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Inmobiliario rural: Kicillof no dio marcha atrás con las fuertes subas del impuesto, pero se comprometió a analizar un pedido
El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantendrá sin cambios el impuesto inmobiliario rural que generó una fuerte reacción del campo por incrementos que, según el sector, estuvieron por encima de los topes habilitados por ley. Esta tarde, dirigentes de la Mesa de Enlace provincial y de otras organizaciones del agro [entre todas forman la Mesa Agropecuaria] se reunieron con el mandatario en La Plata y se fueron sin un anuncio concreto tras la solicitud de revisión que venían reclamando desde hace meses. Hubo una promesa, según fuentes oficiales: "Axel se comprometió a analizar el pedido". Esto sería en el transcurso de la semana. Las mismas fuentes oficiales precisaron que el compromiso de evaluación sería por una bonificación del tributo. "Además, dijo que podría haber otros beneficios frente al aumento de los costos", apuntaron las fuentes consultadas.En concreto, las entidades del sector han alertado en varias oportunidades que, contra incrementos topes del 200%, se han registrado subas muy por encima de eso en el inmobiliario rural, incluso de hasta el 500%."Realmente falta mucho": preocupación por la demora en una cosecha clave para el país y un pronóstico que no ayuda"Hoy no hubo una propuesta [de parte del gobierno provincial] más allá de estudiar el tema", dijo a LA NACION Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) tras el encuentro. Además de Carbap, en la Mesa de Enlace provincial confluyen Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). "Todo diálogo es positivo, pensábamos nos íbamos a llevar algo más, pero veremos en la semana", indicó Salaverri en referencia a la promesa de Kicillof, que formuló sobre el cierre de la reunión. El mandatario accedió a esa promesa luego de una evaluación que hizo del momento del sector citando, entre otros factores, que la actividad venía de soportar el año pasado una sequía. "Van a tomar alguna propuesta para el sector", acotó el dirigente rural.La reunión tuvo momentos "picantes" y "alguna que otra chicana", según dijeron a este medio fuentes consultadas. A Kicillof, dijeron, no le gusta que se hable de "impuestazo" y así lo dejó trascender."Nos hemos reunido con el gobernador bonaerense luego de varias semanas que le habíamos pedido una audiencia por el inmobiliario rural. Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestra preocupación por la situación fiscal de los productores, cada vez más asfixiante: han eliminando los beneficios de buen contribuyente, quieren indexar los valores y crear una cuota extraordinaria", señaló, por su parte, Abel Guerrieri, director de la entidad. "Le pedimos que retrotraiga la situación y que entienda que muchos productores no pueden hacer frente a los montos que están llegando en las boletas, estos valores son una traba al desarrollo", agregó el dirigente.En el ruralismo venían bregando por una revisión del impuesto y, también, que vuelvan beneficios como pago por buen contribuyente y por pago electrónico que implicaban descuentos en torno del 20%. Salaverri le dijo a este medio que desde el gremialismo entendían que el espíritu de los legisladores al haber sancionado la ley impositiva era que los incrementos no superaran el 200%. "Hay que recuperar los descuentos, estudiar la quinta cuota [una posibilidad que se agregaría como mayor carga impositiva] y ver el impuesto inmobiliario complementario [también hay elevadas subas, según los ruralistas]", indicó el presidente de Carbap.En una comunicación, el gobierno bonaerense dijo sobre el punto que desvela al gremialismo rural: "Respecto al impuesto inmobiliario rural se estableció que ninguna partida estuvo por fuera de lo que establece la ley impositiva que votó la Legislatura bonaerense en diciembre pasado, ni hubo errores en las liquidaciones". Luego agregó: "Los representantes de las agrupaciones rurales acercaron propuestas que el gobierno provincial evaluará".Kicillof señaló: "No somos un gobierno que esté en contra del sector agropecuario, todo lo contrario: vamos a acompañar a los productores con agenda abierta para sostener la actividad".Además, el mandatario indicó: "Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos la vocación de apuntalar la producción rural y fomentar el arraigo en todos los municipios del interior". Agregó: "Desde el primer día de nuestra gestión hemos acompañado al sector con todos los recursos que hemos tenido a disposición, comprendiendo la enorme diversidad y la existencia de problemas históricos y estructurales".SituaciónEl gobierno provincial, además, dijo que se abordaron otros temas, en algunos de ellos apuntando a la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei: "Los representantes de las organizaciones rurales también plantearon diversas problemáticas que enfrenta el sector, tanto en lo que refiere a cuestiones climáticas, a la plaga de la chicharrita que afecta a la producción del maíz; como también a cuestiones macroeconómicas que deben ser resueltas por el gobierno nacional. Con respecto a los efectos de la sequía, el gobierno provincial tiene dos decretos de emergencia agropecuaria que todavía el Ministerio de Economía nacional no ha convalidado".Encontrá acá toda la información sobre los próximos remates ganaderosAgregó: "También fue tema la apertura de la importación de alimentos, como es el caso de la carne de cerdo y sus derivados, y la falta de planificación sanitaria por parte del Senasa". En el encuentro Kicillof estuvo acompañado por su ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, y Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación Bonaerense (Arba).Según la información dada por el gobierno provincial, además de los dirigentes de la Mesa de Enlace estuvieron otras organizaciones, como la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Bases Federadas, Mujeres Rurales Argentinas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), representantes de la agricultura familiar y la Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (Febapri). Todo el grupo forma la Mesa Agropecuaria.En los últimos meses, hubo como reacción del campo diversas asambleas para analizar los pasos a seguir frente al incremento del impuesto inmobiliario rural. En algunas sugirieron no pagar hasta que quede un tope de 200% y en otras se impulsó a los productores a ir a la Justicia. En este marco, sigue en pie una movida del ruralismo, pasado mañana, a la ciudad de La Plata para hablar con diputados y senadores en la Legislatura.Según la Mesa de Enlace provincial, esa jornada se hará "con el fin de reclamar también a los legisladores sobre los aumentos y las inconsistencias aparecidas en el impuesto inmobiliario rural surgidas de la ley Fiscal 2024, además de llevar otros temas de la agenda agropecuaria bonaerense".
