Tras la cancelación del estatus legal para más de 300.000 ciudadanos haitianos, comerciantes y empresarios del sur de Florida enfrentan ausencias masivas de personal por el miedo a los operativos de ICE. Sectores como la gastronomía, la organización de eventos y el cuidado de adultos mayores reportan severas interrupciones en sus servicios.
Los nuevos agentes de extranjería se sumarán a los seis de la UCER desplazados al inicio de la crisis para identificar y documentar a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad
El gobierno de Donald Trump adjudicó un contrato federal de 158 millones de dólares a Our Rescue, una organización dedicada a combatir la trata de personas creada por Tim Ballard, un exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con acusaciones de crímenes en su contra. El financiamiento está dirigido a que participe en la representación legal de niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin padres o tutor legal.El contrato millonario de Trump con Our Rescue, la organización creada por BallardDe acuerdo con un informe de The Washington Post, el acuerdo fue gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), organismo encargado de la atención de estos menores. La adjudicación se produce después de que el gobierno comenzó a modificar los grupos que anteriormente prestaban servicios jurídicos a los niños involucrados en procedimientos migratorios.Our Rescue fue creada en 2013 por Ballard, exagente del ICE, que había trabajado alrededor de 12 años en grupos de tareas contra crímenes de explotación infantil, según su sitio web. La organización fue conocida inicialmente como Operation Underground Railroad (OUR) y centró sus actividades en operaciones contra redes de trata.La trayectoria de Ballard también sirvió como base para la película Sound of Freedom, que se estrenó en 2023. El exagente abandonó Our Rescue en julio de ese año y posteriormente pasó a desarrollar actividades a través de la Tim Ballard Foundation.Después de su salida, la organización quedó bajo la dirección de Derek Benner, otro exagente del ICE. El nuevo contrato de US$158 millones generó cuestionamientos entre organizaciones dedicadas a la defensa de inmigrantes debido a que no está claro qué cantidad de abogados especializados en derecho migratorio infantil posee Our Rescue.Sus responsables sostuvieron que la protección de menores expuestos a situaciones de explotación forma parte de los objetivos de la institución. "Estos niños se encuentran entre los más vulnerables del mundo y merecen toda la atención", dijo Benner, según reprodujo el medio.Las acusaciones contra el exagente del ICE que fundó Our RescueSegún The Washington Post, Ballard enfrenta actualmente distintas demandas civiles relacionadas con su conducta durante operaciones y actividades vinculadas con su organización. Entre las acusaciones aparecen señalamientos de agresión sexual, tráfico sexual y trabajo forzado. Algunas demandantes sostuvieron que fueron presionadas para participar en situaciones sexuales durante operaciones encubiertas. Las acusaciones en su contra fueron presentadas en una demanda en Utah en la que describieron situaciones que, según su versión, ocurrieron durante misiones de rescate.Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detencionesPor otro lado, una excolaboradora de Ballard alegó que él conspiró para que otro operador la agrediera sexualmente, aunque esta demanda fue desestimada por un juez, según detalló el exagente del ICE en su sitio web.Su defensa sostuvo que las denuncias forman parte de una estrategia coordinada para afectar su reputación y cuestionó la consistencia de algunos testimonios. También señaló que determinados procesos y solicitudes judiciales contra el exagente fueron desestimados.Los cambios de Trump en la defensa de los menores migrantes y las críticas que generóLa adjudicación a Our Rescue no constituye el único cambio en el sistema de asistencia legal para menores migrantes. Un pequeño estudio jurídico de Texas, Burke Law Group, recibió previamente un contrato de US$150 millones para prestar servicios similares. La firma está dirigida por Marcella Burke, quien ocupó un cargo durante la administración Trump. Los nuevos acuerdos sustituyen a organizaciones que habían trabajado durante cerca de dos décadas con niños involucrados en procesos ante tribunales de inmigración.Los defensores de los inmigrantes cuestionaron que entidades con menor trayectoria específica puedan asumir la atención jurídica de una población que requiere representación especializada. Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, sostuvo que el cambio puede facilitar las deportaciones. Según indicó a The Washington Post, su organización tampoco recibió una notificación oficial sobre la transferencia de determinados casos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó el 11 de agosto que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició 25 demandas civiles para solicitar la revocación de la ciudadanía de personas naturalizadas. Las acciones se interpusieron entre el 20 de julio y el 3 de agosto en distintos tribunales federales.Qué récord de demandas de desnaturalización confirmó el UscisDe acuerdo con un comunicado oficial de Uscis, las 25 acciones presentadas desde julio constituyen el mayor esfuerzo de desnaturalización registrado hasta el momento. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia inició 123 demandas civiles, la cifra más alta de la historia documentada.La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía de una persona naturalizada y cancelar su certificado cuando obtuvo el beneficio de forma ilegal, ocultó hechos importantes o proporcionó información falsa durante el proceso.Fraudes migratorios, identidades falsas y matrimonios simuladosOnce de las 25 demandas se relacionan con el uso de identidades falsas, el ocultamiento de órdenes de expulsión o la obtención de beneficios migratorios mediante matrimonios simulados. Los expedientes fueron presentados en distintos tribunales federales. Los demandados son:Zia Murad Bhatti (59 años, Pakistán): la demanda del Distrito Este de Arkansas sostiene que ingresó ilegalmente en 1992, recibió una orden de expulsión y permaneció en el país norteamericano. Luego obtuvo la residencia mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense y ocultó su identidad anterior y la orden migratoria al naturalizarse. Narinder Singh (65 años, India): el expediente presentado en Delaware afirma que utilizó dos identidades para ingresar desde 1996. Obtuvo la ciudadanía en 2008. Luisa Fernandez Ordonez (54 años, Colombia): la acción iniciada en el Distrito Norte de Georgia señala que obtuvo la residencia mediante un matrimonio fraudulento. En 2003 se casó con otro hombre sin divorciarse de su primer esposo y ocultó ambas circunstancias. Jonathan Omorogieva Obasohan (56 años, Nigeria): el caso de Massachusetts sostiene que ya tenía una orden de deportación bajo el nombre Tinosa Joe Aigbedion. Más tarde consiguió la residencia y la ciudadanía con otra identidad. Enos Fong Korti (51 años, Liberia): la demanda de Minnesota afirma que se presentó como hijo soltero de un ciudadano estadounidense, pese a que estaba casado. Durante la naturalización también declaró que nunca había mentido a funcionarios. Yetunde Folake Olaniyi (56 años, Nigeria): tras incumplir una orden de expulsión, habría adoptado el nombre Folake Rosemary Thomas y celebrado un matrimonio simulado mientras continuaba casada con un ciudadano nigeriano. Obtuvo la residencia y la ciudadanía con esa identidad. En 2014 fue condenada por fraude de pasaporte después de que sus huellas revelaran su identidad. Mohd Wasif (56 o 58 años, Pakistán): la presentación del Distrito Este de Texas busca anular naturalizaciones obtenidas mediante las identidades Mohd Wasif y Mohammad Khanwasif. El acusado habría ocultado solicitudes migratorias y declaraciones falsas asociadas con ambos nombres. Esther Quayle (50 años, Ghana): el caso de Tennessee indica que obtuvo la residencia a través de su esposo, quien había robado la identidad de un ciudadano estadounidense. Luego se naturalizó sin revelar la identidad y nacionalidad reales del hombre. Yi Lee (46 años, Taiwán): entre enero de 2016 y mayo de 2017 habría organizado matrimonios simulados, coordinado pagos y preparado a los participantes para entrevistas migratorias. En 2017 se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial. Eddie Jones Appah (66 o 67 años, Ghana): el expediente de Nueva Jersey sostiene que omitió una entrada anterior y una deportación efectuadas bajo otra identidad. Vivian Chike Obichere (72 años, Nigeria): se naturalizó en 2013 y negó conductas delictivas, viajes, otros nombres y declaraciones engañosas. Después se declaró culpable por la solicitud y utilización de un pasaporte con los datos de otra persona. ¿Qué expedientes incluyen delitos sexuales contra menores?Nueve acciones se vinculan con delitos sexuales contra menores o material de abuso sexual infantil. En varios expedientes, las autoridades sostienen que los involucrados ocultaron las conductas durante el proceso de naturalización.Tatiana Power (46 años, Moldova): ingresó en 2005 y se naturalizó en 2010. En 2021 fue acusada por su participación en un negocio que vendía imágenes y videos de abuso sexual infantil. Admitió que se había incorporado antes de obtener la ciudadanía y en 2022 fue condenada por conspiración para lavar las ganancias. Jose Luis Martinez-Zavala (80 años, México): la demanda de Texas sostiene que ocultó una agresión sexual agravada contra un menor cometida en 2010. Se naturalizó en 2014 y fue condenado en 2020. Jose Francisco Cruz (72 años, Honduras): abusó sexualmente de su hijastra menor entre el 28 de diciembre de 1995 y el 6 de junio de 1998. Se naturalizó el 20 de febrero de 1996 y en 1999 se declaró culpable de tres cargos. Recibió 16 años de prisión y la obligación de registrarse como delincuente sexual. Francois Nguessi Dame (65 años, Camerún): abusó de su hijastra desde que tenía 10 años hasta los 16, entre diciembre de 2008 y marzo de 2015. Obtuvo la ciudadanía en agosto de 2014 y fue condenado en mayo de 2017. Carlos Ernesto Giron (65 años, El Salvador): fue condenado en 2019 por el abuso sexual de dos menores, cometido entre 2005 y 2010. La demanda de Maryland afirma que ocultó esos hechos en su solicitud. Juan Camilo Montoya (34 años, Colombia): recibió la ciudadanía por su servicio militar, pero fue dado de baja del Cuerpo de Marines antes de completar cinco años de conducta honorable. Se declaró culpable ante una corte marcial por posesión y distribución de pornografía infantil. También negó una citación policial anterior por un hecho relacionado con drogas. Cantave Previlon (63 años, Haití): abusó sexualmente de su hija menor desde julio de 2007 y ocultó la conducta al naturalizarse. Después admitió el delito bajo juramento y fue condenado por agresión sexual. Miguel Eduardo Romero (67 años, El Salvador): el expediente de Maryland afirma que abusó repetidamente de su nieta menor antes de convertirse en ciudadano y ocultó los hechos durante el trámite. Manuel Antonio La Rosa-Lopez (68 años, Perú): cometió actos de indecencia contra un menor antes de solicitar la naturalización. Fue acusado y se declaró culpable después de obtenerla. Actualmente cumple una pena de 10 años de prisión. Violencia, estafas financieras y servicio militarLas cinco demandas restantes abarcan violencia, fraude bancario, robo de identidad, ejercicio ilegal de la medicina y el incumplimiento de las condiciones exigidas a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante el servicio militar.Emigdio Sanchez (62 años, México): golpeó gravemente a su esposa en agosto de 1998 y provocó su hospitalización. Durante una entrevista migratoria realizada al mes siguiente, negó haber sido arrestado o cometido delitos. Se declaró culpable de agresión con agravantes. Dwyane Robinson (44 años, Jamaica): fue condenado por intento de asesinato en primer grado y agresión con un arma mortal. Había obtenido la ciudadanía por su servicio militar, pero el Ejército lo dio de baja el 31 de diciembre de 2013, mientras esperaba el juicio y antes de completar cinco años de servicio honorable. Haitham A. Mustafa (58 años, Jordania): utilizó nombres falsos para cometer fraudes con tarjetas de crédito desde noviembre de 1999, antes y después de su naturalización en mayo de 2001. En 2006 fue condenado por fraude bancario y con tarjetas, recibió 25 meses de prisión y debió pagar US$146.646,43 a las víctimas. Jairo Javier Pedron Tellez (29 años, Cuba): entre abril de 2015 y septiembre de 2017 participó en una operación para retirar correspondencia de buzones del Servicio Postal, alterar cheques y cobrarlos o depositarlos. El grupo obtuvo casi US$175 mil. Syed Tanweer Ahmad (82 años, Suecia): también utilizó los nombres Timothy Syed Andersson y Tanweer Ahmad Syed. Durante años se presentó como profesional médico y cometió hurtos contra varias personas. En 2011 recibió seis años de prisión por 64 delitos: 30 cargos por ejercer medicina sin licencia, 30 por hurto mayor, uno por perjurio y tres por falsificación. ¿Cuál es el estado de las 25 demandas de desnaturalización?El Departamento de Justicia solicitó judicialmente que se revoque la ciudadanía de las 25 personas. La agencia sostuvo que las conductas enumeradas demuestran la falta del buen carácter moral exigido para naturalizarse y que los acusados ocultaron información ante funcionarios de Uscis.Sin embargo, las afirmaciones contenidas en las demandas constituyen acusaciones. Hasta el momento, los tribunales no emitieron una determinación de responsabilidad dentro de estas acciones civiles. Uscis mantiene habilitado su formulario para denunciar posibles fraudes o abusos relacionados con beneficios migratorios.
Un bufete de Texas rechazó un contrato federal para representar a menores migrantes no acompañados, dejando en duda su representación legal futura.El gobierno otorgó un contrato temporal a USCRI, cuya intervención improvisada generó confusión en tribunales de inmigración.
El ministro de Justicia marroquí denuncia que Rabat envía agentes a España para recoger a los reclamados y que, en ocasiones, la entrega finalmente no llega a producirse
Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino de 34 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención, después de ser detenido el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida. El jugador del Miami United FC viajaba con sus compañeros hacia Los Ángeles para disputar las semifinales nacionales de la United Premier Soccer League (UPSL).Qué pasó con el futbolista argentino detenido por ICESegún informó Miami Herald en una actualización publicada el 12 de agosto, Pourrain fue detenido después de pasar el control de seguridad del aeropuerto junto con sus compañeros y llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en Miramar.Posteriormente, Telemundo 51 informó que comenzó su traslado al Krome North Processing Center, en Miami, aunque la información más reciente señala que finalmente fue llevado al Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, donde permanece bajo custodia.Miami Herald señaló que tres personas se acercaron a Pourrain después de que pasó por el control de seguridad del aeropuerto. El club confirmó que el futbolista fue separado de sus compañeros antes de quedar detenido.El deportista detenido por el ICE también trabaja como entrenador de jóvenes en la academia del Miami United, además de integrar el plantel principal.Qué dice el gobierno de EE.UU. sobre la situación del futbolista detenido por el ICEEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que Pourrain ingresó legalmente a EE.UU. el 12 de noviembre de 2019, a través del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con autorización para permanecer seis meses.De acuerdo con la versión oficial citada por Miami Herald, ese período venció el 11 de mayo de 2020 y el futbolista continuó en el país norteamericano después de esa fecha. El DHS indicó que permanecerá bajo custodia mientras avanza su proceso de expulsión y que contará con las garantías correspondientes. La agencia también informó que Pourrain fue arrestado por ICE el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale.La defensa del futbolista argentino detenido por el ICELa defensa presenta una versión diferente sobre la situación migratoria del futbolista. Según declaró su abogada, Regina de Moraes, a Telemundo 51, Pourrain tiene una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente. Miami Herald también recogió la posición del anterior club del jugador, Club de Lyon FC, que afirmó que cuenta con autorización laboral y una identificación de Florida y que no tiene antecedentes penales. Esos elementos describen la posición de la defensa y del club, pero no modifican el dato oficial señalado por el DHS sobre el vencimiento de su autorización.La abogada presentó una moción para solicitar la libertad bajo fianza y pidió una audiencia ante un juez de inmigración, según informó el New York Post.Qué dijo el Miami United sobre la detenciónEl Miami United FC manifestó su respaldo a Pourrain y afirmó que colabora con su familia y su equipo legal. En un comunicado oficial, el club señaló que quedó "profundamente consternado" por la detención y que desde el primer momento brinda asistencia al futbolista y a sus allegados.Pourrain se incorporó al Miami United en 2026. Antes había jugado y ejercido como capitán del Club de Lyon FC, en el área de Orlando, hasta diciembre de 2025, según la información publicada por Miami Herald.El equipo también difundió mensajes en redes sociales en apoyo del jugador y cuestionó la descripción realizada por las autoridades sobre su situación migratoria.
