políticas

Más megacentros de detención del ICE: el nuevo plan de Donald Trump para endurecer sus políticas en 2026

La iniciativa surge tras la asignación de fondos millonarios del Congreso y abre un capítulo sin precedentes en la política migratoria federal del país.

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

De las 38 agrupaciones, 33 confirmaron su asistencia al evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, de ese total, solo 29 refrendaron el acuerdo con miras a los próximos comicios

El mapa de la movilización de la CGT, organizaciones sociales y políticas contra la reforma laboral

El acto central está previsto para las 15 en Plaza de Mayo. Desde el medio día las organizaciones sociales y gremios se concentraran en puntos estratégicos del centro porteño. El gobierno anunció que aplicará el protocolo antipiquetes

La opinión pública ante al Juicio a las Juntas y las políticas de DDHH de Alfonsín

El Juicio a las Juntas del que este año se cumplen 40 años es, sin duda, uno de los hitos más trascendentes de la historia democrática argentina. Las encuestas entre 1983 y 1986 realizadas por Gallup bajo mi dirección permiten reconstruir aquel clima público con nitidez. Ese conjunto de materiales permite observar un patrón consistente: la sociedad argentina apoyó masivamente tanto el Juicio a las Juntas como la política de verdad y justicia de Alfonsín, aun cuando coexistían tensiones y ambivalencias heredadas del pasado reciente.Apenas unos meses después de la creación de la Conadep, en abril de 1984, el 54% de la población ya evaluaba positivamente el juzgamiento de los responsables de la represión, y solo el 12% lo consideraba negativamente. Eran tiempos en que el miedo todavía no había desaparecido del todo y en que cada avance institucional implicaba tensiones internas y externas. Sin embargo, incluso ahí, en ese territorio incierto, la mayoría reclamaba verdad.Con el inicio del Juicio a las Juntas en abril de 1985, lejos de erosionarse, ese respaldo creció. En junio de ese año, el 76% de los argentinos sostenía una opinión positiva sobre la política de juzgamiento, y apenas el 8% la rechazaba, mientras que un 15% la evaluaba regular. Un nivel de consenso excepcional en cualquier democracia, y más aún en una democracia recién recuperada como la argentina.Este apoyo no se daba en el vacío. Era parte de un debate profundo sobre la responsabilidad, sobre quién debía rendir cuentas. La mayoría -el 52%- consideraba que debían ser juzgados tanto los que dieron las órdenes como los que las ejecutaron, mientras que el 29% consideraba que debía juzgarse solo a los superiores por ser los responsables. Esa definición moral y jurídica, expresada desde la calle antes, anticipó discusiones que marcarían nuestra historia en los impactos siguientes.También resulta significativo observar cómo se posicionaba la sociedad ante la disyuntiva entre memoria y olvido. Desde 1982, cuando la dictadura todavía respiraba, cerca de la mitad de los argentinos ya se inclinaba por esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias, mientras que el 40% optaba por olvidar el pasado y mirar hacia delante. Con el retorno de la democracia y sus años de ejercicio, esa voluntad se volvió aún más firme: en 1995 un 50% pedía esclarecer y un 31% optaba por el olvido, y en 2003 sube a 62% quienes eligen esclarecer y baja a un 29% quienes prefieren olvidar y mirar hacia delante.Las encuestas realizadas indican un amplio apoyo a las políticas de verdad y justicia, incluso en un contexto de dificultades económicas crecientes. Los argentinos valoraban positivamente el proceso judicial impulsado por Alfonsín y consideraban necesario depurar el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política. La ciudadanía respaldó la política de derechos humanos, aunque coexistían percepciones ambivalentes sobre el impacto de la violencia política previa en los años 70 y sobre el rol que las Fuerzas Armadas habían tenido en el restablecimiento del orden.La sociedad argentina apoyó mayoritariamente el Juicio a las Juntas y las políticas de derechos humanos de Alfonsín. Ese respaldo no solo brindó legitimidad al proceso judicial, sino que consolidó un consenso democrático duradero. A 40 años del Juicio, esa evidencia empírica muestra que la búsqueda de verdad y justicia no fue una imposición desde arriba, sino una convicción compartida por la mayoría de los argentinos: una base moral y política sobre la cual se construyó la democracia recuperada.El proceso judicial y el debate público de aquellos años tuvieron también un impacto profundo en la percepción social de las Fuerzas Armadas. Durante décadas, la intervención militar en la vida política había erosionado su imagen frente a la ciudadanía, situación que se acentuó al hacerse visibles las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario. Sin embargo, con el paso del tiempo y frente a la evidencia sostenida de que las instituciones militares se han concentrado en sus funciones específicas, subordinadas al orden constitucional y sin pretensiones de poder político, esa imagen se ha transformado. Hoy predomina una valoración más serena y profesional de las Fuerzas Armadas, asociada a su papel institucional y no a las ambiciones de gobierno que marcaron etapas conflictivas del pasado.En 1985, el 66% de los argentinos declaraba no confiar en ellas. El descrédito militar no era un simple dato sociológico: era parte del sostén político y cultural que hizo posible el Nunca más. No fue solamente un gesto audaz del gobierno democrático, ni un experimento institucional que el mundo observó con asombro. Fue, ante todo, una expresión clara de la sociedad argentina, que en los años más frágiles de su transición eligió un camino difícil. Mirar estos números 40 años después no transforma el Juicio en una estadística, pero sí nos obliga a comprenderlo como un acto colectivo.Tomando datos actuales de Voices y World Values Survey, las Fuerzas Armadas son la institución más valorada en 2024 con 53% de confianza vs. 19% en 1984, mientras que las instituciones más ligadas al sistema político han perdido credibilidad marcadamente. La confianza en el Congreso, que en 1984 alcanzaba el 73%, se redujo de forma drástica, así como también la credibilidad en la Justicia, que llegaba al 59%. Actualmente, solo cerca de 2 de cada 10 argentinos confían en ambas instituciones y solo 1 de cada 10 en los partidos políticos.A 40 años del Juicio a las Juntas y ante los datos actuales, la pregunta no es solo qué pasó entonces, sino qué estamos dispuestos a defender hoy. Porque aquel juicio fue, en esencia, una afirmación colectiva: la democracia no se negocia y la justicia no se posterga. Y esa afirmación, nacida en las calles, todavía nos interpela. Debemos afianzar y hacer más eficiente nuestra democracia para responder a las necesidades de los argentinos.Socióloga, presidente de Voices Consultancy, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

Elecciones 2026: partidos tienen hasta el 2 de agosto para formalizar sus alianzas ante el Registro de Organizaciones Políticas

Actualmente, existen 43 partidos políticos inscritos. A esta cifra se sumó recientemente la agrupación Unidad Popular, liderada por el exjuez supremo Duberlí Rodríguez

Fentanilo adulterado. Para visibilizar la falta de respuestas políticas, vuelven a protestar los familiares de las víctimas

Las familias de víctimas del fentanilo adulterado de Buenos Aires y Santa Fe convocan a una manifestación para "visibilizar la falta de respuestas políticas, especialmente de las autoridades sanitarias, frente a la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina". Así lo anunciaron en el comunicado por el cual donde convocan a dos movilizaciones en espejo hoy, a partir de las 18, en la Plaza Moreno de La Plata, frente a la catedral, y en el Monumento a la Bandera, de Rosario. Mismo día, misma hora y mismo motivo: "Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado". Así reza la convocatoria. Apuntan sobre todo a las autoridades sanitarias, denuncian un "abandono sistémico" y exigen respuestas inmediatas. Reivindican el rol de la Justicia. Buscan a su vez, con este encuentro, reivindicar "la memoria de sus seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar"."Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos de la masacre del 'Fentanilo Adulterado'", señalan los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado.Desde que se inició la investigación judicial, ya se contabilizan más de un centenar de decesos vinculados con la administración de ese fármaco en nosocomios de ambas provincias. "Estamos reclamando respuestas políticas inmediatas, especialmente de las autoridades sanitarias, ante la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina", sumaron.Los titulares del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, no se presentaron en la comisión investigadora de Diputados. Ambos alegaron cuestiones de agenda.Los familiares de las víctimas esperan la respuesta de la titular de la Anmat, después de las fallas en los controles para impedir que las ampollas de fentanilo contaminadas de HLB Pharma, producidas en Laboratorios Ramallo, llegaran al mercado. En esa misma línea, se expresó Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, en el que recayó la causa a partir de las muertes asociadas al uso de ese fármaco en el Hospital Italiano de La Plata. "No hay capacidad de monitoreo en tiempo real de parte del Estado", afirmó Kreplak. Detalló la cadena de irregularidades halladas y habló de "incumplimiento sistemático de las buenas prácticas y una manipulación y falsificación de los registros de producción" por parte de los laboratorios.Por este expediente está detenidos el empresario Ariel García Furfaro, que junto con sus hermanos Diego y Damián y su madre, Nilda son accionistas mayoritarios del laboratorio HLB Pharma que produjo el fármaco adulterado en Laboratorios Ramallo, también de su propiedad, según los análisis de los peritos.Ante la ausencia de las autoridades, la comisión investigadora dijo que le solicitarán formalmente a Lugones que reciba a los familiares de las víctimas. En esta convocatoria, los familiares volverán a insistir y pedirán una reunión con Lugones y con Bisio."En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continúa su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos", señala la convocatoria difundida. Y detalla los objetivos de la movilización: exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el ministro de Salud y la titular de la Anmat; reivindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar durante la feria judicial y seguir dando visibilidad a la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.La comisión en Diputados se conformó por el pedido de familiares de las víctimas mortales que recibieron ese fármaco en establecimientos sanitarios bonaerenses y en otras provincias. El informe final consideró que existen "deficiencias estructurales" en el sistema y plantearon los 20 recomendaciones para una reforma estructural mejorar la normativa a nivel federal, asegurar un adecuado funcionamiento de la agencia regulatoria nacional y prevenir la ocurrencia de futuros casos similares, aumentado la capacidad del Estado para intervenir.

Reacciones políticas tras la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático

Sectores políticos y figuras del partido expresaron mensajes de apoyo, llamados a la unidad opositora y reconocimientos a su liderazgo femenino, resaltando expectativas de debate respetuoso y mayor protagonismo de las mujeres en la vida política del país

Nuevo esquema cambiario: los economistas celebraron las políticas que anunció el Banco Central

Fue positivo el primer análisis de la próxima fase del programa económico, pero hay algunas alertas por lo que podría pasar con el dólar y los precios

Fúnez (PP) defiende el derecho de Luis Argüello a "explicar sus opciones políticas"

Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por intenciones de radicalizar las políticas contra los empresarios del Gobierno Petro: "La dupleta diabólica"

La precandidata presidencial aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la destrucción para el sector empresarial

Celulares en las escuelas de Estados Unidos: qué dicen las nuevas políticas y cómo impactan en el aula

El informe presentado insiste en que el debate sobre la tecnología debe ir acompañado de una revalorización del acompañamiento emocional y pedagógico

El nuevo conflicto que enfrentan los inmigrantes en EE.UU. vs. las políticas del DHS

Bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a detener activamente a inmigrantes con ciertas condenas penales desde septiembre. Ahora, los abogados contraatacan a las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con herramientas legales que cuestionan la legalidad del proceso.Las políticas del DHS contra los inmigrantes detenidos en EE.UU.En septiembre, la administración Trump ordenó a los agentes federales proceder con la detención obligatoria. Esta política requiere que los funcionarios arresten a los no ciudadanos con ciertas condenas. Las personas puestas en custodia bajo esta modalidad no tienen derecho a una audiencia de fianza y deben permanecer detenidas mientras el procedimiento de expulsión esté pendiente contra ellas, según el Immigrant Legal Resource Center.El gobierno actual sostiene que no existe una diferencia entre los inmigrantes arrestados al cruzar la frontera y quienes entraron por vías ilegales, pero residen en el país hace años. Antes de la aplicación de la política, los jueces diferenciaban entre estos dos grupos, con la creencia de que quienes permanecieron en el país durante más de dos años sin cometer otros delitos ya establecieron lazos en la comunidad y pueden aplicar a la fianza.Inmigrantes detenidos en EE.UU. vs. las políticas del DHS: la estrategia de los abogadosAunque la medida buscaba incrementar el número de migrantes arrestados, no todo salió como Trump esperaba. Un informe de The Washington Post indicó que la mayoría de los jueces fallaron a favor de los inmigrantes que impugnan el cambio. Con sus determinaciones, ordenaron a la administración actual que celebre audiencias de fianza de inmigración para los detenidos o los libere.En esa línea, una decisión que podría impactar en miles de casos de migrantes corresponde a la de la jueza federal Sunshine Sykes del Distrito Central de California. El pasado 26 de noviembre, dictaminó que la política era ilegal y sostuvo que el gobierno debe brindar a los no ciudadanos de todo el país la oportunidad de buscar su liberación bajo fianza.A su vez, con su fallo otorgó estatus de demanda colectiva a todos los migrantes sujetos a la política de detención obligatoria del gobierno.Es importante remarcar que la medida de Trump no aplica a todos los migrantes que son arrestados por agentes federales. Aquellos extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, pero ingresaron legalmente, aún conservan el derecho de solicitar la libertad bajo fianza.Como resultado de la política, desde que el gobierno comenzó a aplicar la detención obligatoria, incrementaron drásticamente las solicitudes de hábeas corpus en los tribunales estadounidenses. Este recurso permite a los detenidos presentarse ante un juez para determinar si su arresto fue legal o no. El objetivo es proteger la libertad individual de cada persona.La postura del gobierno de Trump sobre las políticas del DHS para detener a migrantes en EE.UU.Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, defendió la detención obligatoria y afirmó que "busca aplicar la ley tal como fue redactada". A continuación, expresó que si la batalla legal llega hasta la Corte Suprema, el resultado será a favor de la administración Trump. "Los activistas judiciales han sido repetidamente anulados por la Corte Suprema", comentó, en declaraciones citadas por Washington Post.Asimismo, el gobierno federal alega que la ley vigente autoriza la detención obligatoria de todas las personas que esperan un proceso de deportación. Esta interpretación deja sin posibilidades a los jueces de inmigración de decidir si aplica o no la fianza.Pese a los argumentos de la administración Trump, el informe evidencia que los jueces federales de al menos 51 distritos judiciales rechazaron la postura del gobierno al sostener que la interpretación viola la Constitución. En 10 de estos distritos, los migrantes presentaron en promedio más de 100 peticiones desde septiembre.

Crisis ganadera: "Hay un problema de falta de oferta por malas políticas tomadas hace tiempo que redujeron el stock vacuno fuertemente"

"Hay un problema todavía de falta de un crédito barato para reponer vientres", indicó el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito. Leer más

UGT y CCOO urgen políticas que garanticen poder adquisitivo de los trabajadores

Festival de las personas mayores: arte y cultura como escenario de políticas de inclusión y participación

El municipio de Rosario impulsa acciones gratuitas y descentralizadas que promueven la participación y el acceso a talleres, colonias y asesoría en los barrios

Estados Unidos aplicará aranceles al régimen de Nicaragua por políticas comerciales consideradas "irrazonables"

Las tarifas comenzarán en 0%, incrementarán a 10% en 2027 y llegarán a 15% en 2028

Martín Redrado, sobre el dólar: "Hay que liberar el tipo de cambio y aplicar políticas anticíclicas"

En un evento previo a la conferencia del Premio Nobel de Economía Robert Merton, el expresidente del BCRA valoró el ajuste fiscal pero advirtió por las trabas vigentes en el mercado y la volatilidad de los flujos financieros. Sostuvo que el desafío es aportar previsibilidad al esquema macro.

