Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Buenos Aires solicitan que se continúen con las obras del Plan Maestro del Río Salado, que deberían haberse concluido hace más de 10 años. Leer más
La empresa contrató a un detective privado para seguir a su trabajador y exigían que asumiera la factura
Mientras los envíos por courier casi se quintuplicaron en un año, empresas nacionales exigen políticas para sostener el empleo y afrontar la competencia global impulsada por el auge de plataformas extranjeras
Según el tribunal, "lo que no resulta posible es que un mismo grado de incapacidad pueda ser reconocido más de una vez"
El magistrado Leopoldo Puente también solicita nuevos datos al Congreso, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro para completar informes económicos sobre el caso
Katherine Damián aseguró en televisión que el exarquero de Universitario no reconoce legalmente al bebé y solo entrega 300 soles mensuales, a pesar de los problemas de salud del menor
La provincia se posiciona como polo logístico e industrial y pide políticas nacionales que acompañen el crecimiento del sector. Gas a precios competitivos y críticas a las retenciones como ejes
El expresidente rechazó las críticas por las más de 300 visitas recibidas en prisión y comparó su situación con la del exdictador. Entre las personas que lo frecuentan hay exministros, congresistas y familiares, muchos con vínculos políticos
Institucionalidad y relación público-privada; orden macroeconómico; competitividad sistémica; exportaciones e inserción internacional y desarrollo federal son algunos de los 10 principios rectores que forman parte del Nuevo Contrato Productivo de la UIA. Leer más
Un estudio de Zuban Córdoba revela que el caso de corrupción golpea de lleno la credibilidad del Gobierno libertario. El 62% percibe la respuesta oficial como improvisada y el 61% cree que la crisis impactará en la confianza de los inversores. Leer más
La compañía de teléfono notificó a su cliente de que darían de baja sus otros servicios contratados si no realizaba los pagos del teléfono
El legislador dijo que él había condenado el atentado que sufrió el periodista en diciembre de 2022, algo que Ciro no hizo con la agresión sufrida por Alito Moreno en el Senado
El debate por el futuro del puente histórico Ciudad de la Paz sumó un nuevo capítulo con la difusión de una carta abierta dirigida a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. En el escrito, 25 especialistas en arquitectura y preservación patrimonial reclamaron que se abandone la intención de demoler el viaducto y, en su lugar, se encaren obras de rehabilitación que aseguren su conservación. La presentación lleva las firmas de referentes de distintas organizaciones y ámbitos académicos, entre ellos Ana Bas, presidenta de la Asociación Civil Basta de Demoler; Andreína de Luca de Caraballo, presidenta de la Fundación Ciudad; Sonia Berjman, especialista en patrimonio cultural y del paisaje; y Daniel Schávelzon, investigador y exdirector del Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA)."Le solicitamos que desista de su pretensión de demoler el puente histórico y que respete la identidad del barrio", plantearon las organizaciones y profesionales en el documento, en el que remarcaron que el puente, de más de un siglo de antigüedad, está catalogado como bien protegido desde 2016 y habilitado para tránsito liviano, ambulancias y autobombas, según consta en informes técnicos del propio gobierno porteño.El escrito recuerda que el viaducto había sido reabierto el pasado 31 de marzo, tras permanecer cerrado dos años, cuando el propio Macri encabezó la reinauguración. "Escuchamos un reclamo de años de los vecinos: un puente cerrado que muchos decían que no se podía reparar. Hemos cumplido con las obras", afirmó entonces el jefe de Gobierno durante el acto. Sin embargo, los especialistas subrayaron que, pese a esas declaraciones, semanas después se conoció el llamado a licitación de Autopistas Urbanas SA (AUSA) para demolerlo y reemplazarlo por una estructura nueva que, entre otras cosas, permita la circulación de camiones recolectores de residuos rumbo a la planta del CEAMSE."Nos preguntamos, señor Jorge Macri, el porqué de su cambio de criterio y cuál es el interés que lo mueve ahora a demoler el puente histórico Ciudad de la Paz, en contra de la opinión de los vecinos, los especialistas en patrimonio urbano, los estudios técnicos realizados y los funcionarios del gobierno de la Ciudad", señalaron los firmantes.El texto enfatiza que en países que protegen su patrimonio urbano no se considera la demolición de puentes históricos, sino su restauración para prolongar su vida útil y mantener su valor simbólico. "Son numerosísimos los puentes antiguos que siguen funcionando en el mundo, algunos de cientos de años, para lo cual se aplican las mejores prácticas en materia de rehabilitación y conservación", explicaron.También cuestionaron la alternativa de trasladar el puente para colocarlo como pieza decorativa en otro sitio. "Nos parece desatinado su anunciado plan de desmontar este puente histórico para llevarlo a otro lugar como adorno. Imagínese si se hubiera aplicado este criterio con el Teatro Colón, que también está catalogado como bien patrimonial", escribieron, al recordar que el principal teatro de la Ciudad fue cerrado durante años y reabierto luego de trabajos de restauración, sin que nadie propusiera demolerlo o reemplazarlo por un edificio moderno.Por eso, las ONG y especialistas instaron al Gobierno porteño a reconsiderar su postura: "Le solicitamos que desista de su pretensión de demoler el puente histórico y que respete la identidad del barrio y la ciudad; y lo invitamos a que oriente su interés en la preservación del bien, implementando las obras de refuncionalización que resulten necesarias". Además, remarcaron que la rehabilitación tendría un costo "muchísimo menor que el gasto inútil de demolerlo y construir uno de nuevo diseño".La carta propone la conformación de una mesa de trabajo integrada por los ingenieros que realizaron los informes técnicos, funcionarios de la Ciudad, especialistas en patrimonio urbano y vecinos, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan garantizar la seguridad sin perder el valor histórico del viaducto.El documento lleva la firma de referentes como Fabio César Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje y director de proyectos de Asociación Cultura Abasto; Verónica A. Benedet, arquitecta e investigadora posdoctoral de la Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV); Flavia Rinaldi, especialista en conservación del patrimonio y arquitectura escolar; Enrique Madia, miembro del Comité Patrimonio Siglo XX de ICOMOS; Francisco Girelli, doctor en Arquitectura del Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA); y Cristina González Bordón, licenciada en Historia y especialista en Patrimonio.La lista continúa con Eduardo de Bianchetti, arquitecto de la