Bajo la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avanzó con redadas y deportaciones masivas en los últimos meses. La intensificación de las operaciones, según testimonios de actores del sector empresario, sumió en una crisis de mano de obra a empresas que emplean trabajadores migrantes en agosto de 2026.El problema que enfrentan las empresas con trabajadores migrantes por las deportaciones masivas del ICEEn agosto de 2026, sectores claves de la economía estadounidense, como la construcción, la agricultura y los servicios, se enfrentarían a problemas con la mano de obra a causa de las políticas migratorias impulsadas a nivel federal. Los empresarios advierten que estas medidas no solo reducen la fuerza laboral, sino que también incrementan los costos de producción y afectan directamente la oferta de vivienda.Un informe de la organización America's Voice señaló que se perdieron 668 mil empleos en 86 ciudades donde hubo un fuerte aumento de los operativos del ICE durante el primer semestre de 2025.El reporte también identificó que los precios suben más rápido en los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Mientras que los costos básicos subieron un 2,6%, los bienes y servicios que requieren empleados extranjeros registraron alzas de entre el 6,3% y el 32,1%.Los investigadores estimaron que, por cada arresto realizado por el ICE, se pierden 13 empleos adicionales en la economía. Esto es particularmente impactante en ciertos sectores específicos: en la agricultura, el 68% de los trabajadores son inmigrantes; en la jardinería, el 39% y en el cuidado a domicilio, el 39,8%.Más allá del efecto en la fuerza laboral inmigrante, las redadas reducen la actividad económica general, lo que provoca despidos de empleados nacidos en Estados Unidos. De la pérdida de 668 mil puestos, se calcula que entre 51.000 y 297 mil eran ocupados por estadounidenses.La propuesta de visas para trabajadores migrantes en EE.UU.En medio del escenario económico que afronta Estados Unidos, fuentes cercanas al gobierno sugieren una reforma en el sistema de visados para permitir que "puedan venir trabajadores a trabajar temporalmente en las empresas para suplir algunos de esos empleos", según Univision.La idea se alinea con la visión de Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien abogó por modernizar los programas de visas de empleo para solucionar la escasez de mano de obra y fortalecer la economía durante la Reunión de Verano de la Asociación Nacional de Gobernadores."No hemos tenido una reforma migratoria real desde 1959. Hay una razón. Es política. Si queremos que nuestra economía crezca, entonces debemos buscar soluciones más permanentes", analizó.No obstante, sus declaraciones fueron recibidas con reticencia por parte de varios funcionarios y figuras políticas cercanas al gobierno. El comentarista conservador Robby Starbuck calificó las palabras como "una traición total".Por su parte, el republicano Steve Bannon declaró a Politico: "Mullin es la persona equivocada en el momento equivocado para el puesto equivocado; en un momento en que necesitamos centrarnos en las 'deportaciones masivas', nos encontramos con un defensor de la amnistía".Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.Las deportaciones masivas en EE.UU. en 2026Aunque en 2026 las redadas no tuvieron tanto protagonismo como el año pasado, las estadísticas oficiales muestran que las deportaciones de migrantes fueron en aumento en Estados Unidos. Según datos del ICE, citados por ABC News, el número total de expulsiones durante el año fiscal 2026 ascendía a 356.389 a fines de julio.Con estos números, las deportaciones de este año se encaminan a superar el récord establecido por la administración de Barack Obama. En el año fiscal 2013, se expulsó a 438.421 personas, y aún le quedan dos meses más al presente año fiscal, que termina el 30 de septiembre.Asimismo, el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales, de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica en su portal oficial que 65.765 personas permanecían recluidas en centros de detención a lo largo de Estados Unidos a mediados de julio. Del total, 46.436 (70,6%) no tienen antecedentes penales.
BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) acordó con Meta y TikTok la activación de un mecanismo extraordinario contra la desinformación relacionada con los cruces de migrantes hacia Ceuta, dos semanas después de que unas 72.000 personas llegaran al enclave español desde Marruecos, en una crisis en la que las redes sociales tuvieron un papel central.El acuerdo fue anunciado por Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, después de varios días de conversaciones con ambas compañías. La medida llega ante el temor de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto, alentado por mensajes que comenzaron a circular en las plataformas.El mecanismo no consiste en una nueva aplicación para los usuarios. Meta y TikTok habilitarán una vía especial para detectar contenidos sospechosos sobre Ceuta y enviarlos con prioridad a verificadores independientes, con el objetivo de acelerar la respuesta frente a rumores, rutas falsas o promesas engañosas que puedan incentivar cruces peligrosos.Cada empresa aplicará después sus propias políticas. Si los verificadores determinan que un contenido de Facebook o Instagram es falso o está manipulado, Meta puede reducir de forma considerable su difusión. TikTok puede retirar publicaciones que infrinjan sus normas y dejar de recomendar aquellas cuya veracidad esté bajo revisión o no pueda confirmarse.La Comisión Europea y Europol mantendrán además contactos diarios con las plataformas para intercambiar información sobre los mensajes que circulan en las redes. Virkkunen también conversó con el ministro español para la Transformación Digital, Óscar López, sobre las medidas para evitar nuevos cruces y pérdidas de vidas.La preocupación tiene como antecedente inmediato la crisis de finales de julio. Unas 72.000 personas llegaron a Ceuta, la mayoría a nado o a pie, según cifras del Ministerio del Interior español. Alrededor de 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos. El episodio dejó además casi un centenar de muertos.En ese contexto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó este martes Ceuta y lanzó una advertencia a quienes evalúen intentar nuevos cruces. "Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso", afirmó. En la primera visita oficial de un canciller español a la ciudad autónoma, Albares aseguró además que "hasta la última persona que ha entrado irregularmente volverá a Marruecos".Detrás de aquella movilización tuvo especial peso un mensaje que se propagó con rapidez: "la frontera de Ceuta estaba abierta". Un informe del analista de seguridad e inteligencia Chema Gil calculó que la campaña desarrollada en Internet desde comienzos de julio acumuló 11 millones de impactos.Parte de la desinformación surgió de una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio. Algunas publicaciones afirmaron que la decisión impedía devolver a migrantes interceptados en el mar.Los mensajes que alimentaron la crisis aparecieron principalmente en Facebook y WhatsApp, explicó Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad. Una investigación de fuentes abiertas de la empresa Golden Owl consideró, con un nivel elevado de confianza, que la llegada masiva había sido "una operación organizada deliberadamente", aunque no pudo establecerse quién inició la campaña.Las autoridades europeas temen ahora que esas dinámicas se repitan. Ceuta y Melilla son escenario de intentos de entrada desde Marruecos. Ya en 2024, más de 150 personas fueron procesadas en ese país por un episodio similar relacionado con convocatorias en redes.Meta y TikTok forman parte además del Código de Conducta sobre Desinformación, incorporado desde 2025 al marco de la Ley de Servicios Digitales europea. Bruselas busca ahora utilizar esas herramientas con mayor rapidez ante una crisis en la que un contenido viral puede trasladar sus consecuencias fuera de Internet y poner vidas en riesgo.Agencias ANSA y AP
La protección migratoria para esa comunidad vence el 9 de septiembre y la falta de señales oficiales, a menos de un mes, alimenta el temor de que la administración Trump no la prorrogue
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su apoyo a los residentes afectados por el terremoto en Colombia. El mensaje, publicado en redes sociales la noche del lunes 10 de agosto, estuvo dirigido a quienes perdieron seres queridos o intentaban comunicarse con familiares y amigos.Qué dijo Mamdani sobre el terremoto en ColombiaEn una publicación de la cuenta oficial de la Alcaldía en X, Mamdani manifestó su respaldo a la comunidad colombiana de la ciudad. El funcionario se refirió a las personas que atravesaban horas de incertidumbre por la situación de sus allegados.El alcalde sostuvo que sus pensamientos estaban con quienes habían perdido a un ser querido y con aquellos que intentaban contactarse con familiares y amigos. Luego se dirigió a los neoyorquinos vinculados con las zonas alcanzadas por el sismo y les aseguró que "no están solos". Mamdani también anticipó que difundirá información y recursos disponibles ofrecidos por su administración a medida que se conozcan nuevos datos.La reacción del alcalde se extendió a otras comunidades de la región. Mamdani señaló que el impacto se sentía más allá de Colombia y afirmó que también tenía presentes a los vecinos ecuatorianos y venezolanos. El movimiento se percibió en Ecuador y Panamá. La referencia a Venezuela se produjo después de los dos fuertes sismos que afectaron a ese país a fines de junio; destruyeron cientos de edificios y provocaron más de 6300 muertes.Terremoto en Colombia: muertos, desaparecidos y daños tras el sismo de magnitud 7,4El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, una comunidad de unos 4800 habitantes ubicada en el departamento de Chocó, a 400 kilómetros al oeste de Bogotá. El Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el más fuerte registrado en el país durante el siglo XXI. Tras el movimiento principal se produjeron varias réplicas.Hasta la noche del lunes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU había confirmado 126 muertos y 1495 heridos. Durante el martes, las estimaciones de las autoridades locales citadas por Reuters elevaron el balance a alrededor de 224 muertos. El desastre dañó casi 5000 viviendas, provocó el derrumbe de decenas de edificios y destruyó cientos de residencias. En Cali, el colapso de varios pisos de un hospital dejó pacientes atrapados y obligó a atender a otras 600 personas en la calle. Los rescatistas continuaban la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, especialmente en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, y otras localidades de la región cafetera. Las tareas se vieron dificultadas por los cortes de electricidad, agua, comunicaciones y servicios sanitarios.Las autoridades también cerraron seis aeropuertos y registraron daños en decenas de carreteras. Debido a las dificultades para comunicarse con algunas de las zonas más afectadas, advirtieron que el número definitivo de víctimas y la dimensión total de los daños podrían tardar varios días en establecerse.Ayuda para Colombia: Estados Unidos destina US$15,5 millones y otros países preparan asistenciaEl gobierno colombiano anunció subsidios de alquiler para las personas cuyas viviendas necesitaran reparaciones o fueron destruidas. La Cruz Roja del país recibió más de cinco toneladas de donaciones destinadas a los sobrevivientes.Estados Unidos comprometió US$15,5 millones para refugios de emergencia, alimentos y otras acciones de respuesta. México preparaba el envío de 255 especialistas en búsqueda, rescate y salud, además de cuatro toneladas de medicamentos. El operativo esperaba una solicitud formal de Colombia.
El Instituto Armado advierte de que existen nuevas barreras de contención en la frontera y siguen de cerca el rastro de los grupos que se organizan en Facebook, WhatsApp, Telegram e Instagram para un nuevo cruce masivo el 15 de agosto
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) quedó habilitado para avanzar con la exigencia de la presentación electrónica de determinados trámites. La nueva medida modifica la manera en que los migrantes deberán enviar algunas solicitudes de beneficios. El Uscis establece nuevas reglas para la presentación electrónicaLa medida surge de un reglamento final provisional emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 11 de agosto.Según explicó el Uscis en su comunicación oficial, la normativa le permite exigir que determinadas solicitudes migratorias sean enviadas exclusivamente por medios electrónicos cuando se cumplan las condiciones establecidas. El cambio forma parte de un proceso destinado a reemplazar progresivamente los trámites en papel por procedimientos digitales.La autoridad migratoria podrá establecer la obligatoriedad para cualquier formulario que haya estado disponible para la presentación electrónica durante al menos 180 días. Antes de que esa obligación comience a aplicarse sobre un trámite determinado, la agencia deberá informar públicamente la decisión en su sitio web con un mínimo de 60 días de anticipación.Por lo tanto, la entrada en vigencia del reglamento no significa que desde este mismo día todos los formularios migratorios deban presentarse por internet. Lo que comienza a regir es la autoridad que permite al Uscis imponer ese requisito para las solicitudes que cumplan las condiciones previstas.Los formularios del Uscis que se pueden presentar digitalmenteLa presentación electrónica no constituye un mecanismo nuevo para el sistema migratorio estadounidense. De acuerdo con la información proporcionada por el Uscis, una cantidad importante de solicitudes ya puede gestionarse digitalmente.Hasta el 16 de diciembre de 2025, el organismo contaba con 22 formularios habilitados para esta modalidad. Los canales disponibles dependen del documento que se pretenda presentarUna de las alternativas es el sistema denominado Guided Online Filing, mediante el cual el usuario completa el formulario de manera interactiva. La segunda modalidad habilitada por el Uscis es PDF Intake, conocida como PDFi.En ese caso, el solicitante completa el documento en formato PDF y posteriormente lo carga en su cuenta en línea junto con la documentación de respaldo. El sistema permite automatizar distintas etapas relacionadas con la recepción, validación y procesamiento del trámite.Entre los formularios que cuentan con opciones de presentación electrónica aparecen:El I-90, utilizado para solicitar el reemplazo de la tarjeta de residente permanente.El I-130, correspondiente a una petición de familiar extranjero.El I-131, para solicitar un documento de viaje.El I-589, destinado a solicitudes de asilo y suspensión de remoción.El I-765, correspondiente a la solicitud de autorización de empleo.El I-821, relacionado con el Estatus de Protección Temporal.El N-400, utilizado para solicitar la naturalización.El N-600, destinado a la solicitud de un certificado de ciudadanía.El Uscis busca reducir los trámites en papel y acelerar las solicitudesSegún explicó el Uscis en su anuncio sobre la nueva normativa, uno de los objetivos es eliminar progresivamente la dependencia de los servicios físicos de recepción de documentos conocidos como lockboxes del Departamento del Tesoro. La migración hacia un sistema digital también busca acelerar la transición hacia el cobro electrónico de las tarifas.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisEl organismo sostiene que la digitalización permitirá recibir, almacenar y consultar información con mayor facilidad que mediante expedientes en papel. Ese acceso más rápido a los datos también apunta a mejorar las herramientas utilizadas para detectar posibles fraudes, administrar identidades y realizar controles relacionados con la seguridad nacional.
A raíz de la decisión de la Corte Suprema que respaldó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) impulsada por el presidente Donald Trump, el Ayuntamiento de Nueva York inició la revisión de licencias laborales. La medida afectará a decenas de empleados municipales haitianos cuyos permisos vencieron el 24 de julio.
