rebelión

La rebelión de Milei

Leer más

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Desvinculación procesal. Sala Penal anunció que podrían apartarse de la acusación fiscal y optar por calificar el golpe de Estado como una conspiración para la rebelión, que tiene una pena menor

Patricio Carmody: "La rebelión en Nepal es una alerta para todos los políticos del mundo"

El especialista en política internacional destacó el protagonismo de los jóvenes en las protestas de Nepal y comparó la situación con manifestaciones en Indonesia y Filipinas: "El tema en común es una la indignación con la corrupción y con los políticos". Leer más

La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan

El asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador norteamericano baleado en Utah, les dio a las tropas juveniles libertarias un punto de fuga para reivindicar su histórica agenda de ultraderecha y canalizar las broncas domésticas que acumularon con el Gobierno en los últimos días. Los militantes tuiteros se miran en el espejo de Kirk porque era de los que "ayudaba desde afuera" a la administración de Donald Trump. "Igual que nosotros", dicen. Las bases mileístas están sublevadas y decepcionadas por las decisiones políticas que tomó Javier Milei esta semana luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires. Ellos pretendían una reacción y un recambio en la cúpula partidaria (personalizada en los Menem y en Sebastián Pareja), que finalmente no llegó. Su principal líder de opinión, Daniel Parisini (alias el Gordo Dan), oscila desde hace una semana entre contener a ese público y moderar sus mensajes para seguir como un soldado del Presidente. "Hay mucha calentura. Los pibes piden reacción y que se corra a los responsables de la derrota. Y es algo orgánico, no es algo que nosotros podamos manejar ya", dijo a LA NACION uno de los miembros de Las Fuerzas del Cielo. Aseguró que esta semana hubo tendencias en la red social X como #ParejaRenuncia y #MileiEscuchanos no fueron promovidas por la cúpula militante, sino que creció desde las bases. "La frustración hoy es incontenible", definió otro referente de los "celestiales". Los dirigentes que responden a Sebastián Pareja y a los Menem no creen que eso sea así. Están convencidos de que los líderes tuiteros están fomentando un escarnio digital al ala territorial de La Libertad Avanza (LLA), pese a que los Milei ratificaron a los jefes de campaña "karinistas" luego de la paliza bonaerense.Entre el palacio y las redesLa interna entre la militancia juvenil y los armadores políticos de LLA tiene larga data. Tuvo su pico en el cierre de listas y terminó de estallar el último domingo con la derrota por más de 13 puntos frente al peronismo bonaerense.La trama, no obstante, adquirió un capítulo muy sensible desde el jueves pasado, porque puso en tensión al líder de los tuiteros, el Gordo Dan, con la Casa Rosada. Primero, Parisini se enfrentó abiertamente con Guillermo Francos por el tuit contra Luis Juez. Tras el mensaje grosero de Dan sobre la hija del senador cordobés, Milagros -que tiene parálisis cerebral- el jefe de Gabinete salió en el canal TN a advertir que Parisini no forma parte del Gobierno y a desmarcarse de su actitud. Según pudo reconstruir LA NACION, a partir de ese momento, Dan advirtió puertas adentro que comenzaría a pronunciarse como un libre pensador. "Acepten mi fantinización. No soy parte del Gobierno", le transmitió el Gordo Dan a la Casa Rosada en alusión al rol que ocupa Alejandro Fantino, un comunicador ultraoficialista con juego propio. Desde que Milei asumió, Parisini asistió a la Casa Rosada con frecuencia casi diaria para definir junto a su tutor político, Santiago Caputo, las líneas discursivas que luego transmitía en X y en su programa de streaming, La Misa, en Carajo. Pero a partir del episodio con Francos, Dan deslizó que no se reportaría más en la sede de gobierno. De hecho, esta semana no se lo vio más en Balcarce 50."El Gordo le pone el cuerpo a un programa oficialista y desde esa vidriera contiene a los jóvenes que hicieron posible el triunfo de Milei. Pero no puede pagar costos como si fuera un funcionario, porque no lo es", comentó un influencer libertario en las últimas horas. Sobre este paisaje político y digital, la derrota de LLA del domingo cayó como un bombazo. Según distintas fuentes libertarias, asimilados los primeros resultados oficiales, en la intimidad del búnker de Gonnet, Pareja puso a disposición su renuncia como jefe de campaña bonaerense. DT ordene YA el equipoAcá seguiremos bancando HASTA EL FINALPero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS.— DAN (@GordoDan_) September 8, 2025No se tomaron definiciones en ese momento. De hecho, Pareja dio el primer discurso en el atril del búnker, antes de que hablara el Presidente. En el salón de eventos de Gonnet se daban varias reuniones en simultáneo. Santiago Caputo se encerró durante largos minutos con Javier y Karina Milei y luego se plegó, en otra sala, a su equipo de la diaria, integrado por funcionarios, asesores, consultores e influencers. Parisini, a larga distancia, tuiteó un mensaje dirigido a Milei: "DT ordene YA el equipo. Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo". Pareja reaccionó e irrumpió en el mitín caputista. "Sebastián se quejó por el tuit del Gordo Dan pidiendo cabezas", dijo un armador territorial que responde al jefe de campaña bonaerense. Caputo, según distintos testigos, ni siquiera le respondió.Dan, por su parte, siguió como un "átomo suelto" en las horas posteriores a la derrota. El lunes cruzó fuertemente al cabeza de lista de la tercera sección electoral y legislador electo, Maximiliano Bondarenko, luego de que en CNN Radio este señalara que su madre, jubilada, no llega a fin de mes. Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún noâ?¦— DAN (@GordoDan_) September 9, 2025Ese día, buena parte del equipo libertario esperaba que Milei efectivamente corriera a Pareja (que es candidato a diputado nacional en un lugar expectante de la lista de octubre) como jefe de campaña bonaerense. Pero el Presidente finalmente decidió conservarlo en su puesto, en sintonía con el deseo de su hermana, Karina, que quiso conservar a su primer anillo de colaboradores. Esa tarde, Parisini fue más lejos con sus tuits. "Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", escribió frente al ágora de X.Esa noche, en su programa La Misa, Dan bajó la espuma y anunció que pondría "todo para ganar en octubre". "Hablé bastante. Dije todo lo que pasaba sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando. Tanto de manera externa como de manera interna. Me consta que el mensaje llegó. De ahora en más les propongo no estar llorando porque ya están echadas las cartas y se juega el futuro del país", soltó frente al micrófono. Según trascendió, horas antes había hablado con el propio Milei. Solo el Presidente podía poner paños fríos a semejante furia en la cúpula juvenil.

Rebelión contra Ron DeSantis: sus aliados políticos se oponen a una polémica medida en las escuelas de Florida

El gobernador Ron DeSantis y el cirujano general, Joseph Ladapo, quedaron en el centro de una tormenta política que traspasó las fronteras de Florida. La decisión de eliminar las vacunas obligatorias en las escuelas públicas del Estado Soleado, anunciada a comienzos de septiembre, encendió una ola de críticas no solo entre expertos en salud pública, sino también entre los republicanos del Congreso de Estados Unidos. El origen de la controversia en Florida: las vacunas en las escuelas públicasEl 3 de septiembre, el Departamento de Salud de Florida adelantó que se proponía erradicar todos los requisitos de vacunación escolar, con la meta de convertir al Estado Dorado en el primero del país norteamericano sin ninguna exigencia en esa materia. Joseph Ladapo encabezó el anuncio y dejó en claro su visión ideológica. "Cada una de estas obligaciones está mal y gotea con desprecio y esclavitud", expresó, según lo consignado por The Hill.El funcionario detalló que su oficina podía retirar algunos de los requisitos vigentes, pero reconoció que otros estaban establecidos en la ley estatal y necesitarían de la intervención de la Legislatura y del gobernador. Hasta ahora, las normas de Florida exigen a los alumnos dosis contra enfermedades como polio, sarampión, rubéola, tos ferina, paperas, tétanos, varicela y hepatitis B.A su vez, DeSantis aprovechó para impulsar la creación de la comisión "Make America Healthy Again", liderada por la primera dama del estado, Casey DeSantis. "Creo que esto tiene un gran potencial. Ya hemos hecho mucho y no hay ningún estado que haya hecho algo parecido a lo que hicimos", sostuvo el mandatario estatal republicano.El rechazo dentro del Partido Republicano a la iniciativa para eliminar las vacunasUna semana después, la polémica tomó otra dimensión: congresistas republicanos comenzaron a cuestionar públicamente la iniciativa de Florida. En declaraciones recogidas por The Hill, la senadora Shelley Moore Capito fue categórica: "Las vacunas básicas han demostrado ser útiles para prevenir el sarampión, la polio y otras enfermedades. Mis hijos están vacunados, mis nietos están vacunados. No estoy de acuerdo con esto".Por su parte, el senador Thom Tillis también criticó duramente la propuesta y la calificó de "idea horrible". "Creo que es una mala política, no creo que esté basada en ciencia, sino en política. Espero que Carolina del Norte no toque esto", enfatizó.Las dudas alcanzaron incluso a figuras influyentes como John Barrasso, médico y líder de la mayoría en el Senado, quien expresó preocupación por la falta de compromisos claros en materia de vacunación del secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su historial de posturas antivacunas.El medio citado explicó que lo que inquietó a muchos legisladores fue que Ladapo reconoció que su departamento no había realizado ningún análisis de impacto ni proyecciones sobre lo que significaría eliminar los requisitos de inmunización en las escuelas frente a enfermedades como sarampión, polio o tos ferina. Su respuesta fue que no lo consideraba necesario porque, en su visión, se trataba de un asunto exclusivo de "derechos parentales".Qué dicen los expertos ante la eliminación de la vacunación obligatoriaLas alarmas se encendieron de inmediato entre epidemiólogos y médicos. Expertos consultados por The Hill advirtieron que eliminar los mandatos escolares podía disparar nuevos brotes. "Me sorprende. Es una herramienta muy clara e importante para mantener la salud en las escuelas", dijo Emily Smith, profesora de salud global en la Universidad George Washington. Los antecedentes de brotes en otros estados reforzaron las advertencias. En Texas, un rebrote de sarampión dejó más de 1400 casos confirmados en 2025, la cifra más alta en tres décadas, y en Louisiana los contagios de tos ferina superaron los de todo el año anterior. Los especialistas insistieron en que la inmunidad colectiva solo se logra con niveles de vacunación cercanos al 95% en enfermedades como el sarampión, un umbral que podría verse amenazado si Florida avanza en este camino.

Rebelión en Nepal: manifestantes tiraron al río e hicieron caminar semidesnudo al ministro de Economía

Las manifestaciones, lideradas por jóvenes contra la corrupción y la censura en redes, derivaron en violentos choques con la policía. La ONU y Amnistía Internacional reclamaron investigar el uso de munición real contra la población. Leer más

La rebelión de los mandriles

Los resultados electorales vienen mostrando un porcentaje mayoritario que rechaza este modelo. Otros gobiernos cambiarían el rumbo. Milei no lo hará. Leer más

Rebelión legislativa: el Senado aprobó una regulación restrictiva de los DNU que complica al Gobierno

En un claro intento de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una visión restrictiva que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumentoLa iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se negó a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso.Sólo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.Pero, además, la norma que redactó de puño y letra la por entonces senadora y primera dama obliga al rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De hecho, basta la aprobación de una de ellas para dejar firme un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.Ahora, la situación podría dar un giro de 180 grados. Es que el texto aprobado por la Cámara alta esta tarde marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.Así, el proyecto termina con la sanción ficta al establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue ese respaldo, queda derogado de manera automática.Como si fuera poco, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico. La segunda también parece inspirada en el megadecreto emitido por Milei a poco de asumir la presidencia, ya que habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.La tercera, establece de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo, que opera el 1° de marzo de cada año. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.Si bien muchos de los oradores aseguraron que la modificación no apunta a este Gobierno, lo cierto es que durante el debate se escucharon críticas al "abuso" de la administración libertaria en el uso de los decretos de necesidad y urgencia."El Gobierno tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto y ahora, cuando le va mal porque el Congreso le rechaza sus decretos, quiere ir a la Justicia. Esto es el absurdo del absurdo", sentenció la kirchnerista Florencia López (La Rioja).En la misma sintonía se manifestó Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), quien dijo que "es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla". "Los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a un manual de uso común", sentenció el senador bonaerense.El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) dijo que la intención del proyecto es "terminar con la pésima costumbre de los gobiernos de hacer uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia", pero no se olvidó de recordar el cambio de postura del kirchnerismo, de quienes dijo que fueron "acérrimos defensores" de la ley 26.122. "Enhorabuena, siempre tiene uno tiempo para arrepentirse", se congratuló.La primera voz en contra de la iniciativa fue la de Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), quien ubicó el impulso del proyecto como parte de un "plan de desestabilización al gobierno de Javier Milei". "No se bancan que gobierne con las mismas reglas que gobernaron ellos", disparó la senadora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en dirección a la bancada peronista. Le salió al cruce el radical Martín Lousteau (Capital): "Lo único que faltaba era escuchar a la senadora defender una ley del kirchnerismo en nombre de la República", sentenció.El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también cuestionó el apuro por modificar la normativa vigente. "Todos han utilizado decretos de necesidad y urgencia, justo ahora es cuando molestan", afirmó el senador oficialista, antes de desafiar al recinto a que "tengan la valentía de decirlo" si es que la iniciativa "tiene intereses subyacentes"."No les importa el contenido de la ley, les importa romper al Gobierno", denunció Ezequiel Atauche (Jujuy), jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien aseguró que el Gobierno usa los DNU "para escuchar a los argentinos en contra de la casta política, que no representa a los argentinos".Por su parte, la neuquina Lucila Crexell recordó que desde 2015 viene bregando por modificar la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner para terminar con un instrumento que, aseguró, "desnaturaliza los principios rectores de la Constitución y que fue introducido por la ventana durante la reforma constitucional" de 1994.El contenido del proyecto dibuja el peor escenario para este Gobierno, que hoy es minoría en las dos alas del Congreso y que, con suerte y algunas alianzas parlamentarias de por medio, podría llegar a tener mayoría en la Cámara de Diputados a partir de diciembre próximo si es que lo acompaña el resultado en las elecciones de medio término del 26 de octubre.De todas maneras y en caso de que sea aprobado, el proyecto todavía deberá superar el debate en Diputados, que actuará como cámara revisora. Esto le da al Gobierno tiempo para negociar o intentar bloquear su sanción definitiva.

Rebelión petrolera contra el Gobierno por una deuda de US$250 millones

La tensión entre las principales productoras de gas del país y el Gobierno escaló en los últimos días. Las compañías le enviaron una dura carta a los secretarios de Energía, María Tettamanti, y de Hacienda, Carlos Guberman, en la que advierten por el creciente atraso en los pagos del Estado y reclaman una deuda que, según fuentes privadas, ronda los US$250 millones. Según dijeron, esta situación "pone en riesgo los planes de inversión".El reclamo se realizó el viernes pasado y se canalizó a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de la Cámara Argentina de Energía (CADE), que nuclean a las principales empresas productoras del país. Entre ellas, YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. Ambas cartas apuntan directamente contra la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), encargada de administrar los contratos del Plan Gas.Ar, el programa que asegura un precio mínimo por la compra de gas, que fue creado en 2020 y extendido en 2022 con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno de gas y sustituir importaciones.En las cartas, las cámaras expresan "una vez más la preocupación de las empresas asociadas" por los continuos atrasos en los pagos correspondientes al gas natural entregado a Enarsa. Según detallan, la deuda acumulada abarca las liquidaciones de abril y mayo pasados, a lo que se suman los intereses por mora y las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas Take or Pay [tomar o pagar] previstas en los contratos. Estas establecen compensaciones en caso de que la demanda no alcance los volúmenes comprometidos por parte de la empresa compradora.Fuentes del mercado explicaron que Enarsa tomó menos volúmenes de gas de los previstos en mayo, pero debe pagar por la totalidad contratada.Adicionalmente, se suma que en septiembre vencerá la factura de junio, donde hubo mayor consumo de gas, por lo cual la deuda podría ascender a US$450 millones en pocos días.El reclamo no es nuevo. Las petroleras habían cursado previamente intimaciones individuales a la compañía estatal, pero aseguran que la falta de respuesta y la magnitud de los atrasos ponen en riesgo la hoja de ruta de inversiones comprometida en el marco del plan."La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto en las inversiones de nuestros asociados", señala la carta, que lleva la firma del presidente de la Cámara.Riesgo para la producciónEl Plan Gas.Ar fue concebido como una herramienta clave para garantizar la producción local de gas, con el fin de evitar mayores importaciones de GNL y asegurar precios competitivos. La condición indispensable, remarcan las empresas, es el estricto cumplimiento de las obligaciones de pago en tiempo y forma.En la carta a Tettamanti, los productores advierten que sin esa previsibilidad financiera resulta imposible sostener el nivel de inyección de gas natural comprometido en los contratos. Dicho de otro modo: si la deuda persiste, podrían resentirse tanto las inversiones en marcha como la capacidad de entregar el volumen de gas acordado para abastecer al sistema energético."Cumplir con los plazos establecidos constituye una condición esencial para alcanzar los niveles de inyección y entrega de gas natural originalmente comprometidos", dijeron.Entre los miembros de las cámaras se encuentran las principales productoras de gas del país, tanto compañías internacionales como locales, que en conjunto representan la mayor parte de la oferta en cuencas como la Neuquina, donde se concentra Vaca Muerta.El hecho de que la nota haya sido enviada de manera colectiva busca reforzar la presión sobre el Gobierno en un contexto en el que la Secretaría de Energía intenta sostener el delicado equilibrio entre los compromisos fiscales y la necesidad de garantizar el abastecimiento energético para el invierno.Aunque el tono de la carta se mantiene dentro de la formalidad, la advertencia es clara: si no se regulariza la deuda en breve, la capacidad de sostener el nivel de inversiones y de producción podría verse seriamente comprometida.La "rebelión" de las petroleras no solo expone una deuda millonaria, sino que también tensiona la relación con un sector que en los últimos años se volvió clave para reducir importaciones energéticas y mejorar la balanza comercial.

Rebelión contra el ICE: la nueva estrategia de activistas para terminar con las redadas en Home Depot

En Los Ángeles, activistas y defensores de los jornaleros impulsan una campaña nacional para frenar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en estacionamientos de Home Depot. La exigencia busca que la empresa impida el acceso a sus propiedades sin una orden judicial, en un contexto de creciente temor entre trabajadores inmigrantes que buscan empleo diario en estas tiendas.Jornaleros bajo presión constante del ICE en Los ÁngelesCada mañana, cientos de trabajadores llegan a diferentes sucursales de Home Depot, una de las mayores cadenas minoristas de Estados Unidos, para buscar empleo temporal. Sin embargo, muchos permanecen menos tiempo o intentan confundirse entre los clientes para evadir redadas migratorias. De acuerdo a Los Angeles Times, casos como el de Jacinto Ortega, residente de South Gate desde hace 15 años, reflejan el impacto humano entre los habitantes. "He visto a varios de mis compañeros ser arrestados. Yo ya me he tenido que echar a correr para que no me agarren", relató.Según el National Day Laborer Organizing Network (NDLON), existen entre 120 mil y 150 mil jornaleros en al menos 22 estados de Estados Unidos. Su presencia es vital para distintos sectores de la economía, aunque los coloca en el centro de una vulnerabilidad creciente.Redadas del ICE: la exigencia de los migrantes a Home DepotPor este motivo, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) presiona a Home Depot para que establezca una política corporativa nacional que niegue la entrada a agentes del ICE a sus estacionamientos salvo que presenten una orden judicial válida y brinden aviso previo.Roman Palomares, presidente nacional de esta antigua organización de derechos civiles latinos en Estados Unidos, afirmó que, con su tamaño e influencia, la compañía "no puede adoptar una postura neutral: no actuar equivale a complicidad"."Home Depot se beneficia del trabajo y de las comunidades que hoy son atacadas. Deben decidir si será recordada como la que protegió a sus clientes y comunidades, o como la que guardó silencio mientras el miedo se expandía en su nombre", declaró Palomares.Advertencia: el posible impacto económico de las redadas del ICEPor su parte, Ortega explicó que, al tener miedo de ir a Home Depot, tuvo que sacar dinero de sus ahorros para pagar el alquiler. "He tenido que comprar menos comida para el hogar y dejar de pagar mi iPhone", sostuvo. Sin embargo, también dejó en claro que otros de sus compañeros fueron más perjudicados por las redadas del ICE y la falta de acción de la empresa minorista: "Yo no estoy tan afectado como a los amigos que 'la migra' logró detener y encarcelar".La LULAC advierte que la situación tiene consecuencias más amplias. Juan Proaño, CEO de la organización, destacó que, en 2022, los migrantes latinos generaron US$3600 millones en producción económica, equivalentes a la quinta economía mundial. De acuerdo a Proaño, con apenas el 19% de la población, los latinos aportaron el 41% del crecimiento real del Producto Bruto Interno (PIB, por sus siglas en inglés). Y agregó: "Pero hoy, los trabajadores esenciales latinos viven con temor de ir a laborar. Ese miedo amenaza nuestra economía y el bienestar de cada estadounidense".Ejemplos de otras instituciones contra agentes migratorios en EE.UU.Los activistas remarcan que existen precedentes de empresas e instituciones que se plantaron ante los agentes migratorios:Los Dodgers de Los Ángeles implementaron una política que prohíbe la entrada del ICE a sus estacionamientos.La Junta de Educación de Chicago aprobó una resolución que bloquea su ingreso a escuelas sin orden judicial.Instituciones religiosas han acudido a tribunales para frenar operativos en lugares de culto.Palomares sostuvo que la empresa debería seguir esos ejemplos: "Home Depot tiene la oportunidad de liderar a escala nacional. No actuar solo perpetúa la intrusión descontrolada del ICE en los vecindarios. El momento de actuar es ahora".

Rebelión legislativa: el Senado también desafía al Gobierno y sancionará las emergencias del Garrahan y las universidades

En lo que será un nuevo golpe opositor al Gobierno, la oposición logró imponer su agenda en el Senado, que sesionará mañana para sancionar la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y el financiamiento de las universidades nacionales, iniciativas que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará por considerar que vulnera su política ajuste para sostener el equilibrio fiscal.La sesión fue acordada esta tarde en una reunión de Labor Parlamentaria con jefes de bloque en la que quedó en claro que ambas iniciativas cuentan con las mayorías para su sanción definitiva.También estarían asegurados los números para rechazar un paquete de cinco decretos desregulatorios, entre los que se encuentran los que dispusieron el cierre de Vialidad Nacional, y las restricciones al funcionamientos de los institutos nacionales de tecnología industrial (INTI) y agropecuaria (INTA)..La reunión de jefes de bloque fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para evitar que se repitiera el escenario del 10 de julio pasado, cuando la oposición más crítica al Gobierno forzó la apertura del recinto sin la convocatoria de la presidenta de la Cámara alta. El kirchnerismo tenía asegurado el apoyo necesario para reunir el quórum y dar inicio a la sesión. A pesar del cerrado rechazo de la administración libertaria a las iniciativas, la Casa Rosada terminó dando luz verde a la bancada oficialista, que preside Ezequiel Atauche (Jujuy), para que aceptara el tratamiento de los proyectos sobre el Garrahan y las universidades nacionales, aun cuando sus dictámenes de comisión no tienen el tiempo reglamentario necesarios y necesitarán ser habilitados para su tratamiento sobre tablas.Aunque parezca un contrasentido, no lo es. En la mesa de arena oficialista analizaron que era riesgoso ponerse en reglamentarista y exigir que los temas se discutan la semana próxima. El problema radicaba en que, para ese entonces, al temario de la eventual sesión podría sumarse el rechazo al veto presidencial a la ley de declaración de emergencia en la atención a la discapacidad, norma en la que ya insistió la Cámara de Diputados.Según el plan de labor acordado esta tarde, los dos proyectos de ley serán tratados en el final de la sesión. Antes, se discutirá el rechazo a los cinco decretos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.El proyecto de financiamiento universitario obliga al Poder Ejecutivo a actualizar el presupuesto de las casas de altos estudios nacionales.La actualización deberá hacerse retroactiva al 1 de enero de 2025 tomando en cuenta la inflación acumulada durante 2023 y 2024, años en los que el Congreso no aprobó una ley de Presupuesto. Junto con el refuerzo para funcionamiento, la iniciativa contempla una recomposición salarial para docentes y el personal no docente para el período comprendido entre diciembre de 2023 y el momento de la sanción de la ley. Después, ordena una actualización mensual por el índice de precios al consumidor (IPC).Por su parte, la declaración de la emergencia en materia de atención pediátrica es, en concreto, una inyección de fondos para el Hospital Garrahan que van desde el refuerzo para la compra de insumos hasta el aumento salarial al personal y al cuerpo médico y de residentes de la institución.En sus articulado, la iniciativa contempla, también, una exención del impuesto a las Ganancias para algunos ítems salariales, como las horas extras y de guardia.También autoriza la adquisición directa de insumos y medicamentos para hospitales pediátricos a través de la habilitación de procedimientos contemplados en la Ley de Emergencia Pública.

¿Rebelión en Florida?: Ron DeSantis defiende el voto por correo aunque Donald Trump quiere eliminarlo

Ron DeSantis defendió el sistema de voto por correo y descartó que las intenciones del presidente Donald Trump de prohibir esta modalidad se vayan a aplicar en Florida. Estas declaraciones del gobernador dejaron en evidencia las diferencias que existen entre ambos líderes y referentes del Partido Republicano.Voto por correo: DeSantis respalda el modelo de Florida y rechaza la propuesta de TrumpDurante una conferencia de prensa realizada este martes 19 de agosto, DeSantis aseguró que la postura de Trump en realidad apunta a estados como California o Nevada, donde se envían boletas a todos los votantes "al aire", sin que medie un pedido previo.Acto seguido, el mandatario estatal enfatizó que los electores de Florida deben solicitar la boleta para votar por correo, algo que -según él- reduce riesgos y fortalece la transparencia. Para DeSantis, esta práctica es "popular" entre los residentes del estado y sería difícil eliminarla por completo. "Claramente se necesitarían algunos votos en ausencia para los votantes militares en el extranjero, ¿no es verdad? Es decir, como mínimo, haría falta eso", agregó.Voto por correo y voto en ausencia: ¿son lo mismo?De acuerdo al sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, los estados permiten que los votantes que no pueden o no desean sufragar en persona emitan o entreguen boletas mediante programas de voto en ausencia o de voto por correo.Tanto las boletas de voto en ausencia como las de voto por correo pueden utilizarse en elecciones primarias y generales. Sin embargo, aunque en esencia son muy parecidos, estos mecanismos no son necesariamente lo mismo.Voto en ausencia: exige solicitar una boleta, generalmente con justificación y debe solicitarse para cada elección. Voto por correo: es un sistema donde algunos estados envían automáticamente boletas a todos los electores registrados, sin necesidad de solicitarlas.Trump intensifica su ofensiva contra el voto por correoTrump afirmó el lunes en su red social Truth Social que impulsará una orden ejecutiva para erradicar las boletas enviadas por correo de cara a las elecciones legislativas 2026. Asimismo, cuestionó el uso de máquinas de votación, a las que calificó como costosas e inexactas. Acto seguido, exigió al Partido Republicano que se "ponga firme" y bloquee este mecanismo, al que acusa de favorecer a los demócratas.En cambio, en su mensaje incluyó a todos los estados, pese a que él mismo utilizó esta modalidad en Palm Beach. Sin embargo, su postura se contrapone con la de los líderes republicanos en Florida, quienes promovieron esta modalidad durante más de dos décadas.Las declaraciones de Trump reavivan las diferencias en el Partido Republicano. Mientras que los dirigentes floridenses destacan el éxito del voto por correo, sectores alineados con el presidente repiten acusaciones de fraude electoral generalizado. Los datos son elocuentes: más de tres millones de personas votaron por correo en las últimas elecciones presidenciales.¿Puede Trump prohibir el voto por correo en Estados Unidos?Independientemente de las declaraciones de Trump, expertos citados por Reuters explican que la Constitución de EE.UU. otorga a los estados y al Congreso la potestad de establecer las reglas de las elecciones.Es decir, el presidente republicano no tiene autoridad para prohibir unilateralmente el voto por correo. Solo dispone de herramientas limitadas para aplicar la legislación existente, sin poder alterar la normativa de base.Según el mencionado medio, los republicanos presentaron decenas de demandas en los últimos años para poner fin a la votación por correo, al alegar un posible fraude. En cambio, los demócratas apoyan esta modalidad como una manera de ampliar el acceso al voto.Estudios académicos citados por Reuters en las elecciones de medio de término de 2022 muestran que el fraude electoral es extremadamente raro en EE.UU. Incluso en los estados con votación universal por correo, las irregularidades documentadas fueron mínimas.¿Puede haber cambios estatales de cara a las elecciones 2026?Las legislaturas estatales dominadas por republicanos podrían aprobar medidas que restrinjan el voto por correo. A nivel federal, el Congreso de EE.UU. tendría capacidad de prohibirlo en elecciones nacionales, pero la correlación de fuerzas dificulta este escenario.Los republicanos controlan el Senado con 53 escaños, aunque eliminar el filibusterismo para aprobar la iniciativa requeriría una mayoría de 60 votos.Además, cualquier cambio radical en el sistema electoral podría enfrentar demandas en los tribunales por vulnerar el derecho constitucional al sufragio. En junio, un juez federal bloqueó parcialmente una orden ejecutiva de Trump que imponía mayores requisitos de ciudadanía y limitaba el conteo de boletas recibidas después del día de la elección.

Hace 227 años, la Rebelión de Búzios unió a grupos populares en defensa de la independencia y la abolición.

La Rebelión de Búzios en 1798, fue escenario de un movimiento liderado por negros, artesanos y soldados que exigían el fin de la esclavitud, la igualdad y la autonomía política. Aunque fue duramente reprimido, dejó un legado en la lucha por la igualdad racial y la libertad, que hoy revive en documentales y obras artísticas.

