Ana Minerva Terrero Sánchez deberá restituir 880.000 pesos dominicanos y pagar una indemnización de 500.000 pesos, según el Ministerio Público
La Fiscalía señala que la organización habría utilizado grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales para enviar amenazas y exigir pagos diarios de hasta S/70 por cada vehículo
LYON.- Los gendarmes franceses anunciaron el martes la detención de cinco personas acusadas de realizar más de 1800 entregas de drogas por dron a una prisión en menos de dos meses.Al parecer, este tipo de contrabando se encuentra en auge en el país europeo. La administración penitenciaria señaló en enero a la AFP que en 2025 detectaron 5000 sobrevuelos o intentos de sobrevuelos en prisiones por parte de drones, contra más de 800 un año antes.Esta fuente penitenciaria precisó que el aumento se debía también en parte a un mayor despliegue de detectores de drones en las cárceles del país.#ContreLeNarcotrafic â?? Les #gendarmes de la SR de Lyon et de la brigade de recherches de Trévoux mettent fin à un trafic de stupéfiants consistant à envoyer des drones transportant des colis vers la prison de Villefranche sur Saône.1826 colis livrés ð??¦ en 51 jours !â?¡ï¸? 5â?¦ pic.twitter.com/7XNjdhi2VW— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 11, 2026En este caso, la gendarmería indicó que los detenidos formaban parte de una organización "particularmente estructurada" que operaba desde "dos zonas de despegue" en los aledaños de la prisión de Villefranche-sur-Saône, en las afueras de Lyon.En 51 días, los investigadores contaron hasta 1826 entregas. Durante sus pesquisas incautaron 500 gramos de cannabis, 6000 euros en efectivo y el dron usado para los envíos.Según una fuente sindical consultada por la AFP, el personal penitenciario casi no cuenta con recursos para hacer frente a este tipo de tráfico.Las entregas se realizan de noche mediante aparatos sin luces para evitar revelar su ubicación. En consecuencia, "se oye el dron, pero no se sabe dónde está (...)", explicó la fuente.Entre los arrestados había cuatro adultos, de los cuales tres fueron encarcelados provisionalmente, según los gendarmes.El quinto es un menor que será juzgado en septiembre y, entretanto, estará internado en un centro educativo.El desarrollo de la investigaciónSegún la reconstrucción publicada por medios franceses, la investigación sobre la red de tráfico empezó a fines de junio, cuando agentes del Grupo Local Antidrogas (GLAS) de la brigada de investigaciones de Trévoux y de la sección de investigaciones de Lyon pusieron el foco sobre la organización.Después de varias semanas de vigilancia, el 4 de agosto se desplegó un operativo en el que participaron agentes de los Pelotones de Vigilancia e Intervención de la Gendarmería (PSIG) de Ain y Ródano, junto con tres equipos de perros adiestrados. Tres sospechosos fueron detenidos in fraganti mientras efectuaban una entrega de droga con un dron, mientras que otros dos fueron arrestados posteriormente en sus domicilios.De acuerdo con RTL, los cinco integrantes de la organización -cuatro jóvenes mayores de edad y un menor de 16 años- habían distribuido entre sí las distintas tareas necesarias para llevar adelante el negocio. Entre ellas se encontraban la logística, que contemplaba el alquiler de alojamientos de Airbnb en las inmediaciones de la prisión, la preparación de los paquetes y el manejo de los drones.El 6 de agosto, tras permanecer 48 horas bajo custodia policial, los cinco jóvenes fueron trasladados al tribunal judicial de Villefranche-sur-Saône para comparecer en un procedimiento de juicio inmediato. Sin embargo, la audiencia fue postergada. Los cuatro mayores de edad deberán comparecer ante la Justicia el 5 de octubre. De estos últimos, tres quedaron en prisión preventiva, mientras que el cuarto fue puesto en libertad bajo control judicial."Esta operación demuestra el compromiso diario de los investigadores y de las unidades de intervención en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado", señalaron los agentes de la Gendarmería en declaraciones a la prensa.Agencia AFP
El pedido se produce después de que varias exvocalistas acusaran públicamente a Sánchez de acoso, lo que llevó a una rápida intervención del Ministerio de la Mujer
La investigación de la FECOR en Jalisco se extendió casi cuatro años, desde las capturas hasta el fallo del tribunal que fijó castigos distintos para dos grupos
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Leer más
Esvin Fernando Marroquín Tupas, exjefe edilicio de Cuilapa, Santa Rosa, admitió cargos y fue sentenciado en una corte federal de Texas
La investigación halló mensajes usados como clave para avisar qué carril quedaba libre en Tecate, una operación que permitió el paso de cargamentos del Cártel de Sinaloa durante varios años
Las víctimas fueron amagadas en una calle, llevadas a una casa y retenidas mientras vaciaban el vehículo; policías municipales las auxiliaron poco después y capturaron a los responsables ese mismo día
