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Las estimaciones privadas indican la segunda aceleración consecutiva mensual, demorando la llegada de un índice que comience con el número 1 por delante. Leer más
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Las universidades privadas han crecido un 368% desde comienzos de siglo
El país tiene la tasa de matrícula más alta de la región: asiste el 94% de los chicos. Aunque la segregación escolar se redujo, en la última década creció la desigualdad socioeconómica entre los alumnos del sector estatal y privado, y se consolidaron dos circuitos diferenciados
La Argentina es el único país de la región en el que se profundizaron las diferencias socioeconómicas entre las escuelas privadas y estatales. Así lo muestra el informe "Matrícula y segregación escolar en América Latina: una mirada a la última década", del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Emmanuel Vázquez del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén. Analiza, a partir de los datos de las pruebas PISA de 2012 y 2022, la distribución de estudiantes según su origen socioeconómico dentro de las escuelas en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.En esa década, si bien el acceso a la secundaria mejoró en los países analizados de América Latina, la segregación escolar muestra que los estudiantes de entornos socioeconómicos bajos siguen concentrándose en determinadas escuelas, mientras que los de contextos más favorecidos asisten a otras instituciones. La Argentina lidera en 2022 el acceso universal al nivel secundario, con una tasa del 94%. Le siguen Perú (93%) y Chile (91%). Uruguay logró un crecimiento de 9 puntos porcentuales en esos diez años y alcanzó el 90%, mientras que el mayor crecimiento lo tuvo Brasil sumando 16% y llegando al 80%. El promedio en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ubicó en 89%.La Argentina, sin embargo, también lidera otro aspecto: es el único país que profundizó su brecha entre sectores pasando de 0,8 en 2012 a 1,0 en 2022, lo que indica una creciente diferenciación entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto en las escuelas privadas y los del más bajo nivel en las escuelas estatales. Es decir, las escuelas privadas han concentrado cada vez más a los estudiantes de nivel económico alto, mientras que las públicas a los del más bajo.El informe indaga sobre si el aumento del porcentaje de segregación entre el sector estatal y el privado se da por un aumento en la matrícula privada o porque se han ampliado o reducido las diferencias en el nivel socioeconómico entre los estudiantes de ambos sectores. Como la proporción de matrícula privada se mantuvo estable en la mayoría de los países, el aumento de la segregación en la Argentina parece deberse más a que las escuelas se volvieron más distintas entre sectores que a un éxodo masivo al sector privado."En la Argentina, como en América Latina, el incremento en la inclusión educativa no vino acompañado por una mayor integración social dentro de las aulas. Por el contrario, se observa una creciente segregación entre las escuelas públicas y privadas. La distancia socioeconómica entre ambos sectores se profundizó en la última década, lo que deriva en entornos de aprendizaje cada vez más homogéneos y con menos oportunidades de interacción entre estudiantes de distintos contextos. Estas interacciones, sabemos, son clave para enriquecer los aprendizajes y promover una convivencia democrática", apunta Sandra Ziegler, investigadora de Flacso.Colombia es el otro país donde aumentó la segregación entre sectores, pero en este caso, la brecha se mantuvo en 1,3 y se explica por un amento en la matrícula privada. En tanto, México y Chile muestran una reducción en la brecha socioeconómica: el primero pasó de 2,1 a 1 y el segundo de 1 a 0,6 en los diez años analizados."Aunque América Latina está avanzando hacia una cobertura universal en la educación secundaria, no se logrará la inclusión educativa sin mejorar la integración social en la escuela. Las brechas crecientes entre los sectores público y privado y la tendencia a socializarse en burbujas socioeconómicas no solo amenazan la cohesión social futura, sino que también alimentan la desigualdad en el rendimiento académico. Este desafío debe ser una prioridad en las políticas educativas para que la educación se convierta en un verdadero motor de desarrollo personal y colectivo", analiza Natalia Krüger, investigadora de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el Conicet.Así, el informe concluye que mientras que la diversidad interna dentro de las escuelas se redujo en algunos casos, la fragmentación del sistema educativo creció, generando un escenario donde los sectores educativos están cada vez más diferenciados entre sí. Se da, a la vez, en un contexto en el que la desigualdad en América Latina aumentó en promedio entre 2012 y 2022. En la Argentina, un 42% de alumnos deberían ser redistribuidos para lograr una distribución equitativa.