Fuga de heridos y rebelión: estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave de la provincia

El acuerdo que selló Mauricio Macri con La Libertad Avanza (LLA) para compartir las listas electorales en diez distritos del país, como la Capital o la provincia de Buenos Aires, profundizó la hecatombe política de Pro, el principal aliado parlamentario que tuvo el presidente Javier Milei desde que llegó al poder. Después de que la decisión de Macri de habilitar el entendimiento con los libertarios para confluir en un frente en la ciudad, el emblemático bastión de Pro, provocara el rechazo de un sector de su fuerza, encabezado por María Eugenia Vidal o Ignacio Torres, ahora surgió un nuevo conflicto en La Plata, distrito único de la octava sección, una de las más pobladas de la vasta geografía bonaerense. En la antesala del acto que encabezará Milei en el estadio del Club Atenas, con el objetivo de iniciar de manera oficial la campaña de LLA con vistas a los comicios locales del 7 de septiembre, el macrismo platense es un hervidero. Es que el cierre de listas para las legislativas bonaerenses dejó un tendal de heridos de Pro en La Plata. Algunos dirigentes cercanos a Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires y uno de los promotores del pacto con LLA, a Hernán Lombardi y a los Macri, como Carolina Barros Schelloto, evitaron dar el portazo pese a que quedaron disconformes con el espacio que Juan Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Buenos Aires, les dio en las nóminas. Aceptaron quedarse, a regañadientes. Y ahora aguardan que Ritondo consiga un lugar expectante para uno de ellos en la oferta de diputados nacionales para compensar el mal trago. En otras palabras, piden que el palo sea acompañado por alguna zanahoria. En cambio, los concejales macristas Darío Ganduglia y Lucas Lascourse, quienes supieron estar cerca del exintendente Julio Garro, anunciaron el armado de un nuevo espacio y cuestionaron en duros términos el acuerdo de convergencia con los libertarios. En Pro deslizan que se molestaron porque fueron arrancados o marginados de las listas del partido del oficialismo nacional que competirán en la elección de septiembre. En tanto, Ganduglia y Lascourse afirman que crearon Propuesta Vecinal (PROve) porque no aceptan las condiciones impuestas por los lugartenientes de Milei. "Esto no es una alianza, sino una absorción de dirigentes. La Libertad Avanza no tiene vocación real de construir políticas", dijo Ganduglia ante la consulta de LA NACION. En un comunicado, argumentaron que la identidad partidaria "no se negocia" y prometieron que se mantendrán "fieles" a sus "principios". Si bien no presentarán una lista propia, no le pondrán el hombro a la campaña ni trabajarán en la fiscalización. Ganduglia fue presidente del Concejo Deliberante durante la gestión de Garro y secretario de Seguridad municipal. "Las decisiones partidarias deben priorizar el bien común y la transparencia, por encima de una sumisión total basada en intereses personales o familiares", remarcaron Ganduglia y Lascourse. Ellos se sienten representados por las posturas que fijaron a nivel nacional Vidal y Torres, gobernador de Chubut y uno de los líderes del espacio Provincias Unidas, que conformaron los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para plantar una opción alternativa a Milei y el kirchnerismo. Más allá de que Ganduglia supo integrar sus equipos, Garro tomó distancia de la jugada. Según indicaron fuentes vinculadas al exjefe municipal de La Plata y antecesor del peronista Julio Alak, él no comparte la decisión y apoyará la boleta que tendrá como figuras a Francisco Adorni, primer candidato a diputado, y al bullrichista Juan Pablo Allan, quien quedó al frente de la categoría de concejales. No obstante, Garro no fue por ahora incluido en la campaña bonaerense de LLA, que apostó al eslogan "nunca más kirchnerismo" para confrontar con Axel Kicillof en una nueva edición de la madre de todas las batallas. De hecho, ni siquiera lo invitaron a participar del acto que presidirá mañana Milei en el Club Atenas. Tras ser desplazado de manera intempestiva de la Secretaría de Deportes -había dicho que los jugadores de la selección argentina de fútbol debían pedir perdón por los cánticos racistas contra los jugadores de Francia-, Garro cultiva un bajo perfil y se mantiene alejado de la rosca partidaria. "Muchos no compartían la alianza con LLA, pero no quedaba otra alternativa", afirman quienes frecuentan a Garro. Si bien el poder de representación del sello partidario se había licuado en las encuestas, Pro mantiene una estructura potente en La Plata, ya que gobernó la ciudad durante dos períodos. El veredicto que surja de las urnas en la octava sección electoral podría resultar clave en la pulseada con el peronismo que se dará el 7 de septiembre. Es el segundo distrito más poblado de la provincia (solo superado por La Matanza): votan más de 600.000 bonaerenses -que representan el 4,5% del padrón- y se pondrán en juego seis diputados provinciales. El municipio es gobernador por Julio Alak, uno de los intendentes aliados a Kicillof. En el macrismo presumen que el peronismo hará valer el peso de su aparato en esa circunscripción, sobre todo, a la hora de fiscalizar los 350 establecimientos que estarán habilitados para votar. "El mal cierre de la octava le puede hacer perder la elección a Milei en la provincia. Al que no incluyen dentro del equipo, puede jugar desde afuera. En 2023 Pro perdió el municipio por 400 votos", retrata uno de los dirigentes del macrismo que masculla bronca por la cerrazón pretoriana que exhibieron los delegados de Milei en La Plata en el momento de definir las candidaturas. Por eso, conocedores del oficio de la política en Pro, alertan que los Milei corren un riesgo al dejar un sector de heridos en el macrismo platense. Advierten que aquellos que fueron relegados o marginados en la negociación sobre el reparto de lugares entrables en las listas de LLA no le pondrán el hombro a la campaña ni a la fiscalización. "No es una elección fácil en la octava. El peronismo va a poner todo y habrá que fiscalizar muy bien", dicen un exfuncionario nacional que conoce al dedillo la ciudad y ahora trabaja para los libertarios. En Pro creen que los rebeldes y los macristas que fueron marginados no tendrán estímulos para cuidar la boleta de LLA. "El cierre de listas fue sangriento en La Plata y gran parte de Pro quedó afuera", reconocen en la tropa que responde a Ritondo, quien intentó hacer equilibrio para preservar el frente con Milei y evitar fugas masivas del macrismo. Esto recién empieza. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/DNiSWH1hCg— Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) August 12, 2025Entre los disconformes con los puestos que consiguió Pro en las conversaciones con los armadores de Pareja están desde Juan Martínez Garmendia y Barros Schelotto hasta el senador provincial Marcelo Leguizamón Brown. Ellos coinciden con el diagnóstico de Ritondo: era necesario aunar fuerzas con Milei para presentar una propuesta competitiva para la disputa electoral con el kirchnerismo en su principal fortaleza. El jefe de Pro en el distrito y interlocutor de Macri con los libertarios en Buenos Aires machaca ante los suyos con que deben tratar de acompañar a los candidatos de Milei y cuidar la unidad con los violetas para sortear el mal momento de Pro. "Hay que sobrevivir, para después conducir", resumen en el seno del partido amarillo. En la Casa Rosada aspiran a nacionalizar la campaña para doblegar al peronismo en La Plata. Por eso apuestan todas sus fichas a Adorni, el hermano del vocero presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa. La lista a diputados bonaerenses en la octava iba a ser liderada por Osaba, uno de los hombres de confianza de Pareja. Sin embargo, los libertarios pidieron modificar la nómina fuera de plazo. En Pro sospechan que optaron por correr a Osaba de la campaña ya que enfrenta una denuncia de la exfuncionaria del PAMI Viviana Aguirre por supuesta corrupción e irregularidades. Por estas horas, según consignó el portal El Editor platense, Aguirre, diputada suplente de LLA en Buenos Aires, intenta llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py.Entre tanto, Pro sigue en estado de ebullición. No solo hay fugas en La Plata y una grieta interna en Mendoza -la diputada local Sol Salinas exhibió su enojo con la conducción partidaria-, además de las críticas de Vidal y Torres al acuerdo alcanzado por los Macri en la Capital para colar dos representantes en la boleta de diputados nacionales de LLA. Anoche también se agitó el bloque de legisladores nacionales del macrismo: Damián Arabia, Gerardo Milman y Patricia Vázquez fueron excluidos de la cena con Milei en la quinta de Olivos. "Enoja la falta de lógica para armar la lista de invitados", despotrican cerca de Bullrich, abanderada de los conversos al mileísmo. Apuntan contra Ritondo, Silvana Giudici e incluso Macri. En paralelo, crece la ola de repudios al exembajador en China Diego Guelar, quien insultó a Macri por haber pactado con LLA. Ayer, Fulvio Pompeo echó a Guelar del grupo de WhatsApp que agrupa a diplomáticos, exembajadores y altos funcionarios de Cambiemos. Lo acusaron de haber sido un "maleducado y violento". Hoy, en tren de venganza, los macristas aseguran que hace tiempo el exembajador de la Argentina en China durante la gestión de Macri había sido repudiado en el equipo de referentes de política exterior de Pro por haber enviado una imagen de "una mujer desnuda" al chat grupal. "Inaceptable", dijeron.

Rebelión en el Congreso brasileño por la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El recelo del establishment sobre las consecuencias de esta resolución judicial tiene que ver con las reacciones que podrá provocar en el jefe de la Casa Blanca Donald Trump. Intuyen que la exasperación generada en el mandatario estadounidense irá a impedir cualquier negociación acerca de los aranceles del 50% aplicados a los productos procedentes de Brasil. Leer más

Rebelión de Ron DeSantis contra el ICE en Florida: el insólito motivo por el que se enfrenta a la agencia

Ron DeSantis reafirmó su alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero al mismo tiempo lanzó una advertencia clara: no quiere esta agencia federal se lleve a los oficiales estatales que ya están comprometidos en la lucha contra la inmigración irregular. En una rueda de prensa reciente en Orlando, el gobernador de Florida apoyó los operativos conjuntos, pero pidió a los jefes policiales locales que resistan los esfuerzos de reclutamiento que el gobierno federal desplegó en todo el Estado Soleado.La crítica de DeSantis al ICE y su consejo a los sheriffs: "Luchen por lo que creen correcto"Durante su intervención en la sede del Destacamento D de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), DeSantis señaló que el ICE empezó a reclutar oficiales de agencias locales que ya recibieron entrenamiento específico en colaboración con el gobierno federal, a través de acuerdos 287(g). Para el gobernador, eso no representa una expansión real del control migratorio, sino simplemente una redistribución innecesaria de recursos humanos ya formados.Aunque admitió que no había visto directamente el correo de reclutamiento enviado por el ICE, cuestionó el ofrecimiento de un bono de 50.000 dólares a quienes acepten un contrato de cinco años. "Que los sheriffs pierdan agentes que están en esta lucha, que básicamente tienen que vestir una camiseta diferente, pero que siguen en la lucha, no necesariamente mejora lo que estamos haciendo. Es simplemente transferir a alguien. Así que creo que eso genera frustración", aseguró.Acto seguido, aconsejó a los sheriffs de Florida: "Luchen por lo que creen correcto. Esta no es mi política. Es una decisión del ICE. Así que, por favor, alcen la voz".Según informó CBS Miami, la iniciativa de contratación del ICE forma parte de una expansión financiada con US$170.700 millones provenientes del paquete legislativo federal One Big, Beautiful Bill Act, firmado recientemente por el presidente Donald Trump. Esa cifra permitirá que la agencia federal pase de tener 20.000 empleados a 30.000 en un plazo de cinco años.Polémica por reclutamientos de agentes: tensión entre Florida y el ICEVarios sheriffs de Florida, incluidos Wayne Ivey (condado de Brevard) y Bob Gualtieri (condado de Pinellas), manifestaron su molestia por los intentos del ICE de incorporar a sus agentes entrenados. Para ellos, el esfuerzo de retener a personal preparado es una prioridad en momentos donde se refuerzan los operativos internos.Es que el ICE envió correos electrónicos a oficiales certificados para incentivar su traslado a cambio de condiciones atractivas de contratación. Esta fue la estrategia que DeSantis cuestionó y dijo que no agrega valor real a la operación migratoria. Florida incrementa las deportaciones de inmigrantesEn los últimos meses, Florida intensificó sus acciones para aplicar las políticas de deportación masiva impulsadas por Trump desde su retorno a la Casa Blanca. La Patrulla de Carreteras de Florida detuvo a casi 3000 inmigrantes en lo que va del año, mientras que el número continuará en ascenso con la creación de una nueva unidad especializada, según consignaron desde Tallahassee Democrat.Asimismo, DeSantis anunció la creación de la Sección de Control Migratorio dentro del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, que trabajará en estrecha coordinación con otras agencias estatales y federales. El objetivo es "identificar, localizar y capturar a inmigrantes con antecedentes penales en todo el estado".Larry Keefe, director del Consejo Estatal de Ejecución Migratoria, también subrayó el compromiso de Florida y anticipó una escalada en los operativos. "Los últimos seis meses han sido solo el calentamiento. Creo que esto va a despegar de verdad", declaró.

La rebelión de dos policías de Colorado contra la ley santuario tiene precio: ayudaron al ICE, pero fueron sancionados

Una ley aprobada recientemente en Colorado limita severamente la cooperación entre las fuerzas policiales locales y las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración. Sin embargo, dos agentes del condado de Mesa fueron hallados responsables de haber compartido con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información que contribuyó a la detención de una joven estudiante extranjera.Compartieron información al ICE para detener a una estudianteAlexander Zwinck y Erik Olson, ambos miembros del grupo de trabajo antidrogas del oeste de Colorado, fueron identificados como los responsables de transmitir datos personales de una estudiante brasileña a través de un chat grupal en la aplicación Signal. Esa información fue utilizada por agentes federales para localizar y detener a Caroline Dias-Goncalves, una universitaria de 19 años con visa vencida.El caso de Caroline Dias Goncalves, una joven brasileña de 19 años pone en evidencia las tácticas del ICEDe acuerdo con la revisión administrativa del caso, el hecho ocurrió el 5 de junio de 2025, en las afueras de Fruita, cuando Zwinck detuvo a Dias-Goncalves por una infracción de tránsito menor. Aunque la dejó libre poco después, minutos más tarde fue interceptada por el ICE y trasladada a un centro de detención en Aurora, donde permaneció retenida durante 15 días. "Nadie merece ser tratado así", se quejó la brasileña, que contó que la alimentaban con comida húmeda o mojada."La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa no debería haber tenido ningún papel en la cadena de eventos que condujeron a la detención de la joven estudiante", dijo el sheriff del condado, Todd Rowell. "Lamento que esto haya ocurrido. Pido disculpas", agregó en el comunicado.Qué dice la nueva ley de Colorado sobre la colaboración entre agencias locales y el ICELa ley estatal conocida como Senate Bill 25-276, promulgada el 23 de mayo de 2025, solo 13 días antes del incidente con la estudiante brasileña, establece que las agencias y empleados del estado no pueden colaborar con el ICE ni compartir información personal sin una orden judicial. Esta norma amplía la protección de los derechos civiles de personas inmigrantes y refuerza barreras a la cooperación entre jurisdicciones estatales y federales en materia migratoria.Entre otras disposiciones, la ley prohíbe la recolección o divulgación de datos migratorios sin consentimiento y restringe el acceso de la agencia federal a espacios como escuelas, hospitales o bibliotecas. También limita la posibilidad de arrestos por motivos civiles dentro o cerca de instalaciones judiciales.Las sanciones a los agentes de Colorado que colaboraron con el ICEZwinck fue demandado por el fiscal general del estado, Phil Weiser, quien considera que su conducta violó esta nueva normativa. La acción legal fue anunciada antes de que concluyera la investigación interna en el condado, lo que provocó críticas por parte del sheriff local."Weiser se negó a hablar conmigo, pero pude reunirme con miembros de su personal el 24 de junio de 2025. He sido transparente con la fiscalía general y, salvo por no permitir que entrevistaran a mis agentes durante la tramitación de nuestra revisión administrativa, he cooperado plenamente con todas sus solicitudes", detalló Rowell.En la investigación del sheriff, se determinó que tanto Zwinck como Olson actuaron fuera de las normas vigentes. Ambos recibieron sanciones: el primero fue suspendido por tres semanas sin goce de sueldo, mientras que el segundo, por dos. Además, fueron retirados del grupo de trabajo donde se produjo la colaboración con el ICE. Tres supervisores también fueron disciplinados: uno fue suspendido por dos días, otro recibió una amonestación formal y un tercero fue objeto de asesoramiento documentado.La defensa de los agentes de Colorado que colaboraron con el ICE: "Pensé que era legal"Durante sus audiencias disciplinarias, Zwinck y Olson afirmaron que creían haber actuado conforme a procedimientos establecidos y que su intención no era participar en actividades migratorias."Cuando estaba allí, quería encontrar drogas, armas y delincuentes", dijo Zwinck en su audiencia el 23 de julio, según lo retomado por Associated Press (AP). "Al enviar esa información al HSI, me brindaron la posibilidad de obtener información en tiempo real sobre la persona con la que estuve en contacto", detalló.Olson, con 18 años de experiencia en la oficina del sheriff, declaró que consideraba normal que el ICE se presentara tras las detenciones de tránsito y que no era consciente de que incumplía una nueva ley. "De verdad pensé que lo que hacíamos estaba permitido por nuestra supervisión y era legal", aseguró.No obstante, la investigación interna reveló que ambos habían recibido dos correos electrónicos oficiales en los meses previos, en los que se les instruía a no contactar al ICE o al HSI bajo ninguna circunstancia si no existía una orden judicial.

Rebelión en Florida: crece la tensión con el condado que se niega a transportar a detenidos a instalaciones del ICE

Una advertencia del fiscal general de Florida volvió a poner al condado de Orange en el centro del debate migratorio. James Uthmeier amenazó con destituir a los comisionados y al alcalde Jerry Demings si no permiten que sus oficiales penitenciarios trasladen inmigrantes a centros federales de detención.El conflicto por el anexo de transporte del ICELa tensión comenzó tras el rechazo del condado de Orange a una propuesta federal. El 15 de julio, los comisionados de esa entidad, dentro de la cual está la ciudad de Orlando, decidieron no firmar el anexo presentado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que exigía que sus oficiales penitenciarios transporten detenidos migratorios.Uthmeier calificó esta decisión como una violación a la ley estatal. También acusó a los funcionarios de Orange de adoptar una "política de santuario" y de incumplir con su obligación de cooperar con la aplicación de la ley federal de inmigración. Amenazas de destitución por no colaborar con el ICEEl martes, a través de una carta, el fiscal general advirtió sobre graves consecuencias si no se revierte la decisión. En ese sentido, indicó que tanto los comisionados como el alcalde de Orange podrían ser destituidos por el gobernador Ron DeSantis si no se aprueba el anexo de inmediato.En su misiva al condado, compartida en su cuenta de X, el funcionario escribió: "Deben adoptar inmediatamente el anexo de junio y permitir que los oficiales de correcciones transporten a extranjeros ilegales a centros de detención aprobados por el ICE", escribió Uthmeier. ¿Cuál fue la respuesta de los funcionarios locales?De acuerdo con Orlando Sentinel, la comisionada de Orange, Nicole Wilson, fue una de las voces más críticas del plan. En la reunión del 15 de julio, instó a sus colegas a rechazar el anexo y sostuvo que el condado debería resistir la presión estatal.Wilson mencionó que la cárcel del condado enfrenta una crisis de personal. Un informe reciente reveló una tasa de vacancia del 25% entre los agentes penitenciarios. "Nos quieren imponer mandatos estatales y federales cuando apenas tenemos recursos", denunció.El alcalde Demings también se manifestó en contra del anexo. Señaló que el traslado de detenidos federales a centros como Alligator Alcatraz, a unos 385 kilómetros, no corresponde al ámbito local."Eso no es nuestra responsabilidad. Esa es responsabilidad del gobierno federal, no nuestra", dijo Demings: "No aceptaré que nuestro personal de correcciones transporte a reclusos federales a otras instalaciones".Presiones desde el gobierno de Florida contra OrangeEl anexo rechazado forma parte del Acuerdo Intergubernamental de Servicios (IGSA, por sus siglas en inglés). Este convenio permite que la cárcel de Orange aloje detenidos federales. Solo unas pocas instalaciones en Florida tienen este tipo de acuerdos.El ICE reembolsa 88 dólares por día por cada detenido, pero el condado gasta US$145. Las autoridades locales alegan que ya están subfinanciadas y que asumir el costo del transporte profundizaría el déficit.De acuerdo con la información de Orlando Sentinel, el fiscal general Uthmeier compartió su carta en X pocas horas después de asistir a un evento. Participó de una reunión de la Asociación de Alguaciles de Florida en ChampionsGate, donde se habría delineado el plan para imponer el anexo.¿Qué pasará con Orange y el ICE? Nueva discusión en agostoLa Junta de Comisionados volverá a tratar el tema en agosto. De acuerdo con el medio citado, un vocero del alcalde Demings confirmó que se debatirá nuevamente el 5 de ese mes. La decisión podría definir el rumbo de la cooperación migratoria en el condado.

La rebelión de los jardineros. Por qué renunciaron los encargados de cuidar los parques de la residencia de Carlos III

En menos de un año, renunciaron once de los doce jardineros que trabajan en Highgrove, la residencia familiar de los reyes Carlos y Camilla en Gloucestershire, Inglaterra. Los hombres y mujeres que cuidaban las flores y canteros, les daban forma (geométricas o de animales) a los topiarios y mantenían corto el pasto prefirieron buscar otros horizontes, cansados de las malas condiciones laborales al servicio de Su Majestad. El diario The Times se enteró de esas renuncias y buscó a los ex empleados para que dieran su testimonio. Según contaron ellos, si bien ese trabajo a las órdenes del Rey les daba prestigio, ganaban mucho menos que los jardineros de otras grandes propiedades inglesas: "Es como si te dijeran 'deberías estar agradecido de que te hayamos dado un trabajo'", explicaron. Los motivos del descontento no son únicamente económicos: Carlos siempre se consideró un conservacionista y no permite el uso de pesticidas para combatir las malezas y las plagas, ni máquinas podadoras. Los parquistas relataron que en sus largas jornadas se deslizan boca abajo sobre el terreno para quitar los yuyos uno por uno y que por las noches deben salir con linternas para sacar las babosas, también a mano. Además, los topiarios se modelan con tijeras de podar y los pastos se cortan con guadañas, como se hacía antiguamente.Carlos está orgulloso de que Highgrove sea un paraíso natural al que, asegura, le puso el "corazón y el alma". Con diferentes áreas diseñadas por expertos como los paisajistas Rosemary Verey, Miriam Rothschild y Sir Roy Strong, el monarca conoce las especies que crecen en su propiedad, tanto autóctonas como exóticas, y se enoja si sus empleados las confunden. Cuentan que un jardinero no pasó la prueba de admisión sólo porque desconocía el nombre de una flor en particular. "Aparten a ese hombre de mi vista", dijo el Rey, y le negó el puesto, sin miramientos.

Rebelión contra tasas municipales exorbitantes

La decisión que están adoptando importantes empresas de cerrar sus establecimientos en municipios de distintos lugares del país que castigan a sus contribuyentes con tasas exorbitantes sin ninguna contrapartida debería hacer reflexionar a las autoridades comunales.En las últimas semanas, tanto Mercado Libre como varias entidades bancarias de primera línea han tomado medidas para enfrentar los impuestos distorsivos que inciden negativamente en sus costos, de las cuales deberían tomar debida nota gobernadores provinciales e intendentes que aspiren a ver crecer las inversiones en sus distritos.Resultó particularmente drástica la determinación de Mercado Libre de dejar de operar en sus oficinas de la ciudad de Córdoba como consecuencia del negativo impacto de las tasas municipales. Resolvió implementar el trabajo remoto para la totalidad de sus empleados en esa capital provincial. Justificó tal medida en que el monto de dinero que le insumían las tasas del municipio (770 millones de pesos por mes) era equivalente al costo de casi 24 alquileres de su oficina de 1800 metros cuadrados en el centro de la ciudad.La empresa que lidera Marcos Galperin sostuvo que el monto que tributa en Córdoba es "desproporcionado", además de ser "el más alto en comparación con otras localidades con operaciones similares". En tal sentido, explicó que en la ciudad de Santa Fe abona en concepto de tasas un tercio y en Rafaela, apenas el 10% del costo que afronta en la capital cordobesa, al tiempo que en la ciudad de Buenos Aires está exenta de pagar esas tasas.Días atrás, la empresa también anunció que invertirá 65 millones de dólares en un nuevo centro de almacenamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde empleará a 400 personas. Particularmente relevante es que la decisión de Mercado Libre de inclinarse por ese municipio no solo obedeció a la ubicación estratégica que tendrá el complejo, sino también a sus ventajas tributarias, ya que las tasas de seguridad e higiene van del 0,4% al 0,8%, cuando el promedio de las intendencias de la provincia aplican tasas del 3%, que en algunos casos, como Lanús, llegan al 6%.No hace mucho tiempo, también el Banco Nación fue noticia cuando notificó el cierre de sucursales en el partido de La Matanza por sus elevadas tasas municipales. Justamente, las cuatro cámaras que agrupan a las entidades financieras (Adeba, ABA, Abappra y ABE) emitieron un documento crítico sobre las altas tasas municipales y el impuesto a los ingresos brutos que, a su juicio, limitan el acceso a los servicios financieros. Sostuvieron que esos gravámenes "se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen un serio limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias".Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económicoLos bancos se sumaron, así, a la campaña que alienta el gobierno nacional contra los impuestos subsoberanos, que no hacen más que agigantar el costo argentino y desalentar la economía formal, al tiempo que exhortaron a los gobiernos provinciales y municipales a llevar adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina a partir de impuestos razonables y no distorsivos.Esta advertencia se registra en momentos en que algunas provincias están incrementando el impuesto a los ingresos brutos, considerado por numerosos especialistas en cuestiones tributarias "el peor de todos los impuestos", por su carácter distorsivo. Uno de sus mayores defectos pasa por su efecto cascada: como se aplica en cada etapa de producción y comercialización, sin que se descuente lo abonado en las anteriores, el impuesto se acumula, complicando la vida económica. Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y la generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económico.La simplificación tributaria, al igual que la transparencia fiscal por la que tanto han bregado organizaciones no gubernamentales como Lógica, y la derogación de impuestos distorsivos serían una de las mejores contribuciones que podrían hacer las autoridades provinciales y municipales para la previsibilidad económica. Claro que, para eso, es imperioso que nuestra dirigencia entienda que ha llegado el momento de que los ajustes dejen de ser cargados sobre el común de la gente y alcancen fundamentalmente a la política. Lo positivo de las últimas semanas es la conciencia que relevantes actores económicos están exhibiendo para exigir la reducción de la insoportable presión tributaria y que, poco a poco, gane terreno la idea de una competencia tributaria entre municipios para seducir al capital, en lugar de seguir ahuyentándolo y combatiéndolo.

La rebelión de Los Ángeles contra Trump: Karen Bass espera que termine "el régimen del terror"

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se posicionó en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ordenados por el presidente Donald Trump. Recientemente, señaló que las redadas siembran terror entre los habitantes del territorio.Karen Bass espera que termine "el régimen del terror" a cargo de Trump en Los ÁngelesCalifornia es uno de los estados con mayor población de origen migrante de ese país y se convirtió en uno de los focos principales de la agencia migratoria. La funcionaria manifestó en diversas ocasiones su postura contra las operaciones que desarrollan en la ciudad.En una entrevista con ABC News en el programa "This Week", Bass reiteró su reclamo sobre el cese de las detenciones de extranjeros en el territorio. "Solo espero que termine este régimen del terror", apuntó. Y siguió: "Espero que los militares se vayan, porque para empezar nunca fueron necesarios aquí. Espero que podamos volver a la normalidad".La alcaldesa de Los Ángeles advirtió que ciertos lugares de trabajo presenciaron la ausencia de sus empleados, que sienten temor de acudir por ser interceptados por los agentes del ICE. "No se trata solo de la deportación. Es el miedo que surge cuando ocurren redadas, cuando secuestran a la gente en la calle", dijo.No se trató de la primera vez que Bass apuntó contra las redadas de la agencia migratoria en Los Ángeles. La primera semana de julio, la alcaldesa se presentó en MacArthur Park, donde los oficiales realizaban un operativo y les solicitó que se retiraran. También celebró una orden federal que bloqueó los arrestos indiscriminados en el territorio."Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes: 3,8 millones de personas y, aproximadamente, el 50% de nuestra población es latina", expresó en diálogo con el medio mencionado. Y puntualizó: "Por eso, cuando comenzaron las redadas, cundió el miedo".Redadas de migrantes en Los Ángeles: Bass denuncia los arrestos del ICELa alcaldesa también advirtió que las detenciones de la agencia migratoria no tendrían el foco que aseveró Trump sobre extranjeros sin documentación legal e historial criminal. "Incluso personas que están aquí legalmente, incluso ciudadanos estadounidenses, han sido detenidas. Inmigrantes con sus papeles y que se presentan en su cita anual de inmigración fueron arrestados cuando hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer", señaló.La funcionaria alegó que los oficiales se presentaron en reiteradas ocasiones en la ciudad cuando portaban máscaras y no se identificaron de forma pertinente. "Sin matrícula ni uniformes, saltando de los vehículos con rifles y secuestrando a la gente en la calle", describió.Asimismo, indicó que estas situaciones llevaron a "mucha gente a pensar que tal vez estaban cometiendo secuestros". "¿Cómo es posible que haya hombres enmascarados que luego digan: 'Bueno, somos funcionarios federales', sin identificación?", aseveró.También hizo referencia a la llegada de efectivos de la Guardia Nacional en medio de las protestas de migrantes iniciadas en junio pasado, bajo orden de Trump, y señaló que su presencia "no era necesaria" y que únicamente tenían el objetivo de "demostrar su fuerza".

La Corte confirmó las condenas por "sedición agravada" por una rebelión policial en Concordia

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a un grupo de policías por "sedición agravada", tras una rebelión policial ocurrida en diciembre de 2013 en Concodia, Entre Ríos, por el reclamo de aumentos salariales, que provocó tres muertos y saqueos en la ciudad.Los condenados son 20, incluyendo a los cabecillas de la revuelta policial, que recibieron penas que llegan a los 4 años y medio de prisión.Fueron condenados por los delitos de sedición agravada por la condición de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas -dos hechos- en concurso ideal e instigación pública en concurso real.Entre el 8 y 9 de diciembre de 2013, durante le gestión de Sergio Urribarri, los policías tomaron la Jefatura Departamental de Concordia en medio de movilizaciones por reclamos salariales y mejoras laborales. La rebelión policial se extendió en varias provincias. La protesta de policías, que dejó sin seguridad las calles de Concordia, ocasionó la muerte de tres personas y saqueos en varios comercios. Además de los policías imputados en la Justicia, decenas de efectivos en toda la provincia fueron pasados a retiro o trasladados, y muchos de ellos siguen con sumarios administrativos.La protesta tuvo eco en varias provincias. En total, la violencia que produjo la ausencia de personal policial en las calles durante las primeras semanas de diciembre de 2013 provocó 13 muertes en todo el país.En julio de 2015, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado por los jueces Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud, condenó hasta a cuatro años y medio de prisión al oficial Carlos Zaragoza y a los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho, considerados cabecillas.Además los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública. También condenaron a cuatro años de prisión a los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez, más el impedimento por ocho años para ejercer cargos en el Estado. Y recibieron tres años de y medio de cárcel y siete de inhabilitación los imputados Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Paredes y Luis Paredes, Carlos Rozas, y Romero Valdes. La defensa de los policías apeló. En 2022, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó el planteo de prescripción de la acción penal y los recursos contra la condena. Al año siguiente, la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las impugnaciones de la defensa y ratificó lo decidido en las instancias previas. Frente a ello la defensa oficial, en representación de quince imputados, interpuso recurso extraordinario federal que llegó en queja al máximo tribunal. La Corte tribunal desestimó la presentación por cuestiones formales y dejó firmes las condenas.

El Partido Laborista británico suspendió a los diputados que lideraron la rebelión contra las reformas del sistema de bienestar social

Los legisladores desafiaron la disciplina partidaria al votar contra el proyecto de ley del Gobierno

Escalada en Siria: Israel atacó Damasco y amenaza con una ofensiva mayor en medio de una rebelión interna

DAMASCO.- Los enfrentamientos se intensificaron el miércoles en la ciudad de Sweida, en el sur de Siria, después de que fracasara un cese del fuego entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados drusos y mientras Israel amenazaba con intensificar su intervención al afirmar que apoya a la minoría religiosa.El ejército israelí atacó cerca de la entrada del Ministerio de Defensa sirio en Damasco y varias horas después realizó un ataque de mayor envergadura contra el mismo lugar.El Ministerio de Defensa sirio había culpado previamente a las milicias de la zona de Sweida, de mayoría drusa, de violar el acuerdo de alto el fuego alcanzado el martes, lo que provocó que los soldados del ejército sirio respondieran. Afirmó que estaban "cumpliendo las normas de combate para proteger a los residentes, prevenir daños y garantizar el regreso seguro a sus hogares de quienes abandonaron la ciudad".El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército seguirá atacando a las fuerzas sirias hasta que se retiren y avisó que el nivel de respuesta aumentará, según informaron el miércoles medios de comunicación locales.Katz también dijo que el gobierno sirio debería "dejar en paz a los drusos" tras los recientes enfrentamientos en la ciudad siria de Sweida, informaron medios israelíes.Israel también lanzó una serie de ataques aéreos contra convoyes de fuerzas gubernamentales en el sur de Siria desde que estallaron los enfrentamientos y reforzó sus fuerzas en la frontera.El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado el martes por la noche que Israel tiene "un compromiso de preservar la región suroeste de Siria como un área desmilitarizada en la frontera de Israel" y tiene "la obligación de salvaguardar a la población drusa".Israel adoptó una postura agresiva hacia los nuevos líderes de Siria desde la caída de Bashar Al-Assad y aseguró que no tolerará milicianos islamistas cerca de sus fronteras. Las fuerzas israelíes han tomado una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en territorio sirio a lo largo de la frontera con los Altos del Golán y han lanzado cientos de ataques aéreos sobre sitios militares en Siria.Los drusos son considerados por Israel como una minoría leal y a menudo sirven en el ejército. En Siria, los drusos han estado divididos sobre cómo tratar con los nuevos líderes del país. Algunos abogan por integrarse en el nuevo sistema, mientras que otros desconfían de las autoridades en Damasco y han presionado por una región drusa autónoma.El gobierno del presidente Donald Trump pidió ayer a Israel que detenga sus ataques contras las fuerzas militares sirias en el sur del país, informó Axios, que citó a un funcionario estadounidense. La misma fuente informó que Israel estaba de acuerdo en cesar los ataques ayer por la noche.Mientras tanto, seguían apareciendo informes de ataques contra civiles y los drusos con familiares en la zona de conflicto buscaban desesperadamente información sobre su suerte en medio de cortes de comunicación.Una ofensiva rebelde liderada por grupos insurgentes islamistas derrocó en diciembre al veterano líder despótico de Siria, Al-Assad, poniendo fin a una guerra civil de casi 14 años. Desde entonces, los nuevos gobernantes del país han luchando por consolidar el control.Los líderes, mayoritariamente musulmanes sunitas, han sido objeto de sospechas por parte de las minorías religiosas y étnicas, cuyos temores aumentaron tras los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados pro-Assad en marzo, que derivaron en ataques sectarios de venganza. Cientos de civiles de la minoría religiosa alauita, a la que pertenece Al-Assad, fueron asesinados.El temor de los drusosEn Jaramana, cerca de la capital siria, Evelyn Azzam, de 20 años, teme la muerte de su esposo, Robert Kiwan, de 23. Los recién casados viven en el suburbio de Damasco, pero Kiwan viajaba a Sweida para trabajar cada mañana y quedó atrapado allí cuando estallaron los enfrentamientos.Azzam dijo que estaba hablando por teléfono con Kiwan cuando las fuerzas de seguridad lo interrogaron a él y a un colega sobre su afiliación a las milicias drusas. Cuando el colega de su esposo alzó la voz, oyó un disparo. Kiwan recibió un disparo mientras intentaba hablar."Por lo que pude entender, le dispararon a mi esposo en la cadera", dijo, conteniendo las lágrimas. "La ambulancia lo llevó al hospital. Desde entonces, no tenemos idea de qué pasó".La secta religiosa drusa surgió en el siglo X como una rama del ismailismo, una rama del chiismo. Más de la mitad del millón de drusos que hay en todo el mundo vive en Siria. La mayoría de los demás drusos residen en el Líbano e Israel, incluyendo los Altos del Golán, territorios que Israel arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexó en 1981.La última escalada en Siria comenzó con secuestros y ataques ojo por ojo entre tribus beduinas sunitas locales y facciones armadas drusas en la provincia del sur.Las fuerzas gubernamentales que intervinieron para restablecer el orden se enfrentaron entonces con los drusos.No se han publicado cifras oficiales de víctimas desde el lunes, cuando el Ministerio del Interior sirio anunció la muerte de 30 personas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, indicó que más de 250 personas habían muerto hasta la mañana del miércoles, entre ellas cuatro niños, cinco mujeres y 138 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad.Agencias Reuters y AP

Azcón afirma que Sánchez e Illa "hablan de una España de dos velocidades" y pide "una rebelión cívica"

6 a 0. Uno por uno: así votó cada senador en la noche de la rebelión parlamentaria contra el Gobierno

div.encabezado { font-family: 'Prumo', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-align: center; max-width: 960px; margin: 0 auto; padding-top: 30px; padding-bottom: 20px; } h1.scrl-titulo { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 180, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; max-width: 920px; line-height: 110%; margin: 0 auto; font-weight: normal; span { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; line-height: 110%; display: block; @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; line-height: 1; margin-top: 6px; } } @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; margin: 0 5px; line-height: 1; } } h2.scrl-bajada { font-weight: normal; font-size: 29px; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; margin: 0; line-height: 1.2; max-width: 893px; margin: 10px auto; @media (max-width: 768px) { font-size: 17px; line-height: 1.2; margin: 10px 20px 0; } } p.scrl-volanta { border: 1px solid #000; font-family: var(--suecaslabbold); font-variation-settings: "wght" 120, "opsz" 0; color: #FFF; background: #000; padding: 8px 18px 4px; border-radius: 1rem; font-size: 16px; line-height: 120%; margin: 25px 0 40px; display: inline-block; span { top: -2px; position: relative; } } p.bajada { font-size: 24px; font-variation-settings: "wght" 50, "opsz" 50; margin: 6px 0 10px; } A FONDO 6 a 0 Uno por uno: así votó cada senador en la noche de la rebelión parlamentaria contra el Gobierno. Esta aplicación web de LA NACION necesita tener Javascript habilitado para funcionar correctamente

Caída en el Senado: un mix de errores libertarios, rebelión de aliados y el supuesto fusible que desapareció

Los libertarios fracasaron en su intento de hacer fracasar la sesión.De forma inédita, estuvieron caídos el sistema y las pantallas con las que votan los senadores.