La mujer fue detenida por presuntamente ser la apoderada legal de una empresa vinculada al exgobernador de Baja California
La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse
Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, la mandataria planteó mesas técnicas para agilizar la justicia, mientras Gálvez expuso la situación del Ministerio Público
Tras el ataque que dejó cuatro víctimas en la secundaria Apalachee, Colin Gray alega que el veredicto fue injusto y reclama que la justicia reevalúe el caso
El procesado habría contactado a la víctima para realizarle un ritual privado y, según la Fiscalía, le suministró una bebida que la dejó en estado de indefensión para cometer actos de violencia sexual
La Fiscalía General del Estado de Colima acreditó la responsabilidad penal tras una denuncia interpuesta en abril de 2024
La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que su audiencia se retomará el próximo 11 de agosto
Una auditoría forense de la Contraloría detectó un incremento patrimonial superior a $937.000.
Infobae accedió al fallo que determina que la activista trans se adhirió a la organización criminal "Los causas siempre activos", que se dedicaba a extorsiones, robos, tenencia ilegal de armas y comercio de drogas
El hoy sentenciado realizó detonaciones con arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte
En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas
El Séptimo Juzgado de la Instrucción mantuvo detenidos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cinco imputados por la Operación Cobra
La sentencia del caso incluyó la responsabilidad penal por agravantes y su reclusión en una cárcel determinada por el Inpec
Infobae accedió al requerimiento de la fiscal Diana Paico, quien acusa al actual diputado de Ahora Nación por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica
El diputado de Ahora Nación es acusado por el Ministerio Público de presuntamente cometer los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica
Josué Gutiérrez considera que la Ley 32181, que permite que mayores de 80 años cumplan su condena en su casa, no deja margen de interpretación
El Comité de Seguridad Nacional remitió al exdirector del NIAID al Departamento de Justicia por negarse a declarar sobre su manejo de la pandemia de COVID-19. La fiscalía evaluará presentar cargos formales tras su apelación a la Quinta Enmienda
Un hombre fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión efectiva por haber abusado sexualmente durante aproximadamente un año de una niña en la ciudad neuquina de Zapala. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la víctima era menor de edad, y, según quedó acreditado durante el juicio, el condenado aprovechó la relación de autoridad, confianza y cuidado que mantenía con ella para cometer los ataques.La sentencia fue dictada por un Tribunal de Juicio que consideró probada la continuidad de los abusos, la diferencia de edad entre el acusado y la víctima y el profundo daño que los hechos provocaron en la niña. Si bien la pena quedó por debajo de la solicitada por la fiscalía, los magistrados descartaron aplicar el mínimo previsto por la ley, al entender que existían circunstancias agravantes que justificaban una sanción superior.El condenado, identificado por sus iniciales J.B.M., fue hallado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de realización, continuado y agravado por el vínculo.Durante el juicio, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, había solicitado que se le impusiera una pena de 14 años y seis meses de prisión efectiva. Para fundamentar ese pedido sostuvo que la gravedad de los hechos excedía ampliamente el mínimo de la escala penal y remarcó que las agresiones se prolongaron durante alrededor de un año.La representante del Ministerio Público Fiscal puso especial énfasis en las circunstancias que agravaban la responsabilidad del acusado. Entre ellas destacó la reiteración de las conductas abusivas a lo largo del tiempo, la marcada asimetría existente entre el hombre y la víctima por la diferencia de edad y la posición de confianza que ocupaba, además de las consecuencias psicológicas y físicas que los ataques dejaron en la niña.Según expuso durante el debate, los abusos fueron cometidos en un contexto de violencia y sometimiento, en el que el condenado utilizó amenazas para mantener el control sobre la víctima y garantizar el silencio durante el tiempo que se extendieron los hechos.El pedido de la fiscal fue acompañado por la querella institucional, representada por la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Natalia Díaz, quien coincidió en que la gravedad del caso justificaba una pena cercana a los 15 años de prisión.La defensa, por el contrario, solicitó que se aplicara el mínimo previsto en la escala penal, fijado en 8 años de prisión. Además, cuestionó que las circunstancias señaladas por la acusación pudieran ser consideradas agravantes al momento de establecer la condena.Al momento de resolver, el Tribunal de Juicio compartió parcialmente la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces entendieron que estaba acreditada la continuidad de los abusos durante un período prolongado, la desigualdad existente entre el condenado y la víctima por la diferencia de edad y, especialmente, la magnitud del daño ocasionado.En ese sentido, los magistrados hicieron hincapié en el trauma que los abusos sexuales provocaron en la víctima, circunstancia que consideraron determinante para apartarse del mínimo de la escala penal.Como único elemento atenuante, el tribunal valoró que el condenado no registraba antecedentes penales. Sin embargo, rechazó otro de los argumentos planteados por la defensa, referido a que el hombre no había vuelto a mantener contacto con la víctima una vez finalizados los hechos. Los jueces entendieron que esa situación no podía interpretarse como una conducta favorable del acusado, sino como el cumplimiento de una obligación legal.Además dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, el condenado sea incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ripecodis), donde quedan inscriptas las personas condenadas por este tipo de delitos.El tribunal de juicio que intervino en el caso estuvo integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz.
La liquidación anunciada por Edwin Chavajay reabre el balance de una instancia que impulsó procesos emblemáticos, incluida la caída de Otto Pérez Molina, y hoy es cuestionada por supuesta instrumentalización del derecho penal
El Ministerio Público también solicitó 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exparlamentaria
El depósito bancario de Q160 mio (USD 20.512) habilitó la excarcelación de los exdirigentes, quienes quedaron con obligación de comparecer cada mes, restricción para viajar al extranjero y veto para ocupar puestos públicos durante el caso
La abogada Rosario Sasieta analizó la condena máxima que alcanzaría el exdirector de la orquesta de cumbia, mientras la investigación fiscal avanza en el caso denunciado por Naldy Saldaña.
El procesado permanecerá privado de la libertad en un centro penitenciario por orden de un juez de control de garantías, mientras avanzan las diligencias por lo ocurrido en Caucasia
El músico permanece en una prisión federal de Nueva Jersey mientras su equipo legal apela la sentencia y analiza nuevas opciones para reducir su condena
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy seis años de prisión para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y para los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, al formular su acusación en el juicio oral por el desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.La acusación de la querella corrió en línea con la del fiscal Diego Velasco, quien en su alegato había solicitado la pena máxima prevista para todos ellos.Los hermanos Schoklender fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, por ello, responsables de la ejecución del programa de viviendas sobre el que pesa la acusación por el desvío de fondos.Al fundamentar el pedido, la representante de la UIF, Marianela Teich, sostuvo que ellos y el resto de los imputados montaron una "arquitectura delictiva" que constituyó "una maniobra sistemática de corrupción en la contratación pública"."La prueba producida demostró que los imputados Julio De Vido, José López y Abel Fatala desviaron intencionalmente la financiación de Sueños Compartidos", sostuvo la abogada sobre quienes consideró como autores del fraude. Para los exfuncionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, la UIF pidió la pena de 4 años de prisión, en calidad de partícipes secundarios.El programa Sueños Compartidos fue ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió los fondos mediante convenios con el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido, las provincias o municipios, según el caso. "La fundación fue el instrumento, el perjuicio patrimonial fue el resultado, y los ejecutores, organizadores y beneficiarios del desvío fueron Sergio y Pablo Schoklender", afirmó hoy Teich. Y agregó: "La institución, la estructura operativa conducida y dominada por Pablo y Sergio Schoklender, fue la que montó este engranaje".La presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, también había sido enviada a juicio oral, pero murió en noviembre de 2022, antes del comienzo del debate, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida.El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios, según el caso. Para el programa, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas, en manos de López transfirió más de $748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación.Antes del receso de invierno, el fiscal Velazco y su auxiliar Juan Argibay Molina, habían solicitado también penas de entre 6 y 4 años para los involucrados. "Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra", dijo el fiscal, que agregó: "La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad".El juicio oral continuará durante todo el mes de agosto con los alegatos de las defensas y luego se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico.
