Las reglas de inadmisibilidad por carga pública que aplica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alcanzan en octubre a ciertos extranjeros que solicitan el ajuste de estatus para obtener la green card.¿Qué analiza Uscis para determinar la inadmisibilidad por carga pública en octubre de 2026?De acuerdo con el Uscis, la guía vigente entró en vigor el 18 de septiembre y se aplica a los formularios I-485 enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha. La evaluación se realiza caso por caso y considera la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de factores que los oficiales deben tener en cuenta para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento. Entre los principales aspectos se encuentran:La edadEl estado de saludLa situación familiarLos activos, recursos y situación financieraLa educación y las habilidadesCuando corresponde, la agencia también considera el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, mediante el cual un patrocinador acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.La agencia puede evaluar además otra evidencia relevante del expediente, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, es decir, programas cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos de la persona.El organismo no estableció una lista exhaustiva de prestaciones que deban considerarse automáticamente. El análisis puede incluir asistencia económica para el mantenimiento de ingresos y otros beneficios sujetos a requisitos financieros, según las características de cada programa.Para las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre, se aplica el criterio vigente con anterioridad a la nueva normativa. Desde esa fecha, el Uscis cuenta con mayor discreción para considerar beneficios sujetos a comprobación de recursos dentro de la evaluación general.La recepción de una prestación no determina por sí sola que una persona sea inadmisible. La decisión depende del conjunto de antecedentes y circunstancias particulares del caso.¿Qué inmigrantes están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública?La causal alcanza a numerosos extranjeros que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales, salvo aquellos protegidos por una exención prevista en la legislación migratoria.Entre las categorías que pueden quedar alcanzadas se encuentran determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo y otras vías de inmigración, como:Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidensesHijos e hijas solteros de ciudadanos y algunos de sus descendientesCónyuges e hijos de residentes permanentes legalesHijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidensesPrometidos de ciudadanos y determinados viudos o viudasTrabajadores prioritariosProfesionales con títulos avanzados o capacidad excepcionalTrabajadores calificados y otros empleadosInversionistasTrabajadores religiososDeterminados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjeroAlgunos inmigrantes seleccionados mediante visas de diversidadDeterminados testigos, informantes y otras categorías previstas por la legislación migratoria¿Quiénes están exentos de la inadmisibilidad por carga pública?La legislación contempla excepciones para distintos grupos humanitarios y otras categorías especiales. Estas personas pueden quedar fuera de la causal cuando reúnen los requisitos correspondientes a su clasificación migratoria. Entre los principales grupos protegidos se encuentran:Asilados y refugiadosDeterminados inmigrantes amerasiáticosAlgunos intérpretes y nacionales de Afganistán e Irak que trabajaron para el gobierno de EE.UU. o en su nombreDeterminados cubanos y haitianosSolicitantes amparados por la Ley de Ajuste CubanoCiertos nicaragüenses, centroamericanos y haitianos comprendidos por leyes especialesJóvenes inmigrantes especialesVíctimas de trata con estatus TVíctimas de actividades delictivas calificadas con estatus UAutopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la MujerDeterminados extranjeros maltratados protegidos por la legislación migratoriaAlgunos familiares de miembros de las Fuerzas ArmadasDeterminados indígenas estadounidenses nacidos en CanadáIntegrantes de categorías especiales creadas para ciertos nacionales o grupos protegidos por leyes específicasTambién existen otras excepciones previstas por estatutos particulares. Por ese motivo, el Uscis analiza la categoría migratoria correspondiente antes de aplicar la causal de carga pública.
Se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella y Emiliano Miliyo, entre otros destacados artistas
Richard y Elizabeth Scudder pasaron más de cuatro décadas protegiendo su propiedad de la urbanización hasta que donaron las 90 acres para conservarlas.Cómo es hoy la reserva pública que preserva bosques, humedales y un árbol de tulipán de 201 años.
DOMINGO 11
La infraestructura es la que más recorte sufre durante la gestión libertaria. Cayó 83% contra 2023 pero, además, lo aprobado es subejecutado. Para el año próximo se espera un nuevo ajuste, del 6,4% contra el Presupuesto 2026. La provincia de Buenos Aires, entre las más perjudicadas por la parálisis de los proyectos nacionales. Leer más
Esa noche en Owensboro, Kentucky, nadie quería dormir, algunos no podían. Por el contrario, los vecinos estaban expectantes, ansiosos. "La gente venía, camiones llenos, se sentaban en la caja con las piernas colgando fuera, como si fueran a un picnic. Estaba cálido y dormíamos con la ventana abierta, pero se oía este arrastre ahogado y las voces durante toda la noche. Era una sensación espeluznante", relató Medora Withers, una vecina del lugar.Ella se quedó en su casa, pero otros, hombres, mujeres y niños, acamparon alrededor del escenario que al día siguiente reuniría a miles de espectadores. No esperaban una obra de teatro, la presentación de un artista ni un show de títeres. Dormían a la intemperie, junto a una horca levantada en un terreno a orillas del río Ohio. Esperaban el amanecer del 14 de agosto de 1936, cuando serían testigos de una ejecución. Los autos y trenes llegaban llenos de pasajeros. Los hoteles no daban abasto y en algunas casas se celebraban "fiestas de ahorcamiento".Al fin, con la primera luz del día, un hombre vestido de lino blanco y con sombrero panamá subió a la plataforma. Lo seguía un joven con las manos esposadas. El primero era Arthur Hash, expolicía de Louisville, que se había ofrecido a accionar la trampa; el otro, Rainey Bethea, condenado por violación y considerado uno de los últimos ejecutados públicamente en Estados Unidos.Una ejecución abierta a la multitud"No hubo discurso, no hubo ceremonia, solo esperé; finalmente podías ver que le estaban poniendo la capucha en la cabeza y, cuando te dabas cuenta, cayó". Hubert McFarland tenía 16 años cuando presenció el ahorcamiento. Estaba a unos 20 metros, y presenció cada paso del condenado. "Y no hubo sonido, sacudió los pies un par de veces y eso fue todo", recordó en una entrevista con NPR, la cadena de radio pública de Estados Unidos.Bethea tenía poco 22 años y había sido condenado por violar a Lischia Edwards, una mujer blanca de 70 años, que encontraron muerta en su departamento en junio de ese año. Los investigadores determinaron que la habían violado y que le habían robado las joyas. Las sospechas recayeron sobre Bethea, un vecino con antecedentes penales, en su mayoría por delitos menores, que trabajaba limpiando la casa de la víctima. Habían encontrado sus huellas en el lugar. La acusación formal se redactó con rapidez y una orden judicial dispuso su traslado a una cárcel de Louisville, ante el temor de que una turba lo linchara. En aquella época, los linchamientos a hombres afroamericanos acusados de atacar a personas blancas no eran infrecuentes.Bethea confesó el crimen, pero después se retractó varias veces. La policía sostuvo que la descripción que dio de los hechos les permitió encontrar las joyas robadas, así no le prestaron atención a su retractación. Fue acusado y condenado por violación, pero nunca por homicidio. Eso no alteró su destino: una ley de Kentucky de 1920 establecía que los condenados por violación debían ser ahorcados, y esa era la normativa que iban a aplicar.En teoría, además, hacía unos años que se había ordenado la construcción de un recinto cerrado y de una cerca que limitara la capacidad de asistentes. El máximo sería 100 personas. Pero nunca construyeron el lugar. Al contrario, la ejecución de Bethea quedó abierta a una multitud que superó cualquier previsión.Algunas fuentes calcularon que asistieron 20.000 personas. Muchos fueron por morbo; otros, para ver a Florence Thompson, la alguacil que debía supervisar el castigo. Viuda, de 44 años y madre de cuatro hijos, había asumido el cargo pocas semanas antes, tras la muerte de su marido, el alguacil electo. La prensa anunció que sería la primera mujer en ejecutar una sentencia de muerte en Estados Unidos, y la noticia llegó a los diarios de todo el mundo. Después, Thompson explicó a Los Angeles Examiner que podía delegar la tarea en un subalguacil o en cualquier ciudadano, pero que eso le impondría a otra persona un "trabajo desagradable".La expectativa de ver a una mujer ejecutar la sentencia fue enorme. Sin embargo, Thompson no accionó la trampa: durante las semanas previas había recibido varios ofrecimientos de personas dispuestas a hacerlo por ella y aceptó el de Arthur Hash, que había servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial.Carnaval de sadismoLos diarios retrataron el momento como un espectáculo salvaje. "Niños hacen picnic mientras un asesino paga", tituló The Boston Reveller en una crónica en la que afirmaba que unas 200 personas se abalanzaron sobre la horca mientras el cuerpo seguía suspendido para arrancarle la capucha y conservarla como souvenir.Los medios locales, sin embargo, calificaron ese tipo de noticias de "fábulas" y las acusaron de sensacionalismo. Morton Holbrook, que por entonces estudiaba Derecho en Harvard y había regresado a su pueblo natal durante las vacaciones, recordó una escena distinta, lejos del caos: "Cuando el condenado fue llevado al recinto, un silencio repentino cayó sobre el público. Cuando se detuvo al pie del cadalso y se inclinó, realmente no podía ver lo que estaba haciendo, pero alguien cercano dijo que se estaba cambiando las medias. Hubo un silencio absoluto cuando le pusieron la capucha en la cabeza".Sin embargo, The New York Times (NYT) publicó el 21 de agosto de 1936 que "las costumbres y la moral de Kentucky" mostraron un "carnaval de sadismo que acompañó a la ejecución [...] de Rainey Bethea". "En sus propias columnas editoriales han exigido que se enmiende la ley que permite tales ejecuciones públicas, casi todos excepto la prensa de Owensboro, que protesta alegando que la buena gente de allí ha sido calumniada", contaba el diario.El periódico también describió: "No se puede negar el hecho de que los cazadores de recuerdos se abalanzaron hacia adelante mientras bajaban el cuerpo del negro y le arrancaron la capucha negra de la muerte de la cabeza antes de que fuera declarado muerto, se sentaron en el techo de la carroza fúnebre que esperaba para llevarse el cuerpo y vitorearon y gritaron mientras se accionaba la trampa [sic]".Además de denunciar la brutalidad de la escena, los diarios sostenían que las ejecuciones públicas no disuadían a los delincuentes, sino que despertaban los instintos más violentos. Kentucky era el único estado que todavía realizaba ahorcamientos en público, y 18 meses después, el gobernador firmó una ley prohibiendo definitivamente la práctica.Simplemente por espectáculoMichael L. Radelet, profesor de la Universidad de Colorado Boulder, explicó a The Associated Press (AP) que, antes de que existiera la televisión, había pocas opciones de entretenimiento en las ciudades y todavía menos en el campo. Por eso, la gente asistía a las ejecuciones: "simplemente por espectáculo". Padres y maestros llevaban a los chicos para darles una lección. Algunas ejecuciones incluían un coro, un sermón del predicador y un largo discurso del condenado. La afluencia de público podía convertir esos actos en shows cada vez más descontrolados, como ocurrió en el caso de Bethea. "En lugar de promover la santidad de la vida y la solemnidad de la circunstancia, con personas aplaudiendo y creando un ambiente de carnaval, eso realmente disgustó a la gente", dijo.En 1937 hubo otro ahorcado en Estados Unidos, Roscoe "Red" Jackson, condenado en Missouri, y colgado ante unas 500 personas. El acceso estuvo limitado mediante el reparto de entradas, no se habló de un desenfreno como en el caso de Kentucky, y por eso se habla de Bethea (y la repercusión de su castigo) como la última gran ejecución pública. La cuestión es que el descontrol que narraron los medios generó un aluvión de críticas, por ejemplo, el NYT decía, con marcada ironía, que "las fiestas en casas con motivo de ahorcamientos, con una alegre noche de diversión y un desayuno de ahorcamiento pueden reemplazar las cacerías de zorros y al propio Derby de Kentucky". Finalmente, la indignación que generó contribuyó a impulsar cambios legislativos. Para la década de 1930, la mayoría de los estados ya había eliminado las ejecuciones públicas. Kentucky fue uno de los últimos en prohibirlas: en 1938, el gobernador firmó la ley que ponía fin a la horca, como se contó.Desde entonces, las ejecuciones en Estados Unidos se realizaron a puertas cerradas. La excepción más cercana, según recuperó The Washington Post, fue la de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City en 1995 en el que murieron 168 personas. Su ejecución, en 2001, se transmitió por circuito cerrado a un grupo de sobrevivientes y familiares. Unas 2000 personas podían acceder a la transmisión, pero solo alrededor de 230 decidieron verla. Muchos describieron la experiencia como memorable, aunque insatisfactoria.Ahora, las ejecuciones públicas volvieron al foco de la discusión pública, cuando este 9 de octubre, el Pentágono anunció que transmitirá por streaming el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, excomandante y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que mató a 13 soldados e hirió a otros 32 en Fort Hood, una base militar, en 2009. Hasan fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte en 2013. Su fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre en Texas.La oficina de derechos humanos de la ONU declaró a AFP que la transmisión equivaldría a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura. El senador demócrata Chris Murphy dijo a CNN que la idea era "repugnante". Alonzo Lunsford, exsargento que recibió siete disparos durante el ataque, dijo a la BBC que el fusilamiento es un método "apropiado", que las familias y los sobrevivientes deberían poder verlo y que quiere que Hasan lo mire a los ojos: "Quiero que sepa que fracasó. Yo sigo aquí".