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El Distrito aseguró que no "han sido comprobadas" esas amenazas, tras un comunicado en redes sociales de la Universidad del Rosario que anunciaba un refuerzo en alrededores de su sede
En un contexto donde la seguridad y la privacidad son primordiales, la elección entre cajas de seguridad privadas y bancarias se vuelve crucial. Hausler, empresa líder con más de 10 años de experiencia en el servicio de cajas de seguridad privadas, se presenta como una opción consolidada y en crecimiento.
Se trata de una propuesta disponible en distintas partes del país y que posee algunas particularidades que la distinguen de las opciones tradicionales disponibles en las entidades financieras
Sus compañías vivieron un crecimiento acelerado de hasta un 110%,. Mientras, la fabricante de vehículos eléctricos enfrenta una caída del 50% desde su pico histórico.
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El Gobierno admite que Begoña Gómez utilizó a su asistente para asuntos privados, defendiendo su actuación al compararla con la de cónyuges de anteriores presidentes y restando importancia a las gestiones realizadas
Según la normativa, el beneficio podría ser suspendido por bajo rendimiento o mala conducta, pero se recuperarán si se superan las causas que originaron la suspensión
El presidente aseguró que los recursos del Estado deben estar destinados a la ampliación de la cobertura en la educación superior gratuita y pública. Aseguró que programas de financiación y de créditos no pueden servir para ayudar al sostenimiento de las instituciones privadas
El jefe de Estado sostuvo en un evento en Cauca que entre las prioridades de su Gobierno no está mantener instituciones educativas de garaje
Las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario y las consultoras de Orlando Ferreres y Equilibra estiman subas tanto a nivel mensual como interanual en el primer mes de 2025. Leer más
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El abogado, especialista en programas integrales de control de corrupción y fraude, señaló que la legislación aclara que un mandatario no puede promocionar emprendimientos particulares con los hubiera tenido vinculación en los tres años previos. "Si se habló de un pacto previo no puede haber desconocimiento", señaló. Leer más
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La metarlurgiza mendocina fue comprada por la firma estadounidense Arc Energy. Esta transacción se da tras un complejo proceso de negociaciones y renegociaciones con los acreedores, que incluyen a entidades como el Banco Nación, el BICE y el BID. Leer más
El Gobierno había tomado la misma decisión en febrero del año pasado para mitigar el efecto de los aumentos de las cuotas en el bolsillo de las familias
Finalmente, mañana saldrá publicado el decreto que da inicio a la privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA, que opera los ramales cargueros de los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza. En concreto, en el texto se formalizará el esquema según el cual se licitarán las tres líneas por separado y habrá siete licitaciones para cada línea para estimular la competencia y el ingreso de nuevos jugadores al sistema.Belgrano Cargas y Logística es una de las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases y, conforme lo que establece la norma, la compañía confeccionó un plan para privatizarla, que fue aprobado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía.Doble amenaza: DeepSeek desafía tanto a Silicon Valley como a PekínEste proceso culmina con el decreto presidencial que autoriza la privatización de acuerdo al informe presentado por el presidente de Belgrano Cargas. Es decir, que la empresa no se privatiza por decreto porque la privatización se votó en el Congreso. Lo que el decreto establece es la modalidad de privatización, que es la que surge del informe: un esquema desverticalizado. Es decir que, además de la operación, se licitarán separadamente las vías, las locomotoras, los vagones y los talleres. Los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que revierten al mismo al finalizar la concesión, pero, como no va a administrar el servicio, las locomotoras y los vagones se venden y los talleres se dan en concesión. De acuerdo con fuentes oficiales, cualquiera que quiera ser operador puede comprar las locomotoras, darse de alta en la CNRT y pagarle un peaje al que administra la vía. En tanto, quien quiera administrar la vía se va a tener que comprometer a un esquema de obras de infraestructura, a cumplir con un estándar de calidad y seguramente tenga que presentar en su oferta una tarifa máxima. Es decir, que el sistema va a ser lo menos regulado posible, pero va a tener una coordinación y un monitoreo de parte del Estado. Según explicaron, lo de las siete licitaciones por ramal es