rechazan
Rechazan el ingreso a Venezuela de un diputado de Pro que había sido invitado como "observador" por la oposición
En la previa a las elecciones que este domingo podrían torcer el rumbo político de Venezuela tras 25 años ininterrumpidos de chavismo, le negaron hoy la entrada al país al diputado nacional de Pro Alejandro Bongiovanni, quien era parte del grupo de políticos argentinos invitados por la líder opositora María Corina Machado para participar como observador del proceso electoral.Bongiovanni aterrizó esta tarde en Venezuela, pero le prohibieron el ingreso al país, según contó a LA NACION, aunque sin dar muchas explicaciones. "'No está autorizado a ingresar', me dijeron", señaló el legislador. "Ya no dan ni argumentos", agregó.En un mensaje en sus redes sociales, Bongiovanni señaló que se encuentra camino a Panamá tras ser deportado de Venezuela. "Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", publicó.Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela. ð??»ð??ª ð??¦ð??·— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) July 26, 2024Momentos antes, la Fundación Libertad, que preside el padre del diputado, Gerardo Bongiovanni, denunció la deportación del legislador. "Informamos que el diputado nacional y director de la fundación, Alejandro Bongiovanni, ha sido retenido por la dictadura chavista de Maduro en Venezuela. Le prohíben ingresar al país y lo deportarían en el próximo vuelo disponible", indicó la organización en la red social X.ATENCIÓNInformamos que el Diputado Nacional y Director de la Fundación, Alejandro Bongiovanni (@alejobongio), ha sido retenido por la dictadura chavista de Maduro en Venezuela. Le prohíben ingresar al país y lo deportarían en el próximo vuelo disponible.— Fundación Libertad (@FundLibertadRos) July 26, 2024Las dudas sobre si la delegación argentina invitada por la líder opositora -que está inhabilitada a ejercer cargos públicos en el país por 15 años- podría ingresar o no a Venezuela estaban instaladas desde temprano. Por la tarde, se conoció que la referente del Partido Popular español Cayetana Álvarez de Toledo tampoco logró ingresar al país para participar de los comicios del domingo.Volveremos para celebrar la victoria. ¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/4phAvKrhKm— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 26, 2024"El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decido expulsarnos del país, no permitirnos la entrada con argumentos espurios y absurdos", anunció Álvarez de Toledo en su cuenta de X. "Sin embargo, en este momento lo que quiero hacer es transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de venezolanos que en estos últimos meses se han movilizado de una manera histórica y heroica", agregó.Más temprano el expresidente de México Vicente Fox denunció que su vuelo con destino a Venezuela fue suspendido. "Este dictadorzuelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todo los vuelos de Copa (Airlines) con destino a Caracas Venezuela fueran suspendidos".EL MIEDO DE UN TIRANO SE NOTA EN SUS ACCIONES, PERO SEGUIREMOS FUERTES @MariaCorinaYA VENEZUELA LIBRE pic.twitter.com/HYnLSvyHUZ— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024Entre los invitados argentinos por Corina Machado que volarían en las próximas horas a Venezuela, se encuentra el legislador porteño Ramiro Marra; la exjefa de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico y el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.
Unión Europea: rechazan un medicamento para el alzheimer por riesgos cerebrales
El tratamiento Leqembi de Eisai y Biogen mostró efectos riesgosos en la inflamación cerebral. En Europa, siete millones de personas padecen la enfermedad, y se espera que esa cifra se duplique para 2050.
Autoridades de Sonora rechazan que vuelo en donde viajaban 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán saliera de Hermosillo
Rosa Icela dio a conocer está mañana más detalles sobre la presunta detención de los dos miembros del cártel de Sinaloa
PP-A y Vox rechazan en el Parlamento una PNL del PSOE-A contra los "ataques" de la Junta al TC por el caso ERE
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Los 14 colegios de abogados catalanes rechazan "centralizar" los juzgados de violencia machista
Los senadores radicales rechazan la denuncia contra Valdés y acusan a Marijuan de politizar el caso Loan
El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó este miércoles la denuncia al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, por el caso Loan Peña, el niño de cinco años del que se desconoce su paradero desde el 13 de junio. La banca que lidera Eduardo Alejandro Vischi calificó la presentación del fiscal federal Guillermo Marijuan como "inentendible" y aseguró que busca un "inoportuno protagonismo mediático". Los delitos por los que pide el fiscal que se los investigue es por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.A través de un comunicado, el bloque del partido que encabeza Martín Lousteau manifestó "preocupación" y respaldó al gobernador. "El bloque de senadores y senadoras nacionales de la Unión Cívica Radical rechaza el accionar del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien realizó una inentendible denuncia contra el gobernador de la provincia de Corrientes en la denominada Causa Loan", comienza el texto.Y agrega: "Nuestra preocupación es la pretensión del fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias". En ese marco, el grupo de legisladores acusó a Marijuan de, a través de la denuncia, buscar "un inoportuno protagonismo mediático en una causa que no tiene delegada ninguna función específica". "Los esfuerzos de todos los actores deben enfocarse en esclarecer el caso, pero primordialmente para dar con Loan, no para ser protagonista mediático en un momento de angustia generalizada", asevera el comunicado.Y cierra con un claro apoyo al mandatario provincial: "Respaldamos plenamente al gobernador Gustavo Valdés y rechazamos toda acción que pretenda desviar maliciosamente la atención, con fines extrajudiciales".ð??? Comunicado: Senadores radicales rechazan el accionar del Fiscal Marijuan y respaldan al gobernador Gustavo Valdés.#BloqueUCR #UCR #Senado #Argentina pic.twitter.com/RPxqsAMgz2— Bloque UCR Senado (@ucrsenado) July 24, 2024"Es inmoral usar una causa tan dolorosa y angustiante como la desaparición de Loan para ensuciar y perseguir políticamente", expresó luego la senadora radical Carolina Losada a través de X.El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) denunció a Valdés; al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad provincial Buenaventura Duarte, a su sucesor, Alfredo Vallejos, y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.Los delitos por los que pide el fiscal que se los investigue es por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación recayó en el juez Sebastián Casanello.Valdés quedó en el centro de la polémica luego de que adelantara por redes sociales que Laudelina Peña -una tía de Loan- había efectuado una denuncia ante la Justicia correntina por amenazas contra dos de los detenidos en la investigación que el fuero federal ya trababa como la sustracción de un menor.Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan.— Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024En ese caso, la tía de Loan había dicho que colaboró en un intento de engañar a los investigadores, al colocar un botín del chico en una zona alejada del lugar de rastrillaje, y que había realizado esa acción bajo amenaza de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, y agregó que esa pareja era responsable de arrollar a Loan en las cercanías de la casa de la abuela del menor, donde se realizó un almuerzo, y que habían cargado el cuerpo en la camioneta del capitán de navío retirado.Algunos días después, Laudelina Peña -ya detenida- explicó ante la Justicia Federal que todo fue una mentira. Pero el gobernador correntino ya había celebrado que el caso estaba a punto de esclarecerse. "Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan", dijo el sábado 29 de junio el mandatario provincial.La semana pasada, luego de remover a la cúpula de la policía Provincial y ya con el nuevo ministro de Seguridad en funciones, Valdés denunció intentos de desestabilización en Corrientes.El mandatario correntino fue directo al referirse el viernes al tema, en una conferencia de prensa. "Tratan de desestabilizar al gobierno", dijo el mandatario provincial un día después de desplazar a la cúpula policial y luego de aceptar la renuncia del ministro de Seguridad."No vamos a permitir que en la provincia de Corrientes desaparezca ni un solo niño, porque cuando desaparece un niño nosotros vamos a poner todo el empeño del Estado porque eso en la provincia es inadmisible. Tampoco es admisible que nosotros tengamos miserias políticas que hoy estamos escuchando y viendo azorados los correntinos tratando de desestabilizar al gobierno", aseveró el gobernador.Y agregó: "Sin dudas esto es un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno en vista de las próximas elecciones. Nosotros sabemos perfectamente quienes son los caranchos, en donde están, de dónde provienen los ataques y vamos a decirlo sin ninguna duda, quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes".