Rebelión contra Trump: el American Party y la alianza de Elon Musk con otro multimillonario

Elon Musk decidió romper con el expresidente Donald Trump y lanzar una ofensiva política propia. Tras años de alineación con los republicanos, el empresario más rico del mundo anunció la creación del America Party, un nuevo espacio que busca desestabilizar el sistema bipartidista de Estados Unidos. En un nuevo capítulo de esta avanzada, el CEO de Tesla tendió puentes con Andrew Yang, fundador del Forward Party, un aliado con experiencia en formar una estructura alternativa a los dos grandes partidos del país norteamericano.Musk y Yang: dos empresarios contra el sistema político tradicional en EE.UU.En su cruzada para modificar el mapa político estadounidense, Musk contactó a Yang, el exprecandidato demócrata que fundó su propio partido independiente en 2021. En su encuentro discutieron el impulso del exasesor del gobierno de Donald Trump para formar el America Party y compartieron su rechazo al dominio de los partidos tradicionales."Me entusiasma la idea de que cualquiera que quiera salir del duopolio siga adelante", expresó Yang, quien también se mostró dispuesto a guiar a Musk en ese recorrido, según informó Politico. "Me alegra ayudar a que alguien tenga una idea de cómo es el camino", agregó.La comunicación se mantuvo en privado, sin detalles sobre cuándo ocurrió ni sobre la profundidad de la alianza, aunque Yang confirmó haber hablado con Musk y con su equipo. También reconoció que, en otras oportunidades, intentó contactarlo sin éxito a través de intermediarios.Quién es Andrew Yang, el posible socio de Musk en America PartyYang nació en 1975 en Nueva York, hijo de inmigrantes taiwaneses. Tras formarse en Economía, Ciencias Políticas y Derecho, abandonó su breve carrera como abogado y se volcó al mundo del emprendimiento. Tal como recordó Bitstamp, fundó y lideró empresas como Manhattan Prep y Venture for America, hasta que en 2017 lanzó su candidatura presidencial por el Partido Demócrata.En su campaña, que llevó el lema MATH ("Make America Think Harder"), propuso una renta básica universal de 1000 dólares mensuales para todos los adultos, conocida como "Freedom Dividend", con la que logró captar la atención del electorado digital, según Biography.com. Suspendió su candidatura en 2020 tras los resultados en Nuevo Hampshire. También se lanzó sin éxito en las primarias demócratas para alcalde de la ciudad de Nueva York en 2021.Sin embargo, su presencia en la política estadounidense no finalizó allí. Ese mismo año, frente a la frustración de no encontrar un lugar en el sistema tradicional bipartidista, fundó junto a Christine Todd Whitman y Michael Willner el Forward Party, una estructura independiente con presencia en varios estados.Actualmente, según Axios, el partido cuenta con más de 40 funcionarios electos a nivel estatal y aspira a obtener acceso a las papeletas en los 50 estados de EE.UU. Yang insiste en que su misión es "restablecer el sistema político para que realmente responda tanto a las opiniones como a las necesidades del pueblo estadounidense", señaló Business Insider.El divorcio de Musk y Trump y el nacimiento del America PartyEl quiebre entre Musk y Trump ocurrió después de que el expresidente impulsara su ley fiscal a la que Musk calificó como "una abominación repugnante". Tal como recordó Fox News, el magnate, que había invertido casi US$300 millones en apoyar a Trump y lideró el DOGE durante los primeros meses del segundo mandato del republicano, decidió cortar la relación.El sábado posterior a la aprobación del paquete, Musk anunció la formación del America Party en su plataforma X. El anuncio se produjo tras una votación simbólica que organizó en la red, en la que más de 5 millones de personas apoyaron la idea de crear un nuevo partido.Yang no dudó en expresar su simpatía. "En una disputa entre el tipo que hizo posible los cohetes espaciales y los autos eléctricos y el tipo que puso marca a los filetes y a una universidad falsa, apostaría por el primero", escribió en sus redes sociales.America Party: otros apoyos y posibles alianzas para MuskMusk no solo cuenta con el respaldo público de Yang. El Partido Libertario, el grupo No Labels y consultores del mundo de las candidaturas independientes se mostraron dispuestos a sumarse a una eventual alianza. "Quizás existan motivos para una coalición entre los libertarios y el America Party para presentar candidatos libertarios, con un gobierno pequeño y fiscalmente conservadores contra los republicanos", señaló Steven Nekhaila, presidente del Partido Libertario, consignó Axios.A pesar del entusiasmo, los desafíos legales y logísticos siguen siendo enormes. Para figurar en las papeletas electorales, el nuevo partido debe reunir miles de firmas en cada estado. Pero, a diferencia de otros intentos fallidos, Musk cuenta con un recurso que podría cambiar las reglas del juego: dinero. Ron Nielson, exdirector de la campaña libertaria de Gary Johnson, opinó que Musk "podría hacer que un esfuerzo de un tercero sea inmediatamente viable".

Rebelión contra el ICE en Los Ángeles: el cruce de Karen Bass por el operativo en un parque con niños

Karen Bass criticó con dureza una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) respaldada por la Guardia Nacional en MacArthur Park, una zona de Los Ángeles con fuerte presencia inmigrante. La alcaldesa se presentó en el lugar y exigió a los agentes que se retiraran. El operativo generó una ola de repudios y provocó protestas en el barrio.Redada del ICE en MacArthur Park con apoyo militarEl lunes pasado, agentes federales y tropas de la Guardia Nacional desplegaron una operación en MacArthur Park. El operativo contó con la participación de unos 90 efectivos y más de una docena de vehículos militares, según informó Fox News. La Patrulla Fronteriza también intervino con agentes montados.Esta nueva redada tuvo lugar en Westlake, un barrio de amplia población inmigrante, principalmente hispana. La zona está identificada por su vulnerabilidad social y la presencia de la pandilla MS-13. Según confirmó el canal local de Fox, no hubo detenciones.Karen Bass enfrentó al ICE en el lugarBass, alcaldesa de Los Ángeles, se presentó en el parque y encaró a los agentes del ICE. Les exigió que se retiraran inmediatamente: "Tienen que irse, y tienen que irse ahora mismo. Esto es inaceptable", gritó.Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, confirmó que hablaba con ella en ese momento. "Yo no trabajo para Bass. Mejor que se acostumbre, porque esto va a ser lo normal muy pronto. Iremos donde queramos, cuando queramos, en Los Ángeles", dijo a Fox News.La alcaldesa de Los Ángeles denunció que había niños en el parque minutos antes del despliegue militar. "Momentos antes, había más de 20 chicos jugando, y luego aparece el Ejército. Absolutamente escandaloso", escribió en X.Más tarde, Bass se reunió con algunos menores afectados. También criticó la ausencia de objetivos claros: "No hay ningún plan más allá del miedo, el caos y la política. Un día Home Depot, al siguiente un lavadero de autos, y al otro, tropas montadas en el parque".Protestas y críticas a la estrategia migratoria de TrumpTras el operativo, se registraron protestas espontáneas en la zona. Testigos informaron neumáticos pinchados y objetos arrojados contra vehículos federales. La tensión se trasladó a las redes sociales y movilizó a organizaciones comunitarias.El gobernador Gavin Newsom también condenó la redada. El mandatario aseguró que el operativo refleja "un mensaje que proviene del corazón contaminado del presidente Donald Trump". En una conferencia de prensa en Pasadena, se comprometió a proteger a las comunidades diversas del estado.Bass solicitó el retiro inmediato de los militares. "Lo que está pasando en Los Ángeles no es normal", publicó en X. "No es normal realizar redadas indiscriminadas contra nuestra población inmigrante. Que Los Ángeles vuelva a la normalidad. Saquen a la Guardia Nacional".Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evitó expresarse al respecto. "No hacemos comentarios sobre operaciones de cumplimiento en curso", explicó a Fox 11 un alto funcionario del DHS.Acusaciones por las tácticas del ICELíderes comunitarios acusaron al ICE de operar con violencia en semanas anteriores. Denunciaron: Arrestos en graduaciones escolares.Interrupciones de trámites migratorios.Redadas en comercios.Las redadas anteriores provocaron disturbios en junio. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con autoridades y generaron una crisis institucional que derivó en la federalización de la Guardia Nacional por parte de Trump.El despliegue de marines fue ampliamente criticado por funcionarios locales. El uso de militares en zonas urbanas generó rechazo por parte de legisladores estatales y organizaciones civiles.Sin embargo, la situación en Los Ángeles se mantiene tensa. La comunidad inmigrante, junto a autoridades locales, exigen el cese de operativos y el respeto a los derechos civiles en la ciudad del Estado Dorado.

La rebelión viene marchando y Javier Milei tiene que tomar una decisión

Los gobernadores están en pie de guerra y en su tropa hay diferencias sobre cómo enfrentar las elecciones en las provincias y el diálogo en el Congreso. Macri no se retira y los radicales con peluca se agazapan.

Rebelión de gobernadores contra Lule Menem

Leer más

Pulseada bonaerense en espejo, la rebelión del interior y una provocación de Caputo con el dólar

El Peronismo por su lado y los libertarios y el PRO, por el otro, trabajan por la unidad necesaria para ser competitivos en la Provincia. Los gobernadores ya no son lo que eran para Milei. Caputo, campeón. Leer más

Rebelión contra Trump: quiénes son los únicos dos republicanos que votaron en contra de su "gran y hermoso proyecto"

En un Congreso marcado por la lealtad casi total a Donald Trump, solo dos de 220 legisladores republicanos decidieron apartarse del bloque oficialista para votar en contra del One Big Beautiful Bill: un ambicioso paquete de recortes fiscales y ajuste presupuestario de más de 900 páginas. Se trata de Thomas Massie y Brian Fitzpatrick, que se opusieron al "gran y hermoso proyecto de ley" del presidente de Estados Unidos por diferentes motivos. La votación del "gran y hermoso proyecto de ley" de TrumpEl jueves 3 de julio, la Cámara de Representantes aprobó por 218 votos a favor y 214 en contra la ley apodada por sus impulsores como la "One Big Beautiful Bill", un paquete económico que contempla recortes fiscales y de gasto por un total de US$4,5 billones. La norma, que ya había sido votada en el Senado con la ayuda del desempate del vicepresidente JD Vance, avanzó con el rechazo unánime del bloque demócrata y la sorpresiva negativa de dos representantes republicanos.Thomas Massie, por Kentucky, y Brian Fitzpatrick, por Pensilvania, decidieron votar en contra a pesar de la intensa presión ejercida por la Casa Blanca y por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien negoció los votos necesarios para asegurar la aprobación antes del 4 de julio, fecha simbólica autoimpuesta como límite por el oficialismo, según informaron desde ABC.El desacuerdo de estos dos legisladores no solo evidenció divisiones ideológicas dentro del partido, sino que también desató la furia de Donald Trump, que no tardó en atacar públicamente a uno de ellos. Mientras tanto, los demócratas calificaron la ley como una muestra de "crueldad regresiva", al acusar al oficialismo de beneficiar a los más ricos a costa de los trabajadores y sectores vulnerables.Por qué Thomas Massie votó en contra del One Big Beautiful Bill de TrumpThomas Massie, representante del cuarto distrito de Kentucky, fue durante años una figura incómoda dentro del Partido Republicano. Conocido por su independencia y su rechazo sistemático a medidas que aumenten el gasto público, volvió a demostrar su desacuerdo con el ala mayoritaria de su bancada.Massie justificó su voto negativo con base en el impacto fiscal del proyecto. El legislador citó estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), que anticipó que la ley podría incrementar el déficit federal en US$3,4 billones durante la próxima década."Aunque el proyecto contenía algunas victorias conservadoras, voté en contra porque incrementará significativamente los déficits presupuestarios de Estados Unidos en el corto plazo, afectando a todos los estadounidenses a través de una inflación sostenida y tasas de interés elevadas", escribió en su cuenta de X.Massie también había votado en contra de la versión anterior del proyecto en mayo. Su rechazo constante provocó una respuesta virulenta por parte de Trump, quien hace unas semanas lo criticó públicamente y lo descalificó como miembro del movimiento MAGA. "En realidad, MAGA no lo quiere, no lo conoce ni lo respeta", escribió Trump en su red social, al acusar al legislador de ser un "protagonista" que se opone a todas las iniciativas republicanas clave.Las razones por las que Brian Fitzpatrick rechazó el One Big Beautiful Bill de TrumpEn el caso de Brian Fitzpatrick, representante del primer distrito de Pensilvania, la decisión de votar en contra estuvo motivada por los cambios introducidos por el Senado, especialmente en lo relativo a Medicaid. A diferencia de Massie, este legislador sí había respaldado la versión original de la ley en mayo, pero se opuso a la definitiva tras los ajustes que se hicieron en la Cámara alta."He mantenido una revisión constante y minuciosa de cada versión del texto legislativo presentada en la Cámara", explicó Fitzpatrick en un comunicado. "Determiné que las enmiendas del Senado, en especial las relativas a Medicaid, alteraron negativamente el impacto para nuestra comunidad en el distrito PA-1â?³, enfatizó.El congresista, que representa un distrito oscilante que votó por Kamala Harris en 2024, remarcó que su prioridad es siempre proteger a sus representados. En esa misma línea, sostuvo que su decisión se basó en un análisis técnico del perjuicio que los nuevos recortes podrían causar en su distrito."Voté para fortalecer las protecciones de Medicaid, extender de forma permanente los recortes impositivos para la clase media, brindar alivio fiscal a las pequeñas empresas y realizar inversiones históricas en seguridad fronteriza y defensa. Sin embargo, las enmiendas del Senado no alcanzaron el estándar que nuestra comunidad merece", detalló.La resistencia demócrata al "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump y un discurso maratónicoMientras los republicanos celebraban la aprobación del proyecto, los demócratas realizaron una férrea oposición, según indicaron desde NBC News. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, ofreció un discurso de casi nueve horas ininterrumpidas en el pleno, lo que estableció un récord parlamentario. Durante su intervención, leyó cientos de cartas de ciudadanos que alertaban sobre el impacto negativo que la norma tendría en sus vidas."Nunca pensé que tendría que estar en el recinto de la Cámara diciendo que esto es una escena del crimen. Pero lo es: están atentando contra la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense", exclamó Jeffries, mientras sus colegas lo ovacionaban.Los demócratas denominaron al paquete económico como el "gran proyecto feo", en contraste con la etiqueta triunfalista de "beautiful bill" adoptada por los republicanos.

La rebelión menos pensada contra Javier Milei

"La banderita del superávit fiscal la levanta con la nuestra, así cualquiera". Un gobernador dialoguista con el Gobierno nacional, bajo estricto off, exhibe la tensión creciente que se desarrolla entre la Nación y las provincias. Leer más

Así fue "El Tanquetazo", la rebelión contra Salvador Allende, filmada por un argentino que no soltó su cámara hasta morir

El 29 de junio de 1973, tanques y camiones del Ejército avanzaron sobre el centro de Santiago de Chile y atacaron el Palacio de la Moneda para derrocar al presidente socialista. La historia de Leonardo Henrichsen, que registró con su cámara el momento preciso en que un soldado le disparó el balazo que acabó con su vida

La rebelión de la realidad

Leer más

Avance de ICE: qué pasará con las redadas en restaurantes tras la rebelión del DHS contra Donald Trump

Debido a la escasez de mano de obra en ciertos sectores, el presidente Donald Trump pidió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) reducir las redadas en los restaurantes, hoteles y el sector agrícola. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidió revertir la medida, por lo que los operativos migratorios continuarán en esos lugares de trabajo.El DHS da marcha atrás y regresan las redadas del ICE en restaurantesDe acuerdo con The Washington Post, el DHS le informó el lunes 16 de junio al personal de ICE que se cancelaba la directiva sobre la disminución de las redadas en granjas, hoteles y restaurantes. La nueva directriz, contraria al planteo del presidente, habría sido comunicada durante una llamada telefónica a las 11 hs en la que participaron representantes de 30 oficinas de todo EE.UU., según le señalaron dos fuentes familiarizadas con la llamada al medio estadounidense.La decisión va en contra de los cambios que Trump había adelantado la semana pasada a través de sus redes sociales. "Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar", explicó el mandatario en Truth Social.Al día siguiente, un alto funcionario del ICE les envió un correo electrónico a los miembros de esa agencia para modificar sus operativos, según informó The New York Times. En específico, les ordenaron "suspender todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la normativa en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluida la acuicultura y las plantas empacadoras de carne), los restaurantes y la operación de hoteles".La medida significaba un alivio para los trabajadores migrantes de restaurantes, hoteles y sectores ligados a la agricultura, pero algunos mostraron preocupación por la dificultad que representaría cumplir con el objetivo de los 3000 arrestos diarios que tiene el ICE. "Reconocemos que al eliminar esto de la mesa, estamos eliminando un número significativo de posibles objetivos", reconoció la agencia migratoria en el comunicado. Sin embargo, finalmente el DHS dio marcha atrás. Por lo tanto, los restaurantes y otros locales gastronómicos ya no serán lugares seguros para migrantes. Desacuerdos en la administración Trump por las redadas del ICE en hoteles, restaurantes y granjasEn declaraciones a NBC News, Ira Mehlman, la portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, se había manifestado en desacuerdo con la directiva de Trump para suspender las redadas en hoteles, restaurantes y granjas. "Deberían ir tras ellos. No creo que una gran parte del país se moleste si desmantelan a estas empresas, si están empleando a inmigrantes ilegales y trasladando el costo a todos los demás", consideró.Por su parte, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó en un comunicado retomado por EFE que se respetaría la decisión de Trump: "Seguiremos las instrucciones del presidente y seguiremos trabajando para sacar a los peores delincuentes extranjeros ilegales de las calles de Estados Unidos".Sin embargo, McLaughlin cambió su postura este lunes y enfatizó que "no habrá espacios seguros para las industrias que albergan a criminales violentos o intencionadamente tratan de socavar los esfuerzos del ICE". "La aplicación de las leyes en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestros esfuerzos por salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica", subrayó la vocera, según informó Washington Post.

Rebelión del ICE contra Trump: avanzarán las redadas dirigidas a migrantes en granjas, hoteles y restaurantes

Una lucha interna sacude a las agencias migratorias de Estados Unidos. Aunque Donald Trump pedido un freno a las redadas en sectores estratégicos como la agricultura y la hotelería, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidieron avanzar. Las redadas contra trabajadores indocumentados continuarán, incluso en espacios donde parecía haberse acordado una tregua.El ICE seguirá con las redadas en granjas, hoteles y restaurantesEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este lunes que revocó una directiva que, apenas unos días antes, había instruido a suspender las operaciones de arresto en sitios laborales sensibles, como fincas agrícolas, hoteles en funcionamiento y restaurantes. Esta decisión sorprendió incluso dentro del propio gobierno, dado que contradecía las señales públicas emitidas por Donald Trump, quien se había mostrado receptivo ante las preocupaciones de los empresarios de esos sectores.Según reportó The Washington Post, la nueva instrucción se comunicó durante una videoconferencia realizada el lunes a las 11 de la mañana, en la que participaron representantes de 30 oficinas regionales del ICE en todo el país norteamericano. La orden fue clara: las operaciones de cumplimiento migratorio debían continuar en todos los sectores, sin excepciones. En esa reunión, oficiales de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) también reafirmaron la necesidad de mantener los operativos en lugares como plantas de procesamiento de carne, criaderos acuícolas, granjas de hortalizas y restaurantes de alta demanda.Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, expresó: "No habrá espacios seguros para industrias que alberguen criminales peligrosos o que deliberadamente intenten socavar los esfuerzos del ICE. Las redadas en lugares de trabajo siguen siendo una piedra angular en nuestra tarea de proteger la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica".Noticia en desarrollo.

La rebelión de un sheriff en Florida puede salirle caro: "Ayude al ICE o pierde tu trabajo"

El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, se encuentra en el centro de una controversia tras afirmar que sus agentes no priorizarán detenciones relacionadas exclusivamente con el estatus migratorio de las personas. En este contexto, el fiscal general del estado, James Uthmeier, advirtió que negarse a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría constituir una violación de la legislación de Florida. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis respaldó una dura sentencia: "Ayude al ICE o perderá su trabajo".El rechazo de Gregory Tony a colaborar con el ICE en BrowardLa controversia surgió durante una sesión presupuestaria del 3 de junio, cuando Tony fue cuestionado sobre el rol de su departamento en la aplicación de leyes migratorias. "No me importa de qué país seas. Si cometes un delito en este condado, iré por ti", declaró el funcionario. Sin embargo, añadió una aclaración que provocó el rechazo de las autoridades estatales."Me niego a aceptar la idea de que tenemos que ir de puerta en puerta, arrestar niños, ir a guarderías o restaurantes y secuestrar a personas que han estado pagando impuestos y contribuyen a esta sociedad de alguna forma positiva, sin importar si son ciudadanos estadounidenses o no", expresó ante los comisionados del condado. "No es de nuestra competencia, no es nuestra responsabilidad, y no participaré en ello", agregó.Asimismo, el sheriff enfatizó la autonomía de sus agentes: "No somos el ICE, no somos inmigración". Además, aseguró que no trabaja para el Departamento de Justicia ni para Donald Trump, sino para "la gente de la comunidad".La postura de Gregory Tony que desafía a Ron DeSantis en FloridaEl pronunciamiento de Gregory Tony se contrapone con la línea dura de Ron DeSantis, quien ha promovido la cooperación activa entre las agencias locales de seguridad y el ICE, especialmente mediante la implementación del programa 287(g). En febrero, el gobernador de Florida anunció que 67 oficinas de sheriff en el estado, incluido el condado de Broward, firmaron acuerdos de colaboración con los agentes federales bajo esta modalidad.Por su parte, Tony dejó en claro durante su intervención que su oficina continuará sus acciones frente a delitos, independientemente de la nacionalidad de los involucrados, pero que no participará en operativos dirigidos a inmigrantes sin antecedentes penales.El fiscal general de Florida amenaza con destituir al Sheriff de Broward por no colaborar con el ICELa postura del Sheriff motivó una carta formal del fiscal general del estado, James Uthmeier, quien expresó su preocupación por las declaraciones. En su comunicado, enviado el lunes 9 de junio, advirtió que negarse a cooperar con el ICE podría constituir una violación de la legislación estatal."La obligación de apoyar al ICE y hacer cumplir la ley federal de inmigración no es una opción, es un deber, según la ley de Florida", aseguró el fiscal. "Quienes incumplan la ley deberán rendir cuentas", agregó.Asimismo, Uthmeier citó el estatuto 908.104 de Florida, que exige a las agencias del orden colaborar con las autoridades federales migratorias dentro del ámbito de su competencia. "Usted es un funcionario de ese tipo y, por lo tanto, debe hacer todo lo posible para colaborar con las autoridades federales de inmigración, incluido el ICE", detalló Uthmeier en la carta. La carta de Uthmeier no se limitó a expresar desacuerdo político, sino que detalló las consecuencias legales específicas que podría enfrentar el sheriff de Broward. El fiscal general enumeró tres posibles sanciones: Medidas cautelares y declaratorias.Acusaciones por desacato al tribunal.La destitución del cargo por parte del gobernador Ron DeSantis.La advertencia del el fiscal general de Florida al sheriff de Broward"Esperaría que sus declaraciones fueran meras posturas políticas, pero si no, sus posiciones expresadas constituirían un incumplimiento de su obligación legal", aclaró.Para reforzar su mensaje, el fiscal general publicó un video en X el mismo lunes por la tarde, donde intensificó sus advertencias. "La elección es sencilla y la participación no es opcional. Los funcionarios estatales, del condado y locales pueden apoyar y defender las constituciones de EE.UU. y Florida, así como sus leyes. O encontraremos a alguien que lo haga", aseguró.La defensa del sheriff y la advertencia de Ron DeSantis: "Ayude al ICE o perderá su trabajo"Ante la presión legal, Tony respondió el mismo lunes con una carta propia dirigida al fiscal general e intentó aclarar su posición sin retractarse completamente de sus declaraciones originales. En su respuesta, el sheriff enfatizó que su departamento sí colabora con el ICE, pero dentro de parámetros específicos."Nuestra prioridad es abordar la actividad delictiva en nuestra comunidad, incluyendo los delitos cometidos por extranjeros no autorizados, y colaborar con nuestros socios federales en esta labor", escribió en su carta.El funcionario detalló tres acuerdos vigentes entre su departamento y el ICE: Un acuerdo de la Oficina de Servicio de Órdenes Judiciales 287(g) firmado en 2019.Un acuerdo básico de orden para mantener detenidos federales hasta 48 horas.El reciente acuerdo del Grupo de Trabajo 287(g) firmado este año.Sin embargo, Tony subrayó que la prioridad de su oficina aún es el combate a delitos que afectan directamente a la comunidad. En tanto, reiteró que su enfoque está en la seguridad pública local y no en operativos migratorios que puedan afectar a personas sin historial delictivo."Confío en que esta respuesta le brinde una mejor perspectiva y comprensión de mi compromiso de cumplir con las leyes de Florida y combatir el crimen en nuestra comunidad", finalizó.El gobernador Ron DeSantis, quien recibió copia de la carta del fiscal general y del Sheriff, expresó su apoyo público a la posición de Uthmeier. A través de su cuenta en X, compartió un artículo del Miami Herald que titulaba el confrontamiento como "Ayude al ICE o perderá su trabajo", a lo que el mandatario estatal respondió con un contundente "sí" sobre las consecuencias de no cooperar.

Rebelión en Florida: otra senadora de origen latino cuestiona a Trump por las políticas contra los migrantes

La tensión en Florida alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones de Ileana Garcia, senadora por ese estado ante el Congreso nacional, quien, a pesar de ser republicana, cuestionó las medidas de Donald Trump. "Esto no es lo que votamos. Es inaceptable e inhumano", sostuvo. De esa manera, se sumó al reclamo de María Elvira Salazar, representante floridense.Ileana Garcia y María Elvira Salazar: las críticas de las republicanas a Trump Ileana Garcia y María Elvira Salazar comparten raíces cubanas, una trayectoria política conservadora y la representación de distritos clave del sur de Florida. También están vinculadas ahora por una postura crítica frente al enfoque de Donald Trump respecto de la migración en su segundo mandato. Ambas señalaron con firmeza que las recientes acciones del gobierno estadounidense traicionaron principios básicos de justicia y debido proceso.Garcia, cofundadora del grupo "Latinas for Trump" y firme aliada del mandatario desde 2016, publicó un extenso mensaje en la red social X en el que expresó su decepción ante las detenciones de migrantes en tribunales. "Esto no es por lo que votamos", lamentó. En esa misma línea, la legisladora reconoció que existe la necesidad de expulsar a personas con antecedentes penales y que residen de manera ilegal en EE.UU., pero denunció que Trump lleva a cabo "medidas arbitrarias para perseguir personas que cumplen con sus audiencias migratorias".La senadora describió estas acciones como motivadas por "un deseo milleriano de cumplir con una meta de deportación inventada", en referencia directa a Stephen Miller, asesor clave en temas migratorios de Trump. "Esto socava el sentido de equidad y justicia que los estadounidenses valoran", escribió Garcia, quien representa en el Senado estatal al mismo distrito que Salazar a nivel federal.Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, representante del Distrito 27, publicó su propio comunicado en donde criticó duramente las detenciones de personas con I-220A y casos de asilo pendientes, así como el fin del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), el cual había permitido la entrada legal y temporal de miles de migrantes vulnerables.Las críticas republicanas a las políticas migratorias de Donald Trump Las críticas de Salazar y Garcia giraron en torno a decisiones puntuales de la Casa Blanca que, según sus palabras, pusieron en riesgo a miles de migrantes que se encuentran dentro del proceso legal establecido.Entre las acciones más cuestionadas, se destacaron:Detenciones en tribunales de inmigración: autoridades federales arrestaron a personas que asistieron voluntariamente a sus audiencias, muchas de ellas con solicitudes de asilo activas y temor creíble de persecución.Cancelación del programa CHNV: la terminación abrupta de esta vía humanitaria dejó a miles de migrantes expuestos a procesos de deportación sin una alternativa viable.Falta de distinción entre casos criminales y humanitarios: ambas legisladoras enfatizaron que el enfoque actual parece ignorar la diferencia entre quienes cometieron delitos y aquellos que huyeron de regímenes totalitarios en busca de protección.Salazar fue categórica al señalar que "la gran mayoría de estas personas huyó de Cuba, Venezuela y Nicaragua, los tres regímenes más brutales de nuestro hemisferio y enemigos jurados de Estados Unidos". Además, insistió en que quienes tienen solicitudes de asilo activas deben tener la oportunidad de completar el proceso legal correspondiente.El pedido de las congresistas republicanas a Trump: reunión clave con Seguridad NacionalEl malestar expresado por ambas legisladoras no quedó solo en palabras. Salazar anticipó que, junto a sus colegas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, también republicanos de origen cubano, solicitará una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para exponer la gravedad de la situación en el sur de Florida."Soy plenamente consciente y me siento desconsolada por la incertidumbre que ahora se apodera del Distrito 27", manifestó Salazar. En tanto, aclaró que su compromiso no es con una figura política, sino con la comunidad que representa. "Siempre apoyaré la justicia y a nuestra comunidad", concluyó.

Rebelión en Texas: el esfuerzo multimillonario que impulsa George Soros para que el estado vuelva a ser demócrata

Las elecciones a gobernador de Texas están previstas para noviembre de 2026 y el ala demócrata incrementa sus esfuerzos para volver al liderazgo del estado, algo que no sucede desde hace más de dos décadas. El multimillonario George Soros participa en una iniciativa para respaldar esta apuesta política.La inversión del magnate para influir en las elecciones del Estado de la Estrella SolitariaSegún The Wall Street Journal, el empresario de nacionalidad húngaro-estadounidense se unió al proyecto Blue Texas, mediante el comité de acción política Texas Majority PAC y entidades asociadas, con el objetivo de conformar un gran grupo de voluntarios y candidatos y derivar en una mayor participación en las urnas frente a los republicanos.La investigación señaló que Soros realizó donaciones millonarias al Partido Demócrata estatal, específicamente en los condados de Dallas, Cameron e Hidalgo, que presentan una gran influencia en las elecciones a gobernador.A pesar de su influencia hispana y latina, estos territorios tuvieron una prevalencia republicana en los resultados presidenciales de 2016 y 2020.El PAC, creado en 2022, señala en su presentación que trata de modificar el escenario político en el territorio con un millón de nuevos demócratas para 2032. Para ello, invierten en comunicación para generar cercanía con los votantes y capacitar a los miembros del grupo para incrementar sus habilidades y capacidades de discurso.El territorio texano tuvo su último gobierno demócrata entre 1991 y 1995, de la mano de Ann Richards, quien fue sucedida por el 43º presidente de Estados Unidos, George W. Bush.Cuándo son las elecciones a gobernador de TexasLa votación está prevista para el martes 3 de noviembre de 2026 y se espera que el líder actual del estado, Greg Abbott, se presente a un cuarto mandato. En la Cámara Baja, el senador republicano John Cornyn y el fiscal general de Texas Ken Paxton se posicionan como rivales fuertes en las primarias.En las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump obtuvo el 56,1% de los votos en Texas, frente al 42,5% de la exvicepresidenta del gobierno Kamala Harris. El Senado presentó resultados más cercanos, con el 53% de los apoyos para el ala republicano y el 44,6% para el demócrata.Durante la contienda electoral, Texas Majority PAC y el Partido Demócrata estatal destinaron 35 millones de dólares a la campaña para atraer votantes. En tanto, en 2023 y a través del Democracy PAC II financiado por Soros, se recaudó US$852 mil, según Texas Tribune.En declaraciones consignadas en el comunicado, la subdirectora ejecutiva del grupo, Katherine Fischer, alegó: "Necesitamos millones de dólares más y cientos de personas más a tiempo completo para hacer esto. Trabajamos con socios en todo el territorio para crear las condiciones que harán posible cambiar el estado".Los líderes de la iniciativa revelaron sus metas de cara al año próximo, pero con proyección desde el presente. "Esperamos demostrar a los posibles candidatos estatales que existe una estructura que cuenta con cientos de empleados y miles de voluntarios listos para trabajar con ellos", expresaron.Y concluyeron: "Tenemos la intención de participar en esta lucha durante la próxima década, brindando recursos y apoyo durante todo el año a los equipos que harán de Texas un estado demócrata de una vez por todas".