Comisión Nacional de Monumentos; Magdalena Eggers, arquitecta y especialista en normativa de construcción; María Teresa Gutiérrez Cullen, de Basta de Demoler; María Angélica Di Giacomo, licenciada en Química y coordinadora del proyecto Basta de Mutilar Nuestros Árboles; Mauro Sbarbati, arquitecto de Basta de Demoler; María Rosa Gamondés, historiadora de la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo Comuna 4; Marcelo Fontanetto, magíster en Arquitectura; Agustín Mendilaharzu, diseñador de imagen y sonido y director de teatro y cine; Teresa Espantoso Rodríguez, licenciada en Historia del Arte; Adriana Ortea, arquitecta y gestora cultural; Patricio Cabrera, abogado de Basta de Demoler; Graciela Susana Ferro, arquitecta; y Paula Gómez Ortega, arquitecta y referente vecinal.Un proceso largoLa nueva carta surge en medio de un proceso que lleva semanas. Hace apenas unos días, vecinos, ONG y especialistas habían presentado otro escrito dirigido al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para que no se levante la protección del puente. Esa misiva, firmada por 50 especialistas y 637 vecinos, reclamaba que los consejeros "cumplan con su función primordial de defender el patrimonio urbano".El conflicto se remonta a mediados de julio, cuando los vecinos advirtieron una licitación de AUSA para demoler el puente y construir uno nuevo. Para avanzar, la empresa solicitó al CAAP que descatalogara el viaducto, lo que significaría quitarle la protección patrimonial vigente desde 2016. El organismo, presidido por Cristina Giraud, directora general de Interpretación Urbanística, está integrado por 13 instituciones y dependencias oficiales y es el único con competencia para resolver el pedido.El análisis sobre el futuro del puente se postergó ya cuatro veces. La primera fecha había sido el 29 de julio, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto. Luego se reprogramó para el 12, volvió a posponerse y, finalmente, la última reunión también fue diferida.Mientras tanto, los vecinos realizaron varias movilizaciones para defender el valor histórico del viaducto. Denuncian que se aceleraron los tiempos para eliminar su protección patrimonial y advierten que, según los informes técnicos, hoy el puente está habilitado para tránsito liviano y paso ocasional de ambulancias y autobombas. "Esto generaría un perjuicio importante para los vecinos, ya que actualmente la circulación es de doble mano, pero solo para vehículos livianos", advirtieron en la carta anterior.El antecedente inmediato se remonta a diciembre de 2022, cuando la gestión de Horacio Rodríguez Larreta decidió cerrarlo por riesgo estructural. Recién a fines de 2024 se retomaron las obras, hasta que fue reinaugurado el 31 de marzo de este año por Macri y su ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua. Apenas cuatro meses después, el futuro del puente volvió a quedar en discusión.Ahora, la intención oficial es reemplazarlo para permitir el paso de camiones hacia el CEAMSE, además de bomberos, ambulancias y fletes. Pero esa decisión enfrenta el rechazo de vecinos y especialistas, que insisten en que se trata de un bien patrimonial que no debe demolerse.
La paciente acudió hasta en 8 ocasiones al centro de salud para que le realizaran pruebas complementarias que permitieron identificar la causa de su malestar
LA PLATA.- El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, exigió al presidente Javier Milei invertir más en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) en medio de la investigación judicial que busca determinar si la muerte de 96 personas corresponde a fentanilo contaminado."Con respecto al fentanilo pasaron varias cosas. Incluso antes de la intervención judicial, ante la primera intervención del Anmat la orden fue que no se utilizara la medicación riesgosa y el inmediato reemplazo. Esa fue la primera de la intervenciones incluso antes de la intervención de la justicia", dijo Kreplak, cuyo hermano, llamado Ernesto, es el juez federal a cargo de la investigación. "La Justicia luego tuvo que investigar el hecho y a todo el sistema de salud lo que hizo fue enviarnos oficios. En el sistema provincial de hospitales no se encontraba el lote de ese laboratorio. Sí en algunas instituciones privadas. Lo que nos llega en el oficio, a todos los ministros de Salud de todas las provincias fue información sobre en qué lugares estaba este lote, si se había utilizado y cruzarlo con situaciones de rescate de las bacterias e historias clínicas", agregó el funcionario de Axel Kicillof. "Ahora la preocupación es por el sistema de regulación, que es el ANMAT. Tiene que haber más inversión en los sistemas de control para que no suceda nunca más un episodio de medicamentos que pueda poner en riesgo a la población", destacó Kreplak.Kreplak fue apuntado directamente por el presidente Javier Milei, cuando el Presidente, hace diez días, pidió que el juez Kreplak se apartara del expediente dado el vínculo filial con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?", había preguntado Milei, de manera sugestiva.Investigación federalEl empresario Ariel García Furfaro declaró el viernes ante la justicia, donde aseguró que está dispuesto a seguir preso con tal de que se investigue el asunto, denunció ser víctima de un sabotaje y buscó deslindar la responsabilidad por la contaminación.El empresario detenido apuntó directamente contra Andrés Quinteros, ex diputado provincial por Unión por la Patria. García Furfaro acusó a su exempleado en los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y pidió medidas de prueba para tratar de probar la participación del ex diputado como responsable del supuesto atentado. Furfaro consideró que "le llamaría mucho la atención una negligencia" y apuntó a un sabotaje. Dijo que el tipo de bacteria que contaminó los lotes de fentanilo "no es del laboratorio, sino de las que aparecen en los hospitales".El empresario indicó que sospecha de una contaminación intencional en las ampollas o que hubo un sabotaje. "Sabe que es antipática la idea, pero si no se investiga no va a estar nunca tranquilo", dijeron sus allegados a LA NACION."Él era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico; los fallos que se mencionan en la causa están acreditados, los leí, pero requieren de un nivel de sofisticación que Ariel no tenía y tampoco se le reclama en la normativa; lo que sí tenía era una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la ANMAT", señaló el abogado de Furfaro, Gastón Marano, para explicar la declaración de su defendido.El juez federal Kreplak empezó el miércoles a tomarles declaración indagatoria a los detenidos en la causa por el fentanilo contaminado. En total son diez. La lista incluyó al empresario García Furfaro, a dos hermanos, a su madre y a socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo.La acusación es muy grave. La fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), según informaron fuentes con acceso a la investigación.
