reclaman
Grandes supermercados le reclaman a Caputo que dos provincias y CABA cobren Ingresos Brutos a las billeteras virtuales
El objetivo es que se adhieran al sistema que les descuenta los impuestos a los pagos recibidos vía código QR o transferencias. Señalan que comercios informales sólo utilizan esos medios de cobro. Leer más
Clínicas privadas suspenden la atención a afiliados al PAMI: qué le reclaman a la obra social y al Gobierno
Un grupo de entidades que reúnen a centros de salud anunció que se suspenderá la atención a afiliados al PAMI por 48 horas en clínicas privadas. Será el miércoles y el jueves próximos (21 y 22 de este mes), en reclamo de una actualización de los montos cobrados por los servicios y de cambios en las condiciones en los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para determinadas prácticas en cada institución. Con la medida de suspensión -que no alcanza a la atención de emergencias-, las entidades dicen buscar "una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones" y evitar un mayor deterioro que, según indican, no se limitaría a la población del PAMI, sino que se extendería al sistema sanitario en general. Según dijeron a LA NACION fuentes del sector, entre diciembre de 2023 y julio de este año, al tiempo que la inflación general fue de 241,8%, la cápita que paga el PAMI subió nominalmente un 110,55% en promedio. Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles quedara empatada con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el actual Gobierno. Sin embargo, el retraso se acumula desde antes. Según cálculos basados en un informe sectorial, lo pagado por la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para equiparar la inflación que hubo hasta junio pasado desde el inicio de 2023 (el año en el que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del Indec, avanzó un 211,4%).La suspensión de servicios por 48 horas fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En total, esas instituciones representan a más de 100 entidades de diferentes partes del país. "La decisión llega después de muchos meses de gestiones en los que no prosperaron las instancias de diálogo impulsadas por las cámaras y mantenidas con autoridades de la obra social de los jubilados y del Ministerio de Salud", señala el comunicado. A la vez, se afirma que no hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente que se le cursó el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, tal como informó en su momento este medio. Con el funcionario, pretenden hablar de "la necesidad de avanzar en una reforma tributaria" para el sector y de encontrar una vía de solución para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco, amparadas en la medida que le impide a ARCA iniciar ejecuciones por obligaciones impagas. Esa disposición fue prorrogada varias veces en las últimas décadas.LA NACION consultó al PAMI y a autoridades del Gobierno sobre lo anunciado por las clínicas y sobre sus reclamos a las autoridades, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.Según directivos del sector, la falta de avances y definiciones por parte del Gobierno ante la problemática hacen "inviable que las clínicas, hospitales y sanatorios privados continúen prestando servicios en las condiciones actuales". Sostienen, entre otras cosas, que las prestaciones para los casi 6 millones de afiliados están restringidas por el modelo que le atribuyen al PAMI, y afirman que en los últimos meses la obra social "comenzó a derivar los contratos a los hospitales públicos, ya colapsados, quitando a las clínicas los pacientes que tenían asignados".A ritmos distintos Un índice elaborado por Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención tuvo un incremento nominal de 447,47%. Según explicaron fuentes técnicas de la cámara, eso incluye "fundamentalmente internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios que son los de mayor tasa de utilización por parte de los afiliados de PAMI". En el mismo período, la inflación minorista fue, según el Indec, de 942,35%, y de allí surge que los aranceles deberían recibir una suba de más de 90% para empatar con el indicador del costo de vida. En el mismo lapso, los precios de los medicamentos tuvieron un alza de 1181,70%, según un indice de Capress, elaborado sobre la base de diferentes fuentes de datos, como el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.Además del reajuste de los valores, los prestadores reclaman "un modelo de atención adecuado para los jubilados", una regularización de los pagos y el "fortalecimiento de las contrataciones en el sector privado -que cuenta con el 56% de las camas del país-, sin sobrecargar a los hospitales públicos".Reajustes más recientesEn lo que va de este año, las clínicas afirman que lo pagado por el PAMI aumentó en muchos casos un 1,9% en junio y otro 8% en julio (la variación no es la misma para todas las prácticas). Además, se dispuso un adicional para los prestadores de internación que superan ciertas tasas de uso. "Son incrementos muy inferiores a la evolución de los costos y se perciben a 90 días", afirmó un directivo. En el caso de las clínicas de la Patagonia, el reajuste este año fue de un 8% "y aplicó solamente a una parte de los servicios", según dijo Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de General Roca, en Río Negro. "El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo, y un sistema de limitación de prestaciones de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía", agregó.El directivo estimó que, si se consideran las prestaciones con y sin aumento, "se podría decir que la actualización de precios del PAMI en los primeros nueve meses del año no supera, en promedio, el 4% o 5%, un dato muy variable según la complejidad de cada clínica". En el período, el IPC general avanzó un 22,6%.En las clínicas de la Patagonia hubo ya varias expresiones del conflicto con el PAMI que afectaron a los pacientes. A fines de agosto se suspendió la atención por 24 horas. También prestadores del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza afectaron sus servicios como una forma de manifestar sus reclamos, según consigna el comunicado de las cámaras de salud.A la insuficiencia de los ingresos se agrega, según las entidades, la vigencia de cupos a las prestaciones ambulatorias que dispone el PAMI. Existe un tope a la atención por afiliado y otro tope por prestador. El segundo, según entienden representantes de las clínicas patagónicas, no tiene más objetivo que ponerle un techo al gasto, "sin criterio sanitario".
