El senador del Pacto Histórico, que es uno de los promotores de la iniciativa, dejó ver su molestia por la manera en la que se estaría buscando obstaculizar el trámite del proyecto en el legislativo y cuestionó a sus colegas de la Comisión Primera, en donde empezó la discusión
Programa social que busca apoyar a 650 mil mujeres en situación vulnerable
Luego de que Luis Caputo anuncie una rebaja de 35% a 20% para la importación de indumentaria y calzado, la principal cámara del rubro alertó por las repercusiones negativas que podría tener una apertura comercial indiscriminada. Leer más
El anuncio fue dado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su red social X. Leer más
Lara Hernández subraya la necesidad de que el PSOE implemente la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025, destacando su relevancia social y el amplio respaldo político que debe recibir
La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, reafirma la necesidad de concretar la reducción de la jornada laboral en 2025, destacando el consenso social y la urgencia de avanzar en las negociaciones
Unai Sordo destaca el apoyo mayoritario de la población hacia la reducción de la jornada laboral y anticipa su posible publicación en el Boletín Oficial del Estado para inicios de 2025
En los últimos 60 años, las masas de hielo en los Andes han disminuido drásticamente, afectando el acceso al agua y generando riesgos ambientales. Investigadores advierten que el cambio climático acelera este proceso con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y las comunidades
El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, enfatiza la importancia de un acuerdo en la negociación colectiva para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025
El sector busca alternativas para abaratar la construcción en un contexto de altos costos en dólares. Analizan la importación de materiales y viviendas modulares
Con un total de 27,4 millones de peruanos habilitados para votar en 2026, se experimentó un notable aumento del 8,6% en comparación de los comiciós anteriores
De acuerdo con el ponente de la iniciativa, Iván Cepeda, más de 50 congresistas respaldan la propuesta de reducir y limitar la remuneración a 20 salarios mínimos
LA PLATA.- Las autoridades de la intendencia de la capital bonaerense, arrasada en abril de 2013 por una tormenta que dejó al menos 89 muertos y pérdidas materiales multimillonarias, cuentan con un estudio exhaustivo elaborado durante más de dos años por expertos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que parte de un análisis de las cuencas existentes en el distrito y proporciona un manual con protocolos de actuación para ayudar a la población a afrontar eventos hidrometeorológicos extremos. Sin embargo, hasta el momento nunca fue utilizado.Así, enredado entre cuestiones políticas y acusaciones cruzadas, el Plan de Reducción del Riesgo por Inundaciones en la Región de La Plata (Plan RRI La Plata-Qué hacer) -desarrollado a partir de 2018 sobre la base del trabajo de unos 70 investigadores de diversas disciplinas pertenecientes a 12 unidades académicas de la UNLP y coordinado por el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi- sigue virgen en un cajón, aunque tanto los funcionarios anteriores como los actuales reconozcan su valor.La primera entrega del plan se realizó a fines de 2019, pero quedó pendiente una segunda etapa que consistía en perfeccionar la información barrio por barrio mediante un proceso de interacción a cargo de las autoridades municipales para compartir con los vecinos la información de los materiales que básicamente tienen como objetivo preservar las vidas humanas y organizar los desplazamientos que fueran indispensables hacia puntos de encuentro seguros y sitios de evacuación. En síntesis, una planificación territorial responsable que capacite y guíe a las personas para saber qué hacer cuando la lluvia arrecia.Desde la comuna platense, el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto, bajo cuya responsabilidad se encuentra actualmente el área de Riesgo, justificó en diálogo con LA NACION la no aplicación de los protocolos al explicar que se está trabajando para perfeccionar y actualizar la propuesta, y hacer un importante lanzamiento de una batería de medidas complementarias en los próximos 60 días; incluiría, según lo que pudo adelantar, la articulación con otros distritos vecinos y áreas provinciales, además de un convenio con la Facultad de Trabajo Social para efectuar, finalmente, el trabajo de campo con el cual abordar la concientización y organización con los vecinos.En el área de Riesgo también tiene incumbencia Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, quien aseguró que la gestión anterior no dejó ningún papel: "Tuvimos que llamar al ingeniero Romanazzi para que lo trajera". Además, dijo que personalmente se ocupó de saldar la deuda con la UNLP. En relación con la aplicación del Plan RRI, argumentó una cuestión de prioridades. En ese sentido sostuvo que, si bien mediante un convenio con la Facultad de Trabajo Social se emprenderá la tarea con los vecinos, es fundamental para la actual intendencia avanzar en la transformación del actual Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT), que pasará a llamarse Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT). "Hicimos esto para hacer la discusión más operativa y permitir avanzar frente a un dato que obtuvimos del Plan RRI: el 60% de las zonas más peligrosas aún no están ocupadas. Por eso nos centramos en acelerar lo más posible este cambio que permitirá detener el avance indiscriminado y riesgoso del asentamiento urbano".Cambios de nombres y relocalizacionesLa primera decisión adoptada al producirse, en diciembre de 2023, el recambio entre la entrante gestión de Julio Alak (Unión por la Patria) y la saliente de Julio Garro (Cambiemos-Pro), marcó el nuevo momento: a pocos días de la asunción, fue desmantelado el Centro Operativo de Emergencias (COEM) ubicado en 32 y 116, enfocado específicamente en la problemática hídrica. Ahora, la idea es concentrar todas las emergencias en un solo lugar ya sea por inundaciones, inseguridad, reclamos vecinales u otros.El área permaneció durante casi un año acéfala y sin poder contar con un lugar estable donde funcionar. Ya que hubo que esperar la finalización las obras en 20 y 50, donde quedó establecida la rebautizada "Unidad de Riesgo y Emergencia". Recién a fines de noviembre de 2024 la vacante en la jefatura del área de Riesgo platense fue cubierta y asumió en el cargo Santiago Sanguinetti, que en 2021 había sido designado director provincial de Fiscalización y Control de La Plata en la cartera de Seguridad provincial.Si bien desde la asamblea Inundados de La Plata afirmaron que solo vieron al funcionario una vez y no tienen noticias sobre sus