Carlos Sebastián Saavedra Paredes volvió a caer preso en noviembre de 2025 por presentar un carnet trucho. También procuró obtener un certificado de antecedentes falso. Quien se los confeccionó había sido condenado por narcotráfico y trabajaba en Epec. Leer más
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, advirtió que las personas que cometan determinados delitos electorales pueden enfrentar penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta US$250 mil. Durante una conferencia de prensa, también anunció que buscará condicionar fondos federales a la cooperación de los estados con las medidas de seguridad electoral impulsadas por la administración.Cómo detectó el DHS a posibles no ciudadanos inscritos para votarMullin señaló en la conferencia de prensa transmitida por ABC 7 News que la agencia federal identificó "250 mil no ciudadanos registrados para votar" en cuatro estados que no colaboran activamente con su oficina. El funcionario detalló que estos casos ocurrieron en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada. CBS News señaló que la cifra de registros no demuestra que esas personas hayan votado.El funcionario explicó que el DHS revisó información pública y que analizará los registros de manera individual para determinar si existieron irregularidades. Solo en aquellos casos en los que se compruebe la emisión ilegal de un sufragio podrían iniciarse acciones judiciales.A su vez, Mullin explicó que 23 estados trabajaron de forma proactiva mediante el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). Según el funcionario, esta cooperación permitió identificar 28.000 inscripciones que podrían corresponder a personas no ciudadanas, además de 400 mil registros de personas fallecidas. Estos datos se refieren a inscripciones en los padrones y tampoco demuestran que se hayan emitido votos de manera irregular.Según informó Reuters, el secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, rechazó las cifras del DHS por considerarlas especulativas y sin respaldo. Su par de Pensilvania, Al Schmidt, señaló que evaluaría la validez de los datos y recordó que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente infrecuente.El DHS amenaza con restringir fondos federales por la seguridad electoralPara asegurar la implementación de las nuevas medidas, el DHS trabajará en conjunto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, para establecer estándares de seguridad obligatorios para los estados que soliciten subvenciones y reembolsos para administrar los comicios federales. Mullin argumentó que la administración no va a "reembolsar a un estado" que se niegue a proteger su padrón. El titular del DHS enfatizó que la asistencia técnica y los recursos estarán disponibles únicamente para las jurisdicciones que decidan participar activamente de los programas federales de control. Asimismo, advirtió que los funcionarios electorales que ignoren la información provista por el DHS y decidan no resguardar sus sistemas podrán enfrentar consecuencias legales. Mullin precisó que la desobediencia o la inacción frente a estas directivas puede derivar en sanciones económicas y en "tiempo de prisión" según la gravedad de la omisión.Las amenazas extranjeras que el DHS denuncia en los sistemas electorales de EE.UU.La revisión federal también detectó fallas de seguridad tecnológicas e interferencias externas en los sistemas electorales. Mullin denunció que diversos "adversarios extranjeros" poseen piezas vitales instaladas dentro de las máquinas de votación, lo cual les otorgaría la capacidad técnica para alterar el padrón electoral y alterar votos o registros electorales. A su vez, reveló que Irán logró vulnerar archivos estatales e "intentó comprometer" el sistema de votación utilizado por el personal militar para emitir sus sufragios.Frente a este escenario, indicó que el DHS trabaja junto al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el Departamento de Defensa para blindar las plataformas de votación militar. Mullin criticó que la administración anterior y la comunidad de inteligencia tenían conocimiento de estos incidentes y "ocultaron esta información al público" y al Congreso, una práctica que calificó de inaceptable.
