Según una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde mañana martes todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán detallar en el monto correspondiente al IVA contenido, y, de corresponder, otros impuestos nacionales indirectos. Leer más
El 1 de abril vence el plazo para que las pequeñas empresas adapten sus sistemas para mostrar claramente los impuestos en tickets y facturas. Desde enero, los consumidores deben recibir el detalle de la carga fiscal de sus compras. Leer más
A partir de abril, los consumidores podrán ver en los tickets los impuestos que pagan por cada compra, como parte de un nuevo régimen fiscal que busca aumentar la concientización sobre la carga tributaria. Leer más
"El comercio podría enfrentar un proceso de clausura de dos a diez días", señaló el tributarista, Sebastián Domínguez, sobre la sanción que podría enfrentar un comercio si no se adhiere a la nueva medida del ARCA. Leer más
A partir de la semana próxima, quien emita comprobantes deberá detallar impuestos aplicados al precio final. También deberán visualizarse en góndola y publicidad. Buscan mayor transparencia tributaria para los consumidores.
No existen aún precisiones respecto de la forma en que sería implementada la desclasificación ni certezas sobre la existencia de información que aún no haya visto la luz con anterioridad. Los registros confidenciales pasarían desde la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hacia el Archivo General de la Nación (AGN). Leer más
Antonio Repullo señala la falta de claridad en el acuerdo entre PSOE-A y Jaén Merece Más, cuestionando la justificación de la moción de censura contra Agustín González en Jaén
Con la decisión, la Cámara Baja consumó la extinción del INAI para dar paso a la entidad conocida como Transparencia para el Pueblo
La contadora especialista en pymes, Elisabeth Piacentini, analiza cómo la nueva medida fiscal buscará dar mayor claridad sobre el impacto del IVA en los precios. Leer más
Pilar Alegría defiende la actuación del PSOE frente a casos de corrupción, citando el caso de José Luis Ábalos, y destaca la colaboración del partido con la justicia en todo momento
La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) establece que cualquier persona en Estados Unidos puede solicitar acceso a documentación de las agencias gubernamentales. Esta legislación permite que las actividades estatales puedan ser observadas por la población. En el caso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esta regulación es fundamental para garantizar la supervisión de sus acciones, aún más en momentos de cambios de la política migratoria.Cómo actúa ICE frente a la ley FOIALa Oficina de la Ley de Libertad de Información dentro de ICE gestiona la implementación de la normativa y responde a pedidos de información de la población. La entidad debe cumplir con los requerimientos de transparencia impuestos por el Departamento de Seguridad Nacional.De esta manera, se creó una Biblioteca FOIA del ICE que publica información de la agencia periódicamente y muestra de manera online la entrega de documentos que realizaron a pedido de los residentes, conforme a lo estipulado en la legislación vigente. Esta colección incluye informes, estadísticas, entre otros registros.En su página web, el organismo federal asegura que recibe una cantidad elevada de pedidos de informes. "Agradecemos su paciencia por la espera", agregan. La publicación constante de materiales informativos por parte del ICE busca reducir la cantidad de solicitudes individuales que la agencia podría recibir.Cómo utilizar la ley FOIA para pedir información a organismos públicos en Estados UnidosSegún informan desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Ley de Libertad de Información (FOIA) está diseñada para brindar al público la oportunidad de observar el desempeño de los funcionarios y organismos públicos y supervisar las decisiones que toman."Si bien la FOIA puede parecer insignificante, garantiza que cualquier persona pueda hacer preguntas sobre su gobierno, lo que a su vez garantiza la transparencia en las operaciones financiadas con fondos públicos", explican. Y agregan: "Los miembros de la comunidad tienen derecho a hacer preguntas como: cuánto dinero generan anualmente los parques estatales, cuántos estudiantes están matriculados en escuelas secundarias públicas e incluso cuántos restaurantes certificados hay en el estado"."Dado que Estados Unidos es una democracia, sus ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre la labor que el gobierno realiza en su nombre", concluyen. En este sentido, la organización detalla una serie de pasos que las personas tienen que seguir si desean realizar un pedido de informe a algún organismo o agencia estatal:En primer lugar, se debe verificar que la información que a la persona le interesa obtener no se encuentra disponible públicamente hasta el momento. Esta búsqueda se puede hacer a través del sitio web de la organización que se investiga o incluso está la opción de llamar telefónicamente al contacto de la institución en cuestión para ver consultar si publican esa información en algún otro lugar al que público pueda acceder.De no encontrar la información en cuestión, se debe decidir qué agencia u organismo sería responsable de responder a la pregunta: el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, de Salud, el gobierno estatal, entre otros.Para presentar una solicitud FOIA a cualquier agencia del gobierno federal se debe ingresar a esta página web. Mientras que para las agencias gubernamentales locales, puede presentar una solicitud de FOIA a través del sitio web de la localidad.Otra opción es llamar a la ciudad o municipio y solicitar hablar con el coordinador de FOIA para obtener más información sobre la mejor manera de presentar su solicitud.Desde ACLU publicaron un ejemplo de como debe ser la carta para presentar una solicitud FOIA con el objetivo de que los ciudadanos puedan usarla como guía.