algo conceptual: la vía es una licitación; para las locomotoras habrá dos paquetes, para que exista la competencia; para vagones, también al menos dos paquetes, y respecto de los talleres, hay diferencias según cuál sea la línea. En el Belgrano hay seis talleres que se dividirán en dos licitaciones, mientras que para el Urquiza y el San Martín habrá un solo paquete en cada caso, ya que el Urquiza tiene solo dos talleres y el San Martín, uno.Más allá de la competencia, en el Gobierno destacan que este modelo permite el ingreso de especialistas en las distintas partes del negocio. Podría ser el caso de empresas constructoras, que se podrían encargar de las vías y no están interesadas en la operación. En cuanto a los 4300 trabajadores de la compañía, según lo establecido, se repartirán entre las distintas concesiones. De acuerdo con los plazos que planea el Gobierno para todo el proceso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendría listos los pliegos de las licitaciones para mayo, después habría tres meses para que los interesados presenten sus ofertas, un mes para que la agencia oficial las analice y para septiembre u octubre se conocerían los resultados."Hay que ver qué terminan haciendo, cómo salen los pliegos", señalaron fuentes empresarias consultadas por este diario respecto del interés que generará la licitación. Por lo pronto, en el sector privado están convencidos de que el modelo diseñado no es eficiente. En las conversaciones que mantuvieron con el Ministerio de Economía les plantearon que la experiencia internacional no sigue ese modelo de "desguace" tal como fue presentado el año pasado por el Gobierno.En el mismo sentido, opinó Claudio Molina, analista de bioenergías y ferrocarriles. "La viabilidad económica de la operación planteada por el Gobierno es muy objetable. Cuanto más se desintegra un ferrocarril como el argentino, que tiene poca densidad de tráfico y requiere enormes inversiones, más difícil resulta todo. Pensar en un ferrocarril que pueda prestar un servicio eficiente para toda aquella demanda que lo solicite hoy es una utopía. Más bien los interesados buscan transportarse su propia mercadería, como lo hacen mayormente los tres concesionarios privados que hoy operan, con contratos extendidos en su vigencia precariamente, algo así como el mientras tanto", apuntó. Las otras líneas, privadasAdemás de las tres líneas que administra la empresa estatal, hay otras tres líneas que son operadas por privados. Nuevo Central Argentino -su principal accionista es Aceitera General Deheza- opera mayormente los corredores de la ex línea General Mitre, fuera de la zona urbana y suburbana, y de Zárate-Rosario. Ferrosur Roca, cuyo principal accionista es Camargo Correa, de Brasil, opera los corredores de la ex línea Roca, salvo Altamirano-Mar del Plata. Y Ferroexpreso Pampeano -con la firma Techint como principal accionista- opera corredores del ex Ferrocarril Mitre, del ex Ferrocarril San Martín y del ex Ferrocarril Sarmiento con recorridos principales entre Rosario y Bahía Blanca. Estas concesiones, que vienen desde las privatizaciones de los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, vencen este año y la Secretaría de Transporte deberá definir si se cambian las condiciones al nuevo modelo desverticalizado.Por su parte, Federico Conditi, especialista en operación y explotación de servicios ferroviarios, dijo que esta es una política "muy destructiva para el sistema ferroviario nacional, porque se atomiza y se privatiza en vez de integrar todo en una sola empresa y tener un plan de negocios que reduzca el déficit paulatinamente mediante la cooptación de cuota de mercado en cada uno de los servicios". Según el especialista, el Gobierno está replicando el modelo británico, que fracasó "rotundamente". De hecho, explicó, "Inglaterra lo está revirtiendo con la creación de una empresa pública llamada Great British Rail, que va a absorber todas las líneas concesionadas a medida que finalicen esos contratos".Con la colaboración de Gabriela Origlia
Las empresas Geo Group y CoreCivic, principales administradoras de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés), experimentan un crecimiento impulsado por la política migratoria de Donald Trump. Tras la victoria electoral del republicano en noviembre pasado, las acciones de estas compañías aumentaron un 76% y un 75%, respectivamente. Además, las expectativas de negocio se dispararon, según Forbes.La expansión del negocio carcelario en la era de TrumpGeo Group y CoreCivic controlan la mayoría de las instalaciones utilizadas por el ICE, lo que representa el 80% de los detenidos en centros privados. En 2023, ambas empresas reportaron ingresos cercanos a los US$2000 millones cada una, con la agencia federal de inmigración como su principal cliente. Con la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos, la