Nafta y gasoil: en mayo podrían aumentar un 8% y el Gobierno estudia postergar nuevas subas
La actualización del impuesto a los combustibles líquidos que llegará en mayo tendrá un impacto de unos $70 en el surtidor si se aplica la reglamentación vigente, aunque se analiza dividirlo en dos tramos. Los próximos incrementos dependerán de la evolución de la inflación
El Gobierno busca aplazar subas en colectivos y exhibe inquietud por la tolerancia social al ajuste
El Gobierno tomó una serie de decisiones en los últimos días que dejan traslucir un momento de mayor preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la tolerancia social al ajuste. Javier Milei prevé hablar en cadena nacional mañana para anunciar que se alcanzó el superávit gemelo en el primer trimestre y transmitir confianza en el rumbo oficial.Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, repite que el superávit fiscal "no se negocia", la gestión libertaria está cuidando celosamente que la curva de la inflación se mantenga a la baja, aun cuando sigue en niveles muy altos.La embestida feroz contra las prepagas para "cuidar a la clase media", con un presunto efecto disciplinador para otros rubros, se inscribe en esa trama. Y la semana próxima la gestión de Milei podría dar otro gesto al sostener el congelamiento del cuadro tarifario de los colectivos. Dos fuentes oficiales señalaron a LA NACION que la intención del Gobierno es que este mes no se aplique un nuevo aumento del boleto, pese a la resolución 5/2024 de febrero preveía actualizaciones bimensuales equivalentes a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).En los dos primeros meses del año el precio del boleto aumentó un 410%. La resolución 5/2024 determinó un cronograma de ajustes "bimestrales o por un período mayor, por medio de acto administrativo expreso de la Secretaría de Transporte" conducida por Franco Mogetta. Esa área, que depende de Caputo, intentará postergar los incrementos de abril por el impacto que tiene el boleto en el bolsillo y la presión que ejerce en la inflación. "No están previstos aumentos de colectivos", señalaron fuentes oficiales. Las tarifas de trenes, en cambio, sí serían actualizadas.La decisión sobre los colectivos llega en un momento de extrema tensión, porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con un paro para el jueves próximo. El gremio conducido por Roberto Fernández pide un incremento salarial del 34%, pero las empresas advierten que no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican las tarifas. Se prevén varias reuniones esta semana en la Secretaría de Transporte para intentar destrabar el conflicto. Las cámaras empresarias piden que se habilite un aumento del 22% en el boleto o, caso contrario, un incremento de los subsidios.SeñalesEste lunes, Milei dará la tercera cadena nacional de su mandato con el único fin de resaltar que se alcanzó el superávit en el primer trimestre del año. Fuentes oficiales aseguraron que no habrá un anuncio sorpresivo y que serán solo "datos". El mensaje buscará transmitir confianza en el rumbo económico y exaltar el sentido del esfuerzo social, cuando la suba de tarifas y el sinceramiento de precios tienen su mayor impacto, sin una recomposición del salario que acompañe.El Gobierno también exhibe mayor preocupación por la protesta social, si bien en la Casa Rosada suelen decir que los paros no mueven la aguja de las decisiones oficiales. Lo cierto es que la gestión de Milei hizo intensas gestiones para llegar a un entendimiento con Hugo Moyano para destrabar la homologación de la paritaria de Camioneros.Fue un acuerdo en el que las dos partes salieron conformes, porque Moyano aceptó reformular el convenio original (que fijaba un aumento de 45% para marzo y abril) y aceptó un esquema por el plazo de tres meses en lugar de dos. El gremio recibirá un aumento de un 15% en marzo y un 9% en abril, totalmente sintonizado con la pauta que había fijado Caputo para moderar las paritarias de modo de no alimentar las expectativas inflacionarias.El porcentaje que Camioneros cedió, no obstante, llegará igualmente a los trabajadores en forma de suma fija. "La paritaria fue la que quería 'Toto'. Otros en el Gobierno actuaron políticamente para que todos estuvieran contentos", reconoció un colaborador oficial. Ahora la mira está puesta en el paro de la CGT anunciado para el 9 de mayo. En la Casa Rosada creen que, con la distensión con los Moyano, ahora hay tiempo para que la huelga se desarticule. Hay gremios, no obstante, que necesitan dar una señal de protesta y esto es comprendido en Balcarce 50. "Ellos, como nosotros, necesitan responder a sus bases", dijo un estrecho colaborador presidencial.El Gobierno también hizo en las últimas horas esfuerzos para desarticular la marcha en defensa de la universidad pública del próximo martes, que se prevé masiva y con alto impacto simbólico en la clase media.Pese a la intransigencia incial, en la última semana hubo distintos contactos con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y una propuesta a contrarreloj de aumentar las partidas presupuestarias para las casas de altos estudios, que de todas formas resultó insuficiente para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).Tras meses de resistir a los reclamos presupuestarios de los rectores, el Gobierno prometió, a las apuradas, un nuevo aumento del 70% de los gastos de funcionamiento de las universidades para mayo, además de una partida extraordinaria para los hospitales. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez -que días atrás había tenido un muy áspero intercambio con el conjunto de los rectores en una reunión del CIN- apostó a desarticular la marcha durante una reunión el viernes. Pero los intentos fueron infructuosos.En la Casa Rosada temen que la presión en los bolsillos empiece a agotar la paciencia social que exhibió la opinión pública hasta acá. Ese es el denominador común detrás de los últimos movimientos oficiales.
