En redes sociales se han viralizado algunos videos con testimonios de lo que habrían vivido alumnos foráneos durante las inundaciones en Poza Rica, Veracruz
El hurto ocurrió la madrugada del lunes en el asentamiento humano Pachitea, donde la imagen llevaba más de dos décadas como punto de oración. Vecinos denuncian la falta de patrullaje y piden a la Policía reforzar la vigilancia en la zona
En las Jornadas de ATVC y CAPPSA, los directivos pidieron medidas para promover las inversiones, combatir la piratería y mejorar la conectividad. Estuvo Jorge Macri.La experiencia de Brasil.
Diez minutos después de que el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, dijera que el mantenimiento y reparación de infraestructura en el país necesita al menos US$20.000 millones, la periodista Clara Mariño le preguntó: "¿Cuál es la última gran obra de infraestructura que se hizo en la Argentina?". El empresario contestó que, "es tan difícil, que no sabemos". El auditorio del Rotary Club lo tomó como una picardía por parte de quien le reclama al Gobierno una reactivación de la inversión en obra pública, especialmente en rutas. Su exposición incluyó un repaso histórico de cómo se construyeron las primeras cloacas, líneas ferroviarias y subtes del país, y también dejó en evidencia el péndulo de los últimos años: de la época kirchnerista que es juzgada en la Causa Cuadernos al "no hay plata" de la era libertaria.Weiss se encargó de aclarar que las empresas tienen el capital para una reclamada reactivación de la obra pública. Asimismo, cuando se lo consultó sobre el impacto de la Causa de los Cuadernos en su sector, definió que eso afectó a "empresarios" y no a las compañías.Mientras la hoja de ruta del programa económico que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone llevar a 0,4% del PBI el gasto de capital, que es el utilizado para la inversión en obra pública, Weiss mostró cifras que indican que "el mantenimiento y la reparación" de la infraestructura actual precisa 3,78% del PBI. Es decir, una proporción casi 10 veces mayor."Lo único que nos va a pasar es que se nos va a seguir deteriorando fuertemente la infraestructura. Ni siquiera vamos a poder seguir o intentar mantener algo", sostuvo Weiss. El empresario indicó que desde el comienzo de la gestión libertaria su sector perdió 120.000 puestos de trabajo directos.A propósito de la inversión que reclama, un estudio de la entidad que dirige le puso número al porcentaje de 3,78% del PBI: US$ 20.941 millones. De ese dinero, US$9417 millones deberían ser destinados a obras de recuperación, según la Camarco. Esto significa reparar daños en infraestructura existente. El restante corresponde al presupuesto que la entidad considera tendría que ser absorbido por tareas de mantenimiento para ralentizar el deterioro.El mismo informe calculó que si no se realizara ninguna tarea de mantenimiento en la infraestructura existente en el país, esta se deterioraría a un ritmo de 4% al año. En dinero, eso significa US$70 millones por día, según Camarco."Este Gobierno ha decidido que su principal objetivo de política económica es el ajuste fiscal. En ese sentido, una de las de los lugares que sufre esa política económica es la inversión en infraestructura", afirmó Weiss.El titular de la Camarco se mostró alineado con el reclamo de algunos gobernadores. Habló de fondos de afectación específica que deberían ser invertidos en infraestructura. Un ejemplo de esto es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Un informe del Ministerio de Economía explica que sus recursos se recaudan para fomentar el "desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento".Cada vez que alguien carga nafta deriva dinero a este Fondo. Esto surge del impuesto a los combustibles, que tiene, según la ley, una asignación específica. Esto implica que lo que recauda tiene de antemano una función prefijada. En este caso, el 4,3% de lo que se paga por este tributo es derivado al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. En 2024, este Fondo tuvo ingresos equivalentes a $98.538,5 millones. Sin embargo, no gastó todo ese dinero. De hecho, los egresos ascendieron a $12.709 millones. Dicha situación es similar en lo que va de 2025. Según las cifras del mismo informe que trimestre a trimestre publica el Ministerio de Economía, el Fondo percibió $92.239,4 millones. De ellos, volcó $14.090,3 millones en gastos de capital.Entre los asistentes al evento se encontraban empresarios que formaron parte del último consorcio que estuvo al frente de la concesión de la "ruta del Mercosur". Este es el corredor cuya licitación ya tuvo apertura del primer sobre y se conoció que existen siete competidores. Por lo tanto, en el auditorio existía cierta expectativa sobre este asunto que convivió con las críticas sobre el estado de los caminos.Weiss citó un relevamiento de Vialidad. En 2024, el organismo relevó 19.171,3 kilómetros de los casi 40.000 kilómetros de las rutas nacionales. De ellos, el 47,5% alcanzó la calificación de "bueno"(9098,8 kilómetros), mientras que el 29% la de "malo"(5565,3 kilómetros) y el 23,5% la de "regular"(4507,2 kilómetros).
María Inés Quiroz, diputada del PRO en Chaco, organizó para el próximo lunes 20 de octubre un evento que cuestiona el uso de las vacunas. Leer más
En Rosario, las actividades se realizarán desde las 8 en plaza San Martín. El martes 14 habrá un paro nacional docente.
A dos años de la masacre del 7 de octubre de 2023, los familiares de los argentinos secuestrados por Hamás viven entre la desconfianza y una esperanza que se resiste a apagarse. En los últimos meses, mediadores internacionales â??entre ellos Qatar, Egipto y Estados Unidosâ?? impulsaron un borrador de acuerdo que contempla un alto el fuego temporal, la liberación de los rehenes con vida y la entrega de los cuerpos de las víctimas asesinadas, a cambio de prisioneros palestinos y garantías humanitarias en Gaza. Aunque el diálogo volvió a abrirse, los allegados a los secuestrados argentinos lo observan con cautela. Dicen que es el escenario más cercano a una salida en dos años, pero también repiten que no creerán en ninguna promesa de Hamás hasta ver a los suyos de regreso."Esto es una agonía, una pesadilla", dice Micaela Rudaeff, prima de Lior Rudaeff, uno de los cuatro argentinos que aún permanecen secuestrados â??o cuyos cuerpos no fueron devueltosâ?? tras la masacre perpetrada por Hamás. Su voz llega con cansancio, pero también con una convicción intacta. "Por momentos nos faltan fuerzas para seguir, porque después de dos años ya no tenemos más, necesitamos con urgencia que nuestros familiares vuelvan", agrega. Este martes 7 de octubre, cuando se cumplen dos años exactos del ataque terrorista, familiares y amigos de las víctimas se reunirán en el Parque Centenario, en Buenos Aires, para realizar un abrazo simbólico a los secuestrados. La convocatoria es a las 18 y busca transformar el dolor en una acción colectiva: "Será un gesto simple pero inmenso â??dice el comunicadoâ??, vamos a unirnos bajo el lazo amarillo, símbolo de esperanza y fuerza, para gritar con el corazón en alto: ¡Que vuelvan todos los secuestrados ya!".Dos años sin respuestasEl 7 de octubre de 2023, Hamás irrumpió en territorio israelí y llevó adelante un ataque coordinado que dejó más de 1.200 civiles asesinados y 252 personas secuestradas, entre ellas cuatro ciudadanos argentinos: Eitan Horn, Ariel Cuño, David Cuño y Lior Rudaeff. Algunos fueron tomados en kibutz, otros en el festival Nova, todos víctimas del mismo terror. Desde entonces, las familias viven suspendidas en una mezcla de esperanza y angustia. "Hasta que yo no vea eso, no voy a creer en un posible acuerdo", agrega Rudaeff, en referencia a las negociaciones que buscan liberar a los rehenes vivos y recuperar los cuerpos de los asesinados. "Por más que ellos digan que sí, que están dispuestos, hasta que uno no vea el circo que montan ellos cada vez que entregan un cuerpo, cada vez que hay algún secuestrado vivo que van a entregar, no lo voy a creer. Siempre a último momento les surge algo que no les gustó, que quieren o que no quieren".Para ella, el aniversario no es una fecha para conmemorar, sino para resistir. "Necesitamos a la sociedad argentina que nos acompañe en este abrazo amarillo, a nosotros los familiares y amigos de los secuestrados. Quedan cuatro, el único fallecido de esos cuatro es mi primo, así que pedimos por favor que nos acompañen a las 18 en el Parque Centenario", concluye."Un abrazo que también abraza el recuerdo"Sandra Miasnik, prima de Shiri Silbeman Bibas y tía de Ariel y Kfir Bibas â??dos de los niños más pequeños secuestrados aquel 7 de octubreâ??, se suma a la convocatoria con una voz que mezcla temple y ternura. "Este martes, a las 18, los familiares de Ariel y David Cuño, de Lior Rudaeff, de Eitan Horn, de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, nos organizamos junto con voluntarios que nos ayudan a armar este encuentro que es un abrazo simbólico para los que todavía están secuestrados y que rogamos que devuelvan ya mismo a casa", dice.Y agrega: "También es un abrazo que abraza el recuerdo de las personas que nos quitaron sádicamente y para siempre ese día, y también para seguir recibiendo ese abrazo colectivo, ese abrazo de toda la comunidad que nos sostiene desde hace ya dos años y que nos dio fuerza para mantenernos en pie todo este tiempo. Ojalá puedan acompañarnos".Miasnik habla desde la resiliencia de una familia que, como tantas otras, aprendió a convivir con la ausencia. Su testimonio deja al descubierto el poder de lo simbólico: abrazar, reunirse, persistir. "El alma sigue secuestrada en Gaza"Para Jonathan Stolarza, amigo cercano de los hermanos Horn, la experiencia de estos dos años fue "una pesadilla lejana a la realidad". Con voz entrecortada, recuerda el momento en que se enteró de la liberación de Iair, uno de los hermanos, y la continuidad del cautiverio de Eitan. "Ni en una pesadilla uno puede pensar que puede vivir algo así. Pero nada se asemeja a cuando uno se pone a pensar en qué es lo que puede estar viviendo la otra persona, la que está cautiva, la que está en los túneles o la que no tiene ni idea de lo que está pasando fuera de ese lugar"."Yair fue liberado en febrero. Pero solo su cuerpo, su mente, porque el corazón y el alma todavía los tiene secuestrados, todavía están en Gaza. Su hermano quedó allá, y hasta que él no sea liberado, Yair no puede arrancar con su vida, no puede pensar en proyectos, no puede pensar en rearmarse. No puede hacer nada hasta que eso no suceda", relata.Stolarza describe un duelo que no termina, una herida que sigue abierta. "Desde nuestro lugar, acompañamos desde el primer día el pedido de liberación y el pedido de paz. Pero, por sobre todo, como amigo, lo que más necesitamos es que él esté bien. Poder contenerlo, poder estar con él, acompañarlo en sus días buenos y en los malos, a veces con temas más triviales para despejar la mente. Pero lo que más necesitamos es que esto termine, que llegue a un final, que se vuelva a pensar en vivir en paz, tanto en Israel como en el resto del mundo. Hace dos años que no sabemos lo que es estar tranquilos".Pese a los rumores sobre un posible acuerdo, Stolarza prefiere no ilusionarse. "Parece que este es el punto más cercano a una resolución, pero después de tantas veces que esto se fue para atrás, hasta que no lo veamos ahí, afuera, no quiero ilusionarme ni crearme falsas expectativas. Ojalá que esta vez se dé y que podamos empezar a vivir una nueva vida, la que creíamos conocer hasta el momento"."Respaldar las negociaciones y terminar con la guerra"También participará del encuentro Mirta Tinaro Cuño, prima de José Luis y Silvia Cuño â??los padres de los hermanos David y Ariel, aún cautivosâ??. "Mis sobrinos David y Ariel Cuño están secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás. Invitamos a todos a armar un abrazo amarillo en el Parque Centenario este 7 de octubre a las 18, para respaldar las negociaciones y liberar a todos los secuestrados, y terminar con esta guerra. Los esperamos. Muchísimas gracias", dice.Su mensaje es claro: no se trata solo de recordar, sino de presionar para que el tema siga en la agenda pública y diplomática. Los familiares de las víctimas argentinas â??y de cientos de otros cautivosâ?? han participado activamente en foros internacionales, reuniones con funcionarios y campañas de visibilización en medios y redes sociales. Pero a dos años del ataque, el reclamo es el mismo: traerlos de vuelta, vivos o muertos.Memoria y esperanza"Ese día no habrá espectadores. Seremos presencia, voz y abrazo de quienes aún esperan regresar", señalan los organizadores.El lazo amarillo â??que se repite en pechos, muñecas y mochilas de cientos de personasâ?? se transformó en un emblema de resistencia y esperanza. Representa a los que esperan noticias, a los que aún sueñan con un reencuentro, y a los que ya no están.Mientras tanto, el mundo observa con cautela las negociaciones que podrían derivar en un nuevo acuerdo de paz entre Israel y Hamás, una posibilidad que los familiares reciben con prudencia y escepticismo. "Hasta que no los veamos volver, no vamos a creer", repiten.
La Unión Sindical Obrera organiza concentraciones por toda España para que se "tome conciencia" de las condiciones laborales extremas del personal de 'handling'
Una iniciativa que reúne a artistas, personalidades de la cultura y referentes de movimientos sociales de toda América Latina que mediante sus canciones y sus testimonios reivindican derechos de los pueblos latinoamericanos. Voces que expresan la resistencia, las luchas populares y la esperanza.