El Pentágono enfrenta críticas por la transmisión en vivo de una ejecución militar en Texas, avalada por el presidente. La medida genera rechazo por parte de figuras políticas de ambos partidos y organizaciones de derechos humanos.La ejecución pública del psiquiatra militar Hasan, condenado por un ataque en 2009, sería la primera desde 1961. La ONU y Amnistía Internacional denuncian el evento como "tortura" y "crueldad".
Una asistente virtual que responde consultas por WhatsApp, una plataforma de compras públicas impulsada por inteligencia artificial y más de un centenar de trámites que ahora son digitales. Con ese conjunto de herramientas, el municipio bonaerense de Escobar obtuvo uno de los principales reconocimientos entregados esta semana durante la Smart Life Week, una cumbre internacional sobre innovación urbana realizada en la capital de Corea del Sur.El premio fue otorgado en el marco de los Seoul Smart City Prize, un certamen organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO), que distingue experiencias de innovación tecnológica aplicadas a la gestión pública.La distinción recayó en la categoría Leadership (Liderazgo) y fue entregada al intendente Ariel Sujarchuk, a quien el jurado reconoció por la transformación digital impulsada en Escobar durante los últimos años.Según detallaron los organizadores, la evaluación tomó en cuenta distintas iniciativas implementadas por el municipio, entre ellas Flora, una asistente basada en inteligencia artificial generativa que funciona a través de WhatsApp y que acumula más de 500.000 interacciones con vecinos. También se valoró Ethix, una plataforma destinada a contrataciones y compras públicas que incorpora herramientas de IA para distintos procesos administrativos.Otro de los aspectos considerados fue la digitalización de más de 100 trámites municipales y los programas de capacitación tecnológica desarrollados por la comuna. De acuerdo con los datos difundidos por el municipio, más de 28.500 personas participaron de iniciativas de alfabetización digital vinculadas a inteligencia artificial y nuevas tecnologías.Escobar también destacó que fue uno de los primeros municipios del país en dictar una ordenanza específica para regular el uso de inteligencia artificial dentro de la administración pública.El reconocimiento fue anunciado durante la apertura de la Smart Life Week, un encuentro que reunió en Seúl a funcionarios, especialistas y representantes de gobiernos locales de distintos países para debatir sobre el uso de nuevas tecnologías en la gestión urbana.Durante las exposiciones se analizaron aplicaciones vinculadas con movilidad, atención ciudadana, seguridad, automatización de servicios y reducción de la brecha digital. En ese contexto, la experiencia de Escobar fue presentada como uno de los casos seleccionados por el jurado internacional.Sujarchuk compartió la nómina de finalistas de la categoría con responsables de gobiernos locales de Ciudad de México, Grecia e Indonesia."Recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar", sostuvo el intendente durante la ceremonia, según se informó a través de un comunicado.El viaje y la estadía del intendente en Corea del Sur fueron financiados por el Gobierno Metropolitano de Seúl y WeGO, las dos organizaciones responsables de la realización del certamen.
El vehículo tendrá un horizonte de doce años, repartirá dividendos anuales según resultados y abrirá su período de colocación entre el 19 y el 29 de octubre de 2026
Desde 2023 y hasta el 1 de octubre de 2026, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron el 71% de los casos documentados. Son zonas donde operan las disidencias de las Farc de "Iván Mordisco", además del ELN
La Municipalidad de Aluminé desvinculó a la secretaria de Ambiente después de que trascendiera un presunto ataque contra una vecina de la localidad. No obstante, no se detalló el episodio ni se informó si existe una denuncia
El debate se centra en el Proyecto de Ley 012 de 2026, que busca derogar los gravámenes creados en la reforma tributaria de 2022. La entidad respaldó su posición con cifras sobre el aumento de la diabetes en Colombia y cuestionó que estos cobros sean responsables del encarecimiento de la canasta básica
Pete Hegseth indicó que el exmayor, condenado por matar a 13 personas en Fort Hood, será fusilado a la una de la tarde en la base texana, según el Departamento del Ejército
LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reaccionó este jueves ante un reclamo de obras sanitarias en la localidad de Carlos Casares, impulsado por La Libertad Avanza. Cuando le plantearon que la demanda provenía de los partidarios de Javier Milei, levantó el tono: "No tienen cara. Vayan a pedirle al Presidente, caraduras", enfatizó.La controversia surgió luego de que la senadora provincial Analía Balaudo junto a los concejales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, todos de LLA, acusaran a la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y a los funcionarios estatales que la administran, de presuntas irregularidades y deficiencias críticas en la prestación del servicio. Los libertarios denunciaron ante la Justicia que no se habrían cumplido los deberes vinculados con un servicio público esencial y advirtieron por el impacto que tiene la falta de agua para los vecinos. El reclamo judicial está focalizado en la localidad de Carlos Casares. Pero desde el espacio que responde al presidente Milei se precisó que los problemas de falta de agua se repiten en 95 municipios del territorio que gobierna Kicillof hace 7 años."Tenemos un problema aquí: el agua. La Libertad Avanza llevó el reclamo a la justicia", le dijo un periodista local a Kicillof durante su visita a Carlos Casares.El gobernador Axel Kicillof responde a los cuestionamientos de LLA por la falta de obras de saneamiento y en edificios escolaresEl gobernador respondió, en un tono poco habitual en él: "¿Alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública? Esta gente no tiene cara. Ponele los videitos de Milei diciendo cero obra pública. Y que se vayan a pedirle al Presidente. Vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la provincia. Caraduras". El gobernador buscó explicar: "Hay acueductos históricos. Los caños antiguos se han ido deteriorando. Hay que hacerlos de nuevo. Estamos trabajando. No se puede explicar como seguimos haciendo esas cosas con el desastre que tenemos de abandono del gobierno nacional. Todo estamos pagando. Así y todo estamos lanzando un acueducto por 25 millones de pesos", detalló Kicillof. El Acueducto French-Carlos Casares cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demanda, según precisó la provincia, una inversión de $23.950 millones de pesos. En ese marco, Kicillof afirmó: "En medio de tantas dificultades, vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares: un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en el municipio". Y abundó: "A pesar de que el Gobierno nacional paralizó todos los proyectos, nosotros seguimos haciendo un gran esfuerzo para sostener las obras que traen soluciones concretas a los problemas de las familias bonaerenses".Al lado de Kicillof, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, precisó que la obra se está licitando. Agregó que también hay obras por 1.700 millones de pesos para dos localidades vecinas a Carlos Casares y obras pluviales por 4.500 millones de pesos vinculadas a la prevención de El Niño.La controversia entre Nación y Provincia es uno de los puntos de mayor tensión entre los gobiernos de Kicillof -que reclama mil obras paralizadas- y Milei, que niega una asfixia financiera sobre este territorio. De acuerdo a un detalle que proporcionó la Provincia, el gobierno nacional mantiene paralizadas obras en este territorio por 9,2 billones de pesos. Entre ellas hay 180 obras públicas ejecutadas por Nación en Provincia por 5.492.185 millones; el Programa Procrear por 1.518.048 millones; convenios entre Nación y municipios para 755 obras por 866.499 millones; el programa casa propia para construcción de 9.725 viviendas en 52 municipios por 364.055 millones; infraestructura tripartita entre Nación, provincia y municipios por 81.939 millones; treinta obras en universidades situadas en territorio provincial por 59.462 millones, según denuncia la provincia. Denuncias cruzadas Mientras el gobierno provincial reclama a Nación, la senadora bonaerense de LLA Analía Balaudo realizó una denuncia penal contra ABSA y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con competencia en el área, por la crítica situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares ante la falta de suministro.Los anegamientos y la falta de agua en plena temporada de verano motivaron la presentación judicial en enero último. "No es un problema nuevo ni un imprevisto, desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma", advirtió la legisladora."En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo", relató Balaudo.La problemática llegó a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ante la falta de respuestas, Balaudo definió presentar junto con los concejales locales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequieal Orazi una denuncia penal en la Justicia.
