Catalá (PP) sobre Mazón: "Lo más prudente es respetar la acción de la justicia y no hacer juicios de valor precipitados"

Fuente: Clarín

13/03/2025 07:00

Cositorto no se rinde: condenado y con varios juicios por delante, espera salir de la cárcel el mes que viene

Su abogado va a presentar un pedido de excarcelación o de detención domiciliaria a partir de abril, cuando cumpla tres años de prisión preventiva. Apelará el fallo que lo sentenció a 12 años de cárcel por estafa en Corrientes. Ahora le iniciarán una demanda civil por $ 160 millones. En mayo le espera un nuevo juicio en Salta y tiene otra causa en Córdoba.

Fuente: Infobae

13/03/2025 02:51

En la Argentina hay 300.000 juicios laborales sin resolver: cuáles son los sectores con más litigios

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la mayor cantidad de casos nuevos se concentran en la industria manufacturera, principalmente en CABA y provincia de Buenos Aires

Fuente: Perfil

08/03/2025 23:00

Trabajo formal y juicios laborales: el costo de la incertidumbre

La litigiosidad laboral se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la generación de empleo y el crecimiento de las empresas. Leer más

Fuente: La Nación

05/03/2025 08:18

Juicios laborales: la resurrección del cuento de la buena pipa

Quienes reímos en la infancia con el juego dialéctico de El cuento de la buena pipa, que importaba volver recurrentemente a la pregunta de origen sin nunca alcanzar una respuesta que satisficiera al interrogador, encontramos en este recuerdo una herramienta sarcástica para explicar la situación inédita que hoy enfrentamos en el ejercicio del derecho laboral.Nos referimos sin ambages al apartamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en orden a cómo ajustar por el paso del tiempo y los consecuentes procesos de desvalorización monetaria las sumas que en cada juicio laboral debe abonar el empleador y cobrar el trabajador.Era previsible, como anticipáramos en 2023 en nuestro libro "Análisis del Régimen de Indemnizacionesâ?¦", que el máximo tribunal pusiera freno a la modificación del sistema de actualización indirecta nacido de la alzada en septiembre de 2022, cuando manteniendo el correcto ajuste vía tasas bancarias activas le adicionó la capitalización anual de intereses.No imaginamos en cambio que, resuelto el tema por la Corte cuando sostuvo lo adecuado del régimen de utilización de esas tasas, pero acotando la posibilidad de capitalizarlas a una sola oportunidad (fallo "Oliva c/Coma" 2/24), y refrendó después la vigencia de esta modalidad de actualización basada en intereses moratorios conforme el Código Civil y Comercial (cuando la Cámara respondió la inicial limitación echando mano del coeficiente CER, en el fallo "Lacuadra c/Directv" 8/24), las distintas salas iban a insistir en arbitrar mecanismos ajenos al habilitado por el Supremo Tribunal (ahora, en su mayoría, a través del índice de precios al consumidor con declaración de oficio de inconstitucionalidad de la Ley de Convertibilidad).Grave, sin dudas, cuando analizamos la derivación en números que estas diferencias importan en la práctica: los montos de condena se elevan de millones de pesos a decenas y hasta centenas de millones.Y más grave aún cuando la postura de los magistrados se concreta no sólo en los casos nuevos llegados a su decisión, sino en aquellos resueltos por la Corte Suprema vía recursos de queja dejando "sin efecto la sentencia apelada" -fundándose en el cumplimiento de los mismos argumentos verificados en "Oliva c/Coma"-, y ordenando el dictado de "nuevo pronunciamiento con arreglo al presente".Para dejar en claro lo expuesto recurrimos a un caso que, con intervención de nuestro estudio, se dirime a la fecha, donde la nueva Sala interviniente, una vez resuelta favorablemente la queja planteada por nuestro cliente, basada en su actual sostenimiento del sistema de ajuste por IPC, dispuso la aplicación de la modalidad de actualización incorporada a la sentencia de Cámara anterior, expresamente dejada sin efecto por el máximo tribunal nacional.Obligados por esta resolución, debimos plantear otro recurso extraordinario (el segundo). Ante su rechazo parcial, dedujimos otro recurso de queja ante la Corte (el segundo) y un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (esta vez el primero, conforme el reciente fallo en "Ferrari c/Levinas").El dictado de las sentencias correspondientes en el marco de las quejas (¿por la Corte?, ¿por el Tribunal de la CABA?, ¿por ambos?), generará un nuevo fallo que deberá emanar de los magistrados designados a ese fin, cuyo alcance determinará que resulte el último en esta secuencia o se le continúen agregando más planteos en más instancias.Es así como el juego infantil cobra nueva vida.Con la deriva de los expedientes de tribunal en tribunal y el transcurso de los meses con peligro concreto de embargo ejecutivo sobre el obligado al pago, la suerte del dador de trabajo, del demandante acreedor y de los restantes dependientes de la empresa se ve atada a una disputa a la que nadie parece ponerle fin.El cuento de la buena pipaâ?¦Esta vez sin margen para la sonrisa, sino con el dramatismo que importa el riesgo concreto de quebranto empresario y pérdida masiva de puestos de trabajo consecuente.¿Solución?Sin dudas existe: el establecimiento por ley de la modalidad de actualización de los créditos laborales, consagrando su ajuste a través de tasas de interés de tipo moratorio en cumplimiento de la legislación vigente y de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Y esto no es cuento.El autor es abogado y consultor laboral de empresas y cámaras empresarias