Los 14 colegios de abogados catalanes rechazan "centralizar" los juzgados de violencia machista
Los sanitarios rechazan el nuevo MIR: "Va a desprestigiar todavía más la profesión"
Representantes de la Enfermería y la Medicina han criticado la falta de plazas y los cambios en los criterios para acceder a la Formación Sanitaria Especializada
Rafael López Aliaga y Enel rechazan responsabilidad total por caída de poste que dejó a hombre en UCI
El alcalde de Lima exhortó a la empresa concesionaria a realizar el mantenimiento de todos las estructuras metálicas ubicadas en las plazas del Cercado de Lima
Sindicatos del MTC rechazan la fusión de Sutran, Provías y Pronatel por riesgo de despidos
Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones protestan en los exteriores de la entidad tras oficializarse reorganización de la misma. Medida perjudicaría a más de 4 mil funcionarios y a los proyectos de inversión en vías carreteras y telecomunicaciones a nivel nacional, según secretaria general del sindicato de Pronatel
Conflicto en la obra social de los militares: cerca de Petri rechazan las denuncias sobre una supuesta privatización
Por las acusaciones escaló la tensión entre integrantes de "familia militar", mayormente retirados, y el titular de la entidad, Oscar Sagás, un funcionario ligado al ministro. Milani reapareció y también se sumó a las críticas contra Sagás.
PSOE y PP rechazan las enmiendas de Sumar y su reforma judicial supera un nuevo trámite
Un pueblo, en guerra con Netflix: rechazan que se haga una película sobre la tragedia en la que murieron 50 niños
Netflix ofrece un extenso catálogo de series y películas que abarcan una amplia gama de géneros, desde comedias y romances hasta terror, suspenso y drama. Entre estas producciones, muchas se inspiran en hechos reales, incluyendo una próxima que fue anunciada en julio, cuya historia real, tan impactante como dolorosa, ya está generando debates.Fue a principio de este mes cuando la plataforma de streaming dio a conocer este proyecto: la adaptación de la novela El niño, escrita por Fernando Aramburu. En el caso de que se lleve a cabo, la dirigiría el prestigioso Mariano Barroso. De todas formas, Netflix ya se encontró con los primeros tropiezos antes de comenzar. ¿Por qué? Por la oposición del pueblo donde tuvieron lugar los hechos reales que inspiran esta historia, que son realmente delicados.La impactante historia real que Netflix quiere llevar a la pantallaEstos trágicos hechos ocurrieron en 1980 en el municipio de Ortuella, provincia de Vizcaya, del País Vasco, cuando una explosión de gas en el colegio público Marcelino Ugalde mató a 50 alumnos de entre 5 y 6 años, dos profesores y una cocinera. Claramente, el incidente generó una huella imborrable en toda la comunidad, que cuenta con solo 9000 habitantes. El estruendo, que se pudo escuchar a seis kilómetros de distancia, inicialmente hizo temer un atentado en plena era de violencia de ETA. Sin embargo, la explosión fue provocada accidentalmente por un plomero que encendió un soplete mientras arreglaba una fuga de gas propano.Por su parte, el libro El niño cuenta la historia de Nicasio, un hombre de unos 80 años que sube semanalmente al cementerio de Ortuella para visitar la tumba de su nieto, fallecido en los trágicos sucesos de 1980. La obra profundiza en el trauma y en cómo la explosión afectó psicológicamente a todo el pueblo. A pesar de que la aproximación del autor es extremadamente respetuosa con la tragedia, hay una fuerte oposición en Ortuella a que Netflix adapte la historia en una de sus producciones exclusivas para la plataforma.La fuerte oposición del pueblo: "Que se abstengan de cualquier producción" El Ayuntamiento de Ortuella emitió un comunicado en el que expresó su postura sobre la película de Netflix. En el mensaje, solicitan "respetuosa y enfáticamente" que no se realice ninguna película o producción audiovisual sobre la tragedia que afectó al pueblo en 1980. La decisión, adoptada de manera unánime por la comunidad, refleja el deseo colectivo de proteger su historia y privacidad. Asimismo, les solicitaron a Netflix: "Que se abstenga de realizar cualquier producción basada en los hechos que afectaron a nuestro pueblo. Instamos a considerar la sensibilidad de nuestra situación y la importancia de nuestro derecho a decidir sobre nuestra historia y su difusión pública".En respuesta a esto, desde la plataforma aseguraron que la producción va a ser respetuosa con el caso, en memoria de los fallecidos y sus respectivas familias. Sobre esto, Aramburu contó: "A lo largo de los años, el accidente de Ortuella me interpeló con fuerza. Sentía como si reclamara un espacio propio en la serie de historias titulada 'Gentes vascas' que yo me propongo contar. El proyecto de adaptación al cine por parte de Netflix me complace sobremanera y al mismo tiempo me afianza en el convencimiento de que los niños fallecidos en aquella tragedia de 1980 merecen un lugar digno en nuestra memoria".
Sindicatos policiales rechazan una revisión de la Ley Mordaza y exigen conocer el alcance del acuerdo entre PSOE y Sumar
PP y PSOE rechazan las enmiendas de Sumar a la reforma judicial, que mañana será aprobada en comisión del Congreso
PP y PSOE rechazan hoy enmendar la ley del CGPJ mientras los vocales acuden a las Cortes
Page y las regiones del PP dejan solo al Gobierno: rechazan cualquier financiación "singular" de Cataluña y piden un fondo de compensación
El debate sobre la renovación del sistema de financiación autonómica acapara la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en contra de la voluntad del Ejecutivo. Es la primera vez que Cataluña acude a este tipo de encuentro porque podrá defender su propuesta de financiación singular ante todas las comunidades
Ley de Pesca Artesanal: rechazan cambios en reglamento de la norma y advierten riesgos contra el ecosistema y sostenibilidad del sector
Diversas asociaciones de pescadores artesanales acusan a Produce de aprobar un reglamento que, según alegan, desprotege su trabajo. Argumentan que normativa omite artículos esenciales, facilitando la sobreexplotación de recursos y fomentando la competencia desleal con embarcaciones semiindustriales dentro de las cinco primeras millas
El Gobierno y sus socios rechazan en el Congreso la enmienda de totalidad del PP a la ley de eficiencia de la Justicia
Rusia y China rechazan la declaración de la cumbre de la OTAN: "Es una grave amenaza a la seguridad"
La OTAN sostuvo que la adhesión de Ucrania a la Alianza es "irreversible" y advirtió a Beijing que "deje de apoyar a Moscú".El portavoz del Kremlin afirmó que en respuesta serán necesarias "medidas meditadas, coordinadas y eficaces para contener" a la Alianza.