Rebelión contra el ICE: hacen redada en una taquería y los migrantes se enfrentan a los agentes

Una redada en un restaurante de Minneapolis provocó una movilización ciudadana y una jornada de tensión entre residentes y agentes federales. El incidente ocurrió el martes 3 de junio en "Las Cuatro Milpas", una taquería mexicana ubicada en la intersección de Lake Street y Bloomington Avenue. Redada de ICE en Minneapolis provoca la reacción de una comunidadEl operativo, que involucró a múltiples agencias federales, fue interpretado por numerosos vecinos como una acción migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que generó una respuesta inmediata por parte de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes.Rebelión contra el ICE: hacen redada en una taquería y los migrantes se enfrentan a ellosEl despliegue incluyó personal del ICE, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y la Policía de Minneapolis. Las imágenes del procedimiento, que se difundieron rápidamente en redes sociales, mostraban a agentes fuertemente armados, algunos con el rostro cubierto, lo que alimentó la percepción de una acción relacionada con deportaciones o detenciones migratorias. Los manifestantes protestaron contra los oficiales al grito de "¡Vergüenza!".La respuesta de los funcionarios tras las manifestaciones en MinneapolisHoras después del procedimiento, funcionarios aclararon que el objetivo de la redada era ejecutar una serie de órdenes judiciales en el marco de una investigación criminal por presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude de identidad, y no una acción enfocada en inmigración. Jamie Holt, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en St. Paul, explicó que la operación formaba parte de una iniciativa de seguridad nacional. "Desde el narcotráfico hasta la trata de personas con fines delictivos, esta operación demuestra la magnitud de nuestras misiones colectivas y la fuerza de un frente unido", aseguró, según lo retomado por el medio local The Minnesota Reformer.Rebelion en Minneapolis tras redada de ICEEl alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que no se realizaron arrestos durante el operativo en el restaurante, e insistió en que el Departamento de Policía local no participó en acciones relacionadas con la inmigración. "Si bien aún estamos recopilando detalles, este incidente estuvo relacionado con una orden de registro penal por drogas y lavado de dinero, y no con la aplicación de la ley migratoria", dijo en sus redes sociales.Jason Chávez, miembro del Concejo Municipal, expresó su escepticismo sobre la versión oficial. "Intentaron ocultar la participación de ICE. El Departamento de Policía de Minneapolis (MPD, por sus siglas en inglés) ayudó a cerrar la zona", compartió en una publicación en Bsky.Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin (HCSO, por sus siglas en inglés) defendió el procedimiento e indicó que fue parte de una investigación más amplia sobre una red criminal transnacional. "Este incidente no estuvo relacionado con la aplicación de la ley migratoria. El HCSO no participa en la inmigración civil", publicaron en Facebook.Reacción ciudadana y tensión en la calle de MinneapolisEl mismo martes, los manifestantes coreaban consignas dirigidas a los agentes, mientras exigían explicaciones sobre el uso de fuerza en una zona residencial frecuentada por familias migrantes. Algunos de los presentes denunciaron empujones y uso excesivo de fuerza por parte de los oficiales al dispersar a la multitud. La redada, aun sin ser oficialmente una acción de control migratorio, sembró temor en las comunidades inmigrantes del área. Líderes de organizaciones locales denunciaron que el despliegue militarizado generó trauma y reactivó temores de redadas masivas como las registradas en otras ciudades."Intentan asustar a las comunidades. Esto afecta a los negocios, afecta a nuestros vecinos...", afirmó Miguel Hernández, del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota, a CBS News. "Muchas personas tienen las puertas cerradas. Los negocios cierran porque tienen miedo", agregó.Luis Arguenta, de Unidos Minnesota, señaló al medio estadounidense que la falta de información previa al operativo solo alimentó la confusión. "La cantidad de presencia que mostraron hoy en Lake Street, fue una demostración de poder", afirmó.La organización de Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina (COPAL) también se hizo presente en la manifestación. En un comunicado, la entidad afirmó que su función fue velar por el respeto de los derechos civiles durante el procedimiento. "Esta mañana, nos desplegamos afuera de Las Cuatro Milpas durante un gran operativo federal. Nuestra presencia ayuda a garantizar que se respeten los derechos y el debido proceso; nadie debe ser tratado como daño colateral", publicaron ese mismo martes en Facebook.En Minneapolis, ciudad que se define como "santuario", este tipo de operativos despiertan un debate constante sobre los límites de la cooperación entre autoridades locales y agencias federales. Aunque los funcionarios afirmaron que el operativo no se trataba con la aplicación de la ley migratoria, varios presentes afirmaron ver agentes con placas identificatorias de ICE.

Rebelión contra Trump: por qué las estaciones de radio en Colorado demandan a la Casa Blanca

La tensión entre los medios públicos y el gobierno de Estados Unidos escaló esta semana. Estaciones de radio públicas en Colorado, junto a la Nacional Public Radio (NPR), iniciaron una demanda contra la Casa Blanca. Alegan que el presidente Donald Trump ordenó retirar fondos federales de forma inconstitucional.Estaciones de radio de Colorado impulsan una demanda histórica contra la Casa BlancaColorado Public Radio, junto con Aspen Public Radio, respaldaron la demanda presentada por National Public Radio (NPR) contra la administración de Donald Trump. La acción judicial fue presentada el martes 27 de mayo ante un tribunal federal en Washington. Las emisoras sostienen que la decisión gubernamental compromete su labor independiente y vulnera derechos fundamentales.El reclamo responde directamente a la orden del presidente de suspender todos los fondos federales. Según la Casa Blanca, estas radios "no mantienen una postura neutral", una acusación que los demandantes rechazan con firmeza. De acuerdo con CBS News Colorado, la querella denuncia que los fondos fueron congelados como represalia política, lo que contraviene la Constitución.Además de las radios mencionadas, la demanda incluye otras emisoras que integran el sistema nacional y comparten una misma preocupación: que la presión desde el poder ejecutivo afecte su libertad para informar con autonomía.La Primera Enmienda, eje central del reclamoEl argumento principal de la demanda gira en torno a una presunta violación de la Primera Enmienda. NPR y sus afiliadas sostienen que la medida presidencial atenta contra la libertad de expresión y prensa, al condicionar el financiamiento público según el contenido informativo.Según la cobertura publicada por NPR, el gobierno sostiene que las emisoras no mantienen neutralidad en sus reportes. Con base en esa afirmación, Trump envió la Orden Ejecutiva 14290, que instruye a agencias federales como la Corporation for Public Broadcasting (CPB) a suspender recursos a NPR y PBS por "falta de imparcialidad".Esta orden provocó la cancelación de varios contratos y la interrupción de pagos. Las emisoras afectadas advierten que el recorte impacta de forma directa sobre programas educativos, culturales y periodísticos que dependen parcialmente del apoyo estatal.En la presentación judicial, se destaca que ningún gobierno debería utilizar su poder financiero para castigar a los medios por su cobertura. Los abogados de NPR afirmaron que el presidente "usó el aparato estatal como herramienta de castigo", lo que representa un precedente peligroso para el periodismo independiente en Estados Unidos.Analistas legales coinciden en que este conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema, dada la dimensión constitucional del caso. Hasta el momento, la Casa Blanca no emitió una respuesta oficial frente a la demanda.La medida también afectó contratos con HarvardLa controversia no se limita a las emisoras públicas. NPR reveló que la Casa Blanca también congeló convenios con la Universidad de Harvard tras la publicación de reportajes críticos; sin embargo, la institución educativa no forma parte de la demanda.En su informe, NPR detalló que la suspensión de fondos incluyó acuerdos con Harvard vinculados a investigaciones sobre salud pública y tecnología, áreas estratégicas para el país. "Las consecuencias de esta medida van más allá del periodismo. Afecta la ciencia, la educación y el desarrollo tecnológico del país", remarcó el comunicado oficial difundido por la emisora.Si bien Harvard no emitió una declaración formal, fuentes relacionadas con la universidad confirmaron que varios proyectos se encuentran pausados. Estas investigaciones, en parte financiadas con fondos federales, quedaron interrumpidas por decisión del Ejecutivo.La decisión generó inquietud entre académicos y defensores de la libertad de prensa. Para ellos, se trata de un intento de silenciar no solo a los medios críticos, sino también a las instituciones que colaboran con ellos desde el ámbito científico y educativo.Mientras tanto, la demanda promovida por NPR y las emisoras de Colorado avanza en los tribunales. Las partes involucradas esperan que el Poder Judicial ordene al gobierno restablecer los fondos y garantice la vigencia de los derechos constitucionales. La batalla legal recién comienza.

Milei enfrenta en la Provincia la rebelión interna entre violetas

El grupo que anima Caputo busca meterse de lleno en el armado político de cara a las elecciones legislativas y piensa que hay que llenar de cuadros "puros" la boleta. Los Menem y Pareja, dirigentes de Karina Milei, suman experonistas como referentes en la Provincia ante la resistencia explícita de "Las Fuerzas del Cielo", el espacio del asesor presidencial. Leer más

Junqueras denuncia la "rebelión judicial" de los jueces que no aplican la amnistía

"Absoluto desacuerdo": rebelión en el Consejo Regional Córdoba del INTA contra las reformas que impulsa el Gobierno

El Consejo Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) criticó "la ausencia de información oficial" en torno del futuro de ese organismo y expresó su rechazo a cualquier reforma que ponga en peligro la autarquía y gobernanza del ente. "Ante la ausencia de información oficial respecto de los posibles cambios que se estarían gestando en la estructura organizativa del Consejo Directivo Nacional del INTA, los miembros del Consejo Regional Córdoba manifestamos nuestra profunda preocupación y absoluto desacuerdo con cualquier intento de reforma que altere o socave la autarquía y el modelo de gobernanza que ha caracterizado históricamente a nuestra institución", dice una carta firmada por Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional del Centro Regional Córdoba del INTA, el máximo órgano de conducción en la provincia. Controversia: el Gobierno prometió mantener una barrera sanitaria de la Patagonia, pero presiona para que entre asadoLa misiva está dirigida a Nicolás Bronzovich, presidente del ente y del Consejo Directivo central del INTA. "El INTA es un organismo estratégico para el desarrollo agro-bioindustrial de nuestro país, y su actual modelo de gobernanza -basado en la participación equilibrada de los representantes de las asociaciones de productores y del sector científico-tecnológico- debe ser respetado y preservado como garantía de legitimidad, pluralidad y eficiencia", indica.Agrega que el "debate para un INTA mejor y la discusión sobre su modernización debería considerar" principios rectores. Al respecto, menciona "la independencia operativa y científica del INTA, que le permita continuar desarrollando investigaciones y proyectos sin injerencias externas de carácter político o económico". Añade "un financiamiento adecuado, estable y diversificado, que disminuya la dependencia exclusiva del presupuesto estatal, permitiendo generar acuerdos con empresas, organismos internacionales y otros actores del ecosistema productivo y científico, sin comprometer su integridad ni autonomía". También destaca "la profundización de la articulación con universidades, centros de investigación, organizaciones del agro y empresas privadas, fortaleciendo el trabajo colaborativo".Como informó LA NACION, el manejo financiero del organismo pasaría al Ministerio de Economía. Además se reducirían de 10 a 8 los miembros del Consejo Directivo donde confluyen referentes del sector público y el privado. "Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que se implementen medidas que impliquen una reducción del personal. La calidad profesional, el compromiso y la experiencia del capital humano del INTA son pilares esenciales para garantizar la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y la sostenibilidad del desarrollo agro-bioindustrial argentino. En ese marco, manifestamos nuestro categórico rechazo a la eventual apertura de un nuevo plan de retiro voluntario, que pondría en riesgo la continuidad y calidad de las capacidades técnicas y científicas de la institución", señala.Lo compran países árabes y de Europa: un cultivo transformó a una provincia en una meca exportadoraDestaca: "Recordamos también que la autonomía, autarquía y el carácter descentralizado del INTA no son fines en sí mismos, sino herramientas para fortalecer a la institución y permitirle cumplir con su misión de manera más eficiente y eficaz, características que debe tener un instituto moderno como el que proponemos. Por ello sostenemos que la preservación de esta autarquía es indispensable para sostener su rol estratégico como generador de innovación, inclusión y competitividad en el ámbito rural y productivo de nuestro país". Sobre el final el Consejo Regional cordobés le pide a Bronzovich "que se adopten de forma urgente y explícita las medidas necesarias para garantizar la institucionalidad del INTA y brindar señales claras de estabilidad y continuidad, tanto hacia adentro de la organización como hacia la sociedad en su conjunto".

Rebelión en Florida: Daniel Pérez tilda de "irresponsable" esta propuesta de Ron DeSantis

En medio de un enfrentamiento prolongado entre los líderes republicanos de Florida, el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, intensificó su disputa con el gobernador Ron DeSantis al calificar de "irresponsable" la última iniciativa del Ejecutivo. El nuevo foco del conflicto fue la propuesta del mandatario para enviar cheques de 1000 dólares a millones de propietarios de viviendas. Un nuevo capítulo en una larga disputa: Pérez contra DeSantisLa confrontación entre Pérez y DeSantis tiene un nuevo cruce que eleva el tono del debate interno en el Partido Republicano. Mientras el gobernador impulsó una política de beneficios directos a propietarios, el líder de la Cámara optó por una reducción estructural del gasto y de impuestos generales, como el gravamen sobre las ventas.Según citó CBS News, durante una conferencia realizada el martes en Tallahassee, Daniel Pérez calificó como una "idea irresponsable" la propuesta del gobernador de enviar un reembolso de US$1000 a los propietarios de viviendas homesteaded. Es decir, aquellas registradas como residencia principal. La iniciativa de DeSantis, anunciada a principios de abril desde la sede de Florida Realtors en Orlando, tiene como objetivo reducir la carga fiscal sobre más de 5,1 millones de propiedades, al cubrir los impuestos prediales destinados a educación.Pérez desestimó esta propuesta al considerar que no resuelve el problema de fondo. "Estos cheques no bajan realmente las tasas impositivas. No solucionan el problema del impuesto a la propiedad. Solo representan a los contribuyentes del estado disculpándose por el gasto de los gobiernos locales, lo cual es una idea propia de legisladores de California, no de Florida", expresó.La propuesta de DeSantis: cheques para propietariosLa iniciativa del gobernador, presentada como un alivio fiscal directo y focalizado, buscaría implementarse en diciembre de 2025, a la espera de la aprobación de la Legislatura estatal para asignar los fondos necesarios.De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo:El monto promedio del reembolso sería de US$1000 por propiedad registrada como residencia principal.La medida abarcaría a más de 5,1 millones de viviendas en Florida.El dinero se destinaría a cubrir la porción de impuestos destinada al financiamiento de los distritos escolares.DeSantis planteó que esta iniciativa sería el primer paso hacia una eventual eliminación de los impuestos a la propiedad mediante una enmienda constitucional."La gente no debería pagarle alquiler al Estado para vivir en su propia casa", afirmó DeSantis en su anuncio, en el que también instó a los legisladores a aprobar su plan sin demora.La respuesta de Pérez: una estrategia centrada en el recorte de gastosPérez, sin embargo, tomó distancia tanto política como ideológica de ese enfoque. El legislador de Miami insistió en que la prioridad debe ser contener el gasto estatal y ofreció una alternativa más austera: un presupuesto de "necesidades críticas", sin recortes impositivos masivos y con un incremento en las reservas fiscales del Estado.Entre las propuestas impulsadas por Pérez se incluyen:Una reducción del impuesto sobre las ventas del 6% al 5,25%, que representaría un ahorro de US$5000 millones anuales para los consumidores.La eliminación del 2% del impuesto sobre alquileres comerciales.La supresión del impuesto a los servicios de comunicación.El aumento del nivel de exención del impuesto a las ganancias corporativas.El escenario legislativo en Florida de cara al futuroCon la sesión legislativa extendida hasta el de junio y sin una definición clara sobre el paquete fiscal, las posiciones entre Pérez y DeSantis se tornan cada vez más irreconciliables. El gobernador busca avanzar con su estrategia de beneficios directos y visibilidad pública, mientras que el presidente de la Cámara apuesta a un recorte estructural y duradero del gasto.

'Rebelión en la granja' de Orwell se reedita en su 80 aniversario "más vigente que nunca"

Rebelión en Florida: Ron DeSantis no logra que los legisladores aprueben su presupuesto

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrentó un duro golpe político: por primera vez en su mandato, la Legislatura estatal no consiguió aprobar el presupuesto antes del cierre de la sesión regular. Pese a contar con mayoría absoluta en ambas cámaras, los republicanos no lograron cerrar un acuerdo sobre el único deber constitucional ineludible. La división interna dentro del partido, sumada a diferencias marcadas en política fiscal, dejó al Estado Soleado en una situación inédita en más de una década.Choque de poderes en el Partido Republicano: Ron DeSantis vs. legisladoresDurante los 60 días de sesiones que culminaron el viernes pasado, la dinámica habitual de dominio absoluto de DeSantis sobre los legisladores de su partido se rompió. Según Orlando Sentinel, el período inició con signos de cooperación entre la Cámara de Representantes y el Senado, pero terminó en un enfrentamiento abierto por las prioridades presupuestarias y fiscales.Los líderes legislativos, todos republicanos, defendieron posturas irreconciliables sobre el destino de miles de millones de dólares. El principal foco de discordia fue el recorte del impuesto a las ventas propuesto por el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, quien impulsó una reducción permanente de la tasa del 6% al 5,25%. Esta medida implicaría una pérdida de ingresos por 5000 millones de dólares anuales, lo que provocó resistencia en el Senado, que optó por un enfoque más gradual.En cambio, el presidente del Senado, Ben Albritton, sugirió una reducción escalonada del impuesto y sugirió un paquete fiscal dentro de un presupuesto de US$117.350 millones que incluía feriados impositivos ampliados y una exención permanente en la compra de ropa de hasta US$75. La Cámara de Representantes, por su parte, presentó un plan más austero de US$112.950 millones, lo que reflejó la intención de Pérez de achicar el tamaño del Estado y priorizar el alivio fiscal.El calendario legislativo se extiende en Florida: sesión extraordinaria hasta junioAnte el fracaso, los legisladores deberán regresar a Tallahassee el próximo 12 de mayo y trabajarán hasta el 6 de junio para alcanzar un consenso antes del inicio del nuevo año fiscal, previsto para el 1° de julio. De no lograrse una aprobación en ese plazo, el funcionamiento del Estado quedaría en entredicho.La última vez que Florida vivió un escenario de este calibre fue en 2015, cuando un desacuerdo sobre la expansión del programa Medicaid llevó al entonces presidente de la Cámara, Steve Crisafulli, a clausurar la sesión sin previo aviso. Hoy, las similitudes son notorias, aunque el contexto político es diferente: el Partido Republicano controla abrumadoramente las dos Cámaras, pero las diferencias internas demostraron ser más determinantes.Las cifras de un conflicto sin precedentes: ¿cuál era el presupuesto de DeSantis?El conflicto se expresó en números que reflejan la magnitud del desacuerdo y sus consecuencias:Propuesta de DeSantis: un presupuesto de US$115.600 millones con énfasis en recortes de impuestos a la propiedad, lo que requeriría una enmienda constitucional a votarse en 2026.Propuesta del Senado: US$117.350 millones, con una política fiscal más prudente y exenciones focalizadas.Propuesta de la Cámara: US$112.950 millones, donde se incluye la baja permanente de 0,75% en el impuesto a las ventas.Marco común acordado el viernes pasado: un paquete de recortes por US$2800 millones, donde se incluyen US$1600 millones de reducción permanente en el impuesto a las ventas, aún sin aprobación formal.¿Qué está en juego para los habitantes de Florida?Más allá del espectáculo político, la falta de acuerdo dejó en el aire decisiones clave para la vida cotidiana de los ciudadanos de Florida. Entre los temas sin resolver se encuentran:La financiación de escuelas públicas y hospitales.Proyectos de infraestructura vial.Subvenciones para políticas migratorias.El eventual otorgamiento de devoluciones fiscales a los residentes.Además, la propuesta de eliminar los impuestos a la propiedad, si bien ambiciosa, podría poner en riesgo servicios esenciales como la educación, el mantenimiento de calles o el control de inundaciones, según advirtieron economistas citados por Orlando Sentinel.

Rebelión en Texas: el condado que demanda a Donald Trump por los recortes a agencias federales

El condado de Harris, en Texas, presentó una demanda contra la administración Donald Trump. En específico, acusó a la Casa Blanca de comprometer servicios esenciales tras una serie de despidos masivos y cierres de oficinas clave en la región. La medida se formalizó el martes pasado, en medio de la creciente tensión que generó una orden ejecutiva firmada por el presidente republicano, que recorta recursos a varias agencias federales en todo Estados Unidos.Texas: denuncian recortes justo antes de la llegada de la temporada de huracanes El ajuste afecta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), entre otras dependencias. En este contexto, funcionarios del condado de Harris advirtieron que la reestructuración debilita la capacidad de respuesta en zonas vulnerables, especialmente cuando Texas se prepara para una nueva temporada de huracanes.Según señala el comunicado oficial de la oficina de Harris, el fiscal del condado, Christian D. Menefee, afirmó: "La administración Trump no puede anular al Congreso solo para ganar puntos políticos. Estos fondos son la base de nuestra respuesta local de salud pública, especialmente durante brotes de enfermedades. No se puede infringir la ley solo porque no se esté de acuerdo con cómo el Congreso decidió gastar el dinero". Además, detalló que la demanda acusa al presidente de violar la Constitución y de utilizar la excusa de reducir gastos para desmantelar servicios esenciales.Por su parte, la jueza del condado, Lina Hidalgo, señaló en conferencia de prensa que el recorte de personal en la FEMA se produce en el peor momento posible, según señala el medio Chron."Estamos perdiendo personas que forman parte de esa infraestructura, ese nivel básico de comunicación y conocimiento institucional que necesitamos para operar en tiempos de emergencia o recuperación", dijo Hidalgo, que advirtió: "Menos recursos significa menos capacidad de respuesta cuando las comunidades más lo necesitan".Entre los servicios en riesgo figuran:Centros de atención de FEMA en zonas costeras.Oficinas de la EPA que monitorean contaminantes en la industria petroquímica.Sucursales de la Seguridad Social con alta demanda en Houston y sus alrededores.Apoyo sindical y demandas en otras ciudades de Estados Unidos contra TrumpLa Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, uno de los sindicatos más grandes del país, impulsó la demanda junto al condado texano. A la iniciativa se sumaron organizaciones sin fines de lucro y autoridades locales de San Francisco, Chicago, Baltimore y de condados como Santa Clara y King, en California y Washington, respectivamente. El condado de Harris, con 4,8 millones de habitantes, se convirtió en el primero de Texas en litigar contra el mandatario republicano desde su retorno a la Casa Blanca.Trump defiende los recortes y suma respaldo en el CongresoPor su parte, Trump defendió los despidos al señalar que el Gobierno federal "pierde demasiado dinero en gastos innecesarios y fraudes". Según Reuters, la administración enfrenta una deuda de US$36.000 millones y un déficit anual de US$1800 millones.Líderes republicanos, como el senador Lindsey Graham, respaldaron la medida. En cambio, legisladores demócratas denunciaron los despidos masivos y anunciaron acciones legales. La Casa Blanca informó que 75.000 trabajadores aceptaron retiros voluntarios y anticipó que los recortes continuarán.

Rebelión y volantazo: DeSantis está por firmar una nueva ley que influye en el agua potable de Florida

Una nueva ley votada por la legislatura de Florida generó un intenso debate público, con fuertes rechazos de sectores sanitarios, gobiernos locales y asociaciones médicas. La norma, presentada bajo el nombre SB 700, fue aprobada con una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes estatal y representa un cambio drástico en la política sobre agua potable: prohíbe la adición de flúor en los sistemas públicos, pese a décadas de consenso científico que respaldan su uso para prevenir caries.Florida: un cambio radical en el agua, sin nombrar al flúorLa ley SB 700, conocida también como la "Florida Farm Bill", fue aprobada por 88 votos contra 27 en la Cámara baja y se encuentra ahora a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis. Aunque el texto legal no menciona explícitamente la palabra "fluoruro" o "fluoración", en la práctica impide su utilización al establecer que solo podrán añadirse al agua sustancias químicas destinadas estrictamente a cumplir con estándares federales de potabilización o a la reducción de contaminantes.Esta formulación fue interpretada por expertos y legisladores como una vía indirecta para prohibir el uso del flúor, un compuesto utilizado por muchas décadas en los sistemas de agua potable como método accesible y económico para fortalecer la salud dental.Prohibición del flúor en el agua de Florida: críticas y apoyos a la polémica ley El senador republicano Keith Truenow, autor del proyecto, defendió la legislación al argumentar que los ciudadanos deberían tener el control sobre lo que consumen. "Estamos aquí para hidratar, no para medicar", sostuvo en declaraciones recogidas durante el debate legislativo. Según dijo, el flúor se encuentra disponible en pastas dentales, colutorios y tratamientos dentales profesionales, por lo que su presencia en el agua sería innecesaria.Sin embargo, organizaciones sanitarias de renombre y legisladores del Partido Demócrata expresaron una enérgica oposición. El representante Daryl Campbell advirtió que los más afectados serán las familias trabajadoras. "Este proyecto no perjudica a los ricos. Ellos seguirán asistiendo a sus dentistas privados. Pero para las personas que se levantan a las seis de la mañana, que no pueden faltar al trabajo para ir al odontólogo, esta ley elimina una herramienta segura, comprobada y accesible para cuidar su salud bucal", citaron desde NBC News.Por otro lado, importantes asociaciones médicas como la American Dental Association, la American Academy of Pediatrics y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) respaldaron históricamente la fluoración del agua. Según el CDC, el agua con niveles adecuados de flúor fortalece los dientes y previene la aparición de caries.La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también criticó la ley con dureza. "Estoy profundamente decepcionada por esta decisión que ignora el consenso científico y pone fin a una práctica que ha protegido nuestra salud durante generaciones", expresó. Asmismo, agregó que "la fluoración es segura, eficaz y especialmente importante para familias con acceso limitado a servicios dentales". En su opinión, las decisiones sobre salud pública deberían quedar en manos de las comunidades locales.Una ley con múltiples ramificaciones: a qué otros sectores afectaAdemás de la restricción sobre el flúor, el proyecto SB 700 abarca diversas disposiciones relacionadas con la agricultura y la regulación estatal. La norma prevé, entre otras cosas:La creación de un programa de promoción de carne vacuna de Florida, en coordinación con la Junta de Mejoramiento de Ganado del estado.La exigencia de que los gobiernos locales autoricen la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, siempre que cumplan con estándares previamente definidos.La obligación para empresas eléctricas de ofrecer tierras adquiridas antes de determinada fecha al Departamento de Agricultura antes de venderlas a terceros.Nueva reglamentación para productos a base de plantasLa ley SB 700 establece que los productos vegetales no podrán utilizar términos como "leche", "carne" o "huevo" en su etiquetado si no provienen de animales. Esto significa que, por ejemplo, una bebida a base de avena no podrá venderse como "leche de avena", sino que deberá denominarse "bebida de avena", y la popular "carne de soya" deberá figurar como "soya texturizada".Para los defensores de esta medida, se trata de una forma de proteger la transparencia hacia los consumidores y evitar confusiones. Sin embargo, para algunos críticos se trata de un retroceso que favorece intereses del sector ganadero en detrimento de empresas de alimentos alternativos.Si finalmente el gobernador DeSantis estampa su firma, Florida se convertirá en el segundo estado en Estados Unidos en prohibir el uso de flúor en el agua potable. Utah ya había adoptado una medida similar en marzo, tras la firma del gobernador Spencer Cox. En paralelo, se presentaron proyectos de ley con objetivos similares en otros estados como Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Wisconsin y Carolina del Norte.

Rebelión en Chicago: por qué el alcalde Brandon Johnson demanda a Donald Trump

El gobierno de la ciudad de Chicago anunció su adhesión a una demanda federal contra la administración de Donald Trump por una orden ejecutiva que autoriza despidos masivos de empleados federales y reestructuraciones profundas en agencias clave. La acción legal fue presentada en un tribunal federal del norte de California por una coalición de entidades que incluye sindicatos, ciudades y condados de diversos estados.La orden ejecutiva de Donald Trump que derivó en una demanda en su contraLa orden ejecutiva, conocida como EO 14210, instruye al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a iniciar una "optimización laboral" que contempla ceses masivos sin pasar por el congreso. Según la ciudad de Chicago, esta directriz afecta de manera directa a funciones federales esenciales que tienen impacto local."El plan de la administración Trump para desmantelar el gobierno federal amenaza nuestra forma de vida y afectaría significativamente nuestra capacidad para mantener a los residentes y las comunidades seguros y saludables", afirmó el alcalde Brandon Johnson mediante un comunicado. "No podemos tolerarlo. Con esta demanda, cumplimos con nuestro deber de unirnos y denunciar con firmeza el desmantelamiento imprudente de nuestro gobierno", agregó.Repercusiones locales sobre los recortes federalesLa demanda advierte que las consecuencias de los recortes ya comenzaron a manifestarse en diversas jurisdicciones, entre ellas Chicago. Uno de los impactos más inmediatos fue la eliminación de puestos en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, con al menos 50 trabajadores afectados en la sede local, según lo retomado por Chicago Tribune. Además, los programas de asistencia para veteranos han registrado disminuciones abruptas de personal. Otros organismos que verían recortadas sus funciones incluyen el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), cuya desaparición dificultaría la planificación de eventos multitudinarios como Lollapalooza o Nascar en Chicago, según el comunicado del gobernador. A esto se suma la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que juega un rol clave tras declaraciones de desastre mayor. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) también están en la lista de instituciones afectadas, lo que según la administración de Chicago pone en riesgo proyectos de saneamiento y la vigilancia epidemiológica.Argumento legal de la demanda contra TrumpLa querella plantea que el poder ejecutivo carece de facultades constitucionales para reorganizar el aparato federal sin intervención del congreso. Según los demandantes, esto representa una violación al principio de separación de poderes."El intento de la administración Trump de desmantelar las funciones gubernamentales esenciales representa una extralimitación sin precedentes del poder ejecutivo", declaró Mary B. Richardson-Lowry, abogada corporativa de la ciudad.Por su parte, Stephen J. Kane, asesor legal adjunto, agregó que la ciudad de Chicago se compromete a preservar los recursos esenciales que sostienen a las comunidades y a rechazar decisiones que exceden la autoridad presidencial. "Los despidos masivos y la reorganización del gobierno federal por parte de Trump forman parte de un esfuerzo más amplio de la administración para recortar los servicios de los que dependen los gobiernos locales y sus residentes", explicó.La demanda fue presentada por una alianza diversa: además de la ciudad de Chicago, participan San Francisco, Baltimore, los condados de Harris (Texas), Santa Clara (California) y King (Washington), entre otros.Entre los grupos sindicales que también figuran como demandantes están:La Federación Estadounidense de Empleados GubernamentalesLa Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y MunicipalesEl Sindicato Internacional de Empleados de ServiciosVarias organizaciones no gubernamentales también respaldan el reclamo judicial, como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, VoteVets, Common Defense y la Asociación Estadounidense de Salud Pública, entre otras.Johnson intensifica su oposición a TrumpEl alcalde Johnson ha sido un crítico constante de la administración de Donald Trump. En semanas recientes calificó como "terrorismo" la amenaza de retirar fondos federales por razones políticas. "Intentar forzar la voluntad para quebrantar el espíritu de los trabajadores para poder dialogar es terrorismo. Y no vamos a negociar con terroristas", dijo durante un evento público.La demanda representa la acción más formal de Johnson contra la Casa Blanca desde que el republicano asumió su segundo mandato. En diversas declaraciones, el alcalde ha subrayado que el control federal de fondos no debe utilizarse como herramienta de presión contra ciudades que adoptan decisiones propias en materia de migración o justicia social.Desde su regreso al poder el 20 de enero de 2025, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas orientadas a reconfigurar el rol del gobierno federal. Su equipo argumenta que se trata de una estrategia para reducir gastos, controlar la inflación y reforzar la eficiencia estatal.La resolución judicial tendrá implicancias para gobiernos locales como Chicago, que dependen en gran parte del respaldo de agencias federales para atender servicios fundamentales.

