El sheriff del condado de Orange (California), Don Barnes, aseguró que su departamento no hará cumplir las leyes federales de inmigración. Durante un informe ante la Junta de Supervisores, afirmó que los agentes se enfocan en delitos estatales y locales, sin cuestionar el estatus migratorio de los involucrados en investigaciones criminales.En California: el papel de la policía local en Orange y el control migratorioBarnes declaró, de acuerdo a NBC, que el Departamento del Sheriff no participa en operativos de inmigración ni en la ejecución de leyes federales. "Mis agentes están enfocados en violaciones criminales de las leyes estatales y locales. Nunca preguntamos el estatus migratorio de sospechosos, testigos o denunciantes", afirmó."No hemos participado ni participaremos en ninguna operación local de acciones de aplicación por parte de las autoridades federales que hagan cumplir las leyes de inmigración", expresó.Impacto del veto al ICE en las liberaciones de detenidosPese a sus declaraciones, el sheriff precisó que no obstaculizará el trabajo de las autoridades federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).En este sentido, dio a conocer que el año pasado 733 de los 48 mil detenidos en el condado de Orange llamaron la atención del ICE. Sin embargo, las leyes estatales prohibieron que los agentes notificaran a la agencia federal de inmigración sobre la liberación de 456 de ellos, según detalló Barnes.De los 277 casos restantes, el ICE no recogió a 49 detenidos. El sheriff advirtió que estas restricciones permiten que delincuentes reincidentes sigan en operaciones dentro de la comunidad. "Los que no son detenidos por el ICE siguen victimizando a la comunidad y utilizando recursos de seguridad pública", afirmó.Al respecto, el sheriff cuestionó la ley santuario de California, también conocida como Senate Bill 54 (SB 54). Según él, la legislación, aprobada en 2017, es innecesaria, ya que su departamento no está interesado en hacer cumplir las leyes migratorias. No obstante, advirtió que podría incentivar una respuesta más agresiva por parte de las autoridades federales.Barnes reiteró que los agentes deben poder comunicar amenazas y coordinar la expulsión de delincuentes con el ICE. "Debemos poder compartir información sobre criminales que afectan a nuestras comunidades, como aquellas conformadas por inmigrantes", aseguró.Cooperación en Orange con el ICE y críticas de activistasBajo el SB 54, las autoridades locales no pueden gastar recursos en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Sin embargo, la ley permite que las autoridades locales examinen a los reclusos, cuando lo soliciten los funcionarios del ICE, si estos fueron condenados por asalto, agresión, abuso infantil o abuso sexual, entre otros crímenes.En 2024, la agencia federal pidió revisar 633 casos y 226 fueron remitidos por estar en el país sin autorización legal. Finalmente, el ICE detuvo a 186 de esos individuos, de acuerdo a la información publicada por LA Times.Grupos de derechos de los inmigrantes criticaron la postura del sheriff y del condado. Carlos Perea, director del Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice, alertó que esta cooperación afecta la confianza del público en la policía. "Debilita la seguridad pública y afecta la economía local", aseguró.Contrastes entre condados en California en relación con el ICEEl enfoque de Barnes contrasta con decisiones en otros condados. En Riverside, el sheriff Chad Bianco negó que sus agentes participen en redadas migratorias, aunque confirmó que buscará "una forma de colaborar con el ICE".En San Diego, los supervisores del condado intentaron prohibir totalmente la cooperación con el ICE, pero la sheriff Kelly Martinez se negó y aseguró que notificará sobre liberaciones de detenidos indocumentados.En el condado de Orange, la Junta de Supervisores respaldó la política del sheriff. Don Wagner, miembro del consejo, minimizó el impacto de las notificaciones al ICE. "El sheriff merece ser aplaudido, no condenado por el uso tan prudente de su poder que ha expuesto hoy".