Mandos policiales rechazan las acusaciones a un comisario por la detención de Nacho Cano
Rechazan pedido de José Domingo Pérez para sancionar a abogada de Keiko Fujimori por "gestos obscenos"
La acusación del fiscal no solo era contra Giulliana Loza sino también contra la defensa de Jaime Yoshiyama: Humberto Abanto. Ante tal decisión, Domingo Pérez presentó un recurso de reposición o reconsideración
Mujeres awajún rechazan al Minedu por no abordar adecuadamente la violencia sexual y exigen medidas contra la impunidad
El Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi demanda un enfoque intersectorial, incluyendo organizaciones indígenas, para enfrentar la violencia sexual y piden un aumento de presupuesto para implementar estrategias de protección
Centenares de personas rechazan los desahucios tras la muerte de dos hermanas en Barcelona
Los inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una Agencia tributaria catalana: Son inconstitucionales
Organizaciones sociales rechazan elección de Alberto Borea como juez de la corte IDH: "No nos representa"
Las críticas se centraron en la postura del abogado peruano sobre el derecho a la protesta, algo que también había advertido el panel de expertos independientes que analizaron su candidatura
Los inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una Agencia tributaria catalana: Son inconstitucionales
Trabajadores de Pronovias rechazan el ERE para despedir al 25 % de plantilla de El Prat
PP, PSOE y Vox rechazan en el Congreso el reconocimiento de Kosovo que reclamaban los independentistas
El PSOE y sus socios rechazan la ley del PP para que la Audiencia Nacional asuma casos graves de narcotráfico
Partidos e instituciones rechazan las pintadas contra el consejero vasco de Seguridad
Las Cortes de Aragón rechazan la financiación singular para Cataluña con la abstención del PSOE
Polémica en Chubut: los argumentos de legisladores que rechazan premiar a los alumnos con "asistencia perfecta"
La legisladora Vanesa Abril cuestionó una iniciativa que apunta a combatir las inasistencias en el nivel primario de esa provincia. El proyecto logró dictamen favorable, pero volverá a ser debatido en comisión por esos reparos
Más de 200 instituciones rechazan la exhibición de Fórmula 1 en el paseo de Gràcia
Caso Cuadernos: rechazan una queja por "retardo de justicia", pero advierten que el tribunal debe apresurarse a iniciar el juicio contra Cristina Kirchner
Los camaristas de la Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron una queja por retardo de la justicia de la fiscal Fabiana León contra los jueces que debe hacer el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros 160 acusados por el caso de "Los cuadernos de las coimas", aunque le dijeron a los magistrados que el proceso "no admite dilaciones" y por eso deben acelerar."De momento no se advierte que la demora en proveer la prueba ofrecida por las partes, y denunciada por la fiscal de juicio, configure un caso de retardo de justicia", dijeron los magistrados. Sin embargo, escribieron que "sin perjuicio de lo expuesto y en abono de lo manifestado por la doctora Fabiana León, entendemos que el trámite procesal en estas actuaciones no admite dilaciones y debe intensificarse a fin de cumplimentar todos los actos procesales reclamados por la nombrada y pendientes de producción".Condenaron al exgobernador José Alperovich a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y lo dejaron preso desde el estrado del tribunalBarroetaveña y Petrone aclararon que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 pueden acudir a las videoconferencias para acelerar la realización de semejante juicio oral.La fiscal León presentó además otra queja por retardo de justicia que tramita ante otra sala de la Casación, pero estos jueces aún no resolvieron si la admiten o no.Las quejas de León van contra los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que tienen el caso desde hace cuatro años y cinco meses, sin que avancen en fijar fecha para el juicio ni en decidir la admisibilidad de las medidas de prueba.En una durísima e inusual queja, la fiscal denunció a los jueces que deben realizar el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 exfuncionarios y empresarios por el caso conocido como "Los cuadernos de las coimas". Los acusó de "retardo de justicia", al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con ese expediente.Los jueces de la Cámara de Casación de la Sala II son quienes aún deben resolver si llaman la atención al tribunal oral, pero no se pusieron de acuerdo con sus colegas de la Sala IV sobre quién debe intervenir para hacerlo. Pero, luego de la publicación de esta denuncia, decidieron "formar un legajo independiente" (sin perjuicio de que no se resolvió quién es competente) para dar trámite a la queja de la fiscal León y pedirle informes al Tribunal Oral Federal N°7, para que expliquen las razones de la demora. Aun no resolvieron. Sí lo hicieron sus colegas de la Sala I, Barroetaveña y Petrone, en otro expediente similar."Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio", dijo a LA NACION la fiscal León, tras presentar ambos escritos que demandan una rápida respuesta de los jueces de la Cámara de Casación Penal.El caso Cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios "arrepentidos" admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.La causa Cuadernos es en realidad varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre los años 2003 y 2015, "en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios- a razón de ese acuerdo ilícito previo", según evaluó la Justicia.En rigor, las dos "quejas por retardo de justicia" se presentaron en dos casos conexos con el principal: aquel en que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL) y en el que se investiga a la empleada doméstica del exministro Julio De Vido por sus fastuosos bienes.En el primer asunto, del GNL, es en el que resolvieron la denuncia por "retardo de justicia" los jueces de la Sala I de la Casación, Barroetaveña y Petrone.A la queja por "retardo de justicia" en el caso de la cocinera de De Vido la deben resolver los jueces de la Sala II (Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci) o los de la Sala IV de la Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo), pero hay desacuerdos acerca de a quién le corresponde decidir.José Alperovich, condenado por abuso sexual: la caída de un caudillo que se creyó impuneLa fiscal León, en ambas causas, viene insistiendo con "pedidos de pronto despacho" para que los jueces le impriman celeridad a la admisibilidad de la prueba y que decidan cuáles son los testigos del proceso. La fiscalía incluso propuso que las causas se juzgan de manera separada, intercalada o sucesiva, pero que avance el juicio oral."La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces. Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad", dijo la fiscal, que pidió a la Casación que exhorte a los jueces a que pongan fecha de inicio al juicio o al menos que fijen las condiciones para su realización.