Francia anunció 3.000 docentes suplentes, pero los estudiantes reclaman más presupuesto: en RDC analizaron el conflicto
En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Juan Francia explicó cómo el deterioro de las escuelas, la falta de docentes y las dificultades de acceso a la universidad impulsaron las movilizaciones estudiantiles en Francia. Leer más
Marcha Federal Universitaria: estudiantes, docentes y gremios reclaman al Gobierno que cumpla la ley
La movilización será frente al Congreso y se replicará en ciudades de todo el país. Exigen financiamiento para la educación y la ciencia pública ante la persistente negativa del Ejecutivo a acatar los fallos judiciales. Leer más
Miles de personas se concentran en Sol y reclaman más recursos para la educación pública
Continúan las protestas estudiantiles en Francia: reclaman más inversión y denuncian que el gobierno no los escucha
Miles de estudiantes franceses regresaron este martes a las calles para exigir mejores condiciones educativas y cuestionar las respuestas de la gestión de Emmanuel Macron. Las manifestaciones, que recibieron el respaldo de Greta Thunberg, se desarrollan en medio de una creciente tensión política.
UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas
Los sindicatos incorporarán la exigencia a la huelga general convocada para el 11 de noviembre por la crisis de acceso a la vivienda
Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación
Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su "tasación oficial e íntegra". La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que "el proceso continúa".El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una "ceguera deliberada" impide "evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional".Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso "deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos" a dicha normativa.Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue "el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)". Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.LA NACION contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que "el proceso continúa" y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, "queda desreservado" y hay "acceso al informe de valuación previo".La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. "La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un 'secreto comercial' oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía", dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, "la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente".Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como "unilaterales" decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. "Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)", señalaron. Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. "Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas", sostuvieron.Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía â??lo que en el mercado se conoce como enterprise valueâ?? rondaría los US$447 millones.
Más de 800 matemáticos cuestionan a OpenAI y reclaman preservar el trabajo humano
En el último tiempo, diferentes rubros y sectores se pronunciaron en contra de las compañías de inteligencia artificial (IA): medios de comunicación, artistas, autores, y ahora también matemáticos. En ese sentido, la Asociación por las Matemáticas Humanas (AHM, por sus siglas en inglés) criticó a OpenAI por publicar más de 700 archivos "que supuestamente contienen soluciones a una serie de problemas matemáticos de gran repercusión"."Los matemáticos no solicitaron que se realizara este trabajo", apuntaron desde la organización en un comunicado publicado en su sitio oficial. Y agregaron: "El Grupo Asesor sobre Matemáticas e Inteligencia Artificial, del que OpenAI ha afirmado obtener su legitimidad, comenzó su declaración inicial de recomendaciones señalando que las empresas que desarrollan IA de frontera no deberían poner a prueba problemas matemáticos avanzados en modelos internos".Bajo esa línea, señalaron que OpenAI demostró "un absoluto desprecio por las normas de la investigación científica, que garantizan que las matemáticas sigan siendo confiables, se investiguen de manera ética y estén al servicio del interés público"."Los matemáticos tienen una visión particular del progreso, moldeada por la historia y por las consideraciones específicas de su disciplina. Rechazamos la afirmación de OpenAI de que esta publicación representa un avance para nuestro campo e instamos tanto a los matemáticos como al público a evaluar con el debido escepticismo el valor de este modelo de publicación", remarcaron. A su vez, sostuvieron que las acciones de la compañía de Sam Altman no son una demostración de rigor académico, sino "una demostración de poder". "Instamos a los matemáticos a poner fin a sus colaboraciones con OpenAI y a recuperar una concepción de la ciencia que tenga como eje la comprensión humana", concluyeron."Nos esforzamos por no ser cómplices"La AHM â??integrada por más de 800 matemáticosâ?? surgió como una forma de proteger a las matemáticas como "una actividad humana frente a la amenaza de la IA", de acuerdo al sitio oficial de la asociación. "El progreso matemático requiere la pericia humana, cultivada mediante la escritura y el pensamiento riguroso. La producción y el consumo automatizados de matemáticas socavan, por lo tanto, los fundamentos intelectuales de nuestra disciplina", sostienen.La organización también subraya que las gigantes tecnológicas eligieron las matemáticas para "promocionar las capacidades de sus productos, sin importar las consecuencias" para la disciplina. "Por consiguiente, los matemáticos tenemos la obligación de actuar", insisten. "Las instituciones matemáticas son especialmente vulnerables a las disrupciones. La introducción de herramientas de IA pone en peligro la educación de pregrado y posgrado. Las revistas se enfrentan a una explosión de artículos con coautoría de IA, y los procesos de publicación están en constante cambio. Los estudiantes están perdiendo oportunidades para adquirir la profunda comprensión que se espera de los matemáticos", advierten. En este escenario, la AHM remarca la importancia de llevar adelante tanto acciones individuales como grupales, con una coordinación a gran escala para "garantizar que los matemáticos colaboren de forma crítica con las empresas de IA y sus productos"."Ante las graves repercusiones sociales, ambientales y económicas de la industria de la IA y la amenaza de su crecimiento descontrolado, nos esforzamos por no ser cómplices", resume la organización.