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, demandó al sheriff del condado de Winneshiek, Dan Marx, por publicar en sus redes sociales que su departamento no siempre necesita cumplir con las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La demanda, presentada el miércoles, alega que el mensaje desalentó la cooperación con las autoridades federales, lo que podría afectar los fondos estatales destinados al condado.La publicación de Facebook que desató la controversiaEl 4 de febrero, el sheriff Dan Marx compartió un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que expresó su "desconfianza" hacia la legitimidad de las acciones de los agentes del ICE, según reveló Associated Press. En su escrito, criticó las solicitudes de ICE para detener a personas sin una orden judicial, a las que calificó como "violaciones" de los derechos constitucionales. Esta declaración generó una fuerte reacción y fue eliminada el jueves, horas después de la demanda presentada por la fiscal general de Iowa.La Oficina del Sheriff explicó en un comunicado que la decisión de borrar el post tenía como objetivo demostrar "buena fe". Sin embargo, señalaron que no coincidían con la conclusión de la fiscalía, que argumentaba que la publicación infringía la ley. Las autoridades estatales propusieron un nuevo texto para reemplazar la publicación original, pero el condado rechazó el contenido, y aseguró que no reflejaba su postura legal de manera adecuada.A pesar de retirar el mensaje, la Oficina del Sheriff reiteró su compromiso de cumplir con las leyes migratorias tanto a nivel estatal como federal. No obstante, reafirmaron su defensa de los derechos constitucionales de los residentes del condado de Winneshiek. En su respuesta oficial, Marx destacó que su oficina cooperó con ICE cuando ha sido necesario y manifestó su confianza en que el conflicto se resolvería de manera favorable.Iowa: Reynolds advirtió sobre recortes de fondos al condado WinneshiekLa gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, respondió al sheriff del condado de Winneshiek . A través de una carta, recordó que una ley estatal de 2018 exige que los jefes de policía locales no adopten políticas que impidan o desalienten la cooperación con los agentes federales de inmigración.Según Reynolds, la legislación establece que los sheriffs deben ayudar en la aplicación de la ley de inmigración cuando sea razonable o necesario, y no pueden obstaculizar la colaboración con el ICE. La respuesta de la gobernadora refuerza la postura del estado frente a las acciones de Marx y destaca que el incumplimiento de esta norma podría acarrear consecuencias, como la pérdida de financiación estatal para el condado.El conflicto legal por las detenciones del ICEDesde 2018, Iowa prohíbe las "ciudades santuario" y exige que los condados cooperen plenamente con las autoridades de inmigración. La investigación de la fiscalía determinó que la Oficina del Sheriff cumplió con las 24 solicitudes de detención presentadas por ICE desde ese año. Sin embargo, el gobierno estatal sostiene que la publicación de Marx violó la ley al desalentar la cooperación con agentes federales.Alyssa Broulliet, vocera de la fiscalía, declaró a Associated Press que el jefe de policía había sido notificado el miércoles por la mañana sobre el plazo para rectificar su postura, pero que su respuesta no fue suficiente.
Según varios de los internos, las labores en la granja incluían jornadas de hasta 12 horas los fines de semana y noches que se extendían hasta la madrugada
La sheriff de San Diego, Kelly Martinez, recibió tres denuncias por supuestos incumplimientos de la normativa del condado y de California, que prohíbe a las agencias locales cooperar con ICE en la aplicación de leyes migratorias, según informó el abogado Jan Joseph Bejar, especializado en temas migratorios.La sheriff Kelly Martinez, acusada por colaborar con ICEEl Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (Sdirc, por sus siglas en inglés) envió una carta a la sheriff Martinez, donde se le exige el cumplimiento de la Ley de Valores de California (SB 54) y de la política L-02 de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Esta normativa impide que recursos locales sean utilizados para la aplicación de leyes migratorias y prohíbe la notificación a ICE sobre fechas de liberación de personas bajo custodia sin una orden judicial.Ian Seruelo, presidente del Sdirc, criticó la postura de la sheriff de colaborar con los agentes federales y expresó en un comunicado su preocupación por la posible falta de cumplimiento de la normativa. "Nos decepciona que Martinez haya declarado que no cumpliría con la política L-02 de la Junta. Esto atenta contra la voluntad de la comunidad y podría contradecir la ley estatal", afirmó.La SB 54, también conocida como Ley de Valores de California, establece que las agencias del orden locales no pueden destinar fondos ni personal para