Dos años de Javier Milei: un balance de su gestión en diez claves políticas y económicas

1) Nivel de gobernabilidadEn sus primeros dos años de gestión, el presidente Javier Milei afrontó un constante desafío a la gobernabilidad. Y pese a que llegó al poder con escasísimo músculo legislativo -39 diputados y seis senadores-, logró aprobar leyes fundamentales para su proyecto económico y político, como la ley bases o el paquete fiscal. Lo hizo gracias al aporte de sus aliados, como Pro, una línea interna de la UCR y peronistas disidentes, y los gobernadores dialoguistas. Ese vínculo estuvo marcado por los desencuentros. Primero, Milei los responsabilizó por el fracaso de la ley ómnibus. Pero, poco después, los convocó a firmar el Pacto de Mayo, un gran acuerdo nacional para impulsar reformas económicas, políticas y sociales. Asistido por los dialoguistas, Milei no sufrió grandes sobresaltos en el Congreso en su primer año de gestión. De hecho, pudo blindar los vetos presidenciales al aumento para los jubilados y el incremento de las partidas destinadas a las universidades, apalancadas por la oposición más radicalizada. Sin embargo, Milei no logró fortalecer su base de sustentación política. Al contrario, el bloque oficialista se quebró en medio de un escándalo por una visita de diputados a represores alojados en el penal de Ezeiza. Además, Milei decidió romper con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien marginó de la toma de decisiones y llegó a acusar de jugar a favor de la "casta".Su polémico discurso en Davos en enero de 2025 -apuntó contra el wokismo- marcó un punto de quiebre en su gestión. Desde ese día, el líder de LLA comenzó a perder capital político. El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA golpeó en la popularidad del Presidente y el armado electoral de LLA comandado por Karina Milei en las provincias terminó de resquebrajar el vínculo con la mayoría de los gobernadores. A partir de ese momento, el líder de LLA enfrentó una seguidilla de catastróficas derrotas en el Congreso. Por caso, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1983, el Congreso logró revertir tres leyes vetadas por el Presidente: emergencia en discapacidad, Garrahan y financiamiento universitario. En diciembre de 2025, luego de un sorpresivo triunfo en las elecciones legislativas, el primer test de adhesión que enfrentó Milei, el oficialismo se fortaleció en el Congreso. Y, por primera vez desde que el economista gobierna, el bloque de LLA desplazó al PJ como la primera minoría en Diputados, con 95 integrantes. En el Senado el oficialismo también quedó fortificado: pasó de seis a veinte representantes. Está claro que a lo largo de los dos años, Milei logró acumular mayores dosis de gobernabilidad.2) Institucionalidad Desde que asumió, Milei enfrenta críticas por sus manejos en el plano institucional. De arranque, optó por redoblar su diatribas contra "la casta" y mantuvo el tono discursivo de la campaña. De hecho, dio su discurso inaugural de espaldas a la Asamblea Legislativa, en un quiebre de la tradición de los actos de asunción presidencial. A su vez, fue cuestionado por haber prorrogado el presupuesto 2023 durante dos períodos consecutivos, lo que le garantizó el manejo discrecional de los fondos públicos. Sin dudas, el decreto 70/2023, que incluyó paquete de reformas, como la derogación de la ley de alquileres, la desregulación de las obras sociales, una modernización laboral y la habilitación de las privatizaciones, fue una de las decisiones más controvertidas de Milei. Esa medida, que fue rechazada por amplia mayoría del Senado, derivó en la primera huelga general de la CGT contra el gobierno de los libertarios -hubo tres paros en total-. Dada la debilidad parlamentaria de LLA, el Presidente hizo de los DNU su principal herramienta legislativa. Según un análisis realizado por la Universidad Austral en octubre último, Milei firmó más de cuatro DNU por mes. Con la sanción de la ley bases, el Congreso le confirió a Milei facultades delegadas. Con esa autorización, que venció en julio de este año, firmó 92 decretos delegados. No obstante, una de las medidas más polémicas de Milei en el plano institucional fue la firma del decreto simple con el que designó en comisión al controvertido juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Hasta ese momento, el oficialismo se había garantizado los dos tercios del Senado para nombrar a Lijo y García Mansilla, por lo que la medida despertó rechazos de la oposición y juristas. Finalmente, García Mansilla renunció al cargo después de que el Senado rechazara su pliego. Otro de los rasgos característicos de Milei en el ejercicio del poder fue el hostigamiento permanente al ejercicio del periodismo o los ataques contra las voces disonantes en la discusión pública. Tanto Adepa como Fopea advirtieron sobre los riesgos del clima de confrontación y las agresiones permanentes de Milei o funcionarios públicos contra el periodismo. El Presidente también firmó un decreto que limitó el acceso a la información pública. La institucionalidad no ha sido una fortaleza de la gestión libertaria.3) Política exteriorMilei apostó por un cambio drástico de la política exterior: abandonó el multilateralismo y, en contraste con el kirchnerismo, ensayó un rápido alineamiento con los Estados Unidos e Israel. Al priorizar la afinidad ideológica con sus aliados globales, chocó con los socios comerciales estratégicos de la región, como Brasil. Incluso llegó a amenazar con abandonar el bloque del Mercosur. Desde que asumió, se inclinó por radicalizar sus posicionamientos en el ámbito internacional -el voto en contra del embargo a Cuba derivó en la salida de la canciller Diana Mondino-. Es más: trasladó la batalla cultural, que tanto le rindió ante las tribunas locales, al tablero internacional y lanzó un duro ataque contra el "wokismo". Durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Milei rechazó la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, ambos programas respaldados por la mayoría de los 193 miembros del organismo, que promueven objetivos sobre el cambio climático, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Y en el Foro de Davos, dijo que los "zurdos" eran los enemigos de la humanidad. En ese marco, el Gobierno amenazó con abandonar el Acuerdo de París. La alianza estratégica con Donald Trump le dio oxígeno a Milei en el momento más delicado de su gestión. De hecho, el salvataje financiero de 20 mil millones de dólares que prometió el gobierno de los Estados Unidos le permitió a la Casa Rosada superar la crisis cambiaria en la antesala de las legislativas del 26 de octubre. Tras el triunfo electoral, ambas administraciones anunciaron un acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero, a tres semanas del anuncio, aún no se conoce la letra chica del convenio o cuándo se oficializará la firma del pacto entre Trump y Milei. 4) Seguridad y orden públicoEn sus primeros dos años de mandato, Milei puso el foco en bajar la inflación y restaurar la seguridad ciudadana. En ese contexto, Patricia Bullrich asumió un rol protagónico. Al frente del Ministerio de Seguridad, puso en marcha un protocolo contra las protestas piqueteras para impedir los cortes de tránsito. La nueva doctrina fue cuestionada por la oposición y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Milei convivió con un clima de tensión en las calles, marcado por las protestas contra el ajuste fiscal o los despidos en el Estado. En otro contraste con la gestión kirchnerista, Milei puso como prioridad el combate contra el narcotráfico en Rosario. El operativo Bandera, que diseñó Bullrich junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consistió en reforzar los patrullajes de las fuerzas federales e intensificar los controles en las cárceles federales. Según el Gobierno, el plan provocó un drástico descenso de la violencia vinculada al narco: respecto de 2023, hubo un descenso de casi el 70% de los homicidios. En la administración de Pullaro asocian la caída a la batería de medidas coordinadas entre la Nación y la provincia. 5) Gestión políticaEl Gabinete de Javier Milei mutó en sus primeros dos años de gestión. En un primer momento, el Presidente le dio un papel preponderante a los cuadros técnicos o políticos que había conocido durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian. Puso a Nicolás Posse como jefe de Gabinete -también le concedió el control del área de inteligencia-, a Guillermo Francos al frente de la cartera del Interior y le dio a Guillermo Ferraro el ministerio de Infraestructura. Con la salida de Posse, Santiago Caputo acumuló poder y se quedó con el manejo de las áreas más sensibles del Estado, como la SIDE o la DGI. Sus tentáculos también llegaron a YPF, el manejo de las empresas públicas o las áreas de Justicia y Salud. Así se inició una etapa marcada por la interna entre Caputo y Karina Milei, que erosionó el "triángulo de hierro" del Presidente. Tras la victoria en las legislativas, el jefe del Estado rediseñó el Gabinete: corrió a Francos y empoderó aún más a su hermana, quien se llevó el rédito por el espaldarazo en las urnas, ya que había apostado por fortalecer el despliegue territorial de LLA en todo el país, en contra de la voluntad de Caputo, quien prefería cuidar la alianza con gobernadores afines. Con el respaldo en las urnas, Milei priorizó a los puros en el nuevo esquema: ungió a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y evitó hacer grandes concesiones a los aliados. Apenas incorporó a Diego Santilli (Pro) como ministro del Interior.En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, Milei echó a unos 185 funcionarios de alto rango. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado. El dato surge de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. El último cambio resonante en la cúpula de Milei se produjo la semana pasada con el desplazamiento de Sergio Neiffert como titular de la SIDE.Además la gestión evidenció en varios pasajes de estos dos años dificultades de articulación.6) Crecimiento económicoLa economía llegó en septiembre (último dato disponible) al nivel que tenía en septiembre de 2022. Sin embargo, en estos últimos dos años, el nivel de actividad describió un sendero sinuoso y con una serie de etapas bien marcadas. Tras la devaluación inicial, que llevó el dólar a $800, y el fuerte ajuste fiscal de los primeros meses de gestión, la actividad se contrajo hasta tocar mínimos en abril de 2024. Luego, entre polémicas por el movimiento 'pedo de buzo' y el debate por las letras (en V, W, L, pipa de Nike) comenzó a rebotar con una sólida recuperación hasta febrero de este año. Desde entonces, la dinámica luce estancada, con intermitencia mensual.Según los últimos datos, la economía creció un 5% interanual en septiembre, y podría cerrar el año en torno al 4%. De todas maneras, ese promedio oculta las heterogeneidades al interior de los sectores productivos: rubros como la minería, la producción de hidrocarburos, el agro o la intermediación financiera (bancos, créditos) están por encima de sus niveles de 2023 y traccionan el crecimiento, mientras que la industria y la construcción todavía están por debajo de esos valores iniciales.7) InflaciónEl gobierno de Milei llegó con la baja de la inflación como prioridad y enfocó gran parte de su plan económico en ese objetivo, que fue su gran activo frente a la sociedad. Tras el salto inicial del dólar, el IPC se disparó a 25,5% en diciembre de 2023 (cerró el año en 211,4% interanual), y luego empezó a descender, mientras el Gobierno usó al tipo de cambio como ancla (primero con cepo y crawling peg, luego con la banda de flotación).En 2024, la inflación interanual fue del 117,8% y este año se espera que cierre por debajo del 30%, según las últimas estimaciones del REM que publica el BCRA. De todas maneras, la tendencia en los últimos meses muestra un estancamiento del proceso de desinflación: el 2,3% de octubre (último dato disponible del Indec) marcó el sexto mes consecutivo de suba mensual de la inflación, tras el 1,5% de mayo.8) PobrezaEl indicador acompañó al movimiento del costo de vida. Tras el salto del dólar y la inflación de diciembre de 2023, la pobreza, que había cerrado ese año en 41,7%, se disparó al 52,9% en el primer semestre de 2024 (alcanzó estadísticamente a casi 25 millones de personas), mientras que la indigencia llegó al 18,1%.Desde entonces, ambas variables comenzaron a bajar, de la mano de la recuperación de los ingresos y un menor ritmo en el ajuste de los precios de alimentos y otros rubros esenciales. En el primer semestre de este año (último dato del Indec), la pobreza cayó al 31,6% (alcanza a alrededor de 15 millones de personas), mientras que la indigencia se ubicó en el 6,9%.Según estimaciones privadas, como las que publica el economista Martín Rozada, especialista de la Universidad Di Tella, a partir de datos de la EPH y la evolución de las canastas de consumo del Indec, la pobreza en el semestre mayo-octubre de este año se ubicó en el 30,7%. Para el discurso libertario fue fundamental mostrar que el ajuste realizado no fue a expensas de un aumento de la pobreza.9) ReservasLa dinámica del sector externo es uno de los puntos más frágiles del esquema económico del Gobierno. Al momento de la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Banco Central tenía reservas netas negativas por más de US$11.000 millones, y su tenencia fue creciendo paulatinamente, aunque en el camino el equipo económico necesitó a inyecciones de divisas, como el blanqueo, el acuerdo con el FMI o el salvataje de Trump antes de las elecciones. Hoy, las reservas netas son negativas en algo más de US$3000 millones (el stock total es de casi US$41.700 millones), y el debate aparece sobre su futuro. Economistas, incluso los cercanos a las ideas de Milei, plantean sobre la necesidad de acumular reservas, algo que también aparece entre las metas que se firmaron en el acuerdo con el FMI (y que, a este ritmo, el Gobierno incumplirá). Mientras tanto, el esquema en curso también busca mantener estable al tipo de cambio y evitar que su cotización llegue nuevamente al techo de la banda, que obligaría al BCRA a intervenir vendiendo divisas al mercado.10) SalariosPese al rebote de algunos sectores, los ingresos no muestran una fuerte recuperación, y los números muestran heterogeneidades en el universo de los trabajadores. En el sector privado formal, los salarios quedaron en septiembre (último dato disponible) un 2,6% por encima del promedio de 2023, aunque estancados desde febrero de este año. Al mismo tiempo, se contrajo el universo de trabajadores de este grupo: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 138.573 puestos de trabajo formales registrados en el sector privado. A cambio, crece el trabajo de menor calidad (cuentapropistas, particulares, etc.) dinámica que se refleja en el aumento de 121.740 monotributistas en el período.El mayor golpe en materia de ingresos se dio entre los trabajadores del sector público. Víctimas del ajuste y la 'motosierra' de Milei, el nivel de salarios de septiembre de 2025 perdió un 18% de su capacidad de compra frente al promedio de 2023.

Consejo Gremial Nacional está elaborando un paquete de contrarreformas para pedir derogación de las políticas Petro

La organización empresarial prepara un informe que recopila normativas consideradas perjudiciales para el sector productivo, con la intención de que el próximo gobierno las revise

Rebelión republicana en EE.UU.: la diputada que da la espalda a Donald Trump y ahora apunta contra sus políticas

La ruptura entre Marjorie Taylor Greene y Donald Trump abrió una grieta dentro del mundo republicano. En específico, la legisladora anunció su renuncia anticipada a la Cámara de Representantes del Congreso, al tiempo que lanzó críticas directas contra el presidente de Estados Unidos.La renuncia sorpresiva de Marjorie Taylor Greene al Congreso y su quiebre con TrumpDurante una entrevista con 60 Minutes, Greene relató cómo llegó a la determinación de abandonar su banca un año antes del cierre de su mandato.Según explicó, la decisión no llegó por impulso, sino por una acumulación de episodios que, según dijo, cambiaron "el paisaje entero" de su vida política y personal. En ese sentido, recordó que Trump retiró su apoyo electoral y respaldó a la figura republicana que busque ocupar su lugar, un gesto que la dejó "atónita" después de haber sido una de sus defensoras más fieles.En tanto, sostuvo que el conflicto alcanzó un punto irreversible cuando cuestionó la postura del mandatario sobre el caso Jeffrey Epstein. Greene afirmó que sostuvo la posición de las víctimas y que esa defensa provocó que Trump la tildara de "traidora". Además, esa postura marcó el comienzo de amenazas extremadamente graves, incluida una advertencia con un artefacto explosivo en su residencia y mensajes directos contra su hijo. Greene reconstruyó en la entrevista cómo Trump intensificó sus descalificaciones públicas. Sin ir más lejos, el presidente se refirió a ella como "Marjorie 'la traidora' Greene". Asimismo, reveló que recibió un mensaje privado del presidente que no podría reproducir, aunque comentó que "no fue amable". Las críticas de Marjorie Taylor Greene a la agenda internacional de TrumpDesde mayo, según recordó, Marjorie Taylor Greene empezó a cuestionar públicamente los viajes internacionales de Trump. En esa línea, consideró que un presidente que impulsara el discurso de "Estados Unidos primero" debía concentrarse en la política interna antes de desplegar una agenda exterior. También sostuvo que Trump se había alineado con sectores que antes criticaba, como por ejemplo la industria farmacéutica, los donantes tecnológicos, el complejo militar y grupos de interés con poder económico.Greene citó como ejemplo la aprobación de un proyecto que, según ella, favoreció a los aportantes del sector cripto. Además, añadió que el presidente actuó en consonancia con los intereses de Israel, incluso al atacar a Irán. "El presidente se volvió establishment", sintetizó en su video de despedida de su puesto en el Congreso.Disputas políticas, disculpas fallidas y tensiones con la prensaMarjorie Taylor Greene también revivió los momentos más agrios de su carrera, incluida su conocida militancia confrontativa, sus gritos en el Congreso y sus expresiones que ganaron notoriedad nacional.En ese sentido, recordó su pedido de perdón en CNN por haber contribuido al clima tóxico de la política, aunque en 60 Minutes dejó claro que no renunciaba del todo a su estilo combativo. La conversación avanzó hacia los problemas estructurales del Congreso, como la incapacidad de aprobar presupuestos y la dificultad para financiar proyectos locales. Greene explicó que la falta de acuerdos dañó directamente a los habitantes de su distrito en Georgia y afirmó que la crisis económica afectaba al país norteamericano entero, pese a que Trump calificó el deterioro del poder de compra como una "estafa".En otro tramo, recordó su voto junto a los demócratas para garantizar subsidios de salud durante el cierre del gobierno, algo que, según comentó, jamás creyó que terminaría por hacer. También defendió su postura sobre la guerra en Gaza, a la que consideró un genocidio, y justificó su voto contra la Ley de Concientización sobre Antisemitismo porque, a su juicio, el Congreso reiteraba declaraciones sin sentido mientras muchos legisladores recibían dinero de grupos de interés.

