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Juicio oral para los policías que vendían a bandas narco la droga que secuestraban en los operativos
Como jefe de La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Lomas de Zamora, el comisario mayor Daniel Aste, debía realizar operativos para desbaratar bandas narco criminales.Sin embargo, según la Justicia Federal, el comisario mayor se asoció con un efectivo de la Policía Federal y dos subordinados para cobrar dinero a cambio de protección a las bandas narco. Además, armaban operativos sin orden judicial, se apoderaban de la droga de las bandas y se la vendían a otros grupos."Che sabés que un amigo mío me preguntó a cuanto le dejamos la blanca, ¿Vos tenés todavía la cabida para conseguir?", preguntó el integrante de una banda narco a su interlocutor. Del otro lado de la línea, el policía José Luis Alasio le respondió que sí y le mencionó que el precio era de "1,2â?³.Según la investigación encarada por la fiscalía federal de Tres de Febrero, "1,2â?³, era $ 1.200.000, en julio de 2021, cuando se concretó esa operación de venta de droga que le habría dejado a los policías una ganancia de $ 150.000.En las últimas horas, la fiscalía federal de Tres de Febrero, a cargo del fiscal Paul Starc, pidió que los cuatro policías sean sometidos a juicio oral por cobrar protección a bandas de narcotraficantes y, además, armar operativos contra bandas rivales a las que les sacaban droga y la entregaban a los grupos protegidos por ellos para que la distribuyeran.Además de Aste y Alasio, en el pedido para que sean juzgados, fueron incluidos Sergio Alberto Mosqueda, quien se desempeñaba como sargento primero de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Policía Federal y Juan Gastón Carabajal. Tanto Alasio como Carabajal cumplían funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones y Lucha contra el Narcotráfico de Lomas de Zamora de la policía bonaerense.En dicha dependencia se desempeñaba el mencionado Aste, hasta que fue trasladado a la delegación Dolores de lucha contra el Narcotráfico de la fuerza de seguridad provincial.Para la Justicia existirían elementos que abonaría la presunción que los cuatro imputados "conformaron al menos desde el 3 de marzo de 2021, hasta el 16 de agosto de 2023 una organización destinada a cometer delitos de diferente naturaleza, principalmente vinculados a la protección de bandas criminales dedicadas al comercio de estupefacientes".Durante la investigación, los representantes del Ministerio Público habrían establecido que los imputados "omitieron denunciar a los autores o partícipes de organizaciones criminales dedicadas al comercio de estupefacientes".Además, los funcionarios judiciales habrían determinado que los cuatro policías habrían obligado, "mediante intimidación, por ser miembros de una fuerza de seguridad, a personas vinculadas al narcotráfico que entreguen periódicamente dinero a cambio de protección, impunidad y cobertura, todo bajo la amenaza de revelar la comisión de los delitos y producir sus detenciones". Al revisar los movimientos de las cuentas del comisario mayor, los investigadores habrían establecido que recibió dinero del integrante de una banda narco a la que debía combatir mediante transferencias realizadas el 20 de junio, 18 y 21 de octubre; 2, 21 y 23 de diciembre de 2021.Esos depósitos fueron recibidos en las cuentas N° 30188 y 045237, del comisario mayor Aste, según se consignó en la requisitoria de elevación a juicio.El proceso contra Aste comenzó cuando los investigadores judiciales comenzaron a revisar los teléfonos de los acusados Claudio Alejandro Oliva, Ariel Hernán Alderete y su expareja Nélida Patricia Andrada. En los celulares figuraban comunicaciones y mensajes con los policías Carabajal y Alasio. Los cinco imputados fueron procesados con prisión preventiva y tienen pendiente la realización de un juicio oral en su contra.Al revisar el intercambio de comunicaciones entre los cuatro efectivos de la policía bonaerense quedó el descubierto cuáles son las dependencias a las que los efectivos se pelean por ser designados debido a que constituyen una fuente de recaudación ilegal que les permitiría "dar el salto y asegurarse su futuro".Cuando una familiar le preguntó a Alasio si le faltaba mucho tiempo para jubilarse, el policía respondió: "Tengo que hacer un par de cosas más todavía. Tengo que asegurar mi futuro porque no se puede vivir de la jubilación. La Delegación Departamental Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora era propicia para dar el salto. Por ser la mano derecha del 'hombre' este año tenía que 'hacer la diferencia'. Cada integrante de mi familia tiene su auto que compré con el producto de mi trabajo, de las cosas que hice y arriesgando lo que sea".Para concretar los operativos y secuestrar la droga que después comercializaban, los policías llamaban al número de emergencias 911, pasaban la información de forma anónima y hacían el procedimiento. Luego, cuando