Durante la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, encabezada por Fernando Espinoza y Axel Kicillof, jefes comunales de todo el país expresaron su preocupación por el impacto del ajuste nacional y exigieron al Gobierno un giro en su rumbo económico. Leer más
Pese a que la entidad anunció que el 98% de alumnos estuvo de forma presencial, los padres tuvieron problemas para llevar a sus hijos a los centros educativos
La Justicia de Córdoba difundió el informe individual de acreedores en la causa que involucra a Conoc SRL, sus empresas asociadas y a los hermanos Ocaña. En total, 1322 personas y firmas se presentaron como damnificados en el proceso. Leer más
"La educación necesita una reconversión estructural semejante a la que vivieron sectores como la siderurgia o la banca", afirma Sonia Díez
Trabajadores artesanales de Paita, Sechura y Catacaos paralizan sus actividades y denuncian que la medida del Ministerio de la Producción carece de respaldo científico y favorece a flotas extranjeras
Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Encuentro Federal pidieron informes e interpelaciones por el beneficio que, según acusaron, favoreció solo a grandes exportadoras que se embolsaron más de 1.500 millones de dólares y dejó afuera a pequeños productores. Leer más
Denuncian el acuerdo Mondino - Laramy y la política nacional libertaria de desmalvinización. El rol del municipio capitalino para garantizar el viaje, antes y ahora.
Empresarios reclaman el pago total de los compromisos por una adjudicación publicada en la Decisión Administrativa 535/2022. La deuda supera los u$s50 millones.
La Libreta AUH es un formulario obligatorio certifica que los menores cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación y el ciclo escolar lectivo.
El reclamo continúa cinco meses después del accidente que provocó la muerte de Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández
El anuncio de Javier Milei en cadena nacional sobre el presupuesto 2026 dejó más dudas que certezas en el área de discapacidad. En su discurso, el mandatario prometió que el año próximo las pensiones no contributivas por discapacidad tendrán un aumento del 5% por encima de la inflación. Sin embargo, entre las familias prima la incertidumbre: el incremento se aplicaría recién el año próximo, no está claro si será en un solo tramo o escalonado. Desde el Ministerio de Salud señalan que aún no está definido cómo ni cuándo se implementará el aumento. Por otro lado, el anuncio del Presidente no incluyó a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que atraviesan una crisis profunda. El aumento para este sector sí está contemplado en la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que, aunque fue sancionada y cuyo veto fue rechazado, el Ejecutivo aún no promulgó. En su octava cadena nacional, grabada en la Casa Rosada, Milei presentó el proyecto de presupuesto con un fuerte acento en lo que definió como "equilibrio fiscal". Entre las cifras que destacó, mencionó que las jubilaciones aumentarían un 5% real, la inversión en salud crecería un 17%, la educación un 8% y las pensiones por discapacidad un 5% por encima de la inflación. "El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", aseguró el mandatario, al remarcar que el 85% del gasto proyectado estará destinado a educación, salud y jubilaciones.Reclamos desde las asociacionesPara Gilda Marcela Kriskovich, que es madre de una niña con Asperger y presidenta de la asociación civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), el anuncio resulta insuficiente. "Celebro que el Presidente reconozca la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y disponga un aumento para quienes perciben pensiones. Pero ese 5% será en 2026 y el problema está ahora", señaló en diálogo con este medio. Kriskovich, que es prestadora desde 1997, describió un panorama de angustia: "No es una percepción de que no llegamos a fin de mes: es un hecho. Estamos muy angustiados de que no haya una solución inmediata, no podemos sostener más nada".La referente explicó que hoy una persona que cobra una pensión por discapacidad percibe alrededor de 270.000 pesos, monto que no cubre necesidades básicas. Además, advirtió que el sistema de Incluir Salud no alcanza a cubrir el 100% de los insumos y tratamientos requeridos. "Las prestaciones se convierten en un privilegio. El que no puede pagar, se queda en su casa. La discapacidad está en emergencia desde hace años y esta gestión nos dejó más invisibles aún", lamentó.Kriskovich también puso el foco en la situación de los prestadores: los aranceles están congelados desde octubre de 2024 y los pagos llegan con demoras de entre 60 y 120 días. "Muchas obras sociales todavía no pagaron abril y mayo, y ya estamos en septiembre. Así es imposible sostener los centros, las instituciones y las prestaciones independientes. Peligran no solo las atenciones de este año, sino también las de 2026", advirtió.La preocupación también se refleja en las familias que dependen del sistema. Ana Pastrana es madre de Milagros, una joven de 25 años con parálisis cerebral. Para ella, el aumento anunciado por el Gobierno resulta irrisorio. "Me pareció muy poco. Y esperar hasta el año que viene es demasiado, porque todo se devalúa", expresó.Pastrana relató que su hija no logra acceder a los medicamentos que necesita. "A Milagros no le entra nada en el vademécum. Es una vergüenza. El 5% tendría que aplicarse ya, porque todo sale más caro y cada día peor. Lo que estamos pasando es una locura", resumió. El impacto en el transporteDesde los prestadores de transporte también hay críticas. Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), remarcó que el anuncio se limita a las pensiones y deja de lado a quienes sostienen el sistema de traslados. "Si al menos hubiesen hablado de un aumento de emergencia inmediato, algo se podría esperar. Pero lo que plantean recién se vería reflejado el año que viene. Mientras tanto, ¿cómo se sostiene el sistema?", se preguntó.Masuzzo explicó que el sector enfrenta subas constantes de combustibles y que en lo que va del año no hubo ninguna recomposición tarifaria. "En 2023 ya veníamos complicados y en 2024 los aumentos estuvieron por debajo de la inflación. Hoy no dieron nada. Claramente lo que quieren es llegar al déficit cero sin acompañar a un sector tan delicado como el de la discapacidad", apuntó.El anuncio presidencial buscó enviar un mensaje de orden y proyección de crecimiento, pero en el universo de la discapacidad generó frustración. La principal crítica es que el 5% llegará recién en 2026, cuando la crisis actual, señalan, amenaza la continuidad de las prestaciones, los traslados y hasta la cobertura básica de las familias.
La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica solicitó que en la sesión especial convocada para este miércoles se rechace también el DNU 62.
Ya habían ignorado una exigencia anterior de desalojo
Vence a fin de mes. Piden prórroga y frente a una reforma previsional quede como un derecho permanente.Desde que se aprobó la prestación anticipada por desempleo se jubilaron 31.029 personas, según datos oficiales.
Un nuevo informe de Argentinos por la Educación destaca mejoras en la cobertura del jardín de infantes y en las políticas de alfabetización, pero advierte sobre problemas persistentes en cuanto a la calidad de los aprendizajes y las trayectorias de los estudiantes de secundaria
El llamado del presidente por un dirigente opositor venezolano reactivó el debate sobre los 37 colombianos detenidos
Un gremio de la UBA realizará clases públicas en Plaza de Mayo. Mientras que los decanos anticiparon que se movilizarán si Milei veta la ley. Leer más
Mientras mañana la Mesa de Enlace se reunirá con el Gobierno por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta al Consejo Directivo, hoy desactivado, en la que expresó su preocupación por la situación actual en el organismo. Argumentó demoras en las respuestas institucionales, falta de avances en materia de recomposición salarial y ausencia de definiciones claras respecto a las condiciones de trabajo. También propuso reactivar programas del ente. El gobierno nacional quiso sacarle por decreto la autarquía al INTA, además de introducir fuertes modificaciones, pero tuvo que retroceder tras el rechazo del Congreso y un freno judicial.Emergencia Agropecuaria: diputados de Carrió proponen una asistencia mínima de $130.000 millones y que los productores afectados no paguen retencionesATE apuntó que la incertidumbre actual impacta directamente en el desempeño del personal y en la continuidad de proyectos estratégicos para el agro. También remarcó que las medidas de ajuste afectan no solo a los trabajadores, sino también al vínculo del INTA con los productores y las economías regionales. Este miércoles, a las 14, los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Federación Agraria Argentina (FAA) se reunirán con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. La nota de ATE, firmada por Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE, y Rodolfo Aguiar, secretario general del Consejo Directivo de ATE, destacó que desde la asunción del Gobierno fueron "testigos y protagonistas de la resistencia al proceso de debilitamiento progresivo de la institucionalidad del INTA". Según mencionaron, estas medidas continuaron con "una reforma y reestructuración del organismo destruyendo la gobernanza del INTA", las misiones y las funciones de la Dirección Nacional y la búsqueda de un "organismo desconcentrado", sin autarquía. El Consejo Directivo, a quien está dirigida la carta, estaba integrado por un representante de las entidades ruralistas mencionadas, otro de CREA, uno de las facultades de Agronomía y Veterinaria, y tres representantes del Poder Ejecutivo, entre ellos un representante de la Secretaría de Agricultura, el presidente y un vicepresidente. Sin embargo, tras el intento de avance del Gobierno, el Consejo Directivo se disolvió y hasta el momento "no está constituido", según aclaró una fuente. "Exigimos recuperar y restablecer la institucionalidad. La parálisis autoinducida que enfrenta la institución fue provocada por el vaciamiento planificado, el abandono y la ineficiencia de las autoridades. Estas acciones llegaron a un punto tal que dejó sin firmas autorizadas al organismo, impidiendo el normal circuito de los trámites y procedimientos internos. Resulta indispensable restablecer su funcionamiento para el correcto desarrollo de nuestras tareas. En este sentido, demandamos al Consejo Directivo Nacional considerar esta crisis coyuntural en las Evaluaciones de Desempeño para el período 2024-2025â?³, puntualizaron. Pidieron "restablecer el pleno funcionamiento de todas las unidades afectadas por los decretos derogados 642, 571, 585â?³. Agregaron: "En particular, consideramos la necesidad de una pronta recomposición de la EEA AMBA (junto con sus agencias de extensión) y el centro de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar". Vale recordar que en julio pasado había comenzado el cierre de INTA AMBA. Tenía una fuerte vinculación con la agricultura familiar y pequeños productores."Exigimos el restablecimiento inmediato de los fondos necesarios para un adecuado funcionamiento institucional. Contamos con recursos destinados a actividades comprometidas con actoras y actores de cada territorio dentro de los proyectos de la cartera INTA. Pero estos recursos no han sido asignados ni ejecutados de manera correcta, debido a la ausencia de autoridades competentes", indicaron. Reclamaron garantizar la continuidad de los trabajadores del INTA, sin importar su condición. Sumaron también el pedido de recomposición salarial, que dijeron, tuvo una pérdida de un 45% del poder adquisitivo. Exigieron la reapertura del Programa ProHuerta y la recuperación de Cambio Rural para la consolidación de las Redes de Innovación Tecnológica. "Celebramos la recuperación de la institucionalidad y la autarquía de nuestro organismo como producto de la unidad sindical y la lucha de las trabajadoras y trabajadores del INTA", dijeron."No concebimos un INTA de cara al futuro sin cada una y cada uno de nosotros en sus puestos de trabajo. En cada persona que trabaja en el INTA hay una tarea que se realiza a conciencia y con el compromiso de garantizar la asistencia técnica y el desarrollo científico tecnológico que se espera de un Instituto como el nuestro. Sin su gente no hay INTA posible", sintetizaron.LA NACION consultó en el INTA sobre la carta de ATE, pero declinaron hacer comentarios.
Aunque los primeros indicios de la enfermedad se registraron en 2012, el hombre no recibió el tratamiento adecuado y murió en 2024
El programa de transferencias para jóvenes enfrenta atrasos en los giros y dudas sobre su continuidad
CÓRDOBA.- Los problemas en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) con sede en Córdoba continúan. A días de haber extendido por tres meses más -hasta el 28 de noviembre- el plan preventivo de crisis, las empresas proveedoras reclaman por la deuda de unos US$20 millones que mantiene la firma estatal con ellas.La empresa renovó esta semana el plan preventivo de crisis con el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que mantiene suspensiones -esos días se pagan al 80%- de manera simultánea, alternada, rotativa, total o parcial para todo el personal, según las "respectivas realidades productivas".El presidente de Fadea, Julio Manco, afirmó que el déficit operativo es de US$2 millones mensuales y reconoció que hay deudas contractuales de la Fuerza Aérea. La fábrica, que depende del Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, tiene 720 empleados. Las pymes proveedoras son en su mayoría cordobesas e indican que "hace meses" viven "en la incertidumbre, con falta de pagos, suspensiones de personal y sin respuesta de autoridades de la empresa". La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes expresó en un comunicado su "preocupación" por la situación que afrontan estas industrias "sin respuesta alguna, por parte del directorio de Fadea, en su mayoría instalado en Buenos Aires".Como resumen de la situación, los empresarios señalan que al inicio de esta semana la fábrica mantiene una deuda a proveedores de US$20 millones, de los cuales US$1 millón corresponde a los proveedores cordobeses metalúrgicos de mecanizado. "Está trabajando a un 30% de su capacidad y desde mayo pasado, realiza suspensiones masivas los lunes y viernes, renovándolas reiteradas veces", añadió y enfatizó que el programa Pampa está parado y el programa Malvina IA-100 "se encuentra sin ventas confirmadas". Sumó que solo se atiende el KC390 de Embraer Brasil, del que "solo se está cumpliendo menos del 40% de las entregas mensuales comprometidas con el cliente. Este porcentaje, que cae cada vez más, genera la falta de pago a los subproveedores del programa, que son las empresas metalúrgicas de Córdoba". Ratificaron un planteo que ya hicieron los trabajadores: los contratos con el Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea están a la espera de firma desde junio pasado. Esos acuerdos explican el 80% de la facturación y su firma "implicaría la inmediata reactivación de la planta". Incluyen la provisión de tres nuevos aviones Pampa III, la modernización de seis Pampa II a Pampa III y la inspección y puesta en servicio de tres Hércules C-130 (vitales para la campaña antártica venidera). El monto total de estos contratos es de US$112 millones.El Gobierno de Córdoba en su momento estuvo interesado en quedarse con la fábrica, una alternativa que después fue perdiendo fuerza. Se trata de una empresa deficitaria a la que varias veces se intentó internacionalizar, pero, pese a su potencial, no se logró nunca. Los empresarios solicitaron una reunión al gobierno de Córdoba para "juntos abordar el tema, ponerlos al tanto de su visión y propuestas, transmitiendo también la necesidad de apoyo y participación activa en la problemática. Porque sin Fadea sería imposible vender los productos aeronáuticos de la industria cordobesa al mundo".