AVRA lo justifica para "fomentar los valores de la convivencia, la cultura y el deporte". Adelante Andalucía va a llevar este contrato de patrocinio a la comisión de vivienda para dar expliciones
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa reportó que el religioso fue arrestado luego de convocar congregaciones; no hay datos oficiales sobre su paradero ni cargos
El operativo fluvial de la Armada Nacional, en la zona rural de Togoromá, permitió la captura de un hombre con nueve granadas de mortero, radios y elementos de intendencia
El secretario de Hacienda aseguró que, pese al nivel previsto, el endeudamiento se mantendrá sostenible en el mediano plazo y destacó que 79% estará denominado en moneda nacional
La acción conjunta entre la Armada, el Ejército y la Policía permitió afectar la infraestructura usada para obtener minerales sin permisos en zonas de El Bagre y Cáceres, además de evitar daños sobre fuentes hídricas y suelos
El Ministerio de Economía habilitó la entrega de letras y bonos del Tesoro para cancelar hasta $221.119 millones de deudas vinculadas con la obra pública. El mecanismo permite instrumentar el pago con títulos previsto desde julio y reemplaza pagos en efectivo por títulos y concentra el 67% de los vencimientos en 2027.La medida se formalizó mediante la resolución conjunta 59/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman. La norma amplía la emisión de tres instrumentos financieros para dar cumplimiento al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones creado a mediados del año, al cual las empresas contratistas podían adherir de forma voluntaria.El esquema original había sido establecido el 2 de julio por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, cuando Economía reconoció la "indisponibilidad de créditos presupuestarios" para afrontar la totalidad de las deudas relevadas. También vinculó el mecanismo con las restricciones derivadas de la "priorización del objetivo de reordenamiento de las cuentas públicas y restricción del gasto público".LA NACION se comunicó con voceros del Palacio de Hacienda, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.El régimen comprende certificados de obra, acopio de materiales y ajustes de precios correspondientes al período entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones por contratos extinguidos desde 2024. Abarca obras de las secretarías de Obras Públicas y Transporte, incluidas las financiadas por organismos multilaterales.El impacto "debajo de la línea"La canasta se distribuye en tres partes: un 33% en una Lecap que vence el 30 de octubre de 2026; un Boncap (33%) con vencimiento el 15 de enero de 2027, y el 34% restante en otro Boncap que se paga el 30 de abril de 2027. Los tres instrumentos son capitalizables en pesos.Si se utilizara todo el cupo, unos $148.150 millones, medidos al valor de entrega, corresponderían a bonos que vencen en 2027. El pago final incorporará la capitalización de intereses. La autorización no implica que ya se haya entregado toda esa suma ni establece el saldo total adeudado por obra pública.Más allá del diferimiento de plazos, la decisión activó una discusión técnica sobre el tratamiento contable de la deuda pública. A diferencia de los bonos tradicionales que abonan cupones periódicos de interés â??que se registran "sobre la línea" como gasto corriente mensual dentro del resultado financieroâ??, los títulos elegidos son capitalizables o "cero cupón". Esto significa que los rendimientos no se desembolsan mes a mes, sino que se acumulan automáticamente al capital final que se abonará en el vencimiento.De esta manera, la resolución especifica que las operaciones se imputarán a "Aplicaciones Financieras", el rubro presupuestario destinado a la cancelación de pasivos que corre por fuera del cálculo del resultado financiero mensual. Con esta ingeniería, el Ministerio de Economía evita registrar una erogación corriente en la planilla mensual, para así blindar el superávit financiero que el Gobierno exhibe como ancla.A través de redes sociales, el economista Nicolás Gadano de la consultora Empiria advirtió sobre las implicancias de este mecanismo: "El Gobierno cancela deuda con proveedores de la obra pública entregando bonos capitalizables sin haber devengado previamente el gasto 'arriba de la línea'. Al usar títulos que no pagan cupones, el costo financiero no impacta en el resultado fiscal mensual y queda sepultado en la cuenta de financiamiento".Probablemente se cancelan obligaciones del Estado Nacional (en este caso, pagos a proveedores de obra pública) con instrumentos de deuda, sin q esos gastos sean devengados previamente "arriba de la línea", es decir, sin impacto en el gasto y en el resultado fiscal. En este caso,â?¦— Nicolas Gadano (@ngadano) October 6, 2026Dilema para las constructorasPara las empresas, recibir títulos plantea una decisión financiera: esperar al vencimiento o venderlos para obtener efectivo. Se entregarán a valor técnico (calculado al día hábil anterior) que puede diferir de su cotización de mercado. Por eso, una constructora que necesite venderlos para pagar salarios o proveedores podría obtener menos que el importe de la acreencia cancelada, según el precio al que consiga colocarlos.Asimismo, la adhesión exige desistir de reclamos administrativos y judiciales relacionados con las obligaciones alcanzadas. Una aclaración posterior exceptuó las acreencias que puedan surgir de certificados, ajustes de precios o actos administrativos pendientes al firmar el acuerdo. El régimen prevé incorporar a la liquidación los intereses por mora imputable al Estado, según las condiciones de cada contrato.El alcance se amplió en agosto a deudas de Vialidad por compras de bienes y materiales y por servicios vinculados con el mantenimiento, la conservación y la operación de la Red Vial Nacional, también correspondientes a 2022-2025. Así, el mecanismo comprende tanto obras como obligaciones con proveedores de tareas viales.La resolución dispone que la operación se impute a aplicaciones financieras, el rubro presupuestario que contempla la cancelación de pasivos, y se registra por fuera del cálculo del resultado financiero. En términos de caja, entregar títulos evita desembolsar inmediatamente el monto reconocido: la obligación pasa a instrumentarse como deuda del Tesoro, con intereses y fechas de pago determinadas.La medida se inscribe en un contexto de inversión pública reducida. Según el IIEP de la UBA y el Conicet, el proyecto de Presupuesto 2027 llevaría esa inversión al 0,4% del PBI, un mínimo histórico. Aunque el gasto de capital aumentó 42% interanual real en agosto, el instituto advirtió que la comparación partía de niveles muy bajos.Las obligaciones alcanzadas abarcan períodos de la gestión anterior y de la actual. Sin embargo, las normas no identifican a las empresas beneficiarias ni desagregan los montos por año de origen, por obra o según se hayan generado antes o después de la asunción de Javier Milei.
Pammasa, del Ayuntamiento de Majadahonda, tiene cuatro trabajadores y no entrega una promoción desde 2019. Ahora ha gestionado 180 casas de nuevo plan de la Comunidad y asegura que ha desatascado un nuevo desarrollo con 2.275 inmuebles
La descarga eléctrica provocó el estallido el 4 de octubre en la vereda El Amparo, Cauca; las autoridades atribuyen el dispositivo a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc
Los aspirantes deben crear una cuenta, actualizar sus datos y adjuntar certificados PDF en la plataforma, donde podrán filtrar empleos por área, ciudad o modalidad y enviar su postulación electrónica
Desde Portugal, Curro le hará una propuesta inesperada a su mujer en el final de la semana de 'La Promesa'
La tasa de participación laboral de las mujeres en edad activa es de apenas el 53,1%, y la desocupación entre ellas supera el promedio general, con un pico del 17,1% para las más jóvenes.
El grupo fememino terminó de forma definitiva su relación profesional con un colaborador artístico y coreográfico tras la difusión de nuevos testimonios en redes sociales.
Son días de profunda renovación en los pasillos de la Televisión Pública de cara al próximo 17, fecha en la que el canal celebrará sus 75 años con un histórico cambio de identidad que incluirá el regreso al clásico nombre Canal 7 y el estreno de un nuevo logotipo, tal como adelantó LA NACION.En este marco de cambios, la semana que viene se pondrá en marcha una renovación clave en su programación informativa. Por el lado del Noticiero de la medianoche, la periodista deportiva, conductora y modelo Priscila Crivocapich se sumará a la conducción del resumen informativo que se emite de lunes a viernes de 0 a 0.30, compartiendo pantalla con el histórico conductor Daniel López. Con respecto al noticiero central, la periodista Alejandra Gallo, quien también se desempeña en Radio Nacional AM 870, se incorporó como columnista de economía en la edición central, la cual se emite de 19 a 20.30 bajo la conducción de Pablo Vigna y Mariana Arias.Además de las modificaciones en sus informativos, la programación de la emisora estatal celebró un importante reconocimiento en los últimos días. El ciclo Estamos en una, conducido por Gabriel Corrado de lunes a viernes de 15 a 16.30, fue galardonado por Argentores en su última premiación dedicada a los autores de televisión.Yanina Latorre se suma el streaming de MasterChef Celebrity Yanina Latorre continúa a pleno con sus proyectos este año y suma un nuevo y atractivo desafío en el mundo digital. En esta ocasión, se incorporó oficialmente al equipo de Telefe para conducir un segmento del streaming oficial de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, a partir del domingo 11.Su rol principal en el ciclo consiste en recibir a cada uno de los famosos que abandonan la competencia de cocina -con excepción del primer eliminado, que ya grabó su salida y cuya incorporación Yanina todavía no había cerrado- para someterlos a una charla íntima y filosa.De esta manera, la conductora combina su flamante desembarco en el streaming del canal de las pelotas con su agenda diaria, que incluye su rol al frente de SQP en AméricaTV y la conducción de #Yanina1079 en El Observador Radio 107.9 FM.Cabe recordar que no es la primera vez que Yanina pisa el universo del reality gastronómico: en una edición anterior ya había tenido un paso previo por el certamen cuando reemplazó de forma temporal a Maxi López.El Muro infernal vuelve a las tardes de TelefeLas tardes de fin de semana en Telefe se renovarán a partir de hoy con el regreso de un clásico de su pantalla: El Muro infernal. Con la conducción de Marley, el ciclo ocupará los espacios del sábado y domingo en reemplazo de Escape perfecto. La repetición del programa -que Marley condujo en dos etapas, del 3 de marzo de 2008 a comienzos de 2009 y entre el 13 de enero y el 17 de abril de 2020, junto a Kevsho, Nazareno Mottola, Osvaldo Príncipi y Cale Bonfante- irá los sábados a las 17 y los domingos a las 18.45.Respecto al formato, recordemos que, en cada emisión, dos equipos de tres integrantes se enfrentarán a desafíos donde deberán demostrar rapidez mental, coordinación y, sobre todo, una gran capacidad física para atravesar las aberturas del muro en el momento justo.De esta manera, Telefe vuelve al recurso de los ciclos repetidos -algo que no le genera costos extras-, tal como actualmente lo hace, entre otros, con las novelas Avenida Brasil y Doctor Milagro.
El senador con licencia presiona para demostrar el peso político que mantiene en el estado que gobierna su hija
El organismo internacional también advirtió que la revisión del T-MEC y los cambios regulatorios internos podrían seguir restringiendo el crecimiento del país
La decisión solo busca intentar clausurar un pasado más que proyectarla al canal hacia el futuro.