Fuente: La Nación

17/02/2025 13:00

Denuncias, juicios y condenas: cinco grandes escándalos surgidos en el mundo de los realities

Emily Ceco, participante de la primera edición de Love is Blind (Netflix) denunció a su esposo Santiago Martínez por violencia de género. La partipante contó que el hombre, con quien se casó dentro del reality, la golpeó, abusó verbalmente de ella y que se escapó de la casa en la que vivían.A partir del caso de la pareja surgida dentro del programa que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi, hacemos un repaso por otros escándalos ocurridos en el mundo de los realities. El hotel de los famosos (Argentina)La influencer Florencia Moyano denunció en la Justicia a Juan Manuel Martino por abuso sexual durante su participación en la segunda edición del reality de eltrece que condujeron Pampita Ardohain y Leandro "Chino" Leunis.El certamen comenzó a grabarse en noviembre de 2022 y se emitió al aire recién en enero de 2023. Al mes del inicio del programa, la producción decidió apartar a Martino y le explicaron que Moyano estaba "incómoda". Más tarde, se conoció lo que ella había vivido."Fui cayendo con el tiempo de lo que me pasó. Intentaba justificar lo que me había pasado. Me costó entender lo que había pasado. Uno en la cabeza lo niega, porque cuando sos una víctima solés negar lo que te pasa. Me llevó mucho tiempo reconocer que lo que me había pasado era una violación", dijo la influencer luego de realizar la denuncia en la Justicia.Y, sobre sus días dentro del reality que se grabó en una casona ubicada en la zona de Cañuelas, agregó: "Yo no podía ir al baño tranquila, se me metía en el baño. Él entraba a querer manosearme, a querer que pasara algo que yo no quería. Yo ponía excusas porque era lo que me salía en ese momento. Pero él me humillaba, me decía que yo era una aburrida, que yo no le daba nada y fue cada vez vulnerabilizándome más".Juan Martino decidió esperar para romper el silencio y referirse a la denuncia en su contra. Primero, apenas Moyano se presentó en la Justicia, fueron los abogados del hermano de la periodista Majo Martino quienes negaron los hechos. Y tiempo después, lo hizo él mismo.El actor dio su versión de los hechos, sobre su salida del reality y la relación que mantenía con la influencer. "A mí me llaman y me dicen: 'Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor'. Yo dije, desde mi ingenuidad, que por qué nos tenemos que cambiar de equipo. Y me dijeron: 'No, no, te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal, está incómoda con algunas cosas que vos le dijiste. Y la psicóloga y la producción decidieron que lo mejor es separarlos'", relató en su momento."Y yo me preguntaba por qué. El programa había empezado hacía un mes. Y nosotros nos vinculamos desde el tercer día, teníamos una relación que estaba buena, era linda. Eso también me dolió un montón porque yo estaba involucrado con ella de verdad. Y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo", sostuvo Martino y agregó que todo lo que había sucedido en el reality estaba registrado ya que las cámaras grababan las 24 horas, aunque luego, por un tema de tiempos, se emitía un resumen.Love is Blind - (Argentina)Otro caso que se hizo público fue el de Ezequiel Ingrassia y Camila Pittaluga, quienes tuvieron una conexión dentro del reality. Sin embargo, la relación no avanzó y la producción del ciclo la omitió y decidió mostrar otras historias. Por caso, él terminó casándose con Julieta Fennema, de quien se divorció tiempo después.Según Camila, que denunció al participante de la primera temporada por violencia y amenazas, mantuvo una relación clandestina con Ezequiel cuando él todavía estaba casado con Julieta. Afirmó que el vínculo duró entre dos y tres meses y lo describió como "muy intenso".Poco antes de que saliera al aire el reality, Ezequiel le mandó a Camila un bozal legal para que no pudiera hablar de él, por miedo a que revelara su historia mientras en el programa se veía la de él con Julieta. "Yo no voy a respetar esto", dijo ella, según la información que se brindó en su momento en LAM. E Ingrassia comenzó a enviarle audios, "a amenazarla y a hostigarla", aseguraron.El 30 de noviembre de 2024, luego de haber sufrido ataques de pánico y ansiedad por la situación atravesada con Ezequiel, Camila se presentó en la Justicia y lo denunció por violencia de género, amenazas y hostigamiento. "Después de asesorarme con más de un abogado, después de meditarlo mucho, con miedo, con ataques de pánico, de ansiedad, con inseguridades, me animé a denunciar. Con el corazón en la garganta, con taquicardia, con el cuerpo temblando, me animé a hablar", sostuvo Pittaluga. "Con mucha impotencia porque no hubiese elegido jamás tener que estar viviendo esto y llegar a esta instancia", lamentó la exparticipante.Luego de que la información se hiciera pública, y de haber sido denunciado, el hombre rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra. Así como también aseguró que no mantuvo una relación paralela con Camila ni engañó a Julieta. "Nunca llegó a ser pareja. O sea, una vez que nos divorciamos con Juli, cada uno hizo su vida, ella estuvo con gente, yo estuve con gente. La diferencia es que por ahí yo estuve con alguien del reality, pero fue una relación esporádica. Tampoco es que fue algo muy serio", indicó Ingrassia."Yo me considero