"Hoy dejamos de ser invisibles", dice la actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, un adolescente de 17 años con autismo, que durante los últimos meses se convirtió en uno de los rostros visibles del reclamo por las personas con discapacidad. Manda el audio ante la consulta de LA NACION, pocos minutos después de la votación, mientras se aleja de la Plaza del Congreso, donde estuvo desde las 10 de la mañana. Sus palabras condensan la emoción de miles de familias, prestadores y personas con discapacidad que celebraron la decisión histórica del Senado: anular el veto presidencial a la ley de emergencia para el sector.Para quienes llevan meses marchando y reclamando la crisis que vive todo el ecosistema de la discapacidad, o que enfrentan el recorte de las terapias de sus hijos o se quedaron sin transporte, o le cortaron la pensión por invalidez o dejaron sin acompañante a sus hijos, la votación fue una suerte de reconocimiento, de validación ante la sociedad, largamente esperada. "Haber dado vuelta un veto es histórico, pero que lo haya hecho el sector de discapacidad es todavía más histórico", explica Bassi. "Siento que entramos en agenda y de ahí no nos vamos más. Durante meses vivimos la tristeza de sentirnos atacados, desfinanciados, de no entrar nunca en la agenda pública. Ahora, con esta decisión, sentimos que la lucha dio frutos", agrega.Sus palabras de Bassi condensan la emoción y la urgencia. "Las personas con discapacidad tienen dificultades para movilizarse por su misma condición y, sin embargo, hoy la plaza estaba llena de familias, de prestadores, de usuarios. Muchos marchamos en nombre de quienes no podían estar presentes. Aprendimos a ser combativos y ojalá eso no se pierda. Pero también sabemos que esto no termina aquí: la ley tiene que implementarse ya. Las instituciones están colapsadas de deudas, los hogares y las escuelas no pueden sostenerse. Eso es lo que garantiza que nuestros hijos reciban los apoyos que les permiten tener calidad de vida y autonomía en el futuro", detalla Bassi.Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, referente en el área, lo resume así: "Esta aprobación por parte del Senado es muy importante, no solo por lo que se consigue de manera directa -pensiones para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, actualización de aranceles, más cupos en talleres protegidos, entre otras cosas-, sino por lo que significa en términos de sociedad. Es una manera de decirle a este Gobierno: 'Miren, los argentinos pensamos al Estado de otra forma. No queremos un Estado ausente, sino presente frente a las necesidades de quienes más lo requieren".Molero advierte que la aplicación será compleja y que hará falta reglamentar varios artículos, pero insiste en que el mensaje político está dado. "Hay que ponerse a trabajar, no es automático. Algunas pensiones deberán tramitarse, habrá que definir cómo se reconocen las deudas arrastradas entre 2023 y 2024, y cómo se ajustarán las prestaciones en relación al costo de vida. Pero lo central es que el Congreso fijó una postura clara: no se puede dejar a las personas con discapacidad a la intemperie, no se las puede responsabilizar de un descalabro fiscal que no existe", afirma.Derechos, no privilegiosLa emoción también es palpable en las palabras de Marlene Spesso, la madre de Ian Moche, el activista del autismo que en los últimos meses fue blanco del hostigamiento de los trolls afines al Gobierno y demandó al presidente Javier Milei por haber retuiteado un mensaje con una foto suya, que lo agraviaba y tildaba de "kuka". Por eso, para Marlene lo que ocurrió en el Congreso fue casi un acto de reparación. "Estamos felices. Hacía muchos años que no pasaba que un veto fuera revertido en ambas cámaras. Y eso demuestra que lo que reclamamos no son privilegios, son derechos. No importa el partido político: los derechos no se discuten, no son una cuestión de fe. No hay que andar probando si la discapacidad es real o no", expresa.Spesso recuerda con dolor las escenas de los últimos meses: "Hicieron pararse a personas en sillas de ruedas para verificar si podían caminar. Mandaron cartas documento que los ciegos no podían leer porque no estaban en braille. Todo eso fue una crueldad innecesaria. Siempre se nos señaló como si no tuviéramos derecho a nada, como si fuéramos inútiles. Pero la discapacitante es la sociedad, no las personas".Marlene e Ian decidieron no estar presentes en la movilización, ya que un entorno con tantos estímulos no es lo recomendable para el chico, de 13 años. Sin embargo, se fue al colegio y siguió durante la tarde lo que ocurría en el Congreso. "Hoy no pudo hablar, se quedó sin palabras de la emoción. La ciencia lo llama mutismo situacional, yo prefiero decir que fue demasiado lo que sentimos en un solo día. Volvió a casa feliz. Me dijo que la plaza había demostrado que la comunidad 'disca' no es una minoría, que estamos unidos y que podemos hacernos escuchar", apuntó.La urgencia de lo inmediatoLa alegría convive con la preocupación. "El veto fue rechazado con contundencia en las dos cámaras. Ahora se tiene que implementar ya, porque estamos al borde del colapso", advierte Bassi. "Las instituciones, los hogares, los centros de día necesitan los fondos de inmediato. No podemos seguir esperando. La emergencia la declaramos hace meses; ahora ya es un colapso", suma.Molero coincide: "El riesgo es que se dilate. Todas las leyes requieren reglamentación, pero hay que acelerar. El Congreso habló, y habló con contundencia. Lo que falta es que el Ejecutivo, lo implemente".Spesso, por su parte, subraya el sentido de comunidad que quedó en evidencia. "Admiro a las personas con discapacidad que estuvieron en la plaza. El mensaje para Milei fue contundente: no era por ahí el ajuste. Hoy sentimos que la democracia nos devolvió un poco de justicia. Ojalá nuestro país siga encontrando consensos en estas causas que son nobles, humanas y necesarias", señala.Paulo Morales es director de TEActiva, una agrupación que produce contenidos audiovisuales sobre autismo. "Una ley no resuelve mágicamente nuestros problemas, es más bien una victoria simbólica. Y en esa simbología creemos que desde la discapacidad estamos mandando un claro mensaje que no somos la batalla para dar. Nosotros, que amamos incondicionalmente a nuestros familiares y daríamos nuestra vida por ellos, estamos acostumbrados a ir a fondo contra todo tipo de adversidades, muchas veces solos. No hay batalla que no estemos dispuestos a afrontar por ellos, por eso esta guerra que inexplicablemente el Gobierno propuso dar contra la discapacidad a largo plazo nunca la va a poder ganar", explica."Es triste que estemos en el medio de este sinsentido, ya que en la Argentina hay presupuestos mucho más grandes y menos delicados que este. Ojalá a partir de ahora se genere una reflexión y, en lugar de ir contra las familias, se enfoque la lucha hacia el lugar correcto: combatir la corrupción que nos afecta a todos. Es una lucha que [el Gobierno] prometió y no está cumpliendo. Si decide retomarla, allí estaremos para apoyar porque es uno de los grandes males, no solo de la discapacidad, sino del país", cierra.
La decisión del Tribunal Constitucional fue recibida como un triunfo por los congresistas de izquierda, quienes denunciaron que la expremier fue víctima de persecución judicial
Se reencontraron con su mejor versión en River y volvieron a ser convocados por Lionel Scaloni.Quién es el jugador que más jugó en ese puesto y las variantes que tiene el DT.
Las organizaciones no acudirán al próximo encuentro con Sanidad si no tienen antes una nueva versión de la norma
La banda británicaThe Police solo estuvo activa durante siete años. Pero su éxito mayúsculo se tradujo en que su tema más popular, "Every Breath You Take" ("Cada vez que respiras"), cuenta con casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y sigue generando alrededor de 636.000 euros anuales solo al cantante y compositor principal del grupo, Sting, según el tabloide británico The Sun. Según informó primero el diario inglés, y confirmó después la revista People, los otros dos miembros de la banda, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, han presentado ahora una demanda contra su excompañero por "daños y perjuicios sustanciales", por supuestamente deberle millones de libras en copyright, alegando que no recibieron créditos como coautores de la canción ni derechos de autor. Aunque un vocero de Sting niega que el reclamo esté relacionada con la canción "Every Breath You Take"."Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no tenían otra alternativa que ir a juicio. Dicen que se les deben millones en derechos de autor perdidos", explica una fuente a The Sun. La demanda ha sido registrada en un tribunal de Londres bajo la sección de "contratos y acuerdos comerciales generales". Sting, que aparece bajo su nombre real, Gordon Matthew Sumner, y su firma, Magnetic Publishing Limited, aparecen como demandados.Los miembros de la banda no se han pronunciado públicamente sobre este enfrentamiento, más allá de las declaraciones de los voceros. Tampoco lo hizo por ahora Sting.Los números de la bandaLa banda se subió por última vez a un escenario en agosto de 2008 en Nueva York, en una gira de regreso que duró solamente un año, tras haberse separado en 1984. "Esta es una noche muy especial y quiero que sea muy loca. Pero, antes de empezar con las locuras, me gustaría decir que ha sido un enorme honor para mí volver a estar junto a dos buenos amigos", dijo Sting. El músico también agradeció su amistad y su comprensión, así como su "gran paciencia", a sus dos compañeros de aventura musical.The Police llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo. Su canción más escuchada, "Every Breath You Take", ocupa el puesto número 46 en la lista de Spotify de temas más reproducidos. Además, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década. En una entrevista con la revista People en mayo de 2023, Sting habló sobre la inspiración de su mayor éxito, el cual escribió mientras se alojaba en una casa en Jamaica que anteriormente perteneció a Ian Fleming, autor de la saga de libros de James Bond."Me sentaba en su escritorio por las noches e intentaba componer canciones. Creo que si la canción tiene algún poder, es ambivalente. Puede ser siniestra o puede ser muy cálida, dulce y agradable, y la gente tiene ambas interpretaciones. Y nunca contradiría a nadie que tenga una interpretación diferente de mis canciones porque, en muchos sentidos, eso la enriquece. Creo que hay una dualidad en la canción y por eso tiene tanto éxito. Hay gente que se casó con esa canción, así que no voy a contradecirlos", declaraba el músico británico entonces.A pesar de las ventas, la canción no fue muy bien recibida cuando salió. "La letra es tan banal que solo puede estar concebida así a propósito", decía la revista No. 1. "Sting se toma una tarde libre de su filosofía y nos sacude con una canción de medio tiempo minuciosamente normal", publicó el semanario musical inglés Record Mirror.The Police - Every Breath You Take (Video oficial)La banda ganó seis premios Grammy, entre ellos mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz por "Every Breath You Take" o mejor álbum del año por Synchronicity, en 1984. Cuatro de sus cinco álbumes aparecen en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y también fueron nombrados uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.
La encuesta de IDEA muestra confianza en la estabilización, pero alerta sobre consumo frenado, impuestos y regulaciones que aún pesan. Leer más
El constitucionalista Antonio María Hernández y la jueza María Eugenia Chapero, entre otros, hicieron ese pedido en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
CARBAP y la Sociedad Rural de 9 de Julio advirtieron que la crisis hídrica es "crítica" y pidieron a Javier Milei asistencia inmediata con maquinaria. Leer más
La situación hídrica en el centro de la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas del campo. Tras las intensas precipitaciones de la última semana, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advirtió que el panorama es "crítico" y reclamó una respuesta inmediata de los gobiernos provincial y nacional para atender la emergencia productiva y social. Según la entidad, en la actualidad, en la región afectada se estiman más de un millón de hectáreas anegadas y la superficie continúa en aumento. "A ello se suma una gran cantidad de tierras con acceso imposible, ya sea por estar aisladas por el agua o por la falta de piso que permita el ingreso de maquinaria", describió Carbap."Una incógnita": la Mesa de Enlace espera que el Gobierno defina el rumbo del INTAEn un comunicado, la entidad señaló que las últimas lluvias agravaron de manera dramática un escenario que ya estaba colapsado en distritos como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, a los que ahora se sumaron Pehuajó, Lincoln y General Viamonte, con registros adicionales de entre 80 y 100 milímetros."La superficie afectada en estos distritos creció en la última semana (18 al 20 de agosto) entre un 30% y un 40% respecto de la situación registrada apenas 10 días atrás", advirtió Carbap. Según la entidad, se trata de "un panorama que hacía muchísimos años no se veía en la provincia".En este contexto, la confederación subrayó que "es indispensable una acción inmediata por parte de las autoridades provinciales y nacionales, a fin de poner a disposición de los productores y municipios herramientas que permitan paliar el impacto"."Pasar hambre fue lo peor": Comenzó como canillita y vendedor de helados y ahora es dueño de 24 empresasEl pedido incluye medidas urgentes de asistencia directa. "En muchos casos los productores no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos. Es indispensable que se habilite financiamiento específico, con tasas diferenciadas y razonables, ya que las actuales resultan absolutamente inviables en este contexto", planteó la organización de productores.Además, Carbap reclamó la puesta a disposición de maquinaria pesada â??camiones, palas y retroexcavadorasâ?? para recomponer caminos y limpiar canales. "La falta de transitabilidad en los caminos rurales no solo afecta a la producción, sino también a la vida cotidiana de las familias de la ruralidad", remarcaron.En materia impositiva, la entidad exigió un alivio inmediato: "Debe disponerse un alivio fiscal tanto desde ARCA (exAFIP) como de ARBA y de los municipios, mediante la postergación o suspensión de pagos de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales". Y agregó: "La situación es crítica y no se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial".Carbap también apuntó contra la falta de infraestructura de fondo. "La crisis actual no solo expone la gravedad de las precipitaciones, sino también la inoperancia de no haber concluido en tiempo y forma el Plan Maestro del Río Salado, así como también la falta de mantenimiento de los caminos rurales", cuestionó.Recordaron que los productores realizan "aportes millonarios en concepto de tasas viales, que muchas veces se desvían hacia otros fines municipales, y hoy las consecuencias de esa desatención afloran con crudeza".La confederación advirtió que una obra estratégica como la del río Salado, junto con un adecuado mantenimiento de caminos y canales, "no hubiera evitado las lluvias ni la totalidad del daño ocasionado, pero sí habría permitido morigerar el impacto y facilitar el drenaje de las aguas en plazos más razonables".PedidoEl comunicado también recordó la importancia de la zona para la producción agrícola nacional. "En esta región se produce aproximadamente el 15% del maíz y la soja de la Argentina. Estas áreas ya se descartan para la próxima siembra de maíz temprano â??cuyo ciclo está a punto de comenzarâ??, y se desconoce si podrán destinarse luego a soja, girasol o incluso a maíz tardío", alertó.Pero las consecuencias no se limitan a lo productivo. La entidad advirtió sobre el impacto social: "La falta de caminos transitables impide en muchos casos el acceso normal a las escuelas rurales, dejando a niños y jóvenes sin clases durante días o semanas".También señalaron las complicaciones para el acceso a la salud y a servicios básicos. "La situación dificulta la llegada de ambulancias, transporte y provisión de insumos esenciales, profundizando el aislamiento y la vulnerabilidad de las familias que habitan en estas zonas", advirtieron.Ante este escenario, Carbap pidió una respuesta integral y coordinada de las autoridades. "Se reclama con urgencia una ayuda inmediata, tanto para atender la emergencia productiva y social como para dar una señal concreta de compromiso frente a una problemática que amenaza la próxima campaña agrícola y, con ella, la economía y la vida en toda la región".La entidad fue categórica al señalar que no hay tiempo que perder: "Es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar aún más una situación ya crítica para miles de productores y familias bonaerenses".Con el avance de las aguas y la falta de soluciones de fondo, la preocupación del campo se multiplica. Carbap dejó en claro que la emergencia hídrica expone no solo la vulnerabilidad de la producción, sino también la necesidad de una política sostenida de infraestructura y acompañamiento estatal.