acciones, Sanguinetti aseguró que se encuentra plenamente en acción y abocado a capacitar personal para la tarea y que hoy cuenta con una dotación de 40 personas para todo lo que implique riesgo, pero que esa cantidad se multiplica en caso de una emergencia tanto con empleados municipales como en articulación con otras jurisdicciones y ONG de rescatistas. Al mismo tiempo, informó que la ciudad posee actualmente una dotación útil de una moto de agua, dos botes semirrígidos, seis inflables y 15 kayaks.Entre tanto, las acciones previstas en el Plan RRI, contratado por la intendencia a la UNLP, siguen hasta el momento sin tener la más mínima visibilidad ni ser aplicadas sin una explicación demasiado valedera, sobre todo si no existe aún listo un plan alternativo o mejor, teniendo en cuenta el calvario atravesado por los platenses.Pese a que los protocolos se encuentran subidos en formato interactivo al sitio municipal https://riesgo.laplata.gob.ar/mapa.php, desde la comuna no se hizo ninguna acción para promover su uso y, de hecho, de acuerdo con lo que sostiene Romanazzi, la mayoría de los platenses desconoce su existencia. En ese portal, en cada ventana de unidad barrial se especifican datos concretos que responden a la simulación de una inundación provocada por una tormenta de seis horas de duración total similar a la precipitación ocurrida el 2 de abril de 2013. Asimismo se acompaña una caracterización del nivel de peligrosidad y de riesgo que indica cuáles serán las zonas más afectadas que habría que evitar, y cuáles las vías de acceso y egreso más seguros; finalmente, cuáles son los sectores más preparados para reunirse en caso de una evacuación masiva de personas. La última actualización de la página opera en agosto de 2023.Alertas"Hemos retrocedido lo poco que habíamos avanzado porque, si no se hace el trabajo con la comunidad, no es aplicable ningún plan", se lamenta Romanazzi, quien varios años antes de la inundación de La Plata alertó sobre la gravedad de la situación hídrica de la ciudad sin ser escuchado y el jueves pasado, guiado por la lectura de alertas, advirtió en su cuenta de X sobre la posibilidad de que hubiera problemas en varios puntos de la provincia y subrayó la importancia de las acciones preventivas. "En los principales centros urbanos hace falta un Índice de Severidad de Tormentas (ICT) para saber en el mismo momento que está ocurriendo, si nos puede complicar", escribió en un hilo que contenía un mapa interactivo que iba mostrando el desarrollo de la tormenta en territorio bonaerense.pic.twitter.com/x3y1T5wGB1— Pablo Romanazzi (@promanazzi60) March 6, 2025Los protocolos barriales, defiende el experto, aportan la información sustancial en cada uno de los más de 500 barrios del partido de La Plata, identifica sus características formales o informales, su densidad ocupacional y las características desde el punto de vista hidráulico e hidrológico. Con un modelo atmosférico en laboratorio se simula una tormenta extrema: el antes, durante y después de un evento de precipitación y su inundación asociada. La base de información permite determinar la pertenencia a las cuencas hídricas de la región, el centro comunal asociado, las vías de acceso principales y servicios conexos.Varios de los autores del trabajo coincidieron en señalar que, para que la iniciativa funcione, requiere de un proceso constante de validación en el terreno para ir perfeccionando la herramienta a partir de los cambios urbanos y las tormentas producidas. Por eso, plantean una serie de recomendaciones de acción para los ciudadanos, una tarea que debe quedar en manos de las autoridades municipales, que tendrán que coordinar con los apoyos, si los hubiera, de otras jurisdicciones, según se remarca en el trabajo. "No vemos ninguna intención de avanzar con estos temas", lamentó Alejandro Albano, referente de Inundados de La Plata, quien además expresó su preocupación por el nuevo Código de Planeamiento Urbano que las autoridades tienen en análisis, sin participación de la gente. "Acá hay muchos intereses y es importante el control ciudadano. Sin eso, todo el proceso pierde transparencia y lo peor es que trae consecuencias de las que, cuando ocurren, nadie se hace cargo porque ya cambiaron todos los funcionarios", protestó el dirigente barrial.Algunas versiones que circulan en los alrededores del Palacio Municipal de la ciudad de las diagonales indican que la decisión de Alak sería seguir trabajando con la UNLP, pero ya no con Romanazzi, un profesional que si bien no tiene militancia activa suele ser identificado con el radicalismo. En cambio, apelaría a los servicios de otros especialistas de la misma unidad académica somo Sergio Liscia, director de la carrera Ingeniería Hidráulica y coordinador de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Tecnológica (Uidet) de la UNLP, autor del famoso informe hecho a pedido de la Presidencia de la Nación posinundación, con cercanía al decano Marcos Actis, declaradamente peronista. Además, versiones no desmentidas indican que también se piensa en sumar a profesionales de la Universidad Tecnológica local, con quienes se estarían negociando algunos acuerdos para su intervención.Otra duda que dejó el cambio de gestión es sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo vigente a la finalización de la gestión de Garro. Hasta entonces, se realizaban estudios en varios puntos de precipitaciones y consecuentemente de la altura de arroyos en los barrios más críticos de la ciudad, que brindaba la empresa de origen norteamericano American Megatrends Inc. (AMI). Esos datos eran compartidos prácticamente online por un chat con periodistas que hoy informa sobre alertas con cierta intermitencia y, en la mayoría de los casos, aporta los datos de lluvia caída solo si son requeridos. La fluidez de información brindada por esa vía se ha visto notablemente afectada."Me sorprende que todavía se agiten los argumentos que he escuchado en esta horas sobre que lo de Bahía Blanca es un fenómeno inevitable o un caso fortuito. Eso es absolutamente falso, se puede prevenir. No sabremos de antemano cuánto va a llover exactamente, pero sí sabemos el impacto que cada precipitación tiene sobre el territorio. Existen los datos, solo hay que saber leerlos y tener un guion para la actuación. Esto además está demostrado porque hubo algún funcionario que ordenó la suspensión de las clases, mientras que los otros no reaccionaron; eso es por no saber qué acciones tomar, por no contar con ningún tipo de plan", enfatizó el especialista. Y agregó: "De todas maneras, es tan importante contar con los planes de contingencia como trabajar permanentemente para consustanciar a la población. En la última inundación de Valencia, donde tenían información, logística y equipos, la gente no acató el alerta. Ni siquiera el propio alcalde lo hizo".