Betsabeth Noriega cuestiona el rol de Christian Cipriani en la crianza de su hija, asegurando que fue ella quien asumió todas las responsabilidades económicas, pero la modelo la desmiente.
"Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa", ha declarado
El analista cripto contó el caso real de James Howells, el hombre que accidentalmente desechó una fortuna en Bitcoin y ahora pelea en la justicia. Leer más
Los conductores sorprendieron con una discusión que se viralizó en redes sociales
El abogado, en representación de cinco casos de intoxicación y muertes bajo análisis, pidió la detención de Ariel García Furfaro y de otros integrantes del laboratorio. La solicitud se apoya en peritajes que confirmaron el vínculo entre el fentanilo contaminado y varios decesos, además de denuncias sobre fraude y fallas en los controles de bioseguridad. Leer más
La Justicia ha confirmado la nulidad de la modificación sustancial de las condiciones laborales impuesta a la trabajadora
Los mensajes los publicó la cuenta @soycamarero en X
Este episodio causado por un exceso de velocidad generó polémica y se volvió viral en redes sociales debido a la reacción por parte de la congresista por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), tras ser detenida cuando se movilizaba en uno de los vehículos junto a su equipo de seguridad, dividiendo las opiniones entre los usuarios por el papel del Ejército
La temporada de nieve en San Martín de los Andes comenzó truncada, no solo por la situación económica nacional y la falta de nieve que afecta a todos los centros de esquí de la región, sino por un entramado de conflictos, con impugnaciones y demandas judiciales cruzadas, alrededor de la nueva concesión del cerro Chapelco, principal motor económico de este polo turístico de Neuquén.La adjudicación por 25 años del centro de esquí, de propiedad provincial, se confirmó el pasado 24 de junio, diez días antes de la apertura del cerro. No quedó opción, abogan desde el Ministerio de Turismo neuquino: la concesión anterior, vigente desde 2006, terminaba a principios de abril y, una vez finalizada, hubo que realizar un relevamiento de las instalaciones y abrir la licitación pública nacional e internacional. Luego siguieron las impugnaciones del proceso licitatorio realizadas por las otras dos empresas oferentes finalistas, que también retrasaron la fecha de inicio de la temporada. Finalmente, esto sucedió el 4 de julio en manos de la empresa ganadora, â??â??Transportes Don Otto SA del grupo Trappa, dueño de Vía Bariloche y otras compañías de transporte aéreo y terrestre, que además tiene la concesión de los otros dos principales centros de esquí de la zona: Catedral, en Bariloche (Río Negro), y La Hoya, en Esquel (Chubut). Pero, lejos de disiparse, una vez abierto Chapelco el conflicto recrudeció. En las planillas tarifarias desaparecieron los pases gratuitos para personas con discapacidad y para mayores de 70 años que solía ofrecer el cerro. La nueva empresa tampoco ofrecía pases de temporada para los esquiadores locales: un pase flexible que históricamente les permitía a los neuquinos pagar un monto equivalente a entre 12 y 15 días de esquí, y usar las instalaciones durante toda la temporada. Los clubes locales, a la vez, ya no tienen la posibilidad de dar clases a turistas, sino que esa atribución quedó únicamente para el concesionario. La tarifa, que antes variaba según el período de la temporada (alta, media o baja), ahora es plana, con un mismo valor diario de $120.000, por encima del pase diario en el Catedral, que duplica en tamaño a Chapelco, pero por decisión municipal congeló su tarifa diaria del año pasado en $115.000. Los directivos del Club Lacar, principal centro deportivo de San Martín de los Andes, con 65 años en el cerro, argumentan que las reglas del juego cambiaron cuando el partido ya había comenzado. A mediados de julio, ya con el centro de esquí activo, la concesión los intimó por dar clases a socios turistas, es decir a no residentes, actividad que, explican desde el club, realizan desde hace décadas y cuya restricción no aparece en el pliego ni en el contrato. En cambio, el ministro de Turismo provincial, Gustavo Fernández Capiet, sostiene que el club ya había sido notificado de que no podría continuar con esta actividad cuando comenzara el nuevo concesionario. "Nunca estuvo aclarado", contrapone Enrique Bartolomé, presidente del club. "Simplemente eran opiniones del ministro, pero en ningún acto administrativo está reflejado que la actividad del club esté restringida a cuestiones domiciliarias. Y además son actividades que se están haciendo hace por lo menos 40 años sin ningún tipo de limitación", dice Bartolomé, quien se refiere al proceso licitatorio como "tardío y oscuro". El club decidió presentar un amparo contra el mismo, que fue desestimado por la Justicia.LA NACION consultó a la empresa Don Otto SA, pero no obtuvo respuestas. "No favorable para el turismo local"Abajo del cerro, en el pueblo de San Martín de los Andes, la polémica en torno del nuevo sistema tarifario de Chapelco sigue candente. En las últimas semanas se lanzó una petición por cambios a través de la plataforma Change.org, que actualmente acumula 13.993 firmas. Es un número grande si se tiene en cuenta que San Martín de los Andes tiene 37.352 habitantes, de acuerdo con el censo 2022. No obstante, su impulsor, el vecino Ignacio Rebollo, sostiene que muchos de los firmantes son de otras localidades de la provincia y hacen turismo interno allí. Destaca como una de sus principales preocupaciones que se hayan quitado los pases gratuitos para personas