Un grupo de ciudadanos estadounidenses y un residente legal fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en California. Los afectados iniciaron una demanda contra la administración federal.Por qué ciudadanos estadounidenses demandan al ICE tras una redada en California"Nací en Los Ángeles. Nací en el hospital Hollywood", repitió Cary López Alvarado, de 28 años, a los agentes migratorios cuando la esposaron en una redada en Hawthorne el 8 de junio pasado. Los oficiales acudieron al estacionamiento privado del lugar de trabajo de la joven, su esposo Brian Nájera, su primo Alberto Sandoval y otro compañero. López estaba embarazada de 9 meses cuando fue detenida y dio a luz dos días después, ya liberada. La mujer acudió al hospital ese mismo día, ya que tenía miedo de haber sufrido algún daño. "Me dijeron que abrí dos centímetros y estaba teniendo contracciones cada dos minutos", señaló a NBC News.La detención quedó filmada con el celular de Alvarado. "Necesito que se vayan. Esto es una propiedad privada", expresó a los agentes en un primer momento. Pero uno de ellos le respondió: "Disculpe, señora. Está interfiriendo con mi arresto. Estoy haciendo mi trabajo, ¿puede apartarse?".Los agentes del ICE y la CBP esposaron a Cary, quien relató que trató de proteger el cuerpo por su embarazo. "Me incliné un poco hacia delante. Tenía miedo de que me fueran a hacer daño. Tres agentes me estaban agarrando y tratando de esposarme", expresó. Su pareja, su primo y un compañero de trabajo también fueron arrestados y Sandoval seguiría bajo custodia de las autoridades federales por presentar cargos por agresión, informó Telemundo.El 20 de agosto pasado, el grupo de estadounidenses presentó una queja formal al gobierno federal de la mano del abogado Michael Carrillo y alegaron que fueron detenidos ilegalmente durante un operativo migratorio y que fueron señalados por un perfil racial.El representante legal señaló al medio mencionado que otorgará un plazo de dos meses a la administración de Donald Trump para que pueda responder antes de presentar la demanda civil. Asimismo, indicó que esperan una compensación de un millón de dólares para cada caso.Qué dijo el gobierno de Trump sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en CaliforniaNBC News compartió un comunicado que emitió la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, días después de la detención del grupo a través de un correo electrónico. "Cary López fue arrestada porque obstruyó la aplicación de la ley federal al bloquear el acceso a un vehículo en el que había dos inmigrantes ilegales guatemaltecos", precisó.En sus declaraciones, Alvarado mencionó que los agentes federales le consultaron si era originaria de Guatemala, a lo que ella respondió que nació en Estados Unidos."Durante este incidente, los agentes fueron agredidos y otro sujeto fue detenido tras empujar a un oficial", continuó McLaughlin. Y concluyó: "Además, los alborotadores comenzaron a lanzar llaves inglesas y baterías a los agentes. Cualquiera que obstruya o agreda activamente a las fuerzas del orden, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se enfrentará, por supuesto, a consecuencias que incluyen el arresto".
La ley de amnistía fue promulgada el 13 de agosto, a solo un día de la conmemoración por los 40 años del asesinato de 69 personas en Accomarca, Ayacucho. Familiares de víctimas califican la medida como un "bloqueo absoluto" a décadas de lucha legal
Los beneficiarios del fallo en Londres negaron que existan conversaciones "de buena fe" con el Gobierno argentino y reclamaron al organismo que corrija su informe técnico
Durante la confrontación, el también militar en retiro disparó contra los atacantes para defenderse, alcanzando a uno de ellos, quien murió en el lugar. El cómplice logró escapar en el auto robo
La medida afectará el inicio de clases del segundo cuatrimestre y el martes habrá actividades de visibilización abiertas a la comunidad. Otras 50 universidades del país también realizarán medidas de fuerza. Leer más
En el Foro Internacional Automotriz (FIAC) que se celebró esta semana en Córdoba, los principales directivos de las terminales coincidieron en que la recuperación del mercado es real pero frágil: piden reducción de la carga impositiva, inversiones en logística e infraestructura y un marco regulatorio sostenible para defender la producción local frente a la entrada masiva de importados â??en particular desde Chinaâ?? y para atraer inversiones que permitan la transición tecnológica. Leer más
Los empleados se mantienen en estado de asamblea en el interior de la planta. "Quieren llevar a la quiebra no solo la fábrica sino nuestras vidas y nuestras convicciones", afirmaron. Leer más
La protesta convocada por familiares y agrupaciones que representan a personas con discapacidad para este martes comenzó cerca de las 11.30. La medida se replica en plazas de otras importantes ciudades del país
Ocurrió en dos partidos de la temporada regular durante esta semana.En ambos estaba el equipo de las Golden State Valkyries.
Manifestantes exigen a Renfe y al Ministerio de Transportes revertir el recorte de frecuencias ferroviarias que limita el acceso al tren en la comarca ourensana, denunciando la pérdida de oportunidades y la amenaza al futuro de la estación gallega
CÓRDOBA.- Los productores de bioetanol concentrados en el "triángulo del azúcar" -Jujuy, Salta y Tucumán-, coincidieron en reclamar al Congreso leyes que permitan que el sector crezca, no solo que se consolide. Participaron de la jornada "Energía cultivada" organizada por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y el Centro Azucarero Argentino (CAA), a la que también se sumaron representantes de Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.El subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos de la Nación, Federico Veller, consideró que el bioetanol representa "una oportunidad concreta para avanzar hacia una matriz energética más eficiente, diversificada y federal, al tiempo que fortalece nuestras economías regionales y el vínculo entre la Nación, las provincias y los productores". En el encuentro estuvieron los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Salta, Gustavo Sáenz.Importante inversión: en Córdoba, una pyme láctea triplicará su producción con un modelo basado en economía circularEn la actualidad 27% de la caña de azúcar se destina a la producción de bioetanol, cuya producción se triplicó en los últimos tres años. El corte es del 12% (6% caña de azúcar, 6% maíz) para los combustibles fósiles y la expectativa de la región es que aumente. El encuentro se enmarca en la reactivación de la Liga Bioenergética, un espacio interprovincial que busca promover una nueva ley de biocombustibles orientada a incrementar el corte en las naftas y avanzar hacia un marco más flexible y beneficioso para las provincias productoras.Claudio Molina, analista de bioenergías y ferrocarriles, comentó que "hay conversaciones" entre la Nación y los miembros de la liga para reformar la ley. "Se podría generar un nuevo escenario con esos cambios -agrega-. Más allá de una mayor competencia entre los actores, se podría romper con el status quo. Es probable que se aumente la mezcla del 12% al 15%, pero el sector azucarero no ve con buenos ojos una desregulación total, así como tampoco la importación". Catalina Rocchia Ferro, representante de la Compañía Azucarera Los Balcanes, planteó la necesidad de "evitar" el libre mercado en el sector y defendió un corte obligatorio para garantizar la sostenibilidad de la industria: "No todos los negocios dan para libre mercado. Hay industrias que necesitan de la interacción con el Estado para poder subsistir. No puede ser una cuestión de libre mercado el corte de bioetanol, tiene que estar distribuido y la caña de azúcar necesariamente tiene que tener un 6%".Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, puso el acento en la capacidad del sector para "generar riqueza, empleo y valor agregado, pese a los desafíos de un mercado interno en retroceso", y se sumó a los pedidos de un nuevo marco legal que "asegure cortes obligatorios de bioetanol, mercados libres para mezclas superiores y lealtad comercial sin subsidios foráneos". Sobre ese último punto, aportó que la caña de azúcar exige planificación a largo plazo -"es un cultivo plurianual de alto costo"- y que el sector no pide subsidios, pero "sí igualdad de condiciones y que no haya competencia desleal con productos importados subsidiados"."El país no está en condiciones de privarse de ningún recurso. Bienvenido Vaca Muerta y todos los recursos disponibles, bienvenidas las bioenergías y todos sus recursos disponibles. Todo lo que tengamos para poner y aportar al crecimiento y desarrollo de la economía de nuestro país a partir de los recursos disponibles debemos potenciar. No es uno u otro, es todo a favor del desarrollo del país", añadió.El Gobierno cree que habrá un aumento del área sembrada tras la baja de retencionesPara abonar ese planteo, el gerente del Ipaat, Jorge Etchandy, ratificó que está "la capacidad instalada, la experiencia y la tecnología. Necesitamos decisiones que respalden ese camino y reconozcan el aporte real de esta industria al país". Agustín Torroba, especialista en biocombustibles y energías renovables en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, abordó la transición energética y los desafíos y oportunidades que plantea. Valoró la ventaja argentina para la producción y, en esa línea, destacó el surgimiento de los combustibles SAF (Sustainable Aviation Fuels), que representan una gran posibilidad para acceder al mercado internacional con productos de alto valor agregado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con un plan para demoler el histórico puente Ciudad de La Paz en Palermo. La medida, impulsada por la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA), busca reemplazar la estructura por una nueva apta para el tránsito pesado. Vecinos, arquitectos y organizaciones civiles rechazan la iniciativa y denuncian un intento de remover la protección legal que lo ampara.Qué pasó con el puente y por qué se lo quiere protegerEl gobierno porteño busca reemplazar de forma definitiva el puente que une Colegiales y Palermo, sobre las vías del Ferrocarril Mitre. El objetivo es construir una estructura nueva que soporte el paso de camiones, como los que van a la planta del Ceamse, además de bomberos, ambulancias y fletes. La empresa AUSA, encargada de los trabajos, publicó el 27 de junio una licitación pública para la "Provisión, Construcción y Montaje de Nuevo Puente Ciudad de La Paz". También solicitó la descatalogación de la estructura al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo debe reunirse esta semana para decidir si aprueba o rechaza el pedido. La fecha de apertura de ofertas, originalmente el 31 de julio, se prorrogó hasta comienzos de agosto.¿Cuál es el estado del puente Ciudad de La Paz?El puente se cerró al tránsito en diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, por un supuesto riesgo estructural. Las obras de reparación finalizaron y el jefe de gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, lo reinauguró el 31 de marzo pasado. "Escuchamos un reclamo de años de los vecinos: un puente cerrado que muchos decían que no se podía reparar. Cumplimos con las obras", sostuvo Macri en ese acto.Desde AUSA explican que la intervención siempre contempló dos etapas. La primera, ya finalizada, fue una rehabilitación rápida con refuerzos metálicos. La segunda, ahora en debate, es la construcción de un puente nuevo de similar arquitectura. La empresa argumenta razones de seguridad. Afirma que el deterioro original ocurrió cuando se levantaron las restricciones de peso y altura. "La estructura avisó que tiene problemas", sostuvieron desde la compañía.Cuál es el reclamo de los vecinos y especialistasVecinos, arquitectos y la asociación civil Basta de Demoler (BDD) se oponen a la demolición. Su principal argumento es el valor patrimonial, histórico y social que el puente representa para los barrios de Palermo y Colegiales. La estructura está incorporada al catálogo de bienes protegidos de la ciudad, una condición que, en teoría, impide su remoción.Ana Bas, presidenta de BDD, afirma que "no hay explicación lógica para el reemplazo". La especialista remarca que el plan modifica el uso de una vía residencial. "La calle Ciudad de la Paz no formó ni forma parte de la Red de Tránsito Pesado, según el artículo 9.10.5 del Código de Tránsito (Ley 2148)", señaló. Bas también cuestiona la celeridad del proceso. "No tiene justificación la urgencia en un barrio tranquilo", insistió.Marcelo Magadán, arquitecto especialista en conservación del patrimonio, coincide en la importancia de la estructura. "Tiene valor histórico, paisajístico, económico, social, identitario, que fueron considerados por los funcionarios del gobierno porteño cuando decidieron sumarlo al catálogo de los bienes protegidos", detalló a LA NACION.En respuesta a la iniciativa oficial, los vecinos organizan protestas y encuentros. El sábado pasado se reunieron para dibujar el puente y semanas antes realizaron la intervención "Cintas para que el puente se quede".Qué ocurrirá con el puente tras los reclamos vecinalesLa atención se centra en la reunión del CAAP, que se realizará este martes a puertas cerradas. La decisión del consejo sobre la protección patrimonial del puente es clave para el futuro del proyecto. "Es importante que los miembros del CAAP actúen con la prudencia que recomiendan las buenas prácticas en conservación del patrimonio y eviten tomar decisiones apresuradas que lleven a la demolición del puente", advirtió Magadán.Desde el Ministerio de Infraestructura porteño señalaron la semana pasada que estudian alternativas para no removerlo. La cartera que conduce Bereciartua indicó que analiza opciones que respeten la identidad patrimonial y garanticen la seguridad vial y ferroviaria. Mientras tanto, la licitación para la construcción de un nuevo puente sigue su curso, con una nueva fecha de apertura de ofertas para principios de agosto.