Daniel Briceño aseguró que hay presiones en la contratación pública para favorecer campañas políticas en Bogotá

El concejal expuso que la renovación de contratos se condiciona al respaldo de reuniones políticas, mientras acusa a funcionarios de aprovecharse de la vulnerabilidad laboral para favorecer candidaturas

Giliberto Capano: "El mal funcionamiento de las políticas públicas es uno de los motores de las crisis de la democracia"

El reconocido politólogo italiano, ex decano de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA. Y conversó con Clarín sobre cómo mejorar la gestión pública.

Inmigración en EE.UU.: la nueva encuesta que expone diferencias políticas y generacionales

Una reciente encuesta de Economist/YouGov mostró variaciones en la forma en que los estadounidenses evalúan la llegada de inmigrantes legales a Estados Unidos y las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. El estudio identificó divisiones políticas y generacionales, así como un interés limitado del público en la inmigración frente a prioridades económicas.Tendencias recientes en la opinión pública sobre inmigración legal en EE.UU.La nueva medición, realizada desde el 21 al 24 de noviembre de 2025 a más de 1600 adultos estadounidenses, indicó que un 35% considera que el país norteamericano debería disminuir el número de inmigrantes legales que se admiten cada año. Dentro de ese grupo, una parte respalda una reducción parcial (26%), mientras que un sector menor (9%) propone que se limite hasta su eliminación.En contraste, un 23% de los encuestados indicó que preferiría ampliar el nivel de inmigración legal. Otra fracción, correspondiente al 26%, consideró adecuado mantener los niveles actuales. El resto no expresó una opinión definida. Estos datos señalaron un cambio respecto de mediciones previas y reflejaron un debate constante sobre cómo abordar el ingreso de personas en ese país. Aunque el tema está presente en el discurso político nacional, la encuesta también subrayó que la inmigración se ubica por debajo de asuntos económicos entre las principales preocupaciones del público. Según el estudio, la inflación y la marcha general de la economía ocupan los primeros lugares en la lista de prioridades.Divisiones políticas y diferencias generacionales en torno a la inmigraciónLos resultados de la encuesta revelaron brechas notorias según la afiliación política de los participantes. Una mayoría de quienes respaldaron a Donald Trump en la elección de 2024 (38%) se mostró partidaria de limitar la inmigración legal, e incluso un porcentaje menor (17%) apoyó eliminarla por completo. En cambio, entre quienes votaron por Kamala Harris, la posición fue opuesta: solo un pequeño margen del 2% apoyó la reducción total, mientras que una parte significativa del 40% manifestó interés en aumentarla.La ideología también influyó en la postura general. El 60% de los encuestados que se identificaron como conservadores favoreció disminuir o detener la inmigración legal. Solo el 14% de los encuestados liberales compartió ese enfoque. Estas diferencias mostraron que el tema permanece polarizado.La edad fue otro factor que intervino en la forma de evaluar la inmigración. Los adultos jóvenes expresaron mayor apertura hacia la expansión de la inmigración legal, mientras que las personas mayores se inclinaron principalmente por una disminución. Los datos permitieron observar cómo las generaciones más recientes sostienen posiciones distintas respecto de quienes se encuentran en rangos de años superiores.Prioridades de la administración Trump y lugar de la inmigración en el debate públicoAunque las decisiones sobre inmigración ocupan un espacio recurrente en la discusión política, el público no lo considera un tema de primera necesidad. Solo un 6% de los encuestados lo ubicó como su principal preocupación. La inflación (25%), el empleo (16%) y la atención médica (11%) se situaron por encima. Esta diferencia confirma que, aunque la inmigración es un asunto visible, no es determinante en la evaluación general de la ciudadanía sobre los problemas del país norteamericano.Esta encuesta se realizó previo a los anuncios del presidente Trump sobre las nuevas medidas dirigidas a restringir el ingreso de personas procedentes de países que definió dentro del "tercer mundo". Según explicó el mandatario, su intención es establecer una pausa permanente para permitir que el sistema migratorio se reorganice. En el contexto de sus políticas migratorias, planteó una serie de acciones que incluyen:Eliminar beneficios federales para no ciudadanosRevisar naturalizaciones que considere problemáticasDeportar a quienes identifique como carga pública o como riesgo para la seguridadEste anuncio de Trump incluyó referencias a lo que describió como un proceso de "migración inversa", con el cual pretende reorientar la situación. Junto con estas declaraciones, el presidente sostuvo que EE.UU. ha enfrentado complicaciones por políticas previas que, a su juicio, permitieron el ingreso de personas que no contribuyen a su país.

Partidos fantasma: la Justicia avanza contra cuatro agrupaciones políticas que se quedaron con la plata de las boletas en 2023

Los apoderados de cuatro agrupaciones políticas minoritarias fueron procesados por fraude, acusados de haberse quedado con el dinero recibido del Estado para la impresión de boletas partidarias en las PASO de 2023 en la provincia de Buenos Aires.Los procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, ligados a los partidos Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo.La Cámara Nacional Electoral confirmó ahora los procesamientos dictados por el juez federal Ernesto Kreplak contra los cuatro imputados, por los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.El fallo del tribunal lleva las firmas de los camaristas Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via.Los hechos se cometieron durante la campaña electoral correspondiente a las primarias realizadas en la provincia de Buenos Aires en 2023 para la elección de candidatos a cargos públicos nacionales.Los partidos políticos investigados percibieron aportes públicos para solventar la campaña electoral y para la impresión de las boletas; sin embargo, no pudieron acreditar ante la justicia federal electoral de Buenos Aires que el dinero percibido del Estado Nacional haya sido destinado al fin previsto en la legislación electoral nacional.La Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, entregó al partido Proyecto Joven la suma de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas, en tanto, a la agrupación Justicia y Dignidad Patriótica le asignó $124.224.124,30, también como aporte de campaña e impresión de boletas. Sin embargo, los responsables de esas agrupaciones, desviaron esas sumas para otros fines. Por eso, están acusados de los delitos de fraude y de falsedad ideológica de documentos públicos.Además, surge de la causa que los partidos sujetos a investigación habían presentado precandidatos que estaban fallecidos en el momento de la elección.De 228 supuestos candidatos, 170 no ratificaron su postulación y los miembros de las juntas electorales partidarias negaron haber firmado las actas de oficialización de listas.Según la investigación judicial, el dinero percibido fue direccionado casi exclusivamente a la "impresión de boletas" en la imprenta DWP S.R.L., que pertenece a la esposa del imputado Ernesto Habra y a José Bonacci, que era su socio. El tribunal destacó que esto representó un "negocio multimillonario" para los involucrados.Según el fallo, aunque los cuatro partidos estuvieron involucrados, solo dos lograron cobrar efectivamente el dinero antes de que se detectaran las irregularidades y se frenaran los pagos. Los dos partidos que finalmente no cobraron tenían montos millonarios adjudicados.El partido Esperanza del Pueblo tenía asignados más de $85.000.000 (sumando las categorías de diputados, parlamentarios del Mercosur y senadores), pero no cobró el dinero, y Encuentro Republicano Federal tenía asignados más de $86.000.000 (sumando las diversas categorías), que tampoco recibió.Por eso, el tribunal ordenó embargos preventivos por sumas que van desde los $50 millones hasta los $480 millones de pesos.Ernesto Raúl Habra, apoderado de Encuentro Republicano Federal, dijo que fue víctima de sus socios y negó haber gestionado otros partidos. Acusó a Sergio Medrano y a Bonacci.Sergio Jesús Medrano, apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica, admitió su rol formal, pero alegó ser un testaferro sin control real. Señaló a Habra como el verdadero "dueño" de la operación.Yamil Eloy Salerno, apoderado Proyecto Joven intentó minimizar las irregularidades y también apuntó a la intervención de Habra y de Matías Mauricio Burgos, apoderado de Esperanza del Pueblo. Dijo que ignoraba todo, incluso su propia firma digital. La Justicia no les creyó y procesó a todos.Entre las irregularidades detectadas encontraron datos falsos en los documentos que eran presentados con el objeto de que se aprobara la participación en los comicios y se habilitara el uso de los fondos públicos. La Justicia reunió pruebas de que varias personas no habían consentido ni suscripto las precandidaturas que fueron presentadas.La Cámara Nacional Electoral señaló que los partidos políticos son "auxiliares del Estado", "necesarios para el desenvolvimiento de la democracia" y, por lo tanto, "instrumentos de gobierno". Por eso, dijeron los camaristas, "se requiere que su constitución, autoridades y cuerpos orgánicos sean transparente expresión de representatividad, a la vez que una clara manifestación programática de las corrientes de opinión que fluyan en el seno de tales agrupaciones", afirmaron los jueces.

El crítico panorama de las remesas a México en 2026: las políticas de EE.UU. que impactan en millones de hispanos

Un informe reciente sobre el envío de dinero desde Estados Unidos a México revela una caída interanual que se mantiene desde hace meses y se proyecta su continuidad para 2026. ¿Cuáles son las causas¡?Las remesas a México desde EE.UU. siguen en caídaLos datos se desprenden de un informe de BBVA Research. Según datos de octubre, los envíos de dinero alcanzaron los US$5635 millones. La cifra representa una disminución del 1,7% en comparación con el mismo mes de 2024.Lo distintivo de lo que ocurre con los mexicanos en EE.UU. es que esta tendencia no se refleja en otros países de la región. El reporte sostiene que las remesas a otras naciones cercanas no solo no están en caída, sino que presentan un crecimiento marcado.Con respecto a los motivos detrás del fenómeno, se destacan dos focos:La política migratoria del gobierno de Donald Trump.La menor inserción de mexicanos en el mercado laboral estadounidense.Sobre el primer punto, el informe menciona el argumento de que el endurecimiento del enfoque migratorio afecta a los movimientos de dinero. Esto se puede ver desde dos ángulos.En primer lugar, las políticas migratorias causan que sea más difícil para mexicanos obtener trabajo, por lo que se modifica la fuerza laboral, hay menores ingresos y eso lleva a un menor envío de remesas. Esta explicación combina los dos puntos que presenta el reporte sobre los motivos.Otra explicación posible es que los migrantes están más alerta y tienen mayor cautela a la hora de mover su dinero, lo que genera una baja en la cifra de envíos.Por otro lado, en cuanto a la menor inserción laboral, los autores del informe sostienen que puede deberse simplemente a la disminución en la llegada de nuevos mexicanos en comparación con otros países.Al llegar a un estancamiento en la cantidad de migrantes mexicanos en EE.UU., la cifra de remesas deja de crecer y hasta puede presentar una disminución leve como en este caso.Las remesas en México caen, pero crecen en otros países de la regiónUna de las claves del informe fue resaltar que el fenómeno mexicano no se replica en la región. En la comparación interanual, mientras los envíos de dinero a México cayeron 1,7%, otras naciones presentaron aumentos:Honduras: 24%.Guatemala: 19,5%.El Salvador: 16,3%.República Dominicana: 11,9%.Colombia: 5,4%.Aunque el reporte no profundizó al detalle en los motivos de esto, destacó que la explicación más factible tiene que ver con la cantidad de nuevos migrantes.Así como México presenta un estancamiento en la cantidad de ciudadanos que viven en EE.UU., el crecimiento en la presencia de oriundos de otros países de la región causó un aumento en sus remesas.La caída del envío de dinero a México continuará en 2026Con la baja interanual en octubre, la nación azteca llegó al séptimo mes consecutivo de caída en las remesas. A pesar de que la cifra en octubre fue la más alta nominalmente desde noviembre del 2024, no alcanzó a revertir la tendencia.El informe indica que esto seguirá durante 2026. Para el próximo año, los expertos calculan un envío de dinero de alrededor de US$60.000 millones, contra una proyección de US$61.810 millones en 2025.

Donald Trump y Melania encendieron el árbol de Navidad en la Casa Blanca con un discurso religioso y marcadas señales políticas

"La religión está volviendo a Estados Unidos, muy fuertemente", proclamó el Presidente.Habló de "una frontera ahora segura", mencionó el ataque a la Guardia Nacional y el estado de salud del herido, y hasta citó el Mundial de fútbol 2026.

Petro defendió las políticas contra la extracción de petróleo en sus tres años de mandato: "Es lo que el próximo gobierno debe hacer"

El primer mandatario sostuvo que su apuesta por el sector de la agricultura en vez del petróleo y los combustibles fósiles han potenciado la economía nacional

Red Nacional de Refugios exige políticas de prevención y atención del VIH y sida con perspectiva de género

La carga del cuidado de personas con Sida recae principalmente en mujeres, afectando sus oportunidades educativas y laborales

Jesús María proyecta un festival histórico y Zárate marca distancia con las "fiestitas" políticas

El intendente destacó el crecimiento récord y el rol del turismo como motor económico. Diferenció las iniciativas con impacto real de los festejos municipales sin retorno productivo. Leer más

Patxi López critica los "retrocesos" del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia

Un tiroteo en Washington prefigura políticas migratorias más duras

Los miembros de la Guardia Nacional, que fueron desplegados para proteger a la gente, se convirtieron en un objetivo

Juan Sánchez: "Uruguay tuvo políticas de Estado casi desde el primer gobierno democrático"

El economista uruguayo analizó los motores históricos del crecimiento de Uruguay y las diferencias estructurales con la economía argentina. Leer más

Rafael Vela afirma que sentencia a Martín Vizcarra refleja que "el sistema de justicia resiste presiones e intromisiones políticas"

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato recordó que Martín Vizcarra se convierte en el tercer expresidente condenado por corrupción, tras el fallo por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Familiares de presas políticas venezolanas pidieron acción de la ONU para la liberación "inmediata" de las víctimas

Activistas y parientes de mujeres detenidas protestaron ante la sede de Naciones Unidas, solicitando intervención internacional y visibilidad para los casos de 178 venezolanas afectadas por violencia de género institucional

La familia de inmigrantes que logró reencontrarse en EE.UU. después de una década y que ahora podría tener que separarse de nuevo por las políticas de Trump