Organizaciones de Cajamarca rechazan anunciada visita de ministro Rómulo Mucho para promover ejecución de proyecto minero Colpayoc
Acusan al titular de la cartera de intentar imponer proyectos mineros "a sangre y fuego". Los distritos de Chetilla, Ronquillo y Cajamarca exigen se anule la resolución que autoriza la exploración del proyecto minero de oro, situado en las cabeceras de cuenca de los ríos Chontas y Cushunga
"Pabellón del Borda". Tras los dichos de Grabois: psiquiatras rechazan expresiones sobre salud mental para descalificar
La asociación profesional que nuclea a los psiquiatras en el país emitió un comunicado este lunes en el que rechaza los términos en los que dirigentes políticos utilizan los problemas de salud mental o los hospitales especializados donde se atiende a la población para referirse a opositores o criticar medidas, sin pensar, sobre todo, en el efecto que puedan tener esas palabras en pacientes, familiares y profesionales.La posición de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), entidad que desde hace tiempo rechaza ese tipo de manifestaciones públicas, surgió luego de que, la semana pasada, se sucedieran los dichos de una senadora que enumeró en una sesión las limitaciones que tiene un "enfermo mental" para trabajar -en ese caso era para ocupar un cargo público- y de un excandidato presidencial que recurrió a la comparación con "una sala del Borda" al hablar de la conducción del Poder Ejecutivo."Con preocupación seguimos escuchando que dirigentes políticos se refieren a otros haciendo referencia a que padecen problemas en la salud mental o, también, a las instituciones que se dedican a asistir a personas que padecen enfermedades mentales como es el Hospital José T. Borda", señala el comunicado de la AAP que firma su presidente, Ricardo Corral, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.El texto, que recuerda que justamente por su alta prevalencia las enfermedades mentales "son la principal causa de discapacidad, dolor y sufrimiento no solo en la Argentina, sino en todo el mundo", plantea que "las personas que las padecen y sus familias se ven aún más estigmatizadas con este tipo de manifestaciones de personalidades reconocidas que se usan como insultos y agresiones o falacias ad hominem y que cobran estado público con gran difusión en los medios escritos, radio, televisión e, inclusive, las redes sociales".La AAP también extiende la carga de ese "estigma y discriminación" a las instituciones y los profesionales que asisten tanto a los pacientes como a sus familias, que no siempre pueden acceder en tiempo y forma a los servicios que necesitan por la falta de actualización de las políticas públicas y las normas orientadas a la respuesta en salud mental a lo largo del país."A esto -plantean- llamamos doble estigma; es decir, hacia las personas que padecen enfermedades mentales y las instituciones y los profesionales que se ocupan de tratarlas, asistirlas y acompañarlas. La AAP viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de esta situación, por lo que realiza actividades de educación y concientización hacia la sociedad."De hecho, la entidad respaldó hace dos años, con otras cuatro asociaciones profesionales de la región, la publicación de una guía para erradicar los mitos más comunes sobre los problemas de salud mental y mejorar la información sobre cómo viven las personas con depresión, demencia, trastorno bipolar, trastornos del desarrollo, esquizofrenia y otras psicosis. El trabajo lo lideraron justamente dos miembros de la AAP: Corral, que también es jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, y Pedro Gargoloff, fundador y asesor de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE) y docente de la maestría en investigación biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.La redacción de Las palabras importan, que se puede consultar acá, comenzó durante la pandemia de Covid, cuando los servicios de salud estaban concentrados en la emergencia sanitaria. Cuando de a poco empezó a volver a atender los demás problemas, las consultas en las guardias por síntomas o urgencias psiquiátricas crecieron un 20-30%, según publicó LA NACIÓN con estimaciones de ese momento.Compromiso pendiente: reclaman un plan nacional para abordar una enfermedad que se diagnostica cada 3 segundos en el mundoDescalificacionesDe acuerdo con la guía, por ejemplo, hablar de enfermo mental -como lo hizo la senadora Cristina López (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) en la sesión del miércoles pasado en el Congreso-, trastornado, loco o demente es "descalificatorio y peyorativo" hacia una persona con problemas de salud mental y lo mismo aplican al calificar a un individuo por un diagnóstico: por ejemplo, esquizofrénico, bipolar o psicótico.La senadora terminó por asociar en su discurso la enfermedad mental en términos generales con la incapacidad política de un funcionario para ejercer un cargo público. Las guías consideran "incorrecto" asociar los trastornos mentales a la discapacidad intelectual "porque no suponen ni tienen por qué estar asociados con una discapacidad".A la vez, se desaconseja "considerar que las personas con enfermedades mentales están incapacitadas, que los trastornos mentales son incurables y que impiden tener una vida plena" porque los especialistas afirman que "con un tratamiento adecuado, además de un entorno social y familiar favorables, pueden superar las limitaciones parciales y transitoria del trastorno mental que padecen como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos, entre otras actividades".Por su parte, el dirigente Juan Grabois, excandidato a presidente en las internas de Unión por la Patria, comparó también la semana pasada la Oficina del Presidente con "un pabellón del Borda", comparación que la AAP rechazó en lo que se refiere a ese hospital especializado en salud mental y los pacientes que ahí se tratan."Sabemos que la ignorancia es la base del prejuicio y esto lleva al estigma y posteriormente a la discriminación , por esa razón elevamos nuestra voz y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para informarse adecuadamente y ejercer la responsabilidad en la palabra con el objetivo de mejorar nuestra convivencia y hacer una sociedad mejor", finaliza el comunicado de la AAP.Sistema sanitario en crisisEn diálogo con LA NACIÓN, Corral repasó que este uso en la política de términos asociados con la salud mental para descalificar a otros sigue siendo recurrente y consideró que eso termina por afectar más a pacientes y personal de la salud que a los destinatarios reales de esas manifestaciones."El sistema de salud está totalmente en crisis, con déficit de profesionales, y algunos padeciendo burnout, el aumento de la demanda y el impacto de la crisis económica en la población, que es lo que hace que tenga todavía más importancia que la que siempre tuvo. Si, además, en ese contexto de mayor demanda por problemas de salud mental se estigmatizan a las personas que necesitan atención y a quienes atienden en las instituciones especializadas, eso no hace otra cosa desde la política que aumentar los problemas de acceso de esa población -expresó el psiquiatra-. Los hospitales especializados, como el Borda, están para tratar y ayudar a las personas que son, justamente, las más vulnerables de la sociedad."Corral insistió, como en el comunicado, que los problemas de salud mental son, de todas las enfermedades, los más prevalentes en el mundo, no solo en la Argentina. "Tanto hablamos en el país de salud pública, pero falta mejorar los recursos logísticos, económicos y de recursos humanos en las instituciones, sobre todo en lo que se refiere a salud mental, que aún sigue sin resolverse para poder atender las necesidades de la población -afirmó-. Los políticos tienen el tema en agenda: todos hablan de salud mental, pero no hay acción."