La iniciativa costarricense prevé beneficiar a personas de cuatro nacionalidades con solicitudes de refugio presentadas entre 2014 y 2026, en un contexto de más de 89,000 expedientes pendientes
LONDRES.- Un récord de 230 migrantes, incluidos más de 20 niños, cruzó el Canal de la Mancha durante la noche del domingo a bordo de una sola embarcación neumática con destino a Gran Bretaña, en una nueva señal del aumento del tamaño de las lanchas utilizadas para realizar estas peligrosas travesías desde las costas del norte de Francia.Los migrantes fueron contabilizados cuando la embarcación partió el domingo por la noche desde la costa nororiental francesa, en medio de escenas calificadas de caóticas por el servicio francés de salvamento marítimo SNSM. La cifra supera el anterior récord de 165 personas, registrado en julio.El Ministerio del Interior británico no confirmó el número exacto de pasajeros, pero condenó las "tácticas temerarias y peligrosas" utilizadas por las bandas criminales que organizan los cruces.El vocero del primer ministro Andy Burnham calificó de "impactantes" las imágenes de niños pequeños siendo embarcados en lanchas que consideró "no aptas para navegar".El episodio se produce pocos días después de que otra embarcación neumática de gran tamaño, con más de 150 personas a bordo, volcara en el Canal de la Mancha después de que su motor se incendiara. El accidente provocó una importante operación de búsqueda y rescate. Las autoridades informaron posteriormente que los ocupantes fueron rescatados, aunque 11 personas sufrieron heridas leves y tres fueron trasladadas a un hospital de Boulogne.El creciente uso de las llamadas "megalanchas" representa un nuevo desafío para las autoridades británicas y francesas, que intentan frenar los cruces clandestinos y desarticular a las redes de tráfico de personas que operan en el norte de Francia.Aunque el número total de personas que cruzaron el Canal este año cayó más de un 40% respecto del mismo período de 2025, el tamaño de las embarcaciones utilizadas ha aumentado considerablemente.Según las autoridades francesas, antes del accidente de la semana pasada se habían registrado nueve travesías en lo que va del año realizadas con este tipo de embarcaciones de gran capacidad.Acuerdos y nuevos métodosEl fenómeno evidencia, según fuentes citadas por medios británicos, la adaptación de las redes de tráfico ante el aumento de la vigilancia policial en las playas francesas. Los grupos criminales recurren cada vez más a embarcaciones capaces de transportar a un número elevado de personas en un solo viaje, en una modalidad que ha sido descrita como una estrategia de "taxis acuáticos".El tamaño de estas embarcaciones también incrementa los riesgos para los pasajeros. Organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo señalaron que las lanchas pequeñas utilizadas habitualmente transportan entre 50 y 60 personas en promedio, mientras que las primeras embarcaciones empleadas para estos cruces, a partir de 2018, solían llevar solo unos pocos pasajeros.El aumento de las llamadas megalanchas comenzó a hacerse más evidente durante el último año. En agosto de 2025, una embarcación transportó 106 personas y en septiembre otra llevó a 125. El 12 de julio de este año, una lancha neumática llegó a Reino Unido con 128 personas a bordo y once días después otra embarcación trasladó a 165 migrantes. El 4 de agosto, una lancha con 173 personas volcó después de que su motor se incendiara.El crecimiento de estas embarcaciones coincide con las medidas adoptadas por Londres y París para intentar reducir los cruces. En julio de 2025, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo denominado "uno entra, uno sale", que contempla la devolución a Francia de algunas personas que llegan a Reino Unido en pequeñas embarcaciones a cambio de permitir el ingreso legal de otras personas para solicitar asilo.El gobierno británico también alcanzó acuerdos con otros países europeos para reforzar la cooperación contra las redes de tráfico y aumentar la incautación de embarcaciones y motores utilizados para las travesías. Las autoridades británicas enfrentan una creciente presión política para reducir los cruces.Agencias AFP y Reuters
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó una cifra récord en su política de control fronterizo: la revocación de más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros. Esta medida responde a una estrategia de mano dura que impulsa la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.Visas revocadas durante el gobierno de Trump El objetivo central de la cartera de Seguridad Interior es, según se afirma, identificar y expulsar a individuos que, a juicio del gobierno, representan una amenaza para la estabilidad del país o cometieron infracciones graves durante su estancia legal.Según la información oficial, la gran mayoría de estas anulaciones derivó de encuentros directos con las fuerzas de seguridad. Los delitos más frecuentes que motivaron estas acciones fueron los episodios de violencia, las detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, el robo y el tráfico de sustancias ilícitas. El Departamento de Estado subrayó mediante un comunicado que "un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho" y ratificó su intención de utilizar todos los recursos disponibles para proteger a la población local de quienes abusan del sistema migratorio, según publicó Reuters.Casos más gravesEl DHS detalló casos particulares que ilustran la severidad de este operativo. Entre los individuos afectados figuran personas con cargos pendientes por violación, abuso sexual, secuestro y trata de personas. Además, el organismo mencionó un expediente donde un sujeto enfrentaba una docena de denuncias vinculadas a la posesión de material de abuso infantil. En otro frente, una embajada estadounidense situada en el norte de África canceló más de cien visas de padres identificados como turistas de nacimiento. Estos extranjeros ingresaron a territorio estadounidense con el propósito principal de dar a luz y lograr que sus hijos obtuvieran la ciudadanía por nacimiento.El alcance de la medida también abarca el terreno político. El Departamento de Estado revocó los permisos de residencia a varios extranjeros que celebraron públicamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido en septiembre de 2025. Las autoridades identificaron comentarios en redes sociales donde los sancionados expresaron que el activista "murió demasiado tarde" o que los demócratas no deben quejarse ante la muerte de fascistas. Estas expresiones resultaron determinantes para que los agentes migratorios procedieran con la cancelación inmediata de sus privilegios de viaje, según la explicación oficial.Mayores controles a solicitantes de visasLa ofensiva migratoria integra una política integral de vigilancia que incluye una revisión exhaustiva de perfiles en plataformas digitales y procesos de control más estrictos. Si bien el gobierno de Trump justifica este despliegue como una necesidad imperativa para la seguridad nacional, diversos defensores de derechos humanos manifestaron su descontento. Estas organizaciones denuncian que la vigilancia constante sobre las redes sociales amenaza la libertad de expresión y resulta en un señalamiento injusto hacia los migrantes. A pesar de estas críticas, la administración mantiene firme su postura bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, quien impulsa investigaciones constantes sobre aquellos que violan los términos de su estancia en la nación.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Reportes periodísticos señalaron que Omar García Harfuch la estaría impulsando para ser representante de en la Embajada de México en Estados Unidos
Es la mayor cantidad de personas registrada hasta ahora en un solo bote. El Gobierno británico calificó el cruce como "temerario y peligroso". Leer más
La embarcación fue inflada en las playas de Francia, desde donde partió. Nigel Farage denunció "una invasión" y "un problema de seguridad nacional".
Juan Jesús Vivas considera la situación "inasumible" e "insostenible" y pide reforzar Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para acelerar los procedimientos de expulsión de quienes permanecen en la ciudad autónoma
En España casi 30.000 argentinos pidieron la regularización y un millón solicita acceder a la ley de nietos. Argentina no solo tiene un pasado de raíces migrantes, sino que forma parte de la población que accede a leyes y beneficios que son criticados por los sectores ultra. Es imprescindible que no se incentive, desde el país, el odio, el racismo, las restricciones a estudiantes y los estigmas sobre la población migrante de la que Argentina no solo es historia, sino que es protagonista del presente
El alcalde la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la revisión de los permisos de trabajo de cada beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Haití. La medida se produce después de que la Corte Suprema autorizara poner fin al beneficio. Qué se sabe del último anuncio de Mamdani que afecta a los migrantes haitianos El demócrata informó la noticia por medio de un comunicado de prensa y explicó que la ciudad de Nueva York se ve obligada por ley a revisar las autorizaciones de trabajo de todos los titulares de TPS haitianos. Como consecuencia, la administración Mamdani debe separar de sus cargos a aquellos empleados que no logren establecer vías alternativas para trabajar de manera legal."Solo el presidente Trump tiene la facultad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de otorgar la Salida Forzosa Diferida a los beneficiarios afectados", citó el alcalde. Mamdani quiso destacar el rol que ha tenido la comunidad haitiana en la Gran Manzana. Entre sus principales cumplidos, remarcó su contribución en sectores como la atención médica, la construcción y la hostelería. "La comunidad de Haití es una parte indispensable de la ciudad de Nueva York. Muchos de los beneficiarios del TPS han vivido aquí durante décadas. Huyeron de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política", señaló. Luego agregó: "Llegaron a Nueva York, construyeron sus vidas, formaron familias y crearon pequeños negocios. Sus contribuciones a los sectores de la salud, la construcción y la hostelería, entre muchos otros, impulsan nuestra economía. Su arte, gastronomía, cultura y familias hacen de la nuestra la mejor ciudad del mundo". Las medidas de apoyo presentadas por Mamdani para los haitianosTras cumplir con la designación del máximo tribunal, Mamdani se comprometió a asistir a los beneficiados afectados mediante las siguientes acciones específicas: Provisión de consultas legales gratuitas para evaluar si califican para otras formas de autorización laboral.Asistencia para gestionar el seguro médico y el acceso a otros recursos esenciales para los empleados y sus familias.Conexión de cada trabajador afectado con personal de agencias para discutir opciones de separación no disciplinaria o renuncia.Establecimiento de rutas para una posible reincorporación en el futuro, en caso de que el trabajador recupere su autorización o estatus legal. El fallo de la Corte Suprema que afecta a los beneficiados del TPS de Haití La jueza federa Ana Reyes autorizó el 5 de agosto a la administración Trump a poner fin al TPS para al menos 330.000 haitianos. La medida se produce más de un mes después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo que ella misma dictó a principios de este año. "La Orden del Tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la Terminación de la Designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal, ya no está en vigor", escribió Reyes en un breve escrito legal.Tras este fallo, las agencias federales pueden comenzar a deportar a los migrantes afectados. "Los estamos persiguiendo ahora mismo", dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwaye Mullin, a NewsNation, según CNN.
La administración de Donald Trump puso en vigor una nueva regla federal el martes 28 de julio. La medida permite derivar directamente a jueces migratorios hasta 444.724 solicitudes de asilo pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El cambio busca reducir en casi un tercio los 1,4 millones de expedientes acumulados en la agencia.¿Qué cambia con la nueva normativa de asilos en Estados Unidos?Hasta ahora, las personas que ingresaron legalmente al país norteamericano o nunca fueron acusadas de cometer una infracción migratoria podían presentar su petición ante un oficial de asilo capacitado. Si rechazaba el pedido, el funcionario tenía la posibilidad de remitirlo a una corte para iniciar un procedimiento de expulsión. El funcionario también podía permitir la continuidad del trámite, informó The Washington Post. Con el nuevo mecanismo, una parte de esos expedientes podrá pasar directamente a los magistrados migratorios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La disposición entró en vigor antes de que el público pudiera pronunciarse. El Uscis aceptará comentarios y luego publicará una versión final con sus respuestas.Los expedientes alcanzados por la transferencia directaLos más de 400 mil casos que podrían enviarse a procedimientos de deportación corresponden principalmente a personas que solicitaron refugio después de permanecer más de un año en Estados Unidos.La legislación federal establece que el pedido debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores a la llegada. Los funcionarios sostienen que la mayoría de quienes superaron ese plazo y fueron remitidos a jueces durante los últimos años no reunían las condiciones necesarias para obtener una excepción.Para acceder al asilo, el solicitante debe demostrar que enfrenta persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política u otra característica que lo convierta en un objetivo específico. También necesita aprobar controles de antecedentes.Los defensores de los inmigrantes argumentan que las personas que escapan de amenazas contra sus vidas pueden desconocer los plazos y las particularidades de la legislación estadounidense. Además, las cortes migratorias no les asignan defensores públicos. ¿Por qué el gobierno de EE.UU. modificó el sistema de asilo?Los funcionarios de la administración Trump afirmaron que la medida es necesaria porque, según su diagnóstico, el sistema de asilo atraviesa una "crisis". Además, sostuvieron que las redes de tráfico de migrantes alentaron la presentación de solicitudes con pocas posibilidades de prosperar, con el objetivo de que los extranjeros pudieran vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras sus casos seguían pendientes.El director de Uscis, Joseph B. Edlow, señaló que durante demasiado tiempo el mecanismo fue utilizado con fines de "demora y autorización de empleo" en lugar de responder a pedidos legítimos de protección. El funcionario afirmó que el cambio permitirá destinar los recursos a resolver esas peticiones de manera oportuna.Las advertencias sobre las deportaciones sin audienciaLa Casa Blanca también otorgó a los jueces la facultad de desestimar determinados expedientes sin celebrar una audiencia. Abogados migratorios advirtieron que esta posibilidad podría provocar expulsiones sin que las personas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos.Estados Unidos integra el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. El acuerdo prohíbe que los países firmantes expulsen a extranjeros hacia territorios donde enfrentan amenazas graves contra sus vidas.Ira Kurzban, uno de los abogados que representó a ciudadanos haitianos en un caso ante la Corte Suprema, sostuvo ante The Washington Post que la modificación forma parte de un plan para convertir a personas con estatus legal en indocumentadas. Desde una perspectiva general, consideró que el mecanismo se asemeja a una "máquina de deportación".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una norma final interina para codificar diversas tarifas migratorias obligatorias y procedimientos administrativos. La regulación establece consecuencias severas para los solicitantes de asilo que incumplan con sus obligaciones financieras ante el servicio de inmigración.Qué es el pago anual de asilo y por qué puede cerrar casos ante el UscisLa nueva normativa oficializó el requisito del Pago Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) para todos los casos que permanecen en espera. La regla estableció que el incumplimiento de este arancel provoca el rechazo automático de la solicitud de asilo mediante el formulario I-589.Si eso sucede, de acuerdo con la norma final publicada en el Registro Federal, el gobierno termina el trámite de asilo y deja de tomar acciones sobre el expediente tras el rechazo oficial por falta de pago. La medida administrativa entró en vigor de manera definitiva el 29 de mayo de 2026. De acuerdo con ASAP, la cuota anual tiene un costo mínimo de 102 dólares por cada año calendario. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) busca que los extranjeros cubran una mayor parte de los costos de operación del sistema migratorio.La disposición legal aplica tanto a las nuevas solicitudes como a los procesos que ya estaban pendientes antes del año fiscal 2025. El Congreso ordenó estas medidas para recuperar los fondos necesarios en la adjudicación de millones de aplicaciones estancadas. Por ello, el DHS posee ahora una herramienta legal para depurar el sistema de solicitudes inactivas o sin financiamiento.Los plazos a tener en cuenta para el cumplimiento de los pagos de asiloEl Uscis envía una notificación personalizada a cada solicitante para informar sobre el vencimiento y el monto de la deuda. En ese marco, los interesados cuentan con un plazo estricto de exactamente 30 días desde la fecha del aviso para completar el pago. El sistema exige realizar la transacción de forma electrónica a través de la plataforma de cobros de la agencia. El reloj de la autorización de empleo se detiene inmediatamente si el solicitante ignora el plazo de pago establecido. Si el migrante desea retomar su caso después del rechazo, la ley le obliga a presentar un formulario I-589 totalmente nuevo. Este trámite requiere otra tarifa de presentación inicial que tampoco admite reembolsos.La normativa establece que el pago puntual es una condición indispensable para la permanencia del caso. El gobierno considera la solicitud como una nulidad procesal si el beneficiario falta a su responsabilidad económica.Por ello, las autoridades destacaron que los solicitantes deben mantener sus datos de contacto actualizados para recibir estas alertas financieras a tiempo. El incumplimiento de los plazos también afecta la elegibilidad para futuras renovaciones de documentos de identidad.Qué otros cambios trajo la nueva norma del DHSLa regulación introdujo otros cambios en los procesos y aranceles del sistema de inmigración de EE.UU. Algunas de las disposiciones son:Retención definitiva del pago inicial de asilo incluso si Uscis rechaza el formulario por errores técnicos o falta de firmas.Terminación inmediata de cualquier permiso de trabajo vigente tras el rechazo de la solicitud de asilo principal por falta de pago.El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICECreación de una tarifa obligatoria de US$24 para las aplicaciones del registro de entrada y salida mediante el Formulario I-102.Ajuste automático de todas las tarifas migratorias cada año según el índice de inflación de los consumidores urbanos.