Las asociaciones de migrantes reclaman voz propia ante el próximo ciclo electoral
Crisis en un gigante: trabajadores de Granja Tres Arroyos en Río Cuarto reclaman por sueldos atrasados
CÓRDOBA.- Los 350 trabajadores de la planta avícola Avex en Río Cuarto, perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos (GTA), se movilizaron esta semana en reclamo por los tres meses de sueldos atrasados y la "paralización total" de la actividad en el establecimiento. GTA es el mayor grupo avícola del país.En diálogo con LA NACION, el secretario general del Sindicato del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados de Córdoba, Claudio Moreno, señaló que en las últimas dos semanas no hubo pollos para faenar, por lo que no hay actividad.El Niño: advierten sobre lugares con "fuertes tormentas" y marcados contrastes de temperatura en los próximos díasPrecisó que entre los empleados de planta, de las granjas, del área de incubación y guardia las familias afectadas son 350. "No hay diálogo con la empresa y no se sabe cómo continuará la situación", definió.Este diario consultó sobre la situación a fuentes de la empresa pero, por el momento, no hubo respuesta.GTA pidió un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia con un pasivo estimado de alrededor de US$350 millones. Solicitó que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado "Grupo GTA". En forma subsidiaria señaló que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos.InstalacionesEn el caso de Avex, las instalaciones de la planta y algunas granjas, fueron transferidas a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como pago de la deuda que la empresa mantenía por maíz. Incluso, cuando la planta funcionaba, debía pagar un plus por su uso. Sin embargo, ACA no mantiene ninguna relación con los trabajadores.Los empleados de Avex entregaron petitorios ante el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Río Cuarto en los que plantean la posibilidad de conseguir algún tipo de ayuda social por la situación que atraviesan.A fines de mayo pasado en la planta de Avex se registró un conflicto laboral cuando la empresa impidió el ingreso de 150 trabajadores. Los empleados denunciaron entonces el incumplimiento del pago de haberes de abril y sostuvieron que hay problemas hace un año. A mediados de julio, ante un nuevo reclamo de los empleados, la empresa señaló: "La planta de Avex en Río Cuarto realizó una parada programada por dos semanas. Esta situación se planificó con tiempo y se coordinó con el personal y el sindicato. El pago de sueldos de los empleados no está atrasado, sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente al igual que el resto de las plantas pertenecientes a GTA". El grupo BRF, uno de los gigantes mundiales de la industria cárnica, era el dueño de Avex hasta 2018, cuando comunicó su venta a Granja Tres Arroyos SA y Fribel SA. La transacción implicó la transferencia de las tres unidades productivas (Río Cuarto, Llavallol y Villa Mercedes). BRF había comprado Avex en 2011 por US$150 millones.
Un grupo de estudiantes irrumpió en la Secretaría de Educación: reclaman por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La medida había iniciado con una sentada frente al Palacio Pizzurno, pero, poco después, más de 100 manifestantes ingresaron al establecimiento.Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA, defendió el reclamo de fondos, pero cuestionó la iniciativa.
La muerte de Maricarmen, la mártir de los inquilinos que reclaman por una vivienda digna y puso en jaque al gobierno de Sánchez
La mujer de 87 años falleció en el hospital Gregorio Marañón tras ser desalojada del departamento madrileño donde residía desde su juventud. La escalada del conflicto impulsó además la convocatoria a una huelga general fijada para el 11 de noviembre.