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Prepagas: ampliaron una denuncia para lograr que las limitaciones a las subas de cuotas alcancen a más entidades
Un grupo de referentes de la Coalición Cívica presentó anoche, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un pedido de ampliación de la investigación sobre posible cartelización de las prepagas, con la intención de que, finalmente, lo dispuesto por el Gobierno respecto de las restricciones para las subas de cuotas no quede limitado a las siete entidades mencionadas en la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio anunciada el miércoles último.Lo resuelto por las autoridades respecto de limitar las subas de precios, en rigor, está basado en un dictamen de la CNDC, emitido a partir de un pedido de investigación de presunta cartelización hecha a mediados de enero por el legislador porteño Hernán Reyes y otros referentes de la Coalición Cívica. En ese momento se habían reunido facturas y notificaciones de aumentos enviadas a sus afiliados por algunas entidades, que son concretamente las que ahora deberán recalcular sus cuotas. Pero, en rigor, no son esas las únicas prepagas que incrementaron sus precios en porcentajes similares, por lo cual lo establecido resulta discriminatorio.El pedido de ampliación menciona a 13 entidades no alcanzadas hoy por las restricciones para subir cuotas pero, además, se pide que la Superintendencia de Servicios de Salud que actúe como "coadyudante de autos" y que, además de brindar una serie de datos sobre el mercado de las prepagas, incorpore otras entidades a la investigación.Las entidades mencionadasEn concreto, en el escrito se pide una investigación por el comportamiento sobre las cuotas adoptado por Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud. Esas entidades fueron denunciadas por la Superintendencia de Servicios de Salud ante la Justicia por presunta cartelización."Asimismo -agrega la presentación firmada por Reyes y también por Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso- existen otras que se encuentran en el mismo mercado como es el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Qurino (Cemic) y Avalian Salud, y otras que debe incorporar la Superintendencia de Servicios de Salud".El trámite no significa que esas empresas queden ya alcanzadas por las nuevas medidas, pero si la CNDC siguiera los mismos pasos que dio tras la primera presentación, habría un dictamen similar al que la Secretaría de Comercio utilizó como base para emitir su resolución. Antes, debería notificar a cada entidad y solicitarles información.Lo resuelto por el GobiernoTal como ya se informó, esa medida sobre restricciones para las subas de cuotas anunciada por el Gobierno tiene alcance solo para Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.En esos casos, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, las prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación que se haya acumulado al período correspondiente. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores a los que resultan de hacer esa cuenta -en lo que va del año hubo subas, en promedio, de alrededor de 140% a 160%-y, por eso, la medida implica una baja muy significativa de los precios.En las empresas alcanzadas está, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las prepagas en las que están pueden seguir cobrando, por ahora, según sus criterios. Para mayo en muchos casos ya se anunciaron subas que rondan el 10%.La explicación que dio el miércoles el Gobierno por la discriminación de lo dispuesto es que la resolución es una "medida de tutela", emitida sobre la base del dictamen que hizo la CNDC,en repuesta a una denuncia que presentaron en enero referentes de la Coalición Cívica. En esa presentación se mencionó a las siete entidades incluidas en la decisión oficial."Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes", señalaron anteayer desde el Gobierno, ante la consulta de LA NACION sobre por qué no se pudo llegar a emitir una medida generalizada. "La investigación no puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales", agregaron las fuentes.Reyes, uno de los denunciantes, había afirmado que, si bien el Gobierno -en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación- no podría haber emitido una medida involucrando a entidades que no estaban notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. De esa manera, dijo, podría haber habido una medida más abarcativa. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a lo que habían sido presentado inicialmente, ni se amplió la investigación.La nueva presentación ante la Comisión, de hecho, señala que se observa "con preocupación que la actividad de instrucción que surge del pedido hecho tres meses atrás, "no está dando el impulso que amerita la investigación de una conducta de cartelización" como la denunciada.Los incrementos de precios de este año, que fueron de alrededor de 40% solo en enero, fueron posibles porque el gobierno de Javier Milei derogó, mediante el DNU 70 de diciembre último, todas las normativas referidas a la regulación sobre el tema. Es decir, dispuso que las entidades podían incrementar las cuotas sin limitación alguna. Hasta el último mes de 2023, en tanto, regía un mecanismo por el cual las autoridades de Salud disponían un tope para las subas. Las prepagas desde hacía tiempo venían advirtiendo que los reajustes, que el año pasado acumularon un 138% frente a una inflación de 211,4%, eran insuficientes frente al alza de los costos.Según los dirigentes que presentaron la denuncia que dio lugar a las actuales limitaciones, "el Gobierno, que desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga; ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel".