La falta de identificación y recursos las expone a situaciones de abuso, advierten organizaciones sociales. La Policía investiga cinco violaciones
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos resolvió el jueves 30 de julio que la administración de Donald Trump no puede negar de forma general una audiencia de fianza a determinados inmigrantes arrestados dentro del país norteamericano. La corte tiene sede en San Francisco, California.Qué resolvió el Noveno Circuito sobre las audiencias de fianza para migrantesEl panel tomó la decisión por dos votos contra uno. Con ese fallo, rechazó la ampliación de la detención obligatoria a personas arrestadas dentro de Estados Unidos, informó Associated Press (AP).La mayoría estuvo integrada por Daniel Bress y M. Margaret McKeown. Bress fue nombrado por el presidente Donald Trump. McKeown fue designada por el expresidente Bill Clinton. Ambos concluyeron que los inmigrantes alcanzados por el fallo tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza. Allí podrán solicitar su liberación bajo fianza.La decisión no ordena una liberación automática. Solo permite presentar el pedido ante un juez. Luego, el juez deberá evaluar en cada caso el riesgo de fuga y el posible peligro para la comunidad. El fallo tampoco incluye a quienes están sujetos a detención obligatoria por determinados antecedentes o causales penales.Detención migratoria en EE.UU.: la diferencia entre la frontera y el interiorDurante administraciones anteriores, la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales arrestados dentro del país norteamericano podía solicitar una audiencia de fianza. Esto ocurría cuando no estaban alcanzadas por una causal específica de detención obligatoria.La situación era distinta en la frontera. Allí, la medida se aplicaba, por lo general, a las personas interceptadas al ingresar. En julio de 2025, las autoridades migratorias emitieron una nueva directriz. La medida amplió esta modalidad para inmigrantes arrestados en el interior.La decisión formó parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. La nueva política también derivó en la presentación de miles de peticiones de habeas corpus en tribunales federales. En esas presentaciones, los detenidos reclamaban salir de custodia. Algunos jueces federales ordenaron audiencias para analizar esos pedidos.Ley migratoria de 1996: la interpretación del Noveno Circuito sobre la detención obligatoriaLas autoridades federales sostuvieron que el Congreso había modificado la legislación migratoria en 1996. Según el gobierno, ese cambio permitía extender la detención obligatoria más allá de la frontera.A su vez, el gobierno argumentó que las administraciones anteriores no habían aplicado la norma con todo su alcance. Bress, autor de la opinión mayoritaria, rechazó esa interpretación.En su voto, reconoció que las normas del caso eran complejas. Sin embargo, concluyó que la interpretación histórica de la ley era la más adecuada. El juez Carlos Bea, que fue nombrado por el expresidente George W. Bush, votó en contra. En su disidencia, Bea sostuvo que el texto y el propósito de la reforma respaldaban la posición de Trump.Fianza para migrantes: qué circuitos rechazaron o respaldaron la política de TrumpLa decisión profundizó una disputa entre distintas jurisdicciones federales. Otros cuatro tribunales de apelaciones también rechazaron la política de detención obligatoria aplicada a inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos.En cambio, el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, con sede en St. Louis, respaldaron la postura del gobierno. La diferencia de criterios aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga para resolver la controversia. El Ejecutivo nacional solicitó en junio que el máximo tribunal examine el asunto.Respuesta del DHS al fallo del Noveno Circuito sobre la detención migratoriaEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expresó en un comunicado de prensa que "discrepa firmemente" con el panel del Noveno Circuito.La agencia también aseguró que mantiene su confianza en la interpretación jurídica del gobierno sobre la detención obligatoria. El organismo sostuvo que el presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aplican la legislación "tal como fue escrita para mantener seguro a Estados Unidos".
WASHINGTON.- En una soleada mañana de junio pasado, una joven argentina que vive en Estados Unidos desde hace cuatro años iba en auto camino a su trabajo en una pequeña localidad costera en Florida cuando fue abordada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para una revisión de su estatus legal. Mostró su número de identificación fiscal (conocido como Tax ID) y la licencia de conducir norteamericana. Pero los oficiales detectaron una situación irregular y la arrestaron. Pese a que rápidamente intentó aplicar a la autodeportación -un proceso promovido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para expulsar a migrantes irregulares-, empezó un calvario en centros de detención en distintos estados del país que aún no terminó. Tras casi dos meses angustiantes, espera volver pronto a la Argentina para reencontrarse con sus familiares.Casos como el de esta argentina -de quien se resguarda la identidad al estar detenida y en proceso para ser deportada- se han multiplicado en los últimos meses en Estados Unidos a medida que el ICE incrementó a niveles récord los arrestos de migrantes irregulares, en el marco de la ofensiva a escala nacional impulsada por la segunda administración de Donald Trump.El decisivo respaldo político de la Casa Blanca; un presupuesto multimillonario para acelerar el reclutamiento de agentes y alcanzar los objetivos de arrestos diarios fijados por el gobierno; un cambio de estrategia con operativos más discretos y descentralizados, y una ralentización de los procesos de regularización migratoria que dejaron a muchos extranjeros vulnerables a ser detenidos son los motivos que explican cómo ICE logró acelerar el ritmo de detenciones, según grupos especializados y expertos consultados por LA NACION."Nunca habíamos visto nada igual. Es una guerra contra los inmigrantes, y están haciendo todo lo que está a su alcance para llevarla a cabo. Ahora les importan más los números que capturar a quienes realmente amenazan la seguridad pública", advirtió Deborah Fleischaker, exfuncionaria de ICE y asesora principal de estrategia migratoria de UnidosUS, la mayor ONG de defensa de los derechos de los latinos en Estados Unidos. De acuerdo a los datos de ICE compartidos con el Congreso norteamericano, la agencia detuvo en julio a 43.295 migrantes, un récord en lo que va del segundo gobierno de Trump que superó el pico anterior, el mes previo (39.563 en junio). Las cifras, sin embargo, aún no llegan a cumplir la meta que fijó la administración Trump de 2000 arrestos diarios por motivos migratorios.Los aeropuertos, el nuevo frente "Hay una gran presión sobre ICE. No están alcanzando esa cifra, pero emplean diversas tácticas para intentar aumentar las detenciones. Una de ellas es el incremento de los arrestos en aeropuertos", señaló a LA NACION Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).Es el caso de la argentina Iliana Lick (30 años), que vivía desde 2024 en Filadelfia y trabajaba como niñera, arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de esa ciudad de Pensilvania cuando estaba por viajar con amigos a Kansas City para asistir esa noche al partido del seleccionado nacional contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial. La joven permanece en el Centro de Procesamiento del condado de Otero, en Nuevo México, a la espera de salir luego de que el viernes -según confirmó su novio norteamericano, Steve Melchiorre- le concedieran en una audiencia la libertad bajo fianza por 10.000 dólares.Este viernes, además, se conoció el caso de otro argentino, Matías Pourrain, un futbolista de 34 años que juega en una liga local, que fue detenido por ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Los Ángeles.Fleischaker, que durante casi 14 años se desempeñó como funcionaria en el DHS y fue jefa de gabinete interina del ICE, explicó que la agencia se enfocó en los aeropuertos porque los consideran un "entorno más seguro" para sus operaciones, al no haber personas armadas tras pasar los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). "Sus objetivos no cambiaron, simplemente la estrategia se ejecuta de manera diferente", explicó.En los últimos dos meses, los agentes de ICE aumentaron a un promedio de entre 20 y 40 los arrestos diarios en aeropuertos, frente a los menos de 10 registrados en mayo del año pasado, según un funcionario del DHS.La táctica avivó los temores de muchos migrantes en situación irregular a tomar vuelos dentro de Estados Unidos. "Es una modalidad nueva y en las últimas dos semanas hubo varios casos entre latinos en Florida que llevaban mucho tiempo allí. Muchos deciden inmediatamente la autodeportación", señaló a LA NACION una fuente al tanto del asunto.Esta estrategia de ICE abrió además una pulseada con las compañías aéreas, que muestran resistencias a los esfuerzos de las autoridades federales por intensificar la aplicación de las leyes migratorias en los aeropuertos, según The Wall Street Journal. "A finales de julio, representantes del sector aéreo se reunieron con personal de DHS para exponer sus inquietudes", señaló el diario.Los especialistas argumentan que el cambio de táctica que implementó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reemplazante de Kristi Noem en marzo pasado, obedeció al impacto negativo para el DHS que se desató en enero por la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis por disparos de agentes federales en operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza."Allí percibimos el estilo de liderazgo de Mullin. Intenta equilibrar las exigencias de sus superiores y, al mismo tiempo, evitar que ICE acapare los titulares todos los días, aunque los arrestos se sigan produciendo de manera pública", señaló Putzel-Kavanaugh. "Se están centrando en personas que antes no eran objetivo de las operaciones de la agencia", añadió. Limbo legalSegún los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), la ralentización de los procesos de regularización disparó el volumen de solicitudes pendientes -de ciudadanía, tarjetas de residencia permanente (green card) y permisos de trabajo- hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 7,5 millones de personas."Si se suman los millones de inmigrantes que aguardan decisiones sobre asilo y permisos de permanencia en Estados Unidos por razones humanitarias, la cifra total de casos pendientes se eleva a más de 12,1 millones", reportó el sitio Axios en base a los datos. Los retrasos dejan a muchas personas "en un limbo migratorio legal", vulnerables a ser detenidas por ICE, advirtió.Jorge Loweree, director ejecutivo de estrategias del Consejo Estadounidense de Inmigración, en Washington, hay un "esfuerzo integral" por parte de la administración Trump para "reformar el sistema migratorio de arriba a abajo"."Simplemente dejan que esos trámites permanezcan en un escritorio mucho más tiempo del habitual. Pero lo que observamos es que, simultáneamente, las personas atrapadas en ese rezago administrativo son objeto de medidas de control migratorio", explicó."El Uscis cambió sus prioridades y se está centrando más en revisiones exhaustivas que en facilitar cualquier tipo de proceso migratorio. Y eso tiene repercusiones en la migración legal de trabajadores, empleadores, familias y personas que buscan protección. Muchos quedan en una especie de zona gris", advirtió Putzel-Kavanaugh."Es una táctica nueva, ya que estas personas están plenamente en el radar del gobierno al estar inmersas en un proceso migratorio legal. No obstante, el proceso acumula grandes retrasos y se prolonga excesivamente debido a todos los pasos arduos que se le han añadido", añadió.Un caso resonante de los últimos días fue el del académico de origen etíope Berhanu Kibret, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland y elegido como "Profesor del año", detenido por agentes de ICE en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth (Texas) tras asistir a una conferencia. De acuerdo al DHS, su visa había caducado en mayo de 2024.An instructor for the University of Maryland's School of Pharmacy was detained by immigration officials last month at Dallas Fort Worth Airport, according to the university and DHS.As Ashley Paul reports, a statement by UMD said that on July 21, Dr. Berhanu Kibret was arrestedâ?¦ pic.twitter.com/DBJq1Sv8dv— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) August 4, 2026Arrestos como el de Kibret dispararon las críticas contra el gobierno, que había prometido centrarse en detener y deportar a "lo peor de lo peor" entre los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.De las 65.765 personas bajo custodia del ICE en centros de detención, 46.436 -70,6 %- no tienen ninguna condena penal, según datos actualizados al 11 de julio. Según Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Laboratorio de Inmigración en la American University, en Washington, muchos son los que "cayeron en un limbo legal" a la espera de la aprobación de sus papeles."Son migrantes que no hubieran sido deportados ni por las administraciones de Barack Obama, ni de Joe Biden, ni en la primera de Trump [2017-2021]. Ese es el gran cambio: están arrestando y deportando a quien pueden con cualquier excusa", señaló Castañeda a LA NACION. "Se cambió la estrategia para tratar de calmar los titulares luego de lo que pasó en Minneapolis", agregó.Esta administración republicana ha implementado diversas medidas para suspender, revisar o eliminar estatus migratorios y beneficios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) -para ciudadanos de países designados debido a guerras, desastres naturales o crisis humanitarias-, aunque algunas de esas acciones enfrentaron bloqueos y reveses en tribunales federales, señalaron los expertos.Our message to illegal aliens is clear: you have NO safe haven in our nation. We will hunt you down and deport you. Under the Trump Administration, @ICEgov is UNLEASHED to enforce the law and arrest illegal aliens like these every single dayâ¬?ï¸?— Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) August 7, 2026"Quieren expulsar del país a toda persona que carezca de documentación completa, independientemente de si antes la tenían y se la retiraron, o de si estaban tramitando un estatus legal", reforzó Fleischaker. "Y les resulta más fácil detener a personas que no suponen una amenaza para la seguridad pública", agregó.El respaldo de TrumpLos esfuerzos de ICE para acelerar el ritmo de arrestos cuentan con el respaldo declarado de Trump, quien el mes pasado elogió el "trabajo excelente" y la "labor necesaria" que realizan sus agentes. También rechazó los pedidos para que se suspendieran temporalmente los controles de tránsito de la agencia tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.En junio pasado, el presidente además promulgó una ley que asignó casi 70.000 millones de dólares adicionales para financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final de su mandato, en 2029, fondos que se sumaron a las asignaciones multimillonarias provenientes de la ley de presupuesto aprobada en 2025."ICE recibirá casi 39.000 millones de dólares para un amplio rango de operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personas, más instalaciones, más detenciones y deportaciones", advirtió el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista de políticas públicas con sede en Washington.En enero pasado, ICE anunció que su campaña "sin precedentes" de reclutamiento a nivel nacional había "superado todas las expectativas" al contratar a más de 12.000 oficiales y agentes en menos de un año, un aumento de 120% en su plantilla (creció a 22.000 efectivos).Para muchos de los migrantes detenidos, el camino conduce a la deportación. En la campaña de 2024, Trump había prometido la mayor operación de expulsiones en la historia de Estados Unidos. Según el DHS, durante el primer año de mandato más de 3 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país, incluidas unas 2,2 millones de autodeportaciones.Al 12 de julio, habían deportado a más de 985.000 inmigrantes indocumentados y detuvieron a más de un millón, señaló el DHS en una nota a CBS News."Tienen mucho dinero para contratar personal de manera expedita, tienen un objetivo definido, el respaldo político de la Casa Blanca y, en muchos casos, colaboración de autoridades locales, sobre todo en Florida y Texas [estados gobernados por republicanos]. Ese combo es el que ha permitido este promedio de arrestos actual de unas 1500 personas por día", evaluó Castañeda.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que los extranjeros que alcancen los 14 años mientras permanecen en el país norteamericano deben volver a registrarse y proporcionar sus huellas dactilares dentro de los 30 días posteriores luego de cumplir esa edad. El procedimiento varía según el estatus migratorio y forma parte de las obligaciones establecidas por la legislación migratoria vigente.Registro de Uscis al cumplir 14 años: plazo, huellas y formulariosDe acuerdo con el sitio web oficial del Uscis, esta obligación forma parte de las disposiciones contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y en medidas administrativas implementadas durante 2025. El objetivo es mantener actualizada la información de los extranjeros que deben estar registrados ante el gobierno federal.La norma del Uscis para quienes cumplen 14 añosEl requisito alcanza tanto a personas que ya estaban registradas como a quienes todavía no habían completado ese procedimiento. En el caso de los residentes permanentes legales que llegan a los 14 años, el trámite debe efectuarse mediante el formulario I-90.Para otros extranjeros que aún no cuentan con un registro válido, el Uscis indicó que el procedimiento debe realizarse a través del formulario G-325R. Este puede presentarse únicamente de manera digital mediante una cuenta personal en el sistema en línea de la agencia.Una vez revisada la información y completada la cita biométrica, si Uscis determina que corresponde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pondrá a disposición una constancia de registro en la cuenta del solicitante. Además, los extranjeros mayores de 18 años tienen la obligación de portar esa evidencia en todo momento.Sanciones por no registrarse ante Uscis: multas, prisión y deportabilidadEl Uscis señaló que no cumplir con la obligación de registro puede derivar en consecuencias legales. Entre las sanciones previstas figuran:Multas de hasta US$5000.Penas de prisión de hasta seis meses.La aplicación de ambas medidas, según corresponda.La entidad también indicó que, en determinados casos, el incumplimiento de estas obligaciones podría influir en procedimientos migratorios y convertirse en un elemento que dé lugar a un proceso de deportación. Otra obligación establecida para los extranjeros sujetos al registro consiste en informar cualquier cambio de domicilio. La actualización de la dirección debe realizarse dentro de los diez días posteriores a la mudanza.Exenciones del registro migratorio: quiénes no deben presentar el G-325RLa información oficial también identificó varias categorías de personas que no necesitan completar este procedimiento. Entre ellas se encuentran:Los ciudadanos y nacionales de EE.UU.Quienes permanezcan fuera del país norteamericano.Los extranjeros cuya estancia sea inferior a 30 días.También están exentos determinados grupos contemplados por leyes específicas. Entre ellos se encuentran los indígenas americanos nacidos en Canadá que ingresaron conforme a la sección 289 de la INA y los integrantes de la Tribu Tradicional Kickapoo de Texas amparados por la legislación federal específica aplicable a esa comunidad.Asimismo, no deben registrarse quienes mantengan determinadas categorías diplomáticas o vinculadas a organizaciones internacionales. Tampoco deben hacerlo aquellas personas que ya cuenten con un registro válido para su permanencia actual, salvo el caso de quienes cumplen 14 años, ya que deben volver a registrarse y completar la toma de huellas.Formulario G-325R de Uscis: cómo realizar el registro migratorio en líneaEl proceso comienza con la creación de una cuenta individual en línea del Uscis. Cada persona que deba registrarse necesita su propio perfil, incluidos los menores de 14 años, cuya cuenta debe ser administrada por un padre o tutor legal.Posteriormente, el solicitante debe completar y enviar electrónicamente el formulario G-325R. La agencia revisará la información disponible y determinará si la persona ya figura registrada o si debe continuar con el procedimiento. En este último caso, la notificación para asistir a una cita biométrica llegará exclusivamente a través de la cuenta en línea.Tras la toma de huellas, cuando sea necesaria, el Uscis incorporará el comprobante de registro a la cuenta digital del usuario para que pueda descargarse e imprimirse. Esa constancia podrá conservarse en formato electrónico o en papel.
MADRID.- Los agentes de migraciones españoles comenzaron este sábado los controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, en respuesta a las medidas similares que tomó el gobierno italiano tras la crisis de Ceuta.Los controles en conexiones aéreas y marítimas se estaban realizando "en forma aleatoria", señaló el Ministerio del Interior español sobre el estreno de las medidas de revisión que se extenderán hasta el 7 de septiembre. Según explicó el ministerio, los controles se practicarán respecto de todas las personas que crucen las fronteras interiores aéreas o marítimas afectadas, con independencia de su nacionalidad, aplicándose el régimen de comprobación correspondiente a su estatuto jurídico. "No veo mucho la palabra diplomacia utilizada en estas decisiones, ni por parte del gobierno italiano ni tampoco por parte del gobierno español", se lamentó la italiana Maria Celeste Grillo, una turista de 36 años recién aterrizada en el aeropuerto madrileño de Barajas. Las autoridades españolas justificaron la medida por "la persistente presión migratoria irregular" que afronta Italia, donde llegan anualmente miles de migrantes por mar desde las costas del norte de África. España devolvió así el búmeran de críticas y medidas restrictivas de la premier Giorgia Meloni contra el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez a causa de la crisis de Ceuta, donde en solo unos días entraron por mar y por tierra más de 70.000 migrantes ilegales provenientes de Marruecos, la mayoría de los cuales emprendió casi enseguida la vuelta.La avalancha de migrantes en Ceuta también reavivó el debate sobre la inmigración dentro de la Unión Europea, cuyos líderes criticaron a Sánchez por políticas que, según sugirieron, fueron responsables de la enorme afluencia.Pese a la sorpresa y las molestias por la novedad de las restricciones, no hubo inconvenientes serios para los pasajeros de los aproximadamente 250 vuelos procedentes de Italia este sábado -64 solo en Madrid-Barajas-, quienes debieron mostrar sus documentos a la salida del avión, en la pasarela de embarque o, en su defecto, directamente en la pista, nada más bajar de la escalera.Documento en manoLas experiencias fueron variadas. "Nos han dicho que no podíamos bajar del avión sin mostrar la documentación", explicó a la cadena Rtev Elisa, una mujer que viajaba a bordo y que aseguró que todos los pasajeros llegados a Barajas debieron mostrar el pasaporte. "Es un poco particular, porque no estamos acostumbrados a los controles en el interior de la UE".Otro viajero declaró que al salir de la aeronave "nos han parado y nos han pedido la identificación a quienes les ha parecido bien a la policía". Tras la identificación se procedió al desembarco del avión."Fue muy extraño. Ya en el avión, las azafatas nos dijeron que no podíamos desembarcar sin mostrar nuestros documentos a la policía. Los agentes no nos revisaron los pasaportes; solo se aseguraron de que los tuviéramos en la mano para poder entrar al país", dijo una pasajera italiana tras desembarcar en el primer vuelo procedente de Roma, más desorientada que molesta. Era su primera experiencia sin la habitual libre circulación entre los dos países. Inevitablemente, la revisión a los recién llegados de Italia se centraba en quienes provenían de países de fuera de la UE. En función del número de pasajeros de cada vuelo, se disponía el número adecuado de policías de Frontera encargado de realizar cada control.Los controles fueron especialmente exhaustivos en los vuelos de Roma, más que de otras ciudades de Italia. El español Jorge Villoslada, que viaja a menudo, notó también con extrañeza la situación al viajar de Roma a Barcelona. "Sucedió algo muy extraño. Al llegar, la policía nos preguntó qué hacíamos en España. Les enseñé mi DNI y me dejaron ir. A los que no tenían documentos españoles los llevaron a una sala para identificarlos", dijo.Como les sucedió a tantos, el italiano Giovanni, que embarcó en un vuelo de Roma hacia el aeropuerto de El Prat de Barcelona, se encontró con una situación totalmente desacostumbrada. "Al llegar, la policía nos dividió en dos grupos. Les pidieron los documentos a los italianos. Espero que esta situación termine pronto", admitió, algo molesto.También en Barcelona, otros pasajeros de varios vuelos procedentes de ciudades italianas, excepto provenientes de Roma, desembarcaron sin embargo prácticamente sin tener que mostrar ningún documento. Lidia, de Módena, aterrizó en la ciudad catalana en un vuelo procedente de Bolonia, y casi no sintió diferencias. "Cuando llegamos al aeropuerto de El Prat, no nos encontramos con ningún control de seguridad", contó. Nicoletta, de Turín, viajaba en el mismo vuelo, estaba también preparada, aunque no hubo necesidad de cambiar la rutina más de la cuenta: "Llegamos con nuestros documentos en mano, pero nadie nos pidió nada".Agencias ANSA, AP y AFP
Un hombre de 45 años fue detenido en Concordia, Olancho, señalado por las autoridades de integrar una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos.
Dentro de Texas, los migrantes pueden realizar diversos trámites de documentación en el consulado de San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Para renovar el pasaporte mexicano, los solicitantes deben seguir determinados pasos y presentar ciertos documentos ante las autoridades, además de tener en cuenta las tarifas vigentes.Renovación del pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para mayores de edadEl consulado de San Antonio atiende varios de los trámites relacionados con la documentación desde el extranjero. El pasaporte, según el sitio web oficial, es el documento de identidad y viaje que acredita la nacionalidad y permite atravesar las fronteras.Para realizar el proceso, los migrantes deben cumplir los siguientes pasos:Comparecer personalmente ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada.Entregar el pasaporte para renovar. Si el documento previo fue emitido antes del año 2016, la persona deberá cumplir con los requisitos del trámite de primera vez.Brindar una identificación oficial vigente, en original.Cubrir el pago correspondiente de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Derechos.En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberá levantarse un acta ante la autoridad competente del país donde el solicitante se encuentre o llenar el formato que le proporcione la oficina consular para ese fin. Asimismo, será necesario cumplir nuevamente los requisitos como si fuera un trámite de primera vez, lo que incluye acreditar nacionalidad e identidad mediante la presentación de ciertos documentos.En el extranjero, los pasaportes mexicanos tienen una vigencia de uno o tres años para menores de tres años; y de tres, seis o diez años para mayores de 18 años. Una vez que la persona acude a la cita, el documento es entregado el mismo día. Es importante tener en cuenta que el proceso toma alrededor de dos horas, siempre y cuando el sistema no presente fallas.Cómo renovar el pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para menores de edadEn el caso de los menores de edad, los peticionarios deben realizar los mismos pasos, además de presentar una identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela. Junto con esto, se debe proporcionar una autorización, la cual puede otorgarse presencialmente o a distancia, ya sea ante otra oficina consular o alguna oficina de pasaportes en México, a través del formato OP7.La OP7, según indican las autoridades, corresponde al formato que deben llenar los padres a través del cual dan su autorización para que el menor pueda obtener un pasaporte.Además, si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona menor de edad, se deberá presentar uno de los siguientes documentos:Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consularCertificado de nacionalidad mexicanaDeclaratoria de nacionalidad mexicana por nacimientoCarta de naturalizaciónCédula de identidad ciudadanaCertificado de matrícula consularCómo sacar una cita con el consulado mexicano sobre ruedas en ChicagoTarifas para renovar el pasaporte mexicano en TexasEn cuanto al pago, el portal del consulado señala que las tarifas vigentes a partir del 1° de enero de 2026 son:Vigencia de un año: 44 dólaresVigencia de tres años: US$101Vigencia de seis años: US$137Vigencia de 10 años: US$209Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento del 50%. Por otra parte, en el caso de pasaportes ordinarios expedidos de emergencia, se pagará un monto del 30% adicional al costo del trámite ordinario según la vigencia solicitada.