un tipo muy tranquilo, muy centrado. Nunca hubo un hostigamiento ni nada. Sí sé que de su parte, quizás de su supuesta mejor amiga, que ahora ya dejó de ser amiga, que me reenvió un audio en donde ella decía 'cuando salga el reality voy a ver si vengarme y de la manera que me vengo'. Eso me parece que, para haber sido una relación que no funcionó, como puede pasar con cualquier relación, me parece muy fuerte. La palabra venganza ya me parece bastante. Yo creo que fue una relación normal que no funcionó. Ella argumenta que yo la ilusioné y la verdad no, quizás del otro lado estaba más enganchado que de mi lado. Sinceramente, no fue nada grave", agregó y consideró que "hay un grupo que está buscando quizás un poco de cámara o exposición"."No me sorprende, pero tampoco es algo que me incomoda", continuó Ezequiel y aseguró que en ese entonces no había sido notificado sobre la denuncia en su contra. "Yo lo tomé tranquilo. Como te digo, estoy tranquilo porque sé que no hay nada comprometedor. Sé que no hubo acoso, no hubo violencia ni hostigamiento", finalizó.Gran Hermano (España)Carlota Prado, participante de Gran Hermano revolución, de España, denunció a José María López por abuso sexual durante su participación en el reality en noviembre de 2017.El caso fue elevado a juicio, que se llevó a cabo en abril 2023, y el acusado fue encontrado culpable y condenado a 15 meses de prisión por el juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Aunque no fue preso ya que se trató de una condena menor a dos años y no contaba con antecedentes penales. También fue condenado a cuatro años de alejamiento e incomunicación con la víctima y le impusieron el pago de 6000 euros por el daño moral.A partir de este caso, en todas las versiones de Gran Hermano del mundo se añadió una cláusula de consentimiento, que todos los participantes deben firmar antes de ingresar a jugar a la casa. Y una vez allí dentro, deben expresar de forma explícita ante las cámaras su consentimiento para mantener relaciones sexuales. Así se trate de una pareja establecida en el reality, y no sea la primera vez que suceda. De esta manera y para dar su consentimiento, cada uno de los participantes debe levantar su pulgar a cámara antes de iniciar el acto.Gran Hermano (Brasil)En la edición 2023 del programa que se realizó en Río de Janeiro, dos participantes fueron expulsados por acosar sexualmente a una compañera mexicana que había llegado de intercambio de la versión del reality de México. Se trata del cantante de rap MC Guimé y el luchador Antonio Carlos Junior, profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) popularmente conocido como "Cara de Zapato".En una de las fiestas dentro de la casa, el rapero tocó en reiteradas ocasiones y sin su consentimiento a la mexicana Dania Méndez. Por otro lado, esa misma noche, el luchador de MMA la besó y luego forcejeó con ella en la cama.La producción del programa no dejó pasar estos episodios y decidió expulsar a ambos participantes. "Tenemos una invitada en casa. Una visitante. Una persona que ha venido de otro país. Pero, sobre todo, una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Por todo lo que hemos visto y oído, estoy aquí para decir que no nos gusta lo que vimos ayer. Fueron en contra de las reglas del programa", leyó el comunicado el conductor del programa Tadeu Schimidt.La casa de los famosos - (Estados Unidos)Comunicado+y+denuncia+pública+urgente.+sobre+todo+medios+de+comunicación-+pido+de+la+manera+más+humilde+su+apoyo+para+difundir+y+que+todos+los+atropellos+no+queden+impunes.no+al+acoso+laboral,+no+a+la+difamación+y+Basado en el popular reality mundial Big Brother (Gran Hermano), la cadena televisiva Telemundo realizó La casa de los famosos. Y en la cuarta edición -llevada a cabo en México- la actriz Thalí García hizo fuertes acusaciones contra el programa luego de abandonarlo de manera abrupta.La artista mexicana aseguró que se sintió presionada a participar del reality porque su esposo, Felipe Aguilar, fue despedido de la cadena internacional sin justificación. García explicó que nunca tuvo intenciones de formar parte de un reality, pero que debió hacerlo porque su pareja no tenía trabajo y a ella le habían cancelado su participación en otros proyectos.Dentro de la casa, Thalí formó una alianza con el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera. Y, por miedo a lo que se decía de ellos afuera, abandonó el programa. Y, con esa decisión, renunció al premio de US$200 mil.En un extenso video en el que mostró a flor de piel, Thalí García contó el supuesto trasfondo del reality y reveló que fue "secuestrada" durante 45 minutos en "El Confesionario", sin poder salir. También acusó a la producción de impedirle el contacto con su esposo y que habían sido ellos quienes "armaron" su relación con el músico al hacerlos dormir en una suite con cámara las 24 horas. "Podíamos entrar, pero no podíamos salir", contó en el vivo de Instagram en el que dio los nombres de todos los involucrados.Allí, además, dijo que había sido medicada durante su participación en el reality y que fue víctima de acoso laboral.La cadena Telemundo, en tanto, tomó cartas en el asunto y se expresó al respecto, en medio del escándalo. "La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García", se leyó en su momento en el comunicado oficial que trascendió.