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Las empresas de medicina prepaga pierden entre un 3% y un 10% de los afiliados por las subas en las cuotas
Las empresas de medicina prepaga registran mermas en sus carteras de afiliados. Si bien las bajas son fluctuantes y no impactan a todas las compañías por igual, rondan entre el 3% y el 10% en lo que va del año, según fuentes del sector afectado consultadas por la NACION.Actualmente, el sistema conformado por la seguridad social y el privado -que incluye a obras sociales, sanatorios, prestadores y clínicas, entre otros actores- atiende a más de 30 millones de personas en la Argentina. De ese total, alrededor de 6 millones de personas están asociadas a una empresa de medicina prepaga: 4,5 millones a través de las firmas para las que trabajan y 1,5 millones por vía directa.La primera ola de desafiliaciones se dio en enero, tras las actualizaciones en los precios de las cuotas que llegaron al 40%. En febrero, las bajas continuaron y en marzo los movimientos ya fueron más pronunciados. "El impacto de los aumentos en el bolsillo de los afiliados fue muy fuerte, pero lamentablemente necesario; las cuotas estaban muy desactualizadas, respecto de los costos", reconoció uno de los referentes de la industria.En 2023, las empresas de medicina prepaga habían sido autorizadas a actualizar las tarifas de sus planes en un 134% con respecto al año anterior, según lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios de Salud. En tanto, el índice de precios al consumidor registró un alza anual de 211,4%; la inflación de salud -asociada a los costos de insumos y de tecnología médica-, de 227%; y los precios de los medicamentos, de 400%. Sin embargo, la publicación del decreto de necesidad y urgencia 70, emitido por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir, liberó totalmente los ajustes de precios; y desde entonces, en los primeros cuatro meses del año, los valores de los planes de salud se incrementaron entre un 135% y un 165%."A partir de enero, las consultas sobre planes de salud se triplicaron en nuestra plataforma. Muchas personas que estaban afiliadas a las reconocidas prepagas tienen dificultades para seguir pagando las cuotas, por lo que buscan otras opciones. Hay una migración desde esas firmas hacia otras más económicas, a la vez que traspasos a planes más básicos", señaló Fabien Barralon, cofundador de ElegiMejor, un sitio web que reúne detalles de la oferta de los prestadores que operan en el mercado argentino. Y precisó: "Antes, las personas querían asegurarse cierto nivel de prestaciones, como la presencia de determinados sanatorios en la cartilla; ahora, el precio es el criterio más importante".Para Carlos Regazzoni, exdirector ejecutivo del PAMI, este escenario podría incluso agudizarse: "La actual baja de afiliados podría duplicarse -por sobre las fluctuaciones habituales en los padrones-, a partir de dos factores. Si comienzan a cerrar fábricas, se empiezan a caer los empleados que tenían la prepaga subvencionada por las empresas. Además, el número podría agrandarse a partir de la posible modificación del piso salarial para tributar Ganancias, que se traduciría en una quita de ingresos para las personas".Asimismo, Regazzoni resaltó: "Esta es la peor crisis de financiamiento del sistema de salud, solo comparable con la de 2001. En ese entonces, la situación fue similar, con mucho desempleo, pero el mundo de las prepagas era también mucho más pequeño y concentrado. En 1989, por ejemplo, la situación fue grave, pero había indexación permanente de salarios; hoy, los sueldos suben, pero en términos reales nunca estuvieron tan bajos".Explicaciones y conflictoAnte las recientes subas, algunas empresas del sector justificaron los aumentos mediante comunicados enviados a sus afiliados. "Diversos factores vienen generando un retraso significativo en la composición del valor de nuestras cuotas, tales como la importante devaluación del peso, que afecta directamente los costos de los insumos médicos, medicamentos y todos los servicios que brindamos; y el acuerdo paritario suscripto con el sindicato de Sanidad, por lo que es necesario incrementar el valor de las cuotas", informaron en su momento desde una de las grandes firmas a sus beneficiarios.En tanto, desde otra compañía comunicaron: "Lamentablemente, seguimos sufriendo los efectos del mantenimiento forzado durante años de valores de cuota por debajo de la inflación y también el agregado permanente de una cantidad de nuevas coberturas que han generado un profundo desfinanciamiento en el sector de la atención médica, cuyos resultados son públicos y evidentes". El resto de las empresas manifestaron argumentos similares a sus clientes.En paralelo, la firma Boreal Salud informó que decidió ajustar sus cuotas de acuerdo al Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), un índice oficial que refleja los incrementos salariales. Mediante esta medida, la firma busca alinear los aumentos de las cuotas con la capacidad