Según Miller Soto, vocero presidencial, el desbalance pondría en riesgo los pagos esenciales como la energía eléctrica y los alquileres de estaciones repetidoras, una situación que podría provocar interrupciones en las señales de radio y televisión pública
La ofensiva, atribuida al ELN por las autoridades, alcanzó instalaciones policiales en Condoto, Nóvita y Río Iró con cargas explosivas transportadas por aeronaves no tripuladas
La empresa busca rediseñar el régimen tarifario de agua y cloacas, con subas para el 60% de los usuarios residenciales. La audiencia pública será virtual el 26 de octubre
La acampada es una forma de ejercer el derecho de reunión pacífica, reconocido en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
El exboxeador y exdiputado federal, quien murió este miércoles a los 58 años, compartió en 2019 un mensaje sobre la abundancia antes de alejarse por completo de la vida pública
Los disparos y detonaciones registradas en el antiguo peaje de Tunía, en el municipio de Piendamó, pusieron en alerta a conductores y uniformados; en un hecho que tiene como hipótesis inicial un hostigamiento contra miembros de la Policía y el Ejército
Los operativos de militares y policías también incautaron 55.668 galones de combustible, 40 máquinas amarillas, 127 equipos, 77 dragas y 16 dragones empleados en explotaciones ilícitas desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó sus directrices para evaluar la inadmisibilidad de los solicitantes de residencia permanente. Las normas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entraron en vigor el 18 de septiembre y regulan la autosuficiencia financiera en el país a través de la determinación de la carga pública.Qué dijo el Uscis sobre la carga pública y extranjeros que solicitan ajuste de estatusEl organismo federal fijó el alcance general de la norma para las peticiones de residencia legal dentro del país. Sobre esta exigencia, la autoridad afirmó en su sitio web: "Todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten en una categoría migratoria exenta".La normativa del organismo abarca a la mayoría de las peticiones familiares y laborales. La lista de categorías sujetas a la regla comprende a estos grupos:Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos.Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes.Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus familias.Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.Prometidos y prometidas de ciudadanos estadounidenses.Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses.Trabajadores prioritarios, profesionales avanzados e inversores.Inmigrantes de visa de diversidad y trabajadores religiosos.Los solicitantes incluidos en esta nómina deben demostrar su independencia económica antes de recibir la aprobación. Las leyes eximen únicamente a categorías especiales como refugiados, asilados y víctimas de delitos.Qué es la regla de la carga pública y cómo se determina la inadmisibilidadLa regla de la carga pública identifica a las personas con alta probabilidad de depender de la asistencia financiera del gobierno. En caso de que la autoridad considere que el solicitante no puede garantizar su autosuficiencia, será inadmisible.Para determinarlo, los oficiales evalúan cinco factores legales que incluyen edad, salud, estado familiar, recursos económicos y educación del solicitante.Asimismo, los funcionarios examinan el Formulario I-864 de declaración jurada de apoyo que firma un patrocinador financiero. En este documento, el patrocinador asume la obligación de utilizar sus recursos propios para respaldar al inmigrante.El análisis oficial abarca la recepción de ayudas públicas sujetas a verificación de recursos en dos períodos. Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, la agencia examina solo dinero en efectivo para ingresos e institucionalización.En cambio, para las ayudas recibidas desde esa fecha, el organismo evalúa todos los apoyos. Esta revisión incluye asistencia para vivienda, cupones de alimentos y ayuda universitaria dentro del expediente.Qué son los bonos de carga pública y cómo funcionan en el trámiteLos bonos de carga pública son una garantía que permite a un solicitante inadmisible obtener la residencia.Este mecanismo funciona a través de un pago en efectivo o una fianza ante el organismo para asegurar que el extranjero no dependerá del Estado.Un funcionario de la agencia puede ofrecer esta opción si el inmigrante resulta inadmisible solo por carga pública.El oficial calcula el monto económico del bono sobre la base de las ayudas estatales previsibles para los siguientes cinco años.El solicitante entrega la garantía económica mediante el Formulario I-945 de fianza de carga pública ante la autoridad. El trámite requiere un depósito directo o la intermediación de una compañía de fianzas certificada por el Tesoro.Los extranjeros solo presentan este formulario si reciben una Notificación de Intención de Denegación emitida por la agencia. Si la autoridad acepta la fianza, el organismo aprueba el ajuste de estatus y otorga la residencia permanente legal.
El mandatario colombiano difundió un balance que incluyó la destrucción de maquinaria ilegal y detenciones atribuidas al Clan del Golfo y a Embf
Un proyecto experimental busca reducir la reproducción del "Aedes albopictus", vector del dengue, el zika y la fiebre amarilla, mediante la competencia entre ejemplares estériles y silvestres
El congresista propuso revisar el impacto jurídico y fiscal de una eventual nivelación salarial para militares y policías, al señalar un vacío entre 1997 y 2004 que, según sus cálculos, podría costar entre $ 4 y $ 8 billones
La guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece las directrices para determinar la inadmisibilidad de un migrante bajo la regla de carga pública. Con este fin, según el documento, los funcionarios deben considerar cinco factores legales, además de la recepción de beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos.Las directrices del Uscis para determinar la inadmisibilidad de un migrante por carga públicaEl 18 de agosto, un mes antes de la entrada en vigor de la norma, el Uscis compartió una guía con directrices sobre cómo determinar la inadmisibilidad por carga pública. El documento describe conceptos clave, especifica los factores que se consideran en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública y menciona las pruebas que se tendrán en cuenta.Las autoridades indicaron que los funcionarios deben considerar cinco factores legales al determinar la inadmisibilidad por carga pública:EdadSaludEstado familiarSituación financiera del extranjero (bienes y recursos)Educación y habilidadesLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) también establece que los oficiales pueden tener en cuenta el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Conforme a la Sección 213A de la INA, que es firmado por una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para apoyar al extranjero.Además, pueden considerar cualquier otro factor relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública. En este punto, se incluye la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.No obstante, es importante remarcar que para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, el Uscis solo tendrá en cuenta la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. En el caso de los beneficios públicos recibidos después de la fecha mencionada, se considerarán "todos y cada uno". La agencia encargada de procesar los trámites migratorios revisará toda la evidencia relevante en el expediente del extranjero y tomará decisiones caso por caso en base a la totalidad de las circunstancias.Las categorías de migrantes sujetas a la regla de carga públicaLos siguientes migrantes están sujetos a la regla que entró en vigor el 18 de septiembre:Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidensesHijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijosCónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legalesHijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijosHermanos y hermanas de ciudadanos estadounidensesPrometidos/as de ciudadanos estadounidensesAmerasiáticos según la categoría de preferencia, nacidos el 31 de diciembre de 1950 o después, y antes del 22 de octubre de 1982Viudas o viudos de ciudadanos estadounidensesTrabajadores prioritariosProfesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionalesTrabajadores cualificados, profesionales y otros empleadosInversoresTrabajadores religiososDeterminados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjeroEmpleados de la Zona del Canal de PanamáGraduados de facultades de medicina extranjerasEmpleados jubilados de organizaciones internacionalesPersonal de las fuerzas armadas estadounidensesTrabajadores de emisoras internacionalesDiplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a sus países (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)Inmigrantes con visa de diversidadDeterminadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982Testigos o informantes extranjerosQuiénes están exentos de la regla de carga pública de UscisEn el lado contrario, las siguientes categorías de extranjeros están exentas de la causal de inadmisibilidad por la norma de carga pública del Uscis para sus peticiones:Asilados y refugiadosInmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisiónIntérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU.Entrantes cubanos y haitianos que solicitan el ajuste de estatus conforme a la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986Solicitantes que buscan el ajuste bajo la Ley de Ajuste CubanoNicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus a residente permanente legalHaitianos que ajustan su estatus a residente permanente legal bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998Personas con permiso de permanencia temporal bajo el programa LautenbergJóvenes inmigrantes especialesSolicitantes de registroSolicitantes que buscan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)Determinados embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales extranjeros no inmigrantes, y sus familiasVíctimas de trata de personasVíctimas de ciertos delitos (no inmigrantes U)Personas que presentan autopeticiones en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)Determinados extranjeros maltratados que son "cualificados" según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996Solicitantes que ajustan su estatus y que califican para un beneficio como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadasIndígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no son ciudadanos estadounidensesCiertos miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas de la Tribu Kickapoo de OklahomaCiudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que soliciten financiación en virtud de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiación de Exportaciones y Programas Conexos de 2001Solicitantes de parole polacos y húngarosCiertos ciudadanos siriosSolicitantes que se ajustan a la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia
La Televisión Pública se prepara para un hito en su trayectoria. A menos de un mes de cumplir 75 años desde la primera transmisión oficial en el país -realizada el 17 de octubre de 1951-, la intervención de los medios públicos decidió dar un giro rotundo a la identidad del canal estatal. El 17 de octubre próximo, el histórico canal cambiará oficialmente su nombre y volverá a sus fuentes para llamarse Canal 7. Este relanzamiento institucional incluirá una modificación integral en su logotipo y en la estética visual de toda la pantalla.Si bien la iniciativa está desde hace meses, sin poder concretarse en su momento, finalmente se hará realidad. La novedad comenzó a circular tras los dichos del actor y conductor del canal, Gabriel Corrado, quien adelantó en el programa Implacables (El Nueve): "Canal 7... La TV Pública va a cambiar el nombre, no lo quiero espoilear, porque ya lo van a lanzar". Según pudo confirmar LA NACION, el regreso a la histórica denominación es un hecho.En cuanto a la grilla, de acá a fin de año no se prevén modificaciones drásticas, pero sí se confirmó la llegada de nuevos ciclos para el último trimestre de este año, como un nuevo magazine matutino llamado Mañaneros, conducido por El Tucu López, Jimena Cyrulnik y Marcos "El Bicho" Gómez, que irá de lunes a viernes de 7.30 a 9, y un ciclo dedicado al mundo animal, con la conducción de María Eugenia Molinari y Melina Brizuela, que se emitirá los sábados de 17 a 19, bajo el nombre de El club de la manada. Además, ya hay proyectos en carpeta que incluyen un magazine nocturno para la franja de 20 a 22 y un late night show encabezado por Roberto Pettinato.Menjunje TV continúa expandiendo su grilla con nuevas propuestas y figuras de pesoEl canal de streaming Menjunje TV (@MenjunjeTV) avanza con su plan de expansión y continúa robusteciendo su programación bajo la dirección artística y general de la productora audiovisual Vuelo Producciones, comandada por Alejandro Korol.A su grilla actual â??que ya cuenta con el ciclo de entrevistas íntimas Mirá quién habla, conducido por Marina Calabró con producción periodística de Anita García (martes, a las 21); el clásico +CHUS+, con Matías Vázquez y Barbie Ferrari (martes, miércoles y jueves, a las 16.30); y las recientes incorporaciones de Iván y vienen, de la mano del imitador Iván Ramírez (miércoles, a las 19)â?? se sumaron dos fuertes apuestas periodísticas y de debate.Por un lado, Débora Plager desembarcó con Contrapunto, un formato de debate cara a cara donde dos figuras con posturas opuestas se enfrentan para discutir a fondo sobre un mismo tema (jueves, a las 19). Por el otro, María Belén Ludueña encabeza con éxito Termómetro social, un dinámico magazine acompañada por Germán "Pampa" Mónaco y Fito Baqué (miércoles, de 14.30 a 16).Con la mirada puesta en lo que resta de la temporada, las autoridades del canal ya tienen en carpeta ambiciosos proyectos para continuar ampliando la pantalla. Entre los próximos lanzamientos se destacan: un nuevo ciclo de entretenimiento y actualidad de la mano de Yuyito González, un programa dedicado exclusivamente al mundo del deporte, un formato juvenil enfocado en la Generación Z, un envío especializado en psicología y salud mental, y un programa periodístico de investigación profunda.Con una propuesta variada que combina entretenimiento, actualidad y debate político y social, Mejunje TV se consolida firmemente dentro del ecosistema de las plataformas de streaming.Nicolás Pauls llega a Canal (á) con "Zapada", un nuevo ciclo íntimo que celebra la música argentinaA partir del viernes 2 de octubre, el actor y músico Nicolás Pauls encabezará un formato federal que combina entrevistas y música en vivo en Canal (á). Se emitirá en doble horario: a las 15.30 y a las 23. 30. Tras el éxito de sus tres temporadas al aire con Interior, Pauls redobla la apuesta y desembarca en la pantalla de la emisora con Zapada, un proyecto que fusiona su sólida trayectoria como actor con su profunda pasión por la música."Zapada es un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer. Es un encuentro en la intimidad de cada uno de los espacios de estos maravillosos artistas que son parte de mi vida y de mi formación", expresó Pauls sobre esta nueva propuesta realizada con la producción integral de Productora30 y Amancay Producciones. Con grandes expectativas de continuidad, el conductor destacó la emoción de presentar esta primera entrega.Cada emisión ofrece un mano a mano presencial con referentes indiscutidos de la escena nacional, abarcando tanto a consagrados de ayer como a artistas de la actualidad. El prestigioso line-up de invitados incluye a nombres de la talla de Kevin Johansen, Ricardo Mollo, Lito Nebbia y Magui Cullen, entre otros.