demanda de estos servicios podría crecer aún más, informa Forbes.El CEO de Geo Group, George Zoley, calificó la nueva administración como una "oportunidad sin precedentes" para la expansión del negocio. En enero, el ICE firmó contratos por US$20 millones con Geo y por US$6 millones con CoreCivic, como preparación para el incremento de detenciones.Las denuncias por negligencia y violaciones a los derechos humanos en los centros privados de detención de EE.UU.El crecimiento de estas empresas está marcado por denuncias de malas condiciones en sus centros de detención. Un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reveló que entre 2017 y 2021 murieron 52 inmigrantes en centros del ICE, de los cuales 31 fallecieron en instalaciones de Geo y CoreCivic. En el documento concluyen que el 95% de estas muertes era evitable.Forbes revisó 20 demandas contra ambas empresas presentadas en el último año, que incluyen acusaciones de mala gestión, falta de personal y condiciones peligrosas. Entre los casos más impactantes se encuentra el de Dulce Atahuaman Carhuancho, una inmigrante peruana detenida en el South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC), operado por Geo Group. La mujer fue hospitalizada con una hemorragia cerebral y signos de abuso tras un mes en detención.Aunque sobrevivió, sufrió daño cerebral y sigue en proceso de recuperación. Su familia demandó a la empresa por negligencia y encubrimiento. Los abogados de Carhuancho aseguran que el ICE no ha solicitado su deportación, pero su estatus legal sigue sin resolverse, lo que la deja en una situación de incertidumbre.Problemas de infraestructura y seguridad en las prisiones privadas de Estados UnidosLas inspecciones también han evidenciado graves deficiencias en los centros de detención privados. En 2022, una evaluación al SLIPC citada por Forbes, detectó falta de personal médico, mala planificación ante emergencias y plagas de insectos. En el Centro de Detención de Aurora, en Colorado, Geo Group recibió sanciones por deficiencias en la atención sanitaria, tras la muerte de un detenido que no recibió su medicación.Por su parte, CoreCivic también enfrenta acusaciones de mala gestión. En su Centro Correccional del Condado de Cibola (CCCC), en Nuevo México, una investigación del FBI descubrió un alto volumen de tráfico de drogas dentro de la prisión. Además, en una demanda por homicidio culposo, un guardia del CCCC admitió haber dormido durante los turnos de trabajo por la falta de personal. CoreCivic negó las acusaciones, pero la demanda se resolvió extrajudicialmente.
Durante una entrevista en un conocido programa radial, la reconocida influencer sorprendió al revelar detalles de un intercambio de mensajes con un destacado deportista nacional, dejando entrever una conexión inesperada que generó curiosidad entre los oyentes
Mujeres condenadas por ciertos delitos podrán acceder a penas sustitutivas de servicios de utilidad pública si cumplen con los requisitos legales
Así, lejos de los grandes anuncios, el Gobierno avanzó en un paquete de licitaciones y concesiones que son inéditas en el país. Mediante concursos públicos empezó a darse forma a un esquema distinto que tiene como protagonistas a los pasos fronterizos terrestres que tiene la Argentina con sus vecinos.La Casa Rosada concesionará los predios de servicios aledaños a los puntos de cruce de frontera que pasarán a estar manejados por un privado y que será el que tenga que hacer la inversión para mejorar, conservar y explotar el área. Para que se entienda, ninguna de las fuerzas federales ni de los organismos que intervienen en la frontera desaparecerá, sino que la inversión para mejorar los alicaídos terrenos que lindan con los puestos de control, pasará a manos de privados. El proyecto se manejó entre tres ministerios: Interior, Seguridad y Defensa. Y si bien todavía no se adjudicó ninguno, dos de ellos ya están en procesos licitatorios. El primero es el que une la ciudad correntina de Santo Tomé con Sao Borja, en Brasil; el otro, el de Paso del los Libres que lleva a Uruguayana. "La decisión que se tomó es que se liciten todas las áreas de servicios de los pasos fronterizos. No es posible que el gobierno nacional se encargue de los pozos, los baches o el asfalto de una playa de espera en una frontera. Que se encarguen los privados y a cambio se les dará la concesión de un predio donde podrán poner desde restaurantes a hoteles. Siempre, con inversión privada", dijo una fuente oficial con acceso a la Casa Rosada.Como se dijo, el proceso ya empezó con el que tiene una particularidad. Se trata del de Santo Tomé, que se licitó en conjunto con Brasil. Se abrió una licitación y se debería haber abierto el 7 de enero. Pero, la Comisión Mixta Argentina Brasileña (Comab), que maneja el puente paso, recibió una medida cautelar en Brasil y todo se trabó. Una