Dalia Dippolito intentó contratar a un asesino para matar a su marido, pero el hombre al que recurrió trabajaba para la policía. Los detalles del operativo que permitió frustrar el crimen
Las indagatorias sostienen que habría monitoreado el negocio, acompañado la huida en motocicleta y participado antes, durante y después del asesinato de la influencer de 23 años durante una transmisión en vivo
Un tribunal especializado impuso duras sentencias a decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha tras comprobar su participación en asesinatos y delitos graves, según la Fiscalía General de la República
Aunque ya hubo castigo por el crimen contra una víctima en 2016, las autoridades siguen con diligencias y juicios para llevar ante un juez a quienes habrían participado
De manera remota fue presentado el supuesto autor intelectual del crimen, también señalado como jefe de célula del CJNG
Las autoridades que atendieron el caso pidieron a la comunidad reportar los hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de las familias
La decisión fue del juez Otma Paulucci, pese a la oposición de la fiscalía.La mujer está detenida desde 2022, condenada por participar de la banda narco liderada por su padre.
La Cámara Federal rechazó hoy el pedido de la defensa de Elías Piccirillo para revocar su prisión domiciliaria en la causa por el falso operativo policial que terminó con la detención de Francisco Hauque. Además, el tribunal denegó el cambio de domicilio, tal como venían reclamando los abogados del empresario. Durante la feria judicial, el tribunal había realizado una audiencia en la que se escucharon los argumentos de la defensa y del propio Piccirillo, que pidió un permiso para estar presente. En ese caso, los abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez pidieron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, una autorización que se siga cumpliendo en un departamento de Núñez, donde vive su actual pareja. Los abogados también habían planteado ante los camaristas que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una "interpretación mediática" de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos. Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron ambos pedidos de la defensa. En un fallo de diez carillas, al que tuvo acceso LA NACION, los jueces destacaron que Piccirillo tiene otras causas en curso y que Hauque denunció amenazas antes de la feria judicial. "Si bien Hauque no dijo en su denuncia que Piccirillo lo llamó o le mandó algún mensaje intimidante, en virtud de los antecedentes del caso se torna necesario descartar que allí consten elementos que abonen el temor fundado de represalias a través de terceras personas o de incidir sobre testigos que puedan declarar durante el sumario o en el juicio", sostuvo Farah en su voto. Sobre el cambio de domicilio, Boico argumentó que no hay una justificación legal para una mudanza a la Ciudad de Buenos Aires. "No hubo ocasión de corroborar en el tribunal de grado los extremos alegados en sustento del cambio; tampoco se averiguó la aptitud de la nueva vivienda en la que se pretende cumplir la restricción en debate, ni se dio al Ministerio Público Fiscal oportunidad de pronunciarse sobre este último punto", dice el fallo.La defensa de Piccirillo había planteado que el actual domicilio donde cumple la domiciliaria, un departamento de 37 m2 en la localidad de Banfield, es "notoriamente exiguo e incómodo" y que el nuevo domicilio "facilitaría el vínculo con su hija y el cuidado de su salud". La relación entre Hauque y Piccirillo se quebró en enero del año pasado, cuando el primero terminó detenido luego de un procedimiento policial ilegal a unas cuadras del Palacio Duhau. En el interior de la camioneta de Hauque había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos "El Lobo" Smith, que terminó declarando como "arrepentido". Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de "El Yacht".En junio, el juez Lijo ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y horarios de aquella noche. El resultado de esa pericia empeoró la situación de Piccirillo. "En dos de las tres situaciones que se recrearon, el doble de Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl", dijo una fuente de la investigación. Luego de esa pericia, Hauque denunció amenazas y el juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento en el domicilio de Piccirillo, a quien le secuestró un teléfono.