La renuncia de Emilio Montero Pérez llega en medio de señalamientos en contra de funcionarios del municipio
La iniciativa, liderada por el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, contempla además espacios de diálogo para identificar requerimientos de uniformados, familiares, veteranos y reservistas y promover acciones frente a sus necesidades
Desde la Cámara de la Construcción indicaron que la provincia apenas registra 2.000 puestos de trabajo formales, una cifra marcadamente inferior a los niveles pospandemia. Leer más
La actriz estadounidense construyó una carrera de más de seis décadas entre el cine, la televisión y el teatro.
El Formulario I-945 de carga pública tiene desde el 18 de septiembre una nueva edición y un cambio en las oficinas que reciben las presentaciones por correo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció que los solicitantes deben enviar el documento al destino correspondiente según su lugar de residencia.Formulario I-945: qué cambió en los envíos del UscisEl principal aviso publicado por el Uscis establece que quienes presenten el I-945 por correo ya no deben dirigirlo a la oficina de Montclair, California. Desde el 18 de septiembre, el lugar de envío depende del estado o territorio en el que vive cada persona.El organismo dispuso un período de gracia de 30 días para el cambio. La sede de Montclair todavía únicamente aceptará documentos que tengan matasellos del 19 de octubre o una fecha anterior.Formulario I-945: las nuevas Lockbox de Dallas, Phoenix y ChicagoLa actualización distribuye las presentaciones entre tres destinos. Para la oficina del Uscis en Dallas, corresponden:GeorgiaMississippiTexasVirginiaWest VirginiaLa caja segura del Uscis en Phoenix recibe los formularios de residentes de:AlabamaAlaskaArizonaArkansasColoradoHawáiIdahoKansasKentuckyLouisianaMontanaNebraskaNevadaNuevo MéxicoNueva YorkDakota del NorteOklahomaOregonDakota del SurTennesseeUtahWashingtonWyomingLa oficina de procesamiento del Uscis en Chicago corresponde a:Samoa AmericanaFuerzas Armadas - AméricaFuerzas Armadas de EuropaFuerzas Armadas del PacíficoCaliforniaMancomunidad de las Islas Marianas del NorteConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaFloridaGuamIllinoisIndianaIowaMaineMarylandMassachusettsMichiganMicronesiaMinnesotaMissouriNuevo HampshireNueva JerseyCarolina del NorteOhioPalaosPensilvaniaPuerto RicoRhode IslandCarolina del SurIslas Vírgenes de Estados UnidosVermontWisconsinQuiénes pueden presentar el Formulario I-945 por carga públicaEl documento se utiliza cuando una persona que solicita un ajuste de estatus fue considerada inadmisible por motivos de carga pública bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 212(a)(4), pero cumple con los demás requisitos de admisión.En esos casos, el extranjero puede ser admitido, a discreción del secretario de Seguridad Nacional, después de depositar una fianza adecuada. Esta funciona como garantía del cumplimiento de sus obligaciones financieras ante el gobierno estadounidense.Formulario I-945: los requisitos que pueden causar un rechazoAdemás de la presentación en la oficina correspondiente, existen otros requisitos que condicionan la aceptación del I-945. Al momento de realizar el trámite, el solicitante debe:Incluir una copia de la comunicación del Uscis que le indica que debe presentar el formulario.Presentar la cantidad especificada en esa comunicación para el efectivo o la fianza requerida.Si falta la notificación o el monto indicado, el organismo rechazará el I-945. También existe una condición vinculada con la edición utilizada. La versión vigente tiene fecha del 18 de septiembre de 2026. Cuando se completa, imprime y envía por correo:La fecha de edición debe permanecer visible en la parte inferior.Los números de página tienen que aparecer en todas las hojas.Todas las páginas deben pertenecer a la misma edición.Es importante destacar que la falta de una hoja o la inclusión de una página correspondiente a otra versión puede provocar que el organismo rechace la presentación. A su vez, entre sus consejos para completar el trámite, el Uscis incluye otra advertencia: "No olvide firmar el formulario. Rechazaremos cualquier formulario sin firmar".
Marco Antonio Villeda afirmó en The Guatemala Development Forum 2026 que el cumplimiento de las leyes y la estabilidad social brindan certeza jurídica a las empresas que evalúan ampliar operaciones en el país
El Banco de España calcula que faltan 750.000 casas y advierte de que el déficit podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028 y superar el millón
Ernesto Álvarez respondió a los cuestionamientos de la presidenta del PJ, Janet Tello, sobre el mensaje de la presidenta Fujimori ante las Naciones Unidas
Las personas que realizan trámites migratorios en Estados Unidos enfrentarán cambios vinculados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la evaluación de carga pública y la disponibilidad de visas para obtener la residencia permanente en octubre. Las modificaciones se encuentran relacionadas con nuevas disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).Qué ocurrirá con el TPS de Venezuela y El Salvador en octubreLa situación del TPS venezolano experimentó distintos cambios y algunos beneficiarios aún mantienen la protección.De acuerdo con lo que informaron las autoridades, el panorama para estos migrantes indica que:El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que el país latino ya no reunía las condiciones para continuar con la designación de 2023 y la Corte Suprema autorizó su cancelación con efecto inmediato el 3 de octubre de 2025. La designación de 2021, por su parte, terminó el 7 de noviembre de ese mismo año.Sin embargo, existe una disposición relacionada con determinados permisos de trabajo. Los beneficiarios bajo la designación de 2023 que recibieron un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes y cuya tarjeta indica como vencimiento el 2 de octubre de 2026 conservan la autorización hasta esa fecha.Para El Salvador, el Uscis indicó que se publicará un comunicado sobre su programa en el momento oportuno. "Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo", señaló la agencia en su sitio web.La nueva regla de carga pública del Uscis para la green card sigue vigenteUno de los cambios centrales corresponde a la normativa sobre carga pública, que comenzó a regir el 18 de septiembre. Desde esa fecha, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas electrónicamente o con sello postal posterior deben ser analizadas bajo la nueva regulación.El análisis debe considerar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Entre los elementos que los funcionarios deben revisar figuran:EdadSaludSituación familiarActivosRecursos económicosSituación financieraEducaciónHabilidadesLa normativa establece que un único factor, por sí solo, no puede determinar que una persona sea inadmisible por carga pública. La excepción señalada corresponde a la ausencia de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico suficiente, mediante el formulario I-864 o I-864EZ, cuando la ley exige ese documento.También se mantienen las categorías que están exentas por disposición legal, entre ellas refugiados, asilados, beneficiarios del TPS y determinadas víctimas de delitos. Algunas otras pueden solicitar un perdón o exención.La nueva regulación contempla además un mecanismo de fianzas para quienes sean considerados inadmisibles únicamente por carga pública. El Uscis establece criterios para determinar el monto, mantener la fianza, considerar un incumplimiento y proceder a su cancelación.Residencia permanente: las nuevas cuotas de visas para octubreEl 1° de octubre comienza el año fiscal 2027 del gobierno estadounidense. Para los solicitantes de residencia permanente, el inicio de este nuevo período implica la renovación de los límites anuales establecidos para las visas familiares y laborales.Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en liÌ?neaLa disponibilidad de nuevos cupos puede permitir modificaciones en las fechas de prioridad y en categorías que durante el año fiscal anterior sufrieron retrocesos, congelamientos o quedaron sin disponibilidad por agotamiento de las cuotas.Además, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) debe publicar el boletín de visas de octubre. El documento incluirá las fechas de acción final y para presentar solicitudes.El Uscis determinará cuál de las dos tablas deberán utilizar las personas que presenten el formulario I-485 dentro de EE.UU.El boletín de visas de septiembre reflejó la etapa final del año fiscal 2026. El límite anual fue de 226 mil documentos para las categorías familiares y de 186.317 para las basadas en empleo.El límite general por país se situó en 7% del total combinado, equivalente a 28.862, con posibilidad de ampliación mediante remanentes. En las categorías laborales, la disponibilidad fue:EB-1: se mantuvo "Current" (C) para la mayoría de los países, con fechas de corte para China (1° de julio de 2023) e India (15 de octubre de 2022). EB-2: disponible para la mayoría de las áreas geográficas, pero declarada no disponible ("U") para India y con corte al 1° de septiembre de 2021 para China.EB-3: mantuvo fecha de acción final del 1° de septiembre de 2024 para el resto del mundo y México, 1° de agosto de 2023 para Filipinas, 1° de enero de 2022 para China y 1° de enero de 2014 para India.EB-4: fijó su fecha límite de procesamiento en el 15 de diciembre de 2022 para todas las áreas.EB-5: la categoría general (Unreserved) estuvo congelada para China (1° de diciembre de 2016) y no disponible ("U") para India, mientras que las categorías reservadas permanecieron "Current" (C).En las categorías familiares continuaron las esperas para F1, F2B, F3 y F4, especialmente en países con alta demanda. La F2A presentó una fecha de acción final para la mayoría de los países, mientras los periodos para presentar solicitudes permanecieron como "current".Finalmente, el programa de visas de diversidad DV-2026 contó con un límite ajustado de aproximadamente 52.101 documentos. Para quienes fueron seleccionados, el derecho a recibir el permiso o ajustar el estatus vence el 30 de septiembre.