habían acomodado la escena, según sus conveniencias, avisaban al juzgado.Esto ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando, según la descripción del hecho realizada por los investigadores judiciales, Alasio llamó al 911, dijo que una persona llamada Gustavo transportaría una importante cantidad de droga en un camión marca Scania, azul, con la inscripción en su parte frontal "100% gitano", con destino a Rosario. Según el falso informante, la cocaína había sido ocultada en tanques de 200 litros de aceite."Los integrantes de la organización marcaban o señalaban entregas o domicilios para realizar el 'apriete', y así despojar a los vendedores de la droga. Para ello, Alasio utilizaba su condición de policía para ejercer algún tipo de coerción sobre los vendedores de droga. Luego, el imputado se encargaba de distribuir el material estupefaciente obtenido entre las personas que respondían a él, entre ellos Alderete y Andrada quienes lo ponían nuevamente a la venta", se indicó en la resolución de la fiscalía.Para los investigadores judiciales, Alasio era el hombre de extrema de confianza del comisario mayor Aste, quien había sido detenido a principios de septiembre pasado, en Mar del Tuyú, durante un procedimiento realizado por efectivos de la Gendarmería, a partir de una orden dictada por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence.En su indagatoria, negó cualquier tipo de participación en la supuesta asociación ilícita y dijo "que nunca tuvo necesidad de sacar plata de la droga" y que nunca concurrió a un procedimiento que se hubiera realizado sin orden judicial."Los policías bajo investigación no fueron detenidos por hechos aislados. Se podría decir que estaban de los dos lados del mostrador. Por las pruebas reunidas hasta el momento, se puede decir que hacían procedimientos que no se judicializaban y los estupefacientes secuestrados, después, los vendían a organizaciones dedicadas al narcomenudeo", explicó uno de los investigadores al referirse a las conductas de los cuatro policías acusados.
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Waldo Wolff defendió los operativos para desalojar personas que duermen en la calle
El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, respaldó este domingo al secretario de su cartera, Diego Kravetz, quien había anticipado ayer que el Gobierno porteño no permitirá que las personas duerman en la calle por la noche. Si bien el anuncio generó divididas opiniones, el funcionario de Jorge Macri ratificó que "no se va a permitir más gente durmiendo en la calle". "Primero, porque está mal, y segundo porque es peligroso para todos", indicó, y agregó: "Se las va a invitar a ir a un refugio de inserción social, pero previo a eso, si tienen un colchón, se le saca y se tiene que ir". Así, en diálogo con Radio con Vos, Wolff dijo: "Cobramos impuestos a los vecinos y no pueden tener a alguien durmiendo en la calle. Hoy tenemos más de tres mil personas contenidas en refugios de inserción social". "La gente de la calle hace las necesidades en la puerta de las casas y yo tengo que cuidar al vecino de la Ciudad para que no vea a nadie haciendo sus necesidades en la calle. Nosotros les damos las posibilidades de ir a un centro de inclusión social", justificó.En respaldo a las declaraciones de Kravetz, Wolff destacó que "la ciudad de Buenos Aires es la única en la Argentina que atiende la problemática social con los centros de inclusión social". "La policía es un bien escaso. Levantamos las ranchadas en la Ciudad, pero eso nos implica 400 policías. La Policía está haciendo un trabajo muy fuerte con una enorme incidencia en una población que creció muchísimo", acotó.La superpoblación en las cárcelesPor otro lado, el funcionario porteño se refirió a la superpoblación de las cárceles en la Ciudad, una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan. "De acá a tres meses vamos a tener terminado tres espacios con sistema modular donde van a entrar en cada uno 80 presos, y de acá a dos años y medio vamos a terminar un espacio con lugar para 500 presos. Ahora estamos con 1900 presos, estamos deteniendo un 22% más de delincuentes con una policía más operativa y estamos incautando un 700% más de armas impropias", detalló, y agregó: "No hay ninguna ciudad en el mundo que haya pasado de 60 presos a 2000. Tendrían que estar en la Ciudad por aproximadamente 24 horas, pero esto cambió durante la pandemia porque no se los llevaban y los indagaban por zoom"."Tenemos una enorme problemática con el conurbano; hay que dar más seguridad respecto de una frontera que no está en nuestro control", alertó, mientras que adelantó que a fin de 2025 va a estar terminada la cárcel de Marcos Paz, que reemplazara a la de Villa Devoto. "Nosotros estamos terminando Marcos Paz, que fue una cárcel que se interrumpió. No le corresponde a la Ciudad, es del Servicio Penitenciario Federal, pero hay un convenio por el cual tenemos que terminar la parte que falta", contó.