ROSARIO.- La Justicia Federal de Rosario autorizó a Bárbara Yamila Cantero, condenada por narcotráfico e integrante del clan Los Monos, a salir de su domicilio â??donde cumple prisión domiciliariaâ?? para concurrir al centro comercial El Portal, acompañada por sus hijos. La decisión se adoptó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal.El permiso lo firmó el juez de Cámara Otmar Paulucci, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Rosario, en el marco del legajo de ejecución penal de Cantero. El magistrado Paulucci resolvió "hacer lugar" al pedido presentado por la defensa técnica de la condenada y autorizarla a asistir al shopping, al considerar que la salida está "orientada a satisfacer el interés superior de los niños involucrados". El magistrado ponderó especialmente que la Unidad de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes no formuló objeción alguna a la salida solicitada.La autorización se concedió en contra del dictamen del fiscal federal Tomás Malaponte, quien el 3 de agosto había pedido rechazar el planteo. En su contestación de vista (Dictamen N° 2169/2026 de la Unidad Fiscal de Rosario), Malaponte sostuvo que la salida encuadraba en el afianzamiento del vínculo familiar previsto en el artículo 16 de la Ley 24.660, pero que ese objetivo "no resulta conducente" en este caso, porque Cantero reside desde hace tiempo junto a sus hijos y sus familiares. "El afianzamiento del vínculo familiar se encuentra ya plenamente garantizado en su lugar de residencia", argumentó el fiscal para solicitar el rechazo.Bárbara Yamila Cantero es hija de Ariel "El Viejo" Cantero, fundador histórico de Los Monos, la banda narcocriminal más poderosa de Rosario, y hermana de Ariel Máximo "Guille" Cantero, actual jefe de la organización. Según la investigación de la División Antidrogas de la Policía Federal que derivó en su detención en agosto de 2022, Bárbara Cantero regenteaba y recaudaba las ganancias de los puntos de venta de droga "habilitados" por su padre en la zona sudoeste de Rosario. El "Viejo" Cantero impartía las órdenes desde la cárcel y su hija ejecutaba las directivas en las calles.Su apellido carga el peso de la organización narcocriminal más poderosa de Rosario, una estructura que durante más de dos décadas monopolizó la violencia y el control de economías ilegales en amplias zonas de la ciudad. A diferencia de sus hermanos varones â??Ariel Chanchón y Alexis Tartita, ambos detenidosâ??, Bárbara permaneció en libertad durante años, operando en la calle mientras la cúpula del clan daba órdenes desde la cárcel.Su rol en la organización quedó expuesto en agosto de 2022, cuando fue detenida en un operativo de la División Antidrogas de la Policía Federal que desarticuló una red de comercialización de estupefacientes digitada desde prisión. Según la investigación â??dirigida por la fiscal federal Adriana Saccone y con allanamientos ordenados por el juez Carlos Vera Barrosâ??, Bárbara Cantero regenteaba y recaudaba las ganancias de los puntos de venta de droga "habilitados" por el "Viejo" en la zona sudoeste de Rosario. Su padre impartía las directivas a diario desde su pabellón en el penal de Piñero y ella se encargaba de ejecutarlas y de administrar el dinero. En los procedimientos, que terminaron con trece personas detenidas, la PFA secuestró unas 1500 dosis de droga fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, un automóvil, municiones calibre 9 milímetros, balanzas digitales y teléfonos celulares.El caso ilustra un patrón que la Justicia Federal viene señalando desde hace años: la persistencia del clan Cantero en el mercado del narcomenudeo pese a tener a la mayoría de sus líderes tras las rejas, sostenida en buena medida por el rol de las mujeres de la familia como nexo entre las cárceles y los territorios de venta. Bárbara Cantero fue finalmente condenada en agosto de 2024 como partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes, la causa que hoy la tiene cumpliendo prisión domiciliaria y por la que la Justicia acaba de autorizarla a salir de compras al shopping.
Infobae Perú conversó con Diana Pérez, abogada penalista del estudio Iuralex, para conocer las consecuencias legales contra César Sánchez Chavesta tras grave denuncia
Hector Ozuna, de 66 años, fue encontrado inconsciente en su celda de la Prisión Richard J. Donovan y murió minutos después; su compañero de celda quedó detenido en alojamiento restringido
La defensa logró un amparo federal que obliga a revisar la prisión preventiva, pero la Fiscalía de la Ciudad de México
La solicitud alcanza también a decenas de imputados señalados de integrar la organización que, según la investigación, continuó operando tras la extradición de su presunto líder a Estados Unidos
Un juez de Lomas de Zamora le concedió el beneficio de "estímulo educativo"; la familia de la víctima apeló la medida.A 15 años del caso, el cuerpo de la joven nunca apareció y el condenado sigue sin aportar información.