La empresa debe optar entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 24.790,15 euros
La patronal critica un posible acuerdo exclusivo con los sindicatos sobre la jornada laboral, destacando la necesidad de diálogo y estabilidad en las políticas económicas para reducir desigualdades sociales en España y Cataluña
Healthday Spanish
Yolanda Díaz critica al PSOE por la falta de compromiso con el acuerdo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, subrayando la importancia de cumplir promesas y dialogar con sindicatos
Pimec plantea la necesidad de un acuerdo inclusivo sobre la jornada laboral, enfatizando que la reducción no puede aplicarse de manera uniforme a todas las empresas y sectores
SAN NICOLÁS.- Gobernadores y referentes del sector agropecuario reclamaron la continuidad de la reducción y eventual eliminación de las retenciones, ya que afecta la rentabilidad del productor y el desarrollo del interior productivo. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, enfatizó que la provincia seguirá defendiendo su reducción, mientras que Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, calificó a los derechos de exportación como "el peor impuesto" y destacó que su eliminación impulsaría la producción. En tanto, dirigentes de la Mesa de Enlace coincidieron en que la baja de las alícuotas debe ser definitiva para aliviar la presión fiscal y fomentar la actividad. Fue en el marco de la cena de expositores en la previa de Expoagro, en el hotel Colonial de esta localidad bonaerense.Desde mañana: empieza otra edición de Expoagro y se viene con lo mejor del presente y un anticipo del futuro del campoDurante el evento participaron 370 personas, entre los que estuvieron, además de los gobernadores mencionados, los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Corrientes, Gustavo Valdés. Además, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en representación del gobierno nacional.Pullaro indicó que, después del 30 de junio, cuando se termine el plazo de la reducción temporal de las alícuotas, van a pedir la continuidad de la baja. Señaló que al gobierno le exigen "que mire al campo, que la viene pasando mal, no tiene precios; indudablemente el precio impacta directamente en la rentabilidad. Tuvimos tres años de sequía, después un año más o menos, y este año no es de los mejores en materia productiva, con lo cual tiene que empezar a mirarlo. Una salida sería terminar con las retenciones para que se puedan equilibrar los costos productivos y la rentabilidad del productor. Pero que mire el interior productivo, porque sin el campo la Argentina realmente es muy difícil que pueda salir adelante"."Desde Santa Fe siempre vamos a pelear por una baja de retenciones: perjudican al interior productivo y deben eliminarse. El año pasado, cuando se intentó subirlas, fuimos la primera provincia que se plantó, no en contra del gobierno nacional, sino en defensa del campo. Este año insistimos en revisar el esquema que tanto daño le hace al interior de la Argentina. Esperamos que en algún momento se pueda terminar con estas malditas retenciones, y que la Argentina siga en una línea de reducción de impuestos. Nosotros como provincia hemos reducido impuestos, hemos logrado el equilibrio fiscal e invertimos en obra pública clave. El campo está exento de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe. Solo en 2023, mientras recaudamos $9000 millones por inmobiliario rural, invertimos $353.000 millones en créditos y en infraestructura productiva, porque creemos en el campo y que ahí está la riqueza de nuestra provincia y de la Argentina", dijo el gobernador.Señaló que es fundamental que el interior tenga mayor peso en el Congreso de la Nación, porque "las políticas públicas que se discuten en Buenos Aires muchas veces no contemplan la realidad productiva de las provincias". "Necesitamos representantes que defiendan al interior, al campo, a la industria y que defiendan en definitiva lo que más valor genera en la Argentina. Fue un año donde se ha ordenado la macroeconomía, pero indudablemente hay muchas cosas que corregir, necesitamos que la gente la pueda pasar bien, necesitamos que al campo le pueda ir bien y que a la industria le pueda ir bien", acotó.Por su parte, Llaryora dijo que las retenciones son el peor impuesto que puede existir. "No hay otro país en el mundo que cobra retenciones para la exportación. He felicitado al Gobierno por el gesto que ha tenido, pero hay que seguir adelante. Pensemos en lo que sería la Argentina sin retenciones. El año pasado nuestra provincia aportó US$3500 millones en retenciones. En total, ya se han recaudado US$40.000 millones", afirmó.En este escenario, sostuvo, el país estaría produciendo más. "Veo muchas veces cuando uno se compara ahora con países que hace más de una década venían a la Argentina a aprender, los veíamos muy lejos, y hoy son países que han crecido continuamente en su producción, no solo en la producción en soja o de grano, sino en ganadería, porque no tienen retenciones. Han perjudicado a la producción y la Argentina. Esperemos que este contexto, porque se está haciendo un gran esfuerzo para estabilizar la macroeconomía y la inflación. Todo lo que tenga que ver con retenciones son malos impuestos, no colaboran en nada con la producción y siempre hay que tender a su baja", sostuvo. Aseveró que el 98% de lo que el gobierno de Córdoba recauda en Inmobiliario Rural vuelve al sector administrado por las entidades rurales en infraestructura y materia agropecuaria.El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el ministro de Agrobioindustria Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini estuvieron entre los presentes. De la Mesa de Enlace participaron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Lucas Magnano; y la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, y Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, agregó que las retenciones son un gravamen distorsivo que desde hace