adquisitiva de sus afiliados. "Decidimos implementar una estrategia alternativa para moderar estos aumentos a nuestros más de 250.000 beneficiarios", aseguró Mario Koltan, presidente de la empresa.De acuerdo con fuentes del sector, la crisis se agudizó gradualmente por diferentes factores. Particularmente, señalan que durante los últimos cinco años hubo un crecimiento de afiliados dentro de las empresas de medicina prepaga, dado que las cuotas corrían siempre por debajo de la inflación y para las personas los costos no eran significativos. Según precisaron, esto derivó también en una percepción generalizada de la medicina privada como si prácticamente fuera gratuita y obligatoria."En muchos países de América Latina, el sistema de salud público funciona mucho mejor, y el privado está asociado al confort. En la Argentina, en tanto, las personas optaron por el sistema privado de salud y lo tomaron como la única salida para tener una cobertura digna. Ahora, se enojan porque no quieren caerse del sistema privado, porque saben que no tienen otra alternativa", indicó una fuente del mundo de las prepagas a LA NACION.En la otra vereda, la Superintendencia de Servicios de Salud entiende que "los cinco principales actores del sector" habrían dispuesto aumentos muy por encima de la inflación y, en esa línea, dijo que evalúa presentarse en la Justicia contra las empresas por presuntas "conductas abusivas", según anticiparon desde la entidad a LA NACION. Actualmente, el organismo elabora un informe por pedido de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), que investiga una supuesta cartelización de las firmas.Desde el sector de la medicina prepaga aseguran que la "cartelización" del sector existe desde 2011 y fue establecida por el Gobierno, cuando implementó el Programa Médico Obligatorio y fijó topes de aumentos en las cuotas para todas las empresas por igual, sin considerar las estructuras y los costos de cada una. Frente a un sistema deteriorado y desfinanciado, postulan dos salidas que permitirían la baja de precios: la oferta de planes que no cubran todas las prestaciones establecidas en el PMO -que debería ser autorizado por el Gobierno- y tratamientos impositivos especiales.
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Comenzaron a llegar boletas de luz con subas de hasta el 175% en un mes
Las boletas de luz en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a llegar con aumentos de entre 110 y 175% para el mismo consumo eléctrico que en los 30 días previos.La suba alcanza a todos los hogares, comercios e industria, aunque en distinta proporción.El aumento se debe principalmente a una combinación entre la quita de subsidios que aplicó la Secretaría de Energía y la suba en las tarifas de transporte y distribución eléctrica (VAD), que aplicó el ente regulador de la electricidad (ENRE).El usuario de Edenor Juan Pablo S. recibió su boleta con un aumento de 175% en apenas 30 días por el mismo consumo de 733 kwh. Mientras que la anterior factura, que venció el 18 de marzo, le había costado $36.798, en la actual, con vencimiento el 18 de este mes, pagará $101.206.De ese total, el hogar paga $23.666 en concepto de impuestos (el 23% del precio final de la factura). Esto se debe a que desembolsa $15.815 por el 21% del impuesto al IVA, $4838 por el 6,424% de la tasa municipal de Vicente López y $3012 por el 4% de impuesto que aplica desde este año la provincia de Buenos Aires.El gobernador Axel Kicillof estableció una suba de la alícuota sobre el consumo eléctrico residencial de 0% a 4% desde enero de este año. En las boletas figura como parte de la ley 15.479 de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una norma preexistente, que la exgobernadora María Eugenia Vidal había llevado a 0% (sin eliminar el impuesto) y la actual gobernación lo volvió a subir para mejorar la recaudación provincial, sin necesidad de la aprobación de la legislatura.El aumento tan brusco en la boleta del usuario residencial de Edenor se debió a que tuvo un alza en su cargo fijo de $7479 a $30.054,11, como dispuso el ENRE, para los hogares de mayor consumo eléctrico. Asimismo, el cargo variable aumentó de $29, en enero, a $65 en la primera quincena de febrero, y a $81 desde el 16 de febrero.En el caso de José J., usuario residencial de Edesur, el aumento en sus boletas de luz fue de 116%. Con un consumo de 549 kwh en el mes, el alza en el bimestre fue de $22.198 a $48.130. El hogar paga, además, 21% de IVA al Estado Nacional ($7935) y una contribución municipal a la Ciudad de Buenos Aires de 6,383% ($2411). Por lo tanto, el 21,5% del costo total de la factura son impuestos ($10.346 de $48.130).El usuario residencial de Edenor Gastón R., que vive en Colegiales, por su parte, tuvo una suba de 120% por un consumo de 294 kwh mensuales, ya que su boleta pasó de $10.497 a $23.107, en apenas 30 días. De ese total, paga $4967 en concepto de impuestos (21% de IVA y 6,38% de contribución municipal a CABA).El detalle del aumentoLa Secretaría de Energía aplicó