tareas de control migratorio. Esta permite algunas excepciones, pero siempre y cuando no infrinjan otras normativas estatales o locales.Qué establece la Ley SB 54 de CaliforniaSancionada en 2017, la SB 54 prohíbe la colaboración activa entre agencias locales y autoridades de inmigración, salvo en casos donde existan condenas por ciertos delitos graves. Entre sus disposiciones, la ley impide que la información sobre el estatus migratorio de una persona bajo custodia sea compartida con ICE sin una orden judicial.Asimismo, la legislación ordena a instituciones como escuelas públicas, hospitales y bibliotecas desarrollar políticas para limitar la asistencia con operativos de agentes federales. También exige que el Departamento de Justicia de California publique anualmente informes sobre colaboraciones entre agencias locales y el gobierno federal en estos temas.La respuesta de la sheriff de San DiegoDesde la implementación de la política L-02 en diciembre, según NBC San Diego, Martinez indicó que continuaría notificando a ICE sobre individuos con antecedentes criminales, siempre y cuando se ajuste a lo permitido por la ley estatal. Sin embargo, los defensores de derechos de los inmigrantes sostienen que esta práctica podría incumplir tanto la SB 54 como la normativa del condado.Según Seruelo, el Sdirc documenta incidentes que podrían constituir violaciones a la ley estatal y local. Agregó que, de confirmarse estas acusaciones, el caso podría ser remitido a la Fiscalía General de California o resultar en una demanda legal contra la oficina del sheriff.Por su parte, Martinez emitió un comunicado en el que asegura que no modificó sus procesos desde la aprobación de la Política L-02. "La Oficina del Sheriff notifica a los funcionarios de inmigración las fechas de liberación solo si la persona encarcelada cumple con las condenas que la califican por cargos específicos de delitos graves, violentos o sexuales", señaló el comunicado, citado por NBC San Diego.El abogado de inmigración Jan Joseph Bejar sostuvo que cualquier acción que sugiera colaboración con agentes federales podría generar un ambiente de desconfianza en la comunidad migrante. "Si una persona cree que podría ser reportada a ICE, es menos probable que denuncie un delito o coopere con las autoridades, lo que afecta la seguridad de todos", indicó el especialista.Por otro lado, el supervisor Jim Desmond promovió la eliminación de la política L-02 al argumentar que obstaculiza el trabajo de las fuerzas del orden. Su propuesta se discutirá en próximas sesiones de la Junta de Supervisores.
Henry Lee Lucas murió en la cárcel el 12 de marzo de 2001. Había matado a tres personas, pero una maniobra ideada por un oficial de los Rangers lo llevó a realizar confesiones falsas. La investigación de un periodista y la desconfianza de un fiscal pusieron al descubierto la conspiración
Las autoridades del condado de St. Johns, en Florida, intensificaron su colaboración con el gobierno federal, para arrestar a inmigrantes en situación irregular. El sheriff local, Robert Hardwick, encabeza un grupo de trabajo que patrulla semanalmente la interestatal 95 en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y otras agencias federales.Florida intensifica operativos migratorios bajo el programa 287(g)"Este es solo el comienzo", advirtió Hardwick en declaraciones a Fox News Digital, sobre los operativos en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. "Si te buscan, ya seas un inmigrante ilegal o un ciudadano de Estados Unidos, vamos a encontrarte y hacerte responsable de tus actos", agregó el Sheriff.El operativo forma parte del programa federal 287(g), una iniciativa que permite al ICE transferir ciertas funciones migratorias a fuerzas de seguridad estatales y locales. Bajo este esquema, los agentes del condado de St. Johns pueden identificar, detener y entregar a personas en situación irregular directamente a las autoridades federales.La coordinación entre ICE, la Patrulla Fronteriza y las oficinas del Sheriff se intensificó desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. En ese marco, la Casa Blanca busca reforzar la vigilancia interna y ampliar el alcance de las políticas migratorias más allá de la frontera sur.Arrestos sobre la ruta: el modus operandi de las fuerzas localesEn este contexto, los agentes desplegaron controles a lo largo de la carretera interestatal 95, uno de los corredores más transitados del sureste de Estados Unidos. A la altura de San Agustín, detectaron una camioneta Dodge Ram detenida en un semáforo. En su interior viajaban dos jóvenes guatemaltecos que no contaban con documentación legal para permanecer en EE.UU.Alexander Aguilar Velasquez, de 24 años, ya tenía dos contactos previos con ICE y una orden final de deportación. El agente Matthew Zetts, de la Patrulla Fronteriza, lo arrestó en el lugar y lo trasladó a la oficina de campo de ICE en Jacksonville. Al segundo