"Está hecha la trampa, pero no la ley": reclaman una norma para garantizar la seguridad de los chicos en entornos digitales
Los riesgos que enfrentan chicos y chicas en internet no pueden resolverse únicamente desde las familias o las escuelas. Las plataformas también deben asumir responsabilidades sobre los entornos que diseñan, los datos que recopilan y los sistemas que utilizan para recomendar y amplificar contenidos. Ese es el eje de la campaña para convertir en ley nacional la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, que acaban de lanzar de manera conjunta unas 300 organizaciones y referentes. Desde comienzos de año, vienen impulsando conversaciones con diputados y senadores para que alguno de los 34 proyectos que existen vinculados a la regulación de los entornos digitales para niños y adolescentes, incluyan las bases mínimas que reclaman. Para que la protección real exista, argumentan, no es correcto confundir el foco y creer que los riesgos online que enfrentan chicos y chicas solamente tienen que ver con el tiempo en pantalla o con el control de ese tiempo por padres y escuelas. "El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican", dice el documento que entregaron a los legisladores. La iniciativa reúne a organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos de la niñez, derechos digitales, educación, salud y protección de datos, junto con defensorías de la Niñez, defensorías del Pueblo de la República Argentina y el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires."Está hecha la trampa, pero no la ley" es la frase elegida por los organizadores de la campaña para alertar sobre el vacío legal que existe en torno de esta problemática. Por eso, exigen una norma nacional que contemple diez puntos mínimos que logren garantizar una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos, que las plataformas demuestren que trabajan proactivamente en prevenir daños, que el diseño de la seguridad sea obligatorio para las empresas y no opciones configurables de los usuarios, que la verificación de la edad sea real, que se protejan los datos de los usuarios y que los algoritmos sean transparentes, entre otras cuestiones."Entendemos que la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria. Los daños que hoy atraviesan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales no son hechos aislados ni meros efectos colaterales del avance tecnológico: son, en gran medida, el resultado de entornos diseñados bajo lógicas de captación de atención, dependencia, perfilamiento y monetización de datos", advierte el texto de la iniciativa.María Capurro Robles es abogada y referente del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). "La agenda digital es bastante fuerte en la vida de los chicos y chicas y cada vez más. Y tenemos que pensar que, dado que el Comité de los Derechos del Niño aprobó un estándar específico sobre la vida digital, y consideró que la Convención de Derecho del Niño es aplicable a los entornos digitales, existen ya estándares muy sólidos para entender que existe obligación de los Estados de garantizar los derechos tanto afuera como dentro del entorno digital. Por eso, consideramos que es fundamental que el país avance en una regulación de los entornos digitales, tal como lo hizo Brasil y como lo está haciendo en este momento Europa, para garantizar que la protección sea real y segura. Y para eso tenemos que incluir el papel de las plataformas. Tenemos que llevar esa conversación social a una protección legal", explicó. Los diez puntos que plantea la campaña para una ley sobre entornos digitales seguros para los chicos son los siguientes. Prevenir los riesgos: que las plataformas identifiquen y reduzcan los posibles daños antes de que ocurran.Seguridad desde el diseño: que la privacidad y la protección estén incorporadas de entrada y no dependan de cada usuario.Verificación de edad de forma segura: que existan mecanismos efectivos para determinar la edad, sin generar nuevas formas de vigilancia.Protección de datos: que los datos de chicos y chicas no se utilicen para perfilarlos comercialmente ni dirigirles publicidad personalizada.Algoritmos transparentes: que las plataformas expliquen cómo recomiendan y amplifican contenidos.Control estatal: que los servicios digitales evalúen su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes y puedan ser fiscalizados.Políticas públicas: fortalecer la educación digital, la salud, la prevención y el acompañamiento a las familias.Participación: que chicos y chicas sean escuchados en las decisiones que los afectan en los entornos digitales que habitan.Sanciones efectivas: que existan controles y consecuencias cuando las empresas incumplan sus obligaciones.Educación digital integral: garantizar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse online de manera segura, crítica, creativa y autónomaEntre las organizaciones y organismos que impulsan esta iniciativa se encuentran: Protección Digital Argentina, Asociación Chicos.net, Asociación de Juristas de Familia de la República Argentina (Ajufra), Red por la Infancia, Observacom, Eforo, Amnistía