El jefe de cartera Jorge Mora calificó la retaliación del grupo armado como "cobarde y desesperada" y aseguró que el Gobierno nacional no se doblegará
La mandataria destacó que no hay nada de qué preocuparse
La Regla Final de Carga Pública, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 18 de septiembre y alcanza ciertas ayudas de vivienda. Para luchar contra el impacto de la medida en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani desplegó un frente de orientación legal que busca proteger a los neoyorquinos inmigrantes antes de que renuncien a sus beneficios.Cómo se aplica la nueva regla de carga pública y su alcance en ayudas de viviendaCon su entrada en vigor, la nueva norma implementada por el DHS deroga la definición reglamentaria de "carga pública" de 2022 y otorga a los funcionarios de inmigración mayor discreción para determinar si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.La norma permite a los funcionarios de inmigración revisar la solicitud, aprobación o cobro de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Entre los ejemplos señalados se incluyen determinadas ayudas de vivienda, el programa SNAP, Medicaid y la asistencia monetaria en efectivo. No obstante, la recepción de un beneficio no constituye un motivo de descalificación automática.En ese sentido, la norma no cambia la elegibilidad para recibir beneficios, sino que amplía cuáles pueden ser considerados en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública.La determinación del DHS ponderará de forma integral la edad, estado de salud, situación familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades del solicitante, sin asignar un peso negativo predeterminado a un solo factor.La medida comenzó a regir desde el 18 de septiembre, por lo que los beneficios recibidos antes de esa fecha se evaluarán bajo la normativa de 2022. La medida no aplica a ciudadanos estadounidenses, solicitantes de ciudadanía, residentes permanentes que renuevan su green card, refugiados, asilados, solicitantes de visas T y U, autopeticionarios de VAWA ni Jóvenes Inmigrantes Especiales.El frente legal que abrió Mamdani en Nueva York contra la norma de carga públicaEn su portal web, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés) puso a disposición de la comunidad guías y recursos informativos para determinar el impacto específico de la regla en cada situación legal.El gobierno de Nueva York resaltó que, antes de suspender o renunciar a un beneficio público, las personas deben informarse sobre si la Regla de Carga Pública se aplica a su situación migratoria.Los migrantes pueden obtener asistencia legal en materia de inmigración e información adicional sobre la carga pública al llamar al 1-800-354-0365 durante el siguiente horario:Lunes y miércoles de 9 a 20 hs.Martes, jueves y viernes de 9 a 18 hs.Último sábado de cada mes de 9 a 17 hs.Además, la ciudad habilitó la Línea Directa para Nuevos Americanos de Caridades Católicas (1-800-566-7636).La MOIA informó también de que es posible que se apliquen ciertas políticas relacionadas con la carga pública en los consulados estadounidenses a quienes patrocinan a un familiar en el extranjero que busca obtener una visa. En ese caso, las personas pueden llamar al 311 para obtener información general.Previo a la entrada en vigor, el 14 de septiembre, la ciudad de Nueva York, junto con otros gobiernos, presentó una demanda para impugnar la nueva norma de carga pública del gobierno federal.Batalla legislativa en el Congreso federal sobre la ley de carga públicaEn el comunicado, la administración indicó que el 6 de agosto la senadora Mazie Hirono y la representante Judy Chu presentaron la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses, S. 5331 / HR 10045. El objetivo de esta propuesta es bloquear la financiación federal destinada a la implementación y el cumplimiento de la Norma de Carga Pública de 2026.El proyecto fue remitido a los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, por lo que se encuentra bajo revisión y aún no se convirtió en ley. De ser aprobada por el Congreso, la propuesta requeriría, por lo general, la aprobación presidencial.Dado que la administración Trump impulsó la nueva norma sobre carga pública, el futuro de la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses es incierto.
El registro muestra un cruce verbal entre varias personas junto a vehículos estacionados, generando varias reacciones de usuarios en redes sociales
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionó la regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre inadmisibilidad por carga pública, que entró en vigor el 18 de septiembre y reemplazó el marco regulatorio de 2022. En una entrevista reciente, aseguró que el cambio "está mal" y advirtió sobre sus posibles impactos.La crítica de Pritzker a la nueva regla de carga públicaLa normativa amplió la discreción de los oficiales al evaluar si una persona puede ser considerada inadmisible bajo este criterio. Esta semana, Illinois se sumó a una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que presentó una demanda para impugnar la medida.En una entrevista con Ilia Calderón para Univisión N+, el gobernador de Illinois se refirió a los posibles impactos de las nuevas directrices. "Este cambio de política por parte de la administración Trump, que entraría en vigor en unos días, permitiría un amplio margen para negar visas a personas, incluso para obligar a marcharse a quienes están aquí legalmente", expresó.Luego, profundizó sobre las consecuencias para las familias mixtas, compuestas por inmigrantes sin un estatus regular y personas que son ciudadanas estadounidenses. "Hay muchas circunstancias en las que hay un inmigrante en este país que tiene un hijo que es un ciudadano estadounidense, y la administración Trump podría simplemente echar a la familia", explicó.En esa línea, agregó: "¿Qué haces con tu niño que es ciudadano cuando echan a la familia? También sacarían de EE.UU. al niño ciudadano. Eso es lo que quieren hacer, y es una barbaridad".La regla de carga pública no modifica la ciudadanía de los hijos nacidos en Estados Unidos ni establece su deportación. Pritzker planteó esa salida del país como una posible consecuencia para familias que decidieran permanecer juntas si uno de sus integrantes pierde la posibilidad de ingresar o ajustar su estatus. Para concluir, sostuvo que "no deberían haber cambiado las normas", y añadió que la actualización "está mal".Qué implican las nuevas normas para la green card sobre la carga públicaLa base legal de la nueva normativa, establecida en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), permite al gobierno considerar como inadmisible a una persona que "podría convertirse en una carga pública en algún momento".Para llegar a esta conclusión, el oficial del Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.La regla se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a las de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde esa fecha. A partir de ese momento, los oficiales pueden considerar, dentro del análisis total de las circunstancias, si el propio solicitante pidió, fue aprobado o certificado para recibir, o recibió beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, incluidos algunos que estaban excluidos bajo el marco de 2022.Qué dijo Pritzker sobre los operativos migratorios en IllinoisOtro eje de la entrevista consistió en el impacto de las redadas de control migratorio llevadas a cabo en Chicago y otras partes de Illinois bajo la Operación Midway Blitz. "Nuestras comunidades fueron realmente aterrorizadas. Desde mi perspectiva, tenemos mucho trabajo que hacer para volver atrás sobre lo que le hicieron a las personas, porque las redadas continúan, y las personas se sienten amenazadas", manifestó.Asimismo, Calderón consultó a Pritzker sobre el alcance de la cooperación policial con las agencias federales y cómo pueden defenderse los estados con políticas santuario frente a las acciones migratorias del gobierno de Trump."El gobierno federal está atacando comunidades alrededor de EE.UU., y los estados solo tienen un poder limitado para detenerlo debido a algo llamado la 'Cláusula de supremacía' en la Constitución de EE.UU, por eso no podemos interponernos en el camino del ICE, no podemos detenerlos legalmente", indicó.En ese sentido, reparó en que las autoridades estatales pueden "manifestarse y responder pacíficamente", y luego completó: "Sabemos que proteger a nuestros inmigrantes es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer".
Lautaro Figueroa tenía 22 años y fue señalado como un delincuente de la zona con varios antecedentes penales.La investigación por homicidio agravado incluye el análisis de videos y varios allanamientos.Apuntan contra quien habría sido cómplice de la víctima en varios ilícitos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso en vigencia el 18 de septiembre la regla final sobre la causa de inadmisibilidad por carga pública para los solicitantes de green card. La medida deroga la reglamentación de 2022 y le devuelve a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) una discreción más amplia para evaluar caso por caso.Qué cambia en la evaluación de carga pública para el Uscis El Uscis eliminó las definiciones y restricciones de 2022 sobre qué beneficios públicos pueden considerar los oficiales.Los agentes ahora analizan la totalidad de las circunstancias de cada aplicante, en lugar de aplicar un criterio estandarizado.En ese sentido, la agencia debe considerar como mínimo cinco factores fijados por la Ley de Inmigración y Nacionalidad: edad, estado de salud, estatus familiar, activos y recursos financieros, y educación y habilidades, según la guía publicada por el Uscis. Si el oficial concluye que el solicitante no puede garantizar su autosuficiencia económica, lo declara "carga pública" e inadmisible.Qué beneficios públicos entran en el nuevo análisis Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, el Uscis solo considera la asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la internación institucional de largo plazo a cargo del gobierno. Para los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, el organismo puede considerar cualquier beneficio sujeto a evaluación de recursos económicos. El Uscis también puede tomar en cuenta el formulario I-864 (Declaración jurada de patrocinio económico) presentado por un sponsor que garantiza sostén financiero al solicitante.Quiénes quedan exentos de la medidaEstán exonerados los refugiados y asilados, las víctimas de trata con visado T, las víctimas de delitos con estatus U y quienes peticionan bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).También quedan fuera solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ciertos beneficiarios de leyes específicas para cubanos, haitianos, nicaragüenses y otros grupos centroamericanos. Si un beneficiario de estas categorías cambia luego a una vía de ajuste común, el oficial sí evaluará sus antecedentes financieros.Fianzas de carga pública como alternativaSi el único motivo de inadmisibilidad es la carga pública, el oficial puede invitar al solicitante a presentar una fianza (bono en efectivo o garantía a través de una compañía certificada por el Tesoro). El Uscis calcula el monto de la fianza según la asistencia gubernamental que el solicitante podría recibir en los próximos cinco años.Solo se acepta el formulario I-945 si el Uscis lo solicita mediante un Aviso de Intención de Denegar; no se admiten fianzas espontáneas.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El impacto de un proyectil destruyó uno de los vidrios del transporte público cuando recorría el tramo comprendido entre Acho y Caquetá
La cartera atribuyó el faltante a cuentas pendientes por atenciones médicas y a convenios con prestadores externos para militares, policías y beneficiarios, con obligaciones calculadas al 31 de diciembre de 2026
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicar desde el 18 de septiembre una actualización de los criterios utilizados para determinar la inadmisibilidad por "carga pública". Esta medida alcanza principalmente a quienes solicitan un ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia permanente.Qué factores analiza el Uscis para determinar la carga públicaLa base legal de la nueva normativa se encuentra en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Bajo esta disposición, una persona puede ser considerada inadmisible si, tras evaluar la totalidad de sus circunstancias, las autoridades concluyen que probablemente se convertirá en una carga pública en algún momento.La evaluación no se limita a revisar si el solicitante recibió asistencia pública. El Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.Qué beneficios públicos puede considerar el Uscis desde el 18 de septiembreEl tratamiento de las ayudas públicas cambia según la fecha en que fueron recibidas. Para beneficios anteriores al 18 de septiembre, el análisis se concentra en asistencia económica en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y en institucionalización prolongada financiada por el gobierno.Para beneficios solicitados, aprobados, certificados o recibidos desde el 18 de septiembre, la evaluación se amplía a programas sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos aparecen:Medicaid.Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).Asistencia federal para alquiler.Determinadas ayudas económicas destinadas a estudios posteriores a la educación secundaria.Por otra parte, prestaciones obtenidas mediante aportes o trabajo, como Medicare, Seguro Social y Seguro de Desempleo, quedan fuera de este criterio. Asimismo, la recepción de ayudas no se atribuye automáticamente a una persona cuando corresponde a otro integrante de la familia.La información del Uscis establece que los beneficios de familiares, incluidos hijos ciudadanos, no se imputan directamente al solicitante salvo determinadas circunstancias relacionadas con su sustento.Cómo funciona la fianza de carga pública del UscisEn determinados casos, el Uscis puede ofrecer una alternativa mediante una fianza de carga pública. Esto puede ocurrir cuando el solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública y cumple los restantes requisitos de admisibilidad.La fianza se tramita mediante el formulario I-945 y no puede presentarse por iniciativa del solicitante. La agencia debe invitar expresamente a utilizar este mecanismo a través de una notificación de intención de denegación.El monto parte de un mínimo legal de US$1000 y se determina al considerar los beneficios públicos que la persona podría recibir durante cinco años. Según los valores incluidos en la información oficial, las cifras de referencia pueden ubicarse entre US$28.200 y US$53.430 o más.Qué formularios intervienen en la evaluación de carga pública del UscisEl formulario I-485 es uno de los documentos centrales porque la nueva guía se aplica a las solicitudes enviadas electrónicamente o con matasellos a partir del 18 de septiembre. Allí se incorpora información necesaria para valorar los distintos factores de carga pública.Los formularios I-864 o I-864EZ son necesarios en la mayoría de los casos basados en peticiones familiares y en determinadas solicitudes laborales. El patrocinador debe demostrar ingresos de al menos el 125% del nivel federal de pobreza. Una declaración jurada de patrocinio insuficiente puede generar inadmisibilidad.También existen otros formularios vinculados con este procedimiento:El I-356 permite solicitar la cancelación de una fianza.El I-693 aporta información del examen médico.En determinados procedimientos pueden intervenir además el I-407, utilizado por quienes renuncian voluntariamente a la residencia permanente desde el extranjero.También puede ser necesario el I-290B, que se utiliza cuando un fiador o solicitante desea apelar una declaración de incumplimiento o pérdida de fianza realizada por el Uscis.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisQuiénes están exentos de la regla de carga pública del UscisLa evaluación de carga pública no se aplica a determinadas categorías protegidas por disposiciones migratorias específicas. Entre ellas se encuentran:Asilados y refugiados.Víctimas de trata con visa T.Víctimas de determinados delitos con visa U.Autopeticionarios bajo VAWA.Algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano.Por lo tanto, la aplicación de la norma depende tanto del tipo de trámite como de la categoría migratoria del solicitante.