En su libro "Lima chola", el historiador sigue las huellas de quienes llegaron desde los Andes, desde estudiantes y familias campesinas hasta personas trasladadas contra su voluntad, y muestra cómo sus historias transformaron la capital
El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) permite demostrar que una persona extranjera cuenta con autorización para trabajar en Estados Unidos. Para obtenerlo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) exige la presentación del formulario I-765, disponible para distintas categorías migratorias.Quiénes pueden solicitar el EAD mediante el formulario I-765La solicitud puede completarse mediante una cuenta electrónica en el Uscis o enviarse en formato impreso por correo. El trámite digital permite cargar documentos, recibir notificaciones, consultar el avance del expediente y mantener comunicación con la agencia a través de la plataforma oficial.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisDe acuerdo con la información oficial, el permiso de trabajo está disponible para extranjeros que reúnen los requisitos previstos en la legislación migratoria. Entre ellos se encuentran:Solicitantes de asiloPersonas con solicitudes de ajuste de estatus pendientesBeneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)Participantes de DACATitulares de determinados permisos de permanencia temporal (parole)Solicitantes de visas T y UTambién existen personas cuyo estatus ya les permite trabajar sin restricciones, pero que igualmente presentan el I-765 para obtener un documento que sirva como comprobante de esa autorización. Ese grupo incluye, entre otros, refugiados, asilados y algunas personas con protección migratoria específica.El formulario también puede utilizarse para renovar un EAD próximo a vencer o cuando la tarjeta fue robada, se perdió, sufrió daños o contiene información incorrecta. Si el error fue cometido por el Uscis o por el servicio postal, el reemplazo puede realizarse sin costo.Cuando el error proviene de la información proporcionada por el solicitante, generalmente debe presentarse un nuevo I-765 con la tarifa correspondiente. Si la tarjeta fue enviada, pero no llegó, la persona debe verificar el número de seguimiento postal y utilizar el procedimiento de consulta por falta de entrega antes de asumir que corresponde una reposición gratuita.Cuando la petición es aprobada, la tarjeta suele fabricarse dentro de las dos semanas siguientes y posteriormente es enviada mediante el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés). El Uscis recomienda esperar 30 días desde la aprobación antes de reportar un posible problema con la entrega.Tarifas para presentar la solicitud del EADDe acuerdo con la tabla del Uscis, el valor del trámite depende de la categoría migratoria y del método utilizado para presentar la solicitud:La tarifa general es de US$520 para formularios enviados en papel.US$470 para quienes completan el procedimiento en línea. En algunos casos relacionados con solicitudes de ajuste de estatus corresponde una tarifa reducida de US$260.Determinadas categorías deben abonar cargos adicionales previstos por la Ley Pública 119-21. Esos pagos se aplican, entre otros casos, a algunas solicitudes vinculadas con TPS y permisos de permanencia temporal. El valor extra será de US$560 para solicitudes iniciales y entre US$275 y US$280 para renovaciones. Sin embargo, otras categorías, como refugiados y determinadas víctimas de delitos o trata de personas, están exentas del pago. Además, quienes no puedan afrontar determinadas tarifas pueden evaluar si reúnen las condiciones para solicitar una exención mediante el formulario I-912, cuando esa opción esté disponible.El Uscis también establece excepciones y recomendaciones para los solicitantesLas instrucciones oficiales indican que quienes renuevan un permiso de trabajo deberían presentar la solicitud hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento y, por lo general, no esperar menos de 90 días para iniciar el trámite. Las personas con un formulario I-485 pendiente pueden solicitar el EAD al mismo tiempo que presentan esa petición o hacerlo posteriormente, acompañando la constancia de recepción emitida por Uscis.En el caso de estudiantes con visa F-1, el formulario también se utiliza para gestionar autorizaciones relacionadas con programas de Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) y extensiones STEM.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez decidió aplicar los mismos controles contra ciudadanos italianos, en represalia por la negativa de Giorgia Meloni a levantarlos. Las autoridades italianas afirmaron que se trataba de una "decisión necesaria para proteger la seguridad" de sus ciudadanos "y defender las fronteras de Europa". España investiga versiones sobre una nueva convocatoria en redes para otra llegada masiva de migrantes. Leer más
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los extranjeros sujetos al registro migratorio deben conservar consigo la constancia que acredita ese trámite. La obligación aplica a los mayores de 18 años y forma parte de las disposiciones previstas por la legislación migratoria federal.Qué exige el Uscis sobre el comprobante de registroLa agencia explicó en su sitio web oficial que el registro constituye un deber legal y no representa una autorización para trabajar ni modifica el estatus migratorio de una persona. Su finalidad es acreditar el cumplimiento de las normas de inscripción previstas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).Los mayores de 18 años pueden demostrar el cumplimiento de esta obligación al llevar una copia impresa del documento correspondiente. También podrán mostrar la evidencia electrónica desde un teléfono u otro dispositivo móvil.Además del deber de portar el comprobante, las personas sujetas al registro también deben informar cualquier cambio de domicilio dentro del plazo establecido por la normativa. La falta de actualización puede generar consecuencias legales.Formularios aceptados para cumplir con el registro migratorioExisten diversas formas en las que un extranjero puede registrarse para cumplir con los requisitos de la ley, esto dependerá de las circunstancias individuales. Los formularios prescritos para cumplir con el requisito de registro y toma de huellas dactilares son:G-325R, información biográfica (registro): este fue establecido por Uscis específicamente para que los extranjeros no registrados puedan cumplir con la ley de manera directa a través de un proceso en línea.I-94, I-94A/I-94W, registro de entrada-salida: comúnmente utilizado al momento de la admisión al país norteamericano.I-95, permiso de aterrizaje para tripulantes.I-485, solicitud para registrar residencia permanente o ajustar estatus.I-590, registro para clasificación como refugiado.I-687, solicitud de estatus como residente temporal.I-698, solicitud para ajustar estatus de residente temporal a residente permanente.I-817, solicitud de beneficios de unidad familiar.Algunos de estos formularios cumplen un doble propósito: funcionan como una solicitud de beneficio de inmigración y, al mismo tiempo, como un formulario de registro. En estos casos, el interesado debe demostrar su elegibilidad para el beneficio solicitado. El Uscis ofrece una herramienta de determinación en línea para ayudar a los usuarios a identificar cuál es la opción de registro más apropiada según su situación. En el caso de los residentes permanentes legales que cumplen 14 años, el trámite correspondiente debe realizarse mediante el formulario I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente y completar nuevamente el registro junto con la toma de huellas dactilares.Sanciones por no portar el comprobante y reglas para quienes cumplen 14 añosDe acuerdo con la información oficial, el inmigrante que no lleva consigo la evidencia del registro recae en un delito menor. En caso de una condena, la legislación contempla:Multas de hasta US$5000Penas de prisión de hasta seis mesesLa aplicación conjunta de ambas sanciones por cada infracciónLas disposiciones también establecen obligaciones específicas para los menores que alcanzan los 14 años mientras permanecen en EE.UU. Desde la fecha de su cumpleaños disponen de un plazo de 30 días para completar un nuevo registro y realizar la toma de huellas, salvo que exista una excepción prevista por Uscis.Luego de completar el registro y asistir a la cita biométrica cuando sea requerida, recibirán la constancia correspondiente. Quienes cumplen 18 años, deberán llevar ese comprobante consigo en todo momento, conforme a las disposiciones vigentes.
Tras la revocación de la medida cautelar que amparaba a 350.000 beneficiarios del TPS, ICE ordenó una pausa operativa en las detenciones de este grupo. La medida busca gestionar el fin de un beneficio que deja sin permiso laboral a miles de trabajadores.
Su labor solidaria se remonta a la crisis migratoria de 2021 y cuenta con una decena de voluntarias y con las donaciones de vecinos de la ciudad.
Una jueza federal levantó el bloqueo que impedía aplicar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350 mil haitianos. La decisión del tribunal elimina la suspensión previa que impedía aplicar la medida ya provoca despidos y agrava la escasez de personal en el cuidado de adultos mayores.El impacto laboral en el cuidado de adultos mayores tras el fin del TPS para haitianosEl sector del cuidado de adultos mayores es uno de los que enfrenta las consecuencias de la pérdida de empleados con TPS tras el reciente fallo. Varias residencias y agencias de atención domiciliaria despidieron personal de forma inmediata ante la expiración de permisos laborales.De acuerdo con un reporte de CNN, empresas como Westminster Communities of Florida despidieron a haitianos con TPS que trabajaban como auxiliares de enfermería certificados, personal de comedor y de limpieza. Las compañías los reemplazarán con empleados temporales según la disponibilidad y la necesidad de cada entidad.Amanda Birch, directora de recursos humanos de la empresa, declaró al medio que el cambio repentino generó "perturbación" en los adultos mayores de los centros de atención. "Resulta perturbador para los residentes que lleguen nuevos miembros del equipo, a quienes realmente no conocen, después de haber forjado relaciones con los integrantes anteriores a lo largo de los años", explicó.En ese marco, contratar auxiliares de enfermería aparece como una tarea difícil para las instituciones de salud y bienestar social. Los inmigrantes, incluidos numerosos haitianos, ocupan una parte relevante de estos puestos esenciales.En qué consiste la orden judicial que puso fin a TPS para miles de haitianosLa jueza federal Ana Reyes firmó la orden judicial definitiva el miércoles, después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo previo. En ese marco, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a intensificar las acciones de control migratorio sobre algunos antiguos beneficiarios.Sin embargo, ciertos beneficiarios del programa pueden evitar la expulsión inmediata si tramitan simultáneamente otras medidas legales de alivio migratorio como el asilo. Asimismo, el proceso judicial supervisado por la jueza Reyes continúa su curso en los tribunales federales, por lo que los demandantes haitianos insisten en su reclamo legal al argumentar que el gobierno actuó con intenciones discriminatorias."Sin la protección de TPS, no voy a poder tener el permiso de trabajo y eso me afectaría al no poder trabajarâ?¦ Tengo algunos familiares pasando por esa misma situación y eso nos preocupa mucho", declaró Lily a CNN, una de las migrantes haitianas afectadas por la decisión.Consecuencias adicionales para la economíaOtros rubros comerciales de gran relevancia como la hostelería, el comercio minorista y los restaurantes afrontan la pérdida de mano de obra. De acuerdo con un informe de FWD.us publicado en enero de 2026, alrededor de 200 mil beneficiarios haitianos del TPS forman parte activa de la fuerza laboral en Estados Unidos. Estos trabajadores aportan un estimado de 5900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Además, los empleados bajo este programa pagan cada año US$805 millones en impuestos federales y de nómina, junto con US$755 millones en impuestos estatales y locales.La fuerza laboral destaca en sectores clave con la participación de 22.000 cocineros y meseros, además de otros 22.000 empacadores y almacenistas. Asimismo, el mercado laboral cuenta con la presencia de 15.000 trabajadores agrícolas y 14.000 empleados en el sector minorista de ventas.
El gobierno de California presentó una demanda para frenar una iniciativa de la administración Trump que permitiría compartir información de beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) con agencias federales. En ese sentido, ciertos datos podrían quedar en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Qué datos personales podrían quedar en manos del ICELa acción judicial, encabezada por el fiscal general Rob Bonta junto con una coalición de estados, cuestionó un aviso emitido por la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés). Este organismo anunció su intención de habilitar el intercambio de registros de personas que reciben esta asistencia económica.Según las autoridades de California, la medida podría facilitar el acceso del ICE a información utilizada para administrar un programa destinado a familias con bajos ingresos. Esto abriría un nuevo frente de disputa entre el estado y el gobierno federal.De acuerdo con Bonta, existen tres tipos de información que podrían ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) si la medida entra en vigor:El número de Seguro SocialEl estado civilDatos sobre los ingresos de los beneficiariosEl fiscal general expresó que una de las principales preocupaciones es el posible uso de esos datos para identificar a padres indocumentados cuyos hijos, ciudadanos estadounidenses, reciben legalmente ayuda mediante el programa TANF para cubrir necesidades básicas. California sostuvo que la transferencia de esa información excede las facultades previstas por la legislación que regula el programa."La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a salir adelante, con el fin de impulsar su programa de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal", dijo Bonta en un comunicado.La demanda de California contra el intercambio de informaciónLa presentación fue realizada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia con el objetivo de impedir que los registros de TANF sean compartidos con otras dependencias federales, incluidos el DHS y el ICE. La demanda argumentó que la ACF carece de autoridad legal para autorizar una divulgación amplia de información personal.Además, afirmó que la decisión incumple disposiciones de la Ley de Privacidad, de la Ley del Seguro Social y de otras normas federales que resguardan datos sensibles. La coalición de estados también sostuvo que la medida resulta arbitraria porque, según indicaron, no incorpora una explicación suficiente sobre sus efectos ni evalúa el impacto que podría tener sobre familias que dependen de este programa de asistencia.Los estados que participan en la demanda contra el gobierno federal son:CaliforniaNueva YorkArizonaColoradoConnecticutDelawareHawáiIllinoisKentuckyMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoOregonPensilvaniaRhode IslandVermontVirginiaWashingtonWisconsinDistrito de ColumbiaEl grupo sostuvo que permitir el acceso del DHS a los registros podría reducir la confianza de las comunidades en los programas sociales y desalentar a personas que cumplen los requisitos para solicitar beneficios. Esto, según la demanda, incrementaría la presión sobre los sistemas estatales de asistencia.En California, alrededor de 350.000 familias reciben apoyo del programa TANF cada mes. A nivel nacional, el programa distribuye aproximadamente US$16.000 millones anuales mediante subvenciones destinadas a los estados.Otras acciones legales impulsadas por California contra la administración TrumpLa demanda se suma a otras iniciativas promovidas por la oficina de Bonta frente a políticas federales relacionadas con el acceso a información personal. Entre ellas figura un escrito presentado junto a otros fiscales generales para impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comparta direcciones e información confidencial de contribuyentes con el ICE.Según la postura de California y de la coalición interestatal, utilizar datos tributarios con fines migratorios podría afectar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. También, la medida provocaría una disminución de la recaudación y generaría efectos sobre distintos programas estatales que dependen de esa información.El informe anual del Departamento de Justicia de California también indicó que, durante los primeros 18 meses de litigios contra medidas de la administración Trump, la oficina del fiscal general presentó 82 demandas. Bonta lideró o codirigió 55 de esos casos y promovió más de 120 escritos de apoyo en procesos judiciales vinculados con políticas federales.
El pasado 4 de agosto, Adbul El-Sayed derrotó a la representante Haley Stevens por apenas 14.893 votos en las primarias demócratas en Michigan por un escaño en el Senado. Es exfuncionario de salud pública en el estado y, de ser elegido en las elecciones generales de noviembre, se convertiría en el primer senador musulmán en la historia del país. Por su postura política y práctica del islam, es comparado con Zohran Mamdani, alcalde Nueva York electo en noviembre del año pasado.Quién es Adbul El-Sayed, el nuevo "Mamdani de Michigan"El-Sayed nació el 31 de octubre de 1984 en Michigan. Es hijo de Mohamed, un inmigrante egipcio, y su madrastra Jackie, cuya familia tiene raíces en el condado de Gratiot desde el siglo XIX, según consignó su biografía oficial. Asistió a escuelas públicas en el suroeste del estado, donde fue capitán de los equipos de fútbol, lucha y lacrosse. Luego, se graduó con honores en la Universidad de Michigan, donde fue miembro de la sociedad de honor Phi Beta Kappa. Durante su graduación, pronunció el discurso de estudiantes junto al entonces presidente Bill Clinton. Poco después de graduarse, obtuvo el título de médico en la Universidad de Columbia gracias a una beca del Programa de Entrenamiento de Científicos Médicos financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Posteriomente, cursó un doctorado en Salud Pública por la Universidad de Oxford, donde estudió como becario Rhodes. La carrera política de Abdul El-SayedPrevio a trabajar en el ámbito público, fue profesor en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia. A raíz de este rol, se convirtió en un experto reconocido en desigualdades de salud y ha publicado más de 100 artículos académicos revisados por pares, los cuales han acumulado más de 2000 citas. En agosto de 2015, fue nombrado para reconstruir el Departamento de Salud de Detroit, convirtiéndose en el funcionario de salud más joven en una gran ciudad de los EE. UU. Bajo su mando, el departamento lideró innovaciones en justicia ambiental, eliminó el plono en las escuelas y garantizó anteojos gratuitos para niños necesitados. Luego dirigió el Departamento de Salud, Servicios Humanos y de Veteranos de Michigan, donde lideró un programa pionero para cancelar hasta US$700 millones en deuda médica para 300 mil ciudadanos del estado. "No estaba destinado": cómo inició la carrera política del "Mamdani de Michigan" Tras ejercer su profesión en el llamado "estado de los Grandes Lagos", decidió ejercer en la política al establecer que el sistema político actual "enfermaba a la gente". "No estaba destinado a ser político. Estudió para ser médico, pero se dio cuenta de que era el sistema político el que enfermaba a la gente", destacó el sitio web. Bajo esta premisa, se postuló para gobernador de Michigan en 2018 con una plataforma progresista. Sin embargo, quedó de segundo en las primarias demócratas con 340 mil votos acumulados y el respaldo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. En 2020, formó parte del Grupo de Trabajo de Unidad para el Sistema de Salud del entonces candidato Joe Biden. Allí, ayudó a diseñar políticas que incluían la reducción en el costo de los medicamentos. "No debería ser tan difícil": la candidatura de Adbul El-Sayed al Senado de EE.UU. El-Sayed anunció su precandidatura al Senado de EE.UU. en abril de 2025, para competir por la banca que deja disponible el senador Gary Peters. En un video estilo vintage con imágenes de décadas pasadas, prometió "sacar el dinero de la política y aprobar el 'Medicare para todos'". "Necesitamos un poco más de esa tenacidad de Michigan en los valores de Washington. Tenemos que contraatacar con fuerza a Trump y Musk con mucho más que papeletas y promesas incumplidas", señaló en sus primeras imágenes de campaña. Las promesas presentadas por el "Mamdani de Michigan" se dividen en tres puntos principales: Sacar dinero de la política Prohibición del dinero corporativo en las campañas políticas.Terminar con el gerrymandering (manipulación de distritos electorales).Reforma de la Corte Suprema y la abolición del filibusterismo en el Senado para facilitar la aprobación de leyes.Facilitar el voto y proteger de manera estricta los derechos y libertades civiles.Poner dinero en tu bolsillo Impuestos a la riqueza de los multimillonarios para financiar servicios públicos.Vivienda asequible y programas integrales para combatir la falta de hogar.Educación accesible sin deudas y sin costo de matrículaRegulación de la Inteligencia Artificial y de los centros de datosComercio justo y empleos dignos, criticando los acuerdos comerciales.Medicare para todosCrear un sistema de salud que garantice atención de alta calidad y asequible para todos los estadounidenses.Reducción del precio de los medicamentos recetados y fragmentación de las grandes corporaciones del sector salud (Break up Big Healthcare).Fortalecimiento del sistema de salud pública y de los servicios para veteranos. Triunfo histórico en las primarias demócratas en Michigan 2026 El pasado 4 de agosto, el exfuncionario público superó a Stevens con el 48,5% de los votos, según consignó AP. La contienda fue tan reñida que no se declaró un ganador hasta las primeras horas del miércoles 5 de agosto. "¡Ganamos! Me enorgullece ser su candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos. ¡Vamos a ganar en noviembre!", escribió El-Sayed en su cuenta de X. Tras confirmarse el resultado, Stevens concedió la victoria y prometió apoyar a El-Sayed. Este también cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Por su parte, el presidente Donald Trump lo calificó de "comunista" y "hombre de odio". Además, alegó fraude electoral en el condado de Wayne (Detroit). "El condado de Wayne es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo. ¡Es un auténtico país del Tercer Mundo! Ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que votantes. Por lo tanto, el comunista, que no goza de popularidad en Detroit, podría tener problemas con el recuento de votos", dijo Trump en su cuenta de Truth Social. El-Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers el próximo 3 de noviembre. De ganar, se convertiría en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos.