ocupante, de 19 años, lo liberaron con una citación para comparecer ante un tribunal."El joven de 24 años había ignorado una cita previa en la Corte después de cruzar al otro lado del Atlántico", detalló Zetts en diálogo con Fox. Las autoridades calificaron el operativo como parte de una "respuesta estratégica contra el tráfico humano y sexual".Los detalles sobre la colaboración entre fuerzas locales y el ICEEl grupo de trabajo cuenta con entre 20 y 25 agentes de agencias locales, estatales y federales. Cada viernes a las 14 hs (hora local), el equipo se reúne para revisar información sobre migrantes con antecedentes penales o vinculaciones con delitos graves."Nos enfocamos en lo peor de lo peor", explicó Hardwick. "Es un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad de nuestras comunidades", agregó. El condado de St. Johns participa del programa 287(g) desde hace más de un año, aunque las acciones se intensificaron tras la elección presidencial de 2024.Aunque la atención nacional suele centrarse en la frontera sur, el operativo en Florida muestra cómo la política migratoria se aplica también dentro del país norteamericano. Para ICE y DHS, la colaboración local representa una herramienta clave en su objetivo de frenar la inmigración irregular.Desde las agencias señalaron que este tipo de patrullajes sobre rutas estratégicas permite identificar casos que de otro modo quedarían fuera del radar migratorio. Así, Florida, tras la política local implementada por el gobernador Ron DeSantis, se posiciona como campo de acción directa en la nueva era migratoria estadounidense.
Un sheriff de California anunció que planea notificar a las autoridades federales de inmigración cuando arreste a personas que se encuentren en el país en situación ilegal, una decisión que contradice la Ley Santuario que rige en el Estado Dorado y que limita la cooperación de las agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Qué dijo el sheriff del condado de Amador que desafía la Ley Santuario en CaliforniaLa Ley Santuario de California, aprobada en 2017 durante la primera presidencia de Donald Trump, prohíbe que las fuerzas del orden locales colaboren con ICE, salvo en casos específicos. La norma establece que las notificaciones solo pueden realizarse cuando un inmigrante indocumentado fue condenado y cumplió su sentencia por delitos graves como asesinato, violación o robo.Sin embargo, Redman adelantó que planea contactar a las autoridades de inmigración en el momento del arresto de una persona indocumentada, lo que violaría la legislación estatal.Según indica Cal Matters, el sheriff argumentó que su postura está respaldada por el Código Penal de Estados Unidos, que prohíbe albergar a personas que están ilegalmente en el país.Por ello, afirmó que el Código Penal lo obliga a contactar a ICE cuando detiene a una persona sin estatus legal. En este sentido, aclaró: "Dije que no los devolvería a la comunidad si los liberaban". Fuera de ello, agregó, el condado "cumple con el noventa y nueve por ciento de la ley santuario de California".Las críticas al sheriff que planea violar la Ley Santuario de CaliforniaLa posición de Redman generó un intenso debate en Amador, California. Mientras algunos sectores lo respaldan, otros advierten sobre las posibles consecuencias legales que tendrá su accionar.Maria Romani, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, consideró que la decisión del sheriff "expone a su oficina a responsabilidades" jurídicas."Si viola la ley, espero que la Oficina del Fiscal General lo investigue a fondo", advirtió Romani en declaraciones a El Diario de Sonora.Asimismo, la activista señaló: "Ese tipo de mensaje no es bueno para la seguridad pública porque la comunidad inmigrante tendrá miedo de comunicarse con el sheriff (...) que diga que llamará (al ICE) cada vez que alguien sea arrestado".Por su parte, desde la Oficina del Fiscal General de California recordaron que la Ley santuario local ya superó una prueba constitucional cuando la administración Trump intentó impugnarla en 2018. "Los tribunales federales confirmaron que (la norma) no entra en conflicto con la ley federal", señalaron. Y remarcaron que "monitorean el cumplimiento de la Ley de Santuario por parte de las fuerzas del orden".El nuevo intento de Trump de bloquear la ley santuario en CaliforniaLa postura del sheriff de Amador Donald Trump se da poco después de un nuevo intento de Donald Trump por terminar con la ley santuario de California. El mandatario, quien en 2018 buscó revocar la norma en los tribunales y no lo consiguió, ahora amenaza con retener fondos federales para lograr su propósito.Poco después de asumir por segunda vez como presidente de EE.UU., Trump firmó una nueva orden ejecutiva, titulada "Protección del pueblo estadounidense contra la invasión", que amenaza con retener fondos federales a las ciudades y estados que mantengan políticas de protección a inmigrantes.