Algunas provincias empezarán a mostrar uno de los impuestos que, hasta el momento, era el más oculto de todos: Ingresos Brutos. En línea con el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que impulsó el Gobierno, que obliga a los comercios a discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas fiscales nacionales en los tickets de compra, hay cinco gobernadores que se comprometieron a adherirse a la medida.Esta lista está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones. Sin embargo, desde la ONG Lógica, impulsora de la medida, esperan que próximamente se comprometan otras provincias. Para eso, les enviaron a los 24 gobernadores una carta preguntándoles si van a impulsar el Régimen de Transparencia Fiscal para visibilizar Ingresos Brutos y tasas municipales y, mientras tal adhesión no tenga lugar, si aplicarán sanciones a los comercios que voluntariamente informen los tributos locales.La danza antifrágil del bambú"La falta de conciencia fiscal provocada por un régimen que ha ocultado los impuestos llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. Este proceso ha sido funcional para que alcancemos los impuestos y la inflación más altos del mundo. Con la sanción de este régimen se terminaron 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. Y con la adhesión de las provincias se visibilizarán los impuestos más ocultos, Ingresos Brutos y tasas municipales, de los cuales los consumidores en general no tienen idea que los están soportando", dijo Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires dijo que su intención del Gobierno es impulsar "un proyecto de ley que implemente un Régimen de Transparencia Fiscal, contemplando los aspectos particulares del ingreso sobre los ingresos brutos". El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aclaró en la carta que además de adherirse a la medida nacional, promoverán activamente la transparencia "sobre todo en los gastos fiscales".Desde el gobierno de Mendoza afirmaron que "comparte el espíritu perseguido con la sanción del régimen, reconociendo que las medidas de transparencia activan promueven la confianza de los gobiernos". Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, fundamentó el impulso del proyecto para que "la ciudadanía se involucre y tenga mayor participación en cuestiones fiscales". Y en Misiones, contaron que realizaron estudios a los fines de determinar "la mejor vía para la aplicación de dicha norma a los Ingresos Brutos".El Régimen de Transparencia Fiscal empezó a regir el 1° de enero para las grandes empresas, como supermercados, mayoristas y estaciones de servicio. En el ticket de compra, tienen que diferenciar el IVA, los impuestos internos y los relacionados con los combustibles. En tanto, a partir del 1° de abril se sumarán el resto de los comercios del país, y también tendrán que publicitar los precios con su importe bruto y neto de impuestos.Reinvención en marcha: las empresas de servicios son las nuevas estrellas corporativas alemanasEn los próximos días horas, la ONG Lógica enviará una nueva carta a los gobernadores, para pedir que se dicte un decreto o ley provincial para seguir adelante con esta medida. "A diferencia de otras invitaciones de la Nación, desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse a este Régimen en razón de dos mandatos del artículo 42 de la Constitución Nacional y también de otros previstos en ciertas constituciones provinciales. El saber los tributos que afrontamos y a quiénes se los pagamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes de la Nación, provincias y municipios", cerró Olivero Vila.Dólar: los desafíos que vienen para la economía argentina, según Diego Petrecolla
La vicepresidenta Susana Camarero exige responsabilidad al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y critica la falta de gestión ante las inundaciones del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana
El gobernador Pablo Lemus también informó que la Comisión Nacional de Búsqueda acudirá al rancho de Izaguirre para constatar los trabajos forenses
Juan Lobato asegura que la transparencia en el caso del email es total y no teme ser imputado en la investigación sobre la presunta filtración del documento por el fiscal general
Esther Gutiérrez solicita a Miguel Ángel Gallardo claridad sobre los gastos relacionados con las primarias del PSOE en Extremadura, buscando que la militancia conozca quién financia cada candidatura
El intendente apunta a la "reconstrucción de la administración municipal" y denuncia a la gestión de Julio Garro. A contramano de Javier Milei, anunció una batería de obras públicas.