una quita de subsidios en todo el país para los usuarios residenciales de ingresos altos (N1), comercios e industrias desde el 1° de febrero pasado, que pasaron de pagar $20.460 a $44.401 el MWh de la generación eléctrica (un alza de 117%).Los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios hasta un consumo de 400 KWh por mes mantuvieron el subsidio, ya que pagan por la generación $2981 y $3756 el MWh, respectivamente. Es decir, estos segmentos pagan 6,7% y 8,5%, respectivamente, de lo que cuesta la generación eléctrica y mantienen más de 90% de subsidios del Estado nacional.La generación eléctrica es uno de los tres servicios que se abonan con las facturas eléctricas. El costo total incluye también las tarifas de transporte y distribución eléctrica, que es el ingreso que tienen Edenor y Edesur en el AMBA, y la transportista Transener, entre otras. Estas empresas se ocupan de transportar la electricidad de los lugares de generación a los centros de consumo y de distribuirlo para que cada hogar y comercio reciba la electricidad.Para ellas, el ENRE también dispuso un fuerte aumento para recomponer rentabilidad. En detalle, aplicó una suba en el cargo fijo y acortó la cantidad de categorías de consumo de los usuarios residenciales: mientras que antes había nueve categorías (de menor a mayor consumo), ahora hay seis (se bajó a cuatro en un principio y luego volvió a subir). Esto implica distintos aumentos para cada usuario residencial.Los seis segmentos son: R1, hasta 150 kwh por mes, con un cargo fijo de $791; R2, entre 151 y 400 kwh, con un costo de $1688; R3, entre 401 y 500 kwh, con $5819; R4, entre 501 kwh y 600 kwh, con $9309; R5, entre 601 kwh y 700 kwh, con $24.526, y R6, más de 700 kwh, con $28.924.Estos costos son los mismos para todos los usuarios residenciales, sin diferenciar si son de ingresos altos (N1), bajos (N2) o medios (N3), ya que el servicio de distribución eléctrica no está segmentando, como sucede con la tarifa de generación.Entre los aumentos en electricidad y gas, el Gobierno espera reducir los subsidios a la energía en 0,55% del PBI este año, según dijeron fuentes oficiales. Entre los analistas privados, en tanto, creen que el ahorro podría ser incluso mayor, ya que la quita de subsidios alcanza a todo el segmento que más energía consume.
Prepagas: el Gobierno inició una investigación por las fuertes subas y evalúa medidas adicionales
Tras la desregulación del DNU 70/23 aplicaron subas superiores al 165% en 4 meses. Se investiga un posible acuerdo entre los principales jugadores del mercado. Pidieron reunirse con Caputo. Leer más
La acumulación de subas tocó un primer techo
Según el relevamiento de la Usina de Datos, los precios de los alimentos básicos tuvieron una fuerte desaceleración en el tercer mes del año tras haberse duplicado desde noviembre pasado.
La tarifa de AySA aumenta un 209% y desde junio se esperan subas mensuales
Según se publicó en el Boletín Oficial, la suba estará vigente desde abril. Además, desde junio se aplicará un mecanismo de actualización mensual en función de la evolución de los salarios y la inflación.
Preocupación en un club de barrio por las subas de tarifas: se unen para evitar el cierre
Es el San Andrés, de San Martín, que deberá pagar más de un millón de pesos de luz en abril.Junto a clubes de la zona presentarán amparos judiciales.
El Gobierno invita a "no calentarse": el gas aumentará todos los meses y habrá subas del 300 %
En una decena de resoluciones el Enargas publicó los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución. Los aumentos serán mensuales. La semana anterior se definió que el precio del gas estará dolarizado. Cómo impactará en las facturas. Leer más
Ni yerba de ayer secándose al sol: Milei desreguló el mercado yerbatero y vaticinan fuertes subas
La medida estaba en incluida en el cuestionado DNU 70/2023. El Instituto Nacional de la Yerba Mate para negociar y fijar los precios.
Aumento del gas en abril: cuál será el impacto en las boletas según el Gobierno y por qué habrá más subas
La Secretaría de Energía proyectó un incremento promedio del 214% en concepto de costo de la energía. En las próximas horas se conocerán las subas en transporte y distribución que son, además de los impuestos, otros ítems de las facturas
Jornada financiera: las acciones y los bonos tuvieron leves bajas pero cerraron marzo con subas excepcionales
El S&P Merval y los bonos Globales cedieron 0,1% en el día, aunque arrojaron ganancias en dólares de 18% en el mes. El dólar libre cayó a $1.010 y completó el segundo mes en baja. El BCRA compró USD 29 millones en el mercado y las reservas bajaron en USD 499 millones por pagos de deuda
El gas aumentará en abril: por la quita de subsidios a hogares, industrias y comercios las subas podrían superar el 300%
El Gobierno decidió eliminar los subsidios al gas natural para hogares de altos ingresos y el resto de los usuarios no domiciliarios.También actualizará los márgenes de tarifas de las empresas de transporte y distribución.