Las personas extranjeras autorizadas para trabajar en Estados Unidos deben renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) antes de su vencimiento para evitar interrupciones en su permiso laboral. El procedimiento oficial se realiza mediante el formulario I-765, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).Cómo renovar el EAD ante el Uscis, paso a pasoLa agencia permite presentar la solicitud de manera electrónica mediante una cuenta en su plataforma digital o enviar el formulario en formato impreso por correo. Para esto es necesario utilizar la edición vigente del I-765 y completar todos los campos requeridos.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisSegún la información oficial, para renovar el permiso se debe seguir estos pasos:Preparar el I-765: completar todos los datos solicitados y firmar el formulario a mano (si es en papel) o mediante los mecanismos autorizados (si es digital). El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga la rúbrica de manera correcta.Elegir el método de envío: se puede crear una cuenta en el sitio del Uscis para presentar el formulario digitalmente. Esto permite recibir alertas de estado, cargar evidencia y ver toda la correspondencia del caso de forma segura. Si se opta por el envío en papel, se debe enviar a la dirección postal específica que corresponda a la categoría de elegibilidad del solicitante.Adjuntar fotos: se deben enviar imágenes que no estén montadas ni retocadas digitalmente. Aquellas que estén editadas pueden retrasar el proceso o requerir una cita en un Centro de Apoyo a Solicitantes.Adjuntar evidencia: en este paso el solicitante tiene que sumar copias del EAD actual y cualquier otra evidencia requerida por la categoría específica.Pago de tarifas: varían según la modalidad elegida y la categoría de presentación.El Uscis recomienda iniciar la renovación con anticipación. La orientación oficial indica que la solicitud puede enviarse hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento del documento vigente, mientras que en determinadas categorías para estudiantes también se aconseja hacerlo al menos 90 días antes de su expiración.Tarifas del formulario I-765 para renovar el EAD en agosto de 2026El costo del trámite depende de la forma de presentación y del tipo de beneficio migratorio. De acuerdo con la tabla de tarifas del Uscis, para la mayoría de las categorías, el valor al solicitar una renovación es:Presentación en papel: US$520.Presentación en línea: US$470.Las personas con un formulario I-485 pendiente pueden acceder a costos reducidos o, en determinadas circunstancias, no pagar por la renovación del EAD. Existen además categorías que mantienen una exención total de la tarifa, como algunos refugiados, víctimas de trata, inmigrante juvenil especial y miembros actuales o antiguos de las fuerzas armadas de EE.UU.Determinados solicitantes también deben abonar cargos adicionales previstos por la legislación vigente:Solicitantes de asilo (categoría c8): deben pagar la tarifa estándar (US$520 o US$470) más un cargo adicional de US$275.TPS y otros permisos (categorías a12, c11, c19): deben pagar la tarifa estándar más un cargo adicional de US$280.Qué ocurre después de presentar la solicitud de renovación del EADUna vez aprobada la renovación, el Uscis indica que la producción del nuevo EAD suele completarse en aproximadamente dos semanas. Posteriormente, la tarjeta es enviada mediante el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) por medio del correo prioritario.El tiempo de entrega puede variar según el servicio postal. Si transcurren 30 días desde la aprobación y el documento no fue recibido, el solicitante puede iniciar una consulta ante el Uscis y verificar el estado del envío.La agencia también recuerda que es obligatorio mantener actualizada la dirección postal tanto ante el Uscis como ante el USPS. Si el documento se pierde por información desactualizada, será necesario presentar una nueva solicitud y abonar nuevamente la tarifa correspondiente.
El número de personas que regresan mediante el flujo inverso continúa aumentando, al tiempo que el paso por el Darién se mantiene en mínimos históricos.
La situación de unos 350.000 migrantes haitianos en Estados Unidos cambió de manera definitiva tras una nueva decisión judicial que dejó sin efecto la designación que impedía su deportación. Tras la pérdida del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ahora estos extranjeros quedan expuestos a expulsiones.350 mil migrantes perdieron el TPS tras una decisión judicialLa jueza federal Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, emitió una orden el 5 de agosto en la que confirmó que la suspensión que había bloqueado el fin del TPS para los ciudadanos de Haití ya no tiene vigencia. Con esa resolución quedó oficialmente habilitada la terminación de esa protección humanitaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.Según la orden firmada por la magistrada, la decisión responde al mandato emitido por la corte de apelaciones tras el fallo de la Corte Suprema, que revocó la resolución anterior de Reyes.La jueza explicó que, como consecuencia de ese pronunciamiento del máximo tribunal, la orden que había mantenido suspendida la terminación del TPS no rige. Como resultado, la protección ya "no está en vigor", aunque el litigio principal continuará en los tribunales.La resolución también dispone que el gobierno no obtendrá una suspensión del proceso de producción de pruebas solicitado durante el juicio. Además, ordena a las partes presentar un cronograma conjunto para continuar con las actuaciones judiciales, luego de que los demandantes informaran que no modificarán la demanda original. El litigio, por lo tanto, seguirá abierto, aunque la protección migratoria ya no permanecerá vigente.Qué cambia para los haitianos tras la cancelación definitiva del TPSLa consecuencia más inmediata es que aproximadamente 350.000 migrantes haitianos dejan de contar con la protección que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. Para muchos de ellos, el nuevo escenario implica quedar expuestos a perder sus permisos laborales y enfrentar la posibilidad de ser detenidos o sometidos a procedimientos de deportación.De acuerdo con The Washington Post, la Corte Suprema determinó, por una votación de seis contra tres, que la legislación federal impide que los tribunales revisen las decisiones del gobierno sobre la designación del TPS. Este marco general llevó luego al cambio en el caso de Haití que dispuso Reyes.Aun así, el máximo tribunal dejó abierta una vía limitada para que los beneficiarios intenten impugnar la pérdida de su estatus mediante reclamos de carácter constitucional. En ese contexto, los abogados que representan a los inmigrantes analizan la posibilidad de presentar una nueva demanda centrada en presuntas violaciones a derechos constitucionales y en acusaciones de discriminación racial vinculadas con la terminación del programa. Los sectores laborales de EE.UU. que se podrían ver afectados por el fin del TPS para HaitíLa pérdida del TPS no afecta únicamente la situación migratoria de los beneficiarios. También repercute directamente en el mercado laboral y en numerosas comunidades donde los haitianos llevan años establecidos.Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de TrumpSegún el análisis citado por The Washington Post, alrededor de 200.000 beneficiarios del programa desempeñan trabajos en sectores considerados esenciales para distintas economías locales. Entre ellos se encuentran:Atención médicaServicios de alimentaciónDepósitos y logísticaComercio minoristaCuidados de largo plazoEl impacto económico, además, podría sentirse especialmente en áreas metropolitanas como Miami y Boston, así como en ciudades de tamaño medio como Columbus, en Ohio, y Allentown, en Pensilvania, donde la comunidad haitiana representa una parte importante de la fuerza laboral.
Las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuentan con una herramienta prevista por la Constitución de Estados Unidos para solicitar que un tribunal revise la legalidad de su encarcelamiento. Se trata del hábeas corpus, un mecanismo que puede utilizar cualquier persona bajo custodia sin importar su estatus migratorio.¿Qué es el hábeas corpus y cuándo puede utilizarse contra una detención del ICE?El hábeas corpus está reconocido en el Artículo I de la Constitución estadounidense y funciona como un mecanismo de control judicial sobre cualquier privación de libertad. En materia migratoria, puede emplearse para cuestionar arrestos, detenciones prolongadas o decisiones adoptadas sin las garantías del debido proceso.El recurso obliga al gobierno a explicar ante un juez federal las razones que justifican la detención. Si esas no cumplen con los requisitos legales, el tribunal puede ordenar la liberación del detenido o disponer nuevas actuaciones dentro del proceso.En California, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), organización dedicada a brindar representación legal gratuita en casos migratorios, desarrolló materiales informativos para que las personas recluidas puedan conocer este procedimiento y, cuando corresponda, presentar solicitudes sin representación privada. Entre los casos en los que suele invocarse figuran:Las nuevas detenciones de personas que ya habían recuperado la libertad, especialmente cuando no existe una explicación suficiente sobre el motivo del nuevo arresto.También puede utilizarse cuando una persona permanece detenida durante un período extenso sin una revisión judicial adecuada.Asimismo, el recurso puede solicitar audiencias para revisar la posibilidad de una fianza.Cuestionar procesos de expulsión mientras un tribunal analiza el caso.Denunciar que una detención vulnera derechos constitucionales.Las solicitudes también abarcan casos relacionados con personas que ingresaron mediante CBP One, poseen documentos de parole o un formulario I-220A y posteriormente fueron detenidas nuevamente. En esos escenarios, un juez federal puede revisar si la privación de la libertad cumple con los requisitos legales.La guía elaborada para que los migrantes presenten el recurso sin abogadoImmDef distribuye manuales en español e inglés dirigidos a personas alojadas en centros de detención migratoria de California. El material explica cómo completar los formularios, identificar el tribunal competente y presentar una petición de hábeas corpus bajo la modalidad conocida como pro se, es decir, en representación propia.La iniciativa surgió luego de que integrantes de la organización observaran que algunos detenidos, tras recibir orientación básica, lograban presentar correctamente sus solicitudes judiciales. En este contexto, comenzaron a compartir esa información con otros internos.Además de estos manuales, la entidad ofrece representación gratuita en procesos de deportación, asistencia a menores de edad y apoyo a veteranos. También otorgan ayuda para la defensa de personas retenidas en centros migratorios, con el objetivo de garantizar el acceso al debido proceso.¿Puede Trump suspender el Habeas Corpus?Durante la administración Donald Trump, asesores del gobierno impulsaron la posibilidad de limitar el acceso al hábeas corpus con el argumento de acelerar los procesos de deportación. La interpretación sostuvo que la inmigración irregular podría considerarse una "invasión", supuesto previsto por la Constitución para una eventual suspensión del recurso.Sin embargo, diversos reportes indicaron que la facultad para suspender el hábeas corpus corresponde al Congreso y únicamente puede ejercerse en circunstancias específicas, como casos de rebelión o invasión que comprometan la seguridad pública. La Constitución no otorga esa atribución de manera unilateral al presidente.Además, jueces federales rechazaron la interpretación que equipara la inmigración irregular con una invasión en los términos constitucionales. Como consecuencia, el recurso legal continúa vigente y sigue como una vía disponible para que las personas detenidas soliciten el control judicial de su privación de libertad.Aumentan las presentaciones de hábeas corpus en tribunales federalesRegistros analizados por ProPublica mostraron un incremento sostenido de las peticiones presentadas por inmigrantes detenidos desde comienzos de 2025. En ese período se contabilizaron más de 67.000 recursos destinados a revisar la legalidad de las detenciones migratorias.Texas y California concentraron la mayor cantidad de presentaciones, seguidos por Florida, Pensilvania, Nueva Jersey y Georgia. Los tribunales federales también registraron un crecimiento de casos en otros estados donde aumentó la actividad de control migratorio.El volumen de expediente incrementó la carga de trabajo de jueces, defensores y representantes del gobierno. Mientras continúan los litigios sobre el alcance de este recurso, el hábeas corpus permanece como uno de los mecanismos utilizados para impugnar detenciones efectuadas por el ICE.
En cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, una jueza federal levantó la medida cautelar que frenaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal. La resolución deja sin amparo legal a más de 350.000 migrantes haitianos en Estados Unidos, quienes pierden sus permisos de trabajo y quedan expuestos a procesos de expulsión inmediata.