El expresidente aseguró que el proceso electoral parece tener un buen inicio por la cantidad de aspirantes que han anunciado su interés por la Presidencia de la República. Sin embargo, alertó por irregularidades que podrían presentarse
Cuando la Asociación Bancaria expresó su rechazo al reciente decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima, denunciando un "negociado espurio y una nueva estafa", dio señal indubitable de que el Gobierno avanza por el camino correcto. Sergio Palazzo, el combativo diputado nacional de Unión por la Patria que dirige el gremio, se alineó en su crítica con otros próceres del kirchnerismo, como Felisa Miceli, condenada a prisión por el caso de la bolsa de dinero en el baño, y Roberto José Feletti, de nefasta actuación como secretario de Comercio Interior de Alberto Fernández.La reciente medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, a pedido de Palazzo, frenando la transformación del BNA, demuestra lo difícil que es superar la fuerza de los intereses creados en la Argentina. Sería bueno que el juez tuviera presentes algunas cuestiones para su análisis.El Banco Nación, creado en 1891 por Carlos Pellegrini, cuenta con 17.500 empleados y una red de 720 sucursales por todo el territorio nacional. Con una cartera de préstamos por 12.500 millones de dólares, un patrimonio neto de 14.500 millones de dólares y un resultado operativo de 11.500 millones de dólares, según el balance al 30 de septiembre de 2024, es el mayor banco del país. Según su página web, su principal función es atender a las Pymes, al campo, a la industria, a las economías regionales y al comercio exterior. Aunque Pellegrini jamás hubiera imaginado su expansión posterior en un "Grupo Banco Nación" para realizar negocios muy poco transparentes en seguros, reaseguros, bolsa, fondos comunes de inversión y "servicios" difusos.Como señalamos en nuestro editorial de ayer, el proyecto inicial de la Ley Bases contemplaba su privatización, pero eso no fue aprobado por el Congreso. De todas maneras, al declarar esa ley, la emergencia económica y delegar funciones en el Poder Ejecutivo, permitió el dictado del Decreto 116/25 transformando al ente autárquico en sociedad anónima.Como en todo organismo fondeado con recursos estatales, son múltiples los interesados en aprovecharse de estos a falta de un accionista que cuide su bolsillo. En el Banco Nación se conjugan, por lo menos, tres grupos que dicen defenderlo, cuando en realidad, contribuyen a debilitarlo.Los políticos históricamente lo usaron para devolver favores con designaciones, influenciar sobre los préstamos, dirigir contrataciones o ubicar a personajes eyectados de otras reparticiones. Como María Delfina Rossi, hija del exministro de Defensa Agustín Rossi, designada directora mediante un "decretazo" de Cristina Kirchner para complacer a su papá. O Silvina Batakis, expulsada del Ministerio de Economía por Sergio Massa y quien luego, como presidenta del BNA, designó a familiares en cargos gerenciales, mientras su amiga María del Carmen Barros, gerente general, contrataba a "Pitty, la numeróloga" como "coach" personal para sacarle el "stress" de la gestión.En segundo lugar, "La Bancaria". El gremio liderado por Palazzo gravita aún más que la política por su estabilidad en el tiempo, lo cual le permite consolidar estructuras de poder internas que ningún gobierno ha podido o querido modificar. Y finalmente, ciertas corporaciones rurales, habituadas al apoyo financiero, que también se inquietaron ante su eventual privatización sin advertir que sin cambios de fondo el BNA no podrá acompañar las futuras necesidades de un sector que requiere cada vez más tecnología e inversiones.Estamos ante un organismo por donde se filtran gastos innecesarios, sobreprecios ilegales y privilegios sindicalesUn organismo que tiene personal en exceso, otorga préstamos a tasas inferiores al mercado, acumula "clavos" crediticios por razones políticas y tiene cientos de agujeros incontrolables por donde se filtran gastos innecesarios, sobreprecios ilegales y privilegios sindicales, no cuida su propia viabilidad en el largo plazo, aunque tenga resultados positivos. Habría que decir, con tono de sorpresa: "¡aun así gana plata!". Siempre que el Estado asigna