Según Luis Caputo, la inflación actual bajó a un dígito; las subas de las jubilaciones por inflación llegan en julio; un chico argentino de 10 años le ganó a Magnus Carlsen
Las subas de las jubilaciones por inflación comenzarán en julio. El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que la derogación de la actual fórmula se hará efectiva al comienzo del segundo semestre. En abril habrá un extra de 12,5% en compensación por el aumento del costo de vida, y desde julio se actualizarán por inflación. Luis Caputo afirmó que la inflación está en un dígito mensual. El Ministro de Economía señaló que el anuncio de abrir importaciones a productos de la canasta básica hará que los supermercados bajen los precios que aumentaron especulando con una situación económica peor. Además, anticipó que el Gobierno planea quitar el cepo cambiario lo antes posible, pero "cuando no haya riesgos". El Gobierno reaccionó tras las críticas de Estela de Carlotto en el acto por el Día de la Memoria. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo pidió leyes contra el negacionismo, consideró que el gobierno reflota "la teoría de los dos demonios" y reclamó que el Presidente "cambie o se vaya rápido". "A vos no te votó nadie. Votó a Milei. Respeta al pueblo argentino que les dijo no a ustedes", posteó la vicepresidenta con el hashtag #nofueron30000, mensaje que fue compartido por Milei.Rusia mostró a los cuatro sospechosos del ataque terrorista en Moscú. Fueron presentados ante un tribunal, donde quedaron imputados con cargos de terrorismo tras el ataque en el Crocus City Hall, que dejó más de 180 muertos. Quedaron en prisión preventiva y podrían recibir cadena perpetua.Tiene 10 años y le ganó al número uno del ajedrez. El argentino Faustino Oro derrotó al noruego Magnus Carlsen en una partida bullet, a un minuto para cada jugador, correspondiente al circuito de torneos bullet brawl. "Estoy muy contento, nunca había jugado contra él", dijo Oro, que fue bautizado por la prensa española como "el Messi del ajedrez". Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Las subas de las jubilaciones por inflación comenzarán en julio, pese a lo anunciado: qué reajustes habrá en abril, mayo y junio
Las jubilaciones y pensiones de la Anses se reajustarán mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de julio próximo, y no desde abril, como había anunciado el viernes último, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre el tema, que lleva el número 274 y que fue publicado esta medianoche en el Boletín Oficial, establece que la derogación de actual fórmula para los reajustes y su reemplazo por el uso del porcentaje de la inflación de dos meses atrás son medidas que se harán efectivas en el segundo semestre del año.La norma aclara que para los haberes de junio "resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente". Aunque habrá una particularidad: en los próximos dos meses se otorgarán reajustes que serán considerados a cuenta del incremento que surja de la cuestionada modalidad de reajustes, aprobada a fines de 2020 y puesta en vigor en 2021.Para esa "transición" se establece que con los ingresos de abril habrá "un incremento extraordinario equivalente al 12,5%", calculado sobre los haberes de marzo, y, además, "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio, que se aplicará sobre el resultado del apartado precedente" (es decir, sobre el haber de marzo ya agregado el plus de 12,5%).Pocas horas antes de la publicación de la medida del Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en declaraciones al canal de televisión LA NACION+ que en abril se les daría a los ingresos previsionales una suba de 13,2% correspondiente a la inflación de febrero y un 12,5% adicional, además del bono para quienes perciben el haber mínimo (que seguiría siendo de $70.000 mensuales). Esa declaración coincide con lo expresado en el comunicado que la Oficina del Presidente emitió el viernes por la noche, que especifica que "desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor".Sin embargo, el DNU no dispone el reajuste por inflación desde abril, sino desde julio. Según había informado LA NACION, en caso de confirmarse para el mes próximo una suba de 13,2% (por la inflación de febrero) y otra de 12,5% (en compensación parcial por la alta inflación), la jubilación mínima sería de $171.516, y la máxima, de $1.152.122. El ministro Caputo sostuvo anoche que el haber básico sería de $172.000. En la práctica y según lo finalmente establecido, eso sería así si se define un anticipo a cuenta de la movilidad de junio de 13,2%, es decir, de un porcentaje equivalente a la inflación de febrero.Haberes de mayo, junio y julioPara los ingresos de mayo, en tanto, el DNU establece que se otorgará otro anticipo de la movilidad correspondiente a junio (que se calculará según la ley todavía vigente). Y en ese mes de junio podría ocurrir que los haberes no tengan modificación alguna. Eso dependerá del resultado final que arroje el cálculo de actualización y de los porcentajes que se hayan dado en abril y mayo a manera de pagos a cuenta.Lo que se establece es que, si el índice de la fórmula arroja un resultado mayor a lo otorgado como anticipos, se pagará solo lo que haga falta para completar el porcentaje de la movilidad según la ley. Y si, por el contrario, la fórmula da un índice mayor a lo anticipado, entonces no se descontará la diferencia y el monto implicado quedará incorporado al haber.A partir de julio las actualizaciones se definirán siguiendo la inflación con dos meses de rezago. Ese mes se considerará la variación del Índice de Precios al Consumidor de mayo, en tanto que en agosto se tomará en cuenta la variación de junio, y así sucesivamente.La razón para que así sea es que, al momento de iniciarse cada mes el calendario de pagos de las prestaciones a cargo de la Anses, no se conoce todavía la variación del índice de precios del período inmediato anterior. Por ejemplo, el primer día del actual mes de marzo comenzaron a abonarse las prestaciones no contributivas, en tanto que el 8 se inició el pago de los beneficios contributivos. Y la inflación de febrero fue informada por el Indec el martes 12; por lo tanto, el índice que se conocía cuando empezaron a hacerse los pagos era el correspondiente a enero. Y eso ocurre todos los meses.