con discapacidad; la reciente política tarifaria, en cambio, aplica un descuento del 50% en el pase de estas personas y de su acompañante, en caso de necesitar uno. Consultada, la referente local de esquí adaptado, la exinstructora y vecina de San Martín Claudia Vega Olmos, advierte que para una persona con discapacidad es de por sí mucho más caro esquiar que para el resto. "Una persona con una discapacidad motriz, por ejemplo, necesita un equipo de esquí adaptado, que lo usa en la clase, sale $320.000 las dos horas y lo usa solamente durante ese tiempo. Quienes tienen discapacidades cognitivas o de visión alquilan equipo convencional, pero que sí o sí tienen que sacar una clase para poder esquiar, porque tienen que estar acompañados. Una vez que finaliza la clase, no pueden seguir esquiando", sostiene. "Me decepciona la medida, porque desanda todo un trabajo muy fuerte que venimos haciendo en San Martín con el tema discapacidad en los últimos 25 años -suma-. Además no son números que cambien una balanza de la concesión, por día podés llegar a tener un máximo de tres personas con discapacidad en clases".ImpactoPara todos los neuquinos esquiar se ha vuelto más en Chapelco. El invierno comenzó con un pase para vecinos locales con un 16% de descuento sobre la tarifa completa y del 8% de descuento para los demás habitantes de la provincia, medida que fue modificada por solicitud del Ente Sanmartinense de Turismo (Ensatur) y culminó en un 34% de descuento en el pase diario para todos los residentes en Neuquén. Desde esta entidad, explica el secretario de Turismo del pueblo, Alejandro Apaolaza, se están llevando adelante distintos pedidos al Ministerio de Turismo provincial, que -destaca- incluyen mejores tarifas para personas con discapacidad y pases de temporada para residentes. "El jueves [por hoy] tenemos otra reunión, sobre todo para tratar propuestas para esta temporada, que es una situación complicada por factores externos, temas climáticos y económicos del país. Desde Ensatur también se le pidió una reunión a la empresa, para tener un acercamiento", indica Apaolaza. "Desde el gobierno dicen que la temporada es mala porque no cayó nieve y que la situación económica no es favorable. Si bien es cierto, creo que también se suma el hecho de que la estrategia económica de la empresa no es favorable para la industria del turismo local -afirma Rebollo-. No se dan facilidades de pago, no hay paquetes y no hay tarifas diferenciales por temporada media, baja y alta, que antes servían para estimular el turismo fuera de la época de vacaciones de invierno de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Favorecía mucho a la industria turística de todo el pueblo, que en invierno depende del cerro. Además, el pase está más caro que el de Bariloche, lo cual obviamente no nos beneficia". Consultado sobre estas preocupaciones, el ministro Fernández Capiet expresa que todavía es temprano para sacar conclusiones del impacto económico de la nueva política tarifaria de Chapelco. Apunta, a la vez, que la empresa concesionaria está en su derecho de establecer las tarifas. En el pliego no se especificaba qué tipo de descuento había que hacer en el pase de residentes, personas con discapacidad y mayores de 70, sino que se mencionaba en un sentido amplio que la empresa concesionaria debía ofrecer algún tipo de "tarifa especial" para estos grupos. El pliego detalla asimismo que las tarifas de la empresa deben ser avaladas por el gobierno provincial antes del inicio de cada temporada. En cuanto al desajuste respecto del cerro Catedral, el funcionario neuquino sostuvo que el precio de Chapelco fue estipulado por la gobernación, no por la empresa, antes del comienzo de la licitación y de que se supiera que Bariloche iba a congelar su pase del año pasado. Fernández Capriet añade que el Grupo Trappa ofrece pases de temporada para residentes en los otros dos cerros de esquí que administra y, que desde la Provincia, van a proponer la reincorporación de este tipo de pases en Chapelco. Mientras que los pases de La Hoya y Catedral quedaron por debajo del de Chapelco, Las Leñas -en Mendoza- tiene actualmente el pase más caro de los centros de esquí argentinos, aunque con diferentes planes de pago y un tarifario que varía según la época de la temporada: temporada alta, $150.000; media, $132.000; y baja, $102.000. Este complejo es considerablemente más grande que Chapelco y ofrece el descenso ininterrumpido más largo de América del Sur.Actividades para chicos en riesgoRebollo también plantea entre las preocupaciones de los pobladores la continuidad del plan municipal "Aprendiendo en la nieve". "Los chicos y chicas de 7° grado de todas las escuelas, públicas, privadas, rurales, especiales, tenían una semana de clases en Chapelco. Más de 800 chicos de mi pueblo aprendían a esquiar todas las temporadas totalmente gratis, con transporte, equipos, pases, instructores y merienda. 800 nuevos esquiadores locales por temporada", detalla.Pese a que la obligación de la continuidad del plan figura dentro del pliego y también en el contrato con la concesionaria, denuncia que la edición 2025 de este plan no ha sido confirmada. LA NACION consultó a las autoridades municipales sobre su continuidad, pero no obtuvo una respuesta. "Si el centro de esquí fuera privado, no habría problema con las decisiones que tomara la empresa. Pero no lo es, es un centro de esquí provincial, por lo que se deberían poner las condiciones para defender el esquí como deporte, no solo como negocio", destaca Lucas Keenan, excompetidor e instructor y actual coordinador del Club Lacar.