recursos públicos para negocios que benefician a políticos, sindicalistas o grupos sectoriales a costa del interés general, se califica de "estratégica" su decisión para pintar de celeste y blanco lo que luce marrón oscuro.Si la Argentina logra vencer la inflación, comenzará un fuerte proceso de monetización que obligará a los bancos a capitalizarse para crecer como lo exigen las normas de Basilea. Si el Banco Nación no aumenta su capital, no podrá expandir su crédito a las Pymes, ni al campo, ni a la industria, ni a las economías regionales, ni a las familias. El objetivo de incorporar capital privado, entonces, es consistente con el propósito de mantener su liderazgo sin quedarse afuera de ese proceso de expansión.Esa participación implicará además la adopción de una firme disciplina de gestión y transparencia. Es cierto que el Banco Nación exhibe utilidades en sus balances, pero ellas no le dan carta blanca para mantener prácticas incompatibles con el interés de sus verdaderos dueños: los contribuyentes de impuestos. La estrategia de incorporar accionistas privados lo forzará a cuidar el bolsillo, mejorando sus resultados para fortalecer su balance y poder prestar más.Los créditos del BNA deben ser auditados con lupa, para evitar casos como los de la curtiembre Yoma, la aceitera Vicentín o Molinos Cañuelas. Un banco no puede dirigir sus préstamos según los llamados recibidos de la Casa Rosada, de gobernadores, legisladores, gremialistas o dirigentes empresarios. Ni tampoco otorgar quitas o refinanciaciones injustificadas a cambio de arreglos por debajo de la mesa. Cuanto mejores sean los activos de su cartera, mayor será su potencial para apoyar a sectores productivos.Otra área de muy difícil control es la mesa de dinero. Con nuevas reglas de compliance, sus prácticas deberán ser revisadas a fondo, ya que es habitual que, en estos casos, se trabaje en forma discrecional con financistas privados que tienen "la vaca atada" mediante esquemas de retornos a los operadores.De la misma manera, deberán replantearse los negocios del llamado "Grupo Banco Nación", con sus ramificaciones en seguros, fondos comunes, bursátiles y de servicios. Medio de casualidad y no por una auditoría interna, se descubrió la red creada por Alberto Fernández mediante la contratación obligatoria de seguros para todos los riesgos del Estado a través de Nación Seguros (decreto 823/21) que favoreció a Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada.En cuanto a Nación Servicios, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hizo un detallado estudio hace dos años, revelando que tenía 1185 empleados -ahora serían 1300-, de los cuales la mitad estaban afectados a la tarjeta SUBE, con 23 cargos gerenciales y cinco directores con sueldos astronómicos. Si bien el reciente decreto 698/24 amplió los medios de pago para el transporte público, esta subsidiaria del BNA continúa creciendo, "inventando" negocios para justificar su subsistencia. Se presenta ahora como una firma especializada en soluciones tecnológicas aplicadas a medios de pago, movilidad inteligente y soluciones comerciales cuando, en realidad, realiza trabajos para otras reparticiones públicas, facturando sin competencia. Una nube de humo artificial e intraestatal que dio cabida a militantes, facilitó contratos discrecionales y creó otra gran caja para gestionar con poco control.Definitivamente, Pellegrini no justificaría la presencia del Estado en ninguna de esas actividades ajenas a su función crediticia y propias del sector privado. Con sabio juicio de estadista aplaudiría, en cambio, la decisión de convertirlo en sociedad anónima para darle robustez cuando el exhausto Tesoro Nacional no puede hacerlo.
El TJUE aclara que la falta de transparencia en las hipotecas referenciadas al IRPH puede considerarse abusiva, requiriendo una evaluación detallada de cada cláusula en función de su comercialización y comparación de tipos de interés
Sara Aagesen reafirma su compromiso con la integridad y respuesta a denuncias de corrupción, destacando el proceso transparente del Ministerio ante acusaciones del PP sobre la empresa Villafuel
La UNLa tiene puntaje ideal, le siguen UNQui, UNMdP, UNLP y UNSAM, justo cuando recomienza la disputa por los fondos.