Internacional Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría, Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec, por su sigla en inglés), Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (Ocedic), Mesa de Articulación de Niñeces y Adolescencias, Asociación Civil Padre Carlos Mugica, Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra); Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, Bienestar Digital, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Coordinadora de Igualdad y Diversidad, DHyTecno, El Arca, Faro Digital, Forum Infancias Red Federal, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, Fundación LA NACION, Organización Género y TIC (Gentic), Grooming Argentina, Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (Iadepp), La Ronda, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA ), Las Otras Voces. Aula Abierta, Andhes, Comunicación para la Democracia, LatinLab, Manos Libres, PENT, Proyecto Desconfío, Querido Adolescente No Es Tu Culpa y Revelar.Apoyan la iniciativa Martín Becerra, Sergio Balardini, Carina Lion, Roxana Morduchowicz, Roxana Perazza, Ana Campelo, Silvina Pedrouzo, Silvina Ferreira Dos Santos, Gisela Grunin, Mariana Ferrarelli, Carolina Stanley, Pilar Molina, Daniela Dupuy, Paula Wachter, Santiago Morales, Cielo Salviolo, Sebastián Novomisky, Fabio Tarasow, Carolina Martínez Elebi, Carla Pitiot, Nora Pulido, Andrea Urbas, Marcela Czarny, Mariela Reiman, Facundo Hernandez, Joaquín Cruzalegui, Eliana Groisman, Adriana Krasnow, Santiago Stura, Silvia Bacher, Lucia Fainboim, Ximena Diaz Alarcón, Damián Supply, Betina Perona, Milagros Schroder; Candelaria Kelly, Romina Zapata, Hernán Navarro, Federico Cassani, David Coronel, Paula Chinellato y Valeria Dotro, entre cientos de profesionales adherentes.Qué dice el proyecto enviado al Congreso"Diversos países del mundo y de la región han regulado o están avanzando a paso firme en la protección desde el enfoque que se propone, así tanto la Unión Europea, el Reino Unido, España en breve, o Brasil son algunos de los ejemplos", apunta la iniciativa."Hoy niñas, niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental. Estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario", agrega.Y continúa: "Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el tiempo de desconexión es hoy un indicador de salud. Desde una perspectiva de derechos, no se trata de excluir a niñas, niños y adolescentes del entorno digital, sino de garantizar condiciones compatibles con su dignidad, desarrollo, privacidad, salud, autonomía progresiva e interés superior. La respuesta no puede ser la inacción ni la prohibición como única herramienta, sino una regulación que reorganice el ecosistema digital desde el deber de cuidado, la prevención del daño y la responsabilidad empresarial".Marcela Czarny, de la organización Chicos.net, recordó: "Desde que nos organizamos, nos dimos cuenta que nuestra voz en conjunto tiene mucho peso y también que el debate que traemos no puede demorarse. Quizás, hablar de estas cuestiones hace un año era mucho más difícil, en cambio ahora, después de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde las plataformas reconocieron el impacto en la salud mental de los chicos y chicas, estamos en otro tiempo para este debate. También, así como hubo países que prohibieron el uso de redes sociales en la adolescencia, se vio que el problema es que el eje del problema se sacó de la discusión. El riesgo sigue existiendo y se crea una falsa sensación de seguridad. Por eso, en este debate no alcanzan prohibiciones o restricciones. También es necesario determinar las condiciones en que las plataformas van a operar. En otros países eso ya está ocurriendo y es muy saludable".
Caminos rurales: productores reclaman información sobre los fondos de la tasa vial y la pelea va camino a la Justicia
La Sociedad Rural de San Pedro volvió a exigir precisiones sobre los recursos destinados a la red vial y advirtió que inició los primeros pasos para judicializar el reclamo.Pide conocer cuánto se recaudó, cuánto se gastó y cuántos kilómetros fueron efectivamente reparados.El conflicto se repite en otros municipios bonaerenses.
"No pedimos favores": reclaman saber qué pasó con millonarios fondos para los caminos rurales
La falta de información sobre el destino de los fondos recaudados para el mantenimiento de los caminos rurales volvió a generar un fuerte reclamo de productores del partido bonaerense de San Pedro. La Sociedad Rural local cuestionó al municipio por la ausencia de respuestas concretas y exigió conocer cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026, cuánto se gastó, en qué se utilizó y qué cantidad de kilómetros fueron efectivamente intervenidos.En un comunicado titulado "Información pública: sin respuestas", la entidad rural informó que, ante lo que considera una falta de precisiones y las expresiones públicas del municipio que calificó de "evasivas e irrespetuosas hacia nuestro sector", inició los primeros pasos para avanzar con la judicialización de la situación.Manuela Maggio, de 30 años, argentina en Nueva Zelanda: la joven que pasó de podóloga de vacas a ganar una medalla de plata con los patines en ese país"No pedimos favores. Exigimos