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El DHS lo confirmó: el ICE aplica operativo para detener a inmigrantes indocumentados que recibieron SNAP
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha un operativo en Estados Unidos para localizar y detener a inmigrantes indocumentados señalados por su presunta participación en fraudes vinculados con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los primeros arrestos incluyeron a ciudadanos de Haití y Cuba.Qué inmigrantes busca detener el ICE por el fraude al SNAPLa iniciativa fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que explicó que las medidas forman parte de una estrategia federal para investigar el uso ilegal de fondos públicos destinados a personas con bajos ingresos."Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.La legislación federal establece restricciones generales para que las personas sin estatus migratorio legal no accedan a los beneficios del SNAP, aunque existen categorías específicas de no ciudadanos que pueden reunir los requisitos. El operativo anunciado apunta a extranjeros indocumentados acusados de obtener o utilizar esos recursos mediante maniobras fraudulentas.Entre las primeras personas detenidas figuran cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. También fue arrestada Elizabeth Povea Rodríguez, ciudadana cubana.De acuerdo con la información difundida por las autoridades, algunos de los sospechosos tenían antecedentes o detenciones previas por otros hechos. En el caso de Theodore, se mencionaron arrestos anteriores relacionados con robo, obstrucción y allanamiento. Povea Rodríguez, por su parte, registraba condenas por alteración del orden público y detenciones vinculadas con acusaciones de agresión y violencia doméstica.Cómo funcionaban las redes de fraude con el SNAPLa investigación forma parte de una tarea coordinada entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y organismos policiales. Según los datos proporcionados por las autoridades, las pesquisas identificaron fraudes por casi 42 millones de dólares relacionados con los beneficios alimentarios.Uno de los mecanismos consistía en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT utilizadas por los beneficiarios. En otros casos, los acusados habrían accedido a cuentas mediante sistemas telefónicos automatizados, modificado credenciales y utilizado los fondos sin autorización.Las investigaciones también detectaron presuntas maniobras en comercios habilitados para aceptar SNAP. Algunos establecimientos simulaban ventas de alimentos que nunca entregaban, mientras que otros cambiaban los beneficios por efectivo o permitían adquirir productos no autorizados.El DHS investiga robo de identidades y lavado de dineroOtro método investigado consistía en utilizar datos personales de terceros para presentar solicitudes falsas.Una vez aprobadas, las tarjetas EBT podían enviarse a domicilios controlados por los responsables de las maniobras, que después las utilizaban o revendían.Las autoridades también investigaron redes que compraban grandes cantidades de productos con beneficios obtenidos ilegalmente para comercializarlos fuera de los canales legales. Entre los artículos mencionados figura la fórmula infantil con un caso en el que los envíos superaron las 124 mil libras (56.245 kilogramos) de este producto.El dinero y las ganancias de estas actividades presuntamente se movían mediante transferencias entre distintos estados. Parte de los fondos habría sido destinada a la compra de vehículos para exportación y al enriquecimiento personal.Fraude del SNAP: qué puede ocurrir con los inmigrantes detenidos por el ICEEl ICE busca identificar a los sospechosos, ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes y evaluar los procedimientos migratorios aplicables.Las consecuencias dependerán de las circunstancias de cada expediente, de los cargos presentados y de las decisiones judiciales o administrativas.El DHS señaló que la operación continuará y que el gobierno pretende impedir que las personas responsables de fraude sigan con acceso a los beneficios públicos. Sin embargo, una detención o una acusación no equivale por sí sola a una condena por fraude.
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Efecto Bolsonaro: las acciones brasileñas recibieron un ingreso récord de u$s2.000 millones
El sorpresivo triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial desató una fuerte reacción de los mercados. El Ibovespa registró su mayor suba en más de seis años, el real se apreció más de 4% y los inversores extranjeros realizaron compras récord de acciones brasileñas.