El reporte del domingo 20 de septiembre señaló un avance parcial en la contención, pero las ráfagas impidieron extinguir las llamas y empujaron frentes hacia sectores cercanos a viviendas en La Castellana
La segunda síndica municipal realizó el segundo levantamiento patrimonial de 2026 donde detectó unidades fuera de servicio
Grupos defensores de inmigrantes buscan anular la norma del Gobierno que niega residencia a quienes reciben ayudas estatales. Afirman que la medida es arbitraria y discrimina a inmigrantes potenciales.El cambio en la regla de carga pública, que afecta beneficios como asistencia alimentaria y médica, es considerado una violación a leyes de inmigración por los demandantes.
Desde este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comienza a aplicar una nueva guía para determinar si una persona que solicita la green card mediante un ajuste de estatus podría ser considerada una "carga pública". El cambio amplía los elementos que pueden entrar en juego y modifica el peso de determinados beneficios públicos.Carga pública del Uscis: qué cambia desde este 18 de septiembreLa nueva disposición establece cómo los oficiales del Uscis deberán analizar la posibilidad de que una persona que solicita el ajuste de estatus se convierta, en algún momento, en una carga pública.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el cambio el 16 de julio. Posteriormente, la norma fue publicada formalmente en el Registro Federal el 20 de julio y entra en vigor este 18 de septiembre. La guía publicada por el Uscis establece que el nuevo criterio se aplicará a los formularios I-485, correspondientes a la solicitud para ajustar el estatus migratorio.Según la agencia, el objetivo de la actualización es adecuar sus procedimientos a la intención establecida por el Congreso de que los extranjeros que se encuentran en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.La regla de carga pública del Uscis no alcanza a todos los solicitantesEl Uscis explica que, como regla general, quienes solicitan la green card mediante un ajuste de estatus están sujetos a esta causal de inadmisibilidad, salvo que pertenezcan a una categoría migratoria que la legislación haya exceptuado.La actualización elimina de las regulaciones federales la lista de exenciones que fue incorporada en 2022, pero las categorías que el Congreso excluyó directamente de la causal continúan exceptuadas.Entre quienes pueden quedar sujetos a la evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, trabajadores, inversionistas, trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, inmigrantes admitidos mediante visas de diversidad y determinados testigos o informantes extranjeros.Entre las categorías que permanecen fuera de esta causal se encuentran:Asilados o refugiadosDeterminados intérpretes afganos e iraquíes y ciertos nacionales de esos países empleados por el gobierno estadounidenseJóvenes inmigrantes especialesSolicitantes de Estatus de Protección TemporalVíctimas de trata de personas y de determinadas actividades criminalesAutopeticionarios protegidos por la Ley de Violencia Contra la MujerDeterminadas personas que ajustan su estatus bajo leyes migratorias específicasCiertos diplomáticos, funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiaresDeterminados ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que solicitan beneficios bajo una legislación específicaCiertas personas procedentes de SiriaSolicitantes que ajustan su estatus bajo la legislación de justicia para refugiados de LiberiaLos cinco factores que el Uscis analizará para determinar la "carga pública"La nueva regla tampoco establece que la decisión dependa de un único indicador económico. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, según la guía de la agencia, establece cinco factores que los oficiales deben considerar al determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisEstos son:EdadSaludSituación familiarBienes, recursos y situación financieraEducación y habilidadesEstos elementos deberán ser examinados en conjunto. La agencia también señala que los oficiales podrán tener en cuenta cualquier otro factor que resulte relevante para determinar la posibilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.El Uscis también contempla la posibilidad de considerar el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Se trata del documento mediante el cual una persona se compromete a utilizar sus propios recursos económicos para respaldar al extranjero. Qué beneficios públicos puede considerar el UscisPara los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, el Uscis puede considerar a cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del análisis de la situación general del solicitante. La guía menciona, entre otros, asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, cobertura de salud financiada por el gobierno y determinadas ayudas para estudios posteriores a la secundaria. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizan bajo el criterio anterior. En esos casos, en general, solo se consideran determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal.
Este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva normativa que modifica el análisis de carga pública en determinados trámites migratorios. El cambio afecta las solicitudes de admisión y los pedidos de ajuste de estatus presentados desde esa fecha.Qué cambia desde septiembre con la regla de carga pública del UscisLa normativa fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 20 de julio y elimina las regulaciones establecidas en 2022. Según el organismo, la medida busca otorgar nuevamente a los funcionarios un margen más amplio para evaluar cada expediente según la totalidad de las circunstancias.Entre los elementos que pueden analizarse se encuentran:EdadSaludSituación familiarActivosRecursos económicosSituación financieraEducaciónHabilidadesTambién pueden considerarse otros datos relevantes para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.La nueva normativa elimina además el marco regulatorio de 2022 que limitaba el análisis a una definición más acotada de dependencia gubernamental. De esta manera, los funcionarios dispondrán de mayor discrecionalidad para evaluar las circunstancias particulares de cada solicitante.Qué beneficios públicos puede considerar el UscisUno de los cambios centrales establecidos en la regla final está relacionado con los beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos. La nueva regulación ya no excluye de manera general determinados programas que habían quedado fuera del análisis bajo las reglas de 2022.Entre los programas que pueden ser considerados aparecen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).La regla deja abierta la posibilidad de considerar otros beneficios sujetos a comprobación de recursos, según las circunstancias de cada expediente y la guía que utilicen los funcionarios.La recepción o solicitud de uno de estos beneficios no determina por sí sola que una persona sea considerada carga pública. El funcionario debe analizar su relevancia junto con el resto de las circunstancias del expediente. De acuerdo con dichos de Andrés Echevarría, abogado de inmigración, en una nota para LA NACION, en el caso de SNAP, por ejemplo, la regla señala que pueden tenerse en cuenta la duración y qué tan reciente fue la recepción del beneficio, además de factores como el empleo, la edad, la salud, la situación familiar y los recursos económicos.Según sus declaraciones, la fecha también es relevante. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán considerados bajo el régimen anterior. La nueva regulación se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde ese día y a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente a partir de esa fecha.Cómo afecta la carga pública a quienes buscan la green cardLa carga pública es una causal de inadmisibilidad prevista en la legislación estadounidense, pero no alcanza a todas las personas ni a todas las categorías migratorias. Existen determinadas excepciones y situaciones en las que esta evaluación no corresponde.Para quienes sí están sujetos al análisis, la nueva normativa establece que los funcionarios podrán valorar un conjunto más amplio de información antes de tomar una decisión. La recepción o solicitud de beneficios públicos será solo uno de los elementos que pueden formar parte de ese análisis.La modificación no cambia las reglas de elegibilidad de SNAP, WIC u otros programas de asistencia. DHS también aclara que la regulación no convierte automáticamente el uso de estos beneficios en una determinación negativa en materia migratoria.Formulario I-864: qué cambia con la nueva regla de carga públicaEl Formulario I-864, conocido como declaración jurada de patrocinio económico, continúa siendo relevante en los casos en los que la legislación exige un patrocinador.La suficiencia del patrocinio económico puede formar parte de la evaluación de carga pública. La nueva regulación también modifica las disposiciones relacionadas con las garantías económicas vinculadas a esta causal de inadmisibilidad.Por eso, la entrada en vigor de la medida no elimina el I-864 ni modifica por sí sola los requisitos para acceder a los programas de asistencia. El cambio está centrado en la manera en que los funcionarios pueden evaluar la situación económica y las circunstancias de determinadas personas que buscan ingresar a Estados Unidos o ajustar su estatus migratorio.