El intendente de General Pueyrredón defendió el "orden, la inversioÌ?n privada y la previsibilidad" en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el Concejo deliberante
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la agencia federal encargada de ejecutar arrestos y gestionar procesos de deportación en Estados Unidos. Sin embargo, no trabaja solo. A través del programa 287(g), se establecieron acuerdos con varias oficinas del Sheriff en Texas, así como en otros estados, que permite a las autoridades locales realizar funciones como la detención de personas indocumentadas en cárceles y la verificación de su estatus migratorio.El programa 287(g) de ICE y su implementación en TexasEl programa 287(g) forma parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y permite que los oficiales locales actúen bajo la supervisión de ICE en la identificación y retención de extranjeros indocumentados en centros de detención estatales y locales.Texas es uno de los estados con mayor participación en este programa, con múltiples condados que firmaron acuerdos para colaborar con la agencia federal. Bajo el modelo de "Cumplimiento de la ley en la cárcel", las oficinas del Sheriff verifican el estatus migratorio de las personas detenidas por delitos comunes y facilitan su transferencia a ICE si se determina que son deportables.Además, algunos condados adoptaron el modelo de "Grupo de trabajo", que permite a los agentes del orden locales realizar actividades de identificación y arresto de extranjeros indocumentados bajo la supervisión de la agencia. Y el modelo de "Oficiales de Servicio de Ordenanzas" que brinda capacitación a los oficiales locales para la ejecución de órdenes administrativas en centros penitenciarios.Condados de Texas que colaboran con ICEActualmente, varios condados en Texas tienen acuerdos vigentes con ICE para colaborar en la identificación y detención. Entre ellos se encuentran:Aransas: participa bajo el modelo de "Cumplimiento de la ley en la cárcel" desde junio de 2020.Burnet: opera bajo el modelo de "Oficiales de Servicio de Ordenanzas" desde noviembre de 2019.Galveston: colabora con ICE desde junio de 2020 bajo el modelo de "Cumplimiento de la ley en la cárcel".Smith: firmó un acuerdo en febrero de 2025 para participar en el "Grupo de trabajo".Goliad: recientemente amplió su cooperación bajo dos modelos: "Grupo de trabajo" y "Oficiales de Servicio de Ordenanzas".Estos son solo algunos ejemplos de los condados que firmaron acuerdos con ICE en Texas. La lista crece a medida que más oficinas del Sheriff buscan fortalecer su colaboración con la agencia federal.Posturas divididas sobre la colaboración de las oficinas del sheriff en Texas con ICEEl sheriff del condado de Tarrant, Bill Waybourn, aseguró que sus agentes no participan activamente en redadas de inmigración, pero que están obligados a notificar a ICE sobre extranjeros indocumentados en su custodia."No tenemos autoridad para hacer eso", declaró en una entrevista con CBS News, en tema a la participación en operativos de arresto fuera de las cárceles. "Nuestro papel es identificar a las personas que ingresan a nuestras instalaciones y determinar si están legalmente en EE.UU.", explicó.En el condado de Dallas, las autoridades locales declararon que su oficina del Sheriff no opera grupos de trabajo para capturar personas indocumentadas, pero que la agencia federal tiene acceso para revisar a los detenidos bajo su custodia y emitir órdenes de detención migratoria si lo considera necesario.En contraste, la Oficina del condado de Collin reafirmó su compromiso de trabajar con ICE para facilitar la detención de personas con órdenes de deportación. "La política del sheriff Jim Skinner es que nuestros agentes trabajen en estrecha colaboración con nuestros socios federales para facilitar las detenciones legales, lo que ayuda a que nuestras comunidades sean lugares más seguros para que los ciudadanos del condado vivan y críen a sus familias", señalaron al medio CBS News."Ayudaremos y facilitaremos a los agentes federales en la mayor medida posible en sus esfuerzos por localizar y detener a los extranjeros delincuentes que se encuentran ilegalmente", agregaron.