Entidades educativas rechazan ley del Congreso para el nombramiento automático de docentes
La aprobación por insistencia del proyecto legislativo permite el acceso sin evaluación a la carrera pública magisterial de más 200 mil profesores. Las instituciones temen que la medida amenace la meritocracia en el sector educativo
Rechazan un amparo para que el gobierno reestablezca el FONID en la provincia de Buenos Aires
Un juez federal rechazó un pedido de la Federación de Educadores Bonaerenses. Sostuvo que la finalización del FONID fue una decisión que se tomó "en ejercicio de las atribuciones propias de gobierno"
Qué pasa si rechazan mi solicitud de visa y cuánto tiempo debo esperar para volver a tramitarla
Un extranjero que quiere realizar turismo, asistir a conferencias o tener reuniones de negocios en Estados Unidos puede solicitar una visa, documento que autoriza la permanencia por un periodo definido y de forma legal. Pero, ¿qué pasa tras un rechazo? El gobierno de EE.UU. indica que si al solicitante le negaron el permiso, tiene ciertos derechos y la posibilidad de volver a pedirlo.La ley estadounidense generalmente exige que los solicitantes de visas sean entrevistados por un funcionario en una embajada o consulado estadounidense, quien determina si es aprobada o denegada. Este último caso puede responder a varios motivos, como que no existe toda la información requerida o que el solicitante no califica para la categoría que solicitó.Si se rechaza una visa, en la mayoría de los casos se notifica al solicitante la sección de la ley que se aplica para establecer la resolución. El funcionario consular también informa si pueden solicitar una exención de su inelegibilidad.Si me rechazaron la visa, ¿cuándo puedo volver a pedirla?El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. explica que, después de que se determina que el extranjero no es elegible para una visa, puede volver a solicitarla en el futuro; sin embargo, no indica un periodo establecido de forma oficial. También señala que quien vuelve a pedirla, con la excepción de las denegaciones 221(g), debe presentar una nueva solicitud y pagar las tarifas requeridas nuevamente.Para los casos en los que se denegó el documento bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), la persona solicitante debería poder presentar evidencia de cambios significativos en las circunstancias desde su última solicitud.¿Qué significa un rechazo de visa según la sección 221(g) de INA y qué hacer?Una denegación de visa, según la sección 221 (g) de INA significa que el funcionario consular no tenía toda la información necesaria para determinar la elegibilidad, que puede deberse a una de dos razones:La solicitud está incompleta y/o se requiere documentación adicional: si se requieren más documentos para completar el caso, se informará qué se necesita y cómo proporcionarlo a la embajada o consulado.Procesamiento administrativo: el funcionario consular no pudo concluir que la persona era elegible para la visa solicitada y se requiere un procesamiento administrativo adicional.Si la solicitud fue rechazada porque falta documentación o información, el solicitante puede proporcionar los documentos faltantes lo antes posible. Después de enviarlos se volverá a evaluar el caso para determinar si califica. De acuerdo con el DOS, el extranjero tiene un año a partir de la fecha en que se le negó la visa para presentar la información adicional. En caso contrario, deberá volver a solicitarla y pagar de nuevo la tarifa.¿Qué significa una denegación de visa según la sección 214(b) de INA?Esta ley se aplica solo a las categorías de visas de no inmigrante. Si se niega una visa según la sección 214(b) significa que el extranjero no demostró al funcionario consular que califica para la categoría que solicitó y/o no superó la presunción de intención de inmigrante requerida por la legislación de EE.UU., al mostrar que no tiene fuertes vínculos con su país de origen, por ejemplo: trabajo, hogar; y/o relaciones con familiares y amigos.En estos casos, la denegación o inelegibilidad no tiene proceso de apelación, por lo que el extranjero puede volver a pedir la visa si considera que hay información adicional que debe tomarse en cuenta en la decisión, o si hay cambios significativos en sus circunstancias. Para volver a presentar la solicitud, debe completar un nuevo formulario, pagar la tarifa y programar una cita para una nueva entrevista.
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Rechazan un planteo de Alberto Fernández contra la inhibición de sus bienes en el caso de los seguros
La Cámara Federal rechazó un planteo del expresidente Alberto Fernández contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Julián Ercolini en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros.El expresidente había pedido que hasta tanto la Cámara Federal resolviera si confirmaba o no la inhibición de sus bienes, le permitiera disponer de ellos. Si embargo, por unanimidad, aunque con fundamentos diferentes, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el pedido de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, que había pedido que la apelación tenga carácter "suspensivo" sobre la medida del juez Ercolini.Ley Bases y paquete fiscal | El oficialismo accede al pedido de los patagónicos en lo relativo al impuesto a las ganancias para destrabar los dictámenesSi le daban la razón a Fernández, le hubieran permitido el virtual el levantamiento de la inhibición general de bienes mientras se sustancia la apelación, es decir que hasta tanto se resolviera si podría disponer de su patrimonio.El juez Ercolini, concedió la apelación con efecto "devolutivo", es decir, manteniendo los efectos de la inhibición y la Cámara sostuvo ahora ese criterio."El recurso directo es improcedente. No se trata de alguno de los supuestos que prevé la ley para una impugnación de esta especie. Tampoco se advierte una situación de excepción -por arbitrariedad- que eventualmente autorice a apartarse del principio de no revisión aplicable a esta cuestión", dijeron los jueces Irurzun y Farah.Boico, en cambio, consideró que había que abrir el recurso pero, igualmente, se inclinó por mantener el efecto "devolutivo" de la apelación.Ahora, los mismos jueces deberán deberá decidir sobre el fondo del asunto, es decir, si mantienen o no inhibidos los bienes de Alberto Fernández.