Se trata de "Fuerza Argentina", que se reunirá este jueves para debatir la actualidad política e impulsar el pedido a Fuerza Patria para los próximos comicios legislativos en territorio bonaerense.Seguí todas las novedades sobre las elecciones 2025 en Argentina en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Durante una transmisión de 'Ventaneando', la periodista habló sobre los retos de ser madre soltera, revelando cómo ha tenido que multiplicar esfuerzos para sacar adelante al pequeño Noah
Se trata de los pliegos de 15 coroneles de la Fuerza Aérea frenados por su parentesco con represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La administración de Javier Milei sostiene que no hay pruebas de vinculación. Leer más
En los últimos 18 años ha habido 365 muertes, 213 heridos y 54 animales perdidos en vuelos comerciales de Estados Unidos
El requisito de dos fotos en multas de radar pone en jaque sanciones por exceso de velocidad
Se trata de Leonardo Bertulazzi, un caso en el que tiene especial interés el gobierno de Georgia Meloni. La Justicia debe discutir ahora la revocación de su condición de refugiado, dispuesta por Javier Milei
Adriana Magali Matiz aseguró que su posición de reclamar atención del Gobierno central se basa en la legítima exigencia de los ciudadanos
Emilio Montes exige a los empresarios del campo que paguen las extras, den alojamiento digno y regularicen a los trabajadores migrantes para garantizar sus derechos sociales
El organismo pidió una "motosierra" adicional que podría generar tensiones en un año electoral. La letra chica del acuerdo plantea una reforma previsional, cambios en los requisitos para la AUH y un nuevo esquema de aumentos de tarifas de servicios que se extendería por 30 meses. Cuáles son los riesgos. Leer más
Las iniciativas forman parte de solicitudes de sesión realizadas semanas atrás. Una de ellas es la denominada "ley Nicolás", que ya fue aprobada por Diputados. "La mayoría están mal hechos y en conjunto tienen un costo fiscal altísimo", deslizaron desde el oficialismo a Infobae
Leonela Giménez tenía 25 años y fue hallada asesinada el 28 de junio en un camino rural cerca de Sáenz Peña. Presentaba un disparo en el pecho y había sido vista horas antes con dos hombres que hoy están imputados por femicidio. Leer más
Un concejal de Malagueño lleva 10 años reclamando sin respuesta el arreglo de la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Intendentes y legisladores del interior ya elevaron quejas a la Provincia por el mal estado de algunas rutas. Leer más
León Rengel, un barbero de 27 años, pasó 4 meses en las temibles prisiones de El Salvador, antes de ser derivado a su país. "Me dijeron que me mandaban a Venezuela, y sin siquiera dejarme defender me mandaron engañado a una prisión en El Salvador, cuando yo tenía residencia temporal y cita migratoria programada para 2028", señaló. Los detalles de un proceso al que se sumarían más deportados venezolanos. Leer más
El exasesor solicita al Supremo copias de las grabaciones incautadas tras autorizarse un peritaje técnico sobre su autenticidad a raíz de una petición de Santos Cerdán
Los empleados del aeropuerto advierten sobre la persistencia de vendedores y plastificadores no autorizados
El gobernador salteño resintió la falta de reconocimiento de su aporte a la aprobación de iniciativas del Gobierno nacional, pero sigue negociando. Javier Milei necesita al menos un tercio de Diputados para sostener el inminente veto al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional. Mientras Francos busca acordar con los gobernadores, la representación salteña en el Congreso muestra grietas.
Jean-Baptiste Gélébart salió de la comunidad en junio de 2024, pero su regreso a la vida civil está siendo "especialmente difícil"
Ayer, LA NACION informó que una prima materna de la escritora Beatriz Sarlo se había presentado como "única heredera" en el proceso sucesorio en el que ya intervienen el marido de la intelectual, el arquitecto Alberto Sato, con quien se había casado en marzo de 1966 y de quien nunca se divorció, y el encargado de edificio Melanio Alberto Meza López. La Justicia había dado intervención a la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires, cuyas chances hoy se ven más educidas.Por su parentesco, la mujer no es heredera forzosa, sino colateral (en cuarto grado). Pero en el caso de que Sato quede fuera de la sucesión y al no haber otros familiares de grado más próximo, podría ser declarada heredera conforme lo normado por el artículo 2434 del Código Civil y Comercial de la Nación.Pensó que Lady Gaga había comprado uno de sus cuadros, pero luego descubrió la estafaErnestina Susana del Río, de 87 años, residente en Viedma, es hija de Jorge del Río, uno de los tíos maternos que Sarlo menciona en No entender. Memorias de una intelectual. "Un hermano de mi madre, Jorge del Río, había participado en Forja, luego fue militante nacionalista de ideología democrática, hasta convertirse en el peronista de la familia -lo describe la sobrina-. En aquel entonces, la palabra 'populista' no se usaba con la abundancia a la que hoy estamos acostumbrados por precisión o por pereza, pero mi tío no habría tenido inconveniente alguno en aceptar ese rótulo".En el quinto capítulo de su libro póstumo, "Tableros, postales