años vienen reclamando por su eliminación. "Confiamos que esta nueva gestión, gradualmente y lo más rápidamente posible lo haga, realmente es un impuesto confiscatorio que para el que está más lejos del puerto es mucho más gravoso que para el que está cerca. La brecha es muy chiquita entre el dólar oficial y el paralelo. Si no estuviera tan atrasado le devuelve competitividad al campo. Queremos igualdad de condiciones y que nos hagan competitivos. Eso significa infraestructura que en la Pampa Húmeda hay y en el norte no. Ferrocarril, salida a nuestros mercados naturales y bajar los costos logísticos que nos dejan fuera de cualquier negocio en el norte. Para eso necesitamos el gobierno nacional", apuntó.En ese contexto, Castagnani, indicó que el campo, más allá de la situación de las economías tradicionales, las economías regionales atraviesan una falta de rentabilidad en los productores. Si bien ha llovido, en algunos lugares, lamentablemente en exceso y se viene de una sequía preocupante y el sector no tendrá la cosecha que esperaba. "Nuestra misión es transmitir las necesidades del productor a las autoridades nacionales. Hoy estamos enfrentando costos de producción altos y precios internacionales muy bajos, lo que genera un combo preocupante", precisó.Magnano afirmó que es fundamental que primero se prolongue la baja, es decir, que se confirme el escenario actual. "Sin lugar a dudas, no sé si para todos los sectores, pero para el trigo sería una medida muy importante y una señal clave para la siembra, ya que estamos en una buena época para que el productor reaccione ante esa señal", afirmó.Sarnari dijo que la situación del productor es compleja por varias variables: "Los precios internacionales deprimidos, los altos costos con los que hemos implantado los cultivos de esta cosecha gruesa que se viene ahora y la elevada carga fiscal. Creemos que la solución debe comenzar con una reducción de la carga impositiva. Hemos visto con buenos ojos esta baja parcial y temporaria de las retenciones. Esperamos que esta medida se convierta en algo definitivo más adelante y que marque el camino a seguir. Creemos que, por ahí, el margen de rentabilidad del productor puede empezar a cambiar", añadió.
El ministro de Economía destaca la importancia de que la futura reducción de jornada sea sostenible a largo plazo y dependerá de lograr acuerdos en el Congreso con otros partidos políticos
La presidenta también resaltó la disminución del tráfico de fentanilo hacia EEUU durante su Asamblea Informativa en el Zócalo de la CDMX
En la Cámara de Diputados dos bloques opositores pidieron una sesión especial para este miércoles. Quieren tratar todas las iniciativas presentadas sobre la relación del Gobierno con la criptomoneda Libra. Para evitarlo, el oficialismo ofrece que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelante el informe que tiene previsto ofrecer en abril. El radicalismo había presentado una propuesta para que lo haga. El objetivo es dejar sin quorum la sesión pedida por radicales rebeldes y Encuentro Federal. En el Senado, la Rosada redobló la presión para que fracase el plan de rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Leer más
Yolanda Díaz critica las advertencias de Josep Sánchez Llibre y defiende la reducción de la jornada laboral como un derecho democrático que beneficia a millones de trabajadores en España
CCOO defiende la reducción de la jornada laboral en Cataluña y critica las advertencias de Foment sobre los efectos negativos en pymes y autónomos, resaltando su potencial para combatir el desempleo
Si en el país se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal, la comercialización de los créditos de carbono podría superar los U$S 10 mil millones
El alcalde de la capital antioqueña indicó que gracias a la unión del distrito y las empresas privadas, los paisas han tenido más oportunidades durante la actual gestión
La empresa justificó su decisión explicando que sus costos subieron, mientras que el azúcar bajó de precio en la góndola
El presidente se refirió a cifras de la Policía Nacional, que indican una tasa de asesinatos más baja que la de otros gobiernos, como el de Álvaro Uribe Vélez y el de César Gaviria
Según su versión, la naturaleza de su trabajo, la temporalidad de su contrato y la concentración de sus ingresos en un corto período de tiempo justificaban la aplicación de la reducción fiscal
En 2025 se espera que continúe la apreciación del peso, con un dólar oficial que sube menos que la inflación. El impacto en el comercio exterior genera incertidumbre
Ante la aceleración de la crisis, el Presidente busca recuperar la agenda positiva con anuncios que, por ahora, no logran torcer la tendencia negativa que la Rosada detectó en las redes. Es el peor momento comunicacional del Gobierno y sus escuderos esperan que la contraofensiva que Milei protagoniza desde Washington surta efecto. Desde abrir el Banco Nación al capital privado con un DNU hasta meter a Horacio Rodríguez Larreta en el barro. Leer más
Eventos de gran magnitud como el Black Friday, Cyber Wow, Hot Sale y la campaña navideña ayudaron a incrementar la demanda de productos, sobre todo en los sector de moda y electrodomésticos
Desde que se incrementó a USD 3.000 el monto para comprar mediante este sistema y se aplicó una franquicia de USD 400 para pequeños envíos, comenzaron a crecer las operaciones. Qué buscan los consumidores
La Justicia ratificó la condena a cuatro años de prisión y el influencer fue apresado. También se lo investiga por lavado de dinero.
La condena al influencer uruguayo fue dictada en abril del 2024, pero Cabrera eludió a la Justicia hasta que finalmente fue detenido en Córdoba. La joven afectada declaró que la retenían en la "Mansión WIFI" y le daban comida en mal estado. Leer más
La víctima, contactada en 2020 con la promesa de trabajo y alojamiento, fue sometida a extensas jornadas laborales sin salario, bajo amenazas y restricciones de movimiento. Los detalles.