información pública sobre el destino de los recursos destinados a los caminos rurales", señaló la Sociedad Rural de San Pedro, que puso el foco en los recursos que se recaudan a través de la tasa vial y otros fondos destinados al mantenimiento de la red.Uno de los principales pedidos apunta a conocer en detalle los $124,9 millones mensuales informados para combustibles, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento. En ese contexto, reclamó que se informe quiénes fueron los proveedores, los importes involucrados, el destino de los fondos y la documentación respaldatoria de esos gastos.También solicitó un detalle de los trabajos realizados durante 2025 y 2026, con información sobre los caminos y tramos intervenidos, fechas, kilómetros trabajados, la maquinaria utilizada, personal afectado y costos de cada tarea.Un estudio detectó residuos de antimicrobianos en suelos de feedlots argentinosOtro de los puntos del reclamo está relacionado con la maquinaria municipal. Los productores pretenden acceder a un inventario que incluya marca, modelo, año, estado, horas trabajadas y períodos fuera de servicio, además de conocer el movimiento del combustible utilizado por las máquinas y los vehículos.En ese sentido, la Sociedad Rural local pidió el detalle mensual de los litros de combustible adquiridos y consumidos, junto con el destino asignado a cada máquina o vehículo. También reclamó información sobre el gasto en personal afectado al mantenimiento de los caminos rurales, la cantidad de agentes, sus funciones y el porcentaje de afectación.La entidad puso además bajo la lupa los recursos provenientes de la Descentralización Tributaria Rural. En concreto, pidió conocer qué fondos fueron transferidos durante 2025 y 2026, en qué fechas, por qué importes, cuál fue su destino y cómo quedaron registrados en el presupuesto municipal.Pero para los productores existe un punto central que resume el reclamo: determinar cuánto dinero ingresó para la red vial rural y qué ocurrió con esos recursos. "Y la información central: cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026 para la red vial rural, cuánto se gastó, en qué se gastó y cuántos kilómetros fueron efectivamente intervenidos", reclamó la entidad.Raúl Victores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, explicó que el planteo comenzó el año pasado y que forma parte de un reclamo que también llevaron adelante otras entidades rurales de la zona. "En 2025 empezamos por el mismo camino de rurales como Rojas, Arrecifes, Colón, y otras sociedades rurales en contra de la tasa de red vial y la falta de transparencia en los gastos de la red vial", señaló a LA NACION.Victores contó que las entidades avanzaron inicialmente por la vía judicial con el asesoramiento de un abogado y que la Rural de San Pedro buscó seguir esos pasos. Sin embargo, el proceso encontró dificultades cuando llegó el momento de reunir las adhesiones necesarias entre los productores."Avanzamos con el primer escrito con el abogado, pero cuando llegamos al punto que teníamos que conseguir que otros productores firmaran, no se pudo conseguir más firmas", explicó.A partir de esa situación, la entidad decidió continuar con otro tipo de estrategia, centrada en el pedido de información pública al municipio. "Les fuimos pidiendo cosas y algunas nos fueron respondiendo", relató Victores.El dirigente rural sostuvo que, mientras avanzaban con esos pedidos, la relación con el municipio se deterioró. Según afirmó, "el municipio empezó públicamente a faltar el respeto y mofarse del sector agropecuario". Por ese motivo, explicó que la entidad decidió continuar exponiendo públicamente qué información considera que todavía falta. "Seguimos con las peticiones, planteamos públicamente lo que falta y los exponemos", dijo Victores.El integrante de la Sociedad Rural local cuestionó además las afirmaciones del municipio respecto de que ya habría entregado la documentación solicitada. "Nos dicen que ya hace un tiempo han entregado toda la documentación y es mentira: no han entregado la documentación", aseguró.La dimensión del reclamo está vinculada también con la extensión de la red vial del distrito. El partido de San Pedro tiene entre 1200 y 1400 kilómetros de caminos rurales, una infraestructura clave para la actividad productiva y el traslado de la producción.En la Sociedad Rural local insistieron en que el eje del planteo no es solamente cuánto se recauda, sino poder establecer con documentación qué destino tuvieron esos recursos y cuáles fueron los resultados concretos sobre la red vial. "La transparencia no se declama: se acredita con números, documentos y resultados", afirmó la entidad en su comunicado.Mientras continúa el reclamo de información, la Sociedad Rural de San Pedro anticipó que seguirá utilizando las vías institucionales y legales para obtener respuestas: "Los recursos son públicos, las explicaciones también".LA NACION intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Unión por la Patria), a través del teléfono al que tuvo acceso este medio; sin embargo, las llamadas fueron interrumpidas en cada intento, por lo que no fue posible conocer su posición sobre el reclamo.