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El jueves pasado, el gobierno nacional aprobó un desembolso de 10.000 millones de pesos para asistir a las personas damnificadas por las tormentas del 16 y 17 de mayo pasado, que dejaron bajo agua a varias ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Sitios como Zárate, Campana o Arrecifes recibieron alrededor de 400 mm de lluvia en tan solo dos días. La devastación la sintieron en especial las viviendas y los objetos en su interior."Mucha gente perdió sus muebles, ropa, electrodomésticos. Se tuvieron que endeudar para poder reemplazar todo. Nosotros hablamos cada semana con Nación y pedimos fondos para aliviar a estas personas", afirmó Francisco Ratto (JxP), intendente de San Antonio de Areco, una de las ciudades más afectadas y que figura entre los beneficiados por la medida publicada la semana pasada.La medida se oficializó a través del decreto 497/2025 firmado por la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Economía y de Seguridad, aunque las gestiones son manejadas por este último, encabezado por Patricia Bullrich. Las ciudades bonaerenses alcanzados son Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco. Si bien aquí se excluye a otras zonas afectadas de la provincia, fue en el norte donde la "fábrica de tormentas" se instaló y provocó las peores inundaciones.No llegará a barrios vulnerablesIntendentes consultados por LA NACION advirtieron que el subsidio no logrará cubrir a toda la población afectada. Señalaron que muchos de los afectados no tienen una vivienda regular, que es uno de los requisitos para obtener el beneficio, según lo estipula el artículo 3 del reciente decreto. En este caso particular, les pedirán una boleta de luz, según confirmaron tres intendentes."En las zonas afectadas, la mayoría de las familias están enganchadas. Son los barrios más marginales, tanto de Campana como de Zárate, y son muy pocas las familias en porcentaje que estarían cubiertas con este subsidio", advirtieron desde la intendencia de Campana. Un estudio publicado en 2018 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) indicó que solo en esas dos ciudades casi 140.000 personas vivían en un nivel medio, alto y muy alto de índice de vulnerabilidad social frente a desastres, por habitar en zonas inundables y en condiciones precarias."Nosotros, en particular, tuvimos más de 3000 evacuados y esta medida podría alcanzar a unas 1200 familias con suerte", afirmaron desde la intendencia de Campana. Otros municipios, como el de San Antonio de Areco, aseguraron tener un 100% de las viviendas regularizadas, por lo cual no se alarmaron por dicha exclusión. Todos ven urgente que el subsidio llegue, en especial para aliviar la deuda de las personas que tuvieron que reemplazar en forma automática objetos fundamentales como una heladera o una cama.Falta la reglamentaciónSi bien la reglamentación de este decreto todavía no se publicó, desde el Gobierno anticiparon a LA NACION que es probable que salga la semana que viene y, a partir de ese momento, se empezaría a ejecutar. En la letra chica de la reglamentación se precisarán los montos que se designarán por vivienda y las categorías específicas. El fondo previsto lleva el nombre Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) y tiene la misma naturaleza y nombre que el fondo diseñado para atender la emergencia que ocurrió unos meses antes en Bahía Blanca y ciudades cercanas. Este fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo unas semanas después de que obtuviera por unanimidad sanción en la Cámara baja el proyecto de ley para declarar la emergencia en aquella ciudad, que fue vetado por el Presidente y con el que el Senado insistió, con cambios. Este punto es clave, pues entre los intendentes se presume que funcionará de la misma forma."Es un fondo de 10.000 millones de pesos, pero que es para todas las ciudades y que no implica que todo vaya a la gente en su totalidad. Entendemos que el reparto va a ser de 3.000.000 por familia, por lo que sabemos de Bahía Blanca, pero todavía no tenemos demasiada información", calcularon representantes de una de las intendencias involucradas.Sobre la base de la reglamentación del SUR de Bahía Blanca, es posible que las viviendas de afectación alta reciban $3.000.000 y las de afectación media, $2.000.000. Esto, en principio, será especificado la reglamentación. Allí también aparecerá la modalidad de pago y la forma de registro.Medidas para adaptarse al cambio climáticoEn cuanto a infraestructura pública, este fondo no tendría previsto cubrir nada. Además, según los intendentes consultados, no hubo consecuencias graves en ese sentido. Aprovecharon para anunciar que están ejecutando obras que ayuden a las poblaciones a adaptarse a lluvias tan extremas como las que cayeron en mayo pasado.Ratto informó que en San Antonio Areco están trabajando en el ensanchamiento del río Areco que pasa por la ciudad. "Es parte del Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades del gobierno provincial. En nuestro caso, la obra llevaba cinco años parada, pero ahora se reactivó", detalló el intendente. Las administraciones de Zárate y Campana también anunciaron que avanzan con medidas de adaptación de infraestructura a condiciones más extremas, aunque no especificaron cuáles. En la Argentina, en términos absolutos, llueve más que antes. Varios científicos confirmaron que en distintas partes del territorio las precipitaciones aumentaron en las últimas seis décadas. La situación tiene fuerte vinculación con el cambio climático global. En particular, el aumento de lluvias y de episodios intensos se registra en el centro, este y noreste del país. Y la región más crítica es la que se ubica alrededor del Río de la Plata y del Paraná. Un estudio publicado hace diez años por meteorólogos argentinos ya advertía que, en términos generales, hay más lluvia que antes. "En la zona centro y noreste vemos un aumento de 100 a 150 mm solo en la temporada de verano. Y por año hay casos como el de Entre Ríos, donde llueve de 200 a 300 mm más que hace 63 años", describió Matilde Rusticucci, especialista en cambio climático, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coautora de la investigación. Carlos Paoli, miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IAHR), denunció que desde este instituto llevan décadas advirtiendo la necesidad de medidas estructurales -obras hidráulicas- y no estructurales -sistemas de alerta por emergencia, comunicación y educación- para mitigar los efectos de las tormentas intensas, que son cada vez más frecuentes. De hecho, el experto destacó un estudio privado publicado en 1995 y dirigido al gobierno provincial que analizó la situación en los municipios de Campana y Zárate y recomendó una serie de obras para evitar que las crecidas del río afecten zonas habitadas y para aliviar el agua acumulada por la lluvia.El año pasado, el gobierno bonaerense publicó el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, que contempla el desembolso de 1,5 billones de pesos en obras de infraestructura dedicadas a aliviar, contener, encauzar o evitar el bloqueo de los ríos y afluentes con el único objetivo de mitigar las anegaciones e inundaciones.Este proyecto, según explicaron desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, es un plan rector. "Algunas de estas obras venían incluso de administraciones anteriores y otras empezaron este año", aclararon. En total se proyectan 130 iniciativas, de las cuales 14 están terminadas.
El testimonio de Daniela Reyes, una mujer de 29 años que enfrenta un cáncer extraño y complejo, expone en un caso que se viralizó en las redes sociales el impacto que produce la grave crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que afronta una deuda de $160.000 millones y mantiene cortadas las prestaciones médicas de alto costo, según coinciden varias denuncias de afiliados."Tengo cáncer de uraco con metástasis en los pulmones. El viernes me anunciaron que se cortó la obra social con mi oncólogo, un excelente profesional. Tengo que pagar las quimios. Me llegan los medicamentos, pero no sé cómo seguirá la situación con la interrupción de la obra social", relató Reyes, esposa de un militar, al propagar su reclamo en las redes.Reyes reveló que debía hacerse otro estudio, que Iosfa no le cubre. "Una videocolonoscopia, para ver si tengo metástasis en el colon también. Hay mucha gente que está pasando por esto". Al dar a conocer su caso, resumió: "Salí de la quimio y vine a la marcha porque quiero vivir", en referencia a una movilización frente a la sede central de Iosfa, en la calle Paso 551, que tuvo réplicas en delegaciones de varias provincias.También la Fundación Huésped denunció que el Gobierno "no está garantizando la entrega de medicación esencial para personas con HIV" y reclamó soluciones al ministro de Defensa, Luis Petri.La lista de afectados por la crisis de la obra social de los militares reúne a pacientes que necesitan remedios oncológicos, los que son sometidos a trasplantes, los pacientes que afrontan patologías crónicas severas y, en el caso de las personas con diabetes, los que son insulinodependientes.La problemática de la obra social se da en momentos en que más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad dejaron la fuerza en lo que va del año, principalmente a raíz de los bajos salarios.En la Armada las bajas afectaron la dotación de oficiales en algunas áreas técnicas claves, como el sector de máquinas, en las jerarquías de tenientes de fragata y tenientes de navío, dijo una fuente naval.La grave crisisEn la sede principal de Iosfa tienen sus oficinas el Directorio y la presidencia de la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que desde hace un mes ejerce la contadora Betina Surballe. Es la tercera titular de Iosfa en los 20 meses que lleva la gestión de Petri en Defensa. Sus antecesores Oscar Sagás y Roberto Fiochi renunciaron en medio de escándalos por la caótica situación de la entidad, que en diciembre de 2023 tenía sus cuentas en orden y hoy afronta un pasivo que crece en $19.000 millones por mes. En los ocho meses que duró la gestión de Fiochi se pidió un polémico préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), el organismo dedicado al pago de pensiones y retiros militares que entonces dirigía Surballe, ahora titular del Iosfa. A los pocos días de entrar en funciones en la obra social, Surballe le pidió al ministro Petri que relevara y cambiara a los representantes que las Fuerzas Armadas tienen en el Directorio de la obra social, que habían tenido conflictos con las gestiones anteriores.El préstamo por $40.000 millones se gestionó con un interés anual que, según se informó en una reunión del Directorio, inicialmente ascendía al 35% y finalmente se fijó en 52 por ciento. Y el monto es devuelto en cuotas mensuales por los propios afiliados a la obra social, lo que acrecienta el malestar en las filas castrenses.Con un padrón de 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y de IOMA. Se creó formalmente en 2013, a partir de un decreto de Cristina Kirchner que unificó las obras sociales que funcionaban por separado: el Instituto Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada y la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea.Hoy la obra social tocó fondo y así lo ratifica el testimonio de una afiliada que se presenta en X como @LiberSociologa, al revelar a comienzos de este mes que "Iosfa le debe plata al Centro Metropolitano de Ojos" y transmitir su queja porque la habían llamado para cancelar un turno que tenía con la oftalmóloga."Yo no entiendo cómo Iosfa le debe plata a sus prestadores con la guita que nos sacan a nosotros. Yo gano $837.000, con 15 años de antigüedad, siendo profesional y con cinco títulos universitarios, y me sacan de mi sueldo $60.000. Nos descuentan el 6%, cuando la ley dice que no nos pueden retener más del 3% para obras sociales". La afiliada advirtió que Iosfa no figura en la Superintendencia de Salud porque no es considerada una prepaga, ni una obra social. "Es un instituto, o sea es una chantada. Tenemos que pagar una prepaga aparte porque Iosfa siempre funcionó muy mal", alertó en las redes.Un drama que se intensificó en las últimas semanas es que la obra social de los militares no entrega medicación oncológica a sus afiliados. Distintas voces llaman a visibilizar esta grave problemática y piden ayuda. La hija de un suboficial mayor retirado, con el usuario @ForbetilP, replicó el mensaje en X y advirtió: "Mi papá está pasando por lo mismo, es una vergüenza".Julián Alvez relató también en X que hace dos semanas tomó un Uber y el conductor le contó que maneja un remise para llegar a fin de mes porque trabaja en la Armada -en un área muy especializada- y que gana $800.000. "El mes pasado les aumentaron $5000 y tiene que pagar su atención médica porque nadie le acepta Iosfa. Triste", compartió.
Por seguridad y tras el caos generado, la pasajera responsable del hámster fue desembarcada antes del despegue
El dato fue arrojado por un reciente informe elaborado por Civitatis, una plataforma de distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español. Leer más
El aspecto físico aparece como el principal motivo, según las respuestas de los estudiantes de sexto grado en la última prueba Aprender. Un nuevo informe plantea la necesidad de que las intervenciones asuman un enfoque "integral", que incorpore habilidades emocionales y más participación
En una nueva jornada de protestas a favor de los jubilados en los alrededores del Congreso y la Plaza de Mayo, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes y hubo complicaciones. Los manifestantes cortaron el tránsito, la Policía trató de impedirlo y se registraron forcejeos.El enfrentamiento comenzó alrededor de las 16.30, cuando diferentes agrupaciones exigían mejoras en los haberes de los jubilados, una nueva fórmula de movilidad y un aumento del bono. Los reclamos se dan justo cuando Javier Milei se dispone a vetar tres leyes sancionadas por el Parlamento. La primera, el incremento del 7,2% de haber jubilatorio y del bono, que pasará de $70.000 a $110.000. La segunda, que restituye una nueva moratoria previsional para que aquellas personas que están en edad de jubilarse, pero que no registran los 30 años de aportes obligatorios, puedan acceder a una jubilación mínima. La tercera, que dispone la emergencia en discapacidad y actualiza el pago a prestadores de estos servicios. Los manifestantes se concentraron en la Plaza del Congreso. Desde allí, tanto jubilados como organismos de derechos humanos hicieron a una radio abierta. "La acción se convoca contra la represión del gobierno y contra los vetos que Javier Milei dijo que iba a hacer del aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad", comunicaron en redes sociales organizaciones de la izquierda.Tras ello, las protestas se trasladaron hacia la Plaza de Mayo. Los manifestantes se movilizaron a pie por la Avenida de Mayo y fue en ese momento cuando se dieron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad presentes. Mientras que la Policía de la Ciudad se desplegó en las arterias por las que circularon las organizaciones, la Policía Federal y la Gendarmería se ubicaron en las inmediaciones del Congreso, donde extendieron un vallado. "Jubilados en lucha; que sientan la fuerza en la calle y en las urnas", decía un cartel que tenía una figura con los dedos en ve. Las protestas se prolongaron a lo largo de la tarde, hasta después de las 17, cuando la policía retomó el control de las calles. Hubo camiones hidrantes y una fuerte presencia de infantería. En marzo, en una de estas marchas a la que se sumaron hinchas y "barrabravas" de distintos equipos de fútbol y agrupaciones de izquierda, derivó en graves incidentes en las inmediaciones del Congreso. La movilización terminó con más de 120 manifestantes detenidos y una jubilada de 87 años, Beatriz Bianco, herida de consideración tras haber golpeado la cabeza contra el piso, como consecuencia de un empujón que le propinó un efectivo en la esquina de Callao y Rivadavia cuando quiso sacársela de encima. Ese mismo día, el fotorreportero, Pablo Grillo, recibió el impacto de una cápsula de gas en el cráneo. Fue intervenido de urgencia y tras una larga internación le dieron el alta en junio. La jueza María Servini prohibió salir del país al gendarme que disparó el proyectil, Héctor Guerrero.