Caso Andis: las empresas investigadas recibieron $192.000 millones y se quedaron con el 40% de los pagos por medicamentos e insumos
El 40% de los pagos que la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizó para la compra de medicamentos e insumos fueron destinados a las empresas investigadas en la causa por presunta asociación ilícita durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las cifras surgen del quinto anexo de la auditoría que revisó los números internos del organismo y otros dos informes oficiales que el Gobierno remitió a la Justicia con los presuntos sobreprecios.La auditoría, que analizó todo 2024 y el período de 2025 con fecha de corte al 21 de agosto (hasta la salida de Spagnuolo), contabilizó que los "pagos realizados por la compra de medicamentos e insumos" totalizó $479.500 millones. El 40% de esa porción, unos $192.000 millones, terminó en las cuentas de Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.Las diez últimas forman parte de los informes elaborados por el Gobierno y un dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA) que señalan presuntos sobreprecios. La primera de la lista, Suizo Argentina, no se encuentra mencionada en esos reportes, pero está incluida en la investigación judicial sobre presunta asociación ilícita que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.Precisamente, Suizo Argentina es la empresa que más fondos percibió, según el Anexo V de la auditoría. Fueron $108.200 millones correspondientes a la categoría "Pacbi Medicamentos". Absorbió algo más de un quinto del gasto en este rubro. Vale aclarar, las siglas Pacbi significan "prestaciones de alto costo y baja incidencia". A propósito de la investigación judicial, fuentes cercanas a la droguería de la familia Kovalivker señalaron: "Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa".La segunda empresa que más pagos recibió es Droguería Génesis, con $15.100 millones. En el informe de la PIA se menciona un proceso de compra del medicamento Macitentan, recetado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El reporte sostiene que se le adjudicó en abril de 2025 una compra por un "valor unitario de $2.145.363,20â?³, mientras que a otro proveedor, "en el mismo período también tal medicamento" se lo contrató por $464.508 la unidad. La compañía, en su descargo ante la Justicia, dijo que "carece de todo sustento fáctico y normativo" la hipótesis sobre el "abultamiento de precios".Esta postura es la que se repite en varios de los investigados en la causa. Pero podría sumarse otra perspectiva: el abogado de Pablo Atchabahian, señalado en el expediente como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita que habría operado sobre la Andis, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar "el tema de las licitaciones"Profarma recibió pagos que sumaron $11.500 millones, según la auditoría. A esta firma se adjudicó, por ejemplo, la compra de la droga Burosumab por un valor unitario de $45,1 millones, mientras que el mismo medicamento, pero con otro proveedor, tuvo un costo de $25 millones por unidad. La PIA destaca en su relevamiento que el lapso transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha tope o de apertura en el proceso de compra a Profarma "fue de tan solo de horas, exactamente de 5.30 hs. (fecha inicio: 23/06/25 10:27 h y fecha apertura ofertas: 23/06/25 16 h)".Neurosalud es una de las empresas mencionadas en los informes que el exinterventor Alejandro Vilches remitió a la Justicia. Esta firma acumuló pagos por $9,5 millones durante el período auditado. En los reportes del exfuncionario se habla de "una brecha considerable en los valores abonados" entre la Andis y el PAMI a esta firma por el mismo producto. En el escrito se cita que el organismo de Discapacidad compró un neuroestimulador implantable de batería no recargable por $132.465.000 en abril. "Es decir un 219% más caros que la referencia de PAMI", menciona el escrito al argumentar que el instituto previsional lo adjudicó a $41,5 millones en marzo de ese año.Otro caso de comparación involucra a Farma Salud, que totalizó pagos por $9500 millones. El informe de abril de este año habla de "desvíos notables". Menciona la adjudicación de una endoprótesis aortobílica junto con la endoprótesis ilíaca bifurcada a un valor de "más de 19 veces" que el adjudicado por el PAMI.Un caso similar es el de Droguería Floresta. Percibió pagos que totalizan $8300 millones. En uno de los reportes remitidos a la Justicia, fechado en octubre de 2025, se señala que el precio promedio que se le abonó por implantes cocleares Nucleus ascendió a US$62.613. Otro proveedor que también le facturó al Estado adjudicó por un valor unitario de US$12.125 y el informe oficial reconoce un valor de referencia de precio de venta público de US$16.975 por unidad.En el escalafón de pagos contabilizados en la auditoría interna sigue Indecomm, una firma adjudicada a Miguel Calvete, quien recibió el mensaje de las "ofrendas" enviado por un exfuncionario de Andis y que contenía información sobre empresas y cifras. En el caso de esta compañía, los pagos que percibió sumaron $8000 millones. El informe de octubre de 2025 detectó que la ex-Andis le pagó dos veces la misma factura (B 00001- 00000958).Otra droguería, New Farma, alcanzó los $7500 millones en pagos recibidos, según la auditoría. El informe de la PIA reiteró observaciones relacionadas a la compra del Macitentan. Sobre esta empresa, indicó que llegó a venderlo por $8,2 millones, mientras que en otras adjudicaciones "se adjudicó siempre por un precio promedio" de 500.000 pesos. "La droguería se encontraba prácticamente vacía, con poca documentación, pero alguna referida a facturación a la Andis", agregó el reporte sobre el allanamiento realizado en su sede.Las cuatro restantes firmas que conforman el grupo de las 11 que fueron destinatarias del 40% de los pagos por medicamentos e insumos son Expo Trauma ($5800 millones), Ortopedia Bernat ($4300 millones) y Artrobone ($3900 millones). Las tres aparecen en el informe firmado en abril de este año sobre insumos ortopédicos, tales como andadores y sillas de ruedas.En ese reporte se incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a LA NACION, semanas atrás, que al menos hasta mayo la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo: "Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado".