y música", la autora se refiere a su prima Susana, a quien considera una de sus "maestras". Como Sato, Del Río estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Le escribe una carta. "Querida Susana, la última vez que nos vimos fue a mediados de los años setenta, en una circunstancia triste. Pero no creas que aquella es la única imagen que conservo. Tengo muchas imágenes luminosas. Te recuerdo como la prima que suscitó mi fascinación por la arquitectura. Y hoy me parece justo agradecértelo. Vos trabajabas en el altillo y yo me paraba al lado de tu tablero, colocado a la izquierda de la ventana desde la que se veía el jardín de adelante, para mirar cómo dibujabas, cómo deslizabas la regla T y usabas los compases, o cómo armabas las maquetas para las 'entregas'. Me contabas cosas de la facultad y, si había cerca algún libro con el cual estabas preparando un examen de historia, yo lo hojeaba. Escuché el nombre Le Corbusier por primera vez en mi vida en aquel altillo. Después de esa iniciación (vos tendrías 20 años y yo, 13 o 14), nunca disminuyó mi interés por la arquitectura hasta hoy. Por eso, te lo atribuyo y te lo agradezco, porque se despertó en ese altillo de la calle Tronador. A las 5, tu madre, mi querida tía Rosita, nos llamaba desde la cocina para tomar el té".La prima la hacía sentir útil. "Me pedía que recortara figuras geométricas o doblara cartoncitos de colores -refiere Sarlo-. Transcurrían muchas semanas entre uno y otro estadio, y yo solo preguntaba por las razones de lo que se había modificado. Si se introducía alguna corrección drástica, sentía que también me estaban corrigiendo a mí, ya que durante todo el proceso daba opiniones poco fundadas que mi prima escuchaba como posible entrenamiento futuro ante un imaginario cliente tonto, amarrete o demasiado convencional"."Era un festival cuando mi prima preparaba los exámenes de Historia de la Arquitectura", agrega Sarlo y, más adelante: "Se hablaba de un viaje de fin de curso para conocer los edificios estudiados, pero mi prima sabía, con resignado realismo, que a ella la esperaban varios años de copiar planos de obra en el estudio de algún ingeniero que construyera propiedad horizontal. De ese estudio emigró a San Luis y poco después a Viedma. Hoy parece inverosímil e increíble: arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, proyectista desde su graduación, sensible al arte y a la música, independiente económicamente, soltera y sin hijos, esa mujer a quien nada podía impedírselo no viajó a Europa en los años sesenta ni setenta, porque en su adolescencia y su primera juventud ese viaje había sido una fantasía pasajera, no un deseo instalado por los cambios en las modas de consumo cultural".La representante legal de Del Río en la causa sucesoria de Sarlo es Sonia de Elizalde, que se excusó de hacer declaraciones "dado la reserva de las actuaciones", respondió por mail a LA NACION. La jueza Cecilia Kandus, del Juzgado Civil n° 24, impuso un "bozal legal" a las partes que, por otro lado, YA habían solicitado la reserva del expediente (la doctora Elizalde, en su presentación, alegó la "avanzada edad" de su representada).En la presentación de Del Río, por un lado se solicita que la Justicia rechace la "pretensión hereditaria" de Sato. "[â?¦] la Sra. Sarlo vivió completamente separada, sin vínculo emocional, económico ni patrimonial alguno con su cónyuge, y desde 1984 mantuvo una unión estable, pública y duradera con el Sr. Carlos [Rafael] Filippelli hasta el fallecimiento de éste en 2023â?³, se remarca. En este punto, coincidiría con los abogados de Meza López.Pero por otro lado, Elizalde impugna el testamento ológrafo que presentaron los abogados de Meza López. "Dicho texto no contiene expresión alguna que denote disposición patrimonial clara ni voluntad de instituir heredero. Simplemente encomienda el 'cuidado' del departamento y de la mascota, lo que constituye un encargo personal, moral o afectivo, pero no una disposición sucesoria con fuerza jurídica". Se indica además que el escrito de Sarlo no registra "voluntad testamentaria" y posee un lenguaje afectivo y ambiguo. "Tratándose de una escritora y ensayista reconocida, no es razonable pensar que una persona de tal formación y trayectoria utilizaría un lenguaje tan informal e impreciso si su voluntad hubiera sido efectivamente testar", señala la abogada en la presentación.Ante esta novedad en la causa, se abren distintas posibilidades. Por un lado, si Sato es excluido del proceso y la Justicia reconoce como válido el testamento ológrafo del encargado, la señora Del Río podría heredar el departamento de la calle Talcahuano, el dinero que hay en los bancos y los derechos intelectuales de la obra de Beatriz Sarlo. Incluso podría reclamar los libros y otras pertenencias que se llevaron los amigos de la escritora, tras su muerte. Pero si la Justicia decide que el término "dejar a cargo" que figura en el manuscrito no implica transferir dominio del inmueble, heredaría también el departamento de Hidalgo 140, en Caballito, donde hoy viven, desentendidas de instancias jurídicas, Nini, la gata de Sarlo y Filippelli, e Itys, la gata del encargado.
Durante una reciente edición del programa, Díaz sorprendió con el reclamo a su hija por bloquear a varios reporteros del espacio en redes sociales.