El sheriff de Polk, Grady Judd, instó al gobierno federal a eliminar restricciones que limitan la cooperación con agencias locales en la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. El condado se ubica en el área central del estado de Florida.El sheriff de Polk pidió libertad para las agencias locales en deportacionesEn una entrevista con la cadena de noticias Fox News, Judd enfatizó la importancia de proporcionar recursos y respaldo federal a las agencias locales. "Necesitamos que nos quiten las cadenas y nos permitan trabajar junto con ICE para garantizar la seguridad de nuestras comunidades", afirmó.El sheriff reveló que existen 1,4 millones de inmigrantes con órdenes federales de deportación o remoción. "Si podemos identificarlos e ingresarlos en el sistema, podemos ir por ellos", señaló. Asimismo, insistió en que su departamento podría actuar con mayor rapidez si recibe el apoyo adecuado. "Podemos detener a grandes cantidades de personas que están aquí ilegalmente y han cometido delitos", agregó.Sobre la necesidad de infraestructura, Judd comentó: "No se puede simplemente prender y apagar un interruptor. Hay que establecer infraestructura, pero seremos aliados aún más fuertes de ICE".Reducción de deportaciones bajo la administración BidenEn 2019, el condado de Polk firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, durante la primera administración de Trump, para facilitar la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. Sin embargo, según Judd, esta colaboración se redujo con el cambio de gobierno.Además, explicó que en el primer mandato del republicano el "ICE retiró a muchos de los que arrestamos por otros delitos, pero con Biden esos números disminuyeron". "Parecía que preferían mantener a los criminales ilegales en EE.UU. en lugar de deportarlos", consideró.El sheriff elogió a Ron DeSantis y a los legisladores estatales por su esfuerzo en fortalecer la cooperación. "Aplaudo al gobernador, al presidente de la Cámara, Danny Pérez, y al presidente del Senado, Ben Albritton, por impulsar legislación estatal para garantizar la cooperación con ICE", expresó.¿Las agencias locales pueden acceder a las bases de datos migratorios federales?Judd criticó la falta de acceso a la información sobre inmigrantes con órdenes de deportación activas, y señaló que estos datos no aparecen en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés)."Esto es un problema de seguridad. Cuando detenemos un vehículo, podemos estar frente a alguien con una orden de deportación activa sin saberlo", denunció. "No podemos retenerlos porque el gobierno federal no los registra en el sistema", sumó.Según el sheriff, proporcionar esta información facilitaría la labor de su oficina. "Si ICE nos da acceso a esta información, seremos un apoyo más grande en la aplicación de la ley", dijo. "Es fundamental que exista una comunicación abierta entre el gobierno federal, ICE y las agencias locales", sentenció en la entrevista.Florida: casos de reincidencia de inmigrantes ilegales en PolkPor otra parte, Judd citó un caso de un inmigrante ilegal, arrestado entre abril y mayo de 2024 por un ataque violento, que fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "Pensamos que lo habían deportado", relató.Sin embargo, en enero de 2025, el mismo individuo fue detenido nuevamente por manejar ebrio junto a su hermano, también ilegal. "Nos preguntamos: '¿No habíamos deportado a este tipo?'". Al revisar el caso, descubrieron que ICE había rechazado la detención en abril. "Ese es el problema", subrayó el jefe de policía.El sheriff responsabilizó a la anterior administración Biden por la permanencia de inmigrantes ilegales involucrados en delitos en Florida. "Permitieron la entrada de venezolanos que eran ladrones profesionales y se enfocaron en nuestras comunidades asiático-americanas", denunció. "Siete de los nueve robos que investigamos tuvieron como objetivo a asiáticos-americanos", informó.Asimismo, mencionó la desarticulación de una banda de venezolanos acusada de cometer robos millonarios en todo Estados Unidos. "Estafaron a víctimas en Polk y en el centro de Florida por cientos de miles de dólares", aseguró.Judd también alertó sobre los accidentes fatales causados por conductores sin licencia. "Vimos un aumento de accidentes mortales provocados por ilegales que manejaban sin licencia y sin respeto por la ley", afirmó.El sheriff Budd destacó el descenso en la criminalidad en PolkEl sheriff destacó que, gracias a su enfoque de mano dura, la tasa de criminalidad en el condado de Polk alcanzó su nivel más bajo en 53 años. No obstante, advirtió que la migración ilegal es todavía un gran desafío."Nuestra tasa de criminalidad sería aún menor si la administración Biden no permitiera la entrada de criminales ilegales", sostuvo. También vinculó la crisis fronteriza con el tráfico de drogas y el aumento de muertes por sobredosis.DeSantis endurece las leyes migratorias en Florida: sanciones más severas y nuevas restriccionesEl gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 13 de febrero dos leyes migratorias que endurecen las restricciones para extranjeros indocumentados en el estado.La SB 2C prohíbe otorgar licencias de conducir y elimina las matrículas estatales para estudiantes sin estatus legal. La SB 4C refuerza las penas criminales para quienes reingresen tras ser deportados y establece la pena de muerte obligatoria para delitos capitales cometidos por extranjeros no autorizados, como el asesinato en primer grado y la violación infantil.La firma de estas normativas, realizada en una sesión especial de la Legislatura de Florida, refuerza la política migratoria estatal y apoya las medidas del expresidente Donald Trump. DeSantis aseguró que estas leyes convierten al Estado del Sol en la entidad con las regulaciones más estrictas de EE.UU. en materia de inmigración.