El Consejo de Ministros del Gobierno aprobó a principios de febrero el anteproyecto de ley por el que se pasaría de 40 a 37,5 horas semanales de trabajo
De momento, el anteproyecto de ley deberá ser aprobado nuevamente en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de su remisión al Parlamento
La entidad, según el dirigente gremial, habría violado la libertad económica de las empresas del sector con las visitas que hizo a la sede de Naturgas en la segunda semana de febrero
Con respecto al debate sobre si hay atraso cambiario o no, el economista, José Castillo, dijo que, "el tipo de cambio está en debate, y su nivel actual podría afectar la competitividad del país". Leer más
Debido al aumento de aranceles que impondrá Donald Trump en el acero y el aluminio, se estima que las empresas buscarán otros mercados y no reducirán costos en el mercado interno. Leer más
La baja "temporal" de las retenciones sobre los granos dispuesta por el Gobierno trajo alivio a los sectores agrícolas exportadores, pero generó un efecto colateral que impacta en los tambos: un aumento en los costos de producción de leche. Según un informe elaborado por el equipo del INTA, el incremento promedio del costo de corto plazo (CCP) en los establecimientos lecheros fue del 1,76%, con variaciones que oscilan entre el 0,93% y el 2,41%, dependiendo del tamaño y eficiencia del tambo.Motosierra: el Gobierno avanzaría en una fusión para el INTA y el INTI y tiene bajo la lupa a otros entes del agroEl análisis del INTA se realizó a partir de los "Costos Regionales de Producción de Leche", considerando 60 modelos productivos que representan la estructura de los tambos en las principales cuencas lecheras del país. Este muestra que el aumento en los costos se debe, principalmente, al encarecimiento de los alimentos balanceados utilizados en la dieta del ganado. El precio del grano de soja subió un 10,71%, el maíz un 3,30% y el expeller de soja otro 10,71%, lo que afectó directamente el valor de los balanceados comerciales, que subieron entre 4,78% y 5,52%, dependiendo de su composición proteica.A su vez, los tambos que alquilan campos para su actividad también vieron incrementados sus costos. Según el informe, los gastos en alquiler de tierra representan el 4% del costo total de producción, y la suba en el valor de los granos impacta en los contratos, especialmente en zonas donde el arrendamiento se paga en quintales de soja o maíz.El análisis del INTA muestra que el impacto de la medida no es uniforme en todos los tambos. Aquellos con mayor eficiencia productivaâ??es decir, los que tienen mayor producción por vaca y usan más insumosâ??son los que más sintieron el aumento de costos. Por ejemplo, en los tambos grandes y de alto rendimiento, el costo por litro de leche pasó de $353 a $360, lo que representa una suba del 2,08%. En los tambos medianos, el incremento promedio fue del 1,80%, mientras que en los pequeños fue de 1,52%.Encontrá acá toda la información de remates ganaderosEstos valores surgen del análisis de costos de diciembre de 2024, y podrían ajustarse aún más en los próximos meses, a medida que los nuevos precios de los granos se reflejen en el mercado de insumos.El informe subraya que "estos resultados son orientativos y permiten apreciar de manera general cómo varía el CCP de los modelos al cambiar las alícuotas de DEX de los principales granos utilizados como alimentos para el rodeo lechero". Además, aclara que el impacto real dependerá de la estructura de costos específica de cada tambo y de la evolución de los precios de los insumos en el mercado durante los próximos meses.
José Martins, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, celebró la baja temporal de retenciones y analizó sus posibles efectos a largo plazo en el empleo y la economía nacional. Leer más
Es precisamente el sector hostelero en el que más controversia ha generado esta medida social del ministerio de Trabajo
La Secretaría de Gestión Integral del Agua hizo un llamado a la población a estar atentos de los avisos oficiales de esa dependencia
Healthday Spanish
Según indicó el ex ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, "los productores necesitan saber cuáles serán las condiciones para la cosecha fina y la gruesa a partir de septiembre". Leer más
Luis Caputo se reunió una hora con la Mesa de Enlace y aseguró que podría haber otras bajas impositivas como en el impuesto al cheque si mejora la recaudación. Preocupación en el agro por posibles cierres de organismos
El sector estima que una reducción en el tiempo de servicio y producción en los establecimientos se traduciría en una caída del 3% en la facturación, lo que equivale a 5.099 millones de euros anuales
MADRID.- El gobierno español dio su visto bueno el martes a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin cambios salariales, sacando adelante una de las medidas emblemáticas de la coalición de partidos de izquierda liderada por el presidente socialista Pedro Sánchez, a pesar de la oposición de las asociaciones patronales. La medida todavía debe ser aprobada por el Congreso.En su reunión semanal, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de las 40 horas actuales mediante un decreto ejecutivo redactado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder del partido de extrema izquierda Sumar, que gobierna con los socialistas. Díaz, que también es vicepresidenta del gobierno, hizo del plan de reducción de la jornada laboral para finales de 2025 un elemento central del apoyo de su partido a la presidencia de Sánchez.No vinimos al gobierno a esperar, vinimos a hacer. Vinimos a ganar derechos. Vamos a ganar media hora al día para la vida. Vamos a reducir la jornada laboral. pic.twitter.com/rdduNXUqmF— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 17, 2025"Es un día histórico" porque "han transcurrido más de 41 años" desde la última reducción de "la jornada laboral en nuestro país", declaró en la conferencia de prensa la ministra de Trabajo. "La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. No se trata de echar [acumular] horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo", añadió Díaz."Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivo y más eficiente económicamente", dijo Díaz a la prensa. "Es una medida que mejora la sociedad", agregó.Rechazo empresarialEl texto adoptado el martes por el Consejo de Ministros resulta de un acuerdo firmado el 20 de diciembre con los dos principales sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, pero sin las organizaciones patronales, que decidieron a mediados de noviembre abandonar la mesa de negociaciones, después de once meses de reuniones infructuosas.La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que integra a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, ha dicho que aumentaría los costos de las empresas españolas y las haría menos competitivas. Su argumento es que la semana más corta no debe imponerse por ley, sino a través de la intermediación colectiva para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Estiman que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a algunas empresas.El argumento es rechazado por la ministra de Trabajo, que insistió en la solidez de la economía española, con un crecimiento de 3,2% el año pasado. "Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca", sostuvo.Tanto el Banco Central como el ministro de Economía han advertido que el aumento de los costos laborales podría disparar la inflación y frenar la creación de empleo.Esta reducción en el horario afecta a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en el comercio, los servicios gastronómicos y la agricultura, ya que las 37,5 horas (siete horas y media por día) ya se aplican en el sector público y en las grandes empresas.Ahora, el principal desafío para el gobierno de Pedro Sánchez, que no dispone de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, consiste en convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de la reforma. De hecho, la medida despierta reticencias en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, sobre todo, entre los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), dos formaciones aliadas del ejecutivo pero próximas a círculos empresariales.Agencias AFP y Reuters