Rebelión contra DeSantis: la Cámara de Representantes de Florida propone una nueva reforma fiscal

En una jugada que promete alterar el tablero político y fiscal estatal, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, lanzó una ofensiva legislativa. Con una propuesta de reforma tributaria que busca ser sometida a votación en 2026, sumó un nuevo capítulo al conflicto abierto con el gobernador Ron DeSantis, a quien acusó de no haber presentado un plan concreto tras sugerir la eliminación total de los impuestos a la propiedad.¿Qué pasa en la legislatura de Florida?: comité selecto para reescribir las reglas fiscalesDaniel Pérez anunció este martes la creación de un Comité Selecto sobre Impuestos a la Propiedad. El objetivo central del grupo será diseñar una enmienda constitucional que los legisladores podrían aprobar en enero del año próximo y que los votantes decidirán en las urnas en noviembre de 2026.En su discurso, citado por Florida Phoenix, Pérez criticó con dureza a DeSantis por haber lanzado la idea de abolir los impuestos a la propiedad sin explicar cómo se financiarían entonces los servicios públicos esenciales."Hace varios meses, el gobernador DeSantis introdujo la emocionante y provocadora idea de eliminar los impuestos a la propiedad en Florida. Naturalmente, muchos de nosotros tuvimos las mismas preguntas. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo pagarían los gobiernos locales por la policía, los bomberos y la infraestructura?", expresó Pérez.Además, añadió con tono desafiante: "Lamentablemente, a medida que han pasado las semanas, el gobernador no ha presentado ninguna respuesta concreta a esas preguntas, un plan específico ni el texto de un proyecto de ley".Sin embargo, dejó abierta la puerta al diálogo al afirmar que la Cámara de Representantes consideraría cualquier propuesta que llegase desde el despacho del gobernador: "Todos los planteos son bienvenidos. Todas las voces pueden ser escuchadas. Este proceso no trata sobre el ego ni la autoría, sino sobre ofrecer las mejores propuestas al pueblo de Florida".En qué trabajará el Comité de Florida: cinco propuestas clave para transformar el sistemaEl comité especial comenzará su tarea con el análisis de una serie de reformas posibles, que podrían redefinir la forma en que los floridanos pagan, o dejan de pagar, impuestos sobre sus viviendas.Entre las ideas más relevantes que se discutirán se encuentran:Obligar a cada ciudad, condado y distrito especial a celebrar un referéndum sobre la eliminación del impuesto a la propiedad sobre la residencia principal.Crear una nueva exención por vivienda habitual de US$500 mil y otra de US$1 millón para mayores de 65 años o propietarios con al menos 30 años de permanencia en el mismo inmueble, aplicable a todos los impuestos no escolares.Permitir que la Legislatura aumente la exención por vivienda mediante ley general, sin necesidad de una enmienda constitucional.Cambiar los límites de aumento en las valuaciones fiscales: para las propiedades con exención de vivienda, un tope fijo de 3% cada tres años (actualmente es el menor entre el 3% anual o el índice de precios); y para las propiedades sin exención, un máximo de 15% cada tres años (en lugar del 10% anual actual).Prohibir la posibilidad de ejecutar una vivienda principal por una deuda de impuestos a la propiedad.Estas propuestas reflejan un enfoque orientado a dar alivio fiscal a los contribuyentes sin descuidar las obligaciones de los gobiernos locales. De hecho, Pérez subrayó que la Cámara baja demostró mayor responsabilidad que el Senado y el propio DeSantis, al plantear límites de ingresos que también se aplicarían a los legisladores estatales.El conflicto de la Cámara de Representantes de Florida con DeSantis y el SenadoLas diferencias entre el gobernador y la Cámara Baja no se limitan al tema de los impuestos a la propiedad. DeSantis impulsó la eliminación total de ese tributo, sin brindar detalles, mientras que Pérez propone una reducción a las ventas del 6% al 5,25%. Su plan también contempla rebajas equivalentes en otros rubros:Reducción del impuesto al alquiler comercial del 2% al 1,25%.Disminución del impuesto sobre la electricidad del 4,35% al 3,6%.Rebaja del gravamen en la compra de casas rodantes nuevas del 3% al 2,25%.Reducción del impuesto a las máquinas recreativas de monedas del 4% al 3,25%.Por su parte, el presidente del Senado, Ben Albritton, presentó un plan más modesto de US$2100 millones, centrado en eliminar permanentemente el impuesto a las ventas en ropa y calzado que cuesten menos de US$75. Su propuesta también incluye una baja permanente en el impuesto al alquiler comercial del 2% al 1%, un crédito único por inscripción vehicular y varias "jornadas sin impuestos" durante el año.La Cámara de Representantes y el Senado mantienen una diferencia de US$4400 millones en sus respectivos planes de gastos para el ejercicio fiscal 2025-2026. Hasta el lunes, la Cámara alta había hecho siete ofertas de conciliación que fueron todas rechazadas por la Cámara baja.

Rebelión en Illinois: el condado que va contra una propuesta de Pritzker y busca aplicar un nuevo impuesto

Se encendieron las alarmas en el condado de Peoria luego de que Illinois eliminara el impuesto estatal sobre los alimentos. Esta medida, impulsada por el gobernador J.B. Pritzker y aprobada por la Asamblea General, suprimió el tributo estatal del 1% que por años ayudó económicamente a los municipios. Ahora, algunas ciudades se van a ver obligadas a tener considerar implementar nuevos gravámenes para poder cubrir el vacío fiscal.Peoria analiza implementar un impuesto local sobre los alimentosDe acuerdo a las proyecciones, la ciudad podría perder alrededor de US$5 millones anuales cuando el impuesto estatal pierda vigencia el 1 de enero de 2026. Ante esta situación, el Concejo Municipal va a tratar una iniciativa para poder aplicar un nuevo impuesto local a los comestibles. Según Journal Star, los ejecutivos locales pusieron sobre la mesa tres posibles alternativas para anticiparse al impacto y, una de ellas, ya cuenta con el respaldo de la alcaldesa.Rita Ali, jefa comunal de Peoria, expresó su apoyo a la opción que plantea establecer un impuesto municipal del 1% sobre los alimentos, el cual representa el mismo porcentaje que regía a nivel estatal. Esta disposición no afectaría el bolsillo de los consumidores, pero sí permitiría mantener a flote el presupuesto de servicios esenciales. "Simplemente, no podemos asumir esos US$5 millones y significarán recortes tremendos, no solo en personas, sino también en servicios", advirtió.Chuck Grayeb, concejal del municipio, también manifestó su intención de votar a favor del impuesto. Explicó que no hacerlo sería "devastador" para la seguridad pública y el mantenimiento de la infraestructura. "Si no la aprueban, más les vale estar preparados para explicar cuál es su plan para evitar una devastación en la seguridad pública y la financiación de las obras públicas de nuestra ciudad", advirtió.Entre las posibles consecuencias que se barajan en caso de no aprobarse este nuevo tributo figuran recortes en los departamentos de bomberos y policía, que se verían afectados con el recorte de financiamiento en US$2 millones y US$1 millón respectivamente. Además, las obras públicas, el desarrollo comunitario y otras áreas administrativas sufrirían la disminución en el Presupuesto. Las otras opciones de financiamiento que analiza PeoriaEl personal del municipio elaboró dos planes económicos adicionales para poder afrontar esta pérdida. Por un lado, analizaron aumentar el impuesto general a las ventas del 1,75% al 2%, lo que podría generar unos US$4.3 millones de recaudación. Por el otro, pensaron en elevar ese impuesto a 2,25%, lo que podría llegar a aportar USS$8.6 millones a las arcas del gobierno local. Sin embargo, estas opciones dejarían a Peoria con una de las tasas más altas de la región. Otras ciudades ya avanzaron con impuestos localesAlgunas ciudades vecinas como East Peoria, Washington y Pekin ya implementaron impuestos locales a los comestibles, lo que da una señal de la dirección que muchos distritos podrían tomar ante la retirada del aporte estatal. En Peoria, el debate se viene gestando desde octubre del año pasado, momento en el cual el tema se metió en las negociaciones presupuestarias.

Rebelión en Colorado: el Senado aprueba ley para proteger a migrantes ante ICE

El Senado de Colorado confirmó la aprobación de la medida SB25-276, un proyecto de ley que busca reforzar las protecciones para inmigrantes indocumentados en el estado. En general, esta legislación amplía las restricciones existentes sobre la cooperación entre las autoridades locales y federales en materia de inmigración, lo que representaría un desafío directo a las renovadas políticas del presidente Donald Trump.Qué plantea la medida SB25-276 en Colorado para ayudar a las personas indocumentadasDe convertirse en ley, la SB25-276 (también conocida como la "Protect Civil Rights Immigration Status Act"), limitaría las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Colorado. En específico, protegería a los inmigrantes indocumentados en situaciones en donde su integridad, libertad o estadía en el país estuviera en riesgo, lo cual incluye los siguientes escenarios:Prohibición de detenciones prolongadas: impediría que las autoridades locales retengan a individuos más allá de lo necesario.Restricción de acceso sin orden judicial: prohibiría que los agentes federales de inmigración ingresaran a áreas no públicas de cárceles, escuelas, hospitales y centros de cuidado infantil sin una orden judicial.â??Protección de datos personales: extendería la prohibición de compartir información personal identificable (fechas de nacimiento, números de identificación fiscal y registros de vehículos).Eliminación de requisitos de declaración de estatus migratorio: revocaría la exigencia de que personas sin estatus legal presenten una declaración jurada de intención de regularizar su situación, ello, al solicitar matrícula estatal para diversos trámites.Principales promotores y opositores de la ley SB25-276 para proteger inmigrantes ilegales en ColoradoLos principales impulsores de la SB25-276 son legisladores demócratas, todos ellos encabezados por la senadora Julie Gonzales (Denver) y por los representantes Mike Weissman, Lorena García y Elizabeth Velasco. A través de numerosos posicionamientos en público y en el estrado, estas tres figuras principales argumentan que la ley es esencial para proteger los derechos civiles de todos los residentes de Colorado, independientemente de su estatus migratorio. Adicionalmente, organizaciones como la Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) también respaldan la medida, ya que sostienen que la ley fomentará la confianza en las instituciones públicas, y con el tiempo, también reducirá el temor entre las comunidades inmigrantes en varios aspectos de su rutina.Por otro lado, â??la oposición de la SB25-276 proviene principalmente de senadores republicanos como Rod Pelton y Byron Pelton, quienes votaron en contra de la medida. Además, organizaciones como SAFE Colorado y la Asociación de Jefes de Policía del estado, se manifestaron por considerar que la "Protect Civil Rights Immigration Status Act" salvaguardaría incluso a aquellos inmigrantes con antecedentes penales.La iniciativa debe ser ahora probada por la Cámara de Representantes de Colorado. Luego será ley si obtiene la firma del gobernador, el demócrata Jared Polis. Población de inmigrantes indocumentados de Colorado en cifrasAunque es difícil identificar el número exacto de personas indocumentadas que viven en Colorado al día de hoy, â??las estimaciones del American Immigration Council concluyeron que en 2023 había alrededor de 169.300 inmigrantes sin estatus migratorio en el estado, lo que representa alrededor del 3% de la población total en él.En términos de economía local, los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente al crecimiento de Colorado, según las estimaciones de la CIRC:Las personas indocumentadas representan US$5,8 mil millones en poder adquisitivo total.De los ingresos de las personas indocumentadas en Colorado, se estima que se destinaron US$1.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales durante 2023Entre diciembre de 2022 y finales de 2023, Denver experimentó la llegada de más de 33.000 inmigrantes, principalmente de Venezuela, Colombia y República Dominicana. Este incremento suele atribuirse en parte a la reubicación de migrantes desde estados como Texas y Florida, en donde las políticas migratorias locales se tornaron más rígidas.

Simón Trinidad recibió amnistía de la JEP por rebelión y daño en bien ajeno, pero tendrá que seguir pagando su condena en EE. UU.

Aunque la medida judicial suspende órdenes de captura en Colombia, una condena en Estados Unidos mantiene detenido al exlíder guerrillero desde 2004

Un documental recuerda a Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato, que "despertó la rebelión contra ETA"

El documental explora la vida de Gregorio Ordóñez y su asesinato a manos de ETA, con testimonios de familiares y amigos que rememoran su legado en un contexto de duelo y resistencia

¿Rebelión en Utah? El gobernador Spencer Cox le pone un freno a Trump por la revocación de visas a estudiantes

Utah manifestó su rechazo ante una decisión que ha causado preocupación en instituciones académicas de todo el país. El gobernador Spencer Cox tomó distancia del expresidente Donald Trump, luego de la orden federal que suspendió miles de visas destinadas a estudiantes extranjeros. Su postura avivó el debate nacional en torno a la inmigración, la educación superior y los derechos de quienes llegan a Estados Unidos en busca de oportunidades de formación académica. Spencer Cox enfrenta a Trump con firmeza ante la revocación de visas a estudiantesSpencer Cox se ha consolidado como una figura atípica dentro del Partido Republicano. Alejado de posturas extremas y favorable al diálogo, ha reafirmado su apoyo a estudiantes internacionales que eligen Utah para continuar su preparación profesional. Tras la suspensión de más de cien mil permisos migratorios, solicitó explicaciones urgentes a las autoridades federales y cuestionó la falta de claridad en el procedimiento aplicado."No se puede alterar el destino de miles de jóvenes sin justificaciones claras ni mecanismos de apelación", expresó el gobernador durante su conferencia mensual del pasado 17 de abril. Aseguró haber recibido comunicaciones de rectores, familias y alumnos profundamente alarmados por la medida. Además, anunció que impulsará una revisión jurídica desde el poder legislativo estatal.Utah, en su mayoría, respalda la actitud de Cox. Incluso sectores tradicionalistas valoraron su defensa de la educación como motor de desarrollo. Medios locales y representantes religiosos coincidieron en que el estado debe actuar frente a decisiones que afectan directamente a su comunidad académica.La medida de la administración Trump y sus consecuenciasEn abril, una resolución firmada por Donald Trump causó conmoción entre quienes cursan estudios en universidades estadounidenses. La suspensión de más de 100.000 visas se justificó en supuestas amenazas a la seguridad y en un presunto uso indebido del sistema educativo. Esta acción, aplicada sin previo aviso, afectó especialmente a jóvenes de América Latina y Asia.El mandatario sostuvo que estas visas suelen utilizarse como vía para permanecer ilegalmente en el país; sin embargo, no presentó pruebas ni habilitó el acceso a información que sustente sus declaraciones. Universidades y organizaciones civiles denunciaron la falta de transparencia en el proceso.Los estudiantes perjudicados no solo enfrentan la interrupción de sus proyectos académicos, sino también la posibilidad de ser expulsados del país. Esta situación compromete sus aspiraciones laborales y personales. Ante esto, las autoridades educativas señalaron que no recibieron ninguna notificación oficial sobre los cambios implementados.Amenaza al sistema educativo y a la autonomía universitariaLa cancelación de permisos para estudiantes internacionales representa un riesgo considerable para el modelo de educación superior estadounidense. En estados como Utah, donde se valora la diversidad cultural, esta población constituye un componente esencial. Además de su aporte económico, los estudiantes extranjeros enriquecen el entorno con perspectivas distintas y talentos valiosos.En el estado, los afectados serían unos 50 estudiantes de la Universidad de Utah, la Universidad del Sur de Utah, la Universidad Estatal de Weber, la Universidad del Valle de Utah, el Snow College, la Universidad Estatal de Utah y Utah Tech, en donde el miércoles pasado realizaron un evento de diálogo para contener al alumnado.Un estado clave para los estudiantesUbicado en la región occidental, Utah destaca por su geografía montañosa, su economía dinámica y una población que supera los 3,4 millones de habitantes. Se encuentra entre las entidades con mayor proporción de jóvenes y altos índices de acceso a la educación terciaria. Salt Lake City, su capital, reúne diversas instituciones que reciben a un número considerable de alumnos provenientes del extranjero. Desde 2021, el gobierno estatal está a cargo de Spencer Cox, dirigente republicano con perfil moderado.Aunque históricamente identificado con el conservadurismo, Utah promueve el respeto interreligioso, la formación académica y una visión de apertura. A diferencia de otras zonas con tendencias similares, la gestión local procura equilibrar valores tradicionales con exigencias del presente global. Por lo que, la revocación de visas dispuesta por el gobierno federal generó desconcierto entre las autoridades estatales.

Rebelión en Florida: Ron DeSantis dijo que no, pero esta ley fue aprobada sin su visto bueno

Pese a las objeciones de Ron DeSantis, la Cámara de Representantes de Florida dio luz verde a un proyecto de ley que busca transformar radicalmente el modo en que se eligen las autoridades universitarias en el estado. Con un abrumador respaldo bipartidista, la iniciativa desafía directamente la influencia del gobernador en el sistema de educación superior y pone sobre la mesa una serie de reformas que, aunque se presentaron como un intento por brindar mayor transparencia, generaron un profundo sismo político.Una ley que va en contra del gobernador: qué dice el proyecto que DeSantis no respaldaEl proyecto de ley HB 1321 fue aprobado por 104 votos afirmativos contra ocho negativos, a pesar de que DeSantis había amenazado con vetarlo si superaba el trámite legislativo. Durante un acto público en Pensacola, el gobernador aseguró que la normativa debilita el control que el estado necesita ejercer sobre las universidades. "Elimina nuestra capacidad de garantizar que las universidades no se descarrilen", expresó, segùn citaron desde Tampa Bay Times.La autora del proyecto, Michelle Salzman, legisladora republicana por Pensacola, negó que se tratara de un ataque contra DeSantis. En ese sentido, afirmó que su objetivo era reconstruir la confianza pública y dar señales claras sobre el compromiso del poder legislativo con la transparencia. "Esto no se trata de lo que tenemos, sino de mostrarle a los votantes lo que estamos haciendo", enfatizó.La normativa aprobada desarma varios pilares del sistema que rige las designaciones de autoridades en las universidades públicas de Florida. Entre los puntos más relevantes, se encuentran:Fin del secretismo en las búsquedas presidenciales: se revoca la ley de 2022 que permitía ocultar los nombres de los candidatos a presidentes universitarios durante el proceso de selección. Hasta ahora, solo los nombres de los finalistas se hacían públicos, lo que generaba cuestionamientos por falta de transparencia.Reducción del poder del gobernador: la norma impide al mandatario, así como a otros altos funcionarios estatales, intervenir en las búsquedas de candidatos. No podrán conversar con los miembros de los órganos encargados ni abogar por postulantes. Eliminación del poder de veto del Consejo de Gobernadores: este órgano, que debía confirmar las decisiones tomadas por los consejos directivos de cada universidad, pierde su autoridad en este proceso.Límites a la permanencia en los cargos: se introducen topes en la duración de los mandatos para los miembros del Consejo de Gobernadores, el Consejo Estatal de Educación y los consejos de administración de universidades.El origen de la nueva ley de Florida para universidades: un sistema de favoritismo bajo la lupaLa normativa recibió el respaldo público del presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, republicano de Miami, quien en una intervención ante el Consejo de Gobernadores comparó el sistema actual con un "sistema de prebendas". Esta denuncia llegó tras años en los que varias figuras vinculadas al poder político ocuparon puestos clave en universidades del estado.Entre los casos mencionados por Tampa Bay Times, se destacan:Adam Hasner, exlíder de la mayoría en la Cámara, fue nombrado presidente de Florida Atlantic University.Richard Corcoran, expresidente de la Cámara, asumió la conducción de New College of Florida.Mel Ponder, exrepresentante estatal, quedó al frente de Northwest Florida State College.Tommy Gregory, también exlegislador, tomó el mando de State College of Florida, Manatee-Sarasota.Fred Hawkins, con trayectoria en la legislatura, lidera South Florida State College.Además, la exvicegobernadora Jeanette Nuñez fue designada presidenta interina de Florida International University en febrero. Actualmente, la University of Florida, la Florida A&M University y la University of South Florida se encuentran bajo gestiones interinas.El futuro de la ley sobre designaciones en Universidades de Florida: camino al SenadoMientras el proyecto HB 1321 avanza con fuerza en la Cámara de Representantes, una versión similar, la SB 1726, ya fue aprobada en dos comités del Senado. Solo resta que sea tratada por el Comité de Reglas antes de ser sometida a votación en el pleno.La situación plantea una confrontación directa entre el poder legislativo y el gobernador DeSantis. Esta vez, incluso dentro de su propio partido republicano, la presión por limitar su injerencia y promover reglas más abiertas logró romper filas.El desenlace aún está por escribirse, pero el mensaje de los legisladores quedó claro: la autonomía de las universidades y la transparencia en los procesos pesan más que la voluntad del Ejecutivo, al menos por ahora. La última acción quedará en manos de DeSantis, que deberá firmar o vetar la norma.

La rebelión de Kicillof

La ruptura política del gobernador bonaerense con Cristina Kirchner expresa sin duda el renacer del movimiento popular

Rebelión de Elon Musk contra Donald Trump: propone una zona libre de comercio con Europa

Para sorpresa de Donald Trump, Elon Musk propuso una zona de libre comercio entre Europa y Estados Unidos con aranceles cero, tras los anuncios del presidente republicano el pasado miércoles 2 de abril. El magnate, conocido por su cercanía con el mandatario, discrepó con las nuevas medidas que imponen tarifas del 20% a productos europeos durante un intercambio con Matteo Salvini, el viceprimer ministro italiano.Elon Musk pide arancel cero entre Estados Unidos y Europa"Al final del día, espero que se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos deberían avanzar, en mi opinión, hacia una situación de arancel cero y crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea (EU, por sus siglas en inglés) y América del Norte", afirmó Musk durante una videollamada del congreso del partido Liga, celebrado en Florencia, de acuerdo a CNN.La declaración del empresario surgió luego del "Día de Liberación", donde Trump anunció una serie de aranceles, con una base del 10%, para una larga lista de países. De esa lista, tanto China (34% de impuestos) como la Unión Europea, con un 20% de tarifas, fueron dos de los más perjudicados.El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció que algunos países están "enojados y tomando represalias". Aunque también mencionó que más de 50 naciones se habrían acercado a la Casa Blanca para comenzar negociaciones.Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las prácticas comerciales desleales no son "el tipo de cosas que se pueden negociar en días o semanas". El funcionario indicó que Estados Unidos debe ver "lo que los países ofrecen y si es creíble".Críticas de Musk a Navarro y tensión en el equipo de TrumpEl sábado, en un intercambio a través de X, su red social, Musk apuntó contra Peter Navarro, asesor principal de comercio e industria de la Administración Trump y defensor de los aranceles: "No ha construido una mierda".También cuestionó su formación académica y su trayectoria: "Un doctorado en economía de Harvard no es algo bueno, sino malo". Así, Musk, quien encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), se distanció de la política comercial impulsada por la administración republicana.Peter Navarro explaining the tariffs.This guy has a PhD in Economics from Harvard.pic.twitter.com/UHjqFLu2vD— Department of Government Efficiency News (@DOGE__news) April 6, 2025Mientras tanto, Tesla enfrenta una caída en las ventas en el continente europeo. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles reportó una baja del 49% en los primeros dos meses del trimestre. Este retroceso comercial se dio en paralelo al rol que ejerce Musk en DOGE, donde lideró recortes de costos controvertidos.¿La Unión Europea prepara represalias contra Trump?Antes del anuncio formal de Trump, como una señal de advertencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisó que la UE tiene "un plan sólido" para responder a los aranceles. En otra oportunidad, el domingo, reiteró su compromiso con el diálogo, pero insistió en la idea de posibles medidas proporcionales si no hay avances en las negociaciones.De acuerdo a Euronews, se expresó tras una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer. Von der Leyen también mostró su preocupación por el impacto de las tarifas en los países más pobres. Según la funcionaria, las consecuencias se sentirán tanto de forma directa como indirecta en todo el mundo.Por su parte, Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía de Italia, manifestó su deseo de evitar una escalada en la disputa comercial. En 2024, su país registró un superávit de 39.000 millones de euros en su comercio con Estados Unidos, según cifras oficiales. Sin embargo, la economía italiana creció apenas un 0,5% el año pasado.Mientras tanto, Canadá, México, China, Japón y Corea del Sur también anunciaron que preparan respuestas contra Estados Unidos. Lo que significa que el conflicto comercial amenaza con escalar a un escenario global, con medidas cruzadas entre grandes economías.

Rebelión en Florida: una jueza frena temporalmente la ley antiinmigrante firmada por Ron DeSantis

Florida se convirtió en el epicentro de una intensa disputa legal después de que una jueza federal bloqueara temporalmente la aplicación de la polémica ley SB 4-C, promovida por el gobernador Ron DeSantis. La norma, que criminalizaba la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados al territorio del Estado Soleado, enfrentó un duro revés judicial al ser considerada inconstitucional.El fallo que congeló la ley antiinmigrante de DeSantis: "Es inconstitucional"La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que paraliza la SB 4-C durante al menos 14 días.La medida responde a una demanda presentada por la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), junto a dos afectados directos: "V.V.", una mujer deportada que reingresó en 2014 y vive con sus cuatro hijos ciudadanos, e "Y.M.", una madre que lleva más de 20 años en EE.UU. y que viaja periódicamente con su hijo discapacitado.Los argumentos clave: la jueza consideró que la ley invade competencias federales, contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución y afecta el comercio interestatal al restringir el movimiento de personas.Riesgo inminente: los demandantes demostraron que ya hubo arrestos bajo la SB 4-C, como los reportados por el sheriff del condado de Brevard, quien admitió aplicar la norma "seis o siete veces por semana".Daño irreparable: la Corte destacó que la detención obligatoria y las penas de prisión (nueve meses mínimo por primera entrada ilegal) generaban un perjuicio irreversible.¿Por qué la ley es controvertida? Los argumentos de la jueza contra DeSantisLa SB 4-C, vigente desde febrero de 2025, creaba dos delitos estatales: "entrada ilegal" y "reingreso ilegal" de adultos indocumentados, con penas más duras que las federales. Además, negaba la libertad bajo fianza y obligaba a jueces a presumir que los acusados eran un "riesgo de fuga". Para los críticos y los demandantes, esto convertía a Florida en un territorio hostil, donde hasta un viaje familiar podía terminar en prisión.En su fallo, la jueza Williams respaldó los argumentos de los demandantes:Jerarquía federal: el gobierno de Estados Unidos tiene autoridad exclusiva en inmigración, según fallos históricos como "Arizona vs. Estados Unidos", de 2012. La SB 4-C duplicaba normas federales, pero con castigos más severos, lo que generaba conflictos en la escala jerárquica.Cláusula de comercio: la ley discriminaba el tránsito interestatal al criminalizar solo a ciertos no ciudadanos, algo que tribunales ya rechazaron en casos como "Edwards vs. California", de 1941.Reacciones y próximos pasos: ¿Qué pasará con la ley antiinmigrante de DeSantis?Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Americans for Immigrant Justice celebraron el fallo. "Es un recordatorio de que los estados no pueden ignorar la Constitución", declaró Bacardi Jackson, de la ACLU Florida. Por su parte, el gobierno de DeSantis podría apelar antes de la audiencia del 18 de abril, donde se decidirá si la suspensión se hace permanente.Aunque la TRO es provisional, su impacto simbólico es profundo: marca la primera derrota legal de una ola de leyes antiinmigrantes en estados republicanos. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Como advirtió Paul R. Chavez, abogado de los demandantes, "la SB 4-C sembró miedo, pero hoy la Justicia dijo basta".

Rebelión en Florida: la ciudad de Miami repleta de argentinos que le dice no a Ron DeSantis y al ICE

En un contexto donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificaron sus operativos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca fortalecer la colaboración con la agencia mediante el programa 287(g). Sin embargo, South Miami, una ciudad del condado de Miami-Dade se opuso a la medida y llevó el caso ante la justicia.Programa 287(g) en Florida: en qué consiste el acuerdoEl estado de Florida firmó acuerdos de cooperación con el ICE a través del programa 287(g), que otorga facultades a las fuerzas del orden locales para actuar como agentes migratorios. Con este, los oficiales estatales pueden interrogar, arrestar y trasladar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin documentación. La medida también permite a los agentes estatales emitir órdenes de detención migratoria.Bajo esta política, Ron DeSantis promovió acuerdos con diversas agencias, que incluyen la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Leyes Agrícolas y la Guardia Estatal. Su objetivo es entrenar a agentes estatales para que ejecuten funciones migratorias, una estrategia que fue respaldada por la administración de Trump.A pesar de la rápida adhesión de muchos departamentos de policía en Florida, una ciudad de Miami-Dade decidió desafiar la iniciativa tras argumentar que la medida excede las competencias estatales e impone cargas adicionales a los cuerpos policiales locales.South Miami lleva el programa 287(g) a la justiciaSegún El Nuevo Herald, la ciudad de South Miami presentó una demanda ante un juez estatal para determinar si está legalmente obligada a unirse al programa 287(g).La administración municipal sostuvo que las presiones ejercidas por el gobernador y sus representantes buscan forzar a los municipios a suscribir el acuerdo, a pesar de que la legislación indica que solo las agencias a nivel de condado que supervisan cárceles deben adherirse."El gobernador DeSantis y el fiscal general Uthmeier han amenazado con usar sus poderes coercitivos contra municipios y funcionarios municipales para obligarlos a firmar los acuerdos 287(g)", afirmaron las autoridades locales.En su demanda, South Miami señaló que ya coopera con las agencias federales de inmigración y que unirse a este programa podría afectar otras responsabilidades policiales. Además, la ciudad argumentó que esta adhesión podría exponerla a consecuencias legales y operativas.Expansión del programa y presiones estatalesEn febrero, Ron DeSantis anunció la expansión del programa 287(g) con la firma de acuerdos con más de 20 sheriffs en todo el estado. Esta medida impuso la obligación a las agencias policiales locales de Florida de colaborar con el ICE, lo que permitiría acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.La rápida implementación del programa generó debates en distintas ciudades del estado. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Fort Myers inicialmente votó en contra de adherirse al programa. Sin embargo, tras recibir advertencias del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre posibles sanciones, la decisión fue revocada y el gobierno local aceptó el acuerdo.Las normativas del Estado del Sol establecen que los jefes de policía y los directores de prisiones deben integrarse al modelo de cumplimiento carcelario 287(g) antes del 1° de abril. No obstante, la legislación no menciona la obligatoriedad de que los municipios adopten el programa en su modalidad de grupo de trabajo, que permite a los agentes de policía operar fuera de los centros de detención con funciones migratorias.En la demanda de South Miami, los funcionarios argumentaron que la legislatura de Florida pudo haber exigido a los municipios firmar los acuerdos, pero decidió no hacerlo. Según su interpretación, la ley federal indica que los convenios 287(g) son de carácter voluntario y no son esenciales para el intercambio de información o la cooperación con ICE.La decisión del tribunal determinará si los gobiernos locales tienen la obligación de adherirse a los acuerdos 287(g) o si pueden rechazar la presión estatal sin enfrentar sanciones.

Máxima incertidumbre y signos de rebelión en Pro por la pelea entre Macri y Milei

Pro atraviesa horas de máxima incertidumbre. La tensión con el gobierno de Javier Milei se eleva por la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, una disputa con final incierto, y se reavivan los focos de rebelión en la fuerza que conduce Mauricio Macri. Es el que el sector de dirigentes amarillos que abogan por lograr un entendimiento con La Libertad Avanza, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, están incómodos con la decisión de Macri de inflamar su discurso y profundizar sus críticas a la Casa Rosada por la falta de apego institucional o el manejo de la Justicia."La campaña en la Capital va a ser sangrienta. A Mauricio se le tiene que pasar el enojo, no puede forzar situaciones ni tensar para romper", comenta uno de los referentes de Pro en Buenos Aires que articula con los emisarios de Milei para confluir en octubre.Las negociaciones para converger, pese a que los libertarios repiten que no habrá un acuerdo institucional entre ambas fuerzas, estarían encaminadas. Avanzan por dos carriles. Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires, quien se ganó la confianza de Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente, y de Martín Menem, ya conversa con frecuencia con Sebastián Pareja, el armador de LLA en la provincia. Por su parte, Diego Santilli lleva adelante las tratativas con Eduardo "Lule" Menem y otros operadores de Karina Milei en el distrito bonaerense. "Prácticamente, el acuerdo está hecho", sentencia uno de los caciques de Pro que participa de las charlas. Hasta el momento, no hubo poroteo de lugares en las listas.En la última cumbre de mesa ejecutiva de Pro, Jorge Macri había pedido postergar los pactos con LLA hasta que transcurra la elección del 18 de mayo. "La campaña porteña puede afectar la narrativa. ¿Cómo explicamos que vamos a ir juntos contra el peronismo si nos matamos en la ciudad?", se lamenta uno de los articuladores del macrismo en la provincia.Por ahora, los intendentes acuerdistas, como Ramón Lanús (San Isidro) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), están a salvo de la ofensiva libertarias en sus distritos. En cambio, otros jefes municipales cercanos a Jorge Macri, como Javier Martínez (Pergamino) o Pablo Petrecca (Junín), sufren el asedio de los representantes locales de Karina Milei y Pareja."Ellos saben que nos necesitan para ganarle al kirchnerismo. Lo dicen todas las encuestas", remarcan en la cúpula de Pro. Si bien en la tropa de Santilli ven más probable que Karina Milei acepte un esquema en el que dirigentes amarillos se integren a las listas de LLA en la provincia, Ritondo confía en destrabar la resistencia de los ingenieros violetas a conformar una alianza.En Pro creen que los libertarios encontrarán más incentivos para aliarse con Pro con vistas a las legislativas de octubre en algunos de los ocho distritos donde se elegirán senadores nacionales, como Entre Ríos o Río Negro. Confían en que la debilidad territorial del artefacto de LLA los fortalecerá en la eventual negociación.En las últimas horas, durante su paso por Punta del Este, en Uruguay, donde participó del Latin Annual Meeting junto al exmandatario de ese país Luis Lacalle Pou, Macri insistió en que Milei debe comprender que cumplir con la Constitución y respetar la institucionalidad son aspectos vitales para construir confianza en el exterior y garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones. Fue después de que el Presidente y las milicias digitales del oficialismo lo acusaran de haber pactado con Cristina Kirchner por el abrumador rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que impulsó Milei para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.El hecho de que la bancada de Pro, que preside Alfredo De Angeli, haya colaborado con la conformación del quórum en la sesión convocada por el kirchnerismo para voltear los pliegos de Lijo y García Mansilla provocó la ira del Presidente y el grupo de tuiteros que responden a las directivas de Caputo.Macri estuvo al tanto de los movimientos del bloque amarillo en la Cámara alta y avaló la decisión de colaborar con el quórum y votar en contra de ambos candidatos. Si bien García Mansilla despertaba simpatía en el macrismo -Luis Juez, Andrea Cristina y Carmen Álvarez Rivero votaron a favor-, los macristas consideraron que debían defender la competencia del Senado para prestar el acuerdo ante una propuesta del Ejecutivo, como establece la Constitución. En ese sentido, creen que si avalaban una designación por decreto, en comisión, de dos jueces en la Corte, se hubiera sentado un precedente peligroso. "Hicimos lo correcto. Pro debe ser garante de la institucionalidad", advirtieron en la cúpula partidaria.Los cordobeses Álvarez Rivero y Juez se mostraron en desacuerdo con la decisión de Macri de asistir al kirchnerismo a constituir el quórum. En Pro asociaron esas críticas a la necesidad, sobre todo de Juez, de posicionarse en sus territorios para la disputa con el peronismo. Es sabido que Juez aspira a pelear por la gobernación en 2027, por lo que apuesta a aunar fuerzas con Milei para desbancar a Martín Llaryora.No obstante, Macri lidia con un tablero endiablado en Pro tras la ruptura con Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, en los bloques del partido amarillo en Diputados y en el Senado conviven tribus con distintas terminales. Ese panorama obliga a Macri a hacer equilibrio y no forzar posicionamientos en contra del Gobierno.En las últimas horas, Milei difundió mensajes en las redes que vinculaban a Macri con un presunto pacto con Cristina Kirchner. Sugerían la tesis de que Pro había escatimado el jueves el apoyo al proyecto de ficha limpia a cambio de voltear el pliego de Lijo y Mansilla. De hecho, la oficina del Presidente emitió un comunicado en el que advirtió que quienes habían operado para rechazar los nombramientos propuestos por Milei lo hicieron porque estaban inquietos por el futuro de sus causas judiciales. "Mauricio Macri no va ni a la misa con la doble condenada [por Cristina Kirchner]", dijo De Angeli a LA NACION.En el entorno del expresidente argumentan que, según los sondeos que manejan, la mayoría de los votantes antikirchneristas estaban en contra de la propuesta de Lijo. Además, arguyen que si Macri hubiera estado interesado en su situación judicial, hubiera respaldado la designación del controvertido juez de Comodoro Py. Es que Lijo está a cargo de la causa del Correo, que involucra a la familia del expresidente.Quienes frecuentan a Macri en Pro presumen que Milei se equivoca al atacar con fiereza al expresidente -ayer lo volvió a cuestionar por haber dicho que Jorge Macri había sacado los piquetes de la 9 de Julio-. Advierten que los libertarios juegan con fuego, ya que ponen en riesgo la gobernabilidad. Hasta ahora, Ritondo hizo malabares para preservar la cohesión del bloque de 37 diputados de Pro a la hora de auxiliar a la Casa Rosada en votaciones clave. Si bien Macri no controla a la mayoría de la bancada -hoy son más los que apuestan a converger con LLA-, preserva una fuerte influencia sobre María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Daiana Fernández Molero, María Ángel Sotolano, Martín Yeza, Germana Figueroa Casas o Luciano Laspina, entre otros. "Si cualquier de ellos se corre, le dejan el arco libre al kirchnerismo", remarcan fuentes del macrismo en la bancada.En momentos en que el gobierno de Milei comienza a sufrir los efectos de los cimbronazos financieros o cambiarios y el impacto en la imagen presidencial del criptogate, Macri intenta aprovechar los errores del Ejecutivo para fortalecer su posición. Asume que será una pieza vital del blindaje que requiere su primo, Jorge, ante la ofensiva de LLA en la Capital.En el búnker de Pro apuestan a resistir la nacionalización de la campaña. Saben que disputarán con LLA la pecera del "electorado del cambio" y se alistan para una puja con final abierto. La idea de los estrategas de Pro es municipalizar la discusión y revitalizar su identidad ante los porteños."El escenario está abierto", repiten en la sede partidaria de Pro. Consideran que será clave el nivel de adhesión que logren tanto Horacio Rodríguez Larreta, quien competirá por fuera del macrismo, y Ramiro Marra, uno de los desterrados por Karina Milei.El lunes, en plena escalada de la tensión con el gobierno, Vidal y Lospennato presentaron una iniciativa para fomentar la "campaña limpia" con el fin de evitar una guerra sin cuartel con los libertarios.Fue después de que el vocero presidencial Manuel Adorni, el postulante a legislador porteño de La Libertad Avanza en la Capital, se mostrara junto a Karina Milei y el resto de los postulantes porteños de LLA con una motosierra.De esta manera, los jefes del partido que lidera Macri a nivel nacional intentan inocularse porque sospechan que serán blanco de una guerra "sucia" de los libertarios. ¿Esperan un ataque inminente o intentan bajar el tono de confrontación con la Casa Rosada? El Gobierno de Milei envió señales en las últimas horas que está dispuesto a jugar a fondo en una disputa que será clave para la definición de octubre."Intuyo que esta será una de las campañas más sucias de la historia moderna. Se fabricarán mentiras, operetas mediáticas, y cualquier difamación para intentar impedir que las reformas del Presidente avancen. Harán lo que sea para defender sus kioscos. La Ciudad será el epicentro de esta guerra sin cuartel entre la casta política y el ejército reformista del Presidente. Presentaremos batalla", escribió ayer @MileiEmperador, la cuenta atribuida a Santiago Caputo, el estratega de Javier Milei.