El turismo, una de las industrias clave para la economía argentina, atraviesa un panorama crítico en el inicio de las vacaciones de invierno, con una ocupación hotelera a nivel nacional que no alcanza el 50% y una caída general del 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), expuso este martes, en diálogo con LN+, esas cifras y describió el escenario como una "tormenta perfecta".Turismo"Las reservas vienen complicadas para lo que ha sido este comienzo de las vacaciones de invierno. Estamos atravesando una especie de tormenta perfecta en la que el turismo receptivo no llega como solía llegar al país por una cuestión del tipo de cambio y el turismo interno que puede salir de viaje está eligiendo viajar al exterior porque lo ayuda el tipo de cambio", afirmó el directivo.En ese sentido, comentó que las expectativas iniciales, que apuntaban a niveles de entre el 70% y el 80%, quedaron muy lejos de la realidad actual. Esos números solo se observan en destinos muy específicos.Elías resaltó que la Patagonia, famosa por sus paisajes impresionantes y centros de esquí, logra eludir la tendencia negativa por el turismo brasileño: "Hay muchos brasileños que a pesar del tipo de cambio desfavorable eligen la nieve que ellos no tienen"."Pese a que la temporada arrancó tarde con la nieve hubo muy pocas cancelaciones. Bariloche y San Martín de Los Andes tienen mucha propuesta para reemplazar una eventual falta de nieve", explicó el vicepresidente de la AHT."Presión impositiva"Más allá del tipo de cambio, Elías resaltó otro problema como la verdadera causa de la crisis de competitividad del sector. "La falta de competitividad que tiene nuestro país en materia turística, que es la misma que tiene en materia textil o electrodoméstica, no tiene que ver con el tipo de cambio, eso solo podría emparchar la situación", opinó. El problema, insistió, "tiene que ver concretamente con la presión impositiva a la cual está sometido". "Pensemos que para una tarifa de hotel, de cada 100 pesos que se cobran, 60 son impuestos. Es muy difícil ser competitivo", enfatizó.Ante este panorama, Elías contó que la Asociación de Hoteles de Turismo ya inició conversaciones con funcionarios de la administración de Javier Milei para abordar la situación y lograr un repunte en el sector."Venimos trabajando con el gobierno nacional, el secretario de turismo y autoridades de Economía para proponer una baja sustantiva de impuestos para poder volver a ser competitivos y poder desarrollar esta actividad que es una de las más importantes términos económicos, que genere puestos de trabajo, llegada de inversiones e ingresos de divisas".
A principios de mes, en el acto conmemorativo por el 92° aniversario del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, primer presidente elegido por el voto popular, secreto y obligatorio (masculino) en la Argentina, el Instituto Nacional Yrigoyeneano formalizó su nueva sede en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), en Tucumán 1660. Hasta entonces funcionaba en el segundo piso de Montevideo 641, en un espacio "inhabitable", según dijeron sus autoridades a LA NACION. El cambio de sede tuvo lugar luego de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 345 y 346, en los que el Gobierno dispuso la disolución y fusión de institutos nacionales dedicados a la investigación histórica y otros organismos culturales. Entre estos, el Yrigoyeneano, fundado en junio de 1948.Artistas de la falsificación, un metier tan antiguo como el árbol del Edén"Luego de largos años de labor en un contexto de absoluta austeridad y casi sin recursos públicos más que los indispensables, siendo que la mayoría de los gastos originados para el cumplimiento de sus funciones resultan habitualmente sufragados por sus autoridades y miembros del cuerpo académico de investigadores e historiadores, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 345/2025, norma de jerarquía menor que además resulta a todas luces promiscuo y defectuoso en cuanto a técnica legislativa y redacción jurídica, ha dispuesto la disolución del Instituto Nacional Yrigoyeneano y su fusión con otras entidades, con el declamado argumento de la optimización y la reducción del gasto público", se lee en un comunicado publicado en redes sociales, en la Semana de Mayo.Como habíamos anticipado, comunicamos que hemos fijado sede del Instituto Nacional Yrigoyeneano en @UCRCapital Tucumán 1660, Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/h1mkBimTMy— Yrigoyeneano (@yrigoyeneano) July 14, 2025El acto tuvo lugar en la Biblioteca Ricardo Balbín y estuvo presidido por el titular del Instituto, el abogado, profesor e investigador Diego Barovero, y por el presidente de la UCR porteña, Martín Ocampo. Ese día, además, se oficializó la incorporación de nuevos académicos de número: la exvicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Elva Roulet, la diputada Inés Parry, la historiadora y escritora Edit Gallo, el diputado provincial entrerriano Fabián Rogel, el embajador Conrado Solari Yrigoyen y el dirigente Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación.La comisión directiva del Yrigoyeneano designó a sus dos secretarios -Adriana Malek y Miguel Mieres- para que soliciten a la Secretaría de Cultura de la Nación la restitución del patrimonio. Consultadas por este diario, fuentes del área de Cultura dijeron que primero debía hacerse un "listado de comprobación del inventario", y luego diferenciar donaciones (que pertenecerían al Estado si los donantes que aún viven no se oponen) de préstamos. "Es un largo proceso", acotaron.Barovero interrumpió el diálogo con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la historiadora Liliana Barela, tras un cruce más que ríspido por la devolución de la colección. Ella y la flamante directora del Museo Histórico Nacional tras el despido anticipado del historiador Gabriel Di Meglio, María Inés Rodríguez Aguilar, llegaron a la función pública hace décadas de la mano de Hernán Lombardi en tiempos de De la Rúa; ahora son descriptas como "radicales con peluca", por su afinidad con el Gobierno."Todavía tenemos que definir la cuestión del espacio para disponer del patrimonio -agrega Barovero sobre la colección del instituto, que consiste en medallas, libros, documentos, archivos iconograficos y otros objetos, de los que actualmente no disponen-. Lo importante es la capacidad que tiene la nueva sede para convocar reuniones tanto directivas como de carácter público, ya que desde que el Gobierno nos había mudado a la sede que compartíamos con Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas [en Montevideo 641] nunca nos hicieron obra de puesta en valor y era imposible entrar a trabajar ni tener reuniones y menos con público".La página web del organismo, que sigue activa, pertenece al Estado; no obstante, las autoridades del Yrigoyeneano anticiparon que migrarán el contenido a otro dominio.Si los decretos 345 y 346 son rechazados por el Congreso, los institutos volverían a ser nacionales.
La senadora del Centro Democrático solicitó la dimisión de Carlos Rosero luego de que el presidente Gustavo Petro señalara bloqueos internos en el Ministerio de Igualdad durante el último Consejo de Ministros
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor, explicó por la 750 qué hay detrás de la nueva suba del colectivo.
Un operativo de control migratorio encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), culminó con decenas de detenidos el pasado jueves 10 de julio en una granja en Camarillo, California. El despliegue, ocurrido en terrenos de la empresa Glass House Farms, derivó en tensos enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes que llegaron al lugar en defensa de los trabajadores.¿Qué pasó en la plantación agrícola del condado de Ventura?Videos difundidos en redes sociales e informes de medios de comunicación locales documentaron el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes, así como a empleados agrícolas que huían o se refugiaban en las instalaciones por temor a ser arrestados. A partir del mediodía del 10 de julio, la situación se intensificó con la llegada de cientos de personas que expresaron su rechazo al operativo, de las cuales varias fueron arrestadas.Imagenes de medios locales muestran el epicentro de una nueva redada del ICE y enfrentamientos con migrantesLa secretaria de seguridad nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó que el operativo del ICE, que resultó, según detalla, en el rescate de 14 niños del posible trabajo forzado, explotación y trata, concluyó con 319 inmigrantes ilegales arrestados. "Los oficiales se enfrentaron a ataques, violencia e incluso a disparos", agregó en X.Uno de los detenidos fue Jonathan Caravello, profesor de filosofía y matemáticas en la Universidad Estatal de California, Channel Islands, mientras participaba en la manifestación. "No sabemos cómo está ni cuándo será liberado", dijo Nichelle Henderson, de la Universidad Estatal de California en Fresno, en una entrevista con Telemundo. "Este es un momento de solidaridad, para que todos nos unamos, ya sea que pertenezcan a un sindicato, independientemente de su cultura, etnia u origen", enfatizó.Profesor universitario detenido en protesta contra ICECaravello, ciudadano estadounidense, fue arrestado durante la protesta realizada frente a la plantación donde se ejecutaba la redada. Según testigos, el docente fue interceptado por agentes federales después de intentar retirar un cartucho de gas lacrimógeno que se había alojado debajo de la silla de ruedas de un manifestante.En un comunicado, Angelmarie Taylor, alumna de Caravello, explicó que los agentes dispararon gas lacrimógeno sin previo aviso. "No nos dieron una orden de dispersión. No dijeron nada", recordó.Otra de sus alumnas publicó en Instagram que Caravello "fue secuestrado por agentes de ICE" con muchas otras personas. Estudiantes y colegas del profesor aseguraron que varios agentes lo retuvieron cuando su intención era ayudar a una persona con discapacidad afectada por el humo.A pesar de esto, las autoridades lo acusaron de haber lanzado el artefacto hacia los oficiales. "El profesor Jonathan Caravello no fue 'secuestrado' por agentes federales. Fue arrestado por lanzar una bomba de gas lacrimógeno contra las fuerzas del orden", publicó en X el fiscal estadounidense para el Distrito Central de California, Bill Essayli. "Está acusado de violar el artículo 111 del Título 18 del Código de los Estados Unidos y comparecerá ante el tribunal", informó.Actualmente, el académico se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles y deberá presentarse ante un tribunal federal. Mientras tanto, la comunidad educativa y organizaciones sindicales han iniciado acciones públicas y legales para exigir su liberación.Manifestaciones en Los Ángeles y apoyo sindical al profesor detenidoEl domingo posterior a la redada, miembros de la Asociación de Profesores de California organizaron una vigilia frente al centro de detención en Los Ángeles. "Condenamos enérgicamente el secuestro del profesor y otros miembros de la comunidad arrestados por las autoridades federales mientras ejercían sus derechos constitucionales de protestar pacíficamente", publicaron en un comunicado oficial.Vigilia frente a un centro de detención en Los Angeles tras el arresto de un profesorLa declaración también expresó preocupación por lo que calificaron como un patrón de represión hacia quienes ejercen sus derechos cívicos. La advertencia se enfocó especialmente en el contexto de operativos federales de control migratorio. La organización reiteró su respaldo a Caravello y exigió transparencia sobre su situación jurídica.Por su parte, la administración de CSU Channel Islands confirmó estar al tanto del arresto del profesor y manifestó estar recabando información para evaluar los hechos. "En este momento, entendemos que Caravello participaba pacíficamente en una protesta, un acto protegido por la Primera Enmienda y un derecho garantizado a todos los estadounidenses", publicaron. La institución también subrayó su compromiso con la libertad de expresión y el debido proceso, además de expresar preocupación por los acontecimientos recientes.Organizaciones como la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), también se sumaron a los pronunciamientos y solicitaron una investigación exhaustiva del caso en conjunto con una representación legal para el docente.Las manifestaciones en apoyo a Caravello continúan, mientras sus colegas se mantienen activos en la exigencia de su liberación, al tiempo que cuestionan la manera en que se llevan a cabo los operativos migratorios en California.
La magistrada del distrito sur de Manhattan llamó a las partes a comparecer con el objetivo destrabar el conflicto por la entrega de información de entidades públicas argentinas. Leer más
El ciudadano que increpó al ministro fue retirado por efectivos de la Policía. Pese al incidente, César Vásquez continuó con su discurso
Trabajadores de la empresa Georgalos realizaban una protesta este martes en la Panamericana, a la altura de Victoria, en reclamo de cinco empleados despedidos, lo que provocó incidentes con la Gendarmería apostada en el lugar, que incluyeron golpes y gas pimienta. Por la protesta, se mantiene inhabilitada la subida desde la Avenida Uruguay y el clima es de tensión permanente entre Gendarmería, que por momentos avanza, y los trabajadores, que se mantienen en el lugar. Noticia en desarrollo
El vocero de la Arquidiócesis, Munir Bracco, reclama una acción pastoral urgente ante la desigualdad creciente que golpea a los barrios más humildes de la ciudad. Leer más
Son Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Nacho Torres (Chubut).La obra permitirá sumar más de 12.000 conexiones de gas en 25 localidades.