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldó la baja "temporal" de las retenciones al agro, pero pidió profundizar la reducción. Los representantes de la entidad se reunieron este martes con el equipo económico del ministro Luis Caputo para evaluar la reciente reducción de derechos de exportación (DEX) y promover mayores medidas en favor de una estrategia exportadora competitiva.En concurso. SanCor, Los Grobo y Surcos: por qué cayeron en crisis y cuáles son las consecuencias para el agroEl encuentro estuvo encabezado por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; el subsecretario de Coordinación de Producción, Santiago Migone y el subsecretario de Mercados de la Secretaria de Agricultura, Agustín Tejeda. Durante el encuentro, el CAA reafirmó su apoyo a la eliminación de alícuotas para las economías regionales y la baja temporal de las retenciones en los complejos cerealero y oleaginoso. Los representantes del CAA recordaron que estuvieron realizando presentaciones durante cuatro años para lograr llevar a cero los derechos a todo el universo de economías regionales.Según los estudios realizados por el CAA, "la reciente modificación de los derechos de exportación generará un impacto significativo en las exportaciones, incentivando una mayor comercialización de los stocks, especialmente durante el primer semestre del año". Indicaron que esto permitiría alcanzar exportaciones por 98,1 millones de toneladas, implicando un crecimiento interanual del 11%.En términos de valor, las exportaciones agroindustriales podrían alcanzar los US$47.954 millones, con un incremento de US$1738 millones respecto a la estimación previa a la medida. Además, señalaron que este aumento responde principalmente a la comercialización de stocks acumulados, con ventas adicionales concentradas en el primer y segundo trimestre del año.En ese contexto, los representantes agroindustriales solicitaron la continuidad de la baja de derechos, así como la profundización dado que los estudios del CAA muestran que la continuidad de la reducción de los derechos de exportación enviaría una señal clave de confianza al sector, generando mejores condiciones para la planificación productiva y la adopción de tecnologías."Esto permitiría un incremento de entre 4 y 7 millones de toneladas adicionales, impulsando tanto la producción como el procesamiento interno. Como resultado, las exportaciones podrían crecer entre US$1500 y 2400 millones, con la creación de aproximadamente 60.000 puestos de trabajo. Esta transformación fortalecería el perfil exportador del país y dinamizaría la actividad económica, consolidando el rol estratégico del agro en la economía nacional", especificaron.Los representantes de la entidad también resaltaron que resulta necesario ajustar los requisitos de elegibilidad de los beneficios de baja de derechos para productos del complejo-cerealero oleaginoso bajo Ley 21.453, dado que son de difícil cumplimiento para empresas nacionales con bajo acceso al financiamiento internacional.Encontrá acá toda la información sobre los próximos remates ganaderos El CAA solicitó incluir en este programa de baja de derechos, a los productos derivados bovinos, aviares, nutrición animal y de la pesca. En tanto, desde el Consejo expresaron que seguirán colaborando con el Gobierno para acercar propuestas que fomenten el crecimiento sostenido y sustentable de exportaciones agroindustriales y de bioenergías, así como se alentará el debate legislativo de los proyectos de ley de inversión y empleo y de biocombustibles.El presidente del CAA, José Martins, considero que "la reunión fue muy positiva, en un marco de entendimiento del esfuerzo del Gobierno en lograr superávit fiscal y normalizar la macroeconomía; el desafío es seguir trabajando en baja de derechos de exportación que cubran todo el universo de la agroindustria con mecanismos de aplicación simples, que no generen dificultades para las empresas exportadoras".
Luego de que el Gobierno decidiera realizar una reducción temporal de las retenciones hasta el 30 de junio próximo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el proceso de liquidación de divisas y dio a conocer una serie de modificaciones a través de la resolución general 5643, que impactan directamente en el sector agropecuario y en el régimen de exportaciones de productos agrícolas.Según las modificaciones introducidas por la nueva normativa, el beneficio de la reducción de Derechos de Exportación (DEX) se da con el cumplimiento de una condición: la liquidación de al menos el 95% de las divisas correspondientes a las exportaciones, conforme lo estipula el decreto 38 del 25 de enero pasado. Así se publicó en el Boletín Oficial la normativa que lleva la firma de Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA.Ventaja clave: el girasol dio la sorpresa con un destacado avance en la zona núcleoEl nuevo marco regulatorio introduce una serie de pasos que los exportadores deben seguir al registrar sus Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en el Sistema Informático Malvina (SIM). A partir de ahora, "los exportadores deberán validar, al momento del registro, que al menos el 95% de las divisas correspondientes a la declaración han sido liquidadas o lo serán dentro de los próximos 15 días hábiles". Esta validación es primordial para el acceso al beneficio de la reducción de la alícuota establecida por dicho decreto."En caso de detectarse un incumplimiento a la obligación de liquidar al menos el 95% de las divisas, se notificará al exportador de tal situación, en forma electrónica a través del Sistema Informático de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (Sicnea)", indicaron.Gigante en default: máxima expectativa en el mercado sobre los próximos pasos de Los Grobo AgropecuariaEn este sentido de que no se cumpla con este porcentaje dentro de los plazos establecidos, los exportadores tendrán un período de 48 horas para regularizar la situación. De no hacerlo, se generará una liquidación por la diferencia de tributos, aplicando la alícuota previa a la vigencia del decreto. Y "hasta tanto se cumplimente el pago de los tributos liquidados, el exportador no podrá volver a hacer uso del beneficio de la reducción de la alícuota de los derechos de exportación".Es así que cada exportador deberá informar, mediante una declaración jurada electrónica, el monto negociado a través de operaciones de compraventa con valores negociables, como lo estipula el decreto 28 del 13 de diciembre de 2023, utilizando para ello el trámite "Muela", subtrámite "Declaración Jurada- decreto 38/2025â?³ del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pasado en un año de ser la líder política mejor valorada a la tercera, por detrás de Sánchez y Feijóo
El Gobierno aprobará el próximo martes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana para que se tramite por la vía de urgencia
El Gobierno hizo oficial la suspensión del impuesto interno para autos de gama media y alta. Y redujo alícuotas para vehículos y embarcaciones. También confirmó la eliminación
La Fundación ECOSUR registró bajas de precios de monitores en torno al 34%, tras la eliminación del impuesto PAIS. A su vez, crece el sistema courier, que no requiere de intermediarios para concretar las compras. La preocupación de la industria por el avance importador.