La condena fue dictada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras una investigación de la Fiscalía que lo vinculó con un asesinato y un ataque armado en 2015
La esquina de Santiago del Estero y Pavón, en el barrio de Constitución, se convirtió en escenario de un episodio violento que terminó con una condena de prisión efectiva contra un hombre que intentó agredir con un cuchillo a dos personas. El hecho ocurrió el 21 de julio en esa esquina de Constitución, donde el ahora condenado, armado con un cuchillo tipo carnicero, atacó a otro hombre en plena vía pública, lo que generó alarma entre los transeúntes. La agresión fue tan repentina como peligrosa: el imputado blandía el arma de manera violenta y, después de herir a la víctima, se enfrentó con efectivos de la Policía de la Ciudad que habían acudido al lugar tras recibir un alerta.Lejos de acatar la orden de alto, el atacante intentó agredir a uno de los uniformados, lo que derivó en un forcejeo que puso en riesgo la integridad de todos los involucrados.Apuñaló a un hombre y luego quiso agredir a policíasEl acusado fue reducido y detenido en el acto. En su poder se secuestró el cuchillo, mientras los testigos relataban la tensión vivida en esos minutos que quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona.La situación se agravó aún más cuando se constató que el imputado tenía antecedentes penales por robo y lesiones, lo que llevó al auxiliar fiscal Mariano Petroselli, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a solicitar su prisión preventiva. El pedido fue concedido por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, a cargo de Juan Manuel Neumann, quien entendió que la peligrosidad del acusado y sus antecedentes justificaban la medida.El proceso judicial avanzó con rapidez. Se acordó un juicio abreviado en el que se definió una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, homologada por el magistrado interviniente. La resolución cerró un caso que, aunque breve en su desarrollo y en su condena, expuso el riesgo de un ataque con arma blanca en plena calle y la resistencia violenta a la autoridad.
El hoy sancionado fue detenido en el distrito de David, provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica
Marisol Romero Zamora, titular del DIF de Temoac y viuda del alcalde Valentín Lavín Romero, fue vinculada a proceso; de ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos
Un exefectivo fue sentenciado a prisión tras comprobarse operaciones financieras ilícitas que superaron sus ingresos
La investigación sostuvo que el acusado registró los abusos y los subió a servicios para adultos y plataformas digitales, un esquema con el que, según los fiscales, captaba víctimas y obtenía ganancias ilícitas
Un juez de Georgia condenó a 15 años de prisión a Colin Gray, padre del adolescente que mató a cuatro personas durante el tiroteo en Apalachee High School, después de que un jurado lo declarara culpable por haber permitido que su hijo accediera al arma utilizada en el ataque.Por qué condenaron al padre del autor del tiroteo en GeorgiaSegún informó Telemundo Chicago, la pena fue impuesta por el juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, pocos días después de que Colt Gray, de 16 años, recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el ataque perpetrado el 4 de septiembre de 2024 en la escuela ubicada a unas 45 millas (72 kilómetros) al noreste de Atlanta.Durante la audiencia, el magistrado fue contundente al dirigirse al acusado. "Está claro que usted fracasó como padre", afirmó Primm antes de fijar la condena. No obstante, aclaró que su decisión debía basarse en la legislación y en las pruebas incorporadas al proceso, más allá del fuerte impacto emocional del caso.La investigación determinó que Colin Gray regaló a su hijo un rifle semiautomático como obsequio de Navidad, junto con municiones, una mira y otros accesorios, pese a que el adolescente ya presentaba señales de deterioro de su salud mental.El jurado lo declaró culpable en marzo de:Dos cargos de asesinato en segundo grado, por las muertes de los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años.Dos cargos de homicidio involuntario, por los fallecimientos de los profesores Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53. Además de las cuatro víctimas fatales, otro docente y ocho estudiantes resultaron heridos, siete de ellos por impactos de bala.Las advertencias que fueron ignoradas, según la fiscalía de GeorgiaDurante el juicio, los fiscales sostuvieron que Colin Gray no escuchó reiteradas señales de alerta sobre el comportamiento de su hijo. Según la investigación, Colt Gray participaba en comunidades de internet donde manifestaba su obsesión por los autores de tiroteos masivos y evidenciaba un marcado deterioro emocional en las semanas previas al ataque.La madre del adolescente, Marcee Gray, declaró además que había pedido a su entonces esposo restringir el acceso del joven a las armas y mantenerlas bajo llave. Para la fiscalía, el acusado ignoró esas advertencias."El riesgo que estaba ignorando era que ocurriera un tiroteo masivo en una escuela, y le entregó exactamente la herramienta necesaria para hacerlo", sostuvo el fiscal Brad Smith.El juez explicó por qué responsabilizó al padre del adolescente que mató a cuatro personasAl anunciar la sentencia, Primm reconoció que se trata de un proceso poco frecuente y que plantea un importante debate jurídico. Sin embargo, sostuvo que Colin Gray tuvo oportunidades para evitar la tragedia."Usted fue condenado porque las luces de advertencia parpadeaban cada vez más fuerte y usted no le consiguió ayuda ni le quitó el acceso a las armas", expresó el magistrado.Uno de los pocos casos de este tipo en EE.UU.De acuerdo con Telemundo Chicago, el caso de Colin Gray se suma al reducido grupo de padres condenados penalmente por delitos cometidos con armas que facilitaron a sus hijos.El antecedente más conocido es el de Jennifer y James Crumbley, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por homicidio involuntario tras el tiroteo cometido por su hijo Ethan Crumbley en una escuela secundaria de Michigan, en 2021.