La rebelión de los robots y la caída de los imperios

En sus obras, Isaac Asimov predijo el mundo que hoy estamos viviendo: las computadoras personales, Internet, robots automatizados, vuelos espaciales, ingeniería genética, energía solar y cambios demográficos.

Rebelión en Florida: quién es Daniel Pérez, el hijo de inmigrantes cubanos y republicano que enfrenta a Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta obstáculos legislativos en su agenda política. Sin embargo, en este caso la oposición no viene del Partido Demócrata, sino del presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, también republicano. Sus diferencias incluyen cuestiones de impuestos y reformas al seguro de propiedad.Daniel Pérez: la piedra republicana en el zapato del gobernador DeSantisDaniel Pérez, un abogado y político de 37 años, es el presidente de la Cámara de Representantes de Florida. Nació en Nueva York, pero se crió en Miami, y es hijo de inmigrantes cubanos. Electo desde 2017, construyó una reputación como un legislador pragmático dentro del Partido Republicano.Respaldó varias iniciativas de DeSantis desde que coincidieron en funciones. Sin embargo, hace meses que choca con las opiniones y proyectos del gobernador, mientras se acerca el final de su mandato, según lo explica Tallahasse Democrat.Entre sus últimas diferencias se pueden destacar:DeSantis quiere recortes a los impuestos a la propiedad, pero Pérez prefiere reducir los impuestos a las ventas.El gobernador busca una ley para abordar la crisis de asequibilidad de los condominios, pero el presidente de la Cámara baja estatal no ve la urgencia en esa materia.Un nuevo choque entre Pérez y DeSantis: conflicto por los impuestosEl último choque entre ambos políticos se dio en relación a los aranceles. Mientras que DeSantis pretende eliminar los impuestos a la propiedad, Pérez busca reducir el impuesto estatal a las ventas del 6% al 5,25%. Esta medida podría reducir una importante fuente de ingresos para la administración del actual mandatario.El presidente de la Cámara de Representantes de Florida aseguró que su propuesta ahorraría a los consumidores 5000 millones de dólares anuales. Sin embargo, no hay un proyecto de ley presentado ni un análisis económico oficial sobre su impacto fiscal.Republicans in the Florida House are dismissing the urgency of property tax relief. They are focused on... taking away office space from U.S. Senator Ashley Moody and regulating parking spaces at the state capitol building.This pettiness is an embarrassment to the State ofâ?¦ pic.twitter.com/1RDaxsv2xd— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 1, 2025Ante esta situación, DeSantis publicó un video en X en el que acusó a la Cámara de tener "prioridades equivocadas". "Los floridanos merecen acción en temas como el fortalecimiento de las leyes contra la inmigración ilegal y un paquete fiscal con enfoque en que Florida realmente reduzca los impuestos a la propiedad", comentó el gobernador.La respuesta de Pérez no tardó en llegar. En declaraciones con Local 10, el representante disparó: "No sé cómo reducir el impuesto sobre las ventas en 75 puntos básicos y proponer el mayor recorte fiscal en la historia del estado de Florida, US$4900 millones, puede considerarse una prioridad equivocada"."Además, sería la primera vez que ocurre una reducción de este tipo en el impuesto a las ventas en la historia de Estados Unidos. Me gustaría que alguien le preguntara al gobernador si está interesado en recortar el impuesto sobre las ventas", concluyó Pérez.Vetos, crisis inmobiliaria y enfrentamiento en el CongresoLa Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de Pérez, anuló cuatro vetos presupuestarios de DeSantis, por un total de US$4,7 millones. Aunque el Senado aún no decidió si seguirá la misma línea, el parlamentario republicano sostiene que el Legislativo debe reafirmar su independencia del Poder Ejecutivo.En este contexto, tras el colapso del edificio Champlain Towers South en 2021, que dejó 98 muertos, el Congreso impuso nuevas regulaciones para los condominios. La ley exige reservas financieras para mantenimiento, lo que incrementó las cuotas de propietarios.DeSantis pidió alivios económicos, pero su solicitud fue ignorada. Pérez prefiere actuar con cautela y evitar cambios que puedan poner en riesgo la seguridad estructural. Por el momento, un proyecto de ley en discusión permitiría préstamos y más tiempo para pagar cuotas, aunque es menos ambicioso que la propuesta del Senado y no lo suficientemente cercano al pedido del gobernador.

Rebelión contra DeSantis en Florida: nuevo desafío de los legisladores con el presupuesto y los impuestos

La Legislatura de Florida volvió a plantarse ante el gobernador Ron DeSantis: revirtió cuatro vetos presupuestarios y presentó una propuesta de reducción del impuesto a las ventas que se contrapone con la intención del mandatario estatal de recortar los impuestos a la propiedad, una iniciativa que consideraba "prioritaria".DeSantis pierden poder en la Cámara de Representantes: los vetos revertidosLa Cámara de Representantes votó por unanimidad la anulación de cuatro vetos del presupuesto del año pasado de DeSantis, que suman más de 4,7 millones de dólares.Según detalló The Daytona Beach News Journal, entre los proyectos reinstalados por los legisladores se encuentran:Un tratamiento de agua en Rockledge por US$2,5 millones.Una mejora del sistema de alcantarillado en Baldwin por US$1,1 millones.Un sistema de personal en prisiones estatales por US$1 millón.Fondos para una organización sin fines de lucro que ayuda a veteranos a acceder a beneficios de salud por US$ 140 mil.Esta es la segunda oportunidad en la que los legisladores anulan vetos presupuestarios del gobernador. La anterior había sido en enero pasado, cuando el mandatario estatal los convocó para una sesión especial sobre inmigración y los representantes rechazaron el veto de US$57 millones para servicios de apoyo legislativo.El presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, justificó la anulación de los vetos, que aún requieren una votación de mayoría en ambas cámaras para que los proyectos sean reinstalados, con el argumento de que responden al deber constitucional de los legisladores de elaborar el presupuesto del estado. "Nos hemos centrado en restaurar el papel institucional de la Cámara de Representantes de Florida", expresó Pérez en declaraciones recogidas por The Associated Press.Por su parte, la representante republicana Michelle Salzman remarcó que "muchas legislaturas de Estados Unidos hacen esto con regularidad". "Así que, aunque es algo que no hemos hecho en muchísimo tiempo, no es algo único. Se trata del sistema de pesos y contrapesos del gobierno", enfatizó.DeSantis vs. la Cámara de Representantes: conflicto por la reducción de impuestosJunto con la anulación de los vetos presupuestarios de DeSantis, Pérez también propuso reducir la tasa del impuesto estatal sobre las ventas del 6% al 5,25%. "No será una medida temporal", dijo, sino "una reducción de impuestos permanente y recurrente".En este sentido, el representante estatal explicó que, si bien significaría una disminución importante en los ingresos del estado, esta medida ahorraría a los consumidores US$5000 millones de dólares.La propuesta de Pérez choca con la voluntad del gobernador DeSantis, quien insiste en que la prioridad debe ser la reducción del impuesto a la propiedad. "Necesitamos un paquete de impuestos que priorice a Florida y que reduzca el impuesto número uno que está perjudicando a los floridanos, que es el impuesto a la propiedad", afirmó el mandatario estatal.La dura respuesta de DeSantis a los legisladores de Florida que lo enfrentanTras la decisión de la Cámara de anular los vetos, DeSantis publicó una respuesta en X (antes Twitter) con fuertes críticas a los legisladores. En específico, los cuestionó por "elegir gastar más en este año fiscal cuando estamos casi al final de todos modos", en lugar de abordar problemas que, según su criterio, son los que realmente afectan a los habitantes del Estado del Sol."Necesitamos alivio de la crisis de los condominios. Necesitamos promulgar protecciones permanentes para la libertad médica. Necesitamos un E-Verify universal para fortalecer nuestras leyes existentes contra la inmigración ilegal", sostuvo.Al mismo tiempo, DeSantis rechazó la idea de aumentar impuestos a las ventas y sugirió una alternativa para compensar la eliminación del impuesto a la propiedad: trasladar la carga fiscal a turistas y extranjeros."Impongan impuestos a los turistas. Impongan impuestos a algunos extranjeros", dijo durante un evento en Palm Bay. "Creo que ese sería un mejor sistema tributario que tener que pagar constantemente impuestos a la propiedad más altos", señaló, según consignó WMNF.org.

Rebelión en contra JB Pritzker en Illinois: avanza un nuevo proyecto de ley para combatir la inmigración

El Congreso de Illinois debate un paquete legislativo impulsado por el representante Christopher "C.D." Davidsmeyer que busca endurecer las políticas migratorias del estado. La iniciativa propone la derogación del Illinois TRUST Act y la reducción de beneficios estatales para inmigrantes indocumentados, con el argumento de que la crisis migratoria generó un impacto negativo en la economía y la seguridad de la región. Un paquete que contradice las políticas impulsadas por el gobernador demócrata J.B. Pritzker en Illinois.Buscan revertir las políticas migratorias de IllinoisEl representante republicano Davidsmeyer lidera en el Congreso de Illinois una dura iniciativa para frenar la inmigración irregular. Con un discurso enfocado en la seguridad pública y el gasto fiscal, el legislador presentó un paquete de cuatro proyectos de ley que apuntan a desmantelar las políticas de "estado santuario" y reducir los beneficios para extranjeros ilegales.Esta propuesta se suma a la ya presentada por el senador republicano Andrew S. Chesney que también busca la eliminación del Illinois TRUST Act, una ley de 2017 que limita la cooperación entre la policía local y el ICE.Según datos del Center for Immigration Studies, citados por el representante, Illinois alberga al menos 530 mil inmigrantes en situación irregular, por lo que se ubica como el quinto estado con mayor población extranjera no autorizada en EE.UU. Davidsmeyer argumentó que esta situación genera un costo insostenible para los contribuyentes y un riesgo para la seguridad.El fin la ley TRUST de Illinois: cooperación con autoridades federalesUno de los ejes centrales del paquete es la derogación del Illinois TRUST Act, una ley vigente desde 2017 que limita la colaboración de las fuerzas policiales locales con las agencias federales de inmigración. El proyecto HB 1317, impulsado por Davidsmeyer, eliminaría estas restricciones y permitiría que las autoridades estatales detengan y deporten a indocumentados.Entre los cambios más significativos que introduce la iniciativa se destacan:Acceso a bases de datos: las fuerzas de seguridad podrían compartir información biométrica, como fotos y registros de identificación, con agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Fin del bloqueo a órdenes administrativas: actualmente, el estado solo colabora si existen pedidos judiciales firmados por un juez federal. La nueva norma eliminaría este requisito.Notificación reducida: se acortaría el plazo para informar a un detenido sobre solicitudes de datos por parte de inmigración."La política de estado santuario le costó miles de millones a los contribuyentes e hizo que nuestras comunidades sean menos seguras", enfatizó Davidsmeyer, que remarcó que esta medida busca priorizar la deportación de migrantes con antecedentes penales.Recorte de beneficios médicos para inmigrantes: el impacto fiscalOtro de los pilares del paquete es el HB 1456, que eliminaría los programas de salud pública para adultos indocumentados. Desde que el gobernador demócrata J.B. Pritzker amplió estas coberturas, el Estado de la Pradera destinó más de 2200 millones de dólares en asistencia médica para migrantes, según cifras citadas por el legislador.Los principales cambios que plantea esta iniciativa incluyen:Fin de las cirugías de trasplante: se eliminaría la cobertura para intervenciones como trasplantes renales.Exclusión de medicamentos vitales: los fármacos inmunosupresores, claves para pacientes trasplantados, dejarían de ser subsidiados.Restricción por edad: actualmente, el estado ofrece servicios a mayores de 42 años, pero el proyecto los limitaría solo a ciudadanos y residentes legales.La medida afectaría a miles de personas, aunque sus defensores argumentan que los recursos deben destinarse primero a ciudadanos y residentes legales. "Con un déficit presupuestario estimado en US$1200 millones, no podemos seguir financiando esto", declaró Davidsmeyer.Mayor control en las cárceles y transparencia en gastosEl HB 3417 modificaría el código penitenciario para facilitar la deportación de reclusos extranjeros. Bajo esta norma, el Departamento de Correcciones de Illinois debería:Entregar a detenidos al ICE si hay solicitud previa.Permitir el acceso de agentes federales a las prisiones.Compartir datos biométricos y antecedentes de los internos.Por otro lado, el HB 3534, conocido como Medicaid Transparency Act, exigiría al gobierno estatal publicar un informe anual en donde se detalle el gasto en salud para no ciudadanos. El reporte deberá incluir:Desglose por tipo de servicio médico.Montos exactos de fondos estatales y federales utilizados.Impacto financiero de los programas para indocumentados.El paquete de Davidsmeyer reaviva el debate migratorio en Illinois, un estado tradicionalmente proinmigrante. Los republicanos insisten en que las medidas son necesarias para aliviar las arcas públicas, mientras que organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de criminalizar a comunidades vulnerables.

Círculo rojo: rebelión en la casa matriz, un Llao Llao hermético, AGN en estado de alerta y un asado cumbre

Cerraron las listas en la ciudad de Buenos Aires pero siguen los cruces. El foro empresario de Bariloche y la auditoría a punto de colapsar. Conversaciones en Entre Ríos

Blanca Nieves: la nueva versión de un cuento clásico que potencia la rebelión como trama y exhibe sanas transgresiones

Blanca Nieves (Snow White, Estados Unidos/2025). Dirección: Marc Webb. Guion: Erin Cressida Wilson, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm. Fotografía: Mandy Walker. Edición: Mark Sanger. Elenco: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Ansu Kabia, George Appleby. Calificación: Apta para todo público. Distribuidora: Disney. Duración: 109 minutos. Nuestra opinión: muy buena.Después de tanta controversia alrededor de la modernización del cuento y la elección del elenco, de tantas demoras desde el rodaje iniciado en 2020, y del creciente fantasma de un posible fracaso después de la lenta taquilla de La sirenita (2023), Disney finalmente estrenó la versión live action de Blanca Nieves, con Rachel Zegler como la princesa, Gal Gadot como la madrastra malvada, y siete criaturas mágicas que reemplazan a los famosos enanitos del dibujo animado. Este último cambio, en sintonía con una mirada más contemporánea, desterró la segunda parte del título y levantó nueva polvareda. ¿Por qué se puede discutir el color de piel de la heroína, el rol del príncipe azul en el cuento de hadas, y no la inclusión de verdaderos enanos como los habitantes del bosque encantado? Esas fueron algunas de las reflexiones alrededor de una de las versiones más esperadas de la galería de clásicos de Disney, y también las que relegaron la importancia de la película, su valor artístico y su relación con el musical, a la sombra de la polémica.Blanca Nieves, así a secas, funciona en sus propios términos, esto es, en la lógica del cuento de hadas. Adaptada de la versión animada de 1937, recoge el "había una vez" de los hermanos Grimm y la ambientación en un reino irreal, gobernado con coraje y justicia por una pareja de monarcas que comparten con su pueblo la vida en armonía y la solidaridad mutua. Esa vida 'feliz' se ve rasgada por una doble tragedia: la muerte de la reina y el arribo de una mujer bella y misteriosa que, casi en un pase de magia negra, se casa con el viudo y se convierte en la Reina Malvada. Desaparecido el rey en una batalla en las tierras del Sur, la nueva consorte se erige como una autócrata: los campesinos son reclutados como soldados, el pueblo vive con egoísmo y sacrificio, el coraje y la bondad se convierten en mezquindad y sumisión. Y Blanca Nieves termina como una sierva confinada al lado oscuro del castillo.Blanca Nieves es, entonces, la historia de una rebelión. La primera canción que interpreta la princesa en su cautiverio, "Waiting On A Wish", compuesta por la dupla Pasek & Paul -junto a Jack Feldman-, contiene la clave de esta versión: la concepción de la heroína no como una damisela en apuros que espera el rescate por ajena voluntad, sino aquella que debe asumir su propio rol en la historia. Más allá de la carga simbólica que asume la canción, concebida además como hilo conductor del musical, la puesta en escena de Marc Webb y las coreografías de Samantha Jo Moore (responsable de las rutinas de La La Land) rompen con la unidad espacial de los musicales clásicos, asumen el permanente desplazamiento de la cámara como empuje de la narración, y reemplazan el virtuosismo del baile por la atención al relato (la restitución del reino perdido) y el equilibrio de la acción (entre la heroína y sus ayudantes).En términos musicales, la Blanca Nieves animada ofrecía una primera aproximación al musical integrado. Hasta entonces, los musicales de backstage no abandonaban sus residuos teatrales, las coreografías ocurrían sobre escenarios o espacios de demostración (tanto los caleidoscopios de Busby Berkeley como los duetos de Fred Astaire y Ginger Rogers), y los argumentos rondaban la vida teatral, el mundo del espectáculo o los profesionales del baile. Incluso las 'operetas', como las de Ernst Lubistsh o Rouben Mamoulian, asumían el legado de una ficción que podía separar la canción del argumento, sin hacer de la primera un eslabón imprescindible del segundo. Pero con su primer largometraje animado, Walt Disney anticipó dos cosas: la importancia de la integración en el musical para alcanzar su plenitud clásica (algo que demostraría El mago de Oz al final de los años 30); y la alianza entre el mundo artificial del musical, ya consagrado como género, y la animación (algo que demuestra la posterior aparición del ratón Jerry en Leven anclas junto a Gene Kelly).La nueva Blanca Nieves no renuncia a los códigos de la animación como condición de su universo, de ahí que el CGI de los "enanos" es funcional a la lógica que la película consagra. Los números "Heigh-Ho" y "Whistle While You Work", ambos con las canciones clásicas de Churchill y Morey, responden al espíritu animado, y permiten la definición de los personajes -el primero, como trabajadores de la mina; el segundo, como comunidad-, así como el cambio por venir tras la llegada de Blanca Nieves a sus vidas. Webb y la guionista Erin Cressida Wilson asumen la tradición (del cuento de hadas y del musical) más allá de ese dogma absurdo que a veces se busca tras los clásicos (hacerlos inamovibles), y se permiten explorar el carácter oscuro del relato de los Grimm -la impugnación de la justicia bajo la tiranía de la belleza-, al mismo tiempo que la condición rebelde del musical, que entiende al artificio como un camino para la trasgresión de la realidad y no para su reproducción.

Rebelión contra Cristina Kirchner en el Senado: cuatro miembros de Unión por la Patria armaron un bloque propio

Los senadores, distanciados de la conducción K, conformaron "Convicción Federal". Será parte del interbloque de Unión por la Patria (UP)

El alcalde que organizó una rebelión poco después de la Guerra del Pacífico y fue traicionado por el gobierno central

En una sierra marcada por la explotación, un líder indígena se alzó contra el abuso estatal. Su rebeldía prendió la mecha de una insurrección que el gobierno sofocó con violencia y engaños.

Greg Abbott celebra rebelión demócrata en Texas: cada vez más funcionarios se alinean con las políticas de Trump

Greg Abbott, el actual gobernador del estado de Texas, celebró en sus redes sociales la rebelión de algunos funcionarios demócratas que decidieron afiliarse al Partido Republicano. Esta tendencia comenzó en las ciudades fronterizas en 2020, hasta culminar en la victoria de Donald Trump en la contienda presidencial del año pasado.Del azul al rojo: Abbot felicita a los funcionarios demócratas que se convirtieronEn su cuenta de X, el político felicitó a los funcionarios electos que se pasaron al Partido Republicano: "Los hispanos del sur de Texas y de todo el estado se están dando cuenta de que sus valores están más alineados con los del Partido Republicano que con la agenda progresista radical que les imponen los demócratas".La transformación del azul al rojo en los condados del sur de la Estrella Solitaria comenzó cinco años atrás, cuando Trump vio que sus márgenes mejoraban drásticamente frente al demócrata Joe Biden, según indicó Texas Tribune. En estos últimos años implosionó.Demócratas destacados se convirtieron en republicanos, como Tano Tijerina quien anunció su cambio el 10 de diciembre después de ser elegido tres veces como juez del condado de Webb bajo ese partido. La lista de funcionarios electos continúa, incluidos hispanos y anglosajones.Las políticas de Trump pisan fuerte en el sur del estado: ¿Qué pasó?El estado de Texas siempre fue un gran aliado del líder republicano, aunque su influencia disminuía en las ciudades sureñas, donde más del 90% de los residentes son latinos. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales ganó en 14 de los 18 condados, a 32 kilómetros de la frontera, de acuerdo con The Washington Post. Ese resultado fue un "momento decisivo" para los expertos.Entre los motivos de este traspase, el director nacional de divulgación hispana en America First Policy Institute, Jorge Martínez, mencionó que los votantes se conectaron más con los republicanos en temas como la seguridad de la frontera, la lucha contra la inflación, la reducción de los costos de la energía y los valores de la fe, la familia y la libertad."Cada vez más hispanos sienten que esos valores compartidos comunes están amenazados por una agenda liberal progresista. No solo estamos ganando votos: estamos capturando corazones y mentes", expuso.Los miembros del Partido Republicano vieron en las preocupaciones crecientes de los residentes una oportunidad. De acuerdo al Tribune, desde 2020 que pusieron el foco en "asegurar la frontera y proteger los empleos energéticos en la región".Una de las figuras que más resaltó en su cambio fue un funcionario del condado de WebbEl juez Tano Tijerina fue uno de los funcionarios que más sobresalió en ese pase. Según el Post, en su homenaje por el capítulo local de la organización de derechos civiles hispana, se presentó como un republicano que promocionaba una segunda Administración Trump.Después de su anuncio en Fox & Friends, el magnate político que en ese momento era un candidato a la presidencia lo festejó en Truth Social: "El juez del condado de Webb cambió su afiliación partidaria de demócrata a republicana. ¡En 2024, el condado de Webb pasó de azul a rojo por primera vez en más de 100 años!".Monica De La Cruz, miembro de la Cámara de Representantes que se convirtió en 2022 en la primera republicana elegida en el Valle del Río Grande, llamó a esta transformación "un despertar"."En los próximos ciclos, veremos cambiar los escaños de alcalde y comisionado", vaticinó la representante, quien aseguró que otros funcionarios locales se convertirán en republicanos muy pronto.

Rebelión contra JD Vance: su primo Nate, que combatió para Ucrania en la guerra, se plantó contra el vicepresidente

Tras el duro cruce entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, Estados Unidos retiró su ayuda a Ucrania. Luego del tenso intercambio, Nate Vance, el primo del vicepresidente JD Vance, que se volvió voluntario del ejército ucraniano en 2022 para combatir la invasión rusa, lanzó duras críticas a su familiar y al líder republicano por su postura respecto a la guerra en el este de Europa.Quién es Nate Vance, el primo de JD Vance y exvoluntario en UcraniaDesde el inicio de la invasión rusa, Nate Vance sintió la necesidad de involucrarse en la lucha de Ucrania. Como ex Infante de los marines de EE.UU., decidió ofrecer sus habilidades al Primer Batallón Motorizado Da Vinci Wolves, una unidad militar ucraniana. Según Newsweek, al principio, colaboró en tareas de instrucción, pero luego asumió roles de combate directo en algunas de las batallas más cruentas del conflicto, incluyendo Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka y Pokrovsk.En enero, antes de la jura de JD Vance como vicepresidente, regresó a su hogar en Texas. Según explicó, quedarse en el frente se había vuelto demasiado peligroso. "No podía correr el riesgo de que me capturaran", afirmó.Las críticas de Nate Vance a su primo, por la "emboscada" a ZelenskiEl 28 de febrero, JD Vance y Donald Trump se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Durante el encuentro, ambos acusaron al gobernante europeo de faltarle el respeto a Estados Unidos y afirmaron que Ucrania había perdido influencia. Poco después, la administración Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania, incluso el intercambio de inteligencia en tiempo real, lo que debilitó las operaciones de Kiev en el campo de batalla.Ahora, Nate Vance criticó públicamente la posición del gobierno estadounidense. En una entrevista con el periódico francés Le Figaro, expresó su descontento con las acciones de su primo y Trump. "Somos los idiotas útiles de Vladimir Putin", declaró, y señaló que la administración estadounidense había tendido una "emboscada" a Zelenski en la reunión en la Casa Blanca.La desilusión de Nate Vance con su primo, JD VanceNate Vance reconoció que, en un intento por justificar la decisión de su primo, en un primer momento pensó que su primo quizás buscaba "complacer a cierto electorado", como parte del "juego político". Sin embargo, con el tiempo, concluyó: "Lo que le hicieron a Zelenski fue una emboscada de absoluta mala fe".Además, afirmó que JD Vance nunca intentó contactarlo para conocer la realidad del conflicto. "Su propio primo estaba en primera línea. Podría haberle dicho la verdad, sin pretensiones, sin intereses personales. Nunca intentó averiguar más", agregó.Para Nate Vance, la estrategia de la administración estadounidense respecto a Ucrania y Rusia es un error. "Donald Trump y mi primo creen claramente que pueden apaciguar a Vladímir Putin. Están equivocados. Los rusos no están dispuestos a olvidar nuestro apoyo a Ucrania", señaló.Mientras tanto, en el escenario político estadounidense, el debate sobre la ayuda a Ucrania continúa generando tensiones. El director de la CIA, John Ratcliffe, aseguró que la pausa en el respaldo militar podría revertirse pronto. "Creo que en el frente militar y en el frente de inteligencia, la pausa que permitió que eso sucediera, creo que desaparecerá y creo que trabajaremos hombro con hombro con Ucrania, como lo hemos hecho, para hacer retroceder la agresión que existe allí", expresó.

Rebelión en California: el sheriff que ya avisó que no respetará la ley santuario

Un sheriff de California anunció que planea notificar a las autoridades federales de inmigración cuando arreste a personas que se encuentren en el país en situación ilegal, una decisión que contradice la Ley Santuario que rige en el Estado Dorado y que limita la cooperación de las agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Qué dijo el sheriff del condado de Amador que desafía la Ley Santuario en CaliforniaLa Ley Santuario de California, aprobada en 2017 durante la primera presidencia de Donald Trump, prohíbe que las fuerzas del orden locales colaboren con ICE, salvo en casos específicos. La norma establece que las notificaciones solo pueden realizarse cuando un inmigrante indocumentado fue condenado y cumplió su sentencia por delitos graves como asesinato, violación o robo.Sin embargo, Redman adelantó que planea contactar a las autoridades de inmigración en el momento del arresto de una persona indocumentada, lo que violaría la legislación estatal.Según indica Cal Matters, el sheriff argumentó que su postura está respaldada por el Código Penal de Estados Unidos, que prohíbe albergar a personas que están ilegalmente en el país.Por ello, afirmó que el Código Penal lo obliga a contactar a ICE cuando detiene a una persona sin estatus legal. En este sentido, aclaró: "Dije que no los devolvería a la comunidad si los liberaban". Fuera de ello, agregó, el condado "cumple con el noventa y nueve por ciento de la ley santuario de California".Las críticas al sheriff que planea violar la Ley Santuario de CaliforniaLa posición de Redman generó un intenso debate en Amador, California. Mientras algunos sectores lo respaldan, otros advierten sobre las posibles consecuencias legales que tendrá su accionar.Maria Romani, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, consideró que la decisión del sheriff "expone a su oficina a responsabilidades" jurídicas."Si viola la ley, espero que la Oficina del Fiscal General lo investigue a fondo", advirtió Romani en declaraciones a El Diario de Sonora.Asimismo, la activista señaló: "Ese tipo de mensaje no es bueno para la seguridad pública porque la comunidad inmigrante tendrá miedo de comunicarse con el sheriff (...) que diga que llamará (al ICE) cada vez que alguien sea arrestado".Por su parte, desde la Oficina del Fiscal General de California recordaron que la Ley santuario local ya superó una prueba constitucional cuando la administración Trump intentó impugnarla en 2018. "Los tribunales federales confirmaron que (la norma) no entra en conflicto con la ley federal", señalaron. Y remarcaron que "monitorean el cumplimiento de la Ley de Santuario por parte de las fuerzas del orden".El nuevo intento de Trump de bloquear la ley santuario en CaliforniaLa postura del sheriff de Amador Donald Trump se da poco después de un nuevo intento de Donald Trump por terminar con la ley santuario de California. El mandatario, quien en 2018 buscó revocar la norma en los tribunales y no lo consiguió, ahora amenaza con retener fondos federales para lograr su propósito.Poco después de asumir por segunda vez como presidente de EE.UU., Trump firmó una nueva orden ejecutiva, titulada "Protección del pueblo estadounidense contra la invasión", que amenaza con retener fondos federales a las ciudades y estados que mantengan políticas de protección a inmigrantes.