La disputa por la herencia de Beatriz Sarlo, la destacada intelectual y escritora argentina, toma un giro inesperado. Cuando parecía que el legado se definiría entre su exmarido, un encargado de edificio y el Estado, apareció una prima de la escritora. Este acontecimiento podría modificar el curso de la sucesión y excluir a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.¿Quién es la prima de Beatriz Sarlo que reclama la herencia?Se trata de una familiar de 87 años de la autora de La intimidad pública, que reside en Viedma, provincia de Río Negro. Según pudo saber LA NACION, esta mujer ya cuenta con representación legal y se ha presentado en la causa sucesoria.¿Qué dicidió la jueza? La jueza del Juzgado Civil N° 24, Cecilia Kandus, dictó una resolución que restringe el acceso público al expediente 2537/2025 y prohíbe a las partes divulgar información a la prensa. Esta medida busca preservar la intimidad de Sarlo, ante la posibilidad de que se discuta su estado mental al momento de redactar un supuesto testamento ológrafo (presentado por su encargado del edificio). ¿Qué implicancias tiene la aparición de la prima en la sucesión?La aparición de la prima como posible heredera introduce un cambio significativo en el panorama. Si se reconoce su derecho, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quedaría excluida de la sucesión, ya que no habría herencia vacante. Esto dependerá de si Alberto Sato, exmarido de Sarlo, logra o no probar su vínculo con la escritora.La herencia de Beatriz Sarlo: los motivos del respaldo a la expareja de la escritora, segun un intimo amigo¿Quiénes son los posibles herederos de Beatriz Sarlo?Alberto Sato, arquitecto y exmarido de Sarlo, con quien se casó en 1966, también reclama parte de la herencia. Si bien estaban separados desde hacía décadas y ambos habían formado nuevas parejas, el vínculo legal del matrimonio podría darle derechos sobre el legado. Sin embargo, su situación legal aún no está definida.Por otro lado, se cuestiona la validez de un supuesto testamento de Sarlo en el que "deja a cargo" a Melanio Alberto Meza López, se encargado de edificio, su departamento y su gata Nini. La abogada de la prima de Sarlo, al igual que los representantes legales del encargado, habrían solicitado excluir a Sato de la herencia e impugnado el supuesto testamento ológrafo presentado por Meza López.¿Qué dice la Justicia sobre los derechos de los primos en una herencia?Según la ley, los primos no son considerados herederos forzosos. Solo pueden heredar en caso de que no existan otros herederos directos, como cónyuges, hijos o padres. En este caso, la existencia de Alberto Sato y Melanio Alberto Meza López complica la situación de la prima.Beatriz Sarlo y el reclamo de herencia de su portero: el analisis de Agustin Rivera¿Qué sigue en el proceso judicial?La jueza Kandus, a pesar de haber restringido el acceso público al expediente, intervendrá en las presentaciones hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de la competencia. Mientras tanto, las partes deberán presentar las pruebas y argumentos que respalden sus derechos sobre la herencia.La resolución de la jueza Kandus no impide el derecho de la prensa a interrogar e informar sobre el avance y estado de la causa.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Hacienda cifra en 751.421 la cantidad transferida cuando en sus cuentas asciende a 79.841 euros
La mujer destaca que los árboles proporcionaban "sombra, valor estético, privacidad y reducción del ruido". El demandado ha puesto a la venta su vivienda
El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se presentó ante el fiscal porteño Maximiliano Vence, se negó a declarar y adelantó que en los próximos días presentará un descargo por escrito respecto de las acusaciones surgidas tras la difusión pública de una cámara oculta en la que se lo vio guardarse en el bolsillo interno de su saco un fajo de billetes que le dio una empresaria de medios platense que le pedía, a cambio de la "donación", que fichara a su hijo en las inferiores azulgranas.Pero detrás de la presentación de Moretti persiste un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la Ciudad que en los próximos días puede agravarse. Es que una y otra tienen causas abiertas contra el mandamás del "Santo" por el mismo delito y bajo el mismo tipo penal. Hay reclamos mutuos de declinación de la competencia y, ahora, una denuncia grave.Vence, que inició la causa "de oficio", reclama que la jueza nacional Laura Bruniard se inhiba de continuar en el caso porque su expediente es previo y porque, además, investiga un delito de competencia de la Ciudad, por haber pagado, de la cuenta de San Lorenzo, más de 200.000 dólares para pagar avión y hotel en Quito para una delegación que incluía a 30 hinchas connotados del Ciclón para un partido de Copa Libertadores. Y la fiscal Mónica Cuñarro, que lleva adelante la investigación a partir de la unificación de sendas denuncias de la oposición azulgrana, presentó su dictamen en el que le pidió a Bruniard que rechace la declinatoria de competencia por considerar que el delito que se le atribuye a Moretti (defraudación por administración infiel en perjuicio del club San Lorenzo de Almagro, en los términos del artículo 173, inciso 7 del Código Penal) es de competencia exclusiva de la Justicia nacional con asiento en la Capital porque no figura en ninguno de los acuerdos de transferencia de competencias penales a la Ciudad. Le solicitó, en consecuencia, que le pida a la Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 porteña que "decline su competencia en favor del fuero nacional" y fije nueva fecha para indagar a Moretti. Pero planteó un tema aún más grave que aquella discusión "técnico-legal". Sostuvo que la defensa de Moretti y la representación legal del club en este caso actuaron de forma coordinada para "digitar" el proceso de forma de que continúe en manos del fiscal Vence y de que, al mismo tiempo, no avance la causa en la Justicia nacional. En su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION, Cuñarro repasó los acontecimientos que, según su criterio, le permitían "sospechar fundadamente de una maniobra de 'fórum shopping' llevada a cabo por la defensa de Moretti, a fin de garantizar la intervención del Dr. Vence, aún cuando parte de los hechos investigados exceden notoriamente su competencia material".Detalló, en tal sentido, los intentos desplegados por un representante legal del club para que tres empleados de la Tesorería de San Lorenzo no se presentaran a prestar declaración testimonial en la Fiscalía Nacional N°8; las citaciones de Vence a los mismos testigos, en ocasiones, en las mismas fechas, y, finalmente, el llamado a presentarse como imputado en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas especializada en delitos vinculados a los espectáculos deportivos realizado un día antes de que debiera concretarse la indagatoria de Moretti ante la jueza nacional Bruniard, que debió suspender el acto por pedido de la defensa, que también solicitó la declinatoria en favor de la Justicia de la Ciudad.