Los cinco detenidos deberán enfrentar el proceso legal en un centro carcelario, después de que el ente acusador demostrara pruebas suficientes en su contra por los presuntos delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada
Ramón Ángel Álvarez Ayala fue recluido por su probable participación en delitos de posesión de metanfetamina, arma de fuego y cartuchos
En un live en TikTok, el futbolista afirmó que Samahara y Youna saldrán "más juntos que separados" tras el reality 'La Prisión de Destino' en Miami
Por incumplir una sentencia laboral firme, según el fallo al que accedió Infobae. Líder de Alianza para el Progreso evitó ser ingresado a un penal por ser adulto mayor y no tener antecedentes penales
El despacho judicial consideró que hubo coordinación con otro individuo aún sin identificar durante el hurto que terminó en la muerte de Juan Pablo Vargas Becerra y mantuvo la medida de aseguramiento mientras avanzan las indagaciones
"El secuestro lo agravaron con otra sentencia, con detenciones preventivas y todas esas cosas. Han abusado de la peor manera", afirmó el padre de Ollanta Humala
El juzgado advirtió que, si Vladimir Cerrón incumple cualquiera de las reglas de conducta impuestas, la comparecencia con restricciones podrá ser revocada y reemplazada por una medida coercitiva de mayor severidad
Ni semilibertad ni libertad condicional. Cantante folclórica solo podrá reducir su condena de 30 años trabajando o estudiando dentro del Penal Anexo Mujeres, sino permanecerá recluida hasta 2041
Carla Sanabria y Carla Sandoval Soto serán juzgadas por el siniestro vial que provocó la muerte de la joven de 23 años. Leonardo Machuca, padre de la víctima, declarará como testigo y anticipó que buscará una condena "ejemplificadora". Leer más
Un hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años. Al finalizar su condena podría enfrentar un proceso de deportación.
El Poder Judicial de Honduras otorgó arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado en el caso por la muerte del ambientalista Juan López, tras acreditar problemas de salud.
Antonio Oseguera Cervantes se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia
El caso que paralizó tres distritos de Nueva York terminó con la detención del asesino serial. En prisión habló de una pesadilla y de un "milagro" tras un ataque
La Fiscalía de Azua imputa a la sargento, quien permanece bajo custodia tras ser acusada de homicidio con agravantes y trasladar a la víctima a una zona rural donde fue hallada sin vida
El registro audiovisual muestra al exgobernador de Junín sonriente y participando de la tradicional celebración de Santiago, pese a que continúa con paradero desconocido y la justicia no ha ejecutado la resolución del TC
La decisión fue adoptada tras el pedido de la Fiscalía, que presentó como sustento pericias de luminol, rastros de sangre y registros de cámaras de vigilancia incorporados a la investigación
Un juez deja recluidas a Virginia "N" y Diana "N" en Santa Martha Acatitla mientras la audiencia para definir su situación jurídica queda programada para este 4 de agosto
De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, El Mayo Zambada, por medio de sus abogados, envió un mensaje a su hijo, quien está al frente de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa
Los familiares alertan sobre los retrasos en las pericias y el temor a que el proceso judicial permita la liberación del acusado antes de que se esclarezcan todos los hechos relacionados con la muerta de la joven deportista
Los registros federales de prisiones volvieron a mover el plazo de excarcelación del productor, que acumula cuatro adelantos desde su condena de 50 meses por prostitución interestatal