Elio Riera podría defender a Pedro Castillo: considera que no hubo rebelión y explica cuál sería su estrategia para ganar el juicio

Desde que inició el juicio oral por el fallido golpe de Estado, Castillo Terrones se negó a recibir asesoría jurídica. En la última sesión intentó salir abruptamente de la sala y se enfrentó a los jueces

Rebelión en California: la ciudad que se declara "no santuario" por su desacuerdo con esta política

La ciudad de Oroville, ubicada en el condado de Butte, en el norte de California, aprobó una resolución para desvincularse de la ley santuario vigente en el Estado Dorado. La medida, que fue impulsada por el consejo municipal, se opone a las normativas que limitan la cooperación de las fuerzas locales con las autoridades federales para combatir la inmigración ilegal, entre otras cosas.Oroville, la ciudad que votó para convertirse en "no santuario"El consejo municipal de Oroville votó de manera unánime para adoptar la resolución que define a la ciudad como un territorio "no santuario". Si bien los legisladores aseguraron que esta nueva normativa no cambia la ley estatal, afirmaron que el objetivo es mejorar la seguridad y posicionarse en contra de la política de "fronteras abiertas"."Es una declaración que hace que la gente se sienta mejor", aseguró el alcalde David Pittman en una entrevista con el medio local, KTVU. "No hemos tenido ningún problema específico, es solo la percepción pública. Nuestros residentes nos pidieron que hiciéramos esto", concluyó.Por su parte, el concejal Scott Thomson, quien presentó la resolución, agregó: "Al hacer esta declaración, al menos ponemos una señal en el radar de los habitantes de que en el norte del estado no estamos de acuerdo con las políticas de fronteras abiertas"."No estamos de acuerdo con hacer que nuestras comunidades sean más peligrosas, permitiendo que los reincidentes que violan la ley continuamente sigan haciendo lo que quieren y eso nos parece bien", agregó.Qué significa que California sea un estado santuarioLa ley santuario de California fue aprobada en 2017 y prohíbe que la policía estatal y local actúe como una extensión de las agencias de inmigración federales.Según su redactor, el exsenador Kevin De León, su propósito es impedir que las fuerzas del orden sean parte del "aparato de deportación de Trump". De esta forma, limita la retención de inmigrantes sin órdenes judiciales y restringe interrogatorios sobre estatus migratorio. Sin embargo, existen excepciones en casos de delitos graves como homicidio, violación o robo.Si bien el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de hacer cumplir las leyes migratorias en cualquier estado, con esta ley "santuario" no puede reclutar ni obligar a las entidades policiales de la ciudad, el condado o el estado a hacer su trabajo por ellos.La votación en Oroville ocurrió en un contexto de presiones por parte del gobierno federal sobre ciudades y estados con políticas de protección a inmigrantes. Semanas atrás, la administración Donald Trump inició una demanda contra funcionarios de Nueva York e Illinois por limitar la cooperación con agencias federales de inmigración en medio de las redadas masivas en todo el país norteamericano."Este es un nuevo Departamento de Justicia, y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses", aseguró la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, en una conferencia de prensa en Washington, según informó CNN en Español.Asimismo, advirtió: "Si no cumples con la ley federal, te haremos responsable. Lo hicimos en Illinois, primer strike. El segundo strike es Nueva York. Y si eres un estado que no cumple con la ley federal, eres el siguiente".Cuáles son los estados santuario en Estados UnidosCaliforniaColoradoConnecticutIllinoisMassachusettsNueva JerseyNueva YorkDakota del NorteOregónRhode IslandUtahVermontWashington

Perú comenzó el juicio oral contra el expresidente Castillo por rebelión: "Una farsa"

Pedro Castillo catalogó de "farsa" el juicio oral en su contra por rebelión y abuso de autoridad, desde la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años. Leer más

Gustavo Petro salió en defensa de Pedro Castillo, expresidente de Perú, quien enfrenta un juicio político por rebelión: "Por ser pobre y de izquierda"

En su cuenta de X, el presidente colombiano sostuvo que el juicio contra el exmandatario peruano es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos

Rebelión contra DeSantis en Florida: republicanos en Tampa recibieron con brazos abiertos a Andrew Tate y su hermano

La llegada de Andrew y Tristan Tate a Florida ha desatado encontronazos en el Partido Republicano. El grupo juvenil de Tampa Bay desafió abiertamente al gobernador Ron DeSantis al recibir y respaldar a los polémicos influencers, investigados en Rumania por tráfico de personas y abuso de menores.DeSantis condenó la llegada de los Tate a FloridaDías atrás, el gobernador Ron DeSantis se había pronunciado en contra de la presencia de Andrew y Tristan Tate en Florida. Sus declaraciones las dio luego de ser consultado al respecto durante una conferencia de prensa. "Florida no es un refugio para este tipo de personas", declaró el republicano. A su vez, enfatizó su postura contra individuos con antecedentes de delitos graves."Me enteré de la llegada (de los hermanos Tate) por los medios, pero quiero aclarar que este no es un lugar donde se acepte ese tipo de conducta", afirmó el gobernador el pasado 27 de febrero.Poco después, el fiscal general del estado, James Uthmeier, utilizó su cuenta en X para confirmar que abriría una investigación sobre los hermanos Tate.Polémica en Florida: Jóvenes Republicanos de Tampa respaldan a Andrew y Tristan TateDespués de su llegada a Florida, Andrew y Tristan Tate, acusados de tráfico de personas y violación en Rumania, quedaron en el centro de una polémica política.Los Jóvenes Republicanos de Tampa Bay avivaron el debate al recibirlos y respaldarlos públicamente. En una publicación en X, defendieron su postura al señalar que los Tate no han sido condenados y compararon su caso con el de un expresidente: "Tenemos edad suficiente para recordar cuando un 'delincuente convicto' ganó la presidencia".La decisión del grupo juvenil provocó fuertes críticas dentro del Partido Republicano de Florida. El senador estatal Blaise Ingoglia rechazó su apoyo a los Tate, según retomó Bay News. El político mencionó que defender la libertad de expresión no justifica brindar una plataforma a figuras acusadas de abuso.Por otra parte, la Federación de Jóvenes Republicanos de Florida también se distanció del grupo de Tampa y aclaró que no formaba parte de su organización. "Condenamos enérgicamente esta invitación y rechazamos cualquier vínculo con quienes promuevan su presencia en nuestro estado", declararon en un comunicado oficial.De qué se acusa a los hermanos TateAndrew y Tristan Tate se hicieron conocidos en redes sociales gracias a su estilo de vida ostentoso y sus mensajes dirigidos a jóvenes sobre masculinidad y éxito.Andrew, exluchador de kickboxing, comenzó a ganar notoriedad en 2016 tras ser expulsado del reality show Big Brother por un video donde golpeaba a una mujer con un cinturón. Desde entonces, sumó millones de seguidores con su discurso que promueve el dominio masculino y la sumisión femenina.Sus declaraciones polémicas le han costado suspensiones en plataformas como Twitter, YouTube e Instagram, aunque en 2022 fue readmitido en X tras la compra de la red social por Elon Musk.En diciembre de 2022, ambos fueron arrestados en Rumania bajo acusaciones de liderar una organización criminal vinculada al tráfico de personas, violación y lavado de dinero.A pesar de que niegan los cargos y afirman ser víctimas de una persecución mediática, el proceso judicial en su contra sigue abierto.Recientemente, lograron salir de Rumania y viajar a Estados Unidos, lo que generó preocupación en algunos sectores por su impacto en jóvenes seguidores.En este contexto, Andrew Tate defendió su inocencia, según retomó NBC: y sostuvo: "Esta es una sociedad democrática, se supone que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como mi hermano y yo, y creo que es extremadamente importante que dejemos de permitir manipulaciones mediáticas, difamaciones, mentiras o narrativas cuidadosamente construidas a partir de operaciones financiadas por George Soros que intentan destruir la reputación de buenas personas que no tienen intención de hacer nada más que seguir la ley".

En medio de la rebelión de los tribunales, la justicia federal suspendió la puesta en marcha de un fuero laboral porteño

En medio de la guerra judicial entre la justicia nacional y la porteña, el juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo suspendió la puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires, al conceder una medida cautelar a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional.El Gobierno porteño había avanzado con un proyecto de ley, aprobado en la Legislatura, para implementar juzgados laborales de la ciudad de Buenos Aires. Los tribunales van a intervenir en las causas de despidos de trabajadores de empresas porteñas.Actualmente, esos casos los resuelve la justicia laboral nacional, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esos magistrados se resisten a pasar a la órbita de la Ciudad.Por eso, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, creó su propio fuero laboral, que ahora enfrenta un freno judicial, fogoneado por los magistrados nacionales. El choque se enmarca en la rebelión de las cámaras nacionales contra el fallo de la Corte Suprema que estableció que todas las causas que se tramiten en el territorio porteño puedan ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En este caso específico, la disputa gira en torno a la competencia para crear tribunales laborales en la ciudad y la posible superposición de competencias del Estado Nacional por parte de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.El juez Carrillo dijo que la idea es determinar si la Legislatura de la Ciudad, al implementar la Justicia del Trabajo, invadió un ámbito de competencia propio del Estado Nacional.La Asociación de Magistrados había pedido la inconstitucionalidad de dos leyes porteñas que habilitaban el fuero laboral local.El juez reconoció al gremio de los jueces la legitimación para hacer el planteo: "los intereses alegados por la asociación actora, en defensa de sus miembros, merecen consideración en la medida en que se invoca la concreta y efectiva afectación del esquema legal de la justicia nacional", argumentó el juez.El juzgado consideró verosímil el planteo de que la Legislatura porteña no puede modificar unilateralmente la administración de justicia en la ciudad sin acuerdos con el Estado Nacional.Sostuvo además que hay un peligro en la demora de una decisión por la "inminente implementación de los tribunales laborales locales" que "podía entorpecer la labor del Poder Judicial de la Nación y comprometer intereses públicos".Dijo que hay "riesgos institucionales que conlleva la puesta en funcionamiento de órganos judiciales que aparecen constitucionalmente cuestionados".Por eso es que suspendió preventivamente los efectos de la ley local 6789, que habilitaba la implementación del fuero del Trabajo, hasta que se dicte sentencia sobre la constitucionalidad de las leyes impugnadas o se concreten los acuerdos entre el Estado Nacional y la Ciudad. El fallo expone la tensión entre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y las competencias reservadas a la justicia nacional.Esta decisión se da en el contexto del "fallo Levinas", mediante el cual la Corte Suprema de Justicia dispuso que todas las decisiones de las cámaras nacionales, como la laboral, civil, comercial o penal sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).Esta decisión de la Corte es resistida por las cámara nacionales y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, actores en este caso.La decisión seguramente escalará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de zanjar una vez la cuestión y pronunciarse sobre la autonomía porteña y su justicia local.

Rebelión en el estado de Nueva York: dos condados colaboran con el ICE

El programa de deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con el respaldo de dos condados de Nueva York que deciden ignorar las políticas santuario de la gobernadora Kathy Hochul y cooperar con la administración Donald Trump. Se trata de Rensselaer y Nassau, cuyos gobiernos locales implementaron estrategias para identificar y entregar a migrantes con antecedentes penales.Rensselaer y Nassau, los condados de Nueva York que cooperan con el ICESegún The New York Post, el condado de Rensselaer se unió al programa 287(g) desde 2018. Esto permite a los agentes locales ser capacitados en leyes migratorias y colaborar con el ICE en la detención de personas sin estatus legal.A través de este sistema, los oficiales pueden entrevistar a detenidos en la cárcel y emitir órdenes de retención para su deportación. Por eso, a pesar de tener baja densidad de población, Rensselaer reportó cientos de arrestos de migrantes con antecedentes delictivos.Por otro lado, en febrero pasado, el condado de Nassau implementó medidas más agresivas al destinar 50 celdas exclusivamente para detenidos con órdenes de deportación y asignar diez detectives con autorización para realizar arrestos migratorios fuera de las instalaciones carcelarias.Las autoridades locales argumentaron que el incremento de delitos graves, como violaciones y robos organizados, justificó su decisión de estrechar lazos con el ICE. Long Island, donde se encuentra Nassau, es uno de los principales focos de actividad de pandillas transnacionales como MS-13.Deportaciones: crecen las tensiones con la gobernadora HochulLas políticas de Rensselaer y Nassau contradicen la postura del gobierno estatal, que limita la cooperación con el ICE. Es que Hochul y la fiscalía del estado insisten en mantener las leyes de santuario y evitar la deportación de personas indocumentadas sin cargos penales graves. Sin embargo, las administraciones locales de estos condados sostienen que sus acciones responden a una crisis de seguridad pública.El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, justificó su decisión con el aumento de crímenes violentos perpetrados por inmigrantes en situación irregular. "Si saben que no hay consecuencias, lo seguirán haciendo una y otra vez", afirmó según The New York Post.Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su preocupación por el aumento de delitos cometidos por migrantes, aunque hasta ahora no tomó medidas para revocar las políticas de "ciudad santuario".¿Crece el respaldo a las deportaciones en Nueva York?El debate sobre la colaboración con el ICE es un tema que polariza a la población, según una encuesta reciente citada por The New York Times. El 72% de los votantes de la ciudad apoya la deportación de inmigrantes con antecedentes penales. Esta cifra refleja un cambio en la percepción pública y un posible desafío político para los líderes que se oponen a endurecer las políticas migratorias.Sin embargo, Hochul intentó restarle importancia a la campaña de deportación republicana: "El ICE trabaja en el estado de Nueva York hace muchos años. Ya sea que se trate de alguien que ya cumplió condena en una prisión y fue deportado a su país o alguien condenado por un delito aquí, si tiene una orden de arresto, existe la cooperación de los funcionarios estatales y locales, eso no es nada nuevo".Por otro lado, la administración federal dejó en claro que Nueva York no podrá evitar las deportaciones bajo el mandato de Trump. La negativa del estado a cooperar con el ICE podría derivar en mayor presión desde Washington y recortes de fondos federales si las políticas de santuario continúan obtaculizando los arrestos de migrantes con historial delictivo.

La rebelión de Ron DeSantis ante Trump: apuesta a su esposa Casey para gobernar Florida, contra la opinión del presidente

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tomó una clara distancia de Donald Trump y respaldó a su esposa, Casey DeSantis, como su posible sucesora. El presidente impulsa como candidato para la gobernación al congresista Byron Donalds, a quien el mandatario estatal criticó por su poca participación en la vida política floridense, al tiempo en que destacó la trayectoria de la primera dama como la mejor opción para continuar su legado en el estado. Casey DeSantis, la aliada clave de su esposo en la políticaLa primera dama de Florida, Casey DeSantis, consolidó su rol como una figura política influyente y la principal consejera de su esposo. Experiodista y experta en comunicación, no solo fortaleció la imagen del gobernador, sino que también se convirtió en una de las voces más representativas del conservadurismo en Florida. Ron DeSantis dejó entrever el posible futuro político de Casey sin mencionarla directamente como candidata en 2026. En un evento reciente, al hablar sobre la importancia de la continuidad republicana en Florida, elogió a su esposa de manera enfática. "Si ella se presenta, lo haría mejor que yo", aseguró.Según reconstruyó The New York Times, DeSantis dijo a periodistas en la ciudad de Tampa sobre Casey: "Ella nunca ha buscado nada. Pero les diré esto: están hablando de alguien como ella. Gané por el margen más amplio que cualquier republicano haya ganado en una carrera por la gobernación aquí en Florida. Ella lo haría mejor que yo".Además, recordó una anécdota con Rush Limbaugh, influyente figura del conservadurismo estadounidense, quien en una cena en el condado de Palm Beach le dijo: "La única persona que preferiría como gobernadora es ella". Según consigna Florida Phoenix, DeSantis destacó que su esposa tiene la determinación y el compromiso con los principios conservadores necesarios para continuar con su legado en Florida.La primera dama, favorita en las encuestasLas mediciones más recientes reflejan el impacto de Casey DeSantis en el electorado. Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida la ubicó como la figura con mejor imagen entre los posibles candidatos a la gobernación en 2026, con un 30% de aprobación general y un 57% entre los votantes republicanos. Su popularidad supera a la de figuras como el congresista Byron Donalds y el senador Matt Gaetz. DeSantis desafía a Trump: sus críticas a Byron Donalds La semana pasada, el presidente Trump respaldó al congresista Byron Donalds como candidato a gobernador de Florida para 2026. Lo describió como un "ganador total" y un líder capaz de impulsar la agenda "America First". "Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grandioso y poderoso para Florida", afirmó Trump. Asimismo, enfatizó que, si el legislador decide postularse, contará con su "apoyo completo y total".En respuesta, el gobernador Ron DeSantis cuestionó el apoyo de Trump a Byron Donalds y afirmó que no ha sido parte de las victorias políticas más importantes de Florida."Creo que la gente lo ve y dice: 'Tenemos a un tipo como Byron. Simplemente, no ha sido parte de ninguna de las victorias que hemos tenido aquí sobre la izquierda en estos últimos años. No ha estado involucrado. Ha estado en otros estados haciendo campaña y eso está bien, pero entonces que entregue resultados allí. Eso es lo que quiero ver. Quiero verlos entregando resultados para la gente de Florida. Aquí entregamos resultados todo el tiempo, y eso es lo que debemos seguir haciendo'", declaró DeSantis, según Florida Phoenix.

La rebelión del Rupununi, la olvidada insurrección separatista que Venezuela apoyó en Guyana y con la que buscó zanjar la centenaria disputa por el Esequibo

Rupununi. Hoy, para la mayoría de los venezolanos, esta palabra indígena no significa nada.Sin embargo, hace 56 años, el nombre de la inhóspita zona al suroeste de Guyana y dentro del disputado Esequibo -un territorio de 159.542 km² que Venezuela reclama desde el siglo XIX- acaparó titulares en la prensa mundial.El área dominada por sabanas fue escenario de una operación que parece sacada de un libro de James Bond y con la que Caracas esperaba zanjar definitivamente la controversia territorial con su vecino del este.En enero de 1969, un grupo de hacendados e indígenas se alzaron en armas contra el gobierno de la recién independizada República de Guyana, tomaron la principal localidad y arrestaron a buena parte de sus residentes y autoridades.Acto seguido declararon la secesión del área, y esperaban que Venezuela enviara tropas para ocuparla militarmente. A estos hechos, medios internacionales los bautizaron como "la rebelión del Rupununi"."La rebelión del Rupununi en Guyana deja tensión y refugiados", tituló la agencia Reuters días después.Y aunque las autoridades venezolanas negaron cualquier implicación en los sucesos, en los cuales más de una veintena de personas fallecieron según reportes de la época, en los últimos años ha surgido evidencia que confirma su participación.El "Estado Libre del Esequibo"Alrededor de las 11 de la mañana del 2 de enero, decenas de ganaderos e indígenas, la mayoría peones de los primeros, atacaron Lethem, el pequeño poblado que era el centro de la administración guyanesa en Rupununi."El objetivo principal era la comisaría, que estaba integrada por 12 miembros de la Fuerza de Policía de Guyana y varios empleados civiles y que tenía comunicación por radio con Georgetown (la capital de Guyana)", denunció Linden Forbes Burnham, entonces primer ministro del país suramericano, en un discurso radial que dio dos días después de los sucesos.Los alzados arrestaron a buena parte de los vecinos, incluido a su máxima autoridad: Motilall Persaud, quien era el comisario del distrito.Asimismo, bloquearon la pista de aterrizaje de la localidad y otras cuatro cercanas atravesando camiones y colocando otros obstáculos.Sin embargo, los insurrectos pronto perdieron el factor sorpresa y la noticia de su ofensiva llegó ese mismo mediodía a oídos de las autoridades nacionales.Y todo gracias a un piloto de un avión que debía aterrizar en Lethem, quien captó una de las pocas transmisiones de radio durante el ataque y avisó lo que ocurría, según lo cuenta el expresidente de Guyana, el general (r) David Granger, en su libro The Rupununi Rebellion (La rebelión del Rupununi).El mismo día 2 el gobierno guyanés comenzó a preparar su contraataque y envió por vía aérea a decenas de policías y militares apertrechados a una localidad vecina al poblado ocupado.Al día siguiente, las fuerzas gubernamentales lanzaron su ofensiva y retomaron Lethem, forzando a los alzados a replegarse y huir hacia Brasil y Venezuela, relató Granger.Entre quienes cruzaron hacia territorio venezolano estaba Valerie Hart, quien en 1968 había intentado sin éxito ser elegida diputada en las elecciones guyanesas y se había declarado "presidenta del Estado Libre del Esequibo".Desde el otro lado de la frontera, la líder rebelde pidió a Caracas que interviniera militarmente para evitar una masacre en contra de los alzados, a los que calificó como ciudadanos venezolanos."Nosotros, los habitantes del Rupununi de la Guayana Esequiba (somos) en consecuencia venezolanos por nacimiento, según la Constitución venezolana", declaró a la agencia AFP.Aunque en un principio el gobierno guyanés evitó apuntar a Venezuela, en cuestión de horas dio un giro.De poco valió que el gobierno venezolano, entonces encabezado por el socialdemócrata Raúl Leoni (1905-1972), rechazara públicamente atender las peticiones de los alzados de emprender alguna acción militar en el territorio en disputa.La decisión de Caracas de dar asilo a Hart y a otros sublevados fue aprovechada por Georgetown para acusar a su vecino de cometer "actos de agresión e intimidación".Una pieza de un plan mayorDécadas después del fallido movimiento secesionista, el historiador venezolano Guillermo Guzmán Mirabal encontró pruebas que confirman las sospechas sobre la implicación venezolana en los sucesos."La rebelión del Rupununi fue simplemente un aditamento de una serie de planes complejos puestos en marcha a principios de la década de 1960 por los gobiernos venezolanos para zanjar el tema del Esequibo, los cuales no solo incluían la vía diplomática", aseguró a BBC Mundo el miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB) y autor del libro Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi: tres años del proceso de recuperación de la Guayana Esequiba (1966-1969).Para el libro, el historiador consultó los archivos privados de uno de los cerebros de esos planes: Ignacio Iribarren Borges.Iribarren Borges (1913-1988) fue embajador venezolano en Londres entre 1959 y 1964 y luego canciller entre 1964 y 1969.Y entre los documentos del exfuncionario a los que Guzmán tuvo acceso está el "Plan de levantamiento de la población de la Guayana Esequiba"."El plan de la rebelión buscaba convencer a la población ameroindia (aborigen) y a los rancheros -de ascendencia europea- que habitaban en Rupununi para que se sublevaran y dijeran que no querían ser guyaneses, sino venezolanos. Y como Venezuela considera a ese territorio como propio, entonces lo ocuparía militarmente y con ello ejercería presión sobre Guyana para resolver la disputa definitivamente", explicó el investigador."Venezuela no ocuparía todo el Esequibo, sino el Rupununi, que está dentro de la llamada zona en reclamación", precisó Guzmán.El historiador aseguró que el gobierno de Leoni puso en marcha una operación dentro del territorio en disputa."Venezuela envió equipos que se metieron en la zona y que contactaron a miembros de las comunidades indígenas y a los rancheros, quienes estaban descontentos con el gobierno de Guyana; y los financió y entrenó", agregó.Esta versión es corroborada por el expresidente Granger, quien en su libro aseguró que el 24 de diciembre de 1968 varios hacendados complotados y algunos de sus empleados "fueron trasladados en avión a Venezuela, donde fueron alojados en un campamento militar durante siete días para recibir entrenamiento en el uso de armas"."El grupo fue trasladado (de vuelta a Guyana) el 1 de enero de 1969 y esa misma mañana partió hacia sus objetivos", agregó.Aprovechando el momentoGuzmán aseguró que Venezuela aprovechó el malestar que las políticas de las primeras autoridades de la Guyana soberana provocaron en la escasa población del Rupununi."Guyana se acababa de independizar de Reino Unido y era gobernada por un partido mayoritariamente negro que tenía una política no tan amigable hacia los blancos, quienes eran los hacendados del Rupununi; y también hacia las etnias indígenas de la zona", explicó."Estos grupos descontentos con Guyana veían con buenos ojos incorporarse a Venezuela que, en aquel momento era un país rico y con un futuro prometedor, mientras que Guyana no tenía nada", agregó el historiador.Una tesis similar expone Granger en su libro."(Los ganaderos) tomaron la decisión de rebelarse después de que el gobierno (de Burnham) rechazara su solicitud de otorgar un arrendamiento por 25 años a las tierras que estaban ocupando", escribió."(Los ganaderos e indígenas) temían que se trajeran agricultores de Jamaica y Barbados, obligando así a los colonos blancos y a los amerindios a irse", prosiguió."Los ganaderos deben haber sentido que su estilo de vida, sus haciendas y sus pretensiones habrían sido toleradas bajo el gobierno venezolano", remató Granger, quien sin embargo duda que los indígenas respaldaran en realidad el movimiento secesionista.Las causas del fracaso¿Por qué la operación no dio resultado esperado? "Por muchas cosas", respondió Guzmán."La primera razón es que Acción Democrática (el partido que gobernaba en Venezuela desde 1959) perdió las elecciones presidenciales de 1968 y el plan necesitaba que hubiera una continuidad en el gobierno venezolano", agregó."El gobierno saliente tuvo que informarle al presidente electo, el socialcristiano Rafael Caldera, de la inminente rebelión y del subsiguiente envío de tropas venezolanas al Rupununi. Caldera, según los documentos que pude ver, no quiso saber del asunto. No quería iniciar su gobierno con un problema de tal magnitud", explicó el historiador.En 2005, el fallecido periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, en un artículo en el diario prochavista Últimas Noticias, reveló que "tropas militares y la fuerza policial (venezolanas) (...) estaban listas (en la frontera) para respaldar al movimiento separatista amerindio en el Esequibo", pero "las tropas de asalto y los paracaidistas quedaron esperando" unas órdenes que nunca llegaron.Y como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de Estados Unidos se enteró del plan y expresó su oposición."El embajador norteamericano (Maurice Bernbaum) llamó al canciller Iribarren y le dijo: 'Sabemos lo que quieren hacer y eso no lo vamos a aceptar'", apuntó Guzmán.El historiador cree que la oposición de Washington respondió a su temor a que Guyana se acercara más a la Cuba castrista, cosa que terminó ocurriendo.Con estos dos elementos, las autoridades venezolanas avisaron a los líderes amerindios y a los hacendados de la cancelación del plan y de que no les darían apoyo militar, aseguró Guzmán."Sin embargo, los ganaderos decidieron continuar por su cuenta y fueron duramente reprimidos (â?¦) el ejército guyanés hasta usó lanzallamas, según algunos testimonios", indicó."Lo que terminó ocurriendo fue una fracción de lo que estaba planeado. Al final solo unas 50 personas en realidad se alzaron en armas", agregó el historiador.Por su parte, el expresidente Granger ofreció otras explicaciones en su libro:"La rebelión parecía destinada al fracaso (porque) el pequeño grupo de combatientes solo recibió una semana de entrenamiento militar (â?¦) hizo poco uso de los aviones ligeros de los que disponían y sus comunicaciones y coordinación eran débiles", enumeró.Para la segunda semana de enero de 1969, los restos de la rebelión fueron sofocados y varios cientos de personas fueron arrestadas, aunque solo una veintena fueron procesadas judicialmente.Una oportunidad perdidaAlgunos historiadores han llegado a comparar los sucesos del Rupununi con lo ocurrido en Bahía de Cochinos (Cuba) en 1961. Sin embargo, Guzmán cree que hay grandes diferencias."Bahía de Cochinos estuvo enmarcada en la Guerra Fría y EE.UU. lo que buscaba con esa operación era derrocar al régimen de (Fidel) Castro, pero en Rupununi el tema ideológico no estaba presente, la cuestión era territorial", dijo.Asimismo, el historiador aportó otro elemento:"Venezuela fue enfática con los involucrados en la rebelión y les advirtió que no los apoyaría militarmente, pero ellos, a pesar de esto, decidieron continuar solos con los terribles resultados conocidos. Por su parte, en Bahía de Cochinos, EE.UU. cambió de planes y no brindó el prometido apoyo aéreo a los cubanos que participaron en esa invasión".A la mayoría de los alzados que se refugiaron en Venezuela, el gobierno de Leoni les otorgó la ciudadanía y tierras en tres zonas al sur del país, cerca del Esequibo, zona que sigue en disputa hasta el día de hoy.Por Juan Francisco Alonso

La Cámara Comercial se sumó a la rebelión contra la Corte Suprema y no enviará sus causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial se sumó a la rebelión judicial contra la Corte Suprema. De manera unánime, los camaristas decidieron que no enviará en apelación sus fallos al Tribunal Superior de la Ciudad porque entienden que no pueden jueces locales revisar lo decidido por jueces nacionales y porque hay riesgo de "injusticia y parcialidad"."No existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales", dijeron los camaristas de manera unánime. La Cámara Comercial es presidida por la jueza Alejandra Tevez.Los magistrados dijeron que "a aplicación de las leyes que representen el interés de toda la Nación no podría encomendarse, sin grandes peligros de injusticia y de parcialidad, a tribunales o juzgados sin responsabilidad ante el gobierno nacional".La reacción de la Cámara Comercial le siguió a la de la Cámara Laboral, la Cámara Civil y la Cámara del Crimen contra el fallo de la Corte en el caso Levinas.En la causa Levinas, el máximo tribunal de la Nación ordenó que las decisiones de las cámaras nacionales sean revisadas por la justicia porteña, lo que fue rechazado por los jueces nacionales porque, además, entienden que es un avance en el traspaso de su competencia a la justicia de la Ciudad.La Corte, no obstante, ratificó esta semana esta postura y advirtió que no va a dar marcha atrás. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya empezó a resolver los casos de la justicia nacional que le envió la Corte en revisión.Los jueces comerciales recordaron en su acuerdo de este jueves que "los jueces nacionales con asiento en la capital de la República siguen siendo tales [nacionales] y equiparables a todos los efectos a los jueces federales".Los jueces votaron unánimemente por dar una respuesta negativa a la pregunta de si pueden recurrirse las sentencias de los jueces nacionales en lo comercial por ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.Expresaron que, más allá de lo decidido por la Corte en el fallo Levinas, tienen derecho a disentir con su doctrina. Explicaron que hay diferencias en el acatamiento a los fallos de la Corte por parte de los tribunales inferiores: que la Cámara Comercial siempre ha acatado y seguirá acatando las decisiones de la Corte dentro de la causa en la que falló el máximo tribunal, pero que puede aplicar sus propios criterios en otros expedientes.La Corte dijo, no obstante, que hay un "deber moral" de seguir sus precedentes. Pero mencionó la Cámara que la Corte tiene posiciones diferentes acerca de si se debe seguirla o no."Aun desde la perspectiva del deber 'moral' que tienen los jueces inferiores, ello no quita a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas, cuando a su juicio no sean conformes a los preceptos claros del derecho", dijo la Cámara.Los magistrados argumentaron que no pueden enviar sus causas a la Ciudad porque no ocurre lo mismo que con las provincias y sus cortes locales. "La Constitución Nacional confiere a dicha ciudad [Buenos Aires] una condición jurídica diferente a la de cualquier provincia", señalaron."Someter las decisiones de la justicia nacional al control de un tribunal instituido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un evidente error, cuya competencia material no coincide con la legalmente asignada a las cámaras nacionales de apelaciones", dijeron los camaritas.Y argumentaron que "colocar por encima de las cámaras nacionales al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es más que un evidente forzamiento de lo establecido" en el precedente del tribunal.

'El último morisco': Paralelismo entre la Primavera Árabe y la Rebelión de las Alpujarras

La novela de Sobhy Musa explora la interconexión entre El Cairo y la historia morisca de España, revelando las luchas de dos personajes en contextos históricos paralelos y significativos

La Corte le puso límite a la rebelión de los jueces y ratifica su fallo que le da más poder a la justicia porteña

La Corte Suprema de Justicia le puso un límite a la rebelión de los jueces nacionales que cuestionan su fallo que los obliga enviar sus sentencias para revisión a la justicia porteña.Por un lado, rechazó una medida cautelar que frenaba las apelaciones de las causas de los tribunales nacionales a la justicia porteña. Por el otro, y por unaninimidad, rechazó los pedidos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de la Defensoría General de la Nación para que se revoque el fallo Levinas, que le dio más poder a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires como tribunal de revisión de esas causas civiles, comerciales, penales y laborales.La Corte Suprema rechazó los planteos por "inadmisibles". El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y de Carlos Rosenkrantz, que votó en disidencia en Levinas. Rosenkrantz llego a la misma conclusión que sus colegas, pero advirtió que ello no modifica su criterio acerca de que no sucpetibles de ser recurridos en la justicia porteña los fallos de la justicia nacional.En el fallo Levinas, la Corte Suprema ratificó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el órgano revisor en las causas que tramiten en los tribunales nacionales.Ni la asociación que reúne a los jueces ni el Ministerio Público de la Defensa eran parte del expediente civil en donde se debatía la demanda de los herederos del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas por uan rendición de cuentas relacionada con la venta de obras de arte. Esa causa terminó por dar a luz el fallo que otorgó más poder al tribunal porteño. No obstante, ambos se presentaron en el expediente ante la Corte Suprema con un recurso para revertir el criterio del máximo tribual establecido el 27 de diciembre, antes de las vacaciones de verano."Tal petición resulta inadmisible. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que no están habilitados para los recursos quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado por la decisión atacada", dijeron los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti."A ello -agregó la resolución de la Corte-, se suma que el planteo resulta de todos modos improcedente pues, como lo tiene repetidamente decidido esta Corte, sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria" y tampoco por el recurso "de nulidad, salvo situaciones excepcionales que no concurren en la especie".El juez Carlos Rosenkrantz acompañó la decisión. "Comparto los fundamentos del voto que antecede para rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de mi disidencia en dicha sentencia", afirmó.Asimismo, la Corte dejó este martes sin efecto una medida cautelar que frenaba la aplicación de un artículo de la ley porteña en el que se establecía el camino de apelación hacia el Tribunal Superior de Justicia porteño para la justicia nacional.La decisión fue tomada por unanimidad de los tres jueces. Esa causa era impulsaba por la Asociación de Magistrados.Para el máximo tribunal, la cautelar â??que suspendía la aplicación de la ley local impugnadaâ?? "ha sido decretada en el marco de un proceso colectivo, con efecto 'erga omnes', enervando así el poder de policía del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afectando de manera directa el de la comunidad". Según la Corte Suprema, hoy no existen suficientes fundamentos para sostener esa medida.En octubre de 2021, la Legislatura porteña modificó la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires y habilitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a entender en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y otras entidades como Asociación Civil Gente de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación acudieron a la Justicia para pedir la suspensión y la inconstitucionalidad de ese artículo.Les dieron la razón en primera instancia y en Cámara, pero la Corte revocó ahora ese fallo.Las respuestas de la Corte llegan en momentos en que tres cámaras que integran el fuero nacional -la Cámara en lo Civil, la Cámara del Trabajo y la Cámara del Crimen- decidieron pronunciarse en contra del fallo de la Corte Suprema y desconocer al Superior Tribunal de Justicia porteña como un órgano revisor de sus sentencias.La decisión del tribunal implicó que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad debe decidir ahora en la causa de la quiebra del Correo Argentino, que interesa a Mauricio Macri, y en la absolución de la condena al policía Luis Chocobar, que mató a un ladrón en La Boca.