Organismos reguladores rechazan propuesta de fusión de premier Gustavo Adrianzén: "Puede ocasionar perjuicios para la economía"
Las entidades recordaron que no es la primera vez que se propone la unificación de los reguladores, pero siempre se determinó que dicha decisión no era adecuada para los fines del Estado
Cesar Gaviria se suma a expresidentes que rechazan eventual constituyente de Petro
Hizo un llamado para que en las elecciones de 2026 se logre una coalición, con un candidato que surja de una consulta interpartidista, proteja a la carta magna
Causa Cuadernos | Rechazan un planteo de Cristóbal López para anular la confesión de un financista clave en la trama de las presuntas coimas
El empresario patagónico Cristóbal López sufrió otro revés judicial en su intento por derribar la acusación que afronta en la llamada "causa Cuadernos". Esta vez, el Tribunal Oral rechazó su planteo para anular la confesión del financista Ernesto Clarens, quien resultó decisivo para que lo imputaran y procesaran en esa investigación.Los camaristas del Tribunal Oral Federal Número 7 -Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero-, concluyeron que la petición de López y sus abogados no podían prosperar en esta instancia, más allá de que pudieran volver a invocarla durante las audiencias del juicio, donde además podrían presentar nuevas objeciones, plantear nuevas nulidades e interrogar a Clarens y otros "arrepentidos"."Más allá de las conjeturas que hace el incidentista [por López y su defensa] sobre las razones que, a su juicio, llevaron a Clarens a declarar del modo en que lo hizo, no ha aportado argumentos novedosos de peso", concluyó el Tribunal, para luego reafirmar que la instancia oral "es el ámbito natural de discusión y que caracteriza a nuestro sistema procesal (con sus conocidas notas de oralidad, publicidad, concentración, inmediación) de acuerdo a la Constitución Nacional".El empresario patagónico había cuestionado la confesión de Clarens, financista clave para entender el sistema de recaudación delictiva que se montó alrededor de los Kirchner, la cartelización de la obra pública y muchos otros negocios ilícitos, al sostener que ofreció versiones distintas sobre los mismos hechos en las tres declaraciones que brindó en los tribunales federales de Comodoro Py.López cuestionó, además, que el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadío no hayan registrado en video o audio las audiencias en las que Clarens declaró, de modo de tener certeza fehaciente de lo que dijo y de cómo se desarrollaron esas audiencias. Alegó que eso afectaba su defensa como acusado en el capítulo del "caso Cuadernos" que se centra en la presunta cartelización de la obra pública."Si contáramos con medios aptos de reproducción de las declaraciones podríamos observar con detalle lo exactamente sucedido para llegar a tales afirmaciones -argumentó el dueño del Grupo Indalo junto a Fabián de Sousa-. La carencia de esos medios aptos de registro nos impide el control y contradicción efectiva de esa situación."El planteo de López se topó con la negativa del Tribunal Oral, en línea con la decisión de la Cámara de Casación Penal -la máxima instancia penal del país, sólo por debajo de la Corte Suprema- de rechazar planteos similares de otros procesados en la "causa Cuadernos".López también sostuvo que tanto la confesión de Clarens, dueño de la financiera Invernes, como los actos procesales que derivaron de su declaración y de la documentación que aportó, son "frutos del árbol venenoso" y que, por tanto, deberían ser declarados nulos, retrotrayendo la investigación a la etapa anterior.¿Cuál fue uno de los ejes en que se centró la defensa de López? En el llamado "Anexo 6â?³. Es decir, un registro personal que Clarens aportó en su tercera declaración y que sirvió para reafirmar lo que había declarado en sus anteriores dos declaraciones. "Si se trataba de sus anotaciones personales y de casos respecto de los cuales tenía la máxima certeza" -argumentaron los letrados de López- "es paradójico que no lo haya declarado y presentado en la primera oportunidad y que ni siquiera haya aportado o se le hayan requerido".Tanto ese, como los otros argumentos defensivos, sin embargo, fueron desechados por los jueces del TOF 7. "Las declaraciones prestadas por Ernesto Clarens no han omitido ninguna forma que merezca tal remedio procesal", estimaron Méndez Signori, Castelli y Canero que, por tanto, concluyeron que "la nulidad [planteada por López] carece de asidero".Además de los planteos de las defensas, el TOF 7 lidia desde hace años con la falta de recursos e infraestructura para avanzar con el juicio oral de un expediente que tiene más de 420 cuerpos, además de cerca de 240 cajas con documentación y evidencias, y que llevaría a 229 empresarios y exfuncionarios, entre otros, a sentarse en el banquillo de los acusados."Frente a tal magnitud de responsabilidades, el tribunal vio sus capacidades tanto de recursos humanos como de espacio físico colapsadas", le alertaron Méndez Signori, Castelli y Canero a la Corte Suprema de Justicia en 2023, en línea con sus siete reclamos de más personal y espacio físico enviados desde 2019 a la misma Corte y al Consejo de la Magistratura.El expediente se inició con las anotaciones que un chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, volcó en diversos cuadernos sobre los bolsos con dinero que recolectaba Roberto Baratta, por entonces número 2 de Julio de Vido, entre empresarios y lobistas, cuadernos que también quedaron bajo la lupa y afrontan cuestionamientos.La investigación registró un impulso determinante, sin embargo, cuando múltiples acusados decidieron acogerse al régimen del "imputado colaborador" y obtener beneficios procesales y judiciales a cambio de confesar ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadío. Entre ellos, Clarens, quien prestó servicios a Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros, para lavar al menos US$160 millones, según surge de una investigación paralela que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita.Dealer de euros y negociadosProveedor de los billetes de 100 dólares y 500 euros que muchos empresarios entregaban luego a Daniel Muñoz y Claudio Uberti, entre otros colaboradores de los Kirchner, Clarens confesó en los tribunales de Comodoro Py que se movió con la ayuda de al menos un operador de la City porteña, Marcelo Vallarino. Y aludió al banco Finansur, la entidad que compró Cristóbal López y que cerró sus puertas en marzo de 2018.En su tercera declaración, Clarens fue más a fondo: "Deseo agregar que un día José López [por entonces secretario de Obras Públicas] me llamó y me dijo que la Presidenta [por Cristina Fernández de Kirchner] le había dicho que se le adjudique una obra en el sur a Cristóbal López, creo que era la Ruta 40 tramo Perito Moreno - Bajo Caracoles, pero ya se había hecho la licitación. Entonces, me encomendó llamar a todos lo que habían comprado el pliego explicándoles que la obra era para Cristóbal López y que se tenían que hacer a un lado o acompañar. Finalmente, se la dieron a López".Clarens aclaró, no obstante, que había otros carriles de recaudación delictiva que lo excedían a él. "Ciertas empresas como [la constructora] CPC de Cristóbal López y Electroingeniería tenían línea directa. La recaudación no me la traían a mí", precisó, dando a entender que tenían llegada a la familia Kirchner y su entorno más íntimo.Para el TOF 7, los cuestionamientos de Cristóbal López a esos y otras afirmaciones de Clarens deberán esperar a la instancia oral para no vulnerar así "los derechos de las restantes partes y de la sociedad toda de debatir, por regla, en un debate oral y público, la inocencia o culpabilidad de las personas imputadas".