Las elecciones de 2026 en California sumaron un nuevo contendiente con la candidatura de Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside, quien criticó duramente la gestión demócrata y prometió restaurar el "sueño californiano" y eliminar las políticas santuario del estado. El gobernador Gabin Newsom no puede volver a presentarse debido a los límites de mandato.Chad Bianco: el republicano desafía el dominio demócrata en CaliforniaDe acuerdo a Los Ángeles Times, Bianco afirmó el lunes, ante cientos de seguidores en Riverside, que el "sueño californiano se convirtió en una pesadilla" debido al aumento de precios en la comida y los servicios. El sheriff de 58 años se presentó como un conservador de "ley y orden" dispuesto a revertir lo que describió como "décadas de mala gestión" por parte de los demócratas."¿Qué es lo que nos han dado? Crimen desenfrenado, impuestos más altos, el costo de vida más alto de nuestra nación, campamentos de tiendas en cada ciudad importante, más muertes por fentanilo, incendios catastróficos", declaró Bianco. Y concluyó: "Los californianos merecen algo mejor".Chad Bianco y su postura contra la inmigraciónEn conversaciones con Politico, Bianco criticó la ley SB 54, que protege a los inmigrantes indocumentados de la deportación. Aseguró que eliminar esta legislación sería una de sus prioridades. "No hace nada por la seguridad pública", declaró. "Lo único para lo que fue diseñada fue para evitar que los criminales sean deportados", agregó.Su postura coincide con la del presidente Donald Trump, a quien apoyó en su campaña presidencial y de quien recientemente recibió un reconocimiento. "Las leyes santuario de California están poniendo en riesgo a cada inmigrante, sin importar si son o no respetuosos de la ley", comentó Bianco en un comunicado del mes pasado.Según el sheriff, esto se debe a que la ley estatal no permite el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las cárceles. Este mes, tuvo que desmentir los rumores de que sus oficiales brindaron ayuda en redadas de inmigración en escuelas e iglesias.Chad Bianco: la esperanza del Partido Republicano en CaliforniaEl último republicano elegido gobernador en California fue el reconocido actor Arnold Schwarzenegger, en 2006.Desde entonces, todos los mandatarios elegidos pertenecen al Partido Demócrata. Newsom es el último hasta el momento, y culminará su segundo mandato en 2027.De acuerdo a LA Times, aproximadamente uno de cada cuatro votantes en California está registrado como republicano, mientras que casi el 46% son demócratas y el 22% no tiene preferencia partidaria.El sistema electoral de California permite que los dos candidatos más votados en la primaria avancen a la elección general, sin importar su partido. Según una encuesta obtenida por Politico, Bianco cuenta con el 14% de intención de voto en un escenario con diez candidatos.Bianco es el republicano con mayor perfil en la contienda. Su trayectoria como sheriff lo posiciona como un candidato fuerte dentro del partido. Durante su gestión, se opuso a los mandatos de vacunación para las fuerzas de seguridad durante el Covid-19 y rechazó las restricciones impuestas durante la pandemia.Su éxito dependerá de su capacidad para consolidar el voto conservador y atraer a independientes. Cuenta con el respaldo de líderes republicanos como el congresista Ken Calvert y el asambleísta Greg Wallis. "No habrá otro republicano en la carrera con este nivel de conexión con la gente", aseguró Bianco en su acto de lanzamiento.