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California aplicó un crédito en facturas de electricidad durante los meses de mayor consumo.La ayuda llega a clientes residenciales de tres grandes eléctricas y no requiere solicitud previa.
Fueron a un restaurante y cuando recibieron el ticket para pagar un detalle los descolocó
Un grupo de viajeros procedentes de Estados Unidos vivió una jornada inesperada en las playas de Tijuana, México. Tras pasar varias horas frente al mar, los turistas decidieron almorzar en el local Vista Bella Terraza al Mar, ubicado sobre la avenida Del Pacífico. Sin embargo, la experiencia gastronómica terminó en una situación incómoda al recibir el ticket de pago, donde un concepto desconocido los dejó totalmente descolocados al momento de abonar la cuenta por los platos y tragos consumidos.Según la información publicada por el diario El Sol de Tijuana, que difundió la imagen del ticket de uno de los comensales identificado como Mario Chacón, el consumo incluyó seis shots de tequila, una michelada, una bebida cola, una cerveza y diversos platos como patitas de pollo y frutos de mar. La suma total alcanzó los 6578,50 pesos mexicanos, cifra equivalente a unos 346 dólares. Al revisar el comprobante para validar el monto, los visitantes detectaron que 1003,50 pesos, cerca de 52 dólares, figuraban bajo el concepto de servicio. Este cargo representaba un 18% del valor total de la comida.Los comensales expresaron su malestar inmediato ante los empleados del local, dado que nadie les notificó sobre la aplicación de este recargo de manera previa. Ante el reclamo, la respuesta que obtuvieron los dejó atónitos: "Acá es así". Esta contestación, que los dejó sin margen de negociación, profundizó el enojo del grupo de amigos de San Diego, quienes sintieron que el restaurante impuso condiciones de forma arbitraria durante su estadía en la zona costera de la ciudad mexicana.El caso se viralizó rápidamente en la plataforma Facebook, donde el posteo del medio mexicano generó opiniones divididas. Gran parte de los usuarios cuestionó la falta de transparencia del establecimiento. "A eso no se le llama propina, se le llama abuso", comentó un internauta. Otros señalaron que el negocio debió informar la política de recargos antes de que los clientes tomaran asiento, lo que hubiera permitido a los turistas elegir otro destino para su almuerzo. Bajo esta postura, varios lectores coincidieron en que existe una diferencia clara entre la cultura de propina voluntaria y un cargo obligatorio no declarado.Por otro lado, surgió una postura que defendió al personal del restaurante. Algunos ciudadanos mexicanos argumentaron que el ingreso extra resulta vital para los trabajadores del rubro, cuyos salarios básicos suelen ser insuficientes. En este sentido, una usuaria fue crítica con los visitantes al comparar la situación con los estándares de Estados Unidos: "Pues qué piojosos se vieron quejándose cuando en USA si son más de siete personas en una mesa; sabés que cualquier restaurante te va a cobrar el 18% de propina, te guste o no, quieren venir a México y no pagar". El debate sigue abierto respecto a los límites de la atención turística.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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