El marco regulatorio vigente establece controles sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de los servicios TIC. El ente participaría en el proceso.
Eugenio Casielles señaló a la Secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei como responsable de la presunta cripto-estafa: "Tuvo seis reuniones con esta gente y no dijo que pasó", cuestionó el diputado porteño en diálogo con la 750.
Para el economista, Lucas Carattini, "el Gobierno debe reforzar la transparencia y permitir investigaciones para minimizar el impacto". Leer más
El escándalo de $LIBRA sucedió en "la capital cripto de América Latina", como denominan dentro de la industria a la Argentina. En un contexto de cepo cambiario e inflación, en los últimos años el país se posicionó como uno de los líderes mundiales en la adopción de monedas digitales y blockchain, lo que motivó a las principales entidades del Gobierno a regular el mercado en conjunto con los principales jugadores del sector.Actualmente, hay más de 2,5 millones de usuarios activos mensuales de billeteras cripto en la Argentina, de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara Argentina Fintech. Mientras que, en términos de volumen, se registraron transacciones por US$91.100 millones durante el año pasado. Dólar hoy: tras el escándalo de $LIBRA, caen las acciones y todas las cotizaciones libres superan los $1200"Esta posición de vanguardia representa una oportunidad única para que el país se consolide como referente regional y global en la economía digital. Sin embargo, para capitalizar plenamente este potencial es fundamental operar dentro de un marco de transparencia y seguridad. Por eso, destacamos la importancia de utilizar plataformas registradas y supervisadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades públicas en la formación de equipos técnicos y la construcción de políticas que impulsen la innovación y protejan a los usuarios", remarcaron desde la Cámara Argentina Fintech, luego de que el viernes el presidente Javier Milei promocionara "Viva La Libertad Project".Esta iniciativa tenía detrás la criptomoneda $LIBRA, que supuestamente buscaba canalizar el financiamiento privado a proyectos de pequeñas y medianas empresas que se registraran en un formulario. Una hora después del tuit de Milei, este activo llegó a tener una capitalización de mercado de US$4500 millones, más que muchas compañías argentinas. Pero cerca de la medianoche, antes de que el mandatario eliminara el posteo original y se desligara del proyecto, la moneda ya había pasado de valer US$5 a centavos de dólar.Este hecho generó malestar en el sector. Sobre todo, porque se hizo por fuera de los organismos de control, primó el anonimato y no hay información disponible sobre quiénes fueron los que se llevaron millones de dólares a su cuenta. A pesar de que bitcoin nació en 2008 como rebelión contra la crisis bancaria y que su creador buscó que su origen fuera descentralizado, las empresas cripto hace tiempo piden ser reguladas localmente para darle más confianza a sus usuarios y al ecosistema.El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin y cómo se infló el precio de la criptomoneda para generar grandes gananciasLa administración anterior de gobierno había encarado el camino de las restricciones sobre los activos digitales. El hecho más relevante se dio cuando el Banco Galicia sumó las criptomonedas a su homebanking, y el Banco Central (BCRA) salió 48 horas después a prohibirle ese tipo de operaciones. Al momento, esa normativa sigue vigente.Sin embargo, con el cambio de gestión, también hubo un cambio de rumbo. A comienzos del año pasado, la CNV habilitó el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), para tener control sobre las billeteras cripto que operan en el país. También entraron las criptomonedas en el blanqueo de capitales, la CNV habilitó la oferta de cedears de Exchange Traded Funds (ETF) vinculados al bitcoin y ethereum en el mercado de capitales, y se constituyó la primera sociedad con capital cripto. Con esto, se buscó darle un espacio más ordenado a la industria dentro de la economía argentina."La Argentina es el país con mayor volumen cripto recibido en América Latina, a pesar de tener cinco veces menos habitantes que Brasil. Contamos con un mercado cripto consolidado, el mayor número de usuarios activos para probar proyectos en tiempo real, desarrolladores creando aplicaciones directamente en blockchain con impacto global y un fuerte potencial emprendedor", dimensionaron desde Lemon.En números, cuatro de cada diez personas que abren una aplicación cripto en América Latina lo hacen desde la Argentina, según datos que recolectó la billetera Lemon en el reporte "Estado de la Industria Cripto 2024â?³. Y el año pasado se dio un quiebre clave en el comportamiento de los usuarios.Escándalo $LIBRA: malestar en el sector cripto por el proyecto que fomentó Milei en redesLa adopción de las criptomonedas en los últimos años se dio en un contexto de cepo cambiario, ya que los argentinos encontraron la manera de dolarizarse a través de las stablecoins (monedas que tienen paridad uno a uno con el dólar estadounidense). Pero en 2024, con inflación a la baja, cotizaciones planchadas y bitcoin en máximos históricos, hubo mayor demanda por otras criptomonedas."Aunque las stablecoins siguen siendo un pilar fundamental en la economía diaria de los argentinos debido a la tradición de ahorro en dólares y su histórica fortaleza frente a la moneda local, bitcoin ganó protagonismo como una alternativa de inversión a largo plazo y una reserva de valor digital", agregó el informe. En la billetera digital, el 36,3% de las tenencias fueron en bitcoin, seguidas por stablecoins (27,3%), pesos (18,2%), ethereum (9,7%), solana (2,5%) y cardano (1,1%).Caso $LIBRA Cómo Podría Impactar En Activos Argentinos