Los fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 le pidieron a Justicia de Estados Unidos cobrar también la indemnización con acciones de YPF. La orden "me too" (yo también) se presentó ayer, luego de que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, sorprendiera con la orden que dispone que el Estado argentino debe girar el 51% de sus acciones de YPF para pagar dos litigios en Estados Unidos.Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos -más conocidos como holdouts- que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos argentinos que hay en el exterior.Estos son los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos están representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management."Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores", dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.La jueza Preska ordenó el lunes al país que pague con las acciones de YPF las sentencias de primera instancia por la expropiación de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, y por la deuda en default de 2001 que está en manos del fondo Bainbridge Fund."Vuelve un clásico: los me too. Quedan solo dos fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda de [Nésto] rKirchner y [Mauricio] Macri y tienen sentencias firmes por el default de 2001. Preska ya dictó en favor de uno, Bainbridge (US$95 millones) una orden igual a la que obtuvo Burford por YPF, y ayer el otro, el grupo liderado por Attestor (US$259 millones), le pidió a Preska lo mismo", dijo Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior."Si la Cámara de Apelaciones de Nueva York no revoca el fallo sin precedentes de Preska (objetado hasta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos), sus consecuencias serán globales y pondrán en riesgo futuras reestructuraciones de deuda soberana de cualquier otro país", agregó.Pese a que el artículo 10 de la ley 26.741 de la expropiación de YPF prohíbe al Gobierno transferir las acciones de la petrolera, la jueza Preska dijo en su fallo del lunes que "no hay ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera [la transferencia de] dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país".En otra parte del escrito, la magistrada fue más directa con relación a la ley argentina que prohíbe la transferencia de acciones: "La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos, (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes".Y agrega: "Los gobiernos extranjeros no pueden simplemente invalidar las excepciones a la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), al invocar su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que el derecho extranjero controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, todo estado extranjero podría declararse invulnerable a las sentencias judiciales en los tribunales estadounidenses con solo aprobar una ley que exigiera su propia aprobación para cualquier transferencia de su propiedad".El martes, el Gobierno presentó un escrito ante la jueza de Nueva York en el que pidió la suspensión de la orden hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. En paralelo, dijeron que están diseñando la apelación sobre la cuestión de fondo, que se presentará antes de mediados de mes. A la espera de esta apelación, de manera paralela, la Argentina ya había apelado el fallo de primera instancia por la expropiación de YPF, que la obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.Los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, apelaron también porque quieren que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino pidió que se revise la sentencia.La historia de la deuda en defaultEn abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020, el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitres que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.
El pronunciamiento fue suscrito por los jefes de la diplomacia de Colombia, España, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Eslovenia, Islandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal y Uruguay
Los llamados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) suelen asociarse a la palabra discrecionalidad. En efecto, los sucesivos gobiernos han repartido entre las provincias este fondo millonario a su total arbitrio, a menudo según su el grado de afinidad que muestre el gobernador con la administración de turno. Pero la discrecionalidad no termina allí pues, pese a que se trata de recursos coparticipables, la Nación suele retener para sí la mayor parte de esta caja y no la distribuye. Inquietos por la caída en las transferencias automáticas que reciben por coparticipación, los 24 gobernadores decidieron estrechar filas y le reclaman al Gobierno que reparta la totalidad de los recursos que, sostienen, les corresponde. Este fondo se nutre del 1% de la masa coparticipable; del 2% de lo producido por el impuesto a las Ganancias y poco menos del 1% de la recaudación de Bienes Personales. Según datos de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en los primeros cinco meses de este año este fondo recaudó $365.062 millones; sin embargo, solo ejecutó $94.000 millones (25,7%) de acuerdo al último dato actualizado del Ministerio de Economía. Un informe de la consultora Politikon Chaco advierte que el año pasado, el primero de la gestión de Javier Milei, el Gobierno apenas repartió el 7% del fondo de ATN. ¿Qué sucedió con los remanentes? Según respondió la Jefatura de Gabinete en su último informe que presentó al Senado, "integran el saldo de la cuenta escritural al cierre del período 2024". Dicho en otras palabras, quedaron en manos del Tesoro Nacional. "Si consideramos solamente los remanentes durante la actual gestión de gobierno, totaliza $1,2 billones a precios actuales: $0,9 billones del 2024 y $0,3 billones del parcial 2025", señala el informe de Politikon. En rigor, esta práctica -la de limitar el reparto de los ATN por parte de la Nación- ha sido usual en todos los gobiernos anteriores al de Milei. Originalmente este fondo fue concebido en la ley de coparticipación para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias y es Ministerio del Interior el encargado de su asignación. Empero, desde el gobierno de Carlos Menem en adelante los ATN fueron distribuidos de manera discrecional entre las provincias. Según el informe de Politikon Chaco, entre 2017 y 2024 se distribuyó solamente el 32% del Fondo ATN aunque, señala, el grado de distribución varía mucho según el año. "Entre 2017 y 2019, la distribución fue in decrescendo: se repartió el 18% del fondo ATN en 2017, bajó al 16% en 2018 y al 8% en 2019 -precisa la consultora- En 2020 se distribuyeron ATN por un monto que fue casi el doble de lo que originalmente se había conformado en el Fondo (196%). Esto se debió a las mayores necesidades de asistencia a las provincias en el contexto e la pandemia. Para cubrir ese excedente por encima del fondo legalmente previsto, se utilizaron remanentes acumulados de ejercicios anteriores". "A partir de 2021 volvió a evidenciarse una subejecución del Fondo de ATN: se distribuyó solo el 70% del fondo conformado ese año, el 26% en 2022 y el 78% en 2023", indica. La motosierra del presidente Milei, sin embargo, fue impiadosa y el año pasado solo se ejecutó el 7% de ese fondo. Las provincias patalearon, algunos gobernadores insinuaron pelear por esos recursos durante la discusión del presupuesto 2025 pero la Casa Rosada clausuró el debate y prorrogó, por segunda vez consecutiva, el presupuesto 2023. Los gobernadores decidieron volver a la carga y el lunes último, tras reunirse en el CFI, amenazaron con presentar un proyecto de ley para que estos fondos se distribuyan "de manera automática y diaria"; de esta manera, pretenden quitarle el monopolio del reparto a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, actualmente a cargo. El gobierno nacional acusó recibo de la presión y abrió, aunque tímidamente por ahora, la billetera: el martes pasado emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) -el 425/2025-, por el cual aumentó el monto a repartir de los ATN en $70.000 millones. Reparto desigualLa discrecionalidad en torno a los ATN no solo se observa en la retención arbitraria de los fondos por parte de la Nación, sino también en la distribución de los recursos entre las provincias acorde a su cercanía al gobierno nacional. Otra práctica usual de todos los gobiernos. "Entre 2017 y 2023 todas las jurisdicciones recibieron ATN por lo menos en uno de los años de ese período -señala el informe de Politikon-. Buenos Aires (15,5% del total), Santa Fe (8,7%) y Córdoba (7,9%) fueron las provincias que más fondos captaron por este mecanismo, seguidos de cerca por Chaco (5,3%) y Tucumán (5,0%). En el extremo opuesto, Neuquén (2,2%), Tierra del Fuego (1,4%) y CABA (0,2%) fueron los que menos recibieron sobre el total distribuido en ese período".En lo que va de la gestión de Milei, la provincia más beneficiada en la distribución de ATN ha sido Misiones, cuyos legisladores supieron acompañar cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Incluso la decisión de frustrar la sanción de la ley de ficha limpia en el Senado. Según el último informe de la Jefatura de Gabinete al Senado, el ránking de provincias beneficiadas con ATN son las siguientes: Misiones: $16.000 millones entre 2024 y 2025. Emergencias alimentaria, hídrica e ígnea.Salta: $15.500 millones entre 2024 y 2025. Emergencias climática, hídrica, socio sanitaria. Neuquén: $15.000 millones en 2025. Emergencia ígnea.Tucumán: $11.500 millones entre 2024 y 2025. Emergencias hídricas y sociales. Chubut: $11.500 millones entre 2024 y 2025. Emergencias climáticas e ígneas. Buenos Aires: $10.000 millones en 2025. Emergencia por inundaciones. En los últimos puestos del ránking se ubican la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La mayoría de ellas provincias de neto cuño opositor que, hasta ahora, no recibieron un peso de este fondo.
Paola Valeria Pérez Cáceres, trabajadora administrativa del Ministerio de Defensa, cuestionó a la ministra de Seguridad por no recibirlos durante el acto de adjudicación: "Queríamos expresarle que es una grave usurpación", contó en la 750.
CÓRDOBA.- El diputado nacional radical Rodrigo de Loredo generó una polémica en el ambiente político partidario cordobés al difundir en sus redes sociales un video generado con inteligencia artificial (IA) que emula un discurso del gobernador Martín Llaryora. "Cordoversismo. Peronismo. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA". Así lo presentó el legislador al subirlo a su cuenta.Aunque hubo críticas desde el peronismo cordobés, por el momento no se tomó la decisión de llevar el tema a los tribunales. Incluso Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Unicameral, afirmó que espera que "actúe de oficio" la Justicia. El video que posteó De Loredo sobre Llaryora hecho con IACalificó lo hecho por De Loredo como "vergonzoso, inaceptable e inmoral". Y dijo: "Pero además, constituye un delito. Ninguna persona -y mucho menos un diputado nacional- puede utilizar la voz, el rostro o la imagen de otra, y menos aún la del gobernador de una provincia, para hacerle decir lo que no dijo, para hacerlo mentir o inducir a la sociedad al rechazo, como claramente busca, a través de un engaño deliberado hacia quienes lo están mirando".De Loredo dijo, sobre la IA: "Es un nuevo envase tecnológico que ayuda a llegar con un mensaje claro y con algo de ironía. Permite construir el discurso político en un nuevo formato. Porque el video es eso, un nuevo formato". De Loredo comparó el video que hizo con una viñeta humorística. "Si dibujan a Llaryora diciendo tal o cual cosa, todos sabemos que es un formato alternativo para opinar", afirmó. También planteó que su posteo aclara varias veces que es IA. "No hay ningún engaño, todo el mundo se da cuenta de que es IA", dijo.La imagen original es de un acto de Llaryora de abril de este año. La Mesa Provincia Municipios, con la firma de algunos intendentes de la UCR, sacó un comunicado repudiando el accionar del diputado. Plantearon que "constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una grave falta ética que daña la institucionalidad, el diálogo democrático y atenta contra la buena fe".ð??£ ¡Repudio total al uso de inteligencia artificial para mentir y engañar!Lo que hizo el diputado nacional Rodrigo de Loredo es vergonzoso, inaceptable e inmoral. Pero además, constituye un delito. Ninguna persona â??y mucho menos un diputado nacionalâ?? puede utilizar la voz, elâ?¦— Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) June 24, 2025En sus argumentaciones sobre por qué usó la estrategia, De Loredo añadió que "el objetivo es poner al descubierto lo que realmente Llaryora piensa y hace, pero que disimula detrás de un discurso mentiroso". Afirmó: "Después de todo, ¡con Inteligencia Artificial logramos que Llaryora diga la verdad! El Llaryora Real tiene la provincia hecha un desastre, pero la echa la culpa de todo al gobierno nacional".El diputado radical termina su mandato en el Congreso este año y todavía no definió qué hará. Aseguró, en distintas oportunidades, que esa decisión saldrá de las conversaciones que mantiene con el sector de la UCR al que pertenece. Ha tenido contactos con La Libertad Avanza (LLA), pero tampoco la fuerza en Córdoba tiene resoluciones sobre su lista. Aunque siempre se aseguró que prefiere candidatos "puros", en su visita a Córdoba, el lunes, Guillermo Francos relativizó esa estrategia.Críticas"Lamento profundamente que un joven dirigente como De Loredo utilice las herramientas más viejas y desprestigiadas de la política: el engaño, la mentira, el delito y la inmoralidad, para intentar meterse en una lista de diputados nacionales -afirmó Siciliano-. También espero que el bloque radical en su conjunto en la legislatura, y el bloque de diputados nacionales que él preside -así como lo hicieron los intendentes- le exija a De Loredo que se retracte, que pida disculpas públicas y que elimine semejante barbaridad de sus redes".La polémica llega poco después de un mes de que, en la campaña de las elecciones legislativas porteñas, los libertarios subieran a las redes videos falsos de Mauricio Macri que terminaron en denuncias penales presentadas por Pro. En esos casos, no se aclaraba que eran hechos con IA.
Se trata de cuatro fondos de inversión que lograron un fallo a favor del Tribunal Supremo de Londres, por los cupones atados al Producto Bruto emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2005 y 2010. Leer más
La CEA reclamó respaldo en las tareas de asistencia a jóvenes con problemas de consumo. En Rosario piden poner el foco en los eslabones superiores de la cadena.