En una casa junto al agua en el pueblo de Lakeland, Florida, Marven se ríe con dos mujeres a las que ama profundamente: su hermana Rochelle y su madre biológica, Guerline.La calidez entre ellos es evidente, mientras celebran el 16º cumpleaños Marven, a pesar de haber pasado una década separados. Ahora temen volver a separarse.También celebra Stacey Nageli Angulo, quien adoptó a Marven en Haití cuando este tenía tres años, tras el devastador terremoto de 2010.Ayudó a Guerline y Rochelle a venir a Estados Unidos hace tres años, reuniendo a la familia, mientras la creciente violencia de pandillas desencadenaba una nueva crisis humanitaria en la nación caribeña.Las dos haitianas, cuyos nombres hemos cambiado para su seguridad, viven y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo un programa llamado Estatus de Protección Temporal (TPS).Este programa brinda protección a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y provienen de países afectados por guerras o desastres naturales. Pero el TPS finalizará para 350.000 haitianos en febrero, como parte de los cambios radicales a las políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump.Rochelle, ahora de 21 años, celebra mientras Marven sopla las velas, pero la sonrisa de Guerline se desvanece. En tan solo unos meses, las dos mujeres podrían ser deportadas.Tras el terremoto de 2010, Guerline vivió en Puerto Príncipe, la capital de Haití, luchando por mantener a sus hijos. Dice que dar a Marven en adopción la "traumatizó", pero que "quería una vida mejor para el".Stacey, quien ahora se dedica a la renovación de propiedades tras una carrera en el mundo empresarial, dice que se sintió obligada a adoptar a un niño haitiano tras el desastre y crió a Marven junto a sus dos hijos biológicos.Más recientemente, al enterarse de la violencia que azotaba Haití, comenzó a investigar rutas legales para que Rochelle y Guerline pudieran entrar a Estados Unidos. Cuando se abrió un programa humanitario en 2023, aplicaron de inmediato."Tres semanas después, recibieron la aprobación, estaban en un avión y luego aquí con nosotros", dice.Las dos haitianas se mudaron a una caravana en la entrada de la casa de Stacey, antes de alquilar un apartamento en la zona. Guerline ahora trabaja en un hotel. Rochelle trabaja en un supermercado y una guardería, y sueña con ser enfermera.Marven suele dormir en su apartamento y le encanta la comida haitiana que prepara Guerline. Dice que ahora su vida "se siente más plena".Pero a Rochelle y Guerline les aterra regresar a Haití. La violencia de pandillas ha desplazado a una décima parte de la población, según la ONU, y los secuestros y asesinatos están aumentando drásticamente. Las violaciones y los incendios provocados también.Rochelle, quien ahora tiene 21 años, dice que su mayor temor en Puerto Príncipe era ser secuestrada. "Estaba en la escuela y he visto a chicas jóvenes como yo ser secuestradas", dice."Pidien rescate por ellas y luego no las recuperan", explica, y agrega que cree que algunas de las chicas que son secuestradas son violadas o asesinadas.Dice que recibe videos desgarradores de amigos y familiares en Haití todos los días, que incluyen cuerpos quemados y tiroteos entre pandillas: "Hay tiroteos todo el tiempo. No puedes salir".Stacey votó por el presidente Trump en las últimas tres elecciones presidenciales, pero ahora está horrorizada con la idea de que Rochelle y Guerline puedan ser deportadas."¿Queremos fronteras abiertas? Definitivamente no. ¿Queremos que deporten a criminales? Totalmente", dice. "Pero separar familias como la nuestra y deportar a personas a países inseguros... es impensable e inadmisible".El TPS para haitianos se ha extendido repetidamente desde su primera designación en 2010.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) afirma que "la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a casa con seguridad".Sin embargo, el gobierno estadounidense aconseja a sus ciudadanos no viajar allí debido a "secuestros, delitos, actividades terroristas y disturbios civiles".El servicio de inmigración de EE.UU. afirma que continuar con el programa para los haitianos no beneficia a Estados Unidos, citando las dificultades para verificar la identidad de los migrantes y obtener información de las fuerzas del orden haitianas, además de la "grave amenaza que representan las pandillas haitianas".Un portavoz del DHS también declaró a la BBC en septiembre que el TPS había sido objeto de abuso y explotación.El gobierno estadounidense afirma que a quienes se les vence su TPS pueden irse voluntariamente o buscar otras opciones de inmigración. Los abogados afirman que pocos calificarán para quedarse y muchos pasarán a la clandestinidad.En Miami, otra mujer haitiana, a quien llamamos Monique, nos cuenta que lleva más de 16 años viviendo en EE.UU. Su pequeña casa está llena de fotos de su esposo, su hijo y su hija. Ella es la única de ellos que se enfrenta a la deportación: su esposo es residente permanente, su hija es ciudadana estadounidense y su hijo tiene una solicitud de residencia permanente en trámite.Monique, quien ahora trabaja como conductora de autobús, llegó legalmente a través de un programa humanitario antes de acceder al TPS en 2010."Sí, se llama Estatus de Protección Temporal", dice. "Pero es temporal si tu hogar es seguro. Haití no es seguro".Se seca las lágrimas, convencida de que lo perderá todo y posiblemente morirá si regresa: "No nos envíen a Haití... solo mátennos".Más de un millón de personas tienen TPS en EE.UU., y decenas de miles de personas de 20 países han disfrutado de esta protección desde 1990.Este año, EE.UU. lo ha cancelado para seis países: Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela. Ha habido múltiples impugnaciones legales, incluyendo una que retrasó la finalización del TPS para los haitianos.En Florida, donde el 56% de los votantes apoyó a Donald Trump, muchos simpatizantes republicanos, como Stacey, nos dijeron que querían que se aplicara la ley de inmigración, pero que les preocupaba el coste humano de las políticas actuales.Ella considera que el Partido Republicano está "completamente desconectado" de su base electoral en materia de inmigración.Sin embargo, el empresario local Sam Romain, presidente de los republicanos del Condado de Polk, se muestra menos comprensivo: "Sabían que era temporal, construyeron su vida con un estatus temporal y ahora... están molestos porque está por vencer. Sabíamos cuáles eran las reglas".Cuando se le presiona sobre la situación en Haití, dice que no está calificado para evaluar si es lo suficientemente seguro como para regresar, pero cree que la decisión la toman funcionarios calificados y confía en su criterio.Romain dice creer en Estados Unidos como "una nación de ley y orden" y añade que una reforma migratoria "es necesaria".Para Rochelle y Guerline, el futuro está lleno de incertidumbre."Nos dijeron que Estados Unidos es la tierra de la libertad y la seguridad", dice Rochelle. "Ahora no sé adónde pertenecemos"."Quiero mucho a mi hermana", dice Marven. "No sé qué haría si algo le pasara".Los tres posan juntos para una fotografía: madre, hijo e hija. Pero en unos meses, dos de ellos podrían ya no estar.

Muerte de Juan José Mussi: las reacciones políticas en Berazategui y el PJ bonaerense

El intendente falleció este lunes a los 84 años.Desde Cristina Kirchner hasta Alberto Fernández despidieron al histórico dirigente del peronismo.

¿Sigue el estatus santuario? Mamdani confirmó sus políticas migratorias en Nueva York tras la reunión con Trump

Zohran Mamdani despejó cualquier tipo de especulación política sobre el rumbo de Nueva York respecto de la protección a los migrantes. Después de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el alcalde electo ratificó ante vecinos del Bronx que la Gran Manzana continuará con su estatus santuario Mamdani reafirmó el estatus santuario de la ciudad de Nueva YorkLa confirmación de Mamdani se produjo en una iglesia del Bronx. De acuerdo a información recogida por Fox News, el dirigente demócrata señaló que no modificará los pilares legales que convierten a Nueva York en un refugio para quienes enfrentan riesgos de deportación. Según expresó, durante su encuentro con Trump discutió las áreas en las que la normativa local autoriza intercambios con el Gobierno federal, especialmente en el caso de delitos graves. En ese sentido, el alcalde electo sostuvo que la ley de la ciudad de Nueva York habilita comunicaciones con autoridades nacionales solo en torno a unas 170 infracciones severas. Sin embargo, remarcó que el problema se encuentra fuera de ese marco. Allí, según indicó, aparecen numerosos residentes que terminan detenidos o expulsados simplemente por presentarse a una audiencia judicial. En ese contexto, afirmó que su administración tendrá como prioridad "proteger a quienes consideran esta ciudad su hogar".A la salida del templo, profundizó esa idea en diálogo con reporteros. Mamdani evitó pronosticar cómo reaccionará Trump ante la continuidad de las normas de santuario, aunque sí anticipó que las diferencias serán inevitables. De todas maneras, enfatizó que defenderá "a cada persona que vive en esta ciudad".Las coincidencias entre Trump y Mamdani, tras su reunión en la Casa BlancaAntes del discurso en el Bronx, Mamdani mantuvo un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. En una conferencia conjunta, cuyas declaraciones figuran en la desgrabación publicada por The New York Times, ambos mostraron coincidencias en temas económicos, pese a los fuertes contrapuntos previos.El presidente elogió al alcalde electo por la campaña que lo llevó a imponerse "ante personas inteligentes y duras", al tiempo que ambos comparten su visión en cuestiones vinculadas a la accesibilidad de la vida urbana. Trump habló del precio de la vivienda, de la necesidad de construir más unidades y de la caída del costo de productos básicos, algo que consideró beneficioso para Nueva York. También aseguró que "ayudará" al nuevo mandatario local y que estará "alentándolo" en su gestión.Por su parte, Mamdani agradeció el encuentro y describió el diálogo como "productivo". Ambos discutieron el costo de los alimentos, los servicios, el alquiler y las presiones que expulsan a miles de habitantes de la ciudad más cara del país. Asimismo, subrayó que muchos votantes que apoyaron a Trump lo hicieron porque querían "poner fin a las guerras eternas" y atender la crisis del costo de vida.Los puntos de fricción entre Trump y MamdaniAunque el clima de la conferencia fue cordial, el intercambio reveló tensiones profundas, especialmente en torno a inmigración, seguridad e instituciones federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En relación con la inmigración:Mamdani recordó que la ciudad solo puede comunicarse con el Gobierno federal por un número limitado de delitos graves y que la inquietud principal surge cuando se aplica la ley migratoria a personas sin antecedentes severos.Señaló casos recientes, como el de una madre y sus dos hijos, para ilustrar cómo se activan procesos que, desde su perspectiva, no guardan relación con riesgos reales para la seguridad pública.Defendió la necesidad de coherencia entre las leyes locales y los principios de protección que desea mantener.Por su parte, Trump enfatizó la importancia de "sacar a criminales peligrosos" y afirmó que ese fue uno de los temas más extensos del encuentro. En ese sentido, subrayó que Mamdani "no quiere ver crimen" y que ambos coinciden en la necesidad de garantizar calles seguras, aunque reconoció que quizá difieran en los métodos.Además, la conferencia también giró en torno a las críticas previas y las diferencias ideológicas entre ambos. Sin ir más lejos, los periodistas recordaron a Mamdani que había llamado "déspota" al presidente días antes y que había denunciado una supuesta "agenda fascista". El alcalde electo respondió que ambos son claros respecto de sus posiciones, pero que la conversación se centró en lo que pueden hacer por los neoyorquinos.En tanto, Trump restó importancia a las acusaciones y bromeó al decir que fue calificado con términos peores.

Segob ve motivaciones políticas en megabloqueos de agricultores y transportistas en Edomex y CDMX

La secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoce que hay demandas pendientes por resolver

Vicky Dávila y Claudia López convirtieron las redes sociales en un 'ring' por supuestas alianzas políticas: "Expeles rabia y veneno"

Las precandidatas presidenciales no se guardan nada en su enfrentamiento; la exalcaldesa de Bogotá calificó a la periodista de "cotorra" mientras respondía a sus críticas

Bernabé asegura que hay "mujeres gobernando con políticas machistas" y afea que CCAA del PP "echen gasolina todo el día"

Cumbre del Clima. Ausente en políticas, por qué se considera que el papel argentino fue casi nulo en la COP30

La Argentina tuvo un protagonismo casi nulo durante las dos semanas de negociaciones climáticas de la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Es un avance si se lo compara con el papel del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo decidió retirar a su delegación dos días antes del inicio de la cumbre en Azerbaiyán. Pero en relación con años anteriores, la presencia del país fue prácticamente fantasmagórica, salvo contadas intervenciones.Desde la Casa Rosada enviaron a tres representantes: dos técnicos y a Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y única figura política de la delegación. Ni el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, ni el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, viajaron a la conferencia, pese a que ambos estaban previstos en la comitiva.Durante meses, Brom había planificado su viaje para presentar un documento clave dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que reúne las metas actualizadas de acción climática del país. Tras casi dos años de trabajo, el subsecretario incluso convocó a una conferencia de prensa, una semana antes del inicio de la COP30, para anunciar su inminente publicación.Sin embargo, una semana después â??y en medio de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabineteâ?? el documento nunca fue enviado a Naciones Unidas y Brom tampoco viajó a Belém. Para colmo, desde la Casa Rosada le solicitaron la renuncia, que hasta hoy no presentó. Aún no está claro qué motivó esa orden ni por qué la NDC quedó sin remitirse, aunque desde el área de Ambiente admitieron a LA NACION que el reporte quedó detenido en la Cancillería, a la espera de la firma del nuevo ministro, Pablo Quirno."Críticamente insuficientes"El Climate Action Tracker calificó las políticas y compromisos climáticos de la Argentina como "críticamente insuficientes", y el Observatorio Nacional de Acción Climática señaló que los avances recientes fueron leves o inexistentes. En 2024, la delegación abandonó la COP29 sin explicaciones y, poco después, el Gobierno evaluó retirarse del Acuerdo de París. Los recortes presupuestarios, la degradación a secretaría del Ministerio de Ambiente y declaraciones del presidente Javier Milei â??quien propuso "revisar la serie histórica" de temperaturasâ?? consolidaron la imagen de un Poder Ejecutivo negacionista.Pese a ese escenario, el Gobierno anunció que presentaría una nueva NDC en la COP30, con un límite de 375 millones de toneladas de COâ?? equivalente para 2035, frente a los 359 millones fijados para 2030. La métrica en COâ?? equivalente se utiliza porque integra distintos gases de efecto invernadero â??como metano u óxido nitrosoâ?? bajo la misma unidad. Aunque el Gobierno justificó el aumento del límite como una "actualización metodológica", especialistas advierten que implica una virtual meseta en la acción climática. "La Argentina llegó a Belém sin una hoja de ruta clara y con más retrocesos que avances", resumió Camila Mercure, de la Fundación Ambiente y Recursos naturales (FARN).Ni género ni derechos humanosLa delegación argentina no dialogó con la prensa y se expresó en las salas de negociación sobre dos temas centrales. Primero, junto con Paraguay y Rusia, cuestionó la perspectiva de género incluida en un documento específico de la Convención. Durante la reunión plenaria de cierre, Saissac pidió incorporar aclaraciones sobre la interpretación de género en términos estrictamente binarios."La Argentina comienza oponiéndose a la inclusión de lenguaje de derechos humanos y género, en línea con la política diplomática de Milei de socavar esa agenda, alegando que esas cuestiones corresponden a la legislación nacional. Luego cuestiona las actualizaciones de ambición del Acuerdo de París y critica la Agenda 2030, sugiriendo â??de manera incorrectaâ?? que su lenguaje se usa para impulsar la ambición climática", explicó el argentino Oscar Soria, director ejecutivo de Top Social y observador en la COP30, quien calificó la intervención de "pobre".El otro eje del discurso argentino fue la "defensa de la soberanía". No la protección territorial o ciudadana, sino la soberanía como argumento para no comprometer reducciones de emisiones.Aunque la NDC no se entregó a la ONU, el Gobierno sí comunicó su nuevo límite de emisiones: 375 millones de toneladas de COâ?? equivalente en 2035. En el informe anterior, el tope era de 359 millones para 2030, un número que debería ir bajando. Sin embargo, el nuevo techo se amplía y se proyecta cinco años más allá. Para dimensionar: en 2022, la Argentina emitió 401 millones de toneladas, según datos oficiales.El aumento podría asociarse con la expansión de sectores altamente emisores. En la Argentina, el principal responsable del calentamiento es el sector energético (50%), seguido por el agroganadero-forestal (25 a 40%). Aunque el país aporta menos del 1% de las emisiones globales, eso no lo exime de compromisos de reducción.Para Soria, el discurso en la asamblea plenaria "repite de forma fosilizada y superficial la narrativa de defensa de la soberanía, intentando presentar los consensos internacionales como imposiciones sobre los Estados". Y concluyó: "Es una política aislacionista y defensiva, que usa la soberanía como excusa legal y procedimental para cuestionar consensos que incluso la Argentina y Paraguay habían promovido desde el Acuerdo de París".

