple Corona que se hará el sábado próximo en el pasto norteño, porque sus propietarios habían aceptado una de las tantas ofertas que les llegaron. Iba a ser embarcado hacia Arabia Saudita. De hecho, vaya paradoja, los análisis realizados por quienes iban a ser sus compradores, dieron todos negativos unos días después, por lo que esa sustancia ya no estaba en el organismo, aunque puede permanecer en la sangre entre tres y siete días, se estima. En estos casos, el reglamento es riguroso: se considera si el clembuterol está o no, aunque sea mínima la cantidad, hubiera una falla del equipo o una mano negra.El Gran Premio Polla de Potrillos (G1)Finalmente, ante esta situación infrecuente, la venta no se pudo concretar y el zaino sigue siendo entrenado en el país, a la espera de conocerse la sanción que le corresponde, que suele ser de las categorías más bajas si se tratara de esa droga. Y está la incertidumbre sobre si los tiempos le permiten llegar a ser presentado en el Nacional, el 14 de noviembre próximo, para reconstruir su honor al final de la serie.
Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
La baja del jefe financiero de la Teófilo Forero provocó pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, Álvaro Uribe Vélez y miembros de la esfera política del país sobre el homicidio del exprecandidato
Chaco debate incentivos a la inversión: empresarios pidieron fortalecer a los proveedores locales
La Comisión de Hacienda analizó el proyecto "Chaco Invierte" junto a entidades empresariales. La iniciativa contempla beneficios fiscales y financieros y estabilidad tributaria de hasta 30 años. Leer más
Falsa academia de inversiones: pidieron indagar a 26 sospechosos por una estafa de más de 1000 millones de pesos
En un dictamen de 84 páginas, escrito en "lenguaje forense, pero al mismo tiempo coloquial para lograr una narración amena, comprensible y autosuficiente", el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Andrés Madrea pidió que 26 sospechosos sean citados a prestar declaración indagatoria, acusados de estafas, maniobras de intermediación financiera no autorizada y del lavado de activos producto de la actividad ilícita.Según la presentación que el fiscal Madrea hizo ante el juez Darío Bonanno, las "operaciones defraudatorias superan holgadamente" los 1000 millones de pesos, "dándose siempre una idéntica modalidad: la creencia falsa de estar invirtiendo su capital en acciones, bonos y otros títulos valores, cuya rentabilidad y movimientos de valuación se visualizaban por medio de una 'web app'; allí, los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales, a requisito y manejo de los 'asesores' de la 'academia de negocios' EquiQuant Capital.Según el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la investigación se inició por una denuncia en la ciudad de Buenos Aires, pero después se sumaron varias presentaciones de damnificados en distintas fiscalías y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), donde se hacía referencia a la existencia de una supuesta compañía de nombre EquiQuant Capital que, por medio de perfiles de redes sociales como Instagram o servicios de mensajería como WhatsApp, captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y una apariencia de legitimidad."El éxito de la elaborada artimaña no se encontraba únicamente estribado en el hecho de simular movimientos financieros y ver el dinero propio transferido en una aplicación -con el más que probable apoyo de uno o varios programadores-, sino que se apoyaba también en el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas, dedicadas a la captación de interesados, a la gestión de las cuentas recaudadoras de los fondos y a su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales -como más abajo detallaré-, sirviéndose, además, de la más que necesaria confianza de las víctimas en el adecuado funcionamiento del mercado de valores", sostuvo Madrea en el citado dictamen.La captación de víctimas no solo se produjo en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros puntos del país, como en la provincia de Chubut.En parte de su dictamen, el fiscal Madrea escribió: "Parafraseando a Celedonio Flores, Contursi o al gran Enrique Santos Discépolo, se podría canturrear que 'en la timba del ciberespacio, el chamuyo de una runfla de las teclas tejió una telaraña de bits para asaltar por timo a la gilada y quedarse siempre con el vento'".Para el representante del Ministerio Público, la operatoria bajo investigación no se trató de lo que se denomina "estafa piramidal". Y lo explicó: "No necesariamente cada damnificado se hallaba cooptado para acercar a otros potenciales afectados que sostuvieran al sistema en pie por el tiempo que durase el engaño. Por el contrario, el ardid era develado en el momento en que cada usuario de la 'web app' decidía retirar los réditos del dinero invertido o la totalidad del mismo, encontrándose en esos momentos con distintas excusas, como la necesidad de 'integrar pagos' para permitir la liberación de los activos, o la solicitud de nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), el abono de honorarios para los intermediarios financieros y toda clase de argumentos de similar índole. Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas".Para el fiscal, los "pretextos no funcionaban únicamente como cortina final del impedimento para el rescate de fondos, sino también como estímulos para lograr que las víctimas continuasen ingresando sumas en la plataforma, perpetuando así el perjuicio sufrido por la propia disposición patrimonial". La sindicada organización criminal, según el expediente judicial, habría empezado a operar a mediados de 2023."Es factible dimensionar la escala y la extensión del daño producido, la afectación a intereses legítimos y a diversos bienes jurídicos, principalmente la propiedad, pero también el orden público, la fe pública, el orden económico y financiero e, inclusive, la administración de justicia", se afirmó en la presentación ante el juez Bonanno.Cuando comenzó la investigación, el fiscal Madrea pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).Al poco tiempo del inicio de la investigación, se conoció que había una causa más avanzada que tramitaba ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Ufecyed) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola.En mayo pasado, por propuesta del fiscal Rivarola y ante la cantidad de casos que iban encontrándose respecto a varias decenas de víctimas, también en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que intervenían en casos similares, se estableció entre los fiscales intervinientes un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir la evidencia obtenida, aunar criterios probatorios y promover una tutela judicial efectiva y eficaz para víctimas de territorios lejanos entre sí, particularmente respecto al análisis integral de las rutas del dinero y las medidas cautelares para lograr el rápido congelamiento de cuentas, según www.fiscales.gob.ar.El ECI está integrado por el fiscal Rivarola (que interviene en la persecución de la asociación ilícita), el fiscal Madrea (a cargo de investigar las estafas con víctimas en la ciudad de Buenos Aires), el fiscal coordinador de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Oeced) de Córdoba, Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe; el fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe â??sede Rosarioâ??, Matías Ocariz; y la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos del Departamento Judicial de San Martín, Andrea Andoniades.El fiscal Rivarola, según el sitio de noticias del Ministerio Público, determinó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la realización de estas estafas reiteradas que se diseminan por todo el país a raíz de su conexión virtual. La organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales y los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto 'personal' de la academia, donde les 'adjudicaban' la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web EquiQuant Capital â??que funcionaba igual que otras aplicaciones de finanzasâ?? y, guiadas por los asesores, ingresaban dinero para comenzar a invertir, para lo cual debían transferir el dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales que les indicaban. Cuando las víctimas pretendían recuperar la inversión y las ganancias, les hacían efectuar nuevos pagos bajo múltiples excusas."Como bien ha dictaminado la Procuraduría especializada, parte de los sujetos investigados aportó la infraestructura societaria y bancaria vital -como la constitución de sociedades y apertura de cuentas- para el funcionamiento de la organización; otros se hicieron cargo del "control operativo" de las cuentas de correo electrónico y/o de las billeteras en las plataformas digitales; y un tercer grupo intervino en la fase de circulación y reconversión de los fondos recabados, destinándolos a la compra de criptoactivos o a través de mecanismos de intermediación/arbitraje financiero (no autorizados legalmente) orientados a dotar de liquidez difícilmente rastreable y con una apariencia lícita. Se trata, como he desarrollado, de un cúmulo de datos objetivos -registro de IPs, uso de correos electrónicos Gmail, líneas telefónicas a nombre de los implicados, inicios de sesión en domicilios vinculados a ellos, percepción de beneficios económicos directos y transferencias a terceros en pos del sistema de cancelación de obligaciones- que involucra de manera directa a las personas mencionadas y les asigna funciones específicas en el esquema, descartando cualquier hipótesis de intervención ocasional o de posible desconocimiento", sostuvo Madre en su dictamen.