Fuente: Página 12

06/02/2025 01:36

La motosierra deja a varios juicios de lesa humanidad sin la querella del Estado

Ya hay seis provincias que se quedaron sin abogados y abogadas que impulsen los juicios.

Fuente: La Nación

05/02/2025 01:00

El delito de sospecha en los juicios de lesa humanidad

A partir del dictado de la ley 25.779, del 21/08/2003, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida (23.492) y Punto Final (23.521), se reiniciaron los juicios denominados de lesa humanidad, en los cuales, en lugar de aplicar a los imputados la presunción de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, se los obliga a transitar presos las formalidades procesales bajo un aura de culpabilidad hasta que se les dicta sentencia.Esos juicios se llevan adelante contra quienes figuran en las listas de personas que -para la parte acusadora- llevaron adelante alguna actividad -en forma directa o indirecta- en contra de los grupos subversivos/terroristas que asolaron el país, pero solo si esas actividades sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a los fines de esos juicios figurar en esos registros es trascendente, porque en ese caso suelen terminar siendo condenados.Luego esas sentencias en general son confirmadas por los tribunales de alzada, lo cual deja en evidencia que desde los juzgados de primera instancia y hasta la Corte Suprema de Justicia -más allá de la cosmética judicial- se coincide en disponer y/o validar condenas que muchas veces se fundan en una presunción ad hoc, por medio de la cual se considera culpables a los acusados en esas causas por figurar en esos registros. Lo cual es un agravante más al desconocimiento sistemático que padecen los incursos en esos juicios de los derechos básicos que nuestra Constitución nacional garantiza a todos los habitantes, por ejemplo: el juez natural; la irretroactividad de la ley; que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho; el principio jurisprudencial dispuesto por nuestro máximo tribunal en relación con que la prisión preventiva no constituye una presunción que no admite prueba en contrario, sino que debe interpretarse armónicamente con el principio de inocencia; que toda persona debe ser juzgada en tiempo razonable; la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años, cuya denegatoria genera que los únicos ancianos dentro de la población carcelaria sean los incursos en esos delitos, etc.Por lo tanto, el tema de esta columna es el efecto de la presunción en las causas de lesa humanidad, y para ello bueno es empezar explicando que la ley les asigna validez a determinadas circunstancias, estableciendo que algunas de esas presunciones admiten prueba en contrario, son las identificadas como Iuris Tantum, pero también existen presunciones legales que no admiten prueba en contrario, a esta últimas se las conoce como Iure Et De Iure, que es una expresión del latín que podría traducirse como "de derecho y por derecho" o "de pleno y absoluto derecho".Naturalmente, estas presunciones deben encontrarse establecidas por la ley, lo cual significa que el legislador tiene que indicar en forma clara ante la presencia de qué circunstancias corresponde aplicar presunciones Iuris Tantum o Iure Et De Iure,Dentro de las presunciones legales Iuris Tantum, podemos citar cuestiones del derecho de familia, por ejemplo el artículo 566 del Código Civil y Comercial, que establece la presunción de filiación para aquellos nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores al inicio del divorcio o nulidad del matrimonio, separación de hecho o muerte del cónyuge; otro ejemplo para este tipo de presunciones es la mayoría de edad legal por medio de la cual la ley presume que una persona está en condiciones de actuar de un modo viable y seguro para que un acto tenga eficacia jurídica.Estos ejemplos y otros que dispone la ley bajo modalidad de presunciones Iuris Tantum valen mientras no se pruebe lo contrario, y la causa de su existencia en el derecho es evitar discusiones innecesarias y facilitar el desarrollo de los procesos judiciales, siempre que ello no afecte la seguridad jurídica.En cuanto a la aplicación de la presunción Iure et de Iure, esta persigue los mismos objetivos que la anterior, pero la ley que las establece debe limitar su uso a circunstancias que indiquen que estamos ante un hecho o un derecho incontrastable, toda vez que no admite prueba en contrario.Como ejemplos de presunciones Iure et de Iure dentro de nuestro ordenamiento legal puede citarse la deuda de intereses que el deudor debe a partir de su mora conforme lo dispone el artículo 768 del Código Civil y Comercial, porque es una presunción que no admite prueba en contrario, visto que se basa en la circunstancia de que ante la mora corresponde una indemnización que repare el evidente perjuicio sufrido, y también lo establecido en el art. 794 del Código Civil y Comercial, que dispone que ante una cláusula penal, el deudor no puede eximirse de pagarla acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio.Ahora bien, en mi opinión, en el derecho penal no deberían existir las presunciones Iure et de Iure porque vulneran la garantía in dubio pro-reo, que es un principio jurídico que, en consonancia con la garantía constitucional de presunción de inocencia (que es de la especie Iuris Tantum), implica que, en caso de duda, esta favorecerá al acusado de la comisión de un delito. Pero más allá de mi parecer, la realidad es que existen dentro del Código Penal presunciones Iuris Et De Iure, como es el delito de dádiva tipificado en el artículo259 del Código Penal, porque la ley presume, sin aceptar prueba en contrario, que todo funcionario público que acepta una dádiva es un corrupto que la recibe para dañar el bien jurídico protegido, que en ese caso es el debido funcionamiento de la cosa pública que se encuentra a su cargo: es decir que la ley sanciona a un funcionario para proteger ese bien jurídico, cuyo daño la ley no requiere que se produzca, lo cual, en mi opinión ubica este delito como violatorio del principio de inocencia que garantiza nuestra Constitución nacional, porque si no es necesario acreditar la causalidad entre la aceptación de un regalo y un daño sobre el bien jurídico protegido (como si sucede en el cohecho), es claro que nos encontramos con un tipo de delito que se aplica ante una presunción que no acepta prueba en contrario, y es justamente por eso que parte de la doctrina ubica ese tipo de delitos como "de sospecha".Todo este recorrido fue desarrollado para explicar que, en mi opinión, en los juicios denominados de lesa humanidad muchas veces se aplica a los imputados un procedimiento similar, lo cual produce que, además de padecer las violaciones ya indicadas en contra de sus derechos y garantías constitucionales, al figurar en los registros que la parte acusadora acompaña en cada uno de esos juicios para identificarlos, esa información pasa a ser trascendente si no se logra acreditar que con su accionar dañaron el bien jurídico protegido, porque entonces se recurre al contenido de esos archivos, los cuales esencialmente indican la prestación de servicios de esas personas en algún destino militar o civil entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Y con esa evidencia se constituye un tipo de delito de sospecha bajo el mismo razonamiento por el que la ley dispone que el funcionario público que recibe un regalo es un corrupto, pero en estos asuntos, y sin ley que lo avale, se los considera punibles de delitos de lesa humanidad fundado en el sofisma de que si figuran en esos legajos algo malo debieron haber hecho.Ã?Abogado y doctor en Derecho