"Profunda preocupación". Así, la entidad que nuclea a los pediatras se expresó hace instantes a propósito del conflicto que se intensificó desde hace semanas sobre las residencias en salud. En especial, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se refirió a la crisis que atraviesa esa formación en la especialidad que se ocupa de la atención de chicos y adolescentes. "Los recientes acontecimientos que afectan desde el Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, uno de los principales centros de formación pediátrica del país, hasta el Hospital SAMIC El Calafate, han visibilizado una situación crítica que no es nueva", señalaron a través de un comunicado difundido hoy. "Se trata de un problema estructural, de larga data y múltiples causas, que afecta tanto a residencias nacionales como provinciales, así como a numerosos hospitales del sistema público y privado", continuaron.En los últimos años, es una constante la falta de profesionales que buscan seguir efectivamente la especialidad una vez que egresan de la facultad y tramitan su matrícula profesional. A pesar de que crece la cantidad que se inscribe para rendir el examen y acceder a un cargo, el sistema de salud tiene que reiterar la convocatoria para cubrir los puestos de especialidades priorizadas que quedan vacantes, como viene dando cuenta LA NACION.De hecho, la SAP, en su comunicado, resumió en tres puntos esa realidad sobre la que fue llamando la atención año tras año. Son la disminución sostenida de postulantes a las residencias de pediatría, neonatología y terapia intensiva pediátrica, junto con "la creciente precarización de las condiciones laborales de los residentes" (salarios insuficientes, falta de cobertura social adecuada y condiciones edilicias inadecuadas) y la "pérdida del valor formativo de la residencia, cada vez más desplazado por la necesidad de cubrir demandas asistenciales urgentes". En esto último, acuerdan desde autoridades sanitarias nacionales y provinciales, sociedades y colegios médicos, universidades, entidades que nuclean al sector privado y sindicatos con representación en el sector. "El resultado -sostuvo la SAP- es preocupante: cada vez menos jóvenes eligen formarse como pediatras, y quienes lo hacen enfrentan condiciones formativas y laborales que dificultan su desarrollo profesional".El mes pasado, la Comisión Directiva de la SAP alertó sobre "la profunda crisis" que atraviesan los pediatras a diario en los consultorios y las guardias. Es una constante en gran parte del país, sobre todo en los centros urbanos. Las autoridades de la entidad reaccionaron públicamente ante las "múltiples comunicaciones" de sus asociados en hospitales y centros de atención. A los episodios de violencia -algunos de los cuales tomaron estado público a través de redes-, esos mensajes que iban llegando describían un "panorama alarmante" porque se referían a "servicios de pediatría desbordados, guardias sin cubrir, vacantes en residencias que no logran completarse y un creciente desánimo entre los profesionales", contaron en ese momento. Un problema que se expande"La situación no solo continúa, sino que se expande geográficamente y se agudiza en su impacto. La sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de condiciones adecuadas para el ejercicio de la pediatría están empujando a muchos profesionales fuera del sistema público, debilitando aún más la estructura sanitaria" de atención de chicos y adolescentes, plantearon hace un mes. "Insistimos, una vez más, en la necesidad de adoptar medidas concretas para revertir esta realidad", completaron. Hoy, a una semana de que el Ministerio de Salud de la Nación modificara el reglamento del sistema nacional de residencias y los residentes salieran a rechazar que su trabajo se considere una beca de formación, las autoridades de la SAP expresaron "profunda preocupación ante la crisis sostenida y creciente que atraviesan las residencias pediátricas" en el país. Y en línea con la advertencia del mes pasado sobre la expansión territorial de ese escenario, plantearon siete medidas que consideran que son "urgentes" para empezar a revertirlo. La primera es "fomentar la elección temprana de la pediatría" y proponen que eso se haga de manera conjunta entre las universidades, los gobiernos y los hospitales. Aparece, también, "jerarquizar el sistema de residencias pediátricas", con garantía de "condiciones laborales dignas y marcos formativos de calidad". Para la SAP, el residente es un "profesional en formación", de acuerdo con la ley de ejercicio profesional (Ley N° 17.132), con tareas de atención y educación, pero que "debe contar con todos los derechos laborales correspondientes (jornada saludable, cobertura previsional, aguinaldo, licencias, entre otros)". Este punto está creciendo en el debate entre las autoridades sanitarias, el sector privado representado por la Unión Argentina de Salud (UAS) y las facultades de ciencias de la salud y medicina a propósito de la actualización del reglamento de residencias para profesionales de la salud. El resto de las medidas que propone la SAP incluyen "reconocer y valorizar económica y socialmente la pediatría y sus especialidades a través de políticas salariales justas", a propósito del reclamo de mejora de la remuneración que arrancó con los residentes de hospitales nacionales y continuó con el de médicos de planta y gremios. La entidad también pidió "reducir las desigualdades entre jurisdicciones con equidad en la distribución de recursos humanos, lo que incluye incentivar la radicación en zonas desfavorables mediante estímulos económicos, académicos y laborales", además de empezar a "revisar los modelos de formación médica, con la incorporación de trayectos más flexibles y orientaciones específicas que respondan a las necesidades actuales del sistema (salud mental, cuidados críticos, cuidados crónicos, entre otros)". Este es otro de los puntos en los que coinciden decanos de facultades de ciencias de la salud y medicina al responder sobre la actualización de la formación profesional. Por último, la SAP planteó la necesidad de "restablecer el sistema de acreditación de residencias para garantizar la calidad de la formación pediátrica" y, como lo reiteraron durante sus reclamos en el Garrahan o el Posadas, "escuchar activamente a los residentes y médicos en formación" como una forma de "reconocer su rol clave en la construcción de un sistema pediátrico moderno, humano y eficiente".
El titular de la Unión Industrial de Córdoba analizó los efectos del corte de gas en plena ola polar y advirtió que la infraestructura no alcanza para sostener al sector productivo. Reclamó continuidad de obras públicas y reformas estructurales. Leer más
Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, advierte sobre la caída del turismo receptivo e interno y exige al Gobierno medidas concretas para recuperar la competitividad. Leer más