Abascal señala que Vox es la alternativa a "la portavoz azul de las políticas de Sánchez" que es Guardiola

López-Gatell advierte que tabacaleras tienen como blanco comercial a las infancias, reconoce desafíos en políticas antitabaco en México

El funcionario urgió a impulsar campañas de información en contra de los vapeadores, al señalar un aumento en su consumo

Colectivos antitabaco de México y Latinoamérica piden en Ginebra reforzar políticas contra tabacaleras y vapeadores

Los colectivos realizaron un performance frente a la sede de la ONU en Suiza, sobre el alcance de la industria tabacalera

Perú, caso emblemático de políticas de seguridad que violan derechos y no funcionan, afirma la CIDH

Durante una audiencia regional, la comisionada Andrea Pochak alertó que la falta de diálogo y la ausencia de estrategias preventivas han permitido que la violencia siga creciendo a pesar del endurecimiento de medidas estatales

Sin filtro: las duras críticas de DeSantis contra California que apuntan a las políticas de Newsom

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a cuestionar a California y a la administración de Gavin Newsom con una serie de mensajes en X en los que comparó modelos impositivos, estructuras fiscales y posibles impuestos al transporte. DeSantis vs. Newsom: qué dice el nuevo ranking fiscal 2025 sobre Florida y CaliforniaLas primeras críticas de DeSantis aparecieron tras la difusión de una publicación de la periodista Katy Grimes, quien destacó que California volvió a ubicarse en el puesto 48 del país norteamericano entre los estados con peor clima fiscal. El gobernador del Estado del Sol retomó esa información y la usó para contrastar el rendimiento del Estado Soleado, al asegurar: "Florida se encuentra entre los cinco primeros puestos en clima fiscal y ocupa el primer lugar entre los estados grandes". La frase colocó en el centro de la discusión las diferencias en la estructura impositiva entre ambas regiones, con especial énfasis en cómo cada estado diseña su sistema tributario.El relevamiento al que hizo referencia el gobernador forma parte del 2025 State Tax Competitiveness Index, un estudio elaborado por Andrey Yushkov, Jared Walczak y Katherine Loughead, que la Tax Foundation presentó como una versión renovada de su histórico índice publicado desde 2003. Este índice, que evalúa cinco grandes áreas -gravámenes sobre la renta individual, corporativos, tributos sobre ventas y consumo, gravámenes sobre propiedad y riqueza, e impuestos al desempleo-, ofreció un panorama contrastante entre ambos estados. Los resultados del estudio que aumentaron las diferencias entre DeSantis y NewsomEntre los diez estados mejor posicionados aparecen Wyoming, Dakota del Sur, Alaska, Florida y Montana.Florida se ubicó en el grupo de los más competitivos debido, entre otros motivos, a la ausencia de un tributo estatal sobre los ingresos individuales.Los diez últimos lugares incluyen a Massachusetts, Hawái, Vermont, Minnesota, Maryland, Connecticut, California, Nueva Jersey y Nueva York, estados caracterizados por estructuras fiscales más complejas y tasas más elevadas.La Tax Foundation detalló que muchos de los estados peores calificados comparten problemas comunes: sistemas poco neutrales, múltiples cargas superpuestas y porcentajes considerablemente altos en varios de sus tributos principales.DeSantis rechaza impuestos por millas recorridas: por qué critica los VMTEl segundo eje de confrontación surgió cuando DeSantis objetó la posibilidad de aplicar impuestos basados en el kilometraje recorrido por los vehículos, conocidos como Vehicle Miles Traveled taxes (VMT). En su mensaje, DeSantis afirmó: "Los impuestos sobre las millas recorridas por vehículo (VMT, por sus siglas en inglés) obligan al gobierno a vigilar los desplazamientos y violan la privacidad individual. Esto podría implementarse en estados como California, y algunos han argumentado que otros estados deberían seguir su ejemplo. No hay ninguna posibilidad".Cómo se financian las carreteras en EE.UU.: lo que revelan los nuevos datos de la Tax FoundationEstas declaraciones se apoyaron en otro aporte de la Tax Foundation, que afirmó que la disminución de la recaudación por gravámenes tradicionales a los combustibles -producto de la mayor eficiencia en el consumo y el avance de los vehículos eléctricos- genera un dilema a largo plazo para el financiamiento vial. En su análisis, la organización sostuvo que un gravamen directo por milla podría constituir una alternativa más sostenible para cubrir los costos de construcción y mantenimiento de autopistas en el futuro, aunque no mencionó mecanismos específicos de implementación ni cuestiones relativas a vigilancia estatal.El estudio Road Taxes and Funding by State, 2025, firmado por Jacob Macumber-Rosin y Adam Hoffer y también publicado por la Tax Foundation, reveló que apenas tres estados (Delaware, Montana y Nueva Jersey) lograron financiar completamente sus carreteras con ingresos directos vinculados al uso vial. El resto, incluidas jurisdicciones como Florida y California, debió complementar su recaudación con fondos de otras áreas.Para dimensionar el escenario actual, el informe detalló que:California cubrió el 89,2% de su gasto vial con impuestos y tasas relacionadas al uso de caminos.Florida reunió el 77,7% mediante mecanismos similares.Estados como Alaska (19,4%), Dakota del Norte (35,1%) y Dakota del Sur (41,6%) se ubicaron entre los que menos recursos propios aportaron a la red vial.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención de más de 1.000 personas por razones políticas en Venezuela

El informe revela que la represión del régimen de Nicolás Maduro se extiende a profesionales, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil, no solo a opositores políticos

Caso Cecilia: Jorge Gómez desmintió versiones de los Sena y negó presiones políticas en la investigación

El exfiscal y actual ministro de Gobierno rechazó las versiones que lo acusaban de haber cuestionado la detención de Sena y defendió el trabajo del jurado popular: "Menosprecian su inteligencia". Leer más

Los industriales apoyan las reformas de Milei, pero quieren reunirse con Caputo para pedir políticas en favor del sector

Lo expresó el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappalini.

Elecciones 2026: 7 organizaciones políticas tienen a 26 precandidatos al Congreso que aparecen en el padrón del Movadef

Perú Libre lidera la lista de partidos políticos con más precandidatos vinculados a la fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso

John Whitmire vs. Greg Abbott: cómo se aplican las políticas migratorias en Houston

El alcalde de Houston, John Whitmire, enfatizó que la Policía de la ciudad no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En una clara diferenciación con las políticas del gobernador Greg Abbott, el funcionario demócrata sostuvo que las fuerzas de seguridad solo se limitan a cumplir con las leyes locales y no ayudan a agentes federales.El alcalde de Houston aclaró que no colabora con el ICE ni aplica leyes migratoriasDurante una reunión del concejo municipal celebrada el miércoles, Whitmire fue enfático al aclarar la postura de los agentes locales. "Somos el Departamento de Policía de Houston. Hacemos cumplir las leyes estatales y municipales, no las de inmigración ni las del ICE", declaró frente a los concejales que lo presionaban para que se exprese, según informó el medio local KHOU."No hay un solo caso que demuestre lo contrario. Las acusaciones de que el Departamento de Policía de Houston colabora con agentes de inmigración son simplemente falsas", subrayó. Además, pidió a los ciudadanos que no "politicen" el tema y dejó un mensaje contundente: "Somos una ciudad de inmigrantes, nuestra fortaleza radica en la diversidad. No permitiremos que el temor se propague por rumores infundados".Por su parte, el presidente del sindicato de policías, Douglas Griffith, explicó que indicó que si un detenido tiene una orden de arresto vigente, los agentes deben comunicarse con la fuerza pertinente.En esos casos, si el Departamento de Policía de Houston determina que la orden corresponde a una agencia de inmigración, está obligado a notificarla. "Fuera de eso, no trabajamos con el ICE", aclaró frente.Tras esas declaraciones, el concejal Joaquín Martínez expresó su alivio: "Me siento tranquilo de que la policía local no participe en operaciones de inmigración".La tensión entre el alcalde de Houston y Abbott por la colaboración con ICELas palabras de Whitmire nacen de un reciente episodio que suscitó la preocupación de los residentes locales. Durante meses, el alcalde afirmó que el Departamento de Policía de Houston no participaba en operativos de inmigración, pese a las redadas a gran escala realizadas por la agencia en esa ciudad texana.En reiteradas ocasiones, el funcionario dijo que Houston "no se ocupa de la inmigración". Sin embargo, el sábado pasado, en una rueda de prensa organizada por el exalcalde de Kemah, Bill King, el alcalde sentenció: "No voy a decir que no estamos cooperando con ICE, porque eso francamente no es cierto".Esta frase, citada por Houston Chronicle, contrastaba con la postura que mantuvo desde la asunción de Donald Trump y el endurecimiento de las políticas migratorias. El medio también informó que la Policía de Houston llamó al ICE más de 100 veces desde el comienzo del mandato del presidente, en enero de 2025.Las declaraciones realizadas por Whitmire el miércoles ratificaron su posición respecto de la cooperación con el ICE y transmitieron tranquilidad a la comunidad extranjera de la ciudad.En contraposición, Greg Abbott mantiene una postura completamente diferente a la del alcalde de Houston. Sin ir más lejos, firmó recientemente la SB 8, una ley que entra en vigor el 1° de enero de 2026 y que obliga a la mayoría de las oficinas del sheriff del estado a participar en el programa 287(g) para colaborar con el ICE.Detalles sobre la aplicación de leyes migratorias y del ICE en TexasEl Estado de la Estrella Solitaria, según consignó The Texas Tribune, tiene la segunda mayor población de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, con un estimado de 1,7 millones de extranjeros. Desde la asunción de Trump hasta el 29 de julio, el ICE realizó 138.068 arrestos en todo EE.UU., de los cuales el 24% se registró en Texas.De acuerdo a esa misma fuente, solo el 42% de los detenidos por agentes federales en el estado sureño tenían condenas previas. En tanto, el 30% no contaba con antecedentes legales, mientras que el 28% restante aún debía definir su situación judicial.En esa línea, el rastreador de Tracreports muestra que al 21 de septiembre de 2025, 59.762 personas permanecían bajo custodia del ICE en todo Estados Unidos. Del total, el 71,5% no tenía ningún antecedente penal. El estado con el mayor número de detenidos era Texas, con 13.415 migrantes en los centros de la agencia federal.

Ola de reacciones políticas tras ataque armado al senador Temístocles Ortega en Popayán

Luego del atentado en la vía Panamericana, con seis disparos que impactaron el vehículo del congresista, diferentes personalidades públicas se manifiestan

Patxi López dice que le "preocupa" la subida de la inflación y defiende las políticas que se aplican para controlarla

El bloqueo libertario a las políticas de igualdad

Representantes gubernamentales de Argentina al G20 rechazaron una declaración sobre políticas de género y cuidado.Delegadas mujeres firmaron un comunicado de repudio.

Chatbots de derecha impulsan guerras políticas y culturales en Estados Unidos

Presentados en su momento como herramientas imparciales destinadas a contestar preguntas, ahora se programan chatbots con IA para reflejar el sesgo ideológico de sus creadores.

Eduardo Menem analizó las políticas de Javier Milei: "Toma las medidas que hubiera tomado Carlos"

El exsenador expresó que su hermano votaría por el actual Presidente y aseguró que "se parece mucho a él" porque "trata de ir a fondo de la cuestión, de manera disruptiva, sin ningún tipo de frenos"

"Estamos asistiendo, en vivo, a su extinción". Cómo la caza furtiva y la falta de políticas públicas complican el futuro del yaguareté

Veinte días después de haber sido liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, el collar satelital que seguía los pasos de Acaí, una joven hembra de yaguareté, dejó de emitir. Era octubre de 2025. Durante horas, los equipos de la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno del Chaco rastrearon su señal por aire y por tierra. Finalmente, hallaron el dispositivo sumergido en el río Bermejo, sin rastro del animal."Estamos seguros de que la mataron y tiraron el collar al río", dice Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina. "Incluso hay versiones de vecinos que coinciden con esa hipótesis".La denuncia ya fue presentada ante la Justicia Federal, y tanto Parques Nacionales como Rewilding se constituyeron como querellantes. Pero, más allá del expediente judicial, la muerte de Acaí expuso algo más profundo: la persistencia de la caza furtiva como una práctica tan arraigada como silenciosa, que sobrevive entre los pliegues del monte y la desidia estatal.Una historia que se repiteDesde 2019, Rewilding Argentina trabaja junto a Parques Nacionales para recuperar al yaguareté en El Impenetrable, donde la especie estaba prácticamente extinta. Ese año apareció un solo macho, Qaramta, que se convirtió en el inicio de un proceso de restauración ecológica y cultural: llegaron las primeras hembras, hubo crías en cautiverio y, a principios de este año, se celebró el primer nacimiento silvestre confirmado en cuatro décadas. La liberación de Acaí era la continuidad natural de esa historia de esperanza.Pero su recorrido cambió el rumbo. El collar registró que la hembra había salido del parque hacia el este, rumbo al paraje Los Manantiales, una zona habitada por pequeñas familias ganaderas. Los equipos de Rewilding se instalaron allí para acompañar a los pobladores y evitar conflictos. "El yaguareté no ataca a las personas â??explica Di Martinoâ??, prefiere las presas silvestres. En los casos en que puede predar sobre animales domésticos, trabajamos con los vecinos para mejorar el manejo del rodeo. Lo que hay que hacer es aprender a convivir, no exterminar".Veinte días después, el silencio del collar confirmó lo contrario. "El yaguareté está en peligro crítico de extinción. Este caso es un retroceso enorme: no solo porque perdimos un ejemplar, sino porque representa un golpe emocional y simbólico a todo el proyecto", dice Di Martino. "Con Acaí nos dimos cuenta porque tenía un rastreador. Lo inusual no es que haya muerto: lo inusual es que lo sepamos".La caza, el miedo y la impunidadEl caso de Acaí no es aislado. En los últimos tres años hubo al menos tres episodios documentados de caza de yaguaretés en Formosa y Chaco. En 2022, un cazador de Clorinda subió a redes sociales un video con el animal muerto: fue detenido y condenado. En 2024, en Estanislao del Campo, otro grupo de hombres mató y descuartizó a un ejemplar, uno de los últimos que quedaban en la provincia. Este año, el mismo tribunal los condenó a dos años de prisión efectiva, en lo que las organizaciones describieron como "un fallo histórico", aunque insuficiente."Lo que está pasando es que antes nadie se enteraba â??dice Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y presidente de la Red Yaguaretéâ??. Ahora nos enteramos porque los cazadores filman o suben las fotos. Pero la caza sigue exactamente igual. Estamos asistiendo, con documentación, a la extinción del yaguareté en la Argentina".Según Lodeiro, los motivos son previsibles: la depredación del ganado, el miedo y la falta de políticas de convivencia. "Si hay vacas sueltas, el yaguareté las va a cazar. Si sale del parque y toca un animal doméstico, es probable que lo maten. No hay un protocolo de acción cuando el felino sale del área de protección. Y cuando cambian los funcionarios, nadie sabe qué hacer. Parques Nacionales es el principal responsable de coordinar eso".La causa, en el fondo, es estructural: el avance de la frontera agroganadera sobre los bosques del norte. En las últimas décadas, el desmonte arrasó más de tres millones de hectáreas nativas en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. Cada yaguareté necesita alrededor de 40 mil hectáreas de monte continuo para vivir. Hoy apenas quedan unas 250 en todo el país, dispersas entre Misiones, las Yungas y el Gran Chaco.El peso de la ley que no alcanzaEl yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001, la máxima categoría de protección legal. Su caza, captura o comercio está prohibida por leyes nacionales y provinciales, con penas que van de dos meses a tres años de prisión. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la legislación está desactualizada. "Para la Ley Nacional de Fauna, una liebre y un yaguareté son lo mismo â??dice Lodeiroâ??. Estamos intentando modificarla para que las especies declaradas Monumento Natural tengan penas más severas y efectivas".Desde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), su titular Carlos Rolero reconoce los avances y los límites: "Hay una mayor conciencia pública y una reacción más rápida cuando ocurre un hecho, pero seguimos llegando tarde. No existe un canal único a nivel nacional para recibir y sistematizar denuncias: cada caso tramita en su jurisdicción. Lo de Acaí, como en Formosa, son hechos que se investigan una vez consumados. Lo que falta es prevención".Esa prevención, según los expertos, no depende solo de la justicia o de la vigilancia, sino de una política integral de convivencia. Un plan que contemple compensaciones rápidas por pérdida de ganado, asesoramiento técnico, presencia territorial y educación ambiental. "Sin eso â??insiste Lodeiroâ??, el conflicto va a seguir igual. No cambió nada sustancial. Estos tipos pueden ir presos, pero la yaguareté ya está muerta".Una frontera que se angostaEn los informes de Rewilding Argentina y de la Red Yaguareté, las tendencias son claras: las poblaciones silvestres están en declive sostenido y los pocos núcleos que subsisten lo hacen aislados. En El Impenetrable, cada ejemplar liberado representa años de trabajo y enormes recursos logísticos. Los técnicos, biólogos y guardaparques patrullan cientos de kilómetros de monte, monitorean movimientos con antenas y sobrevuelan áreas donde la vegetación y el silencio cubren todo. "Los animales se mueren â??dice Lodeiroâ??, pero cuando los cazan se suma un factor de presión que acelera la desaparición. Lo que está fallando es claro: falta un plan nacional para convivir con ellos".Mientras tanto, las comunidades locales viven entre la incertidumbre y el temor. "Las familias hace años que no veían un yaguareté â??cuenta Lodeiroâ??. De repente aparece, les come una vaca o una cabra, y sienten miedo. Hacen lo que creen que deben hacer para protegerse o evitar pérdidas". Esa reacción, entendible desde la lógica rural, es el eslabón final de un sistema que nunca les ofreció otra opción.Lo visible y lo invisibleEl caso de Acaí fue noticia porque llevaba un collar. De no haberlo tenido, su muerte habría pasado inadvertida, como tantas otras. "Estamos siendo testigos, lamentablemente privilegiados, de algo que siempre pasó", resume Lodeiro.Esa frase condensa una paradoja: cuanto más sabemos sobre los yaguaretés, más cerca parece estar su final.Para Di Martino, sin embargo, la visibilidad es una oportunidad. "Hay que redoblar los esfuerzos. No solo con más vigilancia, sino con más educación, más diálogo con las comunidades. Muchos episodios de caza son por ignorancia, no por maldad. Pero el resultado es el mismo: perdemos una vida y retrocedemos todos".La historia de Acaí duele porque simboliza una oportunidad perdida: la de aprender a convivir con la especie que alguna vez reinó en los bosques del norte y que hoy sobrevive entre el miedo, la incomprensión y la ausencia de políticas sostenidas. Su muerte, como un eco del monte, nos obliga a mirar de frente una verdad que preferimos no ver: la caza del yaguareté no es un recuerdo del pasado. Es el presente que se sigue escribiendo, a escondidas, en el corazón del Chaco.