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Rechazan poner en libertad a otros dos tripulantes de la narcolancha de Barbate
Agricultores del Valle de Tambo rechazan Tía María: reafirman que proyecto minero no tiene licencia social
Es incorrecto afirmar que la mina de cobre de Southern Copper cuenta con esta autorización, afirmó Miguel Meza, dirigente agricultor del Valle de Tambo. Por su lado, empresa expresa confianza en el avance del proyecto y el Gobierno de Dina Boluarte y el Ministerio de Energía y Minas para iniciar su activación
Paro de 72 horas en Ayacucho: rechazan gestión del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho
Alrededor de 3 mil personas se han sumado a las acciones, que se extenderán hasta el jueves 23 de mayo, en defensa del agua y el territorio. Las movilizaciones fueron acordadas por la asamblea general del Frente de Defensa de Ayacucho, que respalda las luchas históricas contra el modelo minero
PSOE, PP y Vox rechazan en el Congreso una propuesta de ERC para endurecer el control político y judicial al CNI
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Vicentin: rechazan un pedido de inconstitucionalidad contra la homologación del concurso de acreedores
El fiscal de la Cámara de Apelaciones N° 1 de Santa Fe, Miguel Ángel Molinari, rechazó el pedido de Commodities SA, del grupo Grassi, para declarar la inconstitucionalidad del fallo de la Cámara de Apelaciones que homologó el concurso de la cerealera Vicentin. Fundamentó su decisión destacando que los argumentos presentados carecen de suficiente base constitucional para justificar el recurso de inconstitucionalidad. En consecuencia, recomendó el rechazo de los agravios y la declaración de inadmisibilidad del recurso interpuesto.Según el escrito del fiscal, la firma acreedora argumentó que la sentencia de la Cámara de septiembre del año pasado "resulta arbitraria, que se encuentra plagada de interpretaciones forzadas, análisis livianos y sesgados de las circunstancias de hecho, afirmaciones dogmáticas sin sustento alguno, citas jurisprudenciales inadecuadas y la no adecuada aplicación del derecho vigente". Además, mencionó otros supuestos vicios, como "ser conculcar de manera manifiesta el derecho de defensa en juicio, el derecho a la propiedad y a la igualdad".Son 18.000 toneladas a Europa: una empresa china exportó desde la Argentina harina de soja certificada libre de deforestaciónSin embargo, Molinari respondió que este recurso presentado por la firma acreedora "ha de ser declarado inadmisible" y justificó su postura "por no ostentar la cuestión el matiz constitucional que el recurrente le otorga, presentando un planteo insuficiente de arbitrariedad, aparentando ser una mera disconformidad con lo resuelto, que no logra habilitar la instancia extraordinaria propia del recurso de inconstitucionalidad". Y dice: "Por lo expuesto, este Ministerio Público Fiscal, solicita de V.E. que al resolver esta causa, rechace los agravios intentados y declare inadmisible el recurso interpuesto".Además sostuvo que no se advierte que "el fallo recurrido podría colisionar y vulnerar derechos y garantías constitucionales, consagrados en la Constitución Provincial, en la Constitución Nacional, y en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos con igual jerarquía".Este es un obstáculo más que se sortea en el proceso de recuperación de la agroexportadora. Ahora se espera que la Cámara se pronuncie sobre el recurso presentado por Commodities SA. Vale recordar que, a fines de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista también rechazó planteos por inconstitucionalidad a la homologación de acuerdo formulados por el Banco Nación y el Banco Provincia. En ese caso, el principal argumento que sustentó la resolución apuntaba a que ninguna de las entidades crediticias mencionadas participó como apelante ni como apelado en la segunda instancia, porque voluntariamente desistieron de los recursos interpuestos oportunamente, en septiembre de 2023, que entonces había rechazado la impugnación del acuerdo preventivo."¿Y si lo compramos?": se crio sola, se hizo emprendedora de chica y cuenta cómo salvó del cierre a un frigorífico de 40 empleadosEstos recursos que se presentaron eran en contra de la decisión que, tras un proceso de más de cuatro años, a comienzo de marzo pasado los tres jueces que conforman la Cámara, Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román, decidieron con avanzar en favor de la homologación del acuerdo preventivo obtenido.Vicentin, que cayó en default en diciembre de 2019 con una deuda de más de US$1500 millones, se acerca a la posibilidad de poner en marcha una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estas firmas se quedarían con el 95% de la empresa al finalizar el plazo, mientras que los accionistas de Vicentin conservarían el 5%. Los tres operadores se presentaron para asegurar la continuidad de esta compañía que supo estar entre los top ten de la exportación agrícola.
Varios 'barones' del PP rechazan facilitar la investidura de Illa en Cataluña tras el "desprecio" del PSOE en el pasado
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Comunidad médica y activistas LGBTIQ+ rechazan decreto que clasifica la diversidad como enfermedad
La Asociación Civil Más Igualdad Perú y 590 representantes de salud mental y derechos LGBTIQ+ enviaron una carta al ministro de Salud, César Vásquez, para oponerse a un decreto que patologiza la diversidad de género y sexual.
Una azafata de vuelo explica el truco para 'castigar' a los pasajeros que rechazan cambiar de asiento
Muchas aerolíneas cobran por elegir asiento preferente, por lo que en el caso de no obtenerlo es totalmente lícito cambiarlo si las circunstancias lo necesitan
Rechazan el pedido de destitución de dos jueces de Impugnación
El jury había sido promovido por el diputado provincial José Gauffin, cuestionando a los jueces Arias Nallar y Martini, que en segunda instancia condenaron a Vera, quien había sido absuelto en el juicio por el doble crimen de las turistas francesas.
Unos 400 funcionarios de prisiones rechazan el acuerdo con el Govern y piden seguridad
Pueblos originarios rechazan declaraciones de ministra de Cultura sobre 'flexibilizar' intangibilidad de reservas indígenas
Urteaga propone crear un grupo de trabajo para explorar esta flexibilización que ha alarmado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quienes ven en esta iniciativa como un riesgo potencial para la conservación de estos territorios
Cámaras del transporte de cargas y el comercio rechazan paro general
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios son algunas de las organizaciones empresariales que se mostraron en desacuerdo con la medida.
Generadoras eléctricas de Argentina rechazan plan del Gobierno para pagarles deuda
En duros términos, las generadoras rechazan el plan de pagos que les ofreció el Gobierno
La negociación entre el Gobierno y las empresas generadoras eléctricas transita un momento de máxima tensión. Por un lado, el Ejecutivo cuida cada peso que gasta para preservar su superávit del primer trimestre. Por otro, los pagos correspondientes a ese período que la administración de Javier Milei no realizó provocaron una deuda cuya cancelación representa un problema de esquiva solución para el Ministerio de Economía. La principal cámara que nuclea estas compañías, Ageera, dijo que es "especialmente inaceptable" la propuesta que le hizo el Ejecutivo para cancelar la deuda pendiente.Según definieron en el sector energético, el Estado mantiene un rojo de $600.000 millones por falta de pago en diciembre y en enero de parte de Cammesa. Esta es la compañía mixta en manos del Estado que administra el mercado mayorista de la electricidad. En palabras sencillas, es la que compra a las generadoras la energía que luego se distribuye en los hogares a través de firmas como Edenor y Edesur."El hecho de sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable", expresó Ageera en una carta presentada al Gobierno, tal como anticipó LA NACION.Ese párrafo es una respuesta directa a la resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, firmada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. En ella, el Gobierno estableció que las "liquidaciones de los acreedores del mercado eléctrico mayorista [las generadoras] por las transacciones económicas de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán canceladas mediante la entrega de títulos públicos BONO USD 2038 L.A. (AE38)". A su vez, dichas cancelaciones son condición fundamental para que Cammesa gire los fondos correspondientes a los saldos de febrero."Además, resulta de suma gravedad el hecho de que CAMMESA, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional, no efectuó los pagos correspondientes, lo que representa un grave incumplimiento", señaló Ageera.Las compañías catalogaron a la falta de pago y a la propuesta del Gobierno como una situación que refleja un "fuerte signo de falta de seguridad jurídica" y alertaron sobre el riesgo que observan para futuras inversiones: "Queremos destacar que una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país".Para la cámara que nuclea a las principales compañías del sector, el incumplimiento de pagos millonarios habría comprometido "críticamente" al Servicio Argentina de Interconexión (SADI). "Muchos de nuestros asociados han debido reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras", describieron.En sus argumentos para fundamentar la postura de rechazo a la propuesta del Gobierno también se incluyen cuestionamientos sensibles:Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada.Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales.Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses.Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación, incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados.Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos, lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado.Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores, los cuales forman parte de su propiedad.Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad, ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento".De esta manera, la reacción de Ageera contrastó con la convicción que manifestaron en el Palacio de Hacienda al defender la oferta oficial: "Nosotros nos hicimos cargo con la caja de este año de las deudas del gobierno anterior. Pagamos octubre y noviembre. Diciembre y enero tenemos diferencias con algunos por el tipo de cambio. Para ellos lo más importante es arreglar el flujo para adelante, cosa que estamos haciendo. Y por diciembre y enero, dado que nos hicimos cargo de octubre y noviembre pasado, vamos a darles un bono. La mayoría lo entiende y ya dijo que les parece muy bien".La carta de Ageera contrasta con lo anterior y demuestra algo diferente. Pese al descontento de las empresas generadoras de electricidad, cerraron su misiva con la intención de mantener el diálogo "en la búsqueda de soluciones aceptables".