"Nos cansamos": demandaron a un municipio por subas de hasta 1000% en una tasa
La Sociedad Rural de Vedia, en el noroeste bonaerense, presentó una demanda judicial contra la municipalidad de Leandro N. Alem [el nombre del partido] por "aumentos desmedidos" en las tasas de guías de hacienda y de red vial. Argumentaron que estos incrementos alcanzaron hasta un 1000% en algunos casos y no están siendo respaldados con una contraprestación de servicio."Decidimos iniciar acciones legales porque nos cansamos de no tener respuestas por parte del municipio y que el estado del camino sea lamentable. Hicimos un peritaje con ingenieros del colegio de ingenieros de Pergamino y el dictamen concluyó que están completamente intransitables. El intendente Carlos Ferraris no nos recibe, siempre pone excusas y, cuando finalmente lo hace, no tenemos acceso directo a él, sino que nos atienden intermediarios de segundo y tercer nivel", expresó el presidente de la Sociedad Rural de Vedia, Hugo Dacunto.En diálogo con LA NACION, Juan Manuel Dasta, el abogado contratado por la entidad para iniciar las acciones legales, explicó que en enero y febrero último presentaron dos demandas contencioso-administrativas contra el municipio. El objetivo principal es impugnar la tasa de red vial y la tasa de marcas y señales. El partido tiene unos 600 kilómetros de caminos rurales."Unimog": la irónica solución que un productor propuso frente al deplorable estado de los caminos"El motivo del reclamo también fue el exponencial aumento de la tasa de marcas y señales, que es un tributo que el municipio cobra a los fines de expedir la guía de tránsito, la cual consiste en un permiso para poder circular con la hacienda. Tal impuesto lo pagan los productores ganaderos y porcinos", explicó. Según detalló, el aumento fue del 1000% para los productores porcinos y del 684% para los productores bovinos. A modo de ejemplo, mencionó que si el transporte de una vaca costaba $100 el año pasado, ahora se pagan $684, explicando el método de cálculo utilizado.Además, allí se cuestiona la constitucionalidad del impuesto sobre la guía de tránsito porque sostienen que viola los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución que prohíben establecer derechos de tránsito. Dasta destacó que el mero traslado de mercadería no puede ser gravado de esta manera."También hay tratamiento discriminatorio que ya lo prohibió la Corte de la Nación en un fallo que se dictó hace poco, donde al productor que vende el ganado dentro del municipio le cobran una tasa inferior a quien lo vende fuera del municipio. Es decir, si se vende en el frigorífico del distrito se cobra menos que si se vende en el de otra localidad", dijo.Respecto al aumento de la red vial, indicó que en un campo de 500 a 2000 hectáreas la suba fue del 374%. Se calculó en base al litro de gasoil de enero a marzo en lugar de calcularse, indicaron, en base al litro de gasoil de diciembre pasado. "Actualmente, un litro de gasoil está casi en $950, mientras que antes estaba a $690. Por lo tanto, ahí tenés un aumento del 50% sobre lo que pagabas anteriormente. De manera que un campo de 500 hectáreas en abril de 2023 pagaba por mes $79.125â?³, comentó.Por otro lado, sostuvo que en este caso, más allá de que el aumento fue exponencial, lo que más se critica en la demanda es el estado de los caminos ya que se hizo ver por un ingeniero civil y no hay mantenimiento alguno. "La tasa para que sea constitucionalmente válida tiene que ser a cambio de la prestación de un servicio", apuntó.El mapa de una plaga: la pérdida por la chicharrita podría alcanzar una cifra nunca vista en maízEn este contexto de creciente malestar, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión en la Sociedad Rural de Vedia en la que participaron productores y dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Allí se explicaron los detalles de la acción legal.El prosecretario de Carbap, el productor juninense Gustavo Frederking, indicó que "en cuanto a las guías, la Sociedad Rural considera que se trata únicamente de un gasto burocrático que, además, carece de justificación con la tecnología disponible en la actualidad"."Además, plantea que esto implica una doble imposición, ya que se supone que la guía de hacienda se establece para contribuir a la conservación de los caminos. Sin embargo, si a su vez se cobra la tasa de red vial, esto resulta en una doble imposición", agregó.El aumento, dijo, no es racional porque está muy por encima de la inflación y, además, no puede ser una tasa que quede indexada al estar atada al precio del gasoil. "No se puede saber con certeza cuánto se va a pagar de red vial porque se irá determinando y fijando", explicó.
Cuáles son los motivos de las subas y bajas del Bitcoin
La popular criptomoneda experimenta subas y bajas de su valor y esta situación es tema de interés tanto para inversores como para entusiastas de la tecnología financiera. Leer más
Amparo colectivo contra OSDE por las subas de las cuotas: explican quiénes se pueden sumar y cómo
Es a partir del fallo de una jueza federal de Entre Ríos que habilitó esa inédita instancia contra una prepaga.Una experta detalla cómo es el camino para que los afiliados vulnerables puedan participar de la misma acción.
El S&P Merval rompió con seguidilla de subas: acciones cayeron hasta 4%
En las últimas dos ruedas, el índice accionario había acumulado un avance del 9,7%.
Tarifas de gas: inminente definición del Gobierno por las subas, que podrían superar el 700%
Se espera que, antes del viernes, se oficialice la actualización tarifaria y la reducción de asistencia estatal. De trasladarse el atraso denunciado por la Secretaría de Energía en los valores, el usuario podría pagar hasta seis veces más en las próximas facturas. Leer más
Por orden de Javier Milei, Victoria Villarruel finalmente anula las subas salariales de los senadores
Así lo dispone en una resolución que se dispone a firmarMartín Menem, presidente de Diputados, ya la había firmado el viernes..