El Gobierno desreguló cuotas y matrículas de colegios privados para que definan sus "políticas de precios"

El Gobierno desreguló este martes las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados e instó a las instituciones educativas a implementar su propia "política de precios". A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa de 1993 que limitaba la fijación de los aranceles para permitir una mayor flexibilidad en precios y condiciones.El decreto, firmado por el presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, argumenta que la normativa anterior introdujo "regulaciones para los institutos, así como pautas para el manejo de aranceles y la comunicación con los padres o responsables de los alumnos".Esto, de acuerdo al gobierno, "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país" y "fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual", ya que en la década del 90 la educación estaba bajo la órbita de Nación y desde 1994 es de cada una de las provincias. "La estructura de costos y, consecuentemente, de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del decreto. La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, generó efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica", agregó el decreto.En tanto, el Gobierno insistió en que al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, "limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos". Así, la administración mileísta le quitó la obligación a las instituciones de comunicar los montos con anticipación y la previa autorización estatal para modificar esos valores. "[Eso] crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal", dice la medida.Así, a pesar de que por momentos podría significar, en función del contexto inflacionario o de la libre competencia, aumentos de las cuotas libremente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que este decreto le dice "chau a los saltos exorbitantes" de los precios ya que â??según auspicióâ?? los colegios privados no aumentarán por demás por temor a no poder enfrentar los costos. "Este viejo esquema, similar a una suerte de ley de alquileres, obligaba a estos colegios a fijar aumentos anticipados y que, luego de implementados en marzo, debían mantenerse por un año. Esto generaba aumentos de cuotas sobredimensionadas en el arranque del año. Con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos", indicó el funcionario en su cuenta de X. CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% delâ?¦ pic.twitter.com/nJSIE07s69— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025Tras ello, sostuvo que el decreto "permite estabilizar el gasto de las familias en educación y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable" para las instituciones que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país (alrededor de 2000). "Los propios colegios se angustiaban con la necesidad que se les imponía de saltos tan grandes en las cuotas en el arranque del año", dijo Sturzenegger. Y cerró: "La iniciativa alinea los procesos con el régimen vigente para universidades e institutos, que nunca han tenido estas restricciones y funcionan sin problemas sin que las familias queden expuestas a aumentos preventivos motivados por la necesidad de anticipar variables macroeconómicos con un año de anticipación". La norma también hizo hincapié en que al ser entidades privadas, las mismas deberían "tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal", algo que determina los costos y posteriormente las cuotas.Así, se les permite a los colegios privados la "competencia leal y en función de las demandas del mercado".

Feijóo se compromete a "europeizar Melilla" y la señala como "laboratorio para inspirar las políticas de tolerancia"

En California: la queja de Christian Nodal por las políticas migratorias de Trump y cómo casi no entra a EE.UU.

Los primeros diez meses de la administración Trump están marcados por el endurecimiento de las políticas migratorias, como la "Restricción de la entrada a ciudadanos extranjeros". Estas medidas también afectan al rubro musical, por lo que el cantante Christian Nodal mostró su rechazo en uno de sus shows en California.El descontento de Christian Nodal por las políticas de Donald TrumpEl cantante expresó su postura durante su concierto en Inglewood, California. Allí, informó al público que a la mayoría de sus músicos les habían negado la visa de trabajo, a pesar de haberla tenido durante más de ocho años.Christian Nodal Critica La Política Migratoria De Trump Durante Su Show CNN"Se los comparto del corazón. Tenemos ocho años usando la visa de trabajo estadounidense, y a muchos de mis mariachis se la negaron en esta oportunidad. Así que esto (las políticas migratorias de la administración Trump) nos afecta a todos", dijo. Ante esta situación, instó a su audiencia latina a realzar su cultura en Estados Unidos y mostrarse como una comunidad que está en busca de mejorar y seguir su sueño. "Hay que estar bien unidos como latinos, como raza que chambea (trabaja), que viene con aspiraciones de crecer, mejorar y ser alguien en la vida", sostuvo con aplausos de fondo. "Uno vive a través de lo que comentan sobre lo bello que es el sueño americano y lo tan hermoso que es venir a trabajar en este bello país", agregó sobre las aspiraciones de la comunidad latina de trabajar en EE.UU. El temor y molestia de otros cantantes latinos Christian Nodal no es el único artista latino en pronunciarse contra las políticas de la administración Trump. La legendaria Gloria Estefan contó en una entrevista que tenía miedo de ser detenida por hablar español en Estados Unidos. "Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Cargo con mi pasaporte por si acaso.", expresó la cantante durante su participación en el programa español El Hormiguero Estefan sostuvo que estaba que se controle la inmigración ilegal. Sin embargo, considera que la forma como se trata a los migrantes en EE.UU. hoy en día es algo que nunca había experimentado en el país."Hay que tener siempre la migración legal, pero ver a familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños... Eso me da miedo", compartió la cubana. "Llevo viviendo muchos años allá y nunca había visto algo así", agregó.Bad Bunny, por su parte, dijo a mediados de septiembre que no incluirá a Estados Unidos en su tour mundial "Debí Tirar Más Fotos", por temor a la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras de los estadios. "El ICE podría estar afuera (de mi concierto). Y es algo que nos preocupa mucho", dijo el cantante, quién será el headliner del próximo Super Bowl.

Metro de Medellín reiteró prohibición de campañas políticas en estaciones y espacios públicos

La empresa recordó que la restricción, sustentada en la Ley 996 de 2005, prohíbe la promoción electoral, el reparto de propaganda y la producción de contenido político en todas las áreas bajo su administración

Nicolás Salvatore: "El Gobierno se dice liberal, pero aplica políticas populistas"

El economista cuestionó la política antiinflacionaria del Gobierno y aseguró que mantener un dólar atrasado y salarios congelados contradice el enfoque liberal que el propio Ejecutivo dice defender. Leer más

Retroceso en las políticas públicas para los afroargentinos

En un país que alguna vez pareció dispuesto a saldar su deuda histórica con la comunidad afroargentina, el avance del ajuste y la desarticulación de los organismos de derechos humanos marcan un nuevo ciclo de retroceso. La eliminación del INADI, la ruptura de los canales de diálogo con las organizaciones y el retiro del Estado de los espacios internacionales evidencian una política que vuelve a negar el racismo estructural y borra de la agenda pública la discusión sobre justicia racial.

Actualización sobre las nuevas políticas de la CBP para el ingreso de extranjeros en aeropuertos de EE.UU.

Desde el 26 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) implementarán una nueva política en los aeropuertos de Estados Unidos. En específico, esta medida exige a todos los no ciudadanos registrar sus datos biométricos, incluida una fotografía facial y las huellas digitales, al ingresar o salir de ese país. Cambios en las políticas migratorias: el control biométrico será obligatorioLa CBP será la dependencia encargada de ejecutar esta política, considerada el método más confiable para confirmar la identidad de los viajeros. La medida se aplicará a todos los extranjeros, incluidos los residentes permanentes, titulares de visas y visitantes temporales, sin excepciones por edad o estatus migratorio.Con esta decisión, el DHS busca crear un sistema automatizado de entrada y salida que permita cotejar información biográfica y biométrica, con el propósito de prevenir el uso de documentos de viaje falsificados, detectar casos de permanencia irregular y fortalecer las medidas de seguridad fronteriza.Así funcionará el reconocimiento facial en aeropuertos estadounidensesDe acuerdo con la información publicada en el Federal Register, el sistema principal de comprobación, denominado Traveler Verification Service (TVS), operará mediante tecnología de comparación facial. Este servicio utilizará fotografías previamente almacenadas en bases de datos gubernamentales, como las tomadas en procesos de pasaporte, visas o trámites migratorios, y las comparará con imágenes capturadas en tiempo real en los puntos de control.Cuando un viajero se presente en un aeropuerto, una cámara tomará una fotografía en vivo que será cotejada automáticamente con las ya existentes en el sistema. Si el resultado confirma la identidad, el proceso continúa sin necesidad de que un oficial escanee físicamente el pasaporte. Esta metodología forma parte del programa Simplified Arrival, que ya opera en varios aeropuertos y ahora se extenderá de manera general a todas las terminales aéreas del país norteamericano.La misma tecnología se aplicará también en puertos marítimos y cruces terrestres. En los puntos fronterizos peatonales, la CBP podrá comparar la foto capturada con la imagen contenida en el documento de viaje del visitante. La implementación completa del sistema busca cubrir todos los entornos de ingreso y salida.Eliminación de exenciones por edad y visa para el control biométricoUna de las modificaciones más relevantes introducidas por la nueva normativa es la eliminación de las exenciones por edad. Antes, los menores de 14 años y las personas mayores de 79 estaban exceptuados de la toma de imágenes. Con la nueva regla, esa limitación desaparece: todos los extranjeros deberán ser fotografiados, sin importar la edad ni el tipo de visa que posean.La justificación oficial indica que la recolección de imágenes de menores es una herramienta útil para asociar sus registros de identidad en etapas posteriores, lo que puede contribuir a prevenir delitos como la trata infantil. Sin embargo, las exenciones relacionadas con las huellas dactilares se mantendrán, de modo que solo las fotografías estarán sujetas a esta nueva disposición sin límites de edad.¿Qué pasará con quienes no cumplan con el registro biométrico?En el documento oficial se especifica que un extranjero que se niegue a proporcionar su fotografía o cualquier otro dato biométrico podrá ser declarado inadmisible bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Esto implica que su ingreso a EE.UU. podría ser negado y su estatus migratorio reevaluado.En cuanto al manejo de la información, el DHS estableció tiempos de retención diferenciados según el tipo de viajero. Las imágenes faciales de extranjeros, incluidos los residentes permanentes legales, se almacenarán en los sistemas biométricos federales hasta por 75 años, en bases de datos como IDENT o HART, administradas por la propia agencia estadounidense.Por otro lado, aquellas capturadas temporalmente por la CBP durante los controles de ingreso o salida se conservarán por un máximo de 14 días, tiempo suficiente para auditorías internas y verificación de precisión del sistema. En el caso de los ciudadanos estadounidenses que participen voluntariamente en el proceso, sus fotografías serán eliminadas en un plazo no mayor a 12 horas tras confirmarse su identidad y nacionalidad.¿Cuál será el costo de esta nueva política de la CBP?El DHS estima que la aplicación de esta medida tendrá un costo neto anualizado entre 67,9 y 70,3 millones de dólares durante un periodo de análisis que se extenderá hasta 2029. El cálculo varía según la tasa de descuento utilizada y refleja los gastos en infraestructura tecnológica, mantenimiento de sistemas y capacitación del personal.Si bien los costos económicos son significativos, las autoridades sostienen que los beneficios superan la inversión, especialmente en lo relacionado con la detección de fraudes de documentos y la mejora de la seguridad fronteriza.El documento oficial también menciona que los costos reales podrían reducirse con el tiempo, según la eficiencia en la implementación por parte de las aerolíneas y aeropuertos asociados, así como por la adopción generalizada del sistema en diferentes modalidades de transporte.

Censo 2025: Más de 100 mil internos del país fueron encuestados y abren paso a nuevas políticas penitenciarias

El Instituto Nacional Penitenciario concretó el empadronamiento de toda la población reclusa nacional, en una jornada histórica coordinada con el INEI. El Estado buscará ahora que cada dato obtenido influya en decisiones de seguridad y resocialización

Activistas y políticas condenan acoso sexual contra Sheinbaum, reprochan revictimización: "Yo sí te creo"

Funcionarias de diversos partidos y activistas de distintos ámbitos expresaron su solidaridad con la mandataria

¿Puede funcionar una pareja si cada uno de los miembros tiene posturas políticas opuestas?