reunión de la Comisión dio cuenta de ese imprevisto judicial y todo quedó a resultas de lo que suceda en los tribunales brasileños. En ese paso, del lado argentino operan la Gendarmería Nacional Argentina, Migraciones, la Aduana (ARCA ) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).De acuerdo a datos oficiales, por ese paso internacional cruzan 148.000 vehículos livianos argentinos y 102.000 de Brasil. En camiones, hay un volumen de 90.000 camiones, entre argentinos y brasileños. El proyecto se licitó con un plazo de 25 años a cambio de una inversión cercana los 20 millones de dólares y un canon a valor presente mínimo US$40 millones, que se dividiría en partes iguales entre los dos países.En Paso de los Libres, Corrientes, también, ya empezó la licitación para hacerse cargo del área de servicios. En este caso, a diferencia de Santo Tomé, no hay puente binacional ni comisión. "Es un proyecto totalmente argentino", dijo otra fuente que intervino en el proceso de llamado a iniciativas privadas que cierra en una semana.Se trata del primer paso fronterizo en importancia del interior del país, y la segunda aduana en importancia de Argentina. Con un superficie de más de 900.000 metros cuadrados, y un estacionamiento con capacidad para 900 camiones, por el lugar pasan 1,5 millones de vehículos por año, de los cuales 159.960 son camiones, 4880 son ómnibus de pasajeros, y el resto, livianos.La idea del Gobierno es que el privado que se lleve el proyecto tenga a su cargo la inversión, operación y mantenimiento por 25 años, contados desde mediados de año, cuando consideran que podrían estar terminados los trámites y las regulaciones para la entrega del predio.Hay dos más que están en carpeta inmediata pero que aún no se iniciaron los procesos de iniciativa privada. Se trata de Iguazú - Foz de Iguazú y el de Uspallata, que comunica la Argentina con Chile.El llamado Complejo Cristo Redentor tuvo un flujo, entre ingresos y salidas, de 284.664 vehículos pesados desde enero hasta noviembre de 2024, lo que representó una suba de 11% respecto del mismo período de 2023. El plazo de concesión serían entre 20 y 25 años, y aún no se decidió cuándo avanzar. Iguazú tiene algunas particularidades. En principio, es más turístico que de cargas, y además, tiene presencia de varios organismos del Estado. Por caso, además de la Aduana, Migraciones y Gendarmería, opera Senasa y la dirección de Sanidad en Fronteras.En 2024 ingresaron 102.300 vehículos particulares, 14.723 transportes de pasajeros y 2.581 de cargas. Por su parte, salieron 98.235; 15.643 y 4.185 respectivamente. En este lugar no hay ningún centro de uso común entre los dos países.Las demoras y los interesadosUna de las cuestiones que los encargados del proyecto tratan de resolver es el tema de los dominios de las tierras o la propiedad de las zonas que deberían formar el paquete de para entregar a los explotadores de la iniciativa privada. Por caso, el de Uspallata fue donado a la exAFIP mediante una escritura que se firmó el 3 de marzo de 2010. Desde entonces, todas las obras terminadas y las que aún no se terminaron fueron financiadas por el organismo recaudador. De ahí que, para avanzar en una entrega un actor privado, habría que hacer varios trámites regulatorios para que las tierras sean de quién las concede en concesión.Otros predios, varios, según confiaron a LA NACION, tienen trámites y requisitos pendientes de finalización en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).Las iniciativas despertaron un enorme interés en varios grupos económicos. Por caso, desde London Supply, los dueños de algunas terminales aéreas, entre ellas la de El Calafate y la de Ushuaia, hasta empresarios del mundo de los colectivos de larga distancia u otros que se agrupan en la cámara de dueños de compañías del transporte de cargas (Fadeeac), revisaron los llamados. Y varios de ellos presentarán sus propuestas. El interés, claro está, tiene que ver con el potencial. Sucede que hay pocas limitaciones de lo que se puede instalar en el lugar. Un memo interno, que consultan los interesados, dice que se deberá realizar un sector dedicado a la logística que permita actividades tales como el almacenamiento, fraccionamiento, clasificación y consolidación de todo tipo de cargas. Además, se permite área de servicios como gomería, lavadero de camiones, mecánico y aquellos procesos vinculados con el "ingreso y el despacho a plaza de la mercadería de importación y exportación".Luego, el capítulo comercial como "gastronomía, kiosco, hotel, casa de cambio, esparcimiento, plaza saludable, farmacia, tiendas libres de impuestos". Y finalmente, la frutilla: se permitirá la instalación de free shops. Eso sí, no se puede explotar nada vinculado a juegos de azar.
La presidenta remarcó que no solo no hay playas privadas en Acapulco, sino en todo el territorio nacional