El representante a la Cámara del Pacto Histórico afirmó que el presidente podía mostrar a los colombianos información pública y que estaba de acuerdo con la acción del mandatario, que dijo que solo buscaba cumplirle al pueblo
La Superintendencia investiga posibles irregularidades y Naturgas enfrenta inspecciones. Gremios piden transparencia mientras abogan por estabilizar el suministro y el mercado energético
Los ministros de Educación y Defensa, Morgan Quero y Walter Astudillo explicaron por qué el Poder Ejecutivo tomó la decisión de transferir las instalaciones del proyecto especial al Instituto Peruano del Deporte; sin embargo, Carlos Neuhaus, exdirector de los Juegos Panamericanos 2019, refutó estas posturas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó los primeros datos de sus arrestos hasta finales de enero. Sin embargo, luego cambió su estrategia y dejó de informar los recuentos generales. Ante esto, organizaciones de derechos humanos encendieron la alerta y manifestaron que la falta de detalles dificulta la verificación de los datos.Cuestionan la forma del ICE para comunicar los arrestos y detenciones de inmigrantesExpertos y activistas señalaron que la información proporcionada por la agencia no detalla los lugares exactos de los arrestos ni especifica cuántos de los detenidos tenían antecedentes criminales. Desde su perspectiva, esta falta de precisión genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de los operativos."No hay claridad sobre dónde ocurrieron estos arrestos ni cuántas de las personas detenidas representan un riesgo real para la seguridad pública", advirtió Noelle Smart, investigadora del Vera Institute of Justice, en declaraciones para The Guardian.La especialista enfatizó que la disponibilidad de datos verificables es clave para evaluar el impacto de estas acciones y evitar la difusión de información inexacta que pueda alimentar el miedo en las comunidades inmigrantes.Mientras estas dudas se extienden, el ICE castigó a dos de los más altos responsables de los operativos porque el ritmo de detenciones y deportaciones no es tan alto como se esperaba. El propio Donald Trump, según reportó The Washington Post en enero, pidió que el número de arrestos aumente agresivamente de unos pocos cientos a entre 1.200 y 1.500 por día. En la actualidad se producen entre 800 y 1.200 por día.La estrategia del ICE actualEn julio de 2024, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. reveló que ICE subestimó en decenas de miles el número de personas en detención migratoria. Además, investigaciones previas demostraron que la agencia exageró la cantidad de detenidos con antecedentes criminales en sus operativos.ICE aumentó su presencia mediática con la publicación de imágenes de detenciones y la promoción de cifras de arrestos en redes sociales. Organizaciones como el American Immigration Council advierten que esta estrategia busca generar miedo en las comunidades migrantes."El uso de redes sociales para difundir operativos, la publicidad de cuotas de arrestos y la utilización de vuelos militares para deportaciones forman parte de una campaña de intimidación", afirmó Nayna Gupta, directora de políticas de la organización al medio citado.ICE manipuló fechas de sus comunicados para aparecer mejor en GoogleUna investigación de The Guardian reveló que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actualizó las marcas de tiempo de antiguos comunicados de prensa, para mejorar su aparición en Google y hacerlos pasar como recientes.El informe señala que miles de comunicados sobre operativos de hace más de una década aparecieron en los primeros resultados de búsqueda con la fecha "24 de enero de 2025â?³. Entre ellos, un operativo en Colorado de 2010, otro en Wisconsin de 2018 y detenciones en Nebraska que en realidad ocurrieron en 2008. Esta estrategia creó la impresión de un aumento en las redadas, aunque muchas de ellas habían sucedido años atrás.De acuerdo con el análisis, ICE se valió de tácticas de optimización de motores de búsqueda (SEO) para influir en la percepción pública sobre la frecuencia de los arrestos. Expertos consultados por el medio británico indicaron que la actualización de las fechas en los comunicados antiguos permitió que estos contenidos se posicionaran mejor en los resultados de Google, desplazaron información reciente y reforzaron una narrativa de endurecimiento de las políticas migratorias.Lindsay M. Harris, profesora de derecho en la Universidad de San Francisco y experta en inmigración, afirmó al medio que este tipo de estrategias buscan enviar un mensaje de miedo a la comunidad inmigrante. "Independientemente del número real de arrestos, la percepción de operativos masivos tiene consecuencias concretas", explicó.