Mike Boudreaux, sheriff del condado de Tulare, en el centro de California, anunció que colaborará con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, pero solo en ciertos casos. El funcionario estableció límites en cuanto a la participación de su departamento en detenciones de inmigrantes que no tengan antecedentes penales o que formen parte de la fuerza laboral del estado.Este anuncio se produce en un contexto de aumento en las redadas migratorias a lo largo de California, estado que alberga la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados en el país. De acuerdo con un informe del Pew Research Center, aproximadamente 1,8 millones de personas sin un estatus migratorio legal residen en el Estado Dorado.En este sentido, los operativos del ICE han tenido un enfoque prioritario en ciudades como Los Ángeles y San Diego, con un incremento en la presencia de agentes federales en distintos puntos del estado.Postura del sheriff de Tulare, California, ante la cooperación con ICEEn una entrevista con Univision 21, Boudreaux afirmó que apoyará las acciones de ICE en casos que involucren delincuentes peligrosos, pero dejó claro que su departamento no participará en operativos dirigidos contra trabajadores agrícolas o familias."Si recibimos información sobre una persona buscada por delitos graves, trabajaremos en conjunto con ICE para su detención", explicó Boudreaux. Sin embargo, también enfatizó que no permitirá que los operativos afecten a quienes desempeñan actividades laborales esenciales. "Si se trata de trabajadores agrícolas que están recogiendo cítricos, no vamos a participar en esas detenciones masivas", aclaró.Su postura también es firme en lo que respecta a las familias que tienen hijos en edad escolar. "Si tenemos niños en una escuela y están recibiendo su educación y dicen, los del ICE, 'hemos identificado a una familia', no vamos a ayudarlos", aseguró el funcionario.Las declaraciones del sheriff generaron diversas reacciones entre los residentes del condado. Mientras algunos apoyan su decisión de colaborar únicamente en operativos contra delincuentes, otros expresaron desconfianza ante la posibilidad de que se extienda la cooperación con las autoridades migratorias."Decir que solo van tras criminales suena bien, pero esa es como un arma de doble filo porque sí existen personas que tienen récords criminales, pero hay otras honestas que nada más quieren trabajar y salir adelante, y siento que a veces se pueden aprovechar de ese poder que dan y muchas personas terminan como daños colaterales", expresó José Manuel, residente del condado de Tulare, en declaraciones a Univision.Por otra parte, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes manifestaron su preocupación por la ampliación de las redadas en el estado. Grupos como la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange reportaron un aumento en llamadas de personas temerosas de ser detenidas, especialmente tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la implementación de sus planes en deportación masiva.El impacto en las instituciones educativas de California por las redadas del ICEA raíz del incremento en operativos de ICE, instituciones educativas en distintas regiones de California implementaron medidas de protección para los estudiantes y sus familias. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha distribuido materiales informativos con detalles sobre los derechos de los inmigrantes ante posibles intervenciones de las autoridades federales.Asimismo, el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana desarrolló videos educativos para orientar a los estudiantes sobre cómo proceder en caso de redadas, mientras que en Fresno se llevan a cabo talleres para informar a las familias sobre sus derechos legales.El ICE explica el objetivo de sus operativosAnte las críticas por el impacto de las redadas en las comunidades inmigrantes, el ICE emitió un comunicado en el que subraya que sus operativos se enfocan en la detención de personas con antecedentes criminales."Nuestros agentes trabajan en coordinación con otras agencias federales para garantizar la seguridad pública. Nos enfocamos en mantener a extranjeros delincuentes potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades", indicó ICE en su declaración.En el mismo comunicado, la agencia enfatizó que todos sus operativos siguen protocolos establecidos y que sus agentes están debidamente identificados durante las intervenciones. Según los últimos datos de la institución, el miércoles 29 de enero de 2025, se registraron 1016 arrestos y 814 detenciones en redadas recientes en distintas ciudades de Estados Unidos.
Daniel J. Newlin es también reconocido por su trayectoria en el ámbito legal, por su experiencia como reconocido empresario y sus negocios en Colombia