Fuente: Infobae

03/02/2025 01:18

Yolanda Díaz denuncia "juicios paralelos" donde "ya todos son culpables" tras la imputación del hermano de Sánchez

Fuente: La Nación

03/02/2025 00:00

Alquileres: un especialista adelanta lo que viene: precios, ajustes y los tiempos de los juicios de desalojo

El negocio de los alquileres cambió casi de un día para el otro. La derogación de la ley de alquileres fue un punto de inflexión clave. Enrique Abatti es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, además de un abogado penalista especializado en el mercado inmobiliario que sigue desde hace casi 50 años la dinámica de los alquileres y que lleva más de 66 libros escritos sobre la temática s junto con los Dres. Ival Rocca (h) y Enrique Abatti (h), se anima a un mano a mano con LA NACION y adelanta lo que viene en un mercado en ebullición.- ¿Qué cambios fundamentales trajo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogó la ley de alquileres?- El DNU estableció un cambio copernicano en materia de locaciones. No tiene antecedentes en la legislación argentina y pocos a nivel mundial, ya que otorga una libertad contractual sin precedentes entre las partes. Marcó un antes y un después en el mercado de alquileres: uno de los más significativos fue la eliminación del plazo mínimo de tres años para los contratos de vivienda, que había sido un gran obstáculo para los propietarios. Ahora, los contratos pueden adaptarse a las necesidades de las partes, con plazos más cortos y ajustes más dinámicos.Claribel Medina: su charla con María Valenzuela, qué le pidió su ex Pablo Alarcón en el hospital y la adicción que padeció-¿Por qué falló la ley de alquileres sancionada en 2020?- El mayor error fue ignorar la realidad económica del país. Imponer contratos de tres años con ajustes anuales en un contexto de inflación que superaba el 240% anual fue un despropósito. Los propietarios no podían sostener esos términos, lo que resultó en una drástica reducción de la oferta. Otro error grave fue no permitir que los alquileres se pactaran en moneda extranjera. Esto, combinado con la posibilidad de pagar en pesos al tipo de cambio oficial, generó una enorme brecha entre los costos reales y los ingresos de los propietarios.-Hoy los contratos se ajustan cada tres meses, ¿se ampliará ese plazo? ¿de qué depende?-Con la derogación de la ley que obligaba a los propietarios a mantener el precio fijo de los alquileres durante un año, el año pasado se triplicó la oferta de alquileres, ya que ahora las partes se ponen de acuerdo para fijar los montos y elijen libremente los índices de ajuste y su periodicidad. A medida que continúe disminuyendo la inflación pasarán de trimestrales a cuatrimestrales y luego, seguramente, a semestrales, beneficiando especialmente a quienes quieren alquilar porque ahora pueden elegir, negociar los precios, sus ajustes y condiciones de pago.-No hay más listas de esperas como hace un año atrás-Desaparecieron porque los precios de los alquileres se han estabilizado e incluso con rebajas a moneda constante, según las ubicaciones de los inmuebles, de hasta un 20%. Esto contribuyó a disminuir también la tensión social causada por las leyes derogadas, que terminaron perjudicando a los inquilinos. También se levantó la prohibición de pagar alquileres en moneda extranjera, lo que permite a las partes acordar pagos en dólares o euros, si así lo desean, fundamental en un contexto de alta inflación y fluctuaciones cambiarias.-Además se eliminó la obligación de registrar los contratos en la AFIP, ahora ARCA-Si ese trámite había desalentado a muchos propietarios. Hoy el mercado es más fluido, con más oferta y precios que se están moderando, e incluso disminuyendo en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Esta mayor flexibilidad ha permitido que los inquilinos tengan más opciones y puedan negociar condiciones más favorables.Eduardo Costantini contó a LA NACION por qué compró el campo que fue de Lázaro Báez en Punta del Este- Y, ¿qué les pasa a los propietarios con esta nueva realidad?- La oferta de alquileres se revitalizó. Durante la vigencia de la Ley 27.551, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado por las restricciones que les imponía, especialmente la imposibilidad de ajustar los alquileres según la inflación. Ahora, con la libertad contractual que establece el DNU, propiedades que estaban en venta han vuelto al mercado de alquileres. Esto generó una gran oferta en algunos segmentos, lo que beneficia a los inquilinos, quienes ahora tienen la posibilidad de elegir y negociar precios, ya que, ante la perspectiva de los propietarios de tener una inmueble sin alquilar, bajan sus condiciones y precios. Por ejemplo, hay propietarios que ofrecen descuentos importantes a quienes pagan varios meses por adelantado, algo que estaba prohibido anteriormente, por el art. 1196 del CCyC, que fue modificado. Esto dinamiza el mercado y genera un círculo virtuoso, ya que los propietarios pueden utilizar ese dinero para otras inversiones.