Las posturas políticas influyen en cómo una persona entiende la educación, la salud, la economía, el trabajo, el rol del Estado, las relaciones de género y la justicia social

Guía para entender el avance de las políticas antimigrantes de Trump en las ciudades santuario este 2025 en EE.UU.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump endureció las políticas migratorias de Estados Unidos. En este contexto, sus principales ofensivas se han dirigido contra las denominadas "ciudades santuario", jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la persecución de extranjeros indocumentados, salvo en casos excepcionales.La orden ejecutiva de Donald Trump contra las ciudades santuarioEl 28 de abril, la Casa Blanca anunció la firma de una orden ejecutiva que reactivó la ofensiva contra las jurisdicciones santuario que, según el comunicado oficial, "obstruyen la aplicación de las leyes migratorias federales". El texto instruyó al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional a elaborar un listado de estados y ciudades que se nieguen a cooperar con el gobierno y a notificarles su "incumplimiento". Las autoridades locales tendrían un margen breve para corregir la situación antes de enfrentar la suspensión de fondos federales.El documento oficial precisó que la medida también buscaba impedir que personas sin estatus legal accedan a beneficios públicos o a programas de ayuda, entre los que se incluían becas universitarias o reducciones de condenas penales. La batalla de las ciudades santuario contra la administración Donald TrumpEl avance de los operativos migratorios provocó una reacción en varios estados y municipios gobernados por demócratas. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe expresamente el uso de propiedades municipales por parte de agentes federales para ejecutar acciones migratorias. Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó al presidente de utilizar la migración como excusa para militarizar las ciudades. "Trump busca justificar y normalizar la presencia de soldados bajo su mando directo", advirtió, en declaraciones recogidas por The New York Times. En paralelo, el mandatario federal ordenó reforzar el envío de soldados de la Guardia Nacional de Texas a varias jurisdicciones, pese a la oposición de alcaldes y gobernadores. En California, la presencia temporal de tropas fue extendida hasta enero de 2026.Este choque de poderes reavivó un debate constitucional sobre los límites de la autoridad federal. Los defensores de las ciudades santuario argumentaron que la Décima Enmienda de la Constitución reserva a los estados todas las competencias no delegadas explícitamente al gobierno nacional, entre las que se incluyen la potestad de decidir cómo administrar sus propios recursos y fuerzas policiales.El desafío de las ciudades santuario de Estados UnidosLas políticas federales de control migratorio encontraron resistencia en urbes donde millones de inmigrantes â??con o sin papelesâ?? contribuyen a la economía local y a la seguridad ciudadana. Los alcaldes sostienen que la cooperación ciega con las autoridades federales destruye la confianza de las comunidades con la policía, según explicaron desde The New York Times.El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo expresó ante el Congreso en marzo: "No puedo tener una ciudad donde los padres teman enviar a sus hijos a la escuela o donde los niños duerman en la calle, expuestos a la explotación. Si un inmigrante indocumentado presencia un crimen y teme llamar al 911, los delincuentes quedarán libres".A esto se suma un factor económico. Mantener detenidos a migrantes implica un gasto que muchas ciudades no pueden asumir. Un informe de la Contraloría de Nueva York, citado por The New York Times, calculó en 2021 que alojar a una persona en prisión costaba unos 1500 dólares diarios. Para muchos alcaldes, aceptar ese costo sería desviar fondos de la educación o la salud pública.Ciudades santuario vs. administración Trump: resurge un viejo debate Las tensiones actuales retoman un antiguo debate sobre la soberanía compartida entre el gobierno federal y los estados. En fallos históricos, como el de 1992 sobre la gestión de desechos radiactivos y el de 1997 sobre la ley Brady de control de armas, la Corte Suprema sostuvo que la Casa Blanca no puede "coaccionar" a los gobiernos locales para implementar políticas nacionales.Sin embargo, según The New York Times, la administración Trump parece dispuesta a revertir ese principio. Con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) convertida en el cuerpo de seguridad con mejor financiamiento en Estados Unidos, el presidente busca extender su autoridad ejecutiva por encima de los gobiernos locales.En este contexto, el conflicto en torno a las ciudades santuario ya no se limita al tema migratorio. Representa una lucha más amplia por el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Los demócratas, tradicionalmente críticos de la doctrina de los "derechos de los estados", recurren ahora a ese mismo argumento para frenar lo que consideran una expansión desmedida del poder presidencial.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defiende sus políticas de seguridad tras el asesinato público de un alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes cambios en sus políticas de seguridad tras el asesinato de un alcalde en el violento estado de Michoacán, que puso en tela de juicio las acciones del gobierno nacional para enfrentar a los grupos criminales que controlan vastas regiones del país.Ante la conmoción generada por el ataque letal contra el político Carlos Manzo, alcalde de la ciudad occidental de Uruapan, Sheinbaum salió a defender sus políticas asegurando que ha logrado reducir los homicidios y acusó a sus adversarios de actuar como "buitres" y "carroñeros" ante el asesinato del presidente municipal."Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó", dijo la mandataria al descartar cambios en su estrategia y afirmó que se seguirá apostando por el refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad en Michoacán y otros estados, fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación y la atención a las causas que generan la violencia.El alcalde, de 40 años, murió la noche del sábado en un hospital de Uruapan tras recibir varios impactos de bala en una plaza de la ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. En el lugar también fue asesinado el agresor.México: asesinaron a un alcalde a balazos durante una celebración por el Día de MuertosManzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente, en entrevistas y en sus redes sociales, la violencia del narcotráfico en su región. En mayo pasado se reforzó su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.Meses antes del ataque mortal, Manzo había criticado duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la policía estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en ese estado, entre ellos el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, que fueron designados en febrero por Washington como "organizaciones terroristas".UeIVNZrbemlcgeFFEl domingo, centenares de manifestantes protestaron por las principales calles de Uruapan para exigir justicia y garantías de seguridad, y provocaron destrozos en el Palacio de Gobierno.Al intentar acercarse a los deudos durante el funeral de Manzo, el gobernador Ramírez Bedolla fue recibido con gritos e insultos e incluso abofeteado al presentar sus condolencias a la familia.La respuesta de SheinbaumSobre el caso de Manzo, la presidenta aseguró que "no habrá impunidad" y que se realizarán las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales y se actuará con "toda la fuerza del Estado".Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el tirador, quien no ha sido identificado aún, aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle siete veces a Manzo con un arma que, según las investigaciones, está vinculada a dos enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales que operan en Michoacán.Sheinbaum aprovechó buena parte de su conferencia matutina para criticar las políticas de seguridad de los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y sostuvo que la "guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo".En alusión a la propuesta que realizó la víspera el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, de una mayor cooperación en seguridad, la presidenta dijo que "México es un país libre y soberano" y agregó que "aceptamos ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no".Sheinbaum recordó que su gobierno llegó a un acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos para compartir información e indicó que si se requiere el apoyo en esa materia se solicitará.Las protestas del domingoEl domingo, cientos de personas se dieron cita en Uruapan para el funeral del alcalde, quien fue despedido entre música de mariachi y aplausos.Más tarde, varios habitantes marcharon gritando "¡Justicia!" y "¡Uruapan se levantó!". Otros manifestantes cargaban pancartas que decían "México está de luto".En Morelia, capital de Michoacán, decenas de personas protestaron y acusaron la inacción del gobernador Ramírez Bedolla.El pueblo de México acaba de tomar el Palacio de Gobierno de Michoacán"¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!", gritaron varios de ellos mientras marchaban en el centro histórico de la ciudad.Algunos ingresaron al palacio de gobierno del estado en esa misma ciudad, donde causaron destrozos.Michoacán es uno de los estados más violentos de México y es escenario de la lucha que mantienen varios cárteles y grupos delictivos por el control del territorio para la distribución de drogas y la comisión de otros delitos.Dkys SJDESXCLHuAunque las autoridades estatales aseguran que en el primer semestre de este año disminuyeron 17% los homicidios en Michoacán, en comparación con igual período del 2024, los recientes asesinatos del alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastidas, del periodista Mauricio Cruz Solís y del líder de los productores de limón del municipio de Apatzingán, Bernardo Bravo, generan una percepción diferente.Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.Agencias AP, AFP y ANSA

Gobierno de Ayuso defiende que Mazón ha asumido "responsabilidades políticas" y pide a Sánchez que "diga la verdad"

Qué dijeron las figuras políticas tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

Dirigentes del PRO y funcionarios nacionales celebraron la llegada de Santilli al Gabinete. Macri, Bullrich, Menem y referentes bonaerenses destacaron su rol en la etapa de reformas. También habló el flamante ministro tras reunirse con Milei. Leer más

El maíz requiere de políticas y planes para lograr el despegue necesario

El sector agropecuario argentino ha demostrado una y otra vez su capacidad de producir, innovar y generar valor, incluso en los contextos más adversos. Durante este último año, desde Maizar trabajamos intensamente en múltiples frentes: una nueva ley de biocombustibles que incremente su uso en el país; la consolidación de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que contribuyó de manera crucial al manejo de la plaga conocida como "chicharrita"; ensayos de maíz bajo riego en la Patagonia para ampliar la frontera productiva; la creación de estándares de comercialización para el sorgo. Además, con la mira puesta en aprender y potenciar el desarrollo de la cadena maicera y la agroindustria en general, participamos en congresos en el país y en foros internacionales. Rompen récords: los campos se venden hasta en US$20.000 por hectárea, el nivel más alto en 14 añosEn particular, trabajamos para incidir positivamente en políticas públicas a través del Consejo Agroindustrial Argentino, la Fundación Barbechando junto con el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la Alianza Internacional del Maiz (Maizall), la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), la Segunda Cumbre Sudamericana AgroGlobal y el lanzamiento del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano, entre otras iniciativas. ¿Por qué hacemos todo ese esfuerzo de articulación institucional? Porque miramos el exitoso ejemplo de crecimiento y desarrollo de Brasil, que en lo que va de este siglo se ha consolidado como una potencia agroindustrial. No lo consiguió sólo por su capacidad productiva, sino porque entendió algo fundamental: que el crecimiento no depende de esfuerzos aislados, sino de la coordinación público-privada con un rumbo claro.El ejemplo más contundente del trabajo que hizo el agro brasileño es el Instituto Pensar Agropecuária (IPA), que convoca a todo el sector para discutir internamente, consensuar y definir un plan estratégico para su país. De allí sale hacia los políticos un solo mensaje unificado, que luego se transforma en leyes, medidas y acciones coherentes con un horizonte común. El resultado que han tenido es notable: año tras año crecen en producción, incremento del valor agregado, infraestructura, uso de biotecnología, conectividad, puertos y competitividad. Caso inversoA la inversa, en la Argentina hay una tendencia a la fragmentación, que es uno de nuestros mayores déficits. Las diferencias de enfoque y de lógicas institucionales hacen que cada sector impulse su propia agenda, legítima, pero sin una visión común. Así, a la política le llegan mensajes confusos, contradictorios y muchas veces intrascendentes. El resultado es que se acumulan medidas inconexas, no se impulsan políticas coordinadas para la agroindustria en el marco de una estrategia de desarrollo de país. Y, aún peor, se suele ver al sector meramente como una caja para recaudar. Hace poco, un ejecutivo de una de las principales empresas agroalimentarias argentinas, cuyos productos llegan a todo el mundo, dijo: "Aquí, muchas veces, al generar valor, terminamos perdiéndolo". Increíblemente, es cierto: los impuestos municipales y provinciales, los sobrecostos logísticos y la falta de previsibilidad hacen que, con frecuencia, transformar los productos primarios no sea sinónimo de mayores ingresos, sino de pérdidas. Algo inaudito en otros países. Es imperioso dejar de ser individualistas. Necesitamos un plan estratégico nacional para el agro argentino, que marque un rumbo de largo plazo, alinee actores y le dé a los políticos un mensaje claro y único. No se trata de renunciar a la diversidad de miradas, sino de construir unidad en los objetivos.El gobierno actual, que se ha visto fortalecido por el resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado, pretende hacer reformas estructurales. ¿Cuál es el plan que la agroindustria le propone al Gobierno? Estamos frente a una oportunidad histórica para que el agro deje de ser un actor que reacciona y se convierta en un actor que propone. Pero para lograrlo, es preciso ordenar la casa, unirse y salir a hablar con un consensuado y potente proyecto.Ejemplo vecinoBrasil muestra que la articulación entre producción y política fortalece e impulsa al sector. En la Argentina también podemos hacerlo, si somos capaces de construir acuerdos que trasciendan personas y coyunturas. No hay tiempo que perder, cada vez nos va a costar más competir. Los países vecinos siguen creciendo, tienen cada vez más energía, más servicios, más conectividad, más infraestructura logística, más uso de biotecnología, en definitiva, son cada vez son más competitivos. Es tiempo de ir para adelante y dejar de verla pasar. El maíz tardío nos invita a ello.El futuro no llega solo, se construye, y solo podrá ser promisorio si el agro argentino fija un rumbo común, un plan estratégico basado en el diálogo, la coherencia y la generosidad institucional.El autor es presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar)

Las dudas económicas y políticas después de la foto con el Presidente

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Las repercusiones políticas de la salida de Guillermo Francos y el cambio de rol de Manuel Adorni

El relevo generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras el oficialismo destacó la labor de Guillermo Francos y celebró la designación de Manuel Adorni, desde la oposición cuestionaron el ascenso del vocero presidencial y leyeron el movimiento como un gesto de cierre político.

Milei ganó desarmando las certezas políticas

Si algo puede volver a aglutinar a distintos sectores para crear un horizonte compartido, no es una bandera ideológica, sino una sensación: la de que el país volvió a funcionar.

JD Vance contra las cuerdas: una estudiante lo cuestionó por las políticas migratorias de Trump y así respondió

El vicepresidente de Estados Unidos pasó un mal momento días atrás al responder preguntas de estudiantes de la Universidad de Mississippi durante un evento de la organización Turning Point USA. Una joven cuestionó a JD Vance por el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump y lo hizo dar explicaciones frente a cientos de personas. "Nos perjudican", reclamó la universitaria.El reclamo de una estudiante por las políticas migratorias que sorprendió a JD VanceEste miércoles, el vicepresidente de EE.UU. participó de una gira de Turning Point USA y respondió a las preguntas de estudiantes de la Universidad de Mississippi, en un formato similar al que utilizaba el fundador de la organización conservadora, Charlie Kirk, asesinado meses atrás.El cruce de JC Vance con una estudianteFue durante ese intercambio que una de las estudiantes tomó por sorpresa a JD Vance, al cuestionar las políticas migratorias de su gobierno, que desde su inicio en enero aumentó exponencialmente las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las detenciones y deportaciones de migrantes. Según las últimas cifras difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta octubre más de dos millones de migrantes sin estatus legal abandonaron Estados Unidos, 1,6 millones se autodeportaron y más de 527 mil fueron expulsados."Ustedes nos hicieron invertir nuestra juventud y nuestros recursos en este país y nos dieron un sueño", le dijo la joven, quien remarcó que los migrantes se ganaron esa oportunidad en Estados Unidos "con mucho esfuerzo". Tras esta breve, pero contundente introducción, la joven le lanzó una pregunta: "¿Cómo puede usted, como vicepresidente, decir que ahora hay demasiados inmigrantes y que vamos a expulsarlos?".Su planteo captó la atención de los presentes, ya que señaló que las medidas impulsadas desde el gobierno afectan también a aquellos inmigrantes que ingresaron al país norteamericano legalmente.Qué dijo el vicepresidente de EE.UU. y la repregunta de la estudianteEn tono calmo, JD Vance mantuvo su posición sobre la necesidad de reducir la inmigración en Estados Unidos. "Entiendo que deberíamos tener niveles de inmigración más bajos", afirmó. De todos modos, indicó que el país norteamericano debe respetar a quienes recibieron una autorización legal para instalarse en su territorio. "Si Estados Unidos aprobó la ley e hizo una promesa a alguien, por supuesto que tiene que cumplirla. Nadie está hablando de eso. Me refiero a las personas que entraron infringiendo las leyes de Estados Unidos y me refiero a reducir su número en el futuro", agregó.Sin embargo, la estudiante insistió y señaló que las medidas afectaban a inmigrantes legales. "Usted acaba de decir que no se detendrá con las personas que vinieron legalmente, ¿verdad? Pero están impulsando políticas que nos perjudican, y estas políticas no están resolviendo el problema...", planteó antes de ser interrumpida por Vance.El vicepresidente pidió continuar con su exposición y reafirmó su pensamiento. "Creo que Estados Unidos debería reducir sus niveles de inmigración en el futuro, respetando al mismo tiempo a las personas que han llegado aquí por vías migratorias", remarcó.Y agregó que "solo porque una persona, o diez, o cien, vinieron aquí legalmente y contribuyeron al país, ¿significa que debemos comprometernos a admitir a un millón, o diez millones o cien millones en el futuro?". Según señaló, "esto no está bien" porque "no podemos tener una política migratoria basada en lo que fue bueno para el país hace 50 o 60 años atrás". En este sentido, el funcionario resaltó que "hay demasiada gente que quiere venir a los Estados Unidos y mi trabajo, como vicepresidente, no es velar por el interés de todo el mundo, sino por el interés de la gente de los EE.UU.".Las declaraciones previas de JD Vance sobre la inmigraciónDurante el evento, Vance había reiterado su idea de limitar la llegada de extranjeros a EE.UU., incluso de aquellos con permisos legales. "Tenemos que reducir los totales de manera significativa", afirmó el vicepresidente, quien señaló que el porcentaje óptimo de migrantes legales a admitir es "mucho menor de lo que hemos estado aceptando", informó Associated Press.El republicano también criticó la política migratoria del expresidente Joe Biden y aseguró que EE.UU. recibió demasiadas personas sin la capacidad de integrarlas. "Cuando algo así sucede, tienes que permitir que tu propia sociedad se cohesione un poco, construir un sentido de identidad común, para que todos los recién llegados â??los que se van a quedarâ?? asimilen la cultura estadounidense. En mi opinión, hasta que eso no suceda, tienes que ser cuidadoso con cualquier inmigración adicional", indicó.