Un remolcador chocó contra el puente Chaco-Corrientes: detectaron daños y reclaman obras
El impacto afectó una defensa y el sector del pilote N.º 5 del puente General Belgrano. Cinco barcazas se soltaron y fueron recuperadas. Un ingeniero advirtió sobre la antigüedad de las protecciones y pidió esperar los informes técnicos para evaluar el alcance de los daños. Leer más
Abogados reclaman sancionar el mal desempeño de los jueces y eliminar los "acomodos políticos" en el próximo Consejo de la Magistratura
El exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra cuestionó la "defensa corporativa" de los jueces en el Consejo de la Magistratura, donde señaló un ejercicio casi inexistente de sus facultades disciplinarias. En una entrevista con LA NACION, Gil Lavedra y el abogado Guillermo Lipera, que integra la lista Unidad en Defensa de la Abogacía para la elección de consejeros que se realizará el próximo 20 de octubre, reclamaron cambios en el reglamento de selección de jueces para evitar el "amiguismo" y las manipulaciones políticas.Gil Lavedra dijo que la falta de un sistema disciplinario sólido permite que "graves faltas de conducta, dilaciones inaceptables e irregularidades por parte de los jueces queden impunes o se resuelvan con meras llamadas de atención o sanciones simbólicas, resquebrajando la legitimidad y la confianza pública en el sistema de justicia".Denunciaron que la discrecionalidad aplicada durante las entrevistas personales de los concursos para jueces rompe de "forma escandalosa los órdenes de mérito técnicos" y permite que postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos asciendan arbitrariamente a los primeros lugares debido a afinidades partidarias o relaciones personales.Para revertir esta dinámica, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic como candidatos titulares, y a Carlos Más Vélez, Ana O'Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes, propone llevar al ámbito nacional una representación profesional, plural e independiente. El objetivo central del espacio es que la abogacía neutralice tanto las presiones de la política partidaria como los sesgos corporativos de la judicatura.Ambos prometieron mecanismos de transparencia activa e innovación tecnológica, auditorías permanentes sobre el desempeño de los tribunales y la creación de un tablero de control de gestión público dentro del Consejo de la Magistratura. Lipera remarcó que el organismo administra cuantiosos recursos y cuenta con más de 1000 empleados, sin brindar estadísticas sobre la carga de trabajo, la duración real de los juicios o el uso de presupuestos, situación que atribuyeron a la abierta resistencia de ciertos sectores judiciales a ser auditados.Plantearon que tanto los jueces como los legisladores que asuman como consejeros soliciten licencia obligatoria en sus cargos para dedicarse con exclusividad a la función, de modo de estar en igualdad de condiciones con los abogados.Gil Lavedra se refirió además al reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó una medida cautelar contra el DNU 70/23 y revalidó la derogación de la Ley de Tierras. Dijo que el decreto de Javier Milei es "abiertamente inconstitucional" por su formato ómnibus y por referirse a asuntos ajenos a una emergencia. Además, la sentencia, dijo, genera una "fuerte incertidumbre institucional" al no dejar claro qué normas rigen en el país.â??¿Cómo fue el proceso para transformar la lista que ganó en el Colegio de la Abogacía de la Capital en una lista federal?â??Gil Lavedra: Para lograrlo fue necesario consolidar alianzas con colegios del resto del país y construir una representación muy amplia del ejercicio profesional.â??¿Qué expectativas tienen respecto al resultado electoral y al nivel de participación?â??Gil Lavedra: La expectativa es que puedan ingresar tres abogados. Y en tercer lugar Eduardo Bittar y Guillermo Lipera. En la elección anterior, por menos de 1800 votos, no pudimos colocar al tercer consejero. Hoy estamos más fortalecidos y la lista de unidad se encuentra más consolidada. Queremos que vaya muchísima gente a votar de un padrón de más de 100.000 profesionales, porque una alta participación le otorga mayor legitimidad a la representación.â??El Consejo de la Magistratura suele ser visto como un órgano político. ¿Cuál es su mirada sobre la función de los abogados?-Gil Lavedra: El Consejo de la Magistratura fue una incorporación traumática de la reforma constitucional del 94. Y digo traumática porque ha sufrido muchas críticas. Hasta esa reforma, la Argentina seguía la nominación política: el Presidente elegía al que quería y el Senado le daba el acuerdo. Lo que intentó la reforma es que la selección de los candidatos sea técnica, sea profesional. Fue un acierto. Lo que quiso el constituyente es que no hubiera predominio de ningún estamento. Yo creo que los representantes de Diputados y del Senado tendrían que ser abogados, no diputados y senadores en ejercicio.â??¿Qué perfil van a encarnar ustedes en el Consejo?â??Lipera: El que pide la Constitución. La principal atribución del Consejo es dictar las reglamentaciones necesarias para una justicia independiente y eficaz. Un juicio por accidente de tránsito dura cinco años y medio, cuando debería durar muchísimo menos. Cuando hicimos la auditoría de la justicia con Ricardo, el Colegio le propuso a la Corte por escrito un sistema automatizado de control para dar transparencia a la gestión de los expedientes. El Consejo no quiso, sobre todo por los jueces, que no quieren ser auditados.