Los legisladores de diferentes partidos destacaron la importancia de esta propuesta de ley para conseguir una regulación en este sector
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, publicó una animación con la denuncia sobre la red de corrupción en la Polfa, en la que se menciona al expresidente del Senado
La institución descartó un contrato de vigilancia por más de 98 mil millones de pesos tras irregularidades denunciadas en la publicación y desarrollo del proceso
La República Argentina obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100 posibles en el índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. La calificación corresponde al año pasado y es la misma que se registró en 2023, razón por la cual la organización no gubernamental concluye que "no se percibieron mejorías en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el país durante el último año".A pesar de haber alcanzado la misma calificación, en el ranking de 2024 Argentina quedó ubicada en el lugar 99 sobre un total de 180 países, un escalón por debajo del que había ocupado en la medición anterior. Comparte el mismo nivel de percepción de la corrupción registrado con Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos, quedando un escalón por arriba de Republica Dominicana y un punto por debajo de países como Gambia, India y las Islas Maldivas.También como la medición anterior, el podio de países más transparentes quedó encabezado por Dinamarca, que obtuvo un nivel de 90 puntos, seguido por Finlandia (88) y Singapur (84). En el otro extremo del ranking se ubican Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8)."Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso. El gobierno argentino inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el acceso a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei", opinó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.Secchi también incluyó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el Gobierno Nacional como parte de las conductas reprochables en cuestiones relacionadas con la transparencia por parte de la administración Milei. "También se generan fuertes dudas en esta materia al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil", aseguró.Con sus 37 puntos, la Argentina se encuentra en el puesto 18 de 32 países de América, muy lejos de los 76 puntos de percepción de transparencia que registró la medición de Uruguay, el mejor país de la región, superando por un punto a Canadá. Como es lógico, Venezuela, que se ubicó antepenúltimo en el ranking global, es el peor país del continente en materia de transparencia y corrupción. Nicaragua, con 14 puntos, antecede al país caribeño.Por su parte, Martín D'Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, consideró que "la corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina".En ese sentido, D'Alessandro dijo que la calificación obtenida por el país durante 2024 "evidencia que (la corrupción) se trata de un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular", así como también "se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica"."También puede inferirse una relación entre corrupción y abuso de los puestos de poder. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable"; concluyó.Según el informe de Transparencia Internacional, la edición 2024 del índice pone foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático para concluir que "la corrupción es sin dudas un "obstáculo global crítico que detiene la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas."Además, señala que "Argentina no está fuera del debate mundial" y agrega que postular una transición equitativa, sostenible, asequible e inclusiva "no podrá alcanzarse si existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado".