Julio cerró con el mayor número mensual de ingresos a centros de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump. En ese contexto, el bufete Immigrant Defenders Law Center publicó una guía sobre cómo presentar un habeas corpus para impugnar una detención migratoria ilegal.En qué consiste el habeas corpusEl habeas corpus es una herramienta legal diseñada para impugnar una detención ilegal por parte de los agentes migratorios. Así, garantiza que nadie sea privado de libertad sin fundamentos legales válidos, según la Constitución estadounidense."El habeas corpus habilita a los tribunales para proteger la libertad individual", dijo la profesora Amanda Tyler de la Universidad de California en diálogo con The New York Times. "Es difícil imaginar qué podría ser más fundamental para el papel de los tribunales en nuestra estructura constitucional".De acuerdo con la guía del bufete, los argumentos legales para presentar la solicitud incluyen:Tener un caso abierto en la corte de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Haber sido liberado por el ICE (por ejemplo, con un formulario I-220A, bajo parole o con monitor de tobillo) y luego haber sido redetenido. Estar bajo custodia federal o estatal por un motivo distinto a una sentencia condenatoria (por ejemplo, estar en prisión preventiva o a la espera de extradición). Pasos para solicitar el habeas corpus Para aplicar la herramienta legal, se tienen que seguir tres pasos principales. En primer lugar, se debe completar el formulario AO 242 y responder todas las preguntas con detalles de los hechos, sin necesidad de citar leyes. Durante este paso, se recomienda incluir evidencia de la detención, como el papeleo de las presentaciones ante el ICE. Luego, el tribunal asignará un juez al caso. El juez enviará una "Orden General y Calendario de Presentación de Documentos", que confirma que la persona presentó el recurso de habeas corpus y que debe cumplir con los plazos de presentación.Con esa notificación, los abogados del gobierno deben presentar una respuesta a la petición. Si no se opone, el tribunal emite una decisión. En el caso contrario, el solicitante tiene la opción de presentar una réplica y argumentar por qué debería concederse. Si el juez aprueba el pedido, el migrante debe ser puesto en libertad de inmediato, o bien, el magistrado podría ordenar que le proporcione una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.Cuáles son los argumentos legales sugeridos para solicitar el habeas corpus Debido proceso procesal (5.ª Enmienda): ICE redetuvo a la persona sin previo aviso ni oportunidad de impugnar el arresto.Debido proceso sustantivo (5ª Enmienda): no hay una razón válida para la detención porque el individuo no representa un peligro ni riesgo de fuga.Ley de Procedimiento Administrativo (APA): ICE actuó de forma arbitraria y caprichosa al revocar la libertad condicional sin que cambiaran las circunstancias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) amplió en los últimos años el uso de herramientas biométricas durante los procedimientos migratorios en EE.UU. Entre ellas se encuentra la obtención de muestras de ADN de personas detenidas por autoridades federales, información que posteriormente es enviada al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para su incorporación a la base de datos nacional conocida como CODIS.Cómo el ICE y la CBP envían muestras de ADN a la base CODIS del FBIDe acuerdo con el sitio web del DHS, la práctica tiene sustento en la Ley de Huellas Genéticas de 2005 y en la reglamentación federal que, desde 2020, eliminó excepciones que limitaban la recolección de ADN en determinados casos. Con ese cambio, el DHS amplió la recolección rutinaria de ADN entre personas no ciudadanas detenidas por sus agencias, además de los grupos ya alcanzados por la legislación federal.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizan kits proporcionados por el laboratorio del FBI para obtener las muestras mediante un hisopo bucal. Una vez recolectado el material, este es remitido para su procesamiento e incorporación al Sistema Nacional de Índice de ADN (NDIS, por sus siglas en inglés), que forma parte de la plataforma CODIS.Ese sistema reúne perfiles genéticos enviados por agencias policiales y laboratorios forenses de distintos niveles de gobierno. La información puede utilizarse para comparar muestras obtenidas en investigaciones criminales con los perfiles almacenados en la base de datos nacional.Uno de los aspectos señalados por especialistas es que las personas incorporadas a este registro no necesariamente enfrentan cargos penales. Según un estudio del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, la mayoría de los detenidos estaban involucrados en procedimientos de carácter migratorio y no en procesos por delitos, aunque sus perfiles fueron incluidos dentro del índice.El informe señaló que la negativa a entregar la muestra genética puede derivar en consecuencias legales adicionales. Además de posibles sanciones penales, esa decisión también puede ser considerada dentro de los procedimientos migratorios que enfrenta la persona detenida.CODIS superó los 3,3 millones de perfiles en el índice de detenidosLas cifras muestran un aumento sostenido en la cantidad de perfiles remitidos por el DHS. Desde la modificación reglamentaria implementada en 2020, el número de registros pasó de ser reducido a superar los 3.3 millones hacia finales de 2025. Solo durante ese año se incorporaron cerca de un millón de nuevos perfiles genéticos.El programa también contempla la obtención de muestras de menores de edad que permanecen bajo custodia migratoria. De acuerdo con el estudio de la Facultad de Derecho de Georgetown, los registros obtenidos por el Centro de Privacidad y Tecnología también mostraron que el programa alcanzó a más de 133 mil niños y adolescentes migrantes, cuyos perfiles fueron enviados a CODIS. Esta práctica es diferente de las pruebas rápidas de ADN que la CBP utiliza en determinados casos para verificar vínculos familiares.Otro de los puntos mencionados es que, mientras el perfil digital es utilizado para búsquedas dentro de las bases de datos, las muestras físicas permanecen almacenadas por tiempo indefinido en instalaciones federales."La recolección de información por parte de las autoridades no es algo nuevo; sin embargo lo que se está viendo es para qué va a ser usada en el futuro", cuestionó el abogado de inmigración Kelvin Rosado, en una entrevista con Univision. "Existe una gran preocupación de qué puede pasar con esta información y hasta dónde va para ser guardada por parte de las autoridades", agregó.Migrantes en CODIS: los cuestionamientos legales y de privacidadEl centro académico sostuvo que la expansión de este programa incrementó el alcance de la vigilancia genética aplicada a personas sujetas a procedimientos migratorios. Entre los cuestionamientos figuró la incorporación de perfiles de individuos sin antecedentes penales a una base de datos utilizada por organismos de seguridad en investigaciones criminales.El estudio de la Facultad de Derecho de Georgetown señaló que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fueron añadidos 995.123 perfiles al índice correspondiente a personas detenidas dentro del sistema CODIS. El informe también proyectó que, si el ritmo de recolección continúa, el DHS podría representar una parte significativa de los registros almacenados por el FBI durante los próximos años.Por su parte, el DHS sostuvo que la obtención de ADN responde a facultades otorgadas por la legislación federal y que tanto la CBP como el ICE actúan como agencias de aplicación de la ley autorizadas para realizar esta recolección.
Una cámara instalada al costado de una calle puede registrar la matrícula de un automóvil, identificar sus características y reconstruir parte de su recorrido. Para los migrantes en Estados Unidos, el riesgo aparece cuando esos datos pasan de una policía local a otras jurisdicciones o se utilizan en investigaciones relacionadas con inmigración sin que exista una orden judicial o un control público claro.¿Cómo funcionan las cámaras Flock Safety y qué datos recopilan?Según informó CNN, Flock Safety desplegó más de 120 mil dispositivos en Estados Unidos y comercializa sus herramientas mediante suscripciones para departamentos de policía, empresas y comunidades residenciales. Los lectores automatizados de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) fotografían los vehículos que pasan frente a las cámaras. Además de registrar la placa, pueden identificar la marca, el modelo, el color y rasgos distintivos, como calcomanías, daños o abolladuras. La plataforma incorpora otras herramientas:Condor: captura video y permite acercar, alejar o modificar el campo de visión de la cámara.Nova: integra búsquedas de nombres o matrículas con videos, registros policiales, documentos públicos y otras fuentes autorizadas.FreeForm: admite consultas mediante descripciones escritas, como prendas de vestir o tatuajes. Una investigación de 404 Media detectó búsquedas que también incluían referencias a la raza de una persona.Flock afirmó en un comunicado a 404 Media que sus lectores de matrículas no utilizan reconocimiento facial y que no están diseñados para rastrear peatones. La compañía también asegura que las consultas quedan registradas y que los administradores reciben alertas cuando se introducen términos relacionados con etnia, religión o nacionalidad.¿Por qué las cámaras Flock Safety generan preocupación entre organizaciones migrantes?El principal cuestionamiento no se limita a lo que captan las cámaras, sino a quién puede consultar la información y con qué finalidad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advierte que la plataforma permite localizar vehículos sin una orden judicial y compartir resultados entre departamentos policiales de distintas partes del país.El caso de Dayton, Ohio, mostró el alcance de ese intercambio. En mayo de 2026, la ciudad suspendió el funcionamiento de sus cámaras y cubrió los dispositivos después de que una revisión interna detectara miles de consultas externas relacionadas con inmigración. Las búsquedas vulneraron las normas municipales sobre el uso de la plataforma.Flock declaró a CNN que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no mantienen contratos directos con la compañía ni cuentan con un acceso secreto a su base.Sin embargo, investigaciones periodísticas y documentos examinados por el senador demócrata Ron Wyden revelaron que Flock habilitó durante 2025 una prueba piloto con organismos federales. La empresa afirmó que el programa estaba orientado a casos de tráfico de personas y fentanilo y que fue cancelado después de que surgieran cuestionamientos sobre su alcance.La Electronic Frontier Foundation (EFF, por sus siglas en inglés) centró su advertencia en las listas de vehículos buscados que se comparan automáticamente con las matrículas captadas. En junio de 2026, la organización informó que una de esas listas, denominada "Immigration Violator", contiene datos incorporados exclusivamente por el ICE y puede incluir matrículas asociadas con órdenes administrativas emitidas por esa agencia sin revisión judicial.Por ese motivo, el reclamo de la EFF no se limita a conocer quién efectúa una búsqueda manual. La organización también pide examinar qué listas están activadas en cada sistema, qué organismo incorpora las matrículas y qué agencias reciben una alerta cuando un vehículo registrado pasa frente a una cámara.¿Qué revelaron las auditorías sobre las búsquedas migratorias?En 2025 el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington analizó registros públicos de departamentos policiales que utilizaban Flock Safety en ese estado. Su informe determinó que al menos ocho agencias locales habilitaron durante 2025 el intercambio directo de sus redes con la Patrulla Fronteriza.Las agencias identificadas fueron la Oficina del Sheriff del condado de Benton y los departamentos de policía de Arlington, Auburn, Lakewood, Richland, Sunnyside, Wenatchee y Yakima. Según el informe, esa configuración permitió que la Patrulla Fronteriza consultara datos captados por las cámaras locales.Los investigadores encontraron además búsquedas de la Patrulla Fronteriza en los registros de al menos diez departamentos que no habían autorizado expresamente el intercambio con esa agencia. Las consultas se realizaron entre mayo y agosto de 2025 y utilizaron motivos como "USBP", "USBP/HSI", "immigration", "investigation" y "targeting".El informe no pudo determinar con precisión cómo la Patrulla Fronteriza obtuvo acceso a todas esas redes. Los investigadores plantearon dos posibilidades: un acceso nacional habilitado desde la plataforma o la activación de una función de búsqueda nacional por parte de los departamentos locales.También documentaron búsquedas efectuadas por policías locales a pedido de organismos migratorios. El 23 de mayo de 2025, por ejemplo, un usuario de la Oficina del Sheriff del condado de Yakima realizó dos consultas y escribió "ICE" como motivo. Esas búsquedas alcanzaron 89 redes a las que el departamento tenía acceso.A partir de esos hallazgos, el Centro de Derechos Humanos advirtió que todavía existen dudas sobre la capacidad de los usuarios para comprender y controlar quién accede a sus redes. También señaló que los portales de transparencia y los informes de intercambio no siempre mostraban todas las agencias que posteriormente aparecían en los registros de búsquedas.
El diplomático señala que el encuentro cumple instrucciones de Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco
La Fiscalía General de Nueva York, encabezada por Letitia James, anunció la condena de Marc Henry Menard por un fraude de más de 600 mil dólares contra 11 inversores, principalmente integrantes de la comunidad haitiana. El esquema se extendió durante tres años y alcanzó a víctimas de distintos condados de Nueva York, además de Florida y Georgia.Cómo funcionaba el fraude de inversiones de Marc Henry MenardMenard captaba inversores principalmente en Nassau, Suffolk, Rockland y Queens. Según la investigación, se presentaba como un operador financiero capaz de conseguir beneficios mensuales de entre el 12% y el 20%, pese a que no contaba con autorización para vender valores.Para convencer a sus víctimas, habría presentado información destinada a demostrar una capacidad financiera que no tenía. Entre los elementos utilizados figuraban comprobantes falsos de cajeros automáticos con supuestos saldos superiores a US$8 millones y capturas de plataformas de operaciones que mostraban patrimonios por encima de US$1 millón.El dinero recibido de los inversores no era destinado de la manera que se les había informado. De acuerdo con el caso, lo derivaba a cuentas propias, utilizaba parte de los fondos para cubrir pérdidas en operaciones de riesgo y destinaba otra porción a gastos personales.La investigación también determinó que el esquema tenía características de un sistema Ponzi: los recursos aportados por nuevos participantes eran utilizados para entregar dinero a inversores anteriores. Entre sus gastos figuraron más de US$100 mil en viajes a Turquía, Puerto Rico y Disney World, además de la compra de vehículos Mercedes Benz y BMW y productos de Gucci y Louis Vuitton.Su declaración de culpabilidad se produjo el 17 de abril, luego de que el acusado reconociera ante la Corte Suprema del condado de Nassau tres delitos: Hurto mayor en segundo gradoEsquema para defraudar en primer gradoFraude de valoresLa condena y el dinero que deberá pagar a las víctimasMenard fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y quedó impedido de desarrollar actividades dentro de la industria de valores durante ese mismo período. Además, se establecieron fallos judiciales por US$385.271 a favor de las personas afectadas, suma que el acusado reconoció adeudar.El anuncio de la sentencia fue realizado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el 30 de julio. El caso forma parte de las acciones de la Fiscalía General destinadas a investigar operaciones financieras fraudulentas y brindar herramientas para que los consumidores puedan reportarlas."Marc Henry Menard los engañó. Engañó a los neoyorquinos que trabajan arduamente y robó cientos de miles de dólares para darse lujos con viajes extravagantes y compras ostentosas", declaró la fiscal general James. "Agradezco a mis colegas de las fuerzas del orden por ayudar a poner fin a este fraude y llevar a Menard ante la justicia", agregó.La Oficina de la Fiscal General dispone de formularios para denunciar distintas modalidades de fraude, entre ellas estafas financieras, irregularidades relacionadas con valores y materias primas. También se incluyen apropiación indebida de fondos y casos en los que personas se presentan como profesionales sin estar habilitadas.Cómo denunciar una estafa ante la Fiscalía General de Nueva YorkLas personas que sospechen haber sido víctimas de un fraude pueden presentar una denuncia mediante los formularios disponibles en línea o comunicarse con la Fiscalía General al 1-800-771-7755. Para personas con dificultades auditivas o del habla está disponible el 1-800-788-9898.Al presentar una queja, se recomienda conservar correos electrónicos, mensajes, comprobantes y demás comunicaciones vinculadas con la operación. Si se adjuntan archivos, es conveniente retirar números de Seguro Social, fechas de nacimiento y números de cuentas, salvo que esos datos sean necesarios para comprender el caso.La presentación de una causa ante la Fiscalía General no equivale a iniciar una demanda privada ni significa que la oficina vaya a representar judicialmente al denunciante. Quienes necesiten asesoramiento legal individual deben recurrir a un abogado particular.Cómo comprobar si un asesor financiero está autorizadoAntes de entregar dinero para una inversión, una de las medidas recomendadas es comprobar que la persona o empresa que ofrece los valores se encuentre debidamente registrada. Para ello puede utilizarse BrokerCheck, una herramienta de la Financial Industry Regulatory Authority (Finra).La Fiscalía General también aconseja evitar decisiones tomadas bajo presión. Las propuestas que exigen invertir de inmediato, retirar fondos de cuentas de jubilación, pedir dinero prestado o incorporar nuevos inversores deben ser examinadas antes de entregar fondos.También recomienda no transferir dinero, enviar criptomonedas o entregar efectivo a personas que no hayan sido verificadas, debido a que algunas de estas operaciones pueden resultar difíciles o imposibles de revertir. Ante una propuesta de inversión, consultar a un profesional legal o financiero independiente puede ayudar a detectar irregularidades antes de realizar el pago.