Los tenedores de bonos atados al PBI, que el año pasado ganaron un juicio contra la Argentina en tribunales británicos, presentaron hoy una nueva demanda, esta vez en Estados Unidos. Reclaman el pago de una indemnización de â?¬1330 millones (unos US$1443 millones) que el Gobierno todavía no abonó.Algunos de estos acreedores se presentaron ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., con el objetivo de que la Justicia estadounidense reconozca la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Londres. Aunque en su momento el Gobierno argentino intentó apelar ante instancias superiores, tanto el Tribunal de Apelaciones de Londres como la Corte Suprema británica rechazaron el pedido y dejaron firme el fallo de primera instancia en octubre de 2024. Se trata del quinto litigio más relevante para el país en términos del monto a pagar, según dijeron en su momento fuentes oficiales.Desde entonces, el Estado argentino no cumplió con el pago ordenado por la Justicia. Si bien ya se ejecutó una garantía de â?¬313 millones (unos US$325 millones) que el país había depositado en marzo de 2024 para poder apelar â??sin éxitoâ??, aún resta cancelar unos â?¬1000 millones (US$1150 millones).Ahora, los bonistas recurrieron al mismo tribunal estadounidense al que había acudido Titan Consortium, el fondo que aún espera cobrar una indemnización de US$327 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, ordenada por el Ciadi â??el tribunal arbitral del Banco Mundialâ??."A pesar de no contar con más vías de apelación, la Argentina no ha presentado a los demandantes ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le fueron acercadas", afirmaron hoy los bonistas, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.La firma recordó además que la Argentina, en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a realizar "esfuerzos activos y de buena fe" para resolver estos casos judiciales. Sin embargo, advirtió: "No hay negociaciones en curso y, si la Argentina dijo que sí, esa afirmación fue incorrecta"."El programa con el FMI establece como objetivo explícito el retorno al acceso a los mercados internacionales, algo que requiere el respaldo de los acreedores. Pero no debería â??ni podríaâ?? haber acceso efectivo mientras el país siga incumpliendo las sentencias emitidas por la Justicia inglesa", agregaron los abogados.Historia del casoEl cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. El ministro era Axel Kicillof. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo era necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que los títulos deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI -que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993- fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. "Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país", indicaron.En cambio, los cuatro fondos argumentaron que la Argentina debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta 2035, según afirmó Aidan O'Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.
El gobernador de Chaco defendió recortes en becas y acusó a piqueteros de "querer sostener curros políticos" Leer más
Sheinbaum aseguró que ya se comenzó a normalizar el pago a proveedores, tras la inyección de 147 mil millones de pesos
A dos años de las protestas contra la reforma regresiva impulsada por el ahora exgobernador Gerardo Morales, comunidades indígenas y otras organizaciones de Jujuy exigen que se investigue a los represores y se manifestaron en rechazo de la expansión minera y en defensa del agua.
Personal de la planta recicladora denuncia explotación laboral. Según indicaron, trabajan sin la correcta registración, sin protección adecuada y manipulan residuos tóxicos de la agroindustria. Exigen respuestas urgentes.
Ante el aumento de las importaciones, el sector porcino reclamó frenar el ingreso de carne de cerdo con ractopamina y advirtió sobre una competencia desleal. Durante una conferencia organizada por la Mesa de las Carnes, donde se analizó la situación actual del sector, Daniel Fenoglio, representante de la Federación Porcina Argentina, pidió que se prohíba de manera definitiva el ingreso de carne porcina con ractopamina, un aditivo prohibido en más de 160 países, pero aún permitido en las importaciones del producto que llega a la Argentina. No implica riesgos para la salud humana, pero abarata costos de producción que, indican en la actividad, plantea una competencia desleal.La ractopamina es un promotor de crecimiento que permite obtener más carne magra en menos tiempo. El dirigente explicó que su uso está prohibido en la producción local desde 2006 y vetado en gran parte del mundo, incluidos mercados clave como la Unión Europea, China y Rusia. Sin embargo, aseguró que sigue siendo autorizada por la normativa argentina para productos importados. "No queremos que se permita usar acá porque nos parece totalmente anacrónico", dijo.Según detalló el dirigente, Brasil exporta carne porcina sin ractopamina a los países que la prohíben, pero sí la utiliza para enviar cortes a la Argentina y Uruguay, generando una "competencia desleal" al abaratar costos entre un 5% y un 10%. "Nos parece que, en un mundo que va hacia un menor consumo de promotores, hacia una carne más natural, no tiene sentido permitirla", afirmó. Y agregó: "Lo que Brasil exporta a China o Filipinas es sin ractopamina. Solo exporta con ractopamina a la Argentina y Uruguay"."Probablemente la semana que viene": se atrasa la reforma en el INTA y hay incertidumbre sobre qué hará el GobiernoEl reclamo se da en un contexto de fuerte crecimiento del volumen de carne porcina importada. "Este año ya superamos lo del año pasado y vamos camino a una importación similar a las más grandes de la década del 90, y la mayor parte viene justamente de Brasil", insistió Fenoglio. En rigor, el vecino país tiene un rol predominante en las importaciones de carne porcina que llegan a la Argentina. Solo en mayo de 2025, el 94,95% del volumen importado provino de Brasil, lo que representó aproximadamente 5.367.000 kilos netos sobre un total mensual de 5.647.790 kilos. En tanto, entre enero y mayo, las importaciones totales sumaron 25.756.975 kilos, por un valor de US$77.768.153, y la mayor parte también tuvo origen brasileño. Frente a este escenario se renovó el pedido para que el Gobierno prohíba el ingreso de carne con ese promotor, un planteo que â??según Fenoglioâ?? ya fue presentado ante el Senasa y el Gobierno. "El primer paso sería dar de baja esa resolución que la autoriza. Es lo más fácil, porque la das de baja y automáticamente no puede entrar nada con ractopamina", sostuvo.Por otro lado, respecto a la situación del sector, Fenoglio detalló que este fue un año atípico. "Normalmente el precio del cerdo se estanca o cae, pero este año tuvimos muy buen consumo. Ahora en mayo o junio empezó a caer drásticamente y el precio quedó estancado", dijo. A pesar de eso, estimó que la producción cerrará 2025 con un crecimiento superior al 5%.Explicó que el sector trabaja en cuatro ejes: comercio exterior, promoción del consumo, mejoras sanitarias e inversión. En cuanto al primero señaló que actualmente tienen mercados interesados, los mismos a los que Brasil manda el 64% de su exportación, pero aún hay plantas argentinas que no están habilitadas para exportar.En el plano sanitario detalló que se está avanzando en un plan para erradicar el virus de Aujeszky, una enfermedad endémica en la Argentina. El plan será financiado por la producción, ya que el Estado "no tiene fondos para ello". También se refirió a la presión impositiva. Detalló que el cerdo tiene un IVA del 10,5%, pero la mayoría de los insumos tributan al 21%, lo que genera saldos a favor que no se recuperan. "Esto termina siendo un sobrecosto, especialmente cuando hay inversiones", explicó.Por último, destacó los esfuerzos de promoción del consumo interno, con foco en cortes que habitualmente se destinan a la industria chacinadora, como la pata y la paleta, para contrarrestar los bajones estacionales en la demanda. "Esta promoción también se hace con fondos propios. No hay un instituto obligatorio, son fondos voluntarios y escasos de los productores", cerró.También participó del encuentro Francisco Do Pico, de la Cámara de la Industria de Chacinados y Carnes del Cerdo (Caicha), quien destacó que el sector lleva ocho meses de recuperación del consumo y volvió a niveles similares a 2022. "Tanto la carne de cerdo como los chacinados vienen creciendo, aunque estos últimos muestran un mejor desempeño", dijo. En los primeros cinco meses del año, el sector creció un 7,5% respecto al mismo período del año anterior.Do Pico destacó, además, la reciente apertura del mercado de Filipinas para exportaciones porcinas y manifestó la expectativa de que se habilite también el envío de menudencias. "El canciller anunció que ya está todo listo para la firma, a la espera â??entendemosâ?? de una visita presidencial a ese país", comentó."Restablecer el marco de libertad": el Gobierno le puso fin a la obligación del peso mínimo para faenar ganadoEn relación con las importaciones coincidió con Fenoglio en que es un tema que debe seguirse de cerca. "Este año crecieron más de un 400%, lo cual es un dato relevante. Por ahora no lo vemos como una amenaza concreta en el segmento de los chacinados, pero claramente es un tema a monitorear, y apoyamos el pedido de la Federación respecto a la recategorización impositiva", concluyó.
Los registros de la Administración del Seguro Social EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) han dado muestra del aumento de solicitudes de las prestaciones por jubilación. La situación, por una parte, es atribuida al miedo e incertidumbre de los recientes recortes de personal y el cambio de políticas del gobierno de Donald Trump.Los estadounidenses solicitan su jubilación anticipadamente: cifras récordSegún datos de la SSA, analizados por The Wall Street Journal, al cierre de marzo de 2025 había 580,887 solicitudes pendientes de beneficios de jubilación, supervivencia y seguro médico, un aumento notable frente a las 500,527 registradas el año anterior.El medio señala que si bien es probable que varios factores contribuyeran al incremento, los funcionarios de la agencia señalaron en una reunión celebrada el 28 de marzo que "el alarmismo ha impulsado a las personas a solicitar las prestaciones antes de tiempo".Un análisis de datos de solicitudes del centro de estudios Urban Institute, indica que el propio comisionado interino de la SSA señaló, hace unos meses, que los cambios en la agencia liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), lo que incluye las reducciones de personal y nuevas políticas, probablemente han generado temor y confusión entre solicitantes y beneficiarios.El informe de Urban Institute, que verificó datos públicos de la SSA, también muestra que el primer semestre del año fiscal 2025, el número de personas que solicitó prestaciones de jubilación aumentó de forma histórica. Entre octubre y abril, se presentaron más de 276 mil solicitudes adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 13%.Asimismo, advierte que de acuerdo a las proyecciones de la agencia, de mantenerse esta tendencia, se podrían alcanzar cerca de 4 millones de solicitudes en línea en todo el año fiscal, lo que supondría un aumento del 15% respecto al año fiscal 2024. Para dimensionar el salto, entre 2012 y 2024 las solicitudes crecieron en promedio solo un 3% anual.Miedo a su futuro: las causas que impulsan el aumento Max Richtman, presidente del Comité Nacional para la Preservación de la Seguridad Social y Medicare, precisó en una entrevista con CBS que muchas personas actúan por miedo ante posibles cambios políticos. "He asistido a varias asambleas públicas en todo el país y muchas personas han preguntado si deberían solicitar beneficios anticipadamente dada la interferencia de Trump y [Elon] Musk en el sistema", dijo Richtman.El medio citado consultó a la SSA, quien identificó tres factores detrás del aumento de peticiones de este año: El envejecimiento de los baby boomers que están alcanzando los 65 años;La entrada en vigor de la Ley de Equidad del Seguro Social; y Una campaña informativa que alertó a cónyuges y sobrevivientes de que podrían acceder a mayores beneficios si solicitaban prestaciones al utilizar su propio historial laboral.Sin embargo, el centro de estudios expresó que el cambio demográfico generado por la generación del baby boom no basta para explicar por completo el aumento de solicitudes de este año.Riesgos de solicitar anticipadamente el Seguro SocialA pesar del temor generalizado, los expertos en políticas sociales insisten en que solicitar el Seguro Social antes de la edad plena de jubilación puede resultar contraproducente. Actualmente, una persona que solicita beneficios a los 62 años recibe aproximadamente un 30% menos que si espera hasta los 67 años, y un 24% adicional si logra esperar hasta los 70."El miedo es comprensible. Pero aconsejamos a los trabajadores que no soliciten anticipadamente por temor. Esto reduce sus beneficios de por vida", explicó Richtman, del Comité Nacional para la Preservación de la Seguridad Social y Medicare.Ante el creciente número de solicitudes impulsadas por el miedo, el comité compartió una serie de consejos de su experta principal en Seguridad Social, María Freese, para proteger tanto los beneficios como la información personal:Crear una cuenta "Mi Seguridad Social" en el sitio web de la SSA, para gestionar beneficios sin depender de llamadas telefónicas o visitas a oficinas locales.Descargar y guardar el registro de ingresos personales en un lugar seguro.Revisar transacciones financieras e historial crediticio con regularidad.Verificar la identidad en persona en las oficinas del Seguro Social, como medida de seguridad en caso de no poder usar el sistema en línea.En medio de especulaciones políticas y temores generalizados, los expertos insisten en la importancia de tomar decisiones informadas y basadas en cálculos a largo plazo. Solicitar beneficios de forma precipitada puede implicar pérdidas económicas significativas durante la jubilación.
El abogado de la familia asegura que si los médicos hubieran realizado al hombre pruebas complementarias, habría tenido un diagnóstico temprano
A partir de la confirmación de 34 casos de sarampión en el país, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por el aumento de casos detectados en el ámbito de la atención sanitaria. Y la organización recordó "a la vacunación como la única herramienta efectiva para evitar una epidemia".Fuentes de la entidad manifestaron que "se trata de una problemática por demás invisibilizada, la cual se viene propagando de manera alarmante en toda la sociedad". Ante este panorama, la asociación destaca "la necesidad de reclamar a las autoridades sanitarias la puesta en marcha de urgentes campañas de promoción de la vacunación, de modo de ayudar a revertir cuanto antes este flagelo, el cual arrojará funestas consecuencias sanitarias, de no realizarse acciones en tal sentido cuanto antes". La enfermedadEl sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de cinco años, inmunosuprimidos o desnutridos, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis posinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento, o incluso causar la muerte. El virus se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por dos horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, solo medidas de sostén clínico y de sus complicaciones.Quiénes deberían vacunarse Desde el Colegio de Médicos se recordó:Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación: De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viralMayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. El antecedente de vacunación se deberá constatar a través del registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación donde conste el esquema completo para sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación. Se recomienda contar con esquema de vacunación adecuado antes de realizar un viaje
En una carta pública, la Asociación de Suboficiales manifestó su indignación por las declaraciones del ministro en el Congreso, denunció la postergación salarial y advirtió sobre la grave situación del IOSFA. Leer más
Fue planteado durante un evento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Expresaron que Google, Meta y la Inteligencia Artificial "monopolizan" la información, a la vez que pidieron soluciones justas para el sector. Leer más
La comunidad educativa marchó este martes al Concejo Deliberante de Mendiolaza para exigir soluciones a la falta de espacio, un problema que arrastran desde 2021. Denuncian que las clases se dictan en condiciones precarias, con aulas improvisadas en laboratorios y comedores. Leer más
Daniel, trabajador de la feria desde hace 25 años, explicó por la 750 qué hay detrás de la clausura y por qué es un error que se involucre a los trabajadores en la causa judicial.
Claudio Vidal se refirió al conflicto paritario que vive Santa Cruz y remarcó: "Muchos se quejan, pero nadie se va del Estado, todos se quieren quedar en el Estado". Leer más