â??Gil Lavedra: Podemos producir un equilibrio en el Consejo. Evitar el espíritu corporativo judicial, que se manifiesta en el casi inexistente ejercicio de la facultad disciplinaria. Yo creo que los jueces tienen que responder por sus malas conductas. Es un escándalo que se venzan los plazos y nunca se les pueda hacer un llamado de atención o una multa. Y después, evitar también las manipulaciones políticas en las designaciones, que vienen del sector político.â??¿En qué se nota esa ineficiencia?â??Lipera: En que no se transparenta cómo funciona la Justicia. Uno puede encontrar por internet cualquier servicio que presta el Estado. ¿Podés encontrar qué carga de trabajo tiene cada juzgado o cuánto tarda un expediente? No. Tampoco hay un tablero de control de gestión del Consejo: hay más de 1000 personas trabajando ahí. Cualquier empresa, cualquier estudio jurídico tiene un tablero de gestión. Acá no sabemos en qué se gasta la plata ni qué hace. Si no ocurrió hasta ahora es por la resistencia de algunos sectores.â??¿Hay alineamientos políticos en las votaciones del Consejo?â??Gil Lavedra: Es cierto que en el pasado había dos grandes sectores: uno alineado con el gobierno de turno y otro con la oposición. Me parece que eso se ha debilitado y han cobrado mayor vigencia los estamentos. No veo tan claro que haya en este momento dos bloques.â??Los jueces son el estamento con más influencia. ¿Van a estar alineados con ellos?â??Gil Lavedra: No, no. La abogacía tiene una voz importante en el Consejo y vamos a tratar de encontrar los equilibrios que hacen falta.â??Lipera: Si la Justicia anda mal, la abogacía anda mal. No podés defender a tu cliente en tiempo y forma. Y si sos un abogado honesto también sufrís, porque ves que no podés llevar justicia a la persona que confía en vos. Lo que necesitás son jueces honestos e imparciales. â??Gil Lavedra: La función central del Consejo es garantizar la independencia de la justicia. Pero también debe procurar la legitimación de la Justicia. Es decir, que sea creíble y confiable para la sociedad.â??¿Qué medidas pueden cambiar eso?â??Gil Lavedra: Una, mejorar el servicio, que es una cuestión objetiva. Otra, buscar una legitimación a través de que los jueces tengan un comportamiento adecuado. La falta de ejercicio de las facultades disciplinarias socava la confianza de la gente. Y además pierde el Consejo cuando hay discrecionalidad para elegir los candidatos: hemos visto que no se respetaba el orden de mérito, de modo escandaloso.â??Lipera: Eso también socava la confianza. Cuando ves mucho amiguismo: que son amigos de uno, amigos del otro.â??Hoy el Consejo tiene 20 miembros porque la Corte volvió a la ley original. ¿Hace falta una nueva ley?â??Gil Lavedra: Es una circunstancia anómala, porque la Corte declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley 26.080. Queda una situación de parche. Habría que sancionar probablemente una nueva ley, que recoja todo lo que se ha discutido y que sea muy precisa con la integración, que ha sido el tema polémico.â??Lipera: Tenés cuatro senadores y cuatro diputados. Nosotros somos cuatro nada más, y somos un sector importante. Deberíamos ser más y bajar el número de legisladores. Además, los jueces trabajan en el juzgado y también en el Consejo, mientras que los abogados tenemos que renunciar a la matrícula para dedicarnos 100%. En mi opinión personal, los jueces deberían dejar de juzgar para dedicarse en serio, y lo mismo los legisladores.â??¿Se metió la política en las listas de abogados?â??Gil Lavedra: Todos los integrantes de nuestra lista, titulares y suplentes, tienen un vínculo muy estrecho con la colegiación. Una característica de esta lista es la preeminencia de las asociaciones y colegios de abogados.â??El Consejo que termina hizo muchísimos concursos y este gobierno nombró casi 200 jueces. ¿Cómo lo ven?â??Gil Lavedra: Yo veo muy bien que se hayan cubierto las ternas que se mandaron. El Ejecutivo eligió al que quería dentro de la terna y el Senado le dio acuerdo: eso está dentro de su competencia. El Consejo mejoró muchísimo. Yo creo que ha sido benéfica la incorporación del presidente de la Corte dentro del Consejo.â??¿Cuál es la deuda para la próxima gestión?â??Lipera: Mejorar la selección. Un estudio comparaba hace poco la cantidad de denuncias con la cantidad de sanciones, y la sanción es ínfima respecto de la denuncia. â??Gil Lavedra: Los puntos centrales son el reglamento para la selección de los jueces, el código de ética, la transparencia a través del tablero de control, poder tener estadísticas confiables y la modernización. Quisiéramos que este modelo que inauguramos en el Colegio Público, de buscar acuerdos, se acompañe con el voto de los abogados. Eso también es lo que permite empoderar a las organizaciones y disminuir la presión de la política.â??Lipera: El gran objetivo es empoderar a los abogados, que realmente tengamos incidencia, porque somos un cuadro activo en el día a día.â??Gil Lavedra: Cuanto más poder le das a las organizaciones, menos intervención tiene la política.
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