-Pese a los descuentos, ¿le conviene a los propietarios ese tipo de acuerdo de pago por adelantado?-Haber eliminado la prohibición de que los inquilinos paguen más de un mes por adelantado fue clave porque muchos inquilinos prefieren adelantar varios meses o incluso un año completo a cambio de un descuento en el precio. Este tipo de arreglos beneficia tanto al inquilino, que obtiene mejores condiciones, como al propietario, que recibe un ingreso inmediato que puede reinvertir.Historias: la familia que hizo crecer los lofts en Buenos Aires, marcó hitos en el mercado inmobiliario y es resiliente a todo-¿Qué pasó con los juicios de desalojo? Es un tema pendiente..- Los juicios de desalojo son, lamentablemente, un punto crítico en nuestro sistema. Hoy en día, un desalojo por falta de pago puede tardar hasta un año en la Ciudad de Buenos Aires y más de año y medio en la Provincia de Buenos Aires. Esto es inaceptable. Algunas provincias, como Mendoza, lograron agilizar estos procesos gracias a una legislación procesal más eficiente, reduciendo los tiempos a seis meses. Es fundamental que se implemente una reforma en los procedimientos judiciales para que los desalojos sean más expeditivos. Es como en el negocio de los seguros: a mayor riesgo, mayor será el valor de la póliza y, eso genera que se le exijan más garantías a los inquilinos y mayores precios de los alquileres, para resguardarse el propietario de los efectos negativos de un juicio de desalojo prolongado. Esto no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también daría mayor confianza al mercado en general, fomentando la inversión en construir inmuebles destinados a alquiler.-¿Qué pasará con los precios de los alquileres en los próximos meses?- Hoy estamos viendo una tendencia hacia ajustes más cortos, cada tres o cuatro meses, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto se debe a que la inflación comenzó a moderarse, pasando de picos mensuales del 15% a valores cercanos al 3%. Esta nueva dinámica permite que los contratos se adapten más rápidamente a las condiciones del mercado, lo que beneficia tanto a propietarios como a inquilinos. Sin embargo, para que esta estabilidad se mantenga, es crucial que el país logre sostener una inflación baja y previsible en el mediano plazo.-¿Qué otros desafíos hay para consolidar un mercado más equilibrado?-Uno de los mayores desafíos es mejorar la seguridad jurídica. Aunque el DNU trajo avances significativos, aún quedan cuestiones pendientes, como la regulación del depósito de garantía. Si bien ahora es posible acordar montos y formas de devolución libremente, el decreto no establece cómo deben devolverse estos depósitos. Esto puede generar conflictos al finalizar un contrato, porque la legislación anterior establecía que en los alquileres de vivienda, debía restituirse al valor del último alquiler vigente, lo cual es totalmente justo. Otro tema importante es garantizar la claridad en los contratos. Es fundamental que reflejen el estado real del inmueble y detallen responsabilidades en caso de reparaciones o cambios en los servicios del consorcio. Todo esto apunta a construir un mercado más transparente y previsible, donde tanto propietarios como inquilinos puedan sentirse protegidos.Venden departamentos y lotes que se pueden pagar hasta en 30 años sin crédito hipotecarioLa seguridad jurídica es fundamental para que los propietarios aumenten sus inversiones en inmuebles destinados a renta, especialmente ahora que muchos de ellos cuentan con la disponibilidad de los dólares del blanqueo. Si el gobierno da señales de seriedad en sus promesas, eso se traduce en la seguridad jurídica necesaria para incentivar las inversiones inmobiliarias en el país y evitar el éxodo de capitales al exterior. Otro factor importante es seguir reduciendo la inflación y mantenerla en un nivel compatible con los países desarrollados, porque eso atraerá inversores extranjeros y alentará la repatriación de capitales argentinos. También se debería seguir con la política de emisión monetaria cero, derogar cuando estén dadas las condiciones adecuada, el cepo cambiario y proseguir con la reducción del gasto público.

Fuente: La Nación

22/01/2025 18:18

Crece el número de juicios por accidentes laborales y se acerca a su récord histórico