Abascal culpa de la dana a las políticas verdes y denuncia tacticismo de Sánchez al "no enviar ayuda"

Santiago Abascal responsabiliza al Pacto Verde europeo por los fatales efectos de la dana de 2023 en el sureste de España y acusa al presidente Pedro Sánchez de agravar la crisis por cálculos electorales según declaró en X

De presidencia hasta el Senado: mujeres políticas minimizan dichos misóginos de Paco Taibo II, no ven necesaria su renuncia

Piden disculpa pública pero no coinciden con la exigencia de mujeres feministas, escritoras, poetas y artistas

Tras polémicos videos de Laura Gallego, que renunció al título de Señorita Antioquia, se conoció denuncia en redes: "Tiene claras conexiones políticas"

La revelación la hizo el exdirector de la EDU, de Medellín, Wilder Echavarría Arango, que con documentos asegura que la ex reina fue contratista pública y asesora del exconcejal Simón Molina, del Centro Democrático

De las pasiones políticas a la política de las pasiones

34% de los votantes prefieren ser espectadores de la democracia. "Entre la fatiga y la fe se configuró el escenario político actual" dice el autor y recuerda al conservador Edmund Burke, cuando decía que "para que los malvados triunfen basta con que los buenos no hagan nada". ¿Eso lo explica todo? No. Leer más

Cristian Buttié y Hugo Haime: el marketing del antiperonismo y las perspectivas políticas tras el triunfo electoral oficialista

Tras las elecciones nacionales, los consultores analizaron cómo La Libertad Avanza logró imponerse y por qué el peronismo perdió conexión con sus bases doctrinarias. Leer más

Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: "Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas"

Ingenieros y expertos alertan de que la falta de prevención, planificación y criterio técnico mantiene al país expuesto frente a catástrofes como la de Valencia, que dejó 229 muertos y más de 17.000 millones en pérdidas

Bolsonaro apela su condena a 27 años por intento de golpe, en medio de presiones políticas y problemas de salud

BRASILIA.- La defensa del expresidente Jair Bolsonaro presentó este lunes un recurso de apelación contra la sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF) que lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por tentativa golpista.La apelación se presentó cinco días después de que el STF publicara oficialmente el fallo condenatorio, lo que habilitó el inicio del plazo legal para recurrir.Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por liderar una organización criminal para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.Los abogados del exmandatario calificaron la condena de "injusta", y alegaron que no existían pruebas que vincularan al expresidente con los presuntos delitos y que la sentencia no explicaba adecuadamente los parámetros utilizados para determinar la pena.Este lunes vencía el plazo para que los abogados de Bolsonaro, y de los otros siete condenados en la causa, presentaran un "recurso de aclaración", que busca aclarar cualquier contradicción, omisión o error en la sentencia publicada la semana pasada.La defensa del expresidente alega que las contradicciones atraviesan la condena. En más de 80 páginas, los abogados insisten en argumentar que no hubo tiempo suficiente para analizar los documentos del caso y que la defensa fue restringida.También piden la anulación del acuerdo de culpabilidad de Mauro Cid, el ex ayudante de Bolsonaro que se acogió a un acuerdo de reducción de pena con la Justicia y cuyo testimonio fue clave para condenar al exmandatario.Los abogados sostienen también que el fallo no presentó pruebas que vincularan al expresidente con la conspiración golpista. Finalmente, solicitan la revisión de la condena y los parámetros para determinar la pena del expresidente.Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial cerrado por los crímenes de intento de golpe de Estado, atentado contra el Estado democrático de Derecho, organización criminal armada, de la que fue señalado como líder, daño calificado por la violencia y grave amenaza y deterioro de patrimonio nacional.Según la prensa brasileña, la decisión definitiva sobre la prisión o no de Bolsonaro saldría en diciembre. Y advierte que, como fue condenado por cuatro votos a uno, el expresidente tiene pocas chances de revertir la condena.Actualmente cumple arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares, y podría solicitar cumplir la pena en casa por razones de salud, como lo hizo el expresidente Fernando Collor de Mello.El líder ultraderechista fue diagnosticado con cáncer de piel, y sufre además las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida en 2018, por lo que ha sido operado varias veces desde entonces.El campo bolsonarista impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso, pero la iniciativa perdió fuerza tras masivas protestas. Incluso si se aprobara, sería vetada por Lula y considerada inconstitucional por la Corte Suprema.Bolsonaro ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema electoral. Aunque sus seguidores insisten en que podría ser candidato en 2026, la derecha evalúa otros nombres como Tarcísio de Freitas -gobernador de Sao Paulo- o Michelle Bolsonaro -ex primera dama-, entre otros.

Armengol inaugura una exposición fotográfica de la dana: "El remedio son políticas públicas, ambiciosas y coordinadas"

Ziliotto: "Estamos dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos"

"Tuvimos un respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro", sostuvo el gobernador de La Pampa sobre el triunfo del PJ en esa provincia. Leer más

Morgan Stanley prevé una fuerte expansión del crédito por la reafirmación de políticas favorables al mercado en las urnas

Según el gigante de Wall Street, el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas dará impulso al sector bancario

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Maillo (IU) llama a "combatir" con "políticas transformadoras" las causas que provocan "el auge del fascismo"

Elma Saiz afirma que "no es de extrañar" que votantes del PP voten a Vox cuando hacen las mismas políticas

Qué señales políticas del Gobierno espera el mercado financiero para después de las elecciones

Más allá del resultado y la cantidad de bancas, los inversores estarán atentos al mensaje presidencial y a los vínculos de Milei con aliados y opositores, entre otras cuestiones

Estados Unidos confirmó suspensión de las ayudas económicas a Colombia por las "políticas antinarcóticos ineficaces de Petro"

El Departamento Estado explicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia conforme a los criterios de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024

La reacción de Canadá tras el enojo de Trump por el video de Reagan: "No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU"

La decisión de la Casa Blanca tomó desprevenido al Gobierno de Ottawa, que había redoblado los esfuerzos para eliminar o reducir los aranceles a sus exportaciones

Roy Barreras 'echó leña' a ya la encendida polémica sobre Colombia y EE. UU. en las políticas contra el narcotráfico: "No sean hipócritas"

El precandidato presidencial llamó a evitar medidas económicas estadounidenses que puedan perjudicar a sectores productivos de Colombia, debido a la crisis entre Gustavo Petro y Donald Trump

Presupuesto 2026: denuncian que continúa el ajuste en políticas de género

El martes 7 de octubre encontraron el cuerpo de Daiana Mendieta, de 22 años, en un aljibe en Entre Ríos. Al día siguiente Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija de 25, Mariana Belén Bustos, aparecieron calcinadas en su domicilio en Bahía Blanca. Horas después encontraron a Solange Edith Johnson, que fue asfixiada delante de su hija de 5 años, en Rosario. El jueves 9 fue hallada sin vida Mónica Viviana Salguero, de 62 años, en su casa de Córdoba. Dos días después, Pablo Laurta mató a su expareja, Luna Giardina (26 años), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (54 años), y huyó con su hijo de 5. Ese mismo día, Ayelén Bordón, de 30 años, fue asesinada en la esquina de Perseverancia y Coronel Melián, en González Catán. En la jornada siguiente empezó la búsqueda de Gabriela Aracá Barrios, de 20, en Chaco: la encontraron a los tres días en un pozo negro. Fueron nueve femicidios en cinco días, uno cada 13 horas. En lo que va del año hubo 178, uno cada 36 horas. Mientras las organizaciones feministas advierten de la eliminación de políticas públicas de violencia de género, el Gobierno niega el fenómeno. En este contexto, se reiteran episodios que la banalizan: después de las grabaciones con playeros de Shell e YPF que metían a una mujer en una bolsa de consorcio, el boliche Quattro, de San Juan, promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer y se conoció el caso de un estudiante cordobés que se disfrazó de "mujer violada" durante su viaje de egresados. La postura de La Libertad Avanza se refleja también en el gasto público. El presupuesto para las políticas contra la violencia de género cayó un 89% desde 2023, según datos de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Los textos ya no hablan de violencia de género, por lo que no es posible determinar qué partidas presupuestarias serán utilizadas con ese fin, sino que se aborda como "víctimas de violencia". Los datos indican, sin embargo, que en la Argentina el 40% de las mujeres son asesinadas por una pareja o expareja mientras que esto es así en el 2% de homicidios de varones, que son mayormente asesinados por desconocidos en la calle. "Estamos viviendo un recrudecimiento de los femicidios en un contexto en el que el Gobierno sigue deslegitimando y negando la especificidad que tiene la violencia contra las mujeres, que se cobra víctimas todos los días, incumpliendo su obligación legal, tanto local e internacional, de atender esa problemática", dijo a LA NACION Julieta Izcurdia, directora del área jurídica del ELA."No se presentó ningún plan y las principales políticas redujeron sustancialmente sus recursos y la cantidad de personas que se pretende asistir. No está más la partida presupuestaria destinada a estas políticas y, además, se desfinanciaron muchísimo los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito, que ni siquiera aparecen en el presupuesto. Esto tiene que ver con la mirada de negación sobre esta problemática y deja a las mujeres totalmente libradas a su suerte. Si no pueden pagar un abogado o no tienen una red que pueda permitirles salir del círculo de violencia en el que viven, están abandonadas", describió Izcurdia. El Programa Acompañar, que busca a través de una prestación económica promover la salida de las mujeres de ambientes hostiles, desapareció del presupuesto. Desde 2025 dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja. En 2024, su presupuesto se había reducido un 90% en términos reales respecto de 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas ese año a 434 en 2024. Se eliminó también la partida presupuestaria de la Línea 144, principal canal de atención anónimo y gratuito a personas en situación de violencia. Aun cuando no es posible identificar los fondos asignados a ese fin, en el proyecto de presupuesto de 2026 aparece una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. Esperan asistir a 60.000 personas, un tercio de las 180.000 asistidas en 2023. En 2024, había perdido dos tercios de su presupuesto y se redujo un 45% su planta de trabajadoras. "Formalmente no nos están contestando cuál es el estado de la Línea 144, pero informalmente sabemos que se perdió la especificidad en el abordaje de la problemática y ya no atiende solamente a mujeres en situación de violencia por razones de género", apuntó Izcurdia. Protección de Víctimas de Violencia es el único ítem que incluye un aumento en 2026. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto, una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026, el aumento sería del 330% comparado con 2023. Pero está lejos de compensar la reducción presupuestaria del Programa Acompañar y la Línea 144. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89% en términos reales. Mientras el proyecto de 2026 propone una partida de casi $40.000 millones para la partida de Protección de Víctimas de Violencia, recuperar el nivel de inversión de 2023 requeriría de otros $320.459 millones. No es posible estimar qué porcentaje de esta partida será destinado a víctimas de violencia por razones de género porque la formulación de la política plantea un alcance más amplio, haciendo hincapié en "delitos contra la integridad sexual y violencia familiar". Esto incumple la ley 26.485 que obliga a detallar las partidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. Desde diciembre de 2023, además, se dejaron de actualizar las estadísticas del Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (Sicvg), que permitía monitorear las políticas de género. Al cierre de esta nota, voceros del Ministerio de Justicia no contestaron sobre este punto ante la consulta de LA NACION. Compartieron estadísticas del Sistema Nacional de información Criminal. Según estos datos del Ministerio de Seguridad, los homicidios de mujeres bajaron 14,3%. Sin embargo, no se trata de un indicador válido para hablar de violencia de género. La Justicia registra una causa como femicidio si hay indicios de violencia de género, como antecedentes de abuso o dominación, agresiones previas, ensañamiento o violencia sexual. Esta figura busca identificar la particularidad de esos asesinatos, a diferencia de otras muertes de mujeres a manos de hombres. Los femicidios no los informa el Ministerio de Seguridad, sino la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Sus informes muestran que se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. "Un gobierno que asumió diciendo que auditaría prácticamente todas las políticas muestra un retroceso casi sin precedentes en términos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las políticas públicas. Nos niegan información que pedimos a Justicia a través de pedidos de acceso a información pública y, desde que asumió Milei, se dejaron de publicar informes del Ministerio de Economía que hace más de seis años se publicaban y nos permitían monitorear de forma accesible y rápida cómo se estaban gestionando las políticas vinculadas con la reducción de las desigualdades de género", opinó Izcurdia."Lo más preocupante es que no se trata solo de recortes presupuestarios, el riesgo es que estos discursos legitiman y habilitan la violencia. Se trabajó muchos años desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y desde el Estado a través de políticas públicas, para fortalecer mecanismos de prevención y protección contra las violencias por motivos de género. Ninguno de estos recortes están basados en evidencia. La realidad está lejos de evidenciar lo que busca instalar los discursos antigénero. No son exageraciones, no son intensidades de militantes feministas, no es agenda woke. En lo que va de octubre, hubo al menos once femicidios en la Argentina", consideró Agustina Bendersky, coordinadora del área de géneros de Fundar y magíster en género, sociedad y políticas por Flacso. Y agregó: "No hay estudios serios ni evidencias que muestren que las denuncias falsas por violencia de género sean un problema extendido, pero está lleno de datos de mujeres víctimas de femicidios con denuncias previas contra su agresor. El caso del doble femicidio en Córdoba deja evidencia muy clara en ese sentido. El acusado, Pablo Laurta, promovía a través de la página web Varones Unidos la existencia de falsas denuncias sobre violencia de género. Recibió el saludo de dos figuras muy cercanas al presidente Milei, Nicolás Márquez y Agustín Laje. La víctima había denunciado a su agresor por amenazas, golpes y un intento de ahorcamiento en 2023. ¿Podemos pensar que se trataba de denuncias falsas ahora que sabemos lo que siguió después?".Salud sexualA la vez, la política libertaria cambia la concientización sobre salud y educación sexual, y se centra en la distribución de insumos. No está previsto capacitar docentes ni asesorar a adolescentes, según alerta el informe de la ACIJ y el ELA. Tras sufrir un desfinanciamiento casi total en 2024, el crédito vigente de 2025 y las proyecciones para 2026 muestran una importante recuperación del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, del Ministerio de Salud. Pero, según al análisis que realizan las organizaciones, hay un cambio de enfoque del programa ya que los fondos se centran en esa actividad y no en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que quedó prácticamente sin financiamiento: en 2026 se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023. El ENIA había logrado sobrevivir a más de un gobierno y en los seis años de su puesta en marcha (2018 a 2024) logró que la tasa de embarazo en chicas de 10 a 19 años bajara entre el 43% y el 49%, según los segmentos de edades. El cambio también se observa en las metas del programa: se abandona el asesoramiento y la capacitación docente en Educación Sexual Integral (ESI) para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos (preservativos, DIU, implantes). El proyecto de presupuesto 2026 asigna solo $30 millones a las actividades de Educación Sexual Integral (ESI), una política que la administración libertaria cuestiona desde su campaña. Es apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Los indicadores se desplomaron en 2024: la cantidad de docentes capacitados pasó de 65.000 a 900 y la de provincias asistidas, de 24 a 6. En 2025 se reporta que no se planifica capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 desaparecen del presupuesto como metas informadas.La administración libertaria opta por hablar de "educación en afectividad y sexualidad". Ante la consulta de LA NACION, voceros de la Secretaria de Educación contestaron: "Las actividades con las provincias continúan activas y se financian a través del programa de Acompañamiento Socioeducativo, que cuenta con una ejecución de más de $113.000 millones. Durante 2024 y 2025 se desarrollaron múltiples capacitaciones presenciales y virtuales en afectividad y sexualidad, así como los encuentros nacionales con equipos técnicos de diez jurisdicciones. Se elaboraron materiales actualizados, como el marco conceptual y pedagógico de la educación en afectividad y sexualidad y guías de prevención del abuso sexual infantil, que continuarán implementándose en 2026â?³. Por último, aunque se refuerza el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se mantiene un nivel de inversión similar al de años anteriores, el informe advierte que el proyecto de presupuesto 2026 deroga el mecanismo de actualización. Esto implica que, si no se cumplen las metas de inflación previstas por el Gobierno, la prestación podría sufrir una licuación el próximo año. Al ser consultado por esta decisión, el Ministerio de Capital Humano derivó la respuesta a la cartera de Economía, que al cierre de esta nota no había contestado.

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