Rebelión en Texas: la contundente respuesta de Greg Abbott sobre las "escuelas para todos"

El gobernador de Texas, Greg Abbott, generó controversia tras publicar un mensaje en redes sociales sobre el acceso a las escuelas públicas en el estado. El republicano aclaró que, aunque todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita, las instituciones no están obligadas a aceptar a todos los estudiantes, especialmente si provienen de otros distritos.Los dichos de Greg Abbott sobre la admisión en las escuelas públicas de Texas"Los liberales de todo Texas afirman que las escuelas públicas deben aceptar a todos los estudiantes. Pero al igual que las escuelas privadas, las escuelas públicas no tienen que hacer eso. Los demócratas deben dejar de mentir a sus electores", escribió Abbott en su cuenta de X (antes Twitter).En su publicación, el gobernador de Texas adjuntó una imagen que diferenciaba entre un "mito" y una "realidad", en la cual se lee:Mito: las escuelas públicas deben aceptar a todos los estudiantes.Realidad: las escuelas públicas deben aceptar a todos los estudiantes que vivan en su distrito, pero pueden limitar la cantidad de estudiantes transferidos y cobrar tarifas adicionales por la transferencia, mientras reciben fondos estatales.Esta declaración generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron al gobernador por lo que consideraron una distorsión de la realidad. "Tus datos distorsionan la narrativa a tu gusto. Los estudiantes se ven obligados a tratar de asistir a otros distritos escolares públicos porque el gobierno de Texas no puede financiar completamente nuestras escuelas públicas", respondió un usuario.El derecho a la educación pública en Texas: qué dice la leySegún la Agencia de Educación de Texas, todos los niños en el estado tienen derecho a una educación pública gratuita. Los estudiantes pueden asistir a la escuela en el distrito donde residen o inscribirse en otras opciones, como escuelas charter.La asistencia escolar es obligatoria para los estudiantes a partir de los seis años hasta los 19, con algunas excepciones establecidas en el Código de Educación de Texas. Los distritos deben cumplir con requisitos de documentación de residencia y vacunación para la inscripción de nuevos estudiantes.Sin embargo, la ley estatal establece que las escuelas públicas no están obligadas a aceptar a estudiantes que no vivan dentro de los límites de su distrito, a menos que se cumplan ciertas condiciones. Esto llevó a situaciones en las que familias buscan transferir a sus hijos a distritos con mejores recursos, lo que a menudo resulta en tarifas adicionales y limitaciones en la cantidad de estudiantes transferidos.Uno de los puntos centrales del debate es el financiamiento de las escuelas públicas en Texas. Muchos críticos argumentan que la falta de fondos adecuados es la razón de la desigualdad en la calidad de la educación entre distritos, lo que obliga a algunas familias a buscar opciones fuera de su zona de residencia.¿Qué opinan los demócratas sobre los dichos de Greg Abbott acerca de la admisión a las escuelas públicas?Gina Hinojosa, presidenta del Comité de Campaña Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, respondió a Abbott con un mensaje donde le pidió mejoras en el salario de los docentes."Algunas cosas: la deserción estudiantil de Meyer Elem (2022-23) fue del 58,9%. En 2022, el salario promedio para docentes fue de US$63.500; y en 2024, de US$71.700. Dejen de seleccionar datos y paguen a los docentes", escribió Hinojosa.Abbott no dudó de contestarle a la demócrata y mencionó los logros de las escuelas públicas al destacar el aumento salarial para los maestros en algunos distritos. "Se incrementaron los salarios de los docentes mediante la reducción de los costos administrativos", aseguró y agregó que la puntuación de la escuela pasó de D a A-. "El 72% de esos estudiantes están catalogados como alumnos socioeconómicamente desfavorecidos. No subestimemos sus logros", enfatizó.

Rebelión en Dallas: la policía se niega a colaborar con las redadas del ICE y Greg Abbott envía un contundente mensaje

El Departamento de Policía de Dallas (DPD) anunció que no colaborará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en sus redadas masivas y en la deportación de inmigrantes indocumentados. En esa línea, la fuerza de seguridad local organizó varias reuniones con la comunidad con el objetivo de calmar el temor entre los residentes sin estatus legal.La Policía de Dallas no colaborará con las redadas del ICESegún consignó Fox News, el jefe interino del DPD, Michael Igo, aseguró en una reunión con vecinos en una iglesia local que, aunque Dallas no tiene políticas "santuario", los oficiales a su cargo no participarán en arrestos relacionados con la aplicación de leyes migratorias federales impulsadas por la actual gestión de Donald Trump."El Departamento de Policía de Dallas no está ayudando a ninguna agencia federal a detener a personas documentadas o indocumentadas en la ciudad de Dallas", afirmó el funcionario policial. También, enfatizó que las iglesias, escuelas y hospitales seguirán siendo espacios seguros sin intervención de agentes de inmigración.Texas: la comunidad inmigrante de Dallas teme por las deportaciones masivasLos inmigrantes en Dallas expresaron su preocupación por el incremento en redadas y deportaciones bajo la nueva administración. La pastora Sarita Rico, con décadas de experiencia en su congregación pentecostal, indicó que nunca había visto tanto miedo entre los fieles. "Solo quieren trabajar. No quieren pensar en ser deportados ni nada parecido", explicó a CBS News.Algunos feligreses dejaron de asistir a los servicios religiosos, mientras que otros temen enviar a sus hijos a la escuela. Ante este panorama, la policía insistió en la importancia de que los inmigrantes sigan acudiendo a las autoridades en caso de emergencia. "Necesito que sigan llamando a la policía, que no tengan miedo de salir de sus casas para ir a trabajar, que envíen a sus hijos a la escuela", instó Igo.La respuesta del gobernador Greg Abbott a la decisión de la policía de DallasLa decisión del DPD generó una rápida reacción del mandatario estatal de Texas, Greg Abbott, quien se pronunció en contra de la postura de la fuerza local. "El gobernador apoya plenamente el uso de todas las herramientas y estrategias para ayudar a la administración de Trump en la deportación de inmigrantes ilegales, y los funcionarios de las ciudades y los condados de todo el estado deberían cooperar plenamente en esos esfuerzos", declaró Andrew Mahaleris, secretario de prensa del republicano, según consignó Newsweek.Abbott ordenó que todas las agencias estatales coordinen esfuerzos con el gobierno federal en materia de seguridad fronteriza. Como parte de esta estrategia, se desplegaron equipos tácticos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) para apoyar las operaciones en Dallas y otras ciudades del Estado de la Estrella Solitaria.La postura de la policía de Dallas también atrajo la atención del representante texano Keith Self, quien advirtió que desobedecer la ley federal podría traer consecuencias legales para los funcionarios locales. "Realmente advierto a la gente a nivel estatal y local: no desobedezcan la ley federal o (la fiscal general de Estados Unidos) Pam Bondi los perseguirá", amenazó.Entretanto, Igo defendió la decisión del DPD en redes sociales, donde reafirmó el compromiso del departamento con la seguridad de todos los residentes de la ciudad, independientemente de su estatus migratorio. "No hay lugar para el miedo en nuestra comunidad", publicó en su cuenta de X (antes Twitter).Según el medio local WBAP, las reuniones comunitarias impulsadas por el DPD continuarán en los próximos días, con el objetivo de reforzar la confianza de los inmigrantes en la policía local. Hasta el próximo jueves 20 de febrero está previsto un total de al menos cinco encuentros.

Alertan por "la rebelión" y el "alzamiento" de las Cámaras Nacionales contra la Corte Suprema

Especialistas advierten que los camaristas están cometiendo un hecho grave e inédito, al negarse a aplicar la decisión de la Corte de traspasar causas al Tribunal Superior de Justicia porteño.Reclaman que se busquen los caminos y "consensos necesarios" para que "se disipe esta situación de incertidumbre".

Rebelión en Florida: Ron DeSantis pierde el poder de expulsar inmigrantes ilegales del estado

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, conocido por su firme postura sobre la inmigración, acaba de perder control sobre un proyecto clave para su agenda política. Se trata del Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados (UATP, por sus siglas en inglés), que le permitía llevar inmigrantes ilegales a otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esta medida forma parte de un acuerdo que pone fin a un periodo de tensiones dentro de la Legislatura de Florida.Revés para Ron DeSantis con el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados (UATP)Desde que asumió el cargo de gobernador, DeSantis lleva adelante una agenda marcada por el endurecimiento de políticas migratorias. Entre ellas, se destaca el controversial traslado de inmigrantes desde Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts, en 2022.Sin embargo, su reciente propuesta de expansión del Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados (UATP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de enviar inmigrantes al campo de detención de la Bahía de Guantánamo en Cuba, no encontró eco en los republicanos del estado, quienes presentaron su propio proyecto de ley para abordar la inmigración.Este nuevo paquete legislativo, centrado en endurecer las medidas contra la inmigración ilegal según lo estableció el presidente Donald Trump, no solo dejó fuera el control de DeSantis sobre el transporte de inmigrantes, sino que también lo relegó a un papel más secundario en la aplicación de políticas migratorias.Ron DeSantis pierde poder para expulsar extranjeros con estatus irregular de FloridaEn un comunicado conjunto, los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de Florida, Daniel Pérez y Ben Albritton respectivamente, explicaron que esta medida reemplaza el UATP con un programa en el que el traslado de extranjeros se realizará exclusivamente bajo la supervisión del gobierno federal, específicamente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Con este cambio, se desvanece el control unilateral que DeSantis ejerció sobre el transporte de migrantes, lo que representó una de las maniobras más mediáticas y polémicas de su gobierno.El programa, que permitía enviar inmigrantes indocumentados a destinos de tendencia liberal como Martha's Vineyard, era un punto central de sus estrategias para posicionarse como un líder en la lucha contra la inmigración ilegal. Al no ser incluido en la nueva legislación, los analistas políticos consideran que DeSantis pierde una herramienta clave que usaba para promover su figura dentro del Partido Republicano y ante sus seguidores más conservadores. Según informó NewsWeek, las negociaciones no solo descartaron en gran medida el UATP, sino que también establecieron su cese definitivo en junio de 2027.El futuro de las políticas migratorias de FloridaAunque el gobernador mantiene un papel importante en la toma de decisiones migratorias dentro de Florida, su influencia se ve reducida por la creación de una nueva junta estatal, que integra junto al comisionado de Agricultura Wilton Simpson y otros funcionarios clave del gobierno.Sin embargo, todas las decisiones deberán ser aprobadas por unanimidad, según consigna NBC, lo que otorga a los otros miembros de la junta un poder considerable en comparación con el control absoluto que el gobernador republicano había disfrutado previamente.En el plano federal, la legislación también establece que cualquier acción relacionada con el transporte de inmigrantes debe ser solicitada y supervisada directamente por ICE, mientras que el estado debe reembolsar los costos a los contribuyentes. Este enfoque sugiere que el control estatal sobre la inmigración, que DeSantis había promovido activamente, pierde terreno frente a una mayor centralización bajo la administración federal.

Rebelión y crisis en la Justicia: las cámaras Laboral y del Crimen se suman a la Civil y desobodecen un fallo de la Corte Suprema

Rechazan reportar como instancia inmediata al Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) en lugar de la propia Corte, que en diciembre les ordenó remitir sus sentencias allí.

Se concretó la rebelión judicial: la Cámara Civil desconoce el fallo de la Corte y no mandará sus causas al Tribunal Superior porteño

Hoy finalmente se concretó la rebelión judicial por el traspaso de atribuciones a la justicia porteña y la Cámara de Apelaciones en lo Civil se alzó contra al Corte Suprema de Justicia. En un durísimo acuerdo plenario, los camaristas civiles por unanimidad resolvieron que no enviarán al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sus decisiones para que la justicia porteña las revise..Así desconocieron lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Levinas que le da mas poder a la justicia porteña para revisar las decisiones de las causas civiles, comerciales, laborales y penales.Los camaristas civiles dijeron que la Corte con su decisión desconoció la Constitución Nacional y decidió mas allá de sus facultades constitucionales reemplazando al Congreso.Noticia en desarrollo

La "rebelión" de los productores contra la Mesa de Enlace de Córdoba

Los ánimos en el campo cordobés vienen caldeados, particularmente con el accionar de la Mesa de Enlace, a quienes acusan de "negociar todo con el gobierno". El 18, asamblea en Río Cuarto, con invitación a Llaryora incluida. Leer más

La rebelión interna y los pasos en falso de Petro amenazan el tramo final de su mandato

Las quejas del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la gestión de sus ministros, y un gabinete que expuso su fractura en una insólita reunión por cadena nacional esta semana, aumentaron las dudas sobre el último año de gestión de un presidente que se ve desafiado en las principales promesas con las que el primer mandatario de izquierda de ese país sudamericano llegó al poder en 2022.Petro comienza el último tercio de su mandato con una reconfiguración de su gabinete, acelerada por la renuncia de valgunos ministros, y con la necesidad de mostrar resultados frente a una crisis humanitaria y de seguridad provocada por la escalada de violencia entre guerrillas en la región del Catatumbo y causó más de 50.000 personas desplazadas y unas 56 muertes confirmadas, según información oficial."La gobernabilidad, el margen de maniobra, la capacidad de gobierno y la idea de que Petro es una persona que puede manejar el país quedan muy golpeadas", dice a LA NACION José Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, sobre el último traspié de Petro, seguido en directo por unos tres millones de colombianos por televisión y redes sociales.Para el docente colombiano, la ejecución de programas de gobierno como los enfocados en llevar paz a las regiones y algunas reformas sociales que todavía tienen chance en el Congreso pueden verse comprometidas por la necesidad del gobierno de defenderse ante los escándalos y la incipiente falta de unidad."Tenemos un gobierno que está a la deriva; que habla mucho y hace muy poco y que, adicionalmente, está fisurado por dentro", suma Andrés Forero, diputado del partido de derecha Centro Democrático.El martes pasado Petro convocó a una reunión de gabinete en la Casa de Nariño para revisar el plan de atención para el Catatumbo -ubicado en el noreste del país, en la frontera con Venezuela- que vive en medio de graves confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una facción de las disidencias de las FARC. Sin embargo, la reunión tomó otro rumbo y el presidente la utilizó para reprender a sus ministros por los bajos índices de ejecución de sus despachos.En la inédita cadena nacional, Petro acusó a los ministros de no estar alineados con los objetivos del plan de gobierno y en cambio, tener intenciones electorales para las votaciones de 2026: "Me da vergüenza y debo decírselo al pueblo. El presidente es revolucionario, pero el gobierno no. Y el gobierno no lo es porque individualmente se tienen agendas paralelas", dijo Petro en una declaración que evidenció sus sospechas y desconfianzas en su propio gabinete.Internas en el gabineteEl tono de Petro y los cruces disgustaron a varios de los ministros. Pero el punto que quizá causó más desencuentro entre los ministros y el mandatario fueron los recientes nombramientos de Armando Benedetti -un operador político que ha trabajado para gobiernos de derecha y moderados y también apoyó la campaña electoral de Petro en 2022- como jefe de despacho presidencial y de Laura Sarabia, mano derecha del presidente, que ahora fue designada como la nueva canciller de Colombia. Los ruidos detrás de Benedetti están relacionados a investigaciones que lo vinculan con corrupción, desvío de contratos y denuncias de violencia de género contra su mujer durante el periodo que residió en Europa como embajador de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), cargo que dejó en noviembre pasado supuestamente para enfocarse en un tratamiento de rehabilitación por adicciones a drogas y alcohol.Sobre Sarabia, las críticas recaen en la inexperiencia para asumir uno de los cargos más importantes del gobierno, además de presuntas malas relaciones personales con otros miembros del gabinete.La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las que alzó la voz en la reunión: "No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", le dijo a Petro.Luego, como era previsible, llegaron las renuncias. El primer funcionario en salir fue Jorge Rojas, director del departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien había asumido dicho cargo hacía apenas una semana, luego de desempeñarse como viceministro de Relaciones Exteriores. Luego, presentó su carta de renuncia "irrevocable" el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien admitió en entrevistas que su salida estuvo relacionada con el nombramiento de Benedetti. "No me gusta un jefe demandado por violencia intrafamiliar", dijo.Este domingo se sumó la de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, una de las más cercanas al mandatario.Ante las críticas a Benedetti y Sarabia, el presidente defendió los nombramientos, y dijo que quienes remarcaban esas diferencias eran "sectarios". Para Camilo González Vides, analista político y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, Petro "prefirió la facción de los operadores políticos, para generar el escenario de gobernabilidad", pero eso le generaría una ruptura con la izquierda de los sectores sociales. Otros funcionarios, aunque no renunciaron, también hicieron pública su disconformidad con las recientes designaciones."Benedetti es muy impopular en la izquierda y en la derecha. Hay que valorar que tiene una experiencia como operador político que le podría servir al gobierno, pero pone al presidente en una situación muy incómoda. El hecho de que se siga aferrando a él podría causar más pérdidas que ganancias para el presidente", considera Vides.#LaSillaEnVivo | "La reunión giró demasiado alrededor de la secta ... el gobierno sigue siendo sancocho", respondió @petrogustavo a reiteradas críticas a Sarabia y Benedetti."No quiero ese sectarismo de que nosotros somos puros y los otros, impuros ... hay que dejar fluir". pic.twitter.com/63I8EtNb03— La Silla Vacía (@lasillavacia) February 5, 2025"El presidente sabe que se le está acabando el tiempo, reconoce que no tiene resultados para mostrar. El consejo de ministros retrató claramente la incapacidad operativa que tiene el gobierno", añade Andrés Forero sobre el episodio televisado.La mira en las eleccionesEs evidente que al presidente le preocupa que su equipo se desconcentre de su plan de gobierno por emprender campañas políticas a un año y medio de las presidenciales de 2026. Muhamad, y el director de Prosperidad Social, el libretista Gustavo Bolívar, son algunos de los coequiperos de Petro que resuenan en encuestas preelectorales como posibles candidatos de la izquierda, aunque hasta el momento nada es oficial.Con los motores precalentados para las próximas votaciones en Colombia, algunas figuras políticas -la mayoría de oposición- ya se adelantaron para anunciar sus intenciones de candidatizarse: Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático; Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana; el exsenador de Cambio Radical David Luna; son algunos de los jugadores en el tablero político.Para el catedrático Vides lo que pasó esta semana en el palacio presidencial "deja a la izquierda muy herida, las ideas de que hay división y sectarismo en la izquierda vuelven a resurgir, lo que hemos visto esto que le colocaron un acta de defunción a la posibilidad de un partido único de la izquierda"."Nuestro llamado es a cumplir, a cerras filas por este programa y los que no están de acuerdo que no nos acompañen": Heidy Sánchez.Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica -que integra la coalición Pacto Histórico, con la que Petro llegó al poder en 2022- admite a LA NACION que la contienda electoral para darle continuidad a los proyectos de Petro y competir con la derecha en la carrera presidencial "no va a estar fácil"."Lo más importante es que el gobierno cumpla ahora con el programa político que apoyamos y le dé las respuestas que necesita la gente. Necesitamos que se muestren resultados, es algo que no solo decimos nosotros, sino el país. Nuestro llamado es a cumplir, a cerras filas por este programa y los que no están de acuerdo que no nos acompañen", señaló Sánchez, una de las mujeres más representativas de las ideas de izquierda en Colombia.La concejala también consideró que "eliminar los ruidos" entorno a la corrupción, los nombramientos cuestionables y las polémicas mediáticas, le permitiría al gobierno de Petro fortalecerse y avanzar con más agilidad hacia sus objetivos, entre ellos, la aprobación en el Congreso de las reformas sociales, como la laboral y la de salud.Según los resultados de la encuesta de la consultora Invamer divulgada a mitad de diciembre pasado, la desaprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en el 60%, mientras que la aprobación estaba en 34 por ciento, los mismos números que publicó esa encuestadora en agosto de 2024. La encuesta, que se hizo con 1400 personas en las cinco principales ciudades del país, también preguntó por 'la paz total', otra de las políticas bandera del Gobierno Nacional: el 64% de los encuestados consideró que esta va por mal camino y el 27 opinó lo contrario.Algunos analistas políticos como el docente Garzón opinan los últimos "tropiezos" -como él denominó la reunión de gabinete, el manejo de la tensión diplomática con Donald Trump y de la crisis humanitaria en Catatumbo, perjudican al petrismo para crecer de cara a las campañas políticas que se vienen. "Hay una base petrista muy fiel, hay un número relevante de votantes que cree en la figura y el proyecto político que representa Petro y es muy difícil que ese grupo de gente lo abandone, serán unas 3.000.000 de personas, pero el impacto probablemente se vea más en las dificultades que tendrá la fuerza política para convencer para sumar votos".Por Lina Cuitiva

La rebelión de los dialoguistas marca el pulso de la confrontación que viene

Los radicales Grich y Saliba dispararon munición pesada contra la administración Llaryora. Inseguridad en Río Cuarto y la queja por "coartar" el uso de la palabra ante el "impuestazo" provincial, las dos claves de la embestida de los "palomas" de la UCR-JxC. Leer más

Rebelión en Florida: la Iglesia Católica no permitirá el ingreso del ICE a menos que se dé esta condición

La Iglesia Católica de Florida tomó una clara postura frente el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, confirmó cuál será el rol de esta institución ante los intentos de detención de migrantes en los templos del Estado del Sol.La posición de la Iglesia frente al plan de deportaciones TrumpEn diálogo con Fresh Take Florida, el ministro religioso indicó que no permitirá el ingreso de agentes de inmigración a sus instalaciones a menos que presenten una orden judicial válida. En este sentido, Wenski ratificó que las iglesias no dejarán de ofrecer apoyo a las comunidades migrantes y que las redadas del ICE no modificarán su misión de brindar asistencia legal y humanitaria. "La Cuarta Enmienda nos protege de registros irrazonables. Las autoridades no pueden entrar a una propiedad privada sin una orden judicial", explicó Wenski. Esta declaración surge en un contexto de operativos migratorios intensificados en distintas regiones de Florida y de todo EE.UU.Trump eliminó los "lugares sensibles" para migrantes: se permiten redadas en iglesias, escuelas y hospitalesLas declaraciones del arzobispo de Miami se produjeron luego de que el gobierno de Trump eliminara los "lugares sensibles" para migrantes. El pasado 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directrices que modificaron sustancialmente las normas para las operaciones del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).La decisión fue anunciada por el secretario interino del DHS, Benjamine Huffman, en un comunicado de prensa. Allí, el funcionario anuló las órdenes que impedían que los agentes realizaran arrestos en espacios como escuelas, lugares de culto, refugios y hospitales sin una aprobación previa o en circunstancias excepcionales.Los migrantes recibirán asistencia en los templos de MiamiEl Arzobispado de Miami resaltó que seguirá la ayuda sobre servicios legales a más de 2000 personas al mes a través de su programa Catholic Charities Legal Services. "Vamos a proteger a nuestra comunidad en la medida de lo posible", señaló Wenski.La Iglesia católica ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Sin embargo y a pesar de que algunos extranjeros han considerado acudir a templos en busca de refugio, Wenski señaló que las iglesias no tienen la infraestructura para ofrecer alojamiento a largo plazo.El impacto de las deportaciones en FloridaDiversos líderes religiosos y activistas han advertido sobre el impacto económico y social de las detenciones y deportaciones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos. "Nuestra economía necesita a los inmigrantes. Son fundamentales para la agricultura, la industria de servicios y muchas otras áreas", mencionó Wenski.El arzobispo también instó al Congreso a encontrar soluciones a largo plazo para el sistema migratorio. "Necesitamos leyes que reflejen las necesidades del país hoy en día", afirmó. Si bien la administración Trump ha promovido medidas más estrictas, la Iglesia católica ha mantenido su postura de apoyo a diferentes derechos como la ciudadanía por nacimiento.

La interna del PJ quedó al desnudo en el Congreso: pases de factura, la rebelión del interior y las objeciones al silencio de Cristina Kirchner por las PASO

El kirchnerismo intenta contener la hemorragia tras la fuga de cuatro diputados que ayudaron al Gobierno en su objetivo de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En Unión por la Patria (UP) se activó el operativo de control de daños: los jefes del bloque bajaron el tono del conflicto, minimizaron la revuelta de los gobernadores del norte y apostaron a la cohesión para evitar un quiebre que podría ser terminal.La tensión quedó expuesta en una cumbre previa a la sesión, donde las diferencias afloraron sin filtros. Se acordó dar "libertad de acción" en la votación en el recinto, pero el malestar se hizo sentir. Legisladores del interior plantearon reproches por el reparto de prioridades dentro del bloque y objetaron abiertamente la ausencia de una definición clara por parte de la conducción nacional del partido.Cristina Kirchner no fue nombrada, pero su silencio lo ocupó todo. "El PJ tendría que haber fijado una postura sobre las PASO", deslizó un diputado ante LA NACION, convencido de que, tratándose de una cuestión electoral, una señal desde la cima era inevitable. "No hacía falta que fuera Cristina, podría haber sido José Mayans -vicepresidente- o el secretario general del partido", agregó otro dirigente sobre la incógnita que sobrevoló toda la discusión.Las espadas legislativas de Cristina Kirchner optaron por el silencio. "Se hicieron los boludos", resumió, sin rodeos, uno de los presentes. Máximo Kirchner ni siquiera apareció por la reunión, mientras que otros referentes de La Cámpora hicieron un último intento por defender las PASO, pero sin ánimo de dar batalla. Expusieron sus argumentos con cautela, conscientes de que no tenían margen para imponer su postura. "Iban a quedar en evidencia", analizó un dirigente.La exvicepresidenta defiende las primarias como un dique de contención: cree que una interna controlada puede neutralizar el desfío del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sin hacer volar por los aires al PJ. La orden velada de la exvicepresidenta fue desoída, incluso, por Gerardo Zamora, uno de sus mejores alumnos y con quien mantiene un vínculo estrecho.El santiagueño es un superviviente nato. La suspensión de las PASO no mueve la aguja en su territorio, donde Zamora ejerce un dominio total del escenario político. Su cálculo es otro: preservar el vínculo con la Casa Rosada. Organizar las elecciones cuesta caro, y él sabe que, si no colabora con la jugada del Gobierno, le pasarán factura y el ajuste será impiadoso.La rebelión de los del interiorLa vieja tensión entre el interior y el AMBA volvió a encenderse. El chaqueño Juan Manuel Pedrini, promotor de un proyecto para suspender las primarias, alzó la voz con fastidio. Dijo estar "podrido" de que los temas de Buenos Aires y la Capital dominen la agenda nacional, mientras los problemas del resto de las provincias quedan relegados a un segundo plano. El mensaje fue directo y sin diplomacia. A fin de año, el santafecino Roberto Mirabella se fue del bloque con un argumento similar.Se sumaron a este reclamo otros referentes del interior. Los santiagueños explicaron su decisión y argumentaron que fueron consecuentes con lo planteado en el pasado: en 2022 impulsaron junto a otros gobernadores un proyecto para derogar las primarias. Nadie los cuestionó.El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, admitió en pleno recinto las dificultades internas que enfrenta su espacio, pero aseguró que seguirán dando la pelea parlamentaria. "Miren, cuando las cosas como bloque no salen tan bien, lo reconozco, me hago cargo", afirmó, en un intento por contener las tensiones que marcaron los últimos días. El legislador santafesino remarcó la necesidad de sostener el diálogo, pese a las diferencias electorales: "No vamos a perder ni un segundo en discutir con nuestros compañeros con los cuales tenemos luchas en común".En el centro del debate ubicó a la ley de presupuesto, y Martínez dejó en claro que su bancada insistirá en que se discuta con seriedad: "Vamos a recurrir a todas las herramientas parlamentarias que tiene esta Cámara".En la antesala de una sesión clave, Martínez admitió que la unidad del bloque volverá a quedar en la cuerda floja. "Me hago cargo cuando no podemos tener una posición unificada, y eso va a suceder hoy", anticipó. Si el Gobierno consigue los votos con la ayuda de los bloques dialoguistas, el sector de UP que respalda las primarias probablemente opte por la abstención. Nadie quiere echar más leña al fuego ni quedar alineado con los libertarios a las puertas de la campaña electoral.Pero si la continuidad de las PASO entra en zona de riesgo, no dudarán en mover sus fichas. La supervivencia, antes que nada.

Unión por la Patria minimiza la nueva rebelión de dos gobernadores peronistas, pese a los lazos de Gerardo Zamora con Cristina Kirchner

Dos gobernadores del PJ volvieron a desoir ayer las directivas de su partido y le dieron aire al Gobierno en su cruzada para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), dos mandatarios provinciales que ya habían dispersado a su tropa en favor de Javier Milei.En la bancada que conduce Germán Martínez eligieron apagar el incendio antes de que se propague: minimizaron la rebelión, bajaron el tono de las diferencias y blindaron a Cristina Kirchner. La exvicepresidenta, que mantiene una relación estrecha con Zamora, sigue convencida de que las primarias deben mantenerse."Gerardo avisó que sus diputados votarían la suspensión o eliminación de las PASO. Nadie se puede enojar con él ni tampoco con los diputados del Frente Renovador que mañana van a votar a favor del proyecto en el recinto", dijo esta tarde a LA NACION una fuente calificada de UP.La insurrección de los mandatarios provinciales se produjo después de que Unión por la Patria (UP) celebrara su primera reunión de bloque, en la que se definió no habilitar la discusión de los proyectos del oficialismo en tanto no se ponga sobre la mesa el debate del presupuesto. Los santiagueños pegaron el faltazo. La única presencia de Catamarca fue la diputada Silvana Ginocchio, esposa de Jalil, que estuvo en la sala, pero callada. Horas más tarde, su firma destrabaría el dictamen del oficialismo.Esa cumbre aconteció sin un pronunciamiento personal de Cristina Kirchner, aunque su voluntad estuvo representada en algunos diputados bonaerenses que defendieron el sostenimiento de las PASO, como Leopoldo Moreau.La discusión bonaerense fue protagonista del encuentro. La exvicepresidenta defiende las PASO como un dique de contención: cree que una interna controlada puede neutralizar el desfío de Axel Kicillof sin hacer volar por los aires al PJ. Su hijo Máximo, en cambio, juega otra ficha. Desde la conducción del peronismo bonaerense, busca cerrarle el paso al gobernador y empujarlo fuera del esquema. Entre la dirigencia peronista flota la hipótesis de un pacto de último momento entre Cristina y Kicillof, pero el líder de La Cámpora sigue sin comprar la idea.A regañadientesLos mandatarios provinciales del PJ ya habían adelantado su apoyo a la eliminación de las PASO, uno de sus viejos anhelos. Según pudo saber este medio, los referentes provinciales presentes en la reunión aceptaron a regañadientes votar con la mayoría. Martínez, el jefe de la bancada, se fue aliviado. Al día siguiente escribió un tuit incendiario donde detallaba las firmas que necesitaba el oficialismo para avanzar y ponía en duda el rol que adoptaría el resto de la oposición. No se imaginó que los suyos aportarían los avales que faltaban.La Libertad Avanza necesita hoy 58 firmas en el plenario de comisiones para que prospere su agenda de Extraordinarias. ¿Qué harán los otros bloques? ¿Legitimarán la agenda del Milei aunque no esté el Presupuesto en debate? ¿Les importa el Presupuesto? ¿O es solo "chamuyo"? https://t.co/aif7x077uk— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 4, 2025"Los legisladores hicieron lo que les pidieron sus gobernadores, el vínculo entre nosotros no debería verse afectado", minimizaron en UP. Matizaron, también, las diferencias con los mandatarios provinciales: "Ellos en algún momento darán sus motivos, pero no me parece que haya que profundizar las diferencias", sumaron.El vínculo de Zamora con Cristina Kirchner es diferente del que la exvicepresidenta mantiene con Jalil. El santiagueño acompañó, desde su llegada al poder en 2005, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Probó su fidelidad e ingresó en el círculo chico de la jefa del PJ. Su mujer, Claudia Ledesma de Abdala, es amiga de Cristina y fue presidenta provisional del Senado cuando la exvicepresidenta ejercía la titularidad del cuerpo.La primera aparicición pública de Cristina Kirchner como presidenta del partido fue en Santiago del Estero. Allí la exvicepresidenta compartió escenario con el gobernador, su mujer y parte de la dirigencia provincial. Fue para celebrar el Día de la Militancia peronista, cuatro días después de que se confirmara la condena en su contra."Tienen una relación histórica", asegura un dirigente peronista que mantiene una relación estrecha tanto con Zamora como con Cristina. Su primer reflejo fue protejer el vínculo de ambos y blindar a la exvicepresidenta de rumores de traición: "Las PASO tienen que ver con lo electoral, no es una cuestión dogmática, tiene que ver con las particularidades provinciales", justificó. Este año, Santiago del Estero renueva el Poder Ejecutivo provincial, cuyo dominio Zamora pretende retener a través de su esposa.Cerca del gobernador dijeron que Zamora "defiende siempre primero los intereses de su provincia". El mandatario mantiene un control absoluto del PJ local -a pesar de que él tiene pedigree radical-, y considera que las internas las tiene que resolver cada espacio.La gran incógnita de la sesión de este jueves es cuántos más seguirán el camino de santiagueños y catamarqueños. Si el proyecto para suspender las PASO consigue el quorum en el recinto, ¿se sumarán otros peronistas al desmarque? Los chaqueños ya tienen su propia iniciativa en esa dirección, y en los despachos de otros gobernadores, como Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), sus alfiles legislativos sopesan la jugada. Ganas no les faltan.

La rebelión judicial que jaquea a la Corte Suprema

La Cámara Civil acusó a los supremos de afectar la división de poderes. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazan el fallo.