El organismo detectó una facturación irregular por más de 1.300 millones de pesos en un establecimiento de General Pico, en el marco de una batería de auditorías que ya derivó en siete expedientes que se tramitan en el fuero federal. Las maniobras al descubierto
Una investigación publicada en 'The Lancet Regional Health' alerta de la reducción de la protección de rebaño en el continente
Nutricionistas y pediatras recomiendan incorporar yogur desde edades tempranas, resaltando su capacidad para aportar nutrientes esenciales y microorganismos vivos en la dieta diaria de los niños
A través de un comunicado oficial, el club lo hizo público en sus redes sociales."Tengo mi energía puesta en la candidatura", había dicho el político.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó un cambio en las reglas utilizadas para determinar si un extranjero puede ser considerado inadmisible por carga pública. La nueva regulación elimina el marco establecido en 2022 y devuelve a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) una mayor capacidad para analizar cada solicitud de manera individual.Qué anticipó el DHS sobre la nueva regla de carga pública del UscisSegún la información oficial, la evaluación ya no se limitará a determinadas formas de asistencia gubernamental. Los oficiales podrán considerar la información disponible en el expediente y determinar, a partir del conjunto de circunstancias, si existe una probabilidad de que la persona dependa de recursos públicos en algún momento."Haciendo uso de un buen juicio y discreción, el Uscis evaluará la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública, en la totalidad de las circunstancias, tal como lo prevé el Congreso", explicó el organismo.La norma se aplicará tanto a determinados procesos de ajuste de estatus como a solicitudes de admisión a Estados Unidos. Su entrada en vigor está prevista para el viernes 18 de septiembre.Qué analizará el Uscis sobre carga pública en cada solicitudEl procedimiento contempla una revisión de la situación del solicitante por parte del Uscis. Entre los elementos que deberán considerar los funcionarios se encuentran:EdadEstado de saludComposición familiarActivosRecursos disponiblesObligaciones financierasIngresosHistorial laboralTambién se tendrá en cuenta la formación académica y las capacidades profesionales. Asimismo, las credenciales educativas, licencias, certificados, experiencia de trabajo y otros elementos relacionados con la posibilidad de incorporarse al mercado laboral pueden formar parte del expediente analizado.La existencia de un ingreso reducido no implica por sí misma una determinación de inadmisibilidad. Del mismo modo, una discapacidad tampoco constituye automáticamente una causa para rechazar el trámite.La evaluación debe realizarse con base en las circunstancias particulares de cada persona. "Esta reglamentación facultará a los oficiales para considerar no solo los factores estatutarios obligatorios y la recepción de beneficios públicos, sino también toda la evidencia e información relevante en el expediente específico del extranjero", detalló el DHS.Carga pública del Uscis: el cambio sobre el uso de beneficios públicosUno de los cambios centrales está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. El Uscis podrá considerar si el extranjero solicitó, fue aprobado o recibió prestaciones cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos del beneficiario o de su familia.El análisis puede abarcar beneficios en efectivo y determinadas prestaciones no monetarias, entre ellas:MedicaidPrograma de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)Asistencia federal para alquilerDeterminadas ayudas económicas destinadas a estudios superioresLos funcionarios también podrán valorar cuánto tiempo se recibió el beneficio, su monto, frecuencia, naturaleza y si la necesidad de asistencia fue temporal o se mantiene en el tiempo. Además, cuando corresponda, se revisará el formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico.La determinación de carga pública corresponde al extranjero que tramita la admisión o el ajuste de estatus. Por regla general, los beneficios que reciben el cónyuge, los hijos ciudadanos estadounidenses u otros familiares que son residentes permanentes no se atribuyen automáticamente al solicitante.Quiénes están exentos de la evaluación de carga pública del UscisLa legislación mantiene distintas exenciones frente a la inadmisibilidad por carga pública. Entre ellas figuran:Refugiados y asiladosDeterminadas víctimas de trata de personas o delitos que solicitan o poseen visas T o UAutopeticionarios bajo VAWACiertos jóvenes inmigrantes especialesDeterminados beneficiarios de TPSInmigrantes cubanos, nicaragüenses y centroamericanos bajo NacaraAlgunos empleados y traductores afganos e iraquíesLas exenciones también incluyen determinadas categorías diplomáticas y de funcionarios extranjeros, algunos familiares supervivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y víctimas de maltrato contempladas por la legislación aplicable. Estas excepciones se reflejarán en las instrucciones del formulario I-485 y en la documentación del Uscis.
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional apuntó contra Nación por las obras para Córdoba: "Esta no es una pelea partidaria, es una pelea de los cordobeses". Fue durante la apertura de la XIII Jornada de Infraestructura de CAMARCO Córdoba. Leer más
Las indagatorias llevan a 28 cateos en dos municipios y exhiben presuntos vínculos de la corporación local con una célula criminal que operaba en el Bajío michoacano
Ese patrón histórico se asocia con la debilidad de los ingresos fiscales, los conflictos políticos y el uso de créditos para cubrir obligaciones vencidas
Una modificación de las reglas migratorias federales podría cambiar la forma en que se evalúan determinadas solicitudes de green card en Estados Unidos. La regla final de carga pública, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que entra en vigor el 18 de septiembre, causa preocupación en Nueva York.Qué cambiará con la nueva regla de carga pública del UscisLa norma reemplaza el esquema establecido en 2022 y amplía los elementos que los funcionarios de inmigración pueden revisar al analizar si una persona podría convertirse en una carga pública. Bajo el esquema anterior, la evaluación estaba concentrada en determinados beneficios monetarios destinados al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.Con la nueva normativa, los funcionarios podrán considerar beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos recibidos desde el 18 de septiembre. La lista proporcionada incluye:Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).Medicaid.Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).Asistencia federal para el alquiler y vivienda pública.También se analizarán factores personales como la edad, el estado de salud, la composición familiar, los bienes disponibles, la situación financiera, la educación y las capacidades laborales.Nueva York advierte que la regla podría afectar el acceso a beneficios públicosUno de los principales efectos señalados por los críticos es el temor de familias inmigrantes a utilizar programas para los que cumplen los requisitos. La preocupación alcanza especialmente a hogares donde conviven personas con diferentes situaciones migratorias.La información oficial del Uscis indica que los solicitantes de asilo no quedan directamente sujetos a este cambio. En las solicitudes de ajuste de estatus, la modificación afecta a las personas que buscan obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. bajo las condiciones contempladas por la regla.Aun así, las autoridades advirtieron sobre un posible efecto disuasorio. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general Letitia James llamaron a los beneficiarios a no cancelar programas de salud, alimentación o vivienda sin consultar previamente con un proveedor de asistencia legal confiable."Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o pedir la ayuda a la que tienen derecho legalmente", aseguró Mamdani, en una conferencia de prensa.Nueva York encabeza demandas por la regla de carga pública de la green cardDos acciones judiciales fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York con el objetivo de detener la aplicación de la regulación antes de su fecha prevista. Una de ellas está encabezada por la fiscal general de Nueva York junto con una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia.La segunda demanda corresponde a gobiernos locales. La ciudad de Nueva York, representada por el gobierno de Mamdani, participa junto con Chicago, San Francisco, Seattle, los condados de Santa Clara y King y Public Rights Project.Los demandantes sostienen que la regulación infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y que el gobierno federal habría excedido las facultades otorgadas por el Congreso. También cuestionan el cambio respecto del criterio histórico y sostienen que la nueva interpretación modifica precedentes desarrollados durante décadas."Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas si solicitan ayuda", dijo James en un comunicado.Qué buscan las demandas de Nueva York sobre la green cardLas coaliciones solicitaron al tribunal que bloquee temporalmente la entrada en vigor de la norma. También buscan que la nueva regla y la guía política relacionada del Uscis sean anuladas formalmente.Las demandas también plantean consecuencias para los estados y municipios. Sus promotores sostienen que una reducción en el uso de programas sociales podría generar pérdidas de fondos federales y aumentar la presión sobre sistemas de atención médica, incluidos los servicios hospitalarios de emergencia.Si no existe una orden judicial que suspenda la regulación antes de ese momento, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a los formularios I-485 enviados electrónicamente o por correo desde el 18 de septiembre.
El Tribunal Superior de Justicia rechaza otros motivos políticos alegados por Vox, como la nulidad de todo el decreto por vulneración de la cooficialidad y principio de igualdad
La agencia volverá a usar un análisis más amplio en ciertos pedidos migratorios.El cambio puede pesar en solicitudes de residencia permanente presentadas desde una fecha clave.
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana instaló grupos técnicos en hospitales priorizados para identificar fallas, aplicar acciones correctivas y responder de inmediato ante riesgos, con verificaciones programadas a los 30, 60 y 90 días
Componente robótico añade una plataforma que permite movimientos más estables, menor sangrado, mayor seguridad y tiempos quirúrgicos más cortos, afirman los especialistas
La Administración Central hizo operaciones financieras por USD 28.251 millones: USD 12.607 millones correspondieron a financiaciones y USD 15.644 millones a cancelaciones. El saldo neto contractivo en USD 3.036 millones fue neutralizado por ajustes de valuación por USD 3.231 millones
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó junto a una coalición de gobiernos locales una demanda federal ante un tribunal de Manhattan contra la ampliación de la regla de carga pública. La acción legal, que también incluye a San Francisco, Seattle y Chicago, busca impedir que la normativa entre en vigencia el 18 de septiembre.Qué reclama Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago contra el Uscis La demanda sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y actuó "de manera arbitraria, caprichosa". Los demandantes piden que se derogue la regla y que se ordene a la administración Trump "no tomar acciones de represalia" contra las autoridades locales que impulsan la acción judicial. "Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas al solicitar ayuda", expresó Letitia James en una conferencia de prensa. Qué cambia con la nueva regla del UscisHasta el 17 de septiembre, el Uscis evalúa beneficios en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá sumar subsidios de vivienda, cupones de alimentos (SNAP, siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y ciertos programas de asistencia financiera para estudios universitarios.El Uscis deberá considerar en conjunto edad, salud, situación familiar, recursos económicos y educación del solicitante.El impacto que denuncia Zohran Mamdani "La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas", dijo Mamdani en conferencia de prensa.Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población, según datos de la demanda.El asesor jurídico municipal, Steve Banks, afirmó que "ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente".Las personas que quedan exceptuados de la nueva regla de carga pública La norma mantiene excepciones para refugiados, asilados y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).También quedan afuera víctimas de ciertos delitos o trata con visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales.A quiénes afecta la nueva normativa de carga pública La regla afecta a quienes soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card por categorías familiares o laborales. Las personas que presenten el formulario I-485 de manera electrónica, o cuyo trámite tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior, deberán usar la nueva edición del formulario, fechada ese mismo día. También se modificaron las disposiciones sobre fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356. Si el trámite ya está en curso, conviene revisar con un abogado de inmigración si conviene enviar la solicitud antes del 18 de septiembre para quedar bajo las reglas vigentes hasta ese momento.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Según información de las autoridades, el hombre llevaba 11 años en la guerrilla y tenía orden de captura por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento de menores
A días de que entre en vigor la nueva versión de la norma de "carga pública", el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y la fiscal general Letitia James encabezan una doble ofensiva legal junto a 22 estados y las principales metrópolis del país.Las demandas buscan bloquear una medida que permitiría denegar la tarjeta de residencia a inmigrantes legales por usar ayudas como Medicaid o cupones de alimentos, poniendo en juego más de 2.200 millones de dólares en fondos federales para los estados demandantes.
El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner se reanudó este martes con más testimonios vinculados a los presuntos pagos de sobornos para acceder a licitaciones nacionales entre 2003 y 2015