Para el consultor ganadero, Raúl Milano, "la capacidad de los frigoríficos para procesar y exportar cueros salados o en distintas presentaciones podría ayudar a recuperar parte del valor perdido". Leer más
El operador de corredores de cambio, Gustavo Quintana, señaló que más allá de la reducción de las retenciones, la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador ha sido baja. Leer más
La presidenta subraya que hay "personajes polémicos" rumbo a la elección judicial; pide claridad a la Comisión de Evaluación del PJF
La conductora de televisión, contó que Julián Alexander en un primer momento no quería que se opere los senos; sin embargo, luego reflexionó y la apoyó en esta importante decisión
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se eliminará desde febrero la escala 1 que impactaba sobre autos de gama media y se reduce a la mitad el impuesto que alcanzaba a los autos premium. Cómo quedarían los precios y en cuándo se verá la baja
Lo comunicó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. La medida impactará en los vehículos que actualmente cuestan entre $41 y $75 millones, que hasta ahora tributaban un 20 por ciento
Quienes este verano decidieron tomar vacaciones en destinos turísticos no convencionales de la Argentina y viajar en auto, habrán podido comprobar en carne propia el progresivo y peligroso deterioro de la red vial. No sólo lleva décadas de políticas pendulares que impidieron reducir ese déficit de infraestructura, sino también de recurrentes anuncios de nuevas obras no concretadas.Como botón de muestra, trasladarse desde Buenos Aires al sur de Mendoza (General Alvear- San Rafael) por la ruta nacional 188 -el camino más corto-, implica transitar unos 80 kilómetros por autopistas (Acceso Oeste- San Andrés de Giles); y, a partir de Junín, más de 900 kilómetros sobre una cinta asfáltica de mano y contramano, pastizales en las banquinas, baches esporádicos, reparaciones precarias y ondulaciones del pavimento, donde en ambos sentidos circulan filas de camiones que hacen difícil adelantarse. Para más datos, entre Chacabuco y Junín está paralizada hace tiempo la construcción de un doble carril que convertiría a la RN7 en autovía, al menos en ese tramo de poco menos de 3 kilómetros.Si a raíz de esa experiencia se opta por regresar por la RN146 hasta San Luis -también de sólo dos vías, con larguísimas rectas, pero en mejor estado- y tomar luego la RN7, el resultado es poco satisfactorio. Aunque en territorio puntano fue construida hace más de 30 años una amplia autopista de dos carriles por mano, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento deterioraron sus bloques de hormigón en varios tramos. Pero la ruta 7 -difícil de imaginar como parte de un "corredor bioceánico"- vuelve a ser de mano y contramano a partir de Vicuña Mackenna (sur de Córdoba), con el aditamento de carriles de 2 kilómetros alternados en una y otra banquina para facilitar el sobrepaso de camiones de gran porte. Antes de Laboulaye esos carriles extra desaparecen y el trayecto de casi 500 kilómetros debe ser recorrido estirando el cuello en cada adelantamiento hasta San Andrés de Giles -salvo un pequeño tramo de doble vía pasando Junín- hasta llegar al Acceso Oeste. Ni hablar si se viaja con lluvia. El trayecto incluye varias cabinas de peaje, con tarifas de $1200 a 1300 para automóviles y $5100 para camiones más allá de su peso o longitud.Empresarios preocupadosDe todos modos, estas peripecias para viajeros no habituales resultan una rutina desalentadora para los transportistas de carga.Cristian Sanz, nuevo presidente de la Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) con 35 años en el sector como titular de una empresa transportista de asfalto de Bahía Blanca, coincide en que la Argentina tiene problemas de infraestructura vial desde hace muchos años y carece de una política para resolverlos. "Casi no hay rutas seguras con banquinas asfaltadas", afirma.También explica que el comportamiento de un camión en una ruta con pozos aumenta los riesgos de vida por accidentes y también los costos, debido a roturas de piezas y demoras en el trayecto.Según su visión, a la carencia de un sistema para construir nuevas rutas se suman fallas de coordinación. Cita como casos que sólo ahora se inaugurarán dos puentes de acceso al puerto bahiense desde la RN 22 para reemplazar a los anteriores casi colapsados; y que si bien se mejoró la "ruta del desierto" (RP20) hasta Catriel y Colonia 25 de Mayo (límite entre La Pampa y Río Negro), el tránsito está en riesgo debido a dos puentes apuntalados con durmientes de ferrocarril.Sanz señala que la entidad brega por la fiscalización del peso y mantenimiento de los camiones a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y las direcciones provinciales, ya que pocas lo hacen. Y si bien considera bajas las tarifas de peaje, dice que resultan caras al no haber contraprestación.Por su lado, Gustavo Idígoras (presidente de CIARA-CEC, Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales) afirma que "se encuentra en estado calamitoso el acceso terrestre a las terminales portuarias del gran Rosario, debido a muchos años de falta de mantenimiento. El gobierno provincial y algunos municipios han lanzado una estrategia de licitaciones para empezar a mejorar esos accesos. Pero faltan muchos años de inversión para lograr un movimiento de camiones sin dificultades, retrasos ni riesgos para la población de la región", completa.Desde 2022, Fadeeac realiza un exhaustivo relevamiento físico y fotográfico de las principales rutas nacionales y provinciales, que ya cubre 26.000 kilómetros y arroja una conclusión alarmante: 70% se encuentra en estado deficitario.El común denominador es el deterioro de la cinta