Deuda por subsidios: las eléctricas rechazan la quita y dicen que es una "violación de los derechos de propiedad"
La Secretaría de Energía publicó la Resolución 58/2024 para instrumentar el pago de subsidios atrasados con el bono AE38, que cotiza al 50% de paridad y vence dentro de 14 años.
Crece la tensión en el mercado energético: el Gobierno formalizó su plan para pagar una deuda millonaria con un bono y las empresas lo rechazan
La tensión entre el Gobierno y las empresas generadoras de electricidad sigue en aumento, luego de que el Ministerio de Economía formalizara hoy la propuesta de cancelar la deuda millonaria de $600.000 millones acumulada en diciembre y enero con un bono que vence en 2038 y que actualmente cotiza a mitad de precio. Las empresas generadoras anticiparon que rechazarán la propuesta y advierten que hay varias unidades con grave riesgo de indisponibilidad en el corto plazo.A través de una resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, con firma del secretario, Eduardo Rodríguez Chirillo, el Gobierno estableció que las "liquidaciones de los acreedores del mercado eléctrico mayorista [las generadoras] por las transacciones económicas de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán canceladas mediante la entrega de títulos públicos BONO USD 2038 L.A. (AE38)".Caputo había tenido una reunión con las empresas generadoras 15 días atrás, que no había sido positiva, según dijeron en el sector privado. Acusaron que el ministro no se mostró abierto a una negociación y que propuso pagarles con el bono AE38.En la práctica, eso significa una quita de la deuda del 50%, ya que el título, emitido en dólares, actualmente cotiza en el mercado a esa paridad. "Esto no es una negociación con bonistas. Es inaceptable. No entienden el sector", dijeron a LA NACION en reserva en una de las generadoras después del encuentro.El objetivo del ministro es cancelar las deudas generadas por el consumo eléctrico de diciembre y enero con el bono y regularizar el flujo de pagos a partir de la venta de energía eléctrica de febrero. Sin embargo, al momento, las empresas no cobraron las facturas de febrero, pese a que vencieron a mediados de abril.La encargada de hacer los pagos es Cammesa, la compañía privada con control estatal, que coordina los despachos de energía eléctrica. Cammesa recibió del Tesoro los fondos para pagar las facturas de febrero (alrededor de $550.000 millones en total), pero por cómo está constituida (es una sociedad anónima sin fines de lucro), legalmente primero debe pagar las deudas de diciembre y enero, al menos que se cambie su regulación o haya un acuerdo con las empresas generadoras, a las que se le adeudan pagos.Por eso, la Secretaría de Energía publicó la resolución para habilitar a Cammesa a regularizar el flujo de pagos de febrero. "Serán canceladas con los fondos disponibles en las cuentas bancarias habilitadas en Cammesa, a efectos de las cobranzas y con aquellos disponibles por las transferencias realizadas por el Estado Nacional al Fondo Unificado con destino al Fondo de Estabilización", dice la resolución.En el sector eléctrico siente esta situación como una extorsión de parte del Gobierno: si no se acepta el bono, no se cobra, lo que podría generar una demanda en la Justicia. Algunas empresas empezaron a sacar créditos para afrontar sus costos, sobre todo aquellas que dependen mayoritariamente de Cammesa."Están jugando con fuego con el sistema eléctrico. Están negociando el pago de una deuda con una quita y no tienen idea de qué se trata la quita. Y nos extorsionan a aceptar el bono a lo (Roberto) Baratta [ex mano derecha de Julio De Vido]", dicen en las empresas, por ser una situación impensada hace solo seis meses.En la misma resolución, la Secretaría de Energía también obligó a las empresas distribuidoras -entre las que se encuentran Edenor, Edesur y Edelap- a regularizar sus deudas con Cammesa, para abonar el 100% de la energía de febrero y marzo a través de un plan de pagos.El representante del Gobierno en la negociación es Diego Adúriz, asesor del Ministerio de Economía, con poca experiencia en el sector energético. Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía, por su parte, empezó a perder peso en la toma de decisiones a medida que la meta fiscal y el objetivo de reducción de inflación se volvió más prioritario en el Gobierno, que ordenar los precios relativos o regularizar el sector energético.En tanto, las productoras de gas, como YPF y Pan American Energy (PAE), a las que también Cammesa les debe el pago del insumo utilizado por las generadoras térmicas (alrededor de $240.000 millones), dijeron en cambio que van a acompañar la oferta realizada por Caputo, ya que la deuda es poca en relación con el negocio petrolero total.Para las generadoras, en cambio, la deuda acumulada es "un torpedo a la línea de flotación de la mayoría de las empresas", dijeron en el sector.En el Palacio de Hacienda, justificaron la oferta: "Nosotros nos hicimos cargo con la caja de este año de las deudas del gobierno anterior. Pagamos octubre y noviembre. Diciembre y enero tenemos diferencias con algunos por el tipo de cambio. Para ellos lo más importante es arreglar el flujo para adelante, cosa que estamos haciendo. Y por diciembre y enero, dado que nos hicimos cargo de octubre y noviembre pasado, vamos a darles un bono. La mayoría lo entiende y ya dijo que les parece muy bien".Apenas asumió la gestión, el Gobierno giró los fondos necesarios a Cammesa, la compañía con control estatal que administra el mercado eléctrico mayorista, para cancelar la deuda impaga durante el gobierno anterior por los consumos de octubre y noviembre de 2023. En diciembre, el Tesoro le envió a la compañía $396.825 millones.Ese mismo mes, sin embargo, luego del salto del tipo de cambio de casi 120%, los costos del sector eléctrico se dispararon, ya que la mayor parte de los contratos se fijan en dólares. A partir de enero, Cammesa dejó de recibir fondos del Tesoro y se quedó sin caja para pagar la electricidad a las generadoras y el gas a las productoras para las usinas térmicas.En los últimos días, las generadoras Pampa Energía (de la familia Mindlin) y la estadounidense AES enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas. Pampa, el principal generador privado del país con 12% del total del mercado, informó que a la fecha, Cammesa le debe $133.191 millones (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le debe $37.483 millones y que tuvo que "solicitar préstamos a diferentes entidades financieras y recurrir a otras formas de endeudamiento" para afrontar la operación.
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