El número de juicios iniciados en 2024 por accidentes laborales creció en 2024 casi un 7% respecto del año anterior, y quedó muy cerca del dato récord histórico, registrado en 2017 y que, paradójicamente, fue el que motorizó el debate que llevó a la ley 27.438, hoy vigente.El sector que desde hace un tiempo viene manifestando su preocupación, hoy ya se expresa en tono de alarma con respecto al tema. Advierten que la falta de cumplimiento de la ley por parte de uno de los principales actores del sistema -la Justicia- es determinante. Y los referentes recuerdan que en el peor momento de la historia el nivel de litigiosidad cruzó el umbral de las 130.000 demandas.Los datos se desprenden del último informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), la entidad que agrupa a las compañías de seguros de este sector. Según se indica, en 2024 hubo 125.842 nuevos juicios laborales, solo por casos de accidentes o enfermedades. Se trata de demandas por disconformidad con las indemnizaciones o con el grado de incapacidad laboral definido.En 2023 las demandas iniciadas fueron 117.348, un 25% más que las de 2022. Y, si bien la UART y otras instituciones empresariales y profesionales vienen alertando sobre la cuestión, en 2024 hubo un 7% más. Y fue el cuarto año consecutiva de incremento del número.En la práctica, una vez que se supera la instancia administrativa de evaluación y determinación de las secuelas de un accidente laboral según las reglas del baremo (una tabla de incapacidad laboral); en los casos en que el trabajador pretende un reconocimiento mayor, acude a la Justicia. Allí, el dictamen de los médicos forenses resulta determinante para el juez, a la hora de definir el grado de incapacidad y, en consecuencia, el quantum de la indemnización.La problemática, según afirman en el sector, radica en que, más de siete años después de la reforma que dispuso cambios en los procedimientos, el Poder Judicial de la Nación nacional y de cada una de las 17 provincias que adhirieron a la ley, no crearon los cuerpos médicos forenses previstos en ella. Este incumplimiento provoca que, como peritos, intervengan profesionales particulares que, si bien están registrados en la justicia, no constituyen un cuerpo independiente e imparcial que usen criterios uniformes y ajustados al ya mencionad baremo, que previó la normativa para fijar los porcentajes de daños.De esta forma, indican que, con el mecanismo actual, cada perito -que cobra honorarios proporcionales al monto de la sentencia-, aplica su criterio personal. Y eso provoca, argumentan, desigualdad y desproporcionalidad al fijar el grado del daño, distorsionando el sistema y generando mayor litigiosidad.En la UART agregan que la problemática no solo impacta de manera implacable en la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino que perjudica al mismo tiempo toda la estructura productiva: a los empleadores, afectando sus decisiones de inversión y empleo; a los trabajadores, bajando sus chances de conseguir trabajo de calidad, y a las ART, socavando la solvencia del sistema.El procedimientoLa ley vigente prevé un procedimiento con instancia administrativa. Finalizado el tratamiento médico del trabajador, se evalúa conforme las reglas del baremo si quedó algún grado de daño, lo que da paso a la presentación por parte de la ART de un trámite de homologación. De esos trámites homologables, cerca de un 90% se cierra con acuerdo del trabajador, que dispone de un abogado con honorarios a cargo de la ART."Si el trabajador no está de acuerdo con la ART, va a la comisión médica que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y después a la Justicia" explican desde la UART, donde consideran que la solución a la alta litigiosidad se encuentra en el propio texto de la ley 27.438, que dispuso, entre otras cuestiones, la creación de los cuerpos médicos forenses.Por esa razón, la entidad, desde hace tiempo, reclama tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como al Poder Judicial de cada provincia la creación de este cuerpo. Eso permitiría, sostienen las empresas, contar con profesionales elegidos por concurso, con formación especializada en la temática, con estabilidad, permanencia y en relación de dependencia con el Poder judicial, es decir, sin honorarios atados al resultado del caso.Las aseguradoras también señalan que si los jueces aplicaran tasas de interés razonables, como viene indicando la Corte Suprema que debería ocurrir, también se desalentaría la litigiosidad. "La disparidad de las tasas que aplica la justicia en las distintas ciudades es un factor que no contribuye al sistema ni aporta previsibilidad ni seguridad jurídica", afirman desde la entidad.Ranking por provinciasEn el ranking de nuevos litigios el podio lo ocupa la provincia de Buenos Aires, con 50.584 casos en 2024; le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 22.946 juicios, y Santa Fe, con 16.439 casos y un incremento anual de 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales. La sigue Mendoza con 9.857 y un aumento de 18%.En la UART afirman que la necesidad de que el sistema tenga cuerpos médicos constituidos según lo que dice la ley, lo demuestran los casos de las provincias que, si bien no cuentan con esa estructura específica, sí tienen médicos forenses dependientes del poder judicial -empleados de la justicia que cobran un salario mensual, en lugar de honorarios atados al daño cuyo grado ellos mismos determinan-. Tal es el caso de Salta y Río Negro, que, en comparación con sus provincias vecinas, con economías equivalentes y un nivel de siniestralidad similar, presentan una significativa disparidad en los niveles de litigiosidad.Jujuy tiene 50 veces la litigiosidad de Salta, mientras que Río Negro tiene una cuarta parte y un tercio, de la judicialidad de sus vecinas Chubut y Neuquén.Comparación con Chile y EspañaLas autoridades de la UART también señalan que "de partida nuestro sistema es generoso, porque prevé el resarcimiento desde el 0,01 de incapacidad, mientras otros, como el de Chile y España, prevén el resarcimiento a partir del 15% (Chile) y 30% (España)".En términos de litigiosidad, indican que "los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo."Lo paradójico, expresan, es que mientras los niveles de litigiosidad se incrementan, los índices de siniestralidad bajan. Los accidentes fatales (in itinere) tuvieron una disminución del 73% en total y del 78% si no se consideran los accidentes in itinere, es decir, los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo.

Fuente: Infobae

20/01/2025 00:38

Los juicios a las "brujas" de Salem: pastel de orina, confesiones falsas y diecinueve ejecuciones en la horca

Fueron en 1692 y hubo más de 150 personas encarceladas, sobre todo mujeres. La ciencia nunca logró explica de dónde venían los síntomas de quienes denunciaban "visiones espectrales"

Fuente: Perfil

18/01/2025 23:36

Tras fuerte caída, los juicios por accidentes de trabajo volvieron a crecer y ponen la mira en la Justicia

Luego de la entrada en vigencia la nueva Ley de Riesgos de Trabajo, en 2017, hubo una caída considerable de los juicios iniciados, pero en los últimos dos años la tendencia se revirtió y volvió al punto inicial. Para las empresas de ART la industria del juicio sigue sana. Ponen el foco en los poderes judiciales de las provincias. Leer más

Fuente: La Nación

18/01/2025 19:18

Amenazan a la Argentina varios juicios millonarios que se tramitan en el exterior

Debido al historial de expropiaciones y deudas impagas de los últimos gobiernos, en cortes internacionales de justicia se mantienen varias causas abiertas contra la Argentina, con reclamos por indemnizaciones que suman al menos US$18.240 millones.El caso más conocido es el juicio por la estatización de YPF, que esta semana sumó un nuevo capítulo cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el Estado argentino presente la información que pidieron los fondos demandantes, que buscan cobrar la indemnización de US$16.100 millones que surgió del fallo de primera instancia.A ese proceso, además, se le suman el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y los pedidos de cobro por la deuda en default de 2001 y por el caso de los bonos cupón PBI.La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Rodolfo Barra, quien en el primer año de gestión de Javier Milei mantuvo los lineamientos del gobierno anterior, bajo la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).Según afirma Sebastián Maril, director de la firma Research for Traders, "los juicios abiertos contra el Estado argentino: cupón PBI en Gran Bretaña, por â?¬1732 millones; cupón PBI en Estados Unidos, con dos juicios por US$6000 millones; YPF, por US$17.000 millones; Aerolíneas Argentinas, por US$390 millones; Webuild, con dos juicios por US$60 millones; Bainbridge Fund, por US$95 millones, y Attestor Master, por US$450 millones, donde están embargados los bonos Brady (US$310 millones)".Expropiación de YPFEl juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, ocurrido en 2012, es el caso más importante que enfrenta la Argentina. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la indemnización. Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado.Para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso. Y en relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó, más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que indicaban que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.Por lo tanto, ahora los fondos piden que nuestro país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por la Argentina son alter ego; es decir, extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. Entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se opone a entregar cierta información, porque dice que no es relevante, mientras que los fondos señalan que eso lo tiene que decidir la jueza.Esta semana, sin embargo, Preska ordenó al Estado entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo, incluido datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central."La jueza Preska aceptó el pedido de los demandantes y ordenó que Argentina les entregue la información sobre las reservas de oro del BCRA que tenga el gobierno nacional. La defensa argentina se había opuesto, argumentando que el oro es propiedad del BCRA y no del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo no tiene información sobre esas reservas y el BCRA considera que esa información es confidencial", explicó el exviceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.En la Procuración del Tesoro dijeron: "Estamos a disposición de la Justicia, ejerciendo nuestro derecho de legítima defensa de la República Argentina. Como siempre, con extrema prudencia por temas de estrategia y confidencialidad".Expropiación de Aerolíneas ArgentinasEn 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que depende del Banco Mundial, ratificó que el Estado argentino debía pagar US$320 millones más intereses de indemnización por las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurridas en 2008.En 2021, el caso continuó en la justicia estadounidense, en los tribunales del distrito de Columbia, donde el fondo Titan Consortium, quien compró el derecho a litigar, hizo el reclamo para pedir la ejecución del laudo arbitral, luego de que la Argentina nunca pagara.La defensa argentina, por su parte, primero pidió a la misma corte que confirme que Titan es el titular legítimo del reclamo, y luego dijo que este era extemporáneo y que la cuestión había prescrito. El tribunal rechazó la moción de desestimación del Estado argentino y, recientemente, la defensa apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones de Columbia.Cupón PBILa Argentina tiene dos procesos en paralelo por los bonos "cupón PBI", emitidos en 2005. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en el pago de menos intereses de deuda, en 2013.Por un lado, hubo una sentencia en contra en el Tribunal Superior de Londres. El juez Simon Picken le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y sentenció daños e indemnizaciones por 1330 millones de euros más intereses. La Corte Suprema de este país rechazó el pedido de la defensa argentina de apelar el fallo y, por lo tanto, la sentencia quedó firme.En paralelo, la Argentina enfrentaba otro proceso similar en Nueva York, aunque en marzo pasado, la jueza Preska dictó sentencia sumaria a favor de la Argentina, rechazó la demanda y cerró el caso, porque consideró que los demandantes no habían satisfecho los requisitos contractuales indispensables para presentar la demanda. Los demandantes apelaron el fallo. Son los fondos Aurelius, Novoriver, ACP Master, 683 Capital Partners, Adona y APE Group SPA.Bonos en defaultLos fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, entre otros, compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).En total, la Argentina debe alrededor de US$420 millones por esta deuda acumulada.En agosto, la Justicia estadounidense habilitó el embargo de activos que tiene el Estado argentino depositado en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense (Fed). Según estimaciones privadas, sería un total de US$187 millones.Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.

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