asfáltica; bacheo mal elaborado que genera deformaciones y "ahuellamiento" del carril de tránsito pesado. De ahí que numerosos tramos estén señalados en cada mapa con color naranja (asfalto con parches protuberantes o "cepillado" y mala demarcación), que en muchos casos se transforma en rojo (carpeta en muy mal estado, sin demarcación horizontal o banquinas) por su peligrosidad.Según el último dato oficial, que data de 2022, se registraron nada menos que 3614 víctimas fatales en accidentes viales, de las cuales 28% (1021) se produjeron en territorio bonaerense. Por eso LA NACIÓN tituló "Rutas de la muerte" su editorial del miércoles 22 de enero, que aboga por la transformación de rutas nacionales en autovías, financiadas con el impuesto a los combustibles como proponía hace años el "Plan Laura". Sobre todo, ante el crecimiento del parque automotor (49% entre 2010 y 2023) y el envejecimiento de una cuarta parte de los vehículos, como lo abordó el amplio informe A fondo, publicado el viernes último.Los relevamientos y mapas con índices de transitabilidad, realizados por Carlos Gutiérrez García y Luis Le Bot, del Departamento de Infraestructura Vial de Fadeeac, muestran que en los últimos dos años el estado de muchos tramos en los principales corredores empeoró por falta de mantenimiento.Entre las rutas con mayores problemas de seguridad sobresalen la RN3 (Cañuelas -Bahía Blanca) que hace décadas debiera ser una autovía, al igual que las RN8 y RN5 más los tramos de la RN7 en el sur de Córdoba y Santa Fe ya citados, y el que une Uspallata y Las Cuevas. También buena parte de la RN11 entre Santa Fe y el límite con Chaco, así como la RN14 en el tramo Santo Tomé - Chajarí.Una excepción es la RN9, no relevada aún por el buen estado de su autovía de Buenos Aires a Córdoba, a diferencia de la RN34 desde Rosario de la Frontera hacia Jujuy.Políticas pendulares Que buena parte de la red vial esté conformada por rutas nacionales construidas a mediados del siglo XX para ser transitadas por autos y camiones que nada tienen que ver con los actuales, es el resultado de las políticas pendulares aplicadas en las últimas décadas. Sus extremos fueron desde la privatización de corredores por peaje con Carlos Menem en los '90, hasta su estatización casi total por Alberto Fernández. En el ínterin, la era K combinó "capitalismo de amigos" y corrupción para asignar a dedo nuevas obras (caso Lázaro Báez, en Santa Cruz), con favoritismos políticos disfrazados de prioridades. En su último año de mandato, Mauricio Macri instauró el sistema PPP (participación público-privada), pero sólo alcanzó a adjudicar concesiones para ampliar las RN3 y RN5 y avanzar con la RN8 como autopista hasta Pergamino, con contratos anulados luego por Alberto Fernandez y Gabriel Katopodis.Otro dato clave fue la reforma tributaria de 2017, que atomizó el destino del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y derivó 28,6% de la recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte; otro 28,6% al Sistema de Seguridad Social; 15% al Fonavi; 10,4% al Tesoro Nacional; otro 10,4% a las provincias; 4,3% al Fondo Infraestructura Hídrica y 2,55% a compensaciones al transporte público.Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Macri, rescata el PPP lanzado en 2019, que preveía adjudicar U$S 6000 millones para construir por peaje 6000 kilómetros de autopistas y rutas seguras ("a precios 50% más bajos que en el kirchnerismo", afirma) y US$ 2000 millones para mantenimiento en 15 años. Todo dentro de un plan de inversión privada por US$ 10.000 millones que debía completarse en 2023 y fue frustrado por la derrota electoral. Ahora propone reflotar el PPP con más creatividad, ya que considera imposible financiar sólo con peaje inversiones millonarias para construir autopistas.Otros especialistas, con pedido de reserva de identidad, recuerdan que Javier Milei proponía durante su campaña electoral terminar con la obra pública y derivarla a inversores privados en base al modelo de Chile. En esos contratos, la tasa interna de retorno (TIR) nunca es inferior al valor presente de ingresos (VPI) cotizado en dólares y la eventual variación se compensa con mayor o menor plazo de concesión. Actualmente este sistema se ensaya para la construcción de una ruta en Uruguay. Aun así admiten que, para atraer inversores financieros, la tasa de riesgo argentino deberá descender al nivel de los países vecinos (menos de 300 puntos). Paralelamente hay quienes sostienen que, con la herencia recibida en materia de infraestructura vial, el Gobierno aún no tiene claro el rumbo a seguir.Esta incógnita podrá comenzar a develarse cuando en los próximos meses se abra la licitación para la concesión de tramos de rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario Victoria, ante el vencimiento en abril del contrato con el actual -y único- concesionario privado en litigio (Crusa), se conozca cuántas empresas se presentan y con qué propuestas. Por lo pronto, el pliego -sui generis-prevé la reparación de baches, banquinas, señalización e iluminación antes de fijar nuevas tarifas de peaje.Mientras tanto, los gobernadores de Neuquén y Río Negro se curan en salud: proyectarían un plan hasta 2030 para pavimentar 100 kilómetros de rutas hacia el polo hidrocarburífero de Vaca Muerta, a través de la colocación en el mercado de capitales local de bonos por US$ 150 millones, presumiblemente garantizados con los pagos de peaje por las compañías petroleras usuarias y otras empresas de sus cadenas de valor no radicadas en la región.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que será ua medida "equilibrada" y que se ayudará a las empresas a aplicarla
La jefa de Gobierno presentó su informe de 100 días en el Auditorio Nacional