Un informe de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, concluye que la megafábrica que Altri quiere levantar en Palas de Rei (Lugo) "cumple" con los objetivos medioambientales exigidos
En momentos en que el Gobierno avanza con la licitación por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cinco senadores nacionales de Juntos por el Cambio, que representan a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, pidieron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el proceso garantice la transparencia, la competencia y la eficiencia operativa y económica de la extensa vía navegable que atraviesa esas provincias.En una nota enviada al jefe de ministros, los senadores Eduardo Vischi (Corrientes), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Carolina Losada (Santa Fe) y Eduardo Galaretto (Santa Fe) presentaron recomendaciones y reclamaron que la licitación para la concesión del Sistema de Navegación Troncal contribuya a mejorar la competitividad del comercio exterior del país y el desarrollo sostenible de la región."Orgullo antifascista": tensión entre el Gobierno y Jorge Macri por el protocolo antipiquetes en la marcha contra MileiLos legisladores trasladaron a Francos "observaciones y propuestas constructivas", a partir de análisis técnicos y recomendaciones de expertos, para fortalecer la iniciativa de infraestructura que resulta estratégica para el comercio exterior argentino y los países limítrofes"Resulta crucial que el diseño y ejecución del nuevo contrato de concesión contemplen medidas que favorezcan la transparencia, la competencia entre oferentes y una mayor eficiencia operativa y económica", señalan los legisladores en la nota, al presentar las recomendaciones de los expertos.Sintetizan, así, ocho medidas que deberían ser tenidas en cuenta para el desarrollo de la Hidrovía.Fraccionamiento de la concesión. se sugiere dividir la concesión en múltiples secciones con características hidrológicas, hidrodinámicas y operativas diferenciadas, asegurando una mayor participación de oferentes y facilitando un control más eficiente de los servicios. Aunque existen enfoques que proponen tres tramos (Paraná Superior, Paraná Inferior y Río de la Plata), también consideran válida la alternativa de dividir en dos tramos principales (Confluencia-Santa Fe y Santa Fe-Km 0), reconociendo las diferencias en las capacidades de dragado y los avances del proceso licitatorio.Revisión del plazo de concesión. El plazo estipulado en el pliego actual (30 años, con opción a 30 adicionales) podría ser reducido para adaptarse a las necesidades y condiciones de cada tramo. Se propone un período inicial de 10 a 15 años, con revisiones periódicas y extensiones condicionales al cumplimiento de objetivos, una práctica común en Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.Selección de trazas prioritarias. Recomiendan evaluar las ventajas técnicas, económicas y ambientales de priorizar el ramal Canal Martín García-Paraná Bravo-Paraná Guazú-Brazo Talavera, por sus menores costos de dragado y su mayor sustentabilidad ambiental. Sin embargo, también proponen considerar la importancia estratégica del Paraná de las Palmas por su conexión con terminales portuarias clave, como la terminal de Zárate.Metas realistas. Acelerar el calendario de profundización con metas de 42 pies, manteniendo abierta la posibilidad de alcanzar 44 pies, si las condiciones técnicas y ambientales lo permiten. Esto maximizaría la capacidad de carga de los buques y fortalecería la competitividad de las exportaciones.Elegibilidad y ponderación técnica. Proponen revisar los criterios de antecedentes técnicos para fomentar una participación más amplia, incluyendo la habilitación de empresas de diferentes países y aquellas controladas por Estados soberanos. Esto garantizaría un contexto competitivo más equilibrado, tarifas más competitivas y la participación de más oferentes calificados.Transparencia tarifaria y participación de usuarios. Diseñar mecanismos de revisión transparente de las tarifas de peaje, vinculandose a los costos reales y al tráfico registrado. Fortalecer el rol de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y considerar la participación de usuarios en la supervisión del sistema.Evaluación del impacto ambiental. Estrictos estándares internacionales en los trabajos de profundización.Tecnologías modernas. Sugieren la incorporación de sistemas de balizamiento dinámico y relevamiento batimétrico permanente para mejorar la seguridad y eficiencia operativa."Estas medidas son propuestas con el ánimo de contribuir a un proceso licitatorio que maximice los beneficios para el país y sus habitantes, mejorando la competitividad de nuestras exportaciones y fortaleciendo la posición estratégica de Argentina en el comercio internacional", concluyen los senadores nacionales en la carta dirigida a Francos.
Raquel Buenrostro informó que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno se encargará de la protección de datos
El propio exfiscal meses antes de su salida reformó reglamento interno de la institución del cual se benefició
Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sea por ley o decreto provincial. Existe una invitación de la Nación, sí. Pero, distinta a otras invitaciones, esta es para que las provincias cumplan dos mandatos constitucionales a los que están obligadas. Por lo cual es una "invitación-exhortación".
Los locales deberán mostrar el desagregado de lo que se paga por cargas tributarias. Desde cuándo será obligatorio
La invitación a ofertar fue lanzada con